Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/44706/sentencia-tsj-castilla-la-mancha-1288-2006-de-26-de-julio-recurso-de-suplicacion-modificacion
Timestamp: 2017-10-18 22:20:37
Document Index: 215686373

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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1288/2006, de 26 de julio. Recurso de suplicación. Modificación de hechos probados. Requisitos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1288/2006, de 26 de julio
Recurso de suplicación. Modificación de hechos probados. Requisitos. Desestimación. Falta. Prescripción. Desestimación. Interrupción. Tramitación de expediente sancionador. Sanción. Procedente. Faltas de asistencia y abandono del trabajo.
Primero.-Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "Fallo: Que desestimando la demanda formulada por Dña. María Esther contra el Exmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en impugnación de sanción debo absolver y absuelvo a la parte demandada de la pretensión instada confirmando íntegramente las sanciones impuestas".
Segundo.-Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:
"Primero. Dña. María Esther presta servicios en el Exmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en virtud de relación laboral indefinida desde el 19-02-1990, ostentando la categoría profesional de Jefe de Gabinete de Prensa y Directora de la Televisión Municipal percibiendo un salario mensual de 2.8015,28 euros incluido parte proporcional de pagas extraordinarias.
Segundo. Con fecha 17-03-2003 se dictó Decreto de Alcaldía en cuya virtud se procedió a la redistribución de funciones fijando las funciones de los redactores del servicio según el anexo que se adjunta al mismo provisionalmente y hasta la finalización del Módulo de Formación y Empleo y en todo caso hasta la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo, anexo que se da por reproducido a efectos probatorios obrando a los folios núms. 162 a 166 del expediente administrativo.
Tercero. La demandante permaneció en situación de Incapacidad Temporal desde el día 18-03-2003 hasta el día 28-01-2004 siendo dada de alta por mejoría que permite realizar trabajo habitual.
Cuarto. Con fecha 29-01-2004 se reincorporo a su puesto de trabajo manteniendo una reunión con D. Gustavo Redactor de Prensa con el objetivo de ponerse al día al ser la responsable y Jefe de Servicio.
En dicha reunión la demandante pidió al Sr. Gustavo que le facilitara la clave de acceso al ordenador del gabinete de prensa indicándole este que no se la podía facilitar pues cuando a el se la dieron le dijeron que era personal debiendo solicitarle del superior jerárquico en este caso al Concejal de Medios Sr. Luis Miguel.
Quinto. La demandante presento escrito con fecha 29-01-2004 entre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan dirigido a la atención de D. Luis Miguel Primer Teniente de alcalde solicitando una reunión con el mismo para tratar distintos temas entre ellos informática.
Con la misma fecha presento escrito dirigido al Concejal delegado de informática D. Luis Miguel solicitando una reunión para tratar temas relacionados con la informática y el servicio del gabinete de prensa y la televisión municipal.
Sexto. Los días 29 y 30 de enero de 2004 D. Luis Miguel estuvo en FITUR por lo que no acudió a su despacho en la Alcaldía.
Séptimo. La secretaria del Sr. Luis Miguel comunica a la demandante que este se reuniría con ella el día 2 de febrero, ante lo cual esta manifestó que dicho día tenia visita médica por lo que la reunión se pospuso al día 3 de febrero.
Octavo. El día 2 de febrero el Sr. Luis Miguel convocó reunión de redactores a las 14,30 horas acudiendo a la misma la demandante dado que la cita médica se había anulado, en dicha reunión el Sr. Luis Miguel comunicó verbalmente a todos los redactores que no sería necesaria su presencia en la reunión de agenda política que tendría lugar el viernes día 6 a las 8,30 horas, en el despacho del Alcalde convocándoles posteriormente a una reunión técnica a las 14,30 horas en la cual se obtiene el orden de trabajo para la semana.
El día 3 de febrero el Sr. Luis Miguel se reunió con la demandante que acudió acompañada de los representantes sindicales D. Joaquín y D. Antonio, en dicha reunión el Sr. Luis Miguel dio las órdenes oportunas para que le fuera facilitada clave de acceso al ordenador del gabinete de prensa, comunicándoles asimismo que dado que Dña. Mónica ésta en excedencia es su intención que la Sra. María Esther asuma las funciones de la misma de forma temporal, reiterando a ésta que no era necesaria su presencia en la reunión de agenda política el viernes a las 8,30 horas.
Noveno. El día 4 de febrero el Sr. Luis Miguel Concejal de Medios de Comunicación dirigió escrito a todos los Medios de Comunicación con el siguiente tenor literal:
Sr./Sra. Redactor/a:
Por la presente le significo que a partir del día de la fecha ha pasado a asumir temporalmente y ante la ausencia por excedencia de D.ª Mónica las funciones de Gabinete de Prensa del Ayuntamiento D.ª María Esther, Jefa del Servicio de Comunicación del mismo.
En consecuencia con lo anterior le ruego que a partir de la fecha, para comunicados inserciones de publicación en su medio, solicitud de entrevistas con responsables políticos etc., se dirijan a la mencionada Jefa de Servicio D.ª María Esther en el teléfono ...
Escrito con el mismo contenido fue remitido a la trabajadora.
Décimo. El día 6 de febrero a las 8,30 horas se reunieron en el despacho del Alcalde distintos concejales con objeto de llevar a cabo la reunión de agenda, presentándose en el mismo la demandante ante lo cual por parte del Sr. Luis Miguel se le manifestó que no debía estar allí, tal y como ya se le había indicado con antelación, pese a dicha manifestación la trabajadora no abandono el despacho pidiendo que se le diera por escrito, ante esta manifestación el Alcalde se dirigió a la misma solicitándole que abandona el despacho, la orden no fue atendida lo cual se llamo al Secretario del Ayuntamiento para que ante la situación planteada asesorara a los que allí estaban sobre como proceder. Una vez que compareció el Secretario D. Jesús Lizcano el mismo insistió a la demandante para que abandonara el despacho, y ante su negativa manifestó que se llamara a la policía municipal con el fin de que el despacho pudiera quedar libre y los concejales pudieran comenzar a trabajar, procediendo a requerir la ayuda de la fuerza pública, momento en el cual el Alcalde invitó a los concejales a marcharse de su despacho y a celebrar la reunión en otro despacho en concreto en el del Teniente de alcalde, haciéndolo así.
Cuando se personó en el despacho el Subinspector Jefe Acctal sobre las 9,15 horas estaban en el despacho la Sra. María Esther y el Secretario del Ayuntamiento, instando a aquélla a abandonar el despacho lo que realizó sin ningún problema después de exponer sus razones.
Posteriormente sobre las 9,20 horas la Sra. María Esther se personó en las dependencias de la Policía Local formulando denuncia ante lo acontecido al considerar que era un acto de represión, humillante y que atentaba contra su dignidad profesional.
Undécimo. Tras formular la denuncia indicada la Sra. María Esther no volvió a su puesto de trabajo, presentando escrito en cuya virtud formula Reclamación Previa en reclamación por despido tácito.
Dudoécimo. En la reunión técnica celebrada el día 6 de febrero a las 14,30 no acudió la Sra. María Esther, encargándose de la agenda informativa semanal el Sr. Gustavo ante su ausencia.
Decimotercero. Con fecha 18-02-2004 es dictado Decreto en contestación a la Reclamación Previa formulada en cuya virtud se Dispone:
Primero. Negar cualquier tipo de acoso o perturbación laboral a la trabajadora D.ª María Esther así como la existencia de despido expreso o tácito, requiriéndola expresamente para que ocupe su puesto de trabajo o justifique legalmente la ausencia recordándole que de perseverar en su actitud podría incurrir en un incumplimiento grave o culpable de sus obligaciones como trabajadora.
Segundo. Que se notifique esta resolución a la trabajadora Concejales de Información y Personal, Servicio de Personal, Intervención de Fondos y Sección Sindical de UGT.
La trabajadora se incorpora a su puesto de trabajo el día 20-02-2004.
Decimocuarto. El día 09-02-2004 la trabajadora emitió un comunicado de prensa con el contenido que obra al folio 67 del expediente administrativo y que se da por reproducido a efectos probatorios, dicho comunicado fue remitido a distintos medios de comunicación y publicado en algunos de ellos.
Decimoquinto. Con fecha 09-02-2004 es dictado Decreto en cuya virtud se acuerda la incoación de expediente de información reservada sobre las últimas actuaciones de la Sra. María Esther.
Con fecha 24 de febrero de 2004 es dictado Decreto en cuya virtud se acuerda iniciar expediente disciplinario a la trabajadora D.ª María Esther por las conductas que se indican en los cuatro primeros resultando de la resolución.
Con fecha 22-03-2004 es dictado Decreto por el Alcalde en cuya virtud y atendiendo a lo solicitado por la Instructora del expediente dispone la ampliación en un mes más el plazo para que la misma pueda dictara el Pliego de cargos en el expediente administrativo, en dicho decreto se recogen las razones expuestas por la Instructora con relación a dicha solicitud (fol. 111).
Con fecha 16-04-2004 es dictado por la Instructora pliego de Cargos, el cual es contestado por la trabajadora con fecha 26-04-2004.
Con fecha 03-05-2004 es dictado Decreto por el Alcalde en cuya virtud se acuerda ante la baja por enfermedad de la Instructora Sra. Carmen siendo imprevisible su recuperación y reincorporación proceder a designar nuevo instructor en la persona de D. Luis Ángel, lo que es notificado a la trabajadora con la misma fecha.
Con fecha 10-05-2004 ultimada la tramitación del expediente el mismo es puesto a disposición de la hoy actora para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente en su defensa, haciéndolo así con fecha 21-05-2004.
Con fecha 02-06-2004 es dictada Propuesta de Resolución por el Instructor y con fecha 15-06-2004 es dictada Resolución sancionadora imponiendo a la trabajadora las siguientes sanciones:
a) Por la negativa reiterada a abandonar el despacho de la Alcaldía el día 06-02-2004 cinco meses de suspensión de empleo y sueldo.
b) Por abandonar el servicio a las 9 horas del día 06-02-2004 no retornando en toda la jornada con daño para el servicio diez días de suspensión de empleo y sueldo.
c) Por graves y falsas imputaciones al Alcalde y Concejal proferidas a través de medios de difusión cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.
El expediente sancionador se da por reproducido a efectos probatorios.
Decimosexto. Se ha acreditado que en el Ayuntamiento para acceder a los ordenadores denominados sensibles como puede ser el del gabinete de prensa, es preciso contar con una primera clave que permite el acceso al mismo, una vez que se ha accedido es necesaria una segunda clave para acceder a la red.
Dicha clave es configurada por el responsable de informática Sr. José María para lo cual debe ser autorizado por el superior jerárquico del trabajador al cual deba serle facilitada la misma.
Cuando la actora se incorporó y solicitó acceder al ordenador don José María no pudo ponerse en contacto con el Sr. Luis Miguel al estar éste en FITUR, ante lo cual con su propia clave posibilitó el acceso a la Sra. María Esther al ordenador para que pudiera trabajar hasta que pudiera hablar con el Sr. Luis Miguel.
El día 3 de febrero el Sr. Luis Miguel autorizo que le fuera dada la clave a la Sra. María Esther haciéndose así.
Decimoséptimo. Se ha acreditado que los viernes se celebran en el Ayuntamiento dos reuniones, una a primera hora sobre las 8,30 horas que celebran el Alcalde y los Concejales del grupo político del gobierno, reunión de carácter político a la cual no acuden periodistas salvo que sean expresamente invitados a asistir a la misma.
La segunda reunión se suele celebrar sobre media mañana o al final de la misma sobre las 14,30 horas, esta reunión de tipo técnico tiene lugar entre el Concejal de Medios de Comunicación y los miembros del gabinete de prensa y su objeto es fijar la agenda informativa de la semana.
Decimoctavo. La actora no ostenta la condición de legal representante de los trabajadores, estando afiliada a la Central Sindical de la Unión General de los Trabajadores ostentando la condición de Vicepresidenta Regional de la Agrupación de Periodistas de dicha organización sindical.
Decimonoveno. Con fecha 14-0-2004 interpuso Reclamación Previa en impugnación de sanción, no constando expresamente resuelta.
Tercero.-Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Primero.-Disconforme la actora con la sentencia de instancia, desestimatoria de su demanda, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el Derecho.
Así, en los motivos Primero a Decimotercero, ambos inclusive, de su recurso solicita al amparo del artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, la modificación de los Hechos Probados 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 16.º y 17.º, respectivamente, en los términos que propone, para lo cual trata de apoyarse en la documental que cita. A ello se oponen el Fiscal y la representación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en sus respectivos escritos de impugnación por las razones aducidas en dichos escritos.
Ahora bien, a la vista de la revisión fáctica pretendida por la recurrente, se ha de tener en cuenta lo siguiente:
1. El recurso de suplicación es de naturaleza extraordinaria y a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida) dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) o c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión (y que produce la consecuencia prevista en el artículo 200 LPL), se denuncien yerros fácticos evidentes y trascendentes al fallo y/o, finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material (postulando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los artículos 201 o 202 LPL).
2. Asimismo, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que las cuestiones de hecho y de derecho ineludiblemente han de ser tratadas por separado, y por otro, que sólo cuando se aprecia la infracción denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que el error de derecho en la apreciación de la prueba, por aducirse infracción de una norma, ha de formalizarse por la vía del artículo 191.c) LPL, y que, en lo que respecta al error fáctico, que ha de denunciarse por el cauce del artículo 191.b) LPL, no es posible ignorar que, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, de la doctrina sentada respecto al mismo se desprenden una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformarlo en una segunda instancia, pudiendo compendiarse estas reglas, en lo que aquí interesa, del siguiente modo:
1.º) La revisión de hechos no faculta al Tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental o pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho, bien entendido que su apreciación no puede entrañar denegación de las facultades valorativas de la prueba atribuidas al Juzgador "a quo", a quien corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la LPL, apreciar todos los elementos de convicción aportados al proceso y declarar, en función de éstos, los que estime probados.
2.º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada (STS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).
3.º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba (STC 44/1989, 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero).
4.º) No pueden introducirse en el momento de la suplicación cuestiones fácticas novedosas y que no hayan sido objeto de alegación y, en su caso, debate en la instancia (SS. T.S. de 18-7-1984 y 3-3-1987, entre otras muchas), debiendo subrayarse que siendo únicamente las pruebas documental y pericial aptas para amparar este tipo de motivo, sólo son admisibles para poner de relieve el yerro fáctico los documentos hábiles que ostenten un decisivo valor probatorio y tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia o idoneidad (SS. del T.S. de 19-11-1987 y 18-1-1988), de forma que el error que se denuncia ha de quedar de manifiesto de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas (S.ª T.S. de 18-1-1988, entre otras), a lo que se ha de añadir que el recurso se da contra el fallo y no contra los hechos o consideraciones jurídicas de la sentencia, siendo intrascendentes al recurso las denuncias por error de hecho o infracción jurídica que no alteren el sentido del fallo (SS del Tribunal Supremo de 18-10-1982 y 16-3-1987, entre otras muchas). Pues bien, en el supuesto de autos se observa que en el primer motivo del recurso la recurrente propone una redacción alternativa al Hecho Probado Segundo, aduciendo que "la constancia de los datos que indica son de vital importancia no sólo para conocer cuáles eran las atribuciones o competencias de la trabajadora demandante, sus responsabilidades y su posición orgánica en la empresa, sino que también van a permitir valorar, en el marco disciplinario en el que nos encontramos, si verdaderamente la trabajadora incurrió en las faltas imputadas y si la misma recibió claras e inequívocas órdenes como se deduce en la sentencia de instancia." Sin embargo, es lo cierto que dicha modificación carece de transcendencia al recurso, máxime cuando se concretaron las funciones en el Decreto de 17-03-2003, que se da por reproducido (Hecho Probado Segundo), existiendo datos suficientes para poder valorar las actuaciones de la actora por las que fue sancionada, con lo que no se aprecian omisiones esenciales, relevantes y de repercusión en el fallo, como pretende la recurrente.
Asimismo, en el motivo Segundo, y "por las mimas razones expuestas en el preámbulo del motivo anterior", la recurrente propone un texto alternativo al Hecho Probado Cuarto, pero es lo cierto que no existe base documental para sustentar la modificación pretendida en la forma propuesta a esta Sala, como se pone igualmente de relieve en los escritos de impugnación, por lo que también debe decaer este motivo del recurso.
A su vez, en el motivo Tercero se pretende la modificación total del Hecho Probado Quinto, pero nuevamente se observa que no existe apoyo documental para llevar a cabo la modificación solicitada tal como se propone a esta Sala, sin que haya justificación para la revisión pretendida; y lo mismo cabe decir respecto al motivo Cuarto del recurso, en que se pide la modificación del Hecho Probado Sexto sin suficiente base documental para justificar la revisión solicitada.
Igualmente, en el motivo Quinto se pide la supresión total del Hecho Probado Séptimo, sin que exista un documento idóneo y eficaz que pueda sustentar tal petición. Y en lo que respecta al motivo Sexto, en que se solicita la modificación del Hecho Probado Octavo, no hay base documental en que apoyar la revisión pedida, como tampoco existe tal base para la revisión de hechos solicitada en los motivos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo, en que se pide la modificación, respectivamente, de los Hechos Probados Noveno, Décimo, Undécimo, Duodécimo y Decimocuarto, pudiendo observarse que no existe ningún documento eficaz para sustentar las revisiones pretendidas, por lo que deben decaer dichos motivos del recurso.
Finalmente, en lo que respecta al motivo Duodécimo, en que se pide la supresión total del Hecho Probado Decimosexto, se ha de significar que no hay ninguna base documental que pueda apoyar la misma; y en cuanto al motivo Decimotercero, en que la recurrente solicita la modificación total del Hecho Probado Decimoséptimo, nuevamente se observa que no existe tal base para la revisión de hechos pedida.
En definitiva, y a manera de conclusión, no procede conforme a lo expuesto, ninguna de las modificaciones del relato fáctico pretendidas, debiendo subrayarse que, con arreglo a lo indicado anteriormente, al no ser la suplicación una segunda instancia y configurarse como un recurso de naturaleza extraordinaria, lo que implica el objeto limitado del mismo, el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratara, como no puede revisar "in totum"el Derecho aplicable, y ello aun cuando las pruebas estuvieran mal interpretadas y aunque el Derecho estuviera mal aplicado. Y ha de estimarse asimismo en que el criterio del juzgador para la datación fáctica no puede ser sustituido por el interesado y particular del recurrente si no es en virtud de causa objetiva, contundente y suficientemente acreditada que evidencie de manera patente e incuestionable un error en la narración histórica, y nunca en virtud de otras pruebas de similar valor a las que el juez considera preminentes o que ya fueron tenidas en cuenta por él para la conformación de su juicio, debiendo tenerse en cuenta especialmente en el supuesto de autos que el "iudex a quo" dispuso de importantes medios probatorios tales como el interrogatorio de la actora y diversas testificales, además de la documental aportada, sin que quepa la revisión basada en conjeturas o argumentos más o menos lógicos, al no evidenciarse una equivocación del juzgador.
Segundo.-El examen del Derecho que se solicita a continuación, en el motivo decimocuarto del recurso, tiene la finalidad de que se declare la nulidad del expediente disciplinario y la prescripción de las faltas, citándose al efecto el artículo 66 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y el artículo 65 de dicho Convenio en relación con el artículo 60.2 de la L.E.T. Y, seguidamente, en los motivos Decimoquinto, Decimosexto y Decimoséptimo solicita la recurrente, también al amparo del artículo 191.c) LPL, la revisión del Derecho denunciando las infracciones de preceptos que se indican, aduciendo por último, en el motivo Decimoctavo, la infracción por inaplicación del artículo 24 de la Constitución en cuanto a la nulidad de las sanciones por vulnerar la garantía de indemnidad.
Así las cosas, se ha de significar que para la correcta y ordenada exposición de las cuestiones planteadas y la consiguiente resolución del recurso, deben hacerse las consideraciones siguientes:
1.ª) Confiriéndose al empresario en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, como uno de los poderes disciplinarios, el de imponer sanciones, la valoración de la falta y la sanción son, según se establece en el propio artículo, "siempre revisables ante la jurisdicción competente", viniendo atribuido el conocimiento de tales cuestiones al orden social, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, y estableciéndose en los artículos 114 y 115 de esta Ley normas especiales reguladoras del procedimiento para la impugnación de las sanciones distintas de la de despido.
Así, en la sentencia que recaiga en dichos procesos se ha de desestimar la demanda y confirmar la sanciona, en su caso, estimar la demanda, anulando la sanción (por defecto de forma, por suponer una vulneración de derechos fundamentales o por tratarse de una sanción prohibida por la ley confirmarla, revocarla totalmente (por defecto de fondo) o reducir la sanción impuesta, revocándola en parte y autorizando a imponer la que sea más adecuada a la gravedad de la falta (artículo 115.1 LPL).
A tales efectos se ha de tener en cuenta que el antecitado artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores dispone asimismo que la sanción al trabajador por incumplimientos laborales habrá de imponerse de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezca en las disposiciones legales o en el Convenio Colectivo que sea aplicable, de forma que, tipificada la falta, el automatismo de la legalidad conduce, sin más, a encontrar la sanción adecuada, correspondiendo al empresario la elección, pero dentro del elenco enumerador (Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 03-05-1983, entre otras).
Por lo demás, según tiene declarado el Tribunal Supremo en relación con las sanciones de despido, con doctrina enteramente aplicable en todo proceso laboral seguido en impugnación de sanciones, la sanción impuesta ha de ser objeto de interpretación restrictiva, y su específica naturaleza obliga a llevar a cabo un estudio de todas las circunstancias constitutivas de antijuridicidad (SS Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983, entre otras), bien entendido que según la llamada doctrina gradualista, creada y aplicada por el Tribunal Supremo de forma reiterada, se han de apreciar las circunstancias concurrentes en cada caso, y especialmente la existencia de gravedad y culpabilidad en las faltas imputadas, insistiéndose en que se exige la prueba plena de una acción u omisión del trabajador que sea culpable y tipificada por la normativa laboral, requisitos para cuya apreciación han de ponderarse de forma particularizada todos los aspectos subjetivos y objetivos concurrentes, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias coetáneas que definen la relación laboral como una relación continuada en el tiempo; habiéndose declarado así en numerosas sentencias del Tribunal Supremo que el enjuiciamiento debe hacerse, en todo caso, con criterio gradualista, tendente a establecer una adecuada proporción y correspondencia entre conductas y sanciones, y con criterio individualizador, conforme a las peculiaridades del caso concreto (SS. del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1988, 28 de febrero de 1990, 7 de mayo de 1990, 24 de septiembre de 1990 y 16 de mayo de 1991, entre otras muchas).
Asimismo debe subrayarse que sí bien corresponderá al empresario probar la realidad de los hechos imputados al trabajador y su entidad (artículo 114.3 LPL), en los casos en que se alegue que la sanción es discriminatoria o lesiva de algún derecho fundamental del trabajador, y tal alegación tenga reflejo en hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión, el empresario tiene la carga de probar la existencia de causas suficientes reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada, y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en relación con las sanciones de despido, con doctrina enteramente aplicable a todo tipo de sanciones. (STC 21/1992 [RTC 1992/21], F.3.º con cita de las SSTC 38/1981 [RTC 1981/38], 104/1987 [RTC 1987/104], 114/1989 [RTC 1989/114], 135/1990 [RTC 1990/135] y 197/1990 [RTC 1990/197]). Esta doctrina responde no solamente a la primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino a la dificultad que el trabajador encuentra a la hora de probar la existencia de una causa discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales. La misma doctrina ha precisado que no se trata de situar al empresario ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales, sino de acreditar que su decisión obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito contrario al derecho fundamental en cuestión. Al propio tiempo, para imponer la carga probatoria expresada, no es suficiente la mera afirmación de la existencia de una causa atentatoria contra derechos fundamentales, sino que ha de comprobarse la existencia de indicios de que se ha producido una violación de un derecho de tal naturaleza (STC 21/1992,F.3.º), lo que debe tenerse en cuenta en supuestos como el presente, en que se ha alegado por la actora, según lo indicado anteriormente, vulneración de la garantía de indemnidad, que consagra el artículo 24.1 de la Constitución.
Ahora bien, debiendo examinarse este extremo en primer lugar, así como el referente a la nulidad del expediente(y la consiguiente supuesta prescripción de las faltas), dado que de existir tal vulneración o el indicado defecto de forma habría de declararse, conforme a lo indicado, la nulidad de la sanción, se ha de significar que, en lo que respecta al motivo decimoctavo, no es posible apreciar que la actora fuese sancionada como represalia por las demandas interpuestas por ella que dieron lugar a los procedimientos judiciales que se indican, no habiéndose acreditado siquiera, como pone de relieve la sentencia de instancia, la existencia de indicios de que se produjera una lesión del derecho a la indemnidad, como pretende la recurrente, sino que, antes al contrario, ha quedado probado que la actuación de la empleadora vino motivada por la conducta de la trabajadora, obedeciendo la incoación del expediente disciplinario y la imposición de las sanciones a dicha conducta, estando plenamente justificada aquella incoación, por lo que debe decaer este motivo del recurso.
Asimismo, por lo que respecta al motivo decimocuarto, se ha de subrayar que la actora solicitó en su demanda también que se acogiese la nulidad del expediente disciplinario por la intromisión efectuada en el trámite de desarrollo por el Alcalde, denunciando en su recurso la supuesta infracción del artículo 66 del Convenio.
Sin embargo, a pesar de las alegaciones de la recurrente (que no solicitó en su demanda la nulidad por falta de secretario en el expediente, sin que quepa plantear cuestiones nuevas en el trámite del recurso), es lo cierto que siendo necesaria la tramitación de expediente para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves (artículo 64.5 del Convenio), en el artículo 66 del Convenio se establece que será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario el Alcalde, pudiendo acordarse previamente la realización de una información reservada, y se dispone asimismo -y así lo indica la sentencia- que en la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor, entre una terna propuesta por la Junta de Portavoces, disponiéndose además que cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija y, por tanto, no en todo caso, se procederá al nombramiento de Secretario que deberá tener la condición de empleado.
Pues bien, aun cuando la actora alegó en su demanda que "el Alcalde Presidente, promotor de la incoación del expediente disciplinario, es parte en el mismo y tiene claros intereses en su resultado, por lo que su intervención en la concreta fase de desarrollo vicia el espíritu objetivo e imparcial del expediente, haciendo del mismo acto nulo", se puede observar que, viniendo atribuida la competencia para ordenar su incoación al Alcalde, con fecha 24-02-2004 se dictó Decreto acordando que se incoara el expediente disciplinario, lo que resulta plenamente ajustado a Derecho, como también lo es que ante la petición de la Instructora al respecto acordara la ampliación en un mes del plazo para que pudiera formular el Pliego de cargos, ampliación cuya posibilidad está expresamente contemplada en el propio artículo 66, estando además justificada la misma como se razona en la sentencia, y lo mismo cabe decir respecto al nombramiento de nuevo Instructor de entre los dos que quedaban en la terna propuesta, ante la enfermedad de la Instructora primeramente designada, por lo que tampoco aquí es posible hablar de una intromisión del Alcalde, sin que sean en modo alguno de recibo las alegaciones de la recurrente, carentes de toda justificación, de forma que no cabe apreciar causa alguna de nulidad del expediente, la cual conllevaría, según indica la recurrente, la prescripción de las faltas al no existir trámite válido alguno que interrumpiera el plazo prescriptivo.
Así, en lo que se refiere a la prescripción alegada, es lo cierto que no cabe considerar que exista tal, por cuanto no es posible sostener, con arreglo a lo expuesto, que el expediente disciplinario fuera nulo y por tanto debe reputarse inexistente, sino que, antes al contrario, el mismo era perfectamente válido, y según una reiterada jurisprudencia, la tramitación del preceptivo expediente sancionador interrumpe la prescripción (S.ª del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1990, entre otras muchas), debiendo significarse al respecto que, con arreglo al artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, hay que distinguir, ciertamente, entre una prescripción corta (de 10,20 y 60 días, respectivamente, según que se trate de faltas leves, graves o muy graves), en que el plazo para sancionar se inicia desde que el empresario tuvo conocimiento de su comisión, y una prescripción larga (de seis meses a contar desde la comisión de la falta, sea cual sea su gravedad y la fecha en que el empresario la conozca), y asimismo en el artículo 65 del Convenio Colectivo aplicable se establece un plazo de prescripción ordinario o corta de 10 días para faltas leves, de 20 días para las faltas graves y de 60 días para las faltas muy graves, y un plazo extraordinario (prescripción larga) de 6 meses; si bien a quien impugne una sanción invocando haber transcurrido el plazo de prescripción le corresponde la prueba de que efectivamente esto ha sido así.
Pero en el presente caso, según indica la sentencia de instancia, "las faltas imputadas son calificadas como muy grave, grave y leve, es decir conforme al artículo 65 del Convenio el plazo de prescripción sería de 60 días, plazo que evidentemente no había transcurrido desde que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos e incoó el oportuno expediente administrativo, lo que impide apreciar la prescripción de las faltas..."Y en consecuencia, no apareciendo que se hayan producido las infracciones denunciadas, debe decaer también en su integridad este motivo del recurso.
Por último, una vez analizados los motivos en que la recurrente sustentó su petición de nulidad de las sanciones y del expediente disciplinario, se ha de significar que, en lo que respecta a los motivos Decimoquinto, Decimosexto y Decimoséptimo, tampoco se aprecian las infracciones denunciadas.
Y así, se observa que en el motivo Decimoquinto se alega la infracción por interpretación errónea en su aplicación del artículo 63.3.a) del Convenio Colectivo en relación con el artículo 54.2.b) de la LET relativos a indisciplina y desobediencia en el trabajo, en relación a su vez con el artículo 5.c) de dicha Ley.
Sin embargo, estando sancionada en el artículo 63.3 a) del Convenio la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades, se ha de señalar que el apartado c) del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores incluye entre los deberes básicos de los trabajadores, "cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas", configurándose un deber de obediencia que desarrolla el artículo 20 E.T. al tratar del poder de dirección empresarial, que es causa mediata de aquél y en virtud del cual el trabajador ha de obedecer las órdenes del empresario o de aquél en quien éste delegue, salvo que el empleador actuara con manifiesto y objetivo abuso de derecho, sin perjuicio de utilizar los medios legales procedentes contra la orden recibida ante los organismos correspondientes (SS T.S. de 02-11-1983 y 26-04-1985, entre otras).
Y en el supuesto de autos, se observa que a la actora se le comunicó el 2 de febrero de 2004 por el Sr. Luis Miguel, Concejal de Información, que no debía acudir a la reunión de agenda política que tendría lugar el día 6 a las 8,30 horas en el despacho del Alcalde, lo que le fue reiterado el día 3 de febrero, y no obstante lo anterior cuando el día 6 de febrero se reunieron a las 8,30 horas en el despacho del Alcalde distintos concejales con objeto de llevar a cabo la reunión de agenda, la actora se presentó en dicho despacho, ante lo cual el Sr. Luis Miguel le manifestó que no debía estar allí, tal como se le había indicado con antelación, pero la trabajadora no abandonó el despacho pidiendo que se le diera por escrito, ante lo cual el propio Alcalde le dijo que abandonara el despacho, sin que dicha orden fuese atendida, lo que motivó que el Alcalde invitase a los Concejales a marcharse de su despacho y se fueran a celebrar la reunión a otro. En consecuencia, ha quedado acreditado que existió una orden clara, terminante y directa, que fue desobedecida de forma consciente y absolutamente injustificada, por lo que debe decaer dicho motivo del recurso.
Asimismo, por lo que respecta al motivo Decimosexto, en que la actora denuncia la supuesta infracción por interpretación errónea en su aplicación del artículo 63.2.c) del Convenio Colectivo en relación con el artículo 54.2.a) de la LET, relativos a faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo del 6 al 20 de febrero de 2004, se ha de significar que el deber básico y esencial de todo trabajador, enunciado en el artículo 5.a) del E.T., es el de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo y entre ellas el deber primordial de asistir al mismo durante la jornada establecida, pues es desconocimiento y conculcación de tan fundamental deber no acudir siquiera al lugar donde ha de desarrollar su actividad laboral (S.ª T.S. de 10-05-1984), "estando sancionada como falta muy grave el abandono del servicio".
Ahora bien, en el supuesto de autos ha quedado acreditado que tras irse del despacho del Alcalde el día 6-02-2004 la actora se personó en las dependencias de la Policía Local sobre las 9,20 horas para formular la denuncia a que hace referencia el relato fáctico, presentando reclamación previa ese mismo día por despido tácito, sin que hasta la resolución de dicha reclamación se incorporara a su puesto de trabajo, con lo que se ausentó de éste hasta el día 20-02-2004, sin que sean en modo alguno de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas, que insiste en que se trató de un despido y que se produjo su readmisión, pues no existió acto alguno concluyente por parte del empleador de dar por finalizada la relación laboral, habiéndosele ordenado simplemente que no fuera a la reunión antecitada y, al haberse personado en el despacho incumpliendo esa orden, que abandonara el mismo y fue sólo entonces cuando formuló la reclamación previa por despido tácito, que no existió en ningún momento, a pesar de las alegaciones de la actora, carentes de toda justificación, como no existió tampoco la readmisión pretendida, y así se observa que en contestación a la reclamación previa, se dictó Decreto negando el despido expresamente y requiriéndole a la trabajadora para que ocupara su puesto de trabajo o justificara su ausencia.
En consecuencia, la actora incurrió en las faltas de asistencia imputadas, y lo mismo vale decir para el abandono del servicio el día 06-02-2004, al ausentarse la actora, conforme a lo expuesto, tras abandonar el despacho del Alcalde sin volver a su puesto en todo el día, por lo que debe decaer también este motivo del recurso.
Por último, en lo que respecta al decimoséptimo motivo, aun cuando la actora considera que la sentencia de instancia infringe por interpretación errónea en su aplicación el artículo 63.3.e) del Convenio Colectivo, relativo a grave desconsideración con los superiores respecto al comunicado de prensa del día 10-02-2004, se ha de señalar que el apartado a) del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores impone al trabajador, junto al deber de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, el deber de buena fe, que el artículo 1258 del Código Civil establece con carácter general para todo tipo de contratos, que obligan, a tenor de dicho artículo, "no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley", tratándose de un deber que obliga al trabajador a actuar de forma leal, recta y honesta en el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos contractuales (SS. T.S de 20-11-1989, 25-06-1990 y 04-03-1991), si bien debe subrayarse que se trata aquí de un deber recíproco que vincula a ambas partes de la relación laboral, siendo consustancial al contrato de trabajo, cuya naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos (S.ª T.S. de 09-12-1982, entre otras), como resulta, además del antecitado artículo 1258 C.C., del artículo 20.2 "in fine"E.T., que establece que "el trabajador y el empresario, se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe contractual".
Pues bien, aun cuando en el artículo 20 de la Constitución se reconoce, entre otros, el derecho fundamental a la libertad de expresión, tales derechos tienen su límite en el respecto a los derechos reconocidos en el Título I del texto constitucional, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia,según se establece en el número 4 del propio artículo.
En este sentido, la STC 204/1997 de 25 de noviembre, citando doctrina anterior (entre otras SSTC 105/1990, 85/1992, 336/1993, 42/1995, 76/1995, 78/1995 y 176/1995) afirma claramente que "el ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de la crítica y son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto".
Sin embargo, en el supuesto ahora enjuiciado, a la vista del contenido del comunicado de prensa emitido por la actora el 9 de febrero de 2004 (en cuyo encabezamiento aparece "La Jefa del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan fue expulsada de su trabajo y desalojada por la policía local por orden del Alcalde, el Socialista José Fernando Sánchez Bódalo, ex Consejero de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades") y si se pone en relación el mismo con los hechos declarados probados, resulta patente tanto la falta de veracidad de lo narrado en dicho comunicado como la grave desconsideración con los superiores que se sanciona en el antecitado artículo 63.3 e) del Convenio, lo que excede, conforme a lo indicado, los límites del derecho a la libertad de expresión, de forma que la actora incumplió de manera grave y culpable su deber de actuar con arreglo a la buena fe, impuesto en los artículos 5.a) y 20 del Estatuto de los Trabajadores, y establecido con carácter general para el ejercicio de los derechos por el artículo 7 del Código Civil, y en consecuencia debe decaer igualmente este motivo.
Por lo que, con arreglo a lo expuesto, no habiendo incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, procede, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por doña María Esther contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Ciudad Real de fecha 23 de febrero de 2005, en virtud de demanda formulada contra Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan sobre sanciones, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.