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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 43', 'artículo 76', 'artículo 1911', 'artículo 1911', 'artículo 76', 'artículo 1911', 'artículo 1911', 'artículo 76', 'artículo 607', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 40', 'artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 79', 'artículo 1442', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 82', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 86', 'in fine', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84']

EL TRATAMIENTO DE LOS CRÉDITOS CONCURSALES Y EL PRINCIPIO PAR CONDITIO CREDITORUM RESUMEN - PDF
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María Jesús Velázquez Paz
1 EL TRATAMIENTO DE LOS CRÉDITOS CONCURSALES Y EL PRINCIPIO PAR CONDITIO CREDITORUM Gabriel A. García Escobar Doctorando en Ciencias Jurídicas, Universidad de Granada RESUMEN El concurso de acreedores es una institución configurada en el Derecho español a través de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Las implicaciones para la esfera económica del deudor insolvente de este régimen especial de cumplimiento de las obligaciones son fundamentales, pero los acreedores también se verán afectados por el procedimiento concursal; su satisfacción dependerá en gran medida de cómo ha configurado el legislador los privilegios concursales y el orden a la hora del cobro de los créditos. Todo ello redundará en un complicadísimo encaje del principio que defiende la igualdad de los acreedores en dicho procedimiento. Palabras clave: concurso de acreedores, deudor insolvente, créditos privilegiados, par conditio creditorum, masa activa/pasiva. ABSTRACT Bankruptcy proceeding is an institution set up in the Spanish law through law 22/2003 of 9 July. The implications for the economic sphere of the insolvent debtor of this special regime of obligations are essential, but creditors will also be affected by the bankruptcy proceedings; their satisfaction depends largely on how the legislator has configured the bankruptcy privileges and the order at the time of the recovery of claims. All this will result in an extremely complicated lace of the principle that advocates equality of creditors in such proceeding. Keywords: Bankruptcy proceeding, insolvent debtor, privileged credits, par conditio creditorum, active/passive mass. 1
2 I. PREMISA En este trabajo se pretende mostrar cómo queda, o mejor dicho, dónde queda -recogido- el patrimonio del concursado durante el procedimiento concursal. Al hilo de esta cuestión, y como colofón a todo lo que se va a exponer, se harán algunas reflexiones sobre la igualdad de los acreedores a la hora del cobro de sus créditos. Sin embargo, hay que hacer una precisión antes de comenzar. Resulta habitual leer que el patrimonio del deudor queda encuadrado en la masa activa del concurso. Esto no es cierto, no por completo. El patrimonio del deudor contiene bienes y derechos, pero también deudas; de manera que será la yuxtaposición de ambas masas lo que dará como resultado el patrimonio del concursado. Coloquialmente se entiende que el patrimonio es igual a la masa activa, sin embargo, aquí solo hay saldos positivos para el deudor, cuando realmente la situación concursal ha venido dada por el exceso de saldos negativos, que también forman parte de aquél. II. LA MASA ACTIVA 1. Gestión de la masa La masa activa, como acumulación de los bienes y derechos del concursado, puede caracterizarse como un patrimonio de ejecución 1, cuyo destino es servir a la satisfacción de los acreedores que integran la masa pasiva. Dada esta característica finalista de la masa activa, puede inferirse una cierta responsabilidad sobre la gestión de la misma, que algunos autores han identificado con un verdadero deber de gestión eficiente de la masa activa 2. El destinatario de tal deber sería la administración concursal o el deudor, en función de la limitación a las facultades patrimoniales de este último. 1 AAVV., Sociedades Mercantiles. Memento práctico, Madrid, -coordinado y editado por- Ediciones Francis Lefebvre, 2010, pág Tal deber es identificado como una exigencia inferida de las prescripciones de la LCon que propugnan la continuidad de la actividad económica, por TAPIA HERMIDA, A., La gestión de la masa activa del concurso, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Tomo IV, Madrid, Marcial Pons, 2004, págs y ss. 2
3 Si buscamos la justificación a tal deber, podemos encontrar argumentos diferentes: desde la explicación más básica, que relaciona dicha exigencia con la conservación de la masa activa del modo más conveniente a los intereses del concurso 3 ; a la más arriesgada, que encuentra como justificación al mencionado deber y a las propias actividades de gestión de la masa activa, una supuesta exigencia de interés general, que hunde sus raíces en preceptos constitucionales, como el artículo 38 CE. De forma que la libertad allí consagrada, reviste al concepto de empresa de cierta coraza constitucional que inclina la normativa hacia la protección de la misma 4. Esta postura, pese a ser presentada como una finalidad secundaria del procedimiento, no puede ser admisible ya que supone otorgar a ciertos preceptos constitucionales, el estatus de rectores del ordenamiento concursal (que no tienen). Y ello carece de sentido, ya que gracias a la Ley Orgánica para la Reforma Concursal (LORC) se puede en el seno del procedimiento, suspender ciertos derechos fundamentales que tienen un rango superior al artículo 38 CE, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones (art CE). Admitir por tanto tales ideas sería equivalente a la inobservancia de la jerarquía de las normas constitucionales porque supondría que de una norma de cierto rango, puede dimanar toda una rama del ordenamiento jurídico idónea para configurar otras normas infraconstitucionales, que serían capaces de suspender la aplicación de derechos que tienen una categoría constitucional superior al propio precepto que fundamenta dicho subsistema del ordenamiento. La posición que se mantiene aquí, es la de un deber de gestión eficiente de la masa activa, que va a justificarse por la propia satisfacción de los acreedores, lo que redundará en una obligatoria acción en favor de la conservación de la masa. La profesora PULGAR EZQUERRA señala que la finalidad del concurso no es el saneamiento, esto es, el restablecimiento del equilibrio financiero-patrimonial de las empresas, sino la conservación de empresas como medio para satisfacer los intereses de los créditos afectados por la crisis 5. Quizá ésta sea una postura extrema, pero no deja 3 Artículo 43 LCon. 4 TAPIA HERMIDA, A., La gestión... op. cit., págs PULGAR EZQUERRA, J., Aprobación de la reforma concursal en el pleno del Congreso cambio de sentido de la reforma, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 58, 22 de mayo de 2003, pág. 4, Epígrafe VI, 3
4 señalar una importante realidad: lo primordial en el concurso es la satisfacción de los acreedores; y de ahí proviene el procedimiento para tratar la insolvencia. No obstante, existen razones económico-sociales que han llevado al legislador a tratar de caracterizar la institución concursal como una suerte de pena con pretensión de reinserción (conservación de la empresa). El principio de continuidad de la actividad económicoprofesional se puede entender como un objetivo con suficiente entidad como para ser tratado por separado a la satisfacción de los acreedores. Sin embargo, el primero siempre estará supeditado al segundo; aunque no son incompatibles, al contrario, el legislador trata de llegar al principal a través del secundario. Ésa es la verdadera razón de ser del ejercicio de facultades de gestión sobre la masa activa. 2. Composición de la masa activa a) Regla general: principio de universalidad Resulta fundamental en este punto, realizar una panorámica sobre la composición de la masa activa del concurso. La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) señala las reglas que nos llevan a incluir ciertos bienes y a separar otros, pero, la manera en que lo hace ha dado lugar a diferentes esquemas teóricos. Cada autor realiza una propuesta que no versará sobre lo que compone la masa activa, que está tasado en la LCon, sino en relación al lugar que ocupan los diferentes bienes en esta composición. Por tanto, lo que varía de un sector doctrinal a otro, es la sistemática con la que se trata la cuestión. Aquí se va a realizar un esquema propio, que como podrá comprobarse bebe de diferentes fuentes, aunque no llega a converger totalmente con ningún esquema ya realizado. En primer lugar, hay que señalar que en líneas generales la masa activa se corresponde con el patrimonio activo del deudor, no obstante, existen algunas variaciones que degradan dicha identidad. El término patrimonio activo se utiliza para apartado octavo, de la Exposición de Motivos de la Ley (citada por TAPIA HERMIDA, A., La gestión de la masa activa del concurso, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Tomo IV, Madrid, Marcial Pons, 2004, pág. 4422). 4
5 evitar caer en ese error que antes señalaba de obviar el pasivo del concursado, en torno al concepto de patrimonio, que es amplio. El artículo 76.1 LCon, establece el principio de universalidad con respecto a los bienes y derechos del patrimonio que conforman la masa activa. Pero existe un régimen de excepciones, supuestos especiales y categorías similares que complican un poco la composición de la masa activa. Tal principio de universalidad será por tanto un primer paso, una aproximación inicial falta de concreción. Para CORDÓN MORENO 6, este principio es una aplicación del artículo 1911 del Código Civil, que afecta al cumplimiento de las obligaciones todos los bienes del deudor 7, presentes y futuros. El citado autor identifica los bienes presentes del artículo 1911 CC con los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso del artículo 76.1 LCon; y los bienes futuros (art CC) con los se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento (art LCon). Ciertamente podemos encontrar el paralelismo que destaca CORDÓN MORENO, no obstante, tengo algunas reservas en el sentido de aceptar el principio de universalidad en torno a la masa activa del concurso como una aplicación de la responsabilidad patrimonial universal del deudor de nuestro Derecho civil. Hay que destacar (otra vez) que el paralelismo es claro, pero no creo que un régimen sea causa del otro. El Derecho concursal se trata de un agente deformador del Derecho de obligaciones clásico, en este sentido, cualquier parecido con el mismo, es fruto de todo menos de la causalidad. Los motivos que llevan al legislador a configurar tal principio de universalidad se circunscriben a la satisfacción de los acreedores, que seguramente también inspiran el artículo 1911 CC, pero queda claro que en un Derecho que tiene los efectos que estamos describiendo sobre la esfera obligacional del deudor, dicha elección vendrá dada por un razonamiento autónomo, y no por la influencia del Derecho civil en materia de obligaciones. 6 CORDÓN MORENO, F., Proceso concursal, Pamplona, Aranzadi, 2013, pág En el tenor literal del artículo 1911 CC y el artículo 76.1 LCon, encuentro un apoyo a la idea de identificar la masa activa con el término patrimonio activo que he utilizado. En ambos artículos se obvia la palabra patrimonio, y se prefiere hablar de bienes y derechos, que realmente son la parte activa del patrimonio, esto es, lo que hemos denominado patrimonio activo. 5
6 b) Reglas especiales: esquema básico Hecha esta primera aproximación a la composición de la masa activa, como todos los bienes y derechos del concursado (patrimonio activo), es aconsejable presentar el esquema que posteriormente se va a desarrollar someramente y que hace perder la identidad entre masa activa y patrimonio activo. El siguiente cuadro debe leerse desde dos ópticas. En primer lugar, los signos positivo o negativo determinan los conceptos que operan sumando o restando sobre el patrimonio activo para obtener como resultado la masa activa del concurso. En segundo lugar, los colores tratan de trasladar una idea más compleja: la pertenencia de los conceptos que se muestran al patrimonio activo del deudor en un estadio cero (en que no ha tenido lugar ningún tipo de acción tendente a aumentar o disminuir la masa). Los cuadros rojos representan conceptos que no forman parte del patrimonio activo del deudor, bien porque no vayan a ser integrados nunca (derechos sin contenido económico), o bien porque sin la correspondiente acción no pueden formar parte del mismo. El color azul expresa que los conceptos así resaltados, y a falta de acciones de terceros que los reivindiquen, forman parte del patrimonio activo del deudor, aunque luego -en función del signo negativo- haya que detraerlos del mismo para obtener la masa activa (a veces por ministerio de la Ley de forma obligatoria, a veces por el ejercicio de acciones de separación de un tercero). 6
7 Patrimonio Activo ( ) ( ) (+) NO COMPUTAN - Derechos sin contenido patrimonial SE DETRAEN - Bienes inembargables - Bienes ajenos. Separatio ex iure dominii -Bienes objeto de ejecución separada. Separatio ex iure creditii SE SUMAN - Bienes objeto de acciones de reintegración MASA ACTIVA Elaboración propia c) Conceptos que se restan al patrimonio activo En primer lugar, me ocuparé de aquellos conceptos que obligatoriamente y en todo caso van a quedar fuera de la composición de la masa activa. En este apartado se debe mencionar, aunque estrictamente no formen parte del patrimonio activo, los derechos del deudor que carecen de contenido patrimonial. Se trata de aquellos derechos de la personalidad, cuyo carácter es indisponible y por tanto no pueden afectarse al pago de una deuda. Además, hay otros bienes o derechos que nunca vamos a contabilizar a la hora de determinar la masa activa, y que se diferencian de los anteriores en que éstos sí forman parte del patrimonio activo del concursado, se trata de los bienes inembargables. Están recogidos en los artículos 605 a 607 LEC: los bienes que hayan sido declarados 7
8 inalienables; los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal; los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial; los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal; el mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo, y en general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del Tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia; los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada; los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas; las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley o Tratado Internacional ratificado por España; el salario, sueldo o pensión, en lo que no exceda los límites impuestos en el artículo 607 LEC. En segundo lugar, tenemos que distinguir algunos bienes y derechos, que por regla general no formarán parte de la masa activa, sin embargo, dicha exclusión requiere que se interponga la correspondiente acción. Podemos diferenciar: Bienes ajenos. El titular legítimo de bienes que estén en poder del concursado cuenta con un derecho de separación sobre los mismos (separatio ex iure dominii). Esta facultad es reconocida en el artículo 80 LCon y para ejercitarla basta con una mera solicitud a la administración concursal. No procederá tal operación de separación cuando el deudor ostente sobre los bienes algún derecho de uso, garantía o retención. Respecto de la imposibilidad para llevar a cabo el derecho de separación, se pronuncia el artículo 81.1 LCon: Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de la declaración de concurso a tercero de quien no puedan reivindicarse, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o comunicar a la administración concursal, para su reconocimiento en el concurso, el crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en otro posterior, a elección del solicitante, más el interés legal. Bienes objeto de ejecución separada. El artículo 76.3 LCon recoge la llamada separatio ex iure creditii, tradicionalmente se ha concebido como un derecho de 8
9 separación que no tiene como causa la propiedad de ajena sino un mejor derecho ostentado por un tercero 8. Actualmente, -y de manera acertada- son muchos los autores que determinan que la afección de ciertos bienes al pago de determinadas deudas no comporta un derecho de separación en sí, sino a una simple ejecución singular permitida por la Ley 9. El artículo 76.3, recoge tal institución, pero únicamente en relación con los titulares de créditos con privilegios sobre buques y aeronaves. Siguiendo a RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES 10, más que un caso de separación, estaríamos hablando de ejecución separada en cuanto a algunos bienes que cuentan con un privilegio tal, que los hace desaparecer de la esfera concursal. Fuera de la Ley Concursal, existen otros supuestos similares referidos a las sociedades de sistemas, mercados secundarios oficiales de futuros y opciones, sistemas de compensación y liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, garantías constituidas en favor de Bancos Centrales, etc. d) Conceptos que se suman al patrimonio activo Para el cómputo de la masa activa, se han de sumar al patrimonio activo del concursado aquellos bienes que salieron de éste con anterioridad a la declaración de concurso, pero que vuelven a formar parte de la esfera económica del deudor en virtud de acciones de reintegración. En la legislación anterior a 2003, existía un mecanismo similar al que aquí se va a exponer, de hecho, los objetivos que persiguen son idénticos, sin embargo difiere la forma de llevarlos a cabo. El tratamiento de la cuestión fue una de las mayores novedades de la regulación vigente, que venía a sustituir un sistema que creaba gran inseguridad jurídica al prever la nulidad automática de todos los actos de disposición y administración del quebrado llevados a cabo durante el periodo de 8 PRENDES CARRIL, P., ALVARGONZÁLEZ TREMOLS, A., y GÓMEZ MARTÍN, F., Guía Práctica Concursal (dirigido por PRENDES CARRIL, P.), Pamplona, Aranzadi, 2008, pág Por todos, CORDÓN MORENO, F., Proceso... op. cit., pág RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES, A., La determinación de las masas activa y pasiva del concurso, Derecho Mercantil II (Coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.) Madrid, Marcial Pons, 2010, págs. 952 y ss. 9
10 retroacción 11. La inseguridad se hacía mayor ya que los síndicos de la quiebra no siempre ejercían la acción de nulidad. El resultado era la confusión absoluta en torno al estatus de los actos de disposición realizados por el deudor con anterioridad a la declaración de quiebra. La nulidad automática durante un periodo de retroacción fue sustituida en la Ley 22/2003 por las acciones de reintegración. Se trata de una posibilidad rescisoria 12 respecto de ciertos actos, que han de cumplir una serie de condiciones (art LCon): en primer lugar, el elemento temporal es básico, puesto que solo cabrá rescisión respecto de actos realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso; en segundo lugar, tendrá que referirse la acción de reintegración a actos que supusieron un perjuicio efectivo a la masa activa. De manera que quien ejercita la acción deberá probar el perjuicio aludido, sin que tal carga probatoria deba alcanzar la intención fraudulenta del deudor 13. Aquí podemos diferenciar la reintegración, de la acción del artículo 40.7 LCon, que como se ha visto anteriormente, y como señala la jurisprudencia distinguiéndola de la posibilidad rescisoria que se está caracterizando, precisa (la acción del art LCon) que los actos de disposición hayan sido realizados con posterioridad a la declaración de concurso y que lo hayan sido sin la autorización de la administración concursal 14. Para probar el perjuicio patrimonial, el extenso artículo 71 LCon establece un orden de presunciones, que determinarán la actuación probatoria del solicitante de la rescisión en función del tipo de acto que se trate. La inclusión de los acuerdos de refinanciación entre los actos no susceptibles de rescisión, ha tenido lugar con el Real 11 PIÑEL LÓPEZ, E., Efectos del concurso sobre los acreedores, los créditos, los contratos y los actos perjudiciales para la masa, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Anales de Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, La Ley, nº 2, 2005, pág Sobre el término rescisión aplicado a esta cuestión, señalando las dificultades que podrían darse en torno al encaje de la figura que se caracteriza con los esquemas civiles de la rescisión clásica, pero determinando finalmente la pertinencia del término dadas sus similitudes, GIL RODRÍGUEZ, J., Comentarios a la Ley Concursal (coordinado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Volumen I, Madrid, Tecnos, 2004, págs. 841 y ss. 13 PIÑEL LÓPEZ, E., Efectos... op. cit., pág Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15), 2/2010, de 13 de enero, F. D. 3º. 10
11 Decreto 3/2009 y la Ley 38/2011, que han modificado la LCon. Su entrada en esta lista, está condicionada a que el acuerdo cumpla ciertas condiciones que se explicitan en la propia Ley Concursal y que no se repetirán aquí, pues la sustancia se encuentra no en los requisitos que se imponen al acuerdo, sino en la concepción del mismo como un acto que en principio no puede ser contrario a la masa 15, además de otorgarse así seguridad en la inversión del re-financiador. Los efectos básicos de la acción (siempre que sea estimada), se concretan en la ineficacia del acto impugnado y en la restitución de las prestaciones objeto de éste, con sus frutos e intereses. Por otro lado, la legitimación para instarla en principio corre a cargo de la administración concursal, sin embargo los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal el ejercicio de alguna acción, señalando el acto concreto que se trate de rescindir o impugnar y el fundamento para ello, estarán legitimados para ejercitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al requerimiento (art LCon). A pesar de esta previsión, la Ley 38/2011 ha introducido una salvedad en esta materia, estableciendo que tal legitimación subsidiaria no tendrá lugar, es decir, que la administración concursal será el único legitimado para instar las acciones rescisorias o impugnatorias respecto de acuerdos de refinanciación 16 (cuando sea posible hacerlo, teniendo en cuenta que si se cumplen las condiciones establecidas por la LCon tales negocios jurídicos no pueden ser rescindidos). e) Supuestos especiales A excepción de los depósitos irregulares de dinero, el resto son recogidos de forma expresa en la Ley Concursal por resultar dudosa su naturaleza o problemática su inclusión en la masa activa del concurso: Depósitos irregulares de dinero. Se da un caso realmente peculiar, el del concursado depositario en relación a un depósito de dinero, esto es, irregular por tratarse 15 Tal característica le otorga CANDELARIO MACÍAS, Mª. I., Lecciones de Derecho concursal, Madrid, Tecnos, 2012, pág Artículo 72.2 LCon. 11
12 de un bien fungible 17. El depósito supone la transmisión del dominio, quedándose el depositante a partir de dicho momento, con un derecho de crédito, consistente en la restitución de bienes del mismo género, calidad y cantidad. Dicha transmisión del dominio ha llevado a la doctrina a negar el derecho de separación, lo que tiene gran relevancia cuando se trata de retenciones en favor de la Hacienda Pública, Seguridad Social, o el resto de Administraciones Públicas. Bienes conyugales. En el concurso de persona casada, los bienes privativos del cónyuge concursado por supuesto entran a formar parte de la masa activa. Pero además, si el régimen económico-matrimonial es la sociedad de gananciales, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado, también se integrarán en la masa activa. Por otro lado, en el régimen económico de separación de bienes, la LCon ha mantenido una tradicional prescripción de nuestro Derecho, la presunción muciana 18, que supone en beneficio de la masa (iuris tantum), que el concursado donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado (art LCon). Además, cuando no pueda probarse dicha procedencia se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado a su cónyuge (siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso). Bienes en comunidad y cuentas indistintas. La regla general, que lleva a considerar que los bienes y derechos que pertenecen a varios en comunidad integran la masa activa solo en la cuota que corresponda al concursado, presumiéndose la igualdad en las porciones de tal comunidad (art. 393 CC), tiene una importante excepción en la Ley 22/2003. El artículo 79 LCon dispone que, salvo prueba en contrario, los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa activa. Se trata de una excesiva presunción de propiedad total de 17 AAVV., Sociedades Mercantiles. Memento práctico, Madrid, -coordinado y editado por- Ediciones Francis Lefebvre, 2010, pág Que se recogía en el artículo 1442 CC, y de la que se ocupa ampliamente FRADEJAS RUEDA, O. M., Un anacronismo en la modernización de nuestro Derecho concursal: la presunción muciana del artículo 78.1 de la Ley Concursal, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Tomo IV, Madrid, Marcial Pons, 2004, págs y ss. 12
13 los saldos acreedores de cuentas indistintas 19, que no está exenta de polémica, pues la norma impone una carga muy importante a los cotitulares indistintos si quieren salvar su patrimonio, la de probar que los saldos en cuestión no pertenecen al concursado. Bienes adquiridos con pacto de sobrevivencia. Prescribe el artículo 78.3 LCon: Los bienes adquiridos por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia se considerarán divisibles en el concurso de cualquiera de ellos, integrándose en la masa activa la mitad correspondiente al concursado. Sin embargo, se reconoce al cónyuge del concursado un derecho de adquisición del bien, que se puede ejercitar mediante la aportación de dicha cantidad a la masa 20. f) Referencia al inventario Pues bien, siguiendo estas reglas, y otras contenidas en el artículo 82 LCon, la administración concursal deberá realizar un inventario de la masa activa del deudor. Se trata de una operación de suma importancia pues, como se ha podido comprobar, de la inclusión de unos bienes y derechos u otros en la masa activa, dependerá directamente la satisfacción de los acreedores, ya que entendemos dicha masa como un patrimonio de ejecución. La puesta en práctica de tales normas que perfilan la masa activa, tienden a conseguir la identidad entre dos conceptos que puso de relieve el profesor GARRIGUES 21, la masa de hecho (la que hay en el momento de la declaración de concurso) y la masa de Derecho (la que debe haber); su necesaria convergencia redunda en un Derecho concursal más justo. De cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos de identificación registral. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de 19 PRENDES CARRIL, P., ALVARGONZÁLEZ TREMOLS, A., y GÓMEZ MARTÍN, F., Guía... op. cit., pág AAVV., Sociedades Mercantiles. Memento práctico, Madrid, -coordinado y editado por- Ediciones Francis Lefebvre, 2010, pág GARRIGUES, J., Curso de derecho mercantil, Tomo II, Madrid, Aguirre, 1940, pág. 482 (citado por CORDÓN MORENO, F., Proceso concursal, Pamplona, Aranzadi, 2013, pág. 192). 13
14 identificación. Este inventario debe realizarse a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo establecido para la emisión del informe. Además de las circunstancias señaladas, se hará constar en una relación, todos los litigios que puedan afectar al inventario y en otra, las acciones que la propia administración concursal estime necesarias para la reintegración de bienes en la masa activa. Por otro lado, el artículo 83 LCon reconoce la posibilidad de la administración concursal de recurrir a expertos independientes en busca de asesoramiento para la formación del inventario de la masa activa. III. DETERMINACIÓN DE LA MASA PASIVA La masa pasiva del concurso queda definida en el artículo 84.1 LCon como la suma de los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa. Sin embargo, podemos encontrar delimitaciones más didácticas del concepto (y que no aluden a los créditos contra la masa, a los que más tarde se dedica un epígrafe) en la doctrina. BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ, definen la masa pasiva señalando que declarado el concurso, las acciones individuales de los acreedores quedan paralizadas y éstos quedan agrupados en un consorcio de interesados en la ejecución del patrimonio del quebrado 22. En lo que sigue, se van a presentar los aspectos más fundamentales sobre la composición de la masa pasiva del concurso. A este respecto, es básico conocer los diferentes tipos de créditos que la integran y el orden de prelación en el cobro de los mismos. La clasificación de los créditos es una parte fundamental del concurso, de hecho, desde el punto de vista del acreedor será el momento crítico del procedimiento, donde puede hacerse una idea de las posibilidades que tiene de satisfacer su derecho de crédito. 22 BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil, Volumen II, Madrid, Tecnos, 2012, pág
15 Las reglas que ordenan esta parte del concurso van a determinar el afloramiento de estrategias que llevarán a cabo los acreedores 23, con el objetivo de privilegiar sus créditos para que les sea más fácil cobrar lo que les corresponde cuando se llegue (si se llega) a la liquidación. Siendo conscientes de esta importancia, no podemos negar que debemos estar acercándonos al sentido de la institución concursal con el estudio de las categorías en que se insertan las deudas del concursado, en concreto, en la búsqueda del fundamento jurídico de tal expresión normativa. 1. Comunicación y reconocimiento de créditos Pese a que el pago de los créditos del concursado no tiene lugar hasta que se abre fase de liquidación o convenio (solución del concurso), han de ser comunicados a la administración concursal por sus acreedores en el plazo de un mes desde que se publica en el Boletín Oficial del Estado el auto declarativo de concurso. Se trata de un trámite necesario para que el órgano de administración del procedimiento realice de forma efectiva la integración de la masa pasiva, incluyendo a los acreedores en la lista habilitada a tal efecto (reconocimiento). La LCon señala en su artículo 86.2, algunos créditos que de forma obligatoria deberán ser reconocidos por la administración concursal: aquellos que obran en libros, documentos del concursado, los reconocidos por laudo arbitral, certificación administrativa o documento ejecutivo, los asegurados con garantía real inscrita en registro público y los créditos de los trabajadores que resulten de los libros del deudor (éstos ni siquiera tienen que ser comunicados, su reconocimiento es automático). La legislación concursal ha querido determinar las condiciones de la irrupción de ciertos créditos en la masa pasiva del concurso, puesto que la operación de reconocimiento se complica en algunos supuestos concretos (art. 87 LCon): Créditos condicionales. La Ley define únicamente como condicionales, aquellos sometidos a condición resolutoria, otorgando otra denominación (créditos 23 VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho mercantil, Volumen II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág
16 contingentes) a los que están sometidos a condición suspensiva. Los primeros son reconocidos -como créditos condicionales-, siguiéndose el mismo proceso que para el resto de deudas. No obstante, si se cumple la condición o se estima el recurso, éstos pierden su condición de créditos concursales 24. Este régimen jurídico será extensible a los créditos de Derecho público de la Administración, recurridos en vía administrativa o jurisdiccional. Créditos contingentes. Son los que están sometidos a condición suspensiva y los litigiosos. La posición del titular del crédito sometido a condición suspensiva es sustancialmente mejor en el ámbito concursal que en el orden civil. En este último tan solo cuenta con ciertas acciones tendentes a la conservación de su expectante derecho. Sin embargo, la LCon le reconoce su crédito, admitiéndolo como acreedor concursal 25. Este reconocimiento tiene lugar sin cuantía propia y limitándose algunas facultades propias del acreedor, como los derechos de adhesión, voto y cobro. Tal tratamiento se dará también a los créditos de Derecho público de las Administraciones Públicas, que resulten de procedimientos de comprobación o inspección (hasta su cuantificación). Créditos con avalista, fiador u obligado solidario 26. Son aquellos en que existe garantía de pago por un tercero no concursado, ya sea en concepto de aval, fianza u obligación solidaria. Estos créditos se reconocen sin limitación, de manera que si el avalista, fiador u obligado solidario paga al acreedor, cambiará la titularidad del crédito concursal. En caso de que el avalista haya satisfecho la deuda de manera parcial con anterioridad a la declaración de concurso, la LCon establece un sistema discriminatorio para este último, pues por razones de orden y economía procesal del concurso, será el propio acreedor principal quien obtenga la satisfacción de la totalidad del crédito, 24 RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES, A., La determinación... op. cit., págs ROCA GUILLAMÓN, J. Las expectativas en el concurso de acreedores, Los acreedores concursales. II Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (dirigido por ROJO, A. y BELTRÁN, E.), Pamplona, Aranzadi, 2010, pág Es necesario señalar que aquí se ha seguido la posición doctrinal que trata conjuntamente los artículos 87.6 y 86.7 LCon, entendiendo que pese a no utilizar exactamente la misma terminología ( acreedor que disfrute de fianza de tercero y crédito con avalista, fiador u obligado solidario respectivamente) se están refiriendo a una misma realidad, los créditos garantizados por un tercero de manera personal. En este sentido, RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES, A., La determinación... op. cit., pág
17 incluidas las cantidades que han sido pagadas por el tercero no concursado, que deberá repetir contra el acreedor tras la conclusión del concurso, para poder obtener el montante que le corresponde. 2. Crédito contra la masa y crédito concursal El régimen de comunicación y reconocimiento que se acaba de esbozar no se va a dar en todos los casos, existen créditos que al escapar de su integración en la masa pasiva, se desligan también de tales requisitos formales. Estamos refiriéndonos a los créditos contra la masa, una categoría con tradición en el Derecho concursal y que implica que determinados acreedores van a quedar fuera de ese consorcio de interesados en el patrimonio del concursado que es la masa pasiva. En la Ley 22/2003 no se deja tan claro como podría esperarse que los créditos contra la masa se exceptúan del régimen de comunicación y reconocimiento de créditos 27, sin embargo, es meridiana la intención del legislador de establecer esta categoría, segregando las deudas así calificadas, del resto de créditos. Hasta tal punto es clara la distinción que, mientras lo relativo a la determinación de la masa pasiva del concurso y a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales integra la sección cuarta del juicio de concurso (art º), los créditos contra la masa - las deudas de la masa - integran la sección tercera (art º in fine) 28. Las diferencias entre el crédito contra la masa y el crédito concursal (aquel que se integra en la masa pasiva) son fundamentales. Los primeros tienen la consideración de prededucibles, en el sentido de que han de ser satisfechos con cargo a la masa activa 27 No obstante, no puede dudarse que existe tal excepción: el hecho de que los créditos contra la masa no deban ser comunicados, sino reclamados a la administración concursal, no se contradice con el hecho de que deban ser relacionados en una lista por la propia administración concursal (normalmente como documento anexo a la lista de acreedores que acompaña a su informe). MEANA PASCUAL, D., La comunicación tardía de créditos en el concurso de acreedores, Noticias jurídicas. Artículos Doctrinales: Derecho Mercantil, noviembre de BELTRÁN, E., Créditos concursales y créditos contra la masa, Estudios de Derecho Judicial, nº 59, 2004, pág
18 del concurso con carácter previo al pago de los restantes créditos (concursales) 29. Dada esta característica de absoluta (en principio) prelación a la hora del cobro, debemos recuperar aquí el artículo 84.2 LCon que recoge qué deudas serán calificadas de esta forma: 1º. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 2º. Las costas y gastos judiciales necesarios para la correcta tramitación del procedimiento y sus incidentes. 3º. Las costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la Ley. 4º. Los créditos por alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en la LCon; así como los alimentos a cargo del concursado acordados por el Juez de Primera Instancia en alguno de los procesos a que se refiere el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 5º. Las deudas generadas por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral. 6º. Los créditos que resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado. 29 TATO PLAZA, A., Reconocimiento y graduación de créditos en la nueva ley concursal, Revista Xurídica Galega, Nº 40, 2003, págs
19 7º. Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado. 8º. Las deudas que derivando de la rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito. 9º. Las cantidades que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención. 10º. Los créditos por de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso. 11º. El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación. En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio (no se aplica a ingresos realizados por el propio deudor o personas relacionadas a través de operaciones como préstamos o aumentos de capital). 12º. Cualesquiera otros créditos a los que la Ley atribuya expresamente tal consideración. Esta enumeración que hace la Ley Concursal, se vale del sistema de numerus apertus, de manera que los créditos contra la masa no aparecen únicamente en el artículo 84.2 LCon, sino que pueden estar desperdigados por todo el texto. Con independencia de ese dato, hay que tratar de encontrar la justificación a esta diferenciación crediticia, para entender qué es lo que se pretende con los créditos contra la masa. Algunos autores se ocupan de la cuestión señalando que estos créditos responden a obligaciones contraídas con posterioridad a la declaración de concurso 30, y no se equivocan, aunque los nuevos perfiles del Derecho concursal han hecho matizar (más de lo debido) esta circunstancia. 30 Por todos, VICENT CHULIÁ, F., Introducción... op. cit., pág
20 El profesor BELTRÁN 31 discurre sobre el problema de la justificación de los créditos contra la masa, pudiendo inferirse de su acertado análisis, cuatro interesantes conclusiones: Los créditos contra la masa se conciben como el coste del concurso, se trata de deudas que adquiere el deudor (y no la masa activa que no tiene esa capacidad) como consecuencia del procedimiento concursal, o tras la declaración de éste. Así las cosas, se entiende que en la enumeración anterior entren las costas judiciales y créditos similares. En ellos se manifiestan los costes del procedimiento, o aquellos que son fruto de obligaciones nacidas durante éste. En definitiva, se pueden entender como créditos que han nacido tras la declaración de concurso; a diferencia de los concursales, que son los que lo han provocado. En segundo lugar, la justificación a esta prioridad de los créditos contra la masa, pasa porque es necesario otorgar cierta seguridad a las obligaciones que surgen con posterioridad a la declaración de concurso ya que de otro modo sería imposible encontrar un tercero que concediera financiación al concursado. Por tanto debemos atender a la función de estos créditos y a su naturaleza extraconcursal para entender su prioridad en el cobro. En tercer lugar, la concepción de los créditos contra la masa en los términos aquí expuestos, esto es, como aquellos gastos propios del concurso y obligaciones surgidas tras el mismo, está en crisis. Ambos requisitos, el teleológico (costes necesarios para hacer posible el procedimiento) y el temporal (obligaciones posteriores a la declaración), que se exigen en principio a los créditos contra la masa, se han visto vilipendiados por el legislador. Esta tesis encuentra su razón de ser en la inclusión de conceptos en el artículo 84.2 LCon como los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso. En este caso se ha utilizado el crédito contra la masa como una suerte de superprivilegio, desdibujando la figura inicial, que no se circunscribía a cuestiones de prelación en el pago de las deudas sino a un criterio de pura extraconcursalidad. 31 BELTRÁN, E., La prioridad de los créditos contra la masa, Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Tomo IV, Madrid, Marcial Pons, 2004, págs y ss. 20
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