Source: https://es.scribd.com/document/364633574/Derecho-Constitucional-Peruano-Caso-Chacon
Timestamp: 2019-04-22 22:02:22
Document Index: 341982401

Matched Legal Cases: ['artículo 401', 'artículo 200', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 103', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 394', 'artículo 55', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 139', 'artículo 44', 'artículo 2']

EXP4906 2005 Falta de Interprete
Interlocutòria de l'Audiència de Barcelona que permet a Millet abonant una fiança
Ley Organica 21986 5
Abg. Luis Valdivia
Caso de Walter Chacón
2010-35761
Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE
En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2009, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional integrada por los Magistrados
Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente
ASUNTO: Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio
César Espinoza Goyena, abogado de Walter Segundo Gaspar Chacón
Málaga contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para procesos con
reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 815, su
fecha 4 de mayo de 2009, que declara infundada la demanda de
Juez Penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima. e) Nulo el auto de enjuiciamiento de fecha 17 de agosto de 2004. de fecha 19 de enero de 2001. contra los siguientes magistrados: a) Ricardo Núñez Espinoza. b) Saúl Peña Farfán. que concluyó con la formalización de denuncia ante el órgano jurisdiccional competente. d) La nulidad e insubsistencia de la acusación fiscal de fecha 12 de enero de 2004. c) La nulidad de auto ampliatorio de instrucción de fecha 17 de septiembre de 2001. c) Carlos Carvajal Alvino. Vocales de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. º 293-2001. b) La nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 19 de enero 2001. Inés Tello de Ñecco y Carlos Ventura Cueva. Juez del Sexto Juzgado Penal Especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima. el recurrente interpone demanda constitucional de hábeas corpus. d) Inés Villa Bonilla. habiéndose producido la apertura de instrucción N. la cual se amplió por haberse encontrado elementos de la presunta comisión del delito de enriquecimiento 3 Derecho Constitucional Peruano . Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Superior Especializada de Lima. Sostiene el demandante que con fecha 28 de noviembre del año 2000 se le abre investigación fiscal por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio y encubrimiento real. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE MARCO TEORICO 2 Demanda Con fecha 13 de noviembre de 2008.º 07-2000-FPPE) de fecha 19 de enero de 2001. con el objeto de que siendo estimativa la presente demanda se declare: a) La nulidad e insubsistencia de la denuncia fiscal (N.
Investigación Sumaria Realizada la investigación sumaria. la misma no importa una aplicación retroactiva de la ley penal. los demandados argumentan de modo general y respecto de cada una de las presuntas afectaciones lo siguiente: a) Que el recurrente no le alcanza la prerrogativa del antejuicio político. Alega lo siguiente: a) que se le abrió proceso violando normas constitucionales ya que al haber sido ministro le correspondía un antejuicio ante el Congreso de la República b) que se había violado el principio de legalidad ya que retroactivamente se le había aplicado la ley 27482 publicada en junio de 2001 c) que se había vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable ya que el proceso fue abierto el año 2001 y hasta la presente fecha no se había emitido sentencia en primera instancia. 4 Derecho Constitucional Peruano . esto se encuentra debidamente justificado toda vez que el mismo es sumamente complejo. más aún si se tiene en cuenta que dicha modificatoria lo único que hizo fue desarrollar una explicación de la conducta descrita y no ha sido aplicada al caso del recurrente c) Que si bien es cierto que el proceso penal se ha prolongado en el tiempo. toda vez que esta prerrogativa está referida a aquellos actos que hayan sido consecuencia del ejercicio del cargo de Ministro b) Que si bien se ha hecho referencia a la Ley 27482 que modifica el artículo 401º del Código Penal. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Ilícito. con la intervención de más de medio centenar de personas que obligan a su irremediable prolongación.
de fojas 593. pues no ha sido aplicado el párrafo agregado por dicha ley al tipo penal de enriquecimiento ilícito c) No existe afectación al plazo razonable. además de haberse iniciado el juicio oral en el año 2004. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Resolución De Primera Instancia El Décimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima. declaró INFUNDADA la demanda de hábeas corpus por considerar que: a) Al recurrente no le alcanzaba la prerrogativa del antejuicio político en virtud a que los hechos que se le imputan obedecen a su actuar como miembro del Ejército del Perú y no como Ministro de Estado b) No se le ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley penal. sustancialmente bajo idénticos argumentos que el A-quo. pues el proceso penal tiene la naturaleza de complejo. mediante resolución de fecha 02 de marzo de 2009. Resolución De Segunda Instancia La Cuarta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima CONFIRMÓ la resolución materia de alzada que declaraba INFUNDADA la demanda de autos. 5 Derecho Constitucional Peruano .
3. A dicha afirmación es posible arribar a partir de lo establecido en el artículo 200º inciso 1) de la Constitución Política del Perú que ha previsto: “… La acción de hábeas corpus… procede ante el hecho u omisión. 6 Derecho Constitucional Peruano . alega violación a la prerrogativa del antejuicio. la libertad ha sido uno de los atributos más valiosos con los que cuenta un ser humano. Esta postura jurídica ha ido desarrollándose y evolucionando. Nuestro sistema normativo no ha sido ajeno a dicha evolución. Desde antigua data. y ha asumido lo que en doctrina se conoce como la concepción amplia de hábeas corpus. sino que se ha extendido a otros derechos consustanciales con ésta. es decir. tal situación supuso que la libertad sea objeto de protección y tutela frente a las privaciones. Algunas Precisiones Respecto Al Hábeas Corpus. aplicación retroactiva de la ley penal violatoria del principio de legalidad penal y violación del derecho al plazo razonable del proceso. funcionario o persona. 2. que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos…”. ya no sólo protege a la libertad personal. La presente demanda tiene por objeto cuestionar el proceso que se sigue contra el recurrente por delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto. por parte de cualquier autoridad. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE FUNDAMENTOS DE HECHOS 3 Delimitación Del Petitorio 1.
se puede concluir de la instrumental obrante de fojas 153 a 161 que el recurrente tiene la medida coercitiva personal de comparecencia con restricciones.. tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva. es pertinente. ratione materiae. siendo necesario para ello la verificación. Es más. Así lo ha entendido y establecido el Colegiado Constitucional en su jurisprudencia. pues para ello se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de la conexidad. al Juez Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE 4. el Colegiado Constitucional ha aseverado que: “… no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derechos conexos a la libertad individual puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus. en el caso concreto. verificar si la alegada vulneración del debido proceso efectuada por el recurrente lleva aparejada el requisito de conexidad al que se ha hecho referencia en los fundamentos precedentes. Así las cosas. como por ejemplo la de no ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso del Juez.. 5. Como se podrá apreciar. 4052-2007-PHC/TC). de la facultad de emitir pronunciamiento ante la eventual vulneración del derecho fundamental antes mencionado.) habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la libertad individual…” (STC. al señalar que: “… si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso (. el ámbito de protección del hábeas corpus ha sido extendido a la tutela del debido proceso. el Tribunal Constitucional tiene competencia. 06402-2006-PHC/TC). de la conexidad entre éste (debido proceso) y la libertad individual. comparecer cada 15 días y de manera personal al juzgado a informar y justificar sus actividades bajo 7 Derecho Constitucional Peruano . de cara a la correcta resolución del presente caso. lo que supone el otorgamiento. para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos…” (STC. Así analizado el expediente.
Todo ello. con lo que le está completamente legitimado a este Tribunal analizar el fondo de la controversia constitucional planteada. FUNDAMENTOS DE DERECHO 4 Presunta Vulneración De La Prerrogativa Del Antejuicio Político 6. 7. por toda infracción de la constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas” 8. respecto al antejuicio político el artículo 99º de la Constitución Política del Perú ha señalado que: “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: a los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 99° de la Constitución. Así. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE apercibimiento de revocársele la medida coercitiva impuesta. Por su parte el Tribunal Constitucional desarrollando dicho artículo ha precisado que: … El antejuicio político es una prerrogativa funcional de naturaleza formal consistente en que los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 99° de la Constitución no sean procesados penalmente por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus 8 Derecho Constitucional Peruano . constituye una injerencia en la esfera de libertad de la persona del recurrente. dentro de su desarrollo normativo. La Constitución Política del Perú. a juicio de este Colegiado. ha previsto en sus artículos 99º y 100º dos tipos de procedimientos por medio de los cuales se puede acusar a los altos funcionarios del Estado ante una posible infracción a la Constitución o por la comisión de un hecho delictivo: antejuicio político y al juicio político.
este Tribunal considera necesario establecer que la prerrogativa del antejuicio político o. Sostener lo contrario. como el desarrollo jurisprudencial. sería afirmar que si uno de los altos funcionarios a los que hace referencia el artículo 99º de la Constitución atenta contra la vida de su cónyuge. Como se podrá advertir tanto de su configuración normativa. 9 Derecho Constitucional Peruano . existen dos materias por las cuales es posible que los Congresistas de la República puedan ejercer la atribución constitucional de la acusación constitucional. el procedimiento de acusación constitucional. 10. pero respecto de ello no se ha dicho nada. lo que a juicio de este Colegiado es incongruente con el thelos de la institución jurídica bajo análisis. nos estamos refiriendo a: a) La infracción a la Constitución. éste tendría derecho al antejuicio político por el cargo que ostenta. 9. En este excurso de razonamiento. si se quiere. 11. es una institución jurídico- política que se instaura por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. sin haber sido previamente despojados de la prerrogativa funcional en un procedimiento seguido con las debidas garantías procesales en el seno del Congreso de la República…” (STC. y. El recurrente argumenta en su escrito de apelación de la sentencia emitida por el A-quo en el presente proceso constitucional que: “La ampliación de instrucción por el delito de enriquecimiento ilícito alcanzó el periodo de tiempo comprendido entre el año 1992 y 2000” año éste último en el que se desempeñó como Ministro de Estado en la Cartera del Interior. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE funciones. b) Comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. 2364-2008- PHC/TC). por lo que asegura que le alcanzaba la prerrogativa del antejuicio político.
Ello evidencia que la instrucción que se le siguió y el juicio oral que a la fecha de presentación del presente proceso constitucional sigue vigente. No obstante tal definición. Así se desprende del ordinal “d” del inciso 24) del artículo 2° de nuestra Constitución. este Colegiado Constitucional ha tenido la oportunidad de afirmar los conceptos antes mencionados. Respecto a la irretroactividad de la ley. 13. como infracción punible. sino que debe existir una interpretación activa. no ha sido consecuencia de su accionar como Ministro de Estado. se basa en que al momento de la 10 Derecho Constitucional Peruano . salvo en materia penal cuando favorece al reo 15. 14. De otro lado es también conocido que por mandato expreso de la Carta Fundamental del Estado una norma no puede ser aplicada de modo retroactivo. el artículo 103º ha precisado literalmente que: “…Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos. ni sancionado con pena no prevista en la ley…”. es decir. a tenor del cual: “…Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. no debe ser aplicada de modo literal. por lo que no está comprendido dentro de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político. Así. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional el cual ha señalado en un proceso constitucional de hábeas corpus que: “…El alegato del recurrente para cuestionar el proceso penal por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad cohecho pasivo impropio. la ley aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. Vigencia En El Tiempo De La Ley Penal: Irretroactividad De La Ley Penal. de manera expresa e inequívoca. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE 12. Tratándose de una disposición que forma parte del derecho penal material. salvo en materia penal cuando favorece al reo. caso por caso.
es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos. en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas. Analizados y comparados las dos descripciones típicas debemos afirmar. 16. entre la norma jurídica en la que se basó la imputación. en efecto. es decir posterior a los hechos materia de incriminación.. por razón de su cargo. o de los incrementos de su capital.” (STC. 17.. o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita”. de fecha del 15 de junio de 2001. Sin embargo. que la modificatoria introducida por la ley a la que se ha hecho referencia en las consideraciones precedentes no incluye ningún elemento típico nuevo pues. 11 Derecho Constitucional Peruano . esto es el artículo 401º que preveía el delito de enriquecimiento ilícito conforme a la descripción típica efectuada por el Código Penal de 1991 y la modificatoria que sufrió dicha norma a través de la Ley 27482 la que en su artículo séptimo incorporó un párrafo en el artículo 401º del Código Penal. cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público. A dicho artículo se le incorporó. La descripción típica original (conforme al Código Penal de 1991) del delito enriquecimiento ilícito es como sigue: “El funcionario o servidor público que. lo que era suficiente para la configuración del tipo penal. Es conveniente aquí efectuar un análisis. con anterioridad a dicha modificatoria. a través de la Ley 27482 el siguiente párrafo: “Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE comisión del mismo no estaba tipificada la conducta delictiva por la que se le condena y en que recién con la modificatoria del 6 de octubre de 2004 se amplía el hecho típico. de modo categórico. como bien lo ha precisado el A-quo. la conducta delictiva sí se encontraba tipificada en el artículo 394 del Código Penal. 18. se enriquece ilícitamente. 1939-2004-PHC/TC). será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.
Tales disposiciones cobran vigencia efectiva en nuestro ordenamiento a través del artículo 55 de la Constitución. por un juez o tribunal competente. laboral. 19. que prescribe: “ Toda persona tiene derecho a ser oída. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. inciso 3. inciso 3 de la Constitución). este extremo de la demanda debe ser desestimada. inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. y goza de reconocimiento expreso en el artículo 14°. y en el artículo 8°. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.c de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: “Durante el proceso. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE dicha incorporación lo único que hace es delimitar los elementos objetivos del tipo penal y no modifican la esencia de la imputación formulada contra el hoy recurrente. independiente e imparcial. por lo que su aplicación al caso no constituye una aplicación retroactiva de la ley penal. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. 12 Derecho Constitucional Peruano . El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso (artículo 139º. ni tampoco una agravación de la conducta que tenga repercusión con la intensidad de la respuesta punitiva de parte del Estado. a las siguientes garantías mínimas… c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. establecido con anterioridad por la ley. que exige que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. en plena igualdad. fiscal o de cualquier otro carácter”. El Derecho A Ser Juzgado Dentro De Un Plazo Razonable. Asimismo. En tal sentido. conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de esta Carta Política.
la determinación de si se violó o no su contenido constitucionalmente protegido es un tema que solo puede obtenerse a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado. la pluralidad de agraviados o inculpados. Tales elementos permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido (que es la segunda condición para que opere este derecho). la eventual violación del derecho al plazo razonable del proceso o. lo que es lo mismo.°. que: “…para valorar la complejidad de un caso es menester tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito. los cuales fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo razonable del proceso. o algún otro elemento que permita concluir. con un alto grado de objetividad. N. que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil…”. 2915-2004-HC/TC). los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Criterios Para Determinar La Duración Razonable Del Proceso Penal 20. Caso Ronald Winston Díaz Díaz. que éste no sufra dilaciones indebidas. b) la conducta de las autoridades judiciales. Habiéndose planteado en el presente caso. 21. 13 Derecho Constitucional Peruano . Exp. FJ N.º 618-2005- PHC/TC. FJ N. Exp.º 11.º 6). Dicha determinación ha sido acogida por el Tribunal Constitucional quien ha expresado en la sentencia recaída en el caso Berrocal Prudencio (Expediente N. lo que debe realizarse caso por caso y según las circunstancias.º 5291-2005- PHC/TC. N. los hechos investigados. y c) la complejidad del asunto. los mismos que han sido recepcionados por el Tribunal Constitucional (Cfr. Caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra.
En todo caso. Caso: Berrocal 14 Derecho Constitucional Peruano . entre otros. se encontraban condenados a la desestimación. desde su origen y de manera manifiesta. En este orden de ideas. recurso repudiado por el orden constitucional).º 0376-2003- HC/TC. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE 22. En reiterada jurisprudencia este Colegiado (Expediente N. FJ. 23. este Tribunal. ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso…”. de la denominada “defensa obstruccionista” (signo inequívoco de la mala fe del procesado y. consecuentemente. Caso: Bozzo Rotondo. En lo que respecta a la valoración de la actividad procesal del inculpado. podría merituarse como defensa obstruccionista todas aquellas conductas intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso.. 2915-2004-HC/TC. 25. En consecuencia. a efectos de determinar la razonabilidad del plazo. en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta. es preciso distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que el Estado Constitucional permite). sea la interposición de recursos que. una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso. con la intención de atrasar el procedimiento”. 9 ) ha sostenido que “…si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación.. corresponde al juez penal demostrar la conducta obstruccionista del procesado.°. en reiterada jurisprudencia (Expediente N. sea las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. En relación a la actuación de los órganos judiciales.) la demora sólo puede ser imputable al acusado si éste ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles. “(. 24.
Caso: Manuel Rubén Moura García. Por su parte. Caso: Margarita del Campo Vegas. sin perder de vista en ningún momento el especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. comportamiento que proviene de la pasividad o inactividad del órgano judicial lo que deviene en una demora o retardo del proceso (Cfr. Nº 1: Omisión de expedición de sentencia. FJ. Nº 7: Omisión de pronunciamiento del Tribunal de honor. Nº 1: Omisión de expedición de sentencia). Exp. la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general (Caso Clooth. FJ. se produce una determinada actuación que provoca una dilación persistente. Caso: Miguel Cornelio Sánchez Calderón. las indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos. De otro lado. FJ. o. la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva. como estableciera el TEDH. Dimensiones De La Infracción Del Derecho Al Plazo Razonable Del Proceso Penal 26. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Prudencio). por ejemplo. En tal sentido. 6390-2006-AA/TC. las dilaciones procesales atribuibles al propio órgano jurisdiccional pueden consistir en la omisión de resolver dentro de los plazos previstos en las leyes procesales. los repetidos cambios de juez instructor. serían especialmente censurables. ha sostenido que será preciso evaluar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso. Es decir. 27. párrafo 45). Exp.º 3485-2005-HC/TC (Caso: Sandro 15 Derecho Constitucional Peruano . Exp. Nº 3771-2004-HC/TC. es posible también generar dilaciones indebidas a través de actividades procesales que por no ser adecuada para lograr la pronta solución del proceso genera una demora imputable al juez o al tribunal del caso. 549-2004-HC/TC. Este Tribunal ha abordado este tema en la sentencia estimatoria recaída en el expediente N.
16 Derecho Constitucional Peruano . debe computarse desde el momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento que le afecta concretamente. En tal sentido. considera que en materia penal el comienzo del mismo. diez meses y veinte días. el presente proceso lleva a la fecha de expedición de la presente sentencia. ya sea por un particular en una denuncia o por acto de autoridad judicial u otra autoridad competente. actuación del órgano jurisdiccional. Análisis Del Caso Concreto Inicio del cómputo del plazo razonable del proceso 28. data del 28 de noviembre del año 2000. sin tener en consideración la naturaleza sumaria del proceso (cuyo plazo legal es de 60 días. vulnerando así el derecho al plazo razonable del proceso. Seguidamente se procederá a analizar dicho plazo. El hecho objetivo a partir del cual debe empezar a computarse el plazo dentro de este proceso es la apertura de investigación fiscal. es decir el cómputo del plazo de duración del proceso. prorrogable a 30 días). conducta procesal de las partes. a saber: complejidad del asunto. un total de ocho años. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Bustamante Romaní). las mismas fueron declaradas nulas por el tribunal superior fundamentando su decisión en la no consecución del objeto del proceso. sobre la base de los ya criterios materiales de análisis. por constituir el primer acto de carácter cuasi jurisdiccional por medio del cual el hoy recurrente tomó conocimiento de que el Estado había activado al aparato persecutor. como sospechoso de haber participado en un hecho delictivo. en el cual se emitieron dos sentencias absolutorias. 29. que prima facie se advierte excesivo. Este Colegiado al tratar sobre el punto de partida para la evaluación del “plazo razonable”. en que el demandante hallándose sujeto a un proceso sumario iniciado en el año 1999. dilató el juzgamiento cinco años.
se trata de un proceso con un gran número de imputados. mediante resolución de fecha 15 de septiembre de 2008. a fojas 138. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Elementos de análisis del plazo razonable del proceso 30. lo que conforme a lo aseverado en el informe (a fojas 488 y siguientes) elaborado por la presidenta de la Sala Penal emplazada. Cecilia Isabel Chacón de Vetori. resulta pertinente hacer referencia al hecho de que con la finalidad de darle mayor celeridad a la tramitación del proceso. mediante resolución de fecha 5 de febrero de 2007. Al respecto. quien reconoce que han llegado a sumar 35 imputados. de modo tal que actualmente el proceso seguido contra el recurrente tiene solo cinco procesados. se produjo una segunda desacumulación del proceso Nº 004-2001. llama la atención que la referida desacumulación se haya dado 17 Derecho Constitucional Peruano . a saber: Aurora Isabel de Vettori Rojas de Chacón. a fojas 24. dicha desacumulación pone de manifiesto que por la naturaleza de las imputaciones ventiladas en el proceso seguido contra el recurrente era posible seguir varios procesos distintos con menos imputados. se dispuso la desacumulación del proceso en dos (el N. Más allá del loable esfuerzo de la judicatura por desacumular procesos en aras de la celeridad procesal. dicha cantidad de procesados es en definitiva un aspecto que incide en gran medida en la complejidad del proceso.º 004-2001 habrían quedado comprendidos además del recurrente. en otros tres procesos distintos: 004-2001. Asimismo. así como del auto de enjuiciamiento. Sin embargo. 31.º 004-2001 y el 13-2007). conforme consta de la copia del auto de apertura de instrucción. otras cuatros personas. que siendo ello posible. lo que en definitiva haría menos complejo el proceso penal. En cuanto a la complejidad del proceso. De modo tal que finalmente en el proceso N. Sin embargo. doña Inés Villa Bonilla. Luis Kiguel Portal Barrantes y Juan Cralos Chacón de Vetori (a fojas 499 de autos). 84- 2008 y 85-2008.
En este sentido. en cuanto a la actuación procesal del imputado. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE recién a partir del alo 2007. reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional…”. cuando el proceso penal tenía ya seis años de iniciado. Es por ello que la demanda debe ser estimada en este extremo. se advierte que la excesiva duración del proceso no puede ser imputada al procesado. elemento que incidió en gran medida en la complejidad del proceso. no deberá perderse de vista en ningún momento la finalidad que inspira a los procesos constitucionales de la libertad. En este sentido. sino más bien ha sido consecuencia de una tramitación negligente del proceso por parte del órgano jurisdiccional. la gran cantidad de imputados. La protección del plazo razonable y sus consecuencias. Al respecto. la solución a la que se arribe deberá expresar consecuencias jurídicas concretas en la situación del recurrente. Habiéndose advertido en el presente caso que se ha producido una vulneración del derecho al plazo razonable del proceso. quien de modo innecesario inició un proceso penal con gran cantidad de imputados. Finalmente. De modo tal que es posible advertir que en el presente caso. habiéndose argumentado diversas posturas. corresponde ahora determinar cuál es la consecuencia que se desprende de dicha estimatoria. 32. 34. La doctrina y jurisprudencia internacional nos muestran que la temática que nos ocupa no ha sido nada pacífica. lo que tampoco ha sido indicado en el referido informe expedido por la presidenta de la Sala Penal emplazada. esto es “… proteger los derechos constitucionales. 33. las mismas que aquí resumimos: a) Las compensatorias que a su 18 Derecho Constitucional Peruano . en realidad constituye una imputable al propio órgano jurisdiccional. a pesar de existir la posibilidad real de una desacumulación. cabe señalar que de los actuados no se aprecia ninguna actuación dilatoria por parte del recurrente.
Por su parte las soluciones sancionatorias se plasman a través de la imposición de medidas administrativas de carácter sancionatorio contra los responsables de la violación del derecho al plazo razonable. este tipo de consecuencias sólo representan una garantía de carácter secundario. Asimismo. consecuentemente no puede ser de recibo como solución del presente proceso. 36. y. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE vez pueden ser internacionales. ya que no reaccionan procesalmente contra la violación del derecho en cuestión. sino contra los culpables de la infracción representando dichas posturas únicamente medidas de carácter preventivo general (para todos los funcionarios que tienen dentro de sus atribuciones materializar la jurisdicción). b) Las Sancionatorias las que pueden ser de orden administrativo-disciplinaria y penales orientándose a reprimir la conducta dilatoria de las autoridades judiciales. Por ello es que este Colegiado llega a la conclusión que esta clase de soluciones se apartan de la esencia misma de los procesos constitucionales. éstas importan la materialización de un conjunto de mecanismos tendientes a resarcir al imputado por el “daño” causado como consecuencia de una demora excesiva en el juzgamiento. c) Las procesales que son tanto la nulidad como el sobreseimiento. En cuanto a las medidas de tipo compensatorio. las que pueden traducirse en el pago de una suma dineraria (civil) o en algún tipo de indulto o perdón (penal). Dichas medidas a juicio de este Colegiado no se condicen con el carácter restitutorio de los procesos constitucionales de la libertad. 19 Derecho Constitucional Peruano . 35. una protección que sólo implique medidas de esta naturaleza podría significar la vigencia de actos emitidos en violación de derechos fundamentales. civiles o penales. Al respecto. lo que no se condice con el deber estatal de protección de derechos fundamentales derivado del artículo 44º de la Constitución Política del Perú.
A juicio de este Colegiado Constitucional. en el que se ha mantenido al recurrente en un estado de sospecha permanente y sin que –como se ha visto a lo largo de la presente sentencia. que como ya se ha dejado dicho es un derecho público subjetivo de los ciudadanos. el principio de presunción de inocencia (artículo 2. Por ello la ausencia de una de estas garantías constituirían una falta de justificación para la legitimación persecutoria del Estado o si se quiere la materialización del ius puniendi estatal. es conveniente aquí efectuar un análisis de la última de las posturas a las que hace referencia la doctrina y verificar si esta se condice con los fines de los procesos constitucionales. en virtud del cual los órganos del Estado sólo puede actuar en la consecución de sus fines dentro de los límites y autorizaciones legales y con el respeto absoluto de los derechos básicos de la persona. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE 37. 40.e de la Constitución) constituye un estado de inocencia que sólo puede ser desvirtuado a través de una sentencia expedida en un proceso legítimo en el que se hayan respetado todas las garantías. Cuando estos límites son superados en un caso concreto. la violación del principio del Estado Constitucional de Derecho.24. queda revocada la autorización con que cuenta el Estado para perseguir penalmente. En tal sentido. sólo con el respeto inmaculado de todas las garantías judiciales del imputado se puede fundar la legitimidad constitucional de una sentencia judicial.las circunstancias del caso justifiquen dicha 20 Derecho Constitucional Peruano . 39. en el caso de autos. En efecto. Habiendo quedado descartadas las posibles medidas de soluciones de tipo compensatorias y sancionatorias de la presente resolución. Es por ello que la violación del derecho al plazo razonable. 38. provoca el nacimiento de una prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal fundada en la pérdida de la legitimidad punitiva derivada del quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza fundamental. Sostener lo contrario supondría. además. limitador del poder penal estatal.
2. el Tribunal Constitucional. FALLO 5 Por estas consideraciones. Disponer que la Sala penal emplazada excluya al recurrente del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. por haberse acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable. Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de hábeas corpus. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú RESUELVE 1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en lo demás que contiene. 21 Derecho Constitucional Peruano . el acto restitutorio de la violación del derecho al plazo razonable del proceso consistirá en la exclusión del recurrente del proceso penal. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE excesiva dilación. 3.
22 Derecho Constitucional Peruano . y c) que es e había vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable ya que el proceso fue abierto el año 2001 y hasta la presente fecha no se había emitido sentencia en primera instancia. 2. En el segundo caso desestima que haya alguna violación al principio de legalidad cuando el fiscal pide que se aplique la ley 27482. debe considerarse que el Tribunal Constitucional señala que este derecho “… constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso”. ya que esta norma no cambio la descripción típica del delito de enriquecimiento ilícito delito por el cual está procesado. Sin embargo. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE CONCLUSIONES 6 1. cual tiene reconocimiento expreso en el articulo 139 inciso 3 de la Constitución Política. El Tribunal Constitucional en su sentencia deniega los dos primeros argumentos presentadas por la parte de Chacón: en el primer caso señala que se ha constatado que los hechos por los que está siendo investigado judicialmente el señor Chacón Málaga se refieren a hechos cometidos en su condición de general del Ejercito y no de Ministro de Estado. La demanda de Habeas Corpus presentada al Tribunal Constitucional por el abogado de Chacón Málaga argumento lo siguiente: a)que se le abrió proceso violando normas constitucionales ya que al haber sido Ministro le correspondía un antejuicio ante el congreso de la república. b) que se le había violado el principio de legalidad ya que retroactivamente se le había aplicado la ley 27482 publicada en junio del 2001. sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
para determinar el plazo razonable de un proceso penal. debe analizarse los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado. Por ello el Tribunal Constitucional declara fundad en parte la demanda de Habeas Corpus y dispone que la Sala Penal excluya a Walter Chacón Málaga del proceso penal que se le sigue por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. no se aprecio que este haya realizado alguna actuación dilatoria. a fin de agilizar el proceso. b) la conducta de las autoridades judiciales. Si bien reconoce que dado el numero de imputados. c) la complejidad del asunto. En consecuencia. 3. 23 Derecho Constitucional Peruano . al atribuirla demora en el trámite del proceso al accionar de los magistrados que lo tenían a su cargo. en el caso de Chacón. considera que se ha vulnerado el derecho a ser juzgado en el plazo razonable. señala que los jueces a cargo del mismo. sin embargo. el proceso puede ser considerado como complejo. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Así mismo en cada caso concreto. el TC. Según los magistrados del TC. fueron negligentes al no haber des acumulado oportunamente el mismo.
¿No se encontraba procesado Chacón con comparecencia restringida? Entonces. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE SUGERENCIAS 7 La decisión del Tribunal Constitucional. ¿El paso del tiempo disminuye o elimina la culpabilidad? 24 Derecho Constitucional Peruano . sin duda es de gran controversia. por ejemplo: 1. ¿El Tribunal constitucional puede excluir. ¿El Tribunal Constitucional concedió más de lo que Chacón exigió? 4. absolver o condenar a un ciudadano? 2. ¿no correspondería señalar como medida menos gravosa comparecencia simple? 3. ¿El solo paso del tiempo es una dilación indebida? 5. por tal motivo se dan diversas críticas en los medios.
justiciaviva.pdf  http://idl. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Web Bibliografía 8  http://www.html 25 Derecho Constitucional Peruano .pe/2009/12/02/garcia-toma-fallo-del-tc-en-caso-chacon-es-un- exceso-y-deja-una-peligrosa-puerta-abierta/idl  http://www.pe/webpanel/doc_int/doc03122009-174710.org.pe/jurisprudencia/2009/03509-2009-HC%20Aclaracion.pe/jurisprudencia/2009/03509-2009-HC.html  http://www.tc.tc.lamula.gob.gob.
-INTRODUCCION 2 2.-INDICE 26 26 Derecho Constitucional Peruano .-MARCO TEORICO 3 3.-FALLO 21 6.-WEB GRAFIA 25 9. Sentencia del Tribunal Constitucional ESDE/FCJE Índice 1.-SUGERENCIAS 24 8.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 8 5.-FUNDAMENTO DE HECHO 6 4.-CONCLUSIONES 22 7.
Documentos similares a Derecho Constitucional Peruano - Caso Chacon
(2001) Mecanismos de Protección Contra La Violencia Intrafamiliar
Tecnicas de Entrevista Criminologica
Cuestion Previa Luis Cifuentes
LA REFORMA PENAL DE LOS JUICIOS ORALES
[000015]_1
Informe de Derecho Civil- Resolucion t. c...
Programa Seminario Administracion de Justicia Doctorado UNLa Anitua
Trabjo Pnp - Marco Teorico de Robo y Violencia
Mauro Hernandez Gomez