Case ID: pr_3/html/0160-01.html
Source: Caselaw Access Project
Author: {"author": "El Juez Presidente Sr. Quiñones, \n      Juez Asociado Sr. Sulzbacher.\n    ", "license": "Public Domain", "url": "https://static.case.law/"}
Date Created: 2024-08-24T03:29:51.129683

Morales Et Al v. Lopez Et Al.
    Casación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 23.
    Resuelto en Enero 20, 1903.
    Capacidad de dos albaceas. — Al otorgar el albaeea una escritura de venta que disponga expresamente, que quedando en poder del comprador parte determinada del precio, debe pagarla éste directamente á los herederos, cesa la capacidad del albaeea en cuanto a los bienes objeto de la escritu-ra de venta, sin que pueda recibir legalmente el dinero restante de la venta.
    Prueba. — Se deja & la libre apreciación de los Jueces y Tribunales de Justicia el valor probatorio de las declaraciones de los testigos, sin mas limitación que las reglas de la sana crítica.
    Escrituras-Estipulaciones. — Cuando en una escritura de compra-venta se estipula que la parte aplazada del precio se pagara, cumplida que sea la condición establecida, no habrá lugar á una demanda para reclamar dicho precio aplazado mientras no se cumpla la expresada condición. .
    En este caso, un albaeea, debidamente autorizado, vendió una casa pertene-ciente al testador, quedando siete mil pesos en poder del comprador para responder de un entredicho que gravaba la misma, y cancelado éste, los herederos reclamaron aquella suma al comprador, que alegó la había pa-gado al albaeea: en apelación se alegó que el albaeea tenía capacidad para recibir el dinero y que el pago se había hecho de buena fé. iSe resolvió:
    
    
      (а) Capacidad de los albaceas. — Que aunque la capacidad de los albaceas dependía de las facultades que quisieran conferirles los testadores, esto no obstante, la del nombrado en este caso quedó terminada, por lo que respec-ta á la venta de-la casa, desde que otorgó la escritura, dejando definitiva-mente establecida en ella la aplicación que debía darse á los siete mil pesos restantes del precio de la venta.
    (б) Pago de las obligaciones. — Que el pago debió haberse hecho a los here-deros del testador como únicos acreedores á cuyo favor aparecía constitui-da la obligación;
    (c) Id. — Que con la reserva establecida en la escritura á favor de los here-deros, cesó la capacidad del albaeea para realizar el cobro de aquella parte del precio;
    
      (d) Id. — Que el deudor no pudo haber hecho el pago de buena fé, pues no podía ignorar el compromiso que había contraido de llagar el dinero, con los intereses, á dichos herederos;
    («) Id. — Que tal pago no releva por consiguiente al deudor, ni á su sucesión, de la obligación que tenía contraida para con los expresados herederos.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    
      Resultando: que en 14 de Noviembre de 1876 Doña Carmen Grau y Herrero, de 56 años de edad, de estado viuda, propietaria y vecina de esta Capital, otorgó testamento nun-cupative ante el Notario de la misma, Don Juan Ramón de Torres, por el ! que, entre otros particulares, ' declaró, en la cláusula quinta, por sus bienes, la parte que le correspondía en una casa de altos y!bajos, de piedra y azotea, radicada en esta Ciudad, calle de la Cruz, frente á la Plaza de Armas; por la novena, que dicha casa, que era de la exclusiva pro-piedad de la testadora y de su hermana Doña Estéfana Grau, la tenían ofrecida en venta á Don Bernabé Chava'rry y ha-bían conferido poder para hacer la escritura al Sr. D. Francisco de Paula Acuña; péro como había que allanar ciertos obstáculos para otorgar dicha escritura, era su voluntad que si la exponente falleciera antes de verificarse su otorgamien-to, se llevase á efecto por sus albaceas, repartiéndose sus he-rederos y legatarios el importe de la venta, la cual estaba ajustada y convenida por la testadora y su hermana Doña Estéfana, en veinte y seis mil pesos al contado; por la déci-ma nombró por sus albaceas testamentarios á Don José Pablo Morales, Don Ricardo Mendizabal y Don José Carambot, confiriendo á todos el poder y facultades necesarios para que de mancomún, ó cada uno de por sí, cumplieran sus dispo-siciones, prorrogándoles el año legal por todo el más tiempo que necesitaran, y facultándolos asimismo para que organi-zaran su testamentaría extrajudicialmente y con abstracción de toda autoridad judicial; y por la oncena instituyó en el remanente que quedase de todos sus bienes, acciones y de-rechos, por sus únicos y universales herederos, á Doña Mercedes Morales, Don José Carambot y sus hijos Juan y Santiago, en esta forma: Doña Mercedes en la mitad dél caudal líquido, y en la otra mitad Carambot y sus hijos, por partes iguales.
    
      Resultando: que posteriormente, ó sea por escritura públi-ca otorgada en esta Capital ante el Notario Don Demetrio Giménez y Moreno, en veinte y dos de Enero de mil ocho-cientos setenta y siete, el Licenciado Don Francisco de Paula Acuña, en su calidad de apoderado especial de la viuda Doña Estéfana Grau, y don José Pablo Morales, como alba-cea testamentario de Doña Carmen Grau y Herrero, que había fallecido en esta Ciudad el primer día del mismo mes de Enero, en cumplimiento, el primero, de las instrucciones recibidas de su poderdante y el segundo de lo ordenado por la testadora en la cláusula novena de su testamento, otorga-ron á favor de Don Bernabé Chavarry, comerciante de esta plaza, la escritura de venta real y absoluta de la citada casa número 15 de la calle de la Cruz de esta Capital, frente á la" Plaza de Armas, en precio y cantidad de veinte y seis mil pesos fuertes, moneda corriente en aquella fecha,- pagaderos en esta forma: dos mil setenta y cinco pesos de capellanías á censo y tributo que pesaban sobre la casa vendida y se hacía cargo el comprador de reconocer y pagar, lo mismo que los intereses, que se devengaran en lo sucesivo, por estar liquidados los anteriores; siete mil ciento cincuenta y dos pesos cincuenta centavos á que ascendía, por capital é inte-reses liquidados hasta aquella fecha, un crédito hipotecario que pesaba sobre la misma casa á favor de Doña Isabel Ce-bollero, que también se comprometía á pagar el comprador; nueve mil setecientos setenta y dos pesos cincuenta centavos que los vendedores confesaron haber recibido el mismo día de la venta, y los siete mil pesos restantes que quedaban en poder del comprador, asegurados con hipotecas sobre la mis-ma casa, para responder á las resultas de un entredicho de enagenación que también pesaba sobre la finca vendida, comprometiéndose el comprador á satisfacerlos á los herede-ros y sucesores de Doña Carmen Grau con un mes de aviso anticipado, tan luego quedara levantado el expresado entre-dicho, “justificado por medio de su cancelación en el Regis-tro”, y pasándoles, mientras tanto, el interés del seis por ciento anual por mensualidades vencidas hasta la entréga del capital adeudado, con lo que estuvo conforme, y se com-prometió á cumplir el comprador Don Bernabé Chavarry, lo mismo que el albacea Don José Pablo Morales, obligándose éste, además, por su parte, á seguir practicando las diligen-cias conducentes hasta obtener el alzamiento del expresado entredicho.
    
      Resultando: que en seis de Octubre de mil novecientos el Abogado Don Herminio Díaz Navarro, á nombre de Don Manuel Ruiz Ortíz, como esposo de Doña Mercedes Morales, ambos mayores de edad, y de Don José Carambot y sus hi-jos, Don Juan y Don Santiago del propio apellido, interpuso, ante el Tribunal de Distrito de San Juan, la demanda origen de este pleito contra Doña Tomasa López Dominguez y sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don Jo-sé Chavarry y López, la primera por su propio derecho y los demás en su concepto de herederos de su difunto padre Don Bernabé, en la que invocando los antecedentes expuestos y alegando además que no obstante haber cancelado el entre-dicho de enagenación que pesaba sobre la casa de la calle de la Cruz, desde el veinte y tres de Febrero del año mil ocho-cientos ochenta y uno, por mandamiento del Juez de Pri-mera Instancia del Distrito de la Catedral de esta Ciudad, en cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Au-diencia Territorial de esta Isla, en dos de Setiembre del año anterior, no habían conseguido sus personados, de Don Ber-nabé Chavarry, no obstante la multitud de reclamaciones privadas que le habían dirigido, que les pagara, no ya los siete mil pesos del precio aplazado de la venta, pero que ni siquiera los intereses convenidos en la escritura: que el Sr. Chavarry había fallecido bajo testamento que otorgara el diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Notario de Madrid, Sr. Gonzalo de las Casas, en el que declaró hallarse casado con Doña Tomasa López Domínguez y que con ella había tenido siete hijos, llamados María, Rosa, Polonia, Romualdo, Josefa, Bernabé y José Chavarry y Ló-pez, á los que instituyó por sus únicos y universales herede-ros: que practicados el inventario y la división y adjudica-ción del caudal relicto, fué adjudicada la casa de la calle de la Cruz, la mitad ,á la viuda- y la otra mitad á los referidos hijos, inscribiéndose sus adjudicaciones respectivas en el Re-gistro de la Propiedad de esta Capital: que posteriormente las herederas Doña María, Doña Polonia y Doña Rosa ven-dieron sus respectivas’participaciones en la casa á su señora madre Doña Tomasa, por cuyo motivo • aparece hoy la casa en cuestión como de la exclusiva propiedad de la viuda .Do-ña Tomasa López Dominguez y de sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don José Chavarry y López; é invocando á su favor los artículos 659, 661, 1089, 1091, 1101, 1108, 1109, 1114 y 1257 del antiguo Código Civil, que consagran la fuerza y eficacia, de los contratos y la obligación en que están los herederos de pagar las deudas y cumplir las demás obligaciones de sus causantes, concluyó pidiendo se condenara á Doña Tomasa López Dominguez, por su pro-pio derecho, y á sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don José Chavarry y López á que sin demora al-guna pagaran á los demandantes la cantidad de siete mil pesos con los intereses estipulados desde el veinte y tres de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, y los correspon-dientes á los intereses vencidos, á contar desde la fecha de la interposición de la demanda, con las costas.
    
      Resultando: que conferido traslado de la demanda á los demandados Doña Tomasa Lopez Dominguez y sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa," Don Bernabé y Don José Chavarry y Lopez lo evacuaron por conducto del Abogado Don Eduardo Acuña Aybar, impugnando la demanda, y alegando como fundamentos de su negativa, que habiendo acordado la Audiencia Territorial de esta Isla, en sentencia dictada en 2 de Septiembre de 1880, en el juicio civil ordi-nario seguido por el Albacea Don José Pablo Morales, contra la sucesión de Don José Saturnino Nuñez, á cuya ins-tancia se había decretado el entredicho de enagenación que pesaba sobre la citada casa, el alzamiento de dicha prohibi-ción de enagenar, y expedido el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad en las diligencias sobre cum-plimiento de dicha sentencia, aquel funcionario había ex-tendido en 16 de Febrero de 1881, al márgendel asiento del entredicho la oportuna nota de cancelación; que cumplido por parte del Albacea Sr. Morales su compromiso de alzar el entredicho, el'comprador de la casa, Sr. Chavarry, no demoró, por su parte el pago de los siete mil pesos que ha-bían quedado en su poder, pues por escritura de 1? de Octu-bre de 1881, otorgada ante el Notario Giménez y Moreno de esta Capital, confesó el Albacea Sr. Morales, haber reci-bido con aquel carácter y de manos de Don José Peña Cha-varry, como apoderado de Don Bernabé, los siete mil pesos expresados y sus intereses hasta aquella fecha: que los he-rederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, conforme al Artículo 661 del Código Civil, por virtud de cuyo precepto que con-vierte á los herederos en continuadores de la personalidad jurídica del causante, son todos los herederos, de Don Ber-nabé Chavarry, ó sea su viuda y sus siete hijos, los que en todo caso vendrían obligados al pago de la cantidad recla-mada, ya que por encontrarse satisfecho cuando se liquidó la herencia, no pudo aquella obligación ser materia de ad-judicación á determinados herederos; que la concurrencia de dos ó más acreedores, ó de dos ó más deudores, en una sola obligación, no implica que. cada uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegra-mente las cosas objeto de aquélla: que ésto solo tiene lugar cuando la obligación expresamente lo determina, constitu-yéndose con el carácter de solidaria, conforme al artículo 1137 del Código Civil: que la obligación cuyo cumpli-miento se reclama exclusivamente á los demandados, no de-termina lazo alguno de solidaridad entre los llamados á cumplirla, siendo por tanto una obligación colectiva, de la Sucesión Chavarry, que en todo caso ha debido exigirse á todos los herederos, en la proporción de lo que respectiva-mente hubiesen adquirido de su coixuln causante: que á esta consideración no se opone la circunstancia de ser los de-mandados, al presente, los únicos dueños de la casa, cuya venta originó la obligación reclamada, ya que en la deman-da no se ejercita acción real sobre dicha finca que ligue directamente á sus dueños y poseedores al cumplimiento de la obligación: que tampoco puede sostenerse en buenos principios de derechos que el precepto contenido en el ar-tículo 1084 del Código Civil sirva de fundamento á los de-mandantes para exigir á los demandados determinadamente el pago de una obligación que afecta á todos los coherede-ros, toda vez que la disposición de dicho artículo está rela-cionada con la del 1082 que exige en el acreedor la cualidad de ser reconocido como tal, circunstancia que no concurre en el presente caso, toda vez que los demandados no recono-cen á los demandantes como acreedores legítimos, en el mero hecho de haber pagado su padre la obligación de que se trata, al Albacea Don José Pablo Morales, máxime cuando tampoco han acreditado los demandantes que los contestan-tes hubieran aceptado la herencia de su difunto padre, pura y simplemente, ó á beneficio de inventarió, como lo exige el artículo 1084 del citado Código, para que el acreedor' pueda reclamar de cualquiera de los herederos, después de practicada la partición, el todo de la deuda ó una parte de ella, según los casos: que la obligación se extingue, entre otros modos, por el pago ó cumplimiento, según el artículo 1156 del Código citado y según el 1162 para que el pago produzca sus efectos liberatorios, debe hacerse á la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, ó á otra autorizada para recibirla en su nombre; y en virtud de es-tos preceptos, el pago que Don José Peña Chavarry, como mandatario de Don Bernabé, había hecho á Don José Pablo Morales y éste confesó en escritura de 1? de Octubre de 1881, como hecho por persona capaz, sobre obligación deter-minada y expresa, y recayendo en quien legalmente estaba autorizado para recibirlo, atendidas las facultades que le había conferido la testadora Doña Carmen Grau en la cláu-sula 9? de su testamento, tiene completa eficacia liberatoria, determinando e-n su consecuencia la extinción de la obliga-ción que lo motivó: que la suma recibida por el Albacea Don José Pablo Morales, debió ser distribuida entre los le-gatarios y herederos, lo demuestra el carácter y condiciones de respetabilidad y honradez de dicho albacea y el largo número de años transcurridos, ya durante su vida, ya des-pués de su muerte, sin haberse deducido la presente recla-mación por los herederos, que son personas muy necesita-das; que además de la excepción de pago habían de alegar la de prescripción de la acción, por ningún concepto incompatible, ni contradictoria, con aquélla: que siendo la acción deducida puramente personal, había que buscar la fecha de su nacimiento, que fué el 2 de Septiembre de 1880, cuando quedó alzado el entredicho de enagenación; que en esa época no regía el Código Civil y según la legislación entón-ces vigente, la ley 63 de Toro, ó sea la 5?, Título 8, libro 9 de la Novísima Copilación, la acción personal prescribía á los 20 años, término que hay que respetar, de acuerdo con el artículo del citado Código Civil, y que habiendo transcu-rrido desde dicha fecha, hasta la de 6 de Octubre de 1900, que era la de la demanda, más de los 20 años que exigía la expresada Ley de la Novísima para la prescripción de las acciones personales, había prescrito la acción deducida de la demanda, y ningún derecho tenían ya los demandantes para exigir el pago de la obligación de que se trataba; por cuyos fundamentos concluyó. pidiendo se les absolviera de la demanda, con las costas á los demandantes.
    
      Resultando: que recibido el pleito á pruebas y admitidas las propuestas, se trajeron á solicitud de la parte actora y se agregaron á los autos á fojas 62, tres certificaciones del Re-gistrador de la Propiedad de esta Capital, la primera, de Io. de Octubre de 1900, de la inscripción de la casa número 15, de la calle de la Cruz de esta Capital, á favor de Doña To-masa Lopez Dominguez y sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don José Chavarry y Lopez; la se-gunda, creditiva de que examinada la inscripción primera de la finca número 420 al folio 232 del tomo 9 de la Capital, que empieza certificando el asiento que aparece al folio 6 del libro 30 del antiguo Registro, al folio 233 vuelto, y al margen de dicha inscripción primera, aparece una nota que copiada á la letra dice así: “Cancelada la mención referente á la hipoteca de siete mil pesos del frente, y en armonía con lo que dispone la Real Orden de 8 de Mayo último”; cuya nota aparece extendida con fecha 6 de Octubre de 1894 por el Registrador Sr. Veyes; y que examinado asimismo el asiento número 8 del folio 6 del libro 30 del antiguo Regis-tro, no aparecía nota referente á la cancelación de siete mil pesos que quedaron, según dicho asiento expresa, en poder de Don Bernabé Chavarry, con hipoteca sobre la finca nú-mero 15 de la calle de la Cruz de esta Capital; y la tercera, que al folio 213 vuelto, del tomo 2 del Diario, existía un asiento de presentación de la primera copia de una escritura otorgada en esta Capital en 27 de Enero de 1877, ante el Notario Don Demetrio Giménez y Moreno, por la que Doña Isabel Cebpllero daba carta de pago de una hipoteca de 6500 pesos; que con liquidación de intereses ascendía á la suma de 7172 pesos 50 centavos, que pesaba sobre la casa número 15 de la calle de la Cruz de esta Capital; y que al margen de dicho asiento existía una nota, según la cual había sido denegada la inscripción del anterior documento, por resultar hecha la cancelación que comprendía, en vir-tud de otra escritura de la misma fecha, por nota marginal al asiento número 9 folio 4 del libro 26 del antiguo Regis-tro. También se trajeron á solicitud de los demandantes, y se agregaron á fojas 79 vuelto de los autos, dos certificacio-nes de los Notarios Don Mauricio Guerra Mondragón y Me-jias y Don Santiago R. Palmer, de los que resulta que revi-sados los índices de los respectivos archivos á su cargo, no aparecía en ellos ninguna carta de pago otorgada por Doña Mercedes Morales ni por Don José Carambot, en su nombre ni en el de sus hijos Juan y Santiago del mismo apellido, á favor de Don José Pablo Morales, como albacea testamen-tario de Doña Carmen Grau y Herrero, de unos legados de • dos mil pesos cada uno que les dejara respectivamente dicha Sra. en su testamento; así como tampoco la diligencia de protocolización de las operaciones testamentarias de la expresada Doña Carmen. Se trajo también á solicitud de los demandados, y obra al folio 80 vuelto, el testimonio de la carta de pago otorgada en esta Capital en 1? de Octubre de 1881, ante el Notario Don Demetrio Giménez y Moreno, por Don José Pablo Morales en .su carácter de albacea tes-tamentario de Doña Carmen Grau y Herrero, á favor de Don Bernabé Chavarry, por la suma de los siete mil pesos que habían quedado en poder de éste, como resto del precio de la casa número 15 de la calle de la Cruz de esta Capital, con los intereses estipulados hasta aquella fecha, á virtud de haber quedado cancelado el entredicho de enagenar que pesaba sobre la citada casa: declarando en el acto del juicio oral los testigos presentados por los demandados, Don Mauricio Guerra Mondragón, Don Antonio Gutierrez, Don Ju-lián Blanco y Don Euclides Giménez, que conocieron á Don José Pablo Morales, el que les merecía el mejor concepto y no creían que habiendo recibido dicho Sr. una cantidad para distribuirla entre otras personas, se hubiera quedado con ella; y Don Jesús Pesquera, testigo presentado por los demandantes, que encontrándose en el Registro de la Pro-piedad de esta Capital, se presentó una carta de pago, para cancelación por Don José Pablo Morales, la cual fué dene-gada, consultándose el caso con el Sr. Escosura, en Madrid, el que fué de la misma opinión del Registrador, Sr. Veyens.
    
      Resultando: que terminado el juicio oral dictó sentencia el Tribunal del Distrito de San Juan, en 13, de Enero de 1902, por la que, declarándose sin lugar las excepciones de pago y de prescripción alegadas por los demandados, con excepción de la de los intereses que excedieran de los últi-mos cinco años, se declaró con lugar la demanda, condenán-dose en su consecuencia á los demandados Doña Tomasa López Dominguez y sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don José Chavarry y López, al pago de los siete mil pesos reclamados, cob sus intereses á razón del seis por ciento anual, correspondientes á los cinco años anterio-res á la admisión de la demanda; pero entendiéndose tan solo en la cantidad correspondiente á cada uno, en propor-ción con los demás heiederos de Don Bernabé Chavarry que no habían sido demandados en el juicio, atendida la partici-pación que respectivamente les había correspondido en la herencia de su difunto padre, y para lo cual se practicaría en la ejecución de esta sentencia la liquidación correspon-diente, sin especial condenación de costas.
    
      Resultando: que contra esta sentencia se interpuso por la representanción de los demandados recurso de casación por infracción de ley, que le fué admitido; y elevados los autos á esta Superioridad con citación y emplazamiento de las partes, personadas éstas, se entregaron los autos al Abogado defensor de los recurrentes para formalizar el recurso, lo que verificó, fundándolo en los números 1 y 7 del artículo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y citando como infrin-gidos:
    I. — El artículo 901 del Código Civil, y sus concordantes, las Leyes 3 y 32 del Título 11, Partida 6?, así como la doctrina legal establecida en las sentencias del Tribunal Supremo de Madrid de 3 de Junio y 17 de Diciem-bre de 1,864 y 17 de Enero y 14 de Marzo de 1,866, al no reconocer en el albacea Don José Pablo Morales,, nombrado en la cláusula 10?, del testa-mento otorgado, por Doña Carmen Grau el 14 de Noviembre de 1,876, y autorizado especialmente para la venta de cierta casa, capacidad legal para percibir la parte del precio aplazado en dicha venta, por razón de cierto en-tredicho de enagenación á cuyo alzamiento definitivo se subordinó la entrega de esa parte de precio. Las disposiciones legales que quedan citadas, y la doctrina establecida en las referidas sentencias, reconocen en los albaceas tes-tamentarios capacidad legal para realizar todos los actos que les hayan sido encomendados por los testadores y no sean contrarios á las Leyes; de manera que por razón de aquéllas, la única fuente á que puede acudirse para la de-terminación del límite de sus facultades, es la voluntad del testador, expre-sada en las cláusulas del testamento é interpretada llanamente; y por consi-guiente habiendo sido autorizado el albacea Don José Pablo Morales, por la testadora Doña Carmen Grau, para otorgar la escritura de venta de la casa, repartiéndose sus herederos y legatarios el importe de dicha venta, es claro y evidente, aún dentro de la facultad de vender y como inherente de la misma, entraba la de percibir el precio, tanto si se satisfacía de contado, como si se aplazaba por razón de algún obstáculo que se opusiere á la venta.
    II. — El principio de derecho de que nadie puede ir contra sus propios ac- • tos, principio reconocido en repetidas sentencias del Tribunal Supremo de Madrid, entre otras, las del 27 de Dieiembre de 1873, 3 de Julio de 1876 y 1? de Diciembre de 1886, al permitir que los herederos de Doña Carmen Grau, demandante en este juicio, atribuyan y reconozcan en el albacea Morales capacidad legal para efectuar el acto de venta y para percibir la parte de precio que recibió de contado, y no se la concedan para el percibo del precio aplazado que fué objeto de la escritura de 1? de Octubre de 1881 > pues siendo unas mismas las facultades y personalidad asumidas por el alba-cea al realizar aquellos actos, no puede impugnar el segundo por ilegal, quien reconoce validez y eficacia en el primero.
    III. — Las Leyes 39- y 59 del Título 14 de la Partida 59 y sus concordan-tes los artículos 1156 y 1162 del antiguo Código Civil; el primero en cuanto establece como modo de extinguir las obligaciones, la paga ó cumplimiento, y el segundo en cuanto reconoce y concede completa eficacia liberatoria al pago hecho á la persona á cuyo favor está constituida la obligación, ó á otra autorizada para recibirla á su nombre. Por razón de tales preceptos debe reconocerse el pago que Don Bernabé Chavarry hizo por medio de su apo-derado al albacea Don José Pablo Morales, y fué materia de la escritura de 1? de Octubre de 1881, todos los efectos liberatorios que debían determinar la extinción de la obligación contraida, por cuanto recayó en persona legal-mente autorizada para recibirlo, no solo en virtud de las facultades especia-les que le concediera la testadora, si que también por su carácter de mandar tario del testador, carácter atribuido á todo albacea testamentario á quien se comete el encargo de organizar la testamentaría y partir los bienes, en la doctrina legal contenida en la sentencia de 4 de Julio de 1895 ; y si bien es cierto que de la escritura de venta aparecía constituida la obligación de sa-tisfacer los siete mil pesos aplazados á favor de Doña Carmen Grau, ó sus herederos, no es dudoso que en la fecha de dicho pago conservara Morales la plenitud de sus facultades como albacea, según lo demuestra, por una parte, la circunstancia de que esa porción del precio aplazado venía á manos de Morales con el fin de distribuirla entre los herederos y legatarios de la Sra. Grau, acto propio y exclusivo del albacea, y por otra, que estando su-bordinado el pago á la condición de alzarse el entredicho que afectaba á la casa vendida y comprometido el albacea á continuar practicando las gestio-nes necesarias para obtener ese alzamiento definitivo, no era posible dar por terminadas sus fuñe iones hasta el momento en que, cancelado el entredicho y percibido el precio, se repartiese entre los herederos, quedando así cumplida la voluntad de la testadora, cuya ejecución se cometió en su totalidad á su albacea.
    IV. — El Artículo 1164 del propio Código Civil, que reconoce igual efi-cacia liberatoria al pago hecho de buena fé por el deudor, á la persona que estuviese en posesión del crédito, circunstancias que concurren en el caso presente, atendidas las facultades conferidas al albacea .por Doña Carmen Grau en la cláusula de su nombramiento, y las estipulaciones de la escritura de venta, que si no capacitaban al albacea para la percepción del precio aplazado, le atribuían, cuando menos, el carácter de poseedor del crédito; á lo que se agrega la perfecta buena fé con que procedió el Sr. Chavarry al verificar el pago, tan pronto fue requerido; por estar cumplida la condición establecida en la escritura.
    Y. — -Los artículos 1248 del Código Civil y 658 de la Ley de Procedi-miento, al dejar de apreciar la Sala sentenciadora el mérito de las declara-ciones de los testigos Don Mauricio Guerra, Don Julián Blanco y Sosa, Don Euclides Giménez y Don José A. Gutierrez, contestes todos en procla-mar la respetabilidad y honradez con que revistió, todos los actos de su vida el Sr. Morales, de donde se deduce que la cantidad legalmente satisfecha á éste por el deudor, Sr. Chavarry, no pudo tener ni tuvo otro destino que el de distribuirse entre los herederos y legatarios; distribución cuya realidad viene á justificar el estado de fortuna de los demandantes, igualmente com-probado por las manifestaciones de dichos testigos, y dejado de apreciar en el fallo, merced al cual no tiene aplicación satisfactoria, que personas de esca-sos medios de vivir hayan demorado por tan largo número de años la re-clamación de lo que en ley creían corresponderle.
    VI y último. — El artículo 1969 del mismo Código Civil, al no reconocer que la obligación de entregar los siete mil pesos aplazados de la venta, fué exigible desde el día 2 de Septiembre de 1880, fecha en que se dictó por la Audiencia de esta Isla la sentencia mandando levantar el entredicho. Las distintas cláusulas de la escritura de venta de 22 de Enero de 1877, que se contraen á la obligación del Chavarry de entregar el precio aplazado, lo re-fieren literalmente al día en que se alce el entredicho, definitivamente, y no al en que se efectuase en el Registro de la Propiedad la cancelación del asiento del entredicho, que son actos distintos, que en modo alguno pueden confundirse. Si, pues, el entredicho quedó alzado desde el momento en que recayó sentencia en el pleito seguido con este motivo, y por tanto cumplida la condición á que quedó subordinado el pago del precio aplazado, el dere-cho de los demandantes, á exigirlo, nació ese día, ó sea en la fecha de la sen-tencia, y al no reconocerlo así el Tribunal sentenciador, y desechar la excep-ción de prescripción alegada, fundándose en que no han transcurrido veinte años, término exigido por la Ley 5?, Título 8, Libro 14 de la Novísima Compilación, para la prescripción de las acciones personales, infringe no solo la disposición del citado artículo 1969 del Código Civil, si que también el 1114 del propio Código, que hace depender del acontecimiento que consti-tuya la condición, la adquisición de los derechos en las obligaciones condicio-nales, y la ley citada de la Novísima, ó sea la 63 de Toro, todas ellas por su no aplicación.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Acuña (Eduardo).
    
    Abogado de los recurridos: Sr. Texidor.
    
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal :

Consider ando: que si bien con arreglo á la Ley 3?, Título 10, Partida 6?, y su concordante el Artículo 901 del antiguo Código Civil, y á la doctrina del Tribunal Supremo de Jus-ticia de España, que se citan en el primer motivo del recur-so, la capacidad de los albaceas dependía de las facultades que quisieran conferirles los testadores en las cláusulas de su nombramiento, y que en este concepto procedió en el lle-no de sus atribuciones el albacea don José Pablo Morales, al otorgar á favor de Don Bernabé Chavarry la escritura de venta de la casa de que se trata en estos autos, en uso de las facultades que le confirió la testadora Doña Carmen Grau, en la cláusula novena- de su testamento, ésto, no obstante, desde el momento en que otorgó dicha escritura, y que en ella dejó establecida definitivamente la aplicación que debía darse á los siete mil pesos restantes del' precio de la venta, conviniendo en que se dejaran en poder del comprador á las resultas del entredicho de enagenar que pesaba sobre la ca-sa, para que tan pronto se alzara dicha interdicción, los en-tregara á los herederos de Doña Carmen Grau, y que, mien-tras tanto, les pasara mensualmente el interés convenido, á razón del seis por ciento anual, es evidente que con estos actos realizados por el albacea y las gestiones que en la mis-ma escritura se obligó á practicar hasta obtener el alzamiento del entredicho, quedó terminada su misión sobre la venta de la casa, y ya no le fué lícito volver después sobre sus pro-pios actos, para dejar sin efecto lo que tan solemnemente había quedado escriturado y convenido, sobre entrega á los herederos de los siete mil pesos aplazados del precio de la venta y sus intereses; por lo que, al declararlo así la Sala sentenciadora, no ha incurrido en contradicción alguna, ni ha infringido las leyes y demás preceptos legales que se citan en el primero y segundo motivos del recurso.

Considerando: que tampoco han sido infringidas las leyes 3? y 5? del Título 14 de la Partida 5? y sus concordantes los artículos 1156, 1162 y 1163 del antiguo Código Civil, que se citan en los motivos 3? y 4?, toda vez que habiéndose obli-gado el comprador Don Bernabé Chavarry, en la escritura de compra-venta de que se trata, á pagar los siete mil pesos del precio aplazado, y sus réditos al interés convenido, direc-tamente á los herederos de Doña Carmen Grau, á éstos debió hacer el pago como únicos acreedores á cuyo favor aparecía constituida la obligación, y nó al albacea, Don José Pablo Morales, cuya capacidad para realizar el cobro de aquella parte del precio había cesado ya á virtud de la reserva esta-blecida en la escritura á favor de los herederos; de donde se infiere, además, que ni el albacea Don José Pablo Morales, era tal poseedor del crédito, como lo supone la representa-ción de los recurrentes, ni el deudor Don Bernabé Chavarry pudo pagárselo de buena fé, cuando no podía ignorar el com-promiso que había contraido en la escritura de pagarlo, con los intereses convenidos, á los herederos de Doña Carmen Grau, llegado que fuere el día del cumplimiento de la con-dición establecida; y por consiguiente, que el pago hecho por el deudor, Don Bernabé Chavarry, al albacea, Don José Pablo Morales, no releva al primero, hoy á su sucesión, de la obligación que tenía contraida para con los expresados herederos.

Considerando: en cuanto al error de derecho en la apre-ciación de las pruebas, en que se funda el quinto motivo del recurso, que léjos de haber infringido la Sala sentenciadora los artículos 1248 del Código Civil y 658 de la Ley procesal vigente, al no conceder valor alguno á las declaraciones de los testigos, Don Mauricio Guerra Mon dragón, Don José Antonio Gutierrez, Don Julián Blanco y Sosa y Don Eueli-des Giménez, ha aplicado rectamente dichos preceptos lega-les, que dejan á la libre apreciación de los Tribunales de Justicia el valor probatorio de las declaraciones de los testi-gos, sin más limitación que las reglas de la sana crítica, de las cuales no se cita ninguna que baya sido infringida; toda vez que, habiéndose limitado á declarar los testigos referi-dos, que el albacea, Don José Pablo Morales, les merecía el mejor concepto, y que no lo creían capaz de quedarse con un dinero que hubiera recibido para darle una aplicación de-terminada, no podía la Sala sentenciadora, en buena lógica, estimar esas declaraciones como prueba suficiente del cum-plimiento de aquella obligación por parte del albacea, pues-to que ninguno de los testigos afirma que realmente la cumpliera, y cuando precisamente se trata de un asunto en que lo regular es que intervengan escrituras públicas, cartas de pago, ú otras pruebas escritas, para justificar sus cuentas los albaceas y salvar en todo tiempo su responsabilidad por las cantidades que reciban para- distribuir entre legatarios y herederos.

Considerando: en cuanto á la infracción, que también se alega, de la ley 63 de.Toro, ó sea la 5% Título 8, Libro 11 de la Novísima Recopilación y de los artículos 1114 y 1969 del antiguo Código Civil, que habiéndose estipulado terminan-temente en la escritura de venta de 22 de Enero de 1877, que los siete mil pesos restantes del precio quedarían en poder del comprador, Don Bernabé Chavarry, á las resultas del entredicho de enagenación que pesaba sobre la casa ven-dida, no pudiendo disponer de dicha suma los herederos de Doña Carmen Grau, hasta obtener el alzamiento de aquel gravámen, “justificado por medio de su cancelación”, y con un mes de aviso anticipado, con cuyas estipulaciones estuvo en un todo conforme el comprador Don Bartolomé Chava-rry, obligándose, en su consecuencia, al cumplimiento de todo cuanto á él le concernía, y en particular, á responder de las resultas del entredicho de enagenación que pesaba sobre la casa, hasta que hubiera alzado definitivamente dicha inter-dicción legal, es evidente que hasta que no quedó cancelado el entredicho en el Registro de la Propiedad, no nació la obligación de pagar por parte del comprador, ni estuvieron los herederos en aptitud legal de exigirle el cumplimiento de aquélla, tanto porque así fué lo convenido en la escritura, cuanto porque no quedando extinguido el entredicho, en perjuicio de tercero, hasta su cancelación en el Registro, mientras ésta no hubiera tenido lugar, ni quedaba la casa libre de aquella carga, ni el comprador exonerado de respon-sabilidad por aquel concepto; y por consiguiente, que no habiendo transcurrido desde la fecha de la cancelación del entredicho, en 23 de Febrero de 1881, á la de la admisión de la demanda, en 11 de Octubre de 1900, yaque no consta la fecha de su presentación, los veinte años que exigía la Ley 63 de Toro, ó sea la 5?, Título 8, Libro 11 de la Novísi-ma Recopilación, para la prescripción de las acciones perso-nales, á cuya naturaleza corresponde la ejercitada por los demandantes, tampoco se ha infringido por el Tribunal sen-tenciador, al declarar con lugar la demanda, antes al contra-rio, la ha aplicado rectamente, la expresada Ley de la Noví-sima, y los artículos del antiguo Código Civil, que se citan en el séptimo y último motivo del recurso.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpues-to por la representación de Doña Tomasa Lóp'ez Dominguez y sus hijos Don Romualdo, Doña Josefa, Don Bernabé y Don José Chavarry y López, á quienes- condenamos en las costas.

Jueces concurrentes: Señores Hernández, Figueras y MacLeary.

Juez disidente : Sr. Sulzbacher.

Opinión disidente del

Juez Asociado Sr. Sulzbacher.

Refiriéndome á los hechos de esta causa, según se consignan en la sentencia de la mayoría del Tribunal, aludiré solamen-te á la parte de los mismos, que estimo necesarias para los fines de este voto particular. Carmen Grau y Estéfana Grau eran con dueñas de una casa en la Ciudad de San Juan, nú-mero 15, de la calle de la Cruz. Mediante documento fe-chado, en 14 de Noviembre de 1876, Estéfana autorizó á Francisco de Paula Acuña para vender y traspasar dichos bienes raíces á Bernabé Chavarry, por la suma de veinte y seis mil pesos; Carmen Grau, en su testamento de fecha 14 de Noviembre de 1876, dispuso que en el caso de que ella falleciese antes de verificarse dicha venta, se llevase ésta á efecto por sus albaceas ó cualquiera de ellos, “repartiéndose ■sus herederos y legatarios el importe de la venta

Consta que José Pablo Morales, uno de los albaceas, des-pués del fallecimiento de Carmen Grau, efectuó la venta á Chavarry, recibiendo de él la suma de diez y nueve mil pesos, como pago parcial, y según documento otorgado por dicho Chavarry á favor de Pablo Morales, fechado en 22 de Enero de 1877, quedó estipulado que el primero debía rete-ner la suma de siete mil pesos, ó sea el saldo que le quedó en deber al segundo, hasta que un entredicho que pesaba .sobre dichos bienes raíces estuviera pagado y cancelado; y que entonces, dicho Chavarry “satisfaría á los herederos y sio-■cesores de Carmen Grau”, la expresada suma de side mil pesos.

También consta — y esto no se ha negado — que dicho Morales, ó sea el albacea, del dinero que recibió de Chavarry, aplicó debidamente las respectivas sumas pertenecientes á la sucesión de Carmen Grau, al pago de entredichos, hipotecas y censos que, contraidos con anterioridad, pesaban sobre •dicha casa.

Consta también que cuando la Audiencia Territorial expi-dió un decreto, dictó sentencia declarando que había cadu-cado el entredicho y ordenando la cancelación del mismo en los Registros públicos, Chavarry pagó á Morales ó sea al al-bacea, la citada suma de siete mil pesos, expidiéndose por este último á favor del primero, un recibo ó carta de pago por el total de dicha suma, y' un mes más tarde, dicho Morales, el albacea, efectuó la cancelación del citado entredicho en el Registro.

El día 6 de Octubre de 1900, los herederos de dicha Carmen Grau entablaron esta demanda ante el Tribunal de Distrito de San Juan contra los herederos de Chavarry, los cuales, en la actualidad, poseen la finca número 15, calle de la Cruz, para recobrar de ellos la citada suma de siete mil pesos y los intereses. El Tribunal de Distrito de San Juan declaró que dicha suma era debida y debía pagarse, dictando sen-tencia en tal sentido. La mayoría de este Tribunal confir-mó dicha decisión y sentencia. Yo no puedo estar de acuer-do con esta decisión. Verdad es que el testamento de Carmen Grau dispone “ que él importe de la venta délos bienes debía repartirse entre los herederos y legatarios de la testadora”; pero á mi me parece que por esta cláusula ella meramente deter-minó é indicó quiénes habían de percibir el dinero, prohi-biendo, mediante dicha cláusula, cualquier otra aplicación de dichos fondos.

Ella autorizó á Morales para hacer y otorgar la escritura de venta de dichos bienes. Y es deducción natural que la persona que otorgó la escritura debía también tener autori-zación para recibir el producto del traspaso. Dicha persona no podía otorgar la escritura sin recibir el importe de la mis-ma. Esta inteligencia era, al parecer, la de los herederos de Carmen Grau, porque ellos no pusieron ninguna objeción cuando Morales recibió la parte perteneciente á Carmen Grau, pagando los primeros créditos.

Y hago esta afirmación con perfecto conocimiento del he-cho de que, según las leyes vigentes en Puerto Rico, y que se remontan hasta las “Partidas”, los poderes de un albacea estaban estrictamente definidos, y que no podía excederse de los límites de su autorización. Y el hecho de que los he-rederos ratificaron los actos del Albacea, permitiéndole pagar los primeros créditos que pesaban sobre los bienes, es para mí prueba concluyente de que interpretaron dicho convenio en el sentido de que Morales, el Albacea, tenía el derecho de recibir el dinero.

La cláusula en el documento otorgado por Chavarry á favor de Morales, en que declara “ que él pagará á los herederos y sucesores de Carmen Grau, la suma de siete mil pesos ” es so-lamente una repetición de la cláusula contenida en el testa-mento, á saber “ que el dinero había, de pagarse á los respectivos herederos y legatarios designados en la misma, y que no debía aplicarse á fines distintos”, ó pagarse á otras personas, acep-tándose, al parecer, también, la opinión de que' si Morales tenía el poder de otorgar la cancelación del entredicho, tam-bién tenía el derecho de recibir el dinero.

Los demandados invocan la ley de prescripción de veinte años. Surge la cuestión de si el término para establecer la demanda ha de contarse desde la época en que la Audiencia Territorial decretó la cancelación del entredicho, ó desde aquélla en que éste se inscribió en el Registro. • De prevale-cer lo primero, la demanda está destruida por la prescrip-ción, y en el segundo caso, se entabló la demanda unos dos meses antes de expirar los veinte años. Se podrá, por lo tan-to, fácilmente observar que este litigio y sus condiciones están envueltos y rodeados de dudas.

En casos de tal índole, en "que los demandantes dejan pasar años tras años sin alegar derecho alguno; cuando generaciones que tenían el primer derecho, si es que exis-tió derecho alguno, han fallecido; cuando otros á quie-nes se hubiese podido hacer responsables han dejado esta vida, cuando el albacea ha muerto, ahora después de ha-ber transcurrido un período de más de veinte años, desde los hechos primordiales, resucita una reclamación, una fuerte duda debe naturalmente surgir en el ánimo del Tribunal, en cuanto al fundamento de la reclamación, produciendo lá presunción-de pago. Y esa duda debiera de-cidirse á favor de los herederos, supuestos deudores, á menos que los demandantes puedan disipar aquella incertidumbre, y establecer sus derechos claramente y fuera de toda discu-sión. Ellos se apoyan enteramente en deducciones y en la más estricta interpretación de la ley. El artículo 658 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice lo que sigue:

“Los Jueces y Tribunales deben apreciar la fuerza de las declaraciones de los testigos, según las reglas de la sana crítica, tomando en consideración las razones en que se fundan y las circunstancias que se relacionan con las mismas

Los testigos son ahora los documentos de prueba que es-tán á la vista y el Tribunal, después de un período de tiem-po tan largo, debiera aplicar, para apreciarlos, las reglas de sana crítica. Por estos principios debiera haberse declara-do, que Morales, por la autorización del testamento de Carmen Grau, tuvo verdadera, ó si no, implícita autorización para recibir el dinero, con la condición de entregarlo á los herederos y legatarios, según lo dispuesto en dicho testamento.

También debiera haberse tomado en consideración que la condición contenida en el documento otorgado por Chavarry á favor de Morales, de pagar los siete mil pesos á los “here-deros y sucesores de Carmen Grau ” era solamente una repe-tición de las disposiciones del testamento, y que, por lo tan-to, tenía el derecho, y era de su deber, recibir el dinero.

Tomando en consideración el período de tiempo transcu-rrido; el fallecimiento de todas las partes que intervinieron en las operaciones; que no se hizo la reclamación, ni se alegó derecho alguno durante la vida de ninguno de ellos, y que jamás se ha entablado demanda alguna contra el Albacea, ni sus herederos, procede no solamente declarar que los ac-tos del Albacea Morales estaban autorizados por los diferen-tes documentos, sinó también la fuerte presunción de que pagó dicha suma á los herederos de Carmen Grau, según lo dispuesto en el testamento. Por estas razones, soy de opi-nión de que ha debido anularse la sentencia del Tribunal de Distrito, y ordenarse y declararse sin lugar la demanda.