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Timestamp: 2017-06-28 20:47:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 132', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 40']

Minería de gran porte: respuesta del diputado Julio Battistoni a nota publicada en el semanario Brecha | Minería en Uruguay
Minería de gran porte: respuesta del diputado Julio Battistoni a nota publicada en el semanario Brecha
| on 02/09/2013 | Uruguay
En el último número de Brecha las periodistas Eliana Gilet y Betania Núñez publicaron un artículo que desde el título “¡Ahijuna!” revela desconocimiento del proceso por el cual se estudió el proyecto de ley de minería de gran porte, en general los procesos parlamentarios para la aprobación de una ley y, lo peor, prejuicio y obcecación.
Escribe Julio Battistoni, diputado (MPP, Frente Amplio)
La palabra “ahijuna” se referiría a que la aprobación por la Comisión Especial con Fines Legislativos a Fin de Considerar el Proyecto de Ley que Regula la Actividad Minera de Gran Porte fue, para las periodistas, rápida y expeditiva, de mayorías que usan la aplanadora; una especie de embestida baguala para estar a tono con el lenguaje de los opositores a la ley.
Más adelante las periodistas dicen: “Así la ley de megaminería será aprobada “a tapas cerradas” con los votos del fa”. Dos precisiones: “a tapas cerradas” es una utilización del lenguaje perversa y sesgada. En similares condiciones (tratamiento de un proyecto de ley en una Cámara, estudio en la otra que lo modifica, regreso a la primera Cámara) se aprobaron las leyes de matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, estatuto del funcionario público, ley de faltas, etcétera, pero el retintín “aprobación a tapas cerradas”, es para esta ley. El proyecto se estudió tres meses en una comisión de Diputados, otro tanto en el Senado, y luego volvió a la Comisión Especial de Diputados, que tuvo sólo dos opciones: votar tal cual las modificaciones del Senado o citar a la Asamblea General si no estaba de acuerdo con ellas. En esa instancia debe aprobarse por dos tercios de los legisladores. Dada la necesidad de una mayoría calificada, muy ocasionalmente se resuelve una ley en la Asamblea General (artículo 132 de la Constitución). Segunda precisión, en la comisión no sólo fueron los votos del fa los que aprobaron las modificaciones, también lo hizo el Partido Independiente, con salvedades. Salvedades que constan en la versión taquigráfica y que no son las críticas que las periodistas recogen de operadores políticos. El diputado del pi asumió una participación activa y propositiva en las diversas instancias de discusión. En febrero, al inicio del tratamiento de la ley, en la comisión se trabajaba en un ambiente de contribución leal y de propuesta, tanto desde el Partido Nacional como del Colorado. Luego, desde mediados de marzo, comenzó un período que, debido a las convulsiones internas y cálculos electorales de estos partidos, los condujo a que debían oponerse a la ley; como se oponen en la actualidad a cualquier iniciativa del gobierno. Están convencidos de que con esto obtendrán un rédito electoral, aquí no hay cuestiones de principio.
En el primer tratamiento en la Cámara de Representantes, un diputado de la oposición hizo un pormenorizado análisis del proyecto de ley, concluyendo que se recogían los acuerdos de la multipartidaria sobre minería de gran porte de diciembre de 2011. Esta primera votación en Diputados tuvo los votos, para algunos artículos, de varios representantes del Partido Nacional y la aprobación en general del Partido Independiente.
En esta última instancia, la de aprobar o no las modificaciones del Senado, la Comisión Especial entendió que no era pertinente la comparecencia de personas que ya habían expuesto sus opiniones y que incluso adjuntaron a su solicitud documentos que reiteraban argumentos. Como no había nuevos elementos, se aceptaron las modificaciones del Senado. Una de las modificaciones levanta una observación que realizara la oposición, en lo que hace al uso del Fondo Soberano Intergeneracional de Inversiones. Otra es un capítulo especial: “Del canon y derecho de los superficiarios”, que procura dar mayores garantías al propietario con respecto al uso del canon y administración de su propiedad frente al emprendimiento minero, cuestión que en reiteradas ocasiones había reclamado el Partido Nacional en las discusiones previas.
Más adelante en el artículo de Gilet y Núñez, bajo el subtítulo “Lo que rechina”, se manifiesta que: “El punto respecto al cual todos los consultados tienen reparos es el impositivo”. Es paradójico, en todo el tratamiento del proyecto, desde febrero, pocas observaciones tuvo este punto, y eso que comparecieron al menos 20 delegaciones ante la comisión. Una de las delegaciones que trató el tema, porque consideraba exagerada la presión tributaria, fue Aratirí. Entonces, ¿quiénes son “todos los consultados”?
No daría el espacio para tratar en detalle las pifias del artículo, pero quiero terminar resumiendo mi postura y la de mi partido político.
1. La insistencia de nuestro gobierno en explotar nuestros recursos naturales e implantar la minería en las mejores condiciones es consecuencia de tener un proyecto-país y, por lo tanto, un proyecto de desarrollo. Este proyecto pasa por algo que hemos repetido cientos de veces: diversificar la matriz de producción. Debemos obtener una matriz productiva que asegure trabajo a todos los uruguayos y que sea sustentable. Sólo así será posible montar las bases para la entrañable justicia social. Los que critican la actividad minera con argumentos agotados no conocen ni han reflexionado sobre las regiones del país de ganadería extensiva donde es altamente probable que existan otros yacimientos de interés. Los que conocen la zona y se oponen a la minería son los propietarios? que quedaron por fuera del distrito minero; más claro: no recibirán un canon.
Tampoco se mencionan las implicancias de apostar a un polo de desarrollo en el interior del país en zonas de muy bajos recursos, donde la relación capital-trabajo es primitiva. Zonas para las cuales es extremadamente difícil mejorar las condiciones del trabajador, tanto para este gobierno como para cualquier otro. En 2010 se celebró el primer Primero de Mayo de Cerro Chato, existe un sindicato, hay recuperación de la trama urbana de los pueblos de los alrededores, y esto sólo porque la empresa se dedicó a explorar el yacimiento. Entonces, levantar en el artículo: “Si en el poder estuvieran los blancos o colorados, la discusión hubiera sido la misma, pero con los personajes invertidos”, es asumir que el Frente Amplio es lo mismo que los partidos tradicionales. Afirmación que me solivianta por lo frívola y el menosprecio implícito a años de militancia de miles de compañeros que aportaron a la construcción colectiva de este proyecto político.
2. Si no hubiera existido la iniciativa de una ley especial para la minería de gran porte (que salió del acuerdo interpartidario de diciembre de 2011), el marco jurídico aplicable sería el actual Código de Minería. Nadie ha manifestado que la aplicación del Código de Minería sería mejor para el Estado que la aplicación de la nueva ley, nadie. Aun más, este fue un argumento muy fuerte para apoyar la necesidad de la ley que manejaron algunos diputados del Partido Nacional, previo a la “ruptura”.
En esta ley los temas relevantes son: a) asegurar la mejor gestión ambiental, incluyendo el cierre de las minas; b) aumentar los ingresos del Estado mediante un adicional al irae, que en definitiva hace al Estado partícipe de los posibles beneficios por el aumento del precio internacional del mineral de hierro; c) admitir que la actividad extractiva no seráobjeto de regímenes promocionales (artículo 39 del proyecto de ley) y que los ingresos del Estado (artículo 44) por minería de gran porte serán destinados especialmente al desarrollo del Interior, educación tecnológica, fortalecimiento de la Dinama y la Dinamige (artículo 45). Pero el grueso de estos ingresos (70 por ciento) constituirá un fondo soberano intergeneracional de inversiones, “para asegurar la equidad de derechos con las generaciones futuras” (artículo 47).
Julio Battistoni, diputado (MPP, Frente Amplio)
(Semanario Brecha, Viernes 30 de agosto de 2013)
PUBLICADO EN EL SEMANARIO BRECHA, VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2013
¡Ahijuna!: Inminente aprobación de la ley de megaminería
“Empecé a estudiar el tema para plantearle a mis estudiantes un modelo de dispersión de contaminantes. Fui saltando de un campo a otro hasta terminar mandando cartas al Senado.” La última audiencia que pidió Raúl Viñas –meteorólogo, profesor y dueño de las palabras de más arriba– a la comisión creada para estudiar el proyecto de minería de gran porte no se llevará a cabo. Al cierre de esta edición, los 11 diputados que la integran, aunque sin acuerdo, definieron no hacerle más modificaciones. Así, la ley de megaminería será aprobada a “tapas cerradas” con los votos del fa. Nuevas modificaciones hubieran enviado el proyecto a la Asamblea General, y en ese ámbito el proyecto requeriría dos tercios de los votos, mayoría con la que no cuenta el partido de gobierno.
El otro que se quedará sin audiencia es el ingeniero químico Ignacio Stolkin, ése sí veterano en las lides del ambientalismo vernáculo. Desde la comisión se dice que ambos ya tuvieron los espacios para hacer sus descargos durante el periplo que la ley de megaminería trae a cuestas.
A finales de 2011 una comisión integrada por delegados de todos los partidos con representación parlamentaria y del Poder Ejecutivo parió un documento con una serie de líneas estratégicas para la elaboración de la ley de minería de gran porte. La tarea de la redacción estuvo a cargo del Ejecutivo, que la remitió al Parlamento en octubre del año siguiente. En Diputados se creó “la comisión de los 11” mencionada más arriba, que empezó su estudio, recibió a varias delegaciones y aprobó el anteproyecto en abril de este año. Se dio a continuación un proceso similar en el Senado y ahora está de vuelta en Diputados.
“De las 14 modificaciones que propuse al texto de la ley, nueve fueron incorporadas”, dice Viñas. Sin embargo, tanto él como Stolkin y varios miembros de la oposición alertan sobre problemas pendientes. “Personalmente estoy a favor de que se haga minería. Si el país tiene el recurso, debe explotarlo. Pero considero también que no puede explotarlo a tasas depredadoras, ni pensando en la caja de mañana. Somos un país, no una empresa”, concluye.
LO QUE RECHINA. El punto respecto al cual todos los consultados tienen reparos es el impositivo. La ley prevé que las empresas dedicadas a la explotación minera de gran porte1 sean gravadas por el canon minero, el irae y un adicional sobre el irae. Ampliemos este punto. El canon –desde la modificación del código minero de 2011 que regula toda la actividad minera y no sólo la de gran porte– es el 5 por ciento del valor facturado free on board o fob, es decir, el valor que factura la empresa al sacar el material cargado en un barco. Tres por ciento queda para el Estado y 2 por ciento va a los propietarios del terreno donde se realiza la explotación. El irae no se calcula sobre el precio del material, sino sobre la ganancia que la empresa declare, de la que toma el 25 por ciento. A su vez, el adicional, un impuesto progresivo y variable también sobre la ganancia, puede ir hasta el 38 por ciento. Hasta ahí todo perfecto, entonces, ¿dónde está la duda? Si la empresa no declara ganancia, no hay impuesto que cobrarle. Parece descabellado, pero prestemos atención a lo siguiente. La ley introduce una modificación al concepto de “grupos o conjuntos económicos” establecido por el Banco Central. La noción usual establece que si, por ejemplo, soy dueño de una panadería, un quiosco y un estacionamiento, conformo un grupo, aunque las empresas sean de distinto rubro. Lo paradójico es que la ley en cuestión no aplica eso para las empresas mineras. Es decir, si una minera tiene otras empresas subsidiarias que la abastecen de lo que sea, esas otras no se consideran parte del grupo. Por tanto pueden transferir las ganancias de una empresa a otra mediante el sobreprecio de los productos o servicios. Las ganancias de esas otras empresas quedan fuera del gravamen propuesto.
Meses atrás el economista chileno Julián Alcayaga alertaba desde las páginas de este mismo semanario (véase Brecha, 26-III-13) los peligros de tal formato impositivo, muy similar al que tiene su país natal para gravar a las mineras de gran porte. Alcayaga relataba que sólo una de las empresas trasnacionales dedicadas a explotar el mayor yacimiento de cobre del continente había pagado impuestos, y el monto “fue absolutamente irrisorio”.
La cosa no termina ahí. El artículo que fija la tributación –el 39– establece que “las actividades mineras y conexas no serán objeto de la aplicación de regímenes promocionales por los que se otorguen exoneraciones al irae”. Nada se dice del iva, de los impuestos aduaneros o al patrimonio. En la discusión del Senado se proyectaron grandes cifras pasibles de ser exoneradas (en el caso de Aratirí, entre 700 y mil millones de dólares, sólo de iva). A pesar de que las exoneraciones no están explicitadas en la ley, sí podrán ser negociadas en los contratos puntuales con las distintas empresas. Contratos que, según establece esta ley, podrán declarar parte de su información como “reservada o confidencial”.
Además el artículo 40 establece que las empresas podrán computar como gastos –teniendo siempre en mente que los gastos disminuyen las ganancias declaradas por la empresa y así el impuesto pasible de cobrárseles– los costos previos que hayan tenido en prospección, exploración y estudios de impacto ambiental.
Así, tanto el cobro del irae como su tributo adicional, y también lo que pueda reservarse para el “fondo soberano intergeneracional de inversión” (que busca “hacer efectiva la promoción del desarrollo sostenible de la minería de gran porte, de modo de asegurar la equidad de derechos con las generaciones futuras”), se sostiene sobre ingresos enclenques. Y la última: el canon del 5 por ciento también podrá “imputarse” al pago del irae del mismo ejercicio.
PERSONAJES INVERTIDOS. “El debate en el Senado fue pour la galerie. Si en el poder estuvieran blancos o colorados, la discusión hubiera sido la misma, pero con los personajes invertidos”, cree Stolkin. En los hechos, y con el fa en el gobierno, en el Parlamento la oposición ha sido la única, salvo una excepción suplente, en cuestionar el modelo de desarrollo latente en la ley.
Óscar Ventura, asesor de Pedro Bordaberry y doctor en química, ensaya una explicación a la “confianza exagerada” del fa en este tema y habla del “paquete desarrollista” en el que se enmarca la ley: “Es muy probable que el proyecto de Aratirí esté vinculado al puerto de aguas profundas, que necesita un ancla para ser rentable. Lo mismo con la regasificadora. El exceso de energía sería para Aratirí, porque la regasificadora está sobredimensionada para las necesidades energéticas del país”. Según Ventura, el fa garantizaría así la entrada de “plata dulce” para ejecutar las políticas previstas en caso de que acceda a un tercer gobierno. El negocio sería triangular: “Necesitan una inversión china para el puerto de aguas profundas que sólo viene si el negocio es rentable. Para que sea rentable, la exportación tiene que ser mayor a 10 millones de toneladas, lo que estaría asegurado si se instala Aratirí. Y a su vez, la exportación de hierro iría a China”.
Pero en el Senado oficialista hubo una voz disidente. Aunque llegó tarde al debate, manifestó discrepancias. Óscar López Goldaracena remplazó a Eduardo Lorier en la sesión que aprobó el proyecto con modificaciones, y votó, por disciplina partidaria, pero pronunció que “la minería, al igual que la pesca, son dos polos industriales que deben ser apuntalados y optimizados sobre nuevos paradigmas de desarrollo”. En esa línea, analizó que “los campos ya están alambrados y vaya si la mayoría de los uruguayos llegó tarde al reparto. Pero el subsuelo es de todos, como el mar. No está todavía alambrado y no podemos permitir que se desplace al colectivo social, que es el verdadero dueño por derecho y por destino”. Por esto se resistió a “la resignación de que no podamos construir un escenario diferente. Es preferible que se impongan los correctivos cuanto antes, a que en un futuro, un gobierno vaya a tener que nacionalizar las minas para garantizar el soberano derecho de nuestro pueblo”.
Uno de los correctivos que mencionó apela a establecer límites para la extracción de minerales, porque “el crecimiento infinito en un mundo físico finito es una ecuación imposible. Siendo claramente conscientes, entonces, de que los yacimientos minerales son finitos y algún día se terminarán, es imposible hablar en este tema de desarrollo sustentable absoluto”. También se detuvo en la necesidad de que el Estado tenga “a su cargo la explotación directa y monopólica de recursos minerales estratégicos”. Y habló de generar “emprendimientos estatales y emprendimientos colectivos, como contrapeso a la opción de la explotación por trasnacionales de nuestros recursos mineros”. Para cerrar llamó a convocar una asamblea constituyente, que “aseguraría el consenso social y político que percibimos necesario para establecer y fijar los pilares sobre los cuales deberíamos transitar como nación”. Y agregó: “Una ley no va a frenar las voces ni el debate sobre el tema de la relación de una comunidad con la naturaleza, mucho menos hoy, en que somos plenamente conscientes de que estamos suicidando al planeta”.
Pese a la aprobación del proyecto, el debate no parece saldado aún. Sin embargo, lo que prima es que la ley peligra si desemboca en la Asamblea General. Con ese escenario, el fa no se arriesga. Hay confiados y hay dudosos, pero se vota. “Después de aprobada veremos si hay que introducirle modificaciones”, dice a Brecha el diputado Óscar Groba. Le genera dudas la puerta entreabierta a las exoneraciones tributarias. También le interesa la propuesta de López Goldaracena de establecer tasas de extracción, aunque deja ver cierta molestia por su intervención disonante en el Senado.
Julio Battistoni, por su parte, personifica la actitud del convencido. “Es una preciosa ley”, dice. Cuando Brecha le pregunta por las exoneraciones tributarias, las niega. “No hay exoneraciones, justamente eso fue lo que se pactó en el acuerdo multipartidario, por entenderse que se trata de la extracción de bienes no renovables.” En el Senado, Alberto Couriel ya había admitido que el proyecto se distanciaba en ese punto del acuerdo multipartidario. Es perfectible, pero es mejor que lo que había antes, concluyen todos los parlamentarios.
Sin embargo, sigue creciendo una opinión pública contraria a la actividad consagrada por la ley, incluso entre los votantes frenteamplistas. Según una encuesta de Radar realizada a comienzos de este mes, 46 por ciento de la población está en contra de la minería a cielo abierto (en octubre de 2012 era el 39 por ciento), y sólo un 28 por ciento se declara a favor. La consultora dice que los jóvenes son los que más han cambiado su percepción, y que un 43 por ciento de quienes votaron al fa en las elecciones pasadas se manifestaron en contra.
En Tacuarembó el descontento se articuló en acción. Desde hace un mes, las 13 mil firmas tacuaremboenses descansan en la Corte Electoral a la espera de un plebiscito que busca prohibir la minería a cielo abierto en el departamento. “Esta ley fue elaborada de espaldas a lo que piensa la gente”, sostiene Sebastián Ríos, integrante de la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua. Aprobada la ley, el rumbo elegido por el gobierno choca contra el que quieren transitar las comunidades afectadas y una porción creciente de la opinión pública. El conflicto asoma en las cuchillas.
1. Se consideran proyectos de minería metalífera de gran porte los emprendimientos que afecten al menos 400 hectáreas y/o establezcan una inversión y comercialización anual de al menos 830 millones de unidades indexadas, así como por el uso de químicos peligrosos y un requerimiento energético anual de 500 gigavatios por hora.
Sujeto omitido: Aratirí
El tiempo pasa. Los intereses detrás del proyecto Aratirí apremian. Y son muchas las cartas en la mesa.
La inversión total rondaría los 3.000 millones de dólares. Según estudios presentados por la propia empresa, durante la etapa de construcción Aratirí emplearía en promedio a 3 mil trabajadores de forma directa, y luego, al comenzar la fase operativa, la plantilla se reduciría a 1.500 puestos de trabajo directos. A su vez, la empresa estima que se crearán 10.500 puestos de trabajo indirectos. Lo cierto es que en Uruguay, su “proyecto insignia”, el grupo Zamín –al que pertenece el emprendimiento Aratirí– pretendía estar produciendo ya en 2013. Teniendo en cuenta que la discusión se extendió –y los tiempos se han alargado en la redacción y ahora inminente aprobación del proyecto de ley–, prevé hacerlo en 2015. Pero desde enero de 2012 comenzó la disminución de la plantilla de trabajadores, enviando al seguro de paro a 110 personas en aquel momento. Acto de presión o no, el personal activo disminuyó a la espera de poder concretar las autorizaciones oficiales. A fines de julio de este año la Cámara de Representantes aprobó el pedido del Poder Ejecutivo para permitir la extensión hasta por un plazo de un año del seguro de paro de 97 trabajadores, en espera de que sean reintegrados.
Respecto al proyecto minero en sí, el conjunto de las cinco minas ocuparía 522 hectáreas, pero esta cifra no es la única a tener en cuenta. Las pilas de “estériles” –tierra y rocas extraídas que se acumulan al costado de la excavación– requieren 1.700 hectáreas,1 “transporte y beneficiamiento” otras 3.500, y el espacio a utilizar para la terminal portuaria especializada unas 250 hectáreas más. Teniendo en cuenta las 8.577 del “área de amortiguación”, la superficie superaría las 14 mil hectáreas en total. De acuerdo a la ubicación del proyecto, y la necesaria instalación de un mineroducto que transporte lo extraído hasta la terminal portuaria que se montaría en la costa de Rocha y permita su exportación, varios cursos de agua serán afectados. Según el plan presentado para el puerto ubicado en La Angostura, el recorrido del mineroducto atravesaría tres ríos, el Olimar Chico, el Cebollatí y el Paso del Bañado, y de 190 a 220 cursos de agua de tamaño variable, como también zonas de palmares, humedales y bosque ribereño. A su vez es probable que se haga uno o más bypasses en el Yi, según la empresa, para evitar que en las crecientes el agua se meta en la mina. Pero la relocalización del puerto, en El Palenque, implica un nuevo recorrido.
En fase de cierre, el mineroducto será abandonado, dejándolo en el lugar y llenando las secciones. Según asume el propio estudio de impacto ambiental presentado a las autoridades, “pueden producirse roturas y derrames en el mineroducto debido a una falla mecánica, daños de terceros, vandalismo, corrosión, y/o falla operativa”.
Otra de las incertidumbres respecto a Aratirí, y que ha sido uno de los argumentos planteados por la oposición, tiene que ver con la posibilidad de que, luego de concretar el proyecto, no sea explotado por la empresa sino vendido. A las empresas que realizan emprendimientos de este tipo, mediante los cuales viabilizan las negociaciones, preparan el terreno y venden, se las conoce como “júniors”, clasificación de la que Aratirí busca alejarse. Fernando Puntigliano, anterior titular de la Administración Nacional de Puertos y actual country manager de Zamín, figura como uno de los diez catalogados como “personal clave” del grupo. A pesar de que durante su visita a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores del 6 de octubre de 2010 Puntigliano advertía que “hay que distinguir entre la voluntad, es decir, cuál es el plan, y lo que después va a pasar en la realidad”, y explicaba que en la minería “nunca se sabe” lo que va a pasar, en su última visita al Parlamento aseguró que Zamín “quiere seguir el camino de las empresas independientes”, y “si el sueño se cumple o no, se va demostrando en el proceso”. El grupo Zamín ya vendió el proyecto Bahía Mineracão a su antiguo socio en el emprendimiento, la Eurasian Natural Resources Corporation (enrc), que también incluyó en su momento la opción de compra del 100 por ciento de las acciones de Greystone, otro de los proyectos de Zamín, ubicado en el sureste del estado de Bahía.
El plan de cierre de minas es un aspecto importante. Según explicó en el Parlamento el ingeniero de la empresa Cyro Croce; el tiempo de llenado depende de cada mina, pero las referencias son décadas. “Se podría decir que en un entorno de cincuenta años los pozos podrían estar un 80 por ciento llenos, el llenado total podría llevar unos ochenta años.” Habrá que tener paciencia, entonces. En la misma sesión, Croce hizo una afirmación que siembra la duda: “la mayoría de las tierras en las que se propone el plan de cierre no son de Aratirí; por lo tanto la empresa tendrá la posibilidad de trabajar en ellas solamente hasta que termine la concesión para explotar”. Brecha se comunicó con el ingeniero Croce para consultarlo acerca de esta afirmación, pero éste no dio declaraciones, ya que, según dijo, no está autorizado a hacerlo. La información sale de Aratirí a través de Jorge Surraco, el responsable de comunicaciones. Según expresó Surraco a Brecha, la empresa sostiene una “política de perfil bajo como proyecto de inversión”, ya que hasta que no esté el marco legal vigente las declaraciones serían “especulaciones”, por lo que no iba a responder. A las actas pues nos remitimos.
1. El mayor espacio destinado a la tierra extraída se debe a que, al descompactarse, ésta triplica su volumen original.
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