Source: https://derecholocal.es/fallojudicial/criterios-para-la-determinacion-de-la-base-imponible-del-iivtnu
Timestamp: 2019-07-22 13:43:37
Document Index: 131511333

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 110', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 105', 'artículo 110', 'artículo 31', 'artículo 110', 'artículo 93', 'artículo 107', 'artículo 31', 'artículo 107', 'artículo 93', 'artículo 139', 'artículo 93', 'artículo 139']

Criterios para la determinación de la base imponible del IIVTNU - El Derecho Local
Criterios para la determinación de la base imponible del IIVTNU
En relación al IIVTNU devengado con ocasión de la venta realizada de un inmueble, la recurrente solicita que se anule la liquidación y se proceda a la devolución de los importes satisfechos al entender que la misma se practicó mediante error en el cálculo de la base imponible, ya que el Ayuntamiento aplicó una fórmula no ajustada a derecho al no tener en cuenta el incremento real del valor de los terrenos, sino una estimación del mismo basada en el valor según el IBI.
Considera el TS que la liquidación practicada por el Ayuntamiento es conforme a Derecho ya que la misma se ha practicado teniendo en consideración las previsiones normativas establecidas en el art. 107.4 TRLRHL.
Por otro lado, señala que para el cálculo del impuesto la parte actora ha optado por otro mecanismo diferente sin aportar una prueba pericial técnica o de otro tipo que evidencie la inadecuación del método de cálculo legalmente establecido con el principio de capacidad económica.
Tribunal Supremo Sala 3ª, 6-03-2019
, nº 2815/2017, rec.291/2019,
Pte: Merino Jara, Isaac
ECLI: ES:TS:2019:799
1.El presente recurso de casación se interpuso por BAY HOTELS CANARIAS S.L. (antes Barceló Hotels Canarias, S.L.) contra la sentencia núm.138, de 17 de marzo de 2017, dictada por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria del recurso de apelación núm. 2/2017 deducido por BARCELÓ HOTELS CANARIAS S.L. frente a la sentencia 185/2016, de 25 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, desestimatoria del recurso 391/2015 presentado contra la resolución del Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago del Teide, que acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil frente a la liquidación tributaria núm. 2015-008606-1a, por importe de 1.256.565,59 euros, relativa al Impuesto sobre incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana ["IIVTNU"], devengado con ocasión de la venta realizada a INCREMOVI, SL. el 19 de diciembre de 2014 del inmueble sito en C/Honduras ("Hotel Barceló Santiago"), de Santiago del Teide, siendo el valor catastral del suelo en ese momento 10.739.876,87 euros.
2.Ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife el argumento principal del recurrente fue el error en el cálculo de la base imponible, ya que el Ayuntamiento parte de una fórmula no ajustada a derecho al no tener en cuenta el incremento real del valor de los terrenos, sino una estimación del mismo. La sentencia fue desestimatoria.
3.Recurrida en apelación la anterior resolución, la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante sentencia de fecha 17 de marzo de 2017 , desestimó íntegramente el recurso con el siguiente fundamento:
"Tal y como está regulado el Impuesto, la aplicación de la fórmula propuesta por la parte recurrente no es posible, la base imponible necesariamente ha de ser el valor de los terrenos según el IBI en la fecha del devengo que es la de la transmisión. No se trata de sustituir una fórmula de cálculo por otra también aplicable, se trata de no aplicar lo que de forma expresa y específica determina la Ley de Haciendas Locales y ello no es posible.
Tampoco es posible acordar la suspensión del curso de estos autos en tanto se resuelven las cuestiones de constitucionalidad que hay planteadas, no existe precepto legal alguno que permita dicha suspensión. Del contenido de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, resulta claro que sólo cabe plantear la cuestión de inconstitucionalidad si se tienen dudas fundadas sobre la posible inconstitucionalidad de un precepto legal determinante del fallo a dictar, o no plantearla. En el presente caso, ni se ha acreditado cuál era el valor de los terrenos en el IBI a la fecha de su adquisición, lo que es un dato imprescindible para que pudiera aplicarse la fórmula propuesta por la parte recurrente, ni se han practicado las pruebas periciales pertinentes que puedan servir de base a la consideración de que la fórmula establecida por la Ley de Haciendas Locales realmente termina gravando el incremento del valor de los terrenos que se generaría en el futuro y no el experimentado en el pasado, o, que el uso del valor a la fecha del devengo referida al momento de la transmisión proyecta sus efectos al pasado cuando realmente debiera tomar en consideración los incrementos reales del valor de los terrenos producidos desde la fecha de sus adquisición hasta la fecha de su transmisión, con la consiguiente infracción del art. 31.1 de la Constitución al gravar una capacidad económica inexistente. Razones por las que la Sentencia dictada y apelada desestima la solicitud de plantear la cuestión de constitucionalidad. Esta Sala también comparte dicho razonamiento, sin datos de hecho para ello, no cabe estimar que existan dudas fundadas sobre la aplicación de los preceptos antes mencionados que permitan el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
En cuanto a las alegaciones sobre la inexistencia del hecho imponible contenidas en el recurso de apelación y referidas a Sentencias dictadas en otros supuestos por esta misma Sala, no se ha hecho relación alguna con el presente caso y no se ha acreditado cuál fue el valor de adquisición, de hecho ni siquiera consta en estos autos ni en el expediente administrativo copia de la escritura de transmisión, mucho menos de la de adquisición. No procede estimar, ni hay dato alguno en que pudiera apoyarse, la posible inexistencia del hecho imponible. De esta forma, ni procede considerar que no existe hecho imponible, ni procede acordar la suspensión del curso de los autos en tanto se resuelven las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, ni procede plantear dicha cuestión, ni cabe inaplicar el contenido expreso y específico de la Ley de Haciendas Locales y de la Ordenanza Fiscal, que ni siquiera se ha impugnado de forma indirecta. En conclusión, ha de estimarse plenamente correcta y ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada en los presentes autos y, por ende la Sentencia apelada, por lo que procede la íntegra desestimación del recurso interpuesto".
1.El representante procesal de Bay Hotels Canarias S.L. presentó, el 10 de mayo de 2017, escrito de preparación del recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.
2.Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, la recurrente considera que la sentencia infringe las normas contenidas en los artículos 107.1 , 107.2 y 109 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) ["TRLHL"].
3. La Sala de instancia acordó, mediante auto de 15 de mayo de 2017, tener por preparado el recurso de casación contra la Sentencia de 17 de marzo de 2017 , ya reseñada.
TERCERO.-Admisión e interposición del recurso.
1.Preparado el recurso en la instancia y emplazadas las partes para comparecer ante esta Sala, por auto de 15 de septiembre de 2017 , la Sección de Admisión de esta Sala aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
"SEGUNDO.-1.La cuestión jurídica que, desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, plantea el presente recurso de casación coincide con la que suscitaban los RRCA 2022/2017 y 2093/2017, admitidos a trámite en autos dictados por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el 21 de julio y el 24 de julio de 2017 , respectivamente; a saber: Determinar si la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1 y 4, TRLHL permite concluir que el importe de la base imponible del IIVTNU puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual que corresponda. ".
2.La representación de Bay Hotels Canarias S.L. interpuso recurso de casación mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2017, que observa los requisitos legales, y en que se mencionan como infringidas las normas antes citadas, así como la jurisprudencia constitucional, señalando que la Sala juzgadora incurre en infracción de las normas contenidas en los artículos 104 a 107 del TRLHL. Además, se consideran infringidos los artículos 31 y 106. 1 de la C .E., el art. 34.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (actualartículo 53.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común).
Finaliza su escrito solicitando de la Sala "1º) que con estimación del presente recurso de casación se anule la sentencia impugnada, estime el recurso contencioso- administrativo interpuesto por esta parte y determine a su vez la nulidad de la liquidación de IIVTNU por no ser ajustada a Derecho, con devolución de los importes ingresados;
2º) que subsidiariamente, conforme a la petición de la instancia, module el importe de la liquidación realizando los ajustes a la fórmula de cálculo propuestos por esta parte para adecuarla la definición legal de hecho imponible.".
CUARTO.-Oposición al recurso de casación.
Conferido traslado de la interposición del recurso a la parte recurrida, la representación del Ayuntamiento de Santiago del Teide presentó el día 16 de enero de 2018, escrito de oposición en el que suplica a la Sala que desestime el mencionado recurso de casación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida.
QUINTO.-Vista pública y deliberación del recurso.
Al haber considerado la Sala necesaria la celebración de vista pública dada la índole del asunto, mediante la oportuna providencia se designó como magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara y se señaló para aquel acto procesal la fecha del 19 de febrero de 2019, fecha en la que tuvo lugar así como la deliberación, votación y fallo por la Sala, con el resultado que ahora se expresa.
PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.
El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la pronunciada por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de marzo de 2017 , impugnada en casación por BAY HOTELS CANARIAS S.L. (antes Barceló Hotels Canarias, S.L.) es o no conforme a Derecho, para lo cual resulta forzoso interpretar la STC 59/2017 , sentencia que, recogiendo la jurisprudencia sentada en pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional en relación con normas forales de Guipúzcoa y Álava ( SSTC 26/2017, de 16 de febrero , y 37/2017, de 1 de marzo , respectivamente), declara inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLHL.
SEGUNDO.-Remisión íntegra a los razonamientos expresados en lasentencia de esta Sala núm. 1163/2018, de 9 de julio, que resuelve el recurso de casación núm. 6226/2017.
Las similitudes entre este asunto y el que hemos resuelto en la mencionada sentencia de 9 de julio último, procede reproducir gran parte de lo extensamente razonado en ella como base argumental de lo que debamos decir en esta sentencia, tras lo que será preciso efectuar la respuesta singularizada a la situación particular que el asunto presenta.
La Sala dio respuesta, en tal sentencia a las interrogantes suscitadas por el auto de admisión en relación con la interpretación del alcance invalidatorio proyectado por la antedicha STC 59/2017 sobre los preceptos del TRLHL afectados por la cuestión de inconstitucionalidad. Procede, en consecuencia, reproducirad pedem litteraey en su integridad los fundamentos segundo a séptimo de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018 :
""[...] SEGUNDO. El fallo y el fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 .
"a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL," únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5).
c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5)".
En la determinación del alcance de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017 , en un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -en sentencia de 19 de julio de 2017 (rec. apelación 783/2016)- y, posteriormente, otros Tribunales Superiores de Justicia [entre otros, de Castilla y León, con sede en Burgos, sentencia de 22 de septiembre de 2017 ( rec. 21/2017); de Galicia, sentencia de 14 de julio de 2017 ( rec. 15002/2017); de Cataluña, sentencia de 21 de diciembre de 2017 ( rec. 100/2017); y de Navarra, sentencia de 6 de febrero de 2018 ( rec. 535/2016 )], han venido anulando sistemáticamente las liquidaciones dictadas en relación con el IIVTNU -con independencia de que las mismas se hubieran practicado sobre la base de situaciones expresivas o inexpresivas de capacidad económica-, en cuanto que giradas "en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado -al decir de estos Tribunales- no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos...) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza, esto es, "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad" [ sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de julio de 2017 (rec. de apelación 783/2016), FD 3.
Como decimos, esta es la interpretación que a priori podría inferirse del fallo. Sin embargo, de un análisis sosegado del texto de la STC 59/2017 en el que se tomen en consideración, no solo la literalidad de su fallo o incluso de algún fundamento jurídico aislado [señaladamente, del FJ 5 c), que vienen citando los Tribunales Superiores de Justicia que defienden la imposibilidad de liquidar en la actualidad el IIVTNU], sino también, y fundamentalmente, la verdaderaratio decidendio, lo que es igual, las razones de fondo que llevaron al Pleno del Tribunal a efectuar la declaración de inconstitucionalidad que interpretamos, pueden inferirse dos conclusiones: de una parte, que en la STC 59/2017 se declara la inconstitucionalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL; y, de otra parte, que el alcance de la declaración de inconstitucionalidad que se efectúa en relación con el artículo 110.4 del TRLHL es total (o, más exactamente, que se expulsa completa y definitivamente del ordenamiento jurídico la imposibilidad que hasta ese momento tenían los sujetos pasivos de acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración contenidas en los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL y, en consecuencia, de demostrar la improcedencia de liquidar y venir obligado al pago del IIVTNU en ciertos casos).
Pues bien, siendo como es la vulneración del principio de capacidad económica laratio decidendide la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017 , carece de sentido -y, por ende, consideramos que el Pleno del Tribunal Constitucional no pudo pretender este efecto- que la nulidad de los preceptos cuya contradicción con la Constitución se denuncia se extienda también a supuestos en los que existe un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, un manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con artículo 31.1 CE . Y es que -y a mayor abundamiento-, en estos casos, no solo se grava la que a priori o en abstracto es una manifestación de riqueza real o potencial compatible con los dictados del artículo 31.1 CE , sino también la que en su configuración legal concreta resulta plenamente compatible con las exigencias que derivan del principio de capacidad económica. Así se encargó de puntualizarlo el máximo intérprete de la Constitución en el FJ 3 de STC 26/2017, de 16 de febrero , y de reiterarlo en la posterior STC 59/2017 : "es plenamente válida -explicó- la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto" (FJ 3) por el contribuyente.
Y, en fin, por si pudiera existir alguna duda de que la que acabamos de exponer en apretada síntesis es la exégesis correcta -aunque, lo adelantamos ya, necesitada de ulteriores precisiones- del pronunciamiento que venimos comentando, el Pleno del Tribunal se encarga de precisar en el FJ 5, que destina a efectuar "una serie de precisiones últimas" sobre el alcance del fallo al que conduce la Sentencia, lo siguiente: (1) que el IIVTNU "no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual"; (2) que "[l]o es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión"; y (3) que "[d]eben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, "únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5)" [letra a) del FJ 5 de la STC 59/2017 ].
2.1.- En primer lugar, porque quienes efectúan semejante interpretación obvian la puntualización que efectúa el Tribunal Constitucional a renglón seguido del propio FJ 5 c) de la STC 59/2017 , que acabamos de transcribir parcialmente (y cuya primera parte es la que insistentemente se cita). Corresponde efectivamente al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de la Sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que -añade el Tribunal y la aclaración no debe pasarse por alto- "permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5)" [FJ 5 c)]. La intervención legislativa se reclama, pues, expresamente, (a) para que en lo sucesivo dejen de gravarse situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana contrarias al principio de capacidad económica y, (b) obviamente, para cubrir la laguna legal que deja la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia, no porque no exista -a continuación nos pronunciaremos expresamente sobre este extremo- base legal en el ordenamiento tributario que discipline la prueba por el contribuyente y la valoración por el aplicador del Derecho de la inexistencia de un incremento de valor del terreno o de una regla positiva de cálculo para cuantificarla (por mucho que su acierto haya sido cuestionado, pero que, insistimos, el máximo intérprete de la Constitución ha declarado compatible con el artículo 31.1 CE ).
1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1 LGT , conforme al cual "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo", sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017 ). En el FJ 5 b) de la STC 59/2017 concluye, concretamente, el máximo intérprete de la Constitución, que "debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5).", precisión esta última de la que se infiere inequívocamente que es al sujeto pasivo a quien, en un primer momento, le corresponde probar la inexistencia de plusvalía. Y esta premisa ha sido admitida también en la cuestión casacional que, con posterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fijó la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 , citado, en el que, presuponiendo que pesaba "sobre el legalmente considerado como sujeto pasivo la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del IIVTNU", consideró que tenía interés casacional objetivo la determinación de los medios concretos de prueba que debían emplearse para acreditar la concurrencia de esta última circunstancia.
Conforme a reiterada jurisprudencia constitucional "la seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando 'la claridad y no la confusión normativa' ( STC 46/1990, de 15 de marzo , FJ 4), y como 'la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho' ( STC 36/1991, de 14 de febrero , FJ 5). En definitiva, sólo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica" ( STC 96/2002, de 25 de abril , FJ 5; o STC 93/2013, de 23 de abril , FJ 10)" [ STC 84/2015, de 30 de abril , FJ 3 b)].
1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 , adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE .
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017 , "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 , la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...]."
TERCERO.-Contenido interpretativo de esta sentencia.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que debemos hacer necesariamente por remisión a la interpretación plasmada en el fundamento séptimo de la sentencia de 9 de julio último.
Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento, consistente en "[D]eterminar si la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1 y 4, TRLHL permite concluir que el importe de la base imponible del IIVTNU puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual que corresponda", hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho fundamento séptimo.
CUARTO.-Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
No se ha discutido, en la presente ocasión, la realización del hecho imponible; se admite que ha habido un incremento del valor de los terrenos transmitidos. El debate queda reducido a la determinación de la base imponible por considerar la parte actora que es inferior a la calculada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y, por tanto, resulta una cuota a ingresar sensiblemente inferior a 1.256.565,59 euros que, recuérdese, es la que resulta de la liquidación practicada. El Ayuntamiento, aplicando el mandato legal previsto en el artículo 107.4 TRLRHL, concluye que la base imponible asciende a 5.026.262.37 euros. En cambio, la parte actora opta por otro mecanismo diferente sin aportar una prueba pericial técnica o de otro tipo que evidencie la inadecuación del método de cálculo legalmente establecido con el principio de capacidad económica del artículo 31.1. No es nuevo este planteamiento; de hecho, este Tribunal ya ha abordado esta cuestión anteriormente (Cfr. S. 1845/2018, de 20 de diciembre de 2018 (ref . cas. núm. 4980/2017).
Ello nos conduce a las declaraciones siguientes:
La sentencia 138/2017, de 17 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria del recurso de apelación núm. 2/2017 deducido por BAY HOTELS CANARIAS S.L. (antes Barceló Hotels Canarias, S.L). frente a la sentencia 185/2016, de 25 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife , contiene un criterio que sigue los derroteros que hemos establecido, sobre determinación de la base imponible del impuesto municipal que nos ocupa, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 , los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial.
Lo pretendido por la parte actora es una alteración del procedimiento de cálculo que desconoce directamente el mandato legal del artículo 107.4 TRLHL; sin aportar una prueba idónea para desvirtuar la adecuación del método de cálculo de la base imponible que establece el art. 107.1 y 4 TRLHL al principio de capacidad económica.
QUINTO.-Pronunciamiento sobre costas
En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA , no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA , tampoco procede la imposición de las costas de la instancia al existir serias dudas de derecho sobre la cuestión controvertida.
1°) Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, por remisión al fundamento séptimo de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017 .
2°) No haber lugar al recurso de casación interpuso por BAY HOTELS CANARIAS S.L. (antes Barceló Hotels Canarias, S.L.) contra la sentencia núm.138, de 17 de marzo de 2017, dictada por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria del recurso de apelación núm. 2/2017 .
3º) En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA , respecto de las costas de la casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. A tenor del artículo 139.1 LJCA , respecto de las costas de la instancia, si bien se desestima el recurso contencioso-administrativo, las dudas en la interpretación de la nueva jurisprudencia constitucional que se proyecta sobre la controversia jurídica, determina que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.