Source: https://juventudradicalrn.wordpress.com/constitucion-de-la-provincia-de-rio-negro/
Timestamp: 2018-05-22 08:12:05
Document Index: 80998741

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 52', 'Artículo 57', 'Artículo 54', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 137', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 147', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 211', 'Artículo 217', 'Artículo 204', 'Artículo 222', 'Artículo 236', 'Artículo 126', 'Artículo 235', 'Artículo 234', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 209', 'Artículo 180', 'Artículo 61', 'Artículo 95', 'Artículo 23']

Constitución de la Provincia de Río Negro | juventud Radical Rio Negro
(20 de junio de 1988)
Primera parte. Declaraciones generales. Derechos. Garantías y responsabilidades
Sección primera. Declaraciones generales
Capítulo I. Declaraciones de fe republicana
Artículo 2.- El poder emana del Pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.
Juramento. Manifestación de bienes
Capítulo II. El Estado provincial
Artículo 8.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex-Territorio Nacional, a saber: «DE RÍO NEGRO» o «DEL RÍO NEGRO», son nombres oficiales indistintos para la designación de la Provincia.
Artículo 9.- Los límites del territorio de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional Nº 1.532, ratificados por la Ley Nacional Nº 14.408, abarcando además el subsuelo, el Mar Argentino adyacente y su lecho, y el espacio aéreo correspondiente.
Capital de la provincia. Descentralización
4. Concierta con el gobierno federal regímenes de coparticipación impositiva, promoción económica y descentralización del sis tema previsional.
día en que ésta cesa en sus funciones.
Sección segunda. Derechos, garantías y responsabilidades
Reglamentación. Facultades implícitas
Capítulo II. Derechos personales
Libertad personal. Causales de detención
Artículo 19.- Sólo pueden aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. No pueden reabrirse causas concluidas en materia criminal, excepto cuando se tuviere prueba de la inocencia del condenado. Si de la revisión de una causa penal resulta su inocencia, la Provincia indemniza los daños materiales y morales causados, si hubiere culpa.
Artículo 20.- La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de toda índole o categoría, almacenada, procesada o distribuida a través de cualquier medio físico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.
Artículo 21.-El domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole son inviolables y sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de juez competente y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia de hecho punible.
Capítulo III. Derechos sociales
Discapacitados. Excepcionales
Capítulo IV. Garantías procesales especificas
Amparo. Hábeas corpus
1. Honrar a la Patria, a la Provincia y sus símbolos; armarse de acuerdo a la forma y procedimiento que determinen las leyes para su defensa.
2. Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia.
3. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que en consecuencia se dicten.
4 .Cumplir los deberes sociales.
5. Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado.
6. Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo determinen.
7. Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales.
9. Participar en la vida política y social de la comunidad.
10. Trabajar y actuar solidariamente.
Segunda parte. Políticas especiales del Estado
Sección primera. Política administrativa
Artículo 52.- Se promueve la capacitación de los agentes públicos, así como la participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendentes al mejoramiento de la administración, en la forma y casos que establece la ley.
Artículo 57.- La Provincia o sus municipios, demandados por hechos de sus agentes, deben recabar la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades establecidas en el Artículo 54º de esta Constitución. El representante legal que no cumpliere con tal obligación es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las restantes sanciones que le pudieren corresponder.
Sección segunda. Política previsional
Los medicamentos son considerados como bien social básico y fundamental. La autoridad pública implementa un vademécum y las medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes.
Sección tercera. Políticas cultural y educativa
Educación. Finalidad
Sección cuarta. Política científica y tecnológica
La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad; organiza el sistema provincial de ciencia y tecnología con participación de científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector; concierta con la Nación su participación en los planes federales.
Sección quinta. Política de recursos naturales
La Provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.
Sección sexta. Política de comunicación social
Sección séptima. Política ecológica
Sección octava. Política económica
Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso productivo.
Propiedad. Expropiación
Sección novena. Política financiera
Sección décima. Políticas de cooperativismo y mutualismo
Libertad de asociación cooperativa -representación
Sección undécima. Políticas de planificación y regionalización
Consejo de Planificación. Funciones
Tercera parte. Organización del Estado
Sección primera. Poder Constituyente
Requisitos. Inmunidades
Inhabilidades. Incompatibilidades
Proclamación. Primera reunión
Plazos. Sanción.
Colaboración. Información
Enmienda. Referéndum
Sección tercera. Poder Legislativo
Denominación. Sede
Artículo 122.- El Poder Legislativo es ejercido por una Cámara denominada «Legislatura» con asiento en la ciudad Capital de la Provincia.
Artículo 123.- La Legislatura se integra por no menos de treinta y seis y un máximo de cuarenta y seis legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como distrito único, con un legislador por cada veintidós mil o fracción no menor de once mil habitantes.
Duración. Renovación. Reemplazo
2. Los destituidos de cargo público por juicio político o por el Consejo de la Magistratura; los excluidos de la Legislatura por resolución de la misma; los exonerados, por causa que le es imputable, de la administración pública nacional, provincial o municipal.
Vicepresidentes. Comisiones
Capítulo III. Sesiones
Artículo 137.-Cuando esta Constitución dispone que la mayoría requerida es sobre los miembros de la Legislatura, se entiende que lo es sobre la totalidad de los integrantes de la misma y, en los demás casos, sobre los presentes.
Capítulo IV. Atribuciones de la Legislatura
17. Sanciona las leyes necesarias y convenientes para la efectivización de todas las facultades, poderes, derechos y obligaciones que por esta Constitución correspondan a la Provincia, sin otra limitación que la que resulte de la presente Constitución o de la Nacional. Todas las leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios contenidos en esta Constitución quedando absolutamente prohibido sancionar leyes que importen privilegios. La facultad legislativa, referida a todos los poderes no delegados al gobierno de la Nación, se ejercita sin otras limitaciones de materia y de persona que las anteriormente previstas, teniendo los incisos de este artículo un carácter exclusivamente enunciativo.
Capítulo V. De las leyes: formación y sanción
Promulgación. Veto
Artículo 144.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura, se remite al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del término de diez días de su recibo. Vencido el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder Ejecutivo no hubiera efectuado su publicación, lo hace la Legislatura.
Artículo 145.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con los dos tercios de votos, es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la forma dispuesta en el artículo anterior. No reuniéndose los dos tercios para su insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en las sesiones de ese año.
Artículo 147.- En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: «La Legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley».
Si no designan tiempo, las leyes son obligatorias ocho días después de su publicación.
Capítulo VI. Juicio político
Capítulo VII. Órganos de control externo
Tribunal de cuentas. Integración
Fiscal de investigaciones administrativas. Funciones
Requisitos. Condiciones. Duración. Informe anual
Sección cuarta. Poder Ejecutivo
Emolumentos. Incompatibilidades
Capítulo IV. Órganos de control interno
Fiscalía de Estado. Funciones
Contaduría General. Funciones
Designación. Duración. Remoción
Comisión de Transacciones udiciales. Funciones
Sección quinta. Poder Judicial
b) Graves desarreglos de conducta.
c) Comisión de delito.
d) Violación a las prohibiciones establecidos en esta Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación.
4. No es disminuida la remuneración mensual con que son retribuidos, la que deberá mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales.
Capítulo II. Superior Tribunal de Justicia
Artículo 205.- Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son destituidos por las causales previstas en el Capítulo Primero y con las formas dispuestas para el juicio político.
Artículo 206.- El Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes facultades y deberes:
a) En las causas que le fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes públicos o entre tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común.
b) En los conflictos de poderes de los municipios, entre distintos municipios o entre éstos con autoridades de la Provincia.
c) En los recursos de revisión.
d) En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado Provincial o a los municipios, la demanda puede ser ejercida -exenta de cargos fiscales- por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite.
Capítulo III. Tribunales de Grado
Designación. Remoción
Artículo 211.- Los jueces son designados y destituidos por el Consejo de la Magistratura. La decisión es cumplimentada por el Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 217.- El Procurador General es designado por el Consejo referido en el Artículo 204º y destituido por el procedimiento del juicio político, por las causales establecidas en el Capítulo Primero.
Los demás funcionarios del ministerio público son nombrados, sancionados y destituidos de acuerdo al Artículo 222º, por iguales causales.
Capítulo V. Consejo de la Magistratura
Capítulo VI. Imperio de sus fallos. Policía judicial
Capítulo VII. Autarquía presupuestaria
Sección sexta. Poder municipal
Capítulo I. Régimen municipal
Límites. Ejidos colindantes
Coparticipación. Ley Convenio
Capítulo II. Municipios sin Carta Orgánica
3. El Poder de Contralor lo ejerce un Tribunal de Cuentas, según el Artículo 236º.
Requisitos. Inhabilidades
No pueden ser miembros del gobierno municipal los ciudadanos afectados por las inhabilidades del Artículo 126º.
Artículo 235.- Los funcionarios municipales elegidos directamente por el Pueblo no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las acciones que se inicien concluido éste o producido el desafuero, según el procedimiento previsto en la ley.
Registros electorales. Extranjeros
2. Representación proporcional en los cuerpos colegiados, conforme a los requisitos del Artículo 234º.
Juntas Electorales. Atribuciones
Capítulo III. Comunas
Artículo 4.- Se entiende que la expresión «funcionarios judiciales» corresponde al cargo de secretario de primera instancia en adelante e incluye a los funcionarios del ministerio público.
Artículo 5.- La expresión «agentes públicos» se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás órganos descentralizados.
La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto N.º 18.501.
Disposiciones transitorias correspondientes al Artículo 11º
Artículo 10.- A los efectos del Artículo 11º de esta Constitución, se realizará el siguiente procedimiento para la relocalización de la nueva capital provincial:
a) Propondrá la celebración de acuerdos con el gobierno federal para el financiamiento de la nueva capital provincial, según el Artículo 4º de la ley N.º 23.512.
b) Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización del territorio mencionado y la instalación de los poderes nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los poderes provinciales en la nueva capital.
c) Realizará los estudios y proyectos para localizar la futura capital dentro de cada una de las tres zonas siguientes: Alto Valle incluyendo Valle Azul; Línea Sur, desde Ing. Jacobacci hasta Sierra Colorada; y Valle Medio. En el Alto Valle deberá determinar dos localizaciones como mínimo.
d) Difundirá los estudios y proyectos para conocimiento del Pueblo de la Provincia, por un plazo no menor de sesenta días antes de ser convocado al plebiscito.
e) Construido aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidas en el Artículo 5º de la ley N.º 23.512, requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito obligatorio. La voluntad popular determinará en él, en votación no coincidente con otro acto eleccionario, la ubicación de la nueva capital provincial entre las localizaciones determinadas por el organismo.
5. Aprobado el plebiscito la Legislatura declarará Capital de la Provincia a la localización que haya obtenido la mayoría, a partir de la federalización del nuevo distrito federal, quedando reformado el Artículo 11º de esta Constitución.
Artículo 11.- Hasta tanto se produzca la plena federalización prevista en el Artículo 5º de la ley N.º 23.512, rigen en el territorio cedido por ley N.º 2.086 las disposiciones legales actualmente vigentes, esta Constitución y las normas que en su consecuencia se dicten.
Artículo 12.- La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena federalización del territorio cedido por ley N.º 2.086 y prevista en la ley N.º 23.512.
La competencia territorial está sujeta a las disposiciones generales del Artículo 209º de esta Constitución.
1. En el término de sesenta días: la modificación del actual sistema de acefalía, adecuándolo a las previsiones de esta Constitución; en ese lapso continuará vigente la normativa actual. Atento a la creación del cargo de vicegobernador, en el caso que la designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del inciso 6. y concordantes del Artículo 180º de esta Constitución.
a) Las normas que ordena dictar esta Constitución en los capítulos de régimen municipal y de régimen electoral.
b) El código de procedimiento minero.
a) La creación de los entes de desarrollo de la Línea Sur y General Conesa. Las sedes de los mismos se establecerán en las localidades de Maquinchao y en el Departamento Gral. Conesa, respectivamente. Anualmente se les asignará un presupuesto mínimo del 2,5% y del 1,25% respectivamente de las rentas generales de la Provincia. Tendrán una vigencia mínima de veinte años.
b) Las normas que pongan en vigencia o reglamenten las funciones del Poder Judicial establecidas en esta Constitución.
c) La normativa del Artículo 61º y concordantes, en cuya elaboración y tratamiento se deberá contar con el asesoramiento de los representantes de expresiones culturales con arraigo popular.
a) El régimen previsional.
b) La modificación del régimen de Fiscalía de Estado y Contaduría General; los actuales titulares de esos organismos continuarán en funciones hasta la sanción de dichas normas.
c) Las normas orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas ejercerá las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hasta tanto se organice la misma y se designe su titular.
Vicepresidente primero: JOSÉ MARÍA CÓRDOBA;
Vicepresidente segundo: SANTIAGO NILO HERNÁNDEZ
EDMUNDO CRÍSPOLO AGUILAR; EDGARDO JUAN ALBRIEU; JUAN AGUSTÍN ARTURO; NÉSTOR RUBÉN BELMONTE; JORGE ÓSCAR BERNARDI; EDGARDO ALFONSO BUYAYISQUI; ROSARIO CALA LESINA; HIPÓLITO ROBERTO CALDELARI; GRACIELA NELVA CAMPANO; EMILIO EUGENIO CAROSIO; GUSTAVO FEDERICO CASAS; RUBÉN LISARDO CRESPO; ÓSCAR EDMUNDO DE LA CANAL; MIGUEL ALBERTO GONZÁLEZ; MIGUEL ÁNGEL IRIGOYEN; GREGORIO CESAR ITURBURU; WLADIMIRO IWANOW; CARLOS ALFREDO LEÓN; CARLOS ALFREDO LEÓN; ANTONIO MANZANO; ROBERTO MARIANI; GUSTAVO ADRIÁN MARTÍNEZ; SALVADOR LEÓN MATUS; MARTA ESTER MAYO; CARLOS OLIVIERI; HORACIO NELLO PAGLIARICCI; RODOLFO ÓSCAR PONCE DE LEÓN; ERNESTO ÓSCAR REYES; RODOLFO LAUREANO RODRIGO; JORGE FRANCISCO SCHIERONI; DANIEL ALEJANDRO SEDE; RICARDO JOSÉ SOTOMAYOR; MIGUEL ANTONIO SRUR; ENRIQUE ALBERTO URANGA.
OVIDIO NAZARIO CASTELLÓ; ÓSCAR JORGE RODRÍGUEZ; HÉCTOR ABEL SÁNCHEZ; RAMÓN ADEMAR SICARDI; JUAN CARLOS VASSELLATI.
El presente constituye el Registro Especial previsto en el Artículo 95º del Reglamento Interno.
La Reforma Constitucional insertada contiene 241 artículos en su texto permanente y un último apartado de Normas Complementarias que contiene veintiséis artículos.
La Comisión Redactora dictamina, por unanimidad, que el texto precedente es el que debe publicarse como versión oficial de la Constitución. Corresponde notificar al Boletín Oficial que ordene la publicación de acuerdo al Artículo 23º de las Normas Complementarias y que se autoriza a sus miembros a la corrección final y cuidado de la misma. Cumplido lo cual, se cierra la labor y el presente Registro Especial, leído y firmado en su totalidad, en San Carlos de Bariloche a ocho días de junio de mil novecientos ochenta y ocho.
RUBÉN LISARDO CRESPO
EDMUNDO CRÍSPOLO AGUILAR
JORGE ÓSCAR BERNARDI
ERNESTO ÓSCAR REYES
RODOLFO ÓSCAR PONCE DE LEÓN