Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/523871042
Timestamp: 2019-02-23 09:10:12
Document Index: 96079719

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo12', 'artículo 51', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 142', 'artículo 162', 'artículo 51', 'artículo11', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 204', 'artículo 28', 'artículo 204', 'artículo 1068', 'artículo 140', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 29', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 93', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 51', 'artículo 315', 'artículo 83', 'artículo 29', 'artículo 1068', 'artículo 315', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 29', 'artículo 117']

Sentencia de Constitucionalidad nº 370/14 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 523871042
Actor: Ana Maria Diez de Fex y Otros
Demandado: Ley 1537 de 2012, Articulo 12, Paragrafo 3
Expediente: D-9901
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo tercero del artículo 12 de la ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. Aseveran los actores que el sistema de preferencias establecido en el artículo 12 de la ley 1537 para el otorgamiento del subsidio en especie de vivienda para población vulnerable, es desconocido por la exclusión que introduce el parágrafo 3º acusado, al restringir el acceso al subsidio a quienes tienen antecedentes penales por haber cometido delitos contra menores de edad. Para los demandantes, esta exclusión es desproporcionada y violatoria de los artículos 12, 13 y 51 de la constitución política. La corte concluye que el aparte normativo acusado, a la luz de la categoría de estado social de derecho, tiene efectos desproporcionados pues sacrifica derechos fundamentales de las personas que estuvieron privadas de la libertad por haber cometido cualquier tipo de delito contra menores de edad, sin que se acredite que el fin constitucional para el cual fue creada la medida cumpla con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad y prevenir la comisión de delitos en su contra. Inexequible.
Sentencia citada en: 17 sentencias, 2 artículos doctrinales, una noticia
Sentencia C-370/14
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo tercero del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones
Actores: A.M.D. de Fex, M.Q.M. y D.H.M..
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados L.E.V.S. -quien la preside-, M.V.C.C., M.G.C., L.G.G.P., G.E.M.M., J.I.P.P., N.P.P., J.I.P.C., y A.R.R., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos A.M.D. de Fex, M.Q.M. y D.H.M., demandaron la constitucionalidad del parágrafo tercero del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, por considerarlo contrario a los artículos 12, 13 y 51 de la Constitución Política.
En atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e invitó a participar en el debate a las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional, Externado, S.A., J., del Rosario, del Norte de Barranquilla, Bolivariana y del Sinú en Montería y a los Grupos de Investigación de Derecho de Interés Público y de Prisiones y Cárceles de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
LEY 1537 DE 2012
Artículo12. Subsidio en especie para población vulnerable.Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Parágrafo 5°. Cuando las solicitudes de postulantes, que cumplan con los requisitos de asignación para el programa del subsidio familiar 100% de vivienda en especie excedan las soluciones de vivienda que se van a entregar en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que se realicen en el municipio o distrito, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará un sorteo para definir los postulantes beneficiarios del subsidio familiar 100% de vivienda en especie, de conformidad con los criterios de priorización establecidos en la presente ley, cuando no existan otros criterios de calificación, para dirimir el empate.
1.2.1.1 Manifiestan que el derecho a la vivienda digna se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico mediante el mandato constitucional establecido en el artículo 51 de la Carta en donde se prescribe que Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. Manifiestan que lo indicado anteriormente se complementa y refuerza con las disposiciones en el plano internacional ya que existen diversos instrumentos de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado colombiano que reconocen el derecho de las personas a la vivienda digna, para lo cual cita entre otros, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 34 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.
Explican que si se trata de ejercer un efecto de prevención general para disuadir a futuros infractores, la incorporación de la norma acusada no se sustenta con estudios biológicos, sociológicos o sicológicos que acrediten su efectividad persuasiva frente al potencial agresor y logre que éste no siga realizando conductas que vulneren los derechos de los menores de edad. Por el contrario, lo que a su parecer sí es claro es que cuando se establece la exclusión al hogar postulante del infractor o condenado o excarcelado se desconoce el principio de reinserción y resocialización de la pena y se convierte en un instrumento para infundir temor.
Por estas razones, consideran, la medida contenida en el aparte normativo acusado no es idónea ni conducente para proteger el interés superior de los menores de edad, porque los supuestos beneficios que la norma reporta no están acreditados, hecho que potencializa la materialización de eventuales afectaciones de principios constitucionales de igual o mayor relevancia.
1.3.1.1 Sostiene que los argumentos expuestos por los demandantes no alcanzan a estructurar, ni siquiera, un cargo de inconstitucionalidad, y que tan solo presentan apreciaciones subjetivas. Ello, por cuanto, a su parecer, es claro que para la asignación de un subsidio familiar de vivienda, la entidad otorgante debe excluir de la conformación del hogar a las personas que han sido condenadas por las conductas punibles en contra de los menores de 18 años.
Artículo 1º. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.
1.3.3.3 Manifiesta que el Decreto 2164 de 2013 modificó el Decreto 1921 de 2012, con el fin de introducir modificaciones a algunos conceptos y procedimientos aplicados en el proceso de identificación y selección de hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie. En particular, sobre el contenido del parágrafo 3 del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, el artículo 8 del Decreto 2164 de 2013 modificó el artículo 14 del Decreto 1921 de 2012 estableciendo en el parágrafo segundo que FONVIVIENDA excluirá de la conformación del hogar postulante a las personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad. Para el efecto, FONVIVIENDA solicitará a la autoridad competente la base de datos oficial que contenga dicha información.
1.3.5 Universitat de Barcelona como amicus curiae
1.3.6.1 Sostiene que según lo establecido en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la cual constituye un parámetro de interpretación constitucional- el principio de no discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda implica que tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación.
A la luz de lo anterior, expone, no existe consonancia entre lo dispuesto en la ley acerca de que quienes cometan delitos contra menores de edad no pueden ser titulares del derecho al acceso a la vivienda mediante asignación a título de subsidio y lo establecido en la Observación antes citada.
1.3.6.4 Agrega a lo anterior, considera que la sanción contenida en el aparte normativo acusado debe examinarse a partir de la Observación General No. 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual consagra que [La] no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en el Pacto. El artículo 2.2 dispone que los Estados Partes garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, sin discriminación alguna, y solo puede aplicarse en conjunción con esos derechos. Cabe señalar que por discriminación se entiende que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto
1.3.6.5 Para finalizar, considera que por las razones expuestas en la demanda a las cuales suma el contenido de los instrumentos internacionales[1] citados en su escrito de intervención, la norma debe ser declarada inconstitucional.
Los ciudadanos M.I.S., L.J.A., S.R.G., D.R.C. y N.L.L.[2], intervinieron en el presente proceso de constitucionalidad apoyando la solicitud de declaratoria de inexequibilidad del aparte normativo demandado, aduciendo lo siguiente:
(i) La restricción que introduce la norma no se encuentra justificada por el legislador. En este sentido, afirman, sólo existe la referencia a que la ley se fundamenta en la necesidad de controlar el subsidio asignado por el Gobierno Nacional como solución habitacional para su beneficiario. E. acerca de que durante el debate legislativo no se explicó la finalidad de la medida restrictiva, lo cual la torna arbitraria. Sumado a lo anterior, exponen que con base en la exposición de motivos y en los debates legislativos es posible concluir que aunque se explicó el fin general de la ley no se justificó la medida de exclusión concreta. Bajo esta perspectiva, dicen, no es claro porqué la exclusión de las personas con antecedentes penales, los cuales son determinados de manera particular con base en la identidad del sujeto pasivo del delito, se relaciona con el objetivo más amplio de la ley en el sentido de garantizar el acceso progresivo al derecho a la vivienda para población vulnerable.
(iii) Sostienen que aunque se aceptara el argumento de que la exclusión cuestionada, en virtud del principio de prevención general, persigue disuadir a todos aquellos que ´estén próximos a la sanción´ y también al sujeto infractor para que no vuelva a incurrir en las conductas que () causan daños[3], no existe evidencia de que la restricción introducida sea la idónea para lograr que quienes han sido condenados por haber cometido delitos contra menores de edad se abstengan de realizar estas conductas ni tampoco que con esta restricción los potenciales beneficiarios de los subsidios de vivienda no vayan a cometer en el futuro estos delitos. Por el contrario, explican, existen otros mecanismos de persuasión que en conjunto pueden contribuir a la reeducación de la población que atenta contra los bienes jurídicos de los niños, niñas y adolescentes.
(iv) En definitiva, aducen, este aparte normativo, que pretende la protección de los derechos de los menores de edad fin legítimo- no justifica porqué la exclusión en el acceso a subsidios de vivienda para poblaciones vulnerables en conflicto con el derecho penal, es la mejor medida para lograr este propósito.
En conclusión, sostienen, en materia del derecho a la vivienda digna, el legislador excluyó a un determinado grupo de personas de los beneficios del acceso a una vivienda digna sin justificación, lo cual constituye una vulneración del mandato de progresividad y la prohibición de regresividad. Además, resaltan que el derecho al acceso a la vivienda de forma restringida a este grupo de personas resulta una sanción más gravosa que la impuesta en materia penal.
1.3.7.6 Ahora, frente al desconocimiento de la prohibición de la imprescriptibilidad de la pena, exponen que en relación con el principio de resocialización de la pena, la exclusión contenida en el parágrafo 3 de la Ley 1537 de 2012, contraviene la prohibición constitucional contenida en el artículo 28 de la Constitución Política que establece: [] En ningún caso podrá haber detención, prisión, ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
1.4.1 Sostiene que al igual que en el análisis realizado por esta Corporación mediante sentencia C- 061 de 2002 en relación con los Muros de Infancia, con la expedición de la norma objeto de reproche el legislador también pretende realizar una prevención general para persuadir a los posibles infractores de la ley a no cometer conductas punibles contra menores de edad, pero también como en aquélla oportunidad la norma objeto del cuestionamiento no tiene un sustento argumentativo con base en estudios biológicos, psicológicos, sociológicos ni criminológicos que permitan establecer que con la medida impuesta va a lograrse ese fin. Esta conclusión, aduce, se deriva de la exposición de motivos de la Ley, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 180 de 2012.
2.2.1.1 El artículo 2° del decreto 2067 de 1991 señala los elementos que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad[4]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición legal debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos tres elementos, desarrollados en el texto del artículo 2 del decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus decisiones, hacen posible un pronunciamiento de fondo.
2.2.1.2 En la sentencia C-1052 de 2001[5], la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
Por lo expuesto, a juicio de esta S., los demandantes efectivamente logran generar dudas sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada a la luz del contenido de los artículos 12, 13, 28 y 51 Superiores. Por tanto, esta Corporación encuentra razonable abordar el análisis de la constitucionalidad del parágrafo acusado por este cargo.
También, el Congreso de la República, sostuvo que (i) la norma busca proteger un bien de rango constitucional superior como la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes; (ii) si bien las personas que pueden ser beneficiarias del subsidio en especie se encuentran en situación de vulnerabilidad, no puede establecerse comparación alguna entre aquéllas que tienen antecedentes penales por haber cometido delitos contra menores de edad destinatarios de la exclusión de la norma- y quienes integran la población menor de 18 años, víctima de estos delitos, también en circunstancia de vulnerabilidad; (iii) el ejercicio de los derechos no es absoluto, en particular, frente a quienes han infringido la ley penal, y pueden establecerse caso donde sea legítimo restringirlos como es el caso de la protección prevalente de los derechos de los menores de edad.
2.3.3 De otro lado, la Universitat de Barcelona como amicus curiae y los ciudadanos M.I.S., L.J.A., S.R.G., D.R.C. y N.L.L., solicitaron la declaratoria de inexequibilidad del aparte normativo acusado, argumentando que (i) la norma introduce una distinción entre los potenciales beneficiarios del subsidio sin justificación alguna; (ii) aunque no hay lugar a dudas acerca de la protección que debe brindarse a los menores de 18 años, existen otras vías para realizar este propósito, máxime cuando la ley tiene como fin general proveer vivienda a población vulnerable y no uno específico como proveer vivienda prioritaria a víctimas de conductas penales menores de 18 años; (iii) la norma tiene un claro carácter sancionador por conductas pasadas, ello por cuanto no se especifica el tipo de delito ni de condena objeto de sanción ni el tiempo durante el cual se mantendrá la sanción; (iv) al parecer la norma se aplicaría con efectos retroactivos, esto es, antes de la expedición de la Ley 1537 de 2012, bajo el criterio de quien deba valorar las postulaciones al subsidio de vivienda prioritaria; (v) la disposición acusada contiene un ingrediente de estigmatización contra personas privadas de la libertad; (vi) la norma cuestionada vulnera la prohibición de retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque el legislador no justificó la medida ni que no existieran otros medios para lograr el fin propuesto con la restricción impuesta, esto es, persuadir a los infractores de la ley penal contra menores de edad para que no cometan este tipo de conductas, por tanto, se torna desproporcionada e irrazonable.
2.4.1 Respecto a la calidad de sujetos de especial protección constitucional que ostentan los niños, las niñas y los adolescentes, ésta tiene su sustento en los postulados de la Constitución y también en instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen el principio del interés superior del menor de dieciocho años y que integran el denominado bloque de constitucionalidad.
A su vez, la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), principio II, señala que el niño gozará de una protección especial y que a través de las leyes y otros medios se dispondrá lo necesario para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad y dignidad; y también contempla que al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño. También, en la Observación General No. 14, del 29 de mayo de 2013, el Comité de los Derechos del Niño[10] interpretó el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y determinó que el interés superior de los menores de 18 años abarca tres dimensiones: perspectiva del derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo fundamental y como norma de procedimiento. Además de estos instrumentos, existen otros tratados y convenios internacionales que consagran el principio del interés superior de los menores de dieciocho años, entre los que se encuentran: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 24), la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 (artículo 19) y la Convención sobre los derechos del niño de 1989.
2.4.2 El principio del interés superior del menor de dieciocho años, consagrado en distintos convenios de derechos humanos, se encuentra establecido expresamente en el artículo 8° del Código de la Infancia y la Adolescencia, así () Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Por otra parte, el artículo 25 de este mismo Código, siguiendo el precepto superior de la prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho años sobre los demás, estableció: () En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona ().
2.4.4 Ahora bien, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los menores de dieciocho años tiene su fundamento en la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad. El grado de vulnerabilidad e indefensión tiene diferentes grados y se da partir de todos los procesos de interacción que los menores de dieciocho años deben realizar con su entorno físico y social para el desarrollo de su personalidad[12]. Por lo anterior, el Estado, la sociedad y la familia deben brindar una protección especial en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, en aras de garantizar su desarrollo armónico e integral.
2.4.5 Adicional a lo expuesto, la protección constitucional reforzada de la cual son titulares los niños, las niñas y adolescentes tiene su sustento en (i) el respeto de su dignidad humana, y (ii) la importancia de construir un futuro promisorio para la comunidad mediante la efectividad de todos sus derechos fundamentales[13].
2.4.6 Acerca de los criterios jurídicos que deben observarse para aplicar en concreto el principio del interés superior de menores de dieciocho años, en la jurisprudencia de esta Corporación se han establecido los siguientes: (i) el principio del interés superior de los niños, las niñas y adolescentes se realiza en el estudio de cada caso en particular y tiene por fin asegurar su desarrollo integral; (ii) este principio, además, persigue la realización efectiva de sus derechos fundamentales y también resguardarlos de los riesgos prohibidos que amenacen su desarrollo armónico. Estos riesgos no se agotan en los que enuncia la ley sino que también deben analizarse en el estudio de cada caso particular; (iii) debe propenderse por encontrar un equilibrio entre los derechos de los padres o sus representantes legales y los de los niños, las niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando dicha armonización no sea posible, deberán prevalecer las garantías superiores de los menores de dieciocho años. En otras palabras, siempre que prevalezcan los derechos de los padres, es porque se ha entendido que ésta es la mejor manera de darle aplicación al principio del interés superior de los niños, las niñas y adolescentes.[14]
2.5.1 El artículo 142 de la Ley 65 de 1993[15], establece que el tratamiento penitenciario tiene por fin [p]reparar al condenado, mediante su resocialización, para la vida en libertad.
Cabe anotar que aunque en la etapa del tratamiento penitenciario las personas privadas de la libertad pueden tener restringidos algunos de sus derechos[17], existe un reconocimiento pleno a la dignidad humana y a los derechos humanos, criterios bajo los cuales se encuentra prohibida toda forma de violencia física, psicológica o moral en su contra. Además, cuando se trata de la imposición de restricciones a sus garantías, éstas encuentran su límite en el criterio de necesidad y de proporcionalidad frente a los objetivos legítimos que persigue.
En este sentido, [el] derecho penal no sólo debe defender a las personas contra los delitos sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que son entonces límites al poder punitivo. La pena debe ser el resultado de la aplicación del derecho penal como ultima ratio y como tal debe ser necesaria, razonable, eficiente y proporcionada...
la condena sólo se reconoce como ejercicio legítimo de la coacción estatal cuando se ejerce con el máximo grado de garantías individuales y no se desconoce la dignidad del delincuente[18]
Sin embargo, una vez la persona cumple con la sanción impuesta debe retornar a la sociedad bajo el presupuesto de que el Estado debe impulsar su reinserción a la vida social y familiar, y además la habilitación para el ejercicio de sus derechos[19]. En relación con lo anterior, el artículo 162 de la Ley 65 de 1993 consagra que una vez se cumple la pena, los antecedentes penales no pueden ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal.
[la] pena no puede constituirse en una represalia estatal, sino que debe responder a los principios de racionalidad y humanidad, en donde el tipo penal y la sanción son entes heterogéneos que se ubican en escenarios diferentes, y por ende no son susceptibles de igualación. En ese orden de ideas, si bien se conserva la idea retributiva, como criterio orientador de la imposición judicial de sanciones, pues debe haber una cierta proporcionalidad entre la pena, el delito y el grado de culpabilidad, lo cierto es que el derecho humanista abandona el retribucionismo como fundamento esencial de la pena, pues no es tarea del orden jurídico impartir una justicia absoluta, más propia de dioses que de seres humanos. La función del derecho penal en una sociedad secularizada y en el Estado de derecho es más modesta, pues únicamente pretende proteger, con un control social coactivo, ciertos bienes jurídicos fundamentales y determinadas condiciones básicas de funcionamiento de lo social. Por ello se concluye que, tal y como esta Corte lo ha señalado en diversas ocasiones[22], la definición legislativa de las penas en un Estado de derecho no está orientada por fines retributivos rígidos sino por objetivos de prevención general, esto es, debe tener efectos disuasivos, ya que la ley penal pretende ´que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la imposición de sanciones´
En definitiva, la función esencial de la pena en el marco de un Estado Social de Derecho es garantizar la resocialización integral de la persona privada de la libertad prevención especial positiva- en consonancia con el principio de la dignidad humana y del respeto por su autonomía[23].
2.5.2 En este punto, es importante hacer referencia a la sentencia C- 061 de 2008[24] donde se analizó la constitucionalidad de los denominados muros de la infamia y se aplicó el principio de prevención general y especial de la pena, y el de proporcionalidad:
Lo anterior se ve acentuado por el hecho, destacado en el punto anterior, de que la finalidad que se ha admitido como constitucionalmente legítima es de carácter genérico - la protección de los niños -, siendo notoriamente incierto de qué manera concreta estarán ellos mejor resguardados por el hecho de divulgarse dicha información. Así, no es válido afirmar de manera concluyente que la medida sea útil o efectiva para la protección de la niñez residente en Colombia.
Tampoco se analizó, en la misma línea, el índice de reincidencia en este tipo de conductas, que puede ser significativamente alto y daría lugar a pensar que tampoco opera la prevención especial, con lo que aún el hecho de haberse divulgado la información relativa a la propia condena, no parecería razón suficiente para contener a un individuo en trance de cometer una nueva acción delictiva de la misma naturaleza
Pero, en el otro extremo, si se previera que la divulgación ha de hacerse al ser excarcelado, se estaría desconociendo el nominal efecto de reinserción social, rehabilitación o resocialización que se le abona a la pena como una de sus funciones inmanentes, teóricamente justificadora especialmente de la privación de la libertad
Lo brevemente expuesto señala que, pendiente la eventual demostración de los hipotéticos beneficios sociales que esta medida pudiera traer consigo, son en cambio evidentes y de gran significación los costos y riesgos que ella supone para la persona misma y para los miembros de su familia, donde podría hallarse la propia víctima, u otro menor en aumentado riesgo de victimización. Por ello, estima la Corte que tampoco se surte este elemento del test de proporcionalidad que se viene adelantando, al no compensarse el perjuicio acarreado a otros bienes, con el ignoto beneficio obtenible
2.6.1 El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda realizar su proyecto de vida[25]. Dentro del marco constitucional, el artículo 51 consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas, entre otros.
2.6.2 En cuanto al contenido de este derecho, la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC)[26] establece los siguientes lineamientos para que una vivienda pueda considerarse adecuada en los términos del PIDESC:
7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo1 del artículo11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año2000 en su párrafo5:"el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.(subraya fuera de texto).
En concordancia, esta Corporación, con fundamento en la Observación General No. 4 del Comité DESC, fijó como sigue los requisitos para que una vivienda sea considerada digna en la sentencia T-585 de 2006[27]:
Así las cosas, cualquier proyecto de vivienda o solución de vivienda que las autoridades públicas ofrezcan a los ciudadanos de forma directa o por intermedio de los particulares- en virtud de su obligación de garantizar la faceta de asequibilidad, debe cumplir las anteriores exigencias.
En particular, sobre el principio de no discriminación la Observación General No. 20, consagra que la igualdad es un componente fundamental para garantizar el ejercicio de estos derechos y que según el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes deben [g]arantizar el ejercicio de los derechos [que en él se enuncian] sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2.7.1 El artículo 28 de la Constitución dispone que: En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Por su parte, el artículo 34 ibídem prohíbe la pena de prisión perpetua. Esta Corporación ha explicado que estos preceptos constitucionales contienen una interdicción del exceso punitivo[29] que se extiende al derecho penal y a otros regímenes sancionatorios, y que consiste en una prohibición de sanciones perpetuas e imprescriptibles.
La Corte sólo ha admitido excepciones a dicha prohibición en los casos de (i) delitos de lesa humanidad -en los que se ha defendido la tesis de la imprescriptibilidad de la acción penal[30]-, y de (ii) inhabilidades intemporales para el ejercicio de funciones públicas, muchas de las cuales son además previstas expresamente por el texto superior en los artículos 299 y 122.
2.7.1.1 Sobre la proscripción de sanciones perpetuas e imprescriptibles, se destacan las sentencias C-110 de 2000[34], C-046 de 2001, C-230 de 2003 y C-271 de 2003.
En la sentencia C-110 de 2000[36], la Corte declaró la inexequibilidad del numeral primero del artículo 204 del decreto 1355 de 1970 -Código Nacional de Policía-, que establecía que los comandantes de estación y de subestación podían exigir promesa de residir en otra zona o barrio a quien en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocios situados en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable. La Corte, entre otras cosas, consideró que la medida correctiva en cuestión no tenía límite en el tiempo, por lo que concluyó que violaba el artículo 28 de la Constitución () según el cual no pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles, lo que equivale a que no puede el legislador autorizar a que se le limite a una persona en forma permanente alguno de sus derechos fundamentales. Por estas razones declaró inexequible el precepto.
Con fundamento en las mismas razones, en la sentencia C-046 de 2001[37], se declararon inexequibles los numerales 2 y 3 del artículo 204 del decreto 1355 de 1970, los cuales también asignaban competencia a los comandantes de estación y sub estación, a los alcaldes e inspectores de policía, para exigir a una persona promesa de residir en otro barrio o zona, cuando con su conducta depravada perturbara la tranquilidad de los vecinos del barrio o zona donde tuviera su residencia.
En la sentencia C-230 de 2003[39], al examinar una demanda contra el artículo 1068, numeral 8, del Código Civil, según el cual las personas sancionadas penalmente con interdicción de derechos civiles están inhabilitadas definitivamente para ser testigos de testamentos solemnes, la Corte señaló que las inhabilidades perpetuas derivadas de una sanción penal este ese caso la inhabilidad para ser testigo de testamento solemne- lesionan los principios de igualdad, dignidad humana y la presunción de buena fe. Por ello, se declaró exequible el precepto en el entendido que la prohibición de ser testigo en un testamento solemne tendrá como tiempo máximo de duración el equivalente al término de la pena prevista para el hecho punible.
El mismo año, en la sentencia C-271 de 2003[40], a propósito de una demanda contra el numeral 8 del artículo 140 del Código Civil, según el cual el matrimonio civil de un conyugicida es nulo, la Corte reconoció que la prohibición del artículo 34 de la Carta se extiende a todo tipo de sanción, no solamente a las penales. Por esta razón la Corporación consideró que no podía entenderse que la causal de nulidad contenida en el artículo demandado es perpetua o no prescribe. Al respecto se explicó:
6.8. Finalmente, en torno al tema de la aparente violación del artículo 34 Superior, es de interés precisar que, en efecto, la nulidad por conyugicidio no puede ser perpetua o imprescriptible. Como quedó suficientemente explicado en el punto anterior, al margen de que es el propio artículo 34 de la Constitución Política el que prohíbe las sanciones perpetuas, los principios de legalidad, proporcionalidad y prescriptibilidad de las penas que gobiernan nuestro sistema jurídico, impiden que se consagren sanciones subsidiarias o dependientes de otras que terminen por superar la propia dosimetría fijada a la pena principal; o que en su defecto se extiendan indefinidamente en el tiempo.
Frente a la hipótesis planteada, no tendría sentido considerar que, a pesar de haber cumplido con la pena de prisión impuesta, el conyugicida y su cómplice podrían continuar impedidos de por vida para contraer un nuevo matrimonio, basado en el sólo hecho de tener un antecedente judicial. Por eso, cabe repetir, la imposición de sanciones desproporcionadas o perpetuas son contrarias al debido proceso y a los principio de dignidad humana, a la igualdad y al reconocimiento de la personalidad, en cuanto impiden a las personas -en este caso a los contrayentes- rehabilitarse y desarrollarse individual y colectivamente al interior del grupo social y en el propio seno de la institución familiar, siendo de este modo excluidas del legítimo ejercicio de sus derechos. Entonces, es obvio que la causal de nulidad de matrimonio por conyugicidio también se encuentra sometida a prescripción, en los términos fijados y definidos por la legislación colombiana y que le son aplicables a la materia. Precisamente, el hecho de que los Códigos Civil y Penal se ocupen de manera particular del tema de la prescripción, tanto para las acciones y penas como para las nulidades, descarta de plano que la Corte deba proceder a formular algún condicionamiento en ese orden (negrilla fuera del texto).
Con fundamento en estas razones y otras relacionadas con la proporcionalidad de las sanciones, se declaró exequible el precepto () condicionado a que se entienda que la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria ejecutoriada; o también, cuando habiendo participado solamente un contrayente, el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena (Subraya fuera de texto)
2.7.1.2 En contraste, se apartan de la anterior línea los fallos que versan sobre el establecimiento de inhabilidades intemporales originadas en sanciones penales o disciplinarias. En esas hipótesis, la Corte ha aceptado que la restricción que conlleva la inhabilidad se prolongue en el tiempo en atención a los intereses superiores que se persiguen, como la realización de los principios de la función administrativa y el aseguramiento de la idoneidad del personal que ejerce la función pública[41].
2.7.2 De otro lado, el principio de proporcionalidad exige que las sanciones que impongan las autoridades y el Legislador, no impliquen sacrificios no justificados a la luz de la Carta. Así, este principio impone al Legislador y a las autoridades sopesar los fines que persigue la sanción, la lesividad de las conductas que se sancionan y los sacrificios que conllevará la sanción en términos de derechos y principios constitucionales de los sancionados y terceros que puedan resultar afectados[42].
En efecto, este Tribunal ha señalado de forma reiterada que la finalidad del tratamiento penitenciario debe ser reincorporar al interno a la sociedad, para que pueda de nuevo ser parte activa de ella una vez cumplida su pena, en iguales condiciones que los demás ciudadanos o con el menor traumatismo[43]. Esa finalidad es una manifestación del principio de dignidad humana.
2.7.3 En suma, la jurisprudencia ha explicado que las sanciones deben sujetarse al principio de proporcionalidad, lo que entre otras cosas significa que deben perseguir finalidades legítimas a la luz de la Carta entre ellas la resocialización de las personas que estuvieron privadas de la libertad-, valerse de medios idóneos para el efecto y no conducir a sacrificios de otros valores y principios constitucionales que no sean compensados con los beneficios que la medida conlleva.
2.7.4 En concordancia con las anteriores consideraciones, la Corte ha precisado algunas otras limitaciones que se despenden del texto constitucional y que deben ser observadas por el Legislador. Ellas fueron resumidas en la sentencia T-439 de 2006[45], en la que la Sala Sexta de Revisión llamó la atención sobre (i) la prohibición deducida del artículo 17 de la Carta de imponer sanciones humillantes o degradantes, o que constituyan torturas o tratos crueles o inhumanos; (ii) la proscripción de medidas discriminatorias por razones de raza, preferencia sexual, etc., que se desprende del artículo 13 ibídem; (iii) la obligación, a la luz del artículo 29 ibídem, de respetar y asegurar las garantías del debido proceso, como los principios de legalidad de las sanciones, non bis in ídem, definición de competencias para la imposición de sanciones, defensa, etc.; y (iv) la finalidad de resocialización que deben perseguir el tratamiento penitenciario; entre otros aspectos.
3.3.2 El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales o de particulares que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas u otros principios constitucionales. Como ha señalado esta Corporación, () pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales[48] (negrita fuera del texto). El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones analíticas:
Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado que previo al desarrollo del anterior análisis, debe establecerse la intensidad del juicio con que se realizará el mismo. Por ejemplo, en la sentencia C- 093 de 2001[49], se expuso lo siguiente:
 [La] severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte del legislador. Así, si se trata de ámbitos en donde el Congreso goza de una amplia discrecionalidad de regulación, entonces el control judicial debe ser menos intenso, precisamente para que el juez no anule la libertad del Legislador. En cambio, en aquellos campos en donde la Constitución limita la discrecionalidad del Congreso, la injerencia del juez constitucional es mayor y el control constitucional debe ser más estricto
[el] escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (CP art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías (CP art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas (CP art, 19), pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que éstas ameritan una especial protección del Estado (CP art. 13).
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de Ley No. 236 de 2012 Senado, y No. 223 de 2012 Cámara, hoy Ley 1537 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones, la finalidad que impulsó la presentación de dicha iniciativa ante el Congreso fue la de promover la vivienda de interés social y prioritario a favor de la población vulnerable del país con el fin de reducir su déficit habitacional.
Con respecto a esta exclusión, esta Corporación entiende al igual que los demandantes, los intervinientes y el Ministerio Público- que la regla introducida en el parágrafo acusado tiene como finalidad garantizar los derechos e intereses superiores de los menores de edad para evitar que el agresor vuelva a incurrir en conductas consideradas como delitos contra ellos; garantizar su desarrollo en un ambiente armónico donde no se ejerza la violencia ni el maltrato; e impedir que tengan que convivir con su victimario; objetivos que sin duda alguna tienen la mayor trascendencia a la luz de la Constitución, específicamente del interés superior de los menores de 18 años y de la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás.
Al respecto, es importante destacar que el texto de ponencia publicado en la Gaceta del Congreso No. 180 de 2012, no incluye la norma parcialmente acusada. Este texto fue incluido para la ponencia conjunta en primer debate en los siguientes términos[50]:
Artículo 10. Subsidio en especie para población vulnerable
Parágrafo 3°. Una vez se constituya y entre en funcionamiento el sistema que permita identificar a las personas condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad, la entidad otorgante de los subsidios familiares de vivienda restringirá la asignación de los mismos a los condenados, de acuerdo con el reglamento que expida para el efecto el Gobierno Nacional.
En el parágrafo 3°, se propone modificar la redacción teniendo en cuenta que el proyecto de ley establece que el hogar al que se le compruebe falsedad en el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda, el hogar deberá restituir el beneficio del subsidio al Gobierno Nacional, esto implica la necesaria devolución de la solución habitacional a Fonvivienda, lo cual afecta a todos los miembros del hogar, incluso a los menores de edad. En el caso en que se excluya solo al condenado, no existe la forma de controlar permanentemente que la persona condenada no habite en la vivienda, menos cuando el representante de los menores no necesariamente puede convivir con ellos.
El artículo 11 del proyecto actual pretende especificar la forma en que se definirán los hogares beneficiarios, según la condición de la población
Artículo 10. Subsidio en especie para población vulnerable. Parágrafo 3°. La entidad otorgante de los subsidios familiares de vivienda, no podrá asignar el subsidio descrito en el presente artículo a personas que se les compruebe que han sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad. Los hijos menores de edad de las personas de que tratan el presente artículo recibirán especial protección por parte del Estado, el cual garantizará el acceso efectivo de estos menores al subsidio de vivienda a través de otra persona que los represente. Artículo 11. Subsidio en especie para población vulnerable. Parágrafo 3°. Para efectos de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, la entidad otorgante excluirá de la conformación del hogar postulante a las personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad competente. El Gobierno Nacional reglamentará esa materia. Cuando en aplicación de esta disposición resultare que no existe un mayor de edad dentro de la conformación del hogar postulante, la entidad otorgante velará por el acceso efectivo al proceso de postulación de los menores de edad al subsidio familiar de vivienda, a través de la persona que los represente.
Sumado a lo anterior, tal y como lo sostuvo el Congreso cuando se incluyó en la plenaria del Senado una modificación al artículo sobre la entrega del subsidio en especie para población vulnerable, no existe evidencia acerca de que con esta restricción se realice el principio de prevención negativa especial, esto es, no puede controlarse que la persona condenada no habite permanentemente en la vivienda donde se encuentran los menores de edad o que en otros contextos no vaya a tener contacto con esta población. Este supuesto, por ejemplo, resta efectividad al propósito trascendental que persigue la norma en el sentido de resguardar a los menores de edad de cualquier peligro que amenace con dañar su integridad física, emocional, mental y/o moral. Sobre este aspecto, vale decir que existen medidas de naturaleza cautelar para retirar del hogar a la persona que amenace con vulnerar la integridad de la familia si la autoridad competente lo considera necesario. A modo ilustrativo, el artículo 5° de la Ley 294 de 1996 autoriza al Comisario de Familia o al Juez de conocimiento, adoptar entre otras medidas la de 
Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia
A la luz de lo expuesto, puede concluirse que la restricción introducida de forma genérica para todos los delitos contra menores de edad se hizo sin realizar distinción alguna, ni siquiera se siguió un criterio retribucionista aunque ya superado- bajo el cual se persigue sancionar al infractor de la ley penal en igual proporción al daño causado, y que si aún se aplica es únicamente para significar la correspondencia entre la sanción penal, el tipo penal y la culpabilidad, cuyas formas de establecerla son el dolo y la culpa, razones por las cuales no pueden igualarse todos los tipos penales en donde el sujeto pasivo sea un menor de edad cuando la sanción varía de una conducta a otra y además cuando del análisis subjetivo en el elemento de la culpabilidad acerca de la intención para desplegar una acción delictiva, o de los elementos que pueden originar la comisión de un delito por culpa, se derivan consecuencias radicalmente distintas.
Por último, al igual que en el caso analizado por la Corte en sentencia C-061 de 2008[51], este tipo de medidas que hoy se cuestionan, también son utilizadas para infundir temor en posibles infractores, lo cual sin desconocer la gravedad de las diversas conductas punibles que pueden desarrollarse en contra de esta población- tiene un efecto de revictimización de la familia, en particular, del hogar postulante al subsidio de vivienda en especie, personas a las cuales se les estaría extendiendo las consecuencias de una conducta penal que no realizaron. Ello conlleva el sometimiento a tratos inhumanos no sólo de la persona que estuvo privada de la libertad sino también de su grupo familiar.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA M.G.C.
L.G.G.P. G.E.M.M.
J.I. PALACIO PALACIO Magistrado Ausente en comisión NILSON PINILLA PINILLA Magistrado
[1] Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular, cita las Observaciones Generales Nos. 4 y 20.
[2] El escrito de intervención ciudadana allegado a la Secretaría General de esta Corporación fue suscrito por las personas aquí relacionadas.
[3] Corte Constitucional, Sentencia C-703 de septiembre 6 de 2010, Magistrado Ponente: G.E.M.M.. Expediente D-8019 Ver folio 74.
[4] Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
[5] M.P.M.J.C.E..
[6] Creado por el artículo 43 de la Convención de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano autorizado para interpretar las normas incorporadas a la Convención de los Derechos del Niño, con el objetivo de lograr la plena efectividad de los derechos proclamados en este instrumento. La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sí forman parte del bloque como fuente interpretativa, conforme al artículo 93, inciso 2, de la Constitución Política.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-767 de 2013. M.P.J.I.P.C..
[8] Consiste en que el interés superior del niño sea una consideración primordial tenida en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o a los niños en general.
[9] Conforme al cual, cuando una disposición jurídica admita más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.
[10] Corte Constitucional. Sentencia C-853 del 25 de noviembre de 2009. MP. J.I.P.P..
[11] Corte Constitucional. Sentencia C-318 del 24 de abril de 2003. MP. J.A.R..
[12] Corte Constitucional. Sentencia T-466 del 09 de junio de 2006. MP. M.J.C.E..
[13] Corte Constitucional. Sentencia C-318 del 24 de abril de 2003. MP. J.A.R..
[14] Corte Constitucional. Sentencia T-502 del 30 de junio de 2011. MP. J.I.P.C..
[15] Por la cual se expide el Código Penitenciario y C.
[16] Al respecto, esta Corporación ha referido que en el marco de la relación de especial sujeción en la que se encuentra el interno respecto del Estado es posible que el ejercicio de algunos derechos fundamentales se restrinja.
Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, educación, entre otros). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) la circunstancia especial de que ciertos derechos, que en condiciones normales no son considerados como derechos fundamentales, puedan tenerse como tales. (v) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.(Sentencia T-1190 del 4 de diciembre de 2003 M.P.E.M.L..
[17] Artículo 5 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014
[18] Corte Constitucional, sentencia C-144 de 1997. M.P.A.M.C.
[19] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. M.P.A.J.I.G.. Aprobado Acta No. 200, 10 de octubre de 2007.
[20]Ver, entre otras, las sentencias C-565/93 y C-262/96
[21] Corte Constitucional. Sentencia C-565/93. MP H.H.V.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-144 de 1997. M.P.A.M.C.
[24] M.P.N.P.P.
[25] Ver sentencias T-079 de 31 de enero de 2008 M.P.R.E.G., T-894 de 26 de agosto de 2005 M.P.J.A., T-791 de 23 de agosto de 2004 M.P.J.A.R. y T-958 de 6 de septiembre de 2001 M.P.E.M.L..
[26]La mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del artículo 51 constitucional. El parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición constitucional.
[27] M.P M.G.M.C.. Ver en el mismo sentido las sentencias C-444 de 2009, T-865 de 2011, T-919 de 2011, T-075 de 2012 y T-245 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[28] Ver las sentencias C-660 de 2000, M.P.Á.T.G. y C-271 de 2003 M.P.R. escobar G..
[29] Ver las sentencias C-110 de 2000 M.P.A.B.C., C-230 de 2003 M.P.A.B.S., C-271 de 2003 M.P.R. escobar G., T-954 de 2006 M.P.J.C.T., y C-290 de 2008 M.P.J.C.T..
[30] Ver las sentencias C-578 de 2002 M.P.M.J.C.E. sobre el estatuto de Roma-, C-580 de 2002 M.P.R.E.G. sobre el delito de desaparición forzada-, C-620 de 2011 M.P.J.C.H.P. sobre la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas-, entre otras.
[31] M.P.A.B.C..
[33] M.P.A.B.S..
[34] M.P.R. escobar G..
[36] La Sala afirmó: Además, observa la Sala, que la medida correctiva en cuestión no tiene límite en el tiempo. Por consiguiente, las autoridades de policía (decreto 522/71) pueden imponer la sanción consistente en exigir promesa de residir en otra zona o barrio, en forma permanente, restringiendo en extremo y afectando el núcleo esencial de los derechos fundamentales de circulación y de residencia, y con desconocimiento del precepto del art. 28 de la Constitución según el cual no pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles, lo que equivale a que no puede el legislador autorizar a que se le limite a una persona en forma permanente alguno de sus derechos fundamentales.|| Si bien el art. 222 del Código Nacional de Policía faculta a la autoridad de policía para hacer cesar la medida correctiva que ha impuesto en cualquier tiempo, cuando a su juicio tal determinación no perjudique el orden público, entiende la Sala que fijación del tiempo de la sanción debe estar regulada específicamente en la norma legal y, por lo tanto, dicha determinación no puede quedar librada al arbitrio de la referida autoridad (negrilla fuera del texto).
[38] M.P.A.B.S..
[39] La Corte sostuvo en aquella oportunidad: Desde luego, si una persona determinada fue objeto de una condena impuesta en un proceso penal, con privación de la libertad superior a un año y se le impone como pena accesoria la interdicción de sus derechos civiles, ella no puede ser absoluta sino relativa. Esa consideración explica lo establecido en el artículo 315, numeral 4, del Código Civil en cuanto significa que durante el tiempo en que dure vigente la pena de prisión superior a un año a que la norma hace alusión, el condenado consecuencialmente se encuentre impedido por disposición legal para actuar como testigo en el otorgamiento de un testamento solemne. || Cosa distinta es que, luego de expirada la pena, incluida la consecuencia de carácter civil de no poder actuar como testigo durante la vigencia de la misma, pudiera prolongarse ésta última de manera indefinida y durante el resto de la vida de quien fue condenado por la jurisdicción penal, estableciendo para él una inhabilidad perpetua para actuar como testigo en un testamento solemne. Ello resultaría contrario a la Carta Política por cuanto significaría una privación indefinida de la plena capacidad civil, sin una causa constitucionalmente admisible para ello, por una parte; y, por otra, llevaría al prejuzgamiento de la conducta futura de quien fue condenado a tal punto que en razón de este hecho se supondría una actuación suya contraria a derecho a su actuar como posible testigo de ese acto jurídico solemne, lo que resulta extraño a nuestro ordenamiento jurídico. Así, se disminuiría entonces de manera ostensible el derecho de los individuos de la especie humana a la personalidad jurídica plena, para dar cabida a una capitis diminutio (art. 14 de la Constitución), ya superada por la humanidad y, además, llevaría a la conclusión de que en razón de haber sido condenado alguien, sus actuaciones futuras serían contrarias a la buena fe que la Constitución Política exige a los particulares en el artículo 83. || Es más, esa inhabilidad perpetua, significaría una exclusión hacia el futuro para establecer una categoría de quiénes no pueden actuar como testigos en el testamento solemne, vale decir, un grupo especial de personas tachadas de indignidad que les impide testimoniar en un acto civil cuando ya la pena que se les impuso por el Estado no está vigente, situación particular que sería un irrespeto a la dignidad personal y que los colocaría frente a una discriminación carente de justificación luego de expirada la pena, lo que comporta un serio quebranto de los artículos 1 y 13 de la Constitución Política. || Adicionalmente esa disminución a perpetuidad de los derechos civiles de quien fue condenado, podría vulnerar tratados internacionales de derechos humanos que obligan a Colombia. En efecto, el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su numeral 2 señala que las personas sólo están sujetas a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, finalidades éstas que no son las que se alcanzarían con una inhabilidad para ser testigo en el otorgamiento de un testamento solemne. || Conforme a los razonamientos anteriores, se impone entonces como conclusión necesaria que la inhabilidad para actuar como testigo en un testamento solemne que establece el artículo 1068 del Código Civil para quienes hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año, según la remisión a la norma contenida en el artículo 315, numeral 4, del mismo Código, sólo resulta ajustada a la Constitución si se entiende que tal inhabilidad no tendrá una duración distinta a la de la pena principal.
[40] M.P.R. escobar G..
[41] Sobre este aspecto, es pertinente hacer referencia a los siguientes casos:
En la sentencia C-209 de 2000, al resolver sobre la acusación formulada en contra del numeral 1° del artículo 43 de la ley 136 de 1994, que consagra una inhabilidad intemporal para ser concejal consistente en haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, la Corte declaró la exequibilidad de la disposición porque consideró que buscaba hacer prevalecer el interés general -garantizar la idoneidad de los concejales-. Además, se resaltó que una medida similar es prevista por la propia Carta para el caso de los congresistas, lo que muestra a juicio de la Sala- que en estos casos no opera la prohibición del artículo 28 superior[41].
Posteriormente, en la sentencia C-1212 de 2001, la Corte declaró exequibles los numerales 6° y 7° del artículo 133 del decreto 960 de 1970, según los cuales no pueden ser designados como notarios [q]uienes como funcionarios o empleados de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público, y por falta disciplinaria, hayan sido destituidos, o suspendidos por segunda vez por falta grave, o sancionados tres veces, cualesquiera que hayan sido las faltas o las sanciones y [q]uienes hayan sido destituidos de cualquier cargo público por faltas graves. En esta providencia, la Sala Plena aseguró que en ese caso, las inhabilidades definitivas establecidas por el Legislador, además de tener origen en una decisión disciplinaria no penal-, son razonables, pues buscan evitar que personas sin suficientes cualidades accedan a un cargo de tanta importancia como el de notario, y se fundamentan en una sanción por faltas graves o reiteradas.
en esta última consideración, la Sala declaró inexequibles las expresiones o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior del mismo artículo, y declaró exequible el resto del precepto precisando que las expresiones la inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años solo tendrían aplicación en los supuestos indicados en el artículo 1 de la ley 1476 diferentes a los prescritos directamente por el artículo 122 constitucional.
[42] Ver las sentencias C-280 de 1996 M.P.A.M.C., C-013 de 1997 M.P.J.G.H., C-728 de 2000 M.P.E.C.M., C-530 de 2003 M.P.E.M.L. y C-884 de 2007 M.P.J.C.T..
[43] Ver las sentencias C-430 de 1996 M.P.C.G.D., C-647 de 2001 M.P.A.B.S., C-329 de 2003 M.P.Á.T.G., T-319 de 2011 M.P.J.I.P.P., entre otras.
[44] M.P.M.G.M.C..
[45] La Sala sostuvo: c. El régimen disciplinario debe ajustarse a las exigencias del derecho al debido proceso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y el artículo 117 de la Ley 65 de 1993, (i) sólo se podrán sancionar las faltas expresamente previstas en la ley, en el reglamento que dicte el INPEC y en los reglamentos internos de cada institución penitenciaria o carcelaria, (ii) no podrá sancionarse dos veces a los reclusos por los mismos hechos, (iii) las sanciones sólo podrán ser impuestas por el consejo de disciplina de cada centro, siguiendo las pautas señaladas en el 127 ibídem, (iv) deberá garantizarse el derecho de defensa de los reclusos, (v) las sanciones deberán ser proporcionales a la falta cometida, (vi) los procesos que se adelanten deben ajustarse a lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Ley 65 de 1993, y (vii) para desvirtuar la presunción de inocencia del investigado deberá adelantarse una actividad probatoria mínima y suficiente por parte de las autoridades penitenciarias.
[46] Cfr. Sentencia C-799 de 2003, M.P.M.G.M.C..
[47] Ver Sentencia C-799 de 2003, M.P.M.G.M.C..
[48] Como fue indicado en las sentencias C-093 de 2001 (M.P.A.M.C. y C-896 de 2006 (M.P.M.G.M.C., entre otras, la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta Corporación, han evidenciado que existen tres grandes enfoques para la realización de tales escrutinios: (i) Uno de origen europeo, mejor conocido como juicio de proporcionalidad y que será el que se empleará en la presente decisión. (ii) Otro de origen estadounidense, que diferencia distintos niveles de intensidad dependiendo de la materia sometida a control: por ejemplo, los asuntos económicos son sometidos a un nivel leve de escrutinio en el que basta que una medida sea potencialmente adecuada para lograr una finalidad que no es prohibida por el orden constitucional. Por el contrario, controversias que versan sobre derechos fundamentales o sobre tratos diferenciados basados en criterios sospechosos (como sexo, raza, nacionalidad, etc.) deben someterse a un escrutinio estricto, según el cual la medida adoptada por el Legislador debe ser necesaria para alcanzar un fin no solamente permitido, sino imperioso a la luz de la Carta. Las demás controversias se examinan bajo un escrutinio intermedio que exige que el medio elegido por el legislador sea efectivamente conducente o esté sustancialmente relacionado con un fin que debe ser importante desde la perspectiva constitucional (ver también las sentencias C-445 de 1995 M.P.A.M.C. y C-673 de 2001 M.P.M.J.C.E.) (iii) Finalmente, la propia Corte ha propuesto un juicio integrado -formulado por primera vez en la sentencia C-093 de 2001- que pretende de reunir las ventajas de los dos anteriores mediante la práctica de todos los niveles de examen del juicio de proporcionalidad, pero sometidos a distintos niveles de rigor dependiendo de la materia bajo examen. La Corte no ha unificado su jurisprudencia en torno a cuál juicio o método de análisis debe emplearse en sede de control de constitucionalidad. En vista de la libertad que existe al respecto, el Magistrado Sustanciador optó por el juicio de origen europeo en el que no es necesario identificar el nivel de escrutinio, pues el rigor del examen es igual en todos los casos.
[49] M.P.A.M.C.
[50] Gaceta del Congreso No. 248 de 2012
[51] M.P.N.P.P.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36905 de 5 de Octubre de 2011
Sentencia nº 5418 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 11 de Noviembre de 1999
Acuerdo nº PSAA09-5629 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 18 de Marzo de 2009