Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20002936
Timestamp: 2019-07-18 01:10:33
Document Index: 116956787

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 189', 'artículo 189', 'ARTÍCULO 108', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 13', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 108', 'artículo 13', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'ARTÍCULO 294', 'artículo 175', 'artículo 294', 'artículo 251', 'artículo 294', 'artículo 175', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 28', 'artículo 83', 'artículo 28', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 333', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 294', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 11', 'artículo 348', 'artículo 351', 'artículo 350', 'artículo 349', 'artículo 269', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 269', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 102', 'artículo 349', 'ARTÍCULO 454', 'artículo 125', 'e contrario', 'artículo 454', 'artículo 189', 'artículo 454', 'artículo 189', 'artículo 454', 'artículo 189', 'artículo 284', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 29', 'artículo 284', 'artículo 284', 'artículo 284', 'artículo 250', 'artículo 189', 'artículo 294', 'artículo 454', 'artículo 189', 'Artículo 108', 'Artículo 294', 'Artículo 349', 'Artículo 454', 'Artículo 108', 'Artículo 189']

C-059 de 2010
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002936CC-SENTENCIAC059201003/02/2010CC-SENTENCIA_C_059__2010_03/02/2010200029362010Sentencia C-059/10 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración CITACION Y PARTICIPACION DE ASEGURADORA DENTRO DEL PROCESO PENAL -Sólo para efectos de la conciliación es inconstitucional INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ineptitud sustantiva de la demanda respecto de expresiones del artículo 294 de la ley 906 de 2004 UNIDAD NORMATIVA- Integración INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL- Consecuencias Varias son las consecuencias de esa configuración legislativa inspirada en la Constitución: i) El incidente constituye una primera oportunidad judicial como posición jurídica definitiva para hacer efectivo el derecho a la reparación integral de la víctima que, prima facie, contempla la Constitución. Derecho de acceder a la justicia a fin de alcanzar dicho propósito y hacerlo efectivo, como acción de reparación integral, que es también acción civil, al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto penalmente responsable (arts 229 y 250, num 6º y 7º, art. 102 CPP). ii) Otorga un valor adicional a la conciliación en el incidente de reparación integral, pues ella representa uno de los mecanismos que reflejan la fórmula constitucional de la justicia restaurativa, que el Congreso de la República configura dentro del procedimiento de reparación de la víctima a instancias del juez penal (Art. 250, num 7º CP, art. 521 CPP). iii) Los llamados a conciliar, en razón del significado reconocido a esta figura en el incidente, asumen con mayor fuerza vinculante los deberes propios de su condición como partes en el mismo (víctima y condenado o defensor) o como intervinientes (tercero civilmente responsable y aseguradora). Fundados en el respeto al derecho ajeno, en el no abuso de los propios y en el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia (arts. 95, num 1 y 7 CP), tales deberes son el proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad, comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que son citados, entregar a los servidores judiciales los objetos y documentos necesarios para la actuación y los que le fueren requeridos, salvo las excepciones legales, previstos claramente por el Legislador en el mismo Código de Procedimiento Penal (arts. 140, num 1, 2, 6, 9). iv) Con intención evidentemente garantista y producto de la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, faculta al juez penal para propiciar un acuerdo que facilite alcanzar los propósitos del incidente, que son en buena parte los que animan el sistema acusatorio, a saber, el reparar a las víctimas de un delito probado y con un sujeto declarado penalmente responsable, con la mayor agilidad, oportunidad y en las mejores condiciones posibles para todas las partes y ante la misma jurisdicción (art 103 CPP). En su defecto, le impone reconocer y practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el incidente y en definitiva adoptar la decisión que ponga fin al incidente (arts. 104 y 105 CPP) y reconozca la reparación integral (material, moral, simbólica, entre otras) de la víctima del delito. Es decir, la configuración de un incidente principal para que al terminar el proceso penal con sentencia condenatoria, se haga posible la reparación integral de la víctima y la consolidación de los objetivos que animan la justicia restaurativa, a través del acuerdo de voluntades entre aquella y los llamados a responder, o a través del ejercicio de los poderes y competencias de la jurisdictio reconocidas al juez de la causa penal, lo cual se convierte en pieza esencial de la forma como la Constitución prevé en el caso concreto la noción de justicia restaurativa. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Momentos procesales para citar al asegurador TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Operancia PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA Y EL IMPUTADO O ACUSADO -Finalidad PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION -Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal para disminuir la pena/ FISCAL EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA- Labor de adecuación típica con miras a lograr acuerdos/ PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL- Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos/ TIPICIDAD PLENA O TAXATIVIDAD -Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO -Intervención de la víctima PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Configuración El acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Una vez aprobado el acuerdo se convocará a audiencia para dictar la sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la terminación anticipada al proceso ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Características La Corte Constitucional ha considerado en materia de acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente; (iv) la intervención de las víctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia de intereses entre la víctima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene derecho a ser oída e informada acerca de su celebración; (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la víctima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- En toda negociación, los derechos de las victimas deben ser garantizados IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- No puede confundirse en cuanto a sus fines y objeto con aquellos del incidente de reparación integral SUSPENSION DE AUDIENCIA EN JUICIO ORAL- Contenido y alcance PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y CONCENTRACION DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Contenido SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Rasgos esenciales y definitorios PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL- Importancia/ PRINCIPIO DE CONCENTRACION DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL- Importancia /PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LA PRUEBA -Concepto según la doctrina/ PRACTICA DE PRUEBAS ANTICIPADAS-En circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Llamado de atención a las autoridades competentes para la implementación de medios tecnológicos La Corte Constitucional considera pertinente hacer un llamado de atención a las autoridades competentes a efectos de que aseguren la disponibilidad de equipos de audio y video en todos los despachos judiciales encargados de manejar el sistema penal acusatorio, en especial, en regiones apartadas del país. En efecto, la garantía procesal de contar con un juicio oral, precisa que el mismo sea técnicamente filmado, con el propósito de que los jueces superiores, si bien no lo presencian directamente, se puedan hacer una idea lo más fidedigna posible de lo sucedido SUSPENSION DE AUDIENCIA EN JUICIO ORAL- No lesiona el derecho al debido proceso AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO -Repetición debe ser excepcional y fundada en motivos serios y razonables Referencia: expediente D-7844
Marcela Patricia Jiménez Arango.CONSTITUCIONALIDADHumberto Antonio Sierra PortoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108, 294, 349 y 454 (parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189 (parcial) de la Ley 1098 de 2006.D7844Identificadores20020002937true13064Versión original20002937Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108, 294, 349 y 454 (parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189 (parcial) de la Ley 1098 de 2006.
PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION-Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal para disminuir la pena/FISCALEN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Labor de adecuación típica con miras a lograr acuerdos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos/TIPICIDAD PLENA O TAXATIVIDAD-Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos
ARTÍCULO 108. CITACIÓN DEL ASEGURADOR.Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación.
La demandante sostiene que la expresión "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", vulnera el principio de igualdad (art. 13 de la C.N.); el restablecimiento del derecho y la protección de las víctimas (art. 250 de la C.N.), infringiendo además los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sostiene la ciudadana que el segmento normativo acusado establece un trato diferente entre los distintos intervinientes en la actuación penal, concretamente, los denominados terceros y quienes "tienen relaciones civiles para efectos del pago por razones de responsabilidad civil extracontractual, tales como por ejemplo: padres e hijos, patrono-empleado, empresario-dependiente. En efecto, la norma dispone que la compañía aseguradora sólo acudirá a la audiencia de conciliación, pero una vez realizada la misma sale de la escena procesal".
Asegura la demandante que ese "privilegio de ajeneidad" al proceso penal, no lo tienen los demás terceros civilmente responsables (art. 107 del C.P.P.), como por ejemplo, el empleador, el padre, el patrono, o bien la aseguradora del SOAT.
Así las cosas, el aparte acusado establece "un trato diferente, y por lo mismo discriminatorio, en los términos del artículo 13 Superior, para algunos (los que pueden seguir en la actuación penal del incidente de reparación) y favorable para otros (la aseguradora que sale del incidente de reparación y dentro de éstos parece que la aseguradora del SOAT cuando es de ley esa relación)".
Agrega que, no resulta ni razonable ni proporcionado que ante la recontextualización del papel de la víctima en el proceso penal, la ley cohoneste una vía para hacer nugatoria la plena y eficaz indemnización, precisamente a través de la compañía aseguradora que sólo es citada para efectos de la reparación, "pero no queda vinculada para el pago mediante sentencia luego de la contradicción de pruebas".
El interviniente considera que, en el presente caso, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto la Corte en sentencia C-409 de 2009 declaró inexequible la expresión "exclusivamente", en unidad de materia con el segmento normativo "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación", mientras que declaró exequible la expresión "para los efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", en el entendido de que esto no supone que la participación del asegurador se reduzca a conciliar, pues en el evento en que no se llegué a un convenio de reparación, tendrá derecho a adelantar las actuaciones tendientes a proteger civilmente sus intereses en los aspectos atinentes a la cobertura de la póliza, pues su citación al incidente, efectuada con todas las garantías exigidas, lo vincula al mismo y a sus resultas.
La ciudadana alega que la expresión "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103" del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, al prever la citación y participación de la aseguradora dentro del proceso penal sólo para efectos de la conciliación, es contraria a los artículos 13 y 250 Superiores, por cuanto la excluye injustificadamente del correspondiente debate procesal sobre la reparación integral, en abierta discriminación de los demás terceros civilmente responsables y en detrimento directo de los derechos de los afectados y víctimas de la conducta punible. En palabras de la demandante "el apartado demandado establece un trato diferente, y por lo mismo discriminatorio, en los términos del artículo 13 Superior, para algunos (los que pueden seguir en la actuación penal del incidente de reparación) y favorable para otros (la aseguradora que sale del incidente de reparación y dentro de éstos parece que la aseguradora del SOAT cuando es de ley esa relación)".
"Primero: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "Exclusivamente" y "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación" contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión "para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103" del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en este proceso.
"Citar exclusivamente para efectos de conciliación al asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, y que éste cuente con la facultad -que no obligación- de participar en dicha conciliación, ¿atentan contra lo establecido en los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución, al representar una negación del deber de protección de los derechos de reparación integral de las víctimas en cuanto mecanismo de la justicia restaurativa En otros términos, ¿se violan los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución política por la norma que permite que se cite a una aseguradora de responsabilidad en el incidente de reparación integral en el proceso penal, exclusivamente para efectos de la conciliación y dándole la facultad de asistir o no sin que por demás se generen consecuencias jurídicas en su contra
"3.1.5. Conclusiones sobre el contenido del art. 108 del CPP.
v) La citación tiene porfinalidad exclusiva convocar al asegurador para la conciliación, que de no alcanzarse por ausencia de voluntad de éste, o por no acudir a la audiencia respectiva a la que ha sido citado, imposibilita vincularlo a la decisión final del incidente, pues de manera expresa el legislador ha dispuesto su facultad o libertad de participar o no participar en ella.
"Y en efecto, cuando la demanda centra el cargo de inconstitucionalidad aquí recogido en el tratamiento con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos de las víctimas, no se puede entender que sólo está formulando acusación contra el segmento destacado por el actor. Es decir, que la participación voluntaria de la aseguradora sólo para los efectos de la conciliación prevista en el incidente de reparación integral, proviene tanto de la expresión "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", como del predicamento final del art. 108 CPP que establece: "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación".
29. No ocurre lo mismo frente al segmento intermedio, conforme al cual"la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado". En este, aunque se regula otro elemento de la participación del asegurador en el incidente, el aspecto allí tratado hace referencia a las personas o sujetos procesales legitimados para solicitar la citación de aquél, asunto diferente, divisible o separable de los que conforman el problema jurídico propuesto.
"Varias son, entonces, las consecuencias de esa configuración legislativa inspirada en la Constitución:
"Para la Sala, bajo el entendido de que el precepto acusado establece que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral, "exclusivamente" para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no, porque así se ha configurado por el Legislador al señalar expresamente la "facultad" que tiene de participar en aquella, no resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a la reparación integral que propicia el modelo de justicia restaurativa.
57. Es decir que, a pesar de que el Legislador ha previsto como paso último dentro del procedimiento ante el juez penal, la opción de reclamar y hacer allí efectiva la reparación de los daños sufridos por la víctima y causados por el delito comprobado durante el proceso; a pesar de que ha reconocido a la víctima la opción de concretar los términos de la reparación, dentro de los cuales se encuentra la indemnización pecuniaria (art. 103 inc 1º CPP); a pesar de que se establecen garantías para que las partes y el tercero civilmente responsable del art 107 CPP asistan al incidente para atender el reclamo de la víctima; a pesar de que se ha contemplado la conciliación en el incidente de reparación integral como un mecanismo idóneo de justicia restaurativa tendiente a fortalecer las opciones de reparación dentro del sistema procesal penal (art. 521 CPP); a pesar de que exista un contrato de seguro de responsabilidad civil llamado a compensar el daño de la víctima del delito, como figura jurídica constituida precisamente para cubrir la eventualidad de un siniestro y el daño patrimonial que de ahí resulta, de modo eficiente, oportuno y garantista (art. 1127 C.Co); a pesar de que se reconoce al juez penal jurisdictio para tramitar y valorar en el incidente, una petición de reparación y estimar si la misma puede ser cubierta con un contrato de seguro de responsabilidad civil que se ha exhibido o probado en el proceso y cuya parte aseguradora ha sido citada; a pesar de todo ello, la deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con elefecto útil de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal.
Igualmente es de anotar que la disposición acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado a la conciliación y en cuanto además, a ella puede no asistir sin consecuencia alguna sobre sus intereses, rompe el principio hermenéutico decoherencia interna del ordenamiento, tanto infraconstitucional como constitucional, esto es, tanto respecto de los citados preceptos legales que estructuran el incidente, como de los derechos y garantías constitucionales concebidas para proteger a las víctimas del delito, dentro del sistema penal acusatorio y restaurativo.
61. Esta conclusión significa entonces que de cara a la disposición jurídica acusada, se declarará inexequible el adverbio "Exclusivamente" del art. 108 CPP, pues esta palabra excluye, en detrimento de la reparación integral de la víctima, toda otra posible actuación del asegurador en el incidente distinta de la conciliación que él mismo acepte. Es decir que si la aseguradora, una vez citada, decide no asistir, o asiste a la audiencia correspondiente pero no concilia porque no desea hacerlo, aunque exista prueba clara del contrato válidamente celebrado con ella y de que en él se ampara el siniestro y la compensación de la víctima del delito, no puede el juez vincularla en la decisión definitiva del incidente, pues su convocatoria opera "exclusivamente" para efectos de la conciliación.
Por el contrario, al expulsar del ordenamiento jurídico tal adverbio con que se condiciona y limita la intervención de las aseguradoras en el incidente de reparación integral, se elimina dicha restricción ilegítima y contraria a la Constitución y al deber de protección y reparación de las víctimas del delito".
También será declarada inconstitucional la expresión "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación", porque como específica atribución reconocida para la aseguradora, le otorga la libertad positiva y negativa de acudir y actuar en la conciliación y la excluye de lo ordenado en el parágrafo del art. 104 infine, de modo que si no comparece, habiendo sido citado en forma debida, no quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente. Y esta regulación, según se ha expuesto, resulta constitucionalmente inaceptable pues privilegia los intereses de la aseguradora en detrimento de los derechos de las víctimas, pues traiciona la función social del contrato de seguro de responsabilidad civil, al hacer nugatorio el propósito de reparación integral efectiva y oportuna.
62. Resta en lo demás incólume la expresión "para los efectos de la conciliación de que trata el artículo 103". Porque, de conformidad con lo expuesto, la forma como se ordena el incidente de reparación parte del esfuerzo de los interesados en llegar a una conciliación -mecanismo de justicia restaurativa (art. 521 CPP)-, con la cual sea posible redimir el daño causado a la víctima o víctimas del delito.
Como se señaló, la ciudadana acusó la inconstitucionalidad de la expresión "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103" del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, al prever la citación y participación de la aseguradora dentro del proceso penal sólo para efectos de la conciliación, es contraria a los artículos 13 y 250 Superiores, por cuanto, en su sentir, la excluye injustificadamente del correspondiente debate procesal sobre la reparación integral, en abierta discriminación de los demás terceros civilmente responsables y en detrimento directo de los derechos de los afectados y víctimas de la conducta punible.
Como se analizó, la Corte en sentencia C- 409 de 2009 examinó in extenso el contenido y alcance de los artículos 103 y 108 de la Ley 906 de 2004, en punto a la intervención de terceros en el proceso penal, y específicamente, lo atinente a las aseguradoras. En dicha ocasión, fueron retiradas del ordenamiento jurídico aquellas expresiones del artículo 108 del C.P.P. que vulneraban los derechos de las víctimas a ser reparadas integralmente, en tanto que se declaró parcialmente exequible el segmento normativo "para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103" del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en este proceso."
"ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
La ciudadana considera que las expresiones "De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso", del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, vulneran los artículos 250 y 251 Superiores.
Explica a continuación que "de conformidad con la Carta todos, absolutamente todo (sic) los fiscales son delegados del señor Fiscal General de la Nación. Y todos, absolutamente todos los fiscales son competentes para conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de fuero legal".
Indica igualmente que la Fiscalía no tiene competencia, como sí la tienen, por ejemplo, los jueces, y por ello se habla de "juez natural" como garantía del debido proceso (art. 29 superior).
A manera de conclusión señala la ciudadana que "la ley no puede cambiar las reglas de competencia del fiscal indicadas en el canon 251 superior, y como la norma demandada implica la asignación y pérdida de competencia a determinado fiscal es que la misma contraviene el postulado superior".
Aunado a lo anterior, el argumento de la actora no cumple con el requisito de especificidad, porque no explica la razón por la cual el legislador se encontraría impedido constitucionalmente para establecer el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de los términos procesales señalados a la Fiscalía; más bien su argumento resulta ser "vago".
Luego de traer a colación el texto del artículo 251 Superior, señala que la intención que se tuvo con la adopción del Acto Legislativo 03 de 2002 nunca fue la de atar a la Fiscalía con un concepto de competencia. Lo anterior por cuanto "no es ajeno el ente a cuyo cargo se encuentra la función persecutoria del delito a la noción de competencia entendida como asignación funcional. Sería entonces errado considerar que toda noción de competencia se encuentre circunscrita a lo judicial".
Más adelante señala que "exponer que los fiscales no tienen competencia como si la tienen los jueces, por lo cual no la pueden perder se trata de una relación lógica que carece de sustento. Sería tanto como decir que cualquier entidad pública a la cual la Constitución y la ley le asignen funciones, no tiene "competencia" para ejercer tales funciones. Se trata del empleo de una noción de competencia judicial y de poder jurisdiccional en cabeza de los jueces para la realización de una operación lógica que carece de validez."
Concluye diciendo el ciudadano Sanpedro Arrubla que "declarar inexequible el mencionado apartado generaría un despliegue inconstitucional de la norma en su operatividad práctica".
En efecto, explica el Ministerio Público que resulta evidente en la demanda la ausencia de un hilo conductor entre el mandato constitucional que reseña y la consecuencia que le atribuye en relación con los efectos de la norma parcialmente demandada, "sin que se hayan aportado elementos argumentativos mínimos necesarios para configurar siquiera una aparente oposición entre ambos textos normativos, condición sine qua non para que la Corte pueda cumplir con su labor de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta Magna".
La demandante sostiene que, el aparte acusado del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, al prever la pérdida de competencia y consecuente reemplazo del fiscal que no solicitó la preclusión de la investigación ni formuló acusación, habiéndose vencido el término de que trata el artículo 175 del C.P.P., quebranta los artículos 250 y 251 Superiores, por cuanto "de conformidad con la Carta todos, absolutamente todo (sic) los fiscales son delegados del señor Fiscal General de la Nación. Y todos, absolutamente todos los fiscales son competentes para conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de fuero legal". Y más adelante señala que "la ley no puede cambiar las reglas de competencia del fiscal indicadas en el canon 251 superior, y como la norma demandada implica la asignación y pérdida de competencia a determinado fiscal es que la misma contraviene el postulado superior".
Al respecto se tiene que, de manera reiterada, la Corte ha sostenido que las razones expuestas por los demandantes en sede de acción pública de inconstitucionalidad deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, esta Corporación terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional"[1]. De igual manera, se ha entendido que el principio pro actione irradia la comprensión del texto de la demanda.
Así pues, esta Corporación en sentencia C-392 de 2006 analizó la constitucionalidad de la palabra "penal", del tercer inciso del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, debido al supuesto desconocimiento de los artículos 28 y 83 de la Constitución Política. Los cargos de inconstitucionalidad consistieron en que "El artículo 294 de la ley 906 de 2004 desconoce lo establecido en el artículo 28 de la Carta Política, por cuanto ordena investigar penalmente al fiscal que deje vencer los términos para formular la acusación, siendo que la ley no ha tipificado esta conducta como delito. Para el actor, este comportamiento puede dar lugar a una investigación disciplinaria, pero no a un proceso penal. De otra parte, considera el demandante que la norma atenta contra el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, por cuanto presume que el funcionario ha actuado con dolo".
"Por esta razón, la expresión "penal" contenida en la norma demandada, no contradice lo dispuesto en el artículo 28 superior, sino que, por el contrario, contribuye a precisar las circunstancias dentro de las cuales la persona podrá ver limitada su libertad personal, circunstancias que, en el presente caso, estarán asociadas a la presunta comisión de un delito.
"Declarar EXEQUIBLE la expresión "penal" contenida en el inciso tercero del artículo 294 de la ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal."
A su vez, esta Corporación en sentencia C-118 de 2008 examinó, entre otras disposiciones, la constitucionalidad de la palabra "el fiscal", del primer inciso del artículo 294 de la Ley 906 de 2004. En dicha ocasión, el actor sostuvo que su demanda únicamente pretendía cuestionar la validez constitucional de la facultad única y excluyente que tiene la Fiscalía General de la Nación para solicitar la preclusión de la investigación y el impedimento que tiene la defensa para incoar dicha petición al juez de conocimiento. Alegó asimismo como vulnerados, los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte consideró que el cargo no estaba llamado a prosperar por cuanto "la exclusión a la defensa de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación penal deriva de la estructura del sistema penal acusatorio introducido en nuestra legislación mediante el Acto Legislativo número 3 de 2002." Más adelante señaló que "En tal virtud, es razonable dentro del diseño del sistema penal acusatorio que la solicitud de preclusión de la investigación y la consecuente terminación del proceso penal sea una facultad principalmente atribuida a quien tiene a su cargo la investigación del delito, pues en caso contrario el debate respecto de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del imputado se adelantará en la etapa del juicio."
"DeclararEXEQUIBLES las expresiones "el fiscal", contenidas en los artículos 294, inciso 1º; 331, inciso 1º y 332, inciso 1º, de la Ley 906 de 2004 y "previa solicitud del fiscal" y "al fiscal", contenidas en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004".
"La demandante sostiene que el artículo trascrito debe entenderse de la siguiente manera: existe un término de treinta (30) días para que el fiscal del caso solicite la preclusión o formule la respectiva acusación ante el juez de conocimiento; de no hacerlo, perderá competencia, debiendo ser designado un nuevo fiscal. En caso de que este segundo fiscal, en el mismo término procesal, tampoco adopte una decisión en la materia, entonces el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión, al juez de conocimiento. De lo anterior, la ciudadana infiere que el legislador configuró una especie de "preclusión-sanción", esto es, que frente a la inactividad de la Fiscalía los imputados no sólo quedarán en libertad, sino que además se extinguirá a su favor la acción penal. Algunos intervinientes apoyan esta lectura de la norma acusada, señalando que tal situación resulta ser particularmente grave en casos de violaciones a los derechos humanos, en tanto que otros, estiman que se trata de unainterpretación errónea de la norma ya que no necesariamente el juez de conocimiento deberá decretar en estas situaciones la preclusión; tan sólo aquélla se le solicita por vencimiento de términos. La Corte comparte esta segunda interpretación de la norma legal por las siguientes razones.
En este orden de ideas, los argumentos de la demandante según los cuales ciertas expresiones del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 vulnerarían los artículos 250 y 251 Superiores, por cuanto "de conformidad con la Carta todos, absolutamente todo (sic) los fiscales son delegados del señor Fiscal General de la Nación. Y todos, absolutamente todos los fiscales son competentes para conocer de la acción penal de todos los ciudadanos y de aquellos que gozan de fuero legal", no configuran un cargo de inconstitucionalidad por cuanto no se relacionan realmente con el sentido y el alcance que tiene el artículo legal acusado. En efecto, como se explicó, el artículo 294 del C.P.P. regula un supuesto de hecho muy concreto, no habiendo demostrado la ciudadana la existencia de una oposición real entre aquél y los contenidos normativos de los artículos 250 y 251 Superiores. A decir verdad, la demandante no demuestra en qué medida el cambio excepcional de fiscal previsto en la norma acusada vulnera realmente los artículos referentes a las competencias constitucionales asignadas a la Fiscalía General de la Nación (art. 250 Superior) como órgano de investigación y acusación, ni aquéllas acordadas al Fiscal General como director de la Entidad (art. 251 constitucional).
Así las cosas, la Corte se declarará inhibida para proferir un fallo de fondo, por inepta demanda, en relación con las expresiones "De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior" y "En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso", del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.
Explica que, según la norma acusada, donde se obtenga incremento patrimonial la víctima puede ser indemnizada con el reintegro del 50% y con la garantía del recaudo del remanente; "prebenda de la cual no gozan las víctimas de los delitos donde el sujeto agente no obtenga "incremento patrimonial fruto del mismo", con lo cual se incurre en discriminación desfavorable y vulneración del principio de igualdad (art. 13 superior)." A renglón seguido agrega que "Por la indeterminación de la norma, no es claro si la medida procede en eventos de aceptación voluntaria y unilateral de responsabilidad (allanamiento a cargos) o bien por manifestación bilateral de culpabilidad (negociación con la Fiscalía General de la Nación), indeterminación que concita la inconstitucionalidad de la norma. No obstante que la jurisprudencia llegue a la conclusión que la norma no obliga para casos de allanamiento de cargos".
Más adelante, la ciudadana argumenta que "la norma desprotege a otras víctimas de delitos donde el sujeto activo ningún beneficio económico patrimonial obtuvo o bien cuando la víctima es el colectivo social. Esa facilidad de terminación abreviada del proceso y de garantía de indemnización no se predica para las demás víctimas de los delitos donde no se obtenga incremento patrimonial, distinción que no es razonable y además vulnera los derecho (sic) de la víctima, en especial de obtener el "restablecimiento de sus derechos" (art. 250-6 C.Pol modificado por el acto legislativo No 03 de 2002)".
En desarrollo de su argumentación, sostiene que "en delitos de mayor entidad, que por lo general no son los de contenido patrimonial, tales como abusos sexuales, homicidio, y porqué no agregar los atentados contra bienes colectivos, sociales, públicos o de la comunidad, en tales delitos, se repite, el imputado o acusado puede celebrar acuerdos o preacuerdos con la Fiscalía sin que previamente haya pagado al menos el cincuenta por ciento de la indemnización (que no apropiación que no hay) ni garantizado o asegurado el recaudo del remanente, lo cual es un trato desigual que repercute negativamente para los intereses de la víctima; olvidándose que los derechos de la víctima se han reconceptualizado en la Constitución de 1991 ( C- 454 de 2006 y C- 060 de 2008)."
A manera de conclusión sostiene la demandante que "como se ve pues, los intereses de la víctima, en una clase de delitos: en los que el sujeto agente obtiene incremento patrimonial y que por lo general son los atentados contra el patrimonio económico ajeno y que son de interés privado, se ven privilegiados en tanto constituyen una limitación para que sea procedente y viable el acuerdo entre imputado o acusado y la Fiscalía General de la Nación, pues en la medida en que no se cumpla con la doble condición simultánea entonces no se puede celebrar acuerdo o preacuerdo; mientras que para otra clase de delitos y por los misma otra clase de víctimas, el imputado o acusado puede celebrar acuerdo o preacuerdos con la Fiscalía sin indemnizar al menos en el cincuenta por ciento ni garantizar el pago del remanente".
c.Intervenciones ciudadanas y de autoridades públicas.
En este punto se solicita a la Corte producir un fallo inhibitorio, por ineptitud sustancial de la demanda. Lo anterior por cuanto "la demanda no aborda cargos directamente relacionados con una norma constitucional infringida. Por el contrario, la demanda se limita a exponer los diferentes problemas de interpretación que pueden derivarse de la norma acusada".
d.Concepto del Procurador General de la Nación.
Al respecto encuentra que la peticionaria funda sus acusaciones en confundir el reintegro del incremento percibido producto del delito con la indemnización de los daños causados a la víctima de aquél, rubros independientes que tienen naturalezas jurídicas distintas. De esta manera, no es cierto que el artículo 349 del C.P.P. "impida o restrinja el derecho de las víctimas de conductas punibles que no implican un incremento patrimonial a recibir la correspondiente reparación de los perjuicios sufridos. En absoluto, por cuanto dicha norma lo que hace es consagrar un requisito de procedibilidad adicional para la terminación abreviada del proceso penal por acuerdo entre el imputado o acusado y la fiscalía siempre que el mismo haya obtenido una ventaja económica de su comportamiento delictivo, sin que por ello esté anulando la posibilidad que en todos los demás casos se materialicen tales negociaciones sin necesidad de mediar reintegro alguno". Cita al respecto sentencia del 14 de mayo de 2009, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, concluye el Ministerio Público afirmando que, la Corte Suprema de Justicia, al contrastar las figuras del allanamiento de cargos y los acuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, ha destacado que el presupuesto contemplado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 rige sólo para los segundos, "tal como se desprende de la propia literalidad de la norma y como reconoce que está resuelto jurisprudencialmente la propia accionante".
e.Resolución del caso concreto.
La ciudadana argumenta que la anterior norma, que limita la suscripción de acuerdos o negociaciones, termina por desproteger a las demás víctimas en donde el acusado no obtuvo ningún beneficio económico o "cuando la víctima es el colectivo social". En tal sentido, las otras víctimas, por ejemplo aquellas de delitos sexuales u homicidios, no cuentan con esa garantía de indemnización, consistente en la suscripción de acuerdos condicionada al reintegro, al menos, del 50% del valor equivalente al incremento patrimonial y a la garantía del recaudo del remanente.
Siguiendo con la misma lógica, la demandante concluye afirmando que, en todos los delitos que sean contra el patrimonio económico, los victimarios pueden celebrar acuerdos o preacuerdos con la Fiscalía, "sin que previamente haya pagado al menos el cincuenta por ciento de la indemnización (que no apropiación, que no hay), ni garantizado o asegurado el recaudo del remanente, lo cual es un trato desigual que repercute negativamente para los intereses de la víctima".
"La ley ofrece un "premio" (permitir el acuerdo o preacuerdo con la Fiscalía) a quienes atenten, por ejemplo, contra el patrimonio económico, que es la clase de delitos en donde por regla general el sujeto activo obtiene un incremento patrimonial, y que cumplen con la doble y simultánea condición de reintegro y de garantía de pago del remanente, con lo cual se cumple el cometido de la ley de lograr la justa indemnización para la víctima.
Pero la norma desprotege a otras víctimas de los demás delitos, o sea, las víctimas diferentes a los atentados donde no está en juego el patrimonio económico, quienes no podrán ser indemnizadas ni mucho menos que se garantice el remanente; o al menos, no podrán ser indemnizadas previamente al preacuerdo o acuerdo entre imputado o acusado con la Fiscalía General de la Nación."
En este orden de ideas, esta Corporación estima que la demandante si planteó un cargo de inconstitucionalidad, en el sentido de que el legislador habría vulnerado los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las víctimas, al disponer únicamente la improcedencia de la celebración de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado, en los casos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, y hasta tanto se reintegre, "por lo mismo, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente", es decir, la vulneración a la Constitución se presentaría por haber limitado la procedencia de los acuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, a los casos de delitos en los cuales se obtuvo un provecho económico, desprotegiendo de esta manera a las víctimas de delitos mucho más graves.
La norma en cuestión se encuentra ubicada en el Título II del C.P.P sobre "Preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado". En tal sentido, condiciona, que no prohíbe, la suscripción de aquéllos en los casos en que el sujeto activo de la conducta punible hubiese "obtenido incremento patrimonial fruto del mismo". En tales casos, la Fiscalía y la defensa del imputado o acusado, no podrán celebrar acuerdos o negociaciones, hasta tanto se reintegre, por lo menos, el 50% del valor equivalente al incremento percibido, e igualmente, "se asegure el recaudo del remanente".
"Para la Corte es claro entonces, que la posibilidad de renunciar a un juicio público, oral, mediante lacelebración de acuerdos entre la fiscalía y el imputado, así como la aceptación de la culpabilidad al inicio del juicio por parte del acusado, no viola las garantías constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que se actuó en presencia del defensor (negrillas agregadas).
En el mismo fallo, la Corte examinó las facultades con que cuenta el fiscal al momento de celebrar un preacuerdo con la defensa, desde la audiencia de formulación de la acusación, más exactamente, la posibilidad de que "Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena", en los términos del artículo 350.2 de la Ley 906 de 2004. Para esta Corporación, tal facultad se ajusta a la Constitución de manera condicional, por las siguientes razones:
"Es claro, entonces, que cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podrá adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo -preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación- en el que el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal "Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena", no se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma relativa a la posibilidad decelebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal esta referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En efecto,en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal.
La Cortereafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor.
En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 2, del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, que dispone que "Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena", en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente. (negrillas agregadas).
"3.5.2. La intervención de las víctimas en los acuerdos y negociaciones
Pues bien, artículo 11 que tiene el carácter de principio rector del ordenamiento procesal penal establece que el Estado garantizará el derecho de las víctimas a la administración de justicia, en los términos allí predeterminados. En tanto que el literal f) del mismo precepto destaca el derecho de las víctimas "A que se consideren sus intereses al adoptar una de decisión discrecional sobre ejercicio de la persecución del injusto". Si bien como se anotó en aparte anterior los mecanismos de negociación no están fundados en la aplicación de un principio dispositivo sobre la acción penal, sino en el consenso y en la disposición sobre algunos aspectos de la imputación, de sus consecuencias, y de las etapas del procedimiento, su aplicación conlleva a decisiones con enorme impacto sobre los derechos de las víctimas.
Si se observa cuidadosamente el texto de los artículos 348, 350, 351 y 352, todos ellos hacen referencia a la intervención de la Fiscalía y el imputado o acusado en la celebración de los preacuerdos y negociaciones. Las únicas referencias expresas a los derechos de las víctimas se encuentran en el artículo 348 que establece como una de las finalidades de los preacuerdos la de "propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto", y en el artículo 351(inciso 6°) que prevé que "las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes".
En las sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007, con el fin de examinar la constitucionalidad de algunas omisiones legislativas relativas con impacto sobre los derechos de las víctimas, la Corte adoptó una metodología consistente en resolver cuatro preguntas: (i) ¿Se excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de ese presupuesto ; (ii) ¿Existe una razón objetiva y suficiente que justifique esa exclusión ; (iii) ¿Se genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso y (iv) ¿Esa omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador de un deber constitucional, en este caso del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal
(iv) La omisión implica a su vez un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Reitera la Corte que el propio código reconoce el derecho de las víctimas "a ser oídas", y a "que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto" (Art. 11 d) y f) la Ley 906 de 2004).
"En resumen, el acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Una vez aprobado el acuerdo se convocará a audiencia para dictar la sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la terminación anticipada al proceso[2].
"Significa lo anterior, que frente a la violencia intrafamiliar y particularmente frente a delitos de alto impacto como son los sexuales que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los niños, en donde el desequilibrio de poder, temor y vulnerabilidad de las víctimas es evidente, no deben permitirse este tipo de negociaciones entre el fiscal y los acusados. Flaco favor se hacía a la justicia, cuando la pretensión de celeridad y agilidad en el marco del proceso público y oral, propiciaba espacios de desprotección y revictimización de los niños.
"El preacuerdo, para hacer referencia únicamente a la situación planteada en la demanda, tiene como objeto "fijar los términos de la imputación" ( artículo 350 ídem), lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado, en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria, de situaciones que, además de gozar de amparo legal y constitucional, cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el acuerdo debe determinar sin duda alguna la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena. En consecuencia, debe ser objeto convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre otros aspectos, el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad…"
"Para insistir en las previsiones del artículo 349 de la ley 906 de 2004, no en todos los casos en los que se produce un incremento patrimonial producto de la conducta punible existe un correlativo detrimento para una persona determinada, y tampoco en todos los eventos en que esto ocurre es posible realizar actos de disposición.
"Aparece claro que el incidente de reparación integral tiene por objeto primordial lograr el acuerdo del declarado penalmente responsable y de la víctima sobre los daños de todo orden causados con la conducta punible, convenio al que obviamente se llega por la confluencia de voluntades, es decir, porque los dos extremos de la pretensión indemnizatoria concilian sus diferencias, sin que pueda afirmarse que se privilegia alguna de las posiciones para obligar a la otra parte a aceptarla"
"La identidad de las figuras no es completa, porque mientras la reparación del artículo 269 del Código Penal exige la restitución del objeto material del delito o su valor y la indemnización de los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, el reintegro que consagra el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal se limita al valor equivalente al incremento percibido, lo que excluye el monto de los perjuicios causados a la víctima y en general todas aquellas sumas que no ingresaron al patrimonio del imputado o acusado".
"Debe diferenciarse, entonces, en primer lugar, aquellos delitos que afectan el patrimonio económico público de los que lesionan el privado, pues en los primero pues en los primeros no es admisible la conciliación que consolidaría el detrimento del erario.
"En segundo lugar, cabe distinguir las conductas que producen aumento patrimonial en quienes las ejecutan y un simultáneo empobrecimiento de quienes las padecen, como todas las que afectan el patrimonio económico público o privado, de aquellas que sólo representan incremento para el autor, como, por regla general, las vinculadas al tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito de particulares.
"Con estas precisiones, se concluye, frente al artículo 349 de la Ley 906 del 2004, que el valor reintegrable debe ser total cuando el afectado sea el patrimonio público, cuando el incremento no sea correlato del detrimento de un patrimonio y cuando no exista acuerdo con la víctima privada, pero mediando éste se estará a la libre voluntad de las partes. Idéntica solución cabe admitir respecto de la aplicación del artículo 269 del Código Penal, limitada obviamente a los delitos contra el patrimonio económico.
"A pesar de lo anterior, no existe identidad de causa porque mientras la rebaja de pena del Código Penal procede por la sola reparación, la consagrada en el estatuto procesal opera por la aceptación de la responsabilidad penal, aunque mediada por el requisito de procedibilidad del reintegro".
"En tales condiciones, resulta diáfano predicar que en los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, surge indispensable dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en tanto que el presupuesto del reintegro constituye motivo de procedibilidad para culminar con la terminación abreviada del proceso.
En segundo término, la fiscalía confunde la reparación integral con el mentado presupuesto consagrado en el artículo 349 de la Ley 906, en tanto que el primer instituto opera respecto de "los daños causados con la conducta criminal" y se reclama una vez que se ha emitido el sentido del fallo, según lo preceptuado por el artículo 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y a través de un procedimiento contemplado para dicho incidente.
b. La norma no apunta exclusivamente a los delitos contra el patrimonio económico. El artículo 349 del C.P.P. alude a todo delito en el cual el acusado hubiese obtenido un "incremento patrimonial fruto del mismo", situación que se presenta no sólo en el caso de los clásicos delitos contra el patrimonio económico de un particular (vgr. hurto, estafa, abuso de confianza, etc), sino en conductas que atentan contra la administración pública (vgr. peculado, concusión, etc) o contra la salud o seguridad públicas (narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc). En otras palabras, el espectro de perjudicados con la conducta punible, no resulta ser más amplio que aquel señalado por la demandante, sino que algunos casos no existen víctimas directas del delito.
"ARTÍCULO 454 de la Ley 906 de 2004. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.
Dado que la norma prevé la repetición del juicio oral cuando se presente un cambio del juez, la demandante alega vulneración del artículo 125 Superior, por cuanto "si el funcionario judicial que está presidiendo una audiencia pública de juzgamiento o de imposición de sanción, luego de agotado el concurso y el curso-concurso de la Rama Judicial obtiene su ingreso para un cargo superior, entonces tiene dos opciones: una, no acepta para no interrumpir el juicio, en cuyo caso perderá la oportunidad de ascenso pues la prórroga para la posesión no puede ser indefinida según los términos de la Ley 270 de 1996; o en segundo lugar, acepta el nombramiento, en cuyo caso, se debe repetir la audiencia de imposición de sanción. Cuando se repita el juicio, siempre subsistirá la posibilidad de que esa situación se presente con el nuevo juez reemplazante, y así sucesivamente en cuyo caso no podrá terminar el juicio oral, al menos en un plazo razonable como ordena la Carta ( arts. 29 y 228)".
Al respecto concluye afirmando que "en un Estado constitucional el mérito debe ser el único factor determinante que permite el acceso en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en cargos públicos de carrera, y ese es el derecho del cual no se puede privar al funcionario judicial que preside un extenso y prolongado juicio público en materia penal o bien es cambiado en el término de diez días".
En tal sentido, afirma que resulta inconcebible que los avances tecnológicos (audio y video) puedan ser tenidos en cuenta por las instancias superiores (Tribunal de apelación y Corte Suprema de Justicia) al momento de desatar los respectivos recursos, pero no por el propio juez que ha venido presenciando el juicio oral. Sobre el particular, sostiene que "no es posible cumplir con la norma de la Ley Estatutaria si solamente sirve para una misma persona en primera instancia, mientras que en apelación y casación otros sí lo pueden hacer y quienes nunca presenciaron directamente "y en vivo" el desarrollo del debate oral".
Precisamente, son los videos y las grabaciones las que le permiten a los intervinientes en el proceso penal recordar lo acontecido durante el juicio, sin que se justifique tener que repetir la audiencia de juzgamiento debido al cambio de juez. De hecho, los funcionarios de segunda instancia pueden ver videos correspondientes a audiencias que han tenido lugar hace mucho tiempo, motivo por el cual "no se ve razón alguna para que el funcionario de primera instancia no pueda hacerlo cuando pasan varios días del juicio oral o bien cuando es reemplazado por otro funcionario. Así que quien reemplaza al funcionario de primera instancia también puede ver, analizar y estudiar las pruebas practicadas ante su homólogo a quien reemplaza".
De tal suerte que, "la repetición prevista del juicio oral termina siendo una medida desproporcionada, que atenta contra la eficacia de la administración de justicia…la sanción de la repetición del juicio es irrazonable y desproporcionada, así como excesiva, de cara a los adelantos tecnológicos que permiten superar fácilmente esa situación."
De igual manera, sostiene que las normas acusadas desconocen los derechos de las víctimas, por cuanto "en la medida en que se tenga que repetir la totalidad del juicio por cambio de juez o por el simple transcurso de diez días hábiles, los derechos de la víctima se desconocen", generándose una segunda victimización, cuando lo cierto es que se puede acudir a otra vía menos traumática, cual es precisamente la revisión de los audios o videos por el nuevo juez reemplazante. Piénsese, por ejemplo, en un caso de acceso carnal con una menor de edad, quien nuevamente tendrá que rendir su testimonio en el juicio oral.
El interviniente considera que el último apartado de la norma "igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar el juez", debe ser declarado exequible sin condicionamiento alguno. Lo anterior por cuanto "se subsume con absoluta lógica en los principios constitucionales de inmediación y concentración. La Constitución exige como prerrogativa de nuestro modelo de justicia adversarial o acusatoria, que el juicio no esté marcado ni afectado por ningún tipo de dilación injustificada o irrazonable, queriéndose una marcada celeridad en la cual el funcionario judicial esté lo más próximo y cercano posible a todo momento de la práctica de la prueba. De tal forma que se erige como absolutamente excepcional la práctica de pruebas anticipadas, y se prohíben figuras como la prueba trasladada y la comisión para la práctica de pruebas."
Concluye el interviniente sosteniendo que, resulta abierta y manifiestamente contrario al principio de inmediación que un funcionario diferente al que observó la práctica de la prueba resulte valorándola. De allí que, los recursos tecnológicos no sean suficientes para suplir la inmediatez. Con todo, el ciudadano Sampedro plantea un caso exceptivo "si la prueba producida e incorporada ante el juez anterior ha desaparecido por cualquier motivo, y por ende no puede repetirse, debe tenerse como válida ante el nuevo juez. Lo anterior encuentra fundamento en que causaría perjuicios irrazonables y desproporcionados tanto a las víctimas como a la defensa, someterse a un nuevo juicio donde puede haber desaparecido la posibilidad de incorporar nuevamente una prueba, por el hecho de haberse modificado al juez original de la causa".
La Vista Fiscal conceptúa en el sentido de que la Corte debe declarar exequibles las expresiones "Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez", del artículo 454 de la Ley 906 de 2004 y "Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio", del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, bajo el entendido que el juez podrá repetir la audiencia, siempre y cuando justifique en forma razonada y proporcional su decisión.
Así las cosas, concluye que el cambio de juez y la prolongación en el tiempo del juicio oral no conllevan necesaria o automáticamente una repetición del juicio, pues antes de ello debe hacerse uso de los medios tecnológicos de registro y reproducción audiovisual de los que se dispone y que viabilizan la continuidad del juicio, derivada del principio de contradicción. Empero, "si luego de una valoración razonable y proporcional el juez considera menester la repetición del juicio, dicha posibilidad pretende hacer efectivos los principios de inmediación de la prueba y sólo caso a caso podrá determinarse si justificó la dilación del proceso, si comprometió el derecho fundamental al debido proceso o el sentido de la justicia, o inclusive si violentó la dignidad de las partes".
En el caso concreto, la ciudadana demanda las expresiones "Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez", del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, al igual que el segmento normativo "Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio" del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, alegando que las mismas vulneran tanto el derecho que tiene el procesado como las víctimas a un debido proceso sin dilaciones injustificadas (art. 29 Superior). Lo anterior por cuanto, a su juicio, hoy en día se cuenta con medios tecnológicos, tales como videos y audios, que permiten al juez de la causa, o a quien lo reemplace, tener acceso a las pruebas practicadas, sin que sea necesario repetirlas, situación que en ocasiones es imposible (desaparición del material probatorio), o traumático para las víctimas y testigos del proceso.
Las opiniones de los intervinientes coinciden en señalar que la repetición de la respectiva audiencia se justica por cuanto se trata de aplicar los principios de concentración e inmediatez de la prueba, propios de un sistema acusatorio. En tal sentido, por ejemplo, el paso del tiempo o el cambio del fallador justifican, en su opinión, repetir la audiencia de juzgamiento. La Vista Fiscal, por el contrario, si bien reafirma la vigencia e importancia de tales principios procesales, estima que la Corte debe condicionar la exequibilidad de las mencionadas normas acusadas, "bajo el entendido que el juez podrá repetir la audiencia, siempre y cuando justifique en forma razonada y proporcional su decisión." Lo anterior, por cuanto, en su concepto, existirán situaciones en las cuales realmente no se justifica repetir toda una actuación procesal, debido a los traumatismos que ello comporta para la administración de justicia, las partes e intervinientes procesales.
El artículo 454 de la Ley 906 de 2004 se encuentra ubicado en el Título V del C.P.P. titulado "Suspensiones de la audiencia del juicio oral", siendo, a su vez, la única disposición que lo conforma.
Pues bien, la comprensión del segmento normativo acusado según el cual "Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez", pasa por entender que el mismo hace parte de un artículo que regula el principio de concentración de la prueba en el sistema penal acusatorio, según el cual, aquélla debe practicarse durante el juicio oral ante el respectivo juzgador.
Por otra parte, la expresión "Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio", hace parte del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, titulado "Imposición de la sanción", el cual, a su vez, se encuentra ubicado en el Capítulo V sobre "Sanciones".
A semejanza de lo regulado en el C.P.P., en la Ley 1098 de 2006 se prevé que la audiencia del juicio oral deberá ser continua "y privada, so pena denulidad". Se prevé igualmente que si aquélla ni puede ser realizada en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. A renglón seguido, se establece una previsión, que es la acusada, según la cual, la audiencia se puede suspender hasta por días hábiles; en caso de sobrepasarse tal término, se deberá realizar de nuevo toda la audiencia. En otros términos, se consagra el principio de concentración de la prueba, cuya principal manifestación es la consecutividad de la audiencia de juzgamiento, previendo que de llegar a sobrepasarse un término procesal (10 días hábiles) de interrupción de la misma, se deberá repetir todo lo actuado, es decir, una causal objetiva basada en el transcurso del tiempo.
"(a) En cuanto a lasetapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación -encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación[5]. En efecto, bajo el sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado.(negrillas y subrayados agregados).
La ciudadana demanda la inconstitucionalidad de las expresiones "Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías" y "la práctica de una prueba anticipada", de los artículos 16 y 154 del C.P.P. respectivamente, así como la totalidad del artículo 284 de la misma normatividad, por cuanto, a su juicio, constituyen vulneraciones al principio de inmediación de la prueba, consagrado en el nuevo artículo 250.4 constitucional, ya que "lo que el constituyente quiso al constitucionalizar esa expresión es que en presencia del juez de conocimiento desfile toda la prueba y sobre esa universalidad, luego de oír a las partes, decida. Y en cambio con la prueba anticipada, propuesta por el legislador, se propone que prueba que no ha sido practicada de frente al juez que decide, la tenga en cuenta para fundamentar su decisión final". En otras palabras, la demandante plantea un cargo de inconstitucionalidad global según el cual la figura de la prueba anticipada es inconcebible en un sistema procesal acusatorio, y por ende, los artículos legales que la regulan resultarían ser contrarios a la Constitución.
En efecto, las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio depermanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral.
En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente "pruebas", salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. En el escrito de acusación, el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de una audiencia de formulación de acusación, el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo, incluyendo los elementos favorables al acusado. A su vez, podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Posteriormente, en el curso de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al juez de conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral, pudiendo solicitársele la aplicación de la regla de exclusión. Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia.
En efecto, elprincipio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer como aquella posibilidad "que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal"[6]. De tal suerte que, la aplicación del mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin[7], el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se puedan practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las garantías procesales[8].
Ahora bien, el examen de constitucionalidad de las pruebas anticipadas en el nuevo C.P.P. debe realizarse, no sólo frente a la expresión "con inmediación de las pruebas" del artículo 250.4 Superior, como lo pretende la demandante, sino además tomando en consideración otros artículos de la Constitución como el 29 y el 250.1.
En tal sentido, el artículo 29 dispone que toda persona tiene derecho a "presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra", e igualmente que "es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso". De allí que, en materia probatoria, rigen los principios de legalidad de la prueba, contradicción y publicidad, los que se cumplen respecto de la practica de pruebas anticipadas según lo dispone el artículo 284 del C.P.P., y por lo tanto, la posibilidad de la práctica de éstas pruebas anticipadas es una particularidad de nuestro sistema procesal penal, que se ajusta a la Constitución como pasa a explicarse.
En tal sentido, la regulación legal de la prueba anticipada también se ajusta al principio de contradicción por cuanto el artículo 284.4 del nuevo C.P.P. dispone que la misma se debe practicar en audiencia pública "y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en juicio". De igual forma, de conformidad con el segundo parágrafo de la misma norma, contra la decisión de practicar una prueba anticipada "proceden los recursos ordinarios", y si ésta es negada, la parte interesada podrá acudir de inmediato, y por una sola vez, ante otro juez de control de garantías con el propósito de que éste reconsidere la medida, no siendo su decisión objeto de recurso.
Además, en atención al tercer parágrafo del artículo 284 del C.P.P., de ser posible, el juez ordenará larepetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.
"La implementación del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria implicó cambios estructurales en el sistema de investigación, acusación y juzgamiento. Uno de ellos, fue precisamente en materia del descubrimiento de las pruebas al señalar el inciso final del artículo 250 Constitucional, que "En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado", lo cual implica que las pruebas habrán de practicarse dentro de la etapa de juzgamiento con todas las garantías procesales propias como las de publicidad y contradicción.
"Ab initio, se hace necesario recordar las características del procedimiento consagrado por el nuevo sistema para la celebración de la audiencia pública en el juicio oral, como punto de partida fundamentado en las finalidades de la casación.
"Específicamente el artículo 189 de la Ley de Infancia y Adolescencia establece que la "audiencia de juicio oral debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio".
Desde luego, tal alcance del principio de concentración no precisa necesariamente de la realización del juicio oral en una sola audiencia y en un solo día, pues al utilizar el término "no puede realizarse en una sola jornada", el legislador condicionó tal acontecer a que estén dadas las circunstancias para ello, esto es, siempre que sea posible en el contexto real donde se desarrolle dicha diligencia, por ejemplo, ponderando la complejidad del asunto, la cantidad de pruebas admitidas que deban practicarse, la necesidad de conducir a testigos renuentes, la inasistencia de los sujetos sin cuya presencia no resulta viable surtir el juicio, amén de las obligaciones del funcionario respecto de otros trámites cursantes en su despacho.
También fue voluntad del legislador evitar que mediara en la realización de cada una de las sesiones del juicio oral un tiempo capaz de configurar una dilación injustificada, motivo por el cual dispuso que la suspensión fuera en "un plazo máximo de 10 días hábiles", siempre que ello obedezca a circunstancias especiales que lo justifiquen.
En el caso concreto, como se ha explicado, la demandante acusa unas disposiciones del C.P.P. y de la Ley 1098 de 2006, referidas a la obligación de repetir la audiencia de juzgamiento cuando quiera que se presenten circunstancias que afecten el recuerdo de lo sucedido en el fallador, o, más grave aún, este ni siquiera haya presenciado la prácticas de las pruebas por cuanto acaba de asumir el conocimiento del caso. Para la ciudadana, tales previsiones lesionan el derecho al debido proceso del procesado, y en especial, aquél de las víctimas, por cuanto la repetición de juicio, no sólo constituye una dilación injustificada, sino que además puede "revictimizarlas", por cuanto se verían obligadas a volver a declarar. Además, insiste en la existencia de medios tecnológicos que permiten acercar al fallador a lo sucedido, sin que se justifique repetir la audiencia. No comparte la Corte tales argumentaciones, por las razones que pasan a explicarse.
SEGUNDO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, en relación con las expresiones "De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior" y "En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso", del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones "Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez", del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, y "Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio" del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006, por los cargos analizados.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 108 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida por ineptitud de la demanda (expresión ) Artículo 294 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 349 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... Artículo 454 LEY_906_2004_31/08/2004
Estarse a lo resuelto Artículo 108 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... Artículo 189 LEY_1098_2006_08/11/2006
[5] En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo se expresó: "...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos procesales -defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…"
[8] En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell "Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación exigen distinguir entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales", en "Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español", en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004, p. 58.