Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-40099-3237-13-de-abril-29-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_9e50b4db6c0a42b38c80c9fa3000a5a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 05:50:52
Document Index: 230387570

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 125', 'artículo 313', 'artículo 192', 'artículo 312', 'Artículo 32', 'artículo 192', 'artículo 125']

SENTENCIA 1998-40099 DE 29 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:MUNICIPIOS NO PUEDEN ESTABLECER FUNCIONES Y REQUISITOS PARA CARGO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO. LOS ALCALDES Y A LOS CONCEJOS MUNICIPALES LES ESTÁ VEDADO ESTABLECER DIRECTAMENTE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LOS EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN. PUES, ESA FACULTAD RECAE EXCLUSIVAMENTE EN EL LEGISLATIVO, EN APLICACIÓN DEL INCISO 2° DEL ARTÍCULO 125 Y 315 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLO PUEDEN MODIFICAR LA PLANTA DE PERSONAL Y ESTABLECER LOS EMOLUMENTOS, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS SEÑALADOS POR EL CONCEJOENTRE TANTO, EL CABILDO SOLO PUEDE DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, PROHIBICIONES AL CONCEJO MUNICIPAL, ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ATRIBUCIONES DEL ALCALDE, DETERMINACIÓN DEL SALARIO, SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL, NIVELACIÓN DEL SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, FACULTADES DEL ALCALDE
Sentencia 1998-40099/3237-13 de abril 29 de 2015
Actor: Asociacion de empleados del municipio de Medellin - ADEM
Bogota DC; veintinueve de abril de dos mil quince.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, y el Consejo de Estado mediante auto de 18 de mayo de 2000 rechazó la solicitud de nulidad respecto del Decreto 292 de 1998, por considerarlo un acto de carácter particular frente al cual la oportunidad procesal había caducado, razón por la cual sólo se tendrá en cuenta lo solicitado respecto del Decreto 584 de 1998 (fls. 199, 210 a 215)
Siendo el marco de juzgamiento en esta instancia, los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, debe la Sala precisar si el Alcalde de Medellín tenía la competencia para modificar los requisitos establecidos para los cargos de Profesional Especializado en Seguridad Social, de la Secretaría de Seguridad Social en Salud y Director División de Inspecciones de la Secretaría de Gobierno.
Documentos que dan cuenta del nombramiento de la señora Nora Tapias Montoya en el cargo de Subsecretario de Inspecciones: Decreto No. 520 del 2000, por medio de la cual se causan novedades en la Secretaría de Gobierno, Comunicación de Desempleo e Informe de Novedades (fls. 462 a 464).
A su turno, el artículo 313 de la Constitución Política, es del siguiente tenor literal: “…
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen; disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”. …”
Articulo 192. Calidades de los servidores públicos. Autorizase a los concejos municipales para que establezcan el régimen de calidades necesario para los empleados públicos de los municipios. No obstante, el Gobierno Nacional podrá determinar calidades y requisitos para los funcionarios encargados de determinados servicios públicos de los que le asigne al municipio la respectiva Ley Orgánica.”
La Corte Constitucional(2) consideró que la disposición trascrita – artículo 192 de la ley 136 de 1994 - contrariaba la Carta Política, porque si bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 312 constitucional, los concejos tienen la potestad para determinar la estructura de la administración no la poseen para establecer los requisitos y calidades de los empleos públicos, así sostuvo lo siguiente:
Corresponde al Congreso determinar mediante ley las calidades y requisitos para desempeñar los cargos públicos - salvo aquellos casos en los que el Constituyente ha señalado expresamente los atributos que deben reunir los aspirantes -, sea cual fuere la forma de vinculación, esto es, de carrera, de elección popular, de libre nombramiento y remoción, o contractual, en el evento de los trabajadores 1 oficiales. No obstante, el legislador debe respetar la Constitución, norma de normas, al determinar tales condiciones, de modo que no puede crear exigencias irrazonables o desproporcionadas que impidan el ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos. La facultad otorgada al legislador, se sustenta en el hecho de que la función administrativa es una actividad que, por su naturaleza y alcances, debe estar orientada al interés general y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En tal virtud, debe desarrollarse con fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, con el fin de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, asegurando así el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. De ahí que sea la ley el instrumento jurídico idóneo para consolidar la estructura de la administración, determinando la existencia, fusión o supresión de los diferentes empleos, las funciones correspondientes, los mecanismos para garantizar el respeto a los principios aludidos y la observancia de los límites de la administración, los cuales están determinados por los derechos constitucionales de las personas y de los funcionarios.”(3)
Artículo 32. Equivalencias Entre Estudios y Experiencia. Los1: requisitos de que trata el presente Decreto no podrán ser disminuidos. Sin embargo, las autoridades competentes para adoptar las respectivas plantas de empleos, al fijar las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades de cada uno dé ellos, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias
Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo y Profesional: …
Como la disposición no facultaba a la autoridad territorial para definir las funciones y los requisitos sino para ajustar el Manual correspondiente, atendiendo lo que sobre la materia haya establecido el Legislador, para efectos de las equivalencias, no le era dable a la entidad modificar los presupuestos establecidos para cada uno de los empleos mencionados, como lo entiende el apelante; máxime que dicha competencia está reservada al Legislador, porque como se dijo, la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 192 de la Ley 136 de 1994(4), determinó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Carta Política, es al Legislador a quien corresponde fijar los requisitos de los empleos públicos municipales y en ningún caso al Concejo: Municipal o a otro funcionario.
2 Sentencia C-570 del 6 de noviembre de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
3 Corte Constitucional sentencia C-109 de 2002. M.P. Dr, Jaime Araujo Rentaría.