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Timestamp: 2019-09-21 00:41:32
Document Index: 5863557

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 83', 'artículo 30', 'artículo 74', 'artículo 13', 'artículo 55']

Registro Oficial. 19 de SEPTIEMBRE del 2003
Viernes, 19 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 173
661\n Autorizase al\n Ministerio de Economía y Finanzas para que disponga la\n transferencia de USS 10'600.000,oo (diez millones seiscientos\n mil 00/100 dólares americanos) a la Cuenta Corriente Única\n del Tesoro Nacional, en concepto de anticipo de las utilidades\n del Banco Central del Ecuador correspondientes al ejercicio económico\n de 2003
664 Modificase el Art. 2, a continuación\n de la frase: "para las familias que se ubiquen en"\n añadir: "el primero y segundo quintil más\n pobre" (Bono de Desarrollo Humano)
1016\n Mientras dure\n la ausencia del señor Ing. Patricio Ortiz James, Ministro\n de Bienestar Social, encárgase este Portafolio de Estado\n al señor economista Nelson Gutiérrez Endara, Secretario\n Técnico del Frente Social.
MINISTERIO\n DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD DE CAMINOS VECINALES
0002-DE-UCV\n Deléganse\n atribuciones al Gerente Administrativo Financiero de la UCV
91-2003\n Monseñor\n Germán Pavón Puente en contra de Carlos Morillo\n Portillo y otra
95-2003\n Alfredo Mortensen\n Lund en contra de Carlos Enrique Haro Gordillo y otra.
119-2003\n Compañía\n de Economía Mixta "Parque Industrial Riobamba"\n en contra de Juan Abdón Arias y otra
155-2003\n Jenny Muñoz\n Amoroso en contra del Banco del Pichincha, sucursal Cuenca
156-2003\n Edgar Velasco\n Russo en contra de Juan de Dios Puma
157-2003 Patricio Valarezo García\n en contra de Luz América Andrade Flores.
158-2003 Manuel Ortiz Daquilema en contra\n de Manuel Cunduri Caiza y otros..
159-2003 Carlos Eduardo Suquilanda Romero\n y otra en contra de Gladys del Carmen Suquilanda y otros.
160-2003\n Rosendo Mar\n a Cabrera Borja en contra de Rómulo Francisco Castro Barrera\n y otra.
161-2003 Manuel Bolívar Pardo\n Castillo en contra de Santiago Pardo Castillo y otros.
162-2003 Mariana de Jesús Crespo\n Crespo en contra de Julia Isidom Morocho Quiñónez
163-2003 Ingeniero Gato Geovanny Rivera\n Aráuz en contra de Ignacia Vera Mejía
166-2003 Flavio Medardo Jácome\n Cevallos en contra de Luis Guillermo Chica Granados.
167-2003 Vicente Benigno Bermeo Cabrera\n en contra de Ángel María Pillajo Sumba y otros
169-2003\n José\n Enrique Niato Gualotuña en contra de Carmen Gualotuña\n Tipán.
38-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n y de oficio del artículo 96, todos ellos de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: BASF\n AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: "OPAL".
24-IP-2003 Interpretación prejudicial\n del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación\n de oficio del articulo 81 y articulo 82 literal d) de la misma\n decisión. Marca: MISKY. Actor: ARCOR S.A.I.C. Proceso\n interno N0 70
Cantón\n Camilo Ponce Enríquez:\n Que regula la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los predios urbanos
020-03\n Gobierno Municipal del Cantó Rumiñahui: Reformatoria de la Ordenanza\n sustitutiva que regula la cuantía del pago del impuesto\n de patentes.
-\n Juicio de expropiación\n seguido por el Gobierno Municipal del Cantón Chone en\n contra de El Bejuco Promotora Turística Cía. Ltda.\n (1ra. publicación)
-\n Muerte presunta del\n señor Enrique Rigael Llanos Vallejo (2da. publicación)\n
-\n Muerte presunta\n del señor Pablo Elías Vélez Salazar (2da.\n publicación).
-\n Muerte presunta\n del señor Edmundo Gustavo García Muñoz (2da.\n publicación).
-\n Juicio de expropiación\n seguido por el Municipio del Cantón Baños de Agua\n Santa en contra de los herederos desconocidos y presuntos de\n José Miguel Silva Flores (3ra. publicación)..
\n - Juicio de expropiación\n seguido por la M. I. Municipalidad de Guayaquil en contra de\n la Asociación Comercial y otros (3ra. publicación)\n \n
N0 661
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del\n artículo 30 de la Ley de Presupuestos del Sector Público,\n es facultad del Presidente de la República disponer el\n traspaso de anticipos de los superávits de las empresas\n y entidades financieras públicas citadas en los literales\n d) y e) del articulo 2 de esa ley, al Presupuesto General del\n Gobierno Central;
Que el artículo 74 de la Ley de Régimen Monetario\n y Banco del Estado, establece que al cierre de cada ejercicio,\n se acreditarán al fondo de reserva general las utilidades\n netas, hasta que el monto de dicha cuenta sea igual al quinientos\n por ciento del capital pagado del Banco Central del Ecuador.\n Cuando éste porcentaje se cumpla, se acreditará\n el fondo de reserva general una suma igual al veinticinco por\n ciento de las utilidades y el saldo se transferirá obligatoriamente\n a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional;
Que mediante oficio N0 DBCE-0835-2003 de 30 de julio de 2003,\n el Directorio del Banco Central del Ecuador, resolvió\n autorizar el anticipo de utilidades al Ministerio de Economía\n y Finanzas, por US$ 10'600.000,oo que transferirá el Banco\n Central del Ecuador a la Cuenta Única del Tesoro Nacional;\n y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el articulo\n 30 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, en concordancia\n con los artículos 171, numeral 22 de la Constitución\n Política de la República y 74 de la Ley de Régimen\n Monetario y Banco del Estado,
Art. 1.- Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas\n para que disponga la transferencia de US$ 10'600.000,oo (diez\n millones seiscientos mil 00/100 dólares americanos) a\n la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, en concepto\n de anticipo de las utilidades del Banco Central del Ecuador correspondientes\n al ejercicio económico de 2003.
Art. 3.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n al Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 31 de julio de 2003.
N0 664
Que el numeral 5 del Art. 3 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador establece que es un deber\n primordial del Estado, erradicar la pobreza y promover el progreso\n económico, social y cultural de sus habitantes;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 129 de 14 de septiembre\n de 1998, publicado en el Registro Oficial N0 29 de 18 de septiembre\n del mismo año, se creó un subsidio en favor de\n personas en situación de pobreza, reformados por decretos\n Nros. 682, publicado en el Registro Oficial Suplemento N0 149\n de 16 de marzo de 1999; 1186, publicado en el Registro Oficial\n N0 272 de 8 de septiembre de 1999; y, 507, publicado en el Registro\n Oficial N0 106 de 26 de junio de 2000;
Que el Decreto N0 486 A de 7 de junio de 2000, publicado en\n el Registro Oficial N0 99 del 15 de junio del mismo año,\n creó el Programa de Protección Social para que\n se encargue de administrar y transferir los subsidios dirigidos\n a los sectores más pobres del país;
Que el Decreto Ejecutivo N0 347 de 25 de abril de 2003, publicado\n en el Registro Oficial N0 76 de 7 de mayo de 2003, cambió\n el bono solidario a bono de desarrollo humano, incrementó\n la transferencia monetaria y condicionó su entrega al\n cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección\n Social;
Que el Art. 3 del Decreto Ejecutivo N0 649-A de 25 de julio\n de 2003, dispone que la Fundación para el Aseguramiento\n Popular en Materia de Salud solventará los contratos correspondientes\n para el Plan Piloto en materia de salud que llevará a\n cabo dicha fundación en la ciudad de Guayaquil, con el\n valor de hasta USD $ 1,00 por cada beneficiario del bono de desarrollo\n humano en esa ciudad; y,
En ejercicio de las atribuciones contenidas en los numerales\n 3 y 9 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador y literales ch) y 1) del articulo\n 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- En el Art. 2, a continuación de la frase:\n "para las familias que se ubiquen en" añadir:\n "el primero y segundo quintil más pobre".
Art. 2.- Derógase el Art. 4.
Art. 3.- El Ministerio de Economía y Finanzas será\n el encargado de gestionar y asignar los recursos necesarios para\n la administración del bono de desarrollo humano y entrega\n oportuna a los beneficiarios.
Art. 4.- El valor por concepto del bono de desarrollo humano\n para cada beneficiario será el determinado en el Decreto\n Ejecutivo N0 347, publicado en el Registro Oficial N0 76 de 7\n de mayo de 2003 y en el presente decreto, excepto para los beneficiarios\n de la ciudad de Guayaquil a los cuales se les retendrá\n USD $ 1,00 de conformidad con lo que establece el Art. 3 del\n Decreto N0 649 A de 25 de julio de 2003.
ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución de este decreto\n ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su suscripción\n sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial,\n encárguense los ministros de Bienestar Social y de Economía\n y Finanzas.
Ing. Patricio Ortiz James
Que, en el periodo comprendido del 16 al 27 de septiembre\n de 2003, el señor Ministro de Bienestar Social, Ing. Patricio\n Ortiz James, viajará a Bolivia, Estados Unidos y España,\n a fin de participar en el Congreso de la Niñez y Adolescencia,\n así como en eventos en los cuales se demostrará\n la implementación de la tecnología de la tarjeta\n inteligente; mecanismo que el Ecuador requiere aplicar para los\n programas sociales que constan en la Agenda de Desarrollo Humano\n "Juntos Podemos", los que se encuentran en el marco\n de los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional;
Que, durante la ausencia del titular del Ministerio de Bienestar\n Social, es indispensable encargar el despacho ministerial;
Que, de conformidad con el numeral 60 del Art. 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, los ministros\n de Estado, están facultados para expedir normas, acuerdos\n y resoluciones que requiera la gestión ministerial;
Que, de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n tos ministros de Estado, son competentes para el despacho de\n todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad\n de autorización alguna del Presidente de la República,\n salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;\n y,
En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y\n legales,
Artículo primero.- Mientras dure la ausencia del señor\n Ing. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social, se encarga\n este Portafolio de Estado, al señor Econ. Nelson Gutiérrez\n Endara, Secretario Técnico del Frente Social.
Publíquese.- Dado en Quito, a 11 de septiembre de 2003.
f.) Ing. Patricio Ortiz James, Ministro de Bienestar Social.
N0 0002-DE-UCV
EL DIRECTOR EJECUTIVO - UNIDAD DE CAMINOS\n VECINALES
Que mediante Acuerdo Ministerial N0 057, publicado en el Registro\n Oficial N0 162 de 13 de septiembre de 2000, el Ministerio de\n Obras Públicas y Comunicaciones creó la Unidad\n de Caminos Vecinales, con autonomía administrativa, económica\n y financiera;
Que el 27 de julio de 2001, el Gobierno de la República\n del Ecuador suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo\n (BID) el préstamo N0 1 282/OC-EC, destinado a financiar\n el Programa de Infraestructura Rural de Transporte PIRT, el mismo\n que entre sus objetivos contempla el establecimiento de un sistema\n de mantenimiento rutinario; a través de la contratación\n de microempresas y/o asociaciones de mantenimiento rutinario\n y/o conservación vial, por parte de los gobiernos provinciales;
Que el artículo 13 del Reglamento de contratación\n y adquisición de bienes, prestación de servicio,\n ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento\n y mantenimiento y contratación de servicios de consultoría\n de la Unidad de Caminos Vecinales, faculta al Director Ejecutivo\n de la unidad para que ordene el gasto para la adquisición\n de bienes de manera directa hasta el monto de diez mil dólares\n de los Estados Unidos (US$ 10.000,00);
Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n establece que las atribuciones propias de las diversas entidades\n y autoridades de la Administración Pública Central\n e Institucional, serán delegables en las autoridades y\n órganos de inferior jerarquía, excepto las que\n se encuentran prohibidas por ley o por decreto. La delegación\n será publicada en el Registro Oficial; y,
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales\n pertinentes,
Art. 1.- Delegar al amparo de las disposiciones legales citadas,\n al Gerente Administrativo Financiero de la UCV, para que éste\n sea ordenador de gasto para la adquisición de bienes inferiores\n a quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos (US$\n 500,00), para lo cual se sujetará al Reglamento de contratación\n y adquisición de bienes, prestación de servicio,\n ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento\n y mantenimiento y contratación de servicios y a las demás\n disposiciones internas de la Unidad de Caminos Vecinales.
Art. 2.- Encárguese de la aplicación de la presente\n resolución a la Gerencia Administrativa Financiera de\n la Unidad de Caminos Vecinales.
Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su expedición.
Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a 1 de septiembre de\n 2003.
f.) Arq. Fabián Lupera Astudillo, Director Ejecutivo,\n Unidad de Caminos Vecinales.
Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos de la Unidad de Caminos Vecinales, UCV.
f.) Asesor Jurídico.
N0 91-2003
ACTOR:	Monseñor Germán\n Pavón Puente, Obispo de Tulcán y Presidente del\n Consejo Gubernativo de los Bienes de la Diócesis de Tulcán\n y como representante legal de la misma.
DEMANDADOS:	Carlos Morillo Portillo\n y María Aurora Pozo Arteaga.
Quito, 9 de abril de 2003; a las 10h23.
VISTOS (93-2003): En el juicio ordinario que por reivindicación\n sigue monseñor Germán Pavón Puente, Obispo\n de Tulcán y Presidente del Consejo Gubernativo de los\n Bienes de la Diócesis de Tulcán y como representante\n legal de la misma a Carlos Morillo Portillo y María Aurora\n Pozo Arteaga la parte demandada deduce recurso de casación\n contra la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia\n de Tulcán, mediante la cual confirma la dictada por el\n Juez Quinto de lo Civil del Carchi que acepta la demanda.- Radicada\n que ha sido la competencia en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n para resolver considera: PRIMERO.- Respecto de los requisitos\n que obligatoriamente debe contener el escrito de interposición\n del recurso de casación, el Art. 6 de la ley de la materia\n dispone: "1. Indicación de la sentencia o auto recurridos\n con individualización del proceso en que se dictó\n y las partes procesales; 2. Las normas de derecho que se estiman\n infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan\n omitido; 3. La determinación de las causales en que se\n funda; 4. Los fundamentos en que se apoya el recurso.".\n SEGUNDO.- De fojas 103, 104 y 105 del cuaderno de segundo nivel\n consta el escrito de interposición del recurso de casación,\n el mismo que no cumple con los requisitos obligatorios expuestos\n en el Art. 6 de la ley de la materia, pues si bien el recurrente\n basa su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3\n de la Ley de Casación (COPIA TEXTUALMENTE LAS CAUSALES)\n y transcribe el Art. 953 del Código Civil, era su obligación\n indicar a más de la norma sustantiva, las de valoración\n de la prueba que estima infringidas; y determinar con cuál\n de los tres vicios: aplicación indebida (1), o por falta\n de aplicación (2), o por errónea interpretación\n (3), que contiene cada causal en las que apoya su recurso, se\n ha afectado ~ las normas de derecho y de valoración de\n la prueba que considera han sido vulneradas en la sentencia materia\n de la impugnación, para demostrar de esta manera al Tribunal\n de Casación cómo según sus palabras se \n "mal interpretan las normas de derecho...", y de qué\n manera esto ha influido en la parte dispositiva de la sentencia\n recurrida. Por lo tanto, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Carlos Morillo Portillo y María Aurora\n Pozo Arteaga.- Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces.
\n Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 9 de abril\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
Quito, 5 de junio de 2003; a las 09h28.
VISTOS (93-2003): Niégase la solicitud de revocatoria\n solicitada por la parte demandada en vista de que el argumento\n de la Sala para rechazar el recurso de casación tuvo validez\n por cuanto el escrito de interposición no reúne\n los requisitos de forma. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil. Certifico.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 5 de junio\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 95-2003
JUICIO SECUESTRO PREVENTIVO
ACTOR:	Alfredo Mortensen Lund.
DEMANDADOS:	Carlos Enrique Haro Gordillo\n y Luz Angélica López de Haro.
Quito, 11 de abril de 2003; alas 10h12.
VISTOS (320-2001): Carlos Enrique Haro Gordillo y Luz Angélica\n López de Haro, deducen recurso casación contra\n el auto de secuestro preventivo pronunciado por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito en el expediente No.\n 183-98, mediante el cual revoca el dictado por el Juez Vigésimo\n Primero de lo Civil de Pichincha que rechaza la demanda. Radicada\n que ha sido la competencia en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n para resolver, se considera: PRIMERO.- De fojas 35 a 42 del cuaderno\n de segundo nivel consta el escrito de interposición del\n recurso de casación, el mismo que no cumple con los requisitos\n de admisibilidad dispuestos en la Ley de Casación, que\n en su Art. 2 dice: "Procedencia.- El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.\n / Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado.".\n Sobre este tema, acudimos a la definición doctrinaria\n de esta figura jurídica: "La calificación\n de cautelares (o asegurativas, que es sinónimo) es la\n más apropiada para indicar estas providencias, porque\n es común a toda la finalidad de constituir una cautela\n o aseguración preventiva contra un peligro que amenaza...",\n las providencias cautelares "...nunca constituyen un fin\n por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas\n a la emanación de una ulterior providencia definitiva,\n el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente..."\n (CALAMANDREI, Piero, Providencias Cautelares, páginas\n 44 y 48). De manera concordante a la definida, la doctrina uruguaya\n opina: "Las medidas cautelares, en general (incluidos los\n embargos preventivos, que son sólo una de las formas de\n aquellas), constituyen decisiones provisorias, anticipadas y\n en prevención de un daño que podría sufrir\n por la demora del proceso, quien tiene presunto derecho. Estos\n caracteres hacen que, en la gran mayoría de las legislaciones,\n sean excluidas del control de casación." (VESCOVI,\n Enrique, La Casación Civil, páginas 48 - 49).-\n En conclusión, por todo lo expuesto, observamos que la\n providencia recurrida dentro de este proceso cautelar, no es\n susceptible del recurso extraordinario de casación por\n falta de procedencia. Este criterio ha sido ya considerado por\n la Sala en la Resolución No. 42-2002, el mismo que guarda\n concordancia con el emitido por la Primera Sala de lo Civil y\n Mercantil, fallo que se encuentra publicado en el Registro Oficial\n No. 119 de 30 de julio de 1997.- Por lo tanto y sin tener ninguna\n otra consideración, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Carlos Enrique Haro Gordillo y Luz Angélica\n López Cifuentes. Notifíquese y devuélvase.
Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria\n Relatora.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, II de abril\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
Quito, 5 de junio de 2003; a las 10h56.
VISTOS (320-2001): El Art. 286 en concordancia con el Art.\n 293 del Código de Procedimiento Civil establece que "La\n aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura...\n al respecto la Sala advierte que de acuerdo con el Art. 7 reformado\n de la Ley de Casación, el momento procesal en el cual\n decidió rechazar el recurso le obligaba a limitarse exclusivamente\n al análisis de procedencia del mismo, puesto que legalmente\n la Sala no podía entrar en otras apreciaciones jurídicas.-\n Respecto de la revocatoria, no han variado los fundamentos que\n tuvo la Sala para rechazar el recurso de casación interpuesto\n dentro de un secuestro preventivo y que han sido consideradas\n en el auto de 11 de abril de 2003. Por todo lo expuesto, se rechazan\n la peticiones de aclaración y revocatoria solicitadas\n por Carlos Enrique Haro Gordillo y Luz Angélica López\n Cifuentes de Haro. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil.
Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, 5 de junio\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 119-2003
ACTOR:	Arq. Carlos Jorge Ayala Reyes\n en su calidad de Gerente General y representante legal de la\n Compañía de Economía Mixta "Parque\n Industrial Riobamba".
DEMANDADOS:	Juan Abdón Arias\n y Marta Casco Ortiz.
Quito, 26 de mayo de 2003; a las 10h00.
VISTOS (250-2002): En el juicio verbal sumario que por resolución\n de contrato sigue el Arq. Carlos Jorge Ayala Reyes en su calidad\n de Gerente General y representante legal de la Compañía\n de Economía Mixta "Parque Industrial Riobamba"\n en contra de Juan Abdón Arias y Marta Casco Ortiz, el\n actor interpone recurso de casación contra la sentencia\n pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Riobamba en 1; que se confirma el fallo de primera instancia\n que declara "sin lugar la demanda".- Concedido el recurso\n ha subido la causa, correspondiendo, por sorteo, su conocimiento\n a esta Sala, la misma que en su primera providencia acepta a\n trámite el recurso, concluido el cual, para resolver,\n se considera: PRIMERO.- El recurso está fundado en la\n causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Aduce\n el impugnante que las normas de derecho infringidas en la sentencia\n materia del recurso son: "Los artículos 1532, 1588,\n 1589, 1590, 1594 y 1753 del Código Civil; 119, 147 y 21\n del Código de Procedimiento Civil". SEGUNDO.- En\n "Los Fundamentos en que se apoya el Recurso", concretamente\n se señala que se "deja de aplicar (en la sentencia)\n los artículos 1588, 1532 y 1589 del Código Civil",\n o sea que se alega uno de los elementos que configuran la causal\n primera, esto es la "falta de aplicación" de\n tales normas. En síntesis, se argumenta en el sentido\n de que los demandados, compradores del lote de terreno No. 16\n de la manzana C del Parque Industrial Riobamba, no han cumplido\n con lo que se obligaron en el contrato de compraventa, esto es\n "a realizar las edificaciones correspondientes en el lote\n que adquieren, de acuerdo al plano previamente aprobado por la\n Municipalidad de Riobamba, a través del Departamento de\n Obras Públicas y una vez que el anteproyecto haya recibido\n el visto bueno del Departamento Técnico del Parque Industrial";\n así como también se alega que en la cláusula\n séptima del contrato, se estipulan "Causas de Vencimiento\n de la Obligación y Resolución del Contrato",\n entre las que consta que "serán causas de resolución\n del contrato", "no iniciar la producción industrial\n o la prestación de servicios según los casos, en\n el plazo máximo de tres años contados a partir\n de la fecha de la firma del contrato respectivo./ El plazo máximo\n indicado regirá también para la construcción\n de edificios industriales cuando éstos deban ser construidos\n por la empresa admitida...". Que estas estipulaciones contractuales\n no han sido cumplidas por parte de los demandados, razón\n por la cual procede la resolución del contrato de compraventa\n al tenor de lo dispuesto en el Art. 1532 del Código Civil.\n TERCERO.- Dado el carácter de la casación, que\n es un recurso extraordinario y restrictivo la potestad del Tribunal\n de Casación está limitada a revisar la sentencia\n y determinar si está o no afectada por la violación\n de la ley sustantiva o de la ley adjetiva, de acuerdo con los\n diversos casos taxativamente señalados en el Art. 3 de\n la Ley de Casación, y en relación con las aspiraciones\n del recurrente, determinadas específicamente en su escrito\n de impugnación. En este orden, es necesario que el recurrente\n en casación precise, en forma clara y concreta, las normas\n que considera violadas en la sentencia, por aplicación\n indebida, por falta de aplicación o por errónea\n interpretación, de normas de derecho para la causal primera,\n de normas procesales para la segunda, y de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba para la tercera\n causal. CUARTO.- En el caso, el recurrente concreta y precisa\n como violadas en la sentencia, por falta de aplicación,\n las normas de derecho consignadas en los artículos 1532,\n 1588 y 1599 del Código Civil; por manera que, son estas\n normas las que deben ser consideradas por parte del Tribunal\n de Casación, por haberse determinado como forma de violación\n su "falta de aplicación" y estar relacionadas\n con la causal primera del Art. 3, única causal en que\n se funda el recurso. Los otros artículos señalados\n en el acápite 2 del escrito impugnatorio, no pueden ser\n considerados por no haber sido precisado el modo por el cual\n se ha incurrido en la violación, esto es por aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación;\n pues, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, "el recurrente\n debe puntualizar no sólo la norma de derecho que estima\n haber sido infringida sino que debe también precisar respecto\n de cada norma la causal bajo la cual se ha producido la infracción\n de la ley y el modo por el cual se ha incurrido en ella".\n (G.J.S. XVI, No. 10, pág. 2558). QUINTO.- El Art. 1532\n del Código Civil invocado por el recurrente como violado\n en la sentencia por "falta de aplicación", prescribe\n que: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición\n resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes de lo\n pactado./ Pero, en tal caso, podrá el otro contratante\n pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento\n del contrato, con indemnización de perjuicios". En\n la especie, precisamente lo que se demanda es la resolución\n del contrato de compraventa del lote de terreno y el pago de\n daños y perjuicios. Este es el fundamento principal de\n la demanda que se debe dilucidar, vale decir la afirmación\n explícita que formula el actor de haber él cumplido\n el contrato, sin que los demandados lo hayan hecho por su parte,\n quienes a su vez se excepcionan alegando la falsedad de lo afirmado\n por la parte actora ya que han cumplido con la finalidad de la\n compra del lote de terreno en el Parque Industrial, esto es "fortalecer\n su actividad artesanal, en lo que se refiere a la instalación\n y colocación de parket y todos sus derivados", que\n por tanto el lote no está abandonado, sino que "brinda\n el servicio necesarios para cumplir con mis propósitos\n artesanales en la actividad antes mencionada, pues existen materiales,\n o más propiamente lo que se conoce como materia prima\n para estos trabajos, las respectivas instalaciones para el funcionamiento\n de la maquinaria que se halla instalada para el cumplimiento\n de tales objetivos", por lo que "mal se puede afirmar\n que no se ha iniciado la producción; / por el contrario,\n este lote ha contribuido para continuar de manera eficiente con\n mi actividad empresarial de tipo artesanal ". SEXTO.- De\n la prueba aportada por las partes en el juicio pende, por tanto,\n la suerte de la controversia, con la circunstancia de que en\n el caso, al no haberse fundado el recurso de casación\n en la causal 38 del Art. 3 de la ley de la materia, sino tan\n sólo en la causal la, este Tribunal no está en\n capacidad legal de realizar el análisis y valoración\n de la prueba, constante del proceso, presentadas por los litigantes;\n pues, tan solo la causal tercera faculta tal análisis,\n teniendo en cuenta que las facultades que tiene el Tribunal de\n Casación son limitadas, pues están circunscritas\n exclusivamente a los requerimientos y planeamientos jurídicos\n concretados en el recurso; o, como dice la jurisprudencia, "sólo\n las causales que se invocan en el recurso y las razones en que\n se funda la impugnación son las que deben ser consideradas\n por el Tribunal de Casación en su resolución".\n No puede por tanto este Tribunal, en el caso, entrar al análisis\n y valoración de la prueba, ya que es la causal 38 (que\n no ha sido invocada en el recurso) la que permite apreciar si\n el Juez ha aplicado la norma debida que obliga al Juez a valorar\n la prueba sobre los hechos introducidos al proceso aplicando\n otra diferente contra ley expresa. Involucra por tanto esta causal\n -como dice la jurisprudencia aplicada por esta Sala en varias\n resoluciones-"el error en la aplicación de la norma\n jurídica de valoración y presupone expresas normas\n legales que la regulan, ya que la objetividad de la prueba el\n criterio que el juez establece de su análisis su jurado\n presuntivo, no es materia de observación ni puede ser\n alterado por la Sala". (Exp. 53-94, R.O. 635, 16-11-95),\n (Exp. 101-95, R.O. Ed. Esp. 4, 17-111-96). (Lo subrayado es nuestro).\n SÉPTIMO.- En este contexto, no puede hablarse de "falta\n de aplicación" de las normas de derecho concretadas\n por el impugnante en su recurso (Arts. 1532, 1588 y 1599 del\n Código Civil); teniendo en cuenta que, la primera causal\n del Art. 3 de la Ley de Casación se produce cuando el\n Juez de instancia elige mal la norma, utiliza una norma impertinente\n o cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado\n equivocado, razón por la cual el recurso de casación\n interpuesto por el actor resulta improcedente.- Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha el recurso, lo que trae como consecuencia\n la validez de la sentencia impugnada una vez que esta resolución\n cause ejecutoria; lo que no quiere decir que este Tribunal de\n Casación esté de acuerdo con las consideraciones\n o fundamentos de carácter jurídico que el Tribunal\n de instancia hace en su fallo. Sin costas ni multas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Estuardo Hurtado Larrea, Ministro Juez, Wladimiro\n Villalba Vega y Patricio Bueno Martínez, Conjueces Permanentes.
Certifico.- f.) Secretaria Relatora.
Las dos fojas que anteceden son fieles copias de sus originales.\n Certifico. Quito, 26 de mayo de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
Quito, 27 de junio de 20(3; alas 09h30.
VISTOS (250-2002): El actor Arq. Carlos Ayala Reyes, como\n Gerente General y representante legal del Parque Industrial Riobamba,\n solicita aclaración de la sentencia dictada por esta Sala,\n el 26 de mayo del año en curso (fs. 10 y s.), pidiendo\n que se indique si ha ganado o perdido el juicio.- Según\n el Art. 286 del Código de Procedimiento Civil, la aclaración\n es procedente cuando la sentencia es obscura, anfibológica\n o contradictoria. - La sentencia hace un amplio análisis\n del escrito de interposición del recurso y del carácter\n extraordinario de la casación, para concluir en forma\n meridiana y sin hesitación alguna, que tal recurso, en\n la especie, es improcedente, por lo que se lo desecha. -Como\n consecuencia, al no casarse la sentencia del Tribunal ad-quem,\n ésta es la que tiene validez.- Por estas consideraciones,\n se rechaza tal pedido de aclaración, sin costas.- Notifíquese\n y devuélvase.
La foja que antecede es fiel copia de su original. Certifico.\n Quito, 27 de junio de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 155-2003
ACTORA:	Jenny Muñoz Amoroso.
DEMANDADO:	Banco del Pichincha, sucursal\n Cuenca.
Quito, 26 de junio de 2003; a las 15h00.
VISTOS (113-2003): En el juicio sumario que por pago de daños\n y perjuicios sigue Jenny Muñoz Amoroso contra el Banco\n del Pichincha, sucursal Cuenca, el Dr. Fabián Cueva y\n Cueva, por su condición de Gerente, deduce recurso de\n hecho ante la negativa al recurso de casación interpuesto\n contra la sentencia pronunciada por el Juez Sexto de lo Civil\n del Azuay que declara con lugar la demanda de liquidación\n de daños y perjuicios. Radicada que ha sido la competencia\n en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia en virtud del sorteo de ley, para resolver, considera:\n PRIMERO.- A fs. 105, 106 y 106 vta. del segundo cuerpo del cuaderno\n de primer nivel consta el escrito de interposición del\n recurso de casación dirigido al "Señor Juez\n Sexto de lo Civil del Cantón Cuenca" desconociendo\n que el recurso de casación no procede contra las sentencias\n o autos de los "jueces" sino contra las dictadas por\n las "cortes superiores" y "los tribunales distritales".\n El recurrente después del censurable incumplimiento de\n este requisito de procedencia expuesto clara y expresamente en\n el Art. 2 de la ley de la materia, nomina como infringidos los\n artículos 1742 del Código Civil, 117, 118, 120,\n 254 y 277 del Código de Procedimiento Civil y basa su\n recurso en la causal tercera y cuarta del Art. 6 de la Ley de\n Casación, que por la antedicha razón no pueden\n ser considerados. SEGUNDO.- El mencionado Art. 2 de la Ley de\n Casación vigente dispone que: "...El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.",\n y que "Igualmente procede respecto de las providencias expedidas\n por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución\n de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio o contradicen lo ejecutoriado" Por tanto, no procede\n el recurso de casación contra las providencias dictadas\n por los jueces de primera instancia como sucede en este caso\n (fojas 105 y 106). En consecuencia, la Tercera Sala de lo Civil\n y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso\n de hecho y por ende el de casación interpuesto por el\n Dr. Fabián Cueva, en su calidad de Gerente y representante\n legal del Banco del Pichincha sucursal Cuenca. - Agréguese\n a los autos los escritos que anteceden. Tómese en cuenta\n las autorizaciones dadas por las partes a los doctores Jorge\n Acosta Cisneros y Fausto Garcés; así como el domicilio\n judicial señalado. Hágase saber a los doctores\n Marcelo Chico, Hernán Coello y Alicia Sacoto, abogados\n del Banco del Pichincha sucursal Cuenca, que han sido sustituidos\n en la defensa por el Dr. Fausto R. Garcés. Notifíquese\n y devuélvase.
La foja que antecede es fiel copia de su original. Certifico.
Quito, 26 de junio de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 156-2003
ACTOR:	Edgar Velasco Russo.
DEMANDADO:	Juan de Dios Puma.
Quito, 26 de junio de 2003; a las 16h00.
VISTOS (95-2002): En el juicio ordinario reivindicatorio seguido\n por Edgar Velasco Russo en contra de Juan de Dios Puma; el actor\n interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n en la que, revocando la sentencia de primera instancia desecha\n la demanda y la reconvención, sin costas.- Concedido el\n recurso ha subido la causa correspondiendo por el sorteo legal\n su conocimiento a esta Sala Tercera de lo Civil y Mercantil de\n la Corte Suprema, la misma que, en su primera providencia, acepta\n a trámite el recurso, disponiendo correr traslado con\n el mismo a la contraparte para que lo conteste en el término\n legal, contestación que obra de autos.- Con estos antecedentes,\n encontrándose el recurso en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Se han presentado dos recursos\n de casación por parte del demandante Edgar Velasco Russo,\n ambos dentro del término legal. Los fundamentos son los\n mismos, con la única diferencia que en el primero se invocan\n tres causales: primera, segunda y tercera del Art. 3 de la Ley\n de Casación; y, en el segundo, las cinco causales contempladas\n en el mencionado articulo. El recurso que considera la Sala debe\n ser conocido en esta resolución es el segundo, puesto\n que a él se hace referencia en la providencia del Tribunal\n ad quem en que se lo concede, al decir "el escrito anterior\n (que corresponde al segundo recurso) reúne los requisitos\n formales señalados en el Art. 6 de la Ley de Casación".\n SEGUNDO.- El recurso está fundado -como ya se dijo- en\n las causales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del Art.\n 3 de la Ley de Casación, o sea, en todas las causales\n previstas en dicha norma.- Aduce el impugnante como infringidos\n en la sentencia materia del recurso: "Los Arts. 951 y 957\n del Código Civil; y, los Arts. 273. 274, 275, 276, 277,\n 327, 328, 329, 355 numerales 2, 3, 4, 5 y 6, Art. 417 y siguientes\n del Código de Procedimiento Civil y 116 reformado del\n mismo cuerpo de leyes". TERCERO.- Este Tribunal de Casación,\n en varios fallos, se pronuncia en el sentido de que "Es\n conveniente recordar los principios fundamentales de la casación...:\n a) La casación es un recurso extraordinario por cuanto\n ataca a la cosa juzgada; de la sentencia dictada por el Tribunal\n de alzada. Es un recurso esencialmente formal que, para prosperar,\n requiere del cumplimiento estricto de las disposiciones de la\n ley de la materia. No es un recurso contra el proceso sino contra\n la sentencia ejecutoriada y sus efectos. La nomofilaquia es el\n principal objetivo de la casación: es la defensa de la\n ley; el respeto que debe existir al marco jurídico. Solo\n secundariamente la casación defiende el interés\n privado" (causa No. 23-2003, resolución de 12 de\n febrero de 2003. R.O. No. 61 de 14 de abril de 2003). En la misma\n resolución la Sala hace referencia a tratadistas sobre\n la materia, como Manuel de la Plaza en su obra La Casación\n Civil, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid 1944, pág.\n 11 que dice: "El objeto de la casación -dice nuestro\n CARAVANTES-, lo es tanto, principalmente, enmendar el perjuicio\n o agravio inferido a los particulares con las sentencias ejecutoriadas,\n o el remediar la vulneración del interés privado,\n cuanto atender a la recta, verdadera, general y uniforme aplicación\n de las leyes o doctrinas legales", idea que en época\n más próxima a nosotros, reitera MANRESA, cuando\n atribuye al recurso la misión de "enmendar el abuso,\n exceso o agravio inferido por las sentencias firmes de los Tribunales\n de apelación cuando han sido dictadas contra ley o doctrina\n legal, o con infracción de las formas y trámites\n más esenciales del juicio". Es un recurso de alta\n técnica procesal. El escrito de interposición del\n recurso debe señalar particularizadamente las causales\n determinadas en el Art. 3 de la Ley de Casación, así\n como los cargos que se hacen a las normas consideradas violadas,\n sostenidos correctamente en cada una de las causales que se invocan.\n Humberto Murcia Bailén, ex Magistrado de la Corte Suprema\n de Colombia, en su obra "Recurso de Casación Civil",\n cuarta edición, Edit. Gustavo Ibáñez, Bogotá\n 1996, pág. 257, señala: "Por cuanto las diferentes\n causales de casación corresponden a motivos o circunstancias\n disímiles, son por ende autónomas e independientes,\n tienen individualidad propia y, en consecuencia, no es posible\n combinarlas para estructurar en dos o más de ellas un\n mismo cargo ni menos pretender que el mismo cargo pueda formularse\n repetidamente dentro de la órbita de causales distintas".\n Esta misma Sala, en varias resoluciones se ha pronunciado en\n el sentido de que: "El recurso de casación es de\n carácter extraordinario, formalista y restrictivo, ataca\n exclusivamente a la sentencia para invalidarla o anularla debido\n a los vicios de fondo o forma que se presente, por violación\n directa de la ley, por su falta de aplicación o por errada\n interpretación de la misma. Por tanto, es obligación\n del recurrente en casación precisar, en forma clara y\n concreta, tales vicios"; y, añade que "es indispensable\n distinguir en casación la índole de violación\n del precepto jurídico que, en las tres primeras causales\n del Art. 3 de la ley de la materia tiene que ser, ya por aplicación\n indebida, ya por falta de aplicación o ya por errónea\n interpretación; vicios que son excluyentes, por lo que\n no pueden atacar al mismo tiempo a una norma". No se puede,\n por tanto, atacar al mismo tiempo y respecto de una misma norma\n jurídica: falta de aplicación, indebida aplicación\n y errónea interpretación, pues estos vicios son\n excluyentes e incompatibles, criterio este que ha sido aplicado,\n en varios fallos, también por las otras dos salas de Casación\n Civil de esta Corte. CUARTO.- En el presente caso, la Sala considera\n que la fundamentación del recurso es imprecisa, pues no\n se determina, en forma clara y concreta, como establece la doctrina\n y la jurisprudencia citadas, los vicios y violaciones de la ley\n que acusa, esto es las normas de derecho que considera violadas\n en la sentencia en lo que respecta a la causal primera del Art.\n 3 de la Ley de Casación, haciendo un análisis de\n tales normas "en relación con los modos o formas\n de violación, o sea por aplicación indebida, falta\n