Case ID: pr-dec_179/html/0720-01.html
Source: Caselaw Access Project
Author: {"author": "El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo", "license": "Public Domain", "url": "https://static.case.law/"}
Date Created: 2024-08-24T03:29:51.129683

Nilda Picorelli López, recurrida, v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, peticionario.
    
      Número: CC-2009-0123
    
      Resuelto: 22 de julio de 2010
    
      
      Carmen A. Rivera Cintrón, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general interina, abogadas de la parte peticionaria; Luis E. Vázquez Santos y Carlos J. Nazario Díaz, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite pautar lo que implica “no-tificación adecuada” en el contexto de la cláusula constitu-cional de debido proceso de ley,() según los requisitos juris-diccionales que establece la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,() para una notifi-cación final de deficiencia contributiva emitida por el Estado.

Por las razones que exponemos más adelante, se expide el auto solicitado, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones y se modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Veamos los hechos que dieron origen a la controversia ante nuestra consideración.

I

El 25 de octubre de 2004, el Banco Santander de Puerto Rico (Banco Santander) y la recurrida Nilda Picorelli Ló-pez (recurrida Picorelli) firmaron un Acuerdo y Relevo General mediante el cual esta última concluiría su empleo en dicho banco efectivo el 5 de noviembre de 2004 y relevaría de responsabilidad al patrono por cualquier reclamación al amparo de distintas leyes laborales, incluso la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m (Ley 80). Como parte del mencionado acuerdo, la recurrida Picorelli recibiría $250,000, de los cuales obtendría la mitad una vez transcurrieran siete días desde la fecha de la firma del Acuerdo y Relevo General; el Banco Santander pagaría la otra mitad el 3 de enero de 2005.()

En marzo de 2007, el Departamento de Hacienda noti-ficó a la recurrida Picorelli una determinación preliminar de deficiencia contributiva para el 2004, la cual fue ape-lada por ésta ante la Oficina de Apelaciones Administrati-vas del Departamento de Hacienda (Oficina de Apelaciones Administrativas). Luego de celebrar una vista administra-tiva en octubre de 2007 —en la cual la recurrida Picorelli solicitó que se eliminara la deficiencia señalada — , la Ofi-cina de Apelaciones Administrativas emitió una notifica-ción final de deficiencia contributiva el 4 de octubre de 2007. La deficiencia fue tasada en $61,004.18 y el importe de la fianza se fijó en $67,100.()

Inconforme con la determinación final de la Oficina de Apelaciones Administrativas, el 7 de noviembre de 2007 la recurrida Picorelli presentó una demanda sobre impugna-ción de deficiencia contributiva ante el tribunal de instancia con la que incluyó el formulario de fianza provisto por el Departamento de Hacienda,() el cual fue suscrito por ella y la compañía aseguradora Antilles Insurance Company. En síntesis, la recurrida Picorelli adujo que “la indemnización extrajudicial por terminación involuntaria concedida por las disposiciones de la Ley 80 y otras leyes laborales no es tributable y tal indemnización no es sustituto de salario o com-pensación por labores rendidas, porque buscan reparar un daño o reemplazar lo perdido”.()

Sin someterse a la jurisdicción del foro de instancia, el Departamento de Hacienda presentó una moción de deses-timación en la que alegó, en primer lugar, que la demanda se había presentado fuera del término de treinta días dis-puesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, y, en segundo lugar, que la recurrida había entre-gado el formulario de fianza en el tribunal de instancia en lugar del Departamento de Hacienda, conforme requiere la mencionada sección del Código de Rentas Internas.

Luego de varios trámites interlocutorios, el foro de ins-tancia emitió una sentencia mediante la cual se declaró sin jurisdicción para atender la demanda, fundamentándose en que ésta había sido presentada fuera del término juris-diccional de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. De esta forma, el tribunal de instancia desestimó —con perjuicio— la demanda en su totalidad y decretó el archivo del caso.()

Insatisfecha con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, la recurrida Picorelli presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el que argu-mentó que había presentado su causa de acción dentro del término jurisdiccional de 30 días que dispone la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. Por su parte, el Departamento de Hacienda solicitó la confirma-ción de la sentencia apelada. Argumentó no sólo que la causa de acción se había presentado fuera del término, sino que, además, la recurrida Picorelli había incumplido con el requisito jurisdiccional de presentar los documentos de fianza ante el Secretario de Hacienda antes de presen-tar la demanda.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones revocó la deci-sión del foro de instancia al concluir que la demanda sí se había presentado dentro del término jurisdiccional.() Ese foro apelativo resolvió que el término para presentar la acción de impugnación de deficiencia contributiva “debe co-menzar a decursar desde que el correo deposita la corres-pondencia, es decir, en casos como el de autos donde la misiva es enviada de forma certificada, el cómputo debe comenzar desde el momento en que el Servicio Postal de-posita la notificación al destinatario, es ahí donde le in-forma que existe en el correo una correspondencia certifi-cada que debe ser recogida”.() Además, y respecto a la prestación de la fianza, el Tribunal de Apelaciones indicó lo siguiente en su sentencia:

... creemos que los planteamientos en torno a que la fianza debió haber sido presentada en el Departamento no deben prosperar. Atiéndase el hecho de que de la “Notificación Final de Deficiencia” no se desprende con claridad en dónde debe ser presentada la fianza. Así, dispone la misma
Obsérvese que dicha notificación en ninguna parte advierte al contribuyente _ que la Fianza debe ser presentada ante el Departamento. (Enfasis suplido.)

Oportunamente, el entonces Procurador General pre-sentó una moción de reconsideración, la que fue declarada “no ha lugar” por el foro apelativo intermedio. Inconforme, la Procuradora General presentó el recurso de epígrafe, en el que se señala como único error el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al equiparar la prestación de fianza ante la Secretaría del Tribunal de Pri-mera Instancia al requisito de carácter jurisdiccional estable-cido en la Sección 6002 del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, que establece que la fianza tiene que ser presentada ante el Secretario de Hacienda para su aproba-ción, previo a la radicación de la demanda sobre impugnación de deficiencia. Petición de certiorari, pág. 9.

Por su parte, la recurrida Picorelli planteó lo siguiente:

La “Notificación Final de Deficiencia” no indica con claridad en dónde debe ser presentada la fianza, la cual citamos:
“[p]or la presente se notifica que el caso de epígrafe ha sido resuelto según se demuestra en los anejos que se acompañan. De estar conforme con esta resolución, puede evitarse mayor acumulación de intereses pagando inmediatamente el total adeudado. De no estar conforme dentro de los TREINTA (30) DÍAS inmediatamente siguiente a la fecha de esta notifica-ción, podrá radicarse, previa presentación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda por la cantidad arriba indi-cada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en la forma provista por ley”.
Obsérvese que en dicha notificación en ninguna parte ad-vierte al contribuyente que la Fianza debe ser presentada ante el Departamento de Hacienda. (Énfasis suplido.)()

Con el beneficio de contar con las argumentaciones de ambas partes, procedemos a resolver.

II

En Puerto Rico, el procedimiento para impugnar una notificación final de deficiencia contributiva se rige por las disposiciones del Código de Rentas Internas. Específicamente, la Sec. 6002(a)(2) del mencionado Código establece lo siguiente:

(2) Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una determinación final de deficiencia notificada por el Secretario en la forma dispuesta en la cláusula (1) de este inciso, el con-tribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante el Tribunal de Primera Instancia, presentando una demanda en la forma establecida por ley dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notifi-cación de la determinación final, previa prestación de fianza a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la determi-nación final; ... Salvo lo de otro modo dispuesto en este inciso, tanto la prestación de la fianza por el monto expresado por eí Secretario en la notificación de la determinación final, como la presentación de la demanda en el Tribunal de Primera Instan-cia, ambas cosas dentro del término anteriormente dispuesto, serán requisitos de índole jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá cono-cer del asunto. (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. sec. 8022(a)(2).

Esto es, el contribuyente que no esté de acuerdo con una notificación final de deficiencia contributiva sólo podrá re-currir contra esa determinación ante el Tribunal de Pri-mera Instancia si: (1) presenta su demanda dentro del tér-mino de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, y (2) presta —antes de presentar la demanda— una fianza a favor y ante el Secretario de Hacienda, quien aprobará o no la misma. ()

Conforme con la Sec. 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8022(a)(4), si el contribuyente no puede prestar la fianza por la suma requerida por el Secretario de Hacienda o simplemente no puede prestar fianza, o si una vez prestada el Secretario la rechazó antes de que se presentara la demanda, el contribuyente podrá presentar su demanda en el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. Junto a la demanda, el contribuyente deberá incluir una solicitud (que será notificada al Secretario) en la que exponga las razones por las cuales el tribunal debiera reducir el monto de la fianza, le exonere de prestarla o la apruebe.

La Sec. 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, supra, establece que en los casos en los cuales el contribuyente solicite la reducción, exoneración o aprobación de fianza, el tribunal emitirá una orden para que el Secretario de Hacienda se exprese sobre lo solicitado. Esa sección añade que dentro de los treinta días desde que fue notificado de la orden (o en cualquier otro término que el tribunal dispon-ga), el Secretario de Hacienda deberá someter las objecio-nes que tuviera contra la solicitud del contribuyente y luego el tribunal celebrará una audiencia en la que oirá a las partes, pero no entrará en los méritos de la deficiencia notificada. Por último, el foro de instancia dictará una re-solución para: (1) sostener el monto de la fianza requerida; (2) reducir la fianza; (3) exonerar al contribuyente de la prestación de la fianza; (4) aprobar la fianza que el Secre-tario rechazó, u(5) ordenar al contribuyente que preste otra fianza.

Para implantar adecuadamente las disposiciones de la Sec. 6002(a) del Código de Rentas Internas, supra, el Departamento de Hacienda promulgó el Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004 (Reglamento Núm. 6924). El inciso (a) del Art. 6002(a)-3 del mencionado Reglamento, pág. 8, reitera el requisito de la prestación de fianza al indicar lo siguiente:

(a) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la determinación final de deficiencia fuere depositada en el co-rreo, el contribuyente podrá presentar una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en la forma provista por ley. Esta acción judicial constituye un “juicio de novo” para deter-minar la validez de la deficiencia, previo a la prestación de la fianza a favor del Secretario y sujeta a su aprobación. (Enfasis suplido.)

Por su parte, el inciso (b) del Art. 6002(a)-3 del Reglamento Núm. 6924, pág. 8, dispone que “[l]a fianza para garantizar el pago de contribuciones deberá presentarse mediante la radicación del formulario Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Penalidades (Modelo SC 6019), y de los documentos complementarios de acuerdo a la fianza a ser prestada”. A renglón seguido, el mencionado inciso enumera las tres fianzas permisibles para garantizar el pago de contribuciones: (1) las pignoraticias; (2) las fianzas de seguros, y (3) las hipotecarias.

Específicamente, el inciso (b)(2) del Art. 6002(a)-3 del Reglamento Núm. 6924 señala que si la fianza pres-tada es de una compañía de seguros se determinará —por medio de una petición de evidencia de certificación a tales efectos— si ésta se encuentra autorizada por el Comisio-nado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico. También se indica que aquel contribuyente que interese prestar la fianza por medio de una compañía de seguros deberá com-pletar y presentar ante la Oficina de Apelaciones Adminis-trativas del Departamento de Hacienda —para su aproba-ción— los documentos siguientes: (1) el formulario Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Pe-nalidades (Modelo SC 6019); (2) el documento de la fianza expedida por la compañía aseguradora; (3) el poder y la declaración de representación (power of attorney) en la que esté debidamente identificada la persona autorizada a es-tablecer la fianza a favor del Secretario, y (4) la comproba-ción del pago de la fianza.

Ante una controversia muy parecida a la del presente caso, en 1967 resolvimos Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 168 (1967). En aquella ocasión, el Secretario de Hacienda notificó deficiencias finales de contribución sobre ingresos a dos individuos que constituían una sociedad profesional. Inconformes, éstos presentaron sus demandas ante el Tribunal Superior y acompañaron los documentos originales de fianza para garantizar las deficiencias señaladas. Además, notificaron con copias fotostáticas de las demandas y de los documentos originales de fianza al Secretario de Hacienda, quien impugnó la jurisdicción del tribunal de instancia por entender que los demandantes no cumplieron con los requisitos de prestación de fianza con-forme disponía la Sec. 272(a)(2) de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954.() Específicamente, el Secretario de Hacienda argumentó que los documentos originales de fianza no se habían presentado para su aprobación dentro del término legal. Posteriormente, el Tribunal Superior desestimó el planteamiento jurisdiccional del Secretario de Hacienda y luego de una vista en los méritos declaró con lugar las demandas y anuló las deficiencias contributivas. El Secretario de Hacienda recurrió ante esta Curia.

En Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 173, expusimos que “[l]a prestación de la fianza ante el Secre-tario de Hacienda a favor de éste y sujeto a su aprobación, por la cuantía y dentro del término provisto por ley, al igual que la radicación de la demanda dentro del término legal, son requisitos jurisdiccionales sin cuyo cumplimiento estricto el Tribunal Superior carece de jurisdicción para co-nocer del asunto”. (Enfasis suplido. )() Añadimos que la frase “ ‘serán requisitos sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal Superior no podrá conocer del asunto’ ”() no po-día tener otro alcance que el de privar al mencionado foro de atender el caso cuando no se habían cumplido ambos requisitos, “lo que equivale a decir que en tal caso el Tribunal carece de jurisdicción”. Íd.

Según concluimos en Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 174, las copias de los documentos originales de fianza “eran insuficientes en ley para que el Secretario pu-diera hacer una determinación sobre su aprobación o desaprobación”. Por lo que, enfáticamente expresamos que “[l]a radicación de la fianza ante el Tribunal Superior, cuando no surge el caso en que la propia ley así lo autoriza o dispone, es una desviación sustancial del mandato legis-lativo equivalente al incumplimiento de uno de los requisi-tos jurisdiccionales] para investir al Tribunal Superior de jurisdicción en el asuntó”. (Enfasis suplido.) Íd.

Además, no debemos perder de perspectiva la doctrina de que cuando el legislador provee para que el contribu-yente pueda litigar contra el Gobierno la reclamación del impuesto que se le formula, en ese momento el Gobierno está renunciando a su inmunidad de soberano. Es de ahí que “ 'nace el principio de que los requisitos que el estatuto exige a tales fines, son de estricto cumplimiento por parte del contribuyente y por lo general de carácter jurisdiccional para los tribunales’ ”. (Enfasis en el original.) Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571, 575 (1987). Véase Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983).

III

No existe duda de que la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, expresa claramente que la presta-ción de fianza por el monto indicado en la notificación de la determinación final de la agencia: (1) tiene que hacerse ante el Secretario de Hacienda;(),(2) está sujeta a su apro-bación, y (3) tiene que hacerse antes de la presentación de la demanda en el tribunal de instancia y dentro del tér-mino dispuesto para ello. Como hemos mencionado, tanto la prestación de la fianza como la presentación de la de-manda en el foro de instancia dentro del término dispuesto en el Código de Rentas Internas “[son] requisitos de índole jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del asunto [de la impugnación de la deficiencia contributiva]”.()

También, el Reglamento Núm. 6924 establece que la presentación de la fianza requiere que se presente —sujeto a la aprobación del Secretario— el formulario “Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Penali-dades” (Modelo SC 6019), así como los documentos comple-mentarios exigidos según el tipo de fianza a ser prestada (pignoraticia, fianza de seguro o hipotecaria).

En este caso lo cierto es que la recurrida Picorelli pre-sentó el documento original del formulario de fianza ante el foro de instancia junto a su demanda en contra del De-partamento de Hacienda, pero sin antes haberlo presentado al Secretario de Hacienda para su evaluación y aprobación. Lo que la recurrida Picorelli notificó al Secretario de Hacienda fue una copia de tal formulario al momento en que éste fue emplazado, pero claramente luego de haber pre-sentado la demanda en el tribunal de instancia.

En el caso de una fianza de seguros, como la que intentó prestar la recurrida Picorelli en el caso de epígrafe, uno de los asuntos que debe corroborar y determinar el Departa-mento de Hacienda es si tal compañía de seguros está au-torizada por el Comisionado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico. Además, la Oficina de Apelaciones Admi-nistrativas tiene a su cargo revisar y aprobar los documen-tos complementarios exigidos según el tipo de fianza a ser prestada. Por todo lo cual, entendemos que el requisito de la prestación de fianza “a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación” es una formalidad legítima y de carácter obligatorio para todo aquel contribuyente que in-terese impugnar una determinación final de deficiencia contributiva en nuestro ordenamiento jurídico; es una con-dición previa para poder instar una demanda de este tipo ante el tribunal de instancia.

La claridad de la letra de la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, y del Reglamento Núm. 6924, así como la interpretación que este Tribunal le brindó a una disposición legal redactada en términos similares() en Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, establecen que los documentos relacionados con la fianza se tienen que presentar ante el Departamento de Hacienda. Cónsono con ello, el formulario de fianza (Modelo SC 6019) indica que el Secretario Auxiliar de Apelaciones Administrativas o su re-presentante autorizado, o el Secretario de Hacienda o su representante autorizado son quienes recomiendan o no la aprobación de la fianza.

Concluimos que la recurrida Picorelli incumplió con el procedimiento dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, para impugnar una determinación final de deficiencia contributiva, pues presentó los documen-tos de fianza en la Secretaría del Tribunal de Primera Ins-tancia sin antes presentarlos en el Departamento de Hacienda, según lo requiere la mencionada disposición legal.

IV

Ahora bien, lo anterior no dispone del asunto que nos ocupa, pues, por otro lado y como bien señaló la parte re-currida, el Departamento de Hacienda no advirtió de forma adecuada acerca del lugar en donde correspondía presentar los documentos relacionados con la fianza previo a la presentación de la demanda.

Tanto la Constitución de Puerto Rico, a través de la Sec. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, como las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, garantizan que ninguna persona en Puerto Rico sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. “En su vertiente procesal, la cláusula del debido proceso instituye las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un individuo al afec-tarle su propiedad o libertad”. () Su aplicabilidad requiere que exista un interés de propiedad o libertad que pueda verse afectado.

Como señalamos en Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395 (2005):

Identificado dicho interés [de libertad o propiedad], procede determinar cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe caracterizarse por ser justo e imparcial. Tal y como señalamos en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274:
La característica medular de este derecho es que el procedi-miento que siga el Estado sea justo (fair). “La garantía esen-cial de la cláusula de debido proceso es que sea justa. El pro-cedimiento debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones diferentes pueden im-poner diferentes tipos de procedimientos, siempre está el re-quisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial”.

Hemos señalado de manera reiterada que el derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, constituye un requisito indefectible la adecuada notificación de cualquier determinación de una agencia que afecte los intereses propietarios de un ciudadano.()

Para que todo procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su dimensión procesal, hemos establecido varios requisitos entre los que se encuentra como primero —por ser el orden lógico— una notificación adecuada del proceso.()

El deber de notificar a las partes una decisión adminis-trativa de forma adecuada y completa no constituye un mero requisito, sino que va más allá debido a que una noti-ficación insuficiente puede incluso provocar consecuencias adversas a la sana administración de la justicia.() Esta no-tificación adecuada brinda a las partes la oportunidad de advenir en conocimiento real de la decisión tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de determinar si ejer-cen o no los remedios disponibles por ley. Así, pues, se ob-tiene un balance justo entre los derechos de todas las partes y se logra un ordenado sistema de revisión judicial.()

En el caso de autos, el estatuto que provee el derecho para revisar la decisión administrativa es la Sec. 6002 del Código de Rentas Internas, supra. Específicamente, el in-ciso (a)(2) de la mencionada sección indica claramente los requisitos jurisdiccionales que debe cumplir todo aquel contribuyente que interese revisar la determinación final de deficiencia, entiéndase: (1) presentar la demanda ante el tribunal de instancia dentro del término de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notifica-ción de la determinación final, y (2) prestar una fianza a favor y ante el Secretario de Hacienda, quien aprobará o no la misma.

Ya hemos expresado que el cumplimiento con los requi-sitos de la referida Sec. 6002(a)(2) es de carácter jurisdic-cional, por lo que su incumplimiento priva fatalmente al contribuyente de su causa de acción.() En el presente caso, la notificación final de deficiencia contributiva cierta-mente incluyó la información relacionada con el término jurisdiccional para presentar la demanda ante el foro de instancia y que la prestación de la fianza sería a favor del Secretario de Hacienda.

Sin embargo, como se desprende claramente de la noti-ficación en cuestión, el Departamento de Hacienda omitió la información acerca de dónde correspondía presentar los documentos relacionados con la fianza previo a presentar la demanda en el foro judicial.

En el presente caso, la notificación que hizo el Departa-mento de Hacienda sólo se limitaba a señalar que la fianza debía presentarse “a favor del Secretario de Hacienda”, sin que siquiera pueda inferirse que tal fianza no sólo debía ser “a favor del Secretario”, sino que debía presentarse “ante éste” y “previo a” la presentación de la demanda para su aprobación. Memorando en Cumplimiento de Orden, pág., 6. Esto cobra aún más pertinencia al considerar la realidad —de la cual tomamos conocimiento judicial— de que la mayoría de las fianzas requeridas en los procesos judiciales en Puerto Rico no se presentan ante la parte demandada —como en este caso lo requiere la referida Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra— sino ante el Tribunal, como lo hizo erradamente la recurrida Picorelli en el caso de autos.

Tal omisión por parte del Estado, representado por el Departamento de Hacienda, constituye una clara violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal que re-quiere, como el primero de sus requisitos, una notificación adecuada en los casos en que el ciudadano enfrente la pri-vación de un interés propietario. Por lo antes expresado, resolvemos que el Departamento de Hacienda deberá in-cluir en la notificación final de deficiencia contributiva la obligación del contribuyente de presentar los documentos relacionados con la fianza ante el Departamento de Hacienda( ) para su evaluación y aprobación, ello previo a la pre-sentación de la demanda en el tribunal de instancia.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari” solicitado, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones y se modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para que se archive sin perjuicio la causa de acción de la recurrida Picorelli. Asimismo, se de-vuelve el caso al Departamento de Hacienda para que éste notifique nuevamente a la recurrida Picorelli la notifica-ción final de deficiencia contributiva, de acuerdo con lo se-ñalado en esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene. 
      
      (1) Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.
     
      
      (2) Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 8022 (Código de Rentas Internas).
     
      
      (3) Se estableció que de los primeros $125,00 que se entregaran a la recurrida Picorelli, $75,128.78 era el equivalente a la indemnización provista en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley 80), por lo que a dicha cantidad no se le haría la deducción correspondiente a contribuciones sobre ingresos. Se expresó, además, que al remanente de esos $125,00, esto es $49,871.22, sí se le haría la deducción corres-pondiente a contribuciones sobre ingresos y seguro social. Por su parte, en cuanto al segundo pago de $125,00, se acordó que se harían las deducciones de seguro social y contribuciones sobre ingresos.
      También se indicó que del primer pago de $125,000, $50,000 se otorgaban “en consideración a la renuncia de la causa de acción bajo ADEA”, esto es la Age Discrimination in Employment Act de 1967. Además, se expresó que “[e]l pago de la can-tidad de [$200,000.00] y el pago del Plan Médico por dos años ... son en consideración a la renuncia a las otras causas de acción mencionadas en este Acuerdo y a las otras obligaciones y compromisos contraídos por la [recurrida Picorelli] en este Acuerdo”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 53. Véase, también, Íd., págs. 51-62.
     
      
      (4) Según las determinaciones de hecho incluidas en la notificación final de deficiencia, el ingreso neto tributable de la recurrida Picorelli para el 2004 fue de $282,602. Además, se especificó que los ingresos no declarados en la planilla fueron de una transacción extrajudicial por $132,500. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 43-44.
     
      
      (5) Dicho formulario es el Modelo SC 6019 del Departamento de Hacienda titu-lado “Fianza para garantizar el pago de contribuciones, intereses y penalidades”.
     
      
      (6) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 46. Véase Íd., págs. 43-44. Posterior a los hechos que originan la presente causa de acción, el 15 de agosto de 2008 la Ley 80 fue enmendada mediante la aprobación de la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008. A través de la aprobación de dicho estatuto, se introdujo en el Art. 10 sobre Indemnización por despido sin justa causa — — -Descuento sobre indemnización, prohi-bidos— el lenguaje siguiente:
      “[n]o se hará descuento alguno de nómina sobre la indemnización dispuesta por el Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, debiendo el patrono entregar íntegramente el monto total de la misma al empleado. Aquella compensación entregada a un obrero por concepto de liquidación o cierre de negocios, o programas empresariales para compartir ganancias con los empleados cuando el despido de éste se fundamente en las razones expuestas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, estará libre del pago de contribuciones sobre ingresos, pero podrá incluir aquellos otros descuen-tos acordados por el patrono y el empleado. 29 L.P.R.A. sec. 185j.
     
      
      (7) La controversia relacionada al término jurisdiccional de treinta días dis-puesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 era la siguiente: como señalamos, la Oficina de Apelaciones Administrativas emitió la notificación final de deficiencia contributiva a la recurrida Picorelli el 4 de octubre de 2007. Sin embargo, el U.S. Postal Service indicó que esta notificación final de deficiencia contributiva llegó al correo (arrival at unit) el 5 de octubre de 2007 y fue enviada (delivered “) por correo certificado el 9 de octubre de 2007. La recurrida Picorelli presentó su demanda el 7 de noviembre de 2007.
      El Departamento de Hacienda señalaba que es claro de la letra de la ley que el término de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Inter-nas, supra, comienza a contar desde que se deposita en el correo la notificación final de deficiencia y no desde que el contribuyente recibe la notificación.
     
      
      (8) No entraremos a discutir este otro aspecto jurisdiccional de este caso —que no fue traído ante nuestra consideración por el Departamento de Hacienda (peticio-nario)— por no ser necesario ante el resultado final de nuestro análisis.
     
      
      (9) Véase Apéndice de Petición de certiorari, pág. 14.
     
      
      (10) Véase Memorando en Cumplimiento de Orden, presentado por la recurrida Picorelli, pág. 6.
     
      
      (11) La Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, establece que la fianza será por la cantidad indicada en la notificación de la determinación final. No obstante, se añade que “el contribuyente podrá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y litigar el resto, en cuyo caso la fianza no excederá del monto de la contribución que se litigue, más los intereses, recargos y cualesquiera otras adiciones a la contribución sobre la deficiencia computados en la forma dis-puesta en la cláusula (1) de este inciso”. Íd.
     
      
      (12) Esta sección de la ley, a base de la cual resolvimos Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 168, 172-173 (1967), estaba redactada de la forma siguiente:
      “ ‘Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una determinación final de deficiencia notificádale por el Secretario en la forma provista en el párrafo (1), el contribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante el Tribunal Superior, radicando demanda en la forma provista por ley dentro del término de 30 días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, previa prestación de fianza a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la determina-ción final;.... Salvo lo de otro modo dispuesto en este apartado, tanto la prestación de la fianza por el monto expresado por el Secretario en la notificación de la determi-nación final, como la radicación de la demanda en el Tribunal Superior, ambas cosas dentro del término anteriormente provisto, serán requisitos sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal Superior no podrá conocer del asunto.’ ”
      Valga señalar que de una lectura de la citada sección y la actual Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, se desprende que ambas están redactadas en términos similares.
     
      
      (13) En iguales términos nos expresamos en Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 896, 897 (1975).
     
      
      (14) En similares términos está redactada dicha frase en la actual Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra: “ambas cosas dentro del término anteriormente dispuesto, serán requisitos de índole jurisdiccional sin el cumpli-miento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del asunto”.
     
      
      (15) El inciso (a) del Art. 6002(a)-2 del Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004, pág. 2, del Departamento de Hacienda dispone lo siguiente:
      “(a) En general.- La Oficina de Apelaciones [Administrativas] es el foro admi-nistrativo que revisará y resolverá las controversias, de forma justa e imparcial, que surgieren entre los contribuyentes y el Departamento en torno a cualquier deficien-cia contributiva, según se define dicho término en la Sección 6001(b) del Código.”
     
      
      (16) Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra.
      
     
      
      (17) Esto es, la Sec. 272(a)(2) de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954.
     
      
      (18) P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359, 376 (2000); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987).
     
      
      (19) Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 119, 124 (1997); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996).
     
      
      (20) Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 25 (2006).
     
      
      (21) Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165, 178 (2005).
     
      
      (22) Asoc. Vec. deAltamesa Este v. Mun. San Juan, supra.
     
      
      (23) Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra.
     
      
      (24) Como mencionamos anteriormente, los documentos relacionados con la fianza tienen que presentarse ante el Departamento de Hacienda, específicamente en la Oficina de Apelaciones Administrativas, según dispone el Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004.