Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23068
Timestamp: 2019-11-22 07:19:59
Document Index: 8087445

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 23', 'Artículo 6', 'Artículo 23', 'in fine', 'Artículo 52', 'Artículo 133', 'Artículo 138', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 157', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 47', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'in fine', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 135']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 161/2012
SENTENCIA 161/2012, de 20 de septiembre
ECLI:ES:TC:2012:161
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1674-2003, promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 6, 7 y 23.4, último párrafo, inciso final, de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras (“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 151, de 24 de diciembre de 2002). Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Parlamento de Andalucía y la Junta de Andalucía, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 24 de marzo de 2003, el Letrado don Álvaro de Lapuerta Quintero, en nombre y representación de 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 6, 7 y 23.4, último párrafo, inciso final, de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras (“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 151, de 24 de diciembre de 2002), en adelante, Ley 10/2002.
a) Los arts. 6 y 7 de la ley impugnada, que establecen deducciones en la cuota por el autoempleo, se reputan contrarios al art. 38.1 b) de la Ley 21/2001. Dicha vulneración tendría lugar, en primer lugar, porque al requerir la norma autonómica que los sujetos pasivos se den de alta en el “censo de empresarios”, es claro que la deducción se vincula a actuaciones de naturaleza empresarial, lo que supone una extralimitación del ámbito de la delegación de competencias. En segundo lugar, la norma autonómica implicaría una minoración del gravamen efectivo de los rendimientos de actividades económicas, incumpliendo otro mandato del mismo art. 38.1 b). Vinculado a lo anterior, los citados arts. 6 y 7 también se reputan contrarios al principio de unidad de mercado, pues supondrían, en cuanto a sus resultados, “una clara medida de incentivación del establecimiento de nuevas empresas unipersonales en el ámbito geográfico de Andalucía, en demérito de las Comunidades Autónomas limítrofes”, tratándose así de una medida que podría fomentar el traslado de actividades económicas. Citan en apoyo de su tesis la STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11.
b) El inciso final del último párrafo del art. 23.4 de la norma impugnada, que regula el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores, se reputa inconstitucional porque supondría también una extralimitación de la competencia de la Comunidad Autónoma, en contra de lo dispuesto en el art. 19.2 LOFCA, y los arts. 40.2, 41.2 de la Ley 21/2001 que lo desarrollan, así como del art. 47.1 a) de esta última Ley, en relación con el entonces vigente art. 52.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria (LGT, en adelante). De acuerdo con los arts. 40.2 y 41.2 de la Ley 21/2001, se afirma en el escrito, las Comunidades Autónomas no tienen atribuidas facultades de regulación de los regímenes de determinación de la base imponible en el impuesto sobre sucesiones y donaciones o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ni tampoco para establecer nuevos medios o criterios de comprobación de valores. Además, el art. 47.1 a) de la Ley 21/2001 expresamente establece que el alcance de la delegación de competencias en relación con la gestión y liquidación de los citados impuestos alcanza a la incoación de los expedientes de comprobación de valores, advirtiendo que deberán utilizarse “los mismos criterios que el Estado”. Esta norma remite al art. 52.1 LGT, que enumera distintos criterios de valoración entre los que no se encuentra el establecido en el precepto autonómico. Si bien las Comunidades Autónomas tienen competencias para regular los procedimientos de aplicación de los medios de comprobación, no la tienen para aprobar nuevos medios de comprobación, aspecto éste que además incide sobre cuestiones sustantivas integradas en el concepto tributario de base imponible, sobre cuya regulación las Comunidades Autónomas tampoco tienen competencias. En consecuencia, la norma autonómica ha excedido el ámbito competencial previsto en las citadas normas estatales, por lo que debe también reputarse inconstitucional.
2. Mediante providencia de 20 de mayo de 2003 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular y, en su representación y defensa, por el Letrado comisionado por los mismos, contra los arts. 6, 7 y 23.4, último párrafo, inciso final, de la Ley 10/2002. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Parlamento y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se llevó a efecto en el “BOE” núm. 132, de 3 de junio de 2003).
3. El día 3 de junio de 2003 se registra en este Tribunal el escrito mediante el cual la Abogada del Estado, en representación del Gobierno de la Nación formula sus alegaciones proponiendo la estimación total de la demanda, con los argumentos que resumidamente se exponen:
a) Los arts. 6 y 7 de la norma recurrida, que contienen deducciones sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, son contrarios al art. 19.2 LOFCA, y también a los arts. 133.1, 149.1.14 y 157.1, todos ellos de la Constitución, porque suponen el ejercicio de una competencia normativa de la que la Comunidad Autónoma de Andalucía carece. En concreto, los preceptos impugnados son contrarios al art. 38.1 b) de la Ley 21/2001, que únicamente autoriza a las Comunidades Autónomas a establecer deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siendo las que aquí importan deducciones que están vinculadas a actuaciones empresariales del sujeto pasivo. Además, la falta de justificación constitucional de los preceptos impugnados se incrementa a la luz del análisis del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y en concreto de su art. 57.3, que remite a la Comisión mixta para la fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos, cuyo acuerdo dio lugar a la aprobación de la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Los arts. 6 y 7 de la Ley 10/2002 suponen una transgresión de lo ordenado en dicho precepto estatutario, al asumir competencias normativas no previstas en la normativa vigente, lo que constituye “una manifiesta falta a la lealtad institucional” (STC 181/1988).
b) El art. 23.4 de la Ley 10/2002 debe también reputarse inconstitucional por los mismos motivos aducidos en la demanda. Afirma la Abogada del Estado que los medios de comprobación de valores tienen la naturaleza de fórmulas para la medición de la base imponible. A partir de esa premisa, y teniendo en cuenta que tanto el art. 19.2 LOFCA como los arts. 40.2 y 41.2 de la Ley 21/2001 atribuyen a las Comunidades Autónomas la regulación de la gestión y liquidación de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre sucesiones y donaciones, pero no la regulación de los regímenes de determinación de la base imponible, el precepto impugnado supone también una extralimitación competencial. Adicionalmente, el impugnado art. 23.4 es también contrario al art. 47 de la Ley 21/2001, que para los dos impuestos citados establece que corresponderá a las Comunidades Autónomas “la incoación de los expedientes de comprobación de valores, utilizando los mismos criterios que el Estado”. La extralimitación competencial que supone el art. 23.4 supone además la vulneración del art. 149.1.14 CE.
4. Con fecha 3 de junio de 2003 presenta en el Registro General de este Tribunal un escrito la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que legalmente ostenta, por el que se solicita una ampliación del plazo de ocho días para formular el escrito de alegaciones.
5. Mediante providencia de fecha 3 de junio de 2003 la Sección Segunda acuerda incorporar a las actuaciones el escrito presentado por la Letrada de la Junta de Andalucía el mismo día y concederle la prórroga solicitada para formular alegaciones.
6. Con fecha 5 de junio de 2003 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que se comunica el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara a tenor del cual se da por personada a dicha Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Con fecha 5 de junio de 2003 se registra un escrito de la Presidenta de Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones y poniéndose a su disposición.
8. El 13 de junio de 2003 se registra el escrito de alegaciones del Presidente del Parlamento de Andalucía, personándose como parte recurrida en el presente recurso de inconstitucionalidad y formulando mediante su representación procesal las alegaciones que a continuación se resumen.
a) La regulación de las deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas contenida en los arts. 6 y 7 impugnados no es contraria al marco establecido por el art. 38.1 b) de la Ley 21/2001, pues no pueden ser consideradas “inversiones empresariales” en los términos establecidos en dicha norma, ya que se trata de preceptos pensados para beneficiar a mujeres y jóvenes, facilitando su acceso al empleo. Además, no suponen tampoco una minoración efectiva de los rendimientos de actividades económicas en los términos expuestos en el mismo art. 38.1 b), que debe entenderse como una norma que lo que prohíbe es la discriminación a favor de algunas clases de renta, circunstancia que no concurre en este caso.
b) Tampoco suponen una infracción del principio de unidad de mercado en los términos apuntados por los recurrentes, ya que dichas medidas normativas no son obstáculos que no guarden relación o sean desproporcionadas respecto del fin constitucionalmente lícito que persigan (citando a su favor, entre otras, la STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 26). En concreto, se afirma en el escrito, la finalidad de las medidas impugnadas era facilitar la incorporación de la mujer y de los jóvenes a la actividad laboral, dando así cumplimiento al mandato del art. 12.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que a su vez supone una concreción de los arts. 9.2, 14 y 35.1 de la Constitución, en atención en particular a las elevadas tasas de desempleo de ambos colectivos, que refleja también en el escrito. Finalmente, se rechaza el argumento de la demanda de que dichas medidas podrían suponer competencia fiscal al propiciar fenómenos de deslocalización empresarial, pues se trata de medidas que sólo se otorga una vez, además de tener escasa incidencia económica, por lo que no es razonable pensar que a los sujetos pasivos, residentes en otras Comunidades Autónomas, les compensara económicamente la citada deslocalización.
c) Finaliza el escrito de alegaciones afirmando que el impugnado art. 23.4 de la Ley andaluza no resulta tampoco contrario al marco jurídico invocado —arts. 40.2, 41.2 y 47.1 a) de la Ley 21/2001 y art. 19.2 LOFCA— porque dicho precepto no incorpora, como pretende la demanda, un nuevo medio de comprobación de valores, sino que se limita a prescribir cómo debe producirse la identificación e individualización del bien cuyo valor se comprueba a través del dictamen de peritos de la Administración. En consecuencia, el precepto es coherente con el art. 52.1 d) LGT, que regula los medios de comprobación de valores, y del que es una mera precisión, sin añadir un medio nuevo. Se afirma además que la comprobación de valores no es un mecanismo que en sí mismo determine la base imponible, sino un acto necesario y previo para su determinación, por lo que la competencia ejercida por la Comunidad Autónoma no excede tampoco del marco de delegación competencial establecido.
9. Con fecha 23 de junio de 2003 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito presentado por la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que legalmente ostenta, por el que se formulan las siguientes alegaciones:
a) Los arts. 6 y 7 de la Ley 10/2002, que contienen deducciones para el “fomento del autoempleo” de mujeres y jóvenes, no suponen una extralimitación competencial, pues se trata de deducciones que atienden a “circunstancias personales”, y no empresariales, por lo que encajan perfectamente en el ámbito del art. 38.1 b) de la Ley 21/2001, que concreta las previsiones del art. 19.2 LOFCA. Tampoco implican estas deducciones una minoración del gravamen efectivo de los rendimientos económicos, en el sentido no permitido por el citado precepto, “porque la deducción lo es en la cuota, no en la base del impuesto”. Se sostiene así en el escrito que el art. 38, cuando proscribe la minoración de categorías de renta como límite a las deducciones autonómicas, lo que limita únicamente son las deducciones que directamente tiendan a minorar la base imponible, pero no las deducciones que minoren la cuota, como es el presente caso. Finalmente, se afirma en el escrito que el citado límite es reconducible al contenido en el art. 19.2 LOFCA, que señala que, en el ejercicio de las competencias normativas por las Comunidades Autónomas, éstas “mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional”, límite que no se incumple.
b) En relación con la posible vulneración del principio de unidad de mercado, interesa la desestimación total de esta tacha con tres argumentos. En primer lugar, la escasa cuantía de las deducciones. En segundo lugar, que las normas recurridas no exigen que la persona que pretenda acogerse a ellas deba contar con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma. Y finalmente, que no es posible trasladar a este caso la jurisprudencia contenida en la STC 96/2002, de 25 de abril, pues las citadas deducciones no tienen como consecuencia ninguna discriminación entre grupos de contribuyentes.
c) Finaliza el escrito aduciendo que tampoco hay razones para considerar que el art. 23.4 de la norma impugnada suponga una extralimitación competencial, ya que del propio tenor literal del precepto se desprende que no se establece un nuevo medio de comprobación. Adicionalmente, se trata de una norma que afecta a la gestión del impuesto, no a su base imponible.
1. El recurso de inconstitucionalidad se interpone por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 6, 7 y 23.4, último párrafo, inciso final, de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras (“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 151, de 24 de diciembre de 2002), en adelante, Ley 10/2002.
a) Los arts. 6 y 7 de la Ley impugnada, que contienen deducciones sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se reputan contrarios al art. 38.1 b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía (Ley 21/2001, en adelante), por suponer una extralimitación de la competencia autonómica en dicho impuesto. Se argumenta que dichas deducciones sobre la cuota se vinculan a actuaciones de naturaleza empresarial, algo que expresamente no permite la Ley 21/2001. Además, la norma autonómica implicaría una minoración del gravamen efectivo de los rendimientos de actividades económicas, incumpliendo también otro mandato del mismo art. 38.1 b). Vinculado a lo anterior, los citados arts. 6 y 7 también se reputan contrarios al principio de unidad de mercado, contenido en los arts. 38, 138.2 y 139.1 y 2 de la Constitución. Citan en apoyo de su tesis la STC 96/2002, de 25 de abril (FJ 11).
b) El inciso final del último párrafo del art. 23.4 de la Ley 10/2002, que regula el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se reputa inconstitucional por suponer una extralimitación de la competencia de la Comunidad Autónoma, en contra de lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante), y los arts. 40.2, 41.2 de la Ley 21/2001 que lo desarrollan, así como del art. 47.1 a) de la misma Ley, en relación con el art. 52.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, vigente en el momento de interposición del recurso, al considerar que la norma establece un medio nuevo de comprobación de valores.
a) Para insertar la presente controversia en el contexto normativo al que corresponde, hay que hacer constar que los preceptos aquí recurridos han sido objeto de diversas modificaciones durante la pendencia del presente proceso constitucional. Aunque los tres artículos han sido objeto de derogación expresa mediante la disposición derogatoria única del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos (“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 177, de 9 de septiembre de 2009), dicha norma ha regulado las mismas materias en su articulado, que no serán objeto de enjuiciamiento, pues no han sido recurridas.
b) La incidencia de las citadas reformas sobre el objeto del presente recurso debe ser enjuiciada teniendo en cuenta que, en relación con las modificaciones normativas en procesos constitucionales de naturaleza competencial como el que ahora nos ocupa, este Tribunal ha afirmado reiteradamente que “la eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos” (entre otras, STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3 y las allí citadas). De modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta sustituida por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia será la no desaparición del conflicto (por todas, STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2).
c) Debemos precisar, en último lugar, el parámetro de control del presente recurso, pues según nuestra doctrina sobre el ius superveniens, el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y doctrina allí citada).
3. Una vez centrado el objeto del presente recurso, debemos comenzar por recordar el marco competencial vigente en materia de cesión de tributos, con la finalidad de encuadrar correctamente el parámetro de enjuiciamiento.
4. A partir de lo anterior, para resolver el presente recurso debemos en primer lugar contrastar las normas autonómicas dictadas con el marco establecido para cada figura tributaria, por lo que se analizará, por un lado, los arts. 6 y 7 (deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas), y, por otro, el inciso final del art. 23.4 de la ley impugnada (medios de valoración aplicables en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados).
“Artículo 6. Deducción para el fomento del autoempleo de los jóvenes emprendedores.
b) Haber causado alta en el censo de empresarios, profesionales y otros obligados tributarios previsto en la normativa estatal, por primera vez durante el período impositivo, así como mantener dicha situación de alta durante un año natural, siempre que dicha actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma.”
“Artículo 7. Deducción para el fomento del autoempleo de las mujeres emprendedoras
3. La deducción prevista en este artículo será incompatible con la establecida en el artículo anterior.”
5. Como hemos señalado anteriormente, el marco de delegación de competencias normativas se encuentra acotado, en primer lugar, por el art. 10.3 LOFCA, que prevé que cuando la cesión de tributos por el Estado comprenda competencias normativas se hará “en los términos que determine la Ley que regula le cesión de tributos”. A continuación, el art. 19.2 LOFCA, con carácter general, exige que las potestades normativas sobre los tributos cedidos se ejerzan con los límites expresados en el mismo art. 19.2, segundo párrafo, que establece que las Comunidades Autónomas, “observarán el principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional”.
6. Procede ahora abordar la impugnación del art. 23.4, párrafo último, inciso final, de la norma andaluza impugnada, que regula el dictamen de Peritos de la Administración precisando los medios a emplear en el mismo. El art. 23 regula la comprobación de valores a los efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Comienza el precepto por remitir a los medios previstos en la LGT, si bien posteriormente regula dichos medios. El apartado 4, del que se impugna únicamente el inciso final (“o el valor consignado ... conforme a la legislación vigente”), tiene el siguiente tenor:
“Artículo 23. Comprobación de valores
Asimismo, el Perito de la Administración podrá aplicar los precios medios de mercado establecidos reglamentariamente conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo o el valor consignado en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo a efectos de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el préstamo hipotecario cuando proceda de la valoración realizada por una sociedad de tasación conforme a la legislación vigente.”
7. A partir de lo anterior, procede ahora pronunciarse acerca de la norma autonómica objeto de impugnación. El inciso final del art. 23.4 impugnado, cuyo tenor se ha reflejado más atrás, especifica uno de los criterios que podrán utilizar los peritos de la Administración en el procedimiento de comprobación de valores, que se refiere a la valoración del bien realizada por una sociedad de tasación a efectos del préstamo hipotecario. Este criterio en sí mismo considerado, se encuentra recogido en la letra g) del art. 57.1 LGT, que se refiere al “[v]alor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria”. Sin embargo, mientras que en la norma estatal el citado medio de valoración aparece como uno más, junto al dictamen de peritos y sin incidir en el mismo, en la norma autonómica aparece vinculado a dicho dictamen, y como contenido posible del mismo. Por tanto, lo que hace la norma autonómica no es estrictamente establecer un medio nuevo de comprobación, sino alterar el contenido y sentido de un medio ya existente y regulado por el Estado, como es el dictamen de peritos. Esta regulación autonómica desnaturaliza la finalidad de este medio, que está contemplado en la Ley general tributaria (art. 57 en relación con el art. 135) como un mecanismo objetivo, basado en la autonomía e independencia del perito, al que por tanto no cabe imponer un medio o varios medios para llevar a cabo su valoración.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1674-2003
Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.
Se enjuician los preceptos de una ley andaluza que establecen deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas y regulan medios de valoración aplicables en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El Tribunal, que descarta la pérdida de objeto porque la norma ha sido sustituida por otra que plantea los mismos problemas competenciales, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. Partiendo del marco competencial existente en materia de tributos cedidos, la Sentencia afirma que Andalucía puede asumir por delegación determinadas facultades normativas, siempre y cuando su ejercicio respete el marco establecido por el Estado, pues se trata impuestos de titularidad estatal y su cesión no implica la trasmisión de la titularidad sobre ellos o sobre el ejercicio de las competencias que les son inherentes. Así, considera que la norma autonómica incurre en una extralimitación competencial porque, aunque respeta el tenor formal de la delegación de potestades normativas, conduce a un resultado expresamente prohibido por leyes que conforman el bloque de constitucionalidad en materia de los tributos cedidos, por un lado, la ley estatal que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía; y, por otro lado, la ley específica del régimen de cesión de tributos, que es una ley marco del art. 150.1 CE.
Con respecto a las deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la ley estatal establece que las deducciones autonómicas lo sean por circunstancias puramente personales y familiares, es decir, no vinculadas a la obtención de una categoría de renta en particular cuyo importe se vea reducido a consecuencia de la deducción, por inversiones no empresariales o por aplicación de renta. Sin embargo, las deducciones controvertidas, que tienen como finalidad el fomento del autoempleo de jóvenes y mujeres y que imponen como requisito a sus beneficiarios estar dados de alta en el censo de empresarios y profesionales, están ligadas al ejercicio de actividades económicas y a la obtención de rendimientos de trabajo. En consecuencia, dado que las deducciones impugnadas no pueden ser encuadradas en ninguna de las tres clases permitidas a las Comunidades Autónomas y que suponen una minoración del gravamen efectivo de los rendimientos de las actividades económicas, los preceptos en cuestión son contrarios al bloque de la constitucionalidad.
Por otro lado, el Tribunal entiende que el precepto autonómico que establece la valoración del bien realizada por una sociedad de tasación a efectos del préstamo hipotecario como uno de los criterios que podrán utilizar los peritos de la Administración en el procedimiento de comprobación de valores altera el contenido y sentido del dictamen de peritos. Éste está contemplado en la ley estatal como un mecanismo objetivo y basado en la autonomía e independencia del perito, al que no puede imponérsele un medio concreto para llevar a cabo su valoración. Así, puesto que la regulación estatal sólo permite a los órganos autonómicos de gestión tributaria incoar expedientes de comprobación de valores utilizando los mismos criterios que el Estado, el precepto impugnado incurre en una extralimitación competencial.
Los impuestos cedidos son de titularidad estatal, ex arts. 133.1 y 149.1.14 CE, de manera que la cesión del tributo no implica, la transmisión de la titularidad o sobre el ejercicio de las competencias inherentes al mismo, como precisan además los arts. 10.1 LOFCA y 45 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (SSTC 192/2000, 35/2012) [FJ 3].
Las Comunidades Autónomas, además de la atribución total o parcial del producto de la recaudación de los impuestos cedidos, podrán asumir, por delegación, determinadas potestades de aplicación y, adicionalmente, facultades normativas, si bien deberá hacerlo dentro del marco establecido por la LOFCA y precisado por la correspondiente ley de cesión de tributos –ex art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE– [FJ 3].
El marco de delegación de competencias normativas en los impuestos cedidos está también formado por las leyes estatales reguladoras de los tributos, pues sólo en contraste con las mismas puede comprenderse el concreto alcance de las potestades objeto de delegación, ya que aunque estas normas no puedan ser consideradas parámetro de enjuiciamiento de forma directa, sí pueden serlo por remisión cuando las normas de cesión se refieran expresamente a ellas [FJ 3].
La deducción autonómica en la cuota del IRPF para el fomento del autoempleo de jóvenes y mujeres es inconstitucional, al no resultar factible su encuadramiento entre las autorizadas a las Comunidades Autónomas y suponer una minoración no permitida del gravamen efectivo de una determinada categoría de renta, con exclusión de las demás [FJ 5].
Las Comunidades Autónomas pueden regular aspectos de gestión y liquidación en los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, adicionalmente pueden ejercer, por delegación, las potestades administrativas relativas a la gestión tributaria de estos tributos e incoar expedientes de valoración utilizando los criterios establecidos por la LGT, entre los que se encuentra el dictamen de peritos de la Administración [FJ 6].
El precepto impugnado incurre en una extralimitación competencial al establecer como uno de los criterios que podrán utilizar los peritos de la Administración en el procedimiento de comprobación de valores, la valoración del bien realizada por una sociedad de tasación a efectos del préstamo hipotecario, desproveyendo al dictamen de peritos del carácter independiente que tiene en la LGT [FJ 7].
La LGT es una norma de unificación de criterios que garantiza el mínimo de uniformidad imprescindible en los aspectos básicos del régimen tributario y un tratamiento común a los administrados, tratamiento que quedaría conculcado en el supuesto de prevalecer el criterio que refleja el precepto de la Ley andaluza que introduce un medio de comprobación de valores distinto a los del Estado (SSTC 14/1986, 66/1998) [FJ 7].
La interpretación conforme a la Constitución no puede ignorar el sentido de los enunciados legales meridianos, ni ir contra legem, rechazándose las interpretaciones que conduzcan a resultados ilógicos, como lo sería el que una Comunidad Autónoma pudiera regular medios de comprobación de valores distintos a los del Estado, mientras que los órganos de la administración tributaria de la misma Comunidad no pudieran aplicar esos medios por ser distintos de los del Estado (SSTC 222/1992, 247/2007) [FJ 7].
Doctrina sobre la pervivencia del objeto pese a la modificación de la norma en procesos constitucionales de naturaleza competencial cuando continua la controversia competencial (SSTC 18/2011, 133/2012) [FJ 2].
En materia de tributos cedidos, el bloque de la constitucionalidad está formado por el correspondiente Estatuto de Autonomía, por la LOFCA y por las normas que la desarrollan, en la medida en que, de acuerdo con el art. 28.1 LOTC, se trata de normas que, dictadas dentro del marco constitucional, tienen como función delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas sobre dicha materia [FJ 2].
Según nuestra doctrina sobre el ius superveniens, el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 1/2011) [FJ 2].
El principio constitucional de seguridad jurídica, ex art. 9.3 CE, reclama que esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, ya que dicho principio reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, y no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes (SSTC 54/2002, 365/2006) [FJ 7].
Artículo 6 (declara inconstitucional)
Artículo 23.4 párrafo último inciso in fine (declara inconstitucional)
Artículo 52.1 d), f. 6
Artículo 133.1, ff. 1, 3, 4
Artículo 138.2, ff. 1, 4
Artículo 149.1.14, ff. 1, 3 a 5, 7
Artículo 150.1, ff. 1 a 3
Artículo 157.1, ff. 1, 4
Artículo 10.3, ff. 3, 5
Artículo 19.2, ff. 1, 3 a 6
Artículo 19.2 a), f. 5
Artículo 19.2 f), f. 5
Artículo 19.2 párrafo 2, f. 5
Artículo 38.1 b), ff. 1, 4
Artículo 40.2, ff. 1, 6
Artículo 41.2, ff. 1, 6
Artículo 47.1 a), ff. 1, 6
En general, ff. 2, 3, 4
Artículo 23.4, f. 1
Artículo 23.4 párrafo último inciso in fine, ff. 1, 2, 4, 6, 7
Artículo 57, ff. 6, 7
Artículo 57.1 e), f. 6
Artículo 57.1 g), ff. 6, 7
Artículo 135, f. 7
Ley del Parlamento de Andalucía 3/2004, de 28 de diciembre. Medidas tributarias, administrativas y financieras
Artículos 27 a 32, f. 5
Artículos 56 a 61, f. 5
Decreto Legislativo de la Junta de Andalucía 1/2009, de 1 de septiembre. Texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos
En general, ff. 2, 3, 5, 6
Decreto-ley de la Junta de Andalucía 1/2010, de 9 de marzo. Medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Bloque de constitucionalidadBloque de constitucionalidad, ff. 2, 3
Canon de constitucionalidad de la leyCanon de constitucionalidad de la ley, ff. 2, 3
Competencias en materia tributariaCompetencias en materia tributaria, ff. 1 a 7
Comprobación de valoresComprobación de valores, ff. 6, 7
Efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidadEfectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad, f. 7
Gestión tributariaGestión tributaria, ff. 6, 7
Gestión tributaria de las Comunidades AutónomasGestión tributaria de las Comunidades Autónomas, ff. 6, 7
Impuesto sobre sucesiones y donacionesImpuesto sobre sucesiones y donaciones, f. 6
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentadosImpuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, f. 6
Tributos cedidosTributos cedidos, Régimen jurídico, ff. 2, 3
Tributos cedidosTributos cedidos, ff. 1 a 7
Fomento del autoempleoFomento del autoempleo, ff. 2, 4, 5
Leyes marcoLeyes marco, f. 3
Dictamen de peritos de la AdministraciónDictamen de peritos de la Administración, ff. 6, 7
AndalucíaAndalucía, ff. 1 a 7