Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-5542-de-septiembre-10-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c0b3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 04:37:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 121', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 5542 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2001
SENTENCIA 5542 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:CHEQUES FISCALES. NO NECESITAN LLEVAR MENCIÓN DE QUE TIENEN ESTA CALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CHEQUE FISCAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:359 DE NOVIEMBRE DE 2001, PÁG.2154
Sentencia 5542 de septiembre 10 de 2001
NO NECESITAN LLEVAR MENCIÓN DE QUE TIENEN ESTA CALIDAD
EXTRACTOS: «1. De conformidad con el artículo 1º de la Ley 1ª de 1980, son cheques fiscales “aquellos… girados por cualquier concepto a favor de las entidades públicas definidas en el artículo 20 del Decreto 130 de 1976”, disposición ésta que a su turno establece que “para los efectos previstos en el presente decreto son entidades públicas la Nación, las entidades territoriales, los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales y las sociedades de economía mixta sujetas al régimen previsto para las empresas”.
2. Pese a lo simple que pueda resultar la deducción que pasa a consignarse, conveniente es, para lo que aquí se discute, destacar que, interpretadas en conjunto las anteriores disposiciones legales, se obtiene de ellas que son cheques fiscales aquellos girados por cualquier concepto en favor de la Nación, las entidades territoriales, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden nacional sometidas al régimen que gobierna las premencionadas empresas, es decir, cuando el aporte de la Nación fuere igual o superior al 90% del capital social(*).
(*) La controversia es sobre unos cheques girados en el año 1991, por esta razón la sentencia no estudia la incidencia que sobre el tema de los cheques fiscales puede tener la derogatoria del Decreto 130 de 1976 por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998 (N. del D.).
Eso, y nada más que eso, pero tampoco nada menos, es lo que, con meridiana claridad, se desprende de las normas en comento.
3. Síguese, entonces, que para saber si un cheque es o no fiscal, basta establecer si su beneficiario corresponde a una de aquellas personas que de manera taxativa indica el artículo 20 del Decreto 130 de 1976 y que, por lo mismo, esa calificación no depende, de ninguna manera, de que el título valor contenga mención alguna al respecto, o de que el girado conozca si la beneficiaria del instrumento es una de las entidades señaladas en la mencionada norma.
Es que en verdad, como de su simple lectura se infiere, el artículo 1º de la Ley 1ª de 1980 no previó estos requisitos, de donde no es posible que por vía de interpretación se adicionen los mismos a la única condición impuesta por la norma, esto es, se reitera, que el cheque haya sido girado a una de las entidades señaladas por el artículo 20 del Decreto 130 de 1976, pues tal postura contraría, de un lado, el carácter restrictivo de la primera de esas normas, que se desprende de las limitaciones a que somete los cheques fiscales (su beneficiario sólo puede ser la entidad pública a la que se hace el respectivo pago, no puede ser abonado en cuenta distinta de la entidad pública beneficiaria, no puede alterarse la forma de su negociabilidad, no pueden ser negociados, ni pagados en efectivo), y, de otro, la taxatividad de la segunda.
4. Si ello es así, como en el efecto lo es, surge también con absoluta nitidez, que el tribunal erró en la interpretación que hizo de los memorados artículos, pues alteró su auténtico sentido cuando, para negar que los cheques generadores de la presente controversia son cheques fiscales, sostuvo que de la sola mención que en ellos aparece de “Metromezclas Medellín” como beneficiaria, no podía establecerse su carácter de entidad pública y, menos aun, que tal persona jurídica correspondía a uno de los tipos de entidad previstos en el artículo 20 del Decreto 130 de 1976, o que a tal conocimiento no estaban obligados los bancos girados, o que los cheques en cuestión no contienen ninguna indicación de ser cheques fiscales, yerro apreciativo que debe entenderse corregido en los términos definidos aquí por la Corte.
5. Ahora bien, que el ad quem hubiese incurrido en el defecto que se deja precisado no es una circunstancia que, por sí, permita el quiebre de su fallo, debido a que, como pasa a explicarse, su conclusión relativa a que los cheques fuente de este litigio no ostentan linaje de cheques fiscales, no deviene equivocada.
5.1. Metromezclas de Medellín Ltda. fue constituida por el municipio de Medellín y por el Instituto Metropolitano de Valorización, Inval, mediante escritura pública 774 de 7 de junio de 1983, de la Notaría Novena de Medellín, “como una sociedad de responsabilidad limitada entre entidades de derecho público, perteneciente al orden municipal” cuyo objeto, según la descripción que de él hace la cláusula tercera del indicado instrumento público, está relacionado con actividades industriales y comerciales.
Por tanto, propio es decir que tal sociedad, en principio, no corresponde a ninguna de las entidades públicas enlistadas en el tantas veces invocado artículo 20 del Decreto 130 de 1976, ya que, dentro de lo que es pertinente analizar aquí, no viene a ser ni una empresa industrial y comercial de Estado propiamente dicha, ni una sociedad de economía mixta de las ya indicadas
5.2. En concepto del tribunal, Metromezclas de Medellín Ltda. corresponde a una “sociedad de capital público” de aquellas a que alude el artículo 4º del mismo Decreto 136 de 1976, que reza: “De la constitución de sociedades entre entidades públicas. Las sociedades que se creen por la participación exclusiva de entidades públicas con el fin de desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial se someten a las normas previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado. Sus estatutos proveerán sobre las materias mencionadas en el inciso 2º del artículo anterior y, además podrán disponer que un mismo órgano haga las veces de asamblea de accionistas o junta de socios y junta directiva”, cuestión que no fue controvertida por el recurrente.
Ante tal deducción, cobra mayor fuerza la conclusión de la Corte relativa a que la citada sociedad no es una empresa industrial y comercial del Estado, pues en la pretranscrita norma se advierte que las sociedades de que allí se trata “se someten a las normas previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado”, precisión que no hubiese sido necesaria si, conforme toda esa normatividad, las dichas sociedades tuvieran, por esencia, ese carácter de empresas industriales o comerciales del Estado. Sobraría tal imposición.
Hácese, entonces, necesario puntualizar adicionalmente, que el hecho de que el artículo 4º de que se viene hablando someta las sociedades “que se creen por la participación exclusiva de entidades públicas” a “las normas previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado” no traduce que unas y otras sean las mismas, o que las primeras se asimilen a las segundas, sino que éstas estarán sometidas a las reglas que regulan a aquéllas.
5.3. Fijada la inteligencia que debe darse a los comentados preceptos, aflora, como conclusión indispensable, que las sociedades tratadas en el artículo 4º del tantas veces citado Decreto 130 de 1976 no fueron señaladas por el artículo 1º de la Ley 1ª de 1980, ya que, insístese, de un lado, esta norma sólo remitió con carácter restrictivo al artículo 20 del primero de esos ordenamientos legales y, de otro, que el sometimiento que el primero de esos mandatos hace de las sociedades constituidas por entidades públicas a las reglas que gobiernan las empresas industriales y comerciales del Estado, por no corresponder a una asimilación propiamente dicha, no permite entender que esa clase de sociedades también quedó cobijada por las disposiciones tocantes con los cheques fiscales.
5.4. Aplicados los conceptos anteriores al caso sub lite, se tiene que si el único parámetro admisible para saber si los cheques generadores de esta controversia son o no cheques fiscales, es determinar si su beneficiaria, es decir, Metromezclas de Medellín Ltda., corresponde a una de las entidades contempladas por el artículo 20 del Decreto 130 de 1976, y ya se sabe que ello no es así, los indicados títulos valores no califican como tales, cual lo estimó con acierto el tribunal en su sentencia.
6. Llegados a este punto cabe agregar, que no siendo fiscales los cheques base de la acción ellos, por tanto, no estaban sujetos a las restricciones fijadas por la segunda parte del artículo 1º de la Ley 1ª de 1980 y que, por lo mismo, su pago por parte de los bancos girados, y aquí demandados, se ajustó a los artículos 734 y 735 del Código de Comercio, esto es, no se aprecia irregular.
7. En tratándose del cheque, la regla general es su libre circulación y la excepción su circulación restringida (C.Co., art. 715), prevista para los cheques especiales (arts. 734 a 751 ib.), respecto de los cuales, por esa condición —de especiales, con circulación restringida—, la ley se cuidó de rodearlos de distintivos que permitan su identificación.
Ahora bien, en el caso de los cheques fiscales, es notorio que son también cheques especiales, no sólo porque la Ley 1ª de 1989 adicionó el libro 3º, título III, capítulo V, sección 3ª, subsección 3ª del Código de Comercio, en que se consagran los “cheques especiales”, sino porque el artículo 1º de tal ordenamiento restringe su circulación, prohibiendo su abono en cuenta diferente a la de la entidad pública beneficiaria, su negociabilidad y su pago en efectivo. Si ello es así, como en efecto lo es, y, de otra parte, se aprecia que el legislador no asignó a dichos cheques distintivo alguno, impónese extremar el rigor de su especificación, esto es, que son cheques fiscales únicamente los girados a favor de una de las entidades públicas definidas en el artículo 2º del Decreto 130 de 1976, cuestión sobre la que, por consiguiente, no cabe aplicación analógica o extensiva de ninguna índole.
8. El cargo, en consecuencia, no está llamado a prosperar».
(Sentencia de casación, septiembre 10 de 2001. Expediente 5542. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).