Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-logistica-transporte-y?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c04e970fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 19:27:55
Document Index: 113109766

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 305', 'artículo 829', 'artículo 829', 'artículo 2', 'artículo 1618', 'artículo 1594', 'artículo 392']

﻿ LAUDO EN DERECHO LOGÍSTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN S.A. LTD EXPRESS S.A. VS L&D COLOMBIA LTDA. OCTUBRE 5 DE 2007
CONTENIDO:• Demanda-Interpretación judicial. El derecho al debido proceso no le permite al juez, salvo evidentes situaciones, relevarse de su deber de interpretar la demanda sin perder su imparcialidad.• Contrato-Terminación unilateral por incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes no habilita al otro para dar por terminado por sí y ante sí el contrato, pues los contratos solo pueden invalidarse por mutuo disenso o por los motivos que expresamente señala la ley, los cuales deben ser reconocidos y declarados por el juez. Ha sido uniforme y constante la jurisprudencia que exige la intervención judicial, bien del órgano jurisdiccional o del mecanismo alternativo del arbitraje, en la decisión respecto de la resolución, anulación o rescisión de un contrato legalmente celebrado.• Revisor fiscal-Certificaciones. Dentro de las funciones del revisor fiscal no está la de certificar cuáles son los ingresos de una sociedad.• Contador-Certificación de estados financieros. Las certificaciones expedidas por un contador tienen que estar referidas a lo que consta en los estados financieros. No puede aceptarse como prueba idónea y suficiente, con la presunción de certeza, cualquier certificación emanada de un contador público porque esa virtud solo puede predicarse de aquellas certificaciones que hacen referencia a los asuntos directamente relacionados con su profesión, esto es, a los estados financieros o a los libros de contabilidad o que versen sobre auditoría.
ÁRBITROS:Diego Moreno Jaramillo
DEMANDANTE:Logística Transporte y Distribución S.A. "LTD Express S.A."
DEMANDADO:L&D Colombia Ltda.
NORMAS ANALIZADAS:- Constitución Política: art. 29 - Código Civil: art. 1594- Código de Comercio: arts. 207, 208, 209. 829- Código de Procedimiento Civil: art. 4º- Ley 527 de 1999: arts. 10, 11
Logística Transporte y Distribución S.A. “LTD Express S.A.”
L & D Colombia Ltda.
Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, procede este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el laudo que resuelve las diferencias planteadas por LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S.A. “LTD EXPRESS S.A.” (en adelante “LTD EXPRESS”), antes ROQUIN LOGISTICS LTDA. (en adelante “ROQUIN”) contra L & D COLOMBIA LTDA. (en adelante “L & D”).
1. Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originan en el Contrato de Servicios Logísticos de Transporte suscrito por las partes el 25 de abril de 2005, cuyo objeto era la prestación por parte de la convocante de los “servicios de recogida y/o entrega en la República de Colombia, de muestras biológicas en el lugar, horario y condiciones que la EMPRESA designe y por los medios que esta considere necesarios, transportándolas hasta su respectivo Aeropuerto o Terminal terrestre con destino a la ciudad de Bogotá o la ciudad que la EMPRESA establezca”, así como “los servicios en la República de Colombia, de recolección y entrega de documentos, paquetes y carga en el lugar, horario y condiciones que la EMPRESA designe” (folio 2 del cuaderno de pruebas).
2. El día 21 de noviembre de 2006 LTD EXPRESS solicitó la convocatoria de este Tribunal de Arbitramento y formuló demanda contra L & D ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
3. En la demanda se adujo como pacto arbitral la cláusula compromisoria prevista en el punto décimo quinto del contrato, cuyo texto, en la parte pertinente, es el siguiente:
“Las partes convienen que en el evento que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá, D.C., integrado por (1) un árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, escogido por esta de entre aquellos que figuren oficialmente inscritos en sus listas, conforme a la ley”.
4. La Cámara de Comercio de Bogotá efectuó el sorteo público del árbitro que habría de resolver esta controversia, el cual recayó en el suscrito, quien aceptó oportunamente.
5. La instalación de este Tribunal se realizó el día 9 de mayo de 2007 y en esa oportunidad se designó al Secretario y se fijó el lugar de funcionamiento. Igualmente, mediante Auto Nº 1 el Tribunal admitió la demanda y ordenó correr traslado de la misma a la parte convocada.
6. L & D fue notificada del auto admisorio de la demanda el mismo 9 de mayo de 2007 y dio oportuna contestación a la demanda en escrito presentado el día 23 del mismo mes y año, mediante el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló excepciones de mérito. De estas se corrió traslado a la parte convocante el 25 de mayo de 2007, término que venció en silencio.
7. En Auto Nº 2, proferido en audiencia que tuvo lugar el 25 de junio de 2007, el Tribunal señaló las sumas por concepto de gastos y honorarios, los cuales fueron consignados en su totalidad y en tiempo oportuno por las partes.
8. El día 26 de julio de 2007 tuvo lugar la audiencia de conciliación, la cual se dio por concluida y fracasada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
9. La primera audiencia de trámite se inició el mismo 26 de julio de 2007 y en ella, mediante Auto Nº 5, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias planteadas en la demanda y, por Auto Nº 6 decretó pruebas.
10. Entre el 10 y el 16 de agosto de 2007 se instruyó el proceso, periodo dentro del cual se recibieron las pruebas decretadas, salvo aquellas que fueron objeto de desistimiento por las partes.
11. El día 6 de septiembre de 2007 tuvo lugar la audiencia de alegaciones en la cual las partes presentaron los argumentos para apoyar sus pretensiones o excepciones y al final de sus intervenciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado, los cuales se agregaron al expediente.
12. El proceso se tramitó en ocho (8) audiencias, en las cuales se instaló el Tribunal de Arbitramento, se procuró la conciliación entre las partes, el Tribunal asumió competencia y decretó las pruebas solicitadas, se practicaron las que no fueron objeto de posterior desistimiento, se decidieron varias solicitudes de las partes y se recibieron sus alegaciones finales.
13. Corresponde ahora a este Tribunal, mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, como la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 26 de julio de 2007, momento a partir del cual debe contarse el término de duración del proceso, establecido en seis (6) meses, el plazo para proferir el fallo vencía el 26 de enero de 2008 y, entonces, su pronunciamiento en esta ocasión es claramente oportuno.
1.1. En su demanda LTD EXPRESS elevó al Tribunal las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Que se CONDENE a la sociedad L & D COLOMBIA LIMITADA al pago de daños y perjuicios causados en contra de LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LTD EXPRESS S.A, derivados de la TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato atípico de servicios logísticos de transporte, celebrado en fecha 25 de abril de 2005 entre LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LTD EXPRESS S.A, anteriormente denominada ROQUIN LOGISTICS LTD en su condición de CONTRATISTA y L & D COLOMBIA LTDA., en su condición de CONTRATANTE.
“SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a la sociedad L & D COLOMBIA LIMITAQDA el pago a favor de LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION LTD EXPRESDS S.A., de los perjuicios materiales ocasionados con el incumplimiento, esto es, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, por las siguientes sumas y conceptos:
“DAÑO EMERGENTE. La suma de OCHENTA ($ 80.000.000 M/cte), MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL.
“LUCRO CESANTE. la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL, ($ 40.000.000 M/cte), correspondientes a los beneficios económicos dejados de percibir por LA TERMINACIÓN UNILATERAL, abrogando la posibilidad DE PRORROGAR EL CONTRATO 12 MESES más.
“CUARTA. Que las sumas objeto de la demanda, deberán ser indexadas o actualizadas al momento de su pago”.
1.2. En su contestación a la demanda, L & D se opuso a las pretensiones y, además, formuló las excepciones perentorias que denominó "Falta de claridad precisión y sustento de las pretensiones", "Inexistencia de Causa para demandar" y "Quien se encuentra en mora de cumplir mal puede exigir el cumplimiento o predicar el incumplimiento de la otra parte".
En su demanda la convocante expuso los hechos en que fundan sus pretensiones y que pueden sintetizarse así:
1) El 25 de abril de 2005 ROQUIN (hoy LTD EXPRESS), suscribió con L & D un contrato comercial atípico denominado servicios logísticos de transporte.
2) El objeto del contrato era la prestación de servicios por parte de la convocante consistente en la recogida y/o entrega en la República de Colombia, de muestras biológicas, en el lugar, horario y condiciones que L & D designara y por los medios que esta considerara necesarios, transportándolas hasta su respectivo aeropuerto o terminal terrestre con destino a la ciudad que L & D estableciera.
3) ROQUIN dispuso de su infraestructura para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.
4) El contrato se ejecutó hasta el día 25 de abril de 2006.
5) Mediante comunicaciones de correo electrónico del 27 y 28 de marzo de 2006, L & D hizo manifiesta su intención de no prorrogar el contrato.
6) De conformidad con la cláusula décima cuarta del contrato, el plazo del contrato era de un año y podía ser renovado automáticamente por el mismo período, siempre que no mediara notificación escrita con 30 días de anticipación.
7) Teniendo en cuenta que las comunicaciones mencionadas son extemporáneas, el contrato se prorrogó por 12 meses más, es decir, hasta el 25 de abril de 2007.
8) La actitud contractual de L & D es ajena al cumplimiento de sus obligaciones.
9) De acuerdo al clausulado del contrato el incumplimiento es sancionado con una multa equivalente a la facturación de los 4 últimos meses, sin perjuicio de demandar los demás daños o perjuicios que se ocasionen.
10) Estas situaciones de incumplimiento han ocasionado grave perjuicio material a la convocante por daño emergente y lucro cesante y ascienden a la suma de $ 120.000.000.
En su contestación a la demanda L & D se pronunció sobre los hechos expuestos, aceptando unos, negando otros y realizando en la mayoría de los casos explicaciones y precisiones.
En ese sentido, reconoce como ciertos los relacionados con la existencia del contrato y su objeto, pero niega los demás o advierte que se trata de apreciaciones personales de la convocante.
Por lo demás, señala que existen serias evidencias que cuestionan el manejo del contrato por parte de la convocante; que L & D lo ejecutó debidamente y lo termino en debida forma; que la determinación de no continuar con el contrato nació desde que se enviaron las comunicaciones del 23 y 24 de marzo de 2006 y se reiteró con correo del 27 de marzo siguiente; que dicha terminación se produjo con justa causa y en forma potestativa dentro del marco temporal; y que quien esta en mora de cumplir no puede exigir el cumplimiento de la otra parte.
Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones o excepciones, la parte convocante aportó una serie de documentos.
A solicitud de la parte convocante se recibieron los testimonios de Augusto César Rojas Rodríguez, Mauricio Alberto Mahecha y Adriana Laverde Antía y a petición de la convocada el de María Sobeida Blanco.
Igualmente, a solicitud de la convocada, se recibió el interrogatorio al representante legal de LTD EXPRESS.
Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la validez del proceso, que permiten proferir decisión de fondo.
Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están dados. En efecto, LTD EXPRESS y L & D son sociedades comerciales, legalmente existentes y con domicilio en Bogotá; sus representantes legales son mayores de edad, como se acreditó con el reconocimiento de los respectivos poderes; igualmente, ambas partes actuaron por conducto de sus apoderados reconocidos en el proceso.
El contrato fue suscrito por ROQUIN pero, como consta en el certificado de existencia y representación, mediante escritura pública Nº 2622 del 1º de agosto de 2006 la convocante se transformó de sociedad limitada a anónima y cambió su nombre por el de LTD EXPRESS.
Por su parte, L & D aunque es una sociedad colombiana, por lo que consta en algunos documentos y dado lo expuesto por algunos testigos tiene algún vínculo con una sociedad extranjera de nombre "OCASA".
Por estas dos últimas circunstancias, en esas pruebas y en esta providencia hay repetidas referencias a ROQUIN y a OCASA, para referirse a LTD EXPRESS y a L & D, respectivamente.
Mediante Auto Nº 5 proferido en la primera audiencia de trámite que tuvo lugar el día 26 de julio de 2006, el Tribunal reiteró esa capacidad y la debida representación de las partes; advirtió que el Tribunal había sido integrado y que se encontraba instalado; que se había efectuado la consignación oportuna de los gastos y de los honorarios; que las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las partes tenían capacidad para transigir; que el pacto arbitral reunía los requisitos legales y que, en consecuencia, el Tribunal era competente para tramitar y decidir el litigio.
Igualmente, el Tribunal revisó el acervo probatorio y verificó que todas las pruebas decretadas fueron practicadas, obran en el expediente y respecto de ellas las partes tuvieron oportunidad de contradicción, quienes así lo confirmaron en la audiencia del 16 de agosto de 2007, en la cual se cerró la etapa probatoria.
Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas procesales previstas sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación, como también lo verificaron las partes.
1. Un cuestión previa.
Con alguna razón sostiene el señor apoderado de la parte convocada que no existe claridad suficiente en las pretensiones de la demanda, en la medida en que para poder obtener una condena por concepto de perjuicios, previamente se debe pedir una declaración de incumplimiento, lo cual no ocurre con rigor en este caso.
En efecto, como se vio, en la primera pretensión la convocante solicitó "Que se CONDENE a la sociedad L & D COLOMBIA LIMITADA al pago de daños y perjuicios causados en contra de LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LTD EXPRESS S.A, derivados de la TERMINACION UNILATERAL del contrato atípico de servicios logísticos de transporte, celebrado en fecha 25 de abril de 2005 entre LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LTD EXPRESS S.A, anteriormente denominada ROQUIN LOGISTICS LTD en su condición de CONTRATISTA y L & D COLOMBIA LTDA., en su condición de CONTRATANTE" y, en la segunda pretensión pidió "Que como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a la sociedad L & D COLOMBIA LIMITADA el pago a favor de LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LTD EXPRESDS S.A, (sic) de los perjuicios materiales ocasionados con el incumplimiento, esto es, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, por las siguientes sumas y conceptos" (se destaca).
Una lectura de la primera pretensión permitiría deducir que en efecto, la convocante no ha solicitado de manera previa a la condena por perjuicios que se declare que se produjo un incumplimiento de su contraparte.
Con todo, el Tribunal encuentra que, sin forzar un ejercicio interpretativo, fácilmente puede entenderse que en la primera pretensión, reiterado expresamente en la segunda, según la frase que se destacó en la cita anterior, la convocante está solicitando que se declare que L & D incumplió el contrato al terminarlo unilateralmente, de manera que no resulta suficientemente contundente el argumento de la oposición para, por esa vía, resolver de entrada la litis.
El derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, desde algún ángulo de la cuestión bien reflejado en lo dispuesto por el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, no le permiten al juez, salvo evidentes situaciones, relevarse de su deber de interpretar la demanda, sin perder su imparcialidad. En ese sentido, en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha defendido esta posibilidad:
“... Cuando la demanda no ofrece la claridad y precisión en los hechos allí narrados como fundamento del petitum, o en la forma como quedaron formuladas las suplicas, tiene dicho la jurisprudencia que en tal evento, para no sacrificar el derecho sustancial, le corresponde al fallador desentrañar la pretensión contenida en tan fundamental pieza procesal. Empero, no puede el sentenciador, dentro de la facultad que tiene para interpretar la demanda y, por ende, determinar el recto sentido de la misma, moverse ad libitum o en forma ilimitada hasta el punto de corregir desaciertos de fondo, o de resolver sobre pretensiones no propuestas, o decidir sobre hechos no invocados. Porque en tal labor de hermenéutica no le es permitido descender hasta recrear una causa petendi o un petitum, pues de lo contrario se cercenaría el derecho de defensa de la contraparte y, por demás, el fallo resultaría incongruente".
“Así las cosas, y teniendo en cuenta que como lo ha reiterado esta Corporación es deber indeclinable del juzgador, sobre todo cuando se halla frente a demandas que adolecen de imprecisión, interpretarlas para desentrañar la verdadera intención del demandante, y que en esa tarea debe tener en cuenta todo el conjunto del libelo y además, si ello fuere menester para precisar su verdadero sentido, toda las actuaciones desarrolladas no solo en el curso del proceso sino también durante la génesis del litigio...'' (Sentencia del 19 de julio de 1985, G.J. CLXXX, pág. 175); se reitera, no existe el yerro que se le enrostra al Tribunal, puesto que la interpretación de la demanda está de acuerdo con los antecedentes del litigio, los que lejos de ser indiferentes tienen extraordinaria relevancia jurídica en su decisión, ya que gracias a ellos se llega a la inferencia lógica y racional que la intención del demandante es evidente ...”.
“…son los hitos fijados por las partes los que marcan el lindero de la controversia y confinan a su ámbito la actuación del juzgador, a quien, por lo mismo, le resulta vedado transgredir la frontera que -en ejercicio de su interés privado-, las partes trazaron a la relación jurídico procesal discutida en juicio. Precisamente el artículo 305 del C. de P. C., exige de la sentencia su consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que el mismo Código contempla, con las excepciones que aparezcan probadas y las que hubieren sido alegadas, si es que así lo manda la ley.
Bien ha de comprenderse, además, que cuando la demanda es diáfana en las pretensiones y en la causa que la sustentan, no será labor difícil la de examinar si el juzgador de instancia la asumió con arreglo a las pautas en que fue concebida, o si, por el contrario, el ejercicio del poder de la jurisdicción abandonó los cauces que la ley ha trazado. Empero, no son pocas las veces que el escrito generador del proceso expone los pedimentos, o los hechos, sin precisarlos con suficiencia, colocando al funcionario en cierto grado de dificultad para concretar y delimitar, tanto lo pretendido, como las circunstancias de facto que lo sustentan. En tal hipótesis, siempre que la demanda lo tolere, el juez debe interpretarla para desentrañar su sentido y evitar el sacrificio de los derechos sustanciales debatidos en culto a un formulismo, por fortuna, hoy ya superado. Desde luego, esa labor de hermenéutica tendrá que abarcar el conjunto, sin aislar partes, y ser prudente y cuidadosa, todo a fin de precaver distorsiones en lo esencial de la causa y lo pedido, porque, como es obvio, al juzgador no le está autorizado desbordar el marco conceptual que corresponde a su función, ni dedicarse a recrear la demanda, porque esta es atribución de parte, no de juez”.
De manera que para el Tribunal resulta claro que LTD EXPRESS ha solicitado se declare que L & D incumplió el contrato al darlo por terminado unilateralmente y, como consecuencia, pide que se condene a la convocada a pagar los perjuicios materiales ocasionados con el incumplimiento.
Por lo expuesto no habrá de prosperar la excepción denominada “Falta de claridad precisión y sustento de las pretensiones”.
2. El tema de esta controversia.
Como se desprende con facilidad de los textos de la demanda y de su contestación, el asunto central sometido a la decisión de este Tribunal consiste en determinar si el Contrato de Servicios Logísticos de Transporte suscrito por las partes el 25 de abril de 2005 por el término inicial de un año, contado a partir de tal fecha, se prorrogó o renovó automáticamente por un periodo de tiempo igual, debido a la falta de una manifestación en contrario dada por la convocada de manera oportuna.
De haber ocurrido tal prórroga automática, el Tribunal habrá de determinar si está probados los perjuicios materiales reclamados como consecuencia del incumplimiento.
El texto contractual pertinente es la cláusula décima cuarta que señala lo siguiente:
“El plazo de este contrato será de un año, contado a partir de la fecha de la firma del mismo, y podrá ser renovado automáticamente por el mismo período si ninguna de las partes notifica de forma escrita a la otra con 30 días de anticipación al vencimiento del contrato, su interés de no continuar. Las causales de terminación de este contrato son: por disolución de cualquiera de las compañías de acuerdo con sus estatutos, de los casos contemplados en este documento o por mutuo acuerdo de las partes previa notificación a la otra por escrito”.
Para la convocante esa manifestación de no renovar el contrato no se dio con la antelación prevista, que según ella debió ser anterior al 9 de marzo de 2006 ¾ya que entiende que los días previstos en la estipulación contractual deben entenderse hábiles¾ porque aquella tuvo lugar hasta el día 27 de marzo del mismo año.
Para la convocada -quien entiende que el término previsto en la cláusula citada supone que los días se entienden calendario- tal aviso de no prorrogar el contrato se dio mediante comunicaciones del 23 y 24 de marzo de 2006, esto es, con suficiente antelación al límite establecido.
3. La prórroga del contrato.
El término de vigencia del contrato fue, como se vio, de un año contado a partir del 25 de abril de 2005, fecha en que se suscribió el documento que contiene el acuerdo de voluntades.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 829 Código de Comercio “Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa”. Y según el parágrafo 1º de esta misma disposición “Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes”.
Por consiguiente, sin duda ninguna, el vencimiento del término del contrato ocurrió el 25 de abril de 2006 y los treinta (30) días de anticipación señalados como plazo a las partes para hacer conocer su determinación de no prorrogar el contrato, vencieron el 26 de marzo, pues tratándose de un plazo convencional, los días son comunes y no hábiles como lo cree la parte convocante (parágrafo 1º del artículo 829 del Código de Comercio).
La parte convocante aduce que la manifestación exigida para que no se prorrogara o “renovara” automáticamente el contrato tan solo se le dio el 27 y el 28 de marzo de 2006, mediante comunicaciones de correo electrónico enviadas por MARÍA SOBEIDA BLANCO, Gerente Financiera y Administrativa de L & D, y por el MAURICIO MIKAN, Gerente General de la misma.
Para la convocada esa manifestación se dio mediante comunicaciones del 23 y 24 de marzo de 2006 y se reiteró con la del 27 de marzo siguiente. Aunque dicha parte sostiene que "entre el 27 de marzo de 2.006 y 25 de abril del mismo año, existió una antelación de 30 días", ya se vio que ello no resulta acertado.
Sobre las distintas comunicaciones mencionadas encuentra el Tribunal lo siguiente:
a) Obra en el expediente la evidencia de un correo electrónico del 24 de marzo de 2006 remitido por Mauricio Mahecha a la dirección "adrianal@tranexco.com" relativa al "CAMBIO AGENTE EN CALI" (folio 12 del cuaderno de pruebas) pero, o bien está cercenado, porque solamente aparece su encabezado, pero no su texto; o simplemente reproduce un correo electrónico que el 23 de marzo de 2006 que Edgar León, Gerente de Operaciones de OCASA COLOMBIA (L & D) le habría trasmitido a "rsaenz@ocasa.com", Camilo Gualpa, Myriam Ramos y Nubia Gómez, cuya calidad se desconoce, pero al menos el primero parece vinculado con la propia convocada y no con la convocante. En este, les puso de presente lo siguiente: "En consenso con nuestra Gerencia General hemos tomado la decisión de asignar la operación de la regional Cali a Nuestro agente en el eje cafetero sr. Roberto Carlos Muñoz. Esto significa como es obvio, que a Roquin no se le hará ningún envío, ni se le encomendara ningún trabajo o función a partir de este lunes 27 de marzo. Desde esta tarde el sr. Muñoz estará haciendo empalme con nuestros supervisores para tomar atenta nota de todos los detalles que conlleva el atender la zona antes mencionada". Y agrega, "Agradezco a todos por anticipado la especial atención que le dispensen a esta instrucción en el propósito de mejorar sustancialmente el nivel de nuestro servicio". La prueba documental fue aportada tal cual por la convocante, corresponde a la numeración continua que le dio en el recibo de la solicitud de convocatoria el Centro de Arbitraje y no fue tachada por la convocada. Ninguna otra comunicación de fecha 23 de marzo de 2006 obra en el expediente.
b) Mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2006 (folio 6 del cuaderno de pruebas) OCASA (L & D), por intermedio de EDGAR LEÓN, se dirige a "augustoc@tranexco.com" sobre la "RELACIÓN COMERCIAL OCASA - ROQUIN" en los siguientes términos.
"Al respecto del tema y dado que tenmamos (sic) una cita hoy a las 14:30 (que incumplieron) para tratar varios puntos sobre este asunto; me permito notificarles con la anuencia de nuestro Gerente General Sr. Mauricio Mikan y Nuestro vicepresidente Sr. Rolando Navarro lo siguiente:
"Regional Cali: a partir de este lunes 27 de marzo hemos contratado los servicios de un nuevo agente que se encargara (sic) de las operaciones de la regional. Al respecto ustedes conocieron desde el principio de mi desempego (sic); mis dudas e inquietudes sobre la actitud, presentación y capacidad de maniobra de su representante en esta ciudad. Hace 20 dias en reunisn (sic) les solicite que revisaran estos aspectos y que mantendrmamos (sic) la observación por un tiempo mas. Desafortunadamente esta semana con motivo de una visita corporativa a Cali. la presentacisn (sic) no pudo ser mas lamentable y diciente sobre la limitada capacidad del Sr. Saavedra para representar nuestro nombre e intereses en esa regional". Esa prueba documental parece cercenada porque llega hasta aquí. La prueba documental fue aportada tal cual por la convocante y corresponde a la numeración continua que le dio en el recibo de la solicitud de convocatoria el Centro de Arbitraje.
c) A través de correo electrónico del 27 de marzo de 2006 (folio 11 del cuaderno de pruebas) la señora MARÍA SOBEIDA BLANCO, Gerente Financiera y Administrativa de OCASA COLOMBIA (L & D) se dirige a ADRIANA LAVERDE y a "augustoc@tranexco.com" para decirles: "nos permitimos notificarles que el contrato en referencia no será renovado".
d) Y mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2006 (folio 5 del cuaderno de pruebas) MAURICIO MIKAN se dirige a "augustoc@tranexco.com" así: "Solo para dejar clara la situación y sin interpretaciones de parte alguna estamos confirmando la terminación del contrato de servicios que tenemos con Uds basados en la potestad y decisión corporativa que nos asiste".
Todos las comunicaciones referidas, junto con otras que obran en el expediente y a las cuales se referirá el Tribunal más adelante, fueron aportadas por la parte convocante, ninguna fue tachada de falsa por la convocada y el Tribunal les dará el valor legal previsto para estos documentos en la Ley 527 de 1999, especialmente en sus artículos 10 y 11.
Las comunicaciones de ÉDGAR LEÓN del 23 y del 24 de marzo, particularmente la segunda, en cuanto a su evidencia probatoria, tuvieron por objeto informar a ROQUIN (LTD EXPRESS) que a partir del 27 de marzo OCASA (L & D) contrató los servicios de un nuevo agente para la regional Cali. En estricto sentido dicha comunicación no tiene otro alcance que el de dar a conocer al transportador especializado la decisión de relevarlo de sus obligaciones contractuales en la ciudad de Cali, exclusivamente, pero jamás puede considerarse como una manifestación de parte de OCASA (L & D) de dar por terminado el contrato.
La decisión de relevar a LTD EXPRESS de las operaciones en la ciudad de Cali no supone necesariamente la terminación del contrato porque de conformidad con el texto contractual las obligaciones de ROQUIN (LTD EXPRESS) no estaban limitadas a dicha ciudad sino que el contratista debía estar en disposición de hacerlo en cualquier otra ciudad de la República de Colombia.
En efecto, de conformidad con la cláusula primera: "El CONTRATISTA prestará susservicios de recogida y/o entrega en la República de Colombia, de muestras biológicas en el lugar, horario y condiciones que la EMPRESA designe y por los medios que esta considere necesarios, transportándolas hasta su respectivo Aeropuerto o Terminal terrestre con destino a la ciudad de Bogotá o la ciudad que la EMPRESA establezca. Dichas muestras biológicas deben ser recogidas o entregada (sic) exclusivamente en vehículos, NO MOTOS. Igualmente el CONTRATISTA prestará los servicios en la República de Colombia, de recolección y entrega de documentos, paquetes y carga en el lugar, horario y condiciones que la EMPRESA designe" (se subraya) (folio 2 del cuaderno de pruebas).
Sobre esa posibilidad para que las operaciones se desarrollaran en otras ciudades da cuenta la prueba documental aportada, la cual hace referencia a la "Regional Cali", como si hubiese otras. También la prueba testimonial recaudada, así:
a) El testigo AUGUSTO CESAR ROJAS RODRÍGUEZ declaró:
"La relación con ellos fue una relación muy cordial, tanto que Ocasa, L & D nos pidió otras ciudades, nos pidió que si podíamos trabajar en Bucaramanga y nos pedía que ellos habían hecho un contrato creo que con la IBM y nos pedían que si nosotros podíamos hacerle la operación logística en Bucaramanga, tanto que conseguimos una persona en Bucaramanga, pero el negocio no se dio; nos hacían trabajar en la cotización y eso y no se dio.
También estuvimos cotizándole lo que fue Manizales y Pereira para ampliar el negocio ahí, ese negocio tampoco se dio pero lo que puedo decir es que sí se tenían muy buenas relaciones de todo lo que hacíamos.
Al final del contrato también me pidieron una cotización para ver si le hacíamos un manejo en la Aduana de las importaciones, también lo cotizamos pero tampoco el negocio se dio" (folio 24 del cuaderno de pruebas).
"Nosotros teníamos una operación nacional y L & D terminó la operación de Cali" (folio 27 del mismo cuaderno)
Pero, en cualquier caso hay prueba de que en ese momento las relaciones contractuales no estaban limitadas a la ciudad de Cali y que, por lo menos, también contemplaban operaciones en la ciudad de Medellín. En efecto:
a) El testigo AUGUSTO CÉSAR ROJAS RODRÍGUEZ declaró: "Se comienza a desarrollar el negocio, básicamente en Cali y en Medellín. Rockin Logistic arma la operación en Cali y arma la operación en Medellín" (folio 23 del cuaderno de pruebas); "se recogía en Cali y Medellín" (folio 24 del mismo cuaderno).
b) El testigo MAURICIO ALBERTO MAHECHA QUINTERO declaró: "Yo tenía que estar pendiente de las entregas y recogidas de los envíos en las ciudades de Cali y Medellín, que eran las ciudades donde se prestaba el servicio de Rockin …" (folio 33 del cuaderno de pruebas).
c) La testigo ADRIANA LAVERDE ANTIA declaró: "La facturación se realizaba de acuerdo a las tarifas establecidas, de Medellín y Cali me enviaban una relación de todas las mercancías, material biológico que había sido distribuido en cada una de las ciudades y con base en esas relaciones era que se realizaba la facturación para los señores de L & D y nos basábamos en las bases ya establecidas con las dos partes" (folio 37 del cuaderno de pruebas).
"... hubo un funcionario que vino de la ciudad de Miami a realizar unas capacitaciones en la ciudad de Cali y Medellín..." (folio 38 del mismo cuaderno).
d) La testigo MARÍA SOBEIDA BLANCO VARGAS declaró: "L & D y Rockin tuvieron un contrato de servicios de logística a nivel nacional especialmente para las ciudades de Cali y Medellín" (folio 42 del cuaderno de pruebas). Ante la pregunta del apoderado de la convocada sobre "en qué ciudades prestó Rockin hoy LTD Express servicios a Ocasa", respondió contundentemente: "Cali y Medellín" (folio 44 del mismo cuaderno). Sobre la pregunta del mismo apoderado relativa a "si recuerda en qué momento Medellín terminó el contrato, se canceló la operación de Medellín", expresó: "Simultáneamente con la de Cali porque era un solo contrato. Al dar pro terminado el contrato por los problemas de Cali automáticamente se dio por terminada la relación con Medellín" (folio 44 del citado cuaderno". Y ante la pregunta del apoderado de la parte convocante quien indagó "cuál fue la razón para no escribir en el correo, en el texto que ustedes enviaron, la situación de la ciudad de Medellín, por qué solamente se basaron con la ciudad de Cali?" expresó: "Por lo mismo que acabo de decir, era un único contrato y entonces no podíamos excluir a Cali y dejar a Medellín y en vista del manejo que se le dio a Cali cuando se le citó para concretar y hacer el plan de mejoramiento y ni siquiera cumplieron la cita, entonces se notó la falta de interés en continuar en contrato y L & D decidió darlo por terminado" (folio 48 del citado cuaderno).
No hay duda, entonces, que la operación tenía lugar no solamente en la ciudad de Cali sino que también se desarrollaba en otras ciudades, por lo menos, en la ciudad de Medellín, y que la obligación del contratista podía extender en vigencia del contrato a cualquier otra. Sin embargo tales comunicaciones del 23 y 24 de marzo tan solo pretendían sustituir a ROQUIN (LTD EXPRESS) para la operación en Cali pero jamás terminar el contrato.
Para ratificar la insuficiencia de las comunicaciones del 23 y 24 de marzo 2006 como constitutivas del preaviso convenido para no prorrogar el contrato, encuentra el Tribunal que para esa época la convocada no había considerado ese posibilidad. No de otra manera se explica que mediante correo electrónico del 21 de marzo anterior, el señor AUGUSTO CÉSAR ROJAS (LTD EXPRESS) le dijera al señor EDGAR LEÓN (L & D): "Adjunto a continuación el cuadro de tarifas de acuerdo a su solicitud" (folio 13 del cuaderno de pruebas).
Solamente las comunicaciones del 27 y del 28 de marzo suscritas por MARÍA SOBEIDA BLANCO, Gerente Financiera y Administrativa de OCASA COLOMBIA (L & D) y por el señor MAURICIO MIKAN, Gerente General de la misma, tienen la virtud de notificar dicha terminación. No obstante, dadas las fechas en que fueron emitidos los mensajes, resulta evidente que el preaviso contractualmente pactado fue claramente extemporáneo, ya que el contrato se había prorrogado el día 27 de marzo porque, como se vio, la manifestación contractual en contrario tenía como plazo el día 26 de marzo anterior.
Dado lo anterior resulta claro que lo informado los días 27 y 28 de marzo constituyó una decisión unilateral sin causa justificativa alguna, constitutiva de un inequívoco incumplimiento contractual porque el contrato ya se encontraba prorrogado de manera automática.
De esta manera no habrá de prosperar la excepción denominada "Inexistencia de Causa para demandar".
4. El alegado incumplimiento correlativo de la convocante.
Ha propuesto la parte convocada la excepción denominada "Quien se encuentra en mora de cumplir mal puede exigir el cumplimiento o predicar el incumplimiento de la otra parte". Al efecto sostiene que "No existe la menor duda que hay un claro y evidente incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, que facultaron al demandado para terminar el contrato" y que "Se denota el incumplimiento que se predica a cargo del demandante, cuando este mismo da su anuencia para que se le retire de la operación que manejaba en la ciudad de Cali", para finalizar señalando que la exceptio non adimpleti contractus, consagrada en los artículos 1546 y 1609 del Código Civil "otorga un verdadero derecho de retención a favor de uno de los contratantes hasta que el otro ejecute o se allanan a ejecutar su prestación".
Sin embargo, el incumplimiento de sus obligaciones por parte de uno de los contratantes no habilita al otro para dar por terminado por sí y ante sí, el contrato, pues los contratos solo pueden invalidarse por mutuo disenso o por los motivos que expresamente señala la ley, los cuales deben ser reconocidos y declarados por el juez. Ha sido uniforme y constante la jurisprudencia que exige la intervención judicial, bien del órgano jurisdiccional o del mecanismo alternativo del arbitraje, en la decisión respecto de la resolución, anulación o rescisión de un contrato legalmente celebrado .
Y la convocada tampoco probó el incumplimiento de la convocante. Sobre lo ocurrido antes de la comunicación del 24 de marzo de 2006, en la prueba documental aportada tan solo se encuentran referencias a algún problema en la facturación revelado en el correo electrónico del 21 de julio de 2005 (folio 16 del cuaderno de pruebas), el cual estaba en vías de ser solucionado y no aparece reiterado documentalmente en los ocho meses siguientes de ejecución del contrato.
Sobre este mismo aspecto se advierten las siguientes referencias en la prueba testimonial:
a) El testigo MAURICIO ALBERTO MAHECHA QUINTERO declaró: "... hasta donde yo tengo entendido nunca hubo reclamos de que se haya entregado mal algún envío, se haya de pronto perdido algo, alguna recogida se haya hecho mal o haya llegado tarde o alguna cosa, nada. De parte de eso ninguna queja, de pronto alguna facturación, alguna tarifa que de pronto no estaba de acuerdo, pero todo eso lo manejaba don Augusto, yo le pasaba el informe pero era una cosa esporádica, algo pequeño que de pronto 1 ó 2 veces pudo haber pasado, pero en cuanto a servicio siempre estuvo bien, entregas y recogidas al día" (folio 34 del cuaderno de pruebas).
b) La testigo MARÍA SOBEIDA BLANCO VARGAS declaró: "... durante este contrato hubo fallas en la parte operativa y en la parte administrativa; voy a hacer énfasis en las fallas administrativas que son las que conozco de cerca y de fondo, el tema de la facturación, había muchos errores en la facturación, casi por cada factura pedíamos notas crédito porque facturaban con la tarifa que no correspondía entonces esto se volvió un desgaste administrativo cada vez que íbamos a pagar desenredando" (folio 42 del cuaderno de pruebas).
"Hubo muchas comunicaciones verbales de las fallas y hay unos e-mail donde puntualizan las fallas especialmente en la ciudad de Cali porque la persona que trabajaba allí no reunía los requisitos ni tenía la actitud ante los servicios que L & D necesitaba, la maniobra, nosotros manejamos servicios biológicos donde son muy importantes los horarios de recogida, la coordinación con las clínicas, los hospitales, el envío de las muestras a Estados Unidos porque si no llegan en 48 horas las muestras se dañan, entonces debe estar la infraestructura muy bien coordinada para evitar problemas con los clientes y en Cali hubo varios inconvenientes" (mismo folio).
"La falla fue de la operación a raíz de una visita de Mauricio Micán con Rolando Navarro a Cali, 20 días antes en el comunicado, donde definitivamente las expectativas que ellos tenían de la imagen de la empresa ya del servicio era otro, en ese momento se decidió hacer la reunión y pues no podíamos continuar porque eran los clientes de la compañía los que estaban en riesgo, había quejas de los Saids donde se recogían las muestras y fue allí donde se tomó la decisión" (folio 47 del mismo cuaderno).
La testigo MARÍA SOBEIDA BLANCO VARGAS no expone razones de la importancia que se requieren para que haya lugar a declarar el incumplimiento de LTD EXPRESS. Si el funcionario de Cali no satisfacía a OCASA (L & D) ha debido pedir su remoción, lo que no parece que se hubiera hecho. Tampoco se demostró que hubiera habido fallas en la recolección de las muestras o insatisfacción de los clientes. La testigo, simplemente hace unas consideraciones con relación a la necesidad de la recolección oportuna de muestras biológicas, pero no menciona casos en que tal gestión no se hubiera dado con la debida diligencia y de ello hubieran derivado perjuicios para L & D.
Teniendo en cuenta el texto de la comunicación del 24 de marzo de 2006, única que contiene algún reclamo a ROQUIN (LTD EXPRESS), encuentra el Tribunal que la imputación que dio origen a terminar la operación en Cali tiene que ver con la presentación personal del representante de la convocada allí. Sin embargo, en el contrato objeto de esta proceso no se encuentra ninguna mención acerca de exigencias relativas a ese aspecto. Y antes por el contrario, de acuerdo con el correo electrónico del 20 de julio de 2005 parecería que el interés de L & D era que los "agentes" no tuvieran contacto directo con los clientes (folio 17 del cuaderno de pruebas). Por ello, la imputación efectuada aquí tampoco tenía la entidad para constituir un incumplimiento contractual.
De manera que el incumplimiento de ROQUIN (LTD EXPRESS) no está demostrado y por eso habrá de rechazarse la excepción en comento.
5. La prueba del perjuicio.
Como se vio la parte convocante pretende que, de manera consecuencial a la declaratoria de incumplimiento, derivado de la terminación unilateral sin justa causa, se condene a la convocada al pago de los perjuicios correspondientes. Dentro de estos pide se condene a la convocada a pagar la suma de $80.000.000 a título de daño emergente, invocando la cláusula décima tercera. Igualmente solicita que, a título de lucro cesante, se condene a la convocada al pago de la suma de $40.000.000, correspondiente a los beneficios económicos dejados de percibir por aquella en virtud de la terminación unilateral y que equivaldrían al 50% de la utilidad.
Para acreditar el monto de los perjuicios allegó un certificado del revisor fiscal de LTD EXPRESS que señala lo siguiente:
"La Sociedad prestó el servicio de transporte y correo de documentos a la Sociedad L & D COLOMBIA LTDA. identificada con NIT 830.131.802-3 durante los años 2005 y 2006 por valor total de Ciento Noventa millones ciento ochenta y nueve mil pesos $ 190.189.000" (folio 1 del cuaderno de pruebas).
Con respecto al primer perjuicio alegado, esto es, el correspondiente al daño emergente, la mencionada cláusula décima tercera señala lo siguiente: "En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones de este contrato por cualquiera de las partes, la que incumpla pagará a la otra una multa equivalente a la facturación de los cuatro últimos meses que se hará efectiva por la vía ejecutiva, sin necesidad de requerimiento judicial alguno y sin menoscabo de la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar" (folio 3 del cuaderno de pruebas).
Sea lo primero destacar la inexplicable imprecisión de la certificación en cuanto al tipo de servicios prestados por LTD EXPRESS, que no versaban sobre "transporte y correo de documentos" sino sobre "recogida y/o entrega de muestras biológicas", "recolección y entrega de documentos, paquetes y carga".
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 207, 208 y 209 del Código de Comercio, dentro de las funciones del revisor fiscal no está la de certificar cuáles son los ingresos de una sociedad y tal certificación la está expidiendo, no como contador, sino como revisor fiscal.
Sin embargo, como resulta lógico, dado que el revisor fiscal de LTD EXPRESS (ROQUIN) es contador público, si en gracia de discusión pudiera aceptarse que fue en esta condición y no en aquella, en que expidió la certificación, encuentra el Tribunal que ella no reúne los requisitos de ley para considerarla. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 43 de 1990 las certificaciones expedidas por contador tienen que estar referidas a lo que consta en los estados financieros.
Así, de conformidad con lo dispuesto en la primera de las normas mencionadas "La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de las personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance".
Según la segunda disposición mencionada "Es función privativa del contador público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros".
De manera que no puede aceptarse como prueba idónea y suficiente, con la presunción de certeza, cualquier certificación emanada de contador público porque esa virtud solo puede predicarse de los asuntos directamente relacionados con su profesión, entendidos en los términos del artículo 2 de la misma ley, esto es, todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, que suponen referencia a los estados financieros o a los libros de contabilidad o que versen sobre auditoría.
En el caso presente, la certificación aducida no está referida a ningún asiento, ningún balance, ningún estado financiero; y no contiene la expresión de cifras reales e identificables para cada uno de los años a que ella se refiere y mucho menos para "la facturación de los cuatro últimos meses", como lo prevé la cláusula décima tercera del contrato antes referida.
En efecto, el revisor fiscal de la convocante certifica que esta sociedad prestó servicio a L & D durante los años 2005 y 2006 "por valor total" de $190.189.000. De allí no puede concluirse a cuánto ascendió la facturación de los cuatro últimos meses pactados como multa en caso de incumplimiento.
Téngase en cuenta también, la declaración de AUGUSTO CÉSAR RODRÍGUEZ - Gerente Comercial de ROQUIN -, quien declaró que en el año de ejecución del contrato la facturación fue de "$ 190'000.000 más o menos y nos quedaron como cerca de $ 20'000.000 que después del contrato L & D nos pagó la totalidad, después de terminado el contrato" (folio 24 del cuaderno de pruebas).
Así las cosas, para la determinación de la multa exigible a título de cláusula penal la parte convocante ha debido acreditar, concreta e inequívocamente, el monto de "la facturación de los cuatro últimos meses", esto es, lo facturado por ROQUIN (LTD EXPRESS) entre el 25 de diciembre de 2005 y el 25 de abril de 2006, sin que sea posible condenar a la parte convocada con fundamento en cifras promedio, aproximadas o referidas a periodos distintos a los cuatro últimos meses.
Esta exigencia no es de menor entidad. En efecto, de un lado, dada la claridad de la cláusula décima tercera y a falta de la prueba de una intención distinta de la partes (artículo 1618 del Código Civil) debe entenderse que lo que quisieron las partes fue que la indemnización estuviera referida a la facturación del último tramo del contrato, por lo que no puede desconocerse esa estipulación.
De otro lado, la utilización de referencias distintas, puede conducir a inequidades, como si se aceptara que la condena se hiciera teniendo en cuenta los periodos más altos de facturación o un promedio de toda la vigencia del contrato.
Finalmente, no se entiende cómo, siendo tan fácil de demostrar cuál fue "la facturación de los cuatro últimos meses", la parte convocante no lo hubiere acreditado. Ese monto bien ha podido demostrarse mediante las copias de las correspondientes facturas o de los correspondientes pagos, mediante un interrogatorio de parte o a través de una prueba pericial, e incluso, con una certificación emanada de contador que acreditara concreta y exactamente ese monto, tomándolo de la contabilidad.
Esa estipulación contractual, según la cual la multa por el incumplimiento sería "la facturación de los cuatro últimos meses" no se antoja carente de lógica ya que la pena sería proporcional al estado económico del negocio o del contrato en la etapa final del mismo, de manera que existiría proporción y justicia en el pago: si el negocio era muy rentable, le pena sería considerable, pero si el contrato reportaba niveles de depresión, la pena sería apenas reflejo de esa realidad, al momento de finalización de la relación comercial.
En cuanto tiene que ver con el lucro cesante, resulta claro para el Tribunal que la cláusula décima cuarta consagra una cláusula penal de apremio, la que, en los términos del artículo 1594 del Código Civil, supone la facultad del acreedor de pedir, tanto el cumplimiento de la obligación principal como el de la pena. Entonces en este caso LTD EXPRESS bien podía reclamar, además de la pena, la utilidad dejada de percibir, o sea, la facturación realizada menos el costo de su operación, como lo hace la convocante.
Sin embargo esa pretensión está huérfana de prueba sobre el monto de tal utilidad. La prueba no puede ser una estimación unilateral de la parte sino que ha debido ser más técnica, acreditando los ingresos, los costos y, por ende, la utilidad dejada de percibir.
Por todo lo anteriormente expuesto el Tribunal denegará la segunda y la cuarta pretensiones (no hay tercera) por falta de prueba del perjuicio.
Teniendo en cuenta que aunque habrá de prosperar la pretensión primera de la demanda, no habrán de prosperar la consecuenciales, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil el Tribunal se abstendrá de condenar en costas, lo que implica que cada parte asumirá sus propios costos, incluidas las sumas desembolsadas por concepto de gastos y honorarios del Tribunal. El Arbitro reintegrará en igual proporción a las partes las sumas sobrantes de la partida de gastos, luego de hacer las deducciones por los que se hubieran causados y por los que demande la protocolización del expediente.
En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias formuladas por LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S.A. "LTD EXPRESS S.A." contra L & D COLOMBIA LTDA., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Declarar imprósperas las excepciones de mérito formuladas por L & D COLOMBIA LTDA.
2. Declarar que la sociedad L & D COLOMBIA LTDA. incumplió el contrato atípico de servicios logísticos de transporte, celebrado en fecha 25 de abril de 2005 entre LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S.A. "LTD EXPRESS S.A.", anteriormente denominada ROQUIN LOGISTICS LTDA., en su condición de contratista, y L & D COLOMBIA LTDA., en su condición de contratante, en virtud de la terminación unilateral que adoptó esta última.
4. Disponer que los excedentes no utilizados de la partida "costos y gastos del proceso", si los hubiera, una vez protocolizado el expediente y cancelados los demás gastos, serán reembolsados en igual proporción a las partes convocada y convocante.
5. Disponer la protocolización del expediente en una de las notarías del círculo de Bogotá, D.C.
Diego Moreno Jaramillo, árbitro.