Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20040477
Timestamp: 2019-09-16 08:57:18
Document Index: 95035301

Matched Legal Cases: ['Artículo 63', 'Artículo 41', 'Artículo 63', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 325']

C-803 de 2000
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020040477CC-SENTENCIAC803200029/06/2000CC-SENTENCIA_C_803__2000_29/06/2000200404772000Sentencia C-803/00 PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Términos procesales PROCESO LABORAL -Notificación por estado /PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EFICIENCIA EN PROCESO LABORAL -Alcance /DEBIDO PROCESO LABORAL -Garantía del derecho de defensa /LEGISLADOR EN MATERIA LABORAL -Libertad de configuración normativa A pesar de que, muy especialmente, los procesos laborales deben adelantarse siguiendo los principios de la celeridad y la eficiencia, lo cierto es que en todos los procesos - independientemente de la jurisdicción ante la que se surtan - estos principios deben encontrar un equilibrio con el derecho al debido proceso, es decir con el derecho de las partes a defenderse y a impugnar las decisiones. Ese equilibrio puede ser diseñado de muy distintas formas, y en este caso el legislador extraordinario consideró que debía dársele alguna prelación al derecho de defensa, sin que ello implicara una renuncia definitiva a la vigencia de los otros dos principios. Por eso, determinó que también podían notificarse por estados las decisiones tomadas en las audiencias, cuando una de las partes o las dos partes no habían estado presentes en la diligencia o se habían retirado antes de pronunciarse las resoluciones. El legislador tiene en esta materia un marco de libertad de configuración normativa, el cual puede ser controlado por el juez constitucional con el objeto de impedir excesos o la violación de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la situación bajo análisis no se observa nada distinto de una armonización especial entre los principios de celeridad y eficiencia y el derecho al debido proceso, y, en consecuencia, la Corte habrá de respetar la decisión del legislador. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA LABORAL -Interposición de recursos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN RECURSOS/PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EFICIENCIA EN PROCESO LABORAL -Armonización con el derecho de defensa PROCESO LABORAL -Asistencia a audiencias Referencia: expediente D-2715
Elson Rafael Rodrigo RodríguezCONSTITUCIONALIDADEduardo Cifuentes MuñozDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 41, 63, 65 y 66 (parciales) del Decreto 2158 de 1948 - Código de Procedimiento Laboral -.D2715Identificadores20020040478true60537Versión original20040478Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 41, 63, 65 y 66 (parciales) del Decreto 2158 de 1948 - Código de Procedimiento Laboral -.
a)Las de autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se hubierenefectuado en estrados a las partes o a alguna de ellas, y
Artículo 63.-Procedencia del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados y se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiese en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora.
El señor Procurador General de la Nación en concepto Nº 2066 del 14 de febrero de 2000, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de los apartes demandados de los artículos 41, 63, 65 y 66 del Decreto 2158 de 1948 - Código de Procedimiento Laboral.
El Procurador General de la Nación recuerda, en primer término, las bases del principio de oralidad que "gobierna" en los juicios laborales. En este sentido, señala cómo con el principio de oralidad en el derecho laboral, "se buscó darle celeridad y publicidad a los procesos judiciales a través de los cuales se deciden los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente en el contrato de trabajo y, de otra parte, facilitar la intervención de las partes, máxime si se tiene en cuenta que en la relación laboral ellas (patrono y trabajador) no se encuentran en pie de igualdad; todo en beneficio de la pronta y oportuna administración de justicia. Adicionalmente, se destaca que en tales procesos concurren principios como son el de la inmediación, contradicción, igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, etc., que garantizan los derechos fundamentales de todas las personas sin distingo alguno."
Sin embargo, a juicio del Procurador, lo anterior no es obstáculo para que dentro de las actuaciones laborales se exijan algunas actuaciones escritas, "tal como acontece con la demanda inicial, la que sustenta el recurso de casación, las actas que se elaboran como constancia de todo lo que ocurre en las audiencias (...) y las decisiones de fondo (sentencias) a través de las cuales se pone fin a las instancias, ya que en caso contrario, sería imposible darle cumplimiento al principio de la doble instancia previsto en la Carta Política".
Continúa la Vista Fiscal señalando que el Código de Procedimiento Laboral contempla diferentes formas de notificación para sus actuaciones, y que, si se estudian en conjunto las disposiciones que al respecto contiene el estatuto, se concluye que "en materia laboral se restringe al máximo la notificación personal". Además, asevera que, "en consecuencia del principio de oralidad laboral, se establece como regla general la notificación en estrados, es decir, oralmente, medio a través del cual se ponen en conocimiento todas las determinaciones adoptadas en audiencia". Pero para que proceda la notificación por estrados es necesario que las partes, o alguna de ellas, asistan a la audiencia. En el evento contrario, procederá la notificación por estados, para la parte ausente.
El Procurador establece, además, que de acuerdo con el Código de Procedimiento del Trabajo, "la forma empleada para notificar la providencia, determina la forma y el término para interponer los recursos, esto es, si la notificación se verificó a través de estado, la forma es escrita y el término será de dos días; pero si la notificación se realizó en estrados, la forma es oral y el término corresponde al lapso de duración de la audiencia, o sea, que una vez finalizada ésta, precluye la oportunidad y la posibilidad para interponer el recurso de reposición".
Para conceptuar sobre las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas por el actor, expone la Vista Fiscal, que el ejercicio del derecho de acceso a la justicia implica para los ciudadanos la asunción de ciertos deberes, tales como la lealtad y probidad procesal. Esos deberes son correspondidos por la obligación de los jueces y los funcionarios judiciales "de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso". Esta última entraña que el juez deberá dirigir el proceso de una manera tal que garantice "su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes", y que está facultado para "rechazar las actuaciones temerarias, dilatorias y, en general, cualquier acto, hecho o conducta que atente contra la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben obedecer, observar y respetar las partes y sus apoderados, en todas las actuaciones judiciales..."
Asevera el Procurador que la decisión de establecer el principio de oralidad dentro del proceso laboral implica la de que el proceso se realice a través de audiencias. Ello apareja, a la vez, el deber de las partes y sus apoderados de concurrir a la celebración de éstas: "los terceros, las partes y sus apoderados tienen la perentoria obligación de asistir el día y hora fijados para la verificación de las audiencias (conciliación, trámite y juzgamiento), cuya inobservancia debe ser sancionada por el juez de conocimiento; igual acontece para quienes injustificadamente se retiren o ausenten de la misma".
7. Posiblemente, la propuesta del actor le imprimiría mayor rapidez al proceso laboral. Empero, no le corresponde a la Corte manifestarse sobre ese punto. El ordenamiento constitucional (C.P., art. 150, num. 2) preceptúa que es labor de la Rama Legislativa del Estado - bien sea a través del legislador ordinario o del extraordinario, como en este caso - "[e]xpedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones." Así, el legislador extraordinario decidió que cuando una parte o las dos partes no acudía(n) a la audiencia debía notificárseles por estado las decisiones tomadas dentro de la diligencia, con el objeto de que tuvieran oportunidad de impugnarlas. Esta definición implica, obviamente, que el proceso puede dilatarse algún tiempo más, pero no encuentra la Corte que ello acarree una violación de la Constitución, tal como lo afirma el demandante.
Exequible (numeral 3 literal a ) Artículo 41 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
Exequible la expresión ... Artículo 63 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
Exequible la expresión ... Artículo 65 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
Exequible la expresión ... Artículo 66 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
[1]Importa señalar que el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil prescribe que las determinaciones tomadas en las audiencias no requieren ser notificadas, puesto que "[l]as providencias que se dicten en el curso de las audiencias y las diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no hayan concurrido las partes."