Case ID: pr-dec_7/html/0221-01.html
Source: Caselaw Access Project
Author: {"author": "El Juez* Asociado Se. Figtjeras, Sres. Hernández y MacLeary.", "license": "Public Domain", "url": "https://static.case.law/"}
Date Created: 2024-08-24T03:29:51.129683

Enmanuel v. El Pueblo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 27.
    Resuelto en Junio 22, 1904.
    Acción Reivindicatoría — Falta de Personalidad — Falta de Acción. — La falta de documentos en que, en una acción reivindicatoría, funde el actor su derecho á la cosa que reclama, no puede dar lugar á la excepción de falta de personalidad, á que se refieren los artículos 502 y 532 de la Ley de En-juiciamiento Civil, sino á la de sine aetione agis, de que^trata el artículo 503 de la misma Ley. *
    Xd. — Legatario.—Si el actor reclamare sus derechos como legatario de un ter-cero, su personalidad quedará perfectamente justificada produciendo el tes-tamento en que se le designe como tal, y la partida de defunción del tes-tador.
    Id. — Reconocimiento de Personalidad. — Si la parte demandada hubiere reco-nocido la personalidad del actor, no podrá después impugnarla válidamente
    Derechos de Propiedad — Tribunales de Justicia — Procedimiento Legal Ade-cuado. — Las cuestiones referentes á la protección de la propiedad privada y á los derechos de las partes en relación con la misma, son cuestiones pri-vativas de los Tribunales de Justicia, ya que nadie puede ser desposeído de sus bienes sin preceder el procedimiento legal adecuado, que sólo puede tener lugar ante la autoridad jurídica correspondiente.
    Acción Reivindicatoría — Dominio ú Identificación de la Oosa Reclamada.-— Son requisitos indispensables en todo pleito en que se ejercita la acción rei-vindicatoría, la justificación del dominio, y la identificación de la cosa que se trata de reivindicar.
    Id. — Título de Amparo — Posesión.—Justificado cumplidamente por el actor con un título de amparo de teiuenos, que constituye título de propiedad, el do-minio y la posesión de determinadas tierras que le fueron concedidas por el Gobierno Español, en nada puede afectar á la eficacia de sus derechos la circunstancia de haberse extraviado el expediente de la posesión que de dichos terrenos se le diera, si hubieran otros documentos auténticos que comprobaran el hecho de que tal posesión le fuera conferida.
    Documento Público t Solemne. — Una certificación expedida por el Secretario de una Corporación Municipal, que es el encargado del arehivo del Munici-pio, por mandato del Alcalde, autoridad competente, tiene el carácter de documento público y solemne.
    Acción Reivindicatoría — Derechos de Personas que no Sean Partes en el Pleito. — Dirigida la acción reivindicatoría contra el que, según el Registro, aparezca como detentador de los derechos de propiedad que al demandante correspondan, no puede ser obstáculo para el éxito de la demanda la cir-cunstancia' de que no se haya dirigido también contra otras personas que se consideren ser poseedores de los terrenos que se trate de reivindicar, pues no siendo partes en el juicio, sus derechos no han de ser perjudicados por vindicatoria, la ujstifieaeión del dominio, y la identificación de la cosa'que la resolución que en el mismo se dicte ,y pueden hacerlos valer en el jui-cio correspondiente.
    Terrenos Realengos — Posesión sin Título — Prescripción—Reversión al Es-tado. — La posesión sin título, de terrenos incultos, por un período mayor de treinta años, es suficiente para acreditar su dominio á favor de los res-pectivos concesionarios, pues si mediare ese término de posesión, las con-cesiones quedan subsistentes, y los térrenos no pueden revertir al Estado.
    Nulidad de Actos — Nulidad de Inscripción. — Siendo nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, son nulas asimismo las inscripciones que por virtud de esos actos se hubieren verificado en el Registro de la Propiedad.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de San JTuan, entre partes de la nna Mr. Pierre Enmanuel, Barón dn Laurens d’ Oiselay, de la otra El Pueblo de Puerto Pico, sobre reivindicación de terrenos, cuyo juicio pende ante Nos á virtud de recurso de casación, lioy de apelación, interpuesto por la parte demandada á la que ha representado el Fiscal de esta Corte Suprema, habiendo llevado la representación y de-fensa de la parte apelada el Letrado Don Eduardo Acuña.
    
      Resultando que con fecha treinta de Enero de mil nove-cientos uno, Mr. Pierre Enmanuel, Baron du1 Laurens d’ Oiselay, produjo demanda contra el .Tesorero de esta Isla» ante el Tribunal de Distrito de San Juan, alegando como hechos los siguientes: que el Bey de España Don Cárlos III concedió en 1776 al Duque de Mahón, cuatro leguas de tierra, cuya donación fué confirmada en 1792, por el Bey Don Carlos IY, habiéndose reducido luego aquélla extensión de terreno á ochenta y tres caballerías con cuatro quintos, las que fueron designadas en los pueblos de Naguabo, Fajardo, Luquillo, Loi-za, y Pepino, pero como transcurrieran algunos años sin que la posesión se hiciera efectiva por medio de la correspon-diente mensura, hubo lugar á reclamaciones qué obtuvieron como resultado el que fueran designadas, como de la propiedad del Duque de Mahón, cuarenta y cinco caballerías y dos ter-cios, en el barrio de Cibao, de la jurisdicción del Pepino, hoy de. Lares, terrenos que fueron mensurados y entregados á dicho Duque; que esos terrenos por las modificaciones oca-sionadas por el transcurso del tiempo forman actualmente 4133 cnerdas de terreno, equivalentes á 1624 hectáreas, 43 áreas y 3 centiáreas, radicadas en los "barrios de Callejones y Piletas, de la jurisdicción de Lares," partido judicial de Aguadilla, con plantaciones de café, pastos y malezas, lindan-tes al Norte con terrenos de Don José Gregorio Yelez, al Sud, los de Don Miguel Jesús Colón, al Este, el río de Camay, y al Oeste, terrenos de Don Juan José López, bajo los puntos y rumbos que se marcan en la demanda; que por entonar el Go-bierno de la Isla que la representación del Duque de Mahón no cumplía las condiciones de cultivo, á que estaba obligado, la Junta de terrenos baldíos trató de ese particular y acordó, en tres de Junio de 1854, la reversión á la Corona de España •de los terrenos concedidos al Duque, y después, por acuerdo de la misma Junta, de veinte y dos de Diciembre del año ci-tado, se dieron los terrenos de Lares á setenta y cuatro in-dividuos que los venían poseyendo, habiendo recibido éstos posesión formal de la participación á cada uno concedida: que enterado de tales resoluciones la Sucesión del Duque •de Mahón, representada por Doña Mariá Balbo Bertone de Crillón, á la que representaba por su minoría de edad, el-Conde M^nfredo Balbo Bertone de Sambuy, elevó instancia á la Reina de España solicitando el plazo de un año para que se le pusiera en plena posesión de los terrenos expresados, á .fin de verificar su desmonte y cultivo, dejándose entre tanto sin efecto las decisiones de la Junta de Repartimiento de tierras, y con motivo de esa instancia fueron dictadas dos Reales Órdenes, la primera de ocho de Abril de 1857, por la que se prevenía al Gobernador de Puerto Rico informara á la Reina' sobre el estado del asunto dando parecer sobre el medio de conciliar si era posible los intereses de familia del Duque con los de la Agricultura de la isla> y que hasta tanto la Reina no resolviera definitivamente sobre el particular, se .suspendieran los efectos del aviso dado á los herederos del duque, sin adjudicarse de ningún modo á nuevos concesiona-rios los terrenos en cuestión, y la segunda- de 20 de Enero de 1859, por la que se ordenaba al G-obernador prestara á la heredera del Duque toda la protección y facilidades que me recía á fin de que practicara las gestiones convenientes para reivindicar los terrenos; que en sesión de 25 de Octubre de 1857 acordó la Junta de terrenos baldíos pasaran los "antece-dentes del asunto al Vocal Auditor de Guerra, á quién se co-misionó para extender la minuta del informe que había de emitirse, en*(tonplimiento de lo mandado por la Reina: que en siete de Abril de 1859, el Gobernador Capitán General de esta Isla, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, y es-timando que el Gobierno de Madrid consideraba que la do-nación al Duque de Mahón no fué una simple merced, sino una remuneración de servicios prestados á la Nación, y apre-ciando, además, que la heredera del Duque era menor de edad, acordó de conformidad con el Auditor de Guerra, que tan pronto se presentase en la jurisdicción el Conde de Sam-buy, fuera puesto de nuevo en posesión de los terrenos que habían sido adjudicados al Duque de Mahón, por los planos y documentos que produjera: que los datos referentes á esa po-sesión, que obraban en el Archivo del'Gobierno, General, no han podido encontrarse porque ese Archivo no existe en la acutalidad, pero es un hecho indudable que tal posesión fué dada cumpliéndose las órdenes del Gobierno, pues en el co-piador de correspondencia oficial del Ayuntamiento de Lares, del año 1859, aparece una comunicación en que el Alcalde ex-presa que eleva á manos del Gobernador el expediente ins-truido por la Alcaldía sobre la posesión dada á la Sucesión del Duque de Mahón, de veinte caballerías y dos tercios de te-rreno, en el barrio de Cibao, de aquella jurisdicción, todo en virtud de la comunicación del Gobierno de 7 de Abril que obraba por cabeza del expediente: que dicha posesión aparece además comprobada en el pago de contribuciones por la Su-cesión del Duque de Mahón, desde 1862, sin interrupción, basta el año económico de 1898 á 99; que en tal estado las cosas, Don Yirgilio Acevedo, deseoso de adquirir la propie-dad de los terrenos pertenecientes a la Sucesión del Duque de Mahón comenzó á levantar la oposición de los colonos al pago de las rentas que venían pagando, á pretexto de que dicha Sucesión había perdido los derechos de dominio, y con-siguió que aquéllos le otorgaran la escritura de propiedad de dichos terrenos con fecha cinco de Julio de mil novecien-tos, ante el Notario de Lares, en el concepto de que los ven-dedores eran dueños, á título de la concesión qtie se les ha-bía hecho en 1854, lo cual era falso pues los concesionarios fueron desposeídos de los derechos adquiridos, y si conti-nuaron en la finca fue en clase de colonos, como lo demuestra el que pagaron arrendamiento á la Sucesión del Duque de Mahón, y éste fué quién satisfizo las contribuciones: que con esa escritura acudió Acevedo á la Alcaldía de Lares para que-de jase de figurar como contribuyente la Sucesión del Duque de Mahón, y elevada la instancia al Honorable Tesorero, dic-to éste resolución en cuatro de Septiembre del mismo año,, mandando se eliminase de los repartos á la Duquesa de Ma-hón, y figuraran en su lugar los terratenientes con las cner-das de terreno que poseían, según su clase, con arreglo á la. cartilla guía, y que se remitiera al Registro de la Propiedad',, certificación de la resolución, á fin de que no tuviera efecto la. inscripción á favor de Acevedo, debiendo • entregar los terra-tenientes los títulos de concesión de las tierras que .poseían, en consecuencia de lo cuál, los terrenos pertenecientes á la Sucesión del Duque de Mahón, se inscribieron en el Registro como propiedad del Pueblo de Puerto Rico, á virtud de orden del expresado Tesorero; que el Barón de Laurens hubo de trasladarse á esta Isla como heredero de la Duquesa de Mahón á defender sus derechos, y habiendo presentado los documentos que los-justificaban al Hon. Tesorero, reconoció éste que entre esos documentos existían Reales órdenes y dis-posiciones del Gobierno General de Puerto Rico, que siendo auténticas, indicarían que la reversión de las tierras fné sus-pendida y puestos de nuevo en posesión los representantes de la Sucesión de la Duquesa de Mahon, pero que al Tribunal competente correspondía resolver si los documentos eran au-ténticos y si se habían llenado cumplidamente las condiciones y requisitos de las órdenes por las cuales la reversión fué suspendida, aunque no vacila en hacer constar que si esas órdenes y disposiciones se hubieran registrado en el corres-pondiente archivo, la acción tomada por su oficina no hu-biera tenido* Tugar, y que en su opinión dichos, documentos constituyen una prueba muy importante en relación con la cuestión y su resultado: alega la parte demandante, como 'fundamentos de derecho, que los documentos que acompaña á la demanda constituyen un -título perfecto de dominio, á favor de la Duquesa de Mahon y de su actual heredero, que la identidad de los terrenos que reclama, y los inscritos á favor del Pueblo de Puerto Eico, se justifica por el mismo texto de la comunicación del tesorero ordenando la inscrip-ción, y que el dueño de un inmueble tiene derecho á recla-marlo de la persona en cuyo poder se encuentre y á solicitar la nulidad de'la inscripción que á su favor se haya hecho en el Registro; y ejercitando la acción de dominio, concluyó con la súplica de que se declare por sentencia ser de la propiedad del demandante los terrenos de que se trata, cancelándose la inscripción hecha en nombre del Pueblo de Puerto Rico y sus-tituyénla con otra á favor del demandante. , •
    Resultandoi que la parte actora acompañó á la demanda los siguientes documentos: 1. Copia del testamento oló-grafo otorgado en diez y seis de Setiembre de 1899 por Madame de Crillon Duquesa de Mahon, la que lega á Mr. Pierre du Laurens-, Oficial de Caballería, los terrenos de Lares, si-tos en la Isla de Puerto Rico y vinculados en Mayorazgo, le-gando además el título de Duque de Mahón y la Grandeza de España á Mr. Louis des Balbes de Berton de Sambuy: II. Copia del acta de defunción de Madame Marie Gabrielle Antoinette de Barton de Balbe de Crillon de Matón ocurrida en Avignon de Francia el día 11 de Abril de 1899. III. Co-pia del escrito presentado al Gobernador Capitán General de esta Isla, en 26 de Noviembre de 1828, por Don José Javier de Aranzamendi, como encargado del Duque de Matón Crillón, para qne previa mensura y con citación de los vecinos colindantes, se le diera posesión de las cuarenta y cinco ca-ballerías y % de otra que aún le faltaban para completar las que le fueron concedidas por Real Gracia, oficiando á ese fin á los Tenientes á Guerra de los Partidos del Pepino, Isabela y Loiza donde aún tabía terrenos baldíos ó realengos, y librándosele el correspondiente título de propiedad, legítima adquisición, protección y amparo. IV. Copia del decreto del Gobernador General de 29 de Noviembre citado, comisio-nando á los Tenientes á Guerra de Loiza, Isabela y Pepino para que hicieran deslindar por Agrimensor con citación de colindantes los terrenos realengos que la representación del Duque de Matón Crillon aseguraba existían en sus respecti-vos distritos, siendo de notar que según manifestación de dicto Duque, en el partido del Pepino tabía 20 caballerías y %: V- Copia del decreto de 14 de Abril del año siguiente, del Teniente á Guerra del Pepino, ordenando la mensura de las veinte caballerías y % de terrenos, con citación de co-lindantes, á virtud de lo dispuesto por el Gobernador y Capi-tán General: VI. Copia de la diligencia de mensura practi-cada con citación de colindantes fijando puntos, rumbos y distancias, la que tuvo lugar en 22 del repetido Abril. VII. Copia del título de amparo expedido en 10 de Marzo de 1830 á favor del Duque de Matón Crillón por el Capitán General Don Miguel de la Torre, de las veinte icaballerías y % de otra que liabían sido mensuradas en el Partido del Pepino bajo los mismos puntos y rumbos que se marcaron en la dili-gencia de mensura de que se deja tedio mérito, cuyo título de amparo se expide á favor del Duque de Matón sobre las tierras de que se trata para que las use, disfrute y posea como dueño propietario de ellas, cultivándolas del modo y forma que más le acomode, sin que persona alguna pueda entonces ni en ningún tiempo turbarle la posesión y propiedad de ellas. VIH. Certificación de varias actas de la extinguida Junta Superior de Repartimiento de terrenos baldíos, de las cuáles aparece que en sesión de Abril de 1854, dicha Junta teniendo en cuenta las Reales órdenes referentes á los terrenos bal-díos que poseyera en esta Isla el Duque de Mahón Crillón, y vistos los informes producidos por las Juntas vecinales de los pueblos d* Rio Grande y Lares, en que consta que la Suce-sión de aquél ha poseído, en la jurisdicción del primero, un número de caballerías de terreno, sin expresarse cuál sea, y en el territorio del segundo veinte caballerías y % de otra, constando de ambos informes no sólo el abandono en que es-taban las enunciadas tierras, sino también que no había persona alguna encargada de satisfacer los derechos reales de ellas, acordó declararlas baldías, cometiendo al Vocal Auditor de Guerra la redacción de los correspondientes anuncios para poderlas repartir por ese medio entre las personas que las solicitaran, sin perjuicio de dar cuenta á la Reina de tal determinación; que en otra sesión de la misma Junta, á pedimento de la Junta Municipal de Lares, en que manifes-taba -la conveniencia de que fueran agraciados 74 vecinos, cuya relación remitió, con los terrenos que estaban poseyen-do, de los que pertenecieron al Duque de Mahón Crillón, se acordó la concesión de tales terrenos á los que los poseían, con tal de que no pasaran de cien cuerdas cada uno, debien-do en término de dos meses sacar las oportunas comisiones para la mensura y satisfaciendo los derechos establecidos, habiéndose acordaclo también otorgar concesiones de los mis-mos terrenos del Duque de Mahón, en las comarcas de Lares y Rio Grande, á 34 individuos que en la mencionada certi-ficación se expresan; y por último, que en sesión celebrada en 25 de Octubre de 1857 se dió cuenta con dos Reales ór-denes fechadas en 18 de Marzo y 8 de Abril del mismo año, acompañando á la primera una memoria dirigida al Minis-tro de Estado de España por el Caballero Berton de Sambuy, tutor de la joven heredera del Ducado de Maltón, referente á los terrenos que los Reyes Don Carlos III y IV concedieron al primer Duque de aqnél nombre, é incluyendo con la 2a una solicitud del mismo tutor» elevada á la Reina y tendente, lo mismo que la memoria, á obtener una prórroga de tiempo para la reversión al Estado de los mencionados terrenos, pre-viniéndose por la Reina se manifieste cuáles son los antece-dentes y estado actual del negocio, y se dé parecer sobre el modo de conciliar, si es posible, los intereses de familia del Duque con los de la Agricultura de esta Isla, y que basta tanto la Reina no resuelva definitivamente acerca del asunto, se suspendan los efectos del aviso qne se dió á los herederos del Duque por .conducto del Cónsul de Francia, sin adjudi-carse, entre tanto de ningún otro modo, á nuevos concesiona-rios, los terrenos aún no recibidos á cultivo, á que se refiere la citada Real Orden y la instancia que se acompaña, habiendo acordado dicha Junta que se pasaran los antecedentes y las resoluciones soberana^ expresadas al Vocal Auditor de Guerra, para extender la minuta del informe que había de darse á la Reina. IX. Copia de la solicitud del Caballero Berton de Sambuy, elevada con fecha primero de Abril de 1857, á la Reina de España y que motivó la Real Orden ya ■expresada de ocho de Abril citado, en cuya solicitud expresa ■el Conde Manfredo Balbo Bertone de Sambuy, en represen-tación de Doña Maria Balbo Bertone de Crillón, heredera •del Ducado de Mahón, que había recibido por un medio tar-dío ó indirecto el aviso dado al Cónsul de Francia en esta Isla, por la Presidencia de la Junta Repartidora de terrenos, relativo dicho aviso á haber decidido esa Junta en sesión de 24 de Mayo de 1856, en vista del Real Decreto de 15 de Sep-tiembre de 1852, que declara revertibles al dominio de la Corona las 27 caballerías de tierra situadas en Rio Grande y Lares y del de 13 de Diciembre de 1854, dictado en virtud de la última reclamación hecha por la familia del Duque de Mahón, se notificase á dicha familia que si quería conservar aún algunos de los terrenos que le habían sido concedidos en Naguabo, Fajardo y otros puntos, nombrase inmediatamente ' un apoderado que presentara la medida y límites de estos terrenos y los pusiera en estado de cultivo en el término de un año del modo establecido en la Circular de 23 de Abril de 1856, satisfaciendo los derechos, pués en caso contrario vol-verían al dominio de la Corona, concluyendo con la súpli-ca de que se le» Soneediera el plazo de un año, á contar desde el día en que su pupila llegara á la mayor edad, para poner-se en plena posesión de los terrenos de que se trata y verifi-car su desmonte y cultivo, declarando entre tanto sin efecto las decisiones de la Junta del Repartimiento de tierras en esta Isla y ordenando la devolución de las 27 caballerías ex-presadas, si es que efectivamente ha sido declarada su re-versión, y en el caso que por disposiciones regulares de la Junta, ó bien por prescripciones legales, alguna parte de aquellos terrenos perteneciese ya á otros legítimos propieta-rios, á los cuáles no se pueda despojar de ellos, se mande que en su lugar se asignen á la familia del Duque de Mahón otros terrenos equivalentes y situados en las mismas condiciones indicadas en las Reales Cédulas de Concesión de 4 de Julio y 25 de Septiembre de 1776. N. Copia simple de la Real Orden de 8 de Abril de 1857, recaida á la anterior instancia, cuya Real Orden contiene los particulares ya expresados. XI. Copia simple de la Real Orden de 20 de Enero de 1859, en que la Reina de España ordena al G-obernador (General de esta Isla preste al Conde Manfredo Bertone de Sambuy toda la protección y facilidades que por su rango merece, á fin de que practique las gestiones que sean convenientes para reivindicar los terrenos heredados por su hija política y pu-pila la Srta. Da. María Bertone de Chillón, Duquesa de Ma-hón y (Grande España de Ia. Clase: XII. Comunicación del (Gobernador (General Cotoner, su fecha 7 de Mayo de 1859, di rígida al Conde Manfredo Bertone de Sambuy en que se in-serta el decreto del Gobierno General de 7 de Abril anterior, conforme con el dictamen del Auditor de Guerra, en cuyo de-creto se ordena que la representación del Duque de Mahón sea posesionada nuevamente en los terrenos que le fueron expropiados, por los linderos que marquen los planos y docu-mentos que produjere, dejando á salvo los derechos de los que se bailen poseyéndolos en todo, ó en parte, que se ven-tilarán donde y en, la forma que corresponda á derecho, dán-dose cuenta á S. M- habiendo sido dictado á viñtud de expe-diente promovido por el Conde Manfredo Bertone de Sam-muy, como representante de la Sucesión del Duque de Ma-hón Crillón, para que le pusiera en posesión de los terrenos que tenía en esta Isla. XIII. Copia simple de la orden dirigida á las autoridades locales de Fajardo, Naguabo, Lu-quillo, Ceiba, Lares, Isabela y Rio Grande en 7 de Abril de 1859, para conocimiento del Decreto de la misma fecha y fines consiguientes. XIY. Copia certificada expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Lares de una comunica-ción obrante en el libro copiador de correspondencia del año 1859, cuya comunicación dice así: “Exorno. Sr. Tengo el honor de elevar á las superiores manos de Y. E. el expe-diente instruido por esta Alcaldía sobre la posesión dada al Señor Conde de Sambuy como legítimo representante de la Sucesión del Exorno. Sr. Duque de.Mahón Crillón de 20 ca-ballerías y % en el barrio de “Cibao” de esta jurisdicción, todo en virtud de la superior comunicación de Y. E- fecha 7 de Abril último que obra por cabeza de dicho expediente.— Lares, Junio 4, de 1859.” XV. Copia certificada de la co-municación del Tesorero de Hacienda, dirigida en 4 de Se-tiembre de 1900 al Alcalde de Lares> y que literalmente dice así: Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en se-sión extraordinaria del 27 de Agosto último, que en copia re-mitió U. con oficio de Io. del corriente, con motivo de una ins-tancia documentada, promovida por Don Virgilio Acevedo y Hernández en solicitad de qu^ se elimine de los repartos puestos al público para la contribnción territorial de 1900 á 1901, á la Duquesa de Matón Crillón y que en su lugar figure en ellos el mencionado Acevedo como cesionario de las tie-rras que á dicta Duquesa se atribulen en ese término municipal, las cuales adquirió de los legítimos poseedores ó sean los derectos y acciones que tienen sobre las mismas los te-rratenientes que pacíficamente las vienen poseyendo. — Visto él escrito de alzada interpuesto por el Don Virgilio Acevedo contra el referido acuerdo por no taber el municipio dictado resolución y por el contrario eleva los antecedentes á esta Tesorería para lo que corresponda. Vistos los anteceden-tes y resultando: 1. Que desde 1776 fueron concedidos al Duque de Matón Crillón 27 caballerías de tierra, que com-ponen 5,400 cuerdas, en Eio Grande y Lares, las cuáles no ta usufructuado, ni cultivado, según Circular del Gobernador Capitán General, inserta en la Gaceta número' 67 de 6 de Junio de 1854. 2. Que por Eeal Orden de 13 de Setiembre ■de 1852 se declaró que se estaba en el caso de revertir á la Corona dichas tierras, que sin cuidado y cultivo del conce-sionario se hallan en Eio Grande y Lares, y disponiendo á la vez se incoase el respectivo expediente. 3. Que la Junta Superior de terrenos baldíos acordó declarar revertidos al Estado los terrenos indicados, y que se hiciese saber al pú-blico para que las personas que reuniesen las condiciones de la Ley las pidiesen, si les convenían. 4. Que el Ayunta-miento de Lares, en un acuerdo de 18 de Agosto de 1854, hace mérito de la concesión hecha á uso y sin propiedad á los mismos que venían usufructuando los terrenos en cuestión. 5. Que en 27 de Diciembre del mismo año, la Junta de Te-rrenos concedió los terrenos revertidos al Estado' á los que los poseían, con la condición de que no pasasen de 100 cuer-das á cada uno, y con la obligación de que en el término de dos meses sacasen las oportunas comisiones para la mensura, satisfaciendo los derechos establecidos; pero no consta que se hayan llenado estos expresados requisitos. 6. Que los terratenientes, todos ó en parte, por escritura pública otor-gada en Lares, ante el Notario interino Don Salvador Picor-nell y Cardona, el día 5 de Julio del presente año hicieron traspaso á favor de Don; Virgilio Acevedo y Hernández, de cuantos derechos y acciones puedan corresponderles sobre las tierras indicadas, radicadas en los barrios de Callejones y Pilotas, de ese término municipal, con un área en conjunto ■die 4133 cnerdas, equivalentes á 1624 hectáreas, 43 áreas, y 43 centiáreas, lindantes con terrenos realengos*y sin títulos, y con los de José Gregorio Velez, José Miguel Colón, Juan José Lopez y el rio Camny. Y considerando. 1. — Que los terrenos que fueron concedidos desde 1776 al Duque de Ma-hón Crillón, pertenecen al Estado, hoy Tesoro Insular de Puerto Pico, desde que le fueron revertidos por la Junta, y ninguna otra persona tiene derecho á ellos, sino el Tesoro Insular. 2. — Que aunque fueron concedidos á los 74 terrate-nientes por la misma Junta, no ha sido ultimado el expediente por no haber llenado los terratenientes los requisitos orde-nados. 3. — Que la Duquesa de Mahón Crillón no puede, ni pudo, figurar en les Repartos de Territorial, y serán respon-sables de las consecuencias los que la anotaron sin la autori-zación competente. 4. — Que tampoco los terratenientes pue-den ceder ni traspasar lo que no es suyo, siendo por tanto nula y de ningún valor ni efecto la escritura de cesión hecha á favor de Don Virgilio Acevedo. Por tanto vengo en dis-poner. 1.' — Que se elimine inmediatamente de los Repartos á la Duquesa de Mahón Crillón y en su lugar se hagan figu-rar á los terratenientes, uno por uno, con las cuerdas de te-rreno que posee, sus clases y demás circunstancias de la Car-tilla-Guía. 2.- — Que se remita al Registro de la Propiedad co-pia certificada de esta resolución á fin de que no tenga efecto la inscripción á favor de Don Virgilio Acevedo del traspaso á que se contrae la escritura pública antes indicada. 3 Que todos los terratenientes entreguen, previo recibo en esa Al-caldía, los títulos de concesión que en su caso posean y les dá. derecho al usufructo de las tierras, cuyos documentos remi-tirá usted con factura duplicada á .esta Tesorería para que-obren en el expediente y sus demás efectos, ó certificación ne-gativa. Lo que comunico á Yd. para su conocimiento, el del Municipio, el de Don Virgilio Acevedo y Terratenientes por medio de notificación en forma reglamentaria, remitiendo' también las diligencias de dichas notificaciones á los fines-que correspondan.” XVI. Certificación expedida por el Al-calde y Secr^ario del Ayuntamiento de Lares expresiva de-las contribuciones satisfechas por el Duque de Mahón Crillón,. •por la Sucesión de dicho Duque ó por la Duquesa de Mahón Crillón, desde el año.de 1862 á 1899: y XVII. Carta dirigida por el Hon. Tesorero con fecha 4 de Enero de 1901 al Baron du Laurens d’ Oiselay en que hace á éste las manifestaciones que se le atribuyen en la demanda.
    
      Resultando: que el Fiscal de esta Corte Suprema, en re-presentación del Tesorero de Puerto Rico, al contestar la de-manda alegó como excepción dilatoria la de falta de per-' sonalidad en la parte actora, exponiendo en apoyo de dicha excepción que habiendo concedido el Rey Carlos III, á Don Luis Balbo Bertone Duque de Crillón, en recompensa de ser-vicios prestados á la Corona de España, el Título de Duque de Mahon con la Grandeza de España de Ia clase, por Reales Cédulas de 30 de Marzo de 1782 y 13 de Mayo de 1783, como esa alta dignidad exigía la fundación de un Mayorazgo que estuviera unido á perpetuidad á la Grandeza, el Duque de Ma-hón destinó para constituirlo una de las cuatro leguas cuadra-das de terreno que el mismo Rey Carlos III le había conce-dido en esta Isla: que constituida en vínculo y mayorazgo anexo al título y Grandeza de España de Duque de Mahón, una parte de los bienes concedidos al Duque de Crillón, esa parte ha debido pasar de unos á otros poseedores del Mayorazgo, hasta el momento en que se publicaron en España las leyes desvinculadoras de la propiedad, ó sean las de 11 de Octubre 1820, 15 de Mayo y 28 de Junio de 1821, 9 de Junio de 1835 'y 19 de Agosto de 1841, que prohi-bieron la fundación de todo vínculo ó Mayorazgo y convir-tieron en libres los bienes entonces existentes en los posee-dores de Mayorazgos, con la obligación de reservar la mitad para el sucesor inmediato: que el demandante no expresa si hace su reclamación á título de Mayorazgo, ó á título de heren-cia, pero en el primer caso ha debido justificar la existencia de mayorazgo y de todos modos está siempre en la obliga-ción de probar, por medio de la documentacióg^correspon- ‘ diente, que los bienes de que se trata, tanto en su mitad vin-culada, como en la otra mitad que se reservó al poseedor, han venido por orden de sucesión extricto y legal, ó por disposi-ciones testamentarias, á ser de su propiedad; y que no ha-biendo ésta justificado el carácter y representación con que reclama, en cumplimiento del deber que le impone el número 2o. del artículo 532 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe apreciarse la excepción dilatoria propuesta y desestimarse la demanda.
    
      Resultando que también alegó el demandado la excepción perentoria de falta, de acción, exponiendo, en su apoyo/ que no obstante la concesión- hecha al Duque de Crillón por el Rey Carlos III de España en Reales Cédulas de 4 de Julio y 25 de Septiembre de 1776, de cuatro leguas cuadradas de terreno en esta Isla, no se le dio posesión de ellas, no se le señaló si-quiera el lugar ó lugares de la Isla en donde estaban encla-vadas, por lo que en el año de 1837 los apoderados de la fa-milia del Duque aún estaban reclamando sobre el particular; que como los concesionarios no cumplieran con la condición precisa de desmontar y cultivar los terrenos, el Globierno de esta isla lo informó así al de España, y descendió la Real Orden de 15 de Setiembre de 1852, de la que se acompañaba copia á la demanda, y en cumplimiento de ella, la Junta de Terrenos baldios declaró revertidos á la Corona los terrenos que se concedieron al Duque de Mahón Crillón, dictándose al efecto, con fecha 3 de Julio de 1854, la. Circular número 77 publicada en la G-aceta Oficial: que en 27 de Diciembre del mismo año, la Junta de terrenos baldíos concedió los rever-tidos al Estado á los que venían poseyéndolos, con la condición de que no pasaran de cien cuerdas respecto de cada uno de ellos, y con la obligación de que en el término de dos meses sacasen las oportunas comisiones para la mensura y satis-ficieran los derechos establecidos, sin que conste que se llena-ran tales requisitos: que no teniendo representante legal en esta isla la*í?ucesión del Duque de Mahón Crillón, se le notifi-caron las resoluciones de que se deja hecho mérito, por con-ducto del Señor Consul Francés, y entonces el Conde Man-fredo Balbo Bertone de Sambuy, en su calidad de protutor y padre político de la joven Doña María Balbo Bertone de Crillón, heredera del Ducado de Mahón y de la Grandeza de España de Ia clase, presentó un escrito á la Reina de España con fecha 1°. de, Abril de 1857, escrito que en copia se acom-pañó á la demanda y que motivó la Real Orden de 8 de Abril del mismo año, de la que también se presentó copia por la parte actora: que al trasladarse á esta isla el Conde Man-fredo Bertone de Sambuy, con el fin de poner en claro los derechos que asistieran á su hija política y pupila, la Duquesa de Mahón, se le dió, por Real Orden de 20 de Enero de 1859, recomendación oficial para el Gobernador de esta Isla, al efecto de que se< le prestaran las facilidades que por su rango merecía, en los términos que expresa la copia de dicha Real Orden presentada en copia con la demanda: que una vez en esta isla el Conde Manfredo Bertone de Sambuy, acudió á la Autoridad Suprema de ella, representada entonces por el Segundo Cabo Medivilla, quién, excediéndose de sus facultades, por Decreto de 7 de Abril de 1859, ordenó que la representa-ción del Duque fuera posesionada de los terrenos que le ha-bían sido adjudicados, por los linderos que marcaran los planos y documentos que produjese, dejando á salvo los dere-chos de los que se hallaron poseyéndoles, y ordenando se die-ra cuenta á la Reina de tal resolución; que no consta que tal posesión se diera, pues sobre ella únicamente existe como antecedente la comunicación del Alcalde de Lares de 4 de Junio de 1859, de que se hace mérito en la demanda: que si bien resulta que la sucesión del Duque de Mahón ha pagado contribuciones al Municipio de Lares, desde el año de 1862 al 1899, ese hecho no es fundamento bastante para justificar.el derecho de propiedad, pnés sólo es un requisito que sirve para justificar, unido á otros, la posesión de la finca, sin perjuicio de tercero: que ni antes ni después del año de 1&56, la familia del Duque de Mahón Crillón cumplió las condiciones que se le exigieron, de desmontar y cultivar los terrenos que le fueron concedidos en 1776: que en 5 de Julio de 1900, por escritura pública, la mayor parte de los que sin justo título venían po-seyendo los terrenos objeto del pleito, cedieron sus supuestos derechos á favor de Don Virgilio Acevedo Hernández, quien solicitó del Ayuntamiento de Lares, fuera eliminada la Suce-sión del Duque de Mahón de los repartos contributivos, y se le hiciera figurar en su lugar, y consultada tal pretensión con el Tesorero de Puerto Rico, dictó éste la resolución de 4 de Septiembre de 1900, cuya copia se acompañó á la demanda. Alegó la parte demandada, como fundamentos de derecho, que la Capitanía General al dar su Decreto de 7 de Abril de 1859, se habia excedido de sus facultades, las que debieron limitarse al cumplimiento de la Real Orden de 8 de Abril de 1857, dejando la resolución del asunto á la Reina de España, la que tampoco, por Real Orden de 20 de Mayo de 1859, le dió facultades para que ordenara la posesión dispuesta por el decreto de la capitanía general de 7 de Abril de 1859: que el pago de' contribuciones no justifica dominio: que ni el Du-que de Crillón y de Mahón, ni sus herederos, han cumplido con la condición de desmontar y cultivar los terrenos que se le concedieron por la corona de España y por tanto no han podido adquirir el completo dominio de dichos terrenos: que las acciones reales prescriben á los treinta años, cuando re-caen sobre bienes inmuebles, según el artículo 1963 del Código Civil y que por virtud del Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, los Estados Unidos adquirieron esta Isla con todos los edificios, vías públicas y demás bienes inmuebles que con arreglo á derecho son del do- * minio público, y correspondían antes á la Corona de España, sin que respecto de esos bienes la Ley Orgánica de Puerto Rico baya becbo trasmisión alguna de propiedad al Pueblo de Puerto Rico, debiendo por tanto considerarse como -pro-piedad pública del Pueblo de los Estados Unidos, según los artículos 2 y 8 del Tratado de París y sección 13 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, incumbiendo boy al Poder Supremo de los Estados Unidos bacer lo que no llegó á bacer la Reina de España, ó sea dictar la resolución definitiva, que se reservó en la Real Orden de 8 de Abril de 1857. Y concluyó el Fiscal con la súplica de que se apreciara en primer término la ex-cepción dilatoria de falta de personalidad en el demandante, y en su defecto, se apreciara la falta de acción ejercitada, y por ese fundamento se desestimara la demanda, con las cos-tas al actor, declarando en ese último caso, que las reclama-ciones de la parte demandante deben ser establecidas ante el Gobierno Supremo de ios Estados Unidos, á quién compete dictar, respecto de ellas, resolución definitiva.
    
      Resultando que abierto el juicio á prueba se trajo á los autos, á instancia de la parte actora, copia de la certificación expedida por el Tesorero de Puerto Rico, en catorce de Sep-tiembre de 1900, para que se inscribieran en el Registro de la Propiedad, á favor de El Pueblo de Puerto Rico, las cuatro mil ciento treinta y tres cuerdas de terreno radicadas en los barrios de Callejona y Piletas, de Lares ,partido judicial de Aguadilla, con plantaciones de café, pastos y malezas, bajo los linderos que se expresan en la misma escritura otorgada á favor de Don Virgilio Acevedo y Hernández, en cinco de Julio de mil novecientos, y bajo los mismos puntos y rumbos consignados en-el título de amparo que en diez de Marzo de Toil ochocientos treinta fné expedido á favor del Duque de Malión Crillón, siendo de notar que en dicha certificación se hace constar que los expresados terrenos pertenecen, por ti-tulo dominical, al Pueblo de Puerto Pico, pues si bien en el año 1776 fueron concedidos al Duque ¿Le Mahón Crillón por no haberlos este cultivado fueron revertidos al Estado por la Junta de Terrenos baldíos, hacía el año de 1854, en cum-plimiento de Eeal Orden de 15 de Setiembre de 1852, habién-dose llevado á efecto esa inscripción de posesión en el Be-.gistro de la Propiedad de Aguadilla, con fecha*Í4 de Setiem-bre de 1900.
    
      jResultando que si bien á instancia de la parte actora se libró cumunicación al Secretario del Gobierno de la Isla para que, con vista del archivo entregado por el Gobierno Español, se expidiera certificación del oficio dirigido por el Alcalde de Lares en 4 de Junio de 1859, al Gobierno General de la Isla, dando cuenta de haber puesto en posesión de los terrenos de Lares al representante de la sucesión del Duque de Mahón Crillón, y de los demás antecedentes relacionados cón dicho oficio, tal prueba no pudo practicarse porque el índice de los expedientes remitidos á Washington, á la Librería del Con-greso, en doscientos ochenta y nueve cajas, conteniendo 2246 legajos, se refiere á toda clase de asuntos en tal grado de desorden que no era posible obtener la prueba interesada.
    
      Resultando que la parte demandada propuso, como prue-ba que se solicitara del Archivo General de esta Isla, el, texto oficial ó copias autorizadas de las Beales Cédulas de conce-sión de 30 de Marzo de 1782 y 13 de Mayo de 1783, de las Beales Cédulas de 4 de Julio y 25 de Setiembre de 1776, del Beal Decreto de 15 de Septiembre de 1852, de las Beales ór-denes de 8 de Abril y 20 de Enero de 1857, y de las Circu-lares de la Junta de terrenos baldíos de 3 de Julio y 27 de Diciembre de 1854; pero sólo fueron remitidos los libros de la Junta de terrenos balclíos de primero de Septiembre de 1843, á 19 de Septiembre de 1863, y de 1866 á 1873, el expediente relativo á los terrenos del Duque de Matón Crillón, la copia de la circular de 3 de Junio de 1854, revertiendo á la Corona de España los terrenos concedidos al Duque de Matón Crillón, por no tañer llenado las condiciones necesarias, una copia de la minuta del aviso dado á los terederos del Duque de Ma-tón Crillón, por conducto del Consul Francés en esta isla, con fecta 7 de Junio de 1856, cuyo aviso copiado á la letra dice así:
    {‘ fiomuni carbón al Sr. Consul de Francia en esta isla. — La Junta de Repartimiento y distribución de terrenos baldíos de esta isla, des-pués de haber examinado el expediente sobre la concesión hecha por los Señores Don Carlos III y Don Carlos IV al Duque de Crillón; la Real Orden de 15 de Septiembre de 52, que declaró se estaba en el caso de obrar sin demora á la reversión de las 27 caballerías que sin cuidado ni cultivo del concesionario, se hallaban en Rio Grande y Lares; el expediente en que recayó esta declaración; y por último la Real Orden de 13 de Diciembre de 54 á que dio lugar la reclama-ción últimamente hecha por la sucesión del Excmo. Sr. Duque; acordó en sesión de etc., que por conducto de V. S. se entere á dicha Suce-sión de que si aún cree conservar algunos terrenos de los que le fue-ron concedidos en Fajardo, Naguabo ú otro punto cualquiera, nom-bre apoderado que exhiba la mensura y deslinde de ellos y los ponga en cultivo dentro de un año, en los términos que prescribe la eircu lar de que acompaño copia; y satisfaga los Reales derechos, pues en este caso serán respetados los que le asistan; pero en otro, serán de-clarados revertidos, conforme á dicha Circular. En virtud de dicho, acuerdo y para que la sucesión del Excmo. Sr. Duque no pueda de-cirse desairada, no obstante que nunca podría sostener el principio de que las autoridades deben dirigirse á todos y cada una de las per-sonas á quienes puedan afectar sus determinaciones, lo comunico á V. S. para el fin indicado. — Dios &. — 7 Junio 1856. — Sr. Consul de Francia en esta Isla. Techo.”
    T finalmente una copia de una comunicación de la Presi-dencia de la Junta Superior de terrenos baldios al Gobierno, de esta Isla, sn fecha 31 de Marzo de 1869, y de otra comuni-cación del Presidente del Consejo de Administración, sn fecha 14 de Junio de], mismo año, relativos ambos documentos á nna instancia dirigida con fecha de 25 de Julio de 1865, al propio Gobernador por el Conde de Sambuy en representación de la Duquesa de Mahón Crillón, acompañada de varios documen-tos pára que se conservaran éstos en el Gobierno y las auto-ridades competentes pudieran velar sobre la concesión del Sr. Rey Don Carlos III y sobre la fundación del Duque de Ha-bón, Conquistador de Menorca.
    
      Resultando que en el acto de la vista del juicio el Abogado de la parte demandante y el Ministerio Fiscal informaron so-bre la excepción dilatoria de falta de personalidad en el de-mandante, la cuál fué declarada sin lugar, habiendo alegado luego ambas partes sobre el fondo del pleito cuanto estima-ron conducente á sus respectivas pretensiones.
    
      Resultando que el Tribunal de Distrito de San Juan, por mayoría de votos, dictó sentencia en primero de Agosto de mil novecientos dos, declarando con lugar la demanda y en su consecuencia que son de la propiedad del demandante los. terrenos sitos antes en la jurisdicción del Pepino, hoy en la de-pares, á que se refiere la certificación librada por el Iíon. Te-sorero de esta Isla, en 14 de Septiembre de 1900, en virtud dé-la cuál las cuatro mil ciento treinta y tres cuerdas de terreno,, que dicha certificación expresa, fueron inscritas por orden del referido Tesorero como pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, al folio 51 del tomo 28 del Ayuntamiento de Lares, finca número 1677, inscripción Ia., en el Registro de la Propiedad-de Aguadilla,.con fecha 16 de Septiembre de dicho año 1900, mandando que esas tierras queden á la libre disposición del demandante, y que la expresada inscripción se cancele, sin. hacer especial condena de costas.
    
      Resultando que contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de la parte demandada recurso de casación por que-brantamiento de forma y por infracción de ley, que le fué admitido; y elevados los autos á esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, fué tramitado dicho recurso como de apelación, á virtud de lo que dispone la ley de la Asamblea Legislativa de 12 de Marzo del año próximo pasado, que transformó el Tribunal Supremo de casación, en Corte de Apelación, habiendo alegado ambas partes, por es-crito, cnanto estimaron conveniente en defensa de sus despec-tivos derechos, y celebrándose luego la vista del pleito con asistencia de los representantes de las partes recurrente y re-currida. -
    Abogado del apelante: Sr. del Toro, Fiscal.
    
    Abogado del apelado: Sr. Acuña (Eduardo).
    
   El Juez* Asociado Se. Figtjeras,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del Tribunal.

Considerando que el buen método aconseja analizar en primer término aquellas cuestiones que, como previas al. fon-do de la cuestión de propiedad, se han presentado por el de-mandado, tanto en la contestación de la demanda, como en el escrito de formali'zaeión del recurso de apelación ante esta Corte Suprema;

Considerando que la primera que se presenta al estudio y consideración es la referente á la falta de personalidad que como excepción dilatoria alegó el Fiscal en nombre de “El Pueblo de Puerto Rico” al contestar la demanda, fundándose en que el actor debió justificar cumplidamente el carácter y la representación con que reclama, porque si es á título de Mayorazgo, falta, según él, la justificación de la existéneia del mismo, por medio de la escritura de su fundación y si es á título de herencia, ha debido comprobarse por medio de la documentación, y pruebas correspondientes, que los bienes que se reclaman han venido por un orden de sucesión, extricto y legal, ó por testamento, con ai-reglo á ley, á la pertenencia de la misma parte demandante;

Considerando que en este pleito no se trata de nada que se refiera á Mayorazgos, ni la cuestión está empeñada entre per-sonas que se disputen el disfrute del beneficio del vínculo; pero aún esto supuesto arguendi gratia, siempre resultaría que las deficiencias que el Fiscal señala se refieren á la ausen-cia de los documentos en que el actor funda en tal caso su de-recho á lá cosa que reclama, y esto, denominándose ‘ ‘ sine ac-tiones agis,” afectaría al fondo de la cuestión, artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de donde resulta que la parte demandada ha confundido, esa carencia de acción, con la falta de personalidad á que se refieren el número 2o del ar-tículo 502 y 532 de' la ya citada ley de procedimientos:

Considerandos que con estos dos últimos preceptos enun-ciados anteriormente, ha cumplido el actor, supuesto que re-clamando sus derechos .como legatario de la Duquesa de Ma-hón Crillón, ha justificado ese carácter con el testamento de dicha Sra. y con su partida de defunción, por donde está per-fectamente definida su personalidad, personalidad que por otra parte de antemano está reconocida por la entidad ad-ministración, y que hoy su representante no puede valida-mente desconocer;

Considerando que la segunda cuestión que surge es la pro-puesta por el Fiscal en los términos siguientes: “que sólo al-Presidente de los Estados Unidos de América, ó en su caso al Gobernador de Puerto Pico ,corresponde dictar la resolu-ción que dejó en suspenso la Peina, de España;” pero se pier-de de vista un punto importante y es que no se trata hoy de dictar, ó nó, una resolución de carácter administrativo, con-cediendo ó negando terrenos que correspondan á una ú otra entidad política de las citadas anteriormente, para lo cuál es claro que no tiene facultades este Tribunal, sino que se trata de un título de amparo de terrenos, que constituye uno de propiedad, y que arranca nada menos que del 10 de Marzo de 1830, robustecido con el Decreto de 7 de Abril de 1859, y se discute en este pleito si esa propiedad ha subsistido hasta hoy en la sucesión del tiempo y si con actos y hechos contrarios á la ley se ha despojado al actor de todos y cada uno de los derechos que la tal propiedad entraña;

Considerando, que si esto es lo cierto, corresponde indis-cutiblemente á la autoridad judicial dispensar á la propie-dad privada la protección que ha puesto á sn cargo exclusi-vamente la ley, y en este sentido es evidente que funciona en el Círculo de sus atribuciones al conocer y decidir sobre si se ha cometido ó nó violación contra dicha propiedad, cuestiones éstas que han sido en todo tiempo privativas de los Tribunales ordinarios;

Considerando que esos mismos principios están consagra-dos en la sabia Constitución de los Estados Unidos al garan-tizar en el artículo 5o. como derecho del ciudadano el que na-die pueda se? desposeído de sus bienes sin preceder el ade-cuado juicio y esto, como es natural, tiene que ser ante la au-toridad judicial correspondiente, cuyo poder hay que recono-cer y acatar cuando, como en el presente caso, de cuestiones de propiedad se trate.

Considerando que, entrando ahora en la verdadera y única cuestión de fondo, hay que decidir si se han probado todos y cada uno de los requisitos indispensables en todo pleito en que se ejercita la acción reivindicatoria, cuáles son, en primer tér-mino, el dominio, y en segundo la identificación, de la cosa que se trata de reivindicar.

Considerando que al proceder á dicho estudio hay que a-tenerse, como es lo procedente, á los documentos públicos ex-pedidos por autoridad competente, que se han traido á estos autos en el período oportuno, y que no han sido redargüidos de falsos, ni civil, ni criminalmente, y á aquellas probanzas que con citación contraria se han practicado, prescindiendo de todo antecedente que sólo pueda servir como medio de illus-tración, sin ser una verdadera prueba Con todos los requisi-tos que la ley exige.

Considerando que es un hecho reconocido, por el Fiscal, en representación de la parte demandada, que se concedieron tierras, en esta Isla, al Duque de Crillón, de Mahón, más tar-de, á virtud de Eeales cédulas de 4 de Julio y 25 de Septiem-bre de 1776, cuya concesión se ratificó por Eeal Cédula de 19’ de Julio de 1792.

Considerando que el actor, Mr. Pierre Enmanuel, Barón de Laurens d’ Oiselay, lia justificado cumplidamente que las tierras que se discuten lian sido poseídas, no sólo á nombre del Duque, sino también á nombre de la Duquesa, causadante del actor, desde 22 de Abril de 1829, reconociendo, además, dicba posesión, la misma Junta en el acta de la sesión' de 3 de Abril de 1854, en que declaró baldíos los terrenos de que se trata, é integra cumplidamente el derecho dominical del de-mandante el título de amparo de los terrenos en cuestión, ex-pedido con facultades para ello, por el Capita» General, Don Miguel de Latorre, á favor del Duque de Mahón Crillóm en 10 de Marzo de 1830.

Considerando : que el acuerdo de la Junta de Terrenos bal-dios, tomado en la sesión de 3 de Abril de 1854, al declarar revertidos á la Corona los reclamados en este litigio, bajo el fundamento de que estaban abandonados, no puede tener el alcance y trascendencia que se le viene dando en este pleito, ó sea, el de haber borrados los derechos que arrancan de los títulos y actos de que se deja hecho mención, porque ese acuerdo se tomó sin perjuicio de dar cuenta á la Reina, lo que no consta que se cumpliera, y porque debe entenderse que ese acuerdo se dejó sin efecto, por la Real Orden de 8 de Abril de 1857, recaída á instancia del representante legal de la Duquesa de Mahón, cuya soberana resolución mandó suspender los efectos del aviso que se dió en consecuencia de dicho acuerdo, á los herederos del Duque, por conducto del Cónsul Francés, y todavía vá más allá la referida disposi-ción, puesto que también ordenó que de ningún modo se adju-dicase á nuevos concesionarios los terrenos aún no reducidos á cultivo, y todo esto bajo la reserva expresa de hasta tanto que la Reina no resuelva definitivamente sobre este asunto, lo cuál quiere decir que el acuerdo de la Junta de Terrenos baldíos, no tuvo el carácter de definitivo, y entendiéndolo así el Capitán General Cotoner, trasladó esa Real Orden á la repetida Junta, en 21 de Julio de 1857, es decir, á la misma entidad que tomo el acuerdo de reversión, según puede verse á los folios 27 al 31 inclusive de los autos, en donde consta la aludida instancia, y la copia de la citada Real Orden, cuyos documentos bay que aceptar como auténticos por no haber sido impugnados, en ningún sentido, por la parte demandada.

Considerando: que para robustecer más ,-la creencia de que el tan repetido acuerdo no llegó á producir efecto legal de ninguna especie, viene la Orden del Gobernador General de esta Isla, fechada en 7 de Abril de 1859, -mandando dar de nuevo posesi&n al Conde de Sambuy, como representante de la sucesión del Duque de Mahón, y no cabe afirmar que esa orden dejó de cumplirse, porque no se haya traido á estos autos el espediente en que debe constar el acta de posesión, puesto que al folio 37 consta una certificación expedida por Don Carlos Budet y Texidor, Secretario del Ayun-tamiento de Lares, en la que, refiriéndose al libro de corres-pondencia, perteneciente al año de 1859, que se encuentra en el Archivo de aquél Ayuntamiento, se copia la minuta del oficio de 4 de Junio de 1859, de remisión del expediente ins-truido por dicha Alcaldía de Lares sobre la posesión dada al Conde de Sambuy, en la representación que entonces osten-taba, de las veinte caballerías y dos tercios de, terrenos, en el barrio del Cibao, de aquél término municipal.

Considerando: que si el expediente de posesión dada, que consta remitido al Gobernador General, se extravió en su oficinas y no ha sido, por tanto, posible, traerlo á estos autos, no puede ese accidente, independiente de la voluntad del actor, perjudicarle en sus derechos, cuando, como en el presente caso, se ha comprobado el hecho de la posesión conferida, como consecuencia del mandato del Gobernador, con esa mi-nuta de fecha remota, de cuya autenticidad no puede dudarse,, porque se refiere á lo que consta del Archivo de 1859, y por-que esa certificación expedida por el Secretario en que se inserta la minuta del oficio de remisión del expediente que trataba de la posesión dada, seguramente con todas las forma-lidades, .está visada por el Alcalde accidental de Lares, y sellada con el sello de dicha Alcaldía, formalidades todas esas qne alejan toda idea de falsedad, porque el Secretario qne expidió la certificación, qne es el encargado de la cus-todia de la minuta, sabia qne la expedia bajo su responsabili-dad, según la regla 4a. del artículo 596 de la Ley de Enjuicia-miento Civil.

Considerando: que esa certificación comprensiva de la minuta del oficio de remisión del expediente, sobre la pose' sión conferida, tiene el carácter de documente^ público y so-lemne, según el número 4°. del art. 595 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, porque es copia sacada y autorizada por el Secretario encargado del Archivo por mandato de la autoridad competente, como es el Alcade.

Considerando, por último, qne es costumbre admitida para el buen orden de las oficinas, y precisamente para evitar las responsabilidades del extravío de las diligencias qne se cur-san, conservar las minutas, y en este caso esa conservación ha venido á salvar la prueba de un hecho importante en el pleito, cuál es el de la posesión consumada, y qne no puede negarse hoy, sin antes probar la falsedad de la minuta del ofi-cio, cosa qne no se ha intentado, ni dudado siquiera de la existencia de la minuta original; y siendo esto así, hay qne afirmar qne se dió la posesión, porque la repetida minuta es eficáz en este juicio, y porque negar la posesión dada, y acep-tar la veracidad de la minuta, sería una verdadera inconse-cuencia.

Considerandoque robustece también el hecho de la pose-sión, el también probado y admitido por el Fiscal, de qne por el Duque de Mahón ó por su sucesión, ó por la Duquesa de Mahón Crillón se satisficieron las contribuciones de dichos terrenos desde el año 1862, hasta el año de 1899, ó sean treinta y siete años, circnmstancia, esta última, de la qne se deriva la presun-ción de que dichos terrenos estaban cultivados, porque hasta el cambio de soberanía y aprobación de la vigente ley de Rentas en primero de Marzo de 1902, la contribución se im-ponía bajo la base de las utilidades, y si éstas no existían, por falta de cultivo, no pudieron imponerse, ni satisfacerse esas contribuciones.

Considerando■: que este juicio, en que se ha ejercitado la ac-ción reivindicatoría, se ha dirigido contra el que,' según el actor, ha cometido un verdadero despojo, ó sea contra El Pueblo de Puerto Pico, que es el que aparece de la Oficina pública del Registro de la Propiedad, como detentador de los derecho^ ¿le propiedad, que á aquél corresponden, y no jouede ser obstáculo para el éxito de la acción que se ejercita, la circunstancia de no haberse también dirigido contra otros que sólo, por simple insinuación, se dicen que poseen los terrenos en cuestión, porque no consta el título en virtud del cual posean y porque cabe en lo posible, que estén poseyendo como colonos del mismo demandante, pero de todos modos, no habiendo sido partes en este litigio, en nada puede perju-dicarles la resolución que aquí se. dicte, quedando en todo caso, sus derechos á salvo de todo prejuicio y perjuicio, toda vez que pueden discutirlo en el juicio correspondiente, en que se aquilate el valor de sus títulos, si los tienen, y de las demás probanzas que puedan aportar.

Considerando: que por Real decreto de 17 de Abril de 1884, se aprobó el Reglamento para la composición de terrenos realengos en esta Isla, y ese Reglamento, en su artículo segundo y tercero, dice: -

“Art. 2o. — Se considerarán propietarios, para los efectos legales de este Reglamento, los que acrediten haber adquirido los terrenos mediante Real Cédula, concesión de la Junta Superior de reparti-miento de terrenos baldíos, ó título de autoridad competente, y ha-ber cumplido las condiciones que por la concesión les fueron im-puestas, cualquiera que sea el tiempo que lleven de posesión.
Igualmente se considerarán propietarios los que, careciendo de tí-tulo, acrediten haber poseído, sin interrupción, los expresados te-rrenos, durante veinte años, si se encuentran en cultivo, y durante treinta, si se hallan incultos.
Para que se entienda cultivado un terreno es necesario acreditar ■que lo lia estado en los tres años últimos. ’
“Art. 3o. — Todas las concesiones de terrenos en general, y en especial, las verificadas desde el año 1850 hasta la fecha, en que no se hayan cumplido las condiciones impuestas, se declaran insubsistentes y revertidos los terrenos al Estado.”

Considerando: que por Eeal Orden de 20 de Agosto de 1888, publicada en la Gaceta de esta Isla del 11 de Octubre del mismo año, se resuelve “Que el artículo 3o. del Regla-mento, quede reformado en los términos sigut^ates:

“Las concesiones 'de terrenos en general, y en especial las “Verificadas desde el año de 1850 basta 1884, en que no se “hayan cumplido las condiciones impuestas, se declaran “insubsistentes y revertidos los terrenos al Estado, á no ser “que los concesionarios vengan poseyéndolos desde más de “treinta años, que es el plazo señalado para la prescripción “en los-terrenos incultos, y poseídos sin título, por el artículo ‘ ‘ anterior. ’ ’

Considerando: que aún suponiendo que se poseyese sin título, y que los terrenos en cuestión estuviesen incultos, hay que declarar, en virtud de la Real Orden y del Reglamento anteriormente citados, que el actor es el propietario de lo que hoy reclama, porque la concesión queda subsistente y no pueden hoy considerarse esos terrenos revertidos al Estado.

Considerando: que se han justificado los requisitos inhe-rentes al ejercicio de toda acción reivindicatoría, cuáles son, el dominio y la identificación de la cosa que se reclama, que es con toda evidencia la porción de terrenos descrita é inscrita en el Registro de la Propiedad, cuyo acto debe, asimismo, declararse nulo, si han de respetarse los efectos del dominio que en favor del demandante existe, y si ha de prevalecer el principio consignado en el artículo 4o. del Código Civil refor-mado, de qu.e son nulos los actos ejecutados contra lo dis-puesto en la ley, y nula es por tanto la dicha inscripción, que se ordenó sin ningún derecho y sin cumplir con los requisitos que la ley exige, errores que reconoció más tarde el mismo Iíon. Tesorero de esta. Isla, como lo demuestra su oficio de 4 de Junio' de 1901, en el cuál, dirigiéndose al representante del actor, le dice, que si hubiera tenido á la Vista los documentos, que son los traidos á estos autos, no hubiera procedido comu procedió y esta paladina y honrada manifestación viene, también, á confirmar el derecho del demandante.

Considerando lo dispuesto en la regla 63 de la Orden General número 118, serie de 1899.

Vistas la,s ¿Imposiciones citadas y las pertinentes que en la sentencia apelada se citan, con la ley de la Asamblea Legis-lativa aprobada en 12 de Marzo de 1903, y los artículos 358 364 y 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallamos qire debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia que dictó la Corte del Distrito de San Juan en primero-de Agosto de mil novecientos dos, sin hacer expresa condena-ción de las costas de este recurso; comuniqúese esta sentencia y devuélvanse los autos al Tribunal de su origen.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciado, Sulzbacher.

Jueces disidentes:

Sres. Hernández y MacLeary.

Opinión disidente de los Jueces Asociados Sres. Hernández y MacLeary.

Los Jueces Asociados que suscriben no están conformes con la anterior sentencia, dictada por la mayoría de sus com-pañeros, y en su lugar formulan su opinión en los términos siguientes:—

Aceptan los fundamentos de hecho de la expresada sen-tencia y los adicionan, con los siguientes:

Resultando: que según informe que en copia obra en autos, y que por orden de la Junta de Terrenos baldíos emitió su Vocal Don Lucas García Buiz, en ocho de Marzo de 1869, el Conde de Sambuy, 'en representación de los derechos de la Sucesión del Duque de Mahón dirigió con fecha 25 de Julio de 1865, al Gobernador General de esta Isla, una instancia aeom-pañando dos documentos públicos otorgados en Avignon, de Francia, en 10 del citado Julio, á saber, un poder general que la Duquesa de Mahón otorgó á favor del Conde de Sambuy, y un instrumento público en el que, entre otras cosas, se recono-cían en favor de la Srta. María Antonia G-abriela Balbo Ber-thone de G-rillon, el título ducal de Mahón con la Grandeza de España de Ia. Clase, y el Mayorazgo instituido para esas dig-nidades, por escritura otorgada en Madrid el 17 de Agosto de 1794, asignándose á dicho Mayorazgo las tierras cedidas al Duque de Mahón, según título expedido por el^Capitán General, Don Miguel de Latorre, en 10 de Marzo de 1^30, y adjudi-cándose á los demás herederos las tierras restantes que en esta isla eran del Duque de Mahón, cuyos documentos presen-taba el Conde de Sambuy, según su manifestación, para que se conservaran en el Gobierno con los demás referentes al Duque de Mahón, tomándose antes razón de ellas- en la Conta-duría General, Audiencia del Territorio, Alcaldiá de Lares y Anotación de Hipotecas, á fin de que las autoridades compe-tentes pudieran velar sobre la concesión del Bey Don Cár-los III y sobre la fundación del Duque de Mahón, Conquistador. de menorca, documentos que con la instancia frieron re-mitidos por el Gobernador General, para informe, á la Junta de Terrenos baldíos, habiendo comisionado dicha Junta á su Vocal Don Lucas García Buiz para la redacción del informe pedido.

■Resultando: que el citado Vocal, examinados los antece-dentes necesarios, estimó que procedía informar al “Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil” “que no pudiendo ser aquella sucesión (la del Duque de Mahón) considerada como dueña del terreno mencionado en’la forma indeterminada en que se presenta, si la expresada sucesión ó su representante enten-dieran conveniente el sostener ó reivindicar el dominio sobre tales tierras, preciso es que éstas se determinen, y caso de que resultaren en cultivo ó usufructo, que la misma sucesión ó representantes de los Duques hubieren otorgado, habrá de respetarse su derecho en ellas, raás si encontraren oposición en otros particulares que con diferente título lleven las tierras en cultivo, tendrá necesidad la representación de los Duques de acudir á los Tribunales de Justicia, únicos competentes para entender en las contiendas sobre propiedad, y por último, que si baldías y no ocupadas, aparecieren las tierras, será de las facultades de la Junta el conocer sobre la validez ó nulidad de la concesión, según estime procedente. Puede así mismo informarse al Excmo. Sor. Gobernador Superior Civil, que de los instrumejLl*os públicos dirigidos por el Sr. Conde de Sam-buy, con su carta de 25 de Julio de 1885, no procede, según las disposiciones vigentes, tomar razón en la Audiencia del Territorio y Contaduría General, ni puede, de oficio, preve-nirse que se tome razón en las Anotaciones.de Hipotecas res-pectivas. Ofrécese en la carta y escrituras remitidas por Conde de Sambuy, otro particular, y es, el referente á la insti-tución de un Mayorazgo para el Ducado de Malión y Grandeza de España, que le es aneja, vinculando al efecto, y con aquél objeto, una de las cuatro leguas de terrenos cedidas en la isla al primer Duque. Ya por ser anteriormente necesaria la Eeal licencia para vincular bienes, ya porque en el día está prohi-bida la fundación de Mayorazgos, pudiera indicarse que como contrarias á nuestra legislación vigente, par.ece que no pueden tener en la isla efectos legales el gravamen y trabas constitui-tener en la isla efectos legales el gravámen y trabas constitui-das sobre la dicha legua de terreno, por la escritura de Avignon. En los términos expuesos, ú otros que la Junta estime más procedentes, pudiera evacuarse el informe reclamado por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, Puerto Eico, Marzo 8 de 1869. García Euiz.”

Bsultando: que la Junta de terrenos baldíos se conformó con el informe de su Vocal, y también lo aceptó el Consejo de Administración, recomendando resolución en el mismo sen-tido, con fecha catorce de Junio de 1869, sin que conste lo que resolviera el Gobernador.

Resultando: que en cumplimiento del acuerdo del Teso-rero de Puerto Pico, de 4 de Septiembre de 1900, según consta en expediente que ha venido al juicio, al ser requeridos los poseedores de los terrenos que reclama como suyos el deman-dante, ninguno de ellos presentó título de propiedad, y muchos manifestaron que el título de la concesión que se les hizo en el año 1854, existía archivado en la Alcaldía de Lares.

Resultando: que también en cumplimiento del expresado decreto del Tesorero, vinieron á figurar en el Eeparto de la contribución territorial para el año económico tie 1900 á 1901, los poseedores de los terrenos de que se trata, con el número de cuerdas que cada uno de ellos poseía, y que ascienden en su totalidad á 3,826 cuerdas con 50 céntimos de otra.

Aceptan los Jueces disidentes, además de los Besultandos de la sentencia dictada, los Considerandos Io, 2o, 3o, 4o, 5o, y 6o, de la misma, adicionándolos con los siguientes:

Considerando: que la acción reivindicatoría del dominio de una cosa solo puede prosperar cuando, además de acreditarse el dominio y la identidad de la misma, se ejercita aquélla contra el tenedor ó poseedor de la cosa que se trata de reivindi-car, según así lo declaró esta Corte Suprema en sentencia de 24 de Octubre de 1900, conforme con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de España, anterior á la extin-ción de su soberanía en esta Isla.

Considerando: que si bien aparece justificado en el juicio, que el Duque de Mahón Grillón fue puesto en posesión de los terrenos de que se trata, en 22 de Abril de 1829, y el 10' de Mar-so del año siguiente, se le expidió título de amparo de los mis-mos, obteniendo así un verdadero título de propiedad, no abso-luto é irrevocable, sino sujeto á las condiciones que regulaban la concesión de terrenos baldíos, dicho título quedó sin efecto desde que la Junta de terrenos baldíos, por acuerdo.de 3 de Abril de 1854, previa formación del oportuno expediente, de-claró revertidos aquellos terrenos á la Corona de España, atendido el estado de abandono en que se encontraban.

' Considerando: que el expresado acuerdo de 3 de Abril de 1854 fue dictado en cumplimiento de Eeal Orden de 15 de Sep-tiembre de 1852, que declaró se estaba en el caso de proceder sin demora á la reversión de las 27 caballerías que sin cuidado, ni cultivo del concesionario, se bailaban en Rio-Grande y Lares, y por tanto la fórmula que contiene ©1 acuerdo “sin perjuicio de dar cuenta á la Reina de tal determinación”, no puede significar que no surtiría desde luego efectos legales, ó que quedaría en suspenso basta que descendiera la real apro-bación, sino c?u^ era eficáz basta que fuera modificado ó dero-gado por la Soberana de España; y tan es así, que la misma Junta de terrenos baldíos, en acuerdo posterior, á pedimento de la Junta Municipal de Lares, que manifestaba la conve-niencia de que fueran agraciados setenta y cuatro vecinos con los terrenos que estaban poseyendo de los que pertenecieron al Duque de Mahón Grillón, acordó la concesión á tales posee-dores, bajo condición de que los terrenos de cada uno no pasa-ran de cien cuerdas y en el término de dos meses se sacaran las oportunas comisiones para la mensura.

Considerando: que la Real Orden de 8 de Abril de 1857 no dejó sin efecto el acuerdo de la Junta de terrenos baldíos, de 3 de Abril de 1854, ni la concesión hecha posteriormente á 74 poseedores de los terrenos que habían pertenecido al Duque de Mahón Grillón, sino que dispuso, en vista de una instancia de la Duquesa de Mahón Crillón á la Reina de España, en de-manda de prórroga de tiempo para la reversión al Estado de los terrenos concedidos al primer Duque de Mahón Crillón, se informara á la autoridad real sobre los antecedentes y es-tado del negocio, y se diera parecer sobre el modo de conciliar los intereses de familia del Duque con los de la Agricultura de esta Isla, suspendiéndose hasta tanto dictara la Reina re-solución definitiva, los efectos del aviso que por conducto del Cónsul de Francia se había dado á los herederos del Duque, sin adjudicarse en el Ínterin, de ningún modo, á nuevos con-cesionarios, los terrenos aún no reducidos á cultivo; y como «1 aviso á la sucesión del Duque, por conducto del Consul de Francia, tuvo por objeto enterarla de que, si aún queriá con-servar algunos terrenos de los que la fueron concedidos en Fajardo, Naguabo ú otro punto cualquiera, no se menciona expresamente á Lares, nombrara apoderado que exhibiera la mensura y deslinde de ellos y los pusiera en cultivo, den-tro de un año, satisfaciendo los derechos reales, pues en ese caso serían respetados los que la asistieran, y de lo contrario, ■se revertirían á la Corona, conforme á la Circular cuya co-pia se acompañó al aviso, es claro que ese avis»,.cuya minuta •obra en autos, y es de fecha 7 de Junio de 1856, no se refiere al acuerdo de la Junta de terrenos baldíos, de 3 de Abril de 1854, y por tanto, la Real Orden de 8 de Abril de 1857, no es derogatoria del repetido acuerdo, ni suspendió los efectos del mismo, con tanta mayor razón cuanto que el aviso se refiere á terrenos no revertidos á la Corona de España, como lo ha-bían sido los que son materia del juicio, y la Real Orden sólo prohibe el otorgamiento de nuevas concesiones, sin anular las •que se hubiesen hecho, como las de los setenta y cuatro ve-cinos de Lares.

Considerando que en corroboración de que la Real.Orden ■de 8 de Abril de 1857 no dejó sin efecto el acuerdo de la Junta de terrenos baldios de 3 de Abril de 1854, concordante con la Real Orden de 15 de Setiembre de 1852, viene la otra Real Orden de 20 de Enero de 1859, en que la Reina de España or-dena al Gobernador General de esta Isla preste al Conde Man-fredo Bertone de Sambuy toda la protección y facilidades •que por su rango merecía, á fin de que practicara las gestiones convenientes para reivindicar los terrenos heredados por su hija política y pupila, la Señorita Da. María Berton de Cri-llón, Duquesa de Mahón y Grande España de Ia Clase, sin uue se ordenara la restitución de terrenos determinados á la ■expresada Señorita, por lo cuál es claro que el decreto del Gobernador General de esta isla, de 7 de Abril de 1859, or-denando que la representación del Duque de Mahón fuera po-sesionada nuevamente de los terrenos que le fneron expropia-dos por los linderos qne marcaran los planos y documentos que produjera, dejando á salvo los derechos de los que se hallaran poseyéndolos en todo ó en parte, los que se venti-larían donde y en la forma que correspondiera á derecho, lé jos de estar conforme con aquélla real orden, que era mera-mente de protección ó recomendación, está en abierta contra-dicción con la misma, pues el Gobernador en vez de prestar facilidades y protección al mencionado Conde, para la reivin-dicación de 1¿)í* terrenos que pretendía, le otorgó la posesión de ellos, que era función propia de la Junta de terrenos bal-díos, po ser ésta la que había ordenado la reversión de dichos terrenos á la Corona de España.

Considerando que la copia del oficio de 4 de Jimio de 1859,. dirigido al Gobernador General de esta Isla, en que se mani-fiesta, por la Alcaldía de Lares, que tiene el honor de elevar' á aquella superior autoridad el expediente instruido sobre la. posesión dada al Conde de Sambuy, como representante de la. Sucesión del Duque de Mahón Crillión, de 20 caballerías y dos tercios de terreno en barrio de Cibao de la jurisdicción de-dicho pueblo, todo en virtud de la comunicación de dicho Go-bernador de 7 de Abril del mismo año, que obraba por cabeza, del referido expediente, sólo ofrece un principio de prueba escrita, pero no una prueba cumplida y acabada de que el Conde de Sambuy, en la representación indicada, fuera puestoen ¡Dosesión de esas mismas veinte caballerías y dos tercios de terreno pues semejante prueba solo puede derivarse del acta, de posesión correspondiente, y la falta de dicha acta ha de-bido suplirse justificando por otros medios, á satisfacción del Tribunal, que el decreto de 7 de Abril de 1859, fué debida-mente cumplido, no obstante la concesión hecha á 74 vecinos de Lares por la Junta de terrenos baldíos, después de la-Resolución de la misma Junta de 3 de Abril de 1854, rever-tiendo á la Corona de España las tierras del Duque, justifi-cación tanto más necesaria, cuanto que por escritura pública; otorgada en 5 de Julio de 1900, varios individuos, llamándose dueños y poseedores por títnlo derivado de aquella concesión, de las mismas tierras cuyo dominio reclama el demandante, las vendieron, por ocho mil pesos provinciales, á Don Virgi-lio Acevedo Hernández, y habiendo alegado la parte actora qne los concesionarios agraciados por la Junta de terrenos baldíos, en 1854, fueron desposeídos de los derechos adqui-ridos» y si continuaron en la finca fné en clase de colonos, pa-gando arrendamiento á la Sucesión del Duque de Mabón, deber suyo era traer á los autos prueba de la*eeistencia del arrendamiento alegado, con cuya prueba hubiera acreditado que los vendedores están poseyendo á título de arrendata-rios y que á la Sucesión del Duque correspondía el derecho dominical.

Considerando que las certificaciones de contribuciones satisfechas por el Duque de Mabón Chillón, por la Sucesión de dicho Duque, ó por la Duquesa de Mabón Chillón, desde el año de 1862 á 1889, no pueden suplir la falta de prueba de po-sesión, pues aparte de que esas certificaciones no expresan con claridad y precisión los terrenos á que se refieren, llena-rían sólo uno de los requisitos que para justificar posesión de bienes raices exigen los artículos 391 de la Ley Hipotecaria y 436 del Reglamento para su ejecución.

Considerando que de los términos en que está redactado el oficio de la Alcaldía de Lares de 4 de Junio de 1859, no es posible deducir con qué formalidades se llevó á efecto la po-sesión ordenada por el Gobernador General, ni si fué por los mismos puntos que se marcaban en el título de amparo de 10 de Marzo de 1830, ni si hubo reclamaciones, ó nó, por parte de los que estaban poseyendo, ni si esas reclamaciones, en su caso, fueron resueltas por el Alcalde de Lares, ó se reservó su resolución al Gobernador General, ni si los poseedores fueron desposeídos, ó se les permitió que continuaran pose-yendo, cuyos datos son necesarios para venir en conocimiento de la naturaleza, extensión y alcance de la posesión que se diera al Conde de Sambuy, y poder precisar si los terrenos objeto de la posesión, son los mismos que el demandante re-clama como de su propiedad.

Considerando que la representación de la parte deman-dante lia presentado como justificantés del dominio alegado la documentación que á ese fin le pareció oportuna; y por lo que se deja expuesto no es bestante para la justificación de dicho dominio; pero no ha alegado la prescripción como me-dio de adquirirlo, y por tanto no pueden invocarse en apoyo de su dereclío los artículos 2o, y 3o, del Reglamento para la composición de terrenos realengos en esta Isla,, aprobado por Real- Decreto de 27 de Abril de 1884, ni la Real Orden de 20 de Agosto de 1888, que modifica el artículo 3 de dicho Reglamento; pero aún en el supuesto de que oportunamente se hubiera alegado la prescripción, debería ésta desestimarse, por cuanto el demandante no ha justificado, como era de su deber, la posesión no interrumpida de los terrenos de que se trata por más de treinta años. ■

Considerando que según los artículos 348, y 430 del Código Civil antiguo, que son los 354 y 433 del actualmente vigente, el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla, y la posesión natural es la tenen-cia de una cosa ó el disfrute de un derecho por una persona, siendo posesión civil esa misma tenencia ó disfrute, unidos á la intención de haber la cosa ó derecho como suyos; y que por tanto, no siendo poseedor El Pueblo de Puerto Rico, de los terrenos de cuyo dominio se trata en el presente juicio, no ha podido ejercitarse contra él la acción reivindicatoria, la que ha debido dirigirse contra los que estaban poseyendo y dis-frutando dichos terrenos, y aún hoy, los poseen y usufructúan, alegando sobre ellos derechos dominicales, según se desprende de la escritura de venta otorgada en 5 de Julio de 1900, á favor de Don Virgilio Acevedo, y de la circunstancia de fi-gurar hoy en el reparto de contribuciones, dichos poseedores, á virtud de la orden del Tesorero de esta Isla de 4 de Setiem-bre de 1900, sin que la inscripción de posesión, hecha en el Registro de la Propiedad de Agnadilla, á favor de El Pueblo de Puerto Rico, sea bastante para dar á éste el carácter de poseedor, de qne venía careciendo, pues tal inscripción no puede convertir en real y verdadero, un hecho qne no lo es.

Considerando que la certificación expedida por el Tesorero de Puerto Rico, en 14 de Septiembre de 1900, para que se lle-vara á efecto, en el Registro de la Propiedad de Aguadilla, á favor de El Pueblo de Puerto Rico, la inscripción de posesión de los terrenos vendidos por escritura públicS «le 5 de Julio del mismo año, á Don Virgilio Acevedo y Hernández, no lle-naba los requisitos que exige el artículo 36 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, ni tampoco podía llenarlos, pues el más fundamental de esos requisitos, ó sea la posesión de los terrenos de que se trata, faltaba en el presente caso, por la razón clara y evidente de que El Pueblo de Puerto Rico no estaba poseyendo dichos terrenos, siendo por tanto nula la inscripción que de la posesión se hizo en el referido Registro de la Propiedad.

Considerando: que según la sección de la Ley de la Asam-blea Legislativa de 12 de Marzo del año próximo pasado, transformando el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de Corte de Casación, en Corte de Apelación, este Tribunal, en sus deliberaciones y fallos, no se limitará solamente á infrac-ciones de. ley ó quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados ó salvados por los litigantes, ó según se hicieran constar en sus exposiciones y excepciones, sino que, con el más alto fin de justicia, puede también entender en to-dos los hechos y tramitaciones, tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor ad-ministración de justicia y del derecho y evitar injusticias y demoras.

En consecuencia de todo lo expuesto, vistos los textos le-gales ya citados, y las sentencias del Tribunal Supremo de España de 10 de Abril de 1872, 4 de Diciembre de 1888 y 5 de Octubre de 1892, la primera en pleito sobre reivindicación de una finca y pago de maravedís, la segunda en pleito sobre nulidad de deslinde y reivindicación de terrenos, y la tercera en pleito sobre reivindicación, y la sentencia de esta Corte Suprema de 24 de Octubre de 1900, los Jueces que suscriben opinan que desestimándose la excepción de falta de perso-nalidad en el demandante, alegada por la parte demandada, se declare sin lugar le demanda, en cuanto por ella se solicita la declaratoria de propiedad de los terrenos á que se refiere á favor de M¿\* Pierre Enmanuel Baron du Laurens d’ Oise-lay, y con lugar en cuanto á la cancelación de la inscripción de posesión de dichos terrenos, hecha en el Begistro de la Propiedad de Aguadilla en nombre de El Pueblo de Puerto Bico, sin perjuicio de que el demandante y demandado pue-dan ejercitar sus derechos en la forma correspondiente, y contra quién proceda en cuanto al derecho dominical de que se crean asistidos sobre los repetidos terrenos, entendién-dose las costas del juicio y del recurso sin expresa condena-ción.