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Timestamp: 2020-01-27 14:40:36
Document Index: 316284616

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 790', 'Artículo 790', 'Artículo 791', 'Artículo 501', 'artículo 161', 'Artículo 502', 'artículo 134', 'Artículo 524', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 795', 'artículo 411', 'artículo 463', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 203', 'artículo 208', 'artículo 203']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-15776
Documento BOE-A-2019-15776
«BOE» núm. 265, de 4 de noviembre de 2019, páginas 121674 a 121682 (9 págs.)
BOE-A-2019-15776
En testimonio expedido el día 20 de marzo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Coloma de Farners, en el procedimiento ordinario número 154/2018, en el que, resumidamente, se contenía el ejercicio de la acción declarativa de dominio por usucapión sobre una décima parte indivisa de la finca registral número 483 de Vidreres, propiedad de don J. y doña S. C. S, siendo parte demandada los ignorados herederos de los susodichos propietarios, en situación procesal de rebeldía procesal por diligencia de ordenación de fecha 18 de mayo de 2018.
Presentada el día 29 de marzo de 2019 dicho testimonio, junto con instancia de manifestaciones de fecha 29 de marzo de 2019, en el Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Registradora Titular: María Elisa Andrés Romero.
1.º Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, bajo el asiento número 938 del tomo 233 Diario, se presentó en este Registro testimonio expedido por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Santa Coloma de Farners, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por razón del procedimiento ordinario número 154/18, junto con instancia de manifestaciones de fecha 29 de marzo de 2019; acreditada la presentación de la autoliquidación del Impuesto correspondiente, mediante diligencia de presentación y pago, referencia de documento electrónico número 2 (…).
2.º En dicho procedimiento seguido a instancias de M. C. H. y siendo parte demandada los ignorados herederos de J. C. S. y S. C. S., en situación procesal de rebeldía procesal por diligencia de ordenación de fecha 18 de mayo de 2018, tiene por objeto el ejercicio de la acción declarativa de dominio por usucapión sobre 1/10 ava parte indivisa de la finca 483 de Vidreres, propiedad de dichos J. y S. C. S, según la inscripción 2 de fecha 11 de octubre de 1888. Del documento presentado resulta que se celebró audiencia previa el día 4 de septiembre de 2018 y el acto del juicio el día 23 de octubre de 2018, con asistencia en ambos casos sólo de la parte actora.
3.º Mediante sentencia firme de fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, se declara que la actora es propietaria de 1/10 parte indivisa de la finca 483 de Vidreres y se ordena la inscripción registral a favor de la actora.
1. Los documentos de todas clases susceptibles de inscripción se hallan sujetos a calificación por el Registrador, quien bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los mismos de conformidad con lo establecido en los arts. 18, 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 de su Reglamento. En el fundamento de Derecho primero, párrafo cuatro, donde dice 1/20 parte indivisa, debería decir 1/10 parte indivisa y en el tercero, párrafo primero, hace una referencia al “Sr. J. M. G., por un título de compraventa de fecha 3 de agosto de 1897, habiéndose realizado la inscripción en fecha 25 de mayo de 1898”, que no parece que tenga relación alguna con el procedimiento de referencia.
2. Constitución Española, artículo 24; Ley Hipotecaria, artículo 20; Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 496 y siguientes, 501, 502, 524 y 790 y siguientes. Resoluciones de la DGRN 25-04-2017, 12-12-2018, 9 y 10-7-2018 y 17-1-2019.
a) Al seguirse el procedimiento contra ignorados herederos con carácter genérico, toda actuación que pretenda tener reflejo registral debe articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en el artículo 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil o bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia. Además en el presente caso no consta la forma en que se han producido las notificaciones a los herederos ignorados, ni si se ha llevado a cabo una investigación sobre la existencia de herederos testamentarios o legales de los titulares registrales.
Artículo 790: “Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto. 1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no tenga representante legal".
2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a los menores o personas con capacidad modificada judicialmente, se les hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervención judicial, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que proceda a la incoación del expediente de declaración de herederos.
Artículo 791: “Intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión legítima. 1. En el caso a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, una vez practicadas las actuaciones que en él se mencionan, el Secretario judicial adoptará mediante diligencia las medidas que estime más conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto con disposición testamentaria o sin ella, ordenando, a tal efecto, que se traiga a los autos certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, así como el certificado de defunción luego que sea posible".
b) No ha transcurrido el plazo de caducidad de la acción de rescisión del demandado rebelde. En el presente caso la sentencia fue dictada el 2 de noviembre de 2018, habiéndose expedido el testimonio de la misma el 20 de marzo de 2019, no ha transcurrido, por tanto, el plazo señalado de dieciséis meses, para la caducidad de la acción de rescisión de sentencia firme.
Artículo 501: “Rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde. Casos en que procede.–Los demandados que hayan permanecido constantemente en rebeldía podrán pretender, del tribunal que la hubiere dictado, la rescisión de la sentencia firme en los casos siguientes: 1.º De fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma. 2.º De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161, pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable. 3.º De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos”. Artículo 502: “Plazos de caducidad de la acción de rescisión. 1. La rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde sólo procederá si se solicita dentro de los plazos siguientes: 1.º De veinte días, a partir de la notificación de la sentencia firme, si dicha notificación se hubiere practicado personalmente. 2.º De cuatro meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme, si ésta no se notificó personalmente. 2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior podrán prolongarse, conforme al apartado segundo del artículo 134, si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia, pero sin que en ningún caso quepa ejercitar la acción de rescisión una vez transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia”. Artículo 524: “Ejecución provisional: demanda y contenido.–...4.–Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos”.
Santa Coloma de Farners, a 11 de abril de 2019.–La Registradora (firma ilegible), Fdo.: María Elisa Andrés Romero.
Solicitada nota de calificación sustitutoria, correspondió la misma al Registro de la Propiedad de Olot, emitiendo el registrador sustituto, con fecha 22 de mayo de 2019, calificación por la que se confirmaba, en todos los extremos, la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Santa Coloma de Farners.
Contra la nota de calificación sustituida, doña N. P. C., abogada, en nombre y representación de doña M. C. H, interpuso recurso el día 26 de junio de 2019 mediante escrito con las siguientes alegaciones:
I. De la calificación esta parte muestra su disconformidad únicamente en relación al fundamento de derecho 2.a) relativo:
Como consta en las actuaciones judiciales y como se justifica en la nota simple de la finca del Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners (…) las demandadas figuran como titulares de 1/20 parte de la finca rústica 483 de Vidrieres en virtud de un documento privado de fecha 31 de agosto de 1888, inscrito en el Registro de la Propiedad en fecha 11 de octubre de 1888.
“Se plantea, una vez más, en el presente recurso la delicada cuestión de precisar el alcance de la calificación registral frente a actuaciones judiciales. Según doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en el «vistos»), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al Registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan”.
De otra parte, el propio ordenamiento procesal ofrece medios eficaces de protección del derecho a la tutela judicial efectiva de la herencia yacente en calidad de demandada, como lo evidencian las invalidaciones de procesos llevadas a cabo por medio de las sentencias del Tribunal Supremos de 27 de diciembre de 1994 y 3 de marzo de 2011. La primera de ellas estima el recurso de revisión frente a una sentencia de condena dineraria contra una herencia yacente emplazada genéricamente por edictos, siendo así que los herederos del deudor –sus hermanos–, eran conocidos y fácilmente identificables para la parte demandante. La segunda de dichas sentencias considera injustificado el emplazamiento genérico de los “ignorados herederos” de una persona fallecida en un supuesto en que, partiendo de los datos obrantes en la demanda, cabía identificar a los posibles herederos y sus domicilios.
Segundo.–El presente recurso se interpone en plazo oportuno (…).»
La registradora de la Propiedad de Santa Coloma de Farners, doña María Elisa Andrés Romero, emitió su informe, en el que mantuvo íntegramente la calificación, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
1. El objeto de este expediente consiste en dilucidar nuevamente si es inscribible una resolución judicial dictada en procedimiento seguido frente a los herederos desconocidos e inciertos del titular registral cuando no consta el nombramiento e intervención de un administrador o defensor judicial de la herencia yacente, ni ha sido emplazado ningún interesado.
2. Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de nuestro sistema registral que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 que, de una forma contundente, afirma lo siguiente: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el Registro cuya cancelación se ordena por el tribunal».
3. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los «Vistos»).
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 790 y siguientes exige la adopción de medidas de aseguramiento del caudal hereditario en los procedimientos judiciales de división de herencia –entre ellas el nombramiento de un administrador judicial, de conformidad con el artículo 795 del Código Civil, y, en el supuesto que nos ocupa, también de conformidad con el apartado tercero del artículo 411-9 y con el apartado primero del artículo 463-4 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones– cuando fallecido el causante no conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. Atribuye, por tanto –en los supuestos de herencia yacente– gran importancia a la posibilidad o no de intervención de posibles llamados a la herencia.
Por otro lado, las peculiaridades derivadas de la presentación de una demanda contra una herencia yacente no impiden que se deba procurar la localización de quien pueda ostentar su representación en juicio como paso previo a una posterior declaración en rebeldía; en este sentido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 3 de marzo de 2011, se demandó a la herencia yacente o ignorados herederos si bien en ese supuesto también se demandaron a personas identificadas, recoge la doctrina plasmada en la Sentencia de 4 de marzo de 2005 y señala que la razón de las exigencias impuestas por la Ley de Enjuiciamiento Civil a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2008), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción (Sentencias del Tribunal Constitucional números 64/1986, de 21 de mayo, 98/1987, de 10 de junio, 26/1993, de 25 de enero, 101/2001, de 23 de abril, 143/2001, de 14 de junio, etc.). Como resulta de los fundamentos de Derecho tercero y cuarto de la citada Sentencia, para evitar la indefensión es preciso que se haya cumplido con la obligación de averiguar los domicilios de los desconocidos herederos demandados, por lo que la citación por medio de edictos fijados en el tablón de anuncios e incluso la notificación de la sentencia de primera instancia a través de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» requiere que, previamente, se hubieran agotado todos los medios de averiguación que la Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en el caso de la herencia yacente, aunque sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación en juicio.
4. Como resulta de la doctrina de este Centro Directivo antes expuesta, el nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un trámite excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
5. El procedimiento de reanudación de tracto sucesivo regulado en el artículo 208 de la Ley hipotecaria. Por último, en cuanto a la alegación de la recurrente, relativa a que las circunstancias concretas del caso justificaban el llamamiento realizado por haber transcurrido 131 años desde la última inscripción de la 1/20 indivisa, sin que pudiera tenerse constancia de quiénes eran los herederos testamentarios o legales de los titulares registrales, este Centro Directivo se ve en la obligación de recordar que el procedimiento adecuado para tales supuestos no es otro que el de la reanudación de tracto sucesivo interrumpido, regulado en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo 203 del mismo cuerpo legal y en la redacción dada para ambos por la Ley 13/2015, de 24 de junio, en los que se prevé una citación a todos los posibles interesados como medio de que todos ellos tengan conocimiento de la pretensión del procedimiento iniciado.
A este respecto, ha de tenerse en cuenta que, como ya señaló esta Dirección General con ocasión de la Resolución de 23 de mayo de 2016, en su fundamento de Derecho cuarto: «Respecto de la necesidad de citar al heredero del titular registral, el artículo 208 de la Ley Hipotecaria, en su apartado segundo, tres, establece que “junto a los interesados referidos en la regla quinta del apartado 1 del artículo 203, deberá ser citado en todo caso quien aparezca, según la última inscripción vigente, como titular del dominio o derecho real cuyo tracto interrumpido se pretende reanudar o, si consta fallecimiento de este, sus herederos, debiendo acreditar el promotor tal extremo y la condición e identidad de éstos”. Este apartado debe ser interpretado conjuntamente con el apartado segundo, cuarto, del mismo artículo, cuando dispone que “cuando la última inscripción de dominio o del derecho real cuyo tracto se pretenda reanudar tenga menos de treinta años de antigüedad, la citación al titular registral o sus herederos deberá realizarse de modo personal”. Armonizando adecuadamente ambos apartados, debe entenderse, que cuando la última inscripción de dominio o del derecho real cuyo tracto se pretenda reanudar tenga menos de treinta años de antigüedad, debe realizarse una citación personal al titular registral o a sus herederos. Pero cuando la última inscripción de dominio o del derecho real cuyo tracto se pretenda reanudar tenga más de treinta años, la citación al titular registral debe ser nominal, pudiendo practicarse, no obstante, por edictos, y respecto de sus herederos la citación, que también puede ser por edictos, sólo hace falta que sea nominal, cuando conste su identidad de la documentación aportada».