Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2014/nov/20141111.html
Timestamp: 2018-02-25 05:58:58
Document Index: 120355350

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 91', 'artículo 44', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 156', 'artículo 104', 'artículo 156', 'artículo 136', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 156', 'artículo 4', 'artículo 156', 'artículo 20', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 144', 'artículo 156', 'artículo 72', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 4', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 144', 'artículo 44', 'artículo 87', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 82', 'artículo 4']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 11 de noviembre de 2014
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre consultas populares; de la Cámara de Senadores, con resolutivo relativo a discusión de minuta y con minuta; de la Secretaría de Gobernación y diversas autoridades, con informe y respuestas a puntos de acuerdo
Que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fundamentación
Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fundamentación
Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación, fundamentación
Comentarios sobre las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y en materia energética
Martha Gutiérrez Manrique, PRI
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:27 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Víctor Jorrín.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente, para comentarle los sucesos del puerto de Acapulco. Se encuentra el puerto en una crisis económica; los meseros no tienen trabajo, no hay turismo; los pequeños hoteleros no tienen para pagar la nómina, tienen que pagar los impuestos, y se requiere una actuación inmediata del gobierno federal, de todas las secretarías, para que de inmediato se busque una estrategia de cómo reactivar la economía del puerto de Acapulco.
Y la otra parte es un llamado de atención a la Secretaría de Gobernación para que busque la negociación y ponga orden a los problemas sociales que se están presentando. Si no hay credibilidad de parte de los afectados, por parte de las notas que está emitiendo el gobierno federal, se tendrá que buscar alguna otra alternativa para buscar la paz social; de lo contrario, señor presidente, Guerrero se va a seguir prendiendo y va a prender al país. Es urgente la atención al estado de Guerrero.
Es urgente que todo el gabinete se ponga a trabajar para atender lo que está ocurriendo en Guerrero. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado López Suárez.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para condenar los actos vandálicos contra el senador Alejandro Encinas que el día de ayer tuvimos en el estado de Veracruz.
Y asimismo desde el PRD tenemos claridad de que fue organizado este acto vandálico por parte del gobernador del estado, que además de desaparecer periodistas, ahora agrede a senadores de la república. Y como es sabido por los medios de comunicación, tenemos claridad que la versión que ha corrido desde las notas periodísticas y que hoy sostiene el padre Solalinde sobre lo que hace el gobernador del estado de Veracruz es verídico, dado que el exalcalde de Iguala fue detenido en el estado de Veracruz días antes de lo que anunció la PGR.
No nos extraña la agresión que sufrió el senador Encinas porque es toda una campaña que están montando primero contra nuestro delegado en Iztapalapa y ahora contra cualquier dirigente perredista que visita el estado de Veracruz.
Hacemos un llamado al gobierno de Veracruz para que sea prudente, que no cometa tantos errores y que además tenga claro que se está sabiendo la verdad poco a poco de que él es quien hace la guerra sucia por parte del PRI y del gobierno federal y que vamos a estar al tanto y a defender lo que creemos y no vamos a dejar que se siga agrediendo a compañeras y compañeros dirigentes del PRD. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates. Señor diputado José Luis Muñoz Soria.
El diputado José Luis Muños Soria (desde su curul): Muchas gracias, diputado Presidente. Solamente hacer un llamado al Ejecutivo federal para que no esté pensando que los mexicanos y las mexicanas no racionalizamos las cosas. El planteamiento que hace respecto a la casa blanca no se lo traga nadie.
Además, pedirle que pudiera modificar su equipo de asesores por la gran estupidez que hicieron con información privilegiada de asignar un contrato para el tren y luego echarlo para atrás.
Plantearíamos que los recursos que vuelva a asignar, a adjudicar el contrato y que los recursos que tuviese que haber pagado los asignara a las normales rurales, que son las instancias de formación de profesores en nuestras áreas correspondientes.
Decirles que sean un poquito inteligentes, que no piensen que somos tontos. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su participación, señor diputado, en el Diario de los Debates.
Me ha pedido también la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, también la diputada Claudia Bojórquez, también la diputada Loretta y también el diputado Gaudencio Hernández.
Le voy a pedir a la asamblea su comprensión para que una vez desahogadas sus participaciones podamos continuar con el orden del día. Recuerdo que hay agenda política por aquellos temas que pueden ser posibles desahogar en esa parte del orden del día. Diputado Uriel Flores.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Me interesa destacar que si bien el tema de la agenda política para la sesión de hoy es un tema sumamente importante, da la impresión de que ya es muy posterior. Digamos, es un hecho consumado, más allá de la interpretación u opinión que tengamos, el asunto de la consulta.
Pero hay otros asuntos que están pesando mucho en el ánimo del país como son la famosa licitación del tren rápido México-Querétaro, la Casa Blanca, el viaje del presidente a China y Australia, y me parece que no se debería de eludir, independientemente de la posición de cada fuerza política, son temas de mucha, muchísima importancia para la salud del país, y este foro es el mejor foro para darles un tratamiento adecuado para que haya una explicación, para que haya claridad.
Creo que el país está pasando por una situación muy difícil de crisis nacional, y es cuando un órgano del Estado como esta Cámara de Diputados debería de apuntarse con una postura mucho más oportuna, más útil, más adecuada para esa circunstancia. Simplemente destacar esto, diputado, y le agradezco mucho la oportunidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias diputado Flores Aguayo. Diputada Claudia Bojórquez.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente creo que el país hoy no está como para seguir tolerando el excesivo comportamiento de la familia presidencial en que van a tomar un relax a China con un pretexto político, pero que además quiere burlarse de los mexicanos y de las mexicanas, y no solamente es un abuso, sino un pecado poder mostrar tan lujosa casa que ni millonarios han podido o han querido comprarse, y además que tiene muchas ligas ahí con algunos empresarios o con algunos constructores o con alguien que va a tener participación en las licitaciones del tren.
Creo que no solamente Enrique Peña Nieto y su familia le debe una explicación a México, sino que además necesitamos que se esclarezca el recurso de dónde sale para comprar dicha casa, porque además desde la toma de protesta ellos son fotografiados, o al menos la famosa primera dama es fotografiada, desde ahí entrevistada y dice las expansiones que va a tener la casa para comodidad de sus hijos.
Si tan sólo la milésima parte fuera puesta en los maestros normalistas, fuera puesta en la investigación de Ayotzinapa, fuera puesta en cada uno de los estados que estamos en quiebra, creo que al país le iría mejor. Muchísimas gracias. Y espero que el pueblo de México no se duerma y no se trague esta gran mentira que nuevamente Enrique Peña Nieto le está haciendo a todos y cada uno de nosotros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada Bojórquez.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada, Loretta.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer referencia al informe del relator especial contra Tortura, Juan Méndez, publicado en la Gaceta el día de hoy, en que hace alusión a la importancia que tiene para el Estado mexicano y para la comunidad internacional emitir la legislación para hacer factible y posible la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma.
Ese estatuto no ha sido implementada su aplicación y es una de las recomendaciones que en el mecanismo de evaluación universal precisamente se hizo a México, desgraciadamente se encuentra ahorita durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia. Hago un llamado para que la Comisión de Justicia, más que publique, entre a la discusión y debate de este dictamen, para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que sería la Ley de Cooperación para la entrega de los criminales de lesa humanidad. Y esto lo quiero relacionar porque tiene vinculación con Ayotzinapa, Iguala, y obviamente también con Tlatlaya.
Fueron torturados y ejecutados y a su vez también desaparecidos muchísimas personas, y si quisiéramos hacer efectivas las sanciones y acabar con la impunidad en México tendríamos que tener esa legislación que es indispensable para que en su caso se pueda juzgar a los que han actuado en este sentido, ante los tribunales internacionales y precisamente las denuncias presentadas, la primera que fue en el año 2010 se presentó, no solamente contra el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, sino también contra mandos altos del Ejército y obviamente también contra integrantes del crimen organizado.
Si queremos acabar con esa impunidad sería necesario que tuviéramos la legislación adecuada. Es una ofensa al Estado mexicano que no tengamos esa legislación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracia, diputada. Su preocupación y participación quedan debidamente registradas en el Diario de los Debates. Diputado Hernández Burgos.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para referirme a que en Veracruz condenamos todo tipo de violencia o agresión. Estamos en contra de ello, pero queremos dejar claro que en Veracruz se respeta a todos, a todas las personas y se respeta el nivel partidista de cada personaje. Igual, no podemos perder de vista que las causas del problema fueron los malos gobiernos del PRD en Guerrero y en Iguala y su contubernio con la delincuencia organizada.
Que hoy no vengan a cambiarnos el tema. Necesitamos seguir promoviendo el respeto. Si bien se ha pedido respeto, necesitamos también que se siga respetando en cada uno de nuestros estados.
Estamos en contra de las agresiones y de la violencia. No a las especulaciones y a los juicios de valor. Ya basta de calumnias, tenemos que seguir fomentando esta unidad y el amor por México. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: A usted, diputado. Señor diputado Miguel Alonso Raya.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): No es justificando actos de intolerancia y buscando seguir escupiendo para arriba acusando a otros de lo que se padece.
La narcopolítica ha penetrado instituciones completas, incluido a veces la Interpol, y al propio zar antidrogas, la Procuraduría y demás instancias. Debería ser una preocupación y deberíamos buscar la manera de ponernos de acuerdo para transformar en serio esas instituciones. Pero no es buscando y echando culpas y tratando de poner una cortina de humo frente a actos de intolerancia que no son y no pueden ser ignorados ni permitidos por nadie como lo acontecido ayer en Veracruz. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Con dos intervenciones más vamos a continuar el orden del día, el diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): ¿Quién más? ¿Quién sería el segundo, señor presidente, con todo respeto?
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Esa es su intervención, señor diputado?
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): No, señor presidente, pero usted dijo –con todo respeto– que iba a cerrar con la intervención del diputado Gaudencio la ronda que usted mismo había permitido.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Después de usted y el diputado Catalino la vamos a cerrar.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Lo que quiero pedirle, señor presidente, es que nos podamos circunscribir al orden del día.
Como dijo el diputado Alonso Raya, no caer en juicios de valor, cuando en este momento lo que requerimos, por supuesto, es objetividad y también cumplir perfectamente bien con lo que nos corresponde. Por eso este llamado es respetuoso, señor presidente, pero tenemos que hacer valer también la palabra de la Mesa Directiva. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Añorve. No voy a poder negarle la palabra al señor coordinador del Verde una vez que termine el diputado Catalino.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo que no debemos hacer valoraciones sin sustento, a la ligera. El tema de Iguala sigue su curso, muchos lo conocen, ha titubeado en varias ocasiones el procurador general de la República, de tal manera que hasta el momento no se tienen los elementos suficientes para establecer el lugar, la identidad, dónde están los 43 jóvenes.
Y por otro lado, todos conocemos, en Guerrero, de la relación, posible relación del presidente municipal de Cocula, de la cual poco se ha dicho. Y que valdría la pena también no hacer valoraciones a la ligera.
Lo mismo el presidente municipal de San Miguel Totolapan, en donde tenemos un levantamiento de cientos de personas, de ciudadanos de la sierra, señalando cuestiones de inseguridad.
Termino, señor presidente, invitando a la serenidad, a que las instituciones asuman su responsabilidad, y decirlo aquí, de manera pública, que alguien de mala fe, con el interés de perjudicar mi imagen ha señalado que nosotros somos familiares de la señora Abarca. Nada qué ver. Que verifiquen todos mis datos, es una falsedad y lo podemos comprobar verificando el árbol genealógico, y además, verificando los registros de las oficialías del Registro Civil. Es una falsedad. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Defina usted su participación, diputado Escobar, para continuar con el orden del día. Tiene usted la palabra, diputado Escobar.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Para una vez más emplazarlo a que podamos integrar ya el orden del día.
Y dejar muy en claro, señor presidente. Ante cada mención, ante cada mentira, ante cada engaño, especialmente de los partidos que postularon al señor Abarca, tendrá que haber una contestación.
México vive tiempos delicados y el emplazamiento tiene que ser, a ser responsables en lo que decimos y en la forma que actuamos. Porque al final del día la verdad saldrá a la superficie, y en esta verdad tendrá que haber responsabilidad del partido político y la coalición que postuló al señor Abarca. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron dos oficios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los que notifica: el engrose de la sentencia del 29 de octubre de 2014 y votos relacionados con la revisión de la constitucionalidad de la Consulta Popular 2/2014, en materia de salarios mínimos; y el engrose de la sentencia del 30 de octubre del 2014 y votos relacionados con la revisión de la constitucionalidad de la Consulta Popular 372014, en materia de petróleo y energía eléctrica, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. De conformidad con el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Consulta Popular, archívense los asuntos como total y definitivamente concluidos. Notifíquense a los promoventes. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el segundo resolutivo del acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia para su atención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la visita oficial a México del señor Juan E. Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades, siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Para tal efecto tiene la palabra, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General para la Protección y Equilibrio al Ambiente. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez y el diputado Arturo Escobar y Vega, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
En sesión ordinaria de esta Honorable Cámara de Diputados, verificada el 3 de septiembre de 2013, el pleno camaral aprobó por unanimidad de 454 votos esta iniciativa. Es importante señalar que en la Cámara de Senadores plantean una modificación por lo cual nos regresan esta minuta a discusión a Cámara de Diputados.
También es importante destacar, que no obstante los avances en la materia en regulación de residuos y contaminantes, ambas Cámaras coincidimos en que está pendiente el fortalecimiento de la legislación en materia de contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, ya que éstos pueden impactar en sentido adverso a la salud humana.
Además, coincidimos con los conceptos ambas Cámaras en cada uno de estos tipos de contaminación enlistados en el dictamen que hoy nos ocupa, derivado de la importancia que estos temas tienen en cuestiones ambientales e, insisto, de salud humana.
Sin embargo, aunque las comisiones unidas del Senado comparten esta inquietud, es importante señalar que advierten que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados es innecesaria e incluso contraviene a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 136, que dispone que es a través de normas oficiales mexicanas y no a través de programas como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.
Por lo que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados consideramos inaceptable, y quizás hasta imprudente, la advertencia de la colegisladora en el sentido de que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados es innecesaria o contraviene lo dispuesto en el primer párrafo del 156. Estimamos preciso hacer un ejercicio de hermenéutica jurídica para interpretar debidamente lo dispuesto en el texto del citado artículo.
El artículo 156 de la LGPPA establece que las normas oficiales mexicanas en materia objeto del presente capítulo establecerán los procedimientos a fin de prevenir la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores y fijarán los emisión respectivos.
En ningún momento establece una prohibición para que la secretaría que tiene la competencia de atención a los temas ambientales, particularmente de contaminación por estas causas, sean prohibidas o estén limitadas en el sentido de establecer programas.
Es importante señalar que la interpretación hecha por el Senado es equívoca, aunque entendemos que no malintencionada. En efecto, no se pueden equiparar las funciones que cubren las normas oficiales mexicanas y las que corresponden a los programas de la administración pública, a pesar de que estén orientadas hacia objetivos comunes.
De tal manera, las normas oficiales mexicanas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 156 de la LGPPA tienen como función o encargo establecer procedimientos o instrucciones para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; así como fijar los límites máximos permisibles de emisión de los contaminantes respectivos.
Por su parte, el agregado al cual se propone reformar en el párrafo tercero del mismo numeral para que la Semarnat, con la información relacionada con este tipo de contaminación, así como la de los métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma permita, en coordinación con los gobiernos estatales del Distrito Federal y municipales, formular y aplicar normas y campañas a fin de prevenir y controlar estos tipos de contaminación.
Desde luego, los programas y campañas propuestos deberán observar tanto en su formulación como en su aplicación los procedimientos y límites de contaminantes permisibles, previstos en las normas oficiales mexicanas, cuando éstos existan.
A mayor abundamiento de manera muy breve comentaré que el artículo 5o., de la LGEEPA establece como facultad de la Federación, además de la expedición de normas oficiales mexicanas, la formulación, aplicación, evaluación del programa, así como la regulación de la prevención de contaminación ambiental originada en los términos de la presente minuta.
Por su parte el artículo 7o., de la propia ley atribuye a las competencias estatales en los mismos términos y el artículo 8o., a las competencias municipales, así como el artículo 15 de la LGEEPA prevé que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración al equilibrio ecológico y al ambiente, son competencia de la Semarnat.
Derivado de lo anterior es que la Comisión de Medio Ambiente pone a consideración de este honorable pleno la insistencia de establecer en la modificación al párrafo tercero del artículo 156, el establecimiento de obligatoriedad a la Semarnat, de poder realizar programas y campañas destinadas a la prevención y atención de contaminación por ruido, por energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, vibraciones y olores, ya que consideramos, insistimos, la interpretación del Senado es equívoca al decir que solicitar que en ley queda el establecimiento por obligatoriedad de establecer estos programas, sea contradictorio a la que la misma ley manifiesta.
Por lo tanto esperamos que así como en la comisión los distintos grupos parlamentarios avalaron nuestra propuesta para que quede determinada la existencia de este articulado para el establecimiento de programas de prevención, contar con el respaldo de este honorable pleno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada López Moreno.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente; compañeras diputadas y diputados. Ante cualquier circunstancia y necesidad resulta prioritario que prevalezca cada uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política. Y como es el caso particular del artículo 4o., y por lo que se señala que toda persona tiene derecho a disfrutar un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el cual estará garantizado por el Estado.
Pese a los avances que se han tenido sobre la regularización de residuos y contaminantes, una materia pendiente ha sido el fortalecimiento de las disposiciones para evitar la contaminación por el ruido, vibraciones y energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores que atraen como consecuencia impacto negativo hacia la salud de la población.
Sobre el ruido, se define como todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas y que se asocia a las diversas actividades cotidianas que se suscitan tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Al respecto, diversos estudios realizados en nuestro país han permitido identificar los efectos dañinos que se generan en la salud como consecuencia de soportar el ruido, cuyos resultados son realmente alarmantes, dado el incremento de casos como trauma acuática crónica que en 10 años se elevó 10 veces.
Por otra, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha considerado que la exposición de una persona a sonido con más de 70 decibeles por un período de 24 horas le puede provocar discapacidad auditiva y que si excede de 110 decibeles podrá provocar pérdida auditiva irreversible.
Hasta este momento sabemos que Semarnat ha expedido cuatro normas oficiales mexicanas que establecen límites máximos de ruido que versan sobre los límites máximos permitidos de emisión de ruido de vehículos automotores, cuyas calificaciones han resultado insuficiente para atender este problema.
Otro aspecto que nos preocupa y al que se ha dado poca atención son los efectos que provocan a la salud la emisión de vibraciones, ya que éstas se convierten en problema ambiental por el ruido que se provoca en exteriores o en vías de comunicación o por efecto del uso de maquinaria y equipo que impacta en inmuebles cercanos.
A lo anterior se le suman los impactos de la energía térmica, donde Semarnat ha emitido normas oficiales mexicanas, las cuales establecen los límites máximos permitidos por contaminación en las descargas de aguas residuales provenientes de los usos industriales, domésticos y de servicio en aguas y bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Sobre la energía lumínica, se describe como el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales que provoca aumento del brillo del cielo nocturno, disminuye la visibilidad de los cuerpos celestes, y contamina al emitir grandes cantidades de calor residual, lo que ha ocasionado diferentes efectos negativos en la salud, tales como el incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés y que la exposición del cuerpo humano a la luz artificial nocturna se asocia con el incremento del riesgo de contraer cáncer.
Por último, sobre la contaminación por radiación electromagnética y de la contaminación por olores, a la fecha ninguna cuenta con alguna disposición normativa que establezca los límites máximos permisibles de estos contaminantes.
Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza compartimos esta preocupación y nos sumamos al compromiso para fortalecer la legislación vigente que regula el tema de la contaminación provocada por el ruido, las vibraciones y la energía térmica, la lumínica, las radiaciones electromagnéticas y los olores para atender el problema que representa las emisiones de estos contaminantes.
Hoy por hoy conocemos que el Estado debe de garantizar en derecho de toda persona un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Es por eso que daremos el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada Cristina Olvera. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz para fijar la postura de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta propuesta de modificación al artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, nos enfrenta al enorme rezago que en materia regulatoria ecológica tiene México.
Está claro que la propuesta de la colegisladora al igual que la postura de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados y que han trabajado con buena voluntad y con la intención firme de poder abonar a las mejoras en las condiciones de vida de las personas a través del cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, no deja de ser eso, una buena voluntad y buenas intenciones, y no se llega al fondo del asunto y, sobre todo, a mejorar el medio ambiente en beneficio al derecho humano fundamental de gozar de un medio ambiente sano para gozar a su vez del derecho a la salud, pues mientras seguimos trabajando en reformar leyes, el medio ambiente se sigue deteriorando y seguimos deteriorándolo en contrariedad no solamente al Estado mexicano, sino también a todo el medio ambiente del que debe gozar el planeta que llamamos tierra.
Coincidimos en sus términos en este dictamen con lo propuesto con la Colegisladora. La aportación fundamental es apenas tocada y deja una esencia de aplicación de la propuesta de reforma en un estado potestativo y no obligatorio.
En ese sentido es preciso señalar que la propia minuta no menciona que la ley en comento en su artículo 20 bis 2 nos dice que cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el gobierno federal, el de los estados y los municipios respectivos y, en su caso, el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional, para tal efecto la federación celebrará acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados.
Resulta claro que no se plantea un instrumento que obligue a las entidades federativas y a los municipios a formular un programa de ordenamiento ecológico regional, situación que debería haberse planteado porque de otra forma seguiremos con buenas intenciones y abonando a una incertidumbre en cuanto al mejoramiento del medio ambiente.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que el tema del medio ambiente es completamente una prioridad y no se trata de un experto tratado con ciertos matices. La propuesta que aquí se presenta parece incompleta, puesto que se hace presente la omisión de sanciones, díganse normas oficiales, que pueden aplicarse para el caso de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y por olores.
Insistimos a nuestro parecer el tema del medio ambiente, en definitiva debe representar menos discursos, debemos llevar a la práctica mecanismos que se vean reflejados en realidad, puesto que esto representa un asunto toral para el bienestar de la humanidad.
Con esta legalización no se están cumpliendo con los instrumentos internacionales que México ha celebrado ni se satisface el derecho al medio ambiente. Esperamos, los del Partido del Trabajo, que en las próximas o futuras iniciativas se busque en realidad proteger de manera efectiva el derecho a un medio ambiente sano. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Y, si me permite, voy a saludar la presencia de estudiantes de la Universidad Panamericana del Distrito Federal, invitados por el diputado Arturo Escobar y Vega. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, en efecto éste es un dictamen insuficiente, es un dictamen que faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación de los estados, de los municipios y del Distrito Federal puedan formular y aplicar programas y campañas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y otros.
El país está padeciendo un gran problema, estos dictámenes se inscriben en una situación ordinaria de normalidad en el país, que en esa normalidad podrían pasar, pero creo que la Cámara debería estar preocupada por la crisis política institucional que se está viviendo, que no tiene precedente en las últimas décadas, y que es profunda; una crisis que está tocando a todos, una crisis que amerita tomar decisiones extremas, como un nuevo Constituyente, como una sacudida al Poder Judicial, como una revisada a todo el aparato burocrático y de gobierno del país.
Pero déjenme decirles sobre la contaminación. Nosotros creemos que este dictamen es insuficiente, pero hace unos días, el fin de semana estuvimos el Grupo Parlamentario que coordino, Movimiento Ciudadano, en Cuetzalan, Puebla.
Es impresionante lo que aquí en ese lugar está pasando; malas carreteras; hospitales construidos nuevos, sin médicos; un abandono a la gente y sobre todo el inicio de la depredación con la llegada de mineras, de empresas trasnacionales en búsqueda de energía, del petróleo y de gas, y me parece que los pobladores de Cuetzalan han hecho cosas extraordinarias que nos pueden servir a todos aquellos que estamos contra la depredación ambiental, y sobre todo quienes estamos en contra de estas reformas privatizadoras que han votado la mayoría de ustedes y que frente a la negativa de la Corte de haber permitido la consulta pública sobre la reforma energética, este camino que han tomado ellos, los habitantes de Cuetzalan, sobre todo las ONG, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales es extraordinario, que yo aquí les relato.
Esto fue el fin de semana. Ellos lograron el 5 de noviembre, las ONG, que el cabildo declarara por unanimidad, por unanimidad, repito, no otorgar autorización de uso del suelo, de cambio de uso del suelo o de construcción para la realización de ningún proyecto de exploración o explotación minera, de hidrocarburos de ninguna de sus formas o de generación de energía hidroeléctrica en el municipio, que sea incompatible con las políticas de uso del suelo determinadas en las unidades de gestión ambiental establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, así como no otorgar concesiones de uso de suelo, aprovechamiento o explotación del agua a ninguna empresa privada o extranjera que busque obtener un lucro de la misma.
Este documento, que es público, que es un documento con fuerza legal, es la solución para todos aquellos municipios en donde no deseamos que se instalen prácticas como el fracking, como la explotación irracional del suelo, como la explotación de minas, como la explotación del subsuelo para la obtención de hidrocarburos, como la entrega de la tierra vía ocupación temporal, vía ocupación superficial que podrá generar despojo a las comunidades, despojo a los propietarios.
Me parece una decisión imaginativa, de verdad una decisión de una solución muy creativa del pueblo de Cuetzalan, que ojalá y los municipios del país que estamos en contra del fracking y de la explotación irracional de la tierra y del saqueo de nuestros recursos acudan a esta figura jurídica.
Le pediré a la presidenta que ordene se inscriba este documento público en mi intervención como anexo, para que pueda servir de orientación a estas generaciones que estamos en contra de la depredación ambiental, de la contaminación del medio ambiente y del saqueo de nuestros recursos naturales, que de no prohibirlo, de no frenarlo lamentaremos más tarde el que se esté haciendo.
Presidenta, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a toda la asamblea por la atención prestada a esta intervención. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Intégrese el texto que entregó el diputado Ricardo Monreal al Diario de los Debates, íntegro.
Quiero saludar también a estudiantes del Instituto Superior Benjamín Franklin y alumnos de la escuela primaria Lauro Aguirre, del estado de México, que se encuentran hoy con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Invitados por la diputada Irazema González Martínez.
Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señora presidenta. Diputados y diputadas, el rechazo de esta iniciativa por parte del Senado de la República indica que la adhesión del tercer párrafo al artículo 156 resulta innecesaria e incluso contraviene en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 156, que dispone que es a través de las normas oficiales mexicanas y no a través de programas, como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.
Si bien, estos tipos de contaminación son en realidad los causantes de molestias a los seres humanos y no necesariamente al medio ambiente, aunque en este tema déjenme decirles, que se ha demostrado científicamente que todo ruido que sobrepasa el nivel de unos ciertos decibeles a los seres vivos, llevan afectaciones en todo su sistema nervioso y su conducta.
La intención de este artículo es de atender el malestar que genera este tipo de contaminación, se puede determinar que la molestia genera daño. Sin embargo, estamos frente a la forma clásica de aplicación del principio precautorio que se consagró en la Declaración de Río, en su principio 15, que dice: “con el fin de proteger al medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Dicho principio, tan necesario para proteger la salud, aplicado, por ejemplo, en México cuando llega el caso de emergencia de la epidemia de influenza H1N1, ustedes recordarán que se suspendieron clases, se tomaron medidas extremas de higiene. Con esta propuesta se puede probar que es muy necesaria la aplicación de este principio, al que esta legislatura se ha negado a legislar.
Por otra parte, cabe señalar que sólo han sido expedidas normas en materia de ruido para los casos de vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, que no han dado límites permisibles.
El Grupo Parlamentario del PRD, a pesar de las contradicciones y la falta de normas oficiales mexicanas, votaremos a favor de esta reforma al artículo 156 de la ley, para que se formulen y apliquen programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnética y olores, como también ya lo comentaron algunas de mis compañeras que me antecedieron en la palabra, ya que este tipo de contaminación es tangible y provoca molestias fuertes en población, que en algunos casos puede ocasionar problemas de la salud, como ya lo comenté.
Pero hacemos un exhorto, desde esta tribuna, y de manera urgente, a la Semarnat, para que a la brevedad expida las normas que pueden atender este tipo de contaminación, que den sustento a los programas, campañas que tengan que implementar, estados, municipios y la misma ciudad de México, ya que estos programas tienen que ser difundidos, tienen que prevenir, fundamentalmente, la contaminación. Porque además, diputadas y diputados, este problema de contaminación, como ya se comentó en esta ley, tiene que ver mucho con la salud de los seres vivos, pero también, principalmente, de los seres humanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tendrá el uso de la palabra la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y quiero también darles la bienvenida a vecinos del pueblo de Chimalcoyotl, delegación Tlalpan, que están ahí hoy con nosotros, invitados por la diputada Malú Mícher. Ahí viene la diputada a saludarlos. Aquí está la diputada saludando a sus invitados. Bienvenidas, bienvenidos.
La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia.
No obstante los avances que se han dado en el país, en materia de regulación de residuos y contaminantes sólidos hemos avanzado más lento en el fortalecimiento de la legislación, en materia de contaminación visual, térmica y auditiva. Esto, pese a que dicha clase de contaminación puede incidir en sentido adverso a la salud humana.
El ruido ha sido reconocido como contaminación en la legislación, describiéndolo como todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas, y es asociado tanto a las grandes urbes como a las zonas rurales, en inmediaciones de zonas turísticas o vías de comunicación.
Incluso la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la exposición prolongada de una persona al ruido suele provocar discapacidad auditiva, además de señalar que el ruido generado por el tráfico es asociado a consecuencias fisiológicas, que calculan, influyen en la pérdida de un millón de años de vida al año de la población global.
En nuestro país los efectos dañinos del ruido sobre la salud son alarmantes, dado el incremento de los casos como el trauma acústico crónico, que en diez años se ha llevado más del doble.
Por su parte, las vibraciones se constituyen como un problema ambiental por efecto del ruido que producen en exteriores o en vías de comunicación, o causadas por el uso de maquinaria y equipo de alto impacto en lugares cercanos.
La contaminación lumínica se define como el flujo luminoso de origen artificial que genera un aumento del brillo en el cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes hasta un 90 por ciento, lo que obstaculiza el desarrollo de investigación astronómica.
Se ha demostrado su incidencia en un incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés, además de que se ha establecido que está asociada con el incremento de riesgo de cáncer por el rol fundamental de la luz en la sincronización de los ritmos biológicos, lo que también genera desorientación en las rutas de desplazamiento de los animales nocturnos, así como la alteración de sus ciclos reproductivos y migratorios.
En el PRI compartimos la inquietud por robustecer en el marco jurídico que mitigue la contaminación referida, previéndolo desde la ley y no relegando únicamente a normas oficiales los programas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; que coadyuven con el control de la prevención de la contaminación ambiental; que nos ayuden a tener un adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento de un entorno natural en los asentamientos humanos como los elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población y en cumplimiento al mandato constitucional que otorga el artículo 4o. al Estado, en materia de protección y garantías para el derecho a la salud. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No estando el diputado y no habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular de este dictamen, hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Vicepresidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sigue abierto el sistema electrónico, diputadas, diputados. Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Por favor diputados, de viva voz.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Escobar.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): A favor.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Abstención.
La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): A favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul: A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor
El diputado Abraham Correa Acevedo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 410 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el diputado Felipe de Jesús Muñoz, mejor conocido como el “tibio”.
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Subo a esta tribuna para solicitar su voto aprobatorio al dictamen que la Comisión del Deporte presenta el día de hoy.
La práctica del deporte es un factor de cohesión de todas las sociedades. Los seres humanos a lo largo del desarrollo de la humanidad han procurado el crecimiento de la actividad física, misma que ha evolucionado conjuntamente con el progreso de las civilizaciones y se ha convertido actualmente en una actividad que demanda cada vez más la sociedad, en razón de mejoramiento de la calidad de vida, la expresión del desarrollo y la misma ciudadanía nos lo está pidiendo.
Con la aprobación de nuevas modalidades y tipos de práctica, el deporte es componente fundamental para la conservación de la salud, el fomento de las relaciones personales y del bienestar físico y el aumento de la autoestima.
Es por esta razón que la ciudadanía demanda más frecuentemente la construcción de espacios deportivos que cubran las necesidades y expectativas.
Actualmente México presenta una problemática grave en torno a la salud pública. La obesidad se ha convertido en un enemigo presente en nuestra vida cotidiana y afecta de manera grave la interacción humana, la cohesión familiar, el entorno social y la misma economía de nuestra población.
En razón de lo anterior, es preciso modificar nuestros hábitos de alimentación, eliminar las prácticas sedentarias y realizar actividad física que nos permita elevar nuestra calidad de vida.
El Congreso de la Unión no ha permanecido inmóvil ante estas necesidades de nuestra sociedad. Prueba de ello fue la aprobación del impuesto especial sobre la producción y servicios, en octubre del 2013, que tiene entre sus finalidades gravar el consumo de las bebidas azucaradas y de los refrescos. Con esta medida impulsamos a la población a estar consciente de la necesidad de adoptar estilos de vida más saludables.
El dictamen objeto de esta discusión presenta a la consideración de este honorable pleno reformas al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales permiten incluir criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público.
Problemas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas que derivan de la misma, generan un costo al país de alrededor de 100 mil millones de pesos. Es primordial dar atención inmediata con medidas que propongan cambios sustanciales en nuestros estilos de vida.
Mediante la aprobación de este dictamen será posible abrir las posibilidades a efecto de implementar acciones que transformen los hábitos de la población mexicana, y muy especialmente de la infancia y de la adolescencia.
El año pasado se aprobó por este Congreso la instalación de bebederos públicos en las escuelas públicas. De contar con su voto aprobatorio para este dictamen, será posible también que esta medida sea implementada en los centros deportivos.
Hoy las instalaciones y la infraestructura deportiva son elementos clave en el diseño y construcción de diversos programas gubernamentales que establecen la práctica del deporte en su vertiente educativa, de conservación de la salud o con fines competitivos. Es por ello que se deben de atender criterios de sustentabilidad, calidad y pertinencia que den respuesta a todas estas necesidades.
Quiero agradecer al diputado Fernando Larrazábal Bretón por la presentación de esta importante iniciativa que, con la aprobación del dictamen por parte de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, permitirá el diseño de espacios para la práctica deportiva que respondan adecuadamente a los compromisos internacionales que en materia ambiental, de salud y de respeto a los derechos humanos y de accesibilidad México ha adquirido en años anteriores.
Compañeras y compañeros diputados: la práctica del deporte es un componente de la formación educativa de los ciudadanos. Sin espacios ni instalaciones deportivas de calidad resulta imposible articular una política pública que favorezca el fomento del deporte en nuestro país.
Toda sociedad avanzada en la actualidad pondera el deporte como un elemento primordial para la construcción de infancia y juventudes sanas y comprometidas con el desarrollo de su país.
Por lo anterior solicitamos su voto aprobatorio para el presente dictamen. Es cuanto, tengo que decir.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Muñoz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para posicionar a su grupo parlamentario tiene el uso de la voz don Fernando Bribiesca Sahagún, hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas que enfrentamos en el país en los últimos años es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, asuntos que se han convertido en verdaderos problemas de salud pública y que afectan la demanda de dicho servicio.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, dan cuenta de los niveles de prevalencia de peso excesivo entre nuestra población. El 73 por ciento de las mujeres y el 69 por ciento de los hombres adultos presentan estos problemas.
De no actuar con determinación, estaremos atentando contra nuestro futuro. El sobrepeso y la obesidad se encuentran presentes en el 36 por ciento de las jóvenes adolescentes y en el 34 por ciento de los muchachos adolescentes, así como en niñas y niños de edad escolar con el 32 y 37 por ciento respectivamente.
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, entre otras, generándose un costo elevado para el Estado y la sociedad, el combatir esta pandemia.
Tan solo en 2008, un año antes de que nuestros menores obtuvieran el nada honroso primer lugar de niños obesos en el mundo, se ha estimado que el gasto ascendió a 67 mil millones de peso y se calcula que para el 2017 se requieran más de 151 mil millones de pesos.
Es necesario reconocer que contamos con opciones a fin de revertir la problemática que nos aqueja, una de ellas consiste fundamentalmente en promover y fortalecer la práctica deportiva y la activación física, acciones que por su importancia han recibido un importante apoyo a nivel presupuestal en los últimos años, como lo demuestra la canalización de 3 mil 211 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de este 2014 para el Fondo de Infraestructura Deportiva municipal, cuyos recursos se destinan a construir y equipar espacios orientados a promover la activación física en los 537 municipios de todo el país.
Lamentablemente el problema no se resuelve sólo con canalizar más recursos públicos en este rubro. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza daremos nuestro voto a favor del dictamen, que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que ponen a nuestra consideración la comisión respectiva.
Para Nueva Alianza resulta de suma importancia el incorporar, a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, así como la obligatoriedad de emitir la norma técnica correspondiente.
Nosotros apoyamos con determinación toda acción legislativa encaminada a mejorar la salud de millones de mexicanas y de mexicanos, que en su propósito de llevar una vida sana demandan infraestructura física, de espacios deportivos funcionales, que coadyuven en la salud de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Bribiesca. Don Gerardo Villanueva Albarrán, del MC, tiene el uso de la voz para posicionar a su grupo en este dictamen hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venía, diputado presidente. Estamos de acuerdo en las precisiones que se hacen con este dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, y también creemos que urge en el país una actuación distinta de sus instituciones, en particular de esta Cámara de Diputados, para que al momento de discutir el presupuesto se tomen decisiones relevantes.
Se habla mucho de que estamos en una gran crisis social, que estamos en un momento muy delicado para el país, bla, bla, bla, bla, y sin embargo el presupuesto sigue siendo inercial y, en el peor de los casos, el Ejecutivo federal envía disminuciones presupuestales en el tema del deporte. Bueno, ¿entonces en qué quedamos? ¿Les preocupa el deporte o no les preocupa el deporte?
Qué tenemos que hacer en la Comisión de Deporte en esta Cámara de Diputados, cuando desde la comisión –lo hemos dicho públicamente– se admite que poco se puede hacer para modificar el curso de una decisión presidencial. Caray, eso lo puedo aceptar si estuviéramos en 1960 y estuviera gobernando Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo puedo aceptar si fueran los años 70, los tiempos en que era la hora del señor presidente con Luis Echeverría Álvarez, pero caray eso no lo podemos aceptar los diputados de ninguna Comisión y menos en la Comisión del Deporte, y sin chistar prácticamente aceptar una disminución presupuestal, ni en los programas de la Conade ni en los temas de infraestructura deportiva, porque no nada más es precisar los conceptos de la ley.
Para que esto tenga una mínima eficacia, que yo entiendo que la ley no nada más es una prosa redactada con cierta lógica jurídica, sino que estamos buscando efectos que desencadenen procesos en el desarrollo de las comunidades del país.
Al menos la Comisión del Deporte decidió y votamos a favor, de buscar un fondo de recursos que ojalá aquí se acepte en el debate que ya se avecina presupuestal, para mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que están en unas condiciones verdaderamente deplorables. En el caso del Distrito Federal, pueden darse una vuelta aquí a Félix Cuevas, no me imagino cómo están las instalaciones en el resto del país.
Se aprobó un fondo para concluir el deportivo para la comunidad triqui en Oaxaca, son 10 millones de pesos, no es nada. Ojalá eso proceda. Se opinó también a favor de incrementar el fondo para los medallistas olímpicos, para que tengan un seguro de gastos médicos. Lo menos que podemos hacer por los deportistas olímpicos es eso. ¿Es mucho pedir?
¿Vamos a agachar la cabeza, vamos a permitir que una mayoría que no quiere enfrentar al señor presidente? No, no, no vamos a admitir o por lo menos no nos vamos a callar que en este país el matrimonio presidencial tenga una casa de 89 millones de pesos y duela el codo para apoyar a las comunidades indígenas, rurales y marginadas urbanas en este país.
Una instalación deportiva, ¿cuánto cuesta, para que la comunidad conviva y haga deporte? Tres millones de pesos. Algo todavía más digno y mejor acabado, seis millones de pesos.
¿Cuántas de estas instalaciones haríamos con la casa blanca de las Lomas del matrimonio presidencial? Nada más lo dejo para la reflexión y porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados dar esa discusión.
Y porque esta reforma solamente tiene sentido, sí y sólo sí, si aplica de forma responsable, con valentía y sobre todo con una cosa que es fundamental, buscando el respeto al Poder Legislativo y haciendo uso cabal de nuestras facultades constitucionales, en este caso obviamente en beneficio de la gente que quiere hacer deporte, pero no tiene dónde.
Y ustedes saben dónde, porque ustedes, por lo menos 300 diputados vienen de caminar la calle y de pedir el voto. Y nosotros sí sabemos dónde se requiere avanzar en la infraestructura deportiva, por supuesto que con estos criterios. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Doña Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con la venia de la asamblea. El orden público es un concepto sobre el cual gravita gran parte de la estructura social y la estabilidad de cualquier sistema jurídico.
El orden público, de acuerdo a criterios jurisprudenciales es un concepto jurídico indeterminado. Sin embargo, sí pueden identificarse los elementos que lo integran, entre ellos resaltan dos que impactan directamente en el dictamen que en este instante se propone a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, me refiero a la planeación demográfica y a la salud pública.
En este orden de ideas, podemos advertir que la población es el elemento humano del Estado, son las personas los sujetos productivos que con su trabajo e intelectualidad hacen grande la economía de un país.
Esto hace que los encargados de planear y ejecutar las políticas públicas de un gobierno lo hagan, no sólo previniendo los objetivos a conseguir, sino también verificando que las personas deben estar en condiciones homeostáticas debidas para trabajar, producir y crear.
En este sentido, es notorio que la población debe contar con elementos materiales que faciliten la realización de actividades físicas. Sin embargo, esa infraestructura no se ha visto reflejada, pues la gente no practica deporte posiblemente por una cuestión de cultura, pero también en varias ocasiones porque no existen las áreas para tal fin, o bien, existiendo estas áreas se hayan en estado impropio para ser utilizadas.
La falta de actividad física se nota y da resultados indeseables, como las enfermedades asociadas con el sedentarismo, problema que golpea a gran parte de la salud humanitaria, que de hecho la Organización Mundial de la Salud especifica que el 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.
En nuestro país, tan sólo el 10 por ciento de la población mantiene un nivel saludable, lo cual es de suma preocupación, pues niños, adultos y ancianos padecen las monsergas asociadas a las enfermedades del sedentarismo.
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a mortalidad mundial. También es la causa principal de entre 21 y 25 por ciento de los cánceres de mama y de colón. El 27 por ciento de los casos de diabetes y aproximadamente el 30 por ciento de la carga de cardiopatía isquémica.
Por lo tanto, estamos seguros que siempre serán positivas iniciativas de esta índole, que sirven para acercarles a las personas más medios instrumentales para cuidar de su salud física y con ello colaborar con el orden público en sus rubros de salud y planeación demográfica.
Recordemos que la salud es un derecho constitucional, por ello, la bancada a la cual represento votará a favor de la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, atendiendo a criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia.
Creemos que los mexicanos requieren de más y mejor ejercicio, proveámosles entonces los insumos para tal efecto, pues sólo en un México sano se puede crecer económicamente y tener el orden social tan deseado por todas las personas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, ciudadana diputada. Doña Juana Bonilla Jaime, del PRD, tiene el uso de la voz.
La diputada Juana Bonilla Jaime: Con su venia, señor presidente. El país se encuentra en un proceso de transición donde la población presenta un aumento inusitado de sobrepeso y obesidad que afecta a todas las edades, al nivel socioeconómico y a las zonas urbanas y rurales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 adultos. Los menores de 5 años registran un ascenso de 7.8 a 9.7 por ciento. En los adolescentes entre 12 y 19 años es del 35 por ciento. Por cierto, el mayor porcentaje se ubica en las mujeres, con el 23.7 por ciento y en hombres 19. 6 por ciento.
En este marco de acciones encaminadas a la atención y control de la problemática de salud pública, el Ejecutivo federal dio a conocer la Estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, integrada por tres componentes: salud pública, atención médica oportuna y la regulación sanitaria y política fiscal.
Para disminuir la problemática de salud pública que conlleva el sobrepeso y la obesidad, la orientación estratégica es mejorar la calidad de vida de la población y posicionar a nuestro país en las competencias de alto rendimiento a nivel regional y mundial.
Es necesario reconocer que aún pendientes que no pueden seguir postergándose. De esta manera, México ha avanzado de manera significativa en la construcción de una política pública integral en materia de cultura física y deporte, cuya prioridad en la práctica de la actividad física y el deporte, con objeto de construir un México con ciudadanos saludables y con mejor bienestar y calidad de vida.
El análisis de la situación actual del sistema deportivo mexicano identifica fortalezas y debilidades que permiten implementar políticas públicas estratégicas para la mayor proyección del deporte a nivel nacional.
De aquí que sea de suma importancia implementar políticas y programas que incidan en actividades físicas y deportivas para la población en general e impulsar la construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, adecuación y equipamiento de las instalaciones deportivas a nivel nacional para su desarrollo se deberán aprovechar los espacios públicos para la construcción de deportivos, donde se promueva la práctica de los deportes y la cultura física.
El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2018, de la presente administración, determina que la infraestructura deportiva no corresponde al tamaño de nuestra población. De aquí la necesidad de crear más espacios deportivos y mejorar los existentes.
En ese contexto se considera prioritario incorporar al marco regulatorio en materia de infraestructura deportiva los requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en la planeación y construcción de las instalaciones destinadas al cumplimiento del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
La reforma al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene como objeto garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos públicos, se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia que deberán estar contenidos en la correspondiente norma oficial mexicana.
Por lo tanto el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en sus términos a favor del dictamen que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia saluda con mucho afecto y cariño a los estudiantes de la Universidad Contemporánea de las Américas; al Centro de Estudios Superiores del Oriente; a la Universidad Latina de América, de la licenciatura en administración de empresas, Campus Morelia; y a la Universidad Intercultural Indígena, Meseta Purépecha, en Michoacán. Todos ellos invitados, claro, del diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de esta Cámara y michoacano. Sean ustedes bienvenidos.
Esta Presidencia destaca también la presencia en el pleno del señor Gerardo Gardea Agraz-Sánchez, representante del líder espiritual Dalai Lama en Nuevo León. Sea usted también bienvenido, invitado por la diputada Sada.
Tiene el uso de la voz, don Fernando Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional. ¿No está don Fernando Larrazabal? Ahí viene. Tómese su calma, no hay problema.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón: Con su permiso, presidente. El estado en que se encuentra la infraestructura física deportiva en México debe considerarse como uno de los temas prioritarios para este Congreso de la Unión, máxime cuando este tema se asocia con el problema de sobrepeso, obesidad, que afecta a 7 de cada 10 adultos mexicanos de las distintas regiones y niveles socioeconómicos de nuestro país; pero también cuando este problema llega a los niños, jóvenes de los diferentes planteles educativos.
Esta prioridad se deriva de la última reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a cultura física y al deporte que hoy es un derecho fundamental para toda persona.
Por ello, quiero hacer un reconocimiento especial a las diputadas y diputados que integran la Comisión del Deporte, quienes al aprobar el presente dictamen han contribuido a consolidar una política de Estado en materia de cultura física y del deporte que garantice la calidad de vida de nuestros habitantes y contrarreste la problemática del sobrepeso y la obesidad.
En este marco y este orden de ideas, para fomentar la cultura física de las personas que viven en nuestro país es indispensable contar con la infraestructura adecuada, de calidad, que permita su práctica y que genere salud y a la vez desarrolle ese hábito sano, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, para hacer realidad esta política en materia de cultura física y del deporte es necesario fortalecer la infraestructura deportiva a partir de criterios de sustentabilidad y pertinencia, que deberán ser definidos por la Conade.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos que el fortalecimiento de una política integral en materia de cultura física y del deporte es imperativo en el Estado mexicano.
Por ello, se está proponiendo reformar el artículo 91 de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, con objeto de garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y del deporte, financiadas con recursos provenientes del erario, se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia.
Esta iniciativa obedece a que actualmente se invierte una cantidad importante de recursos federales, estatales y municipales, que son alrededor de 5 mil millones al año, en diferentes instalaciones deportivas.
Esta iniciativa obedece o busca que para esta inversión que se hace en los diferentes órdenes de gobierno exista un manual, un procedimiento que establezca estándares de calidad mínima para que esos recursos que se invierten puedan tener garantía, sean invertidos de manera adecuada para lograr el objetivo fundamental, que es promover el deporte. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El Vicepresidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Larrazábal. Honorable asamblea, es para la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión un honor recibir a la destacada luchadora de los derechos de la mujer, a la señora Kenza El Ghali, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Reino de Marruecos, quien asiste acompañada por el señor Mekki El Hanouri, senador del Reino de Marruecos, y del señor Mustapha El Hor, ministro y consejero de la embajada de ese país en México; así como del doctor Santiago Rivas, secretario Ejecutivo del foro de presidentes y presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y de la Cuenca del Caribe, FOPREI. Esta ilustre delegación efectúa una visita a la Cámara de Diputados para sostener un encuentro de cortesía y trabajo con diputadas y diputados de este cuerpo colegiado.
Más allá de la cortesía protocolar, me honra decir que es para esta Cámara de Diputados, un honor reconocer en el trabajo de Kenza, un estímulo para los derechos de las mujeres, de repente tan difícilmente reconocidos en el mundo árabe contemporáneo. Un abrazo y bienvenida, Kenza, bienvenida.
Tiene el uso de la palabra el diputado Noel Pérez de Alba, del PRI, para hacer uso de la voz.
El diputado José Noel Pérez de Alba: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados, como es sabido, la práctica regular de actividad física origina hábitos saludables que mejoran la calidad de vida de los individuos, contrarrestando así los efectos de diversas enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, que en los últimos años han aquejado a un gran número de personas.
La práctica de actividades deportivas genera beneficios no sólo en la apariencia física, sino en los aspectos psicológico y social, ya que mejora la autoestima, la capacidad cognitiva permite la interrelación entre diversas personas o grupos y refuerza valores y propicia la sana competencia.
Es por ello que el gobierno federal ha desarrollado políticas públicas que fomenten una cultura y actividad física en concordancia con la meta nacional.
México con educación de calidad, que visualiza la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente importante para una educación integral.
Uno de los objetivos de esta meta es promover el deporte de manera incluyente y así lograr la incorporación de la población en actividades físicas, pero para poder alcanzarla el Estado mexicano tiene como tarea indispensable crear una infraestructura deportiva adecuada que influya positivamente en la promoción de actividades deportivas y así se motive a la población mexicana a incorporarse a la práctica de algún deporte.
Por lo tanto y con el fin de impulsar el desarrollo de la infraestructura deportiva en nuestro país, apoyamos al presente dictamen en razón de que busca fomentar la creación, remodelación, rehabilitación, adecuación y equipamiento de instalaciones deportivas tanto a nivel federal como local, prestándole más atención a su diseño, calidad y sustentabilidad para que estos establecimientos estén acordes con las necesidades de los deportistas.
Así México creará una infraestructura pública deportiva competitiva y de calidad que contribuirá a que la gente esté más sana, a establecer un medio ambiente en el que la población se sienta más cómoda para practicar actividades deportivas y a fomentar los espacios de inclusión para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Por lo anterior expuesto y con el propósito de contribuir en la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todos los mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación también, diputado. Para hablar en pro, y con esto cerramos la lista de oradores, tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo Montaño, de MC, hasta por tres minutos.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente, distinguidas personalidades, bienvenidas aquí. Es una pena que el país se encuentre en llamas y esta Cámara de Diputados se encuentre en babia. No es posible que al inicio de esta sesión algunos diputados, algunas diputadas no hayamos tenido oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre temas de coyuntura, pero sumamente relevantes, en virtud de la presión de la fracción parlamentaria del PRI para desahogar la agenda, una agenda realmente irrelevante frente a la tragedia del país.
Estamos de acuerdo con lo que hoy están planteando respecto al tema deportivo, pero eso no es lo que ahorita interesa a los mexicanos. El país está incendiado y al presidente no se le ocurre sino huir hacia adelante, a salto de mata, en un viaje realmente protocolario e irrelevante para las condiciones actuales del país. Con decirles que uno de los temas que ahorita deberían de estarnos...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia con todo respeto le pide se centre en el tema.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Presidente, eso es lo que estoy denunciando, presidente, que los temas que estamos tratando no son temas de la coyuntura del país y no pueden quitarme la oportunidad de tener otras prioridades.
Regresaré, presidente, al tema del deporte, no sin antes plantear lo que debo aquí expresar. Temas como la lumbre de la corrupción que ya alcanzan los aparejos de la familia presidencial, si no son suficientes, ahí está el tema del Presupuesto.
Presidente, quise hablar al inicio de la sesión, con todo respeto, presidente, no me lo permitieron y ahora en mi tiempo estoy también acotado por una comisión de sensores que nunca suben aquí a exponer sus puntos de vista. Presidente, deme la oportunidad y con todo respeto termino y me centro.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El tiempo que le resta, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Hay muchos temas. Está la madre de las tragedias que marca hoy al país, está Ayotzinapa, la provocación protegida a Palacio Nacional.
Finalmente, presidente, no me voy a pasar ni un segundo. Recomiendo a la Junta de Coordinación Política mayor responsabilidad, mayor sensibilidad y mayor pertinencia para debatir los temas que estamos aquí analizando en esta Cámara de Diputados. Gracias presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, siendo un artículo único, para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibe con todo cariño a estudiantes del Instituto Superior Benjamín Franklin y a los alumnos de la Escuela Primaria Lauro Aguirre, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del estado de México, compañera y amiga nuestra. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Gracias. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villareal (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 427 votos a favor, 3 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 427 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación.
Y, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez hasta por cinco minutos.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados federales, a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos el analfabetismo recae como una barrera que brecha la interacción entre las personas, que frena el pleno desarrollo y desenvolvimiento del individuo ante su entorno, y que debilita su participación plena y efectiva en la sociedad, restando igualdad de condiciones para competir con los demás.
Sin duda alguna un tema de suma importancia para una economía en desarrollo es el problema del analfabetismo, ya que éste engloba un amplio conjunto de variables económicas que sirven como indicadores tanto del desempeño económico integral que ha tenido el país como de la eficiencia y contundencia que están teniendo las políticas públicas enfocadas a corregir este problema.
Actualmente en México existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón a los 52.8 millones de personas que en el 2010 se encontraban en esta condición.
Si analizamos las diferentes causas de este problema nos damos cuenta de que en el ámbito educativo, según las Naciones Unidas, las poblaciones pobres reciben una educación pobre. La marginación y la penuria educativa tienen a México en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. En el discurso se señala que la educación es gratuita, sin embargo los gastos que se generan rebasan la posibilidad de que un padre de familia o el propio estudiante puedan cubrirlo.
La educación para adultos en nuestro país es un gran problema que tiene que ver con la pobreza, exclusión, discriminación y desigualdad. Según datos de la Organización Nacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala a nuestro país en la posición 16 de 28 países analizados, aún más bajos que Colombia, Paraguay y Panamá.
Una reforma educativa debería de presentar de forma abierta y participativa la emergencia de un proyecto respecto del tipo y modelo de educación que se desea para el país y de un enfoque integral de todo tipo. Es por ello necesario explicitar el papel que debe de jugar la enseñanza, las plataformas de aprendizaje y sus procesos y no sólo los aspectos administrativos o laborales que reproducen el mismo esquema con el que se ha venido operando durante por lo menos las últimas cuatro décadas, con las consecuencias desastrosas que se viven en el sistema educativo nacional.
Por lo tanto, nos damos cuenta que en México existen grandes asimetrías estructurales y la desigualdad social es el principal problema del sistema educativo. Las peores escuelas son para quienes más lo necesitan. El gobierno y autoridades están convencidos de que el sistema educativo no funciona por culpa de los maestros, sin analizar el contexto ni las condiciones sociales y económicas que viven millones de mexicanos.
Otro aspecto que no podemos dejar pasar en el tema es la sensibilización y compromiso hacia el ámbito educativo y de erradicación del analfabetismo. Es por ello que esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos celebra la presente iniciativa, que pretende integrar a quienes el sistema privó de recibir una educación básica para una mayor integración dentro de la sociedad actual. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la primaria Rey Itzcóatl, del municipio de Texcoco, estado de México, del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, invitados por él. Bienvenidas, bienvenidos.
También a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, invitados por la diputada Consuelo Argüelles Loya. Y del Centro de Estudios de Veracruz, invitados por el diputado Humberto Alonso Moreno. Bienvenidas, bienvenidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra, para fijar postura por su grupo parlamentario, la diputada Dora María Talamante Lemas, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
También están presentes alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Tehuacán, del estado de Puebla, invitados por el diputado Lisandro Arístides Campos Córdova. Bienvenidas, bienvenidos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la transformación del sistema educativo en nuestro país requiere que los diferentes tipos, niveles y modalidades que se han establecido se presenten conforme a reglas y objetivos claros, que permitan hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, tal y como lo mandata nuestro texto constitucional.
Precisamente uno de los tipos de servicio que nuestro marco jurídico prevé es el relativo a la educación para adultos, la cual está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria y que se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo.
Si bien se han realizado esfuerzos por parte de la Cámara de Diputados al aprobar el reconocimiento explícito de la educación media superior como objeto de la educación para los adultos, es una realidad que en México el analfabetismo continúa vigente debido a que las cifras oficiales marcan que el porcentaje es aún del 6.1 por ciento arriba del parámetro fijado por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual es del 4 por ciento para considerar un territorio como libre de esta problemática. Aún más grave es que según listas oficiales para el 2012, la población total en situación de rezago ascendió a más de 32 millones de personas, que representa el 38 por ciento de la población total en México.
Por ello resulta importante establecer cómo se prevé en el presente dictamen a discusión como objetivo de la educación para adultos en los diferentes servicios, el de procurar la disminución del número de personas que no hayan cursado o concluido su educación en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Educación.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reafirmamos nuestro compromiso de dotar de recursos financieros y materiales que se requieran para erradicar el analfabetismo. Asimismo, coincidimos con las consideraciones realizadas por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en el sentido de incluir el rezago de manera integral entre los objetivos de la educación para adultos, así como las prevenciones económicas, establecidas en los transitorios del dictamen.
Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que analizamos en la Comisión de Educación y Servicios Educativos está referido a puntualizar en el artículo 44 de la Ley General de Educación, que la autoridad federal en la materia podrá prestar los servicios que corresponden conforme a ésta, no sólo adultos, sino también adolescentes, cuya atención pudiera conceptuarse como atribución de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.
La iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora fue modificada por la comisión respectiva, a efecto de que la intensión sea trasladada no al artículo 43, sino al artículo 44 del ordenamiento referido y en esa virtud se nos hace llegar un dictamen positivo con modificaciones.
Se trata, en pocas palabras, de ajustar el texto en un artículo más idóneo para hacer la modificación congruente. En el cuerpo del dictamen se aborda, asimismo, en aras de la puntualización el tema de que las autoridades educativas federales procuren disminuir el número de analfabetas que hay en el país.
Un pueblo sin educación y lo que conlleva es un pueblo ayuno de futuro promisorio, no se trata sólo de atender a los casi 6 millones de mexicanos que acusan al analfabetismo en nuestro país.
Al respecto debe mencionarse, que desde 1920 en épocas en que José Vasconcelos comenzó su carrera en la educación del país dieron inicio los esfuerzos para que el analfabetismo fuera erradicado de la vida de los mexicanos.
Al respecto, es muy importante hacer mención de un poco de la historia de las campañas citadas, porque esos intentos tuvieron sus mayores puntos álgidos en las seis campañas formales de alfabetización.
En 1921, en el periodo 1934-1940, en el correspondiente a 1940-1946. En 1958 con el maestro Torres Bodet, en los últimos años del sexenio de Díaz Ordaz y en sexenio 1976-1982.
Las campañas de alfabetización no podrían comprenderse sin la participación más que activa del maestro Torres Bodet.
En su segunda administración en la Secretaría de Educación Pública, de 1958 a 1964, durante la presidencia de Adolfo López Mateos se dio inicio a un plan de 11 años para la extensión y el mejoramiento de la enseñanza primaria, para atender por completo la demanda real de educación primaria.
Sin embargo, a la fecha la erradicación del alfabetismo solo ha sido un buen deseo sin materializar en los hechos, debido a que ello no es posible tiene que ver a las dinámicas que guarda el fenómeno en comento.
Aquí tenemos que poner el énfasis en que no solo se trata de falta de recursos económicos sino de todo un entramado que permita erradicar este flagelo de una parte importante de mexicanos.
Hoy el analfabetismo siegue siendo una asignatura pendiente del Estado. Desde nuestra óptica, la propuesta de nuestra compañera diputada para hacer las precisiones referidas son bienvenidas.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos al pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputada presidenta. Vasconcelos decía que mientras alguien no tenga completa la educación básica, el gobierno y el Estado mexicano siempre tendrá una deuda con él.
Yo digo que Vasconcelos sigue presente, porque reformar el artículo 44 de la Ley General de Educación tiene un retraso de más de 80 años. Sin embargo, hoy establecemos como responsabilidad del gobierno que debemos procurar la disminución de adolescentes y adultos que no hayan concluido su educación primaria y secundaria. Sin embargo, la educación aparte de la pobreza y muchos otros problemas sociales que tenemos en México, la educación sigue siendo el gran reto de México.
Para educación no hay suficiente, en México vemos que hoy existe una casita blanca que se compra, y bueno una casita blanca con jardines, con una alberquita, calefacción central, iluminación de colores para que se pueda manejar esta iluminación para no aburrirse y vemos que aparte de todo, de ribete, regalada; y regalada por el propio Estado mexicano. Ah, pero para educación no hay, haciendo la brecha de la desigualdad y del analfabetismo cada día más grande en México.
No olvidemos que al gobierno le conviene tener a un pueblo ignorante; ojalá que todos los que estamos aquí presentes tomemos consciencia y responsabilidad aprobando una cantidad digna. Perdón.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada, permítame un momento, es que me está pidiendo la palabra la diputada Carreño. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Gracias, presidenta. Para realizar una respetuosa moción de apego al tema. Yo creo que lo que venimos a tratar, los dictámenes por los que se han esforzados los diferentes compañeros de las diversas comisiones merecen el respeto del uso del tiempo apegados al tema que estamos tratando; ojalá pudiésemos tener esa sensibilidad para con el trabajo que hemos compartido con los compañeros de las comisiones. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continúe, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Ojalá diputada y me estuviera usted poniendo atención para que sepa que el dictamen que estamos discutiendo es el que nos ocupa el día de hoy.
Y ojalá estuviera usted poniendo atención en el llamado que les estoy haciendo, de que tengamos consciencia y responsabilidad aprobando más recursos y más presupuesto a educación. Porque para la ignorancia suya y de muchos de ustedes, no saben por qué México no sale adelante en el tema educativo cuando nos queremos comparar con países de primer mundo, con países como Vietnam. Y si usted analiza, son países que tienen un 20 por ciento del producto interno bruto a educación, cosa que nosotros no tenemos en México.
Y no nada más se necesita para el analfabetismo que existe en México, se necesita para las escuelas. El gobierno lo único que hace es pagar el sueldo de los maestros. Entonces, debemos discutir mayor presupuesto a educación. Si no, todo va a ser una falacia y vamos a seguir con estos más de 80 años de retraso en materia educativa que propuso Vasconcelos, por ignorantes, porque no sabemos ni cuánto se necesita para educación ni mucho menos sabemos cuánto se destina para educación.
No podemos seguir con migajas para el sistema educativo en México y estar queriendo responsabilizar y culpar a los maestros de México de la baja calidad educativa que tenemos en nuestro país, y que nos coloca ante la OCDE y organismos internacionales...
Pisa, para que investigue lo que es Pisa, le encargo, diputada, y sepa de qué manera estamos posicionados a nivel internacional en estos estudios y es por falta de presupuesto.
Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Queremos erradicar el analfabetismo en México, pero debemos ser conscientes. Sin presupuesto no podemos avanzar en educación. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar postura por su grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista.
El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, la educación es un derecho al cual deben tener acceso todos los seres humanos por igual, sin distinción de condición social, edad, sexo, religión o diferencia alguna de cualquier otra índole.
Por lo anterior, los gobiernos de todo el mundo están obligados a emprender las medidas necesarias para procurar que este derecho sea otorgado a todos los ciudadanos, incluyendo también, por supuesto, a aquellos adultos que ya no están en edad escolar, pero que no saben leer ni escribir.
La alfabetización es un aspecto muy importante del derecho a la educación, pues en ésta se basa la posibilidad de acceder a niveles superiores de enseñanza.
Estar alfabetizado es un requisito casi indispensable para desenvolverse en el mundo moderno, para insertarse exitosamente en el ámbito laboral y en general para enfrentar mejor los desafíos que la vida misma nos plantea.
Dotar al individuo de esas competencias de lectura, escritura, es brindarle confianza en sí mismo y autonomía para la toma de decisiones, con la que éstas se convierten en elementos fundamentales para la construcción de sociedades sostenibles, prósperas y pacíficas.
No saber leer ni escribir representa un obstáculo para que los individuos cumplan con sus obligaciones como ciudadanos en una sociedad libre y democrática, al mismo tiempo que limita la posibilidad de que éstos conozcan sus derechos y exijan que sean respetados.
En ese sentido un país que posee un alto grado de alfabetización, se encuentra en mejores condiciones para potenciar el desarrollo y el progreso de su sociedad que aquellas naciones cuya población presenta tasas altas de analfabetismo.
“La alfabetización –dice Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas- es una clave para el cambio y un instrumento práctico de poder en cada uno de los tres principales pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social, y la protección del medio ambiente”.
En virtud de la importancia que la alfabetización reviste para el desarrollo tanto de los individuos como de las comunidades, el Estado mexicano ha emprendido grandes esfuerzos en esta materia.
Es importante recordar que hace 100 años al comenzar la revolución mexicana, tan sólo el 20 por ciento de los mexicanos sabía leer y escribir. Por este motivo el régimen post revolucionario instauró la educación gratuita y obligatoria para todas las niñas y niños del país, del mismo modo que se empeñó en la formación de un ejército de maestros rurales con el objeto de hacer llegar la alfabetización a todos los rincones del territorio nacional.
Si bien es cierto que lo anterior dio como resultado que la tasa de alfabetización de nuestro país se ubique hoy por encima del 90 por ciento, también tiene que reconocerse que los más de 5 millones de analfabetas que hay en México, representan casi el 7 por ciento de la población mayor de 15 años; sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano, pues esas personas al no saber ni leer ni escribir, ven reducidas seriamente sus posibilidades de desarrollo, además de que los adultos que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer ni a escribir, se debe de reconocer que en México existen grandes grupos de personas que presentan diferentes grados de rezago educativo que si bien no son analfabetas, su paso por la escuela resultó insuficiente para adquirir las capacidades básicas para desarrollarse adecuadamente en el mundo moderno.
Atendiendo a lo anterior el gobierno de la república puso en marcha desde el pasado mes de agosto, una Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, cuya meta es reducir el índice de analfabetismo actual en un 50 por ciento para el 2018.
Además se pretende que, como resultado de este esfuerzo, 2.2 millones de personas adultas concluyan la educación primaria y 3.1 la educación secundaria.
En este sentido, la propuesta que estamos discutiendo hoy, compañeros diputados y diputadas, resulta clave para la lucha para la erradicación del analfabetismo y la reducción del rezago educativo y ésta se convierta en una política pública del Estado que tenga continuidad, más allá de este sexenio.
Por lo aquí expuesto, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del partido verde votará a favor del presente decreto. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señora Presidenta. Uno de los problemas que vive nuestro país es el analfabetismo. Estamos frente a una realidad de la que no se pueden escapar millones de mexicanas y mexicanos, sobre todo por la dependencia de la mano visible y la acción compensadora del Estado, porque el analfabetismo ha sido y sigue siendo el poderoso factor en la perpetuación de la pobreza, de la marginación y de la exclusión social.
En el mundo de hoy se instaura una sociedad de la economía del conocimiento. La educación se concibe como un proceso para toda la vida, y el analfabetismo de nuestro país avergüenza porque al mismo tiempo incrementa la vulnerabilidad económica, social y cultural de las familias.
Nuestro país, si bien es cierto que ha tenido avances en materia educativa, los rezagos son mucho más notables. Como un ejemplo de esto bastaría recordar los 32 millones de mexicanos que se encuentran en condición de rezago escolar, ya sea por la condición de analfabetos o por no haber concluido los estudios de primaria o secundaria.
El sentido de mi voto es a favor de las modificaciones realizadas por la comisión dictaminadora en las que se incluye la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para los Adultos de los Estados, incorporando a los adolescentes menores de edad y señalando también la necesidad de establecer las reglas bajo las cuales se deben operar los recursos, incluyendo indicadores de transparencia, responsabilidad en los criterios de asignación de las transferencias federales, entre otros.
El dictamen no lo puede todo, consecuente con el propósito fundamental de erradicar el analfabetismo; por tanto, su permanencia seguirá vinculada con las condiciones de desigualdad y de pobreza que han sido persistentes en el país. Tampoco se estableció una relación entre el Estado con las comunidades originarias del país y la política para integrarlas.
Sin entrar en esta polémica, la diferencia entre las culturas, entre los idiomas, la forma de vida y la organización han sido vistas como un signo de atraso y abuso. El analfabetismo afecta en gran medida a este sector de la sociedad, en particular el lenguaje hablado y escrito sin duda es una de la expresión que traduce el alma y el pensamiento, y en la palabra está el secreto de nuestra especie. Se trata de un auténtico Código de Cultura. Pero para la escritura crea los seres reflexivos, desarrolla la conciencia de la historia, además que forma mejores mujeres y hombres.
Por ello el Estado tiene en la educación y en la alfabetización uno de los mayores retos y obligaciones. En México, en términos generales a partir de lo que establece el censo de población y vivienda se consideran analfabetos a los que han pasado a la edad escolar y no saben leer ni escribir.
Esta es la tónica, se asocia normalmente a la escuela como el lugar privilegiado para el aprendizaje y la alfabetización como la etapa inicial o el primer nivel de escolarización. No saber leer y escribir constituye una de las grandes desventajas personales y sociales que una persona puede tener, de hecho, se puede decir que esta condición margina, aísla y demerita a los individuos, incluso su propio medio social de tal suerte que la educación ha sido reconocida como un derecho para ser una de las condiciones necesarias para establecer las relaciones de igualdad.
La Unesco establece que la alfabetización es una necesidad básica del aprendizaje que se adquiere a lo largo de toda la vida y que permite a las personas desarrollar sus conocimientos y capacidades para poder participar plenamente en esta sociedad.
El concepto se relaciona con las nociones de ciudadanía, identidad cultural, desarrollo socioeconómico, derechos humanos, equidad, con la necesidad de crear entornos alfabetizados para el sostenimiento del desarrollo.
En estas últimas décadas, el conocimiento se ha convertido en un elemento central y de un nuevo paradigma productivo y la educación es un factor fundamental. Los conocimientos técnicos permiten aumentar la productividad individual. La educación es una inversión que tiene efecto positivo a nivel individual, pero también conlleva efectos para el conjunto de la sociedad a través del incremento del empleo y el crecimiento económico de la equidad social.
Para México la pérdida de productividad por el ingreso de trabajo que genera el analfabetismo es suficiente, es demasiado para poder considerar su erradicación no sólo como un objeto social, sino como una prioridad económica.
El analfabetismo tiende a analizarse en términos de la responsabilidad individual sin considerar la importancia y la responsabilidad de las instituciones, y de sus políticas, por lo que el desafío es convertirlo en una oportunidad para su total erradicación. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD estaremos votando a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la diputada Dulce María Muñiz Martínez hasta por cinco minutos.
Si me lo permiten, quiero dar la bienvenida a estudiantes de Movilidad Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentran presentes con nosotros, invitados por la diputada Patricia Lugo Barriga; y a estudiantes de la Escuela Primaria Isaac Ochoterena, de Tlalpan, Distrito Federal, invitados por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Dulce María Muñiz Martínez: Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI considera pertinente reformar el artículo 44 de la Ley General de Educación, a efecto de establecer que tratándose de la educación para adolescentes y adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, quienes deberán procurar la disminución del número de personas que no hayan cursado o concluido la educación, en términos de lo dispuesto por el propio ordenamiento.
Alfabetizar y reducir el rezago educativo es una tarea fundamental y prioritaria que implica a los ámbitos Legislativo y Ejecutivo, en tanto que la ley y las políticas públicas de manera coordinada deben posibilitar la accesibilidad a la educación a todas las mexicanas y a todos los mexicanos en cada rincón del país.
Resalta de la propuesta en comento la distinción que se hace de la educación dirigida a los adolescentes y la dirigida a los adultos, toda vez que –como bien lo señala la dictaminadora– aun cuando el texto de la Ley General de Educación señala como educación para los adultos la que se otorga a mayores de 15 años.
Dicha disposición no guarda congruencia con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ni con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en la materia, en donde se considera adolescentes a quienes tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. De ahí que es preciso armonizar y dotar de congruencia a la norma jurídica, evitando que los adolescentes sean incluidos dentro de la categoría de adultos.
Es menester señalar que para evitar que las disposiciones legislativas queden en meros postulados o en un catálogo de buenas intenciones, consideramos de fundamental importancia el establecer que las acciones emprendidas deberán atenderse también en el ámbito presupuestario y sujetarse a normas claras para la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos de los Estados, incluyendo indicadores de transparencia y responsabilidad en los criterios de asignación de las transparencias federales.
En suma, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen porque da continuidad a la reforma educativa que hemos emprendido. Estamos ciertos que de aprobarse constituirá un elemento fundamental que fortalecerá la educación para los adolescentes y adultos en las entidades federativas, lo cual sin duda impactará en una mayor calidad de vida, toda vez que será un elemento fundamental para acceder a nuevas oportunidades de empleo y de desarrollo personal. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
Somos un país con pobreza, con analfabetismo y tenemos un gobierno que no puede justificar sus ingresos. Y aunque ustedes quieran ser tapadera, aunque quieran cubrir la casa blanca de Peña Nieto es hoy un tema nacional e internacional. Que aclaren cómo se hicieron de esos ingresos. Todo el país está esperando una respuesta...
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo más registro de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y al grupo del adulto mayor Los Amigos de la Luz, que nos visitan este día, en esta Cámara, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidas, bienvenidos.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 0 votos en contra, 2 abstenciones y 418 votos a favor.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse, salvo el listado en el numeral 2, separado para discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputados, por favor, pongan atención, estamos votando en bloque los dictámenes positivos, nadie hizo ver su votación en lo económico. Vuelva a repetir la votación, secretario, por favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con gusto, presidenta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados. Comuníquense.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea, que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el numeral 4, separado para discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y en materia energética, a cargo de los grupos parlamentarios.
Se han registrado para referirse al tema, en primer lugar la diputada María Sanjuana Cerda Franco para hablar a nombre de su grupo parlamentario, el Partido Nueva Alianza. Adelante, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por siete minutos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras, señores legisladores, la consulta popular es uno de los más importantes instrumentos de la democracia directa. Es un derecho político fundamental de los ciudadanos que bien ejercido puede robustecer la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas y la rendición de cuentas.
La consulta popular llega con retraso a México. Apenas en la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada en agosto de 2012 se incorporó esta figura a nuestra Carta Magna, mientras que la Ley Federal de consulta popular entró en vigor en marzo de este año.
Sin embargo, el estreno o inicio de la consulta popular ha sido una experiencia marcada por una serie de circunstancias que afectan directamente la funcionalidad de este instrumento democrático.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 35 de la Constitución declaró que no es constitucional la materia de las cuatro consultas promovidas por los cuatro partidos políticos.
Esa resolución del máximo tribunal, correcta e inapelable, obliga a una revisión crítica tanto de la utilización que quisieron hacer los partidos sobre esta consulta popular, como del marco jurídico que establece requisitos, materia de las consultas y procedimiento, a fin de estar en condiciones de ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre las razones jurídicas por las que en las elecciones de 2015 no habrá consulta popular alguna.
La Suprema Corte argumentó que las preguntas de las consultas promovidas por partidos políticos se ubican en alguna de las hipótesis contempladas en el numeral tercero de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, que establece que no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y los gastos del Estado, así como la seguridad nacional y lo relativo a las Fuerzas Armadas.
Más allá del debate sobre los criterios de interpretación del texto constitucional, lo cierto es que las preguntas planteadas carecieron desde un principio de un sólido fundamento para acreditar su constitucionalidad como materia de la consulta.
Seamos respetuosos de las decisiones de los actores políticos, sin embargo, consideramos que en el fondo de esta cuestión está la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos y la necesidad de reconquistar la confianza perdida en las instituciones.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la consulta popular, junto con la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes constituyen un avance importante en el proceso de empoderamiento de los ciudadanos.
Estos instrumentos de la democracia directa pueden contribuir a elevar la intensidad y la calidad de la participación ciudadana en los procesos de decisiones públicas. Algo que en este momento necesita urgentemente el sistema político mexicano.
Por ello, consideramos que es muy importante que se explique a la ciudadanía por qué se promovieron consultas populares con la finalidad de revocar disposiciones constitucionales y leyes vigentes, cuando este instrumento no tienen alcances revocatorios.
También es indispensable que se explique a los ciudadanos que apoyaron con su firma las cuatro consultas populares mencionadas, la razón de que la materia de las preguntas formuladas versaran sobre temas vedados por la Constitución, como son los ingresos del Estado y la materia electoral.
Podemos recordar, entonces, que los sujetos legitimados para solicitar la realización de una consulta popular son el presidente de la República, al menos el 33 por ciento de cualquier de las cámaras del Congreso de la Unión y los ciudadanos en un número, al menos, del 2 por ciento de la lista nominal.
La ciudadanía reclama un proceso de crítica y autocrítica. Se tiene que precisar a fondo si es legal y sobre todo, si es legítimo que los partidos políticos promuevan consultas populares en un proceso en que se corre el riesgo de que el derecho de los ciudadanos a solicitar la realización de consultas sea limitado, manipulado o de plano, expropiado por los partidos políticos.
Para Nueva Alianza la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar las cuatro consultas populares plantea la necesidad de revisar a fondo tanto el marco jurídico de la participación ciudadana como el sistema de representación política. Con ello se logrará fortalecer este ejercicio democrático.
Es evidente que la desconfianza en las instituciones tiene como una de sus fuentes la escasa rendición de cuentas de los representantes y gobernantes. Hemos avanzado en algunos mecanismos de transparencia, pero la gran mayoría de las irregularidades no se investigan y quedan en la impunidad.
Por esas razones la consulta popular es un instrumento democrático fundamental que tenemos que preservar y fortalecer a través de la consulta que tiene resultados vinculantes, los ciudadanos asumen el derecho a pronunciarse sobre temas de trascendencia nacional y ejercen su capacidad de control y supervisión del proceso de decisiones públicas, encontrando así una forma de canalizar y superar la desconfianza que sienten hacia las instituciones representativas.
Es lamentable que no se hayan promovido consultas populares legítimas para la jornada electoral de junio de 2015; sin embargo podemos decir que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación brinde la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización.
El mensaje de la corte es claro, en el sentido de que debe evitarse que la consulta popular se convierta en un mecanismo de propaganda política o en un canal para promover los intereses electorales de los partidos políticos. Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza, ratificamos nuestro compromiso con los derechos políticos de los ciudadanos.
En estos tiempos de intensos desafíos a la democracia y creciente desconfianza en las instituciones es imperativo cuidar y expandir los instrumentos de participación ciudadana como la consulta popular, que representa y representaría una bocanada de aire fresco para la política mexicana que tanta falta nos hace. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra para hablar del tema, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por siete minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. Llama la atención que ahorita nos lamentemos de una reforma constitucional en materia de consulta popular y la aprobación de su ley cuando esto fue materia y objeto del famoso Pacto por México; es decir, fue aprobado por el Partido de Acción Nacional, por Nueva Alianza, por el Verde Ecologista, por el Partido de la Revolución Democrática.
Los únicos que votaron en contra fueron el MC y el Partido del Trabajo y las razones que argumentamos en ese momento se centraron básicamente en que no se estaba respetando un derecho fundamental de toda persona, de todo individuo; un derecho humano, contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que a la vez está protegido por el artículo 1o. constitucional que es el derecho a la participación de los asuntos políticos en este país y que no se respetó.
A raíz de la reforma, precisamente del 9 de agosto de 2012, la Constitución fue reformada para establecer este derecho a la consulta; actualmente este derecho se encuentra previsto, como se señaló en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
Al aprobarse la reforma constitucional que reconoció el derecho a la consulta, se señaló en un artículo transitorio que el Congreso de la Unión tenía un año para aprobar la ley secundaria. La Ley Federal de Consulta Popular se aprobó el 27 de febrero de 2014, se publicó el 14 de marzo de este año y fue publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.
Posteriormente, las ciudadanas Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum y otros ciudadanos presentamos ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión un aviso de intención con petición de consulta popular, la cual formalizaron mediante escrito del 10 de septiembre de 2014, que cumplía con todos los requisitos establecidos en los artículos 35, fracción VIII, numeral 1, inciso c) de la Constitución federal, y 22 fracción III de la Ley Federal de la Consulta Popular. Esto es, al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, casi 3 millones de firmas.
La Constitución es un ordenamiento que no puede exclusivamente interpretarse gramaticalmente, debe ser interpretada de tal suerte que las normas y principios que contiene se realicen en la mayor medida posible para acortar la distancia entre la norma, el deber ser y la realidad, el ser.
La Constitución es el marco que puede justificar la existencia del Estado y el orden jurídico de un país, siempre y cuando su interpretación y aplicación tengan como propósito posibilitar la realización efectiva de los derechos humanos fundamentales y de los principios democráticos de los ciudadanos.
Una interpretación restrictiva deslegitima, subrayo, deslegitima al Estado y al orden jurídico y hace a la Constitución un simple instrumento al servicio del poder. Vuelvo a subrayar.
El derecho a la consulta previsto en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución procede respecto a la pregunta formulada por Morena por las razones siguientes. El numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución precisa las materias que no pueden ser objeto de consulta. En esa norma no se establece que los principios de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución no pueden ser objeto de ella.
Según la Constitución, no serán objeto de consulta las siguientes materias: restricción a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización; funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Lo anterior significa a contrario sensu que todas las materias no especificadas en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución pueden ser objeto de consulta, incluyendo a las reformas constitucionales.
Segundo. De acuerdo a nuestra Constitución, en la interpretación de los derechos fundamentales, el derecho a la participación ciudadana en una consulta, es un derecho fundamental de carácter político. Se debe proteger en la mayor medida posible a las personas y la interpretación de las normas que afecten derechos fundamentales, tiene que ser progresiva y maximizadora de los derechos antes mencionados, según indican los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Constitución, por lo que establecer restricciones que la Constitución no prevé, implica vulnerar la Constitución, principalmente el principio de interpretación pro omine o a favor de la persona.
Los derechos fundamentales no están sujetos a regateo político. Como dijo Ronald Dorkins “cartas de triunfo”. En este sentido si la Constitución no restringe o limita la consulta y no la prohíbe, para preguntar a los ciudadanos, si están de acuerdo con el sistema de contratación de la reforma energética, el intérprete no puede agregar limitaciones que reduzcan los significados constitucionales.
Cuarto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debió garantizar una interpretación conforme y pro omite; el derecho de la consulta ciudadana, pues a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, principalmente en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Carta Magna y con apoyo también entre otras en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en el expediente varios 912- 2010 en relación al caso Rosendo Radilla Pacheco, su engrose fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre del 2011, que delimitó el contenido del control constitucional y de convencionalidad en nuestro país, admitía el control difuso de constitucional y de convencionalidad, y reconoció que éste debía ejercerse de oficio, que es obligatorio y no potestativo para todas las autoridades, interpretar al ordenamiento, a la luz de los principios pro omine, todos los derechos fundamentales y la legislación y demás normas que se aprueben en este país.
En consecuencia la Suprema corte de Justicia de la Nación debía en el caso concreto maximizar los derechos políticos previstos en diversas disposiciones de la Constitución, artículos 1o., décimo tercero, 6o., trigésimo quinto, trigésimo noveno, entre otros. Y en los artículos 1o., 2o., décimo tercero, vigésimo tercero, vigésimo noveno y vigésimo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, misma que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna.
En una interpretación conforme, tal como se ordena en el párrafo segundo del artículo 1o., de la Constitución, se debe atender a lo previsto en la Constitución y en los tratados y leyes y demás ordenamientos para lograr la mayor efectividad del derecho humano o libertad de que se trate, con mayores alcances posibles en los términos del principio pro homine y favor libertatis.
En consecuencia, la suprema corte estaba obligada a promover y a ampliar la garantía de los derechos humanos de la participación política. La decisión mayoritaria de los ministros de la suprema corte, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos y por eso el Partido del Trabajo y los de Morena estamos inconformes porque estamos viviendo no un estado de derecho, sino en un estado violatorio de los derechos fundamentales. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por siete minutos.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputada presidenta. Vengo a decir en primer lugar que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México fue o está integrado por este número de diputados que junto con la gran mayoría de esta asamblea votamos a favor la reforma constitucional en materia política, porque estamos absolutamente convencidos de la importancia que tiene la consulta popular como institución jurídica en el devenir de México.
Es cierto, y tengo que reconocerlo, que el país atraviesa una grave crisis, pero no podemos dejar de ver que esa grave crisis muchas veces también la está causando precisamente este discurso incendiario que escuchamos repetidamente todos los días en esta tribuna, en contra de las instituciones que hemos venido nosotros construyendo.
Tenemos que ponerle un alto, porque nosotros en la Constitución hemos establecido instituciones que son precisamente las que permiten ir construyendo el México que todos anhelamos, pero no podemos a través de nuestros discursos ir destruyendo lo que tanto trabajo le va costando a muchos mexicanos.
Se dice que los mexicanos no confían en sus instituciones, pero no confían porque nosotros no sabemos explicar qué son nuestras instituciones. Nuestras instituciones son un gobierno fuerte; nuestras instituciones son un marco jurídico que se cumpla y que se aplique. Las consultas populares le sirvan precisamente a la ciudadanía para acercarse con nosotros, para decirnos cuál es su sentir con relación a los asuntos de trascendencia nacional que nosotros tenemos que discutir en esta tribuna, pero la consulta popular bajo ningún motivo, como institución jurídica que estamos construyendo apenas en esta democracia que está naciendo, pero que viene madurando a pasos agigantados, bajo ningún motivo la consulta popular viene a sustituir el proceso de discusión de las leyes.
Es terriblemente peligroso que nosotros podamos suponer que esta deliberación política que estamos teniendo aquí con relación hoy al tema de la consulta popular, la vayamos a trasladar a las calles para que la ciudadanía sea la que debata. ¿Cómo?, ¿a través de qué cauces?, qué es lo que se tiene que hacer en el país.
El Poder Legislativo nació para expedir las leyes, pero el Poder Judicial, y concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nació para interpretarlas y para decidir cómo es que tienen que aplicarse en el caso concreto al que éstas se refieren.
Resulta terriblemente inadecuado que a través de este discurso queramos a pretendamos politizar la labor de justicia que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de la consulta popular nosotros nos dirigimos a la ciudadanía y planteamos una pregunta, pero no es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que le compete resolver si la pregunta es conveniente o es pertinente, lo único que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin entrar al debate político es decidir si los supuestos de prohibición de la consulta popular se actualizan o no se actualizan en el caso concreto de la pregunta de que se trate.
Evidentemente, si nosotros incorporamos a la Suprema Corte dentro de los mecanismos de calificación constitucional de la consulta popular, es porque tenemos que reconocer que la Corte ha venido ganando entre los mexicanos y frente a nosotros un estadio, un nivel de prestigio y de moralidad, que no podemos venir nosotros a destruir con un discurso baladí, no podemos nosotros venir a acusar aquí a los ministros de desvíos de...
No quiero ya mencionarlos, porque a final de cuentas lo han dicho los que me antecedieron en el uso de la palabra, pero no podemos venir nosotros a formular acusaciones sobre las nubes, cuando realmente lo que ellos hacen es una labor de interpretación constitucional, que en este momento y en esta tribuna jamás se ha cuestionado.
Desde luego que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos conscientes de cuál fue la labor que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de las preguntas que se plantearon en este caso y encontramos que su labor fue apegada a lo que establecen los causes que se han previsto en la Constitución. Pero tenemos que ser conscientes de algo, la labor de la Corte, que no es política, sino jurídica, tratándose del establecimiento de procedencia de la consulta popular no está sujeta a una restricción de una limitación de la interpretación constitucional, como si fuera un procedimiento de calificación de estricto derecho. Tiene que entenderse cuál es la teleología de la norma constitucional y qué es lo que se pretende proteger.
No vamos a llevar a las calles lo que tiene que resolverse en los tribunales. En este caso, si la consulta popular puede ser afectiva de estos elementos que también como derechos humanos se están protegiendo en la Constitución, evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace bien al intervenir y cerrar la puerta para que una consulta popular pueda efectuarse cuando pueda llegar a tener una terrible consecuencia en contra de la ciudadanía.
Quiero por último nada más señalar que en el Partido Verde, en estricto apego a la Constitución, a la división funcional de Poderes, a las decisiones emanadas de los órganos encargados de la interpretación y control constitucional, respetamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del procedimiento de procedencia de las solicitudes de consulta popular sometidas por diversos partidos políticos. Lo que no es obstáculo para continuar siendo expectantes de la manera en que en lo sucesivo se siga desarrollando el procedimiento de consulta popular.
Junto con la mayoría de este Congreso estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos creando las instituciones y confiamos en que con la práctica, en que con el ejercicio de esta actividad política, que hoy estamos compartiendo con la ciudadanía a través de esta reforma política de carácter constitucional, a través de la iniciativa ciudadana a partir de la consulta popular, desde luego que vamos a tener una democracia mucho más fortalecida.
Yo los invito solamente a que recapacitemos con seriedad, con serenidad, cuál es la trascendencia que está teniendo allá afuera el discurso incendiario, que sin justificación se viene a pronunciar a esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, compañera presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros, estamos tratando varios asuntos que son de la mayor importancia, todos ellos.
Uno tiene que ver con un derecho fundamental, es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en consultas en un mecanismo de democracia directa, ya está en la Constitución.
El asunto que debería o el tema que debería prevalecer en cualquier decisión de cualquier poder público, es este derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, que lamentamos, yo lo lamento, de verdad, y mi grupo parlamentario también, decir que ha sido conculcado, y no coincidimos con la interpretación de la Corte.
Podemos tener el mayor respeto a otro poder, pero no estamos obligados a decir que coincidimos cuando tenemos una diferencia de fondo y cuando, además, la reforma a la Constitución para garantizar este derecho de democracia directa, es producto de la decisión del Constituyente Permanente, que es el Congreso de la Unión, y me parece, compañeras, compañeros, que no deberíamos disminuir la capacidad y el trabajo que se realizó en este Congreso de la Unión y en esta Cámara de Diputados.
Aquí se votó esta reforma, aquí se hizo un trabajo de fondo, aquí se elaboró, y no coincidimos, y yo voy a señalar algunas de las razones por las cuales consideramos que la determinación de la mayoría de los ministros y ministras de la Corte es inadecuada.
Y digo de la mayoría, porque también hay que señalar que no fue una opinión unánime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate se dio ahí también y se está conculcando un derecho de ciudadanas y ciudadanos, incluso en la primera votación que se desarrolló sobre el primer asunto puesto a análisis en la Corte, la votación fue tan dividida, que solamente la diferencia de un voto o de un ministro hizo la diferencia.
Es decir, el debate está en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué tendríamos nosotros que decir que no entramos a ese debate. Y yo pongo en el centro algunos de los asuntos que en la Suprema Corte se discutieron.
El tema de trascendencia nacional y lo que en la Corte se señalaba es que había que definir qué significaba trascendencia nacional.
Pero compañeras y compañeros, ¿qué asunto de mayor trascendencia nacional podría haber que aquel que tiene que ver con la propiedad de la nación sobre su riqueza energética?
¿Puede éste ser catalogado, sí o no, como un asunto de trascendencia nacional? Indudablemente que sí. ¿Quién podría negar que es un asunto de trascendencia nacional? Absolutamente nadie.
Pero en esta interpretación que hace la Corte se deja de lado esta interpretación que sería fundamental.
Adicionalmente, en el debate que se realizó en la Corte se señala y se dijo también por diversos analistas, algunos, lo deseo subrayar, que la propia Constitución en el artículo 35, que establecía limitaciones para que la propia Constitución pudiera ser reformada o tocada a través de un proceso de consulta popular.
Nada más erróneo e inexacto que eso. Si el Constituyente permanente, que es el Congreso de la Unión, hubiera querido que nada de la Constitución se tocara en un proceso de consulta popular, lo hubiera puesto negro sobre blanco y hubiera dicho ningún artículo de la Constitución podrá ser modificado en un procedimiento de consulta popular a través de democracia directa; pero no lo dice así.
El artículo 35 constitucional señala claramente que el único artículo de la Constitución, el único que no podrá ser llevado a consulta es el artículo 40, lo dice de manera clara, negro sobre blanco, el único. ¿Por qué razón? Porque ese artículo se refiere al régimen republicano democrático federal de nuestro país, no se va a llevar obviamente, y ésa fue la decisión del constituyente permanente, a consulta si México se convierte en una república monárquica; por supuesto que no. Y por eso el constituyente dijo que el único artículo que no se tocaría es el 40, eso no entrará a debate, pero todo lo demás de la Constitución sí puede entrar a debate.
Adicionalmente, cuando algunos analistas decían, es que hay una contradicción, porque para reformar la Constitución se requiere acudir a un procedimiento que está establecido en el 135 constitucional que conocemos perfectamente, tiene que ser aprobado por dos terceras partes aquí y luego pasar a los Congresos de los estados; pero no hay absolutamente ninguna contradicción, porque el artículo 35 constitucional señala que cuando hayan votado en una consulta popular al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nacional de electores, si la mayoría de ese 40 por ciento vota en determinado sentido, esa decisión expresada en las urnas es vinculatoria y obliga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
¿Qué quiere decir esto? Que si en una consulta el primer domingo de junio votara al menos el 40 por ciento del padrón electoral y de ese 40 por ciento la mayoría determinara que se reformara la Constitución, puesto que es vinculatoria a ese procedimiento, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso tendría que iniciar el procedimiento establecido en el 135, es absolutamente congruente y claro.
Y termino con un asunto sustancial, también se argumentó desde antes que votáramos la reforma; la votaran, perdón. Nosotros, yo no la voté y no la votó el PRD, no votamos por la entrega de nuestros hidrocarburos y del petróleo a la iniciativa privada, pero hubo aquí una mayoría que lo votó así; desde esos días ya había un argumento que tomara como base el 35 constitucional para decir que no podría ir a consulta porque era un asunto de gastos y de ingresos. Nada más frívolo y superficial que querer reducir lo que ya la propia Constitución en el 25, en el 27 y en el 28 señalaban no como un asunto de ingreso y gasto.
Aquí no se está hablando del petróleo como un asunto de impuestos, no, en el 25, en el 27 y en el 28 se señala con claridad, primero en el 25, que al Estado le compete la rectoría en materia del desarrollo del país. Y se señala en el artículo 28 que las áreas estratégicas, petróleo e hidrocarburos, tal como lo dice el artículo 27, son propiedad de la nación.
De tal manera que el petróleo, el gas, los hidrocarburos no son un asunto de ingreso y gasto, son propiedad de la nación, son recursos estratégicos; tienen que ver con la sustentabilidad del país. No solamente recursos estratégicos, tienen que ver incluso con la seguridad nacional de México.
Pero en esta interpretación que ha hecho la mayoría de la Corte –termino, señora presidenta, para no equivocarme y decir señor presidente– en esta interpretación de la Corte se comete además –y aquí ya no es la interpretación jurídica, constitucional, sino en el ámbito político y democrático– un gravísimo error.
El país está en una situación de tensión extrema. Hay quien dice que México está en llamas. Sabemos el enorme problema que hay en nuestro país por los diferendos. ¿Cuál tendría que ser el mejor mecanismo para resolverlos si no el de la consulta democrática popular? ¿Por qué no hacer uso de este instrumento de democracia directa, si ya está en la Constitución?
Creemos que no se utiliza este instrumento de democracia directa para que decida la población por una ceguera, porque hay la intención de conculcar ese derecho, pero se comete un gravísimo error.
Porque, si bien es cierto que la decisión que se tomó entrega al país a la iniciativa privada y al extranjero, no se hace cargo de que aquí el ambiente político es explosivo y que ante un ambiente explosivo la manera más sensata, más inteligente, democrática de resolverlos tendría que ser a través de una vía pacífica, civilizada, garantizando derechos, como el de que acudieran millones de hombres y mujeres que tienen derecho a ir a las urnas a decidir sobre el futuro de su país.
Eso es lo que se está negando. No solo se le niega a los millones y millones que firmaron la solicitud de consulta, se les niega a ellos y a ellas y se le niega a todo México, porque todo el país tiene derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y su futuro. Eso es lo que se le negó.
Por eso discrepamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo decimos de manera clara y subrayada, no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución. Muchas gracias.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Bojórquez?
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Para rectificación de hechos, del tema de la consulta popular, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Lamentablemente en el tema de agenda política, diputada, no hay rectificación de hechos. Adelante, diputado Rodríguez Doval.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, diputada presidenta. En el año 2012 todavía en la legislatura pasada se incorporó a nuestra Constitución el derecho a la consulta popular. Esto era algo completamente novedoso en el constitucionalismo mexicano porque nunca había existido un instrumento de democracia participativa en nuestra ley fundamental, salvo un breve paréntesis entre el año 67 y el año 77 donde existió la figura del referéndum únicamente para el Distrito Federal, que por cierto nunca se ocupó.
Y cuando en el año 2012 se incorporó este instrumento de consulta popular, explícitamente se mencionó que era con el afán de empoderar al ciudadano, y no solamente empoderar al ciudadano, sino que empoderando al ciudadano precisamente podríamos tener una democracia más participativa y también de mejor calidad.
Y por supuesto cuando se incorporó este instrumento de la democracia directa como es la consulta popular, no se hizo para sustituir a la democracia representativa, sino para complementarla como ocurre en prácticamente todas las democracias de este mundo.
Por lo tanto era un avance político importante esta reforma que se hizo en el año 2012 y que a nosotros en esta legislatura nos tocó reglamentar en su ley secundaria.
Y en esa reforma se estableció explícitamente, expresamente, que sería la Suprema Corte de Justicia la que ejercería el control de la constitucionalidad, cosa que hoy vemos que en efecto ocurrió, sin embargo sus resultados a pocos deja satisfechos, porque no olvidemos que cuando se reformó la Constitución para incorporar el derecho a la consulta popular, precisamente se hizo como un derecho del ciudadano en el artículo 35 y los derechos políticos, no olvidemos, están considerados como derechos humanos.
Por lo tanto, al hacer una interpretación de un derecho humano se estableció también, en la anterior legislatura, en el artículo 1o, que tiene que utilizarse el principio pro persona, es decir, que las normas de derechos humanos deben de interpretarse de la manera que resulte más favorable para las personas y en este caso para los ciudadanos.
Consideramos, muy respetuosamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hizo las interpretaciones sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares, honestamente consideramos que no interpretó según el principio pro persona, al menos hablamos en el caso de la consulta popular que más de dos millones de ciudadanos propusieron para aumentar el salario mínimo en este país.
Consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitó, porque si vemos las resoluciones de los ministros observamos que incluso analizaron las posibles consecuencias o efectos económicos, sociales o políticos que podrían llegar a generarse con las consultas, lo cual no está dentro de las atribuciones de la corte.
La corte tiene que establecer un control de constitucionalidad, es decir, en el caso de las consultas, la corte tiene que decidir si éstas se ajustan o no a la Constitución y si se ajustan o no a lo establecido en el artículo 35, cuyas restricciones son muy claras. Ese artículo dice con toda nitidez que no puede haber consultas populares en materia de derechos humanos, que no puede haber consultas populares en materias electorales, en materia de los ingresos y gastos del Estado, en materia de la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas o incluso en materia de seguridad nacional, y por supuesto el artículo 40, que es sobre la forma de gobierno de este país.
Sin embargo, la corte no tiene facultades para decir que una consulta popular sobre el salario mínimo puede tener, por ejemplo, efectos negativos en la inflación, como hubo algún ministro que lo insinuó. La corte no puede venir a decir, en una interpretación demasiado vaga de las restricciones establecidas en el artículo 35, que como el trabajo es un derecho humano no puede ser consultado el tema del salario mínimo.
Consideramos, con todo respeto para los ministros de la corte, que su interpretación fue bastante mediocre y fue bastante vaga porque finalmente, con esta interpretación tan abierta sobre los ingresos y gastos del Estado o sobre los derechos humanos, prácticamente ninguna consulta nunca será viable en este país. Y eso fue lo que nos dejó clara la interpretación que hizo la corte la semana antepasada.
Por eso es que los diputados de Acción Nacional hemos anunciado, por voz de nuestro coordinador, que vamos a presentar una iniciativa de reforma tanto al artículo 35 constitucional como a la Ley Federal de la Consulta Popular, con el único objetivo de que éste sea un instrumento viable para los ciudadanos.
Quiero insistir en que la consulta popular es un derecho de los ciudadanos y así está establecido en el artículo 35, y los derechos políticos, quiero insistir, son derechos humanos y por lo tanto tenemos que buscar la interpretación más amplia y que de mejor manera proteja ese derecho humano.
Por supuesto que no se trata de estar cayendo en una democracia plebiscitaria, no se trata de estar consultando absolutamente todo lo que se haga en este país; para eso estamos los representantes. Pero sí se trata de ponernos al mismo nivel que ya están otras democracias en el mundo que han combinado perfectamente a la democracia representativa con algunos instrumentos de democracia directa y participativa para aquellos casos que verdaderamente requieren una participación del pueblo y que sea éste el que tenga la última palabra.
Y también quiero señalar que junto con esta reforma que vamos a presentar al instrumento de la consulta popular, los diputados de Acción Nacional vamos a insistir en nuestra propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo para homologar el salario mínimo con la línea mínima de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.
Eso precisamente era lo que nosotros habíamos puesto a consideración de la Corte, para que pudiera hacerse una consulta al respecto, ya que la Corte decidió con argumentos, insisto, por demás pagos indiscutibles que esa reforma no procedía, vamos nosotros a impulsarla en esta Cámara de Diputados y también vamos a impulsar una reforma que sabemos que otros diputados de otros partidos ya han visto con buenos ojos que es desvincular el salario mínimo como unidad de medida.
Hoy en día sabemos que el salario mínimo funciona como unidad de medida para multas, para créditos, para pago de derechos, eso es lo que queremos también, desvincular para que de esa manera el salario mínimo en efecto, pueda ser también un instrumento al servicio de los trabajadores. Esa reforma, esa iniciativa ya la presentó Acción Nacional y esperemos encontrar un buen eco por parte de los demás partidos.
Termino, diputada presidenta insistiendo en que los derechos políticos también son derechos humanos. No lo perdamos de vista y ojalá que podamos también encontrar los consensos necesarios para hacer una reforma que permita que ese instrumento de consulta popular nos ponga al mismo nivel que las democracias más avanzadas del mundo. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias diputado Fernando Rodríguez Doval.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último tiene la palabra para hablar del tema de agenda política la diputada Martha Gutiérrez Manrique, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.
Quiero saludar también a invitados que se encuentran con nosotros el día de hoy de una asociación popular de Coahuila, invitados por el diputado Mario Dávila, que están aquí presentes. Bienvenidas, bienvenidos.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señora presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario quiero expresar nuestro absoluto respeto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos reconocer que más allá de la formalidad de sus integrantes, estos han cumplido cabalmente con las cada vez más exigentes tareas que le impone la propia evolución de nuestro sistema democrático y jurídico.
No podemos olvidar que, por primera vez en la historia de México, mediante las reformas constitucionales que recientemente aprobamos, se estableció la posibilidad de realizar consultas populares como un mecanismo novedoso para fortalecer la democracia participativa en nuestro país.
La consulta popular es un mecanismo existente en más de la mitad de los países del mundo, mediante el cual se pregunta la población su opinión respecto de propuestas de cambios legislativos o proyectos de gobierno en una lógica prospectiva.
Recordemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que este mecanismo fue objeto de múltiples y muy profundos debates durante la discusión de la reforma constitucional en ambas Cámaras, obtuvo el voto aprobatorio de la mayoría calificada requerida y cuyo dictamen además fue aprobado por la mayoría de las Legislaturas de los estados en cumplimiento con el procedimiento establecido para llevar a cabo una reforma constitucional.
Es decir, la consulta popular es producto del Constituyente Permanente y nosotros somos los primeros obligados en respetar sus términos. La Corte es la instancia facultada para calificar la constitucionalidad de las propuestas de consulta popular atendiendo las materias, que en el artículo 35 de la Carta Magna se estableció que no serán objeto de consulta popular, como son: los ingresos y el gasto del Estado, la materia electoral, los principios previstos en el artículo 40 constitucional, los que restrinjan los derechos humanos, pongan en riesgo la seguridad nacional o la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Consideramos que, si bien estos criterios generales deben prevalecer, también es preciso reconocer que durante los debates sostenidos entre los ministros de la Corte se vertieron cuestiones que conviene tomar en cuenta para que desde el Legislativo podamos debatir y establecer criterios más claros, para evitar interpretaciones subjetivas en la evaluación de constitucionalidad de una propuesta de consulta que corresponde al máximo tribunal.
El Grupo Parlamentario del PRI está abierto a la posibilidad de perfeccionar este mecanismo de democracia participativa recién establecido para que sea un instrumento viable y eficaz. La figura de consulta popular es imperfecta, si es así debemos mejorarla.
Los propios debates de los ministros al analizar las distintas propuestas de consulta popular marcan la ruta que podemos recorrer para revisar los aspectos de la legislación que deban modificarse a la luz de esos criterios, aunado a nuestra propia experiencia parlamentaria para hacer los cambios que se requieran y contar México con una verdadera democracia participativa.
Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares consagrado en la Constitución, para que cumpla con su función y consolide la participación y la confianza ciudadana en nuestra democracia.
Lo que no se vale es descalificar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie puede eludir su responsabilidad, porque la Corte interpretó y resolvió en uso de los instrumentos legales con los que nosotros mismos le dotamos. Tampoco se vale una manipuladora ceguera. Tampoco –y lo subrayo- se deben hacer juicios de valor y partidizar una resolución cuando ésta no les favorece, y solamente aplaudir lo que partidistamente les beneficia. Ése es un doble discurso que carece de fundamento.
Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares, consagrado en la Constitución. No es atacando a las instituciones ni menoscabando su autoridad aludiendo intereses político-electorales como podemos perfeccionar nuestro marco normativo ni fortalecer nuestra democracia.
Hoy más que nunca los legisladores debemos ser ejemplo de cumplimiento a las normas que nosotros mismos creamos, porque las decisiones que se toman de acuerdo con el procedimiento legislativo establecido –y éste ha sido el caso- son decisiones que nos obligan a su exacta observancia y cumplimiento a todos, y no solamente a quienes votamos a favor.
Ello, compañeras y compañeros diputados, se llama congruencia. Ello se llama respeto por la ley, por la democracia y por el estado de derecho. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día. Vamos a dar parte a las iniciativas de diputados y diputadas, o a nombre de grupos.
Se recibió del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Se recibió del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Se recibió del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Se recibió de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
Se recibió de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.