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Timestamp: 2019-10-22 16:12:03
Document Index: 58509887

Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 317', 'artículo 72', 'artículo 60', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 106', 'artículo 107', 'artículo 227', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 85', 'artículo 334', 'artículo 346', 'artículo 179', 'artículo 26', 'artículo 40', 'artículo 12', 'artículo 40', 'artículo 12', 'artículo 88']

Artículo único Modificación de la Orden FOM 4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
ANEXO . Modificación de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
En este sentido, la reciente sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la legislación de contratos del sector público, motivó que la disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible autorizara al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año, un texto refundido en el que se integraran, debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público. En cumplimiento de este mandato, se ha aprobado el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La entrada en vigor de este Real Decreto Legislativo así como la modificación operada en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, en materia de recursos y reclamaciones, justifica que se revisen las normas y reglas generales de contratación de los organismos portuarios con el objeto de adaptarlas a las novedades legislativas reseñadas.
Merece destacarse de la nueva regulación, el régimen jurídico establecido para la modificación de los contratos que se ha ajustado a los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en atención a las prácticas recomendadas por la Unión Europea, y teniendo en cuenta, especialmente, la postura manifestada por la Comisión Europea sobre modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan en más de un 10 por ciento del precio inicial del contrato.
De igual modo, el régimen de recursos con respecto a la contratación de los organismos portuarios ha sido modificado sustancialmente, tal y como exigía la Directiva 2007/66/CE, con la finalidad de reforzar los efectos del recurso permitiendo que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz.
Asimismo, se han revisado los criterios de selección de la oferta económica más ventajosa contenidos en el anexo III de la Orden FOM/4003/2008 con el objeto de adaptarlos plenamente a las exigencias derivadas de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública.
A consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos en las remisiones y concordancias que efectúan las citadas reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De la misma manera, se ha operado con relación a las remisiones de dichas reglas generales a la legislación portuaria al objeto de adaptarlas al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Por último, apuntar que se ha considerado que esta modificación de la Orden FOM/4003/2008, ofrece el marco adecuado para resaltar que tanto las Autoridades Portuarias como Puertos del Estado, en su actividad contractual, han de ser configuradas como entidades contratantes del sector de los puertos y, por ende, sólo residualmente celebran contratos ajenos a este sector, tal y como resulta de la Disposición Adicional segunda, apartado 10 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
En su virtud, a propuesta de Puertos del Estado, previo informe de la Abogacía General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.b) y en la disposición adicional vigésima segunda.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispongo:
Las Instrucciones Reguladoras de los Procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias contenidas en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, quedan modificadas en los términos que se insertan en el anexo de esta Orden.
Primero. Régimen transitorio.
A los expedientes de contratación ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Orden no les será de aplicación la misma y se regirán por las normas anteriores en lo que no contravengan el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento del contrato. En caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
Modificación de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
Uno. La regla 1 queda redactada como sigue:
«1. El régimen jurídico de los contratos de obras, suministros y servicios que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, será el establecido por esta Ley, siéndoles de aplicación de forma supletoria las presentes Instrucciones.
A estos efectos, se considerarán contratos incluidos en el ámbito de aplicación delimitado por el artículo 12.b) de la Ley 31/2007, todos aquellos contratos de obras, suministro y servicios que coadyuven al ejercicio de las competencias que corresponden a Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, de conformidad con los artículos 17 y 25, respectivamente, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Entre otros, los contratos de obras de abrigo, de dragado, de atraque, de rellenos portuarios, explanadas y pavimentación, de instalaciones y servicios de los muelles, de accesos y redes viarios y ferroviarios, de estaciones marítimas, de terminales portuarias, de puestos de inspección fronteriza y demás edificios de servicios de los organismos portuarios, así como los contratos de suministro y de servicios que resulten necesarios para la correcta explotación y funcionamiento de los organismos públicos que integran el sistema portuario de titularidad estatal.
2. Los contratos de obras, suministros y servicios que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias para la realización de las actividades correspondientes al sector de los puertos marítimos, pero que estén excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por no alcanzar los límites establecidos en el artículo 16 del citado texto legal se regirán por las disposiciones pertinentes del texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin que les sean aplicables, en ningún caso las normas de este texto legal establecidas exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, así como por las presentes instrucciones.
Los contratos de obras, suministros y servicios que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias para fines distintos de la realización de actividades correspondientes al sector de los puertos marítimos y que superen los umbrales de la regulación armonizada se regirán por las normas del texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establecidas para los contratos sujetos a regulación armonizada. Los referidos contratos se regirán, cuando no alcancen los umbrales de la regulación armonizada, por las disposiciones del citado texto legal aplicables a los contratos no sujetos a regulación armonizada, así como por las presentes instrucciones.
3. Los contratos celebrados al amparo de la presente Orden tendrán la consideración de contratos privados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 3.2.e), párrafo último, y disposición adicional vigésima segunda.1 del mismo.»
Dos. La regla 2.1 «in fine» y apartado 2 queda redactada como sigue:
«En los contratos comprendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de cuantía igual o superior a 200.000 euros será, en todo caso, necesaria la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas.
2. Una vez adjudicados, los contratos se formalizarán por escrito en el plazo que establezca el pliego, respetando en todo caso lo previsto en la regla 44.4.»
Tres. Se da nueva redacción al apartado 1 de la regla 3 con el siguiente tenor:
«1. Son órganos de contratación el Presidente de Puertos del Estado y los Presidentes de las Autoridades Portuarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 31 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
La competencia de estos órganos se entiende sin perjuicio de las facultades que al Consejo Rector de Puertos del Estado y a los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias reconocen, respectivamente, los artículos 21.4.g) y 30.5.ñ) del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. El Consejo Rector y los Consejos de Administración, según los casos, deberán ser regularmente informados de los actos procedimentales relativos a los contratos de especial relevancia.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 a la regla 3 de la siguiente manera:
«4. Los anteriores órganos de contratación necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los supuestos previstos en el artículo 317 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de conformidad con lo dispuesto en este artículo. En este supuesto la tramitación se hará a través de Puertos del Estado.»
Cinco. Se modifica la letra b) del apartado 2 de la regla 4 de la siguiente manera:
«b) Entre los vocales deberán figurar obligatoriamente uno que tenga funciones de asesoramiento jurídico y otro que tenga atribuidas las funciones correspondientes al control económico-presupuestario del organismo portuario. En ningún caso podrá formar parte de la mesa de contratación el propio órgano de contratación.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 4 a la regla 4 con la siguiente redacción:
«La Mesa de contratación tendrá, con carácter general, las siguientes funciones:
La Mesa de contratación celebrará cuantas sesiones resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones y podrá solicitar el asesoramiento técnico que resulte preciso para ello.»
Siete. La regla 9.1 se redacta en los siguientes términos:
«1. Los pliegos de condiciones serán redactados por el servicio correspondiente y aprobados por el órgano de contratación previo informe del asesor jurídico de la entidad. No será necesario reiterar este requisito cuando se empleen pliegos tipo.
Los pliegos de condiciones regularán el procedimiento y la forma de adjudicación así como los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato. Incluirán al menos las menciones a que se refiere el presente Título con sujeción a lo que en el mismo se establece, así como las modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores en los casos en los que se imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador.
El modelo de proposición que se firme por el licitador o su representante deberá incluir:
b) El precio ofertado por el licitador indicando la parte del mismo que corresponda, por razón del contrato, al impuesto sobre el valor añadido, que deberá figurar en la proposición como partida independiente.»
Ocho. Se da nueva redacción a las letras a), b) y c) del apartado 1 de la regla 13 con el siguiente tenor:
«1. Se exigirá a los licitadores la documentación que acredite:
a) Que tienen plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El pliego de condiciones podrá establecer que serán admitidas a la licitación las uniones temporales de empresarios que se constituyan al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
b) Que cuentan con la solvencia necesaria para ejecutar el contrato. A tal fin, los pliegos de condiciones establecerán los requisitos y los medios de prueba de la solvencia previstos en los artículos 75 a 79 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o fijar otros medios de prueba que se consideren adecuados, o bien exigir a los licitadores el certificado de la clasificación que proceda.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran una unión de empresas con empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
c) Que no están incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en particular, que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A tal fin, se exigirá la presentación de una declaración responsable debidamente firmada por el licitador o su representante.»
Nueve. El apartado 1 y 4 de la regla 14 quedan redactados como sigue:
«1. Los pliegos de condiciones podrán exigir a los licitadores o candidatos una garantía provisional y una garantía definitiva al adjudicatario, constituida a disposición del órgano de contratación en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Salvo que el pliego establezca otra cosa, se entenderá que el aval debe prestarse con renuncia al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 del Código Civil, a primer requerimiento, así como que el seguro debe constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador.
En todo caso, el aval o seguro de caución deberán presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos del Estado o por el asesor jurídico de la entidad.
4. La garantía definitiva se constituirá en los veinte días siguientes a la notificación de la adjudicación y responderá del cumplimiento íntegro por el contratista de las obligaciones asumidas en virtud del propio contrato. Deberá reponerse su importe en los quince días siguientes al momento en que se hubiera ejecutado en todo o en parte. Será devuelta al contratista una vez cumplida por éste su prestación o concluido el plazo de garantía.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado en el plazo de veinte días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.»
Diez. La regla 15, apartado 1, queda redactada de la siguiente manera:
«El plazo de duración del contrato se hará constar en el pliego, teniendo en cuenta para su fijación los criterios establecidos en el artículo 23.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estás y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.»
Once. Se da nueva redacción a la regla 16 con el siguiente tenor:
«1. Los contratos que celebren los organismos portuarios sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en la regla 39 y siguientes de estas instrucciones.
2. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, pudiendo aplicarse el régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren los requisitos para ello.
3. La modificación convencional de los contratos que celebren los organismos se ajustará al cumplimiento de lo previsto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en la documentación que rige la licitación, si bien, en todo caso, deberá incluir un trámite de audiencia al contratista e informe de la asesoría jurídica.
En aquellos casos en que se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste puede alcanzar teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.
4. En los supuestos de modificación legal regulados por el artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el expediente de modificación a tramitar al efecto, exigirá la incorporación de las siguientes actuaciones:
b) Certificado de existencia de crédito.
d) Informe de Puertos del Estado cuanto éste sea preceptivo.
En los casos de contratos autorizados por el Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en la regla 3.4, corresponde a dicho órgano autorizar las modificaciones del mismo cuando resulten procedentes y, también cuando proceda, la resolución. La tramitación de estos expedientes se realizará a través de Puertos del Estado.
5. El importe de la modificación podrá ser determinado por el propio órgano de contratación cuando se trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del proyecto o de la oferta presentada por el contratista.
Fuera del caso a que se refiere el párrafo anterior, para calcular el importe de la modificación se estará a lo válidamente estipulado por las partes. A falta de acuerdo, el contrato quedará incurso en causa de resolución.
6. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, parcial o total, de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las obras, tal y como está previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.»
Doce. El apartado 1 de la regla 17 queda redactado de la siguiente manera:
«1. El pago al contratista se realizará en los plazos y condiciones que se fijan en el pliego o en el contrato respetando, en todo caso, el plazo máximo de 30 días, salvo previsión en el pliego o pacto expreso en el contrato, ampliándolo hasta 60 días, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»
Trece. El apartado 4 de la regla 17 queda redactado en los siguientes términos:
«4. El contratista sólo tendrá derecho a la revisión de precios cuando así lo establezca el pliego, en que se determinará el índice o fórmula de carácter oficial que se tomará como referencia. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos menores, ni en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra.
En todo caso, la revisión de precios se sujetará a las siguientes reglas:
a) No se procederá a la revisión mientras el contrato no se haya ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su formalización; por lo que ni el 20 por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde la formalización, serán objeto de revisión.
c) El importe de las revisiones se hará efectivo mediante su pago o descuento en la liquidación del contrato. No obstante, el órgano de contratación podrá optar por anticipar su abono o descuento en los pagos parciales que se hagan previamente al contratista.»
Catorce. Se da nueva redacción a la regla 20 con el siguiente tenor:
«1. Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante, excepto en el caso de los contratos de obras que deberá realizarse dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.
2. Cuando durante la ejecución de un contrato hubieran resultado mayores o menores mediciones de unidades comprendidas en el contrato el importe de éstas podrá incluirse en la liquidación del mismo, siempre que su importe no supere el 10 % del precio de adjudicación. Ningún otro concepto podrá incluirse en la liquidación».
Quince. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 de la regla 21 de la siguiente manera:
«1. En los contratos celebrados por Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, la subcontratación de las prestaciones objeto de aquéllos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si bien la referencia a las prohibiciones de contratar que se efectúa en el apartado 5 de este artículo debe entenderse limitada a las que se enumeran en el artículo 60.1 del mencionado texto refundido.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.
c) Que el cesionario reúna los requisitos de capacidad y solvencia que fueron exigidos para la adjudicación y que no esté incurso en causa de prohibición de contratar de las previstas en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Que la cesión se formalice entre el adjudicatario y cesionario en escritura pública.»
Dieciséis. La regla 24.1 queda redactada de la siguiente forma:
«1. Son causas de resolución las que determine el pliego y, en todo caso, las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de que Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias puedan acordar la continuación del contrato con los herederos o sucesores. La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el pliego o en el contrato.
c) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin necesidad de intimación y salvo los casos en que el órgano de contratación acuerde una ampliación del plazo.
d) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en la regla 16.
e) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificación en el expediente de las razones de interés público que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.
f) El desistimiento o la suspensión de la ejecución del contrato por un plazo superior a ocho meses acordada por la entidad contratante.
g) La falta de acuerdo sobre las modificaciones del contrato en los términos previstos en la regla 16.5.»
Diecisiete. Se da nueva redacción a la regla 25 con el siguiente tenor:
«Desistimiento y renuncia.
1. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. Asimismo, en estos supuestos se notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el ''Diario Oficial de la Unión Europea''.
2. Solo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
3. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.»
Dieciocho. Se da nueva redacción a la regla 34 de la siguiente manera:
«En los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras, el pliego regulará la responsabilidad del contratista en materia de subsanación de errores, indemnizaciones por desviaciones en el presupuesto o responsabilidad por defectos o errores del proyecto, pudiéndose remitir a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.»
Diecinueve. Las letras a) y e) de la regla 36.2 quedan redactadas como sigue:
«a) Se insertará la información relativa a la licitación de todos los contratos en el perfil del contratante. En los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros se hará constar la identificación del contratante, el objeto del contrato, su tipo y cuantía, la fecha de licitación y una dirección de contacto con la entidad contratante. En los contratos de importe inferior a 50.000 euros se indicará el objeto del contrato y una dirección de contacto.
e) Salvo que en el pliego se establezca otra cosa, se entenderá que los gastos por publicidad corresponde asumirlos al contratista. En ningún caso podrá establecerse en el pliego que asuma el adjudicatario los gastos a que se refiere la letra d) de este apartado.»
Veinte. Se añade un nuevo apartado a la regla 36 con el siguiente tenor:
«3. Será de aplicación a los organismos portuarios la previsión contenida en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»
Veintiuno. Se da nueva redacción al apartado 2 de la regla 39 en los siguientes términos:
«2. En los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias si la Mesa de contratación observare defectos en la documentación aportada, y éstos fueran subsanables concederá a los licitadores un plazo para ello, que, como mínimo, será de 3 días hábiles.
La falta de acreditación de capacidad o solvencia impedirá la apertura del resto de sobres, previo pronunciamiento expreso y motivado de la Mesa de Contratación.»
Veintidós. Se añade un nuevo apartado 5 a la regla 39 con el siguiente tenor literal:
«5. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a los que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.»
Veintitrés. El apartado 2 de la regla 42 queda redactado como sigue:
«Podrá emplearse el procedimiento negociado con o sin publicidad en los casos que se definen a continuación:
5) Cuando se trate de contratos incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
15) Para los contratos de obras cuyo importe sea inferior a 400.000 euros o contratos de suministro o servicios de importe inferior a 200.000 euros.»
Veinticuatro. Se da nueva redacción a la regla 43 con el siguiente contenido:
«Diálogo competitivo.
Resultará de aplicación al presente procedimiento lo dispuesto en el artículo 179 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»
Veinticinco. La regla 44 queda redactada en los siguientes términos:
«Perfección, formalización y comienzo de la ejecución.
2. El documento de formalización se confeccionará por el Secretario o asesor jurídico de la correspondiente entidad y se suscribirá por el órgano de contratación y el contratista, debiendo incluir el contenido mínimo previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin previa formalización, excepto en los casos previstos en la regla 2.4.»
Veintiséis. Se da nueva redacción a la regla 45 con el siguiente tenor:
«1. En los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se planteen en relación con la preparación y adjudicación de los contratos, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo establecido en la misma, correspondiendo la competencia para su resolución al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
En todo caso, el orden Jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos.
2. Para el resto de contratos no incluidos, por razón de la cuantía, en el ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 y siempre que estos contratos no estén sujetos a regulación armonizada, el orden Jurisdiccional Civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.
La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de la acción civil.
3. Corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento y resolución de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos que, concertados por los organismos portuarios para fines distintos de la realización de las actividades establecidas en el artículo 12.b) de la Ley 31/2007, estén sujetos a regulación armonizada o se trate de los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros.
4. Serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación que regula el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los actos relacionados en su apartado 2 y que se adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos que concertados por los organismos portuarios para fines distintos de la realización de las actividades referidas en el artículo 12 de la Ley 31/2007, estén sujetos a regulación armonizada o se trate de contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros.
5. En todo caso, la solución de las controversias relativas al cumplimiento, efectos y extinción de los contratos se podrá someter a arbitraje si así se prevé en los pliegos o en el documento contractual.»
Veintisiete. Se da nueva redacción al apartado 1.º de la primera de las normas contenidas en el Anexo II con el siguiente tenor:
«1. El cálculo del valor estimado de los contratos se efectuará con arreglo al artículo 88 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»
Veintiocho. Se da nueva redacción a la norma Séptima del Anexo II, con el siguiente tenor:
«Empresas asociadas y Medios propios instrumentales y servicios técnicos de los organismo portuarios.
Asimismo, se entenderá como empresa asociada aquella que pueda ejercer una influencia dominante sobre el organismo contratante, o que, como el organismo contratante, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera, o en virtud de las normas que las rigen. A estos efectos, se entiende que las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado son empresas asociadas por estar sometidas a la influencia dominante de la Administración del Estado.
a) A los contratos de servicios, siempre que como mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de servicios provenga de la prestación de estos servicios a la Administración General del Estado y al resto del sector público estatal.
b) A los contratos de suministro, siempre que como mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de suministros provenga de la prestación de estos suministros a la Administración General del Estado y al resto del sector público estatal.
c) A los contratos de obras, siempre que como mínimo el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que la empresa asociada haya efectuado en los últimos tres años en materia de obras provenga de la prestación de estas obras a la Administración General del Estado y al resto del sector público estatal.
3. Asimismo, las presentes Instrucciones no serán de aplicación a los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue por parte de Puertos del Estado o de las Autoridades Portuarias a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de los mismos la realización de una determinada prestación.»
Veintinueve. Se da nueva redacción al Anexo III con el siguiente tenor:
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. El precio será siempre criterio de adjudicación en todos los procedimientos de licitación.
En ningún caso, los criterios de adjudicación se referirán a la experiencia o a las características de la empresa, ni al nivel, ni a las características de los medios que deban emplearse para la ejecución del contrato, por cuanto se trata de requisitos de solvencia.
2. En los supuestos de procedimientos de licitación convocados por Puertos del Estado y por las Autoridades Portuarias para la contratación de obras, servicios o suministros de importe superior a 200.000 euros, en la selección de la oferta económicamente más ventajosa deberán emplearse los criterios de adjudicación que se relacionan en el presente anexo.
3. Los criterios de adjudicación para los contratos de servicios y suministros serán:
3.A) Precio del contrato.
Para obtener las puntuaciones económicas, PE, de las ofertas se procederá de la siguiente forma: se le asignaran 100 puntos a la oferta más económica y a las ofertas restantes se les asignará la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:
Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta:
a) Para un número n de ofertas económicas ''contemplables'' mayor o igual que cinco (5):
BO > BR + 4
b) Para un número n de ofertas económicas ''contemplables'' menor que cinco (5):
BO > BM + 4
Se denominan ofertas económicas ''contemplables'', a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, así como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.
Ofj = Importe de la oferta genérica ''contemplable'' j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas ''contemplables'') y
Y contando sólo con dichas n' ofertas, se calculará el valor BR, llamado ''Baja de Referencia'', del modo siguiente:
Dicho valor de BR servirá, cuando n ≥ 5 para determinar los límites de la presunción de anormalidad anteriormente citados.
3.B) Otros criterios de adjudicación.
Para determinar la oferta económicamente más ventajosa se analizarán y puntuarán, en su caso, los siguientes aspectos:
3. B.1) Plazo de ejecución de la prestación objeto del contrato.
3. B.2) Mejora sobre los plazos generales de garantía.
3. B.3) Calidad técnica de la proposición u otros criterios objetivos que, de acuerdo con lo fijado en el propio pliego, permitan una valoración objetiva de la misma.
3. B.4) Mejoras en relación con los medios mínimos materiales y humanos exigidos, en su caso, como requisitos de solvencia en el pliego de condiciones.
3. B.5) Otras mejoras que cumplan los siguientes requisitos: Que sean realizables y añadan valor al contrato y que se presenten debidamente explicadas y razonadas.
Además, estas mejoras no podrán exceder de un 10% de la valoración técnica de la oferta y deberán ser precisadas mediante la fijación de subcriterios que concretarán su contenido.
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la suma de las valoraciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios anteriores y se redondeará al segundo decimal.
a) Las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedarán encuadradas en dos intervalos:
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea inferior a 60 puntos sobre 100.
Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea superior o igual a 60 puntos sobre 100.
b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.
Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un mínimo de 60 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores.
3.C) Evaluación global.
La evaluación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculará con arreglo a la siguiente expresión:
3.C.1) Ponderación de la calidad técnica de la propuesta (X%):
Para la determinación de esta ponderación se empleará la condición:
3.C.2) Ponderación de la oferta económica de la propuesta (Y%):
Y ≥ 60
3.C.3) Puntuación global de las ofertas:
PG = (X/100) PT+ (Y/100) PE
Siendo PT la ''puntuación técnica'' y PE la ''puntuación económica''.
4. Los criterios de adjudicación para los contratos de obras serán:
4.A) Precio del contrato.
BM Baja Media (%), calculada como se indica a continuación.
Dicho valor de BR servirá, cuando n ,≥ 5 para determinar los límites de la presunción de anormalidad anteriormente citados.
4.B) Evaluación de la oferta técnica.
Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizarán y puntuarán, en su caso, los aspectos de la misma que se relacionan seguidamente:
4.B.1) Memoria Constructiva.
Para la Memoria Constructiva de cada propuesta se valorarán los siguientes aspectos:
El análisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para préstamos y vertederos.
Las mejoras en relación con los medios mínimos materiales y humanos exigidos, en su caso, como requisitos de solvencia en el pliego de condiciones.
4.B.2) Programa de trabajo.
Para el Programa de Trabajo de cada propuesta se valorarán los siguientes aspectos:
4.B.3) Calidad a obtener:
Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra; en particular, el plan de control de calidad específico para la obra incluirá al menos los siguientes aspectos:
Organización dedicada al control de calidad del objeto del proyecto.
4.B.4) Programa de actuaciones medioambientales:
4.B.5) Tecnología e I+D+i:
Se valorará la idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra.
En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora del valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.
4.B.6) Solución técnica propuesta (sólo licitaciones con variantes):
Se valorarán las mejoras técnicas, si las hubiere, que introducen las soluciones variantes ofertadas por cada licitador en comparación con la solución técnica del proyecto base cuando así lo prevea el pliego. Cada variante recibirá una puntuación en este criterio superior a la puntuación que se otorgue al proyecto base si ofrece mejoras técnicas sobre éste, a juicio de la Comisión Técnica encargada de analizar técnicamente las ofertas; recíprocamente, una variante cuya solución técnica resulte inferior a la del proyecto base, recibirá en este criterio una puntuación inferior a dicho proyecto base.
4.B.7) Puntuación de los criterios técnicos anteriormente enumerados:
La valoración técnica a alcanzar en cada uno de los criterios será, en general, la siguiente:
Memoria Programa de Trabajo Calidad Programa de Actuaciones medioambientales Tecnología e I+D+i Solución técnica propuesta 5035555– 453055510
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la suma de las valoraciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios anteriores y se redondeará al segundo decimal.
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal, en su caso.
4.C) Evaluación global.
4.C.1) Ponderación de la calidad técnica de la propuesta (X%):
4.C.2) Ponderación de la oferta económica de la propuesta (Y%):
Y ≥ 60.
4.C.3) Puntuación global de las ofertas:
Siendo PT la ''puntuación técnica'' y PE la ''puntuación económica''.»