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Timestamp: 2018-03-19 05:50:52
Document Index: 393171768

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 63', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 19', 'artículo 20']

Recurso de Protección acogido. Despido injustificado de funcionario a contrata 1 - PDF
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Encarnación Zúñiga Ayala
1 Fundación Jaime Guzmán E. Proyecto Local Nº 65 Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia Recurso de Protección acogido. Despido injustificado de funcionario a contrata 1 Introducción: Se advierte que la Municipalidad no se ha ajustado a las formas legales para poner término a la contrata, ya que lo hace por intermedio de un simple oficio. La decisión de poner término a la contrata de un funcionario municipal, es un acto administrativo, y como tal debe cumplir los requisitos de la Ley Nº , sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, entre ellos contar con la debida fundamentación. Que, la decisión del alcalde consignada en el mencionado oficio además de contrariar las formas legales que rigen la materia -desde que al efecto debió dictar el decreto pertinente- resulta desprovista de las motivaciones que la justifican lo que conduce a calificarla de arbitraria e ilegal resultando atentatoria a la garantía constitucional del Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación al derecho del recurrente a gozar de su cargo a contrata mientras cumpla debidamente sus obligaciones funcionarias. La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección presentado por el entonces funcionario municipal y posteriormente la Corte Suprema decidió lo contrario acogiendo el recurso de protección. Texto completo de la sentencia: SENTENCIA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA VISTOS: 1 Recurso de Protección, Marco Antonio Muñoz Campos con Ilustre Municipalidad de Peralillo, representada por su alcalde don Fabián Guajardo León, Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de fecha , rol Nº , Corte Suprema, sentencia de fecha , rol Nº
2 A fs. 4, don Marco Antonio Muñoz Campos, auxiliar en calidad de contrata, con domicilio en Miraflores s/n, comuna de Peralillo, deduce recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Peralillo, representada por su Alcalde don Fabián Guajardo León, con domicilio en Bernardo O'Higgins Nº 237, de la misma comuna, el que funda en el acto arbitrario de que ha sido objeto por parte del recurrido, mediante el cual puso término a su contrato en calidad de personal a contrata de dicho Municipio, lo que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. Agrega que, por decreto alcaldicio Nº 0721, de 03 de junio de 2002, fue contratado, asimilado a grado 17º E.M. del Escalafón Auxiliares, en calidad de contrata, desde el 01 de junio de 2002 y hasta el 31 de diciembre del mismo año y/o mientras sean necesarios sus servicios. Posteriormente, por decreto Nº 1.373, de 23 de noviembre de 2004, se resuelve prorrogar su contrato desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso, decreto que fue completamente tramitado y registrado en su oportunidad en la Contraloría Regional. Expresa que, sin embargo, estando vigente su contrato por la prórroga antes referida, con fecha 23 de diciembre último, el recurrido, mediante oficio, ordena poner término a su contrato, obligándolo a tomar sus vacaciones a contar de esa fecha. Señala, además, que con lo anterior, se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre el empleo, ya que no se ha justificado causal legal o estatutaria alguna para poner término a sus servicios, por lo que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 19 Nº 24, Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, ley Nº , Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley y demás pertinentes y habida consideración que la estabilidad funcionaria de cualquier empleo, solicita se tenga por interpuesto recurso de protección en su favor; a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, dejando sin efecto el oficio que comunica su despido, ordenando su reintegro inmediato a las labores municipales que desempeñaba y, consecuencialmente, se ordene el pago de su remuneración por todo el período en que por dicha decisión alcaldicia se le prive de su empleo, con costas. Informando -a fojas 17- don Jaime Oda Campla, abogado, en representación del recurrido (alcalde), solicita el rechazo del recurso interpuesto por cuanto no ha existido de parte del recurrido un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace los derechos del recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidas en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. 2
3 Agrega que los argumentos jurídicos planteados por el recurrente no son aplicables al caso de autos, toda vez que existe una diferencia fundamental entre un cargo de planta y uno a contrata, cual es la temporalidad o transitoriedad del cargo, cuyo fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 5º de la ley Nº ; artículo 2º, inciso 2º de la ley Nº , sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo que ha sido reiterado en los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, teniendo dicha interpretación la calidad de obligatorios para los Municipios y la administración pública. Señala, además, que de lo expresado resulta claro que el recurrente jamás ha tenido derecho de propiedad sobre el empleo que desarrolló en la Municipalidad recurrida, ya que éste siempre tuvo el carácter y naturaleza de transitorio, pudiendo el Alcalde poner término cuando sus servicios ya no fuesen necesarios, como ocurrió en la especie. Concluye solicitando que, en mérito de lo expuesto y visto lo previsto en las disposiciones legales citadas, se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace el recurso interpuesto, con costas. Se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la Tabla de la Segunda Sala. Con lo relacionado y considerando: Primero: Que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede en el caso que las garantías constitucionales que en dicha disposición se indican sean objeto de privación, perturbación o amenaza en su ejercicio por causas de actos y omisiones arbitrarias o ilegales. Segundo: Que el recurrente, en su libelo de fojas 4, expresa que la garantía conculcada por los decretos que refieren que pusieron término a su nombramiento, a contar del 23 de diciembre de 2004, vulnera el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues al serle aplicable el estatuto administrativo goza de la estabilidad en el empleo, bien incorporal que ha incorporado sobre el que tienen derecho de propiedad. Hace presente que el decreto de prórroga de su cargo corría desde el 1º de enero al 31 de diciembre del año Tercero: Que, informando, la recurrida señala que en virtud de que la prórroga efectuada por decreto alcaldicio Nº 1373, de 23 de noviembre de 2004, lo es del decreto 721, de 3 de junio del año 2002, debe entenderse incorporada la frase "y/o mientras sean necesarios sus servicios" y, en consecuencia, es factible poner término al contrato del recurrente. 3
4 Cuarto: Que el artículo 63 en su letra c) de la ley Nº Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que son atribuciones exclusivas del Alcalde "nombrar y renovar a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias de los rigen". Que el estatuto administrativo (ley ) artículo 3º letra c) y 9º define al empleado a contrata como "aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución". Quinto: Que en lo atingente con la garantía consagrada en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de los derechos y deberes que atan a los servidores públicos con los organismos del Estado. La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria (art. 40 ley Nº y artículo 1º transitorio de la misma ley) y, en consecuencia, el cargo a través de cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que el derecho de propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional. Sexto: Que al margen de la discusión acerca de si la "titularidad" del cargo integra el derecho de propiedad -lo que no sucede en la especie, pues los cargos a contrata son esencialmente precarios y transitorios- la sola dictación de la medida impuesta no puede estimarse conculcante de la garantía precitada, por haberse dictado dentro de la esfera de las atribuciones que le otorga la ley a los señores Alcaldes. Por estos fundamentos, disposiciones invocadas y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: Que se rechaza el deducido por don Marco Antonio Muñoz Campos, en contra de don Fabián Guajardo León, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Peralillo. No se condena en costas, por no estimarlo procedente. Pronunciada con el voto en contra de la Abogado Integrante señora María Lutfie Latife, quien estuvo por acoger el recurso por estimar que efectivamente el recurrente tiene un derecho adquirido en relación a su empleo a contrata, el cual es a plazo fijo, debiendo terminar de pleno derecho el 31 de diciembre del Que, no habiendo incluido la Municipalidad la posibilidad de poner término con anticipación al contrato para el caso de que sus servicios no sean necesarios, no es posible ponerle término antes del plazo establecido. Si bien es cierto el empleo a contrata es esencialmente transitorio, dicha transitoriedad está dada por su plazo de duración máxima de un año o menor, si el nombramiento así lo permite. 4
5 Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros señores Carlos Bañados Torres y Miguel Vázquez Plaza y Abogado Integrante señora María Latife Anich. Rol Nº Santiago, cuatro de mayo de dos mil cinco. A fojas 34, no ha lugar. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de los considerandos cuarto a sexto inclusive, y teniendo en su lugar y, además, presente: Primero: Que para efectos de resolver la acción constitucional de autos conviene precisar los siguientes hechos: 1.- Que por decreto 0721, de la Municipalidad de Peralillo, de 3 de junio de 2002 se contrató al recurrente en calidad de personal a contrata desde el 1 de junio de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2002 y/o mientras sean necesarios sus servicios. 2.- Que por decreto Nº de la Municipalidad de Peralillo, de 28 de noviembre de 2002 se prorrogó el contrato del recurrente desde el 01 de enero de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003 y/o mientras sean necesarios sus servicios. 3.- Que por decreto Nº de la Municipalidad de Peralillo, de 28 de noviembre de 2003 se prorrogó el contrato del recurrente desde el 01 de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2004 y/o mientras sean necesarios sus servicios. 4.- Que por decreto Nº 1.373, de la Municipalidad de Peralillo, de 23 de noviembre de 2004 se prorrogó el contrato del recurrente desde el 01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de Que por oficio s/n de 22 de diciembre de 2004, dirigido al recurrente, el Alcalde de la Municipalidad de Peralillo, pone término al contrato a contrata según decreto 1368, de 28 de noviembre de 2003, consignando que el término de este contrato se hace con fecha 31 de diciembre de 2004 en forma irrevocable. Segundo: Que conforme a lo expresado el recurrente exhibe decretos de nombramiento del cargo a contrata que sirve, y prorrogas del mismo desde el año 2002, y hasta el 2005 inclusive. 5
6 Tercero: Que por su parte el nuevo alcalde, obviando la existencia del decreto que prorrogaba los servicios del recurrente hasta el 31 de diciembre de 2005-, y a través de un "oficio" pone término "al contrato a contrata regido por el decreto 1368", (prorroga hasta el 31 de diciembre de 2004 y/o mientras fueran necesarios sus servicios.) Cuarto: Que, para resolver la materia propuesta cabe consignar que de acuerdo con lo dispuesto en la ley , estatuto administrativo para funcionarios municipales, la dotación de las Municipalidades puede comprender cargos a contrata, los que tienen carácter transitorio, y duran como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, cesando con dicha fecha en sus funciones los empleados que los sirvan, por el solo Ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Quinto: Que, si bien conforme al artículo 63 letra c) de la Ley Nº , Orgánica Constitucional de Municipalidades el Alcalde tiene como atribución el nombramiento y la remoción de los funcionarios de su dependencia, en dicha actuación debe sujetarse a las normas estatutarias que lo rijan. Sexto: Que, en dicho contexto se advierte que el recurrido no se ha ajustado a las formas legales para poner término a la contrata que por decreto alcaldicio sirve el recurrente, toda vez que lo hace por intermedio de un simple oficio. Séptimo: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la decisión de poner término a la contrata de un funcionario municipal, es un acto administrativo, y como tal debe cumplir los requisitos que conforme a la ley , sobre Procedimientos Administrativos rigen que los actos de los órganos de la Administración del Estado, entre ellos contar con la debida fundamentación. Octavo: Que conforme a lo reseñado, la decisión del recurrido consignada en el mencionado oficio, además de contrariar las formas legales que rigen la materia - desde que al efecto debió dictar el decreto pertinente- resulta desprovista de las motivaciones que la justifican lo que conduce a calificarla de arbitraria e ilegal resultando atentatoria a la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación al derecho del recurrente a gozar de su cargo a contrata mientras cumpla debidamente sus obligaciones funcionarias, lo que conduce a revocar la sentencia de primer grado recaída en el recurso y conceder protección al afectado en los términos que se indicarán en lo resolutivo. Y en conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado dictado por esta Corte en la materia, se revoca la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, escrita a fojas 21 y siguientes y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección 6
7 presentado por don Marco Antonio Muñoz Campos en contra del Alcalde de la Municipalidad de Peralillo, dejándose sin efecto el oficio sin número de 22 de diciembre de 2004, debiendo dicha autoridad reintegrar de inmediato al recurrente Marco Antonio Muñoz Campos a las labores que desempeñaba y pagarle la remuneración correspondiente por todo el tiempo que permaneció separado de dichas labores, sin costas por estimarse que la recurrida obró en autos con fundamento plausible. Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro señor Juica quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada, teniendo para ello presente que no es posible hablar de vulneración de la garantía del derecho de propiedad en los cargos que se sirven en calidad de contrata. Regístrese y devuélvase. Pronunciado por los Ministros señores Alberto Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Jaime Rodríguez Espoz. No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del recurso, por estar en comisión de servicios. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema, señor Carlos Meneses Pizarro 7