Source: https://abogadomartin.com/recursos-en-contencioso-administrativo/recurso-de-apelacion-contencioso/
Timestamp: 2020-04-05 09:46:39
Document Index: 391757141

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 78', 'artículo 51', 'artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 138', 'artículo 85']

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Es un recurso ordinario y devolutivo en virtud del cual se trae la cuestión objeto de la resolución impugnada al «pleno» conocimiento del juez superior (G. Orbaneja). De la definición dada se obtienen las características de este recurso:
Tiene como límite la «reformatio in peius» por la cual no puede el Tribunal modificar la sentencia en perjuicio del apelante salvo que el apelado se haya adherido a la apelación convirtiéndose en apelante. La Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Tercera)
en Sentencia de 26 de mayo de 1999, 10626 reiterando otras, ha establecido: «aunque se traslada al Tribunal ad quem el total conocimiento del litigio, no se concibe como una repetición del proceso de primera instancia, sino como una revisión del mismo, que descansa por tanto en una pretensión revocatoria de la sentencia dictada y, por ende, en el deber procesal de quien la deduce de trasladar un análisis crítico, por escueto que sea, de la decisión que se combate».
El artículo 80.1 va a determinar una primera gran excepción, al decir que son apelables los autos de los juzgados en «los procesos de primera instancia». Significa esto que cuando el juzgado actúa en «única instancia»; conforme a las reglas del artículo no cabe recurso de apelación frente a los autos. En definitiva, no cabe recurrir un auto dentro de un proceso contencioso-administrativo ante los juzgados cuando no cabría recurso contra la sentencia según las reglas del artículo 81.
Inicialmente la Ley 29/1998 excluyó de esta regla y permitió la apelación «en todo caso» de los autos de extensión de efectos de los artículos 110 y 111, cerrando esta vía y sometiéndolos a las reglas ordinarias en la redacción del número 2 del artículo 80 tras la modificación del apartado 2 redactado por la Disposición Adicional 14a, siete de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 diciembre. El resto de los autos de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y juzgados Centrales de la Audiencia Nacional sólo son apelables en los siguientes casos:
Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. La admisión de la apelación de los autos de medidas cautelares tiene dos dificultades: en primer lugar, se abre la pieza de medidas cautelares ante los juzgados sin conocer en muchas ocasiones la cuantía del proceso lo que puede dar lugar a que se admitan recursos contra las medidas que una vez conocida la cuantía del recurso no se habrían admitido conforme a las reglas del artículo 81.a) a que se hará referencia; en segundo lugar, no todos los autos acordando medidas cautelares son recurribles en apelación ya que se excluyen los regulados en los artículos 135 y 136 de la Ley 29/1998; es decir, el auto de medidas cautelares «inaudita parte» y el auto de medidas cautelares previo a la interposición del recurso.
Dentro de los autos de «inadmisión» del recurso tenemos los supuestos de los artículos 51, 58 Y el artículo 78 apartados 7 y 8 de la Ley 29/1998. En virtud del artículo 51 el juez o Tribunal declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
El gran problema de este precepto se produce cuando lo ponemos en relación con el artículo 81.2.c) de la Ley Jurisdiccional que regula el recurso de apelación de las sentencias «las que declaren la inadmisibilidad del Recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior», es decir, sentencias que por razón de la cuantía del proceso no serían recurribles pasan ser recurribles cuando declaran la inadmisibilidad. Sin embargo, para los autos no existe un precepto simétrico y sólo son recurribles los autos de decretan la inadmisibilidad cuando la sentencia final del proceso es apelable por resolver el Juez de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia pero no en instancia única. Esta polémica, fue también objeto de resolución del Tribunal Constitucional en la Sentencia 59/2003, que partió de la afirmación de que ambas interpretaciones puedan quizá admitirse desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, entiendendo que la interpretación no es inconstitucional porque no es arbitraria y encuentra pleno respaldo en el artículo 80.1c) de la Ley de la Jurisdicción. Ahora bien, la no declaración de ser contraria a la Constitución de la interpretación hecha por la Sentencia de 15 de febrero de 2001, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha hecho que sea seguida por otros Tribunales Superiores de Justicia como el de Andalucía (sede en Sevilla), en la Sentencia de 12 de enero de 2007; mientras que, otros Tribunales Superiores de Justicia, como el de Valencia, han optado por la solución contraria admitiendo la apelación contra los autos vía artículo 80.1.c) en los mismos supuestos del artículo 81.2.a). Las recaídas sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.5. Este apartado a pesar de su aparente simplicidad tiene su complejidad técnica ya que a diferencia del resto no se inserta dentro de un proceso o procedimiento. Simplemente la Administración solicita la entrada a un domicilio y el Juez la concede o deniega, es decir, no se trata de un auto que el Juez dicta en instancia única o primera instancia; se puede afirmar que no existe la instancia y se parece más a un procedimiento de control del derecho fundamental previsto en el artículo 18 de la Constitución para evitar la «violación del domicilio». A pesar de su colocación sistemática sólo es competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo ya que se trata de una previsión recogida que en la actualidad viene contemplada en los artículos 91.2 de esa misma Ley Orgánica del Poder Judicial y 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción y no en el artículo 9 que recoge las competencias de los Juzgados Centrales. Su objeto no es el examen de la legalidad de la resolución administrativa (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1994; 144/1987 Y 76/1992) sino la competencia y procedimiento seguido ante la Administración así como la posibilidad de audiencia y defensa dentro del mismo junto con la necesidad de entrada y proporcionalidad (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 de marzo de 2007).
Autos dictados conforme a los artículos 83 y 84. El artículo 83 trata de autos en virtud de los que se adoptan medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de una sentencia apelada y el artículo 84 de los autos acordando la ejecución provisional de sentencias apeladas. Autos de extensión de efectos de los artículos 110 y 111. Como se ha expuesto, antes de la reforma por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 diciembre eran apelables «en todo caso», en la actualidad, sólo son apelables en función del régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende.
Por razón de la cuantía, los procesos de cuantía inferior a 18.030’37 euros no son susceptibles de apelación. Quizás sea este el punto más polémico y controvertido del precepto, la determinación de la cuantía en cada caso y materia. La determinación de la cuantía se rige por el artículo 40,41 Y 42 de la Ley 29/1998 y, en caso de duda, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha de entenderse efectuada a lo que disponen sus artículos 489 y siguientes, dentro de la Sección 10 («Reglas para determinar el juicio correspondiente») del Capítulo I («Disposiciones comunes a los juicios declarativos») del Título II («De los juicios declarativos») de su Libro II («De la jurisdicción contenciosa»). La primera afirmación que cabe de lo hasta ahora expuesto es que los procesos de cuantía indeterminada con arreglo al artículo 4l.2 son siempre apelables con base a la regla general del párrafo primero de este precepto. El sistema que se ha implantado en los casos dudosos es tomar la interpretación que hace la Sala Tercera del Tribunal Supremo para supuestos de hecho concretos que afectan a numerosos casos:
Materia de contratación. En caso de reclamación de certificaciones de una misma obra la cuantía a efectos de cuantía en apelación y casación la determinada «cada certificacion», (Auto de la Sala Tercera de 31 de mayo de 2007 del Tribunal Supremo).
Se excepcionan también de la apelación los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4 de la Ley Jurisdiccional (véanse «Recurso contencioso-electoral» y «Recursos jurisdiccionales en relación con la proclamación de las candidaturas»).
18.030 euros, supuesto en el que el Tribunal de Apelación debe resolver sobre el fondo; segunda, las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, donde según el artículo 12l.3 cabe apelación siempre a un solo efecto; tercera, las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas; cuarta, las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales (véase «Impugnación de disposiciones de carácter general»).
Cumplidos los requisitos el Juez admitirá el recurso con traslado dictando providencia, en la misma, dará traslado a las demás partes por plazo común de quince días para formalizar oposición, resolución frente a la que no cabe recurso, si el Juzgado estima que no se dan los citados requisitos el artículo 85.2 establece que «denegará la admisión por medio de auto, contra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil» salvo defecto subsanable del artículo 138. Nos dice el artículo 85.4 que: «en el escrito de oposición, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar, en cuyo caso se dará vista a la apelante, por 3 días, de esta alegación».