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Timestamp: 2017-09-23 23:28:57
Document Index: 155229756

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 16', 'artículo 393', 'artículo 447', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 8', 'artículo 349', 'artículo 448', 'artículo 373', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 446', 'artículo 336', 'artículo 349', 'artículo 348', 'artículo 446', 'artículo 446', 'artículo 336', 'artículo 349', 'artículo 336', 'artículo 350', 'artículo 100', 'artículo 350', 'artículo 349', 'artículo 286', 'artículo 447', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 8', 'artículo 349', 'artículo 448', 'artículo 373', 'artículo 116', 'artículo 22', 'artículo 116', 'artículo 458', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 457', 'artículo 429', 'artículo 458', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 457', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 20', 'artículo 393', 'artículo 458', 'artículo 393', 'artículo 154', 'artículo 150', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 89', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 89', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 446', 'artículo 446', 'artículo 446', 'artículo 446', 'artículo 447', 'artículo 448', 'artículo 446', 'artículo 448']

Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal
Published in PROCESO POR EJERCICIO PRIVADO
Martes, 28 Julio 2015 22:46
La Sentencia de la Casación N° 63-2011-Huaura (veinticuatro de abril
de dos mil doce) señala, en calidad de doctrina jurisprudencial, que la cadena de custodia que establece el Código Procesal Penal y el Reglamento aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN de fecha quince de junio de dos mil seis, no es aplicable a los procesos por delito de ejercicio privado de la acción penal (querella).
“Cuarto: Que, el Código Procesal Penal, en su Libro Segundo (La Actividad Pro-
cesal), Sección II, Título III, Capítulo VI, Subcapítulo I (La Exhibición e Incautación de Bienes), en su artículo doscientos veinte, inciso dos, establece lo siguiente: ‘Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado original, igualmente se debe
identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto. Corresponde al fiscal determinar con precisión las condiciones y las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo incautado, asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio’; precisándose en su inciso cinco que: ‘La Fiscalía de
la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados”, a lo cual se dio cumplimiento con la elaboración del ‘Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados’, aprobado mediante Resolución N° 729-2006-MP-FN de fe-
cha quince de junio de dos mil seis, que establece lo siguiente: ‘Artículo 1.- Objeto. El presente Reglamento regula el procedimiento de la cadena de custodia de los elementos materiales y evidencias incorporados a la investigación de un hecho punible. Asimismo, regula los procedimientos de seguridad y conservación de los bienes incautados, según su naturaleza. Artículo 2.- Finalidad. Establecer y unificar procedimientos básicos y responsabilidades de los representantes del Ministerio Público y funcionarios, a efecto de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materiales y evidencias incorporados en toda investigación de un hecho punible, auxiliado por las ciencias forenses, la criminalística, entre otras disciplinas y técnicas que sirvan a la investigación criminal. Además unificar los lineamientos generales de seguridad y conservación de los bienes incautados. Artículo 3.- Ámbito y alcance. Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación progresiva en todo el territorio nacional y de obligatorio cumplimiento para los señores fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público (…) Artículo 7.- Concepto de lo Cadena de Custodia de los Elementos Materiales y Evidencias. La Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso (definiéndose en el artículo cinco, que los elementos materiales y evidencias, son objetos que permiten conocer la comisión de un hecho punible y atribuirlos a un presunto responsable en una investigación y proceso penal) (...)’. Artículo 16.- Custodia y Administración de Bienes incautados. En caso de efectuarse una diligencia relacionada a la investigación de un hecho ilícito, en la que se encuentren bienes que ameriten ser incautados, se procederá o asegurarlos o inmovilizarlos, designando provisionalmente al responsable de la custodia, dando cuenta al juez para su aprobación y conversión a las medidas que fueran necesarias (definiéndose en el artículo seis, que los bienes incautados son los efectos y ganancias provenientes del delito, así como los instrumentos que sirvieron para perpetrarlo, objeto de una medida judicial o
excepcionalmente fiscal, durante la investigación) (...)’.
Quinto: Que, conforme a lo anotado en el considerando anterior, el procedimiento de Cadena de Custodia se encuentra regulado en el Código Procesal Penal
–Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete– y el Reglamento aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN de fecha quince de junio de dos
mil seis, el cual está destinado a unificar procedimientos básicos y responsabilidades del representante del Ministerio Público y funcionarios, a efectos de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materiales y evidencias incorporados en toda investigación de un hecho punible (auxiliados por las ciencias forenses, la Criminalística, entre otras disciplinas y técnicas), además de la seguridad y conservación de los bienes incautados; lo cual es evidente que solo es aplicable a un proceso por delito de ejercicio público de la acción penal (donde el representante del Ministerio Público - titular de la acción penal interviene como Director de la Investigación Preliminar, cuya finalidad inmediata es realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a asegurar los elementos materiales de la comisión de un hecho delictuoso, entre otros, conforme al artículo trescientos treinta del Código Procesal Penal; mientras que el juez en un rol diferenciado está a car-
go del Juzgamiento y el control de legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público), mas no resulta aplicable a un proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal (querella), que tiene su propia regulación especial en el Libro Quinto, Título III, Sección IV del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete –artículos cuatrocientos cincuenta y nueve al cuatrocientos sesenta y siete–, (donde no interviene el Ministerio Público y se acepta de manera excepcional y en casos puntuales, que el Juez Penal ordene a la Policía Nacional la realización de una investigación preliminar, quien a su vez emitirá un informe policial dando cuenta de los resultados)”.
Señala que el Código solo otorga al querellante particular las facultades y obligaciones que tiene el Ministerio Público en el desarrollo del Juicio Oral.
“Sexto: Que, debe indicarse que el encausado recurrente alega en su recurso de casación, que en los procesos penales por delito de ejercicio privado de la acción penal, el querellante tiene las mismas facultades y obligaciones del Ministerio Público respecto a la cadena de custodia, conforme a lo previsto en el inciso tres del artículo cuatrocientos sesenta y dos del Código Procesal Penal; al respecto debe indicarse, que dicha norma procesal penal establece lo siguiente: ‘Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio de dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, continuará la audiencia en acto público siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá las facultades y obligaciones del Ministerio Público, sin perjuicio de poder ser interrogado’; en consecuencia, resulta claro que dicha norma procesal solo otorga al querellante particular las facultades y obligaciones que tiene el Ministerio Público en el desarrollo del Juicio Oral; sin perjuicio de indicar que las demás facultades de aquel se encuentran reguladas expresamente en el artículo ciento nueve del Código Procesal Penal”.
Y, que las reglas de actuación de la prueba documental en el proceso ordinario son aplicables al proceso por querella al no ser incompatibles con su naturaleza.
“Sétimo: Que, sin perjuicio de lo anotado, debe indicarse que en los delitos de
ejercicio privado de la acción penal (querella) se debe respetar las garantías constitucionales de carácter procesal y material (debido proceso, derecho de defensa, contradicción, entre otros) respecto a las pruebas ofrecidas tanto por parte del querellante como del querellado; debiendo indicarse al respecto que en el Libro Segundo, Sección II, Título II, Capítulo V del Código Procesal Penal –artículos ciento ochenta y cuatro a ciento ochenta y ocho–, se regula lo relativo a la incorporación al proceso de la prueba documental, clases de documentos, recono-
cimiento de documento, traducción, transcripción y visualización de documentos, entre otros, de donde se advierte que se considera como prueba documental, entre otros, las grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registros de sucesos, imágenes, voces, debiéndose ordenar cuando sea necesario, el reconocimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro; asimismo se establece que cuando el documento consista en una cinta de video, se ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las partes; reglas que son de aplicación a los procesos por delito de ejercicio
privado de la acción penal, por no ser incompatibles con su naturaleza”.
Published in PROCESO DE SEGURIDAD
La Sentencia de la Casación N° 16-2009-Huaura (doce de marzo de dos mil diez) señala que la nulidad del juicio no afecta la resolución –no relacionada con el defecto que generó la nulidad– dictada en su ínterin que ordenó la transformación del proceso de uno de seguridad a uno común.
“La particularidad del presente caso es que, precisamente, como lo manda el ar-
tículo 458.1 del NCPP, luego de la instalación del juicio oral de un proceso de seguridad se dictó un auto, ya firme, que transformó el proceso y lo derivó al proceso común, a partir del cual se reordenó la audiencia y se siguió íntegramente bajo sus reglas. Así las cosas, ¿la anulación del juicio por defecto estructural de la sentencia comprende esa resolución firme? La respuesta es negativa, en tanto en cuanto lo que se cuestionó no es esa premisa sino el resultado del juicio oral por proceso común: la sentencia. La nulidad no puede alcanzar a esa decisión pues el vicio declarado no la afecta”.
Señala que la transformación del proceso en el curso del juicio de uno de seguridad a uno común no implica necesariamente la ineficacia de los actos procesales realizados con anterioridad.
“Noveno: La discusión si el proceso común es diferente al proceso de seguridad no se puede responder en abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad discute no solo los hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la presencia del binomio peligrosidad/medida de seguridad; pero esta diferencia no lo hace necesariamente incompatible con el proceso común –comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento–, pues en este último proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una
medida de seguridad si se dan los presupuestos para ella y medió una discusión y debate sobre el particular, es decir, si se cumplió el principio de contradicción –artículo 393, apartado 3), literal e), del NCPP–.
La prohibición de acumulación de un proceso de seguridad con el común es ob-
via, pero solo dice de la imposibilidad de conexidad debido al diferente objeto de ambos procesos. La acumulación por conexidad importa en este último caso, y en sentido estricto diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a varias,
y procede si se cumplen sus presupuestos y condiciones; tiene como fundamento el tratamiento unitario de esas causas o imputaciones para garantizar la econo-
mía y la celeridad procesal, así como para evitar fallos contradictorios y posibilitar un conocimiento más integral de los cargos con arreglo al principio de inme-
diación y, en su caso, se pueda aplicar las reglas del concurso de delitos.
La base común del rito del juicio oral para ambos procesos, cuando es el del caso transformarlos, solo autoriza, de modo general, a repetir aquellas actuaciones especiales que en el caso del proceso de seguridad se realizaron sin el concurso del
imputado por razones de salud. No debe empezarse de cero –no puede entenderse que las actuaciones previas son ineficaces procesalmente–, sino que debe continuar en lo que es compatible y repetir lo que se hizo al margen del principio de bilateralidad y presencia efectiva del imputado”.
Y, que el auto de transformación del proceso en uno de seguridad no genera cosa juzgada, pudiendo regresarse al proceso común en el ínterin del juicio.
“Primero: El encausado Pedro Pablo Nakada Ludeña fue procesado penalmente, con arreglo al nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCPP–. Se le inculpó formalmente por delitos contra la vida el cuerpo y la salud - homicidio calificado y contra el patrimonio - robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros. En la etapa de investigación preparatoria el encausado Nakada Ludeña solicitó que se le siga el proceso de seguridad, petición que fue negada por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral por resolución número siete de fojas treinta, del cuatro de mayo de dos mil siete –del cuaderno de investigación–.
Apelada dicha resolución, la Sala Superior Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura por auto de vista, del veintitrés de julio de dos mil siete –corriente a fojas setenta y tres del cuaderno de casación y acta de audiencia de fojas treinta y tres del cuaderno de investigación–, la revocó y en su reemplazo declaró fundado ese pedido, por lo que ordenó se transforme el proceso común a uno de seguridad y se desacumule el primero y se siga una causa independiente en su contra.
Segundo: La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, estando a los términos del auto de vista antes indicado, formuló su requerimiento en ese sentido –véase acusación de fojas cuarenta y cinco, del trece de agosto de dos mil siete, del cuaderno de investigación–. Una vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar de control de la acusación, el Juez de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento de fojas sesenta, del veintidós de noviembre de dos mil siete –del cuaderno de investigación–. Es así que el acusado Nakada Ludeña es sometido a juicio oral en vía de proceso de seguridad por la comisión de los de-
litos homicidio calificado y robo agravado.
Tercero: En el curso del juicio de primera instancia el Juzgado Penal Colegiado
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura - Huacho transformó el proceso de seguridad a uno común y en esos términos dictó la sentencia de fojas uno, del nueve de mayo de dos mil ocho –del cuaderno de juzgamiento–, en cuya virtud, en un extremo, condenó a Pedro Pablo Nakada Ludeña como autor de los delitos de homicidio calificado en agravio de Agustín Andrés Maguiña Oropeza y otros y de robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros a treinta y cinco años de pena privativa de libertad y fijó en siete mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que pagará a los herederos de los occisos; y, en otro extremo, lo absolvió de la acusación fiscal formulada en su contra por delitos de robo agravado y homicidio calificado en agravio de Teresa Cotrina Abad, Walter Sandoval Osorio, Gerardo Leonardo Cruz Libia, Carlos Walter Tarazona Toledo, Nazario Julián Tamariz Pérez, Didier Jesús Zapata Dulanto y Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa (…).
Es de recordar que el auto de transformación del proceso no causa estado, no ge-
nera cosa juzgada, por lo que a la luz del debate oral y de la discusión pericial –recuérdese que la etapa principal es el enjuiciamiento– el Tribunal podrá muy bien optar por la decisión que considere arreglada a derecho. Desde luego no será pertinente una discusión incidental tendente a poner en crisis el juicio para que se suspenda la causa y se reoriente al juicio de seguridad, porque ello vulneraría el principio de concentración procesal, pero sí una discusión de fondo acerca de la aplicación de normas de Derecho Penal material referentes al juicio de imputabilidad y a la necesidad y proporcionalidad de una posible medida de seguridad. Limitar esa posibilidad al imputado sería, eso sí, restringir irrazonablemente su derecho de defensa y producirle efectiva indefensión material”.
Published in PROCESO INMEDIATO
Martes, 28 Julio 2015 22:45
El Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 (dieciséis de noviembre de dos
mil once) define y justifica el proceso inmediato, y señala que cuando exista vacío normativo se aplicará supletoriamente las normas del proceso común.
“7º. El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innece-
sarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446/448 del NCPP correspondiente a los procesos especiales.
Por tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario Nº 05-2009/CJ-116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplica-
ción supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116 de la Corte Suprema de la República, del 13 de noviembre de 2009, Fundamento Jurídico 6]”.
Señala que es al juez de juzgamiento al que le corresponde realizar el control de la acusación, de la admisión de los medios probatorios y de la constitución de los sujetos procesales no necesarios.
“En el caso que el juez admita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el fiscal formulará acusación y lo remitirá al juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber etapa intermedia, será el Juez de Juicio Oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar los demás sujetos procesales, de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos”.
Señala que el requerimiento de proceso inmediato apenas culminadas las
diligencias preliminares debe incorporar los mismos requisitos que la formalización de investigación.
“15º. Estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del NCPP, el fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: i) luego de culminar las diligencias preliminares y ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de In-
vestigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen.
En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes”.
Señala que pese a no existir etapa intermedia el Juez de Investigación rea-
liza un control cuando se pronuncia sobre iniciar o no el proceso (el cual debe asegurar la contradicción entre las partes y, para lo cual, es posible que se llame a audiencia) y el Juez de Juzgamiento un control de validez formal de la acusación.
“16º. Dentro de la estructura del proceso común, una de las funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el juez de la Investigación Preparatoria como director de la etapa intermedia realiza un control formal, sustancial y sobre la suficiencia de los elementos de convicción de la acusación.
17º. En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de
sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.
18º. No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. Son los siguientes:
A. De acuerdo con el artículo 448.1 del NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fiscal para la incoación del proceso inmediato.
Este primer control permite al Juez de la Investigación Preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso.
Asimismo, en armonía con el artículo 448.1. del NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fiscal.
Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, in-
mediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circunstancia de la causa, establecer una audiencia para el Proceso Inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8 del NCPP. Por tanto, para que el Juez de la Investigación Preparatoria resuelva
la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso –aunque no obligatoriamente–, podrá producirse un debate con la concurrencia del fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento fiscal y el juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda.
Asimismo el fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda.
B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349 del NCPP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del NCPP”.
Señala que es al inicio del juicio oral que el imputado podrá ofrecer sus
medios probatorios así como quien se considere legitimado solicitar su constitución en parte.
“19º. Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales.
20º. En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia –donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren– cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373 del NCPP, lo que se condiciona única-
mente a determinados supuestos, tales como: i. Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control. ii. Que la prueba no haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia.
21º. De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos
para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal.
22º. Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la
cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.
23º. Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aporta-
ción de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto”.
ACUERDO PLENARIO N° 6-2010/CJ-116 Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ Asunto: Acusación directa y proceso inmediato
Martes, 28 Julio 2015 22:00
ACUERDO PLENARIO N° 6-2010/CJ-116
Asunto: Acusación directa y proceso inmediato
Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante Resolución Administrativa N° 1652010-P-PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
El Pleno Jurisdiccional se realizó en tres fases.
En la primera fase los Jueces Supremos discutieron y defi nieron la agenda para lo cual tuvieron en cuenta los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas salas en el último año. Fue así como se establecieron los siete temas de agenda así como sus respectivos problemas específi cos.
La segunda fase, denominada participación ciudadana, tuvo como fi nalidad promover la intervención y el aporte de la comunidad jurídica del país para la solución de cada uno de los problemas antes planteados. Para ello se habilitó el foro de participación a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de diversas instituciones de la capital así como de diversas provincias del país a través de sus respectivas ponencias. Luego de una debida selección de las ponencias presentadas, se realizó en fecha 4 de noviembre la audiencia pública en la que los representantes de todas las instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales.
En dicha audiencia, con relación al tema que aborda el presente Acuerdo, sustentaron su ponencia los señores Mario Rodríguez Hurtado –en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal–; Ana Cecilia Hurtado Huailla –en representación del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa–; y Miguel Falla Rosado –en representación del Centro para la Investigación y Mejora de la Calidad en el Servicio de la Justicia –Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo–, las mismas que se han tenido en cuenta para en la discusión del presente Acuerdo Plenario. Es así como fi nalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la fi nalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
3. La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor recayó en los respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los siete temas. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria, interviniendo todos con igual derecho de voz y voto. Es así como fi nalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la fi nalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
4. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia lo debatido en audiencia pública sobre diversos aspectos de la acusación directa y el proceso inmediato. En concreto, sobre los alcances y diferencias de ambas instituciones según lo regulado por el Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–. Respecto a la acusación directa, la viabilidad de la formalización de la investigación preparatoria, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales y la oportunidad de la constitución de las partes procesales. En cuanto al proceso inmediato, si siempre se requiere previamente formalización de la Investigación Preparatoria, audiencia para resolver tal proceso especial, con quiénes, el requerimiento de las medidas de coerción personales y reales, la oportunidad para la constitución de las partes procesales y el momento de aportar los medios probatorios y controlar los ofrecidos en dicho proceso.
5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario.
Interviene como ponente señor Neyra Flores.
La acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Se encuentra regulada en el artículo 336.4 del NCPP y faculta al Fiscal formular directamente acusación, si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen sufi cientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al confl icto penal, la economía procesal y la efi ciencia del nuevo proceso penal
El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplifi cación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y efi ciencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características,
son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446/448 NCPP correspondiente a los procesos especiales. Por lo tanto, siguiendo la línea fi jada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-l 16, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [Acuerdo Plenario 05-2009 CJ-116 de la Corte Suprema de la República, del 13 de noviembre de 2009, Fundamento Jurídico 6].
§ 2. Alcances de la acusación directa conforme al artículo 336.4 del NCPP y diferencias con el proceso inmediato regulado en el artículo 446 y ss. del NCPP
La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados en el artículo 336.4 del NCPP. En el presente caso, el Fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el artículo 349 del NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido Fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348 del NCPP.
El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran sufi cientemente desarrollados en el artículo 446 del NCPP. El Fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de transcurridos 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del Fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446.1 del NCPP. Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notifi cado a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. En el caso que el Juez admita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el Fiscal formulará acusación y lo remitirá al Juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber etapa intermedia, será el Juez del Juicio Oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos.
En el caso que no concurran los supuestos taxativos de aplicación del proceso inmediato, el Juez de la Investigación Preparatoria podrá desestimar la solicitud del Fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada.
§ 3. La acusación directa y la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria
La Disposición de formalización de la investigación preparatoria es la comunicación formal que el Fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente califi cación jurídica específi ca y, por ende, que se va realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Asimismo, este acto fi scal fi ja las diligencias que se actuarán en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, que si el Ministerio Público considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen la sufi ciencia táctica y probatoria del hecho y la vinculación del imputado al mismo, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria estableciendo las diligencias que de inmediato deban actuarse.
En el caso de que el Fiscal ha decidido no continuar con las diligencias de investigación y acusar directamente –como una de sus facultades como director de la investigación– el imputado solo solicitaría la realización de elementos de convicción durante las diligencias preliminares porque no se produciría la etapa de Investigación Preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una formalización de la Investigación Preparatoria en este sentido.
Además, el artículo 336.4 del NCPP estipula que la acusación directa podrá formularse por el Fiscal, si concluida las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen sufi cientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Acusación directa, cuyos requisitos están previstos en el artículo 349 del NCPP, que cuenta con los mismos elementos de la formalización de la Investigación Preparatoria prevista en el artículo 336.1 del NCPP, por lo que se garantiza el conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción.
§ 4. Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa
Conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, en el procedimiento deacusación directa, cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir; (i) individualiza al imputado y señala los datos que sirven para identifi carlo; (ii) satisface el principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipifi cación; (iii) establece la sufi ciencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (IV) determina la cuantía de la pena que se solicita y fi ja la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia.
El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la notifi cación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 10 días puedan pronunciarse sobre el pedido fi scal.
Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350.1 del NCPP observar la acusación fi scal formal y sustancialmente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento.
En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil podrá solicitarla al Juez de la Investigación Preparatoria conforme al artículo 100 del NCPP y antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 350 del NCPP, en virtud de lo señalado por la citada normativa en el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrán plantear en el plazo de 10 días cualquier otra cuestión que prepare mejor el juicio; asimismo, objetar la reparación civil, o reclamar su incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral.
14. El Fiscal en el requerimiento de acusación, de conformidad con el artículo 349.4 del NCPP, indicará entre otros aspectos las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda.
En caso que el Fiscal no solicite una medida coercitiva, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 286 del NCPP, la medida que prevé de comparecencia simple. Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, el Fiscal podrá requerir medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la acusación directa, según las reglas correspondientes a tal requerimiento.
§ 5. El proceso inmediato y la formalización de la investigación preparatoria
15. Estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del NCPP, el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: (i) luego de culminar las diligencias preliminares y (ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto,
se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen.
En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifi que de esta disposición al imputado a fi n que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes.
§ 6. El proceso inmediato y la etapa intermedia
Dentro de la estructura del proceso común, una de las funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fi scal y los recaudos de la causa con el fi n de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el Juez de la investigación preparatoria como director de la etapa intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la sufi ciencia de los elementos de convicción de la acusación.
En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: fl agrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.
No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. Son los siguientes:
De acuerdo con el artículo 448.1 del NCPP el Juez de Investigación Preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fi scal para la incoación del proceso inmediato.
Este primer control permite al Juez de la Investigación Preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifi que el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso.
Asimismo, en armonía con el artículo 448.1 del NCPP, el Juez de la Investigación Preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fi scal.
Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el Proceso Inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8 del NCPP. Por lo tanto, para que el Juez de la Investigación Preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso –aunque no obligatoriamente–, podrá producirse un debate con la concurrencia del Fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento Fiscal y el Juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda. Asimismo el Fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda.
B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fi scal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349 del NCPP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del NCPP.
§ 7. Momento de aportación de medios probatorios en el Proceso Inmediato
Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específi co en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales.
En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia –donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren– cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373 del NCPP, lo que se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: i. Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control, ii. Que la prueba no haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia.
De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal.
Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.
Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto.
En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
25. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos del 8 al 23.
26. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado estatuto orgánico.
27. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario ofi cial El Peruano. Hágase saber.
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / RODRÍGUEZ TINEO / BARRIOS ALVARADO / PRÍNCIPE TRUJILLO / NEYRA FLORES / BARANDIARÁN DEMPWOLF / CALDERÓN CASTILLO / SANTA MARÍA MORILLO
EL AUTO DE TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO EN UNO DE SEGURIDAD NO GENERA COSA JUZGADA, PUDIENDO REGRESARSE AL PROCESO COMÚN EN EL ITER DEL JUICIO LA ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONSTITUYE LA ÚLTIMA RATIO DE LAS OPCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL LA NULIDAD
EL AUTO DE TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO EN UNO DE SEGURIDAD NO GENERA COSA JUZGADA, PUDIENDO REGRESARSE AL PROCESO COMÚN EN EL ITER DEL JUICIO
LA ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONSTITUYE LA ÚLTIMA RATIO DE LAS OPCIONES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
LA NULIDAD DE LA SENTENCIA POR DEFECTOS INSUBSANABLES EN ACTOS PRECEDENTES A ESTA GENERA IRREMEDIABLEMENTE LA ANULACIÓN DEL JUICIO ORAL
LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO EN EL CURSO DEL JUICIO NO IMPLICA NECESARIAMENTE LA INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD
LA NULIDAD DEL JUICIO NO AFECTA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN SU ÍNTERIN QUE ORDENÓ LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD A UNO COMÚN
CASACIÓN N° 16-2009-HUAURA
Lima, doce de marzo de dos mil diez
VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por errónea interpretación e inobservancia de norma procesal penal y por desarrollo de doctrina jurisprudencial interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista de fojas veintitrés –del cuaderno de apelación–, del trece de marzo de dos mil nueve, que el extremo que declaró nulo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad; en los seguidos contra Pedro Pablo Nakada Ludeña por delitos contra la vida el cuerpo y la salud - homicidio califi cado y contra el patrimonio - robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros.
PRIMERO: El encausado Pedro Pablo Nakada Ludeña fue procesado penalmente, con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCPP–. Se le inculpó formalmente por delitos contra la vida el cuerpo y la salud –homicidio califi cado y contra el patrimonio– robo agravado en perjuicio de Carlos
Edilberto Merino Aguilar y otros. En la etapa de investigación preparatoria el encausado Nakada Ludeña solicitó que se le siga el proceso de seguridad, petición que fue negada por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral por resolución número siete de fojas treinta, del cuatro de mayo de dos mil siete –del cuaderno de investigación–.
SEGUNDO: La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, estando a los términos del auto de vista antes indicado, formuló su requerimiento en ese sentido –véase acusación de fojas cuarenta y cinco, del trece de agosto de dos mil siete, del cuaderno de investigación–. Una vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar de control de la acusación, el Juez de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento de fojas sesenta, del veintidós de noviembre de dos mil siete –del cuaderno de investigación–. Es así que el acusado Nakada Ludeña es sometido a juicio oral en vía de proceso de seguridad por la comisión de los delitos homicidio califi cado y robo agravado.
TERCERO: En el curso del juicio de primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura-Huacho transformó el proceso de seguridad a uno común y en esos términos dictó la sentencia de fojas uno, del nueve de mayo de dos mil ocho –del cuaderno de juzgamiento–, en cuya virtud, en un extremo, condenó a Pedro Pablo Nakada Ludeña como autor de los delitos de homicidio califi cado en agravio de Agustín Andrés Maguiña Oropeza y otros y de robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros a treinta y cinco años de pena privativa de libertad y fi jó en siete mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que pagará a los herederos de los occisos; y, en otro extremo, lo absolvió de la acusación fi scal formulada en su contra por delitos de robo agravado y homicidio califi cado en agravio de Teresa Cotrina Abad, Walter Sandoval Osorio, Gerardo Leonardo Cruz Libia, Carlos Walter Tarazona Toledo, Nazario Julián Tamariz Pérez, Didier Jesús Zapata Dulanto y Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa.
Contra esta sentencia el citado imputado interpuso recurso de apelación, que fue concedido por auto de fojas veintisiete, del veinte de mayo de dos mil ocho, del cuaderno de juzgamiento.
Del trámite impugnativo en segunda instancia
CUARTO: El Superior Tribunal, culminada la fase de traslado de la impugnación, conforme al auto de fojas uno, del seis de junio de dos mil ocho –del cuaderno de apelación–, y realizada la audiencia de apelación, cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista de fojas veintitrés, del trece de marzo de dos mil nueve, del cuaderno de apelación.
El señor Fiscal Superior interpuso recurso de casación.
QUINTO: La sentencia de vista, por mayoría, declaró nula la sentencia de primera instancia e insubsistente todo lo actuado hasta el momento del inicio del proceso de seguridad contra el acusado Nakada Ludeña.
El voto singular estimó que debía declararse infundada la apelación y, de ofi cio, nula la sentencia de primera instancia e insubsistente el juicio oral del proceso común, debiendo efectuarse nuevo juicio oral por otro Colegiado.
III. Del trámite del recurso de casación de la Segunda Fiscalía Superior de Huaura
SEXTO: Leída la sentencia de vista, el Fiscal Superior de Huaura interpuso recurso de casación mediante escrito de fojas treinta y seis –del cuaderno de apelación–.
Introdujo dos motivos de casación: a) errónea aplicación de la norma procesal penal: la prevista en el artículo 458 apartado 3 del NCPP; y, b) inobservancia de la norma procesal penal: el artículo 457 apartado 5 del mismo cuerpo legal.
Concedido el recurso por auto de fojas cuarenta y seis, del catorce de abril de dos mil nueve, se elevó la causa a este Supremo Tribunal.
SÉTIMO: Cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas [la defensa del imputado se apersonó a la instancia y fi jó domicilio procesal –donde se le notifi có de la audiencia de fojas sesenta y ocho del cuaderno de casación–], esta Suprema Sala mediante Ejecutoria de fojas veintiuno, del cuaderno de casación, del doce de junio de dos mil nueve, admitió a trámite el recurso de casación por la infracción de las dos normas procesales antes citadas y, además, entendió que debía desarrollarse la doctrina jurisprudencial.
OCTAVO: Instruido el expediente en Secretaría, señalada la fecha para la audiencia de casación el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden conforme al acta que antecede, con intervención de la Señora Fiscal Suprema Adjunta, el estado de la causa es la de expedir sentencia.
NOVENO: Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública –con las partes que asistan– se realizará por la Secretaria de la Sala el día viernes veintiséis de marzo a horas nueve de la mañana.
PRIMERO: Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas veintiuno, del cuaderno de casación, del doce de junio de dos mil nueve, los motivos del recurso de casación se centran en la vulneración de dos preceptos procesales: errónea interpretación de la norma procesal penal –artículo 458.3 del NCPP– e inobservancia de norma procesal penal –artículo 457.5 del NCPP–. A partir de estos se pretende desarrollar la correspondiente doctrina jurisprudencial. Se trata entonces de una casación procesal prevista en el apartado 3 del artículo 429 del NCPP. Si las normas denunciadas como infringidas son de carácter procesal, luego, la casación que es legalmente procedente es la prevista por infracción de normas de ese carácter.
SEGUNDO: Los agravios del Ministerio Público cuestionan el segundo extremo de la sentencia de vista que, por mayoría, declaró nulo todo lo actuado, hasta el momento de disponerse el inicio del proceso de seguridad contra el acusado Nakada Ludeña por delitos de homicidio califi cado y de robo agravado en perjuicio de Teresa Cotrina Abad y otros. Pretende el Fiscal Superior casacionista que se declare nulo dicho extremo porque fue emitido mediando una errónea interpretación de lo previsto en el artículo 458 apartado 3 del NCPP e inobservado (falta de aplicación) lo estatuido en el artículo 457 apartado 5 del NCPP.
El primer agravio denuncia la errónea interpretación del artículo 458 apartado 3 del NCPP. Sostiene que el Tribunal de Apelación declaró la nulidad de todo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad porque este proceso no puede desligarse del proceso común y, por lo tanto, debe tramitarse como una sola unidad.
Estima que el fallo retrotrae el proceso a etapas ya conclusas, lo que necesariamente implicará que en la causa no solo se tiene que actuar un nuevo juicio oral sino también una nueva etapa intermedia.
B. El segundo agravio imputa la inaplicación del artículo 457 apartado 5 del NCPP, norma que prescribe que el proceso de seguridad no podrá acumularse con el proceso común, norma que –a su juicio– debe ser interpretada sistemáticamente y no aisladamente como lo hizo el Tribunal Superior. Afi rma que el artículo 457 apartado 5 del NCPP es aplicable para sustentar que existen diferencias en la naturaleza jurídica de los procesos de seguridad y los procesos comunes, puesto que no solo tienen objetos diferentes, sino también fi nalidades distintas, por lo que está prohibida su acumulación, además que no resulta lógico que solo en ciertas etapas se prohíba la acumulación de ambos procesos y en otras no. No existe mayor difi cultad para discernir que se trata de dos procesos distintos y, por consiguiente, al dar por concluido uno de ellos, necesariamente se estaría dando inicio al otro, ya sea de un proceso común a uno de seguridad o viceversa.
Por consiguiente, pretende que se aplique este artículo al caso concreto y que se establezcan criterios a tener en cuenta para la aplicación de las normas del proceso de seguridad y su diferenciación con el proceso común.
(sic) De la sentencia de vista recurrida
CUARTO (sic): La sentencia de vista de fojas veintitrés, del cuaderno de apelación, del trece de marzo de dos mil nueve, en su fundamento octavo sostiene que el proceso de seguridad al ser transformado a proceso común no constituye dos juicios orales independientes. Debe entenderse, estima, que la oralidad de ambos momentos procesales son en realidad parte de un solo juicio oral, a cuyo término se dicta una sentencia que pone fi n al proceso al menos formalmente.
QUINTO: Es de tener presente que como consecuencia del auto de vista de fojas setenta y tres del cuaderno de casación, del veintitrés de julio de dos mil siete, se instó la incoación del proceso de seguridad, bajo el argumento de Derecho Penal material de que la pericia psiquiátrica arrojaba indicios sufi cientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del encausado Nakada Ludeña por sufrir de Esquizofrenia Paranoide y, por lo tanto, que en su día, era del caso imponer una medida de seguridad.
Sin embargo, iniciado el juicio oral en el propio proceso de seguridad –el veintitrés de abril de dos mil ocho–, el Juzgado Penal Colegiado, de ofi cio, al amparo del artículo 458, apartado 1), del NCPP –fundamento jurídico que no ha sido cuestionado expresamente por el Tribunal de Apelación–, dictó el respectivo auto de transformación al proceso común y dispuso la reanudación de la audiencia para nueva fecha. Según la referida resolución, y siguiendo las explicaciones periciales de la Comisión de Psiquiatras de la División de Exámenes Clínicos Forenses del Ministerio Público –el dictamen pericial corre a fojas uno del Cuaderno de Investigación Preparatoria–, los actos realizados por el imputado se llevaron a cabo con plena conciencia, quien no revela trastorno mental de tipo esquizofrénico, ni presenta ni ha presentado trastorno mental de tipo psicótico, de suerte que la supuesta esquizofrenia no sería la causa de la comisión de asesinatos seriales, quien más padece de conductas antisociales que defi nitivamente no lo convierten en inimputable.
Seguido el juicio oral conforme al rito del proceso común se dictó la correspondiente sentencia que contiene extremos condenatorios y absolutorios. El fallo solo fue recurrido por el imputado –auto concesorio de fojas veintisiete, del veinte de mayo de dos mil ocho–. Estimó el impugnante que le correspondía la aplicación de una medida de seguridad.
El Tribunal de Apelación en la sentencia de vista impugnada por el señor Fiscal Superior, entendió que la sentencia de primera instancia no estaba debidamente motivada en cuanto al juicio de culpabilidad [más allá de sus defectos técnicos respecto del rol del Tribunal de Apelación cuando encuentra defi ciencias en la motivación del fallo de primera instancia, las cuales muy bien pueden suplir atento a la naturaleza ordinaria del recurso de apelación y a sus lógicas de corrección y subsanación –intrínsecas a su califi cación de medio de gravamen– en aras del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas]. Por ello, lamentablemente, anuló el fallo y el propio juicio oral, hasta el momento de disponerse el inicio de la fase oral del proceso de seguridad.
La Fiscalía Superior sostiene que la extensión de la nulidad, que incluye la decisión de transformar el proceso de seguridad a uno común, es incorrecta e infringe la norma procesal.
SEXTO: Es materia de examen casacional, por consiguiente, si al extenderse la nulidad al inicio del juicio oral, comprendiendo esta el auto de transformación del proceso a uno de carácter común, se ha inobservado o no dos normas procesales: a) el artículo 457, apartado 5), del NCPP, que establece: “El proceso de seguridad no podrá acumularse con un proceso común”; y, b) el artículo 458, apartado 3), del NCPP, que preceptúa: “Si se ha deliberado en ausencia del imputado en virtud del artículo anterior [juicio oral del proceso de seguridad], se deberán repetir aquellas partes del juicio en las que el inculpado no estaba presente”.
Tal delimitación del recurso, atento al principio tantum devolutiom quantum apellatum, impide ingresar a examinar otros extremos del fallo de vista que muy bien podrían trazar distintas perspectivas en el desarrollo del caso, cuya demora es preocupante.
SÉTIMO: La propia sentencia de vista no cuestiona un punto central del juicio de mérito, cuyo antecedente es el auto de primera instancia que transformó el proceso de seguridad al proceso común: que el imputado no está incurso en el supuesto de inimputabilidad del artículo 20, inciso uno, del Código Penal, situación que de por sí excluye la posibilidad de aplicar la medida de seguridad que pretende el imputado (artículos 74 y 75 del Código Penal). El Tribunal de Revisión centra su censura en el denominado juicio de culpabilidad, en la ausencia de un razonamiento constitucionalmente válido para la declaración de hechos probados y la aplicación consiguiente del derecho a los mismos. De encontrar inválido el análisis previo, en rigor, el presupuesto del juicio común, así lo debió haber manifestado y razonado.
Entonces, si se focalizó en la declaración de hechos probados y en el juicio de culpabilidad, sobre la base del binomio delito/pena, y no peligrosidad/medida de seguridad de internación, se entiende, que ese punto, antecedente del juicio común y de la sentencia consiguiente, no lo ponía en cuestión, pese a que, precisamente, ese era el ámbito estricto del recurso de apelación, base de su competencia funcional.
OCTAVO: Es de tener presente que la anulación de la sentencia emitida tras un juicio oral, público y contradictorio –a esto último no son ajenos los juicios orales en procesos comunes y de seguridad–, si se afi rma la existencia de un defecto estructural de la sentencia [en rigor, una infracción procesal derivada de la vulneración de un requisito interno de la sentencia, de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente en su elemento de exhaustividad –que no de congruencia–], no trae irremediablemente consigo la nulidad del juicio oral y la necesidad de su repetición.
La opción anulatoria, en estas circunstancias, necesariamente debe asumirse como última ratio y siempre que, de un lado, se cumplan acabadamente los principios de taxatividad y de trascendencia y se confi gure una efectiva indefensión material a las partes concernidas –que menoscabe el derecho a intervenir en el proceso, el derecho a realizar los alegatos que se estimen pertinentes, el derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes a los hechos alegados y, en su caso y modo, el derecho de utilizar los recursos contra las resoluciones judiciales–, centrada en la vulneración de sus derechos y/o garantías procesales de jerarquía constitucional –es decir, relevantemente los principios inherentes a la estructura del proceso: contradicción e igualdad de armas–; y, de otro lado, no sea posible por la naturaleza del recurso, además de estimarlo, resolver el fondo de la controversia penal, imposibilidad que no es de recibo en el recurso de apelación, opción absolutamente preferible por razones de economía procesal.
Ahora bien, realizada esta breve pero indispensable precisión, es del caso puntualizar que dictada la nulidad de una sentencia –absolutamente necesaria cuando se trata de vicios por defecto de tramitación, producidos en actos precedentes a la misma sentencia en tanto sean insubsanables– es irremediable anular las actuaciones del juicio oral, pues en ellas se sustenta toda sentencia de mérito –artículo 393 del NCPP–.
La particularidad del presente caso es que, precisamente, como lo manda el artículo 458.1 del NCPP, luego de la instalación del juicio oral de un proceso de seguridad se dictó un auto, ya fi rme, que transformó el proceso y lo derivó al proceso común, a partir del cual se reordenó la audiencia y se siguió íntegramente bajo sus reglas. Así las cosas, ¿la anulación del juicio por defecto estructural de la sentencia comprende esa resolución fi rme? La respuesta es negativa, en tanto en cuanto lo que se cuestionó no es esa premisa sino el resultado del juicio oral por proceso común: la sentencia. La nulidad no puede alcanzar a esa decisión pues el vicio declarado no la afecta.
NOVENO: La discusión si el proceso común es diferente al proceso de seguridad no se puede responder en abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad discute no solo los hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la presencia del binomio peligrosidad/medida de seguridad; pero esta diferencia no lo hace necesariamente incompatible con el proceso común –comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento–, pues en este último proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una medida de seguridad si se dan los presupuestos para ella y medió una discusión y debate sobre el particular, es decir, si se cumplió el principio de contradicción –artículo 393, apartado 3), literal e), del NCPP–.
La prohibición de acumulación de un proceso de seguridad con el común es obvia, pero solo dice de la imposibilidad de conexidad debido al diferente objeto de ambos procesos. La acumulación por conexidad importa en este último caso, y en sentido estricto diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a varias, y procede si se cumplen sus presupuestos y condiciones; tiene como fundamento el tratamiento unitario de esas causas o imputaciones para garantizar la economía y la celeridad procesal, así como para evitar fallos contradictorios y posibilitar un conocimiento más integral de los cargos con arreglo al principio de inmediación y, en su caso, se pueda aplicar las reglas del concurso de delitos.
La base común del rito del juicio oral para ambos procesos, cuando es el del caso transformarlos, solo autoriza, de modo general, a repetir aquellas actuaciones especiales que en el caso del proceso de seguridad se realizaron sin el concurso del imputado por razones de salud. No debe empezarse de cero –no puede entenderse que las actuaciones previas son inefi caces procesalmente–, sino que debe continuar en lo que es compatible y repetir lo que se hizo al margen del principio de bilateralidad y presencia efectiva del imputado.
Pero nada de lo expuesto es relevante en el presente caso. De modo que tratar el alcance de las dos normas arriba comentadas carece de sentido.
DÉCIMO: Lo que en verdad inobservó el Tribunal de Apelación al extender la anulación de lo actuado al auto de transformación del proceso es, precisamente, el principio de preclusión procesal, que integra la garantía del debido proceso. La decisión anulada no guarda relación con el vicio que detectó y censuró, única posibilidad legal de hacerlo conforme al artículo 154, apartado 1), del CPP. No hay dependencia entre el vicio en que se dice incurrió el Tribunal de Primera Instancia, centrado en el juicio de culpabilidad, con la declaración previa de transformación de la causa en común. Es de aplicación, por lo tanto, el artículo 150, literal d), del NCPP. Y así debe declararse por tratarse de una nulidad absoluta, insubsanable en casación.
UNDÉCIMO: Cabe puntualizar que el nuevo juicio oral que realizará el Tribunal Penal de Primera Instancia, en los marcos amplios de la discusión procesal y de acuerdo a las pretensiones de las partes, podrá dilucidar ampliamente si son de aplicación los artículos 20.1 y 71 y siguientes del Código Penal. Es de recordar que el auto de transformación del proceso no causa estado, no genera cosa juzgada, por lo que a la luz del debate oral y de la discusión pericial –recuérdese que la etapa principal es el enjuiciamiento– el Tribunal podrá muy bien optar por la decisión que considere arreglada a derecho. Desde luego no será pertinente una discusión incidental tendente a poner en crisis el juicio para que se suspenda la causa y se reoriente al juicio de seguridad, porque ello vulneraría el principio de concentración procesal, pero sí una discusión de fondo acerca de la aplicación de normas de Derecho Penal material referentes al juicio de imputabilidad y a la necesidad y proporcionalidad de una posible medida de seguridad. Limitar esa posibilidad al imputado sería, eso sí, restringir irrazonablemente su derecho de defensa y reducirle efectiva indefensión material.
Declararon FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por el Señor Fiscal Superior de Huaura por errónea interpretación e inobservancia de norma procesal penal y por desarrollo de doctrina jurisprudencial contra la sentencia de vista de fojas veintitrés –del cuaderno de apelación–, del trece de marzo de dos mil nueve, en el extremo que declaró nulo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad; reformándola: declararon NULO ese extremo de la sentencia de vista; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: PRECISARON que la nulidad del juicio no alcanza al auto de transformación del proceso de seguridad por el común.
DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifi que a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.
MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRÍNCIPE TRUJILLO / CALDERÓN CASTILLO / SANTA
A PRERROGATIVA DEL ANTEJUICIO SE EXTINGUE DE PLENO DERECHO PASADOS LOS CINCO AÑOS DE HABER CESADO EN FUNCIONES EL BENEFICIARIO, SIN NECESIDAD DE DECLARATORIA EXPRESA DEL CONGRESO
Published in PROCESO POR RAZÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA
Martes, 28 Julio 2015 16:50
EXP. N° 00030-2010-PHC/TC-LIMA
ELÍAS MOISÉS LARA CHIENDA
En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2010, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Moisés Lara Chienda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 248, su fecha 17 de agosto de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 30 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra el Vocal Supremo Instructor, señor José Luis Lecaros Cornejo, y contra los vocales de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores César San Martín Castro, Raúl Valdez Roca, Jorge Calderón Castillo, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, con el objeto que se declare la nulidad del proceso penal A.V. 04-2006, en el extremo en que se le condena a 5 años de pena privativa de la libertad por el delito de encubrimiento personal. Denuncia la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad individual.
Refi ere el accionante que en su condición de ex fi scal Supremo fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República por el delito de encubrimiento personal y otros; sin embargo refi ere que antes de que el procedimiento de antejuicio político culminara, la Fiscal de la Nación excediendo sus funciones, declaró la caducidad del plazo de dicha prerrogativa constitucional y dispuso que se le denuncie penalmente, habiéndosele abierto proceso penal por el delito de encubrimiento personal y otros (Exp. N° 04-2006-AV). Agrega que en el proceso penal dedujo cuestión previa toda vez que no existía una resolución acusatoria del Congreso de la República que autorice el inicio del referido proceso, y que no obstante ello dicho medio de defensa fue desestimado por las dos instancias judiciales. Por último, el actor señala que pese a estas irregularidades se ha dictado la sentencia que lo condena a 5 años de pena privativa de libertad por el delito de encubrimiento personal, la misma que al haber sido impugnada fue confi rmada por la Sala Penal revisora.
Admitida a trámite la demanda, se realizó la investigación sumaria en la que el actor se ratifi có en todos los extremos de la misma. Por su parte, los jueces emplazados coinciden en señalar que el antejuicio político se extingue a los 5 años después del cese del funcionario público y que en el caso concreto la apertura de la instrucción penal fue con fecha posterior al transcurso de dicho plazo. Asimismo señalan que lo que pretende el demandante es que se vuelva a analizar los actuados del proceso ordinario, lo cual no se condice con la fi nalidad del proceso de hábeas corpus.
El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 20 de mayo de 2009, declaró improcedente la demanda por considerar que lo que pretende el demandante es una nueva valoración sobre lo que ya ha sido resuelto por las instancias judiciales en el proceso penal.
La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha de 17 de agosto de 2009, confi rmó la apelada por similares fundamentos.
La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del proceso penal A.V. 04-2006 en el extremo en que se condena al actor a 5 años de pena privativa de la libertad por el delito de encubrimiento personal, alegándose la violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad individual. El alegato principal del actor estriba en que fue denunciado, procesado y condenado a pena privativa de la libertad sin que haya concluido el procedimiento del antejuicio político iniciado en su contra ante el Congreso de la República.
El antejuicio político y su relación con el ejercicio de la acción penal
2. Es bastante sabido que existen dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede acusar a ciertos altos funcionarios del Estado. Estos son el antejuicio político y el juicio político, que son de distinta naturaleza y alcance. En relación al antejuicio político, el artículo 99 de la Constitución señala que “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los Ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fi scales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas” (énfasis agregado).
3. Sobre el particular, este Tribunal ha precisado que el antejuicio político constituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios citados en el referido artículo 99 de la Constitución, que consiste en que no pueden ser procesados –válidamente– por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un delito si antes no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional ante el Congreso de la República en el que se haya determinado la verosimilitud de los hechos materia de acusación y que estos se subsuman en uno o más tipos penales de orden funcional (Exp. N° 0006-2003-AI/TC, fundamento 3). Sobre esta base, se concluye que es el Congreso el órgano constitucional encargado –a través de un procedimiento establecido– de dejar sin efecto el privilegio del alto funcionario y de ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria mediante una resolución acusatoria, acto a partir del cual se puede formalizar denuncia penal y dar inicio al proceso penal.
4. Asimismo, este Tribunal ha precisado que si bien es cierto que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad, como bien lo reconoce la propia Constitución, también es verdad que en virtud de estas facultades otorgadas no puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. Es decir, el Ministerio Público no puede promover una investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva por parte de un alto funcionario si este previamente no ha sido objeto de una acusación constitucional en el Congreso. De lo contrario, todos los actos llevados a cabo en sede jurisdiccional ordinaria sin la observancia de lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución, así como del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y de la Ley N° 27399 que también forman parte del parámetro de control para evaluar casos como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es abrir la puerta a interpretaciones restrictivas de la ley fundamental que no solo la vacían de contenido, sino que también resultan violatorias de los derechos fundamentales (en el caso específi co, el derecho al debido proceso de los altos funcionarios públicos) y no se condicen con los principios que inspiran el Estado Constitucional (Exp. N° 04747-2007-PHC/TC, fundamento 6).
El límite temporal del antejuicio político
5. El artículo 99 de la Constitución ha establecido un límite temporal a dicha prerrogativa, fi jándole una duración máxima de hasta cinco años después que el alto funcionario haya cesado en las funciones respecto del cual goza del privilegio. Este límite temporal implica que transcurrido dicho plazo, la prerrogativa del antejuicio se extingue, cesando la prohibición de no ser denunciados ni sometidos a proceso penal directamente sin que previamente se les haya sometido a un procedimiento ante el Congreso. Sin embargo, surge la interrogante de si vencido dicho plazo el privilegio del antejuicio se extingue de pleno derecho o requiere necesariamente ser decretada por el Congreso de la República.
6. Para responder a tal interrogante debe tenerse presente que el Ministerio Público es el órgano constitucional con autonomía funcional, al que, entre otras cosas, le está facultado ejercitar la acción penal de ofi cio o a petición de parte, mientras que al Poder Judicial le corresponde impartir justicia mediante su función jurisdiccional, que en materia ordinaria es exclusiva. Teniendo en cuenta que el antejuicio constituye una limitación a las atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público, pues en este caso no puede actuar de ofi cio, sino que debe esperar a que el Congreso previo procedimiento dicte una resolución acusatoria contra el funcionario protegido por dicho privilegio, este Tribunal considera, a la luz de los principios de interpretación de unidad de la Constitución y de corrección funcional, que vencido el plazo de 5 años establecido por el artículo 99 de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno derecho.
7. Una interpretación en contrario, esto es, sostener que pese haber transcurrido el plazo en mención se requiere necesariamente que el Parlamento decrete la extinción del benefi cio del antejuicio político, supondría a juicio de este Tribunal extender injustifi cadamente el plazo de vigencia del antejuicio más allá del plazo establecido por el Constituyente, lo que conllevaría a extender la limitación a las atribuciones del Ministerio Público, lo cual, dado el caso, sí resultaría a todas luces inconstitucional. En tal sentido, cuando el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República establece que presentada una denuncia constitucional corresponde a la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales califi car su admisibilidad y/o procedencia verifi cando entre otras cosas, si “[a] la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si esta se encuentra o no vigente”; dicha disposición no debe ser entendida como que es al Congreso a quien le corresponde decretar si la prerrogativa del antejuicio se ha extinguido en un caso concreto, sino antes bien que a partir de una constatación de que la prerrogativa ya no se encuentra vigente por haber expirado el plazo establecido por el Constituyente, debe limitarse a rechazar la denuncia constitucional. En defi nitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio político por haber vencido su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto de una denuncia penal y por lo tanto puede ser sometido a un proceso penal sin declaración previa alguna de parte del Congreso de la República.
8. Del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre en estos autos, se aprecia que:
Con fecha 12 de diciembre de 2004 la Fiscalía de la Nación formuló denuncia constitucional N° 393 contra el actor Elías Moisés Lara Chienda (en su condición de ex fi scal Supremo) y otros ante el Congreso de la República, por el delito de encubrimiento personal y otros (fojas 22 a 43). No habiendo emitido pronunciamiento el Congreso de la República respecto de la acusación constitucional en el extremo que se refi ere a Lara Chienda, la Fiscal de la Nación, mediante resolución de 7 de febrero de 2006, dispuso remitir copias al Fiscal Supremo competente a efectos que formalice la denuncia penal correspondiente, bajo el argumento de que la prerrogativa del antejuicio del cual gozaba se extinguió por haber transcurrido más de cinco años desde que cesó en sus funciones de Fiscal Supremo, en diciembre de 2000 (f. 45 a 46).
Con fecha 5 de mayo de 2006 se formaliza la denuncia penal ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y sobre la base de esta, la Vocalía Suprema de Instrucción dispuso abrir instrucción mediante resolución de 18 de mayo de 2006 (Exp. N° 042006-AV), por los delitos de asociación ilícita para delinquir y encubrimiento personal (fs. 47 a 72). En dicho estado de cosas el recurrente formuló cuestión previa argumentando que no había sido despojado de la prerrogativa del antejuicio, defensa de forma que fue rechazada por las resoluciones judiciales de fecha 22 de setiembre de 2006 y su confi rmatoria de fecha 28 de diciembre de 2006 (f. 76 a 84).
Finalmente, mediante sentencia de fecha 11 de enero de 2007 se declaró la responsabilidad penal del actor por el delito de encubrimiento personal, siendo condenado a 5 años de pena privativa de libertad. Esta decisión fue confi rmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema mediante sentencia de fecha 3 de octubre de 2007 (f. 115 a 140).
De todo lo expuesto se tiene que el actor cesó en sus funciones de Fiscal Supremo en diciembre de 2000, según se desprende de la resolución N° 54, de fecha 28 de diciembre de 2006, dictada en el Exp. N° 04-2006-AV (f. 80 a 84), por lo que resulta evidente que a la fecha en que fue denunciado penalmente (5 de mayo de 2006) y en que se le abrió proceso penal (18 de mayo de 2006), ya había transcurrido más de los cinco años que establece el artículo 99 de la Constitución. Esto quiere decir que no obstante que el procedimiento al que había sido sometido el actor ante el Congreso de la República no había culminado, la prerrogativa del antejuicio ya había fenecido por haber vencido su plazo de vigencia. Siendo ello así se concluye, a la luz de todo lo expuesto precedentemente, que no se ha afectado los derechos al debido proceso y a la libertad individual del accionante por el hecho de habérsele denunciado penalmente y sometido al referido proceso penal.
Por lo demás, si como alega el actor, con fecha 19 de julio de 2006 (fojas 86 a la 90) la Comisión Permanente del Congreso aprobó el Informe de Califi cación de Denuncia Constitucional N° 393 de la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales, que declaró improcedente la denuncia formulada por la Fiscal de la Nación contra el recurrente y otros por el delito de encubrimiento personal y otros, por considerar que no se acreditaron los hechos expuestos en ella, tal decisión carece de efi cacia por cuanto fue adoptada sin tener en cuenta que la prerrogativa del antejuicio ya había fenecido por haber expirado su plazo de vigencia establecido en el artículo 99 de la Constitución. Debe precisarse que al expirar el privilegio del antejuicio en un determinado caso por haber vencido su plazo de vigencia, cesa con ello la atribución del Congreso de decidir si corresponde o no acusar al alto funcionario, aun cuando se encuentre en trámite ante este una denuncia constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse producido la violación de sus derechos al debido proceso y a la libertad individual.
SS. MESÍA RAMÍREZ / BEAUMONT CALLIRGOS / VERGARA GOTELLI / CALLE HAYEN / ETO CRUZ /
ÁLVAREZ MIRANDA / URVIOLA HANI
Lunes, 22 Junio 2015 17:25
“[…] Es claro e innegable que se configuran en el presente caso los supuestos b) y c) del artículo 446º del Código Procesal Penal, en tanto el imputado ha confesado la comisión del delito, y además, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio al imputado, son evidentes de la comisión del delito imputado, por lo que es procedente la aplicación del proceso inmediato al presente caso”.
Base Legal: CP: Art. 149º; NCPP: Arts. 160º, 161º, 330º, 446º, 447º, 448º
EXPEDIENTE : 3552-2011-0
JUEZ : FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ REFORME
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL DE PIURA
IMPUTADO : SEMINARIO LADINES RICARDO ANTONIO
AGRAVIADO : SEMINARIO MACHADO AZUCENA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : TORO GARCIA TERESA
DELITO : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
AUTOS Y VISTOS; dado cuenta para resolver en la fecha el requerimiento de proceso inmediato.
PRIMERO.- El representante del Ministerio Público mediante requerimiento de fecha 05 de junio del año en curso, acude a éste Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria requiriendo se declare procedente la tramitación del proceso inmediato.
PRESUPUESTOS MATERIALES PARA SU INCOACIÓN
Como sustento fáctico de la pretensión requerida, el representante fiscal afirma que el investigado Ricardo Antonio Seminario Ladines ha omitido cumplir con el pago de la pensión alimenticia a favor de su menor hija Azucena del Rosario Seminario Machado, fijada por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Piura, mediante sentencia – resolución número 04, de fecha 13 de mayo de 2004, en la cual se obliga al referido Ricardo Antonio a acudir a la agraviada con una pensión alimenticia mensual y adelantada de doscientos veinte nuevos soles, suma que fue reformada por la sentencia de vista emitida por el Segundo Juzgado de Familia de Piura mediante resolución número 11 de fecha 18 de octubre de 2004 en la suma de 180.00 nuevos soles, habiéndose practicado la liquidación de pensiones alimenticias devengadas en la suma de 4,500.00 NUEVOS SOLES, que corresponden al período enero de 2009 al mes de enero de 2011, liquidación que pese de haberse notificado al demandado ha omitido cumplir y honrar dicha deuda, por lo que se ha iniciado la presente investigación penal.
Los Supuestos Procesales que alega el Ministerio Público se cumplen son los siguientes: a) Que el imputado ha aceptado que ha omitido cumplir con su obligación alimenticia reconociendo la deuda alimenticia, cumpliéndose el inciso 1 literal b) del artículo 446° del Código Procesal Penal; b) Además cabe señalarse que existen suficientes elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y recibido la declaración del imputado resulta evidente la comisión delictiva por éste, dándose igualmente el cumplimiento de lo establecido por el artículo 446 inciso 1, literal c) del Código Procesal Penal.
SEGUNDO.- El artículo 446° del Código Procesal Penal establece los supuestos del proceso inmediato en los siguientes términos: 1. El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes (...).
Por otro lado, el artículo 447° del acotado texto adjetivo prescribe que: 1. El Fiscal, sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que correspondan, se dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria formulando el requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. 2. Se
acompañará al requerimiento el expediente fiscal.
Finalmente, el artículo 448° del mencionado Código Procesal Penal, señala lo siguiente: 1. El Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo de tres días, si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que se emita es apelable con efecto devolutivo. 2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 3. De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada. 4. Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictará la Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación Preparatoria.
TERCERO.- Del análisis de la carpeta fiscal, la misma que se encuentra digitalizada en el sistema informático, se puede apreciar indubitablemente que el imputado al momento de rendir su declaración ha aceptado adeudar las pensiones alimenticias a favor de su menor hija, y manifestó que no se encuentra en condiciones de arribar a un acuerdo del principio de oportunidad toda vez que no tiene un ingreso seguro, tal circunstancias es corroborada con los actuados en el proceso sumarísimo de alimentos, de los que se evidencia sin duda alguna que luego de haberse tramitado dicho proceso de alimentos y practicada la liquidación de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al período enero de 2009 al mes de enero de 2011, la misma que fue notificada al hoy imputado para su pago, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para la denuncia correspondiente, sin embargo dicho imputado no ha honrado dicha deuda. Finalmente, obra como elemento de convicción la firma sindicación y declaración de la señora Ana Virginia Machado Cornejo, quién es la denunciante y madre de la menor Azucena del Rosario Seminario Machado, la que manifiesta que el hoy imputado no ha cumplido con cancelar la deuda puesta a cobro.
CUARTO.- En atención a lo esbozado en el considerando precedente, es claro e innegable que se configuran en el presente caso los supuestos b) y c) del artículo 446° del Código Procesal Penal, en tanto el imputado ha confesado la comisión del delito, y además, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, son evidentes de la comisión del delito imputado, por lo que es procedente la aplicación del proceso inmediato al presente caso.
Fundamentos por los cuales;
SE RESUELVE: DECLARAR PROCEDENTE LA INCOACION DEL PROCESO INMEDIATO en la investigación seguida contra RICARDO ANTONIO SEMINARIO LADINES, por el delito de omisión de asistencia familiar, en agravio de AZUCENA DEL ROSARIO SEMINARIO MACHADO, en consecuencia cumpla el representante del Ministerio Público, según lo prescrito por el artículo 448° del Código Procesal Penal, en formular acusación, luego de lo cual, el Juez de la Investigación Preparatoria remitirá lo actuado al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. NOTIFÍQUESE.