Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0262_ES.html
Timestamp: 2020-08-10 09:55:10
Document Index: 67320325

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 258', 'artículo 4', 'artículo 41', 'artículo 298', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 298', 'artículo 227']

INFORME sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014
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sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014
– Visto el trigésimo segundo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión (2014) (COM(2015)0329),
– Visto el informe de la Comisión titulado «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),
– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,
– Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación,
– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE(1),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones (A8-0262/2016),
A. Considerando que el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la función principal de la Comisión es ser «guardiana de los Tratados»;
B. Considerando, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, y está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta);
C. Considerando que, de conformidad con el artículo 258, párrafos primero y segundo, del TFUE, la Comisión emitirá un dictamen motivado si considera que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, y podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Estado miembro en cuestión no se atuviera a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión;
D. Considerando que el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establece la puesta en común de información relativa a todos los procedimientos de infracción basados en escritos de requerimiento, pero no cubre el proceso informal de Pilot UE, que precede a la incoación de procedimientos formales de infracción;
E. Considerando que la Comisión invoca el artículo 4, apartado 3, del TUE, y el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros para cumplir su deber de discreción para con los Estados miembros durante los procedimientos de Pilot UE;
F. Considerando que con los procedimientos de Pilot UE se busca una cooperación más estrecha y coherente entre la Comisión y los Estados miembros a fin de corregir las infracciones del Derecho de la Unión, en la medida de lo posible, en una fase temprana, sin necesidad de iniciar un procedimiento formal de infracción;
G. Considerando que en 2014 la Comisión recibió 3 715 denuncias relativas a posibles infracciones del Derecho de la Unión, y que los Estados miembros contra los que más denuncias se presentaron fueron España (553), Italia (475) y Alemania (276);
H. Considerando que en 2014 la Comisión incoó 893 nuevos procedimientos de infracción, siendo Grecia (89), Italia (89) y España (86) los Estados miembros con más casos de infracción abiertos;
I. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y el artículo 298 del TFUE dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;
1. Recuerda que, de conformidad con el artículo 17 del TFUE, la Comisión es responsable de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 6, apartado 1, del TEU), cuyas disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión;
2. Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, pero señala que esta circunstancia no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando elaboran normas de Derecho derivado;
3. Subraya el papel esencial de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual; pide a la Comisión que continúe desempeñando un papel activo en el desarrollo de distintas herramientas destinadas a mejorar la aplicación, la observancia y el control del cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que proporcione, en su próximo informe anual, datos sobre la aplicación de los reglamentos europeos, además de los datos sobre la aplicación de las directivas;
4. Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, y destaca que estos también respetar plenamente los valores y derechos fundamentales consagrados en los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando aplican el Derecho de la Unión; recuerda que la supervisión y la evaluación de la aplicación del Derecho de la Unión corresponde a la Comisión; reitera su petición a los Estados miembros de que, con tal fin, hagan uso sistemáticamente de las tablas de correspondencia, pero señala que esto no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando establecen normas de Derecho derivado; recuerda la necesidad de hacer uso de sus informes de aplicación relativos a las legislaciones sectoriales;
5. Reconoce que el Parlamento también desempeña un papel crucial a este respecto, al ejercer un control político de la actuación de la Comisión en materia de vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión, supervisando los informes anuales sobre la aplicación de este y aprobando las resoluciones parlamentarias pertinentes; propone que el Parlamento contribuya en mayor medida a la rápida y correcta transposición de la legislación europea compartiendo la experiencia obtenida en el proceso decisorio legislativo a través de vínculos preestablecidos con los Parlamentos nacionales;
6. Señala que la transposición correcta y dentro de plazo de la legislación de la Unión a la legislación nacional y un marco legislativo nacional claramente definido deberían ser una prioridad para los Estados miembros, con el fin de evitar infracciones del Derecho de la Unión y hacer llegar a los ciudadanos y a las empresas los beneficios esperados gracias a su aplicación eficiente y efectiva;
7. Destaca la importancia de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la elaboración de la legislación y en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; señala que la Comisión ha reconocido esta importancia de las partes interesadas al poner en marcha en 2014 nuevos instrumentos que facilitan este proceso; alienta a las partes interesadas a mantener su vigilancia en el futuro a este respecto;
8. Reconoce que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión contribuye a reforzar la credibilidad de sus instituciones; aprecia la importancia atribuida en el informe de la Comisión a las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que constituyen un derecho fundamental consagrado en el Tratado de Lisboa, un elemento importante de la ciudadanía europea y un valioso instrumento secundario de control de la aplicación del Derecho de la Unión y de detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por parte de los ciudadanos de sus opiniones y experiencias, junto a las elecciones y los referendos, que siguen siendo su vía principal de expresión democrática;
9. Considera que los plazos poco realistas para aplicar la legislación pueden derivar en la imposibilidad de cumplirlos por parte de los Estados miembros, lo que equivale a consentir tácitamente su aplicación tardía; pide a las instituciones europeas que acuerden calendarios más apropiados para la aplicación de los reglamentos y las directivas, teniendo debidamente en cuenta los periodos necesarios para la consulta y el control; considera que la Comisión debe presentar los informes, estudios y revisiones legislativas en los plazos acordados por los colegisladores y con arreglo a lo dispuesto en las normas correspondientes;
10. Celebra que el nuevo Acuerdo institucional sobre la mejora de la legislación contenga disposiciones destinadas a mejorar la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión y a fomentar una cooperación más estructurada a este respecto; apoya el llamamiento hecho en el Acuerdo a una mejor detección de las medidas nacionales que no están relacionadas estrictamente con la legislación de la Unión (práctica conocida como sobrerregulación); destaca la importancia de mejorar la transposición y la necesidad de que los Estados miembros comuniquen e indiquen con claridad las medidas nacionales que complementan las directivas europeas; recalca que, al aplicar el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben abstenerse de añadir obstáculos innecesarios a la legislación de la Unión, lo que conduce a una idea equivocada de la actividad legislativa de la Unión y aumenta el escepticismo injustificado de los ciudadanos frente a la Unión; señala, no obstante, que lo anterior no afecta en modo alguno a la prerrogativa de los Estados miembros de adoptar a escala nacional normas sociales y ambientales más rigurosas que las acordadas a escala de la Unión;
11. Destaca que el Parlamento debe desempeñar un papel más destacado en el análisis del cumplimiento del Derecho de la Unión por parte los países en vías de adhesión y los países con los que se han celebrado acuerdos de asociación; propone, a este respecto, prestar a estos países una asistencia adecuada mediante una colaboración continua con sus Parlamentos nacionales en lo relativo al respeto y a la aplicación del Derecho de la Unión;
12. Propone que el Parlamento elabore genuinos informes, y no meras resoluciones, sobre todos los países candidatos a raíz de los informes de situación anuales que publica la Comisión, con objeto de brindar a todas las comisiones implicadas la posibilidad de emitir opiniones; considera que la Comisión debe seguir publicando informes de situación de todos los países de la vecindad europea que hayan firmado acuerdos de asociación, para que el Parlamento realice una evaluación rigurosa y sistemática del progreso realizado por dichos países en la aplicación del acervo de la Unión en la medida que sea relevante para la agenda de asociación;
13. Acoge con satisfacción el trigésimo segundo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el medio ambiente, el transporte y el mercado interior y los servicios fueron los ámbitos de intervención en los que más procedimientos de infracción seguían abiertos en 2014; observa asimismo que el medio ambiente, la salud, la protección de los consumidores, la movilidad y el transporte volvieron a ser los ámbitos de intervención en los que más casos de infracción se iniciaron en 2014; alienta a la Comisión, a fin de garantizar la transparencia interinstitucional, a que ofrezca un mejor acceso del Parlamento Europeo a los asuntos de infracción del Derecho comunitario;
14. Toma nota de que en el informe anual se constata la «disminución general del número de procedimientos formales de infracción en los últimos cinco años», y de que, según la Comisión, esta circunstancia refleja la eficacia del diálogo estructurado que se mantiene con los Estados miembros a través de Pilot UE; considera, no obstante, que la disminución registrada en los últimos años y la que probablemente se registre en los próximos años se debe principalmente a que la Comisión presenta cada vez menos propuestas legislativas; señala que la Comisión no realiza procedimientos de Pilot UE en los casos de transposición tardía de las directivas;
15. Recuerda que esta evaluación ex post no exime a la Comisión de su obligación de controlar de manera efectiva y en un plazo razonable la ejecución y aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el Parlamento podría ayudar en la revisión de la aplicación de la legislación mediante el control de la Comisión;
16. Toma nota de que, según el informe anual, el aumento del número de nuevos expedientes de Pilot UE durante el período examinado y la disminución del número de asuntos de infracción abiertos demuestran la utilidad del sistema de Pilot UE, el cual ha tenido un efecto positivo al promover un control más eficiente del cumplimiento del Derecho de la Unión; reitera, no obstante, que el control del cumplimiento de la legislación de la Unión no es lo suficientemente transparente ni está sujeto a un verdadero escrutinio por parte de los denunciantes y de las partes interesadas, y lamenta que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, el Parlamento siga sin tener un acceso adecuado a la información sobre el procedimiento de Pilot UE ni a los asuntos pendientes; pide a la Comisión, en este sentido, que ofrezca una mayor transparencia en lo que respecta a la información sobre el procedimiento Pilot UE, así como sobre los asuntos pendientes;
17. Considera que las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Derecho de la Unión deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben tener en cuenta los casos recurrentes de incumplimiento en el mismo ámbito, y que se han de respetar los derechos que la legislación atribuye a los Estados miembros;
18. Señala que en una Unión Europea basada en el Estado de Derecho y en la certeza y previsibilidad de las leyes, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a ser los primeros en conocer de manera clara, accesible, transparente y rápida (mediante internet y otros medios) si se han adoptado normas nacionales mediante transposición de la legislación de la Unión, cuáles son estas normas y cuáles son las autoridades nacionales responsables de su correcta aplicación;
19. Pide a la Comisión que conecte entre sí todos los diferentes portales, puntos de acceso y sitios web de información en un único portal que ofrezca a los ciudadanos un acceso fácil a los formularios de denuncia en línea y una información de fácil comprensión sobre los procedimientos de infracción; pide asimismo a la Comisión que incluya en su próximo informe de control información más detallada sobre el uso de dichos portales;
20. Pone de relieve que el deber de cooperación leal entre la Comisión y el Parlamento es una obligación que recae sobre ambas instituciones; pide, por consiguiente, que se revise el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para permitir que la información sobre los procedimientos de Pilot UE se transmita mediante un documento (confidencial) a la comisión del Parlamento Europeo que sea competente de la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión;
21. Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 2013, el Parlamento pidió la adopción de un reglamento de la Unión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se aprobó por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra y 12 abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en respuesta a la solicitud del Parlamento; pide a la Comisión que vuelva a examinar la Resolución del Parlamento con el fin de formular una propuesta de acto legislativo relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo;
22. Lamenta, más en concreto, que no se haya dado seguimiento a su petición de normas vinculantes en forma de reglamento que definan los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este —incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de motivación y el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con el fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia;
23. Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo que ha decidido elaborar un verdadero proyecto de reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que sirva de «fuente de inspiración» a la Comisión, no con el fin de poner en entredicho el derecho de iniciativa de la Comisión, sino con el de demostrar que la adopción de dicho reglamento sería a la vez útil y viable;
24. Considera que la intención de ese proyecto de reglamento no es sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla cuando se detecten lagunas o surjan problemas de interpretación, y aportar mayor accesibilidad, claridad y coherencia a la interpretación de normas existentes en beneficio tanto de los ciudadanos y las empresas como de la administración y su personal;
25. Pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento Europeo hasta la fecha en este ámbito;
26. Recuerda que las instituciones de la Unión están sujetas a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también cuando actúan como miembros de grupos de prestamistas internacionales («troikas»);
27. Pide a la Comisión que haga del cumplimiento del Derecho de la Unión una verdadera prioridad política que deberá perseguirse en estrecha colaboración con el Parlamento, que a su vez tiene el deber de a) exigir responsabilidad política a la Comisión y b), en su calidad de órgano colegislador, asegurarse de que se le informe plenamente con miras a la mejora constante de su labor legislativa;
28. Apoya la creación de un procedimiento dentro del Parlamento para hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros que pueda analizar la cuestión del incumplimiento respecto de un país concreto y que tenga en cuenta el hecho de que las comisiones permanentes competentes del Parlamento hacen un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión dentro de sus ámbitos de competencia respectivos.
29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, así como a los Parlamentos nacionales.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0322.
El trigésimo segundo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión contiene, una vez más, información interesante sobre la transposición efectiva y la aplicación práctica del Derecho de la UE. Así pues, el informe muestra que el medio ambiente, el transporte, el mercado interior y los servicios son los ámbitos en los que más procedimientos de infracción seguían pendientes en 2014. El informe anual subraya asimismo que el número de procedimientos formales de infracción ha disminuido en los últimos cinco años. Según la Comisión esto refleja la eficacia del diálogo con los Estados miembros en el marco del procedimiento EU Pilot. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Parlamento aún tiene un acceso más bien limitado a las informaciones sobre el procedimiento EU Pilot y sobre los casos en curso, resulta difícil evaluar en qué medida la reducción de los procedimientos formales por infracción refleja en realidad un mejor cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros, más que soluciones de consenso entre la Comisión y los Estados miembros. Una conclusión que se puede extraer de este informe es, por consiguiente, que el cumplimiento del Derecho de la UE aún no es lo suficientemente transparente. En este contexto, la ponente considera que las propuestas presentadas por el nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo creado por la Comisión de Asuntos Jurídicos podrían proporcionar una valiosa inspiración para la Comisión, ya que muestran que la adopción de un reglamento sobre el procedimiento administrativo de la propia Administración de la Unión sería a la vez útil y viable. La ponente opina asimismo que el Parlamento puede y debería desempeñar un papel más estructurado en el análisis del modo en que los países en vías de adhesión y los países con acuerdos de asociación con la Unión Europea respetan el Derecho de la Unión así como en el desarrollo de un apoyo adecuado a dichos países a este respecto.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (28.4.2016)
Ponente de opinión: Ramon Tremosa i Balcells
A. Considerando que en 2014 la Comisión recibió 3 715 denuncias relativas a posibles violaciones del Derecho de la Unión, y los Estados miembros contra los que más denuncias se presentaron fueron España (553), Italia (475) y Alemania (276);
B. Considerando que en 2014 la Comisión incoó 893 nuevos procedimientos de infracción, siendo Grecia (89), Italia (89) y España (86) los Estados miembros con más casos de infracción abiertos;
C. Considerando que entre 2010 y 2014 se incoaron 3 550 procedimientos de infracción por la transposición tardía por parte de los Estados miembros de 439 directivas, lo que arroja una media de ocho Estados miembros que hubiesen incumplido cada una de las directivas adoptadas durante ese periodo; y que los Estados miembros más afectados fueron Bélgica (36 procedimientos), Rumanía (34 procedimientos) y Eslovenia (26 procedimientos)(1);
1. Opina que las deficiencias en la aplicación por los Estados miembros del Derecho de la Unión, así como las medidas insuficientes de seguimiento por la Comisión, socavan sistemáticamente la eficacia del propio Derecho de la Unión; señala que la falta de aplicación y los incumplimientos desempeñan un importante papel en varias crisis europeas y generan inequidad en las condiciones de competencia dentro del mercado único, y destaca que la mejora de la aplicación de la legislación de la Unión puede reforzar la confianza de los ciudadanos de la Unión en los fines y objetivos de esta;
2. Considera que los plazos poco realistas para aplicar la legislación pueden derivar en la imposibilidad de cumplirlos por parte de los Estados miembros, lo que constituye una aprobación tácita de los retrasos en la aplicación; pide a las instituciones europeas que acuerden unos calendarios más apropiados para la aplicación de los reglamentos y las directivas, teniendo debidamente en cuenta los periodos necesarios para la consulta y el control; considera que la Comisión debe entregar los informes, estudios y revisiones legislativas en las fechas acordadas por los colegisladores y con arreglo a lo dispuesto en la legislación pertinente;
3. Pide a la Comisión que prevea para cada dirección general una página web con la lista de los Estados miembros que no hayan transpuesto directivas o no hayan cumplido decisiones y reglamentos; opina que se debería actualizar con periodicidad mensual indicándose las directivas que no se hayan sido transpuesto y las decisiones y reglamentos que se hayan incumplido;
4. Considera que la Comisión debe encarar de manera más enérgica los casos de transposición inadecuada de directivas, para abarcar los comportamientos de los Estados miembros tanto involuntarios como voluntarios;
5. Considera que la Comisión tiene el deber de oponerse a que las dos ramas legislativas de la adopción de decisiones a nivel europeo dejen sin determinar elementos sustantivos para que estos se decidan mediante actos delegados o de ejecución durante el proceso de codecisión, dada la inseguridad jurídica y los posibles riesgos, peligros y complicaciones que se pueden derivar de ello;
6. Observa con preocupación que hay once directivas en materia financiera y bancaria que todavía no han sido transpuestas por uno o varios Estados miembros, que Alemania es el único país que ha transpuesto toda la legislación vigente en este ámbito, y que Austria es el único país del resto de Estados miembros con menos de tres directivas por transponer(2);
7. Señala que en once Estados miembros aún no se ha aplicado correctamente la Directiva sobre la morosidad, y que en Italia, Chipre, España, Portugal y Grecia la situación es más grave, con una demora en los pagos entre empresas(3) muy superior a la media(4), lo que genera problemas adicionales para las pymes;
8. Señala además que la Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros y la Directiva sobre los derechos de los consumidores todavía no han sido transpuestas por todos los Estados miembros(5); pide a la Comisión que emprenda un seguimiento más estrecho de los impuestos y los aranceles aduaneros relacionados con los casos de ayudas estatales por tratarse de uno de los cuatro ámbitos políticos en los que más procedimientos de infracción se incoaron en 2014;
9. Recuerda que el incumplimiento de los criterios de Maastricht y la indulgencia y discrecionalidad de la Comisión y del Consejo en la aplicación de lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) contribuyeron a la aparición de la crisis europea de la deuda soberana a raíz de la crisis financiera mundial; manifiesta su preocupación ante el incumplimiento continuado y la aplicación irregular de las normas del PEC, al tiempo que señala que las normas actuales han de aplicarse recurriendo a las cláusulas de flexibilidad en vigor; pide a la Comisión y al Consejo que adopten una actitud más activa con respecto a la aplicación del procedimiento de desequilibrio macroeconómico y, en particular, en lo relativo a la prevención eficaz de los desequilibrios macroeconómicos y financieros graves;
10. Señala que en 2014 únicamente 10 de las 157 recomendaciones principales dirigidas a los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo fueron aplicadas plenamente o registraron progresos significativos(6); pide, a este respecto, que se sigan las recomendaciones relativas al Semestre Europeo que contiene el Informe de los cinco presidentes para la profundización en la UEM, a saber, unas recomendaciones específicas por país más concretas y ambiciosas y más énfasis en las prioridades establecidas, dejando a los Estados miembros el margen de maniobra necesario a la hora de aplicar dichas recomendaciones, así como una utilización más sistemática del enfoque relativo a la información, la revisión paritaria y «cumplir o dar explicaciones» al objeto de garantizar una correcta aplicación y un debate público más amplio que desemboque en una mayor responsabilización nacional;
11. Destaca que, en el caso de los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro o que participan en la unión bancaria, es indispensable que transpongan la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias para que el Mecanismo Único de resolución sea operativo, ya que, en muchos casos, las decisiones de la Junta Única de Resolución han de ejecutarse sobre la base de la transposición de la mencionada Directiva en la legislación nacional(7);
12. Toma nota de que el 22 de octubre de 2015 la Comisión llevó a seis Estados miembros(8) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias;
13. Se muestra muy preocupado porque diez Estados miembros siguen sin aplicar la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos(9), y pide a la Comisión que garantice su aplicación; pide, en consecuencia, que se aplique oportunamente la legislación vigente sobre la unión bancaria y se mejore el diálogo con los expertos del sector y las organizaciones de consumidores para evaluar la repercusión y la eficacia de la legislación adoptada;
14. Acoge con satisfacción las primeras propuestas de la Comisión en el ámbito de la unión de los mercados de capitales, y destaca la importancia que reviste el fomento de mayores inversiones en la economía real;
15. Considera que la falta de un adecuado intercambio de información en el marco de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad dio lugar a las malas prácticas que estuvieron en el origen del asunto LuxLeaks y otras prácticas fiscales abusivas en otros Estados miembros;
16. Pide a la Autoridad Bancaria Europea que estudie si los sistemas bancarios de los Estados miembros que no cumplen ni la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias ni la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos son víctimas de una desventaja competitiva;
17. Observa con decepción que, debido a la incapacidad de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y de la Comisión para elaborar y adoptar las necesarias medidas de nivel 2 dentro del plazo que se había fijado, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario proponer el aplazamiento en un año de la entrada en vigor de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) y de su correspondiente Reglamento MiFIR, así como aplazar de igual modo la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento sobre abuso de mercado (RAM) y del Reglamento sobre depositarios centrales de valores (CSDR);
18. Pide a la Comisión que incoe procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros que se hayan negado abiertamente a hacer efectivas las obligaciones derivadas de las Decisiones del Consejo (UE) 1601/2015 y (UE) 1523/2015, de 14 y 22 de septiembre de 2015 respectivamente, las cuales establecen un sistema de cuotas obligatorias para la acogida de refugiados;
19. Estima que la Comisión debe proponer, cuando sea posible y proporcionado, más reglamentos y menos directivas para asegurar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros en cuanto a la legislación, especialmente en el caso de la legislación de la Unión relacionada con el mercado único, teniendo presente también que la forma de los textos jurídicos debe corresponderse con los objetivos y fines de las propuestas;
20. Opina que las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Derecho de la Unión deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, así como tener en cuenta los casos recurrentes de incumplimiento en el mismo ámbito, y que se han de respetar los derechos legales de los Estados miembros;
21. Considera que el número de procedimientos por incumplimiento formales también ha disminuido a consecuencia de la eficacia del diálogo estructurado con los Estados miembros a través de la aplicación EU Pilot;
22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para mejorar el acceso a la información sobre la aplicación del Derecho de la Unión; anima a que se incrementen los esfuerzos para mejorar la transparencia;
23. Apoya el establecimiento dentro del Parlamento de un proceso estándar estructurado para el control de la aplicación del Derecho de la UE en los Estados miembros que permita analizar la cuestión del incumplimiento por país y en el que se tenga en cuenta que las comisiones permanentes competentes del Parlamento llevan un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión dentro de sus ámbitos de competencia respectivos.
Los datos recogidos en los considerandos A, B y C proceden del informe de la Comisión titulado «Control de la aplicación del Derecho de la Unión - Informe anual de 2014» (9.7.2015).
Resultan especialmente preocupantes los casos de incumplimiento de Polonia (diez), Luxemburgo (nueve), y Eslovenia, España y Estonia (ocho cada uno).
Business-to-business (de empresa a empresa).
Véase «Transposition and implementation of the Directive on Late Payments in Commercial Transactions» (Transposición y aplicación de la Directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales), DG de Servicios de Estudios Parlamentarios.
Comisión Europea – Control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014, pp. 19-20, http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/com_2015_329_es.pdf.
Un porcentaje de cumplimiento de aproximadamente el 6,5 % (Zsolt Darvas y Álvaro Leandro: «The limitations of policy coordination in the euro area under the European Semester», Bruegel, noviembre de 2015).
Comunicado de prensa de la Comisión, de 22 de octubre de 2015, relativo a la decisión de llevar a seis países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias.
La República Checa, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia.
Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Suecia: Comunicado de prensa de la Comisión del 10 de diciembre de 2015.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (18.2.2016)
Ponente de opinión: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
1. Destaca que la Comisión tiene el poder y el deber de supervisar la aplicación del Derecho de la UE y de incoar procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que incumplan las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados; pide, no obstante, a la Comisión que, antes de incoar procedimientos formales de infracción, conceda prioridad a la iniciativa EU Pilot y entable un proceso de diálogo con los Estados miembros; recuerda a estos que el Derecho de la UE es parte integrante de su Derecho nacional y que son responsables de su correcta aplicación;
2. Señala que la transposición correcta y oportuna de la legislación de la UE a la legislación nacional y un marco legislativo nacional claramente definido deberían ser una prioridad para los Estados miembros, con el fin de evitar infracciones del Derecho de la Unión y aportar a los ciudadanos y a las empresas los beneficios que cabe esperar de su aplicación eficiente y efectiva;
3. Destaca el importante papel que desempeñan los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la elaboración de la legislación y en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y la aplicación del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros; toma nota del reconocimiento por la Comisión del papel de las partes interesadas en la introducción en 2014 de nuevos instrumentos que facilitan este proceso; alienta a las partes interesadas a mantener, a este respecto, su vigilancia en el futuro;
4. Destaca que en 2014 se registraron 3 715 nuevas denuncias, y que la Comisión recibió el mayor número de nuevas denuncias (666) desde 2011 en los ámbitos del empleo, los asuntos sociales y la inclusión(1); recuerda que las carencias en la aplicación, o la aplicación incorrecta o inexistente, de la legislación de la UE por los Estados miembros anula la eficacia de dicha legislación, reduce notablemente los derechos sociales y laborales y puede requerir medidas adicionales a nivel de la UE, respetando plenamente el principio de subsidiariedad;
5. Destaca que en 2014 el Tribunal de Justicia no dictó ninguna resolución significativa en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión;
6. Señala que, de las 2 341 denuncias tratadas por la red europea Solvit en 2014, 1 458 guardaban relación con el acceso a los derechos de seguridad y el uso de dichos derechos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 883/2004, y que las cifras más elevadas de denuncias se refieren a casos relativos a prestaciones por hijos, pensiones y prestaciones por desempleo;
7. Pide a la Comisión que presente cuanto antes la propuesta de revisión del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y su reglamento de ejecución, esperada desde hace tiempo, a fin de garantizar el pleno disfrute por todos los interesados de los derechos de seguridad social; recuerda a los Estados miembros su obligación de cooperar estrechamente en este ámbito a fin de garantizar que los ciudadanos de la UE que ejercen la movilidad no se vean privados de los derechos que les asisten; pide a la Comisión Administrativa para la Coordinación de los Regímenes de Seguridad Social que evalúe anualmente los problemas más recurrentes, que elabore propuestas concretas dirigidas a mejorar la situación y que publique su evaluación y sus sugerencias al respecto;
8. Señala que, en 2014, el número de casos nuevos de infracción por transposición tardía en el ámbito del empleo (17) aumentó ligeramente en comparación con el año anterior (13), y que todos ellos se referían al Derecho laboral(2); recuerda que la transposición tardía del Derecho laboral es un problema persistente en algunos Estados miembros que impide que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y beneficiarse de las prestaciones que les brinda el Derecho de la Unión; destaca que la transposición tardía e incorrecta de la directivas de la UE redunda negativamente en la seguridad jurídica general y en la igualdad de condiciones en el mercado único; pide a los Estados miembros que, cuando proceda, adopten medidas —en particular, medidas legislativas— que aseguren la transposición práctica y beneficiosa de las directivas de la UE en los ordenamientos jurídicos nacionales;
9. Destaca que los retrasos en la transposición obstaculizan el correcto funcionamiento del mercado interior y perjudican a los intereses tanto de los ciudadanos como de las empresas, que se ven privados de algunos de sus derechos; pide a los Estados miembros, en este mismo contexto, que transpongan cuanto antes la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos de la Unión puedan acceder a una asistencia sanitaria de calidad en los demás Estados miembros;
10. Destaca que, a finales de 2014, se registraron 1 347 casos de infracción abiertos, entre ellos 72 relacionados con el empleo(3);
11. Celebra que la Comisión, en el marco de su programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), preste especial atención a las cuestiones relativas a la aplicación y la ejecución de la legislación de la UE, con el fin de prevenir y reducir el número de transposiciones tardías por los Estados miembros;
12. Señala que las razones de la transposición tardía de las directivas varían de un país a otro; insta a la Comisión a llevar a cabo análisis en profundidad en los Estados miembros con el fin de de recabar conocimientos exhaustivos en este ámbito y evitar la transposición tardía en el futuro, ofreciendo soluciones compatibles con las contingencias jurídicas específicas de los Estados miembros;
13. Celebra que la Comisión haya redoblado sus esfuerzos por reducir el número de procedimientos formales de infracción en los últimos cinco años mediante un diálogo estructurado efectivo con los Estados miembros, iniciado por medio de EU Pilot antes de incoar un procedimiento formal de infracción;
14. Insta a la Comisión a que, cuando elabore y evalúe la legislación, tenga en cuenta las cargas y los beneficios potenciales, en particular para las pymes, que representan el 99 % de la actividad empresarial europea y crean el 85 % de los nuevos puestos de trabajo; destaca, en este mismo contexto, la necesidad de aplicar el principio basado en «pensar primero a pequeña escala»; subraya la necesidad de evaluar no solo los efectos a corto plazo de la legislación, sino también su valor a largo plazo; hace hincapié, no obstante, en que todos los trabajadores tienen derecho al máximo nivel de protección en materia de salud y seguridad en el trabajo, independientemente del tamaño de la empresa que los emplea;
15. Pide que se proceda a la adopción de nuevas medidas que garanticen el seguimiento y la aplicación efectivos de la legislación, en particular en lo que se refiere a su transposición oportuna y al cumplimiento de sus objetivos; pide, asimismo, que se colmen las lagunas legislativas dondequiera que surjan; destaca la necesidad de una legislación clara que facilite su cumplimiento;
16. Destaca que la legislación de la UE establece únicamente normas mínimas que los Estados miembros pueden mejorar en sus respectivas legislaciones nacionales;
17. Considera que las evaluaciones de impacto deberían incluir a las pymes, así como pruebas de competitividad que garanticen que las nuevas medidas legislativas no representen una carga excesiva para las empresas, y en particular para las pymes;
18. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión en los últimos años, y reconoce el abanico de medidas introducidas para ayudar a los Estados miembros en la aplicación de la legislación, como la publicación de directrices, cuadros de correspondencias y un cuadro anual de indicadores; celebra que la Comisión elabore planes dirigidos a facilitar la aplicación efectiva y diligente de la legislación de la Unión; señala la importancia de que la Comisión supervise la utilización de los planes de aplicación por los Estados miembros;
19. Toma nota de la actual revisión de la legislación vigente por parte de la Comisión por medio de su programa Legislar Mejor, con el fin de garantizar la mayor calidad de la legislación de la UE en términos de transparencia, consulta pública, aplicación y cumplimiento del principio de subsidiariedad; pide, por tanto, a la Comisión que coordine sus esfuerzos con los Estados miembros y el Parlamento Europeo en una fase temprana del procedimiento legislativo con el fin de garantizar que la futura legislación de la UE se aplique con mayor eficacia, dado que la desregulación, el exceso de regulación o la no regulación pueden causar perjuicios mayores a las empresas y al empleo; señala, no obstante, que esta coordinación debe entenderse sin perjuicio de la prerrogativa de los legisladores y respetar plenamente el procedimiento legislativo ordinario y la legitimidad democrática de los Estados miembros;
20. Destaca que el principio de igualdad de trato y no discriminación está bien asentado en el Derecho de la UE; considera, por tanto, que en el proceso de elaboración de la legislación de la UE debería tenerse en cuenta y respetarse dicho principio;
21. Pide a la Comisión que refuerce su cooperación con los Estados miembros a fin de subsanar con mayor diligencia, cuando proceda, las infracciones del Derecho de la UE; destaca que dicha cooperación debe ser transparente y estar abierta al control parlamentario;
22. Pide a la Comisión que revise el marco en el que los Estados miembros facilitan información complementaria sobre cómo han incorporado las directivas en el ordenamiento jurídico nacional;
23. Pide a la Comisión que apoye en mayor medida a los Estados miembros en la aplicación y la correcta aplicación del Derecho de la UE, facilitándoles herramientas desarrolladas específicamente para ellos, como planes de aplicación y documentos de orientación pormenorizados que sean el resultado de una cooperación mutua reforzada entre la Comisión y los Estados miembros desde una fase temprana del proceso legislativo; considera, asimismo, que un diálogo periódico con los interlocutores sociales es un método fundamental que permite a los Estados miembros garantizar la aplicación efectiva de la legislación laboral de la UE;
24. Destaca que la intensificación de las inspecciones de trabajo de los Estados miembros es fundamental para asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral de la UE en los Estados miembros;
25. Acoge con satisfacción las herramientas desarrolladas por la Comisión para prestar ayuda a las partes interesadas, como el portal Tu Europa, Solvit y CHAP, si bien lamenta que esas herramientas sean todavía muy poco conocidas y utilizadas;
26. Pide a los Estados miembros que remitan a la Comisión información más clara y detallada sobre la transposición de las directivas, con el fin de facilitar la supervisión.
Control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014 (COM(2015)0329), p. 8.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Parte I: ámbitos políticos» (que acompaña el documento «Control de la aplicación del Derecho de la Unión: Informe anual de 2014»), p. 40.
Control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014 (COM(2015)0329), p. 15.
OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (22.4.2016)
Ponente de opinión: Cecilia Wikström
La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Reitera que los problemas de aplicación y ejecución del Derecho de la Unión han sido permanentes, y apoya la aplicación efectiva de las normas comunes de la Unión en los Estados miembros, algo fundamental para reforzar la credibilidad de la Unión y cumplir las expectativas que los ciudadanos tienen sobre los beneficios que la Unión puede aportarles;
2. Subraya el papel esencial de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual; pide a la Comisión que continúe desempeñando un papel activo en el desarrollo de distintas herramientas destinadas a mejorar la aplicación, la ejecución y el control del cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que proporcione, en su próximo informe anual, además de datos sobre la aplicación de las directivas europeas, datos sobre la aplicación de los reglamentos europeos;
3. Observa que el Parlamento también desempeña un papel fundamental al ejercer un control político sobre las medidas de ejecución de la Comisión, supervisando los informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión y aprobando las resoluciones parlamentarias pertinentes; sugiere que el Parlamento podría contribuir más a la transposición oportuna y precisa de la legislación europea compartiendo la experiencia obtenida en el proceso decisorio legislativo a través de vínculos preestablecidos con los Parlamentos nacionales;
4. Recuerda la importancia de las peticiones y las preguntas que el Parlamento recibe en virtud del artículo 227 del TFUE y que con frecuencia llevan a la Comisión a iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro; subraya que las denuncias de los ciudadanos son uno de los medios más importantes para detectar lagunas, deficiencias o violaciones del Derecho de la Unión por los Estados miembros, y una fuente de información para la Comisión; observa que, en 2014, los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras organizaciones fueron muy activas a la hora de informar sobre posibles infracciones del Derecho de la Unión y, en consecuencia, durante ese año el número total de denuncias abiertas aumentó aproximadamente en un 5,7 % y se abrieron 1 208 nuevos expedientes EU Pilot; toma nota, al mismo tiempo, del número de denuncias y expedientes de EU Pilot tramitados en 2014 y valora positivamente el porcentaje de resolución, del 75 %, de los expedientes EU Pilot, que se revela como un método rápido y eficaz de resolución de problemas;
5. Reconoce que una aplicación efectiva del Derecho de la Unión refuerza la credibilidad de sus instituciones; aprecia la importancia concedida en el informe anual de la Comisión a las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil como un importante medio subsidiario de control de la aplicación del Derecho de la Unión y de detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por parte de los ciudadanos de sus opiniones y experiencias, derecho fundamental consagrado en el Tratado de Lisboa y elemento importante de la ciudadanía europea, que se suma a su principal medio de expresión democrática: las elecciones y los referéndums;
6. Señala que las divergencias en las formas de aplicar y transponer el Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros crean continuos obstáculos para los ciudadanos y las empresas, especialmente para aquellos que quieren aprovechar las ventajas del mercado interior y vivir, trabajar, hacer negocios o estudiar en otro Estado miembro; subraya que las demoras en la transposición repercuten además negativamente sobre la seguridad jurídica; reitera su posición de que la Comisión debería hacer del cumplimiento del Derecho de la Unión una auténtica prioridad política mediante una cooperación eficaz con las demás instituciones, especialmente con el Consejo —en particular a través del recurso sistemático a las tablas de correspondencia—, y con los Estados miembros y otras partes interesadas; destaca la responsabilidad fundamental de los Estados miembros a la hora de aplicar correctamente el Derecho de la Unión;
7. Toma nota de las garantías administrativas otorgadas a los denunciantes, como el suministro de información de forma oportuna y la notificación con respecto a sus denuncias, tal como había solicitado la Comisión de Peticiones en su opinión de 2015 sobre el informe antes mencionado; lamenta, no obstante, la tardanza en numerosos casos en recibir la respuesta de la Comisión cuando se le pide opinión sobre una petición, e insta a la Comisión a mejorar sus prácticas actuales para informar a los ciudadanos de forma oportuna y adecuada sobre todas las medidas y acciones adoptadas en el curso de la tramitación de sus denuncias; subraya que un mayor volumen de peticiones no debería comprometer la calidad de la tramitación que hace de cada caso particular;
8. Constata el efecto positivo del proyecto EU Pilot en el intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, así como en la resolución de problemas vinculados a la aplicación del Derecho de la Unión a escala nacional, y pide a la Comisión que preste especial atención a la aplicación efectiva y la revisión interna de las decisiones adoptadas durante el proceso EU Pilot; destaca que este sistema también puede aportar una valiosa información a las peticiones en curso y pide a la Comisión que asocie a los peticionarios a la tramitación de expedientes EU Pilot que se han originado en peticiones, para, entre otras cosas, facilitar el diálogo entre los peticionarios y las autoridades nacionales implicadas; acoge con satisfacción los crecientes esfuerzos de los Estados miembros por solucionar los casos de infracción sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial; constata que las decisiones prejudiciales contribuyen a aclarar cuestiones relativas a la aplicación del Derecho de la Unión y pueden evitar los procedimientos de infracción;
9. Pide al Parlamento, en particular a la Comisión de Peticiones, que promueva campañas de sensibilización sobre el sistema de denuncia por parte de los ciudadanos de infracciones del Derecho de la Unión, así como sobre el proyecto EU Pilot y los procedimientos de infracción, para generalizar su uso y facilitar el acceso del público a la información a través del sitio web del Parlamento;
10. Acoge con satisfacción el compromiso mostrado por los servicios de la Comisión a la hora de reforzar el intercambio de información con la Comisión de Peticiones, y reitera su llamamiento para que se mejore la comunicación entre ambas partes, en particular por lo que respecta a la puesta en marcha y la gestión de procedimientos de infracción por parte de la Comisión, incluido el proceso EU Pilot, así como para que se haga todo lo posible por hacer llegar la información a la Comisión de Peticiones en un plazo razonable, de manera que esta pueda responder mejor a las peticiones de los ciudadanos; recuerda que ha pedido reiteradamente a la Comisión que, en su trabajo legislativo y de control, tenga en cuenta los informes y las conclusiones de la Comisión de Peticiones;
11. Acoge con satisfacción la mejora de la transmisión de información por la Comisión a los ciudadanos sobre sus derechos y los mecanismos de recurso adecuados a través de páginas web, bases de datos, formularios de denuncia más sencillos y herramientas en línea para la resolución de problemas, todos ellos destinados a aumentar la transparencia; celebra, a este respecto, que se puedan consultar fácilmente en línea las decisiones sobre infracciones y acoge con satisfacción la renovación de la sección «Aplicación del Derecho de la UE» del portal Europa, así como su sección «Derechos y oportunidades», que ofrecen a los ciudadanos información importante sobre cómo se ha aplicado en los Estados miembros el Derecho de la Unión y sobre cómo presentar una denuncia; destaca que son necesarias medidas adicionales para facilitar un mejor acceso a la información relativa a la aplicación del Derecho de la Unión y a los instrumentos de resolución de problemas y para mejorar la tramitación de las denuncias de ciudadanos y empresas de la Unión sobre infracciones del Derecho de la Unión;
12. Pide a la Comisión que conecte entre sí todos los diferentes portales, puntos de acceso y sitios web de información en un único portal que ofrezca a los ciudadanos un acceso fácil a los formularios de denuncia en línea y una información de fácil utilización sobre los procedimientos de infracción; pide, asimismo, a la Comisión que, en su próximo informe de control, incluya información más detallada sobre el uso de dichos portales;
13. Lamenta que aún haya peticiones presentadas por ciudadanos de la Unión en relación con violaciones del Derecho de la Unión; destaca que las peticiones se refieren en general a presuntas infracciones del Derecho de la Unión en los ámbitos de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías o de las personas con discapacidad, la discriminación, en particular la basada en la nacionalidad, el mercado interior, la libre circulación, el transporte, el medio ambiente, la educación, el empleo y la asistencia sanitaria; considera que dichas peticiones ponen de manifiesto que todavía hay ejemplos frecuentes y generalizados de transposición tardía o incompleta o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión, e insiste en que los Estados miembros han de aplicar y ejecutar el Derecho de la Unión de forma eficaz y deben legislar respetando plenamente los valores fundamentales y los principios consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que mejoren de forma sustancial la calidad del intercambio de información con la Comisión de Peticiones y de las aclaraciones aportadas; destaca que es necesario que, en las reuniones de la Comisión de Peticiones, estén presentes representantes de los Estados miembros y se mantenga un diálogo equilibrado con ellos en relación con las peticiones que corresponda; propone la incorporación de mecanismos de prevención de forma más eficaz;
14. Recuerda que la cooperación policial y judicial en materia penal (anteriormente conocida como el «tercer pilar») es frecuentemente objeto de peticiones presentadas por particulares; constata que, en la tramitación de algunas peticiones, a menudo se detectan deficiencias persistentes, como grandes retrasos en los procedimientos judiciales ante los tribunales nacionales sobre asuntos relativos al Derecho de la Unión; hace hincapié en la utilidad y la idoneidad de las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proporcionar orientación en estos casos, y lamenta el escaso recurso que los tribunales nacionales hacen de esta posibilidad; se congratula, en consecuencia, de la ampliación de las competencias de la Comisión con la inclusión de la cooperación policial y judicial desde el 1 de diciembre de 2014; recuerda que el examen y la tramitación de las peticiones son independientes de los procedimientos judiciales nacionales y tienen una naturaleza diferente;
15. Subraya la importancia de los planes de aplicación adoptados por la Comisión para asistir y guiar a los Estados miembros en el proceso de transposición de las directivas de la Unión, para que esta se realice a tiempo y de forma clara y correcta, lo que resulta necesario para la eficacia y viabilidad del funcionamiento de la Unión; se felicita de la importancia concedida al programa «Legislar mejor» y toma nota del control de la adecuación de la normativa de la Unión a través del programa REFIT en el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión; pide a la Comisión que, al evaluar el impacto de la legislación de la Unión, implique activamente a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, las organizaciones de consumidores, las ONG y las empresas, a la hora de efectuar el control en materia de proporcionalidad y subsidiariedad (en la fase ex ante) y de supervisar la aplicación (en la fase ex post); pide a la Comisión que incluya en su evaluación la medición y la reducción de las cargas administrativas a que hacen frente los ciudadanos y que tenga en cuenta el amplio impacto económico, social y medioambiental de la legislación de la Unión, así como que considere los beneficios y valores de esta última; recuerda a la Comisión que, al supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, debe aplicar los principios de igualdad de trato de los Estados miembros y de imparcialidad; espera que mejore la calidad de la legislación de la Unión y que ello tenga un efecto positivo en el número de peticiones presentadas;
16. Insiste en que la Comisión debería, teniendo siempre presente el principio de subsidiariedad, ser más valiente al examinar las peticiones en las que se planteen cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales.