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Timestamp: 2018-08-19 04:04:16
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﻿ RESOLUCIÓN 926 DE 1999
RESOLUCIÓN 926 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:ESTUDIANTES DE DERECHO. SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LEGAL POPULAR EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
DIARIO OFICIAL N°:43724 DE SEPTIEMBRE 30 DE 1999
RESOLUCIÓN 926 DE 1999
“Por la cual se establecen los procedimientos para la prestación del servicio legal popular en la Defensoría del Pueblo”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de las conferidas en el numeral 18 del artículo 9º de la Ley 24 de 1992, y
Que el numeral 4º del artículo 282 de la Constitución Política, faculta al Defensor del Pueblo para organizar y dirigir la Defensoría Pública, acorde con el inciso segundo del artículo 21 de la Ley 24 de 1992;
Que se hace necesario reglamentar lo estipulado en el capítulo I, título 1, parte V de la Ley 446 de 1998, sobre el servicio legal popular;
Que la Defensoría del Pueblo debe llevar un registro de información de los egresados que presten el servicio legal popular en la entidad, para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 157 de la Ley 446 de 1998,
El servicio legal popular
ART. 1º—Definición. El servicio legal popular a que se refiere la Ley 446 de 1998, se prestará en la Defensoría del Pueblo, por parte de los egresados de las facultades de derecho de universidades oficialmente reconocidas, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, de acuerdo con las modalidades establecidas en los capítulos II, III y IV de la presente resolución.
ART. 2º—Requisitos. Los egresados que hayan aprobado y terminado materias académicas, a partir de la vigencia de la Ley 446 de 1998, y que opten por prestar el servicio legal popular en la Defensoría del Pueblo, deberán efectuar su inscripción y registro en la unidad de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 3º—Necesidades de la justicia en cada región. A los efectos del artículo 157 de la Ley 446 de 1998, la Defensoría del Pueblo determinará las necesidades de justicia de cada región y enviará semestralmente el estudio correspondiente, que será procesado por las unidades de desarrollo y análisis estadístico y de registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual velará por que la cobertura de la Defensoría Pública se extienda a todo el territorio nacional.
Del servicio legal popular prestado como servidor público
ART. 4º—Vinculación. La Defensoría del Pueblo, como parte del Ministerio Público, podrá nombrar egresados de las facultades de derecho oficialmente reconocidas, como servidores públicos con funciones jurídicas, de acuerdo con la disponibilidad que ofrezca la planta de personal establecida.
ART. 5º—Prestación del servicio. El egresado nombrado como servidor público con funciones jurídicas en la Defensoría del Pueblo, deberá prestar el servicio con dedicación exclusiva y tiempo completo e informar al Consejo Superior de la Judicatura, para los efectos del inciso primero del artículo 150 de la Ley 446 de 1998.
ART. 6º—Certificación de la prestación del servicio. El jefe de la dependencia en la cual el egresado prestó el servicio legal popular, expedirá la certificación de que trata el artículo 155 de la Ley 446 de 1998, por el tiempo efectivo de su vinculación.
Del servicio legal popular prestado en la Defensoría Pública
ART. 7º—Admisión. La Dirección Nacional de Defensoría Pública admitirá los egresados de las facultades de derecho debidamente reconocidas, de las listas remitidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para que puedan cumplir con el requisito del servicio legal popular, como defensores públicos de oficio, en los términos del numeral 2º del artículo 151 de la Ley 446 de 1998.
ART. 8º—Asignación del servicio. El egresado inscrito y aceptado por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, para cumplir las funciones a que se refiere el artículo anterior, podrá prestar asesoría jurídica, mediante comisión, en las siguientes entidades: cárceles, inspecciones de trabajo, autoridades judiciales municipales, personerías municipales y distritales, comisarías de familia o en casas de justicia.
ART. 9º—Certificación de la prestación del servicio. El Director Nacional de Defensoría Pública expedirá la certificación de que trata el artículo 155 de la Ley 446 de 1998, una vez el egresado haya prestado su práctica durante el término de seis (6) meses, de tiempo completo y con dedicación exclusiva.
Del servicio legal popular prestado como abogado
ART. 10.—Inscripción. El egresado que opte por prestar su servicio como abogado, de conformidad con lo previsto en numeral 3º del artículo 151 de la Ley 446 de 1998, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de Defensoría Pública.
ART. 11.—Certificación de la prestación del servicio. El Director Nacional de Defensoría Pública expedirá la certificación de que trata el artículo 155 de la Ley 446 de 1998, una vez el abogado haya prestado su práctica durante seis (6) meses, atendiendo por lo menos veinticinco (25) procesos. En caso de que atienda un mínimo de quince (15) procesos, la práctica será de un (1) año.
PAR.—La práctica antes mencionada deberá cumplirse de manera continua e independiente del ejercicio de los cargos referidos en el numeral 1º del artículo 151 de la Ley 446 de 1998.
Disposiciones comunes a los capítulos III y IV
ART. 12.—Inscripción. Los egresados que presten el servicio legal popular en los términos de los numerales 2º y 3º del artículo 151 de la Ley 446 de 1998, se vincularán mediante acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Defensoría Pública y previamente acreditarán los siguientes requisitos de inscripción:
• Certificado de terminación de materias, expedido por la universidad.
• Constancia de licencia temporal vigente, dependiendo de la modalidad del servicio.
• Certificado judicial.
• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura.
PAR. 1º—Los egresados podrán tramitar su inscripción en la Defensoría del Pueblo regional o seccional del lugar donde ofrezcan prestar el servicio, previo el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 2º de la presente resolución.
PAR. 2º—El acto administrativo por medio del cual se vincule al egresado, no genera relación legal ni reglamentaria con la entidad, por tanto, aquél no adquiere la calidad de servidor público ni tendrá derecho a prestaciones sociales. Así mismo, la entidad no se hará responsable de su actividad en cuanto genere situaciones frente a terceros.
ART. 13.—Registro. La Dirección Nacional de Defensoría Pública llevará el registro nacional de egresados que prestan el servicio legal popular, a los efectos de la cobertura de la Defensoría Pública en todo el territorio nacional.
ART. 14.—Obligaciones. Son obligaciones de quienes desempeñen funciones de defensoría pública o presten servicios como abogado, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes que surjan del mandato judicial y de la respectiva resolución de vinculación, las siguientes:
1. Asumir con atención y diligencia los procesos asignados, previa aceptación del poder suscrito por el beneficiario del servicio, o de quien esté facultado para otorgarlo.
2. Comunicar por escrito ante la defensoría regional o seccional, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del correspondiente poder o de la designación, su concepto y las bases y argumentos jurídicos sobre los cuales fundamentará su defensa, en cada caso asignado.
3. Manifestar a la defensoría regional o seccional, las circunstancias o hechos que llegare a conocer sobre la solvencia económica del beneficiario del servicio.
4. Cumplir y hacer cumplir los términos y condiciones establecidos por las normas procedimentales, a fin de garantizar una adecuada defensa técnica.
5. Presentar informe sobre las actuaciones procesales y el estado de los procesos a su cargo, de los incidentes presentados y los recursos interpuestos, en los primeros diez (10) días de cada mes, ante el defensor regional o seccional, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección Nacional de Defensoría Pública.
6. Solicitar la condena y/o liquidación de costas en favor de la Defensoría del Pueblo, cuando a ello hubiere lugar. En el evento de que el cobro de tales costas deba ser adelantado por vía ejecutiva, la Dirección Nacional de Defensoría Pública se hará cargo de este trámite.
7. Interponer y sustentar los recursos que de acuerdo con la naturaleza del proceso y demás circunstancias fueren procedentes.
8. Presentar ante la defensoría regional o seccional, oportunamente y por escrito, su posición frente a la viabilidad de interponer recursos o acciones en los procesos en que se falle desfavorablemente contra el beneficiario del servicio.
9. Informar inmediatamente a la defensoría regional o seccional, con copia a la Dirección Nacional de Defensoría Pública, sobre la ocurrencia de circunstancias excepcionales que ameriten la sustitución temporal del poder, tales como enfermedad, ausencia temporal u otra susceptible de justificación, cuando sobrevenga intempestivamente y por ello no dé lugar a la autorización previa de sustitución, por parte de la Dirección Nacional de Defensoría Pública.
10. Una vez efectuada la prestación del servicio legal popular, el egresado deberá presentar un informe general por escrito de las actividades realizadas y las respectivas sustituciones de los procesos que se encuentren en trámite.
PAR.—En caso de que no sea posible continuar con los procesos asignados, por razones de enfermedad grave, nombramiento en cargo público, ausencia definitiva u otra causa razonablemente justificada, el egresado deberá comunicarlo en forma inmediata y por escrito a la Dirección de Defensoría Pública, quien dispondrá lo conducente.
ART. 15.—Régimen disciplinario. El egresado queda sometido al régimen disciplinario previsto en el Decreto 196 de 1971 y por tanto cualquier falta ética o disciplinaria será remitida al Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 16.—Personas de bajos recursos. Entiéndese por personas de bajos recursos, aquellas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, en los términos del artículo 21 de la Ley 24 de 1992 y de la Resolución 382 del 27 de abril de 1993 de la Defensoría del Pueblo.
ART. 17.—Renuncia del mandato. Al establecerse por cualquier medio probatorio que el beneficiario del servicio posee recursos económicos para la contratación de un abogado particular, la actuación del Defensor Público continuará hasta tanto la defensoría regional o seccional autorice la renuncia del mandato.
ART. 18.—Registro de actuaciones procesales. La Dirección Nacional de Defensoría Pública deberá registrar la información de las actuaciones procesales realizadas por cada egresado que preste el servicio legal popular, la cual deberá contener:
1. Procesos asignados, nombre del procesado, identificación, autoridad judicial, radicación de demandas acciones o asuntos, delito, y si se encuentra privado de la libertad, el sitio de reclusión.
2. Actuaciones procesales.
3. Estado de los procesos a su cargo.
4. Control de términos.
5. Las demás que se consideren del caso.
PAR.—Los datos consignados en el sistema de información, deberán estar respaldados con documentos que reposarán en la carpeta de cada egresado.
ART. 19.—Control de gestión. La Dirección Nacional de Defensoría Pública y las defensorías regionales y seccionales, llevarán el control de gestión de la actividad realizada por cada egresado, de conformidad con los parámetros establecidos en el sistema de información y control de defensores públicos.
ART. 20.—Práctica de pruebas en lugar diferente de la sede en que se presta el servicio. Cuando en un proceso se requiera la práctica de una diligencia en un lugar distinto de su sede, el egresado deberá informar mínimo con tres (3) días de antelación a la defensoría regional o seccional, para que se tramite el poder de sustitución respectivo.
ART. 21.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 21 de septiembre de 1999.