Source: https://constitucionde.com/uruguay/constitucion-de-uruguay.htm
Timestamp: 2018-08-22 07:39:14
Document Index: 382543761

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'artículo 168', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'artículo 148', 'artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'artículo 88', 'Artículo 80', 'artículo 77', 'artículo 75', 'artículo 78', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 84', 'artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 92', 'artículo 201', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 96', 'Artículo 98', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 106', 'artículo 94', 'Artículo 108', 'Artículo 110', 'Artículo 114', 'artículo 93', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 129', 'artículo 148', 'artículo 129', 'artículo 148', 'Artículo 133', 'artículo 85', 'artículo 86', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 141', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 148', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 153', 'artículo 151', 'artículo 152', 'Artículo 155', 'artículo 151', 'artículo 152', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'artículo 153', 'Artículo 158', 'Artículo 160', 'artículo 168', 'Artículo 161', 'Artículo 167', 'artículo 104', 'Artículo 169', 'Artículo 172', 'artículo 93', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'artículo 93', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'artículo 60', 'Artículo 182', 'Artículo 185', 'artículo 187', 'Artículo 189', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 195', 'artículo 198', 'Artículo 198', 'Artículo 200', 'Artículo 205', 'Artículo 207', 'Artículo 210', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'artículo 215', 'Artículo 224', 'Artículo 225', 'Artículo 226', 'artículo 224', 'Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 231', 'artículo 32', 'Artículo 232', 'Artículo 234', 'Artículo 236', 'artículo 58', 'Artículo 240', 'Artículo 245', 'Artículo 246', 'artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 252', 'Artículo 253', 'Artículo 254', 'Artículo 256', 'Artículo 257', 'Artículo 259', 'Artículo 262', 'Artículo 264', 'Artículo 265', 'Artículo 267', 'Artículo 268', 'Artículo 269', 'Artículo 270', 'Artículo 271', 'Artículo 273', 'Artículo 283', 'Artículo 284', 'Artículo 286', 'Artículo 287', 'Artículo 288', 'Artículo 289', 'Artículo 292', 'Artículo 293', 'Artículo 294', 'Artículo 295', 'Artículo 296', 'artículo 93', 'Artículo 298', 'Artículo 299', 'Artículo 300', 'Artículo 302', 'Artículo 303', 'Artículo 304', 'Artículo 306', 'Artículo 307', 'Artículo 309', 'Artículo 310', 'Artículo 312', 'Artículo 315', 'Artículo 317', 'artículo 309', 'Artículo 320', 'Artículo 321', 'Artículo 322', 'Artículo 323', 'Artículo 324', 'Artículo 325', 'Artículo 326', 'artículo 324', 'Artículo 327', 'Artículo 329', 'Artículo 331', 'Artículo 332']

Constitución de Uruguay - Constitución Política de la República Oriental del Uruguay CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 1966
Sección I - DE LA NACION Y SU SOBERANIA
Artículo 1. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes conprendidos dentro su territorio.
Artículo 2. Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero.
Artículo 3. Jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna.
Artículo 4. La soberanía en toda su plenitud existe redicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.
Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libre en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construídos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.
Artículo 6. En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surgan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos.
Sección II - DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 9. Se prohibe la fundación de mayorazgos.
Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores ni distinciones hereditarias.
Artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están excentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe.
Artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más seria responsabiliad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.
Artículo 18. La leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios.
Artículo 20. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio, y prohibido el que sean tratados en ellas como reos.
Artículo 21. Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. La ley proveerá lo conveniente aeste respecto.
Artículo 24. El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a sugestión o dirección.
Artículo 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte.
En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo, y la profilaxis del delito.
Artículo 28. Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o intercepción sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 29. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o publicaciones de prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por abusos que cometieren.
Artículo 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conpiración contra la patria; y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de los dispuesto en el inciso 17 del artículo 168.
Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.
Artículo 35. Nadie será obligado a presentar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.
Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión, o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.
Artículo 37. Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observado la leyes y salvo perjuicio de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.
Artículo 38. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtu de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.
Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualesquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.
Artículo 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Artículo 41. El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcance su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.
Artículo 42. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respectoa a los nacidos dentro de él.
Artículo 46. El estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.
Artículo 47. El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales.
Artículo 48. El derecho sucesorio queda garantizado dentro de los límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la descendente tendrán un tratamiento preferencial en las leyes impositivas.
Artículo 50. El Estado orientará el de comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público.
Artículo 51. El Estado o los gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.
Artículo 53. El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjucio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica.
Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.
Artículo 60. La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central. Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente.
Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 4 de este Artículo.
Artículo 61. Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, el ascenso, el descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII.
Artículo 64. La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Entes Autónomos, de algunos de ellos, según los casos.
Artículo 65. La ley podrá autorizar que en los entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarías.
Artículo 67. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.
Artículo 68. Queda garantizada la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al sólo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.
Artículo 69. Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención para sus servicios.
Artículo 71. Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares.
Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.
Sección III - DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO
Artículo 75. Tiene derechos a la ciudadanía legal:
Artículo 76. Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos.
Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.
Artículo 77. Todo ciudadano es miembro de la soberanía del a Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.
1) Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.
2) Voto Secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta obligación.
3) Representación proporcional integral.
4) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considera incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración.
Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Corte Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los Partidos. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria a los demás a que hubiere lugar.
5) El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral.
6) Todas las corporaciones de carácter electivo que se designen para intervenir en las cuestiones del sufragio, deberán ser elegidas con las garantías consignadas en este artículo.
7) Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría.
8) La ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, la prohibición de los numerales 4o. y 5o.
9) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los miembros de las juntas Departamentales, de los Intendentes, y, en sus casos, de las Juntas Locales Autónomas electivas, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral, se realizarán el último domingo del mes de noviembre cada cinco años sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148. Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para Presidente y Vicepresidente de la República, deberán figurar en una hoja de votación. En hoja parte, individualizada con el mismo lema se votarán, conjuntamente, las listas de candidatos a juntas Departamentales, Intendentes y, en su caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79.
10) Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspondan, ni a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la elección para poder ser candidatos.
11) El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los Partidos deberán: Ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades; Dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programa de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente.
Artículo 78. Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República.
Artículo 79. La acumulación de votos por lema para cualquier cargo electivo, sólo puede hacerse en función de lemas permanentes, sin perjuicio de cumplirse, en todo caso, para la elección de Representantes, con los dispuesto en la primera parte del artículo 88. Un lema para ser considerado permanente, debe haber participado en el comicio nacional anterior, obteniendo representación parlamentaria. La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá modificar dicho requisito.
Artículo 80. La ciudadanía se suspenden:
1) Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.
2) Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaria.
3) Por no haber cumplido dieciocho años de edad.
4) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaria o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.
5) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la ley sancionada de acuerdo con el numeral 7o. del artículo 77.
6) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.
7) Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75.
El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se suspende por las causales numeradas precedentemente.
Artículo 81. La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la república e inscribirse en el Registro Cívico.
La ciudadanía legal se pierde por cualquier forma de naturalización ulterior.
Artículo 82. La Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana.
Artículo 84. Esta se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separadas o conjuntamente, según las disposiciones de la presente Constitución.
1) Formar y mandar publicar los Códigos.
2) Establecer los Tribunales y arreglar la administración de Justicia y de lo Contencioso - Administrativo.
3) Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior.
4) Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes.
5) Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que presente el Poder Ejecutivo.
6) Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
7) Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.
8) Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los efectivos militares sólo podrán ser aumentados por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
9) Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios del total de componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose, en cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87; así como declarar de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el Ministerio respectivo.
11) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo.
13) Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros, y aprobar, repobar o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo; acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios.
17) Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
18) Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas.
20) Interpretar la Constitución, sin perjucio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justica, de acuerdo con los artículos 256 a 261.
Artículo 86. La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, será mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.
Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleo, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, estatos o beneficios jubilatorios, corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.
Artículo 88. La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. Corresponderán a cada Departamento, dos Representantes por lo menos.
Artículo 89. Los Representantes durarán cinco años en su funciones y su elección se efectuará con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.
1) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Poder Judicial del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de la Corte Electoral, de los Consejos o Directorios o los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados de las Juntas Departamentales, de las juntas Locales y los Intendentes.
2) Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o judicial, de la Corte electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo con excepción de los retirados o jubilados. Esta disposición no rige para los que desempeñen cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su mandato. Los militares que renuncien al destino y al sueldo para ingresar al Cuerpo Legislativo, conservarán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempeñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso.
Artículo 92. No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales Letrados, ni los Intendentes. ni los funcionarios policiales en los departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral. Para los consejeros y Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto en el artículo 201.
Artículo 93. Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la suprema Corte de Justicia, del Tribunal de los Contencioso Administrativo, del TribunaL de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.
Artículo 94. La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III y a lo que se expresa en los artículos siguientes.
Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República o en caso de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer titular de la lista más votada del lema más votado, y de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.
Artículo 96. La distribución de los cargos de Senadores obtenidos por diferentes sublemas dentro del mismo lema partidario, se hará también propocionalmente al número de votos emitidos a favor de las respectivas listas.
Artículo 98. Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.
Artículo 101. El ciudadano que fuere elegido Senador y Representante podrá optar entre uno y otro cargo.
Artículo 102. A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 103. Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores haya separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante sujetos a juicio conforme a la Ley.
Sección VI - DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS DE LA COMISION PERMANENTE
Artículo 104. La Asamblea General empezará sus sesiones el quince de marzo de cada año, sesionando hasta el quince de diciembre, o sólo hasta el quince de octubre, en el caso de que haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el quince de febrero siguiente.
Artículo 106. Cada Cámara nombrará su Presidente y Vicepresidente, a excepción del Presidente de la Cámara de Senadores, respecto al cual regirá lo dispuesto en el artículo 94.
Artículo 108. Cada Cámara sancionará dentro de los doce primeros meses de cada legislatura, sus presupuestos, por tres quintos de votos del total de sus componentes, y lo avisará al Poder Ejecutivo para que los incluya en el Presupuesto Nacional.
Artículo 110. Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí y con los demás Poderes, por medio de sus respectivos Presidentes, y con autorización de un Secretario.
Artículo 114. Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá el hay lugar a la formación de causa,y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente.
Artículo 116. Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en cada Legislatura, se llenarán por los suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin hacerse nueva elección. La Ley podrá autorizar también la convocatoria de suplentes por impedimento temporal o licencia de los Legisladores titulares.
Artículo 117. Los Senadores y Representantes serán compensados por sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante el término de sus mandatos, sin perjuicio de los descuentos que correspondieren, de acuerdo con el reglamento de la respectiva Cámara, en caso de inasistencias injustificadas a las sesiones de la Cámara que integran o de las comisiones informantes de que forman parte.
Artículo 118. Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva, el que lo transmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitare los informes dentro del plazo que fijará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio a lo que ésta resuelva.
No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder judicial y del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo.
Artículo 119. Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de los dispuesto en la Sección VII.
Artículo 121. En los casos previstos en los tres artículo anteriores, cualquiera de las Cámaras podrá formular declaraciones, sin perjuicio de los dispuesto en la Sección VIII.
Artículo 122. Los Senadores y los Representantes, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos los casos ante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio.
Cuando un Senador sea convocado para ejercer temporalmente la Presidencia de la República y cuando los Senadores y los Representantes sean los Senadores y los Ministerios o Subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en sus funciones legislativas, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión por el suplente correspondiente.
1) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público.
2) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.
Artículo 126. La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibiciones establecidas en los dos artículo precedentes o establecer otras, así como extenderlas a los integrantes de otros órganos.
Artículo 127. Habrá una Comisión Permanente compuesta de cuatro Senadores y siete Representante elegidos por el sistema proporcional, designados uno y otros, por sus respectivas Cámaras. Será Presidente de la misma un Senador de la mayoría. La designación se hará anualmente, dentro de los quince días de la constitución de la Asamblea General o de la iniciación de cada período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Artículo 129. La Comisión Permanente velará sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las advertencias convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la Asamblea General actual o siguiente en su caso.
En el caso de que el Presidente de la República hubiere hecho uso de la facultad otorgada por el artículo 148, inciso 7), la Comisión Permanente dará cuenta a la Asamblea General al constituirse las nuevas Cámaras o al reiniciar sus funciones las anteriores.
Los asuntos de competencia de la Comisión Permamente que se encuentren a estudio de la Asamblea General o de la Cámara de Senadores en la fecha indicada para la iniciación del receso, parará de oficio a conocimiento de aquella.
No afectará la obligación y la responsabilidad que impone a la Comisión Permanente el artículo 129, la circunstancia de que la Asamblea General o cualquiera de las Cámaras se reunan en sesiones extraordinarias ni aún cuando la Asamblea General o la Cámara de Senadores hayan asumido jurisdicción sobre todos los asuntos a consideración de la Comisión Permanente.
(g) Si hubiesen caducado los poderes de los Senadores y Representantes por expiración constitucional, sin que estuviesen proclamados los Senadores y Representantes electos, o se hubiera hecho uso de la facultad del artículo 148, inciso 7o. la Comisión Permanente en ejercicio continuarán las funciones que en este Capítulo se le confieren, hasta la constitución de las nuevas Cámaras.
Sección VII - DE LA PROPOSICION, DISCUSION, SANCION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Artículo 133. Todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6o. del artículo 85 y artículo 86. requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios	de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos pre- propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos.
Artículo 135. Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley lo devolviese con adiciones y observaciones, y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallaré justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo.
Artículo 136. Si la Cámara a quince fuese remitido el proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprobará y sin más que avisarlo a la Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar.
Artículo 138. Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes.
Artículo 139. Si las observaciones del Poder Ejecutivo se refirieren a una parte de proyecto, la Asamblea, por mayoría absoluta de presentes, podrá rectificarlo ajustándose a aquéllas.
Artículo 141. En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa.
Artículo 144. Si el ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos los diez días de ley se cumplirá como tal, reclamándose	esto, en caso omiso, por la Cámara respectiva.
Artículo 145. Reconsiderado por las Cámaras reunidas un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquellas lo aprobaren nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo, lo hará promulgar en seguida sin más reparos.
Artículo 146. Sancionada una ley para su promulgación se usará siempre de esta fórmula: "El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:"
Sección VIII - DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER EJECUTIVO
Si en primera convocatoria de la Asamblea General, no se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una segunda convocatoria y la Asamblea General se considerará constituida con el número de Legisladores que concurra.
Artículo 148. La desaprobación podrá ser individual, plural o colectiva, debiendo ser pronunciada en cualquier caso, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en sesión especial y pública. Sin embargo, podrá optarse por la sesión secreta cuando así lo exijan las circunstancias.
Se entenderá por desaprobación individual la que afecte	a un Ministro, por desaprobación plural la que afecte a más de un Ministro, y por desaprobación colectiva la que afecte a la mayoría del Consejo de Ministros.
La desaprobación pronunciada conforme a los dispuesto en los incisos anteriores determinará la renuncia del Ministro, de los Ministros o del Consejo de Ministros, según los casos.
Si una primera convocatoria la Asamblea General no reúne el número de legisladores necesarios para sesionar, se practicará una segunda convocatoria, no antes de veinticuatro horas ni después de setenta y dos horas de la primera, y si	ésta tampoco tuviera número se considerará revocado el acto de desaprobación.
Sección IX - DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 150. Habrá un Vicepresidente que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del período de Gobierno.
Artículo 151. El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, a mayoría simple de votantes mediante el sistema de doble voto simultáneo y sin que en ningún caso pueda efectuarse acumulación de sublemas.
Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en las Sección III, considerándose la República como una sola circunscripción electoral.
Esta disposición comprende al Presidente respecto a la Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia, salvo las excepciones de los incisos siguientes.
El Vicepresidente y el ciudadano que hubiese desempeñado la Presidencia por vacancia definitiva por más de un año, no podrán ser electos para dichos cargos, sin que transcurra el mismo plazo establecido en el inciso primero.
Artículo 153. En caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del lema más votado que reuna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, el primer titular de la misma lista, en ejercicio del cargo, que reuniese esas calidades si no tuviese dichos impedimentos, y así suscesivamente.
Artículo 155. En caso de renuncia, incapacidad permanente, muerte del Presidente y Vicepresidente electos, antes de tomar posesión de los cargos, desmpeñarán la Presidencia y la Vicepresidencia, el primer y segundo titular de la lista más votada del lema más votado de la Cámara de Senadores, que reuniesen las calidades exigidas por el artículo 151, no estuviesen impedidos por lo dispuesto por el artículo 152 y ejercieran el cargo de Senador.
En su defecto, los demás titulares por el orden de su ubicación en la misma lista en el ejercicio del cargo de Senador que runiesen esas cualidades si no hubiesen dichos impedimentos.
Artículo 156. Si en la fecha en que deban asumir sus funciones no estuvieran proclamados por la Corte Electoral, el Presidente y el Vicepresidente de la República, o fuera anulada la elección, el Presidente cesante delegará el mando en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien actuará hasta que se efectúe la transmisión quedando en tanto suspendido en sus funciones judiciales.
Artículo 157. Cuando el Presidente electo estuviese incapacitado temporalmente para la toma de posesión será sustituido por el Vicepresidente, y en su defecto, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 153 hasta tanto perduren las causas que generaron dicha incapacidad.
Artículo 158. El 1o. de marzo siguiente a la elección, el Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente en presencia de ambas Cámaras reunidas en Asamblea General la siguiente declaración :"Yo, N.N., me comprometo por mi honor a desempañar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República".
Artículo 160. El Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los respectivos Ministerios o quienes hagan sus veces, y tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el Presidente de la República o sus Ministros en temas de sus respectivas carteras. Tendrá, asimismo, competencia privativa en los casos previstos en los incisos 7 (declaratoria de urgencia), 16, 19 y 24 del artículo 168.
Artículo 161. Actuará bajo la Presidencia del Presidente de la República quien tendrá voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones y será decisivo para los casos de empate, aún cuando éste se hubiera producido por efecto de su propio voto.
Artículo 167. Cuando un Ministro esté encargado temporalmente de otro Ministerio, en el Consejo de ministros se le computará un solo voto.
1) La conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior.
2) El mando superior de todas las fuerzas armadas.
3) Dar retiros y arreglar pensiones de los empleados civiles y militares, conforme a las leyes.
4) Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a la Sección VII, se hallen ya en estado de publicar y circular; ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución.
5) Informar al Poder Legislativo, al ingaurar las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.
6) Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII.
7) Proponer a las Cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración.
La delaración de urgencia deberá ser hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto, en cuyo caso deberán ser considerados por el Poder Legislativo dentro de los plazos que a continuación se expresan y se tendrán por sancionados si dentro de tales plazos no han sido expresamente deshechados, ni se ha sancionado un proyecto sustitutivo. Su trámite se ajustará a las siguientes reglas:
b) no podrán merecer esta calificación los proyectos de Presupuesto, ni aquellos cuya sanción requiera el voto de tres quintos o dos tercios del total de componentes de cada Cámara;
c) cada Cámara por el voto de tres quintos del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales previstos en la Sección VII;
d) cada Cámara deberá considerar el proyecto dentro de un plazo de cuarenta y cinco días. Vencidos los primeros treinta días, la Cámara será convocada a sesión extraordinaria y permanente para la consideración del proyecto. Una vez vencidos los quince días de tal convocatoria sin que el proyecto hubiere sido expresamente deshechado, se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado inmediatamente y de oficio a la otra Cámara o al Poder Ejecutivo, según el caso;
e) si la segunda Cámara aprobase un texto distinto al remitido por la primera, lo devolverá a ésta, que dispondrá de veinte días para su consideración.
Vencido este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso, el proyecto se remitirá inmediatamentey de oficio a la Asamblea General;
f) la Asamblea General dispondrá de otros veinte días para su consideración. Si venciera este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso se tendrá por sancionado el proyecto en la forma en que lo votó la última Cámara que le prestó su aprobación;
h) el plazo para la consideración por la primera Cámara empezará a correr a partir del día siguiente al del recibo del proyecto por el Poder Legislativo. Cada uno de los plazos ulteriores comenzará a correr automátiamente al vencer el plazo inmediatamenta amterior o a partir del día siguiente al del recibo por el órgano correspondiente si hubiese habido aprobación expresa antes del vencimiento del término.
8) Convocar al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias con determinación de los asuntos materia de la convocatoria y de acurdo con lo que se establece en el artículo 104.
9) Proveer los empleos civiles y militares, conforme a la Constitución y las leyes.
10) Destituír los empleados por ineptitud, omisión o delito, en todos los casos con acuerdo de la Cámara de Senadores o, en su receso, con el de la Comisión Permanente, y en el último, pasando el expediente a la Justicia. Los funcionarios diplomáticos y consulares podrán, además, ser destituídos, previa venia de la Cámara de Senadores, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país y de la representación que invisten. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución definitiva dentro de los noventa días, el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada, a los efectos de la destitución.
11) Conceder los ascensos militares conforme a las leyes, necesitando para el de Coroneles y demás oficiales superiores, la venia de la Cámara de Senadores o, en su receso, la de la Comisión Permanente.
12) Nombrar al personal consular y diplomático, con obligación de solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente hallándose aquélla en receso para los Jefes de Misión. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los sesenta días el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada.
13) Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de sus componentes. La venia no será necesaria para designar al Procurador del Estado en los Contencioso - Administrativo, ni a los Fiscales de Gobierno y Hacienda.
14) Destituir por sí a los emplados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles.
17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de los ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas resuelvan.
En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá someterse dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución.
18) Recaudar las rentas que, conforme a las leyes deban serlo por su dependencias, y darles el destino que según aquéllas corresponda.
19) Preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos de acuerdo a lo establecido en la Sección XIV, y dar cuenta instruida de la inversión hecha de los anteriores.
22) Autorizar o denegar la creación de cualesquier Banco que hubiera de establecerse.
26) El Presidente de la República designará libremente un secretario y Prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros.
Artículo 169. No podrá permitir goce de sueldo por otro título que de servicio activo, jubilación, retiro o pensión, conforme a las leyes.
Artículo 172. El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aún así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales está sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras.
Artículo 173. En cada departamento de la República habrá un Jefe de Policía que será designado para el período respectivo por el Poder Ejecutivo, entre ciudadanos que tengan las cualidades exigidas para ser Senador.
Sección X - DE LOS MINISTROS DE ESTADO
Artículo 174. Habrá once Ministerios que tendrán cada uno su denominación propia, y las atribuciones y compentencia, en razón de materia que les señalare la ley dictada por mayoría absoluta de votos del total de compenentes de cada una de las Cámaras.
El Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, podrá redistribuír dichas atribuciones y competencias.
El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlametario, aseguren su permanencia en el cargo.
Artículo 175. El Ministro o Ministros serán responsables de los decretos u órdenes que firme o expidan con el Presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros en el que la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva de conformidad a los artículos 93, 102 y 103.
Artículo 176. Para ser Ministro se necesitan las mismas calidades que para Senador.
Artículo 177. Al iniciarse cada período legislativo, los Ministros darán cuenta sucinta a la Asamblea General, del estado de todo lo concerniente a sus respectivos Ministrios.
Artículo 178. Los Ministros de Estado gozarán de las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que fuere pertinente.
No podrá ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93 y, a un así sólo durante el ejercicio del cargo. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Representantes, el Ministro acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 179. Los Ministros no quedarán excentos de responsabilidad por causa de delito aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros.
Artículo 180. Los Ministros podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, de cada Cámara, de la Comisión Permanente y de sus respectivas comisiones internas, y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán voto. Igual derecho tendrán sus Subsecretarios de Estado, previa autorización del Ministro respectivo, salvo en las situaciones previstas en los artículos 119 y 147 en las que podrán asistir acompañando al Ministro. En todo caso, los Subsecretarios de Estado actuarán bajo la responsabilidad de los Ministros.
1) Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones.
2) Preparar y someter a consideración superior, los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes.
3) Disponer, en los límites de su competenica, el pago de las deudas reconocidas por el Estado.
4) Conceder licencias a los empleados de su dependencia.
5) Proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones.
6) Vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer penas disciplinarias.
7) Firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo.
8) Ejercer las demás atribuciones que les cometan las leyes o las disposiciones adaptadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, sin perjucio de los dispuesto en el artículo 60.
9) Delegar a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes.
Artículo 182. Las funciones de los Ministros y Subsecretarios serán	reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Sección XI - DE LOS ENTES AUTONOMOS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
Artículo 185. Los diversos servicios del Dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por Directorios o Directores Generales y tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las leyes que se dictaren con la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Los Directorios, cuando fueren rentados se compondrán de tres o cinco miembros según lo establezca la ley en cada caso.
La ley, por dos tercios devotos del total de componentes de cada Cámara, podrá determinar que los Servicios Descentralizados estén dirigidos por un Director General, designado según el procedimiento del artículo 187.
En la concertación de convenios entre los Consejos o Directorios con Organismos Internacionales, Instituciones o Gobiernos extranjeros, el Poder ejecutivo, señalara los casos que requerirán su aprobación previa, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la Sección V.
Las partes pro mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Artículo 189. Para crear nuevos Entes Autónomos y para suprimir los existentes, se requerirán los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá declarar electiva la designación de los miembros de los Directorios, determinando en cada caso las personas o los Cuerpos interesados en el servicio, que han de efectuar esa elección.
Artículo 191. Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. La Ley fijará la norma y número anual de los mismos y todos deberán llevar la visación del Tribunal de Cuentas.
Artículo 192. Los miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas quienes hayan de sucederlos.
Las vacancias definitivas se llenarán por el procedimiento establecido para la provisión inicial de los cargos respectivos, pero la ley podrá establecer que, conjuntamente con los titulares de los cargos electivos, se elijan suplentes que los reemplazarán en caso de vacancias temporales, sin perjuicio de los establecido en el inciso anterior.
Artículo 193. Los Directorios o Directores Generales cesantes, deberán rendir cuentas de su gestión al Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo con los dispuesto en la Sección XIII.
Artículo 195. Créese el Banco de Previsión Social, con carácter de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas que establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año.
En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará, en lo pertinente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198.
Artículo 198. Lo dispuesto en el artículo precedente, es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o le prestigio de la institución a que pertenezcan.
Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución	se solicita, con miembros de Directorios o Directores generales de otros Entes, con carácter interino y hasta que se produzca el pronunciamiento del Senado.
Las destituciones y remociones previstas en este artículo y en el anterior, no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo.
Artículo 200. Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios, que directa	o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte. Esta	disposición no comprende a los Consejeros o Directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de Decano o funciones docentes honorarias.
La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija.
Artículo 205. Serán aplicables, en lo pertinente a los distintos servicios de enseñanza, los artículos 189, 190, 191, 193, 194, 198 (inciso 1 y 2), 200 y 201.
Sección XII - DEL CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL
Artículo 207. El Consejo de Economía Nacional se Dirigirá a los Poderes Públicos por escrito pero podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones Legislativas, por uno o más de sus miembros.
Sección XIII - DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. Regirán a su respecto las incompatibilidades establecidas en los artículos 122, 123, 124 y 125.
Podrán ser reelectos y tendrán cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares.
Artículo 210. El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley, que proyectará el mismo Tribunal. También podrá atribuirle por ley, funciones no especificadas en esta Sección.
B) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al sólo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto. Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos.
En los gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el cometido a que se refiere este inciso podrá ser ejercido con las mismas ulterioridades, por intermedio de los respectivos contadores o funcionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la superintendencia del Tribunal de Cuenta,s con sujeción a lo que disponga la ley, la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros servicios públicos con administración de fondos.
C) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualesquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes;
Artículo 212. El Tribunal de Cuentas tendrá superintendencia en todo lo que corresponda a sus cometidos y con sujeción a lo establezca su Ley Orgánica, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza pudiendo proponer, a quince corresponda, las reformas que creyere convenientes.
Artículo 213. El Tribunal de Cuentas presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo elevará al Poder Legislativo con las observaciones que le mereciera. Dicho proyecto comprenderá las normas reguladoras de la administración financiera y económica y especialmente la organización de los servicios de contabilidad y recaudación, requisitos con fines de contralor, para la adquisición enajenación de bienes y contratación que afecten a la Hacienda Pública; para hacer efectiva la intervención preventiva en los ingresos, gastos y pagos; y las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervengan en la gestión del patrimonio del Estado.
Sección XIV - DE LA HACIENDA PUBLICA
Artículo 214. El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato. El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá:
D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto. Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en razón de la materia que comprendan. El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de cuentas y el Balance de ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensable al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.
No se incluirá ni en los presupuestos no en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.
De no haber pronunciamiento en este término, él o los proyectos se considerarán rechazados.
Si la Asamblea General no se pronunciará dentro de este término, los proyectos se tendrán por rechazados.
Artículo 219. Sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos, en el caso exclusivo del Proyecto de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara.
Artículo 220. El Poder Judicial, el Tribunal de los Contencioso - Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y lo presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.
Artículo 221. Los Presupuestos de los Entes industriales o Comerciales del Estado serán proyectados por cada uno de éstos y elevados al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas cinco meses antes del comienzo de cada ejercicio, con excepción del siguiente al año electoral, en que podrán ser presentados en cualquier momento.
No mediando a conformidad establecida en el inciso anterior, los proyectos de presupuestos se remitirán a la Asamblea General, con agregación de antecedentes.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, resolverá en cuanto a las discrepancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 215, por el voto de los tercios del total de sus componentes. Si no resolviera dentro del término de cuarenta días se tendrá por aprobado el presupuesto con las observaciones del Poder Ejecutivo.
La ley fijará, previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo emitida con el asesoramiento de la Ofician de Planteamiento y Presupuesto, los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y de administración.
Artículo 224. Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuestos preparados por los intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación.
Artículo 225. Las Juntas departamentales sólo podrán modificar los proyectos de presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto, la junta recabará informes del Tribunal de Cuentas que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Si la Junta Departamental, no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado.
Artículo 226. Vencido el término establecido en el artículo 224 sin que la Junta Departamental hubiese tomado resolución definitiva, se considerará rechazado el proyecto de presupuesto remitido por el Intendente.
Artículo 227. Los presupuestos departamentales declarados vigentes, se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclusión, a título informativo, en los presupuestos respectivos y al Tribunal de Cuentas con instrucción a éste de los antecedentes relativos a sus observaciones, cuando las hubiere.
Artículo 228. La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor relativa a la Hacienda Pública, será de cargo del Tribunal de cuentas. Mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes.
Artículo 229. El Poder legislativo, las Juntas Departamentales, los entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce mese anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117, 154 y 295.
El Director deberá reunir las condiciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular, confianza del Presidente de la República.
Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar	representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
Artículo 231. La ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo, mediante una justa indemnización y conforme a las normas de artículo 32.
Artículo 232. Dicha indemnización podrá no ser previa, pero en ese caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido, que nunca superará los diez años; la entidad expropiante no podrá tomar la posesión del bien sin antes haber la cuarta parte del total de la indemnización. Los pequeños propietarios, cuyas características determinará la ley, recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de posesión del bien.
Artículo 234. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de cinco miembros.
1) Cuarenta años cumplidos de edad.
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país.
3) Ser abogado con diez años de antiguedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o fiscal por espacio de ocho años.
Artículo 236. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal.
1) Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuya a la Suprema Corte jurisdicción originaria, será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique.
2) Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.
3) Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos respectivos, acompañados de las modificaciones que estime pertinentes.
4) Con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo si designación a los siguientes requisitos:
5) Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte.
Estos nombramientos tendrán carácter definitivos desde el momento en que se produzcan cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecía, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados.
Durante el período de interinato, la Suprema Corte podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del Total de sus miembros. Vencido el término del interinato, el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho;
6) Nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los jueces de paz por mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte de Justicia.
7) Nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los empleados del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en los artículo 58 a 66, en lo que corresponda.
8) Cumplir los demás cometidos que le señale la ley.
Artículo 240. En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado, y su Presidente estará facultado para concurrir a las Comisiones parlamentarias, para que que con voz y sin voto, participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la Administrción de Justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de Procedimientos.
1) Treinta y cinco años cumplidos de edad;
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio;
Artículo 245. Para ser Juez Letrado se requiere:
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal, con cuatro años de ejercicio;
3) Ser abogado con cuatro años de antiguedad o haber pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio Público o Fiscal o a la Justicia de Paz.
Artículo 246. Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250.
No obstante y por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:
1) Al voto conforme de tres de los miembros de la suprema Corte en favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.
2) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio. A las calidades enunciadas, se deberán agregar la de abogado para ser Juez de Paz en el departamento de Montevideo y la de abogado o escribano público para serlo en las capitales y ciudades de los demás departamentos y en cualquiera otra población de la República, cuyo movimiento judicial así lo exija, a juicio de la Suprema Corte.
Artículo 251. Los cargos de la judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente excepto aquellas especialmente conexas con la judicial.
Para desempeñar cualquiera de esta funciones se requerirá previamente la autorización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del total de su componentes.
Artículo 252. A los magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste. Cesa la prohibición, únicamente cuando se trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos y ascendientes.
En los que se refiere al personal de los despachos y oficinas se estará, además, a las excepciones que la ley establezca.
Artículo 253. La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra.
Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se comentan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.
Artículo 254. La justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. En los pleitos en que tal declaración se hubiere hecho a favor del demandante, el demandado gozará del mismo beneficio hasta la sentencia definitiva, la cual lo consolidará si declara la ligereza culpable del demandante en ejercicio de su acción.
Artículo 256. Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forman o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 257. A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.
2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, en su caso también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución.
En este caso u en el previsto por el numeral 2o., se suspenderán los procedimientos, llevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 259. El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.
Sección XVI - DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION, DE LOS DEPARTAMENTOS
Artículo 262. El Gobierno y la Administración de los Departamentos de los departamentos con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente Municipal. La Intendencia y la Junta tendrán sus sedes en la capital de cada departamento e iniciarán su funciones el 15 de febrero siguiente a la elección.
Artículo 264. Para ser miembro de la junta Departamental se requerirá: veintitrés años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio, y ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.
Artículo 265. Los miembros de las juntas Departamentales duraran cinco años en el ejercicio de su funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.
Artículo 267. Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres antes de la fecha de toma de posesión por lo menos.
Artículo 268. Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titula. La no aceptación del cargo por parte de un suplente, le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal. Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental. siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267 y en su defecto por los Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Artículo 269. La ley sancionada con el voto de dos tercios del total de los componentes de cada Cámara, podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales.
Artículo 270. Las juntas Departamentales y los intendentes serán elegidos directamente por el pueblo con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la Sección III.
Artículo 271. Para la elección de Intendentes Municipales se aucmularán los votos por lema, quedando prohibida la acumulación por sub-lemas.
Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que será distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas.
Artículo 273. La junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental.
1) Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, dentro de su competencia.
2) Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por le Intendente, conforme a los dispuesto en la Sección XIV.
3) Crear o fijar a proposición del Intendente, impuesto, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.
4) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la administración Departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes de la Junta.
5) Destituir, a propuesta del intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas.
6) Sancionar, por tres quintos del total de sus componentes dentro de los doce primeros meses de cada período de gobierno, su Presupuesto de Sueldos y gastos y remitirlos al Intendente para que lo incluya en el Presupuesto respectivo.
7) Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este caso los antecedentes a la justicia.
8) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuestas del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.
9) Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales.
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
2) Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estimen oportuno para su cumplimiento.
3) Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV.
4) Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios.
5) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución, pasará además, los antecedentes a la Justicia.
6) Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquella sanciones dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción.
7) Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental.
8) Designar los miembros de las Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental.
9) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento.
Artículo 283. Los Intendentes o las juntas departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía de departamento, en la forma que establezca la ley.
Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir el Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitará los informes dentro del plazo	de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.
Artículo 286. La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para administrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados.
Artículo 287. En toda población fuera de la planta urbana de la capital del departamento podrá haber una Junta Local, cuyos miembros serán designados respetando, en lo posible, la proporcionalidad de la Junta Departamental en la Representación	de los diversos Partidos. Su número será de cinco miembros, que tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembro de la Junta Departamental, y deberán estar avecinados en la localidad desde tres años antes, por lo menos, o ser nativo de ella, no pudiendo integrarlas los Intendentes y los miembros de aquellas Juntas.
Artículo 288. La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas locales y sus atribuciones pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquellas en las poblaciones que, sin ser capital del departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas.
Artículo 289. Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental.
1) Intervenir como Directores o Administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.
2) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
Artículo 292. La inobservancia de los preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo.
Artículo 293. Son incompatibles los cargos de miembros de las juntas Locales y Departamentales con el Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.
Artículo 294. los cargos de Intendentes y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.
Artículo 295. Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios.
Artículo 296. Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes.
1) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por le Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobierno Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental.
3) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo.
4) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas departamentales.
5) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental y las contribuciones a cargo de las empresas consecionarias de servicios exclusivamente departamentales.
6) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales mientras no sea derogados, y a los vehículos de transporte.
7) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de los recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal con destino a obras públicas departamentales.
Artículo 298. La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá extenderla esfera de aplicación de los gravámenes departamentales o ampliar las fuentes sobre las cuales podrán recaer, siempre que no se incurra en superposición impositiva.
Artículo 299. Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el Diario Oficial y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una sección especial. Deberán publicarse, además, por lo menos, en dos periódicos del departamento.
Artículo 300. El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de publicados en el Diario Oficial, fundándose en razones de interés general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera	la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
Para contratar otro tipo de préstamos se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos excediera el período de gobierno del Intendente proponente,se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental.
Artículo 302. Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.
Artículo 303. Los Decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no suceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 304. La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos de total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar los iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.
Artículo 306. La fuerza pública presentará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Sección XVII DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
Artículo 307. Habrá un Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, el que estará compuesto de cinco miembros.
Artículo 309. El Tribunal de los Contencioso - Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.
La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobierno Departamentales, de los entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados. La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.
Artículo 310. El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo a anulándolo, sin reformarlo.
Artículo 312. Declarada la anulación o reservada la acción de reparación, en su caso, se podrá promover el contencioso de reparación ante la justicia ordinaria para la determinación del daño causado. La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá ampliar la competencia del Tribunal atribuyéndole conocimiento del contencioso de reparación.
Las calidades necesarias para desempeñar este cargo, las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración y	dotación, serán las determinadas para los miembros del Tribunal de los Contencioso - Administrativo.
Artículo 315. El Procurador de Estado en los Contencioso - Administrativo será necesariamente oído, en último término, en todos los asuntos de la jurisdicción del Tribunal.
El Procurador de Estado en los Contencioso - Administrativo es independiente en el ejercicio de sus funciones. Puede, en consecuencia, dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho.
Artículo 317. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recursos de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial.
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.
Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recursos de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.
Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso o, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.
Artículo 320. La ley podrá, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contencioso -administrativa.
Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso. Administrativo, conforme a lo que disponga la ley sobre la base de las disposiciones que se establecen para el Poder Judicial y estarán sometidos a su superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica.
Artículo 321. El Tribunal de los Contencioso -Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportunidad, al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuesto, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes.
Sección XVIII - DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Artículo 322. Habrá una corte electoral que tendrá las siguientes facultades, además de las que se establecen en la Sección III y las que le señales la ley:
A) Conocer todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.
C) Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y se juez de todos los cargos electivos, de los actos de plebicito y referéndum.
Artículo 323. En materia presupuestal y financiera, se estará a lo que se dispone en la Sección XIV.
Artículo 324. La Corte Electoral se compondrá de nueve titulares que tendrán doble número de suplentes. Cinco titulares y sus suplentes serán designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición en la	escena política, sean garantía de imparcialidad.
Los cuatro titulares restantes, representantes de los Partidos, serán elegidos por la Asamblea General, por el sistema de doble voto simultáneo, correspondiéndole dos a la lista mayoritaria del lema más votado y dos a la lista mayoritaria del lema que le siga en número de votos.
Artículo 325. Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la fecha d aquélla.
Artículo 326 Las resoluciones de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros a que se refiere el inciso a) del artículo 324, salvo que se adopten por dos tercios de votos del total de sus componente.
Artículo 327. La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea.
Sección XIX - DE LA OBSERVACIA DE LAS LEYES ANTERIORES, DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA REFORMA DE LA PRESENTE CONSTITUCION
Artículo 329. Declárase en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo.
Artículo 331. La presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:
A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección inmediata.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebicitaria, juntamente con la iniciativa popular.
B) Por proyectos de reforma que reunan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebicito en la primera elección que se realice.
Para que el plebicito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se requerirá que vote por "Si" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar cuando menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.
C) Los senadores, los representantes y el Poder Ejecutivo, podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. El proyecto que fuere deshechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo debiendo observar las mismas formalidades.
Los votantes se expresarán por "Si" o por "No", y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronuniciamiento por separado de uno o varios textos.
La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional.
D) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformindad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.
Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.