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Timestamp: 2016-12-07 12:30:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 14']

Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Penal	La Audiencia Nacional dicta la primera condena por una ablación
cometida fuera de España
Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la primera
sentencia condenatoria impuesta por un tribunal español para castigar por un
delito de lesiones a la madre de una niña de tres años que sufrió un caso de
ablación cometido fuera del territorio nacional.
Recurso de Apelación 13/2011
PROV\2013\115676
SENTENCIA N° 9/2013. En Madrid, a cuatro abril de dos mil trece.
VISTAS por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en juicio oral y público, las presentes actuaciones registradas en esta Sala con el número de Rollo 13/11 y tramitadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, por los trámites del sumario ordinario con el número 5/11 con respecto a la acusada
Bárbara , nacida en Bantantinity (Senegal), el
NUM000 /1972, hija de Saibó Dabo y de Moskouta Souko, con NIE-
NUM001 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional, de la que no ha sido privada, representada por la procuradora Dª. Yolanda Jiménez Alonso y defendida por la letrada Dª Natalia Crespo de Torres.
En el acto del juicio, ha ejercido las funciones de intérprete de mandinga, D.
Jesús Carlos , con N.I.E.
Juzgado de Instrucción n° 3 de Mataró se incoaron, mediante auto de 18/08/2010 , Diligencias Previas 2962/2010 a raíz del parte facultativo emitido por el centro médico de Premiá de Mar el 16/08/2010, que ponía en conocimiento del citado juzgado, indicios que revelaban la mutilación genital de la menor
Rosana . El referido juzgado acordó su inhibición a favor de los juzgados centrales de instrucción en el propio auto de incoación de las Diligencias Previas, motivando que, tras su reparto, fueran turnadas al Juzgado Central de instrucción n° 5 que incoó las Diligencias Previas 232/2010. Practicadas las diligencias de instrucción que se estimaron pertinentes, se dictó auto de incoación de sumario el 04/02/2011, registrado con el número 5/2011, en el que con fecha 18/02/2011 se dictó auto de procesamiento, que no pudo serle notificado en la citada fecha a la acusada, al haber sido declarada en rebeldía, de modo que una vez habida y concluido el sumario, se remitieron a esta Sección donde se había formado el Rollo 13/11.
TERCERO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos para la acusada,
Bárbara , como constitutivos de un delito de lesiones, en la modalidad de mutilación genital del
articulo 149.2 del Código Penal , sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó la imposición de una pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y pago de las costas del juicio, y en concepto de responsabilidad civil, solicitó indemnizara a su hija,
Rosana , en la cantidad de 50.000 euros.
Bárbara , mayor de edad y sin antecedentes penales, inmigrante de Senegal, vino a Cataluña en 2.010 con sus hijos, una vez que su marido,
Florentino , residente en Cataluña desde 1.999, consiguiera permiso para reagrupar a su familia. El 16 de agosto de 2.010,
Bárbara , acompañada de su esposo y la menor de sus hijos,
Rosana , nacida, en una aldea de Senegal el
NUM003 de 2.006, acudieron al centro de atención primaria de Premia de Mar donde, con motivo de la exploración realizada dentro del protocolo de actuación de niños inmigrantes, le fue apreciada la extirpación del clitoris y, como secuela, sinequia o adherencia de labios menores que obtura los orificios uretral externo y vaginal, con una abertura mínima de entre 3 y 5 milímetros de diámetro, que precisará tratamiento quirúrgico.
PRIMERO Los hechos así relatados, constituyen una modalidad del delito de lesiones, tipificado en nuestro
Código Penal, desde la reforma introducida por Ley Orgánica 11/2003, en el artículo 149.2 .
La declaración de la acusada, presidida por el ejercicio de los derechos de no confesarse culpable y de no declarar contra sí misma, y para la que fue absolutamente imprescindible el intérprete de mandinga, al no poderse expresar en otro idioma, puso de manifiesto, en síntesis, los datos siguientes: En primer lugar, no pudo precisar cuando vino a España al no tener estudios, pero sí indicó que antes de llegar a España, vivía con sus tres hijos varones y su hija pequeña
Rosana , en una zona rural de Senegal, hasta que su marido, que ya se encontraba en Cataluña, consiguió los permisos necesarios para que todos ellos vinieran. Mientras vivió en Senegal, trabajaba en el campo, por lo que cuando
Rosana , -respecto de la que tampoco supo decir en qué año nació,- dejó de tomar pecho, aproximadamente al año de edad, la llevó a la aldea donde vivía su madre, esto es, la abuela materna de la menor, lo que le permitió continuar trabajando en el campo, ignorando si ella o alguien con su previo consentimiento, pudo haberle practicado la extirpación genital. Por último, reiteró haber tenido conocimiento de la lesión sufrida por su hija en el propio centro asistencial catalán, produciéndole la noticia una profunda tristeza ya que ella nunca lo hubiera permitido.
En efecto, manifestó recordar la exploración de
Rosana , una niña de 3 años, a la que se le aplicó el protocolo de niños inmigrantes sanos, detectando entonces la lesión. Recordó haber hablado con el padre, toda vez que la madre no podía expresarse ni en catalán ni en castellano, haciendo el marido de intérprete. Añadió, que cuando les informó de la lesión de la niña, se apercibió de que no hubiera ninguna reacción de especial sorpresa en los padres; apreciación que resultó corroborada cuando el padre manifestó que la ablación sufrida era un hecho cultural en África; por lo tanto, hablaron de ella con normalidad. Además, al insistir el Ministerio Fiscal en preguntar el testigo acerca de más detalles sobre este último extremo, en concreto, sobre si recordaba que la acusada manifestara que ella también habla sido objeto de la misma mutilación, -tras mostrarse reacio a contestar por entender que su respuesta podía poner de manifiesto datos confidenciales efectuados por los pacientes o por quienes acompañan a una paciente menor de edad, en el estricto ámbito de una visita médica,- y ser disipadas sus dudas por el representante de la acción penal, en el sentido de hacerle saber que su declaración se encontraba legalmente protegida por cuanto se trataba de averiguar la perpetración de un delito, contestó, sin género de dudas, que efectivamente la acusada manifestó que ella también sufrió la, misma lesión como consecuencia de las costumbres imperantes en ese aspecto en las zonas rurales de su país.
SEGUNDO Como se ha dicho con anterioridad, y una vez examinadas las pruebas citadas, el delito cometido por la acusada reúne los caracteres de una modalidad del genérico de lesiones, previsto, en concreto, en el
artículo 149.2 del Código Penal .
Partiendo de tal premisa, a la hora de declarar la autoría de la acusada acerca de la lesión causada a la menor
Rosana , no hace falta que las pruebas practicadas conduzcan, de forma inequívoca, a la imputación directa y material de la acusada, pues dado el tipo penal cometido, la edad de la víctima y la existencia del vínculo materno-filial existente, a efectos penales, es indiferente que las lesiones las causara materialmente la acusada, la madre de esta última, -tal como la acusada insinuó-, o fueran perpetradas por un tercero, bastando que la acusada, en su condición de madre de la menor y, por tanto, en el ejercicio de la patria potestad que le correspondía, hubiera consentido, en aras de la tradición y costumbres del lugar, que su hija sufriera la lesión en el entorno familiar o se viera expuesta a sufrirla, derivada de la anacronía de costumbres ancestrales. Pues esa falta de reacción o de sorpresa cuando, la acusada es informada por el enfermero, no puede obedecer sino es como consecuencia de saber la existencia de la lesión y, en su caso, de su anuencia para que ésta se produjera.
En efecto, que la acusada conocía la lesión genital de su hija
Rosana , resulta acreditado pero no por sus manifestaciones pues, como se ha indicado, no sólo negó saber lo sucedido, sino que, en el acto del juicio, se mostró abiertamente en contra de la mutilación genital femenina y profundamente dolida cuando se enteró, supuestamente en el centro médico, de la lesión que padecía su hija.
Sin embargo, tales manifestaciones, efectuadas desde el prisma del ejercicio de sus derechos de defensa, quedaron absolutamente desvirtuadas por la declaración testifical prestada por el enfermero que entrevistó a los padres, quien, muy al contrario de lo anteriormente expuesto por la acusada, manifestó que, en el diálogo mantenido con el marido de la acusada y, haciendo al propio tiempo de intérprete de lo que ella le decía, cuando les comentó la lesión que presentaba
Rosana , ambos se mostraron indiferentes, no sorprendidos por la noticia que en absoluto les resultó desconocida; es más, como se ha indicado, fue el marido de la acusada quien, ante la sorpresa del enfermero, le dijo que ese tipo de lesión era normal en su país, por ser propio de su cultura y tradición y por ello también, en su día, le fue practicada a su esposa.
Por todo ello y ante tal testimonio, el tribunal no alberga ninguna duda de la autoría de la acusada, ya sea como autora material de la lesión al amparo de lo dispuesto en los
artículos 28 y
29 del Código Penal en relación con el tipo penal aplicable al caso, esto es, el
articulo 149.2 del Código Penal , o bien insita en el tipo penal de omisión previsto en el
articulo 11 de nuestro Código Penal al exponer a su hija al inevitable peligro de que le fuera practicada la lesión genital.
En, efecto, de encuadrarse la acción dentro de este segundo supuesto, concurrirían los parámetros descritos en la
sentencia del Tribunal Supremo 1538/2000 , que, para la aplicación del referido artículo exige: 1°.- Producción de un resultado de lesión o peligro: 2º.- Omisión de una acción que se encuentre en relación de causalidad hipotética con la evitación del resultado; 3º.- Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate, requisito este fundamental en los" delitos especiales; 4º.- Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar voluntariamente la acción que habría evitado o dificultado el resultado y 5°.- Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como consecuencia de una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Datos, todos ellos, concurrentes en el caso.
En relación a la primera cuestión, la jurisprudencia de la Sala II del
Tribunal Supremo, en concreto, la ss. 14/11/97 , ha señalado que el error de prohibición se constituye, como el reverso de la conciencia de la antijuridicidad, esto es, como un elemento constitutivo de la culpabilidad que exige que el autor de la infracción penal concreta ignore que su conducta es contraria a derecho o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente. Por lo tanto, sigue diciendo la mencionada sentencia, no cabe extenderlo a los supuestos en los que el autor crea que la sanción penal era de menor gravedad, ni tampoco a los supuestos de desconocimiento de la norma concreta infringida y únicamente se excluye, o atenúa, la responsabilidad cuando se cree obrar conforme a derecho.
artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, modificada por Ley-Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, establece que "Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas"..
Por su parte, y de forma más concreta, la Exposición de Motivos de la L.O. 3/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el
artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, señala que "El hecho de que las mutilaciones sexuales sean una práctica tradicional en algunos países de los que son originarios los inmigrantes en los países de la Unión Europea no puede considerarse una justificación para no prevenir, perseguir y castigar semejante vulneración de los derechos humanos. La Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 2.f prevé que los Estados parte adopten medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan una discriminación contra las mujeres."
Se entra en los dos últimos aspectos de la cuestión. Esto es, tras deducir del plenario que la acusada no sabia que o bien su actuación o bien la realizada por otra persona con su consentimiento, era contraria al orden penal español, no cabe la menor duda de que la respuesta del ordenamiento penal no puede ser la misma a quien, a sabiendas, infringe una norma penal; de ahí que nuestro
Código Penal regule en el artículo 14 el error de prohibición, con distintos efectos según se considere que éste es invencible o vencible, pues mientras la apreciación del error invencible, daría lugar a la extinción de responsabilidad penal, la conclusión de que el error era vencible, da lugar a una rebaja importante de la pena en uno o dos grados.
Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este particular (ss. 14/12/1985 y
15/04/1996 ), ha establecido que, para valorar la entidad del error habrán de tenerse en cuenta las condiciones psicológicas y de cultura del infractor, así como las posibilidades que se le ofrecieran de instrucción y asesoramiento o de acudir a medios que permitieran conocer la trascendencia antijurídica de su obrar.
En consecuencia, el tribunal, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Tribunal Supremo y las circunstancias del caso, entiende que el error sufrido por la acusada es el vencible, por lo que procede minorar la pena de acuerdo a los cánones establecidos en el citado
artículo 14 del Código Penal en uno o dos grados.
CUARTO En materia de responsabilidad civil, habida cuenta de la entidad no sólo de la lesión producida sino también de las secuelas descritas, se entiende razonable al caso la fijación de una suma de 10.000 euros a cargo de la acusada y a favor de su hija
Rosana , habida cuenta de la escasez de medios económicos de la familia.
QUINTO En materia de costas, procede la imposición de las mismas a la acusada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 del Código Penal y
240 de la L.E.Crim .
Bárbara como autora responsable de un delito de lesiones en su modalidad de mutilación genital, con la concurrencia de un error de prohibición vencible, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de las costas del juicio y que en materia de responsabilidad civil indemnice a su hija
Rosana en 10.000 euros.