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Timestamp: 2020-08-08 21:00:35
Document Index: 109792972

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 102', 'artículo 315', 'artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58']

Registro Oficial. AGOSTO27 de AGOSTO del 2001
Lunes 27 de Agosto del 2001
\n 029 Reincorpórase el\n cerro "El Mirador" dentro de los limites\n de la Reserva Ecológica Manglares Churute.
\n 269 Apruébase la\n Ordenanza Municipal que delimita las cabeceras cantonales de\n Pablo Sexto, San Pedro de Chiguaza y la comunidad de El Rosario\n en el cantón Huamboya.
\n 30-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial\n del artículo 58 literal h) de la Decisión85\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por \n la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n del Consejo de Estado de la República de Colombia Además\n se interpretará de oficio la Disposición Transitoria\n Primera de la Decisión 344. Expediente Interno No 5209\n Actor: Austin Reed Limited Marca: Austin Reed.
\n 36-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95,\n 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la\n República de Colombia Expediente Interno No 6064\n Actora: Manufacturas STOP S.A. Marca: "USTOP" \n (mixta).
\n 37-IP-2001 Interpretación\n prejudicial de los articulos 12, 13, 14, 21 y 22 de la\n Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicita da por el Consejo de Estado de la República de\n Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera Actora: DALMINE S.P.A. Patente: "ACERO INOXIDABLE". \n Proceso interno No 6242.
\n 69-IP-2000 Interpretación prejudicial del\n artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sección Primera, Sala\n de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de\n oficio de los artículos 104, 105 y 128 ibidem. Caso: acción\n de nulidad de la resolución interna 0968, proferida por\n la empresa de capital público ECOSALUD S.A. Proceso interno\n correspondiente al expediente No 5676.
\n - Cantón El Pangui:\n Que reglamenta la administración del fondo de caja chica.
\n -\n Cantón Valencia:\n Que establece\n el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos.
\n Juicios de expropiación seguidos por el Municipio del\n Cantón La Libertad, a las siguientes personas:
\n -Walter Elizalde Bermúdez\n (3ra publicación).
\n - Galo Ortiz Serrano (3ra\n publicación)
-\n Sara Salazar Izaguirre\n (3ra publicación) .
\n - Martha Game Enríquez\n (3ra publicación).
\n - Jacinto Vélez Medranda\n (3ra publicación).
\n - Virgilio Narváez Almeida\n (3ra publicación).
\n - Sonia Aracely y otro (3ra\n publicación).
\n - Lucía Gutiérrez (3ra\n publicación).
\n -\n Sara Guevara de Elizalde\n (3rapublicación).
\n -\n Fernando Negrete Espinar\n (3rapublicación).
\n - Juicio de expropiación seguido\n por el Ilustre Municipio de Biblián (3ra publicación).\n \n
N0 029
Que, mediante Acuerdo Interministerial N0 322, expedido el\n 26 de julio de 1979, publicado en el Registro Oficial N0 69 de\n 20 de noviembre del mismo año, Acuerdo Ministerial N0\n 513, expedido el 23 de diciembre de 1987, publicado en el Registro\n Oficial N0 69 de enero de 11 de 1988 y Acuerdo Ministerial N0\n 0367, publicado en el Registro Oficial N0 991 del 3 de agosto\n de 1992, se estableció y enmendó respectivamente\n los límites de la Reserva Ecológica Manglares Churute,\n con una extensión de 49.383 hectáreas, situada\n en la parroquia laura, entre los cantones Naranjal y Guayaquil,\n en la provincia del Guayas;
Que, para poder realizar un adecuado manejo de la Reserva\n Ecológica Manglares Churute, en sus componentes tales\n como cordillera de Churute, laguna El Canción, vía\n fluviales y el manglar propiamente dicho, es importante reincorporar\n el cetro El Mirador a los límites de la reserva, área\n que constaba en la primera delimitación de creación\n de la reserva,
Que, en los estudios y trabajos de campo y gabinete, realizados\n los días 8 y 9 de octubre, 22 y 23 de noviembre del 2000\n en la zona, han intervenido funcionarios de la Dirección\n de Areas Naturales y Subsecretaría de Desarrollo Sostenible,\n quienes han expresado su conformidad principalmente en el área\n de su competencia;
Que, mediante memorando N0 4170 DBAP/MA de 10 de julio del\n 2001, el Director de Biodiversidad y Areas Protegidas (E), solicita\n a la Dirección de Asesoría Jurídica, se\n elabore el proyecto de acuerdo ministerial;
Que, de conformidad a las atribuciones que le concede el Art.\n 69, inciso segundo de la Ley Forestal y de Conservación\n de Arena Naturales y Vida Silvestre; y,
Art. 1.- Reincorporar el cerro "El Mirador" dentro\n de los límites de la Reserva Ecológica Manglares\n Churute, creada por Acuerdo lnterministerial N0 322, expedido\n el 26 de julio de 1979, publicado en el Registro Oficial N0 69\n de 20 de noviembre del mismo año, Acuerdo Ministerial\n N0 513, expedido el 23 de diciembre de 1987, publicado en el\n Registro Oficial N0 69 de enero 11 de 1988 y Acuerdo Ministerial\n N0 0367, publicado en el Registro Oficial N0 991 del 3 de agosto\n de 1992, situada en la parroquia laura del cantón Naranjal\n yen el cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas, cuya\n descripción del área, ubicación geográfica\n y límites son los siguientes
Ubicación Geográfica.- El cerro El Mirador tiene\n una superficie de 5 hectáreas y está situado en\n el recinto "El Mirador", parroquia laura, del cantón\n Naranjal, provincia del Guayas, ubicado en las siguientes coordenadas\n UTM:
Punto 1) N- 9732420; E- 652050; punto 2) N- 9732300; E- 652150;\n punto 3) N- 9732120; E- 652205, punto 4) N- 9732135; E- 652130;\n punto 5) N- 9732072; E- 652052; punto 6) N- 9732097; E- 652000;\n punto 7) N- 9732200; E- 651990; punto 8) N- 9732300; E- 651200.
Por el Norte: El camino vecinal que va del K. 10 (carretera\n vía Boliche-Puerto Inca) a la Reserva, zona cerro Pancho\n Diablo y Cerro Mas Vale.
Por el Sur: Con terrenos de la señora Ana Vargas, viuda\n de Gutiérrez.
Por el Este: Señor Daniel Astudillo.
Por el Oeste: Terrenos del señor Segundo Torres.
Art. 2.- El manejo del cerro "El Mirador", se enmarcará\n dentro de los lineamientos del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica\n Manglares de Churute.
Art. 3.- Todas aquellas actividades que no sean compatibles\n con los fines que persigue el área quedan restringidas.\n A partir de la suscripción del presente acuerdo, el área\n en referencia queda sujeta al Régimen de Areas Naturales\n y Vida Silvestre.
Art. 4.- INSCRIBIR, el presente acuerdo en el Libro del Registro\n Forestal que lleva el Distrito Forestal del Guayas de este ministerio,\n y remitir copia certificada de la misma al Director Ejecutivo\n del INDA, Registrador de la Propiedad del cantón Naranjal,\n para los fines legales correspondientes.
Disposición Final.- De la ejecución de este\n acuerdo encárgase al Director de Areas Naturales y Vida\n Silvestre, Jefe de Distrito Forestal del Guayas y Jefe de la\n Reserva Ecológica Manglares Churute.
Dado en Quito, a diecinueve de julio del dos mil uno.
Que, el señor Alcalde de la I. Municipal del Cantón\n Huamboya, provincia de Morona Santiago, mediante oficio N0 059-DJ-MH\n 9 de mayo del 2001, remite para la aprobación ministerial\n la Ordenanza Municipal que delimita las cabeceras cantonales\n de Pablo Sexto, San Pedro de Chiguaza y la comunidad de El Rosario;
Que, el I. Concejo Cantonal de Huamboya, en sesiones ordinarias\n de 2 y 7 de mayo del 2001, respectivamente, expide la ordenanza\n que delimita las cabeceras cantonales de Pablo Sexto, San Pedro\n de Chiguaza y la comunidad de El Rosario;
Que, del estudio y análisis realizado por la Dirección\n Nacional de Asuntos Seccionales de este portafolio, con oficio\n N0 00236 AS de 28 de mayo del 2001, considera procedente aprobar\n la mencionada ordenanza, toda vez que se ha cumplido con los\n requisitos legales que establece la Ley de Régimen Municipal;\n y,
Tomando en cuenta la delegación conferida por el señor\n Ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades, mediante\n Acuerdo Ministerial N0 1403 dé 3 de octubre del 2000;\n y, en uso de la facultad que le confiere el numeral 37 del Art.\n 64 de la Ley de Régimen Municipal,
Artículo Primero.- Aprobar la Ordenanza Municipal que\n delimita las cabeceras cantonales de Pablo Sexto, San Pedro de\n Chiguaza y la comunidad de El Rosario, expedida en sesiones ordinarias\n de 2 y 7 de mayo del 2001, respectivamente.
Artículo Segundo.- Se dispone adjuntar al presente\n acuerdo ministerial una copia debidamente certificada de la ordenanza\n aprobada, constante en 2 fojas útiles, así como\n remitir al Registro Oficial para su publicación.
Dado, en la sala del despacho, en Quito, a 6 de agosto del\n 2001.
f) Maximiliano Donoso Vallejo, Subsecretario de Gobierno.
f.) Director Nacional de Asuntos Seccionales.
LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON HUAMBOYA
Que, las cabeceras parroquiales de Pablo Sexto, San Pedro\n de Chiguaza y la comunidad El Rosario, han tenido un notable\n desarrollo urbanístico y poblacional, por lo que se hace\n necesario definir los límites de las áreas consolidadas,\n para un mejor control y planificación de esos centros\n poblados;
Que, el objetivo de la delimitación de las cabeceras\n parroquiales y la comunidad de El Rosario, es el de consolidar\n las áreas que en los últimos años se han\n configurado, a fin de propiciar un crecimiento intensivo de dichas\n localidades, pero al mismo tiempo definir sus áreas de\n crecimiento mediato e inmediato;
Que, esa acción permitirá frenar hechos especulativos\n sobre el suelo, además de planificar adecuadamente la\n dotación y distribución de la infraestructura,\n servicios y equipamientos colectivos urbanos;
Que, para la elaboración de la presente ordenanza,\n se contó con el asesoramiento técnico y legal de\n la Dirección Nacional de Asuntos Seccionales del Ministerio\n de Gobierno;
Que, la Comisión Especial a la que se hace referencia\n en el inciso segundo del artículo 315 de la Ley de Régimen\n Municipal, se ha pronunciado favorablemente; y,
El I. Concejo Cantonal de Huamboya, en uso de sus facultades\n prescritas en el Art. 64 numerales 3, 5 y 37 y el Art. 126 de\n la Ley de Régimen Municipal,
La siguiente Ordenanza que establece los límites de\n las cabeceras parroquiales Pablo Sexto, San Pedro de Chiguaza\n y la comunidad El Rosario.
Art. 1.- Los limites de la cabecera parroquial Pablo Sexto,\n son las siguientes:
AL NORTE.- Del punto N0 1, ubicado en la intersección\n de las prolongaciones de los ejes de las calles 12 de Febrero\n y Flor del Bosque; continúa por el eje de la última\n de las calles indicadas al Noreste, hasta intersecar el eje de\n la prolongación de la avenida Guapán en el punto\n N0 2; continuando por el eje de la avenida Guapán al Sureste\n hasta intersecar el eje de la calle las Américas en el\n punto N0 3; de dicha intersección, sigue por el eje de\n la prolongación de la calle Las Américas al Noreste\n hasta intersecar el eje de la prolongación de la calle\n N0 "1" en el punto N0 4; de esta intersección,\n continúa por el eje de la prolongación de la calle\n N0 "1', al Sureste hasta intersecar el eje de la calle España\n en el punto N0 5; continuando por el eje de la prolongación\n de la calle España, al Noreste en una longitud de 360\n metros hasta el punto N0 6, que constituye el vértice\n Nororiental del predio del Colegio Nacional 12 de Febrero.
AL ESTE.- Del punto N0 6; continúa por el flanco Nororiental\n del predio del Colegio 12 de Febrero, al Sureste, hasta intersecar\n el eje de la calle Augusto Abad, en el punto N0 7; siguiendo\n por el eje de la calle Augusto Abad al Suroeste hasta intersecar\n el eje de la calle N0 "1", que pasa al Este del Huerto\n Natural de I.N.E.F.A.N, punto N0 8; de esta intersección,\n sigue por el eje de la calle N0 "1" al Sureste, hasta\n intersecar el eje de la calle Monseñor Felix Pintado,\n en el punto N0 9.
AL SUR.- Del punto N0 9; continúa por el eje de la\n calle Monseñor Félix Pintado al Suroeste hasta\n intersecar la prolongación del eje de la calle Padre Formagio\n en el punto N0 10; siguiendo por la prolongación del eje\n de la calle Padre Formagio al Noroeste hasta intersecar el eje\n de la prolongación de la calle Lorenzo Hill en el punto\n N0 11; de dicha intersección, sigue por el eje de la calle\n Lorenzo Hill al Suroeste, hasta intersecar el eje de la prolongación\n de la calle 12 de Febrero en el punto N0 12; siguiendo por el\n eje de la prolongación de la calle 12 de Febrero al Noroeste\n hasta intersecar el eje de la prolongación de la calle\n Cuerpo de Paz en el punto N0 13; continuando por el eje de la\n prolongación de la calle Cuerpo de Paz al Suroeste, hasta\n intersecar el eje de la prolongación de la calle N0 2,\n situada al Oeste de la calle Juan Montalvo, punto N0 14.
AL OESTE.- Del punto N0 14; sigue por el eje de la prolongación\n de la calle N0 :'2" al Noroeste' hasta intersecar el eje\n de la avenida Augusto Abad en el punto N0 15; de esta intersección\n sigue por la prolongación de la avenida Augusto Abad al\n Suroeste hasta intersecar la paralela Occidental a la calle Juan\n Montalvo que pasa a 230 metros de su eje, punto N0 16; de dicha\n intersección sigue por la paralela indicada al Noroeste\n hasta intersecar el eje de la prolongación de la calle\n Las Orquídeas en el punto N0 17; continuando por el eje\n de la prolongación de la calle Las Orquídeas al\n Noreste hasta intersecar el eje de la prolongación de\n la calle 12 de Febrero en el punto N0 18; continuando por el\n eje de la prolongación de la calle 12 de Febrero al Noroeste\n hasta intersecar el eje de la calle Flor del Bosque en el punto\n N0 1.
Art. 2.- Los limites de la cabecera parroquial San Pedro de\n Chiguaza, son los siguientes:
AL NORTE.- Del punto N0 1; ubicado en la intersección\n del eje de la prolongación de la calle "1" con\n la paralela Norte a la calle principal que pasa a 200 metros\n de su eje; continúa por la paralela indicada en dirección\n Este, Noreste y Sureste, hasta el punto N0 2; localizado a la\n misma longitud geográfica del cruce de la calle "C"\n con la calle principal.
AL ESTE.- Del punto N0 2; el meridiano geográfico al\n Sur, hasta intersecar la paralela Norte a la calle principal,\n que pasa a 50 metros de su eje, punto N0 3; de dicha intersección,\n continúa por la paralela indica al Sureste, en una longitud\n de 50 metros hasta el punto N0 4; de este punto, la perpendicular\n a la calle principal al Suroeste hasta intersecar la paralela\n Sur a la calle principal que pasa a 200 metros de su eje, punto\n N0 5.
AL SUR.- Del punto N0 5; por la paralela Sur a la calle principal\n que pasa a 200 metros de su eje, en dirección Noroeste,\n Suroeste y Este, hasta intersecar la prolongación del\n eje de la calle N0 "1" en el punto N0 6.
AL OESTE.- Del punto N0 6; continúa, por el eje de\n la prolongación de la calle N0 "1", al Norte\n hasta intersecar la paralela Norte a la calle principal que pasa\n a 200 metros de su eje, punto N0 1.
Art. 3.- Los límites de la comunidad de El Rosario\n son las siguientes:
AL NORTE.- Del punto N0 1; ubicado en la intersección\n de la Av. Circunvalación Oeste y Circunvalación\n Norte, siguiendo el trazado hasta llegar al punto N0 2; ubicado\n en la perimetral Norte de los huertos familiares del sector Este.
AL ESTE.- Del punto N0 2; siguiendo la perimetral que divide\n los predios urbanos con los huertos familiares, hasta llegar\n al punto N0 3; de este punto continúa por la perimetral\n que separa a la Asociación Agropecuaria El Rosario, hasta\n llegar al punto N0 4.
AL SUR.- Del punto N0 4; que sigue la perimetral de los huertos\n familiares, hasta llegar al punto N0 5; de este punto sigue el\n trazo de la vía que conduce a Pablo Sexto, en unos 60\n metros, hasta llegar al punto N0 6; de este punto continúa\n siguiendo la perimetral que divide los predios que se considerarán\n urbanos con los terrenos de la escuela 25 de Diciembre y finca\n de posesionarios, hasta llegar a la Av. Circunvalación\n Oeste punto N0 7.
AL OESTE.- Desde el punto N0 7; siguiendo el trazado de la\n Av. Circunvalación Oeste hasta llegar al punto N0 1.
Art. 4.- Formará parte de la presente ordenanza como\n documento habilitante los planos de las cabeceras parroquiales\n Pablo Sexto y San Pedro de Chiguaza y la comunidad de El Rosario,\n en los que se encuentran replanteados los limites de dichas localidades.
Art. 5.- La presente ordenanza entrará en vigencia\n a partir de la aprobación del Ministerio de Gobierno y\n su promulgación en el Registro Oficial.
Dado y firmado a los 8 días del mes de mayo del 2001.
f) Sr. Tiófilo Aucay, Vicepresidente del Concejo.
f.) Sr. Angel Alarcón, Secretario del Concejo.
CERTIFICO: Que la presente Ordenanza que establece los límites\n de las cabeceras parroquiales de Pablo Sexto, San Pedro de Chiguaza\n y la comunidad El Rosario, fue discutida y aprobada por el Concejo\n Municipal en sesiones ordinarias del 2 y 7 de mayo del 2001.
f.) Sr. Angel Alarcón M., Secretario del Concejo.
MUNICIPALIDAD DE HUAMBOYA.- En Huamboya a los 8 días\n del mes de mayo del 2001, de conformidad a lo que establece la\n Ley de Régimen Municipal, esta Alcaldía sanciona\n la presente Ordenanza que establece los límites de las\n cabeceras parroquiales de Pablo Sexto, San Pedro de Chiguaza\n y la comunidad El Rosario y dispone su promulgación pertinente.
f.) Prof. Miguel Puwainchir, Alcalde de Huamboya.
CERTIFICO: Que proveyó y firmó el documento\n que antecede el señor Prof. Miguel Puwainchir, Alcalde\n de Huamboya, en el lugar y fecha indicada.
f) Sr. Angel Alarcón M., Secretario del Concejo.
PROCESO\n 30-IP-2001
Solicitud de interpretación prejudicial\n del artículo 58 literal h) de la Decisión 85 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n del Consejo de Estado de la República de Colombia. Además\n se interpretará de oficio la Disposición Transitoria\n Primera de la Decisión 344. Expediente Interno No. 5209.\n Actor: Austin Reed Limited. Marca: Austín Reed
Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a\n los veintisiete días del mes de junio del dos mil uno,\n en la solicitud de interpretación prejudicial formulada\n por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia,\n por intermedio del Dr. Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado,\n mediante oficio No. 201 de febrero 5 del 2001, recibido en el\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de marzo del\n 2001. Expediente Interno No. 5209.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados\n en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la\n cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el\n 11 de abril del 2001.
1. ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación,\n la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes:
Es demandante la Sociedad Austín Reed Limited, representada\n por su apoderado Humberto Rubio Camacho. La demanda se dirige\n contra la Nación, representada por el Ministerio de Desarrollo\n Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, de\n la República de Colombia a fin de que se declare la nulidad\n de la Resolución No. 02657 de 14 de junio de 1984, por\n la cual se concedió el registro de la marca de fábrica\n Austín Reed a favor del señor Diego Pineda Jiménez.
1.2. ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERINO
Es la Resolución No. 02657 de 14 de junio de 1984,\n expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial\n que concede el registro de la marca "AUSTIN REED";\n pretendiendo con la acción intentada, que se declare la\n nulidad de la Resolución 02657 de 14 de junio de 1984,\n y como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad y la\n cancelación del certificado de Registro número\n 112.729 de 14 de junio de 1984 y de la Resolución No.\n 00258 de 22 de febrero de 1993 por medio de la cual se concedió\n la renovación de la marca Austín Reed Certificado\n de Registro No. 112.729.
1.3. HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Mediante Resolución No. 02657 de junio 14 de 1984,\n la División de Propiedad Industrial hoy División\n de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio\n otorgó al señor Diego Pineda Jiménez el\n registro de la marca Austín Reed.
Mediante Resolución No. 00258 de 22 de febrero de 1993,\n la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó renovación\n de la marca Austín Reed quedando vigente hasta el 14 de\n junio del año 1999.
Mediante Resolución No. 013800 de 29 de mayo de 1997,\n la División de Signos Distintivos de la Superintendencia\n de Industria y Comercio ordenó inscribir el traspaso que\n de la marca Austín Reed efectúo el Sr. Diego Pineda\n Jiménez, a favor de la Sociedad Austin Reed Manufacturas\n y Compañía Limitada, sociedad domiciliada en la\n ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia.
1.4. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamenta el demandante su acción, en que la resolución\n que por medio de esta acción se impugna, violó\n las normas de irregistrabilidad, consagradas en la ley marcaria,\n especialmente el numeral h) del artículo 58 de la Decisión\n 85 del Acuerdo de Cartagena, en la medida de que concede la marca\n Austín Reed a favor de Diego Pineda Jiménez, persona\n diferente al Sr. Austín Reed, sin consentimiento de éste\n para obtener el registro; signo que por ser exactamente igual\n al de su representada, no tiene capacidad para distinguir en\n el mercado los productos de cada compañía.
Expresa el actor que el acto administrativo impugnado está\n falsamente motivado, puesto que la marca era irregistrable al\n tenor del literal h) del artículo 58 de la Decisión\n 85 del Acuerdo de Cartagena.
1.5. CONTESTACION A LA DEMANDA
La demandada contesta oponiendo la siguiente excepción:\n legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto con la\n expedición de la Resolución No. 02657 de 14 de\n junio de 1984, emitida por el Jefe de la entonces División\n de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y\n Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas\n en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena.
Además afirma que de los documentos obrantes en el\n expediente No. 205.218, se establece que la Superintendencia\n de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite\n administrativo previsto en materia marcaría, garantizando\n el debido 'proceso y el derecho de defensa; no obstante la parte\n demandante, no presentó oposición contra el registro\n de la marca Austin Reed, ni interpuso los recursos procedentes\n en la vía gubernativa en ejercicio del derecho de defensa.
Sostiene también que en desarrollo del trámite\n correspondiente y vigente en ese entonces, la Oficina Nacional\n Competente habida cuenta de que el solicitante del registro de\n la marca Austín Reed, a través de su apoderado\n cumplió con los requisitos exigidos en los artículos\n 60 y 61 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, ordenó publicar el extracto de 'la solicitud\n de registro de la marca Austín Reed.
Sostiene también que se puede constatar en los documentos\n que obran en el expediente, que dentro de los treinta días\n siguientes a la fecha de la publicación de esta solicitud\n de registro marcarlo, no se presentaron oposiciones a la mencionada\n solicitud de registro, especialmente por la sociedad demandante,\n para probar su mejor derecho sobre la titularidad de la marca\n Austín Reed, demostrando asimismo, su presunta notoriedad.
Además afirma que al no presentarse oposiciones dentro\n del término establecido en el artículo 65 de la\n Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n la Oficina Nacional Competente dio aplicación a lo preceptuado\n en el artículo 67 de la misma decisión. Como consecuencia\n de ello se expidió el acto administrativo No. 02657 de\n 14 de junio de 1984.
Con respecto a la notoriedad de la marca Austín Reed,\n manifiesta que la notoriedad de la marca no fue probada cuando\n era oportuno hacerlo, es decir dentro de la vía gubernativa.
En consecuencia, la Resolución No. 02657 de 14 de junio\n de 1984, no es nula; se ajusta a las disposiciones legales vigentes\n de ese entonces.
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía\n prejudicial las normas que conforman el ordenamiento Jurídico\n del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de\n un Juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico\n andino, como es, en este caso la situación de la Jurisdicción\n colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos\n 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado\n por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión\n 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Pasa el Tribunal a establecer tanto el sentido y alcance del\n artículo 58 literal h) de la Decisión 85 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena, como el de la disposición\n transitoria ya transcrita.
2.1 NORMAS A SER INTERPRETADAS
El Tribunal interpretará la norma que se menciona por\n el Juez consultante, esto es el literal h) del artículo\n 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena. Adicionalmente, interpretará de oficio la\n Disposición Transitoria Primera de la Decisión\n 344 de la Comisión.
A continuación se inserta el texto de las mencionadas\n normas andinas:
"Articulo 58.- No podrán ser objeto de registro\n como marcas: "h).- Los nombres, seudónimos, firmas\n y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito;\n los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento\n de sus herederos y los nombres históricos.
"Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando\n se trata de una persona natural que solícita el registro\n de su propio nombre, siempre que se presente en la forma peculiar\n y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando\n lo usen otras personas.".
"PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente\n concedido de conformidad con la legislación existente\n con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente\n Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.\n En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones\n y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas\n en la presente Decisión.".
La Resolución No. 02657 de 14 de junio de 1984, por\n la cual la entonces División de Propiedad Industrial de\n la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió\n el registro de la marca de fábrica y de comercio Austín\n Reed con vigencia al 14 de junio de 1989, se expidió cuando\n se encontraba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.
La Resolución No. 00258 de 22 de febrero de 1993, por\n medio de la cual se concedió la renovación de la\n marca Austín Reed con vigencia a 14 de junio de 1999,\n se concedió durante la vigencia de la Decisión\n 313.
Del expediente se desprende, que la demanda se presenta ante\n el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera, de la República de Colombia, el\n 13 de octubre de 1998, es decir cuando se encontraba en vigencia\n la Decisión 344.
Por ello resulta conveniente examinar brevemente la vigencia\n de la Ley en el Tiempo, tema que el Tribunal ha analizado y recogido\n en su jurisprudencia de la siguiente manera:
"El estadio de la vigencia temporal de la ley es, la\n determinación del periodo durante el cual tiene la ley\n carácter obligatorio.
"Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley\n aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar\n si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la\n ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos\n resultan intangibles para la ley nueva. Es decir, tales derechos\n de haberse consolidado válidamente, tendrían que\n ser respetados, situación de intangibilidad que por el\n contrario, no se extiende a las meras expectativas.
"El tránsito legislativo de una Decisión\n a otra podría plantear la duda respecto de situaciones\n jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la\n nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos,\n éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente,\n tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término\n de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les\n sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente\n reconocimiento si quedan excluidas las meras expectativas.
"Lo práctico y recomendable resulta ser entonces\n que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través\n de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en\n efecto aparecen en las Decisiones 313 (Transitoria Cuarta) y\n 344 (Transitoria Primera) cuyo texto dice:
"Todo derecho de propiedad industrial válidamente\n concedido de conformidad con la legislación existente\n con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente\n Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.\n En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones\n y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas\n en la presente Decisión".
"Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial\n válidamente concedidos con arreglo a la legislación\n anterior subsistirán por el tiempo señalado en\n ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones,\n licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan\n sometidos al régimen de la nueva Decisión.
"Categóricamente el Tribunal ha expresado:
"Las normas del ordenamiento Jurídico comunitario\n andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las\n resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo,\n son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido\n durante la vigencia de aquellas".'
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISION 344
El Tribunal ha expresado:
"La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica\n legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados\n para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento\n de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.\n En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la\n Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la\n situación de los derechos adquiridos optando por homologar\n todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia\n de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad\n industrial válidamente otorgado, subsistirá por\n el tiempo en que hubiere sido concedido. Aplicadas las reglas\n de tránsito legislativo a que se refiere la Disposición\n Transitoria Primera al caso del registro de propiedad industrial,\n concedido válidamente bajo el imperio da fa Decisión\n 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él\n le serían atribuibles los postulados de protección\n del derecho adquirido o de la situación jurídica\n concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió\n de origen y que continuaría amparándolo mientras\n subsista la validez del registro. En el evento en que no se diere\n la presencia de validez del registro porque éste había\n caducado o cumplida su fecha de vencimiento, sin que hubiera\n podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante\n la ausencia de una situación jurídica concreta\n y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad\n de presentar ante la Oficina Nacional Competente una nueva solicitud\n de registro dentro de los términos establecidos en la\n Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena".2
IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS
El Tribunal ha sostenido, conforme lo dispone la normativa\n comunitaria, que el signo que se elija para identificar ni producto\n tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros\n signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión\n con productos o servicios 'similares. De esta regla se derivan\n buena parte de las prohibiciones contenidas en e artículo\n 58 de la Decisión 85, orientadas a asegurar que lo; bienes\n que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan\n a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o\n características (literales a) f) y g); no se refieran\n a calidades usuales de los productos (literales b y d); no sean\n descriptivas o genéricas (literal c) no reproduzcan o\n imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o\n nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas\n (literales h e i).3
El artículo 58 de la Decisión 85 contempla causales\n de irregistrabilidad, las cuales las ha establecido para proteger\n el orden público, las buenas costumbres, la moral, defender\n ciertos símbolos patrios y, derechos adquiridos de terceros\n con anterioridad a la nueva solicitud de registro.
Dentro de las causales de irregistrabilidad tendientes a salvaguardar\n legítimos derechos de terceros, se encuentra aquella relacionada\n con los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas\n vivas, la prohibición contenida en el literal h) del artículo\n 58 de la Decisión 85, es un mecanismo de defensa que tienen\n las personas sobre su imagen, el cual hace parte del derecho\n a la personalidad y del derecho, a la intimidad. Así las\n cosas, el nombre, apellido, firma y la imagen de una persona,\n no pueden ser utilizados por terceros sin su consentimiento o\n el de sus causahabientes.4
El Tribunal ha manifestado:
"Para el registro de un nombre, debe establecerse previamente\n si corresponde o no a un nombre propio.
La referencia a nombres que utiliza la norma transcrita, (Inciso\n Primero del literal h) no se refiere a los nombres de pila de\n una persona, sino en todo caso al nombre completo, (nombre de\n pila y apellido), y con ciertas excepciones a apellidos o patronímicos\n notorios, como así lo han considerado algunos tratadistas\n al analizar la registrabilidad de los nombres.
El nombre de pila en sí, no identifica a una persona\n como tal (Carlos, Andrés, Sebastián, etc.); y si\n la exigencia de solicitar su autorización se refiriera\n a esos nombres, la norma se convertiría en inaplicable\n por la imposibilidad física de cumplirla.
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de 26 de enero\n del 2000, Proceso 15-IP-99, Págs.: 840-9.40.
2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, 1996, Proceso 29-IP-95, Pág. 163.
3 Proceso N0 16-IP-96, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina, 1996. Pág. 320.
4 Normatividad Subregional Sobre Marcas de Productos y Servidos,\n Marco Matias Alemán, Pág. N0 95.
El literal comentado, exige la autorización de los\n herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción\n del nombre. Los herederos a quienes se les protege en sus derechos\n inalienables de la persona (como el nombre), no se verían\n afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación\n únicamente al nombre propio o de pila de su antecesor,\n pues no podría establecerse la identificación o\n confusión real entre el nombre de pila que se pretende\n registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los\n mismos.
Otra corriente de tratadistas estima que la expresión\n nombre hace relación únicamente al apellido, que\n es el que identifica a las personas y que puede ser materia de\n protección marcaría. Aquí también,\n surge la inquietud de que si el apellido que se utiliza como\n marca el Pérez, Ramírez o García, cuántas\n personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta\n dificultad revestiría solicitar la autorización\n a todos los que se apellidan Pérez, Ramírez o García.\n Desde luego hay excepciones como apellidos notorios como Churchil,\n De Gaulle, Picasso, en los cuales la autorización exigida\n por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o\n a sus herederos.
La identificación cabal de una persona es pues siempre\n el nombre y el apellido, y si la pretensión jurídica\n es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada\n en la norma comunitaria del literal h) del artículo 58,\n ha de referirse a esos casos y no sólo al nombre de pila\n o sólo al patronímico, excepto, como se dice en\n los apellidos notorios.
Esta prohibición existe cuando se vaya a utilizar para\n el registro, el nombre ajeno por parte de terceros, no así\n en el caso de utilización del nombre personal que corresponde\n al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación\n que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades\n que la ley 'le faculta".5
Primero: En materia de Propiedad Industrial, las normas del\n ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren\n vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que\n pongan fu a un procedimiento administrativo, son las aplicables\n para juzgar la legalidad del acto final producido durante la\n vigencia de aquellas.
Segundo: Dentro de las causales de irregistrabilidad, encaminadas\n a salvaguardar legítimos derechos de terceros, se encuentra\n aquella prohibición contenida en el literal h) del artículo\n 58 de la Decisión 85, actualmente derogada, que constituye\n un mecanismo de defensa al derecho que tienen las personas sobre\n su imagen y a la intimidad, todas fundadas en la protección\n de los derechos de la personalidad. De esta manera el nombre\n de una persona no puede ser utilizado por terceros sin su consentimiento\n o el de sus herederos. Entendiéndose por nombre, el nombre\n de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente,\n salvó el caso de apellidos notorios.
5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, tomo IV, Proceso 2-IP-95, Págs. 219-220.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá\n adoptar la presente interpretación al dictar sentencia\n en el proceso 5209.
Notifíquese esta sentencia a la Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado\n de la República de Colombia, mediante copia sellada y\n certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria\n General de la Comunidad Andina para su publicación en\n la Gaceta Oficial.
PROCESO\n 36-IP-2001
Solicitud de interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102\n y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia. Expediente Interno N0 6064. Actora: Manufacturas\n STOP S.A. Marca: "USTOP" (mixta)
Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a\n los seis días del mes de julio del año dos mil\n uno; en la solicitud formulada para que se realice la interpretación\n prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, organismo que por intermedio del Consejero de Estado,\n doctor Camilo Arciniegas Andrade, la eleva ante este Organo Comunitario,\n dentro del expediente interno 6064; a cuyos efectos remitió\n el petitorio correspondiente fechado a 31 de noviembre del 2000,\n recibido por el Tribunal el 30 de mayo del 2001.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos\n por el Tratado de Creación del Tribunal de justicia de\n la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo\n 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite\n mediante auto proferido el 13 de junio del 2001.
Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia\n nacional consultante ha señalado o del expediente remitido\n se deducen los siguientes:
La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP\n S.A., quien comparece por medio de su apoderado judicial.
Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de\n la República de Colombia.
1. SAO PAULO ALPARGATAS S.A. presentó ante la Superintendencia\n de Industrias y Comercio la solicitud del registro de la marca\n USTOP (mixta), para distinguir productos de la clase 25, la cual\n fue tramitada bajo expediente administrativo No. 92 218.994.
2. Dentro del término establecido para el efecto, MANUFACTURAS\n STOP S.A., presentó observaciones contra la solicitud\n de registro de marca, fundamentada en el hecho de que es titular\n de la marca STOP para distinguir productos comprendidos en las\n clases 24 y 25 y de la enseña comercial STOP referente\n a establecimientos de comercio destinados a actividades propias\n de las citadas clases de productos, siendo el signo STOP esencialmente\n confundible y semejante (casi idéntico) con la marca USTOP,\n cuyo registro solicitó SAO PAULO ALPARGATAS SA.
3. Seguido el trámite de rigor, la División\n de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y\n Comercio, expidió la Resolución 21026 de julio\n 31 de 1997, cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió\n declarar infundadas las observaciones formuladas por MANUFACTURAS\n STOP S.A., y en consecuencia, concedió el registro de\n la marca USTOP solicitado por SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
4. Contra la resolución referida se interpuso recurso\n de apelación, haciendo énfasis en que las citadas\n marcas presentan estrecha similitud gráfica y fonética:\n El recurso interpuesto fue decidido por la Superintendencia de\n Industria y Comercio mediante Resolución No. 22424 de\n octubre 25 de 1999, confirmatoria de la resolución impugnada.
1.3. Objeto y fundamentos de la demanda
La actora pretende que se declare nula la Resolución\n 21026 de 31 de julio de 1997 dictada dentro del expediente administrativo\n 92 218.994, mediante la cual la Superintendencia declaró\n infundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP\n S.A., contra la solicitud de registro de la marca USTOP (mixta),\n clase 25, solicitada por SAO PAULO ALPARGATAS S.A. y concedió\n el registro de la marca.
También pretende la actora que se declare nula la Resolución\n 22414 del 25 de octubre de 1999, que resolvió el recurso\n de apelación interpuesto contra la Resolución 21026\n de 31 de julio de 1997, confirmándola en todas sus partes\n y se cancele el registro de la marca prenombrada.
Se fundamenta la actora en que MANUFACTURAS STOP S.A. es titular\n de la marca STOP para distinguir productos comprendidos en las\n clases 24 y 25, así como de la enseña comercial\n STOP para establecimientos de comercio destinados a actividades\n propias de los citados productos y que el signo STOP es confundible\n y semejante (casi idéntico) con la marca USTOP solicitada\n por SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
Manifiesta la actora que ambas marcas muestran enseñas\n comerciales con estrecha similitud gráfica y ortográfica,\n además de la similitud fonética de las mismas,\n tomándose en cuenta que se trata de la misma clase de\n productos.
Añade que la identidad o coincidencia se configura\n por: a) Identidad visual, porque ambos signos tienen similar,\n casi idéntica representación gráfica; b)\n Identidad ortográfica, ya que son absolutamente semejantes\n desde este punto de vista pues coinciden en la combinación\n y orden de la mayor parte de tas letras; y, c) Identidad auditiva\n o fonética, por cuanto la pronunciación en ambos\n casos es casi idéntica de suerte que la palabra USTOP\n al escucharse la vocal "u" es débil y se escucha\n como "USTOP" forma auditiva casi similar e idéntica\n a la palabra STOP.
Cabe anotar, señala la demandante, que cursa una demanda\n pendiente de resolver de cancelación por no uso de la\n marca US TOP certificado N0 189371, clase 24, registrada a favor\n de SAO PAULO ALPARGATAS S.A. y por lo tanto no puede decirse\n que la marca US TOP y STOP tuvieron coexistencia pacífica\n porque los productos que podían distinguirse con la marca\n US TOP nunca estuvieron en el mercado y por lo tanto no coexistieron\n en el mismo.
Afirma que la División de Signos Distintivos, así\n como la Administración de la Superintendencia de Industria\n y Comercio, dentro de la resolución que otorga el registro\n de la marca USTOP y dentro del recurso de apelación que\n resuelve' confirmar la misma, respectivamente, fundamentándose\n en que el signo USTOP, marca y enseña comercial, no despiertan\n confusión con el de STOP, ya que no son semejantes, ni\n generan confusión directa o indirecta y que ambas marcas\n pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar\n perjuicios a los consumidores ya que no pueden conducir al público\n a error; deciden de forma precipitada sin tomar en cuenta que\n la marca STOP se encuentra registrada tanto en forma nominativa\n como mixta para distinguir los productos comprendidos en la clase\n 25, y que de todas maneras predomina en igual forma el elemento\n nominativo como lo reconoce la propia Superintendencia en la\n Resolución 22414 que resuelve el recurso de apelación\n citado anteriormente que dice: "en la comparación\n tiene gran influencia el hecho de que STOP tenga significado\n o contenido conceptual". De tal forma quedan violados, concluye,\n los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículos\n 83, literales a) y b) y 102 y 128 de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La demandada, en su escrito de contestación, dice que\n ha actuado de conformidad con las atribuciones legales otorgadas\n por la ley en los actos administrativos objeto de la demanda,\n ya que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó\n plenamente al trámite administrativo previsto en materia\n marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho\n de defensa. En consecuencia estuvieron dichos actos administrativos\n expedidos de acuerdo al derecho, basándose en los criterios\n de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad\n de representación gráfica, llegando a la conclusión\n de que las observaciones de la actora como el recurso de apelación\n presentado no tienen fundamento ya que el registro concedido\n no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad, puesto\n que no existen semejanzas gráficas, ortográficas,\n conceptuales, ni fonéticas y por lo tanto la coexistencia\n de las marcas "STOP" y "USTOP" no conlleva\n a error al público consumidor sin que generen confusión\n directa o indirecta en el mismo.
La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el\n Tratado de su Creación, que