Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20039515
Timestamp: 2020-01-20 17:35:31
Document Index: 66321534

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 117', 'Artículo 117', 'artículo 28', 'artículo 253', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 121', 'artículo 117', 'Artículo 117']

C-775 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020039515CC-SENTENCIAC775200125/07/2001CC-SENTENCIA_C_775__2001_25/07/2001200395152001Sentencia C-775/01 ORGANISMOS DEL ESTADO -Autonomía constitucional L a autonomía que la Constitución Política otorga a determinados organismos significa, básicamente, i) no pertenencia a alguna de las ramas del Poder, ii) posibilidad de actuación por fuera de las ramas del Poder y por ende actuación funcionalmente independiente de ellas, iii) titularidad de una potestad de normación para la ordenación de su propio funcionamiento y el cumplimiento de la misión constitucional encomendada. De otra parte, la autonomía constitucionalmente reconocida se predica frente a los demás órganos del Estado y particularmente frente a los órganos integrados en las ramas del Poder Público. En consecuencia la autonomía constitucionalmente otorgada marca un límite a la acción de los órganos de las Ramas del Poder sobre los órganos definidos constitucionalmente como autónomos. ORGANOS DEL ESTADO -Núcleo esencial de la autonomía FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Autonomía administrativa y presupuestal FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Autonomía constitucional/ FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Reglamentación de organización y funcionamiento La autonomía constitucional de la Fiscalía tiene entre sus consecuencias la relativa a la competencia de este órgano constitucional para emitir los reglamentos necesarios para regular su propia organización y funcionamiento y que ella se afirma en este campo, de manera primordial, frente a las competencias que asisten al Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los artículos 256 y 257 de la Constitución. FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Determinación de estructura y funcionamiento por la ley FISCAL GENERAL DE LA NACION -Expedición de reglamentos relativos a organización y desempeño de funciones FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Organización y funcionamiento FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Reglamentación de organización y funcionamiento de funcionarios encargados de tramitar recursos FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Reglamentación que excede ámbito interno de organización y funcionamiento FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -Competencias COMPETENCIA JUDICIAL -Reserva de ley COMPETENCIA -Reserva de ley y desarrollo por reglamento PROCEDIMIENTO PENAL -Reserva de ley COMPETENCIA FUNCIONAL -Atribución Referencia: expediente D-3294
Luis Eduardo Montoya MedinaCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 117 de la Ley 600 de 2000D3294Identificadores20020039516true59426Versión original20039516Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 117 de la Ley 600 de 2000
Sentencia C-775/01
ORGANISMOS DEL ESTADO-Autonomía constitucional
ORGANOS DEL ESTADO-Núcleo esencial de la autonomía
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Autonomía administrativa y presupuestal
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Autonomía constitucional/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglamentación de organización y funcionamiento
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Determinación de estructura y funcionamiento por la ley
FISCAL GENERAL DE LA NACION-Expedición de reglamentos relativos a organización y desempeño de funciones
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Organización y funcionamiento
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglamentación de organización y funcionamiento de funcionarios encargados de tramitar recursos
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglamentación que excede ámbito interno de organización y funcionamiento
FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencias
COMPETENCIA JUDICIAL-Reserva de ley
COMPETENCIA-Reserva de ley y desarrollo por reglamento
PROCEDIMIENTO PENAL-Reserva de ley
COMPETENCIA FUNCIONAL-Atribución
Artículo 117. Funcionarios judiciales encargados de tramitar los recursos de apelación y de queja y la consulta.Dentro de la Fiscalía General de la Nación habrá funcionarios judiciales con la función exclusiva de tramitar la consulta y los recursos de apelación y de queja contra las providencias interlocutorias proferidas por el fiscal delegado que dirija la investigación.
De acuerdo con los cargos de la demanda y con las intervenciones realizadas en el presente asunto, corresponde a la Corte dilucidar si la facultad que la norma demandada asigna al Fiscal General de la Nación para reglamentar lo relacionado con la organización y funcionamiento de los funcionarios judiciales encargados de tramitar los recursos de apelación y de queja, y la consulta contra las providencias interlocutorias proferidas por el fiscal delegado que dirija la investigación, vulnera la Constitución porque con ella se hayan violado las disposiciones superiores contenidas en los artículos 189 numeral 11 conforme al cual el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Presidente de la República-, 250 y 251 sobre las competencias de la Fiscalía y del Fiscal General de la Nación, dentro de las cuales no cabrían las facultades atribuidas por la ley demandada al Fiscal; 257, numeral 3, de la Constitución, pues la función que la disposición demandada atribuye al Fiscal General de la Nación correspondería al Consejo Superior de la Judicatura y la función cuya reglamentación se atribuye al Fiscal General de la Nación es de naturaleza jurisdiccional y por consiguiente su regulación está reservada a la ley.
3.1. En torno de la autonomía constitucional de los órganos del Estado y entre ellos de la Fiscalía General de la Nación esta Corte ha tenido ocasión de señalar las características y alcances pertinentes. En ese orden de ideas recientemente ha puntualizado que la autonomía reconocida por la Constitución a favor de ciertos organismos estatales se basa ya sea en función de la protección de colectividades territoriales (autonomía de las entidades territoriales, régimen especial de las denominadas corporaciones autónomas regionales)[1], o del desarrollo de las funciones encomendadas (autonomía de los organismos de control, de los organismos de regulación- Banco de la República, organismo de televisión, autonomía de la organización electoral)[2] , o de comunidades específicas y del servicio a ellas encomendado ( autonomía universitaria)[3].
Así mismo la Corte ha destacado que la autonomía que la Constitución Política otorga a determinados organismos significa, básicamente, i) no pertenencia a alguna de las ramas del Poder, ii) posibilidad de actuación por fuera de las ramas del Poder y por ende actuación funcionalmente independiente de ellas, iii) titularidad de una potestad de normación para la ordenación de su propio funcionamiento y el cumplimiento de la misión constitucional encomendada[4].
Si bien los denominados "órganos autónomos e independientes" son órganos del Estado, según ha expresado esta Corte, la acción del legislador y la de los órganos que forman parte de la Rama Ejecutiva se halla limitada por el núcleo esencial de autonomía que resulta definido por los mandatos mediante los cuales la Constitución, de manera explícita y en cada caso, define el ámbito de autonomía. Al respecto la Corte ha acuñado como enunciado de principio el siguiente: A mayor regulación constitucional menor será el ámbito de la regulación legal, y viceversa. Pero en todo caso, es preceptivo el respeto al núcleo esencial de autonomía que en cada supuesto aparecerá definido en función del cumplimiento de las misiones específicas encomendadas al órgano autónomo[5].
Esta Corporación al examinar la constitucionalidad de las normas antes citadas[6], señaló, con relación al artículo 28:
En ese orden de ideas, para la Corte es claro que la referida autonomía constitucional de la Fiscalía tiene entre sus consecuencias la relativa a la competencia de este órgano constitucional para emitir los reglamentos necesarios para regular su propia organización y funcionamiento y que ella se afirma en este campo, de manera primordial, frente a las competencias que asisten al Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los artículos 256 y 257 de la Constitución[7]
De otra parte, las atribuciones derivadas de la autonomía constitucional deben ejercitarse por el Fiscal General de la Nación con sujeción a los principios y reglas que defina la ley, pues en armonía con el artículo 253 de la Constitución corresponde a ésta determinar "lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía", como de manera reiterada lo ha señalado esta Corporación[8]. Sobre el particular cabe recordar que respecto de la relación autonomía constitucional - competencia legislativa, esta Corporación ha destacado que el mandato del artículo 150 de la Constitución no conoce más restricciones que las que la propia Constitución determine y por tanto, salvo que al definir los contornos de la autonomía que ella misma confiere y reconoce haya precisado esos límites, ha de entenderse que el legislador ostenta una amplia potestad de configuración de la mencionada autonomía de los órganos estatales.
"El órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso, puesto que a éste corresponde "hacer las leyes", por lo cual la enumeración de las funciones establecidas por el artículo 150 de la Constitución no es taxativa. No es entonces legítimo considerar que si el Congreso expide una ley que no encaja dentro de las atribuciones legislativas específicas del artículo 150 superior, entonces tal norma es, por ese solo hecho, inconstitucional, ya que ello implicaría desconocer que en el constitucionalismo colombiano la cláusula general de competencia está radicada en el Congreso."[9]
5.La reserva de ley en materia de competencias judiciales
"En un Estado de Derecho todo poder es una simple competencia jurídica, esto es, una facultad conferida expresamente en una norma, delimitada en su contenido por la misma disposición y condicionada por ella en cuanto a sus fines, a la oportunidad y circunstancias para ponerla en acto, así como los procedimientos y formas para que su ejercicio sea regular."[10]
Debe precisar la Corte que la reserva de ley en materia de competencias no es contraria a la posibilidad de que tales competencias, establecidas en la ley, sean luego desarrolladas en el reglamento. Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la Constitución, conforme a los cuales "No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento...""(...) Los servidores públicos ... ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento." En este caso es claro que, por virtud de lo preceptuado en el artículo 121 constitucional, el reglamento sólo puede orientarse a detallar y hacer operativa la competencia atribuida en la Constitución o en la ley, pero sin que pueda ampliar o restringir su ámbito.
DeclararINEXEQUIBLE el Parágrafo del artículo 117 de la Ley 600 de 2001.
Inexequible parcialmente (parágrafo ) Artículo 117 LEY_600_2000_24/07/2000
Salvamento de voto a la Sentencia C-775/01
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Función administrativa que garantiza funcionamiento de competencia definida en ley (Salvamento de voto)
LEY-Reiteración de facultades previstas en la Constitución (Salvamento de voto)
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Reglamentación conforme a la ley de organización y funcionamiento (Salvamento de voto)
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Regulación administrativa de organización y funcionamiento (Salvamento de voto)
[1]Cfr. Sentencias C-219 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-380 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C- 534 de 1996 M.P. Fabio Morón Díaz; C- 578-99 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[2]Cfr. Sentencias C-078 de 1999 M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz; C-566 de 2000 M.P., Carlos Gaviria Díaz; C-350 de 1997 M.P., Fabio Morón Díaz: C-208 de 2000., Antonio Barrera Carbonell, C- 401 de 2001 M. P., Alvaro Tafur Galvis y C-827 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[3]Cfr. Sentencias C-220 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz; T 496 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]Sentencia C-401 de 2001.
[5]Sentencia C- 401 de 2001
[6] Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[7] Entre otras, sentencias C-037/96 . M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-670-01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Sentencia C-037/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9]Sentencia C- 527 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[10]Corte Suprema de Justicia. Sentencia de mayo 5 de 1978.