Case ID: pr_3/html/0214-01.html
Source: Caselaw Access Project
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Date Created: 2024-08-24T03:29:51.129683

Chevremont Et Al v. El Pueblo de Puerto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 1.
    Resuelto en Enero 23, 1903.
    Lotería Provincial. Billetes. — Los billetes de la Lotería Provincial eran valores del Estado y documentos al portador,- y de no verificarse el sorteo la Administración estaba obligada á devolver su importe á los tenedores de los mismos.
    Id. — Un contrato aleatorio que no se oponga á la ley, es valido y exigible.
    Contratos. — Las estipulaciones de un contrato válido deben regir sin referen-cia á materias extrínsecas, á no mediar disposición expresa para tal refe-rencia.
    Loterías. — Lá trasmisión de billetes de lotería por correo está prohibida por las leyes postales de los Estados Unidos, pero no lo están las loterías por las leyes generales de los mismos.
    Billetes de la Lotería Provincial. — Al emitir y vender billetes de lote-ría, bajo las leyes entonces vigentes, la Diputación Provincial de Puerto Rico contrajo la obligación de celebrar los sorteos correspondientes á los mismos, y al no ihacerlo así, por incumplimiento de esa obligación, los tenedores de dichos billetes tienen derecho á la devolución del dinero pa-gado por ellos, quedando el Gobierno obligado á satisfacer sus recla-maciones.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    El presente caso es una apelación interpuesta por el Pueblo de Puerto Rico en un pleito contencioso-administrativo seguido por Don Luis Chevremont y otros contra la Oficina Liquidadora de la extinguida Diputación Provincial, sobre reintegro del valor de billetes de lotería, siendo la sentencia apelada, copiada literalmente, la siguiente :
    En la Ciudad de San Juan de Puerto Rico á los cuatro días del mes de Octubre de 1901. Visto este recurso contencioso-administrativo seguido entre partes de la una el Letrado Don Antonio Alvarez Nava y Lobo, en representación de Don Luis Chevremont, Don Adolfo Robert, Don Andrés Cueto, Mullenhoff y Korber, Don Pedro Cardona, Rivera y Ca., Cerecedo Hermanos y Ca., Don Pedro Giusti y Don Anfiloquio Gándara, tenedores de billetes de la Lotería, contra la Oficina Liquidadora de la extinguida Diputación Provincial, sobre reintegro del valor de billetes de los que son tenedores, representada esta Corporación por el Ministerio Fiscal.
    
      Resultando: que abolida por la Orden General No. 17, de 20 de No-viembre de 1898, la Corporación denominada “Diputación Provincial de Puerto Rico ”, por considerarla el Gobierno Militar de la Isla, innecesaria é incompatible con la Administración de los negocios públicos, distribuyéndose sus atribuciones entre las Secretarías de Gobernación, Fomento y Hacienda, en diclia fecha existentes, y creándose á la vez una Comisión para averiguar los fondos y responsabilidades, y distribuir el mismo entre los diferentes Departamentos mencionados, se nombró un liquidador que presentó un esta-do,'que motivó la Orden General No. 84 de 18 de Abril de 1900, para que todos los créditos pendientes contra la Corporación abolida fuesen presentados y satisfechos á la brevedad posible, haciéndose efectivas las deudas á favor de ella, nombrándose una nueva Comisión para recibir, oir y resolver todas las reclamaciones contra la Corporación extinguida, ú originadas en contratos con ella, que se presenten dentro de seis .meses á partir de la fecha de esa orden, que entre otras prescripciones contiene la de qué si el Gobernador no aprobase la adjudicación, ó el dictámen de la Comisión no fuera unánime, ó el interesado do aceptare el fallo, el certificado de él, con la reclamación y pruebas en que se apoya, se remitirán por el Gobernador á este Tribunal, con las observaciones que él tuviere por conveniente someter sobre el particular, procediéndose á reconsiderar y resolver por lo contencioso-administrativo.
    
      B,esultando: que Don Luis Chevremont, Don Adolfo Robert, Don An-drés Cueto, Mullenhoíf y Korber, A. Rivera y Ca., Cerecedo Hermanos y Ca., Anfiloquio Gándara, Don Pedro Cardona, y Don Pedro Giusti, presen-taron á la Comisión Liquidadora sus respectivos escritos, manifestando po-seían billetes pertenecientes á los dos últimos sorteos de la Lotería Provincial de Puerto Rico, formando los del primero, ciento veinte y siete ejemplares que al tipo oficial de dos pesos cuarenta y dos cincuenta céntimos de centavos, monta trescientos siete pesos noventa y siete centavos, moneda provincial, jurando en su escrito pertenecen á los dos últimos sorteos y expresando en la lista que sesenta y tres y nueve décimos' de billetes son del sorteo número 2 de 5 de Abril de 1898; el segundo, tres mil quinientos nueve billetes del sorteo ordinario número 382, que debió celebrarse el 20 de Mayo de 1898, más diez y nueve y cinco décimos del extraordinario de 5 de Agosto del mismo año, valor ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos sesenta y un centavos de igual moneda, á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos; el tercero, ciento ochenta y cuatro billetes del sorteo número 382, de 20 de Mayo, ascendentes á cuatro cientos cuarenta y seis pesos veinte centavos de la misma moneda; el cuarto, doscientos diez y ocho billetes dél sorteo número 382, montante á quinientos veinte y ocho pesos sesenta y cinco centavos, de igual moneda, á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos; el quinto, cin-cuenta y dos billetes siete décimos del extraordinario de 5 de Agosto que con dos cartas de pago, números 11 y 40 de fianza de acciones de billetes, forman todo un total de ciento setenta y seis pesos cincuenta y cinco centavos; el sexto, trescientos noventa y nueve billetes cuatro décimos del sorteo número 382 y ciento sesenta y nueve dos décimos del extraordinario número 2 aseen-diendo todo á mil trescientos setenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos provinciales; el séptimo, tres billetes ocho décimos del extraordinario número 2, de 5 de Agosto de 1898, ascendente á nueve pesos veinte centavos de la misma moneda; el octavo, noventa y siete billetes siete décimos del extraordi-nario número 2 citado, que montan á doscientos treinta y seis pesos noventa y dos centavos de la repetida moneda; y el noveno, ciento veinte y ocho billetes nueve décimos del número 382 referido, que importan trescientos doce-pesos cincuenta y ocho centavos de dicha moneda; acompañando cada uno la correspondiente lista expresiva de los números de los billetes y décimos que entregaron según los escritos ó facturas.
    
      Resultando: que para resolver esas reclamaciones se unieron, y aparecen-de las constancias remitidas, copia de la Real Orden, expedida por el Minis-terio de Ultramar del Gabinete Español en 27 de Julio de 1876, publicada en la Gaceta de Puerto Rico de 17 de Agosto del mismo año, autorizando á la Diputación Provincial de esta Isla para establecer una Lotería Provincial y en virtud de ella se incluyeron los productos de ella en el Presupuesto de-1877 á 78, vendiéndose los billetes á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos cada uno, moneda de Puerto Rico, suspendiéndose el sorteo número 382 y el extraordinario número 2; apareciendo al mismo tiempo la opinión de dos comisionados contraria al abono de la reclamación, porque la Lotería es una institución que tiende á degradar y empobrecer la sociedad en que florece; porque de la declaración jurada de los reclamantes no se puede saber si los billetes fueron obtenidos directamente de la Diputación ó de-agentes autorizados y porque unos billetes debían sortearse el 20 de Mayo de 1898 y otros, el número dos, en 5 de Abril del 98, que es el sorteo nú-mero dos, los que deberían ser de acuerdo con el memorandum, cuando la de-claración del Sr. Larroca aparece que el sorteo número dos debía haberse llevado á cabo en Agosto 5 de 1898: que la Lotería se vió obligada á sus-* pender el sorteo por la guerra y no llevarlo á efecto después por las leyes de los Estados Unidos; que es una verdad estaba autorizada por el Gobierno Español y el producto dedicado á su servicio y sostenimiento; que no hay Real Decreto ni Reglamentos y Estatutos que autoricen la indemnización á los compradores por no llevarse á cabo el sorteo pues lo hacía á su riesgo, que la equidad y recta conciencia es lo único que favorece al comprador de billetes para devolverle su dinero en ese caso; que si el sorteo se hubiera celebrado, un número limitado de premiados se hubieran beneficiado ; que si existiera algo de contrato ó derecho que á la Diputación obligara á devolver en equidad y recta conciencia, la Guerra es tal motivo que relevaría á la Diputación de pagar; siendo el del otro comisionado favorable al pago y fundado en lo siguiente: que no pudiendo celebrarse el Sorteo por culpa de la Diputación Provincial, no puede legalmente apropiarse el dinero para atender con él á sus obligaciones, debe devolverse el dinero que se cobró al piíblico por la venta de billetes, porque este asunto debe resolverse por la Ley Española que regía cuando se vendieron con consentimiento de la Ley y sería inmoral que una. oficina pública sacara el dinero con engaño al pú-blico y luego lo destinara al pago de servicios públicos, no implicando el es-tado de guerra, porque al desaparecer ese estado debió la Diputación cele-brar los sorteos ó devolver el dinero que había percibido por la venta de los billetes, debe devolverse el valor de los billetes vendidos pertenecientes á los sorteos no celebrados.
    
      Resultando: que el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, acompañando las comunicaciones remitidas á los mencionados peticionarios, participándoles que sus reclamaciones habían sido enviadas por el Gobernador á la Corte de Distrito de San Juan á los efectos del párrafo 6 de la Orden General No. 84 serie 1900, se mostró parte á nombre de los nueve antes indicados, pidió se le entregue lo remitido por el Sr. Gobernador para formular la demanda, á lo que se accedió y en su escrito sienta los hechos antes expuestos y además que la Comisión Liquidadora desestimó la solicitud notificada, á unos, el 8, á otros, el 11, y á los demás el 15 de Junio, siendo esa cuestión conten-ciosa, que el término es de tres meses para interponerla, que los interesados tienen personalidad, citando los artículos 1 y 7 de la Ley de lo Contencioso, el Párrafo 6 de la Orden General número 84 citada y los artículos 1091 y 1124 del Código Civil, y termina suplicando que en definitiva se resuelva se pague á sus representados la cantidad á que asciende el precio de los billetes de cada uno con el interés del seis por ciento desde la fecha que debieron celebrarse los sorteos respectivos hasta la del pago, cuyo escrito del 27 de Junio próximo pasado se tuvo por presentado, confiriéndose traslado al Mi-nisterio Fiscal.
    
      Resultando: que dicho Ministerio Fiscal pide se desestime la demanda de-clarando no se está obligado á pagar á los reclamantes cantidad alguna en concepto de billetes de los sorteos dejados de celebrar por causa de fuerza mayor, con las costas al actor, sentando como hechos: la autorización con-cedida á la Diputación Provincial por Real Orden, la que empezó en 1877, que con motivo de la guerra se dificultó la venta de los billetes, y no pudie-ron celebrarse los sorteos correspondientes al 15 de Julio y 5 de Agosto de 1898; que se suprimió la Diputación por Orden General No. 17 de 1898, no pudiendo celebrarse los sorteos pendientes por estimar el nuevo Gobierno era inmoral el juego de Lotería; que se creó una Comisión Liquidadora á la que se presentaron reclamaciones de tenedores de billetes, la que resolvió no eran justas ni debían pagarse las cantidades reclamadas, entablándose re-curso contencioso contra dicha resolución, de acuerdo con las leyes vigentes, y como derecho que la Lotería era prohibida por inmoral por las leyes que actualmente rigen: que el comprador es un jugador que arriesga su dinero á los azares de la fortuna; que las leyes nada determinan lo que deba hacerse, caso de que no pueda celebrarse un sorteo de una Lotería y vendido billetes de la misma, que los billetes se colocaban en la Isla y extrangero á superior precio del oficial que obtenían los acaparadores, siendo objeto de comercio, y salidos de la Diputación nada tenían que ver con ellos; que nunca se supuso el reembolso caso de faltar algún sorteo, tomándolos el com-prador sin ningún convenio expreso sobre el particular que ninguna res-ponsabilidad tiene la Diputación y el Tesoro de Puerto Rico, por ser caso de fuerza mayor.
    
      Resultando; que contestada la demanda, estando las partes conformes con los hechos, no cabe el recibimiento á prueba, se ordenó formar el extracto, y hecho, se señaló día para la vista, informando las partes en este juicio, ale-gando lo que á su derecho corresponde, según sus pretensiones escritas y ha-biéndose observado en la tramitación de esta instancia las reglas del procedi-miento. — Siendo ponente el Sr. Juez Asociado Don Juan Morera Martínez.
    
      Considerando: que si bien el juego de la Lotería fomenta un vicio fu-nesto á la tranquilidad de las familias y á la prosperidad del Estado, por la grave influencia sobre las costumbres, desanimando más ó menos la fuerza industriosa del hombre, siendo por ello un error económico, social y de Go-bierno consentirla, y por ello está prohibido por disposiciones de los Estados Unidos de ÜSTorte América, no es menos cierto que aquí establecida por la Diputación Provincial, desde 1877-78, con permiso del Gobierno Supremo que existía antes de la ocupación Americana, creándose como un recurso ordinario del presupuesto de ingreso de la Diputación Provincial, en el que vino figurando percibiendo el veinte por ciento del total de cada sorteo para ella, el que utilizaba en pagar sus servicios, entregando además al Estado un cinco por ciento del total como ayuda á su presupuesto, quien contaba con ese ingreso, y en su presupuesto aparecía, quitándole esos actos á la Lotería el carácter de juego ilícito ó no permitido legalmente, por más que aquellos caracteres, al principio expuestos, no pudieran borrarse ni desaparecer.
    
      Considerando: que dando la Administración y el Gobierno el carácter de un recurso análogo á las demás rentas, ó sea como un servicio explotado por ambos para tener una cantidad de ingresos con que atender á sus gastos, no es posible, mientras el Gobierno no la prohibiera, aplicar á actos anteriores á. esa prohibición los razonamientos en que la prohibición hoy se funda, no solo porque la ley no puede tener efecto retroactivo, si porque nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro que ejercitaba un legítimo derecho bajo el amparo de una administración y ley, entregando los billetes, percibiendo su importe, para hacer el sorteo y pagar los premiados, pues sin esa solemne obligación ningún valor hubieran tenido ni nadie los hubiera buscado.
    
      Considerando: que los billetes de la Lotería Racional se consideraban y consideran aún en la Península “valores del Estado” y “documentos al portador ”, quedando los que los falsifiquen, enmienden ó alteren sujetos á las prescripciones del Código Penal, y con arreglo á esa disposición legal, los de la Provincial eran igualmente considerados, y sujetos, en los casos antes expresados, á dichas prescripciones penales, demostrando todo que teniendo dicho carácter debe ser devuelto su importe cobrado por la Administración por no haberse efectuado los sorteos á que ellos se refieren.
    
      Considerando: que quien se aprovecha de un contrato pidiendo la entrega del precio y obteniéndolo, reconoce virtualmente su validez; y como el alea-torio de suerte, que es el celebrado, no lo fue contra precepto expreso de una ley prohibitiva que existiera en el momento de efectuarse, su validez no pue-de ponerse en duda.
    
      Considerando: que las obligaciones válidas y eficazmente contraidas tienen fuerza de ley para los otorgantes; y que para resolver cualquiera cuestión que se suscite acerca de su extensión y límites, es indispensable atenerse á las cláusulas y condiciones con que se celebraron, sin que pueda ser exigible ninguna otra que no haya sido expresamente pactada, á no ser aquellas que son naturales de los contratos, si no se estipula lo contrario, lo que no apa--rece de autos, ni de las reglas, reglamentos é instrucciones de la Lotería y forma de sus billetes á ellas ajustadas.
    
      Considerando: que si la Diputación por fuerza mayor, como fué el estado de guerra en que la Isla se encontraba, no pudo celebrar los sorteos, ni afin terminada aquélla, no es justo ni legal, que por esa razón, ni por ninguna otra, deje de devolver á los compradores de los billetes de los no llevados á cabo por ella vendidos y de cuyo importe dispuso, porque esa fuerza mayor, en el caso de autos, sólo le daba el derecho á obtener un plazo para el pago, ó verificar el sorteo, plazo que ha transcurrido con exceso; y por no encon-trarnos en el de la pérdida de la cosa debida, cuyas prescripciones legales no son aplicables á la Diputación Provincial, es imprescindible la devolución del precio de los billetes de los sorteos suspendidos y no efectuados por ser legal la compra venta de billetes de la Lotería en la época en que esa com-pra y venta de ellos se efectuaba, por haber servido la cantidad de su impor-te para servicios de la Diputación.
    
      Considerando: que siendo los repetidos billetes “valores del Estado” y títulos al portador ”, no hay que fijarse ni saber si fueron obtenidos directa-mente de la Diputación ó de Agentes, por no reconocerse más dueño de ellos que la persona que lo presente, sin peijuicio de tercero, cuya declaración correspondía á los Tribunales ordinarios, incumbiendo á la Administración el reconocimiento oficial, en los casos de rotura, deterioro y averiguar si reu-nían ó nó los requisitos y medidas tomadas para evitar su falsificación, y pagar los premios no caducados en el término que la Diputación fijó en sus acuerdos; siendo uno de estos acuerdos para asegurar la venta, expender un determinado número por acciones á personas que recibían los billetes de cada acción, cumpliendo las condiciones que la Corporación había determinado, quedando el resto de los billetes para el expendio al público por la dirección de Loterías en su oficina, previa entrega de los de apartado. ■
    
      Considerando: que el único que por error material fija el 5 de Abril de 1898 en la lista que acompaña del sorteo número 2, es Don Luis Chevre-mont; pero en su escrito conjuramento expresa que los billetes son de los dos últimos sorteos, y por lo tanto no pueden ser de la fecha que la lista indica, tanto más cuanto que los comisionados no afirman que los billetes fueron de un sorteo de 5 de Abril, que no ha existido ni podido existir, porque jugán-dose la Lotería en sorteos cada veinte días, siendo el número 382 del 20 de Mayo, los de Abril se efectuaron el diez y el treinta de este mes por preci-sión, por ser ese el acuerdo tomado para los sorteos, y porque del anuncio del sorteo número 382 Gaceta de esta Isla de 5 de Mayo suspendiendo el sorteo se deduce, deduciéndose además del anuncio de 24 de Junio y del de 3 de Agos-to, publicado en la ‘‘Gaceta de Puerto Rico”, expresando que los sorteos extraordinarios á que el billete del número 2 se refiere, tenían que efectuarse el 5 de Agosto, pues el primero se efectuó el 15 de Julio y. lo declara dicho anuncio.
    
      Considerando: que ese error material en la lista de billetes por Chevre-mont presentada.no es de atenderse dado lo expuesto, y por poderse compro-bar con los billetes presentados que son los reclamados, error material que no es aplicable á los demás reclamantes, porque ninguno de ellos ha incurri-do en él, y por no ser equitativo, justo ni legal dar valor á un error material.
    
      Considerando: que en los anuncios publicados en las Gacetas de 5 de Mayo y 4 de Agosto del 98, publicados por la Diputación Provincial sus-pendiendo los sorteos ordinarios números 382 y dos extraordinarios, declara válidos los billetes vendidos y que tendrán toda su eficacia para el que se celebre y anunciará, lo cual implica esa venta el derecho á ser reintegrados del valor de los mismos ó á pagar los premiados si los sorteos se hubieran efectuado; y por ello deben ser pagados esos billetes, no pudiendo éste Tribunal ocuparse del valor de las dos cartas de pago números 11 y 40, de sumas depositadas para responder á dos acciones de billetes que presentó Rivera y Ca., por no venir resuelta esta cuestión por la Oficina Liquidadora, por ha-berse desglosado en 11 de Junio último para unirlas al expediente formado para el pago de la segunda parte de la reclamación de Rivera y Ca., demos-' trándolo la comunicación que se le pasara y se acompaña con la demanda, en la que se lee se ha resuelto la primera parte de la reclamación número 2, y por no haberse hecho sobre ese punto pretensión expresa en la demanda.
    
      Considerando: que no puede sentarse exista temeridad en las partes que han intervenido en este juicio. Vistos los anuncios de la Gaceta citados, los Reglamentos, instrucciones y reglas de la Lotería que deben tenerse presen-tes, los artículos 1 al 6, 16, 343, 345, 430, 433, 1088 á 1091, 1094, 1119, 1123, 1124, 1216, 1218, 1254 á 1258, 1790, 1798 del Código Civil, las Ordenes Generales números 17 de 29 de Noviembre de 1898 y número 84 de 18 de Abril de 1900, y en especial la doctrina del Consejo de Estado al resolver las apelaciones contenciosa-administrativas de 28 de Marzo de 1871, 21 de Abril de 1873, 13 de Julio de 1874 y 19 de Enero de 1889.
    
      Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la demanda in-terpuesta por los nueve acreedores ó dueños de los billetes y décimos de billetes de la Lotería Provincial de esta Isla, mencionados en el encabeza-miento de esta sentencia, cuya numeración consta de las facturas ó listas, y cuyos billetes y décimos obran en poder de la Comisión Liquidadora de la Diputación Provincial, correspondientes unos al sorteo ordinario número 382, que debió jugarse el 20 de Mayo de 1898, y los otros al sorteo extraordina-rio número 2, que debió celebrarse el 5 de Agosto de dicho año, correspon-diendo este último al anuncio de 24 de Junio publicado en la “Gaceta de Puerto Rico ” por la Diputación Provincial, en dicho mes, y suspendidos dichos sorteos según los anuncios de la “ Gaceta ” de 5 de Mayo y 3 de Agosto, condenándose al pago del importe de dichos billetes á la Adminis-tración, sin especial condena de costas; y firme esta sentencia, remítase de ella copia al Contador General por conducto del Honorable Gobernador, como prescribe el párrafo 6? de la Orden General número 84 citada. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan R. Ramos, Juan Morera Martínez, Jesús Romeu, Ramón Falcón.
    
      Resultando: que notificada la sentencia al Letrado Don Antonio Alvarez Nava, al día siguiente de su pronuncia-miento, ó sea en 5 de Octubre de 1901, y al Honorable Attorney General en 3 de Diciembre del propio año, el Fiscal interpuso recurso de apelación que fué admitido en am-bos efectos habiendo sido emplazadas las partes en 13 y 17 de Diciembre citado.
    
      Resultando: que recibidas las actuaciones en esta Corte Suprema, por providencia de 24 de Enero siguiente se tuvo por personados al Honorable Attorney General y al Letrado Don Antonio Alvarez Nava, que respectivamente compare-cieron, el primero, en 15 de Enero, y el segundo, en 18 de Diciembre anterior, siendo de notar que el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, en el escrito de comparecencia, ma-nifestó que se adhería al recurso, sin que hiciera igual ma-nifestación al evacuar el trámite de instrucción.
    Abogado del apelante: Sr. Harlan, Attorney General.
    Abogado de los apelados: Sr. Alvarez Nava.
    
   El Juez Asociado Sr. Hernández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal :

Aceptando en lo sustancial los fundamentos de hechos y los de derecho preinsertos, ménos el primero de los de de-recho, en cuanto parece establecer que el juego de Lotería está prohibido por leyes del Congreso de los Estados Unidos, si bien es cierto que las leyes postales de dicho Congreso prohíben y penan'la remisión y circulación, por correo, de billetes de Lotería.

Considerando: que al vender la Diputación Provincial de Puerto Rico los billetes de Lotería, de que se trata en. este pleito, contrajo la obligación que le imponía el Reglamento de la materia de celebrar los sorteos correspondientes, y al no hacerlo así, por incumplimiento de esa obligación, nació para los tenedores de dichos billetes, el derecho á que se les reintegre el precio que satisficieron, ya por exigirlo el prin-cipio altamente moral y jurídico de que nadie puede enri-quecerse en perjuicio de otro, aplicable no solo á las perso-nas, sino á toda entidad jurídica, ya por prevenirlo el pre-cepto del artículo 1124 del Código Civil, al establecer que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

Considerando: que suprimida ' la Diputación Provincial por la Orden General No. 17, serie de 1898, en la que se ordenó que el Secretario de Hacienda se hiciera cargo del activo y pasivo de la misma, de la recaudación de todos sus créditos y liquidación' de todas sus deudas, y creada por otra Orden General No. 84, serie de 1900, una Comisión: Liquidadora para recibir, oir y resolver todas las reclama-ciones contra aquel extinguido organismo, á fin de que los créditos, en forma reconocidos, fueran satisfechos á la mayor brevedad, es claro que al Gobierno de Puerto Rico corres-ponde pagar por medio de su Tesorero, en concepto de rein-tegro, á los demandantes, las cantidades que reclaman como tenedores, de billetes de la Lotería Provincial, cuyos sorteos no fueron celebrados oportunamente.

Considerando: que la sentencia condenando á la Admi-nistración al pago del importe de los. billetes á que se con-trae la demanda, sin especial condenación de costas y sin que haga mérito de la de intereses, no puede ser mejorada en beneficio de los apelados, según han pretendido éstos en el acto de la vista, .pues para ello hubiera sido necesario que se hubieran adherido á la apelación, al evacuar el trámite de instrucción, no favoreciéndoles el haberlo hecho prema-turamente al personarse ¿nte esta Corte Suprema, pues ni antes ni después del expresado trámite puede utilizarse el recurso de adhesión, según terminantemente prescribe el Artículo 467 del Reglamento para la ejecución de la Ley de lo Contencioso-Administrativo.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan, en 4 de Octubre de 1901.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones, y Aso-ciados, Figueras y Sulzbacher.

Juez disidente : Sr. MacLeary.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Sr. Sulzbacher.

El Sr. Juez Hernández, anunció la sentencia confirma-toria.- Yo estoy de acuerdo con el resultado y con las con-clusiones. Pero yo encuentro además otras razones para estar conforme con dicha sentencia, y creo muy conveniente manifestarlas. Con este fin repetiré brevemente los hechos del pleito.

Es el presente un recurso de apelación, interpuesto por el Tesorero de Puerto Rico contra la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de San Juan, .en el pleito promovido por Don Luis Chevremont y otros, contra el Tesorero de Puerto Rico, para recuperar ciertas sumas de dinero pagadas por ellos, respectivamente, á la Diputación Provincial, por va-rios billetes de loterías. Se falló el pleito por dicho Tribunal de Distrito, sobre la base de los hechos, según constaban en la demanda y en la contestación. Estos hechos son sus-tancialmente como sigue: En el año de 1876, el Gobierno de España autorizó á la Diputación Provincial de Puerto Rico, para sostener un sistema de lotería, y éste se estable-ció en el año de 1877. Bajo dicho sistema, el 25 por ciento de las entradas procedentes de la venta de billetes de lote-ría, pertenecía á dicha Diputación Provincial, como benefi-cios y ganancias, y el resto, de 75 por ciento, había de re-partirse entre los tenedores de los billetes premiados'; y los billetes se vendieron, por la Diputación Provincial, á razón de dos pesos cuarenta y dos centavos cada uno. Cierto sorteo debía haberse efectuado el 29 de Mayo de 1898; pero á causa de la guerra con los Estados Unidos, no fué posible vender suficiente número de billetes, y se aplazó el sorteo hasta el mes de Julio de 1898. La Diputación Provincial, con motivo de encontrarse muy necesitada de fondos, or-denó que se efectuase un nuevo sorteo el día 5 de Agosto, reduciendo la venta de billetes de treinta mil á diez mil. A causa de la ocupación de la isla por las tropas America-nas, no se efectuaron ni uno ni otro de dichos sorteos, siendo los demandantes tenedores de billetes vendidos para dichos sorteos. Por la Orden General No. 17 de 19 de No-viembre de 1898, quedó disuelta y abolida la Diputación Provincial, y por la Orden General No. 84, de 18 de Abril de 1900, se nombró una comisión para que recibiera, exa-minara y resolviera todas las reclamaciones contra la extin-guida Diputación. Los demandantes presentaron oportu-namente sus reclamaciones ante dicha Comisión que las rechazó. De conformidad con la ley, los reclamantes pro-movieron ante el Tribunal de Distrito de San Juan, un pleito eontencioso-administrativo, cuyo pleito fué dirigido contra la Administración ó el Tesorero. El Tribunal de Distrito dictó sentencia á favor de los demandantes, y contra el Tesorero de Puerto Rico, contra cuya senten-cia este último apela ante este Tribunal. Ninguna de las partes ha presentado ante este Tribunal escrito de ale-gaciones, y sólo en el acto de la vista han expuesto oralmente lo que les ha parecido conducente á la de-fensa de sus derechos. La demanda y la contestación contienen alegaciones y principios de derecho, que las partes consideran como aplicables en apoyo de sus pretensiones. Las partes convienen en que, en virtud del párrafo 6 de la Orden General número 84, el Tribunal de Distrito tiene competencia sobre la controversia por el procedimiento con-tencioso-administrativo. El demandante funda su derecho de entablar la demanda, en los artículos 1091 y 1124 del Código Civil, sosteniendo, según parece, que la venta de billetes fué un contrato entre la Diputación Provincial y los tenedores de billetes de lotería, y afirmando que en virtud de dicha sección 6 de la Orden General número 84, existe á favor de los demandantes un derecho ó motivo para proce-der contra el demandado ó sea el Tesorero. El demandado afirma que la lotería es una institución que está prohibida por las leyes actualmente vigentes; que el tenedor de un billete de lotería es un jugador que expone su dinero al azar de la fortuna; que las leyes de España no previenen qué re-curso especial debería tener el tenedor de un billete de'lote-ría, si el sorteo no hubiese podido efectuarse. Que se ven-dían los billetes en la Isla y en el extrangero á un precio más alto que el que había pagado el primer comprador; pero que los billetes de lotería eran un artículo .de comerció, y que una vez emitidos por la Diputación Provincial ésta no tenía más que ver con los mismos. Que es evidente que la Diputación Provincial, no tenía que reembolsar al tenedor de los billetes de lotería, el precio de compra de dichos bille-tes, y que esto nunca se había supuesto; y que, aún admi-tiendo que la Diputación Provincial hubiera tenido que restituir el precio de compra de los billetes, si con motivo de guerra ó fuerza mayor no hubieran podido efectuarse los sorteos, no debía haber en ningún caso responsabilidad por parte del Tesorero de Puerto Rico. Nos encontramos por lo tanto frente á tres problemas que resolver: Primero ¿ Era legal la lotería en Puerto Rico, en la época de la venta de los billetes? Segundo ¿.Cuándo los billetes habían sido legal-mente adquiridos, qué recursos tenían los tenedores de bille-tes para hacer valer sus derechos contra la Diputación Provincial, en el caso de que no se efectuaran los sorteos?; y Tercero ¿Si la Diputación Provincial era responsable para con los tenedores de billetes, existe actualmente responsabi-lidad alguna por parte del Tesorero de Puerto Rico? En Ios-Estados Unidos, durante muchos años, se han considerado las loterías como un mal en detrimento de la sociedad; y ya en el año 1850, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó sus ideas sobre esta materia en los términos siguientes:

“Este Tribunal Lace muchos años, tuvo ocasión de decir que las formas ordinarias de juego eran comparativamente inocentes, al compararlas con la corrupción de loterías tan generalizada; que las primeras estaban limitadas á algunas personas y lugares, en tanto que las últimas'invadían toda la comu-nidad,. entrando en cada habitación, alcanzando á todas las clases, robando los jornales duramente ganados por los pobres, y saqueando á los ignorantes y cándidos”.
Phalen contra Virginia 49 E. E. U. U. 8. How 163.

Sin embargo, en la misma época, más ó menos, cuando el Gobierno de España autorizó á la Diputación Provincial de Puerto Rico, para establecer un sistema de lotería, la Consti-tución de Kentucky permitió juegos de loterías en aquel Es-tado. Cuando la Legislatura más tarde promulgó una ley prohibitoria contra la lotería, los propietarios de la lotería acudieron á los Tribunales,- y se llevó el pleito ante el Tribunal de Apelaciones de dicho Estado;. y allí nos encontra-mos con las siguientes expresiones :

“ Por lo tanto, aunque la legislatura tiene el poder de revocar la concesión de un privilegio de lotería, cuando no hayan resultado derechos de su conce-sión, y aunque las loterías tengan una tendencia desmoralizadora, y ejerzan una influencia muy perniciosa sobre las clases ignorantes y crédulas de la comunidad, y por esta razón hayan sido denunciadas casi universalmente por el poder legislativo en los diferentes Estados de la Unión: sin embargo, si se han adquirido derechos ó incurrido en responsabilidades, fundados en la bue-na fé que se tenía en el privilegio conferido por la concesión, sería manifies-tamente injusto el permitir que tales derechos fuesen destruidos por una revocación Legislativa del privilegio. Por lo tanto, si bajo la presente con-cesión, se han adquirido cualesquiera derechos antes de la promulgación de la ley que los revoca, entonces deberá considerarse la citada ley como incons-titucional ó ineficaz, por lo menos, en cuanto á lo concerniente á dichos derechos”.

Estas conclusiones fueron sancionadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el pleito de Douglass contra Kentucky, 168 Estados Unidos 499.

Más tarde, cuando el mismo Estado, por su constitución, prohibió la lotería, el propietario de ésta reclamó derechos que estimaba haber adquirido, y el mismo Tribunal falló en contra del querellante en los términos siguientes:

“ Por lo tanto, cualquiera persona que acepte un privilegio de lotería, lo hace en la tácita inteligencia de que el pueblo, en su carácter soberano y por sus Autoridades debidamente constituidas, puede revocarlo en cualquiera época, cuando lo exigiere el bien público, sea que se pague ó nó, por dicho privilegio. Todo lo que una persona puede obtener por tal privilegio es la suspensión de ciertos derechos gubernamentales á su favor, cuya suspensión está sujeta á ser retirada á voluntad del Gobierno. Dicha persona, en cuanto al efecto legal, no tiene nada más que el permiso de disfrutar el privilegio bajo las condiciones expresadas, por el período de tiempo especificado, á menos que sea derogada con anterioridad, por el poder soberano del Estado. Es un permiso que es válido contra las leyes vigentes, pero que está sujeto á futura inspección legislativa y constitucional, y á ser revocado.”
Douglass contra Kentucky (Supra.)

Pero con respecto á derechos adquiridos por un acreedor, contra el propietario de la lotería, encontramos en la misma decisión una doctrina muy diferente, y como emana del Tribunal más alto, debe aceptarse dicha doctrina hoy, como ley vigente en el país.

“ Todos los derechos adquiridos sobre la base de la buena fé de una con-cesión, de lotería, deben considerarse como adquiridos con sujeción al poder del Estado, hasta el punto que acaba de indicarse; sin embargo, los derechos que bajo tal concesión se hayan adquirido, conforme á la ley, tal como ésta fue, cuando dichos derechos fueron adquiridos en la forma indicada, y cuyos derechos se pueden ejercer y disfrutar sin ocuparse en empresas de loterías que están prohibidaspór el Estado, no son, por supuesto, afectados y no po-dían serlo, por la revocación de tal concesión. ”
Douglass contra Kentucky (Supra) Estado contra Mississipi, 191, E. E. U. U.

También leemos en la Enciclopedia de Leyes:

“En una época no muy remota, las loterías fueron toleradas y usadas por los Gobiernos de los Estados, como medios para obtener rentas para fines gubernamentales, caritativos y de educación.”
“ Posteriormente, se han promulgado leyes que declaran ilegal la compra y venta de billetes de lotería, prohibiendo el uso del correo para fines de lotería, y tratando la lotería, cuando menos tan desfavorablemente como cual-quiera otra clase de contratos de juego. ”
“En la mayor parte de los Estados liay disposiciones legales que prohíben las loterías y también, en algunos casos, la venta de billetes de lotería. En Inglaterra, Canadá, y en todos los Estados de losEstados Unidos, con una excepción, las loterías están prohibidas porla ley. ”

Pero siempre que las loterías estaban sancionadas en los diferentes Estados, eran consideradas como transacciones le-gales al extremo que, en el Estado de Delaware, la venta de billetes de lotería, sin licencia, era una falta punible.

Por consiguiente vemos que, en tiempos pasados, el Pueblo de los Estados Unidos estaba tan ansioso de buscar su fortuna medianté esta maquinación de riesgo y azar, como lo estababa el Continente Oriental; y las loterías no eran restringidas ni reprimidas, hasta que el Congreso de los Es-tados Unidos prohibió el envío de billetes de loterías por el •correo, declarando que tal envío constituía un delito.

No existe ley alguna por la cual el Gobierno de España, ■con anterioridad al Tratado de Paz celebrado entre los Es-tados Unidos y el Reino de España, haya tomado medida .alguna para suprimir la lotería en Puerto Rico. Podemos, por lo tanto, resolver el primer problema afirmativamente; á saber: que en Puerto Rico la lotería era una transacción legal en la época en que los billetes de lotería de que se trata, fueron vendidos; y que tenían el carácter de billetes de lotería corrientes, válidos en manos del tenedor. Nues-tra opinión en este respecto está especialmente definida y afirmada por la manifestación del Honorable Fiscal, repre-sentante del Tesorero de. Puerto Rico “ de que los billetes de lotería eran artículos de comercio”, lo cual quiere decir que eran negociables. Un documento negociable, según las le-yes de España y las de los Estados Unidos, implica que fuó obtenido por valor recibido, y crea una responsabilidad por parte del otorgante para con el tenedor. • Se hubiera podido presentar ante, el Tribunal sentenciador una alegación ne-gando lo anteriormente expuesto; pero los autos no revelan que se haya sostenido, en forma alguna, semejante preten-sión. El segundo.problema es “ ¿qué recurso 6 medio tenía el tenedor de un billete para hacer valer sus derechos contra la Diputación Provincial en el caso de que no se efectuaran los sor-teos?'” El demandante sostiene que, en virtud de la com-pra de billetes de lotería, existió entre la Diputación Provincial y el tenedor del billete un contrato, y este contrato debe haher sido el de que, por causa del pago del valor del billete, la Diputación Provincial convino en efectuar un sorteo, reteniendo veinticinco por ciento del producto de la venta de los billetes como beneficios y ganancias y dar así al tenedor del billete una oportunidad para perder su dinero, pero también para ganar una suma más ó menos gran-de, y aún un capital. La transacción debía por lo tanto considerarse como un legítimo juego de dinero, contrato aleatorio ó apuesta, y aún como un contrato de juego sancio-nado por la Suprema Autoridad. Los demandantes hacen referencia á los artículos 1091, y 1124 del Código Civil, que son los siguientes:

“Artículo 1091. — Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuer-za de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor do los mismos ”.
“Artículo 1124. — La facultad de resolver las obligaciones, se entiende implícita en. las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cum-pliere lo que le incumbe”.
“El peijudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abonos de intereses en ambos casos; también podrá pedir la resolución aún después de liaber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible”.
“ El Tribunal decretará la resolución que se reclame, á no haber causas justificadas que le autorice para señalar plazos”.

Siempre nos inclinamos á aducir las doctrinas de la juris-prudencia de los Estados Unidos, cuando son aplicables, á los problemas judiciales en los tribunales de esta Isla, consi-derando las mismas más progresivas y como una evolución del sistema antiguo. En la época en que las loterías y los contratos de juego eran tolerados en los diferentes Estados de la Uuión cuyas loterías y contratos los Tribunales estaban obligados á respetar se podía invocar el auxilio judicial para obligar á las partes al cumplimiento de los mismos. Bajo el derecho común, que es el origen y fuente de las leyes de los Estados Unidos, los contratos de juego estaban reconocidos, y encontramos en la Enciclopedia de Leyes, lo siguiente;

“Según, la ley común, las partes de los contratos de juegos sancionados por la Ley, podían hacerlos cumplir forzadamente, del mismo modo que cuales-quiera otros contratos ”.
“Según la Ley Común, los contratos de juego, cuando eran justos y libres de engaño, fueron considerados por los Tribunales como válidos, sin distin-ción”.

CONTRADICCIONES DE LAS LEYES.

“ Se sostiene, por lo tanto, que si la lotería es legal en el Estado en que se efectúa la venta de los billetes, dicha venta, ó los asuntos relacionados con la propiedad de tales billetes, dará lugar á una demanda aún en los Estados en que las loterías están prohibidas, aunque el vendedor supo que los billetes fueron usados con infracción de la terminante ley de otro Estado. Jameson contra Gregory, 4 Met. (Ky.) 363. Me Vight contra Biesecker, 13 Pa. St. 328”.
“Ley de equidad que obliga al Director de una lotería á adjudicar los premios á las personas que tengan derecho á los mismos. Macgimpsey contra Booker, 5 Yerg. (Tenn.) 139”.
“ Un error en el sorteo de la lotería es fatal, y la equidad exigirá que se efectúe un nuevo sorteo. Madison contra Vaughan, 5 Call (Va.) 562”.

En uno de los Estados de la Unión en que apuestas sobre carreras de caballo eran legales, el Tribunal Supremo de aquel Estado declaró:

“ Una parte podrá entablar demanda contra otra, por haber dejado de cum-plir con todas las estipulaciones del contrato ; como en el caso en que dos personas convienen en hacer correr sus caballos y hacen sus apuestas, habrá lugar á una demanda con motivo del pagaré dado en prenda por si no se rea-lizare la carrera. Crump contra Secrest, 9 Texas 260”.

No sería así, si tales contratos ó convenios fuesen prohibi-dos por la ley: porque entonces no podrían invocarse los Tribunales de Justicia, y las partes se quedarían en la situa-ción en que se hubieran colocado por su propia culpa. Es por tanto, evidente que aún en los Estados Unidos, á falta de una ley en sentido contrario, la parte hubiera podido re-cuperar su dinero, por medio de una demanda entablada con motivo de la rescisión ó el incumplimiento de un contrato, ó por dinero obtenido y recibido. Pero debemos primera-mente considerar el. presente caso de acuerdo con las leyes en vigor en Puerto Rico al venderse los billetes ó cuando la Diputación Provincial fué abolida. La Diputación Provincial no cumplió su contrato; no verificó sorteos, y de acuerdo con los artículos del Código Civil arriba citados, era respon-sable de los daños que los demandantes hubieran podido reclamar durante el Gobierno Español ante la jurisdicción competente. El montante de los daños y perjuicios no po-día ser otro que el dinero pagado por los billetes con sus in-tereses. Llegamos ahora al tercer punto. “¿Es el Tesorero de Puerto Rico en manera alguna responsable al tenedor de billetes de loterías”? El Honorable Fiscal, en representación del Tesorero niega que exista responsabilidad alguna, pero no ha dado razones para su negativa, ni ha citado ninguna ley ni principio alguno de jurisprudencia, mientras que los de-mandantes reclaman un derecho, de acuerdo con dichas Or-denes Generales, las cuales en virtud de una Ley del Con-greso de los Estados Unidos, aprobada en Abril 12 de 1900, vinieron á ser leyes de Puerto Rico por nuevo decreto y están hoy en toda su fuerza y vigor. La sección 8- de dicha Ley.del Congreso conocida como “la Ley Foraker” dice lo siguiente:

“Sección 8. Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, en-mendadas ó modificadas por la presente; ó hayan sido alteradas ó modifica-das por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta Ley entre á regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles ó en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, ó con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas ó re-vocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, ó por una Ley del Congreso de los Estados Unidos.

Nos encontramos con que al ocupar la Isla el Ejército Americano, existía en Puerto Rico una institución que se conocía bajo el nombre de “Diputación Provincial”. Dicha institución era una corporación, una entidad adminis-trativa, distinta de la administración general que repre-senta al Gobierno Real de España. Según nos informa la citada Orden General No. 84 dicha Corporación poseía un número de edificios, tierras y bienes muebles. Tenía su Tesorero, pagaba sus gastos y recaudaba sus rentas. Era independiente del Gobierno General, en cuyo respecto po-dría compararse con un Gobierno Municipal de la actuali-dad ó como ún Condado de los Estados Unidos el cual está dirigido por sus propios funcionarios, tiene su tesoro y dicta su Reglamento siempre que los mismos no se opongan á las leyes generales del País. .Esta “Diputación Provincial”, esta Corporación estaba autorizada por el Gobierno Real de España para el sostenimiento de un sistema de Lotería. El Gobierno Militar, en virtud de una orden No. 17 del 29 de Noviembre de 1898, hizo cesar y disolvió la Diputación Provincial, dividiendo sus propiedades y fondos entre otros funcionarios y departamentos creados por dicha Orden General. El Secretario de Hacienda, el Tesorero, se encargó del activo y pasivo y de recaudar todas sus acreencias y li-quidar sus deudas. Se creó una comisión de acuerdo con dicha Orden General, para fijar el activo y pasivo de la Diputación Provincial, recibir toda su propiedad y distribuir la misma entre los varios departamentos. Dicha Orden es la siguiente:

■ “I. La Corporación conocida con el nombre de “Diputación Provincial” queda suprimida desde esta fecha y cesa en sus funciones, por considerarla completamente innecesaria é incompatible con la actual administración pú-blica. Las responsabilidades así como las atribuciones hasta ahora corres-pondientes á dicho centro, serán repartidas y asignadas de la manera signiente:
II. El Secretario de Gobernación se hará cargo de todos los asuntos re-lativos á instituciones de beneficencia, sanidad y exámen de cuentas, que es-taban antes encomendados á la “Diputación Provincial.”
III. Al Secretario de Fomento pasarán todos los asuntos pertenecientes á Obras Públicas é Instrucción, que estaban á cargo de la “Diputación Provincial.”
IV. El Secretario de Hacienda se hará cargo del activo y pasivo de la “Diputación Provincial,” recaudación de todos sus créditos y liquidación de todas sus deudas.
V. Se crea una comisión compuesta de . cuya obligación será cerciorarse del activo y pasivo de la “Diputación Provincial,” recibir todas sus propiedades y distribuir las mismas entre los dis-tintos departamentos del Gobierno, de la manera antes mencionada. La comisión se reunirá por citación del Presidente.”

La división de la propiedad de la extinguida Diputación Provincial no parecía encontrar obstrucción ú obstáculo, pero como era natural, se desarrollaban cuestiones enojosas y controversias en el arreglo de su activo y pasivo. Por esta razón al parecer el Gobierno Militar dictó la Orden General No. 84 de fecha 18 de Abril de 1900, adicional y posterior á la anterior, y cuya orden fué una medida mesu-rada y prudente para satisfacer todos los incidentes. Dicha Orden creó también otra comisión para “recibir, oir y decidir todas las reclamaciones de la extinguida Diputación Provincial.’'1 Dicha Orden General contiene una sábia disposición en la índole de un estatuto de prescripción, excluyendo, toda reclamación no presentada dentro de seis meses. Dicha comisión tenía autoridad para aprobar ó impugnar cualquiera reclamación que se presentase, pero no siendo de un carácter judicial su resolución no era definitiva, y cuan-do alguna reclamación era impugnada, se trasmitía á la Corte de Distrito para su adjudicación de acuerdo con dicho procedimiento de lo contencioso-administrativo.

El articulo III de la Orden General No. 84 es como-sigue:-

“III. Constituyese por la presente una Comisión compuesta de los Sres Eafael Nieto Abeillé, J. H. Hollander y J. R. Garrison para recibir, oir y resolver todas las reclamaciones contra la extinguida Diputación Provincial, ú originadas en contrato con ella, que se presenten á dicha Comisión dentro de seis meses á partir de la fecha do esta Orden. Toda reclamación que no se presentare dentro del término señalado se declarará para siempre caducada.

Y el artículo VI de la misma dice:

“VI. En caso de que una adjudicación dictada por la Comisión fuere desa-probada por el Gobernador, ó el dictamen de la Comisión no resultare unánime, ó el interesado se resistiere á aceptar el fallo de la Comisión, el certificado de dicho fallo, acompañado de la reclamación y pruebas en que se apoya, como también todos los documentos relacionados con la misma, se remitirán por el Gobernador á la Corte de Distrito de' San Juan con las observaciones que dicha autoridad tuviere por conveniente someter sobre el particular; seguida-mente el Tribunal á instancia de cualquiera de las partes, procederá á consi-derar y resolver la reclamación por lo contencioso-administrativo, y si el fallo resultare á favor del acreedor, copia certificada del mismo se remitirá al Contador General, por conducto del Gobernador, para su liquidación y pago por el Tesorero, en la forma ya indicada.”

Una mayoría de la Comisión impugnó las reclamaciones aquí controvertidas, y de acuerdo con los métodos y proce-dimientos establecidos -por dicha Orden General y la ley en vigor en Puerto Rico, el presente caso llegó á esta Corte.

Para llegar á una decisión justa y razonable del litigio, hemos citado varias decisiones de los Tribunales más altos de los Estados Unidos, y la forma en que han sido mirados y juzgados casos de lotería, y aún juegos de azar y otros si-milares. Hemos también tratado de citar las conclusiones de las cortes en tales contratos, las épocas -y lugares, cuando y donde dichos incidentes y transacciones se consideraban legales. Observamos que las cortes muy á pesar suyo, deci-dieron á favor de los demandantes, pero aquellas tienen el deber de aplicar la ley tal como está escrita, “dura lex sed lex”. Las cortes no pueden legislar. Estas funciones pertenecen al ramo legislativo del Gobierno para derogar estatutos de-testables lo cual se ha llevado á cabo en casi todos los Esta-dos de la Unión.

En los casos mencionados, en los que los dueños de lote-rías eran los demandantes, se respetaron siempre los privi-legios y derechos adquiridos, mientras el sistema de lotería estaba en vigor pero una vez derogado ó prohibido no se reconocían derechos adquiridos en lo que respecta al dueño de la lotería solamente. Pero aquí no se había derogado ni pro-hibido la lotería, sinó que el dueño de la misma, la Diputa-ción Provincial, esta corporación ó institución, que estaba legalmente autorizada por el Gobierno Real de España para conducir el juego de lotería, fué disuelta. Este pleito, sin embargo, no se instituye por el dueño de la lotería, sino por el tenedor de billetes de lotería. No encontramos jurispru-dencia de un tenedor de billetes contra el dueño de una lotería, pero si encontramos precedentes de demandantes contra el dueño de la lotería y también decisiones dictadas en los Estados Unidos, en contratos de juego, que considero aplicables al presente caso. Nos dice el Honorable Fiscal, como un fundamento de derecho, que la lotería es ion juego de azar. Estoy de acuerdo con él, pero esta clase de juego de azar, era de la índole de un contrato aleatorio, sancionado y autorizado por la autoridad suprema. Ante las cortes de los Estados Unidos, una persona bajo estas condiciones, hubiera podido recobrar su dinero invertido ó pagado en un contrato de juego de azar aún cuando por alguna circunstancia el juego no hubiese tenido efecto, y como la lotería era legal de acuerdo con las leyes de España, una persona hubiera po-dido hacer valer sus derechos en un procedimiento de resci-sión ó violación de contrato.” En virtud de la Orden General número 17, los distintos departamentos se convirtieron en los sustitutos ó quizás los’sucesores de la Diputación Provincial. Recibieron su propiedad, muebles é inmuebles, y se asignaron al Tesorero los deberes de “hacerse cargo del activo y pasivo de la “Diputación Provincial1’ recaudación de todos sus créditos y liquidación de todas sus deudasv. Nose violaría ninguna disposición del tratado entre los Estados Unidos y el Reino de España al ratificar la sentencia de la Corte de Distrito. No es este un pleito contra el Gobierno de los Estados Unidos, sino simplemente una acción contra un ramo ó departamento del Gobierno Insular, el Tesorero, en la forma autorizada por dichas Ordenes Generales. Si las recla-maciones de los demandantes en este pleito hubieran podido considerarse de tal índole que el Gobierno Militar pudiera, fun-dándose en la ley ó en la justicia, haber puesto un obstáculo para que se admitieran y prosperaran, es un punto que no ne-cesitamos discutir en vista del hecho de que no se hizo: antes al contrario, de acuerdo con dichas Ordenes Militares se per-mitió y concedió á los demandantes el mismo derecho y recurso contra el Tesorero que tenían ó podrían haber tenido contra la Diputación Provincial, si no hubiera sido abolida; y hemos demostrado que tal derecho y recurso existió contra la Dipu-tación Provincial, por el dinero que recibió á consecuencia de la promesa de verificar sorteos. El Gobierno de los Es-tados Unidos, en virtud del tratado, se convirtió en el due-ño de toda la propiedad y derechos del Gobierno de España en Puerto Rico, pero no adquirió título ni propiedad en nada de lo que pertenecía á la Diputación Provincial. Este hecho está demostrado claramente por las disposiciones de las Órdenes Militares Generales nombrando una comisión para recibir y distribuir dicha propiedad entre los varios departamentos insulares creados por dichas Órdenes. Esta .aserción está evidenciada por la circunstancia adicional, inequívoca y notoria y de la cual este Tribunal puede y debe-tomar conocimiento .judicial, que existen aun en la actualidad reclamaciones de propiedad y derechos que el Gobierno Insular reclama en contra del Gobierno Nacional. La Corte Suprema de los Estados decidió en el caso de Leitensdorfer vs. Webb, 20th Nov. 176, como sigue:

“Es un principio reconocido de la Ley Internacional que los habitantes de un territorio conquistado cambian su fidelidad y cesan en sus relaciones con su anterior soberano ; pero las relaciones entre ellos mismos y sus dere-chos de propiedad que no les hayan sido quitados permanecen en la misma forma que antes. ”

El Gobirno de los Estados Unidos, ó sea el conquistador, no quitó este derecho de propiedad, esta causa de acción, por el dinero adeudado por la Diputación Provincial á los demandantes, sino por el contrario, el Gobierno Militar, el req>resentavte de los Estados Unidos, fué el que dejó estas re-clamaciones para ser decididas por medio de investigación y adjudicación. Hubiera sido una violación del principio “de la ley de las naciones según ha quedado establecido por las autoridades más altas,” y aplicable al presente caso, el pri-var á los demandantes de sus derechos adquiridos contra la Diputación Provincial, y en la actualidad contra el Teso-rero quien recibió el activo y se encargó del pago de todas las deudas. Teniendo en cuenta la índole de la Diputación Provincial, el presente litigio es de la misma naturaleza que si ocurriera entre dos ciudadanos y éstos no pueden ser las-timados en sus derechos. La teoría de que los demandantes tendrían que seguir la pista del dinero que ellos pagaron de buena fé por los billetes de lotería, de acuerdo con la autoridad de la ley, hasta las mismas arcas de la Diputación Provincial, serían en extremo extravagante. Los hechos alegados y que no han sido negados, demuestran que la Diputación Provincial, necesitada de dinero, vendió los bille-tes y dedicó el producto de dicha venta á cubrir sus emer-gencias. Pero si fuese de otra manera la Corte exigiría un imposible y demandaría algo fuera del conocimiento de los demandantes. El Departamento del demandado recibió y tomó posesión y dominio del activo y de las propiedades de la extinguida Diputación Provincial, de cu}?a fuente po-drían solamente obtenerse dichos informes. El “onus pro-ban di” queda á su cargo.- De aquí que esa aserción deba desestimarse inmediatamente. Si la Diputación Provincial ó el Tesorero no conservó los fondos de la lotería separados, sino que los mezcló con otros fondos, -las leyes de todos los países civilizados están acordes en cuanto á lo que deban ser las consecuencias de lo mismo. En vista de los hechos ex-puestos y de las defensas de las partes y de la ley aducida, opino que los demandantes hubieran tenido un derecho legal contra la Diputación Provincial bajo el Gobierno Es-pañol; y en virtud del traspaso, ordenado por las citadas Ordenes Generales, tienen reclamación justa contra el Teso-rero de Puerto Rico.