Source: https://www.scribd.com/doc/63397985/Informe-de-Gestion-Contraloria-General-de-La-Republica-Gestion-SNCF-2010
Timestamp: 2019-01-23 20:18:36
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Informe de Gestión Contraloría General de La Repúb...
GESTIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
El Sistema Nacional de Control Fiscal, previsto en el artículo 290 de la Constitución, es el sistema conformado por el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a ﬁn de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos del sector público, así como también al buen funcionamiento de la Administración Pública. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oﬁcial Nº 37.347 del 17-12-2001) integran dicho sistema la Contraloría General de la República y demás órganos de control ﬁscal externos e internos; la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órganos y entidades a los que se reﬁere el artículo 9, numerales 1 al 11, de la referida Ley, y los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a la participación en la función de control de la gestión pública. Corresponde a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, dictar las políticas, reglamentos, normas, manuales e instrucciones para el ejercicio del control y para la coordinación del control ﬁscal externo con el interno, fortalecer los órganos de control ﬁscal mediante el mejoramiento de los procesos, promover la capacitación del recurso humano, la estandarización de la estructura organizativa, la evaluación periódica de dichos órganos para determinar el grado de efectividad, eﬁciencia y economía con que operan y adoptar las acciones pertinentes, en caso de determinar graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones y, garantizar la idoneidad y capacidad de los titulares de los órganos de control ﬁscal promoviendo la celebración de los concursos públicos. En el marco de los principios de transparencia y rendición de cuentas que caracterizan la gestión contralora, en el presente capítulo ponemos a disposición de la ciudadanía y de la honorable Asamblea Nacional los resultados relevantes de la gestión cumplida por la Institución Contralora en el ejercicio de sus funciones en el Sistema Nacional de Control Fiscal durante el año 2010.
AUDITORÍAS COORDINADAS CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL FISCAL
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus competencias, con el carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) que le atribuyen los artículos 4 y 14, numeral 10, de la Ley Orgánica que rige su funcionamiento, en concordancia con lo previsto en el artículo 49 ejusdem, el cual señala la competencia para coordinar con los demás órganos de control ﬁscal la realización de actuaciones en los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11 de la citada Ley, con el propósito de fortalecer el SNCF, realizó durante el ejercicio 2010 un conjunto de auditorías coordinadas, entre las cuales destacan las referidas a: Protección y Conservación de los Recursos Naturales en la Región de la Amazonia, Relaciones Ecológicas en las Cuencas de los Ríos más Importantes de cada Entidad Federal y Manejo de los Desechos Sólidos en Municipios del Territorio Nacional, cuyos principales resultados se señalan a continuación.
Protección y Conservación de los Recursos Naturales en la Región de la Amazonia
Dada la importancia que cada día adquiere la evaluación y protección de los ecosistemas en el mundo, debido a la perdida de la biodiversidad, causada por la destrucción de hábitat, contaminación y sobreexplotación, entre otros factores, a nivel global, regional y local, este máximo Órgano de Control en coordinación con las contralorías de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar realizó una actuación dirigida a evaluar las gestiones emprendidas por las entidades responsables de la conservación y resguardo del patrimonio natural y cultural de la región de la amazonia durante el período 2009. La actuación abarcó los planes para el proceso de macrozoniﬁcación económica y ecológica, vigilancia de áreas naturales protegidas y mecanismos de control, seguimiento y monitoreo para el uso del suelo y defensa de los territorios indígenas de la región Amazónica, y se desarrolló en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MPPI), en el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y en las gobernaciones de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 204
Entre las observaciones más relevantes destacan: Se evidenció en la región de la amazonia, situaciones y actividades que han originado conﬂictos, así como el deterioro progresivo del ambiente y sus recursos naturales, tales como: superposición de ﬁguras jurídicas con ﬁnes no compatibles entre sí (áreas bajo régimen de administración especial); tala y quema incontrolada con ﬁnes agropecuarios; cacería furtiva; actividades ilegales de minería, de extracción de ﬂora y fauna, y de aprovechamiento de productos forestales; prácticas agropecuarias en zonas no compatibles con dicha actividad (reservas forestales, lotes boscosos, zonas protectoras y parques nacionales); turismo no planiﬁcado; e inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos, entre otros problemas. Situaciones derivadas de las debilidades en el seguimiento, control y supervisión por parte de los entes y organismos encargados de la conservación, protección y preservación del ambiente; de las deﬁciencias de recursos económicos, materiales y humanos; la falta de coordinación entre los distintos actores; ausencia de un plan de ordenación territorial debidamente actualizado e inexistencia de planes de ordenación y reglamento de uso de las áreas protegidas; circunstancias que impiden realizar las actividades económicas en armonía con el ambiente, a los ﬁnes de garantizar el uso racional del espacio y de los recursos, el bienestar de la población, la conservación del ambiente, así como la seguridad y defensa de la Nación. Es importante destacar que las gestiones en materia de ordenación territorial en el Estado venezolano datan de 1976 cuando se dicta la Ley Orgánica del Ambiente y se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (1977) hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), al cual se le asignó la responsabilidad técnica de la ordenación del territorio y la incorporación de la variable ambiental en la planiﬁcación. Actividades posteriormente revestidas de rango constitucional con la promulgación de la Constitución de 1999, en cuyo contexto entre los años 2000 y 2007, a través de los planes de desarrollo económico y social de la nación (2001-2007 y 2007-2013) se dictaron líneas estratégicas con miras a lograr un nuevo modelo de desarrollo que garantice la ocupación y consolidación del territorio, mediante la descentralización desconcentrada de la población, de las actividades productivas y de las inversiones. Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe, en atención a lo dispuesto en el 205
Informe de Gestión 2010 Gestión en el Sistema Nacional de Control Fiscal
artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOOT), Gaceta Oﬁcial N° 3.238 Extraordinario del 11-08-1983, sólo se han aprobado y publicado en Gaceta Oﬁcial, 18 planes estadales de ordenación del territorio, 88 planes de ordenación y reglamento de uso de las 400 áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) existentes en el país y el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (PNOT), los cuales en cierta medida no se ajustan a las nuevas políticas de ordenación territorial, por cuanto la mayoría fueron aprobados entre los años 1992 y 1998. Es el caso de los estados Bolívar y Delta Amacuro que elaboraron y aprobaron planes estadales de ordenación del territorio, mediante decreto N° 030-A de fecha 20-05-1992 (Gaceta Oﬁcial del estado Bolívar Nº 842 del 30-05-92) y decreto N° 42 de fecha 10-08-95 (Gaceta Oﬁcial del estado Delta Amacuro Nº 44 Extraordinario del 3108-95), los cuales no han sido objeto de adaptación al PNOT aprobado en el año 1998 (aun vigente), de conformidad con el artículo 12 de la mencionada Ley Orgánica que establece: “Los Planes Regionales de Ordenación del Territorio podrán aprobarse aun cuando no se haya dictado con anterioridad el Plan Nacional, pero de producirse la sanción de este último, se procederá automáticamente a la adaptación de los Planes Regionales”, y el estado Amazonas, el cual no cuenta con un Plan de Ordenación Territorial, aun cuando han transcurrido 27 años desde la promulgación de la LOOT y 12 desde que se dictó el PNOT. Por otra parte, la región registra un total de 57 áreas bajo régimen de administración especial creadas mediante decretos, de las cuales solo 2 cuentan con el Plan de Ordenación y Reglamento de Uso (PORU) previsto en el artículo 5 de la Ley ejusdem (Sector Oriental del Parque Nacional Canaima y Reserva Forestal de Imataca), no obstante que en los decretos de creación de las respectivas ﬁguras jurídicas, se otorgó plazos de 1, 2 y 5 años a los ministerios del poder popular para el Ambiente (MPPA) y para la Defensa (MPPD), así como al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) para la elaboración de los referidos planes, evidenciándose hasta la fecha de culminación de la actuación ﬁscal (julio 2010) retrasos entre 46 meses y 11 años en la gestión de las mencionadas entidades. El MPPA emprendió gestiones dirigidas a la actualización de los planes estadales de ordenación del territorio de los estados Bolívar y Delta Amacuro, así como la elaboración del plan estadal de ordenación del territorio del estado Amazonas; sin embargo, el plan del estado Delta 206
Amacuro no ha sido actualizado, aun cuando para el año 2000 se había conformado la comisión regional de ordenación del territorio, y para los estados Bolívar y Amazonas se desarrollaron los proyectos para la modiﬁcación (Plan de Ordenación Territorial del estado Bolívar, agosto 1998 y Plan de Ordenación Territorial del estado Amazonas, febrero 2004), pero aun no han sido aprobados. En cuanto a los planes de ordenación y reglamento de uso de las ABRAE de la región, entre los años 2005 y 2008 la referida entidad ministerial, generó proyectos de PORU para la Reserva de Biosfera del Delta del Orinoco, Reserva de Fauna Silvestre Gran Morichal; Reserva Forestal El Caura, Parque Nacional Jaua Sarisariñama y Monumentos Naturales Cerro Guaquinima, Cerro Ichum y Guanacoco, y Serranía de Maigualida, los cuales hasta la fecha de culminación de la actuación no habían sido concluidos ni aprobados. Las circunstancias antes expuestas ponen de maniﬁesto debilidades en la gestión y en los procesos de planiﬁcación por parte de las dependencias que tienen a su cargo la administración de las áreas naturales protegidas, la ordenación territorial y las respectivas comisiones regionales de ordenación del territorio, lo cual impide a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro contar con instrumentos de planiﬁcación y gestión para el desarrollo armónico de la región que atienda a sus potencialidades y limitaciones, y a su vez coadyuve con un eﬁciente y efectivo control sobre el uso del espacio territorial y de sus recursos naturales. Por otra parte se constató, mediante inspección practicada por este Organismo entre los días 23 y 25 de marzo de 2010 en el yacimiento aurífero Las Cristinas (Reserva Forestal Imataca, estado Bolívar), especíﬁcamente en los sectores Guarimba, Laguna “El Potazo”, Quebrada Amarilla, Quebrada Las Sofías, Quebrada Las Claritas, Deslave Observador y Relave Blanco, los efectos negativos de las prácticas extractivas de mineral de manera informal (sin ningún tipo de control ni planiﬁcación). Se observó, además, el efecto devastador en los suelos, población arbórea y cuerpos de agua de los sectores de La Laguna “El Potazo” (sector Cristina 4), debido a la utilización de equipos hidráulicos en los procesos de extracción, los cuales ocasionan perdida de cobertura vegetal, erosión de los suelos, sedimentación de los ríos y reducción de los caudales; asimismo se evidenció en los cauces y riberas de las quebradas Las Sofías, Las Claritas y Amarilla, el vertido de desechos y agentes químicos utilizados durante la actividad, lo cual provoca la contaminación de las aguas. Al respecto es preciso destacar, que para el 207
yacimiento Las Cristinas existe un contrato desde el año 2001 suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la empresa encargada de la exploración y explotación minera; sin embargo, a la fecha de la inspección practicada, la referida empresa no había iniciado el proceso de explotación en espera de la respectiva autorización por parte del MPPA. Sobre el particular, los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Gaceta Oﬁcial N° 5.833 Extraordinario del 22-122006, establecen al Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, el control ambiental sobre las actividades capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de las competencias de los estados, municipios, pueblos y comunidades indígenas en materias expresamente asignadas, para lo cual implementará planes, mecanismos e instrumentos de control preventivo a ﬁn de evitar ilícitos ambientales. Por su parte, los artículos 5 y 15 de la Ley de Minas (Gaceta Oﬁcial Nº 5.382 de fecha 28-091999), señalan que la actividad minera debe llevarse a cabo cientíﬁca y racionalmente, con arreglo al desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y la ordenación territorial, acatando la legislación ambiental y las demás normativas que rigen la materia. Las situaciones expuestas, ponen de maniﬁesto debilidades en los mecanismos de supervisión, vigilancia y control que le competen al MPPA y a INPARQUES, así como falta de coordinación entre esas instituciones y las que tienen a su cargo la explotación de los recursos naturales de la región, circunstancias que no garantizan que se ejerzan acciones oportunas con miras a evitar daños a los ecosistemas de la región, ni permite la conservación y manejo sostenible de sus recursos naturales. En atención al Decreto Presidencial N° 4.633 (Gaceta Oﬁcial 38.466 del 26-06-2006), mediante el cual se declara la emergencia para la ejecución de obras, acciones y programas para la disminución progresiva de los riegos y daños ocasionados por la práctica minera y la reconversión socio-económica de los trabajadores mineros afectados en los municipios Sifontes, Raúl Leoni (actual municipio Bolivariano de Angostura) y Gran Sabana, el MPPA y la Gobernación del estado Bolívar a través del Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMB), impulsaron durante el período 2006-2008, una serie de acciones orientadas a presentar alternativas de recuperación ambiental y productivas a corto y mediano plazo en el Eje Santa Elena e Icabarú del municipio Gran Sabana, dirigidas a la generación de empleo e ingresos a sectores de la sociedad. Al respecto, este Órgano de Control Fiscal practicó inspecciones desde el 30-06 hasta el 208
02-07 de 2010 al sector Maye ubicado en el municipio Gran Sabana, con el ﬁn de veriﬁcar los trabajos de recuperación de áreas afectadas por la minería ejecutados por el IAMB. En tal sentido, se evidenció la ejecución de trabajos de recuperación mediante la siembra de árboles en 2 áreas del mencionado sector, constatándose en una de ellas el buen estado de los mismos, así como la existencia de 2 viveros para el mantenimiento y conservación del área tratada, mientras que en la otra, la zona no se encuentra totalmente recuperada, en virtud de la falta de mantenimiento por parte de la cooperativa que tenía a su cargo dichos trabajos, así como de seguimiento por parte del IAMB. En el estado Delta Amacuro existe una constante degradación de la calidad de los suelos con vocación agrícola ubicados en las islas del Delta Superior, producto de las obras hidráulicas del Proyecto Delta (Dique Guacasia-Los Güires, Dique Coposito y estructura de Control de Gasto del Caño Manamo), realizadas por la Corporación Venezolana de Guayana, durante los años 1965-1966. La construcción del dique de contención en el Caño Manamo, no obstante permitió la recuperación de superﬁcies de tierras en la parte alta del referido caño (municipio Pedernales), ocasionó desequilibrios ecológicos al estado, entre ellas inundaciones en la parte baja (municipio Antonio Díaz), la reducción de las áreas de producción agrícola, la afectación del curso de las aguas y la pérdida de suﬁciente caudal de agua dulce, permitiendo que las corrientes de agua provenientes del Océano Atlántico entraran hacia el Caño Manamo en áreas ubicadas hacia el municipio Pedernales, lo cual ocasionó salinización de las aguas, proliferación de manglares y aumento del nivel de acidiﬁcación de los suelos. Durante el desarrollo de la actuación ﬁscal no se pudo constatar de manera cuantitativa el nivel de afectación producido, por cuanto el MPPA no ha realizado estudios relacionados con los aumentos y disminuciones de la fertilidad de los suelos del estado, que permita controlar el grado de afectación causado, ni ha cuantiﬁcado la cobertura boscosa de la región (no obstante reconoce que se ha producido reducción en dicha cobertura). Tampoco el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras ha realizado estudios relacionados con la afectación de los suelos que conforman el estado Delta Amacuro previo y posterior a la ejecución de las referidas obras hidráulicas. La situación planteada limita a los organismos competentes para tomar medidas oportunas tendentes a mejorar las condiciones ambientales del estado, aun cuando se reﬁere a áreas naturales protegidas que requieren 209
un régimen especial de administración y manejo para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural de la región. Las áreas naturales protegidas de la Región Amazónica han sido el asiento natural de 30 grupos étnicos que han ocupado ancestralmente ese territorio, los cuales han desarrollado modos de producción acordes a las condiciones ecológicas de la región. La Constitución de 1999 reconoce los derechos de estos pueblos originarios sobre las tierras que ocupan, así como su derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas, actividades productivas tradicionales y participación en la economía nacional. Sin embargo, es pertinente resaltar, que no obstante el reconocimiento de los derechos sobre las tierras que ocupan, el subsuelo y los recursos naturales que se encuentran en él son patrimonio de la Nación; es decir, el Estado tiene potestad de explotar los recursos, tal como se evidencia en las concesiones otorgadas para la explotación forestal y minera en las reservas forestales de Imataca, El Caura, La Paragua, El Dorado-Tumere, San Pedro, en el Lote Boscoso Altiplanicie del Nuria, y en las áreas con vocación forestal Merejina y Pedernales, entre otras ubicadas en territorios indígenas, situación que podría conllevar conﬂictos adicionales si no se acelera el proceso de demarcación de tierras y hábitat indígenas y no se adecúan tales concesiones a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta Oﬁcial Nº 38.344 de fecha 27-12-2005), de conformidad con la disposición transitoria tercera de la referida Ley, la cual reﬁere: “Toda concesión, contrato o convenio celebrado con anterioridad a la presente Ley, que conlleve al deterioro socio-cultural de los pueblos y comunidades indígenas o lesione el ambiente en el hábitat y tierras de estos pueblos y comunidades, debe ser revisado y adaptado de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la presente Ley”. Situación agravada por los conﬂictos derivados de la explotación minera que se ejerce de manera ilegal en esos predios, lo cual ha ocasionado la degradación del hábitat de esos pueblos, la proliferación de enfermedades como malaria, dengue y paludismo, y contaminación mercurial. Con el ﬁrme propósito de que sean subsanadas las observaciones señaladas y en beneﬁcio de una gestión ambiental eﬁciente y eﬁcaz, este Órgano de Control recomendó lo siguiente:  El MPPA deberá emprender acciones tendentes a que las comisiones regionales de ordenación reactiven sus actividades, con miras 210
al desarrollo y actualización deﬁnitiva de los planes de ordenación del territorio de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. De igual manera, deberá agilizar los procesos llevados a cabo para la elaboración de los planes de ordenación y reglamentación de uso de aquellas ABRAE que están pendientes, todo ello con el ﬁn de garantizar el adecuado uso de los recursos y el desarrollo sostenible de la región.  Los organismos encargados de la conservación del ambiente, así como de la administración y manejo de las áreas naturales protegidas, deberán gestionar los recursos materiales, económicos y profesionales necesarios para garantizar el adecuado control y supervisión sobre las actividades que se desarrollan dentro de las áreas naturales protegidas o en las zonas adyacentes.  Fortalecer y articular esfuerzos entre las diferentes instituciones del Estado, empresas privadas y pobladores, para prevenir posibles daños ambientales en la región derivados de las actividades extractivas, agrícolas y de explotación forestal, entre otras, así como mitigar sus impactos.  El MPPA y demás comisiones regionales de demarcación, deberán emprender las acciones necesarias para agilizar los procesos de demarcación de los territorios indígenas de la región, con el ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República y saldar la deuda que se mantiene con los pueblos indígenas por las tierras que ancestralmente y tradicionalmente han ocupado.
Relaciones ecológicas en las cuencas de los ríos más importantes de cada entidad federal
La actuación comprendió la evaluación de las actividades realizadas por los organismos competentes (gobernaciones, alcaldías, Instituto Nacional de Parques, hidrológicas, direcciones regionales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, entre otras instituciones) para la identiﬁcación de los problemas ambientales y del deterioro de las relaciones ecológicas en las cuencas de los ríos más importantes de cada entidad federal, así como la gestión y estrategias de solución implantadas. Para la ejecución, mediante reunión de trabajo con las contralorías estadales participantes, se acordaron 211
los criterios, recursos requeridos y alcance de las evaluaciones. En tal sentido, las contralorías de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia realizaron actuaciones que abarcaron el ejercicio 2009; las de los estados Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda y Nueva Esparta abarcaron los años 2008 y 2009, y la Contraloría del estado Vargas, analizó el período comprendido entre el año 2007 y el primer semestre del 2010. Luego del análisis y consolidación de la información contenida en los 23 informes de las auditorías ambientales realizadas, entre las observaciones más relevantes destacan: Alteración de la calidad de los cuerpos de aguas (características físicas, químicas y biológicas) producto de las descargas de aguas servidas sin previo tratamiento, provenientes de áreas urbanas, industrias y granjas agrícolas, ubicadas tanto en las cuencas de los diversos ríos como a lo largo de sus márgenes, lo cual es originado por la ausencia de una adecuada planiﬁcación y debilidades de control por parte de las autoridades regionales competentes en materia ambiental. Situación determinada en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. Presencia de vertederos de basura a cielo abierto para depositar desechos sólidos provenientes de los centros urbanos aledaños que originan la inﬁltración de líquidos contaminantes en las aguas (lixiviados), así como quemas ocasionales de los desechos acumulados que contribuyen al deterioro de la calidad del aire y del ambiente en general, debido a la insuﬁciencia de políticas y planes de servicios de recolección y disposición de desechos sólidos por parte de los órganos municipales competentes y a la falta de programas para concientizar a las comunidades residentes y a los visitantes en materia ambiental. La referida situación se evidenció en los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Vargas. Deforestación indiscriminada producto de la tala y la quema de las masas boscosas en las cuencas de los ríos Orinoco, Apure, Aragua, Caroní, San Carlos, Matícora, Guárico, Valle, Portuguesa y Manzanares, correspondientes a los estados Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, 212
Cojedes, Falcón, Guárico, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre, respectivamente, motivado principalmente por el establecimiento de cultivos de subsistencia, lo cual trae como consecuencia la disminución de los caudales de los ríos, arrastre de sedimentos por pérdidas de suelos y eliminación de la protección natural de las superﬁcies, permitiendo que factores exógenos como la lluvia, el viento, los rayos solares, los animales y las actividades del hombre originen degradación y desgaste de las capas superﬁciales del suelo. Ocupación de las zonas protectoras de las cuencas de los ríos por desarrollos habitacionales planiﬁcados (urbanismo) y no planiﬁcados (invasiones), debido a la falta de políticas y estrategias adecuadas para fomentar acciones conservacionistas en las diferentes cuencas por parte de los organismos competentes y de acciones relativas al ordenamiento urbano y rural vigentes, así como también a debilidades en la supervisión y control de las áreas en cuestión, originando un gran aporte de desechos sólidos y de aguas residuales domésticas e industriales al cauce de los ríos de los estados Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Lara, Nueva Esparta, Sucre y Vargas. Generación de gran aporte de sedimentos por intervención antrópica en la cuenca media y alta del río Aragua (estado Aragua), lo cual origina creación de meandros, modiﬁcación de los cauces del río, colmatación de las estructuras hidráulicas y canales para la derivación de los caudales del río, afectando los equilibrios hidráulicos de los embalses Suata y Taiguaiguay, así como gran cantidad de sedimentos en suspensión, sobre todo en la cuenca media, y una alta tasa de sedimentación en los vasos de las estructuras hidráulicas y canales derivadores (Dique Aragua y La Curía), constatadas a través de inspecciones in situ. Desarrollo de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Caroní (estado Bolívar), las cuales originaron disminución de la cobertura vegetal, pérdida de los suelos, disminución de la diversidad biológica, y contaminación por mercurio y cianuro, lo cual ha ocasionado gran impacto a los recursos naturales (suelos, agua, vegetación y fauna, entre otros) y daños irreversibles al medio ambiente. Entre las áreas más afectadas se encuentran: las sub-cuencas de los ríos Surukun, Ikabarú y Uaiparú, el río Caroní en todo su desarrollo y la cuenca alta del río Paragua y los ríos Chiguao, Asa y Oris, actividad realizada tanto en tierra como en el lecho de ríos y quebradas, utilizando equipos de alto poder degradante 213
(maquinaria pesada, monitores hidráulicos y dragas tipo misil). Esta situación se debe a la falta de vigilancia y control permanente por parte de los órganos competentes en materia de conservación ambiental. Existencia de varias empresas dedicadas a la extracción de arena en la cuenca media del río Manzanares (estado Sucre) en la carretera Cumaná-Cumanacoa, las cuales afectan las condiciones naturales del río, causando ensanchamiento del cauce e incidiendo en su dinámica hidráulica. Situación que origina el arrastre de sedimentos hacia la cuenca baja, aumentando la acumulación de material sólido y la turbidez del agua en esa área. Lo expuesto obedece a la falta de una efectiva ﬁscalización de las actividades de extracción de ese recurso mineral no metálico. Existencia de una laguna de oxidación ubicada en el sector “El Palenque”, parroquia Arenas del municipio Montes en el estado Sucre, la cual recoge las aguas servidas provenientes de las poblaciones de “Arenas” y “Río Arenas”, de la cual se desprenden fuertes emisiones de olores desagradables, en virtud de la presencia de anomalías de su ﬂujo y crecimiento de plantas acuáticas, hecho que ocasiona un alto grado de contaminación del aire. Esta situación se genera debido al inadecuado mantenimiento efectuado a la laguna por parte de la Compañía Anónima Hidrológica del Caribe (HIDROCARIBE), institución encargada de esa actividad. Presencia de varias empresas ubicadas dentro de la cuenca del río Yaracuy (estado Yaracuy), las cuales vierten sus desechos líquidos en forma directa al referido río, lo cual ha traído como consecuencia la existencia de “organismos coliformes totales” muy por encima de los permitidos por la normativa legal vigente relacionada con la materia. Esta situación tiene su origen en que las referidas empresas no efectúan el tratamiento debido a sus eﬂuentes antes de proceder a su descarga en el río. Se determinó que la unidad de calidad de aguas del estado Yaracuy, encargada de los análisis de las plantas potabilizadoras de Cumaripa y Caicara, no realizó los respectivos análisis físico-químicos con la frecuencia de tres meses establecida en la normativa legal vigente. En este sentido se constató que sólo en los meses de abril y julio se efectuó el análisis físico químico a la planta de Cumaripa, mientras que en la planta de Caicara sólo se realizó este análisis en el mes de abril. Lo cual se originó por fallas en la planiﬁcación de los recursos requeridos por 214
la unidad y en la supervisión del personal encargado de las tomas de análisis ﬁsicoquímicos; situaciones que pueden traer como consecuencia que el agua de los embalses no cumpla con los requisitos microbiológicos, organolépticos, físicos, químicos y radioactivos permitidos por la normativa legal vigente, poniendo en riesgo la salud de los usuarios del servicio de agua potable en el estado. Presencia de restos de hidrocarburos a orillas del Lago de Maracaibo (estado Zulia), especíﬁcamente por derrames de petróleo del Campo de “Tía Juana” municipio Simón Bolívar. Asimismo, en la estación de ﬂujo de “Tía Juana 14”, en el nor-oeste del mencionado municipio, se evidenciaron derrames de agua con crudo provenientes del drenaje de los tanques del “Patio Lagunillas Norte” en el canal de aguas de lluvia “Delicias” del municipio Lagunillas. Igualmente, se evidenció un derrame en el caserío “El Hueco”, del municipio Machiques, el cual ha causado la impregnación del medio natural al arribar la mancha de hidrocarburo a las orillas de la playa adyacente, lo cual trae como consecuencia daños al ecosistema lacustre y costero, efectos negativos sobre la vegetación, la fauna, la calidad del agua y de los suelos. En virtud de la importancia de las observaciones señaladas y con el ﬁrme propósito de que sean subsanadas en beneﬁcio de una gestión ambiental eﬁciente y eﬁcaz, este máximo Organismo Contralor recomendó a las máximas autoridades de los organismos competentes en materia ambiental, lo siguiente:  Promover el establecimiento de un sistema de gestión ambiental que incluya el monitoreo, la inspección, vigilancia y control de todos los generadores de aguas servidas, así como la realización de auditorías ambientales, en las empresas, zonas residenciales, centros de salud y granjas agrícolas, entre otros, que permitan la aplicación de correctivos y de sanciones administrativas y penales.  Promover la vigilancia constante y el control permanente, en el otorgamiento de permisos que generen la afectación del ambiente, a ﬁn de asegurar que los desarrollos habitacionales planiﬁcados cumplan con las normativas ambientales, para así evitar que los mismos se constituyan en nuevos generadores de contaminantes. 215
 Los organismos competentes (gobernaciones de estados, direcciones estadales del ambiente, secretarías de ambiente y ordenación del territorio, secretarías de desarrollo agrícola y alcaldías) deben implementar campañas de concientización dirigida a los productores agrícolas establecidos en las diversas áreas de las referidas cuencas, acerca del correcto uso de los productos químicos utilizados en las actividades agropecuarias, así como en el tratamiento adecuado de sus aguas servidas.  Realizar las gestiones pertinentes a los ﬁnes de coordinar, supervisar y ejecutar las acciones necesarias que coadyuven a garantizar la operatividad y buen funcionamiento de las plantas de tratamiento en beneﬁcio de las comunidades, lo cual permitirá la disminución del grado de contaminación que genera la falta de tratamiento de las aguas residuales descargadas en las cuencas.  Ejercer un control más efectivo, con el ﬁn de que las empresas ejecutoras de labores de explotación de arena en el río manzanares, lo realicen de acuerdo con lo establecido en la Ley de Exploración, Explotación y Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Estado Sucre, lo cual contribuirá con el mejoramiento de las condiciones naturales de la dinámica hidráulica del referido río y, consecuentemente, con la protección de la riqueza ambiental contenida en la cuenca del río Manzanares.  Cumplir con las “Normas Sanitarias para la Calidad de Agua Potable”, respecto a los análisis que se deben realizar al agua de los diferentes embalses del estado Yaracuy, con el ﬁn de garantizar que el agua suministrada para el consumo del pueblo yaracuyano sea apta para tal ﬁn.  Incrementar medidas efectivas de control que permitan evitar derrames de hidrocarburos, por parte de las empresas públicas o privadas ubicadas a lo largo y ancho del Lago de Maracaibo y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.  Propiciar la realización de campañas educativas e incentivar la participación ciudadana, a través de los consejos comunales, en lo relativo a la disposición de los desechos sólidos, así como gestionar los recursos suﬁcientes que permitan disponer a los diferentes municipios de los equipos necesarios para asegurar la preservación y cuidado de las cuencas. 216
 Elaborar programas en materia de educación ambiental, con el ﬁn de concienciar a los habitantes de las comunidades adyacentes a las cuencas, para preservar, conservar y restaurar las zonas afectadas ambientalmente, así como para que ejerzan actividades de control social, vigilando que no se desarrollen actividades susceptibles de degradar el ambiente, sin contar con la evaluación ambiental y permisología correspondiente, lo cual contribuye a evitar problemas de salud y de contaminación.
Manejo de los desechos sólidos en municipios del territorio nacional
Debido a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de Residuos y Desechos Sólidos atribuyen a los municipios la protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental, en especial lo atinente al servicio de aseo urbano y domiciliario, este máximo Órgano de Control Fiscal en ejercicio de sus competencias para realizar actuaciones coordinadas, solicitó a dichos órganos en el marco de la formulación de los respectivos planes operativos 2010, la realización de una auditoría de gestión ambiental orientada a la evaluación de los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y operativos relacionados con las políticas de saneamiento y conservación ambiental, así como los vinculados con el manejo (generación, transporte, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición ﬁnal) de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial en los municipios Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, San Fernando y Biruaca del estado Apure, Bolívar del estado Aragua, José Tadeo Monagas del estado Guárico, Santa Bárbara del estado Monagas, Villalba del estado Nueva Esparta, Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, Motatán del estado Trujillo, Vargas del estado Vargas, Peña del estado Yaracuy, La Cañada de Urdaneta y Maracaibo del estado Zulia, así como los municipios que conforman el área metropolitana de Caracas (Baruta, Chacao, el Hatillo, Libertador, Sucre) y la Alcaldía Metropolitana, durante el ejercicio económico ﬁnanciero 2009. Entre las observaciones más relevantes destacan: Los municipios Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, San Fernando y Biruaca del estado Apure, Bolívar del estado Aragua, José Tadeo Monagas del estado Guárico, Santa Bárbara del estado Monagas, Villalba del 217
estado Nueva Esparta, Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, Motatán del estado Trujillo, Vargas del estado Vargas, Peña del estado Yaracuy, La Cañada de Urdaneta y Maracaibo del estado Zulia, así como el municipio Libertador del Distrito Capital, no cuentan con suﬁcientes unidades acordes para el transporte de los residuos y desechos sólidos, lo cual se evidencia en la utilización de, entre otros vehículos, camionetas de baranda, las cuales no cumplen con los requisitos de capacidad y hermeticidad establecidos en la Ley de Residuos y Desechos Sólidos (LRDS), Gaceta Oﬁcial Nº 38.068 del 18-11-2004, en sus artículos 45, 48 y 50, situación que pone de maniﬁesto la falta de supervisión por parte de las autoridades municipales, responsables de la prestación del servicio de aseo urbano y de la protección del ambiente, lo cual ocasiona derrames de residuos y de desechos sólidos y líquidos, generando contaminación ambiental y la propagación de enfermedades. El personal que realiza las labores de recolección y transporte de los residuos y desechos sólidos no contaba con los implementos de seguridad necesarios para laborar, establecidos en el numeral 1 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPCMAT (Gaceta Oﬁcial Nº 38.236 del 26-07-2005), referido a las condiciones de trabajo que debe tener dicho personal, situación que puede afectar las condiciones de salud de los mismos. Inexistencia de programas dirigidos a la comunidad, con el ﬁn de que los ciudadanos participen en el manejo integral de residuos y desechos sólidos, así como en las actividades de reciclaje, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 14 y el artículo 32 de la LRDS, lo cual evidencia que las autoridades municipales no han emprendido las acciones tendentes a diseñar e implementar actividades de capacitación para la comunidad, que les permita participar en el proceso relacionado con el manejo de los residuos y desechos sólidos, situación que limita la participación ciudadana en la deﬁnición, ejecución, gestión, control y evaluación de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Los contenedores de basura utilizados para el almacenamiento temporal de los residuos y desechos sólidos, no cumplen con los requisitos mínimos de capacidad y hermeticidad exigidos en los numerales 3 y 4 del artículo 40 de la LRDS; situación que se genera por la falta de un plan local de gestión integral de los residuos y desechos sólidos que permita a la administración municipal obtener los recursos necesarios 218
del Ejecutivo Nacional para la adquisición de unidades de recolección aptas para tal ﬁn, lo que trae como consecuencia colapso del espacio donde se encuentra ubicado el contenedor con el exceso de desechos sólidos y la proliferación de agentes contaminantes y reproducción de enfermedades. Para el año 2009, la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui estipuló para la recolección de los desechos sólidos una frecuencia de 2 veces por semana; sin embargo, en entrevistas realizadas a los habitantes de 29 de los 95 sectores en los cuales se encuentra conformado el municipio, se constató que el servicio fue prestado de manera deﬁciente y en 3 de ellos (25 de Mayo, Los Chaguaramos y Oﬁcina Uno) se dejó de suministrar, lo cual contraviene lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 de la LRDS, en relación con la competencia del municipio en la protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental. Esta situación se genera por las deﬁciencias en los planes de recolección de desechos sólidos, así como por la ausencia de políticas eﬁcientes y eﬁcaces en dicha materia, lo cual afecta de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos del municipio. Para la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos, los municipios San Fernando y Biruaca del estado Apure utilizan el mismo vertedero, el cual está ubicado en la localidad de San Fernando. En tal sentido, en la inspección practicada en el precitado vertedero se observó que no presenta recubrimiento ni compactación de los desechos sólidos, es de característica inundable (posee un elevado nivel freático), además por la inexistencia de sistema de drenaje son contaminadas las aguas superﬁciales y subterráneas, lo cual contraviene lo establecido en el numeral 8 del artículo 26 de las Normas para El Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos (Gaceta Oﬁcial Nº 4.418 Extraordinario de fecha 23-04-1992), en relación con las condiciones que deben tener los rellenos sanitarios. Situaciones que se presentan debido a la falta de supervisión por parte de las autoridades municipales, así como a la ausencia de un estudio de los suelos para determinar el sitio destinado a la disposición ﬁnal de los desechos sólidos, lo cual genera la propagación de microbios, parásitos y microorganismos que incrementan el riego de salud tanto para las personas que realizan las referidas labores como para la comunidad en general, y el deterioro y la contaminación del ambiente. 219
En el municipio Villalba del estado Nueva Esparta, existen botes de basura a lo largo y ancho de la vía de acceso al vertedero y en la vía interna que comunica las fosas, lo cual diﬁculta el acceso de los camiones que transportan los residuos y desechos sólidos para su disposición ﬁnal. Esta situación obedece a la falta de supervisión y control de las autoridades municipales al respecto, lo cual contraviene lo establecido en los artículos 68 y 98 de la LRDS, y trae como consecuencia la propagación de microbios, parásitos y microorganismos causantes de enfermedades. El municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, cuenta con 5 vertederos para la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos, 3 de los cuales son para la disposición de los desechos producto de la explotación de pepitonas y 2 para desechos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial (uno ubicado en Chacopata y otro en Araya). En cuanto al vertedero ubicado en Chacopata se determinó que no cuenta con el estudio de impacto ambiental, ni autorización de los órganos competentes. De igual manera, los municipios Peña del estado Yaracuy y Maracaibo del estado Zulia cuentan con vertederos para la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos, de cuya inspección se determinó que no poseen el estudio de impacto ambiental ni las autorizaciones de los órganos competentes. Asimismo, el vertedero de Maracaibo no está debidamente protegido por una cerca perimetral. Los hechos antes descritos contravienen lo establecido en las Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier naturaleza que no sean peligrosos (artículos 2, 3, 23, 25, 26, 27, 28 y 34) y las Normas Sanitarias para Proyecto y Operación de un Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de Índole Atoxico (artículos 10 y 11), principalmente en lo referente a la permisología con la cual debe contar el sitio destinado a la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos. Situaciones que surgen debido a que las autoridades municipales no han emprendido las acciones ante los entes competentes que permitan regularizar de funcionamiento de los vertederos; generando en consecuencia, un agente directo de contaminación para el medio ambiente. Para la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos, el municipio Vargas del estado Vargas cuenta con el vertedero Santa Eduvigis; el cual no se encuentra debidamente protegido por una cerca perimetral. En la inspección allí practicada se observó que personas hacen vida en el 220
vertedero y se dedican a recuperar determinados tipos de desechos, sin que exista evidencia de que estén autorizadas por las autoridades municipales; no obstante, las Normas Sanitarias para Proyecto y Operación de un Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de Índole Atoxico (Gaceta Oﬁcial Nº 34.600 de fecha 22-11-90), en el artículo 23 establecen que la recuperación de los desechos sólidos sólo deberá ser ejercida por personas naturales o jurídicas debidamente autorizados por la entidad, lo cual denota falta de supervisión por parte de las autoridades municipales; la situación planteada genera la propagación de microbios, parásitos y microorganismos que incrementan el riesgo de salud de la comunidad en general, y el deterioro y contaminación del ambiente. En el municipio La Cañada de Urdaneta no se realizan labores de limpieza de calles y avenidas, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 14 de la LRDS, relacionado con la competencia del municipio en cuanto a la protección del ambiente y genera contaminación ambiental y de suelos, exponiendo a los habitantes del municipio al contagio de enfermedades. En el municipio Baruta, antes de la disposición ﬁnal los residuos y desechos sólidos no cuentan con ningún tipo de tratamiento que permita su reducción, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 58 de la LRDS, en relación con el tratamiento o procesamiento de los desechos sólidos y la reducción de su volumen para la disposición ﬁnal. En el municipio el Hatillo, para la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario la Alcaldía estructuró 9 rutas; sin embargo, en el recorrido efectuado se constató que las rutas que atienden a la intercomunal El Hatillo-La Boyera y las zonas rurales de Turgua, Sabaneta, La Mata y Oritopo, no se ajustan a lo establecido en los días de recolección, frecuencia y hora cuando debe ser prestado dicho servicio, lo cual genera deﬁciencias y fallas en los planes de dicha recolección; situación similar se evidenció en el servicio de aseo urbano y domiciliario de los municipios Sucre y Chacao, así como en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico. Tales circunstancias no se corresponden con lo establecido en el artículo 44 de la LRDS, el cual señala que la recolección es una operación continua que debe ser realizada conforme a las rutas establecidas. Esta situación es motivada a debilidades en la supervisión que debe ejercer 221
las autoridades municipales sobre la empresa prestadora del servicio, lo cual origina la acumulación de basura y desechos, y afecta de manera directa el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. La empresa contratada por la Alcaldía Metropolitana de Caracas para la recolección de residuos y desechos sólidos, no efectúa de manera formal el proceso de reciclaje, el trabajo lo realizan aproximadamente 600 pepenadores, lo cual contraviene lo establecido con el artículo 23 de las Normas Sanitarias para Proyecto y Operación de un Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de Índole Atoxico, relacionado con la recuperación de los desechos sólidos, el cual sólo deberá ser ejercida por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas. Situaciones que se generan por la ausencia de una supervisión efectiva que deben ejercer las autoridades municipales sobre la empresa prestadora del servicio, lo que trae como consecuencia incremento de la contaminación ambiental. A las autoridades municipales y a los representantes de los ministerios del poder popular para el Ambiente y para la Salud, en virtud de la importancia de las observaciones detectadas y dado que el proceso del manejo de los desechos y residuos sólidos está vinculado con actividades susceptibles de degradar el ambiente y generar enfermedades en los habitantes de los municipios objeto de análisis, se recomendó:  Evaluar junto con los organismos encargados en los municipios, la situación actual del manejo de los residuos y desechos sólidos, con el objeto de coordinar y desarrollar actividades tendentes a la reducción al mínimo de los desperdicios, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.  Incentivar e implementar programas de concientización y educación ambiental, con el ﬁn de contribuir a optimizar el servicio de aseo urbano, desde su generación (clasiﬁcación), almacenamiento (recipientes adecuados) y recolección, hasta el reciclaje.  El MPPA debe implementar los mecanismos necesarios tendentes a que los contenedores cumplan con los requisitos de hermeticidad y capacidad requeridos por la normativa legal vigente.  Realizar las inspecciones que sean necesarias en los lugares utilizados por las municipalidades para la disposición ﬁnal de los residuos y desechos sólidos, a ﬁn de veriﬁcar si los mismos cumplen con la permisología exigida. 222
 Instar a las máximas autoridades de los municipios para que velen por el estricto cumplimiento de los contratos de concesión otorgados.
DESIGNACIONES E INTERVENCIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL
Durante el año 2010, a los ﬁnes de garantizar el ejercicio de las funciones de control de los órganos de control externo del ámbito estadal y municipal; así como la independencia, idoneidad y capacidad técnica de sus titulares, el Contralor General de la República con fundamento en el artículo 3 de la Ley Derogatoria de la Ley para la Designación y Destitución del Contralor o Contralora del Estado (Gaceta Oﬁcial N° 39.217 del 09-07-2009) designó contralores provisionales en los estados Barinas, Lara, Mérida, Vargas, Yaracuy, Zulia, Sucre y Trujillo (los dos últimos estados con funcionarios de esta Contraloría General), y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, (LOCGRSNCF), Gaceta Oﬁcial Nº 37.347 del 17-12-2001, mediante resoluciones publicadas en Gaceta Oﬁcial ordenó la intervención de 13 contralorías municipales (las de Valencia y Cabimas con funcionarios de esta Institución Contralora), tal como de detalla a continuación:
CUADRO N° 14 CONTRALORÍAS MUNICIPALES INTERVENIDAS AÑO 2010 MUNICIPIO San Gerónimo de Guayabal Pedro Zaraza Francisco de Miranda Valencia Guanare San Rafael de Onoto Carrizal Pedro Gual Guaicaipuro Manapiare Antonio Díaz Libertador Cabimas ESTADO Guárico Carabobo Portuguesa
Miranda Amazonas Delta Amacuro Táchira Zulia
Asimismo, durante el año 2010, en atención de los resultados derivados del ejercicio de la actividad contralora, mediante resoluciones publicadas en Gaceta Oﬁcial, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la LOCGRSNCF, se decidió la intervención de los órganos de control ﬁscal del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MPPT) y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS); y se designaron como interventores a funcionarios de este Organismo Contralor. GESTIÓN DE COORDINACIÓN
ACTIVIDADES DE ORDEN NORMATIVO DIRIGIDAS AL SNCF
La Contraloría General de la República, en el ejercicio de las competencias que le conﬁere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oﬁcial Nº 37.347 del 17-12-2001), a los ﬁnes de colaborar con los órganos y entes del sector público en la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna y en la elaboración de los instrumentos normativos que los regulan, dictó mediante Resolución N° 01-00-000068 de fecha 15 de abril de 2010 (Gaceta Oﬁcial N° 39.408 del 22-04-2010), los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, los cuales tienen como objeto servir de guía para deﬁnir la estructura organizativa y la distribución de competencias de las dependencias que componen las referidas unidades, así como servir de insumo para la elaboración de la normativa interna que las regula, tales como: reglamentos internos, resoluciones organizativas, y manuales de organización y de normas y procedimientos. Los lineamientos tienen como ﬁnalidad coadyuvar a que dichos órganos cuenten con el nivel jerárquico y la estructura organizativa que les permita alcanzar su independencia y autonomía, así como el carácter técnico, la objetividad y la imparcialidad que requieren para ejercer cabalmente las funciones que el ordenamiento jurídico les asigna. Por otra parte, a través de la Resolución N° 01-00-000274 del 06-092010 (Gaceta Oﬁcial N° 39.514 del 21-09- 2010), se implantó el Identiﬁcador del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual está compuesto por un logotipo que dice “Sistema Nacional de Control Fiscal” y el emblema de las tres llaves distribuidas en forma de triángulo equilátero con los colores de la bandera nacional que destacan la importancia que revisten la 224
Gestión de Coordinación
ética pública, la moral administrativa y demás principios y valores patrios, como pilares fundamentales de la conducta de los servidores públicos y de los ciudadanos, para la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y la construcción del nuevo modelo de Estado que propugna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El uso y aplicación del Identiﬁcador están contenidos en las “Instrucciones para el uso del identiﬁcador del Sistema Nacional de Control”, el cual se encuentra disponible en la página web de la Contraloría General de la República.
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE CONTROL FISCAL
En el marco de la gestión de coordinación del Sistema Nacional de Control Fiscal, conforme a los artículos 49 de la LOCGRSNCF y 8 de su Reglamento, realizamos en el ámbito de la administración descentralizada funcionalmente 2 actuaciones coordinadas de seguimientos a las acciones correctivas en el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL) y la Fundación Teatro Teresa Carreño. La coordinación con las UAI de dichos entes se realizó bajo estrictos criterios técnicos, considerando la normativa y pautas para la planiﬁcación, ejecución y elaboración de informes de auditoría. La evaluación de la organización y funcionamiento del CENAL reﬂeja que las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República fueron atendidas parcialmente, toda vez que persisten debilidades vinculadas con la organización, la planiﬁcación y el control interno, ente otras, el directorio del instituto en cuestión no se reunió durante el ejercicio ﬁscal referido; no se dispone de instrumentos internos básicos; la oﬁcina de atención al ciudadano se encuentra ubicada en el órgano de adscripción; no se ha procedido al llamado a concurso para la selección y designación del auditor interno. En cuanto a la evaluación de la organización y funcionamiento de la Fundación Teatro Teresa Carreño, se observa que las recomendaciones formuladas por esta Contraloría General no fueron atendidas en los términos señalados, por cuanto persisten debilidades vinculadas con la organización, la planiﬁcación y de control interno, tales como, el documento estatutario no se encuentra en total armonía con los cambios constitucionales, legales y organizacionales de la referida fundación ni con la legislación aplicable en materia de control; la fundación carece de instrumentos internos básicos como manuales de organización, de normas 225
y procedimientos administrativos y de reglamento interno. Por otra parte se evidenció en los informes de estas actuaciones, que las observaciones reﬂejadas no especiﬁcan la condición, el criterio, la causa y el efecto, y las recomendaciones no son redactadas en forma clara y precisa, de tal forma que constituyan guías efectivas en la erradicación o minimización de las debilidades encontradas en las áreas evaluadas. En el ámbito de la administración estadal se realizaron 5 actuaciones coordinadas, de las cuales 3, dirigidas a evaluar cumplimiento de normativa legal en el área ambiental, se encuentran reseñadas en la sección “actividades especiales” del presente capítulo y 2 se corresponden con las actuaciones ejecutadas con las contralorías estadales de Aragua y Táchira, en los proyectos ejecutados en los municipios: Zamora del estado Aragua (Creación de un Centro Multiempresarial para la Red de Artesanos Fabricantes de Muebles de Madera en Magdaleno por Bs.F. 2.056.825,94) y Andrés Bello del estado Táchira (Desarrollo Turístico Finca La Vega por Bs.F. 507.324,75), San Carlos del estado Cojedes (Instalación de un Núcleo de Desarrollo Endógeno para la Producción, Beneﬁcio y Procesamiento del Café por Bs.F. 571.626,56 y Planta Procesadora de Frutas por Bs.F. 600.000,00), Falcón del estado Cojedes (Instalación de una granja para la explotación de bovinos de doble propósito, cachamas y abejas en el sector La Guamita-El Pernal” por Bs.F. 1.216.883,83), Antolín del Campo del estado Nueva Esparta (Proyecto de Desarrollo Endógeno y Turístico en la Bahía de Manzanillo por Bs.F. 2.375.000,00), cuyos resultados más relevantes se detallan a continuación: De la revisión efectuada a los soportes documentales de la ejecución de los proyectos, se determinó que para el momento de su presentación ante la Vicepresidencia de la República y de la suscripción de los contratos, la Administración Municipal no contaba con los estudios de impacto ambiental debidamente aprobados, ni con las autorizaciones para la afectación del territorio y de los recursos naturales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), que permitieran establecer la factibilidad. La situación expuesta obedece a la ausencia de mecanismos de control y planiﬁcación en el otorgamiento de recursos para el ﬁnanciamiento de los proyectos por parte de la Vicepresidencia de la República, así como a debilidades en la formulación de los mismos por parte de las alcaldías, lo que incidió en el logro de los objetivos. 226
Para la ejecución de los distintos proyectos la Municipalidad suscribió diversos contratos con empresas y asociaciones cooperativas, en cuyos expedientes no se evidenció el certiﬁcado de inscripción en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), lo cual no permite determinar oportunamente la información básica de la contratista ni su caliﬁcación legal, ﬁnanciera e incluso su especialidad. Las alcaldías otorgaron por adjudicación directa la gran mayoría de los contratos, aun cuando por el monto les correspondía el proceso de licitación selectiva o licitación general, tal como lo establecía la Ley de Licitaciones. Las ﬁanzas de ﬁel cumplimiento fueron constituidas con posterioridad a la fecha de ﬁrma de los contratos y en otros casos no se evidenciaron ﬁanzas de anticipo ni de obligaciones laborales. Algunas de las ﬁanzas constituidas fueron otorgadas por empresas aﬁanzadoras, no obstante lo dispuesto en los artículos 10 y 53 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oﬁcial Nº 5.096 del 16-09-1996, las cuales reﬁeren que previo a la suscripción del contrato, como a la entrega de anticipos, las empresas deben constituir y presentar las ﬁanzas respectivas, otorgadas por una institución bancaria o una empresa de seguros de reconocida solvencia, a satisfacción del ente contratante, con el ﬁn de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen con el contrato, así como la recuperación de los anticipos otorgados. Se determinó que los tiempos empleados para la ejecución de los proyectos superan, en su mayoría a los lapsos establecidos originalmente y que las metas físicas no fueron alcanzadas en su totalidad. Al respecto, vale destacar que la Municipalidad no estableció en el contrato cláusula penal alguna; es decir, multa por día de atraso en la ejecución del contrato, tal como lo señalan las Condiciones Generales de Contratación; y en otros casos, cuando si se estipuló en el contrato, no se evidenció la existencia de acciones emprendidas por la Administración Municipal, a los efectos de la aplicación de la cláusula penal por incumplimiento en el lapso de ejecución, lo cual denota deﬁciencias en el control de la ejecución que le compete a la inspección contratada. En el proyecto “Creación de un Centro Multiempresarial para la red de artesanos fabricantes de muebles de madera en Magdaleno”, no se conformó la contraloría social, tal como lo establece el Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Proyectos Estratégicos de Desarrollo Municipal, celebrado entre el Ministerio de Finanzas y la Alcaldía del municipio Zamora en fecha 30-08-2005. El Proyecto se 227
paralizó en la segunda fase, debido a que el Ministerio del Ambiente dio apertura a un procedimiento administrativo sancionatorio al alcalde del municipio para ese momento, por presunta infracción de la Ley Forestal de Suelos y Aguas. Por tales razones, a partir del 22-02-2006 quedan paralizados los trabajos hasta tanto concluya dicho procedimiento. En el proyecto “Desarrollo Turístico en la Finca La Vega”, se evidenciaron pagos por concepto de servicios de ﬂetes y adquisición de bienes y servicios para el proyecto, a nombre de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Andrés Bello. En tal sentido la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oﬁcial N 37.522 del 06-09-2002) establece en el artículo 34: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que establezcan las leyes…”. Asimismo, se evidenció que el proyecto no se ejecutó en su totalidad y además no cumplió con los objetivos que tenía previsto. Se determinó la emisión de órdenes de pago para adquisición de bienes y servicios, así como para donaciones por Bs.F. 392.120,15, que no se corresponden con el objeto del proyecto, por lo que la meta física no se consolidó, ni generó el impacto social para el cual fue programado, en detrimento del patrimonio del municipio, debido a que sus máximas autoridades no aplicaron mecanismos de control, supervisión y seguimiento para el proyecto. En relación con el proyecto “Instalación de un Núcleo de Desarrollo Endógeno para la Producción, Beneﬁcio y Procesamiento del Café”, la inspección in situ realizada por este Organismo Contralor junto con personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Local de la Alcaldía del municipio San Carlos del estado Cojedes, constató para mayo de 2007 en el contrato de la torrefactora, un plazo de ejecución de 90 días (a partir del 24-11-2005), sin embargo un año y 5 meses después de la ﬁrma del contrato, la planta aún no estaba en funcionamiento, no obstante que los equipos ya se encontraban en el sitio. La Alcaldía suscribió con una cooperativa en fecha 15-11-2005 el contrato: “Electriﬁcación en ATBTAP en la comunidad de Palambra Arriba en los sectores el Cocuy, el Isleño, la Esperanza, los Chivos y el Yagual”, por Bs.F. 171.544,75, al cual se le
otorgó un anticipo de 50% (Bs.F. 85.772,37), y cuyo lapso de ejecución de era de 3 meses; catorce meses después los trabajos no se habían iniciado y, además, no se evidenció la existencia de las correspondientes actas de paralización. Situación que afectó el patrimonio público municipal y a las comunidades rurales productoras de café que se beneﬁciarían con dicho proyecto. Se determinó la existencia de pagos injustiﬁcados por un total de Bs.F. 4.970,23, por diferencias entre las partidas pagadas y las ejecutadas, así como por el pago de las partidas de nivelación y replanteo, y limpieza ﬁnal de la obra, cuyas actividades forman parte del alcance de las restantes partidas de cada presupuesto. Esto muestra el incumplimiento por parte de las empresas contratistas, así como las debilidades de supervisión que le compete ejercer al ingeniero inspector de la obra, previstas en los artículos 40 y 45 de las CGCEO. Respecto al proyecto “Planta Procesadora de Frutas”, en la inspección in situ realizada por este Organismo Contralor, se constató para mayo de 2007 que el Servicio Autónomo Municipal de Desarrollo Agroindustrial de San Carlos (SAMDAS) llevaba a cabo el proceso de despulpado de la fruta y por medio de un convenio con una cooperativa, la elaboración de concentrados de frutas; sin embargo, entre otras áreas de la planta, el laboratorio no estaba en funcionamiento, situación que no permite realizar el control sanitario periódico que deben tener las frutas y el cumplimiento de la normativa establecida para la respectiva manipulación, procesamiento y comercialización tales como: Reglamento General de Alimentos, Normas de Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo Humano (Resolución Nº SG457-96) y Buenas Prácticas para el Funcionamiento de Microempresas de Alimentos (Resolución Nº SG-484-96, del 02-12-96). De igual manera, se constató que los desechos orgánicos resultantes del proceso de limpieza, pelado y despulpado de la fruta, se acumulaban en la parte posterior del galpón, a escasos 5 metros del portón posterior, debido a que no eran retirados diariamente de las instalaciones, lo cual generaba malos olores, producto de la descomposición y por ende la atracción de insectos trasmisores de bacterias y enfermedades. Situación que pone en riesgo de contaminación la pulpa y los concentrados de frutas. Además, no se cumplieron los objetivos del proyecto, por cuanto la materia prima (frutas) en su mayoría fue adquirida a productores de la Colonia Tovar, estado Aragua, y no a los productores de frutas de la región como estaba previsto (comprar 832 toneladas de frutas mensuales de diversas 229
variedades en las distintas regiones del estado e incorporar a la actividad productiva generada por la planta a 300 productores agrupados en las distintas cooperativas de la zona). En la revisión del proyecto “Instalación de una granja para la explotación de bovinos de doble propósito, cachamas y abejas en el sector La Guamita-El Pernal”, especíﬁcamente a los convenios suscritos y ﬁrmados entre la Alcaldía del municipio Falcón del estado Cojedes y las cooperativas beneﬁciarias del proyecto para el rubro de ganado de doble propósito y piscícola se constató que: tanto la cantidad de semovientes como de alevines presupuestados y adquiridos por la Administración Municipal, no se corresponden con lo entregado a los cooperativistas beneﬁciarios, puesto que no consta en el expediente del proyecto, soporte documental donde se reﬂeje la situación de las 14 vacas o novillas, y los 9.650 alevines que fueron comprados y que no fueron entregados, así como el motivo por el cual se entregaron 23 toros adicionales a los que estaban originalmente presupuestados en el proyecto (10 toros), que fueron entregados a las referidas cooperativas. La circunstancia antes señalada obedece a la falta de efectivos mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento del proyecto. En el “Proyecto de Desarrollo Endógeno y Turístico en la Bahía de Manzanillo” le fue otorgado a la empresa contratista un anticipo de Bs.F. 237.500,00 el 10-10-2005, y a septiembre de 2008 se había amortizado la cantidad Bs.F. 85.695,10, es decir que había anticipo por amortizar de Bs.F. 151.804,90. Tal circunstancia obedece a que la Administración Municipal rescindió el contrato de mutuo acuerdo, mediante resolución de fecha 01-09-2006, por cuanto la empresa manifestó su imposibilidad para cumplir las metas físicas del proyecto con precios unitarios calculados dos años antes; sin embargo, no se evidenciaron las gestiones emprendidas por la Alcaldía a los ﬁnes de recuperar el referido monto, lo cual podría conllevar daños al patrimonio municipal. En atención a las observaciones expuestas y con el ﬁrme propósito de que sean subsanadas en beneﬁcio de una sana gestión administrativa, que tienda a la optimización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio público, este Organismo Contralor recomendó:  Crear mecanismos de control que permitan veriﬁcar antes de suscribir convenios que impliquen el ﬁnanciamiento de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal, la existencia de los 230
correspondientes estudios preliminares y de impacto ambiental debidamente aprobados, así como las autorizaciones para la afectación del territorio y de los recursos naturales por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para poder determinar la factibilidad de los proyectos y cumplir con lo previsto en el artículo 129 de la Constitución, relacionado con actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas.  Tomar las medidas necesarias para garantizar que las instrucciones presidenciales se ejecuten en consonancia con la normativa que rige los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, en atención al principio de legalidad administrativa previsto constitucionalmente, mediante una adecuada planiﬁcación y estableciendo estrictos parámetros de selección y revisión sobre las propuestas que presenten las entidades, a los ﬁnes de aprobar proyectos debidamente concebidos que garanticen la inversión de la República y fortalezcan la política de acercamiento del Poder Ejecutivo a las autoridades locales, cuyo ﬁn es coadyuvar al desarrollo de la colectividad.  Realizar las diligencias necesarias para que se implanten los mecanismos de control y se dicte la normativa interna que garantice la contratación, ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios de forma planiﬁcada, con base en criterios de racionalidad, celeridad y eﬁciencia, en los lapsos previstos en la normativa que los regula, conforme a la Constitución y las leyes, y en pro del resguardo del patrimonio público. GESTIÓN DE CONTROL
ACTUACIONES DIRIGIDAS A EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS
La gestión cumplida por este Organismo Contralor durante el ejercicio 2010, incluyó un conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar distintos aspectos vinculados con la capacidad técnica y operativa para el ejercicio de las competencias de control de una muestra de órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal. A continuación se sintetizan los resultados más relevantes de estas actuaciones, discriminados por los distintos ámbitos de la Administración Pública Nacional. 231
Actuaciones en la Administración Centralizada y Descentralizada Funcionalmente
La gestión cumplida en el ámbito de los poderes nacionales durante el ejercicio ﬁscal, dirigida a evaluar el ejercicio de las labores de control por parte de los órganos de control ﬁscal adscritos a la Defensoría del Pueblo (DP), el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Vicepresidencia de la República (VR), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio del Poder Popular de Planiﬁcación y Finanzas (MPPPF), los ministerios del Poder Popular para: la Comunicación e Información (MPPCI), Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII), las Industrias Básicas y Minería (MPPIBM), las Comunas y Protección Social (MPPCPS), el Comercio (MPPC), la Alimentación (MPPA), el Turismo (MPPT), y en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), permitió constatar una serie de situaciones que afectan el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control e inciden en el desempeño de tales órganos, entre las cuales podemos señalar: Salvo en el MPPCI, no se han convocado los concursos para la designación de los cargos de auditor interno, no obstante lo establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oﬁcial Nº 37.347 del 17-12-2001, situación que eventualmente pudiera afectar la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de sus actuaciones. Los órganos de control ﬁscal de la VR, el TSJ, la PGR, el MP, la DP, el MPPCI, el MPPCTII y el SENIAT carecen de manuales técnicos y procedimientos debidamente aprobados por la máxima autoridad jerárquica, que rijan los diferentes pasos a seguir en el desarrollo de sus actividades, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en los artículos 20 y 22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oﬁcial N° 36.229 de fecha 17-06-97, y no garantiza la realización eﬁciente de sus procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos legales y técnicos. Con excepción de los órganos de control ﬁscal adscritos a la VR, la PGR, la DP, el MP, el MPPA, el MPPT y el SENIAT, no se han ajustado 232
las funciones y responsabilidades conforme lo establecido el artículo 36 de la LOCGRSNCF y los artículos 134 y 136 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oﬁcial Nº 38.661 de fecha 11-04-2007), lo cual evidencia indeﬁnición de relaciones jerárquicas y de responsabilidad, así como de objetivos y de funciones, para la ejecución de las actividades y tareas por parte de las distintas áreas que conforman esas dependencias, y de los deberes y obligaciones de los funcionarios que las desempeñan. Salvo los órganos de control ﬁscal adscritos a la DP, el MPPCPS y el MPPC, no llevaron adecuados controles vinculados con la formulación y ejecución de los planes operativos, no incorporan información respecto a los recursos necesarios para llevar adelante las actividades programadas, ni presentaron información conﬁable acerca del nivel de ejecución y cumplimiento de las metas previstas, no obstante lo dispuesto en los artículos 13, 16, 17 y 31 de las NGCI y el artículo 50 de la Ley Orgánica de Planiﬁcación (Gaceta Oﬁcial Nº 5.554 Extraordinario del 13-11-2001), situación que impide conocer el grado de eﬁciencia y efectividad de esas dependencias en la utilización de los recursos para el cumplimiento de sus ﬁnes. Los informes emitidos por los órganos de control ﬁscal adscritos al MP, la DP, la PGR, la VR, el MPPCI y el SENIAT no presentaron los hallazgos identiﬁcando causas y efectos, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 25 de las Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oﬁcial N° 36.229 del 17-06-97); por consiguiente, las recomendaciones no se orientaron a coadyuvar en el mejoramiento del sistema de control interno de los entes y organismos, ni en la eﬁciencia de la gestión administrativa. Salvo los presupuestos del MPPA, el MPPT, el MPPIBM y el MPPPF, no deﬁnieron programa o acción especíﬁca alguna vinculada con el control ﬁscal, no obstante lo previsto en el artículo 25, numeral 1, de la LOCGRSNCF, lo cual resta autonomía a los órganos de control ﬁscal para la ejecución de sus labores. Con excepción de los órganos de control ﬁscal del MP, MPPCTII, el MPPA y el MPPPF, las funciones de control y de asuntos jurídicos atribuidas a los órganos en cuestión, que por su naturaleza son de carácter reservado, conforme lo dispuesto en el artículo 79 de la LOCGRSNCF, 233
fueron ejercidas por personas contratadas que carecían de la cualidad requerida para tal ﬁn. Con miras a coadyuvar en el logro de una mejor gestión de los citados órganos, este Organismo Contralor recomendó:  Para el normal desenvolvimiento del órgano de control ﬁscal, las máximas autoridades de los organismos evaluados deberán tomar las previsiones pertinentes a ﬁn de que sea convocado el concurso público para la provisión del cargo de auditor interno.  En la elaboración de los correspondientes planes operativos anuales, deberán considerar el desarrollo de las actividades de control a mediano y largo plazo, vinculadas con los proyectos y actividades del ente respectivo, indicar en ellos la cantidad de recursos necesarios para su ejecución, y establecer mecanismos que les permitan formular, controlar y evaluar sus resultados.  Canalizar acciones tendentes a promover la elaboración y el desarrollo del reglamento interno, así como de los manuales técnicos y de procedimientos que les aseguren el mayor grado de independencia dentro de la organización, y les garanticen la realización eﬁciente de sus procesos y el adecuado cumplimiento de los aspectos legales y técnicos, conforme a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico que rige el control ﬁscal.  Canalizar acciones orientadas a deﬁnir un programa o proyecto en el presupuesto de los organismos, por cuyo intermedio dichos órganos de control ﬁscal sean dotados de los recursos presupuestarios y ﬁnancieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de manera independiente de otras direcciones o unidades, los cuales serían afectados por actividades o funciones propias de esos órganos.  Evitar la contratación de personal a tiempo determinado para ejercer funciones públicas relativas al control ﬁscal y a los asuntos jurídicos, ya que dichas funciones deben ser ejercidas por funcionarios de carrera o de libre nombramiento y remoción. Igualmente, en el ámbito de los poderes nacionales, se revisaron 36 informes de exámenes de cuenta y autos de fenecimiento, remitidos a esta Contraloría General de la República por parte de los órganos de control ﬁscal adscritos a MPPA, MPPPF, Ministerio del Poder Popular para la 234
Agricultura y Tierras (MPPAT), MPPEP, MPPIBM y el MPPCTII, correspondientes al período 2004-2010, de cuyos resultados se formularon recomendaciones vinculadas con la redacción de informes y hallazgos de auditorías, orientadas a coadyuvar en el fortalecimiento del proceso de examen de cuenta ejercidos por tales órganos de control ﬁscal. Por otra parte, en el ámbito de la administración nacional descentralizada funcionalmente la gestión de control sobre los órganos de control ﬁscal se dirigió a la revisión de 129 informes de gestión de las unidades de auditoría interna. Los resultados de la revisión evidencian omisión de resultados de las auditorías y demás actuaciones efectuadas y omisión de las recomendaciones formuladas, así como de las acciones correctivas emprendidas por los responsables de los procesos y actividades que le son propias.
Actuaciones en la Administración Municipal
En el ámbito municipal se realizaron 3 actuaciones, de las cuales 2 fueron dirigidas a evaluar las áreas de: organización, personal, planiﬁcación, actuaciones ﬁscales, presupuesto y contabilidad de las contralorías municipales de Guanare (estado Portuguesa) y Miranda (estado Falcón) y una dirigida a evaluar el ejercicio del control ﬁscal de la Contraloría Municipal de Cabimas (estado Zulia) sobre la Administración Municipal. Entre los resultados obtenidos destacan los siguientes: La Contraloría Municipal de Guanare no cuenta con manuales de normas y procedimientos que regulen sus actividades medulares y de apoyo; carece de un sistema de contabilidad que permita producir de manera sistemática la información cuantitativa expresada en unidades monetarias relacionadas con operaciones administrativas realizadas; realiza descuentos al personal por concepto de cuota sindical debido al contrato suscrito entre la Contraloría, el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía y los trabajadores; omisión de un plan operativo anual que uniﬁque los requerimientos y actividades a realizar; inexistencia de mecanismos o de soporte documental para veriﬁcar los gastos efectuados; el beneﬁcio de alimentación para los trabajadores se realiza en efectivo. La Contraloría del Municipio Miranda no elabora previamente los respectivos programas de trabajo, por cuanto se observaron programas con fechas de elaboración iguales y/o posteriores a los oﬁcios mediante los cuales se informaba a los entes auditados la realización de la actuación 235
ﬁscal; asimismo, el referido órgano, otorgó a los empleados ayudas por medicinas, gastos médicos odontológicos, ayudas por matrimonio, defunción, útiles escolares para los hijos, becas, entre otros, con base en la “Convención Colectiva I-Contrato” de empleados, del Sindicato de Trabajadores Municipales del municipio Miranda del estado Falcón (SINTRAM). Además, se determinó pago de viáticos y pasajes por la cantidad de Bs. 12.358,00 que no estaban respaldados por los comprobantes justiﬁcativos del gasto, entre otros, planilla de autorización de viaje, planilla de otorgamiento y liquidación de viáticos. En la actuación orientada a la evaluación selectiva de las actividades de control ﬁscal ejercidas por la Contraloría Municipal de Cabimas del estado Zulia, sobre las contrataciones de obras realizadas por la Administración Municipal durante los ejercicios económicos 2005, 2006, 2007 y 2008, con recursos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas y Especiales (LAEE), se determinaron, entre otras observaciones, las siguientes: La Contraloría Municipal de Cabimas efectuó control ﬁscal a 7 contrataciones por Bs.F. 1.842.814,25 (se observaron los sellos de esa institución contralora en órdenes de pago, recibos, facturas, contratos, entre otros soportes documentales), sin embargo, no constan los informes de auditoría con las observaciones o hallazgos elaborados por el referido órgano, cuyos resultados permitan precisar en forma clara y concreta los hechos evaluados, así como la normativa aplicable. Se constató, en la orden de Pago Nº 4772 por Bs.F. 50.847,84 de fecha 14-10-2005, correspondiente al Proyecto LAEE: “Programa de Acondicionamiento de Unidades Educativas del Municipio Cabimas del estado Zulia II Etapa”, el sello húmedo de la Contraloría en referencia, como señal de revisión, así como la ﬁrma de las personas responsables de efectuar el control previo en fecha 17-102005. Asimismo, se observó que 5 de los 7 contratos objeto de revisión, fueron adjudicados a una misma empresa, por un total de Bs.F. 944.755,2. Además, la veriﬁcación del Registro Mercantil de dicha empresa evidenció que el ciudadano que funge como su presidente y representante legal, presentó ante el Registro Civil de la Parroquia Santa Lucía del Municipio Maracaibo del estado Zulia a 2 niños (morochos de nacimiento) como sus hijos y de la ciudadana que ocupa el cargo de Contralora Municipal de Cabimas del estado Zulia, de lo cual se desprende la existencia de una vinculación entre los prenombrados ciudadanos. 236
Con fundamento en lo expuesto anteriormente se recomendó a las autoridades municipales competentes, lo siguiente:  Emprender las acciones necesarias a los ﬁnes de elaborar, aprobar e implementar los manuales de normas y procedimientos.  Implementar un sistema de contabilidad que permita obtener de manera sistemática y estructural la información relacionada con las operaciones administrativas y ﬁnancieras.  Diseñar e implementar para cada ejercicio ﬁscal el plan operativo anual.  Realizar las acciones necesarias para cumplir los lineamientos emanados de este Organismo Contralor relacionados con la sindicalización de los funcionarios de los órganos de control ﬁscal (proceder, siempre que exista disponibilidad y el régimen jurídico lo permita, por vía de resolución).  Dar cumplimiento a las normas y procedimientos; así como a los lineamientos emanados de esta Institución Contralora, relativas a la planiﬁcación y ejecución de las auditorías practicadas.  Adelantar las diligencias necesarias con el objeto de garantizar que todas las transacciones y operaciones ﬁnancieras, presupuestarias y administrativas estén respaldadas con suﬁciente documentación justiﬁcativa.  Realizar de toda actuación de control ﬁscal, un informe deﬁnitivo contentivo de los resultados de dicha actividad, tal y como lo contemplan las Normas Generales de Auditoría de Estado.  Abstenerse de efectuar control previo, por cuanto el mismo le corresponde a la administración activa. Por otra parte, en atención a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oﬁcial N° 38.421 del 21-04-2006), se efectuó la revisión y análisis de los informes de gestión administrativa correspondientes al ejercicio ﬁscal 2009 de los órganos de control ﬁscal externos del ámbito municipal. Al respecto, cabe destacar que de un universo de 321 contralorías municipales, 296 cumplieron con la obligación de remitir el informe de gestión correspondiente al año 2009 y 25 dejaron de cumplir con la obligación de entregarlo antes del 31-03-2010. 237
Del total de informes recibidos, se realizó el análisis de 57; los resultados fueron comunicados a los respectivos órganos de control para que adoptaran las acciones correctivas necesarias y posteriormente informaran a este Organismo los resultados de dichas acciones. Entre las principales debilidades destacan: La Municipalidad cuenta con una gran cantidad de trabajadores contratados, sin embargo, no se indica si veriﬁcaron el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oﬁcial N° 37.522 de fecha 06-09-2002), que señala: “Solo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente caliﬁcado para realizar tareas especíﬁcas y por tiempo determinado”. En el organigrama de la Alcaldía, del Concejo Municipal y de los entes descentralizados, no se evidencia la unidad de auditoría interna ni la oﬁcina de atención al ciudadano, no obstante que este Organismo, mediante resoluciones Nos 01-00-000095 y 01-00-000225 de fechas del 07-05-2007 y 20-08-2007, instó a los órganos del Poder Público Municipal a crear dichas dependencias. Aun cuando señalan los informes de actuaciones ﬁscales practicadas, no se indica el grado de cumplimiento del plan operativo anual que se debió elaborar al inicio del ejercicio. Omisión del inventario de bienes muebles e inmuebles en atención a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual señala como un deber del contralor municipal el envío del inventario anual actualizado de los bienes municipales, así como del resumen de su contenido de acuerdo con lo establecido en la publicación N° 21 “Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal de los Municipios de la República” dictada por la Contraloría General de la República. Omisión del Balance General al 31-12-2009 con sus respectivos anexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual señala la obligación de remitir los balances contables de la Administración Municipal dentro de los 3 meses siguientes a la culminación del ejercicio económico ﬁnanciero correspondiente; así como información sobre el control posterior 238
realizado a los ingresos, tal como lo señala la “Guía para la elaboración del Informe de Gestión de las Contralorías Municipales”. Finalmente, no se informa la cantidad de expedientes que fueron instruidos para el inicio de la potestad investigativa y/o determinación de responsabilidades.
EVALUACIÓN DE CONCURSOS PARA LA DESIGNACIÓN DE TITULARES
DE ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
Para el ejercicio ﬁscal 2010 fueron recibidas 32 participaciones de convocatoria de concursos públicos para la designación de titulares de las contralorías distritales y municipales, de las cuales 3 concursos fueron declarados desiertos, 20 concluidos y 9 quedaron en proceso. Se practicaron 3 auditorías de cumplimiento dirigidas a veriﬁcar el procedimiento llevado a cabo por los concejos municipales y por los miembros del jurado, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Resolución N° 01-00-248 del 04-11-2005, Gaceta Oﬁcial N° 38.311 del 10-11-2005 y Resolución N 01-00-000091 del 17-02-2006, Gaceta Oﬁcial N° 38.386 del 23-02-2006). Una síntesis de los resultados de las actuaciones se inserta en el libro “Actuaciones” anexo al Informe de Gestión 2010. Como consecuencia de tales actuaciones se efectuó la revocatoria de uno de los nombramientos realizados, y en dos de ellos se ordenó la revocatoria y la intervención del órgano de control. Tal como se detalla a continuación:
CUADRO N° 15 CONCURSOS PÚBLICOS REVISADOS AÑO 2010 RESULTADO REVOCADOS E INTERVENIDOS REVOCADO MUNICIPIO San Gerónimo de Guayabal Peña Sucre ESTADO Guárico Yaracuy Falcón
La revisión efectuada permitió detectar, entre otras desviaciones, las siguientes:
No reposa en el expediente el documento donde se debió haber dejado constancia de la designación del funcionario o funcionaria que se encargó de formalizar la inscripción y formar el expediente del concurso público; no se encuentran insertos en el expediente los currículos de los miembros suplentes con sus respectivos soportes, lo cual imposibilitó veriﬁcar si cumplían con los requisitos mínimos para integrar el jurado caliﬁcador exigidos por el Reglamento sobre concursos vigentes para la fecha; expedientes sin los soportes correspondientes a las síntesis curriculares de los miembros del jurado designado por la contraloría del estado y el concejo municipal; 2 de los miembros del jurado caliﬁcador rechazaron a los 3 únicos participantes que cumplían con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 14 del Reglamento señalado, que no estaban incursos en las inhabilitaciones para participar señaladas en el artículo 15 ejusdem y; la actual contralora del municipio San Gerónimo de Guayabal del estado Guárico presentó credenciales para avalar experiencia laboral en materia de control ﬁscal (artículo 14, numeral 6 del Reglamento) que no coinciden con la documentación que reposa en los archivos de los órganos públicos señalados en dichas credenciales. Con el propósito de optimizar la gestión administrativa, este Órgano Superior de Control en función de las desviaciones detectadas, recomendó a los miembros de los respectivos concejos municipales y jurados caliﬁcadores lo siguiente:  Requerir de cualquier institución pública o privada la información necesaria para establecer la veracidad de la documentación aportada por los aspirantes.  Invalidar la inscripción y descaliﬁcar al aspirante, en caso de comprobar la falsedad de algunos de los datos o soportes suministrados, e inmediatamente levantar y ﬁrmar el acta mediante la cual se deje constancia de los hechos que originaron tal situación.  Otorgar el primer lugar en la lista por orden de mérito al participante que alcance la puntuación máxima, siempre y cuando reúna los requisitos mínimos exigidos y supere la puntuación mínima establecida en el Reglamento.
EVALUACIÓN DE CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN
DE TITULARES DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
En el ámbito de la administración nacional descentralizada funcionalmente se evaluaron los resultados de los concursos convocados para la selección y designación de los titulares de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Universidad Iberoamericana del Deporte (UID) y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (FUNDACITE Zulia). En la evaluación del proceso de selección del titular de la UAI de SUDEBAN, se constató la existencia de elementos suﬁcientes para sostener que la ciudadana ganadora del concurso omitió información indispensable para que los miembros del jurado caliﬁcador evaluaran lo relativo a la solvencia moral, como requisito para participar en el concurso público. De igual modo, se evidenció que no se encontraba archivada ni foliada de manera consecutiva toda la documentación soporte en el expediente, ni se ubicó la comunicación suscrita por los miembros del jurado caliﬁcador dirigida a la Contraloría General de la República, solicitando información del Registro de Inhabilitados. La evaluación efectuada al proceso de selección y designación de los titulares de las unidades de auditoría interna de la UID y la FUNDACITE Zulia evidenció situaciones que no se ajustan estrictamente a las formalidades establecidas en la normativa vigente aplicable, vale señalar, la máxima autoridad jerárquica excedió en 20 días hábiles el lapso establecido para convocar el segundo concurso público y no publicó en la Gaceta Oﬁcial el resultado de dicho proceso de selección; por otra parte, los miembros del jurado evaluador otorgaron caliﬁcaciones en la categoría “capacitación” a participantes pre-seleccionados, que diﬁeren de la establecida en el Reglamento sobre los Concursos Públicos (Gaceta Oﬁcial N° 38.386 de fecha 23-02-2006); asimismo, omitieron la información del recuadro “folio” del formato utilizado para registrar la caliﬁcación de un participante, y no efectuaron la evaluación denominada “entrevista de panel” a dos participantes; además, alteraron el orden ﬁnal de los participantes que obtuvieron los 3 primeros lugares y, en consecuencia, el participante que fue seleccionado como ganador del concurso no era el que tenía la más alta caliﬁcación. Por otra parte, del ámbito estadal y municipal se recibieron 69 participaciones de convocatoria de concursos públicos para la designación de titulares de unidades de auditoría interna de diferentes entes y 241
organismos; 29 del Poder Público Estadal, de los cuales 6 se declararon desiertos, 16 fueron concluidos y 7 quedaron en proceso, y 40 del ámbito municipal, de los cuales 13 se declararon desiertos, 18 fueron concluidos y 9 quedaron en proceso. Además, se analizaron 4 denuncias en materia de concursos para la selección del titular de la unidad de auditoría interna correspondientes a la Gobernación del estado Carabobo, la Fundación del Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del estado Cojedes (INDHUR) y el Fondo de Desarrollo Económico del estado Miranda (FONDEMIR), cuyos resultados se insertan con detalles en el libro “Actuaciones” anexo al presente Informe de Gestión 2010 y reﬂejan entre otras irregularidades: debilidades de controles e inobservancia del instrumento normativo que rige la materia, vicios procedimentales que no garantizan la objetividad y transparencia del proceso y la validez y conﬁabilidad de los resultados, todo ello de obligatorio cumplimiento de conformidad con el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoria Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados vigente para la fecha en que se llevaron a cabo los concursos, y falta de un adecuado sistema de control interno que asegurara la observancia de las bases y metodologías de los mencionados concursos. A los ﬁnes de que sean subsanadas las observaciones formuladas, se recomendó a las máximas autoridades competentes y a los miembros del jurado caliﬁcador, lo siguiente:  Adoptar las medidas necesarias para que se cumplan los lapsos establecidos y se garanticen las formalidades previstas en el Reglamento sobre los Concursos Públicos, así como implementar mecanismos efectivos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las formalidades previstas en el mencionado reglamento, relacionadas con la correcta evaluación y caliﬁcación de los participantes por parte del jurado caliﬁcador.  En virtud de que la omisión de información indispensable relacionada con el concurso (la ganadora fue declarada responsable en lo administrativo antes de la entrada en vigencia del Registro de Inhabilitados de la Contraloría General de la República) impidió a los miembros del jurado caliﬁcador la mejor selección en 242
cuanto a solvencia moral de los participantes, situación que sin duda condujo a un resultado distinto al que habrían obtenido de no mediar tales hechos, se recomendó a la máxima autoridad de la SUDEBAN coordinar con este máximo Organismo Contralor las acciones a seguir en relación con la designación de la precitada ciudadana e implementar mecanismos de control y supervisión con el objeto de asegurar el cabal cumplimiento de las formalidades en la formación y contenido de los expedientes.  Establecer adecuados controles internos que permitan adoptar medidas oportunas ante la detección de irregularidades en el referido proceso.  Fijar lineamientos para cerciorarse que antes de proceder a la designación de los auditores internos, se efectúe una evaluación exhaustiva de las credenciales de cada participante, a ﬁn de garantizar con ello el cumplimiento de los requisitos mínimos para optar al concurso y descartar a aquellos participantes que no los reúnan. Con la ﬁnalidad de que el tiempo dispuesto para el proceso de evaluación sea realmente invertido en concursantes aptos para el cargo. Todo ello en aras de la transparencia, objetividad y credibilidad que debe regir dichos concursos.
OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON ÓRGANOS DE CONTROL
En atención a lo dispuesto en el artículo 56 de la LOCGRSNCF, y de conformidad con las Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, se procedió a practicar el examen de 2 cuentas de la Unidad Administradora Desconcentrada Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB) que comprendieron los ejercicios económicos ﬁnancieros 2008 y 2009, cuyas actuaciones conforme a los procedimientos de auditoría de general aceptación y convencionales para este tipo de actividad, resultaron satisfactorias y en consecuencia, se declararon fenecidas. Por otra parte, se realizó la veriﬁcación in situ de la información y documentación suministrada como soporte del Acta de Entrega y sus anexos de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONGEFANB) del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en la cual se determinó que éstos fueron elaborados con exactitud y 243
claridad, tanto cualitativa como cuantitativamente, estando debidamente respaldados con la documentación soporte correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oﬁcinas y Dependencias; sin embargo, la dependencia no dispuso de un espacio físico destinado como almacén o depósito para el resguardo y protección física de los materiales y suministros Igualmente, se realizó la veriﬁcación de la entrega de las oﬁcinas de auditoría interna en el MPPCTII, el MPPCPS, el MPPA, el MPPT, el MPPIBM y el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MPPEP), en las cuales se constató una serie de situaciones que inciden en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control y en el desempeño de tales órganos. GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL SNCF
A los ﬁnes de fortalecer los órganos de control ﬁscal, se realizó el simposio denominado “Fortalecimiento y Consolidación de la Gestión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI)”, realizado el 17 y 18 de junio en las instalaciones del Organismo Contralor y en el cual participaron 41 trabajadores pertenecientes a 15 UAI. Este simposio promovió la necesidad de compartir experiencias y reforzar conocimientos en pro de la coordinación de las UAI, así como de uniﬁcar criterios sobre la gestión de control a los ﬁnes de propender a la obtención de resultados eﬁcaces y eﬁcientes. La actividad se desarrolló en dos fases, la primera comprendió un ciclo de 4 exposiciones dictadas por funcionarios del Organismo, a saber: “Implantación del control interno en las empresas del Estado”, “El rol y competencias de las UAI”, “El ejercicio de las competencia auditora en la UAI” y “Potestades de investigación y el procedimiento para la determinación de responsabilidades en las UAI”; la segunda fase comprendió el desarrollo de mesas de trabajo para discutir las debilidades observadas en el ejercicio del control ﬁscal y las estrategias para subsanarlas. Posteriormente, mediante oﬁcios, se remitieron a las UAI invitadas, el documento ﬁnal con las estrategias acordadas. 244
Gestión de Capacitación y Asesoría
Asimismo, se promovió el simposio denominado “Fortalecimiento de la Gestión de las Unidades de Auditoría Interna”, realizado el 1° y 2 de julio en las instalaciones del Organismo Contralor, el cual comprendió 2 fases, la primera estuvo dirigida al desarrollo de temas vinculados con el Sistema Nacional de Control Fiscal; la operatividad y funcionalidad de los órganos de control ﬁscal; la competencia auditora; el examen de la cuenta; la potestad investigativa y el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades; la segunda fase comprendió la conformación de mesas de trabajo, orientadas a la elaboración de diagnósticos y el diseño de estrategias, con el ﬁn de establecer compromisos dirigidos a subsanar las debilidades comunes detectadas en los órganos de control ﬁscal. La actividad contó con la participación de 31 funcionarios adscritos a las unidades de auditoría interna del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, el Ministerio del Poder Popular de Planiﬁcación y Finanzas, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. A través del programa “Capacitando al Capacitador”, este Organismo Contralor coordinó la realización de 4 cursos: el primero “Auditoría” realizado en la Contraloría del estado Mérida y los 3 restantes referidos al “Proceso Medular de la Potestad Investigativa” en la Contraloría del estado Carabobo, en la Contraloría del estado Miranda y en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Los referidos cursos contaron con la participación de 120 funcionarios, entre abogados y auditores adscritos a los distintos órganos de control ﬁscal del ámbito nacional, estadal y municipal, los cuales permitieron uniﬁcar criterios y esclarecer dudas relacionadas con los procesos de auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades. A ﬁn de uniﬁcar criterios y fortalecer el funcionamiento de las contralorías estadales, se realizaron 3 reuniones de trabajo con los contralores estadales, convocadas en los meses de enero, agosto y noviembre donde, entre otros temas, se trataron el rol de las contralorías de los estados en 245
el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes; las pautas relacionadas con el proyecto de detección de necesidades para el desarrollo de capacidades de los funcionarios adscritos a los órganos de control estadal; implementación de la página web institucional; propuestas y proyectos dictados por parte del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), ante la necesidad de capacitación de funcionarios como expertos avaluadores. Asimismo, se expusieron las estadísticas de los procedimientos de potestad investigativa y de determinación de responsabilidades administrativas iniciadas por las contralorías estadales, los criterios para el inicio de potestades investigativas, principales observaciones derivadas de las decisiones de declaración de responsabilidad administrativa, pautas para la ejecución de auditorías ambientales e informes preliminares y lineamientos para el plan operativo anual 2011. En el ámbito municipal, se desarrolló la actividad “Simposios de las Contralorías Municipales”, realizada en el estado Sucre con la participación de varias contralorías municipales del estado; cuyo objetivo fue la consolidación de experiencias y conocimientos para la coordinación de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal. Esta actividad conllevó la evaluación y acreditación como capacitadores de un grupo de funcionarios en los procesos medulares de auditoría y potestad investigativa. Igualmente, se llevó a cabo el proyecto “Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades”, en donde participaron 12 contralorías municipales intervenidas por esta institución, el cual tuvo como propósito asesorar y facilitar las herramientas básicas para el cumplimiento efectivo de las competencias, a los ﬁnes de lograr el impacto que se espera de sus gestiones, así como mejorar la capacidad institucional y profesional. Se realizaron, además, una jornada referente al “Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades” de las contralorías municipales de Vargas (estado Vargas), Jiménez (estado Lara) y la Contraloría Metropolitana de Caracas, y la ponencia “El Sistema Nacional de Control Fiscal” en el simposio “4 Visiones del Control”, llevado a cabo por la Contraloría Municipal del municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda, en el marco de la celebración de su 35 Aniversario. Finalmente, a los ﬁnes de fortalecer la rectoría que le corresponde ejercer a este Organismo Contralor, la gestión de asesoría incluyó además, la emisión de opiniones técnicas sobre los asuntos siguientes: 246
 Organización y funcionamiento de los órganos de control ﬁscal internos y externos.  Proyecto de Reglamento Interno de la Oﬁcina de Auditoría Interna de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).  Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Cinemateca Nacional.  Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Deportes (IND).  Proyecto de Manual de Normas y Procedimientos del Órgano de Control Interno de la Empresa Logística Casa, S.A. (LOGICASA, S.A.)  Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).  Proyecto de Reglamento Interno y el Manual de Organización de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Imprenta de la Cultura.  Proyecto de Reglamento Interno de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Zulia (FUNDACITE ZULIA). Por otra parte, se realizó la evaluación de los planes operativos anuales 2009 versus los informes de gestión del año 2009 de las contralorías de los estados Carabobo, Cojedes Monagas y Sucre. Producto de la revisión y con el ﬁn de corregir las deﬁciencias detectadas, así como para coadyuvar a mejorar los niveles de eﬁciencia, eﬁcacia, economía y calidad de los procesos medulares de los referidos órganos, se formularon observaciones vinculadas con la cantidad de recursos humanos y ﬁnancieros a ser empleados para ejecutar las actividades medulares, falta de vinculación de la cantidad de metas a ser alcanzadas en el año con el presupuesto de gastos del período, falta de información en los informes de gestión para confrontar los objetivos y las actividades establecidas en los planes en referencia y diferencias en la estructura organizativa presentada en los informe de gestión y las presentadas en los planes operativos.
Informe de Gestión 2010 Gestión Interna
FORMACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA
En el marco de nuestras competencias en materia de promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública y con la cooperación de la Contraloría Municipal de Sucre del estado Miranda se dictó en la sede de dicha contraloría el taller “Ética y la Contraloría Social”, dirigido a los contralores sociales del referido municipio. RETROALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL La gestión cumplida por la Contraloría General de la República en el Sistema Nacional de Control Fiscal durante el año 2010 estuvo dirigida a fortalecer los distintos órganos del sistema, a los ﬁnes de optimizar el ejercicio de las competencias constitucional y legalmente atribuidas. Durante la ejecución se destinaron recursos humanos y ﬁnancieros de la Institución Contralora para llevar a cabo un amplio programa de acciones (actuaciones coordinadas, simposios, seminarios, talleres y asesorías) que permitió, entre otros cometidos, establecer criterios, sugerencias y recomendaciones para el buen desempeño del Sistema, el cual consideramos importante poner en práctica en el corto y mediano plazo a los ﬁnes de lograr mayor eﬁciencia y eﬁcacia en el ejercicio de las labores de control ﬁscal. En ese sentido exhortamos a los órganos de control ﬁscal a mejorar la calidad de las actuaciones, de los respectivos informes, el ejercicio de la potestad de investigación y la determinación de responsabilidades. Los logros del programa de fortalecimiento llevado a cabo nos incentiva a proponer un nuevo cometido a alcanzar en el marco del Sistema: vencer los grandes obstáculos que enfrenta actualmente la participación ciudadana en nuestro país, toda vez que este Organismo Contralor ha venido observando con gran preocupación la resistencia por parte de las autoridades de los distintos entes u organismos del sector público, a poner a disposición del ciudadano la información y documentación que éste requiere para hacer efectivo su derecho a participar en el control de la gestión pública. Por ello, hacemos un llamado a los órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal a los ﬁnes de que implementen mecanismos orientados a promover la transparencia en las instituciones sujetas a su control, de manera que divulguen información relacionada con los pro248
Retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal
yectos y programas que ejecutan, y con los recursos que manejan, entre otros aspectos, y que atiendan de manera oportuna y adecuada las solicitudes que formulen los ciudadanos, toda vez que la falta de información veraz y oportuna hace nugatorio el derecho a la participación ciudadana y, consecuencialmente, atenta contra el modelo de Estado establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en la participación protagónica del pueblo.
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