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Timestamp: 2016-09-29 08:21:32
Document Index: 133064546

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo\n82', 'artículo 36', 'artículo 82', 'artículo 32', 'artículo 63', 'artículo 132', 'artículo 366', 'artículo 83', 'artículo 36']

blog especializado en publicación de tutelas referentes a los vendedores ambulantes en Colombia
DE LA CONFIANZA LEGITIMA-Alcance
PUBLICO-Políticas
y programas de las autoridades para lograr su recuperación
PUBLICO-No se
vulnera por vendedor ambulante en silla de ruedas
La Sala de Revisión estima que
el alcance dado al articulo 82 de Constitución Política por parte de los Jueces
de instancia se reitera, en el entendido de que por tratarse de un vendedor
ambulante que se desplaza en una silla de ruedas cargando consigo su mercancía
(loterías y escapularios) sin ocupar el espacio público, no constituye por si
sólo un obstáculo para el tránsito de personas ni vehículos más allá de su
presencia física personal, de tal suerte que la actividad realizada por éstos
representa un mínimo de afectación al espacio público. Lo anterior sin
perjuicio de que las autoridades puedan formalizar esta actividad bajo los
condicionamientos señalados por la jurisprudencia de esta Corte.
AMBULANTE DISCAPACITADO-Protección constitucional especial
expediente T-802791
interpuesta por Hernan Arango Valencia contra la Policía Nacional sede Buga
D. C., diecinueve (19) de Febrero de dos mil cuatro (2004).
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
dentro del proceso de revisión de
los fallos proferidos por el Juzgado primero Civil de Circuito de buga y por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Buga
(Valle del Cauca), en el trámite de la acción de tutela iniciada por el señor
Hernán Arango Valencia contra la Policía Nacional sede Buga.
Hernán Arango Valencia interpuso acción de tutela contra el Comando de Policía
de Buga, por considerar que dicha entidad ha desconocido sus derechos
fundamentales a la vida, libertad, en conexión con el derecho al trabajo y a la
Manifiesta el tutelante ser una persona
minusvalida reducida a una silla de ruedas de 66 años de edad, que vive sólo
que desde hace mucho tiempo viene ejerciendo la actividad de vendedor ambulante
para su subsistencia por toda la ciudad.
No obstante sostiene que ha sido víctima
de hostigamiento por parte de la Policía de Buga, al momento de ejercer su
actividad como vendedor ambulante.
El demandante solicita el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida y a la libertad en conexidad con el derecho al
trabajo y a la dignidad. 3. Las pruebas que obran en el proceso
· Fotocopia de la historia médica del
tutelante.
· Fotocopia del Decreto No DAM 095 de
Octubre 17 de 2000 proferido por la alcaldía Municipal de Buga.
4. Respuestas de la entidad demandada
Manifiesta el Comandante de Distrito de
Policía de Buga Teniente Coronel Luis Alberto Ortiz Quintero, que sí tiene conocimiento del caso en mención pero que no
ha existido maltrato por parte de la Policía en contra del señor Hernan Arango,
que por el contrario se le ordena no vender sus loterías y escapularios en el
sector de la basílica y la avenida del señor de los Milagros de forma cortés
conforme a lo dispuesto en el Decreto DAM 095 de la Alcaldía de Buga, que
prohíbe las ventas ambulante en este sector y ordena a la policía una
vigilancia permanente. Por lo anterior sostiene la entidad demandada lo que hace es cumplir con la ley siguiendo
el procedimiento correcto ajustado a
derecho, enmarcado en el artículo 82 de la Constitución Política cuando
establece entre otros, el deber del Estado de velar por la integración del
5. Vinculación Ordenada por la Corte. Una vez se detectó una nulidad saneable,
por haberse integrado indebidamente la causa por pasiva al dejar de vincular a
la secretaría municipal de Buga entidad cuyo concurso es necesario, la Sala
Primera de Revisión ordenó tal actuación a la secretaría de esta Corporación
mediante auto de fecha 16 de Enero de 2004 el cual fue comunicado a la entidad
vinculada mediante oficio No OPT-002/2004 de la Secretaría de éste despacho sin recibir respuesta alguna.
La acción correspondió en primera
instancia al juzgado Primero Civil de Circuito de Buga, quién mediante sentencia de 24 de Julio de 2003
denegó la acción impetrada, pues consideró que el trabajo es un derecho
fundamental y que en todas sus modalidades, merece la especial protección del
Estado, pero también señala que es deber de las autoridades velar por la
protección del espacio público y por su destinación al uso común. Por lo
anterior, las autoridades deben de hacer lo que esté a su alcance para lograr
ubicar a los vendedores a quienes con anterioridad se les había permitido
ocupar parte del espacio público de manera permanente, en sitios que ofrezcan
la mínimas garantías de higiene y seguridad donde no se cause perjuicio a la
comunidad. De ahí que, no habiéndose demostrado por el demandante violación de
sus derechos no debe accederse a la petición formulada.
Conocido en segunda instancia por la Sala
Civil y de Familia del Tribunal Superior de Buga, mediante sentencia del 5 de
Septiembre de 2003 se confirma el fallo proferido por el aquo considerando que
de acuerdo con lo afirmado por la Corte Constitucional, si bien es cierto el
derecho al trabajo es de orden Constitucional, de igual protección goza el
espacio público en virtud de la seguridad
personal de los peatones y de los vehículos que se sirven de esos bienes, más
si se tiene en cuenta que son los alcaldes mediante resoluciones los llamados a
regular de forma adecuada el uso del espacio Público en defensa del interés
general sometiendo la economía informal a la lógica que sobre el ordenamiento
urbano asegure el desarrollo comunitario y el progreso de sus ciudades. Así las
cosas, es improcedente la acción por cuanto el demandante no cumple con los
requisitos exigidos para el oficio de vendedor ambulante, por lo que es sano y
recomendable que el actor se dirija a la secretaría de Gobierno Municipal con
el fin de recibir la colaboración debida dado que el gremio de vendedores del
sector de la Basílica fue apoyado por ésta. III.
Esta Corte es
competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por la escogencia del caso mediante Auto de
la Sala de Selección No. 10 de 22 de Octubre de 2003. 2. Problema
Jurídico Planteado.
Se trata de establecer cuál es el alcance
dado al espacio público como derecho colectivo de carácter Constitucional y qué
sucede cuando está frente a otros derechos.
En casos similares esta Corte ha
sostenido que el derecho al espacio público es de interés general y que
prevalecerá sobre cualquier interés particular que pretenda desconocerlo.[1]
Pero de igual prevalencia goza el respeto de la dignidad humana en el trabajo,
dentro del Estado Social de Derecho.
De suerte que, cualquier política
encaminada a la recuperación del espacio público no sólo requiere unos
presupuestos para proferir el acto administrativo, sino que, debe consultar la
realidad social del sitio[2]
donde se pretenda llevar a cabo la recuperación del espacio público con la
finalidad de solucionar de forma adecuada y conciliada, el problema social que
hoy vive este grupo marginado de la sociedad, afectando lo menos posible el
derecho o los derechos que a ellos les asiste. Si bien el uso del espacio
público se constituye en un derecho fundamental de tercera generación
circunscrito a la categoría de derechos colectivos consagrados en el artículo
82 de la Constitución Política, de igual protección goza el derecho al trabajo
de los vendedores ambulantes cuando su fin tiene como fundamento el bienestar
defensa del espacio público tiene el alcance Constitucional que se pone de
presente en sentencia C-265-02, en los siguientes términos:
“... [L]a posibilidad de gozar del espacio
público se eleva al rango de derecho colectivo específicamente consagrado en la
Constitución, la cual exige al Estado velar por su protección y conservación
impidiendo, entre otras cosas, (i.) la apropiación por parte de los
particulares de un ámbito de acción que le pertenece a todos, (ii.) decisiones
que restrinjan su destinación al uso común o excluyan a algunas personas del acceso
a dicho espacio (iii.) la creación de privilegios a favor de los particulares
en desmedro del interés general”. Ahora bien, esta Corporación también se
ha ocupado de múltiples casos en los cuales se ha pretendido negar el derecho
al trabajo que tienen los vendedores ambulantes por la defensa de espacio
público, sin tener en cuenta el perjuicio que se les causa a ellos y a sus familias que requieren de un mínimo de
ingresos para su subsistencia, desconociendo que si bien el empleo informal no
es la salida para reducir el desempleo ni para eliminar la pobreza en los
países en vías de desarrollo, no es menos cierto que los medios utilizados para
evitarlo deben fundarse en políticas
económicas que brinden una solución digna a quienes ejercen esta actividad
ocupando el espacio público.
Consecuente con lo anterior, la Corte ha
desarrollado en reiterada jurisprudencia el principio de confianza legítima[3]
que se deriva de los principios de seguridad jurídica ( art. 1y 4 de la C.P.),
de respeto al acto propio y buena fe (art. 83 C.P.), cuya finalidad es
conciliar el conflicto suscitado entre los intereses públicos y privados,
cuando la Administración crea expectativas favorables para el administrado, en
donde, la Administración debe establecer reglas claras; al respecto dijo la
Corte Constitucional en sentencia T-772 de 2003:
las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar
políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio
público, pero tales políticas programas y medidas (i) se han de adelantar
siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii)
deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar
precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de
tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar
correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a
asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no
se puede adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho
al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de
manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el
sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su
disposición”. Ahora bien, entratándose de vendedores ambulante[4] no todos constituyen un
problema para el goce del espació público por parte de la ciudadanía, tal
como lo sostuvo la Corte en sentencia
T-772 de 2003, donde manifestó:
“....[L]a Sala hace hincapié en el hecho de que la
actividad desempeñada por los vendedores ambulantes que portan consigo o sobre
su cuerpo la mercancia que venden, no representa prima facie, una restricción
del derecho de la ciudadanía a gozar de un espacio público amplio; por lo
tanto, si las autoridades optan por contribuir a la formalización de su labor
de Comercio informal, puede hacerlo, en la medida en que las políticas,
programas o medidas que se adelanten con tal fin cumplan con los requisitos
señalados en la jurisprudencia de esta Corte....”.
no se trata de desconocer el interés general ni el deber del Estado de proteger
el espacio público para su destinación al uso común cuando está de por medio el
derecho al mínimo vital, por el contrario, lo que se busca es una solución
concertada a un problema social cuando de la dignidad humana se trata.
Es de observar que
el actor realizó durante bastante tiempo su oficio ambulante, y por tanto
confiaba en que podía continuar legítimamente desarrollándolo.
En el caso a
examinar el actor solicita la protección de su derecho al trabajo y a la
dignidad, en razón del hostigamiento de que esta siendo víctima por parte del
Comando de Policía de Buga, por ejercer su oficio de vendedor ambulante en la
plazoleta de Lourdes y en la avenida del señor de los Milagros.
contestación a las pretensiones el Teniente Coronel de la Policía de Buga
sostiene que la citada institución se encuentra amparada en el decreto 095 de
2000, proferido por la alcaldía de ese Municipio, que prohíbe la ocupación del
espacio público por personas o entidades que ejerzan cualquier actividad de
ventas ambulantes en el sector referido.
consideran que no se están violando derechos cuando del espacio público se
trata, toda vez que el interés general prima sobre el particular.
La Sala de Revisión estima que el alcance
dado al articulo 82 de Constitución Política por parte de los Jueces de
instancia que negaron el amparo solicitado, no es armónico con la reciente
jurisprudencia de esta Corporación, y que hoy se reitera, en el entendido de
que por tratarse de un vendedor ambulante que se desplaza en una silla de
ruedas cargando consigo su mercancía (loterías y escapularios) sin ocupar el
espacio público, no constituye por si sólo un obstáculo para el tránsito de
personas ni vehículos más allá de su presencia física personal, de tal suerte
que la actividad realizada por éstos representa un mínimo de afectación al espacio
público. Lo anterior sin perjuicio de que las autoridades puedan formalizar
esta actividad bajo los condicionamientos señalados por la jurisprudencia de
esta Corte. Por último,
tratándose de un vendedor ambulante que ejerce su actividad en una silla de
ruedas con una discapacidad física que lo hace vulnerable, goza de una especial
protección por el Estado al igual que por el amparo vertido en tratados
Internacionales ratificados por Colombia[5],
por lo que se ordenará a la Secretaría de Gobierno de Buga, incluirlo en el
programa para los vendedores ambulantes, contenido en el decreto DAM 095 de 2000 o en otro similar. En el presente
caso, se cumplen los presupuestos exigidos en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para proteger los derechos a la dignidad, al mínimo vital y al
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE :
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado
Primero Civil de Circuito y la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de
Buga (Valle del Cauca), y en su lugar conceder la tutela instaurada por el
señor Jorge Arango Valencia contra la Policía Nacional - sede Buga.
Segundo.- ORDENAR a la Policía Nacional - sede Buga que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo se abstenga de realizar cualquier procedimiento que impida al actor el
desplazamiento en su silla de ruedas.
Tercero.- ORDENAR a la secretaría de
Gobierno del Municipio de Buga incluir al señor Jorge Arango Valencia en los
programas alternativos para vendedores ambulantes que allí se adelanten, o que
se puedan adelantar, dentro de un término que no exceda tres meses contados a
partir de la notificación de esta providencia.
Cuarto. LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
[1] SU- 360 DE 1999 MP
Alejando Martínez Caballero manifestó “(
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de
los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre
las cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello
que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución política, la
integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos
cuya protección se encuentran a cargo Estado,
precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al
goce y utilización común de tales espacios colectivos.
del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de conciliar los
diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin desconocer, en
todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo primero de la
Carta, mediante el cual se garantiza la
prevalencia del interés general frente a los intereses privados, en beneficio
de la colectividad )” [2] ver sentencia
T-772-03.
[3] Este principio lo
desarrolla la sentencia SU. 360 de 1999
pagina 34 M.P. Alejandro Martínez Caballero. [4] Ver sentencia T-772
de 2003 sobre la clasificación de vendedores informales.
[5] Ver sentencia
C-410-01 MP. Alvaro Tafur Galvis.
SENTENCIA.TUTELA.DERECHO,
vendedor.ambulante,
tutela instaurada por Myriam Camargo Orduz, contra la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía, Cundinamarca, en protección de la confianza legítima, se dispone TUTELAR los derechos al trabajo y al mínimo vital Sentencia
T-454/11
Primero. REVOCAR la sentencia dictada en noviembre 9 de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, por medio de la cual confirmó la proferida en octubre 6 del mismo año por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chía, negando el amparo solicitado en la acción de tutela interpuesta por la señora Myriam Camargo Orduz, contra la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía, Cundinamarca. En su lugar, en protección de la confianza legítima, se dispone TUTELAR los derechos al trabajo y al mínimo vital de la mencionada señora.
Segundo. En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de Chía, a través de su respectivo titular, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha efectuado, inicie la verificación de la situación personal, familiar, social y económica de la demandante, con el fin de establecer y hacer realizar el tipo de alternativa oficial aplicable a su caso, para que con previo acuerdo y en un lapso no superior a veinte (20) días, la señora Myriam Camargo Orduz sea incluida en un programa que se adelante en ese municipio, que le permita acceder, en un sitio autorizado apropiado, a una expedita actividad comercial igual o similar a la que venía desarrollando.
El Alcalde de Chía también deberá, solicitando la correspondiente acción disciplinaria si lo estima pertinente, hacer efectiva la averiguación sobre el mal trato que presuntamente realizó un policial, quien, según lo expresado por la actora, le retiró descomedidamente los implementos de trabajo que ella tenía en el espacio público"
expediente T- 2903684
tutela instaurada por Myriam Camargo Orduz, contra la Policía Nacional y la
Alcaldía de Chía, Cundinamarca.
Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá.
PINILLA. Bogotá, D. C.,
veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011).
La Sala Sexta
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto,
En la revisión
del fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Laboral del Circuito de
Zipaquirá, dentro de la acción de tutela instaurada por Myriam Camargo Orduz,
contra la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía.
llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho
judicial, según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; el 16
de febrero del 2011, la Sala N° 2 de Selección lo eligió para revisión.
Myriam Camargo Orduz, promovió acción de tutela en septiembre 22 de 2010,
contra la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía, aduciendo vulneración de los
derechos a “no recibir maltrato policial”, a la igualdad, a la “libertad
de escogencia de profesión u oficio”, al trabajo, al debido proceso y al
mínimo vital, por los hechos que a continuación son resumidos.
A. Hechos y
narración efectuada en la demanda.
1. Relató
la accionante que desde hace 28 años es vendedora de “obleas… en el parque
principal del municipio de Chía… con autorizaciones y permisos expedidos por
escrito por parte del antiguo alcalde municipal… es decir con confianza
legítima… desempeñando de manera pacífica y tranquila mi oficio”. Además
señaló que padece de hipertensión arterial y de lupus eritematoso sistémico,
con compromiso de órganos (f. 29 cd. inicial).
2. Indicó que la actividad que ejerce es su “única herramienta de trabajo”,
pero “las autoridades de policía del municipio, me han venido persiguiendo
de manera insistente, y desconsiderada, quitándome mis mercancías” y que ha
sido víctima de malos tratos, en especial por parte del “agente Cáceres
Aguilera Jonatan” (sic), quien en diferentes oportunidades, aduciendo
órdenes del alcalde, “volvió y me quitó la vitrina y la sacó esta vez de mal
modo y me dijo que se volvía a llevar la vitrina que porque estaba otra vez
allí. Yo empecé a llorar y le dije que yo era enferma, entonces me dijo, eso no
es problema mío, luego me dijo ‘me la llevo, me la llevo, gústele o no’ y luego
la subieron al carro de la policía entre tres policía, pues me desmaye del
susto, quedé tan mal que me llevaron al hospital…”; todo esto sin contar
con la presencia del “personero o delegado del Ministerio Público, pues era
domingo, día de descanso de estos servidores públicos”.
3. Finalmente, solicitó se le otorgue una alternativa económica “de
subsistencia antes de ser sacada del espacio público, que por el solo hecho de
ser vendedor ambulante, no vuelva a ser irrespetada, que se prevenga a las
autoridades de policía que debe obrar en cumplimiento de una orden impartida
por el inspector de policía para quitarme la vitrina, que se prevenga que debe
actuar con la presencia del personero o delegado del Ministerio Público”
relevantes cuya copia obra dentro del expediente.
1. Actas de
incautación de elementos, argumentado que el “Decreto 045 prohíbe las ventas
ambulantes” (f. 27 y 31 cd. inicial).
médicas que demuestran los padecimientos presentados por la señora Camargo
Orduz, “Lupus Eritematoso Sistémico con compromiso de órganos o sistemas”
(fs. 29 y 32 a 34 ib.)
Autorización emitida por la Alcaldía de Chía, a nombre de la accionante, “para
vender obleas en el parque principal de Chía, todos los días” (enero 25 de
2002, f. 30 ib.).
de la Alcaldía de Chía.
escrito presentado en septiembre 27 de 2010, la apoderada del Alcalde de Chía,
entre otros argumentos señaló que “el desalojo del espacio público está
permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o
policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso,
como en realidad sucedió de acuerdo al informe que aparece en los libros del
comando de la policía…” (f. 75 ib.).
Además, “pretender
como lo hace la accionante, que mediante la acción constitucional se prive de
efectos la decisión policiva y se le permita invadir el espacio público, so
pretexto de proteger el derecho al debido proceso y al trabajo, es pretender
obtener una decisión judicial soslayando la acción contenciosa…” (f. 78
ib.), por lo cual afirmó que “no es procedente la solicitud de tutela
impetrada”.
D. Respuesta
del Departamento de Policía Cundinamarca, Distrito Nueve. En septiembre
27 de 2010, el Comandante de la Estación de Policía de Chía manifestó que la
actora pretende “se castigue una serie de comportamientos que a su modo de
ver son constitutivos de faltas disciplinarias, asunto que no atañe al poder de
tutela sino a los funcionarios de organismos de control, para el caso
sub-judice a la Procuraduría General de la Nación, organismo de control
competente para vigilar esta clase de procesos, por lo que se evidencia una vez
más, que la acción de tutela en el presente caso es improcedente”.
forma, “no se puede pasar por alto que la accionante ejerce su actividad
invadiendo el espacio público y sin autorización del competente para el caso en
comento la Alcaldía Municipal, por tal razón se puede observar que la policía
lo único que ejerce es una actividad de control de espacio público”.
E. Sentencia
de octubre 6 de 2010, el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Chía negó el amparo
demandado, estimando (fs. 91 a 100 cd. inicial):
“… no puede la
accionante pretender que por los procedimientos adelantados por la Policía
Nacional, porque es su deber, les corresponda también la carga de brindar una
alternativa económica de subsistencia a la peticionaria, pues esa no es su
función, ya que únicamente le corresponde velar por el cumplimiento de la ley,
en este caso del decreto referido a la conservación y recuperación del espacio
público, sin que se les pueda imponer obligaciones que ni la ley ni la Constitución
les atribuye.”
expresar otros argumentos similares, declaró la improcedencia de la acción,
afirmando además que la actora cuenta “con otros medios de defensa
judiciales y no se configura un perjuicio irremediable en la forma que la jurisprudencia
lo señala para que de manera excepcional proceda la acción de tutela como
mecanismo transitorio”.
memorial presentado el 11 de octubre de 2010, la accionante expresó su
desacuerdo con la decisión antes reseñada, la cual impugna insistiendo,
básicamente, en los argumentos expresados en la formulación de la demanda de
tutela y señalando además que “la venta de obleas en el parque principal del
Municipio ha sido mi única entrada e ingreso laboral durante los últimos 28
años de mi vida, no se hacer cosa distinta… cómo no voy a sufrir perjuicio
irremediable… si me desalojan sin ofrecerme alternativa alguna… ”.
Laboral del Circuito de Zipaquirá, mediante providencia de noviembre 9 de 2010,
confirmó la decisión recurrida, entre otras consideraciones porque “la
demandante no ha demostrado la existencia de ese perjuicio irremediable que
estructure la procedencia de la tutela, pues no aparece establecido en el
expediente ni mencionó en la petición de protección que el ingreso que proviene
de esa actividad sea el único para la satisfacción de sus necesidades y las de
su núcleo familiar y de este no se conoce su configuración, solamente que tiene
esposo como refiere la anotación de la minuta de guardia de la Estación de
Policía de Chía…”.
la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, la decisión tomada
dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo
que se analiza.
esta Sala de Revisión si los derechos invocados por Myriam Camargo
Orduz, fueron vulnerados por la Policía
Nacional y la Alcaldía de Chía, al haber sido desalojada del lugar donde
efectuaba la “venta de obleas”, de donde fue erradicada por la Policía
Nacional, particularizada por ella en uno de sus agentes, con el respaldo
derivado del decreto proferido en mayo 28 de 2008 por el Alcalde de Chía, que
hace referencia a los vendedores ambulantes y alude a “comisionar y
autorizar con amplias facultades a las Inspecciones de Policía y al Comando del
IV Distrito Policía… para imponer sin privilegios y drásticamente las
sanciones” (fs. 63 y 64 ib.).
la actora señala que hace cerca de 28 años es “vendedora de obleas”
autorizada y que abruptamente se le despojó de su “única herramienta de
trabajo”, sustento también frente a sus padecimientos de salud.
Tercera. La existencia de otro mecanismo de defensa judicial eficaz
hace improcedente la acción de tutela, salvo que exista un perjuicio
irremediable. Reiteración de jurisprudencia.
Constitucional reiteradamente ha señalado que uno de los factores de
procedencia de la acción de tutela está supeditado a la inexistencia o
ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, o sea, si es idóneo para
restablecer el derecho atacado, situación que determinará el juez de tutela en
el caso concreto, frente a los hechos y al material probatorio correspondiente[1].
de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo de
naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, que
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial[2].
De lo anterior se colige que no es finalidad de esta acción ser una vía
alternativa a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda
utilizarse uno u otro indistintamente, ni fue diseñada para desplazar a los
jueces regulares del ejercicio de sus atribuciones comunes.
repítase que la existencia de otro medio de defensa judicial no convierte per
se en improcedente la acción de tutela, pues debe tenerse en cuenta, (i) si
se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y
(ii) que los medios regulares con que cuente el interesado sean idóneos para
obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso[3].
procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que únicamente se considerará tal magnitud cuando “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e
inminente, esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se
halla sustentado en la apreciación razonable de hechos reales y apremiantes;
(iv) que involucra gravedad, desde el punto de vista de su incontrastable
trascendencia y de la naturaleza del derecho fundamental que lesionaría; y (v)
de urgente atención, en el sentido de que sea necesario e inaplazable
precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de
connotación irreparable” [4].
Así, en virtud
del referido carácter subsidiario de esta acción, es deber de los jueces
verificar el cumplimiento de tales requisitos, de manera estricta. No obstante,
existen situaciones en las que el análisis de procedibilidad de la tutela
deberá efectuarse con un criterio más amplio, en virtud de la condición de
quien solicite la protección, es decir, cuando el titular del derecho
conculcado o en riesgo merezca especial amparo constitucional (e. gr., niño,
mujer con protección laboral reforzada, anciano, discapacitado, miembro de
grupo minoritario o persona en situación de pobreza extrema)[5].
Cuarta. La
protección del espacio público e intereses de las personas que lo ocupan
indebidamente ejerciendo actividades comerciales. Reiteración de
Esta corporación[6],
en desarrollo de diversos preceptos constitucionales, ha abordado la
controversia generada alrededor de la obligación estatal de velar por la integralidad
del espacio público, frente a la ocupación del mismo por parte de ciudadanos
que han ocupado ciertas zonas para ubicar su vivienda o desarrollar actividades
comerciales de manera informal.
de la carta, establece que es “deber del Estado
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. En concordancia con esa norma, el artículo 63
superior dispone: “Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
artículo 132 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre
policía”, establece: “Cuando se trate de la restitución de bienes de uso
público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes,
los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el
carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la
correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no
mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición.”
cabe destacar que de acuerdo a lo consagrado en el artículo 366 de la carta, el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son
finalidades sociales del Estado, frente a lo cual esta corporación ha señalado[7]:
“La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección
de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre
los cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello
integridad del espacio público y su destinación al uso común, son
conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la
necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y
utilización común de tales espacios colectivos.”
facultad de adelantar actuaciones tendientes a la recuperación del espacio
público puede ejercerse siempre y cuando se respete el debido proceso judicial
o policivo correspondiente y se tracen políticas que garanticen que quienes
habían afincado una confianza legítima, no quedaran desamparados.
de ideas, corresponde a las autoridades administrativas velar por el
cumplimiento de las reglas relativas a ese debido proceso, respecto de las
diligencias de desalojo del espacio público, en procura de evitar atropellos
contra quienes de una u otra manera resulten afectados con la citada medida.
proteger el interés general, cabe destacar que no sólo se debe dar aplicación a
los presupuestos procesales tendientes a la protección del espacio público,
pues adicionalmente se ha de buscar soluciones adecuadas a favor de la población
vulnerable, para que la restitución genere el menor traumatismo posible, frente
a quienes asumieron una expectativa provechosa, por la permisividad con la que
fueron tratados durante largo tiempo. De acuerdo con
lo expuesto, cabe resaltar que las políticas públicas y las medidas para
resolver los problemas relacionados con la recuperación y protección del
espacio público, deben ceñirse entonces a una evaluación razonable y cuidadosa
de la realidad que rodea cada caso en particular. En tal sentido, la sentencia
T-773 de septiembre 25 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, señaló:
en juego cuando se subraya la necesidad de que al momento de formular las
políticas de desalojo del espacio público se estudie de manera detallada cada
caso en concreto y se detecten – en la medida de lo factible- las consecuencias
negativas que puedan derivarse eventualmente de la puesta en práctica de tales
políticas, es la efectividad misma del mandato constitucional según el cual el
Estado debe ofrecer protección a quienes, dada sus circunstancias económicas,
puedan verse puestos o puestas en situación de indefensión. Como lo ha
recordado la Corte, los derechos constitucionales fundamentales de estas
personas no pueden ser restringidos hasta el extremo de hacerlas soportar ‘una
carga pública desproporcionada, con mayor razón, si quienes se encuentran
afectados [as] por las políticas, programas o medidas se hallan en situación de
especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad
económica[8]’.
óptica, resulta indispensable que en desarrollo de las políticas orientadas a
recuperar o a proteger el espacio público se repare en la necesidad de
minimizar el daño que se cause sobre las personas y se atienda, especialmente,
al requerimiento de garantizar la debida protección de los derechos
constitucionales fundamentales al mínimo vital y a gozar de una subsistencia en
condiciones de dignidad de estas personas. Únicamente de este modo, puede
afirmarse que se cumple con la exigencia de proporcionalidad de las medidas
adoptadas.”
Es claro, de
tal manera, que si bien la administración debe hacer valer el respeto por el
espacio público, ello no significa que de manera desproporcionada pueda adoptar
medidas en contra de las personas que, a falta de otra posibilidad de sustento
para ellas y sus familias, se han visto en la necesidad de ubicarse en espacios
que pertenecen a la comunidad.
consecuencia, las autoridades encargadas de dar aplicación a las políticas de
preservación del interés general, deben velar por minimizar el daño que
eventualmente se cause a las personas afectadas con las órdenes de desalojo,
para lo cual se desarrollarán programas especiales de atención a la población
en estado de indigencia o pobreza, o que, por ejemplo, haya sido víctima de
desplazamiento forzado y se vea obligada a utilizar el espacio público, a falta
de alternativa para pocurarse una morada y/o un medio de subsistencia.
Principio de confianza legítima.
presente caso, es necesario analizar lo concerniente al principio de confianza
legítima, el cual se deriva del artículo 83 superior, al estatuir que “las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.
Tal norma
constitucional ha sido desarrollada por esta corporación, implicando, de una
parte, el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y, de otra,
el derecho a esperar que los demás obren de la misma forma[9].
Ello se predica de todas las relaciones comunitarias y asume especial
relevancia cuando participa la administración pública, en cualquiera de sus
formas, dado el poder del que se encuentra investida. De tal manera, toda la
actividad del Estado se ha de desarrollar dentro del respeto al acto
propio y a la confianza legítima.
Constitucional ha indicado que es deber de la administración actuar en sus
relaciones jurídicas con los particulares de manera consecuente con sus
conductas precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos
con conductas que resulten contrarias a sus expectativas legítimamente
fundadas, basado como está el principio de confianza legítima en que las
autoridades públicas no pueden alterar, en forma inopinada y súbita, las reglas
que gobiernan las relaciones del Estado con los asociados.
de este principio no se puede derivar intangibilidad e inmutabilidad en las
relaciones jurídicas que generan confianza para los administrados; el punto es
que frente a situaciones susceptibles de modificación, el cambio de enfoques y
entendidos no puede implementarse de manera abrupta e intempestiva,
correspondiéndole a la administración asumir medidas para que la variación sea
indispensable, justa, proporcional y lo menos traumática posible.
las anteriores reflexiones, corresponde ahora verificar si ha de prosperar la
acción de tutela incoada para la protección de los derechos fundamentales que
reclama la accionante, en el asunto que se revisa.
Sexta. El caso
6.1. De
acuerdo con las manifestaciones y pruebas allegadas al expediente, se observa
que la Alcaldía de Chía, mediante Decreto N° 045 de 1993, prohibió “la venta
ambulante de comestibles, frutas, víveres, verduras, afines y mercancías en
general en todas las vías públicas de la jurisdicción territorial del municipio
de Chía”. Sin embargo, dentro del expediente se encuentra una autorización
del Alcalde de Chía a la señora Myriam Camargo Orduz “para vender obleas”,
advirtiéndole que “debe conservar el sitio en perfecto estado de limpieza y
mantener una caneca para que los clientes depositen las basuras” (enero 25
de 2002, f. 30 cd. inicial.).
autoridad municipal, en lugar de plantear soluciones alternativas, respondió
que “pretender como lo hace la accionante, que mediante la acción
constitucional se prive de efectos la decisión policiva y se le permita invadir
el espacio público, so pretexto de proteger el derecho al debido proceso y al
trabajo, es pretender obtener una decisión judicial soslayando la contenciosa”
(f. 78 ib.), sin tener en cuenta que la señora Camargo Orduz, mediando un
consentimiento previo y expreso de la administración municipal, ocupa ese
terreno hace muchos años, para desarrollar una actividad comercial informal, de
la cual deriva su única fuente de ingresos.
6.3. Al
respecto, esta Sala de Revisión estima pertinente reiterar lo expuesto en la
sentencia T-210 de marzo 23 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, en cuanto
el actuar de la administración para la recuperación del espacio público no
puede ser absoluto, debiendo desarrollarse dentro de los límites de los
principios y valores constitucionales. Así se indicó en dicho fallo:
“… se
trata de un concepto que se deriva de los principios de la buena fe[10]
y de la seguridad jurídica[11]
y que se erige como un límite a la actuación de la Administración. Así, cuando,
debido a hechos objetivos de las autoridades se le genera al particular ‘la
convicción de estabilidad en el estado de cosas anterior’[12]
y la convicción de que su actuar tiene una imagen de aparente legalidad[13],
estas no pueden crear cambios sorpresivos que afecten al particular y, en esta
medida, deben ofrecerle tiempo y medios para que se pueda ajustar a la nueva
de ideas, esta Corporación ha establecido que, en virtud de la confianza
legítima, el deber constitucional y legal de la Administración de preservar el
espacio público, no puede ser ejercido de manera sorpresiva e intempestiva
cuando se presentan los requisitos de aquella figura. Por este motivo, las
medidas de desalojo del espacio público deben estar antecedidas de un cuidadoso
estudio de las condiciones y características de la realidad de cada ocupante en
particular[14].”
expuesto, la decisión adoptada por la Alcaldía y ejectuda por miembros de la
Policía Nacional, desconoció el principio de confianza legítima de la actora,
pues si bien la administración tiene el deber constitucional de velar por la
protección integral del espacio público, a fin de garantizar el acceso general
al goce y utilización común de las áreas colectivas, las autoridades
respectivas deben buscar que la guarda del interés común no obligue a los
administrados, especialmente si se hallan en una situación de debilidad
manifiesta por sus condiciones físicas y/o económicas, a soportar una
sorpresiva carga, impidiendo abruptamente lo que antes permitían.
6.4. Cabe
destacar que le corresponde a la Alcaldía accionada, permisiva como fue hacia
el indebido uso del espacio público, ofrecer la implementación de medidas
alternativas en el proceso de reubicación, o inclusión en planes alternos para
las personas desalojadas, pues no es aceptable que rompa la actitud pasiva
asumida durante años, sin ofrecer programas adecuados, con medidas que hagan
más llevadera la situación sobreviniente, con el acceso a una opción que
posibilite la subsistencia de la persona afectada y de su familia, sino también
para la continuidad de la actividad comercial condescendida.
facilitar el ente territorial demandado una alternativa para atemperar la
confianza legítima, en salvaguarda de los derechos fundamentales de la
accionante, corresponde estudiar la situación de la señora Myriam Camargo Orduz
a fin de verificar su condición personal, familiar, social y económica, con el
objetivo de establecer la necesidad y el tipo de programa de transición, que
resulte condigno a su caso.
6.5. Por todo
lo anterior, esta Sala de Revisión revocará el fallo proferido en noviembre 9
de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, por medio del cual
confirmó el que en octubre 6 de 2010 adoptó el Juzgado 2° Promiscuo Municipal
de Chía; en su lugar, concederá la tutela, para ser consecuente con la
confianza legítima y tutelar los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital, invocados por la actora.
se ordenará a la Alcaldía de Chía, a través de su respectivo titular, que en el
perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, si aún no lo ha efectuado, inicie la verificación de la situación personal, familiar,
social y económica de la señora Myriam Camargo Orduz, con el fin de establecer y hacer realizar el
tipo de alternativa oficial aplicable a su caso, para que con previo
acuerdo y en un lapso no superior a veinte
(20) días, sea incluida en un programa que se adelante en ese municipio, que le
permita acceder, en un sitio autorizado apropiado, a una expedita actividad
comercial igual o similar a la que venía desarrollando. También se
dispondrá que el Alcalde de Chía, como primera autoridad de Policía de ese
municipio, quien por conducto del respectivo comandante (art. 315-2 Const.)
imparte las órdenes que la Policía Nacional debe cumplir “con prontitud y
diligencia”, por lo cual la tutela concedida no involucra a dicha
institución, posibilite, de ser pertinente solicitando la correspondiente
acción disciplinaria, la averiguación frente al mal trato que presuntamente
realizó un policial, quien, según lo expresado por la actora, le retiró
descomedidamente los implementos de trabajo que ella tenía en el espacio
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
REVOCAR la sentencia dictada en noviembre 9 de 2010 por el
Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, por medio de la cual confirmó la
proferida en octubre 6 del mismo año por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Chía, negando el amparo solicitado en la acción de tutela interpuesta por la
señora Myriam Camargo Orduz, contra la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía,
Cundinamarca. En su lugar, en protección de la confianza legítima, se dispone TUTELAR
los derechos al trabajo y al mínimo vital de la mencionada señora.
Segundo. En
consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de Chía, a través de su respectivo
titular, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación de esta providencia, si aún no lo ha efectuado, inicie la verificación de la situación personal, familiar,
social y económica de la demandante, con el fin de establecer y hacer realizar
el tipo de alternativa oficial aplicable a su caso, para que con previo
(20) días, la señora Myriam Camargo Orduz sea incluida en un programa que se
adelante en ese municipio, que le permita acceder, en un sitio autorizado
apropiado, a una expedita actividad comercial igual o similar a la que venía
desarrollando. El Alcalde de
Chía también deberá, solicitando la correspondiente acción disciplinaria si lo
estima pertinente, hacer efectiva la averiguación sobre el mal trato que
presuntamente realizó un policial, quien, según lo expresado por la actora, le
retiró descomedidamente los implementos de trabajo que ella tenía en el espacio
Tercero. Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
[1] Cfr. T-1019 de octubre 17
de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[2] En este sentido pueden ser
consultadas, entre muchas otras, las sentencias T-600 de agosto 1° de 2002, M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1198 de noviembre 15 de 2001, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-321 de marzo 21 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández
[3] T-384 de julio 30 de 1998,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] T-1316 de diciembre 7 de
2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[5] T-497 de junio 16 de 2010,
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] Cfr. T-895 de
noviembre 11 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[7] SU-360 de mayo 19 de 1999,
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] T-729 de agosto 25 de 2006,
M. P. Jaime Córdoba Triviño. [9] C-544 de diciembre 1° de
1994 y C-496 de octubre 3 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía.
[10] “En
efecto, en virtud del principio de la buena fe: ‘nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de
otro'. Ello encuentra sustento en la concepción de la sociedad romana, según la
cual es costumbre observar y legítimo esperar, en las relaciones entre hombres
probos, el que se honre la confianza en el cumplimiento de las expectativas recíprocas, pues tanto ‘fides’ como
`bona fides´ indican la fidelidad en el cumplimiento de las expectativas
generadas en la contraparte, inclusive independientemente del hecho de que las
mismas obedezcan a una palabra dada’, (en NEME VILLAREAL, Marta Lucía, Venire
contra factum proprium, prohibición de obrar contra los actos propios y
protección de la confianza legítima. Tres maneras de llamar a una antigua regla
emanada de la buena fe, Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos,
Universidad Externado de Colombia, 2003).” [11] “Así, de acuerdo a VIANA CLEVES, la confianza
legítima es un principio que se deriva del principio de la seguridad jurídica
que, a su vez, nace de la cláusula constitucional indeterminada de Estado
Social de Derecho. En este sentido, se puede afirmar que: ‘el principio de
seguridad jurídica fundamenta el principio de confianza legítima. El principio
de seguridad jurídica protege la pretensión que tiene todo individuo a la
certeza o estabilidad de las situaciones jurídicas’.” [12] “Sentencia T-079 de 2008 en la que se estudió el caso
de una señora cuya vivienda fue demolida por la Administración debido a estar
situada en una zona de alto riesgo. En este caso, la Administración le exigió,
para ser beneficiaria del subsidio de vivienda familiar, demostrar la propiedad
del bien inmueble y el pago de unas sumas de dinero.” [13] “Sobre este punto es necesario tener en cuenta que la
confianza legítima se predica no sólo respecto de situaciones jurídicas
conformes a derecho sino también respecto de situaciones jurídicas que se
encuentran, hasta cierto punto, por fuera de la protección del
ordenamiento jurídico pues, como bien lo señala GONZÁLEZ PEREZ, ‘la confianza
legítima debe protegerse cuando exista certeza en el mantenimiento de
determinadas situaciones, aunque no sean del todo conformes a derecho’( En El
principio General de la Buena Fe en el derecho administrativo, Madrid, Ed.
Civitas, 5ª edición, 2009 pp. 52 a 53). Esto es así debido a que el punto
fundamental de la protección de la confianza legítima no es la legalidad de la
conducta sino la presencia de la buena fe por parte del administrado. De allí
que esta Corporación haya, en varias oportunidades, protegido a los ocupantes
del espacio público aunque la ocupación de dichos espacios se encuentre
abiertamente prohibida por el ordenamiento jurídico.” [14] “Así, por ejemplo, en la sentencia T- 200 de 2009, en
la que se estudió un caso en el que al peticionario le habían ordenado
desalojar un bien de uso público ubicado en la zona de protección de un
corredor férreo, la Corte manifestó que se verificara ‘la situación personal,
familiar, social y económica del accionante, con el fin de establecer el tipo
de programa estatal aplicable a su caso…’.”
tuela.vendedor,
Tweets por @veambulantecali
SENTENCIA T-146 DE 2014- CONCEDER TUTELA A VENDEDO...
tutela instaurada por Myriam Camargo Orduz, contra...
Sentencia T-152/11 TUTELAR derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de Lidia Quiñónez Cabezas (vendedora de cali).
#Cali ENVÍAN VENDEDORES AMBULANTES PETITORIO AL ALCALDE ARMITAGE: DENUNCIA REPRESIÓN Y PIDEN REORGANIZACIÓN DEL GREMIO
Santiago de Cali, septiembre de 2016
Señor *MAURICE ARMITAGE*
*ALCALDE*
Los abajo firmantes en documento anexo en nuestra condición de ...