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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa,,,, en cumplimiento de mis funciones le informo que la presente medida cautelar no se dio cuenta oportunamente debido a que las solicitudes cautelares han ingresado en elevado número los últimos meses; no obstante, estar encargado de otras funciones que demandan sean resueltas en el más breve lapso de tiempo. Lo que informo a Usted para los fines pertinentes.- Lima, 30 de septiembre de 2016. EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11112222444433330000----2222000011115555----CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr 11113333 DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSEEEEIIIISSSS Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA EEEENNNN LLLLAAAA FFFFEEEECCCCHHHHAAAA: a los escritos de fechas de diecisiete de marzo y del primero de abril del año en curso; presentados por el Indecopi y Banco de Crédito del Perú respectivamente, téngase por absuelto el traslado conferido por resolución número cuatro en los términos que se exponen; y, AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: 1 PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: El segundo y tercer párrafo del artículo 637° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria dispone que:“Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar.(El subrayado es nuestro) La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo”, en ese sentido, lo que se pretende con dicho acto procesal es generar la posibilidad del contradictorio en un proceso cautelar, permitiendo al afectado con la medida cautelar ejercer su derecho de defensa. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Con escrito del doce de febrero del dos mil dieciséis, el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII formula OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN solicitando se deje sin efecto la Resolución Número UNO que concede la medida cautelar; a favor de Coesti S.A., por los siguientes fundamentos: (cid:1) El juzgado ha violentado su derecho al debido proceso, en tanto que la resolución numero uno emitida por este, adolece de un 2 grueso error de fundamentación, careciendo de la motivación adecuada, la cuales requisito obligatorio en toda decisión jurisdiccional (cid:1) Resulta evidente que el dinero de la consumidora lo retiro otra persona y no la denunciante, sin embargo lo que se discute en el proceso es la diligencia o no que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si brindo a esta información y riesgos que presentaba el producto ofrecido. (cid:1) En relación a las medidas correctivas reparadoras debemos de mencionar que estas no tienen naturaleza indemnizatorias y que la ordenada por el Indecopi a través de la resolución 3122-2013- SPC/INDECOPI tampoco la tiene, como erróneamente lo ha interpretado el juzgado. (cid:1) Se debe tener en cuenta la naturaleza de las infracciones administrativas en materia de protección al consumidor en tal sentido, en un anterior pronunciamiento el Tribunal del Indecopi ha señalado que a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos administrativos donde el tipo infractor comprende un deber que no 3 se vincula a la expectativa o interés de otros administrados sino al mero cumplimiento de una conducta debida, las normas de protección al consumidor tutelan el derecho de los consumidores imponiendo sanciones a quienes afecten las expectativamente legítimamente generadas en ellos. Lo anterior es discutible en el caso de de infracciones al deber de idoneidad, supuesto en el que se presentan numerosas solicitudes de medidas correctivas. (cid:1) Que de acuerdo con el artículo 114° del Código, las medidas correctivas constituyen mandatos que tienen por finalidad corregir, de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación proceda únicamente cuando sea posible revertir dichos efectos. Cabe agregar que la inobservancia de la medida correctiva ordenada faculta a la autoridad administrativa a imponer una multa que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta su total cumplimiento. (cid:1) Si bien la señora Soto solicito se le conceda una indemnización por los daños y perjuicios que la conducta del Banco le habría ocasionado, el Tribunal del Indecopi consideró necesario precisar 4 que la autoridad administrativa no se encontraba facultada para determinar u ordenar el pago de indemnizaciones, toda vez que dicha competencia ha sido legalmente atribuida exclusivamente al poder judicial. (cid:1) El Tribunal de Indecopi determino que habiéndose acreditado que el Banco no realizo el previo y adecuado traslado de información a la consumidora sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros 40523157689092, en virtud de lo cual resultaban invalidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor soto con cargo a la misma, determino que se debía proceder con la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones, disposición que demostraba la corrección de los efectos negativos desplegados en razón al comportamiento ilícito verificado, procediendo a ordenar como medida correctiva reparadora la devolución de dichos fondos. (cid:1) Podrán observar de una lectura de la resolución numero uno que esta no ha explicado de forma clara y precisa los motivos que la llevaron a tomar la decisión que ahora cuestionamos, no habiendo explicado porque se sustenta la apariencia del derecho y el peligro 5 en la demora, presupuestos que deben existir para la procedencia de toda medida cautelar, los mismos que a todas luces no existen en el presente proceso, lo cual vulnera nuestro derecho a obtener una resolución debidamente motivada. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: La solicitante mediante escrito del primero de abril del dos mil dieciséis, absuelve el traslado de la medida cautelar aduciendo: (cid:1) Como es evidente, este recurso ha sido presentado por el Indecopi por dos (02) razones: (i) un desconocimiento de lo establecido en nuestro ordenamiento Procesal, principalmente, del artículo 637° del Código Procesal Civil que establece claramente que es parte afectada la que puede interponer el recurso de oposición; y, (ii) un ilegal y grosero interés dilatorio, empleado para vulnerar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque se intenta recortar su derecho a solicitar que se suspendan los efectos de la resolución que está siendo cuestionada en sede judicial, a efectos que cuando el juzgado emita la decisión final, la misma no sea ilusoria e inejecutable. 6 (cid:1) El Indecopi señala que la Resolución que concedió la medida cautelar no se encuentra motivada (falta de motivación) en tanto no se sustenta –supuestamente- la existencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; en primer lugar debemos poner en conocimiento que existe una grosera contradicción en los argumentos que sustentan la oposición formulada por el Indecopi, pues por un lado señalan que la resolución numero tres no se encuentra motivada y luego señalan que si se realizo un análisis para conceder la medida cautelar, tal como así lo señalaron en su oposición en el numeral I.1; sin embargo, posteriormente, en los numerales 15 y 16 establece que si se sustento la decisión y se realizo análisis para conceder la medida cautelar. (cid:1) En el presente caso el Indecopi al imponerle correctiva la medida correctiva se ha apartado de lo que la propia entidad señala en los referidos numerales, lo cual será materia de análisis al momento de emitir sentencia, cabe señalar que el desarrollo de dichos argumentos de ninguna manera acredita que en el presente caso se ha configurado un supuesto de falta de motivación, sino el criterio de dicha entidad. 7 (cid:1) En su caso la medida corrcetiva impuesta no se relaciona directamente con los hechos del caso, por lo que considera importante manifestar que ha sido el propio Indecopi el que ha manifestado que su empresa supuestamente habría vulnerado el deber de idoneidad al haber realizado una supuesta indebida apertura de cuenta por haber transmitido una inadecuada información. Por lo que corresponde la pregunta ¿la consecuencia directa de haber transmitido una inadecuada información es devolverle más de un millón de soles a una persona? La respuesta es evidente no. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, la institución cautelar está dirigida a la protección del interés privado del solicitante, como del interés público que requiere que los fallos sean cumplidos y reciban efectivo acatamiento; por lo que debe tenerse en cuenta que la admisión de una medida cautelar dependerá de la observancia de los requisitos de apariencia o verosimilitud del derecho (fomus bonis iuris), del peligro en la demora (periculum in mora), de la adecuación de la medida y de la contracautela. 8 QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: Que, asimismo se tiene que el pedido de medida cautelar de no innovar concedida a favor del accionante, se encuentra contemplado en el Artículo 687° del Código Procesal Civil, el que establece que “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho presentada al momento de admisión de la demanda, en relación a personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que sólo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley”; SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO: Respecto del requisito de verosimilitud, se debe señalar en primer término que debe dejarse plenamente claro, que cuando se evalúa las decisiones de una entidad administrativa, debe analizarse el conjunto de sus acciones con el objeto de que al evaluar los correctivos o sanciones, estos estuvieron de acuerdo a ley; así como, a los principios jurídicos de los cuales se sustenta; vale decir, con relación al caso que nos avoca la entidad administrativa no puede pretender evaluar la conducta de la entidad bancaria y calificarla como inadecuada si, a la par presumiblemente de los documentos acompañados a la solicitud cautelar, prima facie se advertiría que el perjuicio económico ocasionado (retiro de los importes a la cuenta de ahorros) se realizo de manera indirecta por el 9 sobrino de la propia denunciante; del mismo modo, también es importante traer a colación que la denunciante manifestaba la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización, no siendo ello así según el Banco; en consecuencia, de lo brevemente descrito, resulta que para decidir sobre el fondo materia de litis este deberá será revisado y substanciado en el expediente principal, el cual recogerá los alegatos y los medios probatorios recogidos de ambas partes a efectos de amparar o no la demanda; siendo esto así, no se desvirtúa por el momento la verosimilitud. SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: Que, debe precisarse que el peligro en la demora, requisito de toda medida cautelar, es el que señala la justificación de la existencia de la medida cautelar; con ello se evita que el pronunciamiento judicial en caso de favorecer al accionante llegue demasiado tarde y no pueda evitarse los consecuentes daños irreparables; en ese sentido, teniendo en cuenta que toda medida cautelar es una providencia jurisdiccional de carácter preventivo o precautorio, mediante la cual se pretende evitar que los derechos e intereses cuya tutela o protección se pretende cautelar, puedan verse lesionados por la larga duración del proceso principal, como se daria en el presente caso conforme se aprecia de la resolución N° 10 3122-2015/SPC-INDECOPI de fecha cinco de octubre de dos mil cinco, cuyos efectos solicita suspender el recurrente a través de la solicitud cautelar, puesto que se ha ordenado “como medida correctiva (…) y, (iii) devolver a la señora Margarita Soto Chata el integro de del dinero en efectivo indebidamente dispuestas por el señor Hugo Soto Chaña con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; lo expuesto precedentemente, denota la urgencia del peligro en la demora por cuanto de ejecutarse la medida correctiva mediante la resolución impugnada en los autos principales durante el trámite del proceso, la sentencia a dictarse en caso de ser favorable para el demandante sería meramente declarativa al haberse efectivizado la medida correctiva impuesta. OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Que, en consecuencia subsistiendo las razones por las que se concedió la medida cautelar por existencia de verosimilitud en la pretensión, como peligro en la demora, se debe declarar infundada la oposición formulada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Por tanto: 11 Se resuelve declarar IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA LLLLAAAA OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN planteada por el IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL ---- IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII contra la Resolución tres que concede la MMMMeeeeddddiiiiddddaaaa CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr ddddeeee IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaarrrr.... AAAAvvvvooooccccáááánnnnddddoooosssseeee aaaallll pppprrrroooocccceeeessssoooo llllaaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa qqqquuuueeee ssssuuuussssccccrrrriiiibbbbeeee ppppoooorrrr ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr.... NNNNoooottttiiiiffffííííqqqquuuueeeesssseeee....---- 12
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico EXPEDIENTE : 12430-2015-Cautelar 13 DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO UUUUNNNNOOOO Lima, siete de enero del dos mil dieciséis DDDDAAAADDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; estando a que la presente medida reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 38° del Decreto Supremo 013-2008-JUS del TUO de la Ley que Regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, artículos 610° y 640° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, se tiene, AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Que, la medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento, 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. Para acceder a este instituto debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584-Ley que regula el Proceso Administrativo: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. 2.Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión. Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar.” y el artículo 611° del Código Procesal que prescribe: “El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.” 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. solicita la medida cautelar de no innovar a fin de que se suspendan los efectos de la Resolución número 3122-2015/SPC-INDECOPI del cinco de octubre del dos mil quince, así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto dar cumplimiento y/o proceder a ejecutarla. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: Sustenta la VEROSIMILITUD DEL DERECHO argumentando: • El Banco de Crédito ha prestado un servicio idóneo y a cumplido con brindar toda la información referida a la cuenta mancomunada indistinta elegida por la señora Soto. • La resolución impugnada contiene motivación defectuosa y no ha valorado conjuntamente todos los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento administrativo; se les imputó un tipo de infracción pero se les sancionó por otro; y los argumentos expuestos no encuentran respaldo en los medios 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probatorios aportados y omitió la Sala su deber de probanza respecto de los cargos imputados. • El Banco no le solicitó un representante, lo que le pidió, dada su condición de iletrada que contara con un testigo a ruego para que pueda abrir la cuenta bancaria de su elección; por lo que no tuvo porque llamar a su sobrino. • Tenía conocimiento que la cuenta era de naturaleza mancomunada indistinta, puesto que los formularios así lo establecían, haciéndose incluso entrega de una tarjeta de débito para cada uno de los cotitulares; que siempre fue intención de la señora soto abrir una cuenta con esas características, al ajustarse a sus intereses; debido que por su avanzada edad (80 años) y su condición de iletrada sería incómodo que para cada movimiento bancario necesite de un testigo a ruego. • El sobrino realizó diversos movimientos bancarios como co- titular teniendo conocimiento de ello la señora Soto, prueba de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ello es la constancia de transferencia del veinticinco de agosto del dos mil doce que se entrega en la ventanilla al momento de la operación. Y la carta notarial del veintisiete de agosto del dos mil trece enviada al mismo en el cual se consigna como asunto el requerimiento para que le informe documentadamente de los dineros confiados a usted. Y la del veintitrés de setiembre del dos mil trece, precisando que se había aperturado la cuenta a nombre de ambos y que había retirado dinero sin su autorización pidiendo la devolución; que como puede sostener que desconocía la naturaleza y particulares de la cuenta mancomunada indistinta si expresamente reconoce que su sobrino realizaba los movimiento sin su participación debido a la confianza que había depositado en él. • El Banco cumplió con otorgarle el producto que requería, así como informarle sobre sus alcances; y conforme a su política de seguridad le indicaron que debía participar un testigo a ruego, el cual fue elegido por la propia señora Soto, pues dicha persona 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ya había actuado como tal en la transacción extrajudicial con la Asociación Pro Vivienda Brisas del Lago-Arapa • Con la presencia del Señor Roque la entidad financiera procedió a informarle tanto a la Señora Soto como a su sobrino los alcances y condiciones de la cuenta de ahorros mancomunada a firma conjunta, reafirmándose dichas personas en la apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta, según se acredita con la suscripción del formulario de apertura de cuentas; colocando su huella la aludida señora y firmando el formulario el testigo a ruego y sobrino. • En consecuencia, si la voluntad de la señora soto no hubiera sido abrir una cuenta mancomunada indistinta, ello debió ser advertido por su testigo a ruego, quien lejos de formular reclamo u observación alguna suscribió el formulario y los documentos anexos correspondientes, es mas de haber existido duda pudo rechazar la entrega de dos tarjetas de débito. 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO • La única explicación encontrada en la interposición de la denuncia en nuestra contra, es que esta responde a la negativa o imposibilidad del sobrino de la citada señora para devolver el dinero retirado y por ello a través de una denuncia tendenciosa y maliciosa se pretende que el Banco recurrente asuma la ¿“devolución”?. • Sobre la medida correctiva no puede sostenerse seriamente que frente a la conducta infractora la corrección consista en entregar al denunciante el dinero del que se dispuso en su momento un tercero, menos aún cuando la actuación de este tercero está siendo discutida en un proceso penal iniciado por la señora Soto contra su sobrino por el delito de apropiación ilícita ante la Primera Fiscalía Corporativa de Juliaca, en todo caso, si la presunta infracción cometida por el BCP consiste en la apertura indebida de una cuenta, la corrección de los efectos inmediatos y directos de dicha conducta pasa simplemente por cerrar dicha cuenta y, en todo caso, abrir una nueva sin costo 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO alguno para el consumidor afectado y en caso se determine que el sobrino cometió una infracción o delito, corresponderá también que se le exija la devolución del dinero tal como lo dispuso la fiscalía correspondiente. • Atendiendo a la seriedad y profesionalismo del Juzgado no se dejara pasar la oportunidad de realizar lo que la Sala del Indecopi omitió groseramente y, en consecuencia conforme a lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, dispondrá que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Juliaca le remita copia de los actuados del proceso penal antes mencionado. • La medida posee una naturaleza indemnizatoria, que la Sala actúa arbitrariamente al imponer una indebida indemnización de modo encubierta. • La Sala de Indecopi determinó imponer al Banco la sanción de diez UIT sin fundamentar los criterios de graduación de las sanciones administrativas, siendo que en un solo párrafo de la 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO resolución de manera vaga, imprecisa y genérica se fundamento la multa impuesta. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, uno de los presupuestos de toda medida cautelar es demostrar la verosimilitud del derecho invocado o conocido también como fumus boni iuris,,,, previsto en el artículo 39º del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y en el artículo 611º del Código Procesal Civil, que se determina con el cálculo de probabilidades de que la pretensión contenida en la demanda será resuelta de manera favorable al solicitante, lo que implica la necesidad de que se argumente y facilite el material probatorio que lleve al convencimiento del juzgador en una revisión sumaria. QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: Fluye de lo expuesto en la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI que la señora Soto reiteró en su recurso de apelación que el Banco no cumplió con informarle previa y debidamente sobre las 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO condiciones aplicables al tipo de Cuenta de Ahorros 40523157689092, debiendo adoptar garantías que preservaran su derecho de información ( párrafo 36); concluyendo la Sala “que de la lectura de los documentos que tramitaron dicha apertura no se evidencia el efectivo traslado de las condiciones contractuales invocadas por el proveedor para sustentar los alcances de la mancomunidad indistinta alegada, en atención a las que se facultaba a cualquiera de sus titulares a disponer - en forma independiente – de los fondos depositados en tal producto, es decir sin requerir la previa autorización ni consentimiento de los demás cotitulares para tales efectos. Precisamente, aún cuando obra en el expediente copia del documento denominado “Condiciones Generales de la Cuentas y Servicios del Banco, de su revisión tampoco se aprecia el efectivo traslado de información relevante sobre los términos en que se regulaba la administración de la cuenta mancomunada indistinta atribuida a la consumidora” (Párrafo 53) 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: El Código de Protección de Defensa al Consumidor, Ley N° 29571 establece: ““““AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo 1111....----DDDDeeeerrrreeeecccchhhhoooossss ddddeeee lllloooossss CCCCoooonnnnssssuuuummmmiiiiddddoooorrrreeeessss 1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.” Artículo 18.- Idoneidad Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. […] 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Artículo 19.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. (la negrita es nuestra) SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO:::: De un análisis preliminar de los anexos acompañados a la solicitud cautelar se advierte la señora Soto autorizó la apertura de una cuenta mancomunada incluyendo a su sobrino Héctor Soto; no obstante del tenor de las cartas notariales de fechas veintisiete de agosto y veintitrés de setiembre del dos mil trece presentadas con la denuncia y que el Banco considera debieron también ser valoradas en forma conjunta, se aprecia que actúa en la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización; y no que su real voluntad y consentimiento habría sido que la cuenta tenga la naturaleza de mancomunada indistinta. 13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Por otro lado, si bien es cierto de la lectura del formulario de apertura de cuentas (Anexo 1F) suscrita por el testigo a ruego, dada la condición de iletrada de la consumidora, aparece que se trata de una cuenta “Mancomunada Indistinta”; también es verdad que no consta en su texto ni en las “Cláusulas Generales de las Cuentas y Servicios del Banco”; en qué consiste dicha modalidad; toda vez que difiere sustancialmente de la mancomunada conjunta, puesto que en la primera para retirar los fondos no se requiere de autorización del titular, por lo que dicha información resultaba relevante y que no se habría dado al no constar en forma expresa; por ende al no ser suficiente no se alcanzó con la finalidad de que el consumidor elija el producto o servicio de acuerdo a sus intereses económicos. NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO:::: Respecto de la graduación de la sanción, el artículo 112° del Código de Protección y Defensa del Consumidor precisa que el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios: “1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción; 2. La 14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probabilidad de detección de la infracción; 3. El daño resultante de la infracción; 4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado; 5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; 6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.”; en tal virtud la entidad al determinar la sanción tendrá en cuenta los criterios que se adecuen al caso concreto, mas no se requiere de un análisis de todos en forma copulativa. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Se advierte de la lectura de la resolución impugnada que la autoridad administrativa en el numeral setenta y ocho para aplicar la sanción evalúa el daño resultante y el impacto negativo que produce la conducta infractora en el mercado; por lo que contendría una fundamentación mínima suficiente. UUUUNNNNDDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Con relación a la medida correctiva impuesta consistente en devolver a la señora Soto el íntegro del dinero en efectivo dispuesta 15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO por el señor Soto con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece: “Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente: (…) 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.” 16 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO “El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por la relación de causa–efecto (…)” (Héctor Patino, Ponencia en el IV Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo: “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración” DDDDUUUUOOOODDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO: En el caso de autos se aprecia que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco; sino mas bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidió apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho; motivando que lo denunciara penalmente; por lo que la medida correctiva acotada, al parecer, no tendría el carácter reparador en los 17 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar solicitada en este extremo por discutible y que se hará durante el proceso judicial principal. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO: El Peligro en la demora se presenta cuando por el transcurso de tiempo la sentencia podría volverse inejecutable o por cualquier otra razón justificable. Marianella Ledesma citando a Liebman, explica:“Para invocar el peligro, basta señalar -dice Liebmadl6)- un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma, esto implica que el peligro en la demora.(periculum in mora) habrá de ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia; de ahí que la medida cautelar no solo busque garantizar sino anticipar los efectos de dicho fallo.” (Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo III, Pag. 29). 18 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: El solicitante manifiesta que la necesidad urgente y el peligro que supone la duración del trámite del proceso principal radica en que el Indecopi como la señora Soto - invocando la presunción de validez de la resolución - pueden disponer la ejecución inmediata de la misma, lo que les generaría un perjuicio a sus intereses patrimoniales. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: El artículo 192° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General dice: “Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley” y el artículo 216°: “216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”, y así mismo el artículo 25° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo: “La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.” (El subrayado es nuestro); que por Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI, se declaró la nulidad 19 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO parcial de las Resoluciones 1, 51-2014/INDECOPI-PUN y 0024- 2015/CPC-INDECOPI-PUN; y, en vía de integración, se ampara la denuncia interpuesta por la señora Margarita Soto Chata y se ordena al Banco de Crédito del Perú, como medida correctiva, que en el plazo de cinco (05) días hábiles, después de notificada cumpla con “devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesta por el señor Héctor Hugo Soto Chaiña”; acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admita a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: En cuanto a la adecuación de la medida, Guido Castro Muelle citando a Priori Pozada señala:“(…) consistente en la congruencia y proporcionalidad que debe existir entre el pedido cautelar y la situación jurídica o fáctica que es objeto de aseguración. Para Priori Pozada (…), una correcta evaluación en torno a la adecuación garantiza dos cosas: (i) que quien pretende algo en el proceso obtenga aquel medio que requiere para garantizar realmente su pretensión; y, (ii) que el demandado no sufra en magnitud mayor a lo necesario para lograr la finalidad de las medias cautelares. Con ello se evita 20 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO simultáneamente la desprotección del pretendiente y el abuso contra el afectado” (http://www.monografias.com/trabajos60/introduccion-tutelacautelarintroduccion-tutela cautelar2.shtml) (El subrayado es nuestro) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: El pedido cautelar tiene por objeto suspender la ejecución de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI por lo que resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite; y además su concesión no afecta el interés público, ni a terceros; encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionabilidad entre el interés público y el de la parte solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: El artículo 613° del Código Procesal Civil modificada por el artículo único de la Ley Nº 29384, preceptúa: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar (…).”; en tal sentido se varía 21 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO la Contracautela de naturaleza personal - Caución Juratoria ofrecida por la de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000) con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar su admisión, de ser el caso. Habiéndose verificado la existencia de la verosimilitud del derecho invocado en parte, así como el peligro en la demora y demás requisitos, SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE:::: 1. CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR EEEENNNN PPPPAAAARRRRTTTTEEEE LLLLAAAA MMMMEEEEDDDDIIIIDDDDAAAA CCCCAAAAUUUUTTTTEEEELLLLAAAARRRR DDDDEEEE NNNNOOOO IIIINNNNNNNNOOOOVVVVAAAARRRR solicitada por el BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... y se OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAA al IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMNNNNPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL----IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDEEEERRRR los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo tercero que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Hugo Soto Chata con 22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y RRRREEEECCCCHHHHAAAAZZZZAAAARRRR en lo demás. 2. Aceptar la contracautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000), la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, bbbbaaaajjjjoooo aaaappppeeeerrrrcccciiiibbbbiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee ddddeeeejjjjaaaarrrrsssseeee ssssiiiinnnn eeeeffffeeeeccccttttoooo llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee mmmmeeeeddddiiiiddddaaaa ccccaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr oooottttoooorrrrggggaaaaddddaaaa; SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDIIIIÉÉÉÉNNNNDDDDOOOOSSSSEEEE su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE aaaallll ssssoooolllliiiicccciiiittttaaaannnntttteeee....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa,,,, en cumplimiento de mis funciones le informo que la presente medida cautelar no se dio cuenta oportunamente debido a que las solicitudes cautelares han ingresado en elevado número los últimos meses; no obstante, estar encargado de otras funciones que demandan sean resueltas en el más breve lapso de tiempo. Lo que informo a Usted para los fines pertinentes.- Lima, 30 de septiembre de 2016. EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11112222444433330000----2222000011115555----CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr 11113333 DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSEEEEIIIISSSS Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA EEEENNNN LLLLAAAA FFFFEEEECCCCHHHHAAAA: a los escritos de fechas de diecisiete de marzo y del primero de abril del año en curso; presentados por el Indecopi y Banco de Crédito del Perú respectivamente, téngase por absuelto el traslado conferido por resolución número cuatro en los términos que se exponen; y, AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: 1 PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: El segundo y tercer párrafo del artículo 637° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria dispone que:“Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar.(El subrayado es nuestro) La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo”, en ese sentido, lo que se pretende con dicho acto procesal es generar la posibilidad del contradictorio en un proceso cautelar, permitiendo al afectado con la medida cautelar ejercer su derecho de defensa. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Con escrito del doce de febrero del dos mil dieciséis, el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII formula OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN solicitando se deje sin efecto la Resolución Número UNO que concede la medida cautelar; a favor de Coesti S.A., por los siguientes fundamentos: (cid:1) El juzgado ha violentado su derecho al debido proceso, en tanto que la resolución numero uno emitida por este, adolece de un 2 grueso error de fundamentación, careciendo de la motivación adecuada, la cuales requisito obligatorio en toda decisión jurisdiccional (cid:1) Resulta evidente que el dinero de la consumidora lo retiro otra persona y no la denunciante, sin embargo lo que se discute en el proceso es la diligencia o no que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si brindo a esta información y riesgos que presentaba el producto ofrecido. (cid:1) En relación a las medidas correctivas reparadoras debemos de mencionar que estas no tienen naturaleza indemnizatorias y que la ordenada por el Indecopi a través de la resolución 3122-2013- SPC/INDECOPI tampoco la tiene, como erróneamente lo ha interpretado el juzgado. (cid:1) Se debe tener en cuenta la naturaleza de las infracciones administrativas en materia de protección al consumidor en tal sentido, en un anterior pronunciamiento el Tribunal del Indecopi ha señalado que a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos administrativos donde el tipo infractor comprende un deber que no 3 se vincula a la expectativa o interés de otros administrados sino al mero cumplimiento de una conducta debida, las normas de protección al consumidor tutelan el derecho de los consumidores imponiendo sanciones a quienes afecten las expectativamente legítimamente generadas en ellos. Lo anterior es discutible en el caso de de infracciones al deber de idoneidad, supuesto en el que se presentan numerosas solicitudes de medidas correctivas. (cid:1) Que de acuerdo con el artículo 114° del Código, las medidas correctivas constituyen mandatos que tienen por finalidad corregir, de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación proceda únicamente cuando sea posible revertir dichos efectos. Cabe agregar que la inobservancia de la medida correctiva ordenada faculta a la autoridad administrativa a imponer una multa que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta su total cumplimiento. (cid:1) Si bien la señora Soto solicito se le conceda una indemnización por los daños y perjuicios que la conducta del Banco le habría ocasionado, el Tribunal del Indecopi consideró necesario precisar 4 que la autoridad administrativa no se encontraba facultada para determinar u ordenar el pago de indemnizaciones, toda vez que dicha competencia ha sido legalmente atribuida exclusivamente al poder judicial. (cid:1) El Tribunal de Indecopi determino que habiéndose acreditado que el Banco no realizo el previo y adecuado traslado de información a la consumidora sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros 40523157689092, en virtud de lo cual resultaban invalidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor soto con cargo a la misma, determino que se debía proceder con la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones, disposición que demostraba la corrección de los efectos negativos desplegados en razón al comportamiento ilícito verificado, procediendo a ordenar como medida correctiva reparadora la devolución de dichos fondos. (cid:1) Podrán observar de una lectura de la resolución numero uno que esta no ha explicado de forma clara y precisa los motivos que la llevaron a tomar la decisión que ahora cuestionamos, no habiendo explicado porque se sustenta la apariencia del derecho y el peligro 5 en la demora, presupuestos que deben existir para la procedencia de toda medida cautelar, los mismos que a todas luces no existen en el presente proceso, lo cual vulnera nuestro derecho a obtener una resolución debidamente motivada. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: La solicitante mediante escrito del primero de abril del dos mil dieciséis, absuelve el traslado de la medida cautelar aduciendo: (cid:1) Como es evidente, este recurso ha sido presentado por el Indecopi por dos (02) razones: (i) un desconocimiento de lo establecido en nuestro ordenamiento Procesal, principalmente, del artículo 637° del Código Procesal Civil que establece claramente que es parte afectada la que puede interponer el recurso de oposición; y, (ii) un ilegal y grosero interés dilatorio, empleado para vulnerar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque se intenta recortar su derecho a solicitar que se suspendan los efectos de la resolución que está siendo cuestionada en sede judicial, a efectos que cuando el juzgado emita la decisión final, la misma no sea ilusoria e inejecutable. 6 (cid:1) El Indecopi señala que la Resolución que concedió la medida cautelar no se encuentra motivada (falta de motivación) en tanto no se sustenta –supuestamente- la existencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; en primer lugar debemos poner en conocimiento que existe una grosera contradicción en los argumentos que sustentan la oposición formulada por el Indecopi, pues por un lado señalan que la resolución numero tres no se encuentra motivada y luego señalan que si se realizo un análisis para conceder la medida cautelar, tal como así lo señalaron en su oposición en el numeral I.1; sin embargo, posteriormente, en los numerales 15 y 16 establece que si se sustento la decisión y se realizo análisis para conceder la medida cautelar. (cid:1) En el presente caso el Indecopi al imponerle correctiva la medida correctiva se ha apartado de lo que la propia entidad señala en los referidos numerales, lo cual será materia de análisis al momento de emitir sentencia, cabe señalar que el desarrollo de dichos argumentos de ninguna manera acredita que en el presente caso se ha configurado un supuesto de falta de motivación, sino el criterio de dicha entidad. 7 (cid:1) En su caso la medida corrcetiva impuesta no se relaciona directamente con los hechos del caso, por lo que considera importante manifestar que ha sido el propio Indecopi el que ha manifestado que su empresa supuestamente habría vulnerado el deber de idoneidad al haber realizado una supuesta indebida apertura de cuenta por haber transmitido una inadecuada información. Por lo que corresponde la pregunta ¿la consecuencia directa de haber transmitido una inadecuada información es devolverle más de un millón de soles a una persona? La respuesta es evidente no. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, la institución cautelar está dirigida a la protección del interés privado del solicitante, como del interés público que requiere que los fallos sean cumplidos y reciban efectivo acatamiento; por lo que debe tenerse en cuenta que la admisión de una medida cautelar dependerá de la observancia de los requisitos de apariencia o verosimilitud del derecho (fomus bonis iuris), del peligro en la demora (periculum in mora), de la adecuación de la medida y de la contracautela. 8 QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: Que, asimismo se tiene que el pedido de medida cautelar de no innovar concedida a favor del accionante, se encuentra contemplado en el Artículo 687° del Código Procesal Civil, el que establece que “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho presentada al momento de admisión de la demanda, en relación a personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que sólo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley”; SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO: Respecto del requisito de verosimilitud, se debe señalar en primer término que debe dejarse plenamente claro, que cuando se evalúa las decisiones de una entidad administrativa, debe analizarse el conjunto de sus acciones con el objeto de que al evaluar los correctivos o sanciones, estos estuvieron de acuerdo a ley; así como, a los principios jurídicos de los cuales se sustenta; vale decir, con relación al caso que nos avoca la entidad administrativa no puede pretender evaluar la conducta de la entidad bancaria y calificarla como inadecuada si, a la par presumiblemente de los documentos acompañados a la solicitud cautelar, prima facie se advertiría que el perjuicio económico ocasionado (retiro de los importes a la cuenta de ahorros) se realizo de manera indirecta por el 9 sobrino de la propia denunciante; del mismo modo, también es importante traer a colación que la denunciante manifestaba la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización, no siendo ello así según el Banco; en consecuencia, de lo brevemente descrito, resulta que para decidir sobre el fondo materia de litis este deberá será revisado y substanciado en el expediente principal, el cual recogerá los alegatos y los medios probatorios recogidos de ambas partes a efectos de amparar o no la demanda; siendo esto así, no se desvirtúa por el momento la verosimilitud. SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: Que, debe precisarse que el peligro en la demora, requisito de toda medida cautelar, es el que señala la justificación de la existencia de la medida cautelar; con ello se evita que el pronunciamiento judicial en caso de favorecer al accionante llegue demasiado tarde y no pueda evitarse los consecuentes daños irreparables; en ese sentido, teniendo en cuenta que toda medida cautelar es una providencia jurisdiccional de carácter preventivo o precautorio, mediante la cual se pretende evitar que los derechos e intereses cuya tutela o protección se pretende cautelar, puedan verse lesionados por la larga duración del proceso principal, como se daria en el presente caso conforme se aprecia de la resolución N° 10 3122-2015/SPC-INDECOPI de fecha cinco de octubre de dos mil cinco, cuyos efectos solicita suspender el recurrente a través de la solicitud cautelar, puesto que se ha ordenado “como medida correctiva (…) y, (iii) devolver a la señora Margarita Soto Chata el integro de del dinero en efectivo indebidamente dispuestas por el señor Hugo Soto Chaña con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; lo expuesto precedentemente, denota la urgencia del peligro en la demora por cuanto de ejecutarse la medida correctiva mediante la resolución impugnada en los autos principales durante el trámite del proceso, la sentencia a dictarse en caso de ser favorable para el demandante sería meramente declarativa al haberse efectivizado la medida correctiva impuesta. OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Que, en consecuencia subsistiendo las razones por las que se concedió la medida cautelar por existencia de verosimilitud en la pretensión, como peligro en la demora, se debe declarar infundada la oposición formulada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Por tanto: 11 Se resuelve declarar IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA LLLLAAAA OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN planteada por el IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL ---- IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII contra la Resolución tres que concede la MMMMeeeeddddiiiiddddaaaa CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr ddddeeee IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaarrrr.... AAAAvvvvooooccccáááánnnnddddoooosssseeee aaaallll pppprrrroooocccceeeessssoooo llllaaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa qqqquuuueeee ssssuuuussssccccrrrriiiibbbbeeee ppppoooorrrr ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr.... NNNNoooottttiiiiffffííííqqqquuuueeeesssseeee....---- 12
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico EXPEDIENTE : 12430-2015-Cautelar 13 DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO UUUUNNNNOOOO Lima, siete de enero del dos mil dieciséis DDDDAAAADDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; estando a que la presente medida reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 38° del Decreto Supremo 013-2008-JUS del TUO de la Ley que Regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, artículos 610° y 640° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, se tiene, AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Que, la medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento, 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. Para acceder a este instituto debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584-Ley que regula el Proceso Administrativo: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. 2.Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión. Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar.” y el artículo 611° del Código Procesal que prescribe: “El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.” 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. solicita la medida cautelar de no innovar a fin de que se suspendan los efectos de la Resolución número 3122-2015/SPC-INDECOPI del cinco de octubre del dos mil quince, así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto dar cumplimiento y/o proceder a ejecutarla. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: Sustenta la VEROSIMILITUD DEL DERECHO argumentando: • El Banco de Crédito ha prestado un servicio idóneo y a cumplido con brindar toda la información referida a la cuenta mancomunada indistinta elegida por la señora Soto. • La resolución impugnada contiene motivación defectuosa y no ha valorado conjuntamente todos los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento administrativo; se les imputó un tipo de infracción pero se les sancionó por otro; y los argumentos expuestos no encuentran respaldo en los medios 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probatorios aportados y omitió la Sala su deber de probanza respecto de los cargos imputados. • El Banco no le solicitó un representante, lo que le pidió, dada su condición de iletrada que contara con un testigo a ruego para que pueda abrir la cuenta bancaria de su elección; por lo que no tuvo porque llamar a su sobrino. • Tenía conocimiento que la cuenta era de naturaleza mancomunada indistinta, puesto que los formularios así lo establecían, haciéndose incluso entrega de una tarjeta de débito para cada uno de los cotitulares; que siempre fue intención de la señora soto abrir una cuenta con esas características, al ajustarse a sus intereses; debido que por su avanzada edad (80 años) y su condición de iletrada sería incómodo que para cada movimiento bancario necesite de un testigo a ruego. • El sobrino realizó diversos movimientos bancarios como co- titular teniendo conocimiento de ello la señora Soto, prueba de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ello es la constancia de transferencia del veinticinco de agosto del dos mil doce que se entrega en la ventanilla al momento de la operación. Y la carta notarial del veintisiete de agosto del dos mil trece enviada al mismo en el cual se consigna como asunto el requerimiento para que le informe documentadamente de los dineros confiados a usted. Y la del veintitrés de setiembre del dos mil trece, precisando que se había aperturado la cuenta a nombre de ambos y que había retirado dinero sin su autorización pidiendo la devolución; que como puede sostener que desconocía la naturaleza y particulares de la cuenta mancomunada indistinta si expresamente reconoce que su sobrino realizaba los movimiento sin su participación debido a la confianza que había depositado en él. • El Banco cumplió con otorgarle el producto que requería, así como informarle sobre sus alcances; y conforme a su política de seguridad le indicaron que debía participar un testigo a ruego, el cual fue elegido por la propia señora Soto, pues dicha persona 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ya había actuado como tal en la transacción extrajudicial con la Asociación Pro Vivienda Brisas del Lago-Arapa • Con la presencia del Señor Roque la entidad financiera procedió a informarle tanto a la Señora Soto como a su sobrino los alcances y condiciones de la cuenta de ahorros mancomunada a firma conjunta, reafirmándose dichas personas en la apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta, según se acredita con la suscripción del formulario de apertura de cuentas; colocando su huella la aludida señora y firmando el formulario el testigo a ruego y sobrino. • En consecuencia, si la voluntad de la señora soto no hubiera sido abrir una cuenta mancomunada indistinta, ello debió ser advertido por su testigo a ruego, quien lejos de formular reclamo u observación alguna suscribió el formulario y los documentos anexos correspondientes, es mas de haber existido duda pudo rechazar la entrega de dos tarjetas de débito. 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO • La única explicación encontrada en la interposición de la denuncia en nuestra contra, es que esta responde a la negativa o imposibilidad del sobrino de la citada señora para devolver el dinero retirado y por ello a través de una denuncia tendenciosa y maliciosa se pretende que el Banco recurrente asuma la ¿“devolución”?. • Sobre la medida correctiva no puede sostenerse seriamente que frente a la conducta infractora la corrección consista en entregar al denunciante el dinero del que se dispuso en su momento un tercero, menos aún cuando la actuación de este tercero está siendo discutida en un proceso penal iniciado por la señora Soto contra su sobrino por el delito de apropiación ilícita ante la Primera Fiscalía Corporativa de Juliaca, en todo caso, si la presunta infracción cometida por el BCP consiste en la apertura indebida de una cuenta, la corrección de los efectos inmediatos y directos de dicha conducta pasa simplemente por cerrar dicha cuenta y, en todo caso, abrir una nueva sin costo 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO alguno para el consumidor afectado y en caso se determine que el sobrino cometió una infracción o delito, corresponderá también que se le exija la devolución del dinero tal como lo dispuso la fiscalía correspondiente. • Atendiendo a la seriedad y profesionalismo del Juzgado no se dejara pasar la oportunidad de realizar lo que la Sala del Indecopi omitió groseramente y, en consecuencia conforme a lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, dispondrá que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Juliaca le remita copia de los actuados del proceso penal antes mencionado. • La medida posee una naturaleza indemnizatoria, que la Sala actúa arbitrariamente al imponer una indebida indemnización de modo encubierta. • La Sala de Indecopi determinó imponer al Banco la sanción de diez UIT sin fundamentar los criterios de graduación de las sanciones administrativas, siendo que en un solo párrafo de la 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO resolución de manera vaga, imprecisa y genérica se fundamento la multa impuesta. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, uno de los presupuestos de toda medida cautelar es demostrar la verosimilitud del derecho invocado o conocido también como fumus boni iuris,,,, previsto en el artículo 39º del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y en el artículo 611º del Código Procesal Civil, que se determina con el cálculo de probabilidades de que la pretensión contenida en la demanda será resuelta de manera favorable al solicitante, lo que implica la necesidad de que se argumente y facilite el material probatorio que lleve al convencimiento del juzgador en una revisión sumaria. QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: Fluye de lo expuesto en la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI que la señora Soto reiteró en su recurso de apelación que el Banco no cumplió con informarle previa y debidamente sobre las 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO condiciones aplicables al tipo de Cuenta de Ahorros 40523157689092, debiendo adoptar garantías que preservaran su derecho de información ( párrafo 36); concluyendo la Sala “que de la lectura de los documentos que tramitaron dicha apertura no se evidencia el efectivo traslado de las condiciones contractuales invocadas por el proveedor para sustentar los alcances de la mancomunidad indistinta alegada, en atención a las que se facultaba a cualquiera de sus titulares a disponer - en forma independiente – de los fondos depositados en tal producto, es decir sin requerir la previa autorización ni consentimiento de los demás cotitulares para tales efectos. Precisamente, aún cuando obra en el expediente copia del documento denominado “Condiciones Generales de la Cuentas y Servicios del Banco, de su revisión tampoco se aprecia el efectivo traslado de información relevante sobre los términos en que se regulaba la administración de la cuenta mancomunada indistinta atribuida a la consumidora” (Párrafo 53) 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: El Código de Protección de Defensa al Consumidor, Ley N° 29571 establece: ““““AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo 1111....----DDDDeeeerrrreeeecccchhhhoooossss ddddeeee lllloooossss CCCCoooonnnnssssuuuummmmiiiiddddoooorrrreeeessss 1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.” Artículo 18.- Idoneidad Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. […] 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Artículo 19.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. (la negrita es nuestra) SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO:::: De un análisis preliminar de los anexos acompañados a la solicitud cautelar se advierte la señora Soto autorizó la apertura de una cuenta mancomunada incluyendo a su sobrino Héctor Soto; no obstante del tenor de las cartas notariales de fechas veintisiete de agosto y veintitrés de setiembre del dos mil trece presentadas con la denuncia y que el Banco considera debieron también ser valoradas en forma conjunta, se aprecia que actúa en la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización; y no que su real voluntad y consentimiento habría sido que la cuenta tenga la naturaleza de mancomunada indistinta. 13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Por otro lado, si bien es cierto de la lectura del formulario de apertura de cuentas (Anexo 1F) suscrita por el testigo a ruego, dada la condición de iletrada de la consumidora, aparece que se trata de una cuenta “Mancomunada Indistinta”; también es verdad que no consta en su texto ni en las “Cláusulas Generales de las Cuentas y Servicios del Banco”; en qué consiste dicha modalidad; toda vez que difiere sustancialmente de la mancomunada conjunta, puesto que en la primera para retirar los fondos no se requiere de autorización del titular, por lo que dicha información resultaba relevante y que no se habría dado al no constar en forma expresa; por ende al no ser suficiente no se alcanzó con la finalidad de que el consumidor elija el producto o servicio de acuerdo a sus intereses económicos. NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO:::: Respecto de la graduación de la sanción, el artículo 112° del Código de Protección y Defensa del Consumidor precisa que el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios: “1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción; 2. La 14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probabilidad de detección de la infracción; 3. El daño resultante de la infracción; 4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado; 5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; 6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.”; en tal virtud la entidad al determinar la sanción tendrá en cuenta los criterios que se adecuen al caso concreto, mas no se requiere de un análisis de todos en forma copulativa. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Se advierte de la lectura de la resolución impugnada que la autoridad administrativa en el numeral setenta y ocho para aplicar la sanción evalúa el daño resultante y el impacto negativo que produce la conducta infractora en el mercado; por lo que contendría una fundamentación mínima suficiente. UUUUNNNNDDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Con relación a la medida correctiva impuesta consistente en devolver a la señora Soto el íntegro del dinero en efectivo dispuesta 15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO por el señor Soto con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece: “Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente: (…) 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.” 16 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO “El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por la relación de causa–efecto (…)” (Héctor Patino, Ponencia en el IV Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo: “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración” DDDDUUUUOOOODDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO: En el caso de autos se aprecia que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco; sino mas bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidió apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho; motivando que lo denunciara penalmente; por lo que la medida correctiva acotada, al parecer, no tendría el carácter reparador en los 17 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar solicitada en este extremo por discutible y que se hará durante el proceso judicial principal. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO: El Peligro en la demora se presenta cuando por el transcurso de tiempo la sentencia podría volverse inejecutable o por cualquier otra razón justificable. Marianella Ledesma citando a Liebman, explica:“Para invocar el peligro, basta señalar -dice Liebmadl6)- un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma, esto implica que el peligro en la demora.(periculum in mora) habrá de ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia; de ahí que la medida cautelar no solo busque garantizar sino anticipar los efectos de dicho fallo.” (Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo III, Pag. 29). 18 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: El solicitante manifiesta que la necesidad urgente y el peligro que supone la duración del trámite del proceso principal radica en que el Indecopi como la señora Soto - invocando la presunción de validez de la resolución - pueden disponer la ejecución inmediata de la misma, lo que les generaría un perjuicio a sus intereses patrimoniales. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: El artículo 192° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General dice: “Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley” y el artículo 216°: “216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”, y así mismo el artículo 25° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo: “La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.” (El subrayado es nuestro); que por Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI, se declaró la nulidad 19 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO parcial de las Resoluciones 1, 51-2014/INDECOPI-PUN y 0024- 2015/CPC-INDECOPI-PUN; y, en vía de integración, se ampara la denuncia interpuesta por la señora Margarita Soto Chata y se ordena al Banco de Crédito del Perú, como medida correctiva, que en el plazo de cinco (05) días hábiles, después de notificada cumpla con “devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesta por el señor Héctor Hugo Soto Chaiña”; acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admita a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: En cuanto a la adecuación de la medida, Guido Castro Muelle citando a Priori Pozada señala:“(…) consistente en la congruencia y proporcionalidad que debe existir entre el pedido cautelar y la situación jurídica o fáctica que es objeto de aseguración. Para Priori Pozada (…), una correcta evaluación en torno a la adecuación garantiza dos cosas: (i) que quien pretende algo en el proceso obtenga aquel medio que requiere para garantizar realmente su pretensión; y, (ii) que el demandado no sufra en magnitud mayor a lo necesario para lograr la finalidad de las medias cautelares. Con ello se evita 20 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO simultáneamente la desprotección del pretendiente y el abuso contra el afectado” (http://www.monografias.com/trabajos60/introduccion-tutelacautelarintroduccion-tutela cautelar2.shtml) (El subrayado es nuestro) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: El pedido cautelar tiene por objeto suspender la ejecución de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI por lo que resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite; y además su concesión no afecta el interés público, ni a terceros; encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionabilidad entre el interés público y el de la parte solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: El artículo 613° del Código Procesal Civil modificada por el artículo único de la Ley Nº 29384, preceptúa: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar (…).”; en tal sentido se varía 21 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO la Contracautela de naturaleza personal - Caución Juratoria ofrecida por la de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000) con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar su admisión, de ser el caso. Habiéndose verificado la existencia de la verosimilitud del derecho invocado en parte, así como el peligro en la demora y demás requisitos, SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE:::: 1. CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR EEEENNNN PPPPAAAARRRRTTTTEEEE LLLLAAAA MMMMEEEEDDDDIIIIDDDDAAAA CCCCAAAAUUUUTTTTEEEELLLLAAAARRRR DDDDEEEE NNNNOOOO IIIINNNNNNNNOOOOVVVVAAAARRRR solicitada por el BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... y se OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAA al IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMNNNNPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL----IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDEEEERRRR los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo tercero que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Hugo Soto Chata con 22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y RRRREEEECCCCHHHHAAAAZZZZAAAARRRR en lo demás. 2. Aceptar la contracautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000), la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, bbbbaaaajjjjoooo aaaappppeeeerrrrcccciiiibbbbiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee ddddeeeejjjjaaaarrrrsssseeee ssssiiiinnnn eeeeffffeeeeccccttttoooo llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee mmmmeeeeddddiiiiddddaaaa ccccaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr oooottttoooorrrrggggaaaaddddaaaa; SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDIIIIÉÉÉÉNNNNDDDDOOOOSSSSEEEE su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE aaaallll ssssoooolllliiiicccciiiittttaaaannnntttteeee....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12430-2015-75 Medida Cautelar SS. TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO NUÑEZ RIVA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS Lima, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- Autos y Vistos, interviniendo como Jueza Superior ponente la señora Dávila Broncano; viene en grado de apelación, la resolución número 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida; y, Atendiendo: PRIMERO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 188 a 257, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A., solicita fuera de proceso se le conceda una MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR para que se suspendan todos los efectos de la Resolución N° 3122- 2015/SPC-CPC de fecha 05.10.2015 que declaró nula la Resolución N° 24- 2015/CPC-INDECOPI-PUN y en vía de integración declaró fundada la denuncia interpuesta por Margarita Soto Chata en el procedimiento sancionador seguido por una supuesta y negada infracción a los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber acreditado supuestamente la indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la señora Soto, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el Señor Héctor Hugo Soto Chaiña con cargo a la misma; así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 dar cumplimiento y/o proceder a ejecutar la Resolución N° 3122- 2015/SPC-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2015. SEGUNDO: Mediante resolución N° 1 de fecha 07 de enero de 2016, obrante a fojas 259-289, se resolvió conceder en parte la medida cautelar de no innovar (sic) solicitada y se ordena al Indecopi suspender los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo 3° que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Soto Chata con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y rechaza en lo demás; se acepta como contra cautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL SOLES, la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, suspendiéndose su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Sustenta ello en que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco, sino más bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidido apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho , motivando que lo denunciara penalmente, por lo que la medida correctiva acotada, al parecer no tendría el carácter reparador en los términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar en este extremo por ser discutible y que se hará durante el proceso judicial principal; en cuanto al peligro en la demora, señala que se trata de un acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admite a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. Respecto a la adecuación de la medida, resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite y su concesión no afecta el interés público, ni a terceros, encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionalidad entre el interés público y el de la parte solicitante. A folios 284, obra copia certificada de la Carta Fianza N° 0001-2016 de fecha 13 de enero de 2016 con vigencia al 13 de enero de 2017 TERCERO: El INDECOPI, formula OPOSICIÓN a la medida cautelar, de acuerdo a los fundamentos que expone en su escrito de fojas 315 a 329, señalando: 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. - Las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. CUARTO: Mediante resolución número 6, de fecha 30 de setiembre de 2016, obrante de fojas 370 a 381, la A quo resuelve declarar infundada la oposición, ratificando su posición. El INDECOPI interpone recurso de apelación conforme a lo expuesto en su escrito de fojas 390 a 399, indica que la verosimilitud del derecho no existe, toda vez que la medida correctiva ordenada se ajustó a lo que prescribe la norma; se discute en el proceso la diligencia que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si le brindó toda la información y riesgos que presentada el producto ofrecido. QUINTO: El artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, prescribe: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley.” En esta misma línea el artículo 40° de esta misma norma estipula que: “Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar.” Así en relación a la medida cautelar de no innovar el artículo 687° del Código Procesal Civil, señala: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley. " SEXTO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584, concordante con el artículo 611° del Código Procesal Civil, la medida cautelar en el proceso contencioso administrativo por su naturaleza, para su 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 concesión, requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La verosimilitud o apariencia del derecho invocado, lo que en doctrina se conoce como Fumus boni iuris; es decir, la razonable probabilidad de que el derecho que se reclama, en principio, existe; b) La necesidad de evacuar la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y, c) La adecuación de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión1. SETIMO: Al respecto, de los argumentos de la solicitud cautelar, fluye que los argumentos esgrimidos por la recurrente, respecto al extremo concedido, se centran en señalar que: Sobre la verosimilitud del derecho: - No obstante que el Banco prestó un servicio idóneo a la Señora Soto, ha ordenado el cumplimiento de medidas correctivas. - La medida cautelar impuesta por la Sala es nula de pleno derecho al contravenir el ordenamiento jurídico (expresamente el artículo 115° del Código de Consumo) vulnera el Principio de Razonabilidad y adolece de defectos de imprecisión en el objeto y motivación insuficiente. - Se busca “corregir” consecuencias patrimoniales, pese a que éstas no son directa ni inmediatamente atribuibles a la presunta infracción y posee indebidamente una naturaleza indemnizatoria. - La entrega del dinero ordenada por la Sala, corrige una consecuencia inmediata y directamente vinculada a un hecho particular: el retiro del dinero por parte del sobrino de la señora Soto. - La conducta imputada al BCP (indebida apertura de la cuenta) no ha tenido como consecuencia directa e inmediata la desposesión de dinero en perjuicio de la señora Soto. - Aún cuando se trátese de una medida correctiva contraviene el principio de razonabilidad, no es idónea para los fines que persigue, resulta desproporcional y la opción más gravosa. En cuanto al peligro en la demora, señalan: 1En lo atingente al requisito de ADECUACIÓN, se exige que la medida solicitada satisfaga los principios de mínima injerencia [el cual implica que el juez al momento de otorgar una medida cautelar, debe otorgar aquella medida que afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma], y de irreparabilidad (también conocido como característica de contingencia) [que establece que el juez deberá atender a que la medida no ocasione un perjuicio irreparable sobre los intereses de la parte demandante]1. Asimismo, que EXISTA UNA RELACIÓN DE COHERENCIA Y ADECUACIÓN ENTRE AQUELLO QUE ES OBJETO DE ASEGURAMIENTO Y LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA; o tal como lo señala JORGE FÁBREGA: “debe pues existir una correspondencia entre la medida cautelar y el objeto del proceso”. (FÁBREGA, Jorge. Medidas Cautelares. Ediciones Gustavo Ibáñez, santa Fe de Bogotá, 1998, p. 42.) 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Que el peligro en la demora lo constituye el inminente perjuicio irreparable que causaría la ejecución de la resolución impugnada que pretende obligar al pago de una multa de 10UT y a la entrega de S/. 1’450,000.00 a la señora Soto en calidad de “medida correctiva”, quien no cuenta con bienes que puedan garantizar la devolución del monto ordenado cuando se declare fundada la demanda. Adecuación: En cuanto a la adecuación, señalan que existe una perfecta relación de coherencia (adecuación) entre lo pedido en la cautelar y lo que se pretende en el proceso principal. Es evidente que frente a una medida tan gravosa como la impuesta por la Sala que lesiona su derecho constitucionalmente protegido a la protección del patrimonio, resulta razonable y adecuado para suspender sus efectos que se conceda una medida cautelar innovativa como la solicitada. Contra cautela, ofrecen una personal, la caución juratoria. OCTAVO: En este sentido, a efecto de analizar la verosimilitud del derecho invocado; debemos señalar previamente que el requisito en mención debe ser evaluado bajo la óptica del principio de presunción de legalidad del acto administrativo estipulado en el artículo 9° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; y teniendo en cuenta que- tal como lo señala Monroy Palacios- la verosimilitud o apariencia de fundabilidad requiere que el peticionante demuestre al Juez que la pretensión principal que se intenta garantizar “tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la sentencia.”2. En tal sentido, y estando a lo reseñado en el considerando precedente, de la revisión del cuaderno cautelar, advertimos de la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI del 05 de octubre de 2015, en su punto 26 que se admitió a trámite la denuncia de la señora Soto, imputando al Banco la presunta comisión de las siguientes conductas infractoras de los artículos 18° y 19° del Código: (i) haber permitido que el señor Héctor Hugo Soto Chaiña reitere de la cuenta de ahorros N° 405-23157689-0-92 la suma de S/, 1 450 000,00 (…) sin previa autorización de la señora Margarita Soto Chata (...) y (ii) no habría transmitido la información de manera idónea a su usuaria; conductas que la Sala considera que deben ser valoradas en forma conjunta. Finalmente, se declara fundada la denuncia por infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado la 2 MONROY PALACIOS, Juan; “Bases para la formación de una Teoría Cautelar”. Comunidad, Lima-2002, pág. 170. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la denunciante, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el señor Soto con cargo a la misma. Señala además que se advierte (punto 51 de la resolución en mención) que el Banco no cumplió con actuar bajo la diligencia debida esperada frente a la condición de iletrada de la señora Soto, situación que exigía una mayor diligencia por parte del Banco en el ofrecimiento y consiguiente otorgamiento de un producto financiero. Asimismo, en lo que se refiere a las medidas correctivas, indica que éstas tienen por finalidad corregir de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación sólo procede cuando sea posible revertir los mismos. De tal manera que al no haberse realizado el previo y adecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros, en virtud de lo cual resultaban inválidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor Soto con cargo a la misma, la Sala estima que procurar la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones resulta pertinente para demostrar la corrección de los efectos negativos. NOVENO: Así, conforme a nuestra legislación, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI no es competente para ordenar indemnizaciones, pues ello corresponde ser solicitado en la vía judicial o arbitral correspondiente. Las medidas correctivas reparadoras que se dispongan no tendrán naturaleza indemnizatoria. Con dichas medidas se persigue resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción, buscando corregir la conducta infractora. DÉCIMO: Ahora bien, Indecopi señala como agravio que existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. Al respecto, se tiene que el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan la modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 activa), o dejar incontestadas las pretensiones, “y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.”3 Sobre ello, de la lectura de la resolución impugnada en esta vía, se aprecia que la Aquo se ha pronunciado en el extremo de la suspensión de los efectos de la medida correctiva dirigida a devolver a la señora Soto el integro del dinero efectivo dispuesto por su sobrino, con cargo a la cuenta de ahorros mancomunada que abrieron en la entidad denunciada, a partir de su undécimo considerando. Considerando básicamente que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante aparentemente no sería consecuencia directa e inmediata de la infracción atribuida al banco, sino que sería indirecta, esto es, como consecuencia de un acto realizado por un tercero en quien confió. Lo cual la lleva a concluir, que aparentemente la medida ordenada no tendría carácter reparador, sino indemnizatorio De forma tal, que la Aquo se ha pronunciado motivando adecuadamente su decisión en dicho extremo, conforme a lo peticionado en la solicitud cautelar y lo dispuesto por la autoridad administrativa, en la resolución impugnada en el proceso principal. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al agravio referido a que las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. En cuanto a ello, toda indemnización, debe ser el resultado de un proceso de análisis de los elementos de la responsabilidad civil. De este modo, no hay indemnización si es que no existe un comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), una consecuencia dañosa (patrimonial o no patrimonial), una relación causal y un criterio de imputación que atribuya responsabilidad al demandado. En el presente caso, se aprecia de manera preliminar y somera que la medida correctiva ordenada se deriva del inadecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros; sin embargo las disposiciones de dinero fueron efectuadas por el tercero designado por la misma denunciante; por lo no se trataría del resarcimiento de las 3 STC N° 728-2008/HC. En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 115 del Código de Protección y Defensa al Consumidor. Ello evidencia meridiana verosimilitud del derecho invocado; y, así, poder desvirtuar preliminarmente la presunción de legalidad de la que está investida el acto administrativo objeto de nulidad (artículo 9º de la Ley Nº 27444). DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto al Peligro en la demora, ello resulta evidente, en cuanto efectivamente el acto administrativo emitido conserva su ejecutoriedad y por ello el INDECOPI, se encontraría en su derecho de pretender el cumplimiento de lo establecido en el mismo, esto es un desembolso sin ninguna carga. DÉCIMO TERCERO: La medida solicitada es la adecuada y la Contra cautela dispuesta por la Aquo, consistente en la emisión de una Carta Fianza, la misma que corre en los presentes actuados, va a garantizar el resultado del proceso principal. Parte Resolutiva: Al concurrir en el caso sub-examine la integridad de los requisitos que permitirían el amparo de la pretensión cautelar planteada; y, estando a que el INDECOPI, no ha justificado la oposición formulada contra la medida dictada; precisando que artículo 612º del Código Procesal Civil señala que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. SE RESUELVE: por estos fundamentos CONFIRMAR la resolución N° 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida. En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. contra el INDECOPI; sobre Medida Cautelar de no Innovar.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12430-2015-75 Medida Cautelar SS. TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO NUÑEZ RIVA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS Lima, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- Autos y Vistos, interviniendo como Jueza Superior ponente la señora Dávila Broncano; viene en grado de apelación, la resolución número 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida; y, Atendiendo: PRIMERO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 188 a 257, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A., solicita fuera de proceso se le conceda una MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR para que se suspendan todos los efectos de la Resolución N° 3122- 2015/SPC-CPC de fecha 05.10.2015 que declaró nula la Resolución N° 24- 2015/CPC-INDECOPI-PUN y en vía de integración declaró fundada la denuncia interpuesta por Margarita Soto Chata en el procedimiento sancionador seguido por una supuesta y negada infracción a los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber acreditado supuestamente la indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la señora Soto, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el Señor Héctor Hugo Soto Chaiña con cargo a la misma; así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 dar cumplimiento y/o proceder a ejecutar la Resolución N° 3122- 2015/SPC-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2015. SEGUNDO: Mediante resolución N° 1 de fecha 07 de enero de 2016, obrante a fojas 259-289, se resolvió conceder en parte la medida cautelar de no innovar (sic) solicitada y se ordena al Indecopi suspender los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo 3° que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Soto Chata con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y rechaza en lo demás; se acepta como contra cautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL SOLES, la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, suspendiéndose su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Sustenta ello en que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco, sino más bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidido apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho , motivando que lo denunciara penalmente, por lo que la medida correctiva acotada, al parecer no tendría el carácter reparador en los términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar en este extremo por ser discutible y que se hará durante el proceso judicial principal; en cuanto al peligro en la demora, señala que se trata de un acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admite a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. Respecto a la adecuación de la medida, resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite y su concesión no afecta el interés público, ni a terceros, encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionalidad entre el interés público y el de la parte solicitante. A folios 284, obra copia certificada de la Carta Fianza N° 0001-2016 de fecha 13 de enero de 2016 con vigencia al 13 de enero de 2017 TERCERO: El INDECOPI, formula OPOSICIÓN a la medida cautelar, de acuerdo a los fundamentos que expone en su escrito de fojas 315 a 329, señalando: 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. - Las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. CUARTO: Mediante resolución número 6, de fecha 30 de setiembre de 2016, obrante de fojas 370 a 381, la A quo resuelve declarar infundada la oposición, ratificando su posición. El INDECOPI interpone recurso de apelación conforme a lo expuesto en su escrito de fojas 390 a 399, indica que la verosimilitud del derecho no existe, toda vez que la medida correctiva ordenada se ajustó a lo que prescribe la norma; se discute en el proceso la diligencia que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si le brindó toda la información y riesgos que presentada el producto ofrecido. QUINTO: El artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, prescribe: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley.” En esta misma línea el artículo 40° de esta misma norma estipula que: “Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar.” Así en relación a la medida cautelar de no innovar el artículo 687° del Código Procesal Civil, señala: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley. " SEXTO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584, concordante con el artículo 611° del Código Procesal Civil, la medida cautelar en el proceso contencioso administrativo por su naturaleza, para su 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 concesión, requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La verosimilitud o apariencia del derecho invocado, lo que en doctrina se conoce como Fumus boni iuris; es decir, la razonable probabilidad de que el derecho que se reclama, en principio, existe; b) La necesidad de evacuar la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y, c) La adecuación de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión1. SETIMO: Al respecto, de los argumentos de la solicitud cautelar, fluye que los argumentos esgrimidos por la recurrente, respecto al extremo concedido, se centran en señalar que: Sobre la verosimilitud del derecho: - No obstante que el Banco prestó un servicio idóneo a la Señora Soto, ha ordenado el cumplimiento de medidas correctivas. - La medida cautelar impuesta por la Sala es nula de pleno derecho al contravenir el ordenamiento jurídico (expresamente el artículo 115° del Código de Consumo) vulnera el Principio de Razonabilidad y adolece de defectos de imprecisión en el objeto y motivación insuficiente. - Se busca “corregir” consecuencias patrimoniales, pese a que éstas no son directa ni inmediatamente atribuibles a la presunta infracción y posee indebidamente una naturaleza indemnizatoria. - La entrega del dinero ordenada por la Sala, corrige una consecuencia inmediata y directamente vinculada a un hecho particular: el retiro del dinero por parte del sobrino de la señora Soto. - La conducta imputada al BCP (indebida apertura de la cuenta) no ha tenido como consecuencia directa e inmediata la desposesión de dinero en perjuicio de la señora Soto. - Aún cuando se trátese de una medida correctiva contraviene el principio de razonabilidad, no es idónea para los fines que persigue, resulta desproporcional y la opción más gravosa. En cuanto al peligro en la demora, señalan: 1En lo atingente al requisito de ADECUACIÓN, se exige que la medida solicitada satisfaga los principios de mínima injerencia [el cual implica que el juez al momento de otorgar una medida cautelar, debe otorgar aquella medida que afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma], y de irreparabilidad (también conocido como característica de contingencia) [que establece que el juez deberá atender a que la medida no ocasione un perjuicio irreparable sobre los intereses de la parte demandante]1. Asimismo, que EXISTA UNA RELACIÓN DE COHERENCIA Y ADECUACIÓN ENTRE AQUELLO QUE ES OBJETO DE ASEGURAMIENTO Y LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA; o tal como lo señala JORGE FÁBREGA: “debe pues existir una correspondencia entre la medida cautelar y el objeto del proceso”. (FÁBREGA, Jorge. Medidas Cautelares. Ediciones Gustavo Ibáñez, santa Fe de Bogotá, 1998, p. 42.) 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Que el peligro en la demora lo constituye el inminente perjuicio irreparable que causaría la ejecución de la resolución impugnada que pretende obligar al pago de una multa de 10UT y a la entrega de S/. 1’450,000.00 a la señora Soto en calidad de “medida correctiva”, quien no cuenta con bienes que puedan garantizar la devolución del monto ordenado cuando se declare fundada la demanda. Adecuación: En cuanto a la adecuación, señalan que existe una perfecta relación de coherencia (adecuación) entre lo pedido en la cautelar y lo que se pretende en el proceso principal. Es evidente que frente a una medida tan gravosa como la impuesta por la Sala que lesiona su derecho constitucionalmente protegido a la protección del patrimonio, resulta razonable y adecuado para suspender sus efectos que se conceda una medida cautelar innovativa como la solicitada. Contra cautela, ofrecen una personal, la caución juratoria. OCTAVO: En este sentido, a efecto de analizar la verosimilitud del derecho invocado; debemos señalar previamente que el requisito en mención debe ser evaluado bajo la óptica del principio de presunción de legalidad del acto administrativo estipulado en el artículo 9° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; y teniendo en cuenta que- tal como lo señala Monroy Palacios- la verosimilitud o apariencia de fundabilidad requiere que el peticionante demuestre al Juez que la pretensión principal que se intenta garantizar “tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la sentencia.”2. En tal sentido, y estando a lo reseñado en el considerando precedente, de la revisión del cuaderno cautelar, advertimos de la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI del 05 de octubre de 2015, en su punto 26 que se admitió a trámite la denuncia de la señora Soto, imputando al Banco la presunta comisión de las siguientes conductas infractoras de los artículos 18° y 19° del Código: (i) haber permitido que el señor Héctor Hugo Soto Chaiña reitere de la cuenta de ahorros N° 405-23157689-0-92 la suma de S/, 1 450 000,00 (…) sin previa autorización de la señora Margarita Soto Chata (...) y (ii) no habría transmitido la información de manera idónea a su usuaria; conductas que la Sala considera que deben ser valoradas en forma conjunta. Finalmente, se declara fundada la denuncia por infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado la 2 MONROY PALACIOS, Juan; “Bases para la formación de una Teoría Cautelar”. Comunidad, Lima-2002, pág. 170. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la denunciante, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el señor Soto con cargo a la misma. Señala además que se advierte (punto 51 de la resolución en mención) que el Banco no cumplió con actuar bajo la diligencia debida esperada frente a la condición de iletrada de la señora Soto, situación que exigía una mayor diligencia por parte del Banco en el ofrecimiento y consiguiente otorgamiento de un producto financiero. Asimismo, en lo que se refiere a las medidas correctivas, indica que éstas tienen por finalidad corregir de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación sólo procede cuando sea posible revertir los mismos. De tal manera que al no haberse realizado el previo y adecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros, en virtud de lo cual resultaban inválidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor Soto con cargo a la misma, la Sala estima que procurar la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones resulta pertinente para demostrar la corrección de los efectos negativos. NOVENO: Así, conforme a nuestra legislación, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI no es competente para ordenar indemnizaciones, pues ello corresponde ser solicitado en la vía judicial o arbitral correspondiente. Las medidas correctivas reparadoras que se dispongan no tendrán naturaleza indemnizatoria. Con dichas medidas se persigue resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción, buscando corregir la conducta infractora. DÉCIMO: Ahora bien, Indecopi señala como agravio que existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. Al respecto, se tiene que el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan la modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 activa), o dejar incontestadas las pretensiones, “y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.”3 Sobre ello, de la lectura de la resolución impugnada en esta vía, se aprecia que la Aquo se ha pronunciado en el extremo de la suspensión de los efectos de la medida correctiva dirigida a devolver a la señora Soto el integro del dinero efectivo dispuesto por su sobrino, con cargo a la cuenta de ahorros mancomunada que abrieron en la entidad denunciada, a partir de su undécimo considerando. Considerando básicamente que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante aparentemente no sería consecuencia directa e inmediata de la infracción atribuida al banco, sino que sería indirecta, esto es, como consecuencia de un acto realizado por un tercero en quien confió. Lo cual la lleva a concluir, que aparentemente la medida ordenada no tendría carácter reparador, sino indemnizatorio De forma tal, que la Aquo se ha pronunciado motivando adecuadamente su decisión en dicho extremo, conforme a lo peticionado en la solicitud cautelar y lo dispuesto por la autoridad administrativa, en la resolución impugnada en el proceso principal. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al agravio referido a que las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. En cuanto a ello, toda indemnización, debe ser el resultado de un proceso de análisis de los elementos de la responsabilidad civil. De este modo, no hay indemnización si es que no existe un comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), una consecuencia dañosa (patrimonial o no patrimonial), una relación causal y un criterio de imputación que atribuya responsabilidad al demandado. En el presente caso, se aprecia de manera preliminar y somera que la medida correctiva ordenada se deriva del inadecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros; sin embargo las disposiciones de dinero fueron efectuadas por el tercero designado por la misma denunciante; por lo no se trataría del resarcimiento de las 3 STC N° 728-2008/HC. En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 115 del Código de Protección y Defensa al Consumidor. Ello evidencia meridiana verosimilitud del derecho invocado; y, así, poder desvirtuar preliminarmente la presunción de legalidad de la que está investida el acto administrativo objeto de nulidad (artículo 9º de la Ley Nº 27444). DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto al Peligro en la demora, ello resulta evidente, en cuanto efectivamente el acto administrativo emitido conserva su ejecutoriedad y por ello el INDECOPI, se encontraría en su derecho de pretender el cumplimiento de lo establecido en el mismo, esto es un desembolso sin ninguna carga. DÉCIMO TERCERO: La medida solicitada es la adecuada y la Contra cautela dispuesta por la Aquo, consistente en la emisión de una Carta Fianza, la misma que corre en los presentes actuados, va a garantizar el resultado del proceso principal. Parte Resolutiva: Al concurrir en el caso sub-examine la integridad de los requisitos que permitirían el amparo de la pretensión cautelar planteada; y, estando a que el INDECOPI, no ha justificado la oposición formulada contra la medida dictada; precisando que artículo 612º del Código Procesal Civil señala que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. SE RESUELVE: por estos fundamentos CONFIRMAR la resolución N° 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida. En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. contra el INDECOPI; sobre Medida Cautelar de no Innovar.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12430-2015-75 Medida Cautelar SS. TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO NUÑEZ RIVA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS Lima, veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- Autos y Vistos, interviniendo como Jueza Superior ponente la señora Dávila Broncano; viene en grado de apelación, la resolución número 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida; y, Atendiendo: PRIMERO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 188 a 257, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A., solicita fuera de proceso se le conceda una MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR para que se suspendan todos los efectos de la Resolución N° 3122- 2015/SPC-CPC de fecha 05.10.2015 que declaró nula la Resolución N° 24- 2015/CPC-INDECOPI-PUN y en vía de integración declaró fundada la denuncia interpuesta por Margarita Soto Chata en el procedimiento sancionador seguido por una supuesta y negada infracción a los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber acreditado supuestamente la indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la señora Soto, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el Señor Héctor Hugo Soto Chaiña con cargo a la misma; así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 dar cumplimiento y/o proceder a ejecutar la Resolución N° 3122- 2015/SPC-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2015. SEGUNDO: Mediante resolución N° 1 de fecha 07 de enero de 2016, obrante a fojas 259-289, se resolvió conceder en parte la medida cautelar de no innovar (sic) solicitada y se ordena al Indecopi suspender los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo 3° que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Soto Chata con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y rechaza en lo demás; se acepta como contra cautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL SOLES, la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, suspendiéndose su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Sustenta ello en que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco, sino más bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidido apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho , motivando que lo denunciara penalmente, por lo que la medida correctiva acotada, al parecer no tendría el carácter reparador en los términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar en este extremo por ser discutible y que se hará durante el proceso judicial principal; en cuanto al peligro en la demora, señala que se trata de un acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admite a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. Respecto a la adecuación de la medida, resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite y su concesión no afecta el interés público, ni a terceros, encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionalidad entre el interés público y el de la parte solicitante. A folios 284, obra copia certificada de la Carta Fianza N° 0001-2016 de fecha 13 de enero de 2016 con vigencia al 13 de enero de 2017 TERCERO: El INDECOPI, formula OPOSICIÓN a la medida cautelar, de acuerdo a los fundamentos que expone en su escrito de fojas 315 a 329, señalando: 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. - Las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. CUARTO: Mediante resolución número 6, de fecha 30 de setiembre de 2016, obrante de fojas 370 a 381, la A quo resuelve declarar infundada la oposición, ratificando su posición. El INDECOPI interpone recurso de apelación conforme a lo expuesto en su escrito de fojas 390 a 399, indica que la verosimilitud del derecho no existe, toda vez que la medida correctiva ordenada se ajustó a lo que prescribe la norma; se discute en el proceso la diligencia que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si le brindó toda la información y riesgos que presentada el producto ofrecido. QUINTO: El artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, prescribe: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley.” En esta misma línea el artículo 40° de esta misma norma estipula que: “Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar.” Así en relación a la medida cautelar de no innovar el artículo 687° del Código Procesal Civil, señala: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley. " SEXTO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584, concordante con el artículo 611° del Código Procesal Civil, la medida cautelar en el proceso contencioso administrativo por su naturaleza, para su 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 concesión, requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) La verosimilitud o apariencia del derecho invocado, lo que en doctrina se conoce como Fumus boni iuris; es decir, la razonable probabilidad de que el derecho que se reclama, en principio, existe; b) La necesidad de evacuar la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y, c) La adecuación de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión1. SETIMO: Al respecto, de los argumentos de la solicitud cautelar, fluye que los argumentos esgrimidos por la recurrente, respecto al extremo concedido, se centran en señalar que: Sobre la verosimilitud del derecho: - No obstante que el Banco prestó un servicio idóneo a la Señora Soto, ha ordenado el cumplimiento de medidas correctivas. - La medida cautelar impuesta por la Sala es nula de pleno derecho al contravenir el ordenamiento jurídico (expresamente el artículo 115° del Código de Consumo) vulnera el Principio de Razonabilidad y adolece de defectos de imprecisión en el objeto y motivación insuficiente. - Se busca “corregir” consecuencias patrimoniales, pese a que éstas no son directa ni inmediatamente atribuibles a la presunta infracción y posee indebidamente una naturaleza indemnizatoria. - La entrega del dinero ordenada por la Sala, corrige una consecuencia inmediata y directamente vinculada a un hecho particular: el retiro del dinero por parte del sobrino de la señora Soto. - La conducta imputada al BCP (indebida apertura de la cuenta) no ha tenido como consecuencia directa e inmediata la desposesión de dinero en perjuicio de la señora Soto. - Aún cuando se trátese de una medida correctiva contraviene el principio de razonabilidad, no es idónea para los fines que persigue, resulta desproporcional y la opción más gravosa. En cuanto al peligro en la demora, señalan: 1En lo atingente al requisito de ADECUACIÓN, se exige que la medida solicitada satisfaga los principios de mínima injerencia [el cual implica que el juez al momento de otorgar una medida cautelar, debe otorgar aquella medida que afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma], y de irreparabilidad (también conocido como característica de contingencia) [que establece que el juez deberá atender a que la medida no ocasione un perjuicio irreparable sobre los intereses de la parte demandante]1. Asimismo, que EXISTA UNA RELACIÓN DE COHERENCIA Y ADECUACIÓN ENTRE AQUELLO QUE ES OBJETO DE ASEGURAMIENTO Y LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA; o tal como lo señala JORGE FÁBREGA: “debe pues existir una correspondencia entre la medida cautelar y el objeto del proceso”. (FÁBREGA, Jorge. Medidas Cautelares. Ediciones Gustavo Ibáñez, santa Fe de Bogotá, 1998, p. 42.) 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 - Que el peligro en la demora lo constituye el inminente perjuicio irreparable que causaría la ejecución de la resolución impugnada que pretende obligar al pago de una multa de 10UT y a la entrega de S/. 1’450,000.00 a la señora Soto en calidad de “medida correctiva”, quien no cuenta con bienes que puedan garantizar la devolución del monto ordenado cuando se declare fundada la demanda. Adecuación: En cuanto a la adecuación, señalan que existe una perfecta relación de coherencia (adecuación) entre lo pedido en la cautelar y lo que se pretende en el proceso principal. Es evidente que frente a una medida tan gravosa como la impuesta por la Sala que lesiona su derecho constitucionalmente protegido a la protección del patrimonio, resulta razonable y adecuado para suspender sus efectos que se conceda una medida cautelar innovativa como la solicitada. Contra cautela, ofrecen una personal, la caución juratoria. OCTAVO: En este sentido, a efecto de analizar la verosimilitud del derecho invocado; debemos señalar previamente que el requisito en mención debe ser evaluado bajo la óptica del principio de presunción de legalidad del acto administrativo estipulado en el artículo 9° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; y teniendo en cuenta que- tal como lo señala Monroy Palacios- la verosimilitud o apariencia de fundabilidad requiere que el peticionante demuestre al Juez que la pretensión principal que se intenta garantizar “tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la sentencia.”2. En tal sentido, y estando a lo reseñado en el considerando precedente, de la revisión del cuaderno cautelar, advertimos de la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI del 05 de octubre de 2015, en su punto 26 que se admitió a trámite la denuncia de la señora Soto, imputando al Banco la presunta comisión de las siguientes conductas infractoras de los artículos 18° y 19° del Código: (i) haber permitido que el señor Héctor Hugo Soto Chaiña reitere de la cuenta de ahorros N° 405-23157689-0-92 la suma de S/, 1 450 000,00 (…) sin previa autorización de la señora Margarita Soto Chata (...) y (ii) no habría transmitido la información de manera idónea a su usuaria; conductas que la Sala considera que deben ser valoradas en forma conjunta. Finalmente, se declara fundada la denuncia por infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado la 2 MONROY PALACIOS, Juan; “Bases para la formación de una Teoría Cautelar”. Comunidad, Lima-2002, pág. 170. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 indebida apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta a favor de la denunciante, así como la invalidez de las disposiciones realizadas por el señor Soto con cargo a la misma. Señala además que se advierte (punto 51 de la resolución en mención) que el Banco no cumplió con actuar bajo la diligencia debida esperada frente a la condición de iletrada de la señora Soto, situación que exigía una mayor diligencia por parte del Banco en el ofrecimiento y consiguiente otorgamiento de un producto financiero. Asimismo, en lo que se refiere a las medidas correctivas, indica que éstas tienen por finalidad corregir de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación sólo procede cuando sea posible revertir los mismos. De tal manera que al no haberse realizado el previo y adecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros, en virtud de lo cual resultaban inválidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor Soto con cargo a la misma, la Sala estima que procurar la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones resulta pertinente para demostrar la corrección de los efectos negativos. NOVENO: Así, conforme a nuestra legislación, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI no es competente para ordenar indemnizaciones, pues ello corresponde ser solicitado en la vía judicial o arbitral correspondiente. Las medidas correctivas reparadoras que se dispongan no tendrán naturaleza indemnizatoria. Con dichas medidas se persigue resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción, buscando corregir la conducta infractora. DÉCIMO: Ahora bien, Indecopi señala como agravio que existe una notoria y flagrante motivación incongruente e inadecuada de la resolución uno, en la que no se habría sustentado la existencia de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por el Código Procesal Civil para el otorgamiento de una medida cautelar. Al respecto, se tiene que el derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan la modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 activa), o dejar incontestadas las pretensiones, “y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.”3 Sobre ello, de la lectura de la resolución impugnada en esta vía, se aprecia que la Aquo se ha pronunciado en el extremo de la suspensión de los efectos de la medida correctiva dirigida a devolver a la señora Soto el integro del dinero efectivo dispuesto por su sobrino, con cargo a la cuenta de ahorros mancomunada que abrieron en la entidad denunciada, a partir de su undécimo considerando. Considerando básicamente que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante aparentemente no sería consecuencia directa e inmediata de la infracción atribuida al banco, sino que sería indirecta, esto es, como consecuencia de un acto realizado por un tercero en quien confió. Lo cual la lleva a concluir, que aparentemente la medida ordenada no tendría carácter reparador, sino indemnizatorio De forma tal, que la Aquo se ha pronunciado motivando adecuadamente su decisión en dicho extremo, conforme a lo peticionado en la solicitud cautelar y lo dispuesto por la autoridad administrativa, en la resolución impugnada en el proceso principal. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al agravio referido a que las medidas correctivas reparadoras no tienen naturaleza indemnizatoria, la ordenada por el Indecopi tampoco la tiene. En cuanto a ello, toda indemnización, debe ser el resultado de un proceso de análisis de los elementos de la responsabilidad civil. De este modo, no hay indemnización si es que no existe un comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), una consecuencia dañosa (patrimonial o no patrimonial), una relación causal y un criterio de imputación que atribuya responsabilidad al demandado. En el presente caso, se aprecia de manera preliminar y somera que la medida correctiva ordenada se deriva del inadecuado traslado de información a la denunciante sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros; sin embargo las disposiciones de dinero fueron efectuadas por el tercero designado por la misma denunciante; por lo no se trataría del resarcimiento de las 3 STC N° 728-2008/HC. En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas de Mercado Exp. Nº 12430-2015-75 consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 115 del Código de Protección y Defensa al Consumidor. Ello evidencia meridiana verosimilitud del derecho invocado; y, así, poder desvirtuar preliminarmente la presunción de legalidad de la que está investida el acto administrativo objeto de nulidad (artículo 9º de la Ley Nº 27444). DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto al Peligro en la demora, ello resulta evidente, en cuanto efectivamente el acto administrativo emitido conserva su ejecutoriedad y por ello el INDECOPI, se encontraría en su derecho de pretender el cumplimiento de lo establecido en el mismo, esto es un desembolso sin ninguna carga. DÉCIMO TERCERO: La medida solicitada es la adecuada y la Contra cautela dispuesta por la Aquo, consistente en la emisión de una Carta Fianza, la misma que corre en los presentes actuados, va a garantizar el resultado del proceso principal. Parte Resolutiva: Al concurrir en el caso sub-examine la integridad de los requisitos que permitirían el amparo de la pretensión cautelar planteada; y, estando a que el INDECOPI, no ha justificado la oposición formulada contra la medida dictada; precisando que artículo 612º del Código Procesal Civil señala que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. SE RESUELVE: por estos fundamentos CONFIRMAR la resolución N° 6, de fojas 370-381, su fecha 30 de setiembre de 2016, que declaró infundada la oposición a la medida cautelar concedida. En los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. contra el INDECOPI; sobre Medida Cautelar de no Innovar.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus EXPEDIENTE : 12461-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : CORDOVA POMA GLADYS IRENE ASISTENTE DE JUEZ : KELLY ESTEFANI, OSTOS TINTA DEMANDADO : INDECOPI, RONCLUSIVO SA, DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC, SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE Lima, veintiocho de febrero de dos mil veinte.- I. ANTECEDENTES: Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, que corre a folios noventa a ciento doce, el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPENTENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, RONCLUSIVO S.A., a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 0422-2015/SDC-INDECOPI de fecha 04 de agosto de 2015. Mediante Resolución numero uno de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, se admite la demanda en vía de Proceso Especial, conferido traslado al Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y RONCLUSIVO S.A.C. II. PRETENSIÓN Y ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL DEMANDANTE: PRETENSIONES: 1. La entidad pretende la nulidad de la Resolución N° 0422-2015/SDC-INDECOPI de fecha 04 de AGOSTO de 2015. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE: 2. Refiere que la Empresa demandada interpuso denuncia ante INDECOPI contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la presunta imposición de barreras burocráticas, respecto de algunos condicionamientos establecidos en el Reglamento 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus Nacional de Administración de Transportes (en adelante RNAT), aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, consistentes en: a. Que La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional, al amparo de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, materializada en el Oficio N° 2656-2014-MTC/15, respecto a la ruta: Lima Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao. b. La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38° Reglamento Nacional de Administración de Transporte - RNTA. c. La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino la provincia de Lima Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao. 3. Manifiesta que una vez efectuados los descargos correspondientes, mediante Resolución N° 0518-2014/CEB-INDECOPI de fecha 28 de noviembre del dos mil catorce, emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, se declaró fundada su denuncia presentada, por lo que no estando de acuerdo con ello interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de INDECOPI mediante la Resolución N° 0422-2014/SDC-INDECOPI de fecha 04 de agosto del dos mil quince, confirmando la resolución impugnada. 4. En cuanto a la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte terrestre interprovincial regular de personas en la red vial nacional respecto a la ruta: Lima Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao, al amparo de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC/15 del RNAT, materializada en el Oficio N° 2656-2014- MTC/15. Señala que los artículos 63° y 64° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General no están referidos a la “abstención de la administración” sino están referidos a la potestad de los administrados de exigir a la Administración se abstenga de ejercer una atribución administrativa. En tal virtud, sostiene que el MTC no ha sido compelido para abstenerse sino que decidió pronunciarse negativamente respecto de una petición, tanto así que la suspensión es temporal hasta que se expidan normas complementarias que deberán aprobar las características, instalaciones y equipamientos con que deberán contar los terminales terrestres y estaciones de ruta, toda vez que estos están orientados a brindar seguridad a los usuarios del servicio de transporte público, estando que a la fecha no se ha aprobado los parámetros y estándares técnicos mínimos con que deben contar 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus las infraestructuras complementarias de transporte, encontrándose la autoridad competente impedida de otorgar nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, más no de recibir las solicitudes de autorización de terminales terrestres presentadas por los administrados, quedando obligada la Administración a dar respuesta a la parte interesada. 5. Precisa en cuanto a la suspensión del otorgamiento de autorizaciones, que quedaría acreditada la racionalidad de la medida adoptada por el Estado dado que ésta tiene como finalidad garantizar la seguridad vial en el país, buscando mejorar el transporte terrestre a nivel nacional, respondiendo la disposición contenida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, modificada por Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, responde a la función normativa del transporte terrestre a nivel nacional que tiene el MTC, conforme a lo previsto por el artículo 11° de la Ley N° 27181. Agrega que la norma materia de cuestionamiento ha sido emitida con la finalidad de regular el sector transportes y de crear conciencia en los transportistas que deben sin duda alguna cumplir íntegramente con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, respondiendo por tanto el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC a la función normativa del transporte terrestre a nivel nacional que tiene el MTC, no constituyendo por tanto barrera burocrática como se alega. 6. Con respecto a la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UITs, como requisito para permanecer en el servicio interprovincial regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38° RNTA. Señala que mediante dicho dispositivo se han establecido condiciones legales especificas que debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación del servicio de transporte de personas en todos los ámbitos y para el transporte mixto, como en el caso que la autoridad competente de ámbito nacional, autorice con vehículos de inferior categoría que el M3 Clase III de 8.5 toneladas, o de la categoría M2 Clase III; el patrimonio mínimo requerido será el previsto para el servicio de transporte de personas de ámbito regional, con la finalidad de regular el servicio de transporte terrestre a nivel nacional, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú. Agrega que dicho dispositivo resulta razonable en cuanto establece las condiciones legales específicas que se deben cumplir para acceder y permanecer en la prestación del servicio de transporte de personas en todos los ámbitos y para el transporte mixto, la misma que está dada por el interés general, como la seguridad y la vida de los usuarios, promoviendo que reciban un servicio de calidad. Agrega que respecto a la racionalidad del monto requerido a las empresas de transporte, cabe 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus señalar que la norma ha establecido una graduación de tal exigencia, en merito a la modalidad del servicio que se presta; en particular el patrimonio mínimo que se exige a las empresas de transportes que prestan servicio de transporte público de personas en el ámbito nacional, es en razón de garantizar el cumplimiento de la responsabilidad objetiva devenida del servicio de transporte considerada una actividad riesgosa y peligrosa, respondiendo la disposición contenida en el artículo 38° del RNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, a la pertinencia y racionalidad propias del sector. 7. En cuanto a la exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, así como la exigencia de presentar un Informe emitido por una entidad certificadora autorizada como requisito para obtener una autorización. Manifiesta que a diferencia de lo sustentado por Indecopi, resulta de aplicación el artículo 3° de la Ley N° 27181 – Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, donde se establece que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. Señala que la medida responde a la necesidad de conocer el impacto que generará el autorizar una empresa de transportes más en la jurisdicción de Lima y Callao, a efectos de resguardar la transitabilidad vehicular y no generar un crecimiento explosivo de oferta en el servicio que deteriore la prestación y la seguridad que conlleve a una distorsión grave que impida el buen funcionamiento del servicio de transporte terrestre. 8. En cuanto a la exigencia de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el MTC, como requisito para obtener una autorización para la prestación del servicio público de transporte terrestre establecida en el artículo 55.3 del RNAT y en el procedimiento N° 21 del TUPA del Ministerio. Manifiesta que resulta falso lo señalado por la empresa denunciante, respecto a que dicho dispositivo reglamentario es discriminatorio y constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad, ya que tal como se indicó el artículo 55 del D.S. N° 017-2009-MTC, RNAT, regula los requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público, tal como se señala en el numen 55.3. Señala que la exigencia indicada en el precitado artículo, responde al requisito del informe emitido por la entidad certificadora, no constituye ninguna traba burocrática, puesto que ésta debe emitirla la entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC para dar mayor seguridad y confianza a los usuarios del transporte terrestre. Una empresa de transportes debe cumplir con todos los requisitos necesarios para poder operar en el mercado, mas aun cuando se debe tener en cuenta que transporta personas en el ámbito nacional. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus III. POSICIÓN Y ALEGATOS DE LA DEMANDADA: Corrido el traslado de la demanda, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contesta la demanda con fecha 05 de febrero de 2016, que corre a folios ciento treinta y cuatro a ciento sesenta y ocho, fundamentando su posición en lo siguiente: 1. Refiere que, el primer párrafo del artículo 26BISD del decreto Ley N° 25868, señala que “La comisión de Acceso al mercado (hoy comisión de eliminación de barreas Burocráticas) es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la administración pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el artículo 61° del Decreto legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2, así como las normas reglamentarias. 2. Señala que, respecto a las exigencias sobre patrimonio mínimo, siendo que actualmente no solo se exigirá un patrimonio de 1000 UIT sino incluso por montos menores, de acuerdo a ley entre las disposiciones que puede emitir el Ministerio están los requisitos técnicos de idoneidad, las características de la flota, la infraestructura de la empresa y su organización, así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas (Ley 27181 Ley General de transporte y Tránsito Terrestre). 3. Indica que la barrera burocrática consiste en la exigencia de contar con un patrimonio mínimo, incumpliendo los requisitos que establece el artículo 5° de la LGTTT, para alterar las condiciones de acceso y permanencia en dicho mercado. 4. El MTC no presento en el procedimiento documentación alguna que evidencie haber evaluado los costos y beneficios de implementar la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de 1000 UIT, y haber descartado otras opciones regulatorias por ser más gravosa para la sociedad. 5. La exigencia consiste en que se emitan estudios de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, contraviniendo de la misma manera lo establecido por el artículo 45° de la LGTTT. IV. PUNTOS CONTROVERTIDOS: Tramitada la causa conforme a su naturaleza y vencida la etapa postulatoria, se emitió el auto de saneamiento procesal mediante resolución número tres de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, que obra de folios ciento noventa y ocho a doscientos. Asimismo, se 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus declara REBELDE al litisconsorte RONCLUSIVO S.A., conforme al primer párrafo del artículo 458 del Código Procesal Civil, fijándose como puntos controvertidos: (cid:1) Determinar si procede o no declarar la Nulidad de la Resolución N° 0422- 2015/SDC-INDECOPI de fecha 04 de agosto del 2015. Siendo admitidos los medios probatorios ofrecidos por las partes, habiéndose efectuado el juzgamiento anticipado del proceso, se ha emitido el Dictamen Fiscal N° 780-2017, de la Decimo Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, que obra de folios doscientos tres a doscientos diecisiete, siendo la presente causa proyectada al estado de emitirse sentencia. V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: PRIMERO: La acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y que causen estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS norma aplicable en este caso. En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no sólo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables.1 SEGUNDO: En el presente caso, el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N° 422-2015/SDC-INDECOPI de fecha 04 de agosto del 2015; y, si contiene causal que dé lugar a declarar la nulidad; acto administrativo que presuntamente lesiona las normas de carácter formal y sustancial y es así que en sede judicial se procede a re – examinar los elementos que constituyen dicho acto, ello acorde a ley para establecer su validez que lleva consigo intrínsecamente todo acto administrativo, formalidad que se encuentra prevista en la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General2. 1 A mayor abundamiento Vid. GIOVANNI PRIORI, sostiene: “El Proceso Contencioso Administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la Administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales” (PRIORI POSADA, Giovanni, Comentarios a la Ley del proceso Contencioso Administrativo; Ara Editores, Lima, 2002, 2da. Edición p. 74.) Véase, asimismo: Ramón Huapaya Tapia, El objeto del proceso contencioso administrativo en la ley Nº 27584. Tesis de Bachiller inédita. Universidad de Lima. Lima 2004. También el catedrático Juan José Diez Sánchez en su ponencia. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del Perú”. En: la obra colectiva promovida por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo titulada “Derecho Administrativo”, que recoge las ponencias presentadas al Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en abril del 2004; Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 167 y s; y, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera, “El nuevo proceso contencioso administrativo peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo?”. En: Normas Legales. Tomo 319, Volumen II, Lima, Diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso; Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss. 2 PRIORI POSADA “El proceso Contencioso Administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control ínterorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales” 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus TERCERO: Fluye del expediente administrativo en dos tomos en cuerda separadas, lo siguiente: (cid:2) A folios 02 a 19 corre la denuncia de fecha 23 de julio de 2014 de RONCLUSIVO S.A.C., formulan denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la imposición de Barreras Burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad que afectan la realización de sus actividades económicas, al exigir que deben contar con un patrimonio neto mínimo como requisitos para acceder en el servicio de transporte de ámbito nacional el cual se ha establecido de mil (1000) UITs medida establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38 del RNAT; la que es admitida por Resolución N° 0478-2014/STCEB-INDECOPI, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre de fojas 28 a 30, el MTC absuelve el traslado mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2014, que corre a folios 34 a 36, así como a folios 43 a 62. (cid:2) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con Resolución N° 0518-2014/CEB- INDECOPI, del 28 de noviembre del dos mil catorce, de fojas noventa y cinco a cinto treinta y siete, resuelve desestimar los cuestionamientos del MTC y declara barreras burocráticas ilegales las medidas dispuestas por el MTC y fundada la denuncia. (cid:2) A folios 140 a 158 obra el recurso de apelación del MTC; y, mediante la Resolución N° 0422-2015/SDC-INDECOPI, de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, de fojas ciento sesenta y seis a doscientos cuatro, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia confirma la resolución de primera instancia, exhortando al MTC para que las disposiciones en materia de transporte y tránsito terrestre sean emitidas conforme al marco legal vigente, de manera que cuenten con un sustento suficiente que justifique la implementación de nuevas exigencias y/o prohibiciones, en aras de evitar la arbitrariedad en la emisión de normativa que deba ser cumplida por los agentes económicos. CUARTO: RESPECTO A LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA IMPUGNADA. 4.1 Señala que la Resolución N° 0422-2015/SDC-INDECOPI, de fecha 04 de agosto de 2015, dictada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la cual se declara que las medidas contenidas en el RNAT, constituyen barreras burocráticas, consistente en: (cid:2) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional, al amparo de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del RNAT del D.S. 017-2009-MTC, materializada en el Oficio N° 2656-2014-MTC/15, respecto a la ruta: Lima-Sechura y viceversa. (cid:2) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UITs, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38° numeral 1.5.1 del D.S. 017-2009- MTC del RNAT. (cid:2) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus personas de ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino la provincia de Lima Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao. 4.2 Constituyen barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, incurre en causal de nulidad previstas en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que el INDECOPI habría desconocido las competencias normativas del MTC para establecer las medidas cuestionadas, no habiendo tenido en cuenta la legalidad y razonabilidad de las mismas, las cuales han tenido por objeto la mejora en la prestación del servicio de transportes, así como la seguridad de los usuarios. 4.3 En ese sentido, conforme al punto controvertido fijado en el presente proceso, se procederá a determinar si lo resuelto en la Resolución N° 0422-2015/SDC-INDECOPI de fecha 04 de agosto del 2015, con la cual se da por agotada la vía administrativa, incurre en causal de nulidad. Para tal efecto, se procederá a realizar un análisis de la resolución mencionada a la luz de los fundamentos de hecho y de derecho que argumentan las partes en el proceso, con la finalidad de determinar si corresponde o no declarar su nulidad. 4.4 Asimismo, a efecto de realizar la evaluación de las barreras burocráticas denunciadas, el codemandado INDECOPI ha tomado en cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria establecido mediante Resolución N° 182-97-TDC del Tribunal del INDECOPI; en ese sentido, la observancia de dicha metodología si bien es cierto no conmina a este juzgado, creemos conveniente señalar que los criterios de análisis ahí expuestos se adecuan a los regidos por esta judicatura; por ende, corresponde analizar en primer lugar si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal (análisis de legalidad); y sólo en el caso de comprobada su legalidad; correspondería analizar si es: (ii) racional o irracional (análisis de racionalidad); QUINTO: MARCO NORMATIVO. (cid:3) La Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece en su artículo 3° que el objetivo de la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto, conforme se señala también en: “Artículo 4.- De la libre competencia y rol del Estado 4.1 El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, siendo importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado. 4.2. El Estado focaliza su acción en aquellos mercados de transporte que presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja demanda de transporte a fin de mejorar la competitividad en los mismos y a los existentes en áreas urbanas de alta densidad de actividades a fin de corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus contaminación. 4.3. El Estado procura la protección de los intereses de los usuarios, el cuidado de la salud y seguridad de las personas y el resguardo del medio ambiente, entre otras”. (cid:3) Asimismo el artículo 5° De la promoción de la inversión privada, de la misma Ley, establece como política del Estado el cumplir un rol promotor de la inversión privada en materia de transporte, lo cual se configura en él de la siguiente manera: “Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte. 5.3 Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley y el ordenamiento vigente.” (cid:3) Del mencionado artículo, se desprende que el Estado garantiza la estabilidad de las condiciones de mercado en mérito a las cuales los agentes económicos tomaron la decisión de invertir en el sector de transporte. Dicha norma sólo admite la alteración de tales condiciones, en caso que la modificación se encuentre debidamente justificada. En tal sentido, si el cambio de reglas fue efectuado sin un sustento que lo respalde, tal variación será contraria a la Ley N° 27181. SEXTO: SOBRE LA COMPETENCIA DEL MTC EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL. CONFORME LO SEÑALA LA LEY 27181. 6.1. La Ley N° 27181 ha clasificado las competencias en materia de Transporte y Tránsito Terrestre en tres clases: normativas, de gestión y de fiscalización, conforme se precisa a continuación. “Artículo 10.- De la clasificación de las competencias En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en: a) Normativas. b) De gestión. c) De fiscalización. Artículo 11.- De la competencia normativa 11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores público y privado, incluyendo 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 6.2. Entonces las competencias normativas, se encuentra la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización administrativa nacional; siendo de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, aquellos reglamentos de carácter general que rigen en todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales. 6.3. Por su parte, dentro de la competencia de gestión, el artículo 12° de la Ley N° 27181 señala que ésta consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes, para implementar los principios rectores y la disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la Ley indicada y en los reglamentos nacionales. Dentro de dicha facultad, se comprende el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que establece la Ley N° 27181, los reglamentos nacionales correspondientes y las normas vigentes en materia de concesiones. “Artículo 12.- De la competencia de gestión 12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes, implementan los principios rectores y la disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley y en los reglamentos nacionales. 12.2 Comprende las siguientes facultades: a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las normas vigentes. b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías. c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que establece la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las normas vigentes en materia de concesiones”. 6.4. Tenemos que, el artículo 16° de la Ley N° 27181, establece que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: “Competencias normativas: a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. b) Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la presente Ley y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y territoriales del país. Competencias de gestión: c) Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional. d) Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no entregada en concesión. 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede Rabanal Backus e) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. (…)” 6.7. Por tanto, se advierte de las normas antes mencionadas, que la entidad demandante posee la competencia para dictar los reglamentos nacionales que regulen la organización de las empresas de transporte; y asimismo, la de otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. SEPTIMO: RESPECTO A LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS. 7.1. Al respecto, el artículo 2° de la Ley N° 28996 - Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, estipula que:“Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.” (la negrita y el subrayado es nuestro). 7.2. En ese sentido, se entiende como una barrera burocrática a los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 12468-2015 MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDANTE : TELEFONICA DEL PERU S.A.A . DEMANDADO : OSIPTEL RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRES Lima, veinticinco de mayo De dos mil veintitrés. - SENTENCIA VISTO por la señora magistrada, con el expediente administrativo se procede a resolver; para tal fin se han analizado los argumentos vertidos por las partes, se ha verificado que durante el proceso judicial se haya cumplido con las reglas del proceso contencioso administrativo y se haya brindado las garantías del Debido Proceso.  Pretensión de la demanda: Primera Pretensión Principal Autónoma. - Se declare la nulidad parcial de la Resolución de Conejo Directivo N° 087-2019-CD-OSIPTEL solo en el extremo que confirma la sanción impuesta a Telefónica, por vulnerar el principio de Tipicidad. Segunda Pretensión principal Autónoma. - Se declare la nulidad parcial de la Resolución de Conejo Directivo N° 087-2019-CD-OSIPTEL solo en el extremo que confirma la sanción impuesta a Telefónica, por vulnerar el principio de Motivación. Tercera Pretensión Principal Autónoma. - Se declare la nulidad parcial de la Resolución de Consejo Directivo N° 087-2019-CD-OSIPTEL solo en el extremo que confirma la sanción impuesta a Telefónica, por vulnerar el deber de valoración de la prueba.  Actuación Procesal El presente proceso se inició mediante escrito de fecha 12 de noviembre del 20151, siendo admitida mediante resolución número Cuatro de fecha 24 de mayo del 20172, por medio de la cual se puso a conocimiento de la entidad demandada, siendo contestada mediante escrito de fecha 20 de junio del 20173, en los términos que se expondrá más adelante. Por Resolución número Seis de fecha 04 de julio del 20174 se dictó el auto de saneamiento; y habiéndose llevado a cabo el informe oral, se expidió Sentencia de fecha 07 de junio del 1 A fojas 112-133 del expediente principal 2 A fojas 227-228 del expediente principal 3 A folios 3237-251 del Expediente Principal. 4 A fojas 253-254 del expediente principal 1 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 20215, la misma que fue objeto de recurso de apelación contenido en el escrito de fecha 6 de agosto del 20216, lo que derivo en la Sentencia de vista de fecha 9 de marzo del 20227 que declaro Nula la sentencia de primea instancia, ordenándose emitir un nuevo pronunciamiento, por cuanto, remitidos los autos por el Superior Jerárquico, se procede a emitir sentencia en cumplimiento del mandato dispuesto. 1. Argumentos de la demandante 1.1 La demandante manifiesta que, mediante carta N° 371-GFS/2014 notificada el 25 de febrero de 2014, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión les comunicó el inicio del procedimiento sancionador por el presunto incumplimiento del artículo 11 del Reglamento de Continuidad y la presunta infracción del artículo 17 del Reglamento General de Infraccionas y Sanciones. 1.2 Refiere que, con fecha 24 de abril de 2014, presento sus descargos, señalando que nos había vulnerado el artículo 11 del Reglamento de Continuidad, pues se ha venido presentando un servicio de telefonía en las comunidades rurales de forma continuada; sin embargo, por hechos de fuerza mayor, así como por circunstancias fuera de control los arrendadores abandonan la atención del servicio. 1.3 En ese orden, mención que con Resolución de Gerencia General N° 217-2015- CG/OSIPTEL del 31 de maro del 2015, se dispuso sancionarla por el supuesto incumplimiento del artículo 11, 4y 8 del Reglamento de Continuidad; así también como por la supuesta infracción al artículo 17 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 1.4 Alega que, se ha vulnerado el principio de Tipicidad, ya que se le sanciona por el incumplimiento del artículo 4 del Reglamento de Continuidad, sin embargo, recurriendo al contenido de dicho artículo y el artículo 3 de la misma norma, se desprende que para estar bajo el ámbito de aplicación de estas nomas debemos estar ante un centro poblado rural y que se verifique una condición de fuerza de servicio por más de 30 días calendario. 1.5 En tal sentido, manifiesta que el centro poblado Ccoylluriti se dispuso aplicar el Reglamento de Continuidad y sancionar a Telefónica a pesar que el centro poblado no era una comunidad rural. 5 A fojas 402-411 del expediente principal 6 A fojas 439-455 del expediente principal 7 A fojas 504-507 del expediente principal 2 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1.6 Sostiene que, según la definición de centro poblado rural el INEI, no basta con que se encuentren viviendas contiguas, sino que además para que se pueda considerar como centro poblado tiene que ser habitado con ánimo de permanencia; es decir, no basta con que haya personas que ocasionalmente viven en el lugar, sino que deben tener un ánimo de permanencia. 1.7 Indica que, ese es el caso de Ccoylluriti, el cual, como ha sido demostrado en el procedimiento administrativo, no cuenta con pobladores sino solamente con peregrinos que eventualmente visitan el lugar. Por ello, no se verifica un elemento esencial para que sea calificado como centro poblado, esto es que, esté habitado con ánimo de permanencia. Como se ha demostrado, Ccoylluriti solo es visitad ocasionalmente por los peregrinos más no cuenta con pobladores que residan en dicha localidad con ánimo de permanencia como señala el INEI. 1.8 Señala que, a pesar de los argumentos que demuestran lo contario, se determinar que Ccoylluriti sea un centro poblado rural debe ser exonerado de la aplicación de Reglamento de Continuidad, esto es porque, al igual que las otras 30 localidades, se ha demostrado que estas cuentan ya con servicio de telefonía fija inalámbrica. 1.9 Aduce que, el Reglamento reconoce que están expresamente excluido de a aplicación del Reglamento aquellos centros poblados que cuenten o que son atendidos con el servicio público de telefonía fija. Ello, no solo porque así lo establece ele propio Reglamento, sino principalmente debido a que en estos centros poblados sus habitantes cuentan con otras alternativas de comunicación, por lo que es razonables que el servicio de telefonía fija pública se presta en dichos centros poblados ya no está sujeto al nivel de exigencia que implica la aplicación del referido reglamento. 1.10 Por otro lado, alega la vulneración del deber de motivación, puesto que, como fundamento principal para confirmar la sanción impuesta, la entidad ha señalado n el considerando 4.2 que los medios probatorios presentados por Telefónica, los cuales consisten en información sobre el tráfico o capturas de pantalla, no resultaban suficientes para acreditar que ya se contaba con el servicio e telefonía inalámbrica en dichos lugares. 1.11 Indica que, lamentablemente no se han presentado argumentos claros y preciso que permitan conocer al administrado los motivos por los cuales los medios probatorios no fueron suficientes para demostrar que los centros poblados rurales ya contaban con un servicio de telefonía fija. 1.12 Refiere que, incluso Telefónica oportunamente ha demostrado en el procedimiento administrativo que en otros procedimientos administrativos Osiptel si ha considerado 3 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO a las capturas de pantalla como pruebas suficientes para acreditar que s localidades contaban con servicio telefonía fija, como es el caso de la Resolución de Gerencia General N° 806-2014-CG/OSIPTEL. 1.13 Advierte que, la resolución impugnada incurre en otro error en la motivación al momento de resolver sobre la obligación de prestar el servicio en las áreas rurales. En efecto, como se puede apreciar al momento de resolver sobre si el centro poblado Poltocsa el servicio se encontraba operativo la resolución no presenta argumentos suficientes que refuercen su posición respecto de considerar cuando estamos o no ante un equipo operativo. 1.14 Al respecto, menciona que la relevancia de presentar los argumentos se encuentra en que, en el expediente de supervisión, se señala que durante la inspección se encontró el equipo telefónico guardado e inoperativo; sin embargo, reconoce que al conectarse el equipo a la red eléctrica se verificó que el teléfono podía recibir llamadas, es decir, se encontraba operado, siendo que estas contradicciones debían ser materia de discusión por el Consejo Directivo. 1.15 Indica que, respecto al centro poblado Las Pampas, Telefónica alego que en el expediente de supervisión no se encontraron las actas de supervisión con las que se acreditaría que más del 50% de teléfonos instalados en dicho centro poblado se encontraron fuera de servicio, siendo que Osiptel resolvió este extremo en unos términos distritos a los que debía hacerlo, llegando a una conclusión errada a partir de las premisas establecidas. 1.16 Cuestiona la valoración de los medios probatorios, señalando que la Resolución materia de impugnación no ha efectuado una adecuada valoración de los medios probatorios presentados, consistentes en las capturas de pantalla y a la información sobre el tráfico que demostraban que los 32 centros poblados contaban con el servicio de telefonía fija inalámbrica instalada y que este se encontraba operativo, más aún, si existen pronunciamientos de Osiptel que demuestran que sí considera a las capturas de pantallas como pruebas suficientes para demostrar que, los centros poblados rurales cuentan con un servicio de telefonía foja operativo. 2. Argumentos de la demandada 2.1 Refiere que, evaluados los medios probatorios actuados, se determinó que ne 32 localidades se incumplió con el artículo 4 del Reglamento de Continuidad, pues durante el año 20212 excedieron los 30n días calendario, continuos o alternados, en la condición de fuera de servicio, tolerados por el cuerpo reglamentario. 4 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2.2 Asimismo, sostiene que las localidades donde la GFS realizó las acciones de supervisión a los teléfonos públicos rurales contenidas en la lista de centros poblados determinados en los anexos 1ª, 1B, 1C de su contrato de concesión, así como en la relación de centros poblados donde se instaló el servicio de telefonía pública de manera adicional a lo establecido en dicho contrato. 2.3 Indica que, de la información que le fue remitida a OSIPTEL se pudo determinar que ninguno de los centros poblados rurales materia del procedimiento sancionador se encontraban dentro del área de influencia de una central de comunicación de telefonía fija o de su unidad remota. 2.4 Sostiene que, en cuanto a lo manifestado por Telefónica respecto a la cobertura en centros poblados rurales por telefonía móvil, ello no excluye de la aplicación del Reglamento de Continuidad, pues no se encuentra contemplada como casual de exclusión de la obligación de la empresa operadoras a proveer un servicio ininterrumpido en los centros poblados rurales; pues el Reglamento de Continuidad, taxativamente excluye del cumplimiento de sus disposiciones, a aquellos centros poblados rurales que son atendidos y se encuentran dentro del área de influencia de una central de comunicación de telefonía fija o de su unidad remota y la telefonía celular esta relacionada con las estaciones base y no con estaciones remotas, por lo que no corresponde su exclusión. 2.5 En lo que respecta a la vulneración del deber de motivación, señala que las capturas de pantalla no cuentan con información aceptada como válida, pues no demuestran que los teléfonos estuvieron activos durante l periodo de evaluación/ 29012), pues en su contenido se aprecia información de tráfico correspondiente a periodos distintos. 2.6 Afirma que, específicamente se indicó que lo razonable era que la operadora presente medios probatorios adicionales, como por ejemplo: copia de los contratos celebrados con los abonados, las pantallas con información de tráfico del año correspondiente o una muestra de los CDRs del tráfico cursado, de acuerdo al criterios señalado en la Resolución N° 149-2012-CD-OSIPTEL. 2.7 En ese sentido, señala que también se ha precisado que si en otros procedimientos se aceptaron como válidos medios probatorios consistentes en capturas de pantallas, es debido a que se ajustaban al criterio señalado en la mencionada resolución, por lo que se encuentran debidamente sustentados los motivos por los cuales las capturas de pantalla presentadas no resultan suficientes para demostrar que, los teléfonos fijos inalámbricos instalados en las localidades estuvieron activos en el año 2012. 2.8 el indicador VLTM tiene por finalidad verificar que la información proporcionada por las empresas concesionarias respecto del levantamiento de la mala calidad de 5 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tensión sea veraz, tal y como se establece en el literal c) del numeral 5.1.2 y el literal e) del numeral 5.1.1 del procedimiento 686, que para efectos de supervisión se considera una muestra representativa, y se instalan equipos registradores de tensión a fin de verificar el levantamiento reportado por la concesionaria. 2.9 Indica que, se desprende del Informe de Supervisión N° SUP1700024-2018-10-10 del 05 de octubre del 2018, que se evaluó una muestra de cuatro (04) mediciones de tensión que fueron reportadas por la demandante con medición conforme, detectándose que en el caso de suministro 301014107 (01 suministro) continuaba con mala calidad de tensión, obteniéndose un valor de 75%, el cual es inferior al estándar de 100% establecido en el literal c) del numeral 5.2.1 del Procedimiento 686. 2.10 Señala que, de la revisión de la Resolución de Oficinas Regionales OSINERGMIN N° 1845-2020-OS/OR ICA se verifica que si se tomó en consideración lo alegado por la demandante, ya que la demandada obró conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 5.1.1 del Procedimiento 686, respecto al tiempo que tomó para la medición, estado habilitado para verificar la calidad de tensión desde el término de la medición realizada por la empresa eléctrica hasta el mes siguiente del mes donde la empresa eléctrica reporta los resultados de sus medidores, en este caso se realizó el 26 de julio del 2018, encontrándose dentro de plazo ya que la demandante retiró los equipos de medición el 01 de junio del 2018. Se tiene del procedimiento administrativo sancionador que en el caso del suministro N° 301014107 no se evidenció el levantamiento de la mala calidad en la medición efectuada. 2.11 Por último, del petitorio de la demanda se advierte que la demanda se interpone contra la Resolución N° 03-2021-O/TASTEM-S1, sin embargo, de los fundamentos de hecho de la demanda considera que la demandante no ha sustentado debidamente la causal de nulidad en la que supuestamente se ha incurrido de acuerdo al artículo 10 del TUP de la Ley N\| 27444, y que además no ha aportado prueba alguna de sus afirmaciones. I. PARTE CONSIDERATIVA 3 Planteamiento del Problema “Determinar si en el caso de autos, ha existido una aplicación e interpretación incorrecta del Reglamento de Continuidad; y en tal efecto, si se ha incurrido en la vulneración de los principios de Tipicidad y Debido Procedimiento; y si consecuentemente, la resolución materia de impugnación incurre en las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General”. 4 Del Control Contencioso Administrativo. 6 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.1 El Artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, refieren a la acción contencioso administrativo y precisan que tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado. En ese sentido, es el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no solo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. 4.2 El Tribunal Constitucional, ha establecido en el Expediente Nro. 1230-2002-HC/TC, Fund.11, segundo y tercer párrafo: La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver. 4.3 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la Resolución Administrativa Nro.002-2014- CE-PJ, de fecha 07/01/2014, ha establecido Como regla general: "Si el órgano jurisdiccional competente para resolver el medio impugnatorio considera que existen errores de hecho o de derecho en la motivación de la resolución impugnada, deberá revocar y resolver el fondo del asunto jurídico, reservando solo para las situaciones excepciones su anulación. Los defectos meramente formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada, deben ser subsanadas o corregido por el órgano superior. Como excepción: El órgano jurisdiccional competente para resolver el medio impugnatorio, solo podrá anular la resolución impugnada, cuando se trate de vicios insubsanables que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto jurídico que signifique un agravio real y concreto, lo cual corresponde ser invocado por la parte afectada y deberá estar acreditado en autos. 5 Antecedentes Administrativos. - 5.1 Previo al ingreso de la controversia, corresponde ubicarnos en los actuados que dieron origen a la presente litis, los cuales pasamos a detallar: 7 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Con fecha 07 de marzo del 2012, se abrió el Plan de Supervisión correspondiente al año 2012, dándose inicio al Expediente de Supervisión N° 00063-2012-GG- GFS, en merito al cual se llevaron a cabo visitas de supervisión in situ durante el año 2012 a los centros poblados previstos del servicio de Telefonía Pública Rural, los cuales sumaron un total de 1869 centros poblados rurales, el mismo que estaba destinado a verificar el proceso de atención de fallas, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el proceso de registro en base de datos, el control y seguimiento del buen funcionamiento del servicio y de la documentación de sustento d ellos casos de ocurrencias por causas de caso fortuito o fuerza mayor y de otros aspectos relacionados.  Por Informe de Supervisión N° 217-GFS/2014 de fecha 21 de febrero de 20148 se concluyó que: i) Telefónica del Perú S.A.A habría incumplido con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Continuidad aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° N° 069-2002-CD/OSIPTEL ( en lo sucesivo Reglamento de Continuidad), al no haber informado en los informes de ocurrencias los 129 teléfonos de uso público, pertenecientes a 103 centros poblados rurales, que se encontraron fuera de servicio, en las supervisiones de campo del año 2012; ii) Habría incumplido el artículo 17 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, al haber remitido en sus informes de ocurrencias del año 2012, información inexacta: las ocurrencias de 45 teléfonos de uso público, pertenecientes a 30 centros poblados rurales, y haber remitido información inexacta de la ubicación real de 82 teléfonos de uso público, pertenecientes a 57 centros poblados rurales: iii) Habría incumplido con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Continuidad, al no haber informado en sus informes de tráfico del año 2012, el tráfico de 30 teléfonos de uso público, pertenecientes a 23 centros poblados rurales; iv) Habría incumplido con lo tipificado en el artículo 17 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, al haber remitido en sus informes de tráfico del año 2012, información inexacta del tráfico relativo a 55 teléfonos de uso público, pertenecientes a 36 centros poblados rurales, y haber remitido información inexacta de la ubicación real de 82 teléfonos de uso público, pertenecientes a 57 centros poblados rurales; v) Habría incumplido con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento sobre Continuidad, al haberse determinado que 453 centros poblados rurales durante al año 2012, excedieron, en cada caso los 30 días calendario, continuos o alternados, en la condición de fuera de servicio tolerados por el mencionado cuerpo reglamentario.  Por carta N° DR-107-C-490/DF-14 de fecha 24 de abril del 20149 la empresa demandante formula sus descargos contra las imputaciones efectuadas, el mismo que fue ampliado con carta DR-107-549/DF-14 de fecha 26 de diciembre del 201410 y carta TP-R-GGR-044115 de fecha 13 de enero del 201511. 8 A fojas 03-14 del expediente administrativo- tomo I 9 A fojas 18-30 del expediente administrativo – tomo I 10 A fojas 130 del expediente administrativo – tomo I 11 A fojas 145 del expediente administrativo – tomo I 8 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Evaluados y analizados los argumentos de defensa, se expidió la Resolución de Gerencia General N° 217-2015-GG/OSIPTEL de fecha 31 de marzo del 201512 que resolvió sancionar a la empresa accionante con un multa de 207 UIT por la comisión de la infracción leva tipificada en el artículo 11 del Reglamento de Continuidad, por incumplir lo dispuesto en el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, al haberse detectado la condición de localidad fuera de servicio por más de 30 días durante el año 2012 en un total de 414 localidades; con una multa de 51 UIT por haber por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11 del Reglamento de Continuidad, al haber incumplido lo previsto en el artículo 8° de la misma norma; con una multa de 51 UIT por la infracción tipificada en el artículo 17 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, al haber alcanzado información inexacta en cuanto al Informe de Ocurrencias respecto de 22 teléfonos públicos, respecto de 55 teléfonos públicos, y respecto de la ubicación real de 57 teléfonos públicos; dándose por concluido el procedimiento sancionador en el extremo referido a la infracción tipificada en el artículo 11 del Reglamento de Continuidad.  Al no encontrarse conforme con la decisión expedida, se tiene que mediante escrito de fecha 24 de abril del 201513 la empresa accionante interpuso recurso de reconsideración.  Por Resolución de Gerencia General N° 372-2015-GG/OSIPTEL de fecha 8 de junio del 201514 se declaró parcialmente fundado el recurso, confirmándose en el extremo que se sanciona a Telefónica S.A,A por la infracción leve tipificada en el artículo 11 del Reglamento de Continuidad, por incumplir lo dispuesto en el 4 del Reglamento de Continuidad por un total de 123.81 UIT; revocar la resolución impugnada en el extremo que sanciona por el incumplimiento al artículo antes mencionado, en cuanto a 8 localidades , con siete multas cuyo total suma 23-.47 UIT, y una amonestación.  Mediante escrito de fecha 3 de julio de 201515 la demandante formulo recurso de apelación.  Elevados los autos al Consejo Directivo de Osiptel, se expidió la Resolución N° 087-2015-CD/OSIPTEL de fecha 06 de agosto del 201516, que declaró fundado en parte el recurso mencionado, revocando las amonestaciones y la multa total de 72-01 UIT impuesta por 59 centros poblados; y se confirmó las 15 amonestaciones y multa de 48.74 UIT por el incumplimiento del artículo 4 del Reglamento de Continuidad en 32 centros poblados, dándose por agotada la vía administrativa. 6 Análisis del Caso 12 A fojas 185-200 del expediente administrativo – tomo I 13 A fojas 203-210 del expediente administrativo – tomo II 14 A fojas 256-262 del expediente administrativo- tomo II 15 A fojas 265-285 del expediente administrativo – tomo II 16 A fojas 305-313 del expediente administrativo – tomo II 9 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO De la Sentencia de Vista nulificante 6.1 Por Sentencia de fecha 09 de marzo del 2022 expedida por la Primea Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo17, se resolvió declarar Nula la sentencia de primera instancia, ordenándose emitir un nuevo pronunciamiento, a fin que esta judicatura evalúe y analice la aplicación por razón de temporalidad de la Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL, su modificatoria por Resolución N° 020-2005- CD/OSIPTEL y la Resolución N° 158-2012-CD/OSIPTEL, y en tal razón, si la vigencia de la Resolución N° 163-2019-CD/OSIPTEL alcanzaba a las presuntas infracciones y sanciones aplicables en contra de la empresa accionante. Respecto a la aplicación del Principio de Irretroactividad 6.2 En cumplimiento al mandato dispuesto por el Superior Jerárquico, se procede a efectuar el análisis de autos en atención a las consideraciones expuestas. Para ello, debemos precisar que dicho estudio se enfoca en la aplicación temporal de la normativa, en este caso, la vigencia de las disposiciones legales reguladoras de la continuidad del servicio de telefonía pública en centros poblados rurales, en relación a las infracciones materia de litis. 6.3 En tal sentido, debemos empezar señalando que por Resolución N° 069-2002- CD/OSIPTEL publicada con fecha 26 de noviembre del 2022, se aprueba el Reglamento de Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, la cual fue expedida con el objeto de establecer los parámetros de medición de la obligación de continuidad asumida por las empresas concesionarias en sus contratos de concesión para una efectiva y permanente prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en los centros poblados rurales. Dicha normativa fue modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2005-CD/OSIPTEL publicada con fecha 02 de abril del 2005, siendo que posteriormente a través de la Resolución N° 158- 2013-CD/OSIPTEL publicado el 05 de diciembre del 2013, se aprueba el Reglamento sobre Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, destinado a establecer las condiciones mínimas para la prestación del servicio de telefonía de uso público en los centros poblados rurales y de preferente interés social, de manera que las empresas operadoras cumplan con la disponibilidad y la continuidad del mismo. En ese orden, tenemos que mediante Resolución N° 163-2019-CD/OSIPTEL publicada el 28 de diciembre del 2019 se deroga el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales y modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones. 17 A fojas 504-507 del expediente principal 10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 6.4 Ingresando al tema de la vigencia y/o y temporalidad en la aplicación de las disposiciones sancionadoras, se hace imperativo ubicarnos en el principio de Irretroactividad regulado en el artículo 248° inciso 5 del TUO de la Ley 27444, el cual dispone las siguientes reglas: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la . nueva disposición 6.5 En ese sentido, debemos indicar que conforme al artículo 103 de la Constitución Política del Estado, la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. De manera análoga, el artículo III del Título Preliminar del Código Civil establece que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política. 6.6 En primer lugar, estas normas establecen como regla general la prohibición de aplicación retroactiva de las normas legales, y a la vez fijan el límite entre la aplicación retroactiva y la aplicación inmediata, al señalar que las normas aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. De este modo, las normas legales rigen para el tiempo sucesivo a su entrada en vigor, quedando a salvo los efectos jurídicos producidos por supuestos de hechos anteriormente perfeccionados. En segundo lugar, admite como excepción del sistema, esto es, como único supuesto de aplicación retroactiva, aquella referida a la materia penal y siempre sujeta a la condición de tratarse de un contenido normativo favorable para el infractor. Respecto a ello, el Tribunal Constitucional18 ha señalado que el principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. 6.7 Así, encontramos que nuestro ordenamiento administrativo ha establecido dos reglas para regular la aplicación en el tiempo de las normas sancionadoras administrativas: i) La irretroactividad de las normas sancionadoras administrativas que garantiza que la potestad sancionadora solo será válida para aplicar sanciones cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad a la comisión de la infracción, ello quiere decir que, este principio determina que las disposiciones sancionadoras, solo son aplicables para tipificar y sancionar ilícitos cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al momento de la comisión de los hechos y siempre 18 STC Exp. N° 02283-2006-PH/TC. 11 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que estén vigentes al momento de la imposición de la sanción por la autoridad. De este modo, las entidades no pueden sancionar por normas posteriores a los hechos cuando sean desfavorables a la situación del administrado por ser una aplicación retroactiva de la norma. i) La aplicación de las normas sancionadoras posteriores a la comisión del ilícito siempre que beneficien al administrado (retroactividad benigna). El principio enunciado contiene una excepción valiosa: si hubiere una norma posterior, que, integralmente considerada, fuere más favorable al administrado, debe serle aplicada. En tal sentido, si luego de la comisión del ilícito administrativo, en los términos de la norma preexistente, se produce una modificación legislativa, y la nueva norma es, en su consideración integral, más benigna para el administrado, entonces deberá ser dicha ley aplicada al caso por serle más favorable o benigna, pese a no haber regido al momento en que se ejecutará el ilícito administrativo19. Se debe indica que, la influencia de la norma posterior más favorable, se hará efectiva en cualquier momento anterior a la ejecución de la sanción, según las modificatorias introducidas al TUO de la Ley N° 27444; y en tal
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Avenida Nicolás de Piérola Nº 677- 2do. Piso, Cercado de Lima Expediente N. º : 12468-2015-0-1801-JR-CA-05 Demandante : TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA Demandado : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL Proceso : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Origen : 05° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima. F. V. : 09/03/2022 (03) Resolución N. ° 17 Lima, 09 de marzo de 2022. SENTENCIA DE VISTA VISTOS: Con el expediente administrativo que se tiene a la vista; e interviene como ponente el juez superior Carrasco Alarcon; se procede a sentenciar. CONSIDERANDO: I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO. - 1.1. Por escrito de fecha 06 de agosto de 20211, la Procuradora Pública del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL (en adelante la demandada o apelante) interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia2 emitida mediante la Resolución N. º 15 de fecha 07 de junio de 2021, que resolvió declarar lo siguiente: “FUNDADA la demanda. NULA la Resolución N.° 087-2015-CD/OSIPTEL en el extremo que se confirmó 15 amonestaciones y multa total de 48.74 UIT impuesta a la parte demandante, por el incumplimiento del articulo 4° del Reglamento de Continuidad en 32 centros poblados rurales.” II. AGRAVIOS DEL RECURSO DE LA APELACIÓN. – 2.1. La entidad apelante en su recurso de apelación contra la sentencia aludida, en virtud de los siguientes agravios: a) El A quo aplica indebidamente la retroactividad benigna a favor de la demandante, cuando a todas luces, la norma posterior a la norma en base a la cual se le sancionó, no resulta ser más beneficiosa para ella, habiendo el OSIPTEL motivado las razones por las cuales sancionó a la demandante, aplicando la norma vigente al momento en que se produjo la infracción. b) La sentencia no considera ninguno de los argumentos planteados por las partes, puesto que la Jueza basa su decisión en un nuevo fundamento sobre la aplicación de la retroactividad benigna al caso materia del proceso, esta circunstancia no fue alega por la demandante en sede administrativa y menos judicial. c) Que, es conveniente considerar que el nombre utilizado de continuidad y disponibilidad del servicio están referidos a la obligación de mantener el servicio operativo, diferenciándose únicamente en el tiempo que s e mantuvo tal condición. d) La Resolución N.° 163-2019-CD/OSIPTEL no eliminó la obligación de continuidad en la prestación del servicio de telefonía de uso público, como equivocadamente se sostiene en la 1 Ver en las páginas 439 a 455 del expediente principal. 2 Ver en las páginas 402 a 411 del expediente principal. 1 sentencia, sino que se mantiene vigente en la actualidad, circunstancia que acarrea vicio o error en la citada decisión de la jueza. e) Que, la Jueza ha resuelto el caso en base a un argumento que no fue planteado por ninguna de las partes tanto en el procedimiento administrativo sancionador como en el presente proceso judicial, afectando su derecho de defensa y debida motivación. III. ÁNALISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE LA SALA. - PRIMERO: El artículo 148° de la Constitución Política del Perú establece que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativa; en ese sentido, el artículo 01° del Actual Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante el TUO de la LPCA), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, dispone que ésta tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, lo cual se tendrá en consideración al momento de analizar el presente caso. SEGUNDO: La apelación tiene por objeto que un órgano jurisdiccional, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por otro órgano como garantía del principio de doble instancia reconocido en la Constitución, art. 139, inciso 6, y desarrollado legislativamente en la norma del Código Procesal Civil, art. 364. TERCERO: Expuestos los agravios del recurso de apelación, es importante delimitar cuales han sido los puntos controvertidos que se fijaron en el proceso, que ahora son materia de controversia, mediante el cual se estableció, lo siguiente: “Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N.° 087-2015- CD/OSIPTEL”. CUARTO: En principio, corresponde resolver en conjunto los agravios expuestos por la apelante, para ello, es importante señalar las actuaciones administrativas contenidas en el expediente administrativo, observándose lo siguiente: - Por Informe N.º 217-GFS/20143 de fecha 21 de febrero de 2014, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL, realizó la evaluación del cumplimiento de la continuidad del servicio de los teléfonos públicos rurales brindado por TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A., durante el año 2012, en el marco del Reglamento sobre la Continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en cetros poblados rurales aprobado por la Res. N.º 069-2002- CD/OSIPTEL4, en donde emitió una serie de conclusiones, entre ellos, lo más resaltantes se desprende que la demandante habría: “i) Incumplido lo dispuesto por el articulo 4° del Reglamento sobre la Continuidad, al haberse determinado que cuatrocientos cincuenta y tres (453) centros poblados rurales (localidades), durante el año 2012 excedieron, en cada caso, los treinta (30)días calendario, continuos o alternados, en la condición de “fuera de servicio”, tolerados por el mencionado Reglamento; ii) Incumplido lo dispuesto por el articulo 7° del Reglamento sobre la Continuidad, al haber omitido en sus informes de ocurrencias correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2012; ciento veintinueve (129) teléfonos de uso público, pertenecientes a ciento tres (103) centros poblados rurales, que se encontraron fuera de servicio en las supervisiones en campo.; iii) Incumplido lo dispuesto por el articulo 8° del Reglamento sobre la Continuidad, al no haber informado en sus informes de tráfico del año 2012, el total del tráfico de treinta (30) teléfonos de uso público, pertenecientes a veintitrés (23) centros poblados rurales; iv) Incumplido lo dispuesto por el artículo 17° RGIS, al haber: - Remitido en sus informes de Ocurrencias de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre del año 2012, información inexacta de las ocurrencias de cuarenta y cinco (45) teléfonos de uso público, pertenecientes a treinta (30) centros poblados rurales. – Remitido en sus Informe de Trafico, en al menos un mes durante el año 2012, información inexacta del trafico relativo a cincuenta 3 Ver en las páginas 03 a 14 del expediente administrativo I. 4 Publicado el 26 de noviembre de 2002. 2 y cinco (55) teléfonos de uso público, pertenecientes a treinta y seis (36) centros poblados rurales. – Remitido información inexacta de la ubicación real de ochenta y dos (82) teléfonos de uso público, pertenecientes a cincuenta y siete (57) centros poblados rurales.” - Con Carta N.° 371-GFS/20145 de fecha 21 de febrero de 2014, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador en contra de la empresa demandante. - Por Carta N.° DR-107-C-490/DF-146 de fecha 24 de abril de 20147, la empresa demandante presentó sus descargos. - Mediante Resolución de Gerencia General N.° 217-2015-GG/OSIPTEL8, se resolvió lo siguiente: “Articulo 1° .- SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con doscientos siete (207) multas, cuyo total suma 566.48 UIT, y doscientos siete (207) amonestaciones, según el detalle contemplado en el Anexo 8 contenido en el CD adjunto a la presente Resolución, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, por incumplir lo dispuesto en el articulo 4° de la misma norma, al haberse detectado la condición de localidad fuera de servicio por mas de treinta (30) días durante el año 2012 en un total de cuatrocientos catorce (414) localidades, (…). Artículo 2°. - SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de cincuenta y uno (51) UIT, por la infracción grave tipificada en el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, al haber incumplido con el artículo 7° de la citada norma en el caso de ciento veintidós (122) teléfonos públicos detallados en el Anexo 5 contenido en el CD adjunto a la presente Resolución, (…). Artículo 3°. - SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de cincuenta y uno (51) UIT, por la infracción grave tipificada en el artículo 11° del Reglamento de Continuidad, al haber incumplido con el articulo 8° de la citada norma, en el caso de veintitrés (23) teléfonos públicos detallados en el Anexo 1 contenido en el CD adjunto a la presente Resolución, (…). Artículo 4°. - SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con una multa de cincuenta y uno (51) UIT, por la infracción grave tipificada en el articulo 17° del Reglamento General de Infracciones y sanciones, al haber alcanzado información inexacta en cuanto al Informe de Ocurrencias respecto de veintidós (22) teléfonos públicos detallados en el Anexo 6 contenido en el CD adjunto de la presente Resolución. (…)”. - Con escrito de fecha 24 de abril de 20159, la empresa demandante presentó recurso de reconsideración contra la referida resolución. - A través de la Resolución de Gerencia General N.° 372-2015-GG/OSIPTEL10, se resolvió declarar parcialmente funda el recurso de reconsideración presentado por la demandante, en virtud de los siguientes términos: “i) CONFIRMAR en el extremo que sanciona a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por la comisión de la infracción leve tipificada en el articulo 11° del Reglamento de Continuidad, por el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la misma norma, en noventa y un (91) localidades, imponiendo cuarenta y dos (42) multas, cuyo total suma 123.81 Unidades Impositivas Tributarias y cuarenta y nueve (49) amonestaciones, según el detalle consignado en el Anexo 2 del CD adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución. (…)” - Por escrito de fecha 03 de julio de 201511, la empresa demandante presentó recurso de apelación contra la mencionada resolución. - Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 087-2015-CD/OSIPTEL12 de fecha 06 de agosto de 2015, se resolvió declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la empresa demandante, en virtud de lo siguiente: “(…) (ii) CONFIRMAR las quince (15) amonestaciones y multa 5 Ver en las páginas 01 a 02 del expediente administrativo I. 6 Ver en las 18 a 30 del expediente administrativo I. 7 Ver en las páginas 18 a 30 del expediente administrativo I. 8 Ver en las páginas 185 a 200 del expediente administrativo I. 9 Ver en las páginas 203 a 218 del expediente administrativo II. 10 Ver en las páginas 256 a 262 del expediente administrativo II. 11 Ver en las páginas 265 a 285 del expediente administrativo II. 12 Ver en las páginas 305 a 313 del expediente administrativo II. 3 total de cuarenta y ocho con setenta y cuatro (48.74) UIT, por el incumplimiento del articulo 4° del Reglamento de Continuidad en treinta y dos (32) centros poblados rurales.”; y por agotada la vía administrativa. - Posteriormente, con Resolución de Consejo Directivo N.° 121-2015-CD/OSIPTEL13 de fecha 07 de octubre de 2015, se resolvió: “Artículo 1°.- Rectificar el error material de la Resolución de Consejo Directivo N.° 087-2015-CD/OSIPTEL de fecha 06 de agosto de 2015, incurrido en el numeral (ii) del articulo 1°, y en consecuencia, donde dice: (ii) CONFIRMAR las quince (15) amonestaciones y multa total de cuarenta y ocho con setenta y cuatro (48.74) UIT, por el incumplimiento del articulo 4° del Reglamento de Continuidad en treinta y dos (32) centros poblados rurales, debe decir: (ii) CONFIRMAR las quince (15) amonestaciones y multa total de cincuenta y uno con ocho (51.8) UIT, por el incumplimiento del articulo 4° del Reglamento de Continuidad en treinta y dos (32) centros poblados rurales” (lo resaltado y subrayado nuestro). QUINTO: Análisis del caso en concreto 5.1. En principio, estando a los agravios expuestos en el recurso de apelación presentados por la entidad apelante, es importante determinar si la sentencia ha sido debidamente motivada o no. 5.2. Al respecto, debemos precisar que el derecho de la función jurisdiccional, implica la observancia del debido proceso consagrado por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, esto es, que – entre otras cosas – para que el proceso culmine con éxito en su gestión, debe contar siempre con decisiones jurisdiccionales emitidas cumpliendo las reglas básicas establecidas para la validez de estas. Entonces, ello hace necesario una adecuada motivación de las resoluciones, no sólo por tratarse de una garantía de la administración de justicia elevada a rango constitucional prevista en el inciso 5 del artículo 139º de la Constitución, regulada también bajo sanción de nulidad en caso de ausencia en el inciso tres del artículo 122º del Código adjetivo. Por ello, para emitir una resolución judicial debidamente motivada, ésta debe ser escrita expresando la ley aplicable y los fundamentos de hecho en los cuales se sustenta, como también se “exige explicitar y justificar” las pruebas usadas, actuadas y dar cuenta de un mínimo y aceptable razonamiento. 5.3. Así pues, el autor Davis Echeandía14 afirma en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales que: "...de esta manera se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de impugnación contra la sentencia para los efectos de segunda instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los errores que conducen al Juez a su decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella se aplican". SEXTO: En esta misma línea, el Tribunal Constitucional Peruano en reiteradas sentencias, sustentó en sus fundamentos jurídicos, sobre la motivación de resoluciones judiciales, es por eso, que en la Sentencia recaída en el expediente número 10340-2006-AA/TC, en el fundamento (17) diecisiete, establece que: “Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 17. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a un debido proceso. Un juez puede violar el deber de motivación tanto cuando omite exponer las razones que justifican la decisión, como cuando, exponiéndolas, la motivación pueda ser calificada de aparente o defectuosa, sea por una deficiente aplicación de las normas que disciplinan el caso, sea por una errónea valoración de los hechos que inciden directamente en la decisión pronunciada” (énfasis agregado) aunado a ello, el mismo Tribunal, en la sentencia contenida en el 01025-2012-PA/TC, preciso que: “(…) 4. En la STC 06712-2005-PHC/TC, el Tribunal precisó que el derecho a la prueba comprende “el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La 13 Ver en las páginas 320 a 322 del expediente administrativo II. 14 Teoría General del Proceso, Tomo I: 48,1984. 4 valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (subrayado agregado).” SÉTIMO: También, en la Sentencia recaída en el expediente número 03433-2013-PA/TC, en el fundamento cuarto, el Tribunal Constitucional Peruano, señalo que: “(…) 4.4.3) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 4.4.4) A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengas planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa. (…)” (lo subrayado y resaltado es nuestro). OCTAVO: Estando a los considerandos precedentes, y enfocándonos al caso en concreto, es conveniente indicar que la Jueza de primera instancia para sustentar su decisión y estimar la demanda, en los fundamentos 5.4, 5.7 y 5.8, precisa que: “5.4 Subsiguientemente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019-CD/OSIPTEL publicada el 28 de diciembre de 2019 se derogó el Reglamento aprobado por Resolución N.° 158-2013-CD-OSIPTEL, y en dicho Reglamento (Resolución 163-2019) no existe la obligación referida a la continuidad rural establecida tanto en el artículo 4° de la Resolución N.° 069-2002-CD/OSIPTEL y el artículo 18° de la Resolución N.°158-2013-CD-OSIPTEL. (…) 5.7. Al respecto, tenemos que un sector de la doctrina considera que la retroactividad benigna debe ser aplicada para el caso de sanciones ya generadas, pero no ejecutadas, esto es, hasta que se expida una decisión firma en sede administrativa; otro sector considera que dicho postulado de benignidad y/o favorecimiento puede ser aplicado hasta que la sanción se encuentre pendiente de ejecución e inclusive hasta que se encuentre sometida a un proceso judicial. Esta judicatura se adhiere al segundo criterio, considerando que con las precisiones introducidas por la modificatoria de la Ley N.° 27444, se esclarece el tema de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables, en tanto, hace referencia a un presunto infractor y a un infractor y extiende su aplicación a las sanciones que se encuentren en ejecución, escenario en el cual se hace viable su aplicación en etapa judicial, debiendo tenerse presente además que el fundamento de las normas sancionadoras favorables es la igualdad, puesto que no puede considerar justo, castigar de distinta manera a quienes han cometido la misma infracción” (lo subrayado y resaltado es nuestro). NOVENO: De lo expuesto, se advierte que la Jueza de primera instancia para aplicar la retroactividad benigna al caso de autos, hace referencia que a partir de la vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019-CD/OSIPTEL publicada el 28 de diciembre de 2019, ya no existe la obligación sobre la continuidad rural, que fueron establecidas en la Resolución N.° 158-2013-CD-OSIPTEL y Resolución N.° 069-2002-CD/OSIPTEL y su modificatoria; sin embargo, es menester precisar que la Jueza de primera instancia ha omitido analizar las disposiciones normativas antes mencionadas, como también no ha analizados si eran aplicables por razón de temporalidad al haberse detectado las presuntas infracciones en el año 2012, según el Informe N.º 217-GFS/201415 de fecha 21 de febrero de 2014. DÉCIMO: Agregando a lo anteriormente señalado, es preciso indicar que la Jueza de primera instancia no ha tenido en cuenta que en la exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019- CD/OSIPTEL16, en el numeral 2.3 de disponibilidad del servicio, se describe que: “Se propone unificar los conceptos referidos a las obligaciones de continuidad y disponibilidad, bajo la definición de disponibilidad. 15 Ver en las páginas 03 a 14 del expediente administrativo I. 16 Deroga el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales y modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones (Publicado el 28 de diciembre de 201)9. 5 Dentro de los supuestos a ser considerados como tiempo sin disponibilidad, se incluye aquellas anteriormente eran las causas para incumplir la continuidad del servicio, tal como estaba conceptualizada en el Reglamento” (lo subrayado y resaltado es nuestro). Asimismo, en la parte considerativa de la mencionada resolución, se advierte: “(…)Que, habiéndose analizado los comentarios formulados al referido proyecto, corresponde al Consejo Directivo aprobar la modificación del Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales; Que, al unificar las obligaciones de disponibilidad y continuidad de los teléfonos de uso público en centros poblados rurales en una única disposición referida a la disponibilidad, se simplifican las labores de supervisión y se facilita el proceso de determinación de responsabilidad de las empresas operadoras. De esta manera, se espera que estas cuenten con un escenario de predictibilidad sobre las consecuencias por la falta de servicio, indistintamente de sus causas; Que, por otro lado, a partir del análisis que se ha observado que el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales contiene disposiciones relacionadas con la calidad del servicio prestado, específicamente respecto a la disponibilidad del servicio de telefonía de uso público en zonas rurales y lugares de preferente interés social; la remisión de información referida al tiempo sin disponibilidad y la atención de los reclamos de los usuarios. Que, cada uno de los aspectos mencionados guarda en sí un conjunto de disposiciones alrededor de la disponibilidad del TUP, agrupados en una sola norma. (…)” (lo subrayado y resaltado es nuestro). DÉCIMO PRIMERO: Por lo que estando a lo señalado, no es posible afirmar que no existe la obligación de continuidad para la prestación del servicio de telefonía de uso publico en centros poblados rurales actualmente, cuando la vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019-CD/OSIPTEL17, ha promovido una unificación de conceptos y disposiciones normativas que incluye los incumplimientos de continuidad del servicio dentro de la disponibilidad, situación que ha omitido analizar la Jueza de primera instancia; por lo que, ahora deberá previamente evaluar y analizar si las disposiciones referidas a la Resolución N.° 069-2002-CD/OSIPTEL18, y su modificatoria la Resolución de Consejo Directivo N.° 020-2005-CD-OSIPTEL19, y Resolución N.°158-2013-CD-OSIPTEL20, eran aplicables por razón de temporalidad a las presuntas infracciones detectadas en el año 2012. Además, analizar si la vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019-CD/OSIPTEL21, alcanzaba a las presuntas infracciones y sanciones aplicadas en contra de la empresa apelante, cuando dicha normativa fue emitida posterior a la conclusión del procedimiento administrativo. DÉCIMO SEGUNDO: Agregando a lo anteriormente indicado, la Jueza de primera instancia no se ha pronunciado sobre los argumentos expuestos de las partes en el presente proceso, y atendiendo a lo señalado en el considerando anterior, deberá emitir un pronunciamiento de fondo en razón a los argumentos esgrimidos por las partes, y valorando los medios probatorios, a fin de que las partes obtenga una decisión debidamente motivada y de acuerdo a derecho. DÉCIMO TERCERO: En ese contexto, debemos tener presente que el artículo 171º del Código Procesal Civil preceptúa que: “La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito” (resaltado nuestro) De la norma citada, y conjuntamente con los considerandos señalados, se advierte que la sentencia materia de impugnación ha incurrido en un defecto insubsanable, con lo cual no se ha emitido un 17 Deroga el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales y modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones (Publicado el 28 de diciembre de 2019). 18 Aprueba Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales y su exposición de motivos. (Publicado el 26 de noviembre de 2002). 19 Modifican el Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales. (Publicado el 02 de abril de 2005) 20 Aprueban Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales. (Publicado el 05 de diciembre de 2013). 21 Deroga el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales y modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones (Publicado el 28 de diciembre de 2019). 6 pronunciamiento defectuoso que contraviene la debida motivación de las resoluciones judiciales para las partes, evidenciándose que no ha debidamente motivado su decisión22, tanto más si lo que se trata es evitar que se expidan decisiones incongruentes23 o con defectos en la motivación como ha ocurrido en el presente caso. DÉCIMO CUARTO: Por ende, concluimos que la sentencia apelada no tuvo en consideración la aplicación, análisis y evaluación de la Resolución de Consejo Directivo N.° 163-2019-CD/OSIPTEL24, como también no se analizó si era aplicable o no por razón de temporalidad la aplicación de la Resolución N.° 069-2002- CD/OSIPTEL25, y su modificatoria la Resolución de Consejo Directivo N.° 020-2005-CD-OSIPTEL26, y Resolución N.°158-2013-CD-OSIPTEL27, cuando las presuntas infracciones fueron detectadas en el año 2012; además, no deja de ser menos importante que se ha emitido una decisión sin considerar los argumentos expuestos por las partes, por lo que, el Juez deberá tener en consideración al momento de resolver; de modo que, no se advierte que se haya expedido una decisión debidamente motivada; en consecuencia, la Jueza deberá emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos de la presente resolución, a fin de asegurar que la decisión judicial sea conforme a Ley, permitiendo así efectivizar el derecho que le corresponde a los justiciables; resultando, por tanto, aplicable al caso de autos lo dispuesto en los artículos 171°, 176° y 177° del Código Procesal Civil. IV. DECISIÓN. - Por las razones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley: DECLARAMOS: 1. NULA la Sentencia del Juzgado contenida en la Resolución N. º 15 de fecha 07 de junio de 2021, que resolvió declarar lo siguiente: “FUNDADA la demanda. NULA la Resolución N.° 087-2015- CD/OSIPTEL en el extremo que se confirmó 15 amonestaciones y multa total de 48.74 UIT impuesta a la parte demandante, por el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento de Continuidad en 32 centros poblados rurales.”; y 2. Se ORDENA al Juez de Primera Instancia, emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos precedentes. En los seguidos por Telefónica del Perú S.A.A., contra el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL sobre Nulidad de Resolución o Acto Administrativo. Avocándose los Señores Magistrados Superiores que suscriben la presente. Notifíquese y Devuélvase. - LACA/Gah ARRIOLA ESPINO CARRASCO ALARCON BONILLA CAVERO 22 Tribunal Constitucional. STC – EXP N. º 02750-2016-PA/TC. Fundamento 24). Establece que: “La jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas "garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar una adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables" (Cfr. Expediente 08125-2005-HC/TC, fundamento 10).”. 23 Tribunal Constitucional. STC – EXP N. º 02750-2016-PA/TC. Fundamento 25). Precisa que: “En su interpretación sobre el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, el Tribunal ha formulado una tipología de supuestos en los cuales dicho contenido resulta vulnerado. Dicha tipología se encuentra recogida en sentencia como la emitida en el Expediente 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes hipótesis de vulneración: (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).” 24 Deroga el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la Prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales y modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones (Publicado el 28 de diciembre de 201)9. 25 Aprueba Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales y su exposición de motivos. (Publicado el 26 de noviembre de 2002). 26 Modifican el Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales. (Publicado el 02 de abril de 2005) 27 Aprueban Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales. (Publicado el 05 de diciembre de 2013). 7
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA SS. CARRASCO ALARCÓN VALER FERNÁNDEZ BONILLA CAVERO EXPEDIENTE N°12468-2015 RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Lima, veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno.- Por recibido el expediente judicial procedente del Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que viene en grado de apelación la SENTENCIA de fecha siete de junio del dos mil veintiuno, expedida mediante resolución número quince, corriente de folios cuatrocientos dos a cuatrocientos once, que declaró: FUNDADA LA DEMANDA, elevado en mérito a la apelación concedida a la parte demandada, mediante resolución número dieciséis, obrante a folios cuatrocientos cincuenta y seis. Y, conforme a la naturaleza del recurso concedido, los señores Magistrados que suscriben se avocan al conocimiento de los actuados, poniéndose en conocimiento de los sujetos del proceso para los fines consiguientes; y, ATENDIENDO: PRIMERO: El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, de manera que el transcurso de él se lleve en forma debida; el debido proceso formal o adjetivo el cual permite a las partes de manera razonable y suficiente a ser oídas, a ejercer el derecho de defensa, producir prueba y, entre otros derechos, a obtener una sentencia que decida la causa de manera motivada dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. SEGUNDO: Asimismo, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, norma supletoria en este proceso, establece que “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso” y el artículo 139° inciso 6) de la Constitución Política del Estado y el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagran el principio constitucional de doble instancia. TERCERO: Reconociendo la naturaleza dinámica del Derecho, resulta imperativo implementar mecanismos que concreten la tutela judicial efectiva, estando a que uno de los contenidos que lo integran es el trámite en un plazo procesal razonable y en atención a ello dentro de los parámetros establecidos por el Texto Único Ordenado de la Ley N°27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo, resultando aplicable Código Procesal Civil ante lo no previsto por la ley especial, resulta viable sintetizar y concentrar el trámite previsto por el legislador a efecto de concretar la tutela procesal con base constitucional que reclaman los justiciables, pues una dilación aparente en los trámites procesales emerge del tránsito del proceso en diferentes áreas de un Órgano Jurisdiccional, haciendo ilusorio el principio de celeridad que comporta todo proceso judicial. CUARTO: Conforme a los principios de economía y celeridad procesal, establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el proceso debe realizarse procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, dentro de los plazos establecidos y tomar las medidas necesarias con la finalidad de lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses. Cabe agregar que el principio de economía procesal preconiza el ahorro de tiempo, gastos y de esfuerzos en el proceso. Asimismo, el principio de celeridad procesal recusa la dilación maliciosa e irracional del proceso, permitiendo el impulso procesal ya sea de oficio o a petición de las partes contendientes, a fin de lograr una decisión pronta y eficaz. QUINTO: Por lo que, en armonía con los principios de celeridad y economía procesal y, estando al procedimiento previsto en los artículos 373º, 374° y 375° del Código Procesal Civil, y al amparo del artículo 139°incisos 3), 5) y 6) de la Constitución Política del Estado: SE DISPONE: 1.- CONFERIR traslado del escrito de apelación formulado por la parte demandada, por el plazo de diez días. De presentarse el escrito de contestación al traslado conferido, la otra parte procesal podrá adherirse al recurso, si lo estima conveniente, fundamentando necesariamente sus agravios; y de presentarse tal hecho, igualmente se CONFIERE traslado a la apelante por el mismo plazo legal. De presentarse el caso de que la parte contraria no cumpla con absolver el traslado conferido, se procederá conforme al punto tercero de esta resolución. 2.- COMUNICAR a las partes que, vencido el plazo de ley, respecto de los traslados conferidos (apelación o adhesión, de ser el caso) con o sin las absoluciones de las partes, se procederá a sanear el procedimiento de la apelación, con la calificación de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo a la naturaleza del proceso. 3.- SE FIJA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA CON INFORME ORAL para el NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTDOS a horas 09.00 a.m (hora exacta). Fecha en la cual los señores abogados de las partes harán uso de la palabra, en caso lo solicitasen dentro del plazo de ley, a efectos de informar oralmente a la vista de la causa por el término de cinco minutos. En dicha Audiencia también podrán informar sobre hechos las partes procesales por el mismo tiempo, siempre y cuando el señor Abogado lo comunique a la Sala dentro del tercer día de notificado. Esto considerando el plazo para una debida notificación a fin de cumplir con el debido proceso, así como estimando el trámite procesal que podría presentarse como consecuencia del traslado conferido. 4.- Asimismo, el señor Jefe de la Mesa de Partes cumplirá con recepcionar los escritos y recursos que se presenten, debiendo inmediatamente dar cuenta a Relatoría, bajo responsabilidad funcional, a fin de que los mismos sean proveídos en el día y poner en conocimiento de las partes, de ser el caso, su contenido. Y finalmente el Señor Relator deberá colocar en un lugar visible de la Sala (vitrina) la Tabla de vistas de la causa, para conocimiento de los justiciables. Tómese razón, Notifíquese y Cúmplase. 5.- CUMPLAN LAS PARTES INTERVINIENTES CON SEÑALAR Y/O RATIFICAR SU CASILLA ELECTRONICA, AL TERCER DIA DE NOTIFICADAS, debiendo tener en cuenta que ante la circunstancia de Emergencia Nacional decretado por el Estado Peruano, así como de la emergencia sanitaria debido a la pandemia generada por el COVID-19, situación que subsiste hasta la fecha, el Poder Judicial ha emitido lineamientos para el trabajo remoto1 y el uso de la Solución Empresarial Colaborativa denominada “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y litigantes con los jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de Justicia del país2. Se comunica a las partes que la vista de la causa se realizará de manera virtual y a través de la aplicación denominada “Google Hangouts Meet”; debiendo CUMPLIR las partes, dentro del tercer día de notificados con señalar: i) correo electrónico Gmail, ii) número de teléfono celular con WhatsApp habilitado, para que se le comunique el enlace de la videoconferencia; exhortándose a los abogados y las partes, capacitarse en el manejo de dicha aplicación, pues será la herramienta a través del cual se llevarán a cabo las audiencias mientras se mantenga el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria; a efectos de impulsar el presente proceso conforme corresponde; avocándose al conocimiento de la causa el Colegiado que suscribe por disposición Superior.- Notificándose.- MACCH/pame 1 Resolución Administrativa No. 0069-2020-P-CE-PJ, que aprueba el Reglamento denominado “Trabajo Remoto en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.” 2 Resolución Administrativa N° 000123-2020-CE-PJ que autoriza el uso de la Solución Empresarial Colaborativa denominadas “Google Hangouts Meet”.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 12468-2015 DEMANDANTE : Telefónica del Perú SA DEMANDADO : OSIPTEL MATERIA : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo. RESOLUCIÓN NÚMERO: QUINCE Lima, 07 de Junio de 2021.- SENTENCIA I PARTE EXPOSITIVA El presente proceso se inicio mediante escrito1 de fecha 12 de noviembre de 2015, siendo admitida mediante resolución número cuatro2 de fecha 24 de mayo del 2017, por medio de la cual se puso a conocimiento de la entidad demandada, quien contestó3, en los términos que se expondrá más adelante. Mediante resolución número seis de fecha 04 de julio del 2018 se efectuó el auto de saneamiento4 y no habiéndose llevado a cabo Informe Oral, quedó la causa expedita para sentenciar. Siendo así se procede a exponer los argumentos relevantes indicados por las partes a lo largo del proceso. 1. Argumentos de la parte demandante 1.1. Refiere que mediante Carta N° 371-GFS/2014 la Gerencia de Fiscalización y Supervisión comunicó a Telefónica el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, por el presunto incumplimiento del artículo 11 del Reglamento de Continuidad y la presenta infracción del artículo 17 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones. 1.2. Señala que, con fecha 24 de abril de 2014, presentó sus descargos; sin embargo, por Resolución de Gerencia General N° 217-2015-GG/OSIPTEL se dispuso sancionar a Telefónica por el supuesto incumplimiento del artículo 11, 7 y 8 del Reglamento de Continuidad; así como también, por la supuesta infracción del artículo 17 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones. Asimismo, se dio por concluido el procedimiento administrativo respecto de 39 localidades. 1 A folios 112/133 del expediente principal 2 A folios 227/228 del expediente principal 3 A folios 237/251 del expediente principal 4 A folios 253/254 del expediente principal 1/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1.3. Alega, que con fecha 24 de abril de 2015, interpuso recurso de reconsideración parcial contra la Resolución N° 217-2015-GG/OSIPTEL, el mismo que fue resuelto mediante Resolución de Gerencia General N° 372-2015-GG/OSIPTEL que declaro parcialmente fundado el recurso de reconsideración: i) Confirmando en el extremo que sancionó a Telefónica por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 11 y el artículo 04 del Reglamento de Continuidad ii) Revocó en el extremo que sancionó por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Continuidad respecto de 08 localidades. 1.4. Indica que, interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2015-CD/OSIPTEL, disponiendo declarar fundada en parte el recurso de apelación: i) Revocando las amonestaciones y la multa total de 62 impuesta por 59 centros poblados ii) Confirmó las 15 amonestaciones y la multa de 48.74 UIT en 32 centros poblados rurales. 1.5. Precisa que, se ha vulnerado el Principio de Tipicidad aplicando normas indebidas en lugares de inspección donde no se verificaban los supuestos de hecho para aplicar las normas. En efecto, en el casi del centro poblado Ccoylloriti se dispuso aplicar el Reglamento de Continuidad y sancionar a Telefónica a pesar de que el centro poblado antes mencionado no era una comunidad rural. 1.6. Señala que, para considerar un centro Poblado rural no basta con que se encuentren viviendas contiguas, sino que además para que se pueda considerar como centro poblado tiene que ser habitado con ánimo de permanencia; es decir, no basta con que haya personas que ocasionalmente vivan en el lugar, sino que deben tener un ánimo de permanencia. Tal es el caso de Ccoylloriti el cual, ha sido demostrado en el procedimiento administrativo, no cuenta con pobladores sino solamente con peregrinos que eventualmente visitan el lugar, por lo que no puede considerarse como un centro poblado rural. 1.7. Alega que, si a pesar de los argumentos que demuestran lo contrario, se determinara que Ccoylloriti es un centro poblado rural debe ser exonerado de la aplicación del Reglamento de Continuidad, esto es porque, al igual que las otras 31 localidades, se ha demostrado que estas cuentan ya con servicio de telefónica fija inalámbrica. 1.8. Asimismo, indica que el propio Reglamento reconoce que están expresamente excluidos de la aplicación del Reglamento aquellos centros poblados que cuenten o que son atendidos con el servicio público de telefonía fija (inalámbrica o alámbrica). Ello, no solo porque así lo establece el propio reglamento, sino principalmente debido a que en estos centros poblados sus habitantes cuentan con otras alternativas de comunicación, por lo que es razonable que el servicio de telefonía fija pública que se presta en dichos centros poblados ya no esté sujeto al nivel de exigencia que implica la aplicación del referido reglamento. 2/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1.9. Manifiesta que, se ha vulnerado la Motivación de los actos administrativos, toda vez que no se ha presentado argumentos claros y precisos que permitan conocer al administrado los motivos por los cuales esos medios probatorios (información sobre el tráfico o capturas de pantallas) no fueron suficientes para demostrar que los centros poblados rurales ya contaban con un servicio de telefonía fija. Incluso indica que oportunamente ha demostrado en el procedimiento administrativo que en otros procedimientos administrativos osiptel sí ha considerado a las capturas de pantalla como pruebas suficientes para acreditar que las localidades contaban con servicio de telefónica fija, como es el caso de la Resolución de Gerencia General N° 806-2014-GG/OSIPTEL. 1.10. Arguye que, la Resolución impugnada incurre en otro error en la motivación al momento de resolver sobre la obligación de prestar el servicio en las áreas rurales, esto por cuanto al momento de resolver sobre sí en el centro poblado Poltocsa el servicio se encontraba operativo la resolución no presenta argumentos suficientes que refuercen su posición respecto de considerar cuando están o no ante un equipo operativo. 1.11. Refiere que, respecto del centro poblado Las Pampas, alegó que en el expediente de supervisión no se encontraron las actas de supervisión con las que se acreditaría que más del 50% de teléfonos instalados en dicho centro poblado se encontraron fuera de servicio. Agrega, que Osiptel tenía como premisa fijar si las actas de supervisión se encontraban en el Expediente de Supervisión para llegar a la conclusión de que había información en el Expediente de Supervisión, sin pronunciarse sobre si se encontraban o no las actas de supervisión. 1.12. Indica que, por otro lado, al pronunciarse respecto de los Centros Poblados Ynuna, Huacar e Iguara la Resolución incurre en una manifiesta contradicción, como se aprecia del fragmente del informe N° 491-GFS/2015 que el propio OSIPTEL trae a colación se reconoce la nulidad del Acta correspondiente a la localidad de Yauna, con lo cual corresponde exonerar de responsabilidad por esta localidad a Telefónica al ser nula la Acta por la que se le sanciona. 1.13. Agrega que Osiptel reconoce y comparte lo señalado por el informe respecto de la comunidad Yauna, a pesar de ello, señaló que no es posible exonerar de responsabilidad sin precisar que fundamentos lo llevan a tomar esta decisión si es que se desprende del informe que la Acta era nula por lo que no había un acta válida para sancionar a su representada. 1.14. Arguye que, existe vulneración a una adecuada valoración de los medios probatorios consistentes en las capturas de pantalla y la información sobre el tráfico que demostraban que los 32 centros poblados contaban con el servicio de telefonía fija inalámbrica instalado y que este se encontraba operativo. 3/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2. Argumentos de la entidad demandada - OSIPTEL 2.1 La demandada, señala que, en cuanto a la vulneración del Principio de Tipicidad alegado, de la lectura del artículo 4° del Reglamento de Continuidad, así como lo indicado en su Exposición de Motivos se determina que una de las obligaciones, cuyo incumplimiento es susceptible de sanción, es el brindar el servicio sin interrupciones que superen los treinta días. En efecto, el artículo 4° de dicho Reglamento establece lo siguiente: “La empresa concesionaria no podrá mantener, por localidad, cada año calendario, en la condición de fuera de servicio un periodo mayor a treinta (30) días calendario, sean éstos continuos o alternados, excluyéndose el término de la distancia. En caso de reparación debidamente acreditada. El desabastecimiento, de tarjetas de pago en el o los puntos de venta que deberá tener la empresa concesionaria en cada centro poblado, en el caso de los teléfonos públicos que utilicen dicho sistema, será computado para el tiempo fuera de servicio, desde el reporte del hecho hasta la provisión efectiva de las tarjetas, excluyendo el término de la distancia, siempre que la provisión se produzca. Corresponderá a la empresa concesionaria acreditar el abastecimiento o la existencia de algún otro medio de pago habilitado a disposición de los usuarios." Asimismo, el artículo 3° del Reglamento de Continuidad establece que el ámbito de aplicación de la norma se circunscribe a aquéllos teléfonos públicos que se encuentran instalados en los centros poblados rurales. 2.2 Señala que, si bien el Reglamento de Continuidad excluye de la denominación de centros poblados rurales a aquellas localidades que se encuentren dentro del área de influencia de una central de conmutación, recalca que dicha exclusión, únicamente, está referida a la central de conmutación de telefonía fija, tal como se transcribe en el artículo 1°. 2.3 Alega que, de los medios probatorios actuados, se determinó que en 32 localidades TELEFÓNICA incumplió con el artículo 4° del Reglamento de Continuidad, pues durante el año 2012 excedieron los 30 días calendario, continuos o alternados, en la condición de fuera de servicio, tolerados por el cuerpo reglamentario. Asimismo, las localidades donde la GFS realizó las acciones de supervisión a los teléfonos públicos rurales estaban contenidas en la lista de centros poblados determinados en los Anexos lA, IB y IC de su Contrato de Concesión, así como en la relación de centros poblados donde se instaló el servicio de telefonía pública de manera adicional a lo establecido en dicho contrato. 2.4 Indica que, en cuanto a lo señalado de que a Ccoyilorryti no le resulta aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Continuidad, toda vez no es un centro poblado según el INEI, refiere que se consideran centros poblados rurales, respecto de los cuales es imperativo el deber de continuidad, según el mismo reglamento, aquellos definidos como tales por el INEI incluidos en el contrato de concesión de Telefónica, entre ellos se encuentra la localidad de Ccoyilorryti, con lo cual se desvirtúan los argumentos esgrimidos al respecto por la operadora. 4/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2.5 Que, de la información que fue remitida al OSIPTEL se pudo determinar que ninguno de los centros poblados rurales materia del PAS se encontraba dentro del área de influencia de una central de conmutación de telefonía fija o de su unidad remota, y que el hecho de atribuir el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento de Continuidad al desarrollo de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por parte de otros operadores, no puede constituir causal eximente de responsabilidad, pues es evidente que, con el desarrollo tecnológico y el despliegue de infraestructura que se venía y viene dando en el mercado de telecomunicaciones, otras empresas y otras tecnologías pudieran ingresar a las localidades donde TELEFÓNICA presta el servicio telefónico. 2.6 Sostiene que, en relación a la falta de motivación, la resolución impugnada se aprecia que esta sí indica el motivo por el cual las capturas de pantallas no resultan suficientes para acreditar que se contaba con el servicio de telefonía inalámbrica en los centros poblados respecto de los cuales se impuso sanción, así como también se indica que medios probatorios sí lo serían. Asimismo, indica que en el punto 4.3 de la resolución impugnada, se remite al punto 3.1 de la Resolución de Gerencia General 372-2015-GG/OSIPTEL, en el cual se hace referencia a que en 96 capturas de pantalla no consignan en forme precisa información referida a la dirección o el lugar donde habría sido instalado el teléfono fijo inalámbrico, únicamente el lugar donde se realizó la adquisición del teléfono, la misma que difiere de la ubicación de los centros poblados rurales en cuestión, por lo que no permiten determinar que los teléfonos fijos inalámbricos hayan sido adquiridos para prestar el servicio en las localidades en las cuales se imputa el incumplimiento. 2.7 Señala que, las capturas de pantalla no cuentan con información aceptada como válida, pues no demuestran que los teléfonos estuvieron activos durante el periodo de evaluación (2012), pues en su contenido se aprecia información de tráfico correspondiente a periodos distintos. Específicamente se indica que lo razonable era que la operadora presente medios probatorios adicionales, como, por ejemplo: copia de los contratos celebrados con los abonados, las pantallas con información de tráfico del año correspondiente o una muestra de los CDRs del tráfico cursado, de acuerdo al criterio señalado en la Resolución N° 149-2012- CD/OSIPTEL. 2.8 Precisa que, en cuanto al Centro Poblado de Poltocsa, no existe indebida motivación pues se precisó que al efectuar la supervisión se advirtió que un equipo telefónico se encontró guardado e inoperativo, sin embargo, al conectarse el equipo a la red eléctrica se verificó que el teléfono podía recibir llamadas. 2.9 En la supervisión a Poltocsa se advirtió que la señal GSM de la empresa Movistar es inestable en la vivienda supervisada y por lo tanto el funcionamiento del equipo que se encontró guardado, aunque podía funcionar, no lo hacía 5/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO adecuadamente al no tener una señal estable. Tan es así, que la empresa operadora se comprometió a colocar una antena Yagi para que el equipo funcione adecuadamente. 2.10 Refiere que, en relación a los pronunciamientos respecto de los centros poblados de Yanuna, Huacar e Iguara, de la lectura de la resolución impugnada fluye que se indica que solo una de las tres actas de supervisión observadas por Telefónica es nula, esto es la correspondiente a la localidad de Yanuna, y esto se tomó en cuenta para el cómputo de los días en que dichos centros poblados estuvieron fuera de servicio, por lo que no existe indebida motivación al respecto. 2.11 Alega que, la información contenida en las capturas de pantalla no acreditan que TELEFÓNICA se encuentre dentro del eximente de responsabilidad por la infracción. Es decir que, contrariamente a lo indicado por la operadora, no se aprecia de dicha resolución, que, en toda situación, las capturas de pantalla deban ser valoradas positivamente 2.12 Agrega que, en la resolución administrativa cuestionada se aprecia que se han valorado las capturas de pantalla que contienen información respecto del lugar y fecha de instalación del servicio, y el detalle del tráfico (entrante y saliente) cursado desde otros servicios, concluyendo que en cincuenta y nueve (59) centros poblados, TELEFÓNICA ha cumplido con acreditar que tiene instalados servicios de telefonía fija inalámbrica y que durante parte del periodo existió tráfico en los mismos, por lo que respecto de dichos centros poblados no se ha sancionado a la operadora. 2.13 Menciona que, se puede verificar que en cuanto a treinta y dos (32) centros poblados, respecto de los cuales se consideró que las capturas de pantalla no acreditaron que los teléfonos estuvieron activos durante el periodo 2012, ello se puede observar en el punto 4.3 de la resolución impugnada, que se remitió al punto 3.1 de la Resolución de Gerencia General 372-2015-GG/OSIPTEL. Es decir que las capturas de pantalla desvirtuaron la infracción incurrida, debido a que no consignan en forma precisa información referida a la dirección o el lugar donde habría sido instalado el teléfono fijo inalámbrico, únicamente el lugar donde se realizó la adquisición del teléfono, la misma que difiere de la ubicación de los centros poblados rurales en cuestión, por lo que no permiten determinar que los teléfonos fijos inalámbricos hayan sido adquiridos para prestar el servicio en las localidades en las cuales se imputa el incumplimiento. 2.14 Finalmente, indica que lo razonable era que la operadora presente medios probatorios adicionales, como por ejemplo: copia de los contratos celebrados con los abonados, las pantallas con información de tráfico del año correspondiente o una muestra de los CDRs del tráfico cursado, de acuerdo al criterio señalado en la Resolución N° 149-2012-CD/OSIPTEL 6/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO II. PARTE EXPOSITIVA 3. Planteamiento del Problema “Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 087-2015- CD/OSIPTEL" 4. Del control contencioso administrativo. 4.1 Acorde con lo establecido por el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° de la Ley 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Publica sujetas al derecho administrativo y que hayan causado estado. 4.2 Debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alega le ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en ésta materia no solo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna; sino además a brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. 5. Análisis del Caso. 5.1 De la revisión de los actuados, se tiene que por Resolución N° 087-2015- CD/OSIPTEL se confirmó 15 amonestaciones y multa total de 48.74 UIT impuesta a la parte demandante, por el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento de Continuidad en 32 centros poblados rurales. 5.2 Se aprecia que, el artículo 4° de la Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL que Aprueba el Reglamento sobre la continuidad en la prestación del servicio telefónico bajo la modalidad de teléfonos públicos en centros poblados rurales y su exposición de motivos, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2005-CD-OSIPTEL, en cuanto a la continuidad del servicio establece lo siguiente: "Artículo 4°.- La empresa concesionaria no podrá mantener, por localidad, cada año calendario, en la condición de fuera de servicio un periodo mayor a treinta (30) días calendario, sean éstos continuos o alternados, excluyéndose el término de la distancia. En caso de reparación debidamente acreditada El desabastecimiento, de tarjetas de pago en el o los puntos de venta que deberá tener la empresa concesionaria en cada centro poblado, en 7/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO el caso de los teléfonos públicos que utilicen dicho sistema, será computado para el tiempo fuera de servicio, desde el reporte del hecho hasta la provisión efectiva de las tarjetas, excluyendo el término de la distancia, siempre que la provisión se produzca. Corresponderá a la empresa concesionaria acreditar el abastecimiento o la existencia de algún otro medio de pago habilitado a disposición de los usuarios." 5.3 Es preciso indicar que dicho Reglamento aprobado por Resolución N° 069-2002- CD/OSIPTEL, posteriormente con fecha 05 de diciembre de 2013 fue derogado por la Única Disposición Derogatoria de la Resolución N° 158-2013-CD-OSIPTEL que aprobó el Reglamento sobre la Disponibilidad y Continuidad en la prestación del Servicio de Telefonía de Uso Público en Centros Poblados Rurales, que en cuanto a la continuidad del servicio en su artículo 18 establece: "Artículo 18. CONTINUIDAD E IMPEDIMENTO DE RETIRO DEL SERVICIO La prestación del servicio deberá permanecer en el centro poblado de acuerdo a lo establecido tanto en su contrato de concesión como en el presente Reglamento, excepto en el caso que cuente previamente con la autorización de la autoridad competente para retirar o trasladar el servicio. Si la empresa operadora desmonta su infraestructura del lugar de instalación o en caso la mantenga sin brindar el servicio al público usuario, o se dé la devolución del teléfono público por parte del encargado, dejando de prestar el servicio por un tiempo menor a ciento ochenta (180) días calendario, dicho lapso será considerado como servicio sin disponibilidad, de acuerdo al literal d) del artículo 4 del presente Reglamento. De igualar o exceder dicho plazo, se considera incumplimiento de la continuidad del servicio". 5.4 Subsiguientemente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 163-2019- CD/OSIPTEL publicada el 28 de diciembre de 2019 se derogó el Reglamento aprobado por Resolución N° 158-2013-CD-OSIPTEL, y en dicho Reglamento (Resolución 163-2019) no existe la obligación referida a la continuidad rural establecida tanto en el artículo 4° de la Resolución N° 069-2002-CD/OSIPTEL y el artículo 18 de la Resolución N° 158-2013-CD-OSIPTEL. 5.5 En dicho contexto, nos debemos remitir a la Retroactividad Benigna, el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, establece que: “ (…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”, dispositivo que es asumido por el artículo III del Título Preliminar del Código, el mismo que contiene la “Teoría de los Hechos Cumplidos” aplicado en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto, la ley se aplica desde el momento de su vigencia, estableciéndose como regla general la Irretroactividad de las normas jurídicas; sin embargo, se reconoce la 8/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO retroactividad penal como un principio universal, que consiste en la aplicación de la norma más favorable que haya existido para su delito desde que la acción delictiva fue cometida, y que el legislador consideró constitucionalmente extenderlo al ámbito administrativo, con los matices necesarios. 5.6 Dicho principio trasladado al ámbito administrativo, se encuentra contemplado en el artículo 230° inciso 5 de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula el “Principio de Irretroactividad”, en cuyo tenor normativo anterior a la modificatoria, regulaba que: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (…)”. El autor Juan Calos Morón Urbina5, éste señala que: "Si luego de la comisión del ilícito administrativo, en los términos de la norma preexistente, se produce una modificación legislativa, y la nueva norma, es en su consideración integral, más benigna para el administrado, entonces deberá ser dicha Ley aplicada al caso por serle más favorable o benigna, pese a no haber regido al momento en que se ejecutara el ilícito administrativo". Con la expedición del Decreto Legislativo 1272, se introduce una precisión a dicha regla, señalando en su segundo párrafo que: “Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. 5.7 Al respecto, tenemos que un sector de la doctrina considera que la retroactividad benigna debe ser aplicada para el caso de sanciones ya generadas pero no ejecutadas, esto es, hasta que se expida una decisión firme en sede administrativa; otro sector considera que dicho postulado de benignidad y/o favorecimiento puede ser aplicado hasta que la sanción se encuentre pendiente de ejecución e inclusive hasta que se encuentre sometida a un proceso judicial. 5.8 Esta judicatura se adhiere al segundo criterio, considerando que con las precisiones introducidas por la modificatoria de la ley N° 27444, se esclarece el tema de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables, en tanto, hacen referencia a un presunto infractor y a un infractor, y extiende su aplicación a las sanciones que se encuentren en ejecución, escenario en el cual se hace viable su aplicación en etapa judicial, debiendo tenerse presente además que el fundamento de las normas sancionadoras favorables es la igualdad, puesto que no puede considerar justo, castigar de distinta manera a quienes han cometido la misma infracción. 5.9 Siendo ello así, atendiendo a que el objeto del presente proceso contencioso administrativo es la revisión judicial de las sanciones impuesta a la parte demandante - este órgano jurisdiccional considera que el presente proceso se encuentra vinculado a la retroactividad benigna que supone un nuevo escenario 5 Morón Urbina, Juan Carlos; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General; Gaceta Jurídica, novena edición, 2011, pág. 717. 9/10 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO constitucional a favor del demandante; por lo que, se concluye que la pretensión de la demanda debe ser amparada, toda vez que los actos administrativos objeto de pretensión de la demanda, han sido emitidos contraviniendo la constitución por lo cual incursos en el artículo 10 inciso 1) del TUO de la Ley 27444, por lo cual la demanda debe ser amparada. En tal virtud, esta Judicatura Administrando Justicia a nombre de la Nación, resuelve: III. DECISION 1. Declarar FUNDADA la demanda. 2. NULA la Resolución N° 087-2015-CD/OSIPTEL en el extremo que se confirmó 15 amonestaciones y multa total de 48.74 UIT impuesta a la parte demandante, por el incumplimiento del artículo 4° del Reglamento de Continuidad en 32 centros poblados rurales 3. Notificándose a las partes. 10/10
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	1° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12547-2015-0-1801-JR-CA-01 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEMANDANTE : TRANSPORTES Y SERVICE CANADA SA Resolución N° 05 Lima, dieciocho de mayo del dos mil diecisiete.- Puesto a despacho en la fecha; y ATENDIENDO; Primero: Que, la demandante Empresa Transportes y Service Canada S.A en su escrito de fecha cuatro de mayo del año en curso, informa al Juzgado, que la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Resolución de Subgerencia N° 2355- 2016-MML/GTU-SFT de fecha 30/12/2016, dispone el archivamiento definitivo del Acta de Control N° C569552 de infracción N-67, de fecha 27/03/2014, por verificar que el inspector Municipal de Transporte consignó una infracción de código distinto a la infracción que correspondía, por consiguiente carece de objeto que continúe el proceso. Segundo: Que, la demandante mediante el presente proceso contencioso administrativo, tiene como pretensión principal: la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00060720 de fecha 01/06/2015 y como pretensión accesoria: la cancelación de registro de gravamen de papeletas del Servicio de Administración Tributaria la infracción N-67 que contiene el Acta de Control N° 569552 de fecha 27/03/2014 que corresponde al vehículo RB- 4462; Tercero: Que, el inciso 1 del articulo 321° del Código Procesal Civil, contempla la figura de la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional, la cual opera cuando el interés para obrar como elemento intrínseco de la pretensión que justifica la postulación al proceso, desaparece antes de que el derecho haga su obra; Cuarto: Que, del anexo presentado por la demandante en su escrito de fecha 04 de mayo del año en curso, se aprecia copia del Acta de Control N° C 569552 y de la Resolución de Subgerencia N° 2355-2016-MML/GTU-SFT de fecha 30/12/2016, que resuelve en su artículo primero: “Disponer el Archivo por defecto e información insuficiente del Acta de Control N° C 569552 en el estado en el que se encuentre”; y artículo segundo: “Encargar al Servicio de Administración Tributaria el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, para que proceda a dejar sin efecto todos los actos administrativos emitidos en virtud del Acta de Control N° C 569552”; Quinto: Que, hay sustracción de materia en aquellos casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido, de manera tal que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de lo pretendido y debe declarar la sustracción de la materia sometida a su conocimiento, la consecuencia de la declaratoria de la “sustracción de la materia” para la demandante [o recurrente] implica que si bien no ha perdido la finalidad de su pretensión, pero por una circunstancia de hecho su petición ya fue resuelta, sustrayéndose así del ámbito correspondiente, habida cuenta que no se puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto controversial; Sexto: Que, la demandante al haber satisfecho su pedido de demanda, ha operado el interés para obrar que le asistía, debido a que la pretensión ha sido satisfecha fuera de proceso con la expedición de la Resolución de Subgerencia N° 2355-2016-MML/GTU-SFT de fecha 30/12/2016, que encarga a la SAT dejar sin efecto todos los actos administrativos emitidos en virtud del Acta de Control N° C569552, objeto de su demanda, lo cual implica que la presente causa tenga que concluir sin pronunciamiento sobre el fondo, de conformidad con la norma antes invocada; por estos razones: SE RESUELVE: Declarar FUNDADA la SUSTRACCION DE LA MATERIA formulada por la demandante, Empresa Transportes y Service Canada S.A. en su escrito de fecha cuatro de mayo del año en curso; sin pronunciamiento sobre el fondo, dándose por CONCLUIDO EL PROCESO y consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución ARCHIVO DEFINITIVO de los presentes autos; interviniendo el especialista legal que autoriza por disposición superior.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Av. Nicolás de Piérola Nº 677 – 3er Piso – Lima SS. MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA IRRAZABAL NUÑEZ Expediente N° 12574 – 2015 Resolución N° 05 Lima, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.- DADO CUENTA en la fecha; Al escrito presentado el 08.09.22 por la parte demandada AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU: Al Principal y Otrosí: Téngase presente lo expuesto la invocada exoneración al pago de gastos judiciales. PRIMERO: Por el escrito que se da cuenta, la parte demandada interpone Recurso de Casación contra la Sentencia de Vista, que resolvió: “CONFIRMAR la Resolución N° Once - Sentencia- de fecha 30 de julio del 2021, obrante de fojas 241 a 249, que declara fundada la demanda, en consecuencia NULAS la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 de fecha 30 de junio del 2015; y la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00071460 del 30 de junio de 2015; y ORDENA a la entidad demandada cumpla con emitir nuevo pronunciamiento de fondo de los recursos de apelación interpuesto por la empresa demandante contra las Resoluciones de Sanción Nº 176-056-00365695 y Nº 176-056-00365698; sin costos ni costas”. SEGUNDO: Al respecto, la Segunda Disposición Final Complementaria del Código Procesal Civil, establece expresamente que: “Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuaran rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieren empezado”. En tal sentido, cabe señalar, que si bien el 26 de octubre del 2022, fue publicada la Ley N° 31591; Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y dicta otras disposiciones; también lo es, que, la Segunda Disposición Final Complementaria del Código Procesal Civil, señala que: “continuaran rigiéndose por la norma anterior los medios impugnatorios interpuestos”, por lo tanto, no corresponde aplicar la Ley N° 31591, para el presente Recurso de Casación, toda vez que fue presentado antes de la entrada en vigencia de la referida ley. TERCERO: Siendo ello así, el Artículo 387° del Código Procesal Civil (antes de su modificatoria); establece: Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema […] En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; […] CUARTO: En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 387° del Código Procesal Civil: ELÉVESE los presentes autos a la Corte Suprema de Justicia de la República con la debida nota de atención. Avocándose a conocimiento de los Señores Magistrados que suscriben a mérito de la Resolución Administrativa N° 00001-2023-P-CSJLI/PJ. Prescíndase de notificación por economía y celeridad procesal. AOPR/ Kta.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE Nº : 12574 - 2015 DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA SA DEMANDADO : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SENTENCIA RESOLUCIÓN N° CUATRO.- Lima, veintitrés de agosto del dos mil veintidós.- VISTOS: los actuados con el expediente administrativo inserto. Interviene como Ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa. MATERIA DEL RECURSO: La Resolución N° Once - Sentencia- de fecha 30 de julio del 2021, obrante de fojas 241 a 249, que declara fundada la demanda, en consecuencia NULAS la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00071693 de fecha 30 de junio del 2015; y la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00071460 del 30 de junio de 2015; y se ORDENA a la entidad demandada cumpla con emitir nuevo pronunciamiento de fondo de los recursos de apelación interpuesto por la empresa demandante contra las Resoluciones de Sanción Nº 176-056-00365695 y Nº 176-056-00365698. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN: La demandada en el recurso de apelación de fojas 251 a 253 y vueltas, señala que actuó de acuerdo a ley, respetando los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y razonabilidad. Agrega que la sentencia tiene una fundamentación equivoca, al solo valorar argumentos y no pruebas, sin centrarse en la infracción cometida por el demandante el cual está probado con el acta de control, no habiendo realizado una evaluación integral del expediente administrativo. Refiere que ha quedado probado que el acto administrativo fue expedido conforme a ley. CONSIDERANDO: PRIMERO: La finalidad de la acción contenciosa administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política, es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujeta al derecho administrativo y, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Así lo establece el artículo 1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según el artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo. En el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo brocardo tantum devolutum quantum apellatum, según el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio, es decir, respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros sobre los cuales debe versar la absolución del grado. Asimismo, se tiene presente el principio iura novit curia, reconocido en el artículo VII del Título Preliminar de dicho Código, que faculta al juez aplicar el derecho que corresponde, aunque no haya sido invocado por las partes o lo sea en forma errónea. TERCERO: En el presente caso, según se aprecia de la demanda de folios 10 a 15, subsanado de folios 23 a 32, la empresa actora pretende la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 (fs. 08) y Nº 179-158-00071460 (fs. 09), ambas de fecha 30 de junio del 2015, que declaran improcedente por extemporáneo sus recursos de apelación contra la Resolución de Sanción Nº 176-056- 000365695 y Nº 176-056- 000365698, respectivamente. CUARTO: De la revisión de los actuados, se advierte que la Resolución de Sanción Nº 176-056-000365695 (fs. 160) y la Resolución de Sanción Nº 176-056-000365698 (fs. 128) ambas de fecha 16 de octubre de 2014, fueron notificadas a la empresa recurrente el 27 de octubre del 2014, según se aprecia de los cargos de notificación de folios 199. Por escritos de fecha 14 de noviembre del 2014, obrantes a folios 120 a 125 y 152 y 157, la empresa actora interpone recurso de apelación contra dichas resoluciones de sanción, que fueron declarados improcedentes por extemporáneo, mediante la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 y 179-158-00071693 ambas de fecha 30 de junio de 2015. QUINTO: En el artículo 207.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, se ha previsto el plazo de 15 días hábiles para interponer recursos impugnatorios. Por tanto, en el presente caso, el plazo legal para impugnar la Resolución de Sanción Nº 176-056-000365695 (fs. 160) y la Resolución de Sanción Nº 176-056-000365698 (fs. 128), contado desde el 28 de octubre del 2014 (día siguiente a su notificación), venció el 17 de noviembre del 2014. SEXTO: La actora presentó sus recursos de apelación el 14 de noviembre del 2014 (fs. 120 a 125 y 152 a 157), es decir, dentro del plazo de los 15 días hábiles que contempla dicha ley, por lo que la Administración demandada debió resolver el fondo del asunto de tal recurso impugnatorio para poner fin al procedimiento, según el artículo 186.1 de la Ley N° 27444; lo que no ocurrió porque la Administración erróneamente lo declaró improcedente por extemporáneo, lo que evidencia que no actuó de acuerdo a ley y que vulneró el principio de legalidad y el derecho al debido procedimiento del demandante, en su manifestación de obtener una decisión fundada y motivada en Derecho, reconocida en el artículo IV numeral 1.2 del Título Preliminar. Al respecto, debe precisarse que la falta de pronunciamiento al fondo del asunto en el recurso de apelación, impidió finalizar el procedimiento administrativo conforme a ley y, por ende, impide que el juzgador evalúe el fondo de la controversia jurídica, es decir, si el actor cometió o no la infracción imputada, su probanza y si al emitirse las resoluciones impugnadas la demandada respetó los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y razonabilidad alegados por la entidad demandada. En consecuencia, los agravios invocados son desestimables. SEPTIMO: De lo expuesto se determina que al expedirse las impugnadas Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 y 179- 158-00071693 del 30 de junio de 2015, se incurrió en causal de nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1) de la Ley 27444 que corresponde declarar y, reponiendo las cosas al estado anterior al vicio incurrido, ordenar se emita pronunciamiento de fondo a los recursos de apelación formulados por la accionante. En tal sentido, debe confirmarse la sentencia apelada, que, a su vez, se encuentra debidamente motivada fáctica y jurídicamente, según se aprecia de su contenido. FALLO: Por las consideraciones indicadas, este Superior Colegiado resuelve: CONFIRMAR la Resolución N° Once - Sentencia- de fecha 30 de julio del 2021, obrante de fojas 241 a 249, que declara fundada la demanda, en consecuencia NULAS la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 de fecha 30 de junio del 2015; y la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00071460 del 30 de junio de 2015; y ORDENA a la entidad demandada cumpla con emitir nuevo pronunciamiento de fondo de los recursos de apelación interpuesto por la empresa demandante contra las Resoluciones de Sanción Nº 176-056-00365695 y Nº 176-056-00365698; sin costos ni costas. Notifíquese y Devuélvase.- En los seguidos por Empresa de Transportes Servicios y Comercialización Expreso Santa Anita SA con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima Y Callao - ATU; sobre nulidad de resolución administrativa. SS. CERNA LANDA VALER FERNANDEZ VILLANUEVA RIVERA
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	11° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12574-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SUASNABAR LOPEZ LIZ ESPECIALISTA : RAVELLO CORAHUA, PATRICIA DEMANDADO : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO ATU PARA LIMA Y CALLAO DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA SA , Resolución Nro. DOCE Lima, tres de noviembre del año dos mil veintiuno Dado cuenta por la Especialista Legal de los autos en la fecha, conjuntamente con un escrito que se encuentra pendiente, lo que se procede a dar cuenta como corresponde: Escrito del 19 de octubre de 2021, presentado por el Procurador Publico del Ministerio de Transportes Comunicaciones: Téngase por apersonado al Procurador Publico Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se indica, en representación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU entidad demandada; y presente el domicilio real Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima y procesal en la estando a lo expuesto por la entidad recurrente, téngase presente; y conforme a lo solicitado, se procede a calificar como corresponde su recurso de apelación interpuesto; ATENDIENDO: Primero: Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que le produzca agravio con la finalidad de que sea anulada o revocada total o parcialmente. Segundo: Que, mediante escrito que se da cuenta en la fecha, la entidad demandada interpone recurso de apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución Once de fecha 30 de julio de 2021, se declara Fundada la Demanda interpuesta por la Empresa de Transportes Servicios y Comercialización EXPRESO SANTA ANITA S.A.; Tercero: Que, en este orden el artículo 35º del TUO de la Ley Nº 27584 prevé que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la apelación son los mismos de los señalados en el Código Procesal Civil; dentro de este contexto el escrito de apelación materia de calificación cumple con los requisitos que para ello exigen, encontrándose su interposición del mismo, dentro del plazo establecido en el acápite f) del inciso 2) del artículo 27º de la misma norma legal, es decir dentro de los cinco días de notificada la sentencia, además ha indicado el error de hecho o de derecho incurrido, así como a precisado la naturaleza del agravio y sustentando la pretensión impugnatoria, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 366º del Código Procesal Civil. Cuarto: Que, de conformidad con las normas invocadas y conforme lo establecido en el artículo 371º del Código acotado, esta Judicatura; RESUELVE: CONCEDER Apelación con Efecto Suspensivo contra la Sentencia contenida en la Resolución Once de fecha 30 de julio de 2021. Siendo ello así ELÉVENSE los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención. Oficiándose para tal fin. Al primer otrosí: Téngase por delegadas las facultades de representación a favor de los letrados que se indican conforme a ley. Al segundo otrosí: Téngase presente. Notifíquese. –
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Avenida Abancay Cuadra 5 – Edificio Anselmo Barreto – Cercado de Lima EXPEDIENTE : 12574-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SUASNABAR LOPEZ LIZ ESPECIALISTA : RAVELLO CORAHUA, PATRICIA DEMANDADO : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO ATU PARA LIMA Y CALLAO DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA S.A. SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Lima, treinta de julio del año dos mil veintiuno.- I. ANTECEDENTES: Mediante escrito de folios diez a quince, la EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA S.A. interpone demanda contenciosa administrativa contra el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA - SAT a efectos que se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 del 30 de junio del 2015 que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00365695 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N °C562463, y de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015 que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00365698 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C571384. Mediante Resolución dos, de fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, que corre a folios treinta y tres a treinta y cinco, se admite a trámite la demanda en la vía del proceso especial. Posteriormente se adecua al Proceso Ordinario. II. PRETENSIONES Y ARGUMENTOS: PRETENSIONES: • Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 del 30 de junio del 2015 que declaro improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056- 00365695 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C562463. • Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015 que declaro improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056- 1 00365698 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C571384. ARGUMENTOS: 1. Refiere que, las Resoluciones de Gerencia Central de Normativas que declaran improcedente por extemporáneo sus recursos de apelación contra las Resoluciones de Sanción, son falsos ya que hasta la fecha no le han notificado las resoluciones de sanción. 2. Sostiene que al estar motivadas es un hecho inexistente dichas resoluciones de Gerencia Central de Normativa deben declararse la nulidad total de dichas resoluciones de Gerencia Central de Normativa. III. POSICIÓN Y ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA: Corrido el traslado, el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima, se apersona al proceso a través de su Apoderado, contesta la demanda mediante escrito de folios cuarenta y tres a cuarenta y seis, fundamentando su posición en lo siguiente: 1. Expone que el artículo 1° de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo -Ley N° 27584 establece que la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 2. Por otro lado, el artículo 20° señala que es requisito de procedencia el agotamiento de la vía administrativa, conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, y el artículo 23° de la Ley N° 28584 establece que la demanda será declarado improcedente cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa. 3. De la revisión de los fundamentos de las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa se aprecia claramente que el recurrente impugnó los actos administrativos fuera de plazo, motivo por el cual se declaró improcedente de plano sus recursos de apelaciones, siendo que los plazos para presentar medios impugnatorios son perentorios, es decir improrrogables por lo cual vencido estos se perdió el derecho de acción, quedando consentido; por lo que la mencionada resolución ha sido emitida conforme a Ley. IV. PUNTOS CONTROVERTIDOS: Tramitada la causa conforme a su naturaleza y vencida la etapa postulatoria, se emite el auto de saneamiento procesal que obra de folios doscientos diecisiete a doscientos diecinueve, fijándose como puntos controvertidos: 2 • Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 del 30 de junio del 2015 que declaro improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056- 00365695 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C562463. • Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015 que declaro improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056- 00365698 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C571384. Admitidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y no habiendo necesidad de actuar medio probatorio por tratarse de documentos, se prescinde de la Audiencia de Pruebas declarándose el Juzgamiento Anticipado del proceso, habiendo a la parte demandada cumplido con presentar copia certificada del expediente administrativo del demandante, la presente causa se ha proyectado al estado de emitirse sentencia; asimismo, mediante resolución número nueve de fecha 12 de noviembre de 2020, se ha declarado la sucesión procesal de la demandada, a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, representada por la Procuraduría Pública del MTC, siendo la presente causa proyectada al estado de emitirse sentencia. V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: La Finalidad de la Acción Contencioso Administrativo 1. La Ley1 y la Constitución Política del Perú permiten que se pueda recurrir al Poder Judicial mediante la Acción Contenciosa Administrativa, la que tiene por finalidad que se revise la adecuación al sistema jurídico de las decisiones administrativas que versen sobre derechos subjetivos de las personas, constituyendo así una garantía de constitucionalidad y legalidad de la Administración Pública frente a los administrados2; en tal contexto, el artículo 1° de la Ley N.° 27584 resalta que la acción contencioso administrativo tiene como propósito el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, siendo que para efectos de dicha Ley la acción contencioso administrativo se denominará “Proceso Contencioso Administrativo”. La Nulidad del Acto Administrativo 2. La nulidad del acto administrativo resultará como consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. Así los actos administrativos, dada su condición de actos emitidos por razón de interés público, se presumen válidos y producen todos sus efectos mientras no se declare su nulidad mediante los medios establecidos por la Ley3. Este principio, denominado presunción de validez o de legitimidad, funciona como una presunción legal, que opera en 1 La Ley N.° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, regula las pretensiones y actos impugnables de la Administración Pública, como el trámite establecido, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 2 Ver la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente STC N.° 0008-96-I, de fecha 23 de abril de 1997, en su Fundamento 37. 3 Ello se encuentra prescrito en el artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 3 tanto, no se genere una declaración expresa en contrario, sea de naturalezas administrativa o judicial4. Así pues, la presunción de validez de los actos administrativo tiene un evidente origen en el – ya denominado – interés público5. Los Actos Administrativos susceptibles de ser Impugnados Judicialmente 3. Nuestra Constitución Política en su artículo 148° precisa que: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa”. Así al realizar el análisis de la citada disposición, se deduce que, de manera implícita, la Carta Magna consagra la exigencia del agotamiento de la vía administrativa antes de dar inicio al proceso contencioso administrativo. Con esta regla lo que se persigue es que la Administración Pública tenga la posibilidad de revisar sus propias decisiones, subsanar errores, fortalecer la presunción de legitimidad de sus actos y restringir las acciones judiciales precitadas en su contra. En concordancia con dicha finalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N.° 27444, en su artículo 218° inciso 1) establece textualmente que “Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado”. Delimitación del Petitorio 4. En el caso sub examine, la controversia del proceso se reduce establecer si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071693 del 30 de junio del 2015, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00365695 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C562463, y de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00365698 del 16 de octubre de 2014, emitida por el Acta de Control N° C571384. 5. A efectos de resolver la presente controversia conviene tener presente la garantía del debido procedimiento y motivación de la Resolución Administrativa. En ese sentido, el Tribunal Constitucional en su STC 2317- 2010-PA señala la relevancia máxima de la debida motivación en las resoluciones administrativas; “1. (…) Como este Tribunal tiene señalado, el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 139º, numeral 3) de la Constitución, comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, pueda considerarse justo (STC N.º 10490-2006-AA, Fundamento 2). De ahí 4 Guzmán Napuri, Cristian (2004) “La Administración Pública y el Procedimiento Administrativo General” Primera Edición. Lima, Editorial Página Blanca, pág. 195 y ss. 5 Danos Ordóñez, Jorge “Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley N.° 27444”. En Comentarios a la Ley Procedimiento Administrativo General - Ley N.° 27444, segunda parte. Lima, ARA Editores, 2003, pág. 229. 4 que este Tribunal haya señalado que el ámbito de irradiación de este derecho continente no abarca exclusivamente al ámbito judicial, sino que se proyecta también al ámbito de los procesos administrativos (STC Nº 07569- 2006-AA/TC, Fundamento 6). Por lo demás, así también lo establece el artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala que “[l]os administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”. Del mismo modo, es preciso advertir que el artículo IV del Título Preliminar numeral 1.2. de la Ley Nº 27444 prescribe expresamente que: "Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)". 6. En el caso de autos, se advierte que, se está impugnando una resolución y actuación administrativa emitidas en un procedimiento administrativo sancionador, por lo que teniendo en cuenta la naturaleza especial de este procedimiento, el legislador ha puesto énfasis en este principio, tal es así que en el numeral 2) del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida, entre otros, por el Principio del Debido Procedimiento, por el cual las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 7. Es preciso señalar que, el artículo 218º del TUO de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General – establece que: “218.1 Los Recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración; b) Recurso de apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión; 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días (…)”. Además, el artículo 222° del mismo cuerpo legal señala: “(…) Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. 8. Ahora bien, en el presente caso, de los actuados administrativos se advierte que, mediante las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa Nros. 179- 158-00071693 y N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015, la entidad demandada declaró improcedentes los recursos de apelación presentados por la demandante con fecha 14 de noviembre de 201, señalando que se le había notificado las resoluciones de sanción con fecha 20 de octubre de 2014; sin embargo, del Cargo de Notificación N° 280-084-07222360 (Fs. 199 de autos), se aprecia que las Resoluciones de Sanción N° 176-056-00365695 y N° 1 76- 056-00365698, fueron notificadas a la empresa demandante el 27 de octubre de 2014, por lo que, los recursos de apelación contra dichas resoluciones con fecha 14 de noviembre de 2014, fueron presentadas dentro del plazo de los 15 días hábiles que contempla la ley. 5 9. En ese orden de ideas, tenemos que la entidad administrativa al emitir las resoluciones impugnadas ha vulnerado el principio del debido procedimiento, lesionado el derecho de defensa de la empresa demandante (derecho a reclamar y cuestionar las resoluciones sub litis), siendo que este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o administrativos sancionatorios, tal como se señala en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 06648-2006-HC/TC, que dispone: “El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medio necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”; por ende, las resoluciones impugnadas, se encuentra en causal de nulidad contemplada en el numeral 1) del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, en consecuencia corresponde amparar la demanda. VI. DECISIÓN: Estando a las consideraciones expuestas, la Juez del Décimo Primer Juzgado Permanente Contencioso Administrativo, a nombre de la Nación, FALLA: Declarando FUNDADA la demanda en todos sus extremos; en consecuencia, NULAS la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00071693 del 30 de junio del 2015; y, Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00071460 del 30 de junio del 2015; y SE ORDENA a la entidad demandada cumpla con emitir un nuevo pronunciamiento de fondo de los recursos de apelación interpuesto por la empresa demandante contra las Resoluciones de Sanción N° 176-056-00365695 y N° 17 6-056-00365698; en los seguidos por la EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA S.A.) contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA a Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, , sucesor procesal de Servicio de Administración Tributaria -SAT, sobre acción contencioso administrativa; sin costas ni costos dada la naturaleza del proceso. Notificándose conforme a Ley.- l 6
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	13° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12577-2015-0-1801-JR-CA-13 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : HINOSTROZA BRUNO, MARTHA ESPECIALISTA : MALLA ALDAVE MARLENE KARINA DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMASAT , AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO ATU , DEMANDANTE : TRANSLIMA SA , RESOLUCIÓN Nro. 09. Lima, diecinueve de mayo del dos mil veintidós. Puesto los autos en despacho para resolver y atendiendo progresivamente los expedientes por la excesiva carga procesal que afronta este órgano jurisdiccional; DANDO CUENTA: A los autos devueltos con fecha 23 de febrero del 2022; Al principal: Téngase por devuelto los actuados, a 124 fojas y expediente administrativo, de la Cuarta Sala Especializada en lo Contenciosa Administrativo de la Corte Superior de Lima que mediante Auto de Vista de fecha 24 de febrero del 2021, REVOCARON la sentencia contenida en resolución N°07 de fecha 24 de septiembre del 2018 que declara FUNDADA la demanda; y REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda; Siendo ello así, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO; REMÍTASE los autos al ARCHIVO CENTRAL para su Archivamiento Definitivo. Notifíquese.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Expediente N°: 12577 – 2015 Demandante: TRANSLIMA S.A. Demandado: Servicio de Administración Tributaria - SAT Materia: Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Juzgado: 13° JECA Permanente de Lima Vista de Causa: 24.02.2021 (N° 19) SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO Lima, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo, interviniendo como ponente el señor Juez Superior Ordoñez Alcántara, el Colegiado procede a resolver: PARTE EXPOSITIVA 1. Resolución Apelada SENTENCIA contenida en la resolución número siete de fecha 24 de setiembre de 20181, mediante la cual se declaró FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, declárese NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078856 de fecha 06 de agosto del 2016, retrotráigase el proceso a fin de que la entidad demandada emita pronunciamiento del recurso de apelación presentado por la demandante el 06 de junio del 2014. La sentencia apelada se sustenta en los siguientes fundamentos: • Siendo que la demandante presento el recurso de apelación el día 02 de junio del 2014 es que la entidad tenía la obligación de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los alegatos planteado por la demandante en su defensa. • Esta judicatura aún no puede emitir un pronunciamiento de fondo respecto si le corresponde o no a la demandante la imputación de cargos por la infracción N32, puesto que al no haberse respetado el derecho a que se respondan sus alegatos en la apelación, estos deberán ser resueltos por la entidad previamente y esta deberá determinar si le corresponde o no en vista de sus argumentos la sanción. 2. Apelación El Servicio de Administración Tributaria – SAT, presentó recurso de apelación contra la citada sentencia, mediante escrito de fecha 17 de octubre de 20182, expresando los siguientes fundamentos: 1 Fojas 71 a 76 del principal 2 Fojas 81 a 84 del principal 1 • La resolución materia de Litis, ha sido declarada improcedente, no por exceder el plazo para presentar el recurso de apelación en contra de la Resolución de sanción (extemporáneo), ya que ciertamente, fue notificada, de acuerdo a la sentencia apelada, con fecha 16.05.2014 y apelada dentro del plazo establecido de 15 días con fecha 02.06.2014, es decir al décimo primer día de notificada la Resolución de Sanción. • En su sexto considerando se pronuncia sobre los argumentos detallados en el recurso de apelación del administrado ahora demandante, indicando que ante la taita de pruebas aportadas para desvirtuar la Imputación de Cargos y al haber transcurrido el plazo establecido en el Numeral 1 Artículo 68° de la Ordenanza N° 1599 enunciado en e l séptimo considerando de la Resolución , seos estaría confirmando lo comisión de la infracción y no siendo necesario pronunciarse sobre el fondo de lo apelación, resulta pertinente declarar improcedente el recurso. Aclarando nuevamente que no se refiere o lo extemporaneidad desde lo fecha de notificación de lo Resolución de Sanción. • No solo lo administración está en lo obligación de aportar lo prueba, sino también el administrado, que en el presente coso no lo ha hecho, toda vez que el administrado no aporta prueba alguna para sustentar sus argumentos de defensa. • Los actos administrativos impugnados en sede judicial por el administrado han sido emitidos dentro de los parámetros legales, y con estricta sujeción a ley. La apelación fue concedida con efecto suspensivo mediante resolución número ocho de fecha 11 de diciembre de 20183. PARTE CONSIDERATIVA. Primero: Asunto a Resolver: De la revisión de la sentencia y del escrito de apelación, corresponde que la presente instancia analice si fue correcta o no la decisión del a-quo que declaró fundada en parte la demanda, debiendo confirmar o revocar la referida por no ajustarse a ley. Segundo: Marco Normativo: 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (…). (…) Artículo 33.- Carga de la prueba Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. 2.2 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 3 Fojas 85 del principal 2 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos (…) 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Artículo 162.- Carga de la prueba (…) 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. (…) 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 2.3 El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, establece: 1. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y ha obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo cuando sea compatible con el régimen administrativo.. 2.4 Ámbito de aplicación del la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades del 25 de Mayo del 2003 Artículo II Del Título Preliminar Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. ccorresponde a los gobiernos locales emitir las normas municipales, que son de carácter obligatorio, y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes a que hubiere lugar; asimismo, las Ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la infracción, así como la imposición de sanciones no pecuniarias. ARTÍCULO 40.- ORDENANZAS Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa (…). 2.5 ORDENANZA Nº 1599 - Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana 3 Artículo 55.- De la Responsabilidad de la Empresa Autorizada La empresa autorizada es responsable ante la GTU por el debido cumplimiento de las normas que corresponden al servicio de transporte público regular de personas reglamentado en la presente Ordenanza. Artículo 65.- Determinación de la Responsabilidad 65.1 La empresa autorizada es responsable administrativamente ante la GTU por la correcta prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la presente Ordenanza y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, operacionales, mecánicas del vehículo, así como de las condiciones de trabajo de los conductores y cobradores, la protección del medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva. Artículo 68.- Régimen especial ante la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños personales o materiales 68.1 En el caso de accidentes de tránsito con daños personales o daños materiales que impliquen o afecten la estructura y el buen funcionamiento de los sistemas del vehículo, la empresa autorizada deberá presentar a la GTU, en el plazo de un (1) día de ocurrido el accidente, un informe preliminar sobre las circunstancias del siniestro, y en el plazo de diez (10) días de ocurrido el accidente el informe detallado sobre la ocurrencia y daños producidos por el accidente, adjuntando copia del parte y el peritaje policial de constatación de daños. 68.2 Dichos informes deberán elaborarse de acuerdo con el formato que aprobará la GTU. Sin perjuicio de ello, y presentados o no los informes señalados, la GTU emitirá un informe que tendrá la condición de medio probatorio en los procedimientos administrativos que inicie. Artículo 69.- Infracciones 69.1 Las infracciones se clasifican en infracciones a la empresa de transporte autorizada, al conductor, cobrador, propietario de la unidad vehicular y operador de la infraestructura complementaria de transporte terrestre, de acuerdo con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas, establecida en el Anexo A-1, la cual forma parte de la presente Ordenanza. 69.2 Para efectos de las sanciones, las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecida en el Anexo A-1. Artículo 82.- Órgano del Procedimiento Sancionador 82.1 El órgano encargado de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por infracciones o contravenciones reguladas en la presente Ordenanza será la GTU. Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: (…) b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legítimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos. 4 ORDENANZA Nº 1599 - ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS EN LIMA METROPOLITANA TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EMPRESA AUTORIZADA Código Infracciones Calificación Medidas Sanción Responsable Reincidencia Preventivas Solidario No presentar a la GTU los informes por la ocurrencia de accidentes Propietario del N32 de tránsito Grave 20% UIT 40% UIT vehículo con daños personales o materiales en los plazos establecidos Tercero: Análisis: 3.1 La sentencia materia de alzada ha concluido que no puede emitir un pronunciamiento de fondo respecto si le corresponde o no a la demandante la imputación de cargos por la infracción N32, puesto que al no haberse respetado el derecho a que se respondan sus alegatos en la apelación, estos deberán ser resueltos por la entidad previamente y esta deberá determinar si le corresponde o no en vista de sus argumentos la sanción. 3.2 Sin embargo, de la lectura de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078856 de fecha 06 de agosto de 20154, se aprecia que ésta señala: “(…) sin obviar el principio de oficialidad que impera en el procedimiento administrativo, aportar los medios probatorios orientados a verificar la verdad material de los hechos es eventualmente interés de los recurrentes como componentes del debido proceso administrativo (…) de la revisión del recurso se ha verificado que la recurrente no logra acreditar en forma objetiva que no cometió la infracción, en tanto no adjunta prueba que permita desvirtuar la comisión de la sanción impuesta; sin embargo, se advierte que a la fecha de emisión de la presente resolución ha transcurrido el plazo para sancionar a la recurrente por la conducta infractora (…) por tanto resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto del recurso presentado por la recurrente; en consecuencia corresponde declarar su improcedencia (…)”; advirtiéndose de ello, que si se llegó a evaluar su recurso de apelación en sede administrativa, sólo que al haberse excedido el plazo para que se sancione a la administrada, la administración precisó que resultaba innecesario emitir pronunciamiento respecto de su recurso por lo que era improcedente. 3.3 En ese sentido, pasando a analizar el presente caso, tenemos que mediante Carta de Imputación N°2002-2013-MML/GTU-SFT5, la Subgerencia de Fiscalización del Transporte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se comunicó a la demandante la Imputación de cargos por infracción a la Ordenanza Municipal N° 1599 al verificarse que la empresa demandante no cumplió con presentar los informes preliminar y final por la ocurrencia de accidentes de tránsito dentro del plazo establecido (1 y 10 días) conforme lo señala el numeral 68.1 del artículo 68° de la Ordenanza N° 1599. 4 Folios 19 del expediente administrativo 5 Fojas 17 del expediente administrativo 5 3.4 Asimismo, conforme a la revisión del expediente administrativo la empresa demandante, el 10 de setiembre de 2012, comunicó la ocurrencia de accidente de tránsito ocurrida el el 08 de setiembre de 2012 en la que participó la unidad de placa de rodaje UO-7916 perteneciente a la flota vehicular de la ruta NM-29 de la empresa demandante; sin embargo, posterior a ello dejó transcurrir el plazo sin que se haya cumplido con la presentación del Informe Final, conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 68° de la Ordenanza 1599, dada la naturaleza del accidente de tránsito ocurrido el 08 de setiembre de 2012, en razón a ello es que se le atribuyó la imputación de cargos, mediante Carta de Imputación N°2002-2013-MML/GTU-SFT, por incurrir en la comisión de la infracción de código N-32 consistente en: “No presentar a la GTU los informes por la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños personales o materiales en los plazos establecidos”, no habiendo logrado enervar dicha imputación en sede administrativa, y siendo pasible de sanción mediante Resolución de Sanción 17605600173047 de fecha 06 de mayo de 2014, la que haber sido apelada fue desestimada al no haber probado objetivamente que no cometió la infracción. 3.5 Asimismo, si bien el demandante con la presente demanda cuestiona que ella no es la que deberá probar que no cometió la infracción, sino la autoridad administrativa es quien deberá corroborar la comisión; debe tenerse presente que el numeral 2 del artículo 162° de la Ley 27444 señala: “Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”; asimismo, dada la naturaleza que envuelve al procedimiento sancionador en donde frente al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración que mediante la resolución de inicio del procedimiento afirma la comisión de determinados hechos que son considerados como infracción administrativa, se presenta el ejercicio del derecho de contradicción por parte del administrado, debiéndose considerar el concepto de carga dinámica y el criterio de que quien tiene la carga de la prueba es quien está en mejor condición de probar; de este modo, correspondía a la empresa TransLima S.A demostrar que los fundamentos esgrimidos por la administración no son válidos mediante la presentación de medios probatorios idóneos. 3.6 Agustín Gordillo6, señala: “en la práctica a cada interesado le corresponde producir su propia prueba”; asimismo, por su parte Alejandro Nieto7, señala: “la presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de la prueba para accionar para evitar la producción de la figura del acto consentido, pero no afecta a la carga de la prueba, que ha de ajustarse a las reglas generales. Estas indican que cada parte debe soportar la carga de probar los hechos que integran el supuesto de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor y es el administrado el que ha de demostrar los datos de los que se derive la prueba que esgrime a su favor” (Subrayado y negrita nuestro); de este modo, y concordante con el artículo 162.2 de la Ley 27444, es la empresa demandante quien debe aportar las pruebas a fin de contradecir lo resuelto por la administración, lo que no sucedió en el presente caso, dado que conforme a la revisión de los actuados administrativos y de lo que obra en el presente proceso, no se advierte que la parte demandante haya logrado acreditar con algún medio probatorio fehaciente que no incurrió en la infracción atribuida, no habiendo logrado 6 Tratado de derecho administrativo y obras selectas, tomo 4, primera edición (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2016), 353. 7 , Derecho administrativo sancionador pág. 419 6 desvirtuar la comisión de la infracción que se le impuso en sede administrativa, donde la entidad demandada verificó la comisión de la infracción tipificada con código N32 consistente en: “No presentar a la GTU los informes por la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños personales o materiales en los plazos establecidos” 3.7 Por consiguiente, el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078856 de fecha 06 de agosto de 2015, materia de impugnación, fue expedido dentro del marco del marco legal aplicable al caso, dado que fue realizada a mérito de la Carta de Imputación N°2002-2013-MML/GTU-SFT, donde se verificó la comisión de la infracción de código N-32 consistente en: “No presentar a la GTU los informes por la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños personales o materiales en los plazos establecidos”; en consecuencia, los argumentos de la entidad demandada resultan amparables; correspondiendo revocar la resolución que viene de alzada y declarar infundada la demanda. PARTE RESOLUTIVA Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, de conformidad con la Constitución Política del Perú, resolvieron: A) REVOCAR la SENTENCIA contenida en la resolución siete de fecha 24 de setiembre de 2018, mediante la cual se declaró FUNDADA en parte la demanda; y REFORMÁNDOLA la declararon infundada interpuesta por Translima S.A. contra el SAT de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sobre acción contenciosa administrativa. B) Notifíquese; y consentida o ejecutoriada la presente sentencia en el mismo sentido: devuélvase al juzgado a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. ORDOÑEZ ALCANTARA SALAZAR VENTURA SANCHEZ TEJADA 7
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Esq. Av. Abancay con Av. Nicolas de Pierola - Sede: Alzamora Valdez 13° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12577-2015-0-1801-JR-CA-13 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : HINOSTROZA BRUNO, MARTHA ESPECIALISTA : PAYANO COCHACHI, GIOVANNI ANTONI DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEMANDANTE : TRANSLIMA SA RESOLUCIÓN Nro. 08 Lima, once de diciembre del dos mil dieciocho AUTOS Y VISTOS: DANDO CUENTA: Al escrito de fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciocho; Al Principal: Téngase presente la apelación interpuesta; Al primer otrosí: Téngase presente a los representantes legales con las facultades delegadas, conforme a la resolución jefatural que se acompaña; Al segundo otrosí: Téngase presente; Al tercer otrosí: Téngase presente; Y ATENDIENDO: PRIMERO: La recurrente interpone recurso de apelación contra la Sentencia emitida mediante Resolución Nº 07 de fecha 24 de setiembre del 2018, que declaró fundada en parte la demanda. SEGUNDO: Se interpone recurso de apelación dentro del plazo de ley y cumpliendo con fundamentar los agravios irrogados y los demás requisitos de admisibilidad y procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil y el artículo 36 del TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo concordantes con el artículos 376 y 377 del código adjetivo acotado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 371 del citado código; en ese orden de ideas, CONCÉDASE LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, en consecuencia elévese los presentes autos al superior jerárquico, devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	15° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12579-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : BONILLA CAVERO SUSANA ESPECIALISTA : TRILLO ANTON LUIS ALBERTO DEMANDADO : ATU DEMANDANTE : TRANSLIMA S.A. RAZÓN: Señora juez, el 19/04/22, he asumido la secretaría de trámite de los expedientes impares por disposición del Despacho. Hecho que comunico a usted para los fines pertinentes. Lima, 10 de enero de 2023. RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE Lima, diez de enero Del dos mil veintitrés AUTOS Y VISTOS.- Que, en la fecha se da cuenta con los presentes autos y con el Oficio N° 12579-2015 de fecha 06 de diciembre del dos mil veintidós: y ATENDIENDO: PRIMERO.- Que, por sentencia de Vista de fecha catorce de setiembre del dos mil veintidós, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, REVOCÓ la sentencia de fecha siete de julio de dos mil veintiuno que declaró Fundada la demanda y. REFORMANDOLA declararon INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta en autos, emitida por esta judicatura. SEGUNDO.- Que, conforme lo dispone el inciso uno del artículo trescientos veintidós del Código Procesal Civil, concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando: “El Juez declara en definitiva fundada o infundada la demanda”. Y estando a lo resuelto en auto, CUMPLASE LO EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes, DISPONIENDOSE el ARCHIVO DEFINITIVO de los autos, debiendo de REMITIR los de la materia al ARCHIVO CENTRAL DE ESTA CORTE para su respectiva custodia.- Avocándose la Magistrada que suscribe al amparo de la Resolución Administrativa N° 000208-2021-P-CSJLI/PJ; e interviniendo en el trámite el Especialista Legal que da cuenta por Disposición Superior.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CERNA LANDA VALER FERNANDEZ VILLANUEVA RIVERA DEMANDANTE : Translima S.A DEMANDADO : Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao -ATU MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa PROCESO : Ordinario Fecha de vista : 14.09.2022 EXPEDIENTE N° 12579-2015-0-1801-JR-CA-15 (N° Ref. Sala N° 00503-2022) RESOLUCIÓN N° 04 Lima, catorce de setiembre de dos mil veintidós. - VISTOS: En audiencia pública, con el expediente administrativo inserto en autos, e interviniendo como ponente el Juez Superior Villanueva Rivera; CONSIDERANDO: PRIMERO: Es materia de grado, la Sentencia contenida en la Resolución N° 16 de fecha 07.07.20211, que declaró “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa en todos sus extremo, en consecuencia DECLARESE NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 de fecha 06 de agosto de 2015, ORDENANDO A LA DEMANDADA emitir dentro del término de treinta (30) días hábiles, una nueva resolución considerando los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la demandante, sin costas ni costos del proceso”; en mérito del recurso de apelación interpuesto por el AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO - ATU, concedido por Resolución N° 17 de fecha 17.08.20212, con efecto suspensivo. SEGUNDO: La apelante señala en síntesis como agravios lo siguiente: 1 De folios 138 a 144. 2 A folios 153. 1 "[...] El Aquo no ha tomado en consideración que, dentro del procedimiento administrativo iniciado por la empresa demandante, esta no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de la papeleta de infracción (…) 3.3. En efecto, la sentencia recurrida vulnera gravemente el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que se encuentra reconocido en el artículo 139.5° de la Constitución Política del Perú, el artículo 12° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 122°, numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil. (…) 3.8 En este sentido, se advierte que mi representada entidad actuó de acuerdo a ley, ajustándose a derecho y respetando cabalmente los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y razonabilidad, por lo que, queda desvirtuado categóricamente lo señalado por la Sentencia de primera instancia. En consecuencia, se observa que la referida Sentencia tiene una falta de motivación, pues los argumentos esbozados son bajo una fundamentación equívoca, sin haber realizado una evaluación integral con el expediente administrativo, por lo que ha quedado probado de manera indubitable que el acto administrativo fue expedido conforme a ley. […]” TERCERO: Del escrito de demanda presentado con fecha 12.11.20153, se advierte que la parte demandante, ha formulado como pretensión lo siguiente: “(…) se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la Resolución N° 179-158-00078866, expedida por la Gerencia Central Normativa del Servicio de Administración Tributaria de Lima, notificada a mi representada el 10 de setiembre de 2015. CUARTO: La Resolución N° 08 de fecha 21.04.20174, fijó como puntos controvertidos lo siguiente: “1. Determinar si corresponde declarar la Nulidad Total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866. QUINTO: Del expediente administrativo, se observa las siguientes actuaciones administrativas: 1. La Carta N° 1463-2013-MML/GTU-SFT emitida con fecha 21.06.20135, hace de conocimiento de la hoy demandante Translima S.A la imputación de cargos por la presunta comisión de la infracción de código N13: “Prestar el servicio de 3 De folios 09 a 14. 4 De folios 65. 5 A fojas 58. 2 transporte con conductores y/o cobradores que no se encuentren registrados en los padrones de la empresa autorizada”, contenido en la Ordenanza N° 1599, por cuanto el día 21.03.2013 detectó que los señores Rafael Edgardo Ramos Bustamante (conductor) y William Ángel Zevallos Román (cobrador) operaron el vehículo de placa de rodaje N° A8O—755 perteneciente a la ruta IO-20 sin estar registrados en los padrones de la empresa autorizada. 2. El escrito presentado con fecha 09.07.20136, la demandante presenta sus descargos. 3. La Resolución de Sanción N° 176-056-00173037 notificada el 16.05.20147, sancionó a la demandante por ser responsable administrativa de la infracción materia de imputación con una multa pecuniaria. 4. Por escrito presentado con fecha 02.06.20148, la demandante interpone recurso de apelación. 5. La Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866, de fecha 06.08.20159, declaró improcedente el recurso de apelación y dio por agotada la vía administrativa. SEXTO: Como es de verse, la imputación de cargos versa sobre la presunta comisión de la infracción de código N-13, de la Ordenanza 1599, la cual regula la prestación del servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, en cuyo anexo detalla lo siguiente: Anexo A-1 Tabla de infracciones, sanciones y medidas preventivas a la empresa autorizada MEDIDAS RESPONSABLE CODIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN REINCIDENCIA PREVENTIVAS SOLIDARIO Prestar el servicio de transporte con conductores y/o Internamiento cobradores que no del vehículo y N-13 se encuentren Muy grave 1UIT 2UIT retención de la registrados en los padrones de la credencial empresa autorizada. SEPTIMO: En principio, del petitorio de la demanda la demandante pretende como pretensión principal declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia 6 De fojas 75. 7 No obra en autos. Su notificación se verifica del Reporte Histórico de Papeleta inserto a fojas 57. 8 De fojas 61 a 62. 9 A fojas 39 3 Central de Normativa N° 179-158-00078866 que declaró improcedente el recurso de apelación. En los fundamentos de su demanda, la demandante alegó que la referida resolución deviene en nula por cuanto viola el requisito esencial de motivación, e indebidamente se le exige la carga de la prueba y acreditar fehacientemente que no cometió la infracción imputada, fundada en la Ley N° 27444 lo cual, según alega, es errado, pues es aplicable el principio de presunción de inocencia de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional STC N°2050-2002-PA/TC, pues le corresponde a la demandada probar la comisión de la infracción, tanto más si no se tomó en cuenta sus argumentos de defensa. OCTAVO: De los fundamentos de la Sentencia venida en grado, se observa que el A quo declaró fundada la demanda en todos sus extremos, declaró nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 y ordenó que la demandada emita nueva resolución considerando los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Esta Sala Superior observa, que la A quo sustentó su decisión señalando, a su criterio, que la demandada, indebidamente, declaró improcedente por extemporáneo, pues la demandante sí interpuso recurso de apelación dentro del plazo de ley, habiendo sido notificada con la Resolución de Sanción, el día 16.05.2014, ante lo cual interpuso el recurso de apelación, el día 02.06.2014, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles fijados tanto en la Ordenanza 1599 concordante con la Ley N° 27444. NOVENO: Por su parte, la demandada en sus agravios, manifestó que la decisión judicial carece de motivación, pues no se realizó una evaluación integral del expediente administrativo, del cual fluye que la demandante no acreditó fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de la papeleta de infracción. Además, agrega, la decisión no se ajustó a derecho, pues respetó cabalmente los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y razonabilidad, por tanto, queda desvirtuado categóricamente lo señalado por la sentencia de primera instancia. 4 DÉCIMO: Al respecto, este Colegiado discrepa con la decisión contenida en la Sentencia de grado, pues el A quo fundó su decisión señalando, particularmente, que la demandante presentó su recurso de apelación en vía administrativa dentro del plazo de ley, cuando ello no ha sido el argumento por el cual fue declarado improcedente el recurso de apelación, es decir, la demandada no sostuvo por ningún lado que el recurso impugnatorio fue presentado de forma extemporánea. En ese sentido, el fundamento expuesto en la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866, fue el siguiente: “Que, de la revisión del recurso se ha verificado que la recurrente no logra acreditar en forma objetiva que no cometió la infracción, en tanto, no adjunta prueba que permita desvirtuar la comisión de la sanción impuesta; sin embargo se advierte que a la fecha de emisión de la presente Resolución ha transcurrido el plazo para sancionar a la recurrente por la conducta infractora, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana. Por tanto, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto al recurso presentado por la recurrente, en consecuencia, corresponde declara su improcedencia.” (negrita es nuestro) De tales fundamentos, es de apreciar que la demandada primero señaló que la demandante no logró desvirtuar la comisión de la infracción, pero a continuación señaló que a la fecha ha transcurrido el plazo para sancionar a la recurrente, por lo que no puede emitir un pronunciamiento al respecto, declarando improcedente su recurso por tales motivos. Sin embargo, en la parte resolutiva concluye en continuar con la ejecución de la sanción impuesta. Evidentemente, existen argumentos totalmente contradictorios en la decisión de la administración; sin embargo, no deja de ser cierto que la demandada SI se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por la demandada, concluyendo que no cumplió con desvirtuar la comisión de la infracción imputada, en ese sentido, a criterio de este Colegiado, debió declarar infundado el recurso de apelación mas no improcedente – si bien es cierto no es adecuada la terminología-, tanto más si en la presente vía judicial tampoco ha cumplido con presentar medio probatorio idóneo que desvirtué su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada. Así también, es de mencionar, durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador, la demandante fue notificada con la Carta de Imputación de Cargos el 02.07.2013, y la Resolución de Sanción fue notificada, el 16.05.2014, en ese 5 sentido, no se advierte que haya trascurrido el plazo de dos años para la configuración de la prescripción de la facultad de la demandada para determinar la existencia de infracciones, figura establecida en el artículo 104°10 de la Ordenanza 1599. De igual modo, es de mencionar, en el citado periodo, aun no se había incorporado la figura de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, el cual recién fue incorporado a la Ley N° 27444 por el Decreto Legislativo N° 1272 publicado el 21.12.2016. DÉCIMO PRIMERO: En mérito de las consideraciones antes expuestas, NO se acredita la existencia de vicios transcendentes que afecten la validez de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866, pues aun cuando se hubiese declarado infundado en vez de improcedente el recurso de apelación, es de apreciar que el resultado o la consecuencia hubiesen sido las mismas, es decir, la desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción; por tanto, se puede concluir que la declaratoria de improcedencia es un vicio de una formalidad que no resulta esencial dentro del procedimiento, por ende, resulta procedente aplicar la conservación del acto, conforme lo dispone el numeral 14.2.311 del artículo 14° de la Ley N° 27444. En vista de ello, es indudable que esta Sala Superior observa una falta de motivación en lo resuelto por el A quo, dado que el Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente N° 03530–2008–PA/TC, aplicable al procedimiento administrativo, lo siguiente: “El derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 10 Artículo 104.- Del Plazo de Prescripción 104.1 La facultad para determinar la existencia de infracciones o contravenciones e iniciar el procedimiento sancionador prescribe a los dos (2) años contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. 104.2 En el plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución de sanción, prescribe la facultad de la autoridad competente de ejecutar la sanción impuesta en un procedimiento sancionador. 11 Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 6 consagrado en el artículo139° inciso 5 de la Constitución, implica, tal como ha sido explicado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, que tales resoluciones deben expresar de manera razonada, suficiente y congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. En otras palabras, los jueces, al emitir sus resoluciones, deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho que las fundamentan. Sin embargo, ello no implica que dicha fundamentación deba ser necesariamente extensa, sino que lo importante es que ésta, aun si es expresada de manera breve y concisa o mediante una motivación por remisión, refleje de modo suficiente las razones que llevaron al juzgador a adoptar determinada decisión”. En consecuencia, del análisis de la Sentencia materia de grado se puede concluir que el Juez ha emitido un pronunciamiento carente de una suficiente motivación, por tanto, corresponde estimar los agravios expuestos por la apelante, y con ello revocar la sentencia venida en grado en el extremo que declaró fundada la demanda, y reformándola declararla infundada en todos sus extremos. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones de la Segunda Sala Contenciosa Administrativa: REVOCARON: la Sentencia contenida en la Resolución N° 16 de fecha 07.07.2021, que declaró “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa en todos sus extremo, en consecuencia DECLARESE NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 de fecha 06 de agosto de 2015, ORDENANDO A LA DEMANDADA emitir dentro del término de treinta (30) días hábiles, una nueva resolución considerando los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la demandante, sin costas ni costos del proceso”; y REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la demanda. Sin costas ni costos. Notifíquese y consentida o ejecutoriada que sea la presente Sentencia, devolver al Juzgado que remitió el presente expediente. CERNA LANDA VALER FERNANDEZ VILLANUEVA RIVERA 7
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	15° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12579-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SACHA FLORES KARELY EDITH ESPECIALISTA : MENDOZA HUAMAN ENRIQUE ERNESTO DEMANDADO : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO , DEMANDANTE : TRANSLIMA SA , RRRRAAAAZZZZOOOONNNN Señora Magistrada, es necesario señalar que desde el 16 de marzo del año 2020 el Gobierno Peruano mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM declaró EEEEssssttttaaaaddddoooo ddddeeee EEEEmmmmeeeerrrrggggeeeennnncccciiiiaaaa NNNNaaaacccciiiioooonnnnaaaallll por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del Brote del COVID 19, declarando en cuarentena total al país, siendo prorrogado por varios meses. Dicha circunstancia generó la paralización de las labores presenciales del personal jurisdiccionales y administrativo del Poder Judicial hasta el 1 de julio del 2020. En esas circunstancias las labores del Poder Judicial se han retomado desde julio del 2020 conforme al Protocolo de Medidas de Reactivación de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio; disponiendo entre otras medidas, el trabajo remoto y el trabajo presencial interdiaria. Ahora bien, en el contexto señalado, el suscrito ha estado laborando durante la semana de trabajo de forma interdiaria, que conforme a la Resolución Administrativa N° 000007-2021-CE-PJ y posteriores, las labores presenciales se restringieron en un horario de 9 a.m a 2 p.m. En consecuencia, en razón a la diversa circunstancia expuesta, se advierte que se ha generado una sobrecarga procesal en la secretaria de trámite que se encuentra a mi cargo, advirtiendo que resulta materialmente imposible dar cuenta en el plazo de ley de los escritos presentado por los litigantes. Asimismo, señora Magistrada es necesario informar que desde el 16 noviembre del 2020 he asumido el cargo de Especialista Legal encargado de los expedientes en trámite con numeración impar, a razón de la renuncia del Especialista Legal Adrián Castillo Alarcón. Teniendo en cuenta dicha circunstancia, manifiesto que el especialista legal renunciante, tenía un atraso de varios meses en el proveído de escritos, que data desde el año 2019, aunado a ello la carga procesal de la secretaria de tramite aumentó en los meses de paralización por motivos de la cuarentena obligatoria, ya que mediante la Mesa de Partes Electrónica – MPE ingreso una gran cantidad de escritos, oficios y demanda nuevas por dar cuenta; por lo tanto la secretaria que he asumido se encuentra con una sobre carga procesal que deviene desde antes de la fecha que asumí como especialista legal del área de trámite. De otro lado, señalo que, del 14 al 21 de abril, este servidor judicial hizo uso del periodo vacacional correspondiente al presente año judicial Es todo lo que informo para los fines pertinentes. Lima, 17 de agosto del 2021 RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO DDDDIIIIEEEECCCCIIIISSSSIIIIEEEETTTTEEEE LLLLiiiimmmmaaaa,,,, ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee ddddeeee aaaaggggoooossssttttoooo DDDDeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll vvvveeeeiiiinnnnttttiiiiuuuunnnnoooo VVVVIIIISSSSTTTTAAAA la RRRRAAAAZZZZOOOONNNN que antecede, téngase presente. DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA al escrito de apelación de fecha vvvveeeeiiiinnnnttttiiiissssééééiiiissss ddddeeee jjjjuuuulllliiiioooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll vvvveeeeiiiinnnnttttiiiiuuuunnnnoooo, presentado por la entidad demandada por la Mesa de Partes Electrónica - MPE, Al principal y primer otrosí y AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Que, las normas procesales son de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento a tenor de lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso virtud de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Que, en este orden de ideas el artículo 36º de la norma especial citada prevé que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la apelación son los mismos de los señalados en el Código Procesal Civil; TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: Que, habiendo cumplido con los requisitos previstos por los artículos 365º, 367º y 376º del Código Procesal Civil, aplicables supletoriamente al caso de autos; CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO:::: Que, el recurrente ha indicado el error de hecho y derecho que se habría incurrido al dictar la resolución impugnada, precisando además la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; por lo que de acuerdo con el artículo 371º del Código Adjetivo, concordado con el artículo 35º del T.U.O de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; el escrito de apelación materia de calificación cumple con los requisitos que para ello exigen, encontrándose la interposición del mismo dentro del plazo de Ley, consecuentemente SSSSEEEE DDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNEEEE:::: CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR CCCCOOOONNNN EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOO SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIVVVVOOOO la apelación interpuesta contra la sentencia contenida en la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn DDDDiiiieeeecccciiiissssééééiiiissss ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa ssssiiiieeeetttteeee ddddeeee jjjjuuuulllliiiioooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll vvvveeeeiiiinnnnttttiiiiuuuunnnnoooo, que declara fundada la demanda; en consecuencia EEEELLLLÉÉÉÉVVVVEEEESSSSEEEE los presentes autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención; una vez devuelto los cargos de notificación de la presente resolución. Al segundo otrosí; Téngase por delegadas las facultades de representación en los abogados que se indican. AAAAVVVVOOOOCCCCÁÁÁÁNNNNDDDDOOOOSSSSEEEE al conocimiento de la causa la Magistrada designada mediante Resolución Administrativa Nº 000208-2021-P-CSJL/PJ e interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 12579-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SACHA FLORES, KARELY DEMANDADO : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO DEMANDANTE : TRANSLIMA S.A. SENTENCIA RESOLUCION NUMERO DIECISEIS Lima, siete de julio de dos mil veintiuno. - VISTOS: Con el Expediente Administrativo que acompaña al principal; por escrito de folios 08/14 TransLima S.A. formula demanda contra la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao sobre Nulidad de Resolución y/o Acto Administrativo. I. PARTE EXPOSITIVA El presente proceso se inició mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2015, obrante a fojas 08/14 siendo admitida mediante resolución número DOS de fecha 08 de marzo de 2016, obrante a fojas 20 por medio de la cual se puso a conocimiento de la entidad demandada, quien contestó tal como obra a fojas 30/33. Mediante resolución número OCHO del 21 de abril de 2017 obrante a fojas 65 se efectuó el auto de saneamiento; de igual forma, mediante resolución TRECE de fecha 28 de diciembre de 2020, se declaró la sucesión procesal del SAT, siendo ahora representado por la ATU, el mismo que se puso a conocimiento de las partes, y habiendo precluido los plazos procesales previstos por ley, quedo la causa expedita para sentenciar. Argumentos de la parte demandante 1. Que la entidad resuelve el recurso de apelación interpuesto declarándolo improcedente por considerar que, al haberse transcurrido el plazo para sancionar, resulta innecesario pronunciarse sobre el recurso. 1 2. Que la resolución impugnada es nula debido a que viola el requisito esencial de motivación de las resoluciones como lo exige el artículo 5°, numeral 4) y 6) de la Ley N° 27444. Argumentos de la entidad demandada: 1. Se advierte dentro del procedimiento administrativo iniciado contra la TRANSLIMA S.A., que esta última ha aportado medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de la infracción y a su vez, el plazo para interponer recurso de apelación ya había transcurrido por lo que la resolución de sanción había quedado consentida. II. PARTE CONSIDERATIVA PRIMERO: Pretensión de la demanda: "Pretensión Principal: Se declare la nulidad de Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 de fecha 06 de agosto de 2015.” DEL CONTROL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO: El Artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° de la Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado. En ese sentido, es el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no solo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. TERCERO: De la tutela jurisdiccional efectiva: De acuerdo a lo establecido en diversa jurisprudencia como la Casación N.º 3668-2006-Lima: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es aquel derecho que todos tenemos de acudir a los tribunales estatales para obtener la protección de nuestros derechos o intereses (abstractamente reconocidos por el ordenamiento jurídico), a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como del demandado, y cuyo resultado práctico y concreto se encuentre asegurado por un adecuado conjunto de instrumentos procesales puestos a disposición del órgano jurisdiccional por el propio ordenamiento jurídico procesal (…)”. 2 CUARTO: Fines, carga y valoración de la prueba.- Corresponde a la Juez resolver con arreglo a los puntos controvertidos fijados y conforme a medios probatorios admitidos, para lo cual se debe tener presente que la carga de la prueba a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando hechos nuevos, siendo que en virtud y a través de ellos se produce certeza y convicción con relación a los hechos que se sustentan, teniendo en cuenta que sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión conforme lo disponen los artículos 188º y 196º del Código Procesal Civil. Con esa misma lógica sobre la valoración de la prueba lo ha expresado el El Tribunal Constitucional, en el Expediente Nro. 1230-2002-HC/TC, Fund.11, segundo y tercer párrafo: La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver. Asimismo, observar que el artículo 32° del TUO de la Ley N° 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS prescribe: “Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta”. QUINTO: En el presente caso, corresponde determinar si el demandante interpuso su Recurso de Apelación dentro del término de ley. SEXTO: El artículo 93° de la Ordenanza N° 1599, modificada por la Ordenanza Municipal N° 1974, regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana, publicado el 14.04.2013 establece lo siguiente: “Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 3 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. 95.3 El procedimiento recursivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la prestación del servicio de transporte regular de personas constituye un supuesto de excepción al silencio administrativo positivo, de conformidad con lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, en razón a que los fines públicos que se tutelan están directamente vinculados a la seguridad pública.” “Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción.” SEPTIMO: En el presente caso, corresponde determinar si el demandante interpuso su Recurso de Apelación dentro del término de ley. De la revisión del expediente principal se aprecia que con fecha 02 de julio de 2013 la entidad demandante fue notificada con la Carta de Imputación de cargos N° 1463-2013-MML/GTUSFT mediante la cual se le comunicaba que con fecha 21 de marzo de 2013, los señores Rafael Edgardo Ramos Bustamante (conductor) y William Ángel Zevallos Román (cobrador), 4 operaron en la fecha señalada que, en el vehículo de placa de rodaje N° A8O-755 perteneciente a la ruta IO-20, la cual se encuentra habilitada para la flota correspondiente a Translima S.A. sin estar registrados en los padrones de la empresa de transportes ante la GTU. Asimismo, se identificó mediante el Informe de Inspección N° 212-13-MML/GTU-SFT- DIS-IMT de fecha 22 de abril de 2013, se identificó que el vehículo de placa de rodaje N° W1Y-745, con código de ruta IO-20, recogió a un pasajero en medio de la calzada, en la cuadra 1 de la Av. Arequipa en el sentido de sur a norte, altura de la Embajada de Argentina, Cercado de Lima. OCTAVO: Los hechos narrados en el considerando precedente configuran la comisión de infracciones a los códigos N-13 y N-67 respectivamente, reguladas en la Ordenanza Municipal N° 1599; por ello la entidad demandada notificó con dicha carta de imputación de cargos a la demandante, otorgándole un plazo de siete (07) días hábiles a fin de que presenten sus descargos correspondientes. NOVENO: Con fecha 09 de julio de 2013, la demandante presentó sus descargos dentro de los cuales señalaron que anteriormente mediante solicitud de fecha 06 de junio de 2013 pusieron en conocimiento que no se puede registrar a los operadores de transportes toda vez que, las instituciones educativas encargadas de dictar los cursos de educación vial no cuentan con las autorizaciones vigentes por parte de la GTU, en consecuencia, solicitaba se suspenda temporalmente los operativos de fiscalización relacionadas al registro de operadores de transporte. Sin embargo, la entidad emitió la respectiva resolución de sanción, por lo que con fecha 02 de junio de 2014, la demandante interpone recurso de apelación frente a dicha resolución de sanción. DÉCIMO: La Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 de fecha 06 de agosto de 2015 declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la demandante aduciendo que dicho recurso fue presentado fuera del plazo legal, es decir, fue presentado extemporáneamente. El presente caso nos ocupa determinar si dicho recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo legal; de acuerdo con el Reporte Histórico de Papeleta SAT el cual obra a fojas 59 del expediente principal, el cual acredita que la Resolución de Sanción N° 176-056-00173037 de fecha 06 de mayo de 2014, fue notificado a la demandante con fecha 16 de mayo de 2014, en ese sentido, y estando a lo señalado en el artículo 95° de la citada ordenanza municipal, el demandante contaba con quince (15) días hábiles para interponer recurso impugnatorio; se aprecia que el recurso impugnatorio fue interpuesto con fecha 02 de junio de 2014, siendo el plazo máximo para presentar el recurso era hasta el día 06 de junio de 2014, encontrándose dentro del plazo señalado por la norma; en consecuencia, la resolución de sanción no había alcanzado la calidad de acto firme o 5 consentido por lo que si cabía la interposición de recursos impugnatorios frente a esta resolución, en ese sentido, la decisión contenida en la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 genera una vulneración al derecho a la defensa y de forma conexa al derecho al debido procedimiento administrativo. DÉCIMO PRIMERO: Para mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 05085-2006-PA/TC ha señalado que “El debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución.”; señalando también que este derecho supone “(…) entre otros aspectos, el de impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provee el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo.” DÉCIMO SEGUNDO: Bajo la misma línea argumentativa, el mismo Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 05085-2006-PA/TC ha señalado que el derecho a la defensa es “el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo tal hecho se produce cuando el justiciable es impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos”. En consecuencia, el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un proceso judicial o procedimiento administrativo no quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables directa e inmediatamente al órgano jurisdiccional o administrativo. DÉCIMO TERCERO: Estando a lo expuesto, la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 fecha 06 de agosto de 2015 que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la demandante, deberá ser declarada nula y en consecuencia, la entidad administrativa deberá emitir un nuevo pronunciamiento considerando los argumentos expuestos por la parte demandante en el presente proceso. 6 III.- PARTE RESOLUTIVA Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30° y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y los artículos 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la Señora Juez del Décimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADA la demanda contenciosa administrativa en todos sus extremos, en consecuencia, DECLARESE NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078866 fecha 06 de agosto de 2015, ORDENANDO A LA DEMANDA emitir dentro del término de treinta (30) días hábiles, una nueva resolución considerando los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandante, sin costas ni costos del proceso. 2. ARCHÍVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. 3. Notificándose a las partes del proceso. - 7
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	12° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12583-2015-0-1801-JR-CA-12 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : PUICAN VILLACREZ ZOILA NELLY CECILIA ESPECIALISTA : MOLERO RAYME EDGAR DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SAT, DEMANDANTE : TRANSLIMA, SENTENCIA Resolución N°. Ocho Lima, quince de enero de dos mil diecinueve. - I. VISTOS: Corre de autos el PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por TRANSLIMA S.A., contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- SAT, por escrito presentado de folios veintiséis al treinta del principal de autos. Petitorio: El demandante solicita como pretensión que se declare la nulidad total del acto contenido en la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00078874 de fecha seis de agosto de dos mil quince, que declara improcedente el recurso de apelación presentado por el demandante contra la Resolución de Sanción N° 17605600173031, de fecha seis de mayo del dos mil catorce, emitida por la Carta de Imputación de Cargos N° 1885-2013-MML/GTU-SFT. Hechos: El demandante sustenta su pretensión señalando que mediante la Carta de Imputación de Cargos N° 1885-2013-MML/GTU-SFT, se le señala la comisión de una infracción tipificada con código N° 07 que consiste en "Prestar el servicio de transporte con conductores y/o cobradores que no se encuentren registrados ante la GTU". Refiere que la Resolución de Gerencia de Central Normativa es nula, debido a que viola el requisito esencial de motivación de las resoluciones como lo exige el artículo 5° numeral 4 y artículo 6° numeral 3 de la Ley N° 2 7444 Ley de Procedimiento Administrativo General, la administración le exige a la empresa demándate la carga de la prueba y que acredite de manera fehaciente que no se cometió la infracción invocando como fuente legal el artículo 162 inciso 2 de la Ley N° 27444. Admisión y Contestación de la Demanda: Admitida a trámite la demanda en la vía del proceso especial, por resolución número tres, de fecha veintiocho de octubre del dos mil dieciséis, obrante de folios veintiséis y siguiente del principal, se dispuso poner a conocimiento a la demandada el escrito de demanda a fin de que la misma procede a contestarla conforme a su derecho, ordenándose además que, la misma, cumpla con presentar el expediente administrativo que dio origen al presente proceso. Es así que, por escrito de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT, se apersonó al proceso por medio de su 1 Apoderada judicial, contestando la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que la misma en su oportunidad sea declarada infundada conforme se desprende de fojas treinta y cinco y siguiente del principal, razón por la cual, mediante resolución número cuatro, de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, se tiene por contestada la demanda, conforme se desprende a fojas cuarenta y nueve al cincuenta del principal. Auto de Saneamiento Procesal: Del mismo modo mediante resolución número cuatro, se declaró saneado el proceso, por tanto, la existencia de una resolución jurídica procesal válida entre las partes, fijándose como punto controvertido sobre el que versará la sentencia lo siguiente: “Establecer o determinar si el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00078874, ha sido emitido sobre bases jurídicos legales que trasgreden los principios de tipicidad y presunción de legalidad; así como, las normas legales desarrolladas en el escrito de demanda y, por tanto, debe ser declarado nulo; y, como consecuencia de lo anterior, corresponde se deje sin efecto la multa impuesta a la empresa demandante”; asimismo, y, seguidamente se procedió a la admisión de medios de prueba ofrecidos por las partes, prescindiéndose de la actuación probatoria y disponiéndose la remisión de los autos al Ministerio Publico a efectos de que emita su respectivo dictamen fiscal. Dictamen Fiscal: De fojas cincuenta y cinco y cincuenta y seis del principal, obra el Dictamen Fiscal Nº 1069-2017, expedido por la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima, en representación del Ministerio Público, el cual fuera puesto a conocimiento de las partes procesales mediante resolución número cinco, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, en la cual se señalaba que la demandada cumpla con presentar la resolución de sanción con su cargo de notificación y copia legible del cargo del recurso de apelación. Posteriormente mediante escrito de fecha doce de enero del dos mil dieciocho la demandada dando cumplimiento a lo ordenado presento la copia de la Resolución de Sanción, como del cargo de notificación. De fojas sesenta y siete al setenta y uno del principal, obra el Dictamen Fiscal Nº 743-2018, expedido por la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima, en representación del Ministerio Público, el cual fuera puesto a conocimiento de las partes procesales mediante resolución número siete, de fecha primero de agosto del dos mil dieciocho no habiéndose hasta la fecha realizado absolución alguna al respecto; por lo que conforme al estado del proceso, corresponde emitir la sentencia que ponga a la presente instancia; y, 2 II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Es de resaltarse, en primer lugar que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses con sujeción a un debido proceso, con las garantías y respeto a los principios que inspira todo proceso. Sin embargo, también es que, para ejercitar una acción judicial, es necesario tener legítimo interés económico o moral, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto del Título Preliminar del Código Civil. En esa misma línea el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es el de resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos procesales y sustanciales de las partes; y, que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. SEGUNDO: La jurisdicción contenciosa administrativa - verbigracia - radica en la labor de control que realiza el Poder Judicial sobre la actuación de la administración; así como, el reconocimiento de los derechos subjetivos de los administrados; la misma que tiene sustento constitucional, basado en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, como mecanismo para el control judicial de la legalidad de la actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, consagra el proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo agotamiento se haya dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. Norma constitucional que encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, que dice: "La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados". Así como, en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que prescribe, los actos administrativos que agotan la vía administrativa, podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo. TERCERO: Por su parte, el artículo 1° de la misma Ley antes citada establece que, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; previendo como requisitos de validez, los contenidos y/o establecidos en el 3 artículo 3°1 de la acotada norma, referidos éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular; siendo el artículo 10° de la misma norma el que regula las causas por las cuales un acto administrativo deberá ser declarado nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir la constitución, leyes o normas reglamentarias, entre otros. CUARTO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones. Siendo que este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta". QUINTO: Por otro lado, se debe tener en cuenta que el principio de legalidad constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos, consagrados por la Constitución en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Asimismo, el principio de legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, como lo ha expresado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, lo que impone este principio a tres exigencias: a.- la existencia de una ley (lex scripta), b.- que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex 1 Ley Nº 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos; son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión; 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad; 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, 5. Procedimiento regular. -Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. 4 praevia), y, c.- que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). SEXTO: De igual modo, es necesario señalar que, el principio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo, bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal lo que define la conducta que la ley considera como falta, el cual, constituye una garantía al debido procedimiento administrativo sancionador, que según el artículo 230° de la Ley Nº 27444, la misma solo constituye conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía; así, las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.-- SÉTIMO: Así mismo, es pertinente resaltar que, el artículo 139°, inciso 3 de la Constitución señala como derecho - principio “la observancia del debido proceso”, en las normas de procedimiento administrativo (artículo IV punto 1.2, de la Ley del Procedimiento Administrativo General) donde se ha venido a entender a el principio del debido procedimiento, que “los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho” . El debido procedimiento administrativo hace necesario -entre otros- obtener una decisión motivada y fundada en derecho, esta exige tanto la fundamentación de los aspectos jurídicos - mediante la cita de fuentes jurídicas pertinentes- como el fundamento de los hechos relacionados a supuestos reales apreciados y verificados por el funcionario; de esta manera, el agente público está obligado, según las leyes y reglamento, a motivar su acto pues su ausencia acarrea indefectiblemente un vicio de nulidad. 1 Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 5 OCTAVO: En ese contexto, es de señalarse que, en el caso de autos, tanto de los fundamentos expuestos en la demanda, como de lo actuado en el proceso, así como del punto controvertido fijado en autos, se puede inferir válidamente que el centro de la controversia en el presente caso radica en determinar si la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00078874, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, adolecen o no de alguna causal que dé lugar a declarar su nulidad. NOVENO: Al respecto, corresponde resaltar, en primer lugar que, el artículo 51° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 106° del mismo cuerpo normativo, estableció la estructura y el funcionamiento de los Gobiernos Locales que se encuentran reguladas por las Leyes Orgánicas; precisando en su artículo 194° que se les confiere, para el ejercicio de actos de gobierno, administrativos y de administración, autonomía económica, política y legislativa, la que deben ejercer siempre con sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico respectivo. Así, se tiene que en base a la autonomía municipal, los gobiernos locales cumplen su función normativa -entre otros mecanismos- por medio de las Ordenanzas, las cuales tienen rango de ley dentro en el área de su jurisdicción y/o competencia, concordante con lo señalado por el inciso 4) del Artículo 200 de la Constitución del Estado. DÉCIMO: Siendo que en el caso que nos ocupa, es mediante la Ordenanza Nº 1599-MML, modificada por la Ordenanza N° 1769-MML, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana. Al respecto, es de verse de la Tabla de Infracción y Sanciones del Reglamento de Transporte Regular de Pasajeros – RTR, que se tipifica como infracción identificada con el Código N-07, el hecho de: “Prestar el servicio de transporte con conductores y/o cobradores que no se encuentren registrados ante la GTU.”, infracción administrativa que se encuentra sancionada con una multa pecuniaria ascendente a 1 UIT, con una medida preventiva de internamiento del vehículo. DÉCIMO PRIMERO: En el caso de autos, tenemos que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00078874 de fecha seis de agosto del dos mil quince, declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente contra la Resolución de Sanción N° 176-056-001730031 de fecha seis de mayo de dos mil catorce la cual fue emitida por la Carta de Imputación de Cargos N° 1895-2013-MML/GTU-SFT. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 6 DÉCIMO SEGUNDO: Es de señalarse que, según la Ordenanza N° 1599-MML, establece lo siguiente: Artículo 68.- Régimen especial ante la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños personales o materiales: 68.1 En el caso de accidentes de tránsito con daños personales o daños materiales que impliquen o afecten la estructura y el buen funcionamiento de los sistemas del vehículo, la empresa autorizada deberá presentar a la GTU, en el plazo de un (1) día de ocurrido el accidente, un informe preliminar sobre las circunstancias del siniestro, y en el plazo de diez (10) días de ocurrido el accidente el informe detallado sobre la ocurrencia y daños producidos por el accidente, adjuntando copia del parte y el peritaje policial de constatación de daños. 68.2 Dichos informes deberán elaborarse de acuerdo con el formato que aprobará la GTU. Sin perjuicio de ello, y presentados o no los informes señalados, la GTU emitirá un informe que tendrá la condición de medio probatorio en los procedimientos administrativos que inicie. DÉCIMO TERCERO: Del Procedimiento Sancionador. Artículo 82.- Órgano del Procedimiento Sancionador. 82.1 El órgano encargado de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por infracciones o contravenciones reguladas en la presente Ordenanza será la GTU. Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador. 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades invoquen interés legítimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de interés legítimo. DÉCIMO CUARTO: Sin embargo, de autos, tanto de la demanda como de los actuados administrativos, no se aprecia elemento probatorio alguno que haya sido ofrecido por el administrado para desmerecer los hechos denunciados como infracción administrativa; en ese sentido, estando el análisis de fondo de la presente controversia supeditado a la probanza, toda vez que, en el presente caso no resulta suficiente la apreciación lógico jurídico del Juzgador, sino que se requiere de la información exacta que los medios probatorios ofrecidos deben perseguir a fin de crear convicción sobre los hechos alegados; en el presente caso, al no obrar instrumental destinado a desmerecer los elementos probatorios de cargo que acrediten los hechos expuestos por el actor, esto de acuerdo a Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 Artículo 162, inciso 2, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 7 inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones, por lo que esta magistratura considera que este extremo demandado debe ser desestimada. DÉCIMO QUINTO: Cabe recalcar que, todo procedimiento administrativo se encuentra sujeto a diversos principios que sirven de guía para toda acción administrativa, y que controlan la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración jurídica para resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas administrativas complementarias; de ello cabe incidir en el Principio de Legalidad, que supone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, La Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; de acuerdo a lo acotado anteriormente se advierte que la administración, ha actuado dentro del marco del principio de legalidad; al emitirse la resolución materia de impugnación. Fundamentos por los cuales, la Magistrada Titular del Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: III. FALLA: - Declarando INFUNDADA la demanda interpuesta por TRANSLIMA S.A., contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT. - Debiéndose notificar al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Avocándose al conocimiento del presente proceso la señora Magistrada que suscribe, e interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior. Notifíquese.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	11° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SUSNABAR LOPEZ, LIZ ESPECIALISTA : VALENCIA PEREZ, NATALY VANESSA DEMANDANTE : CORPORACION LINDLEY S.A.C DEMANDADO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO – SUNASS LITISCONSORTE : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. SEDAPAR RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Lima, once de julio del año dos mil veintitrés. – DANDO CUENTA: y proveyendo en la fecha el oficio de fecha 27 de marzo de 2023, remitido por la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitorio: Tengase por recibido el expediente proveniente de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitorio que RECHAZA el recurso de casación interpuesto por la parte demandada Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento -SUNASS contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Nº Cuatro de fecha 05 de setiembre de 2022 que CONFIRMARON la sentencia apelada que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia, CUMPLASE LO EJECUTORIADO; por lo que se requiere a la entidad demandada cumpla con lo ordenado por el Superior Jerárquico. Al escrito de fecha 24 de marzo de 2023, presentado por la demandada Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento – SUNASS: CORRASE TRASLADO a la parte demandante con la documentación adjunta (cumplimiento de sentencia), a efectos de que absuelva lo conveniente a su derecho en el término de CINCO DIAS de notificado, bajo apercibimiento de tenerse por ejecutada la sentencia. 1 Al escrito de fecha 15 de junio de 2023, presentado por la demandada Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento – SUNASS: Tengase por variado su domicilio procesal físico, esto es: Casilla Nº 00609 del Colegio de Abogados de Lima. Al Primer Otrosí Decimos: Tengase por señalada su Casilla Electrónica Nº14278, lugar donde se le deberá de notificar las resoluciones que recaigan en el presente proceso. Notifíquese.- 2
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIA DE LIMA EXPEDIENTE : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO LISTISC. PASIVO : SEDAPAR SA DEMANDADO : SUNASS DEMANDANTE : CORPORACION LINDLEY SA S.S. JUAREZ JURADO TUPIÑO SALINAS MONTOYA MUÑOZ RESOLUCIÓN N° 05 Lima, 10 de enero de 2023 Puesto a despacho en la fecha, DANDO CUENTA al escrito con código de ingreso CDG N° 62766-2022 de fecha 14 de noviembre de 2022 presentado por la parte demandada y ATENDIENDO: Primero.- Del escrito que antecede, la parte demandada, ante esta Sala Superior ha interpuesto recurso de casación, el mismo que debe ser calificado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modificatoria del TUO del Código Procesal Civil efectuado por la Ley N° 315911 con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad. Segundo.- Al respecto cabe señalar, que el recurso de casación procede solo en los supuestos señalados en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 31591, que dispone: “1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. 2. Procede el recurso de casación, en los supuestos del numeral anterior, siempre que: a. En la Sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero; b. El pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia, y c. El pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio”. 1 Ley N° 31591 – Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil aprobado por el Decreto Legislativo 768 y sus modificatoria, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y dicta otras disposiciones, publicado el 26 de octubre de 2022 en el diario oficial El Peruano. Página 1 de 2 Tercero.- Estando a lo indicado en el mencionado dispositivo legal, corresponde analizar si el recurso presentado, cumple con los requisitos de procedencia antes descrito; en el caso concreto, se aprecia que la parte demandada interpone recurso de casación contra la Sentencia de Vista expedida por esta Sala Superior, como órgano de segundo grado que pone fin a la instancia. Cuarto.- De la revisión de los actuados, se advierte que la Sentencia de Vista de fecha 05 de setiembre de 2022, confirmó la Sentencia de primera instancia de fecha 29 de octubre de 2020, que declaró fundada la demanda. Por tanto, el recurso de casación interpuesto no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el literal b del numeral 2 del artículo 386°2 del Código Adjetivo; toda vez que, se ha interpuesto recurso de casación contra una Sentencia de Vista que no revoca en todo o en parte la decisión de primera instancia, sino confirma lo resuelto en la sentencia venida en grado. Quinto.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 391°3 del TUO del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 31591. Por estas razones, este Colegiado, RESOLVIERON:  RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 04 del 05 de setiembre de 2022.  DEVOLVER los actuados al Juzgado de Origen a la brevedad posible, a través de la Secretaría de esta Sala Superior; debiendo el Servidor Judicial encargado de verificar y/o agregar la totalidad de cargos de notificación y remitirlo debidamente saneado, de no ser posible ello deberá extender la Razón respectiva bajo responsabilidad funcional. Notificándose conforme a Ley. - amra 2 Literal b del numeral 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 31591, que señala: “El pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte de la decisión de primera instancia”. 3 Numeral 3 del Artículo 391° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 31591, que señala: “Si no se cumple con lo previsto en el artículo 386, con los literales a o b del numeral 2 o se invoquen causales distintas de las enumeradas en este código, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Página 2 de 2
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIA EXPEDIENTE Nº : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDANTE : CORPORACIÓN LINDLEY S.A. DEMANDADO : SUNASS LISTISC. PASIVO : SEDAPAR S.A. VISTA DE LA CAUSA : 14.06.2022 SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Lima, cinco de setiembre del año dos mil veintidós. - VISTOS: Interviniendo como ponente la Jueza Superior Tupiño Salinas, producida la votación de acuerdo a Ley, se emite el siguiente pronunciamiento: RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO La Resolución N° 11 (SENTENCIA), del 29 de octubre de 2020, (folios 187-196), expedida por el Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos N° 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE, del 30 de julio de 2015; y, ORDENA a la entidad demandada que expida nueva resolución. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN La demandada SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – SUNASS, interpone recurso de apelación del 03 de mayo de 2021 (folios 204-209) exponiendo como agravios: 1. No se ha considerado algo central que la tarifa de SEDAPAL (en Lima) es la única que contempla el “factor de descarga”; e incluido sólo por los Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima usuarios de Lima que cuentan con extracción de agua subterránea y no de suministro de agua potable. 2. Para que el Juzgado sostenga que se ha vulnerado “el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas” de Corporación Lindley, su argumento central, debió considerar que esa prueba es técnicamente imposible de presentar porque el diseño de la tarifa de SEDAPAR no contempla el factor de descarga. El TRASS sostuvo que ni SEDAPAR ni su usuarios, entre ellos la demandante, tienen el factor de descarga. 3. El Juzgado no analiza si se vulnera el principio de igualdad de SEDAPAR y de sus usuarios, cuando legalmente se establece que no tienen el factor de descarga. 4. La empresa accionante en el fondo no procura la nulidad de la resolución sino el reconocimiento de un derecho, el descuento en el volumen (m3) de afluentes vertidos al alcantarillado, o sea el factor de descarga. El no haber realizado el Juzgado el análisis correcto, no el de nulidad de la Resolución N° 05321-2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE, sino del reconocimiento de un derecho que no le corresponde (al descuento en el volumen de vertidos al alcantarillado), genera un enfoque equivocado en la Sentencia que la lleva a la falta de motivación pertinente. El Litisconsorte Pasivo el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA – SEDAPAR S.A., representado por su apoderada HELEM BERRIOS RODRIGUEZ, interpone recurso de apelación del 03 de mayo de 2021 (folios 198-202) exponiendo como agravios: 1. El Juzgador realiza una interpretación errónea de la norma por cuanto del supuesto de la norma se advierte que si el usuario no está de acuerdo con el factor de descarga, debe presentar un estudio técnico que sustente ese menor factor de vertimiento al alcantarillado totalmente ajeno a un cobro o reclamo, lo que no ha cumplido la demandante al pretender la aplicación de la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de 2 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento. No se determina el verdadero alcance del artículo 83 de citado Reglamento. 2. El Juzgado no ha valorado que el Reglamento de Calidad contempla un Procedimiento General para la determinación de la facturación del servicio de alcantarillado de los usuarios de todas las EPS, también contempla un Procedimiento Especial exclusivamente aplicable a los usuarios de la EPS SEDAPAL, no pudiendo configurarse el reclamo de la demandante al estar sustentada en un dispositivo legal dirigido a los usuarios de la EPS SEDAPAL cuando la planta de la Corporación Lindley S.A está ubicada en Tiabaya-Arequipa. 3. La sentencia adolece de falta de motivación adecuada y suficiente al no consignar los argumentos que sustentan la razón por lo que dichos medios probatorios presentados han permitido al A quo determinar la nulidad de la Resolución N° 05321-2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE. FUNDAMENTOS DE LA SALA PRIMERO: El artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de Primera Instancia. SEGUNDO: La pretensión incoada está dirigida a cuestionar la Resolución N° 05321-2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE1, del 30 de julio de 2015, que declara infundado el reclamo respecto al costo por el servicio de alcantarillado facturado en el mes de abril de 2015. TERCERO: El Juez de Primera Instancia declara fundada la demanda señalando: 1 Obrante a fojas 33 del expediente administrativo, Tomo II. 3 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima “16. (…) se puede advertir que en reclamos anteriores la empresa demandante ha ofrecido dicho medio probatorio; (…) 17. Ahora, si bien, es cierto que lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Calidad, corresponde para los usuarios de la EPS – SEDAPAL y no SERPAR; también lo es que, el artículo 91° del mencionado Reglamento no prohíbe la presentación de medios de pruebas que cuestionen el cálculo que realiza la EPS; por tanto, al señalar la entidad demandada que el Balance Hídrico, solo es para los usuarios de SEDAPAL, vulnera el debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nro. 27444, el cual señala “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”; toda vez que, dicho medio probatorio (Estudio Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta – Arequipa) que ha mencionado la administrada en su recurso de apelación, no ha sido tomado en cuenta como un argumento que pueda valorarse, señalando solo así – la administración, que el administrado no pertenece a la red de SEDAPAL.” CUARTO: Respecto a la creación de la SUNASS el artículo 1° de la Ley N° 25965 preceptúa: “Créase la Superintendencia Nacional de Servicios Saneamiento (…) para que proponga las normas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas, reuso de aguas servidas y limpieza pública, fiscalice la prestación de los mismos, evalúe el desempeño de las entidades que los prestan, promueva el desarrollo de esas entidades, así como aplique las sanciones que establezca la legislación sanitaria y recaude las multas y tasas que esa misma legislación disponga.” El Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, que aprueba el Reglamento general de la SUNASS: “Artículo 14.- Objetivo General de la SUNASS. La SUNASS tiene por objetivo general normar, regular, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario. Artículo 15.- Objetivos Específicos de la SUNASS. Dentro del marco del objetivo general, son objetivos específicos de la SUNASS: a. Proteger los derechos e intereses del USUARIO b. Cautelar en forma imparcial los intereses del Estado y del inversionista. c. Propiciar, 4 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima mediante las tarifas, la consecución y mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las EMPRESAS PRESTADORAS, así como su eficiencia y la expansión y desarrollo de los servicios. d. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad sobre PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO y, de las metas de calidad y cobertura sobre dichos servicios. e. Garantizar el libre acceso a los SERVICIOS DE SANEAMIENTO. f. Velar por el cabal cumplimiento de los contratos de concesión de SERVICIOS DE SANEAMIENTO. g. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos pertinentes.” El Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD2, antes de su modificatoria estipulaba: “Artículo 91.- Determinación del Importe a Facturar por Alcantarillado Sanitario: 91.1. La determinación del importe a facturar por el servicio de alcantarillado se realizará aplicando al importe a facturar por agua potable el porcentaje de recargo establecido por la SUNASS en la estructura tarifaria correspondiente. 91.2. En el caso de los predios que sólo utilicen el servicio de alcantarillado y cuenten con fuente propia, la EPS sólo podrá facturar por este servicio, determinando previamente, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de ésta, el volumen que es utilizado por dicho usuario, el cual será considerado como VAF. En caso del aforo, deberá emplearse un medidor que cumpla con los requisitos de las normas vigentes, cuya instalación deberá mantenerse en la fuente por lo menos diez (10) días continuos. Sobre la base de dicho volumen, y utilizando los procedimientos previamente establecidos, se determinará el importe que correspondería facturar por el servicio de agua potable, como si éste se brindara. A dicho importe se le aplicará el correspondiente porcentaje por alcantarillado, obteniéndose el importe a facturar por dicho concepto. Este procedimiento se aplicará, aún cuando el predio cuente con varias conexiones de alcantarillado” Asimismo, la Cuarta Disposición Transitoria y final (de aplicación por temporalidad de la norma) dice: “La EPS SEDAPAL continuará aplicando la tarifa por volumen para el servicio de alcantarillado que se preste a los usuarios que cuentan con fuente propia siguiendo para ello el siguiente procedimiento: 2 Publicado el 5 de febrero de 2007 5 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima El volumen utilizado por dicho usuario se determinará previamente, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de ésta. A dicho volumen se le aplicará un factor de descarga de 0.80, dando como resultado un volumen que será considerado como volumen que se descarga al alcantarillado, el cual será multiplicado por la tarifa respectiva para obtener el importe por uso del alcantarillado. En caso, que el usuario manifieste su disconformidad con el factor de descarga, podrá solicitar su modificación a la EPS, para lo cual presentará un estudio técnico que sustente su petición. El costo del estudio será asumido por el solicitante y la aprobación quedará a cargo de la EPS” El Reglamento de Prestación de Servicios de SEDAPAR - Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa establece: “Artículo 1.- Objetivo: Establecer las relaciones que deben regir entre los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado y la Empresa Prestadora - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.” “Artículo 2.- Finalidad: Garantizar una armoniosa relación entre los usuarios y SEDAPAR S.A., orientada a la prestación de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana.” “Artículo 88.- Determinación del Importe a Facturar 88.1. Metodología: SEDAPAR S.A. se encuentra obligada a aplicar de manera estricta, para la facturación periódica de los servicios de agua potable y alcantarillado, la metodología establecida en el presente Reglamento para la determinación del importe a facturar, que cuenta con las siguientes fases: i) Determinación del volumen a facturar (VAF) por agua potable de cada unidad de uso ii) Determinación del importe a facturar por agua potable de cada unidad de uso iii) Determinación del importe a facturar por alcantarillado iv) Determinación del importe total” “Artículo 94.- Determinación del Importe a Facturar por Alcantarillado Sanitario 94.1. La determinación del importe a facturar por el servicio de alcantarillado se realizará aplicando al importe a facturar por agua potable el porcentaje de recargo establecido por la SUNASS en la estructura tarifaria correspondiente. 94.2. En el caso de los predios que sólo utilicen el servicio de alcantarillado y cuenten con fuente propia, SEDAPAR S.A. sólo podrá facturar por este servicio, determinando previamente, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de ésta, el volumen que es utilizado por dicho usuario, el cual será considerado como VAF. En caso del aforo, deberá emplearse un medidor que cumpla con los requisitos de las normas 6 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima vigentes, cuya instalación deberá mantenerse en la fuente por lo menos diez (10) días continuos. Sobre la base de dicho volumen, y utilizando los procedimientos previamente establecidos, se determinará el importe que correspondería facturar por el servicio de agua potable, como si éste se brindara. A dicho importe se le aplicará el correspondiente porcentaje por alcantarillado, obteniéndose el importe a facturar por dicho concepto. Este procedimiento se aplicará, aún cuando el predio cuente con varias conexiones de alcantarillado.” QUINTO: De los actuados administrativos, se tiene que Corporación Lindley S.A. celebró contrato con SEDAPAR S.A. para que se les brinde el servicio de alcantarillado, en el inmueble ubicado en Av. Arequipa 111, distrito de Tiabaya, en el departamento de Arequipa; asignando la conexión N° 1307597; que presentó reclamo mediante Formato 2015-008691, del 22 de mayo del 2015, cuestionando la facturación de Abril 2015, por "consumo medido (Concepto de Servicio de Desagüe)". Ante lo cual SEDAPAR se constituyó en el inmueble de la administrada, a fin de llevar adelante una inspección externa el día 27 de mayo del 2015, constatando que: el medidor N° 11180320, ubicado en el interior, aforaba 104325 m3, estado de suministro vigente, tipo de abastecimiento continuo, sin fuga en la caja, abastecimiento normal durante la inspección; asimismo, que la conexión hasta la caja de medidor se encontraba en buen estado. De acuerdo con el Informe de la Oficina de Clientes Especiales la facturación reclamada corresponde al volumen comprendido en el período del 20 de marzo del 2015 (aforo 965775) al 21 de abril del 2015 (aforo 1000382), resultando un consumo de 34607 m3, según lo expuesto en la Resolución N° 7147-2015/S-70302. Por Resolución N° 7147-2015/S-70302, del 18 de junio del 2015, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR) resuelve: "1. Declarar INFUNDADO el reclamo por CONSUMO MEDIDO (Concepto de servicio de desagüe) en la facturación de Abril 2015 (...)" Interpuesto recurso de apelación por Resolución N° 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE, del 30 de julio del 2015, emitida por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos se decide: "Artículo 1°: Declarar INFUNDADO 7 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima el reclamo respecto del costo por el servicio de alcantarillado facturado en el mes de abril de 2015. “ SEXTO: En este contexto y, absolviendo en conjunto los argumentos vertidos en el recurso de apelación, se advierte que la empresa demandante alega que hay una trasgresión al derecho de motivación en el dictado de la Resolución Administrativa cuya nulidad se peticiona, puesto que en la decisión adoptada no se explica las razones fundamentadas por las cuales la presentación del Balance Hídrico para efectos de sustentar la variación del factor de descarga, únicamente es de aplicación para la Empresa Prestadora SEDAPAL, conforme a lo previsto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS/CD-Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, y no para otro usuario, lo cual configuraría una afectación del derecho de igualdad. Sobre el derecho de igualdad como derecho fundamental, el Tribunal Constitucional en el fundamento 20 de la STC 00009-2007-PI/TC precisa que: "La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada 8 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.” [El subrayado es nuestro] SÉTIMO: El Reglamento de calidad de la prestación de servicios de Saneamiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD dice: "La EPS SEDAPAL continuará aplicando la tarifa por volumen para el servicio de alcantarillado que se preste a los usuarios que cuentan con fuente propia siguiendo para ello el siguiente procedimiento: El volumen utilizado por dicho usuario se determinará previamente, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de ésta. A dicho volumen se le aplicará un factor de descarga de 0.80, dando como resultado un volumen que será considerado como volumen que se descarga al alcantarillado, el cual será multiplicado por la tarifa respectiva para obtener el importe por uso del alcantarillado. En caso, que el usuario manifieste su disconformidad con el factor de descarga, podrá solicitar su modificación a la EPS, para lo cual presentará un estudio técnico que sustente su petición. El costo del estudio será asumido por el solicitante y la aprobación quedará a cargo de la EPS. Con respecto al Estudio de Balance Hídrico presentado por la usuaria para sustentar la variación del factor de descarga; el Tribunal Administrativo de la SUNASS concluye: "9. (…) cabe precisar que lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria y Final de EL REGLAMENTO DE CALIDAD, es de aplicación únicamente para la Empresa Prestadora SEDAPAL, según señala la referida disposición." Empero, si bien es cierto de su literalidad se entendería que es así, también lo es que la Administración no ha analizado el mandato contenido en dicha disposición a la luz del principio y derecho fundamental a la igualdad ante la ley; estando a que dicho reglamento especial de alcance general menciona que en caso el usuario no esté conforme con el factor de descarga aplicado para establecer el importe por concepto de uso del alcantarillado puede solicitar su modificación presentando el estudio técnico que sustente su petición; pero no 9 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima prohíbe que pueda ser aplicada la disposición por otras empresas prestadoras del servicio, como es el caso de SEDAPAR-Arequipa; en todo caso, lo que hubiese correspondido es que justifique cuáles serían las razones que amparen el trato diferenciado. OCTAVO: Por otro lado, la demandante en su recurso de apelación manifiesta que ofreció como medio probatorio el Estudio de Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta Arequipa, que no ha sido actuado; y con el cual pretende acreditar el real flujo de descarga y se fije un precio justo; invocó la aplicación del principio de uniformidad, esto es que debe establecerse requisitos similares para tramites similares, recibiendo como respuesta que la Cuarta Disposición Transitoria y Final solo comprende a los usuarios de la EPS SEDAPAL, lo que no resulta suficiente3; en todo caso, como bien señala la Jueza de Primera Instancia el artículo 91 del Reglamento de Calidad que regula el procedimiento para determinar el importe por concepto de alcantarillado, no prohíbe la presentación de informes técnicos que cuestionen el cálculo del VAF; en esa medida, al haberse denegado su actuación se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo que contempla, como una garantía mínima el derecho a probar de la demandante; por consiguiente, la resolución venida en grado que ordena se valore dicho medio probatorio, se encuentra arreglado a Derecho; lo que no significa un pronunciamiento favorable sobre el fondo del asunto que corresponde dilucidar a la Administración. NOVENO: En la línea de lo expresado, se concluye que la sentencia materia del grado ha sido expedida con estricta sujeción a lo actuado en el proceso y a las pruebas aportadas, las cuales han sido válidamente valoradas utilizando su apreciación razonada. En consecuencia, este Colegiado Superior, en mérito a las prerrogativas conferidas por la Constitución y la Ley, resuelve: 3 El Tribunal Constitucional en la STC N° 0078-2008-PHC/TC explica: “ 7. El derecho a la de da motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan de caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC) este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.” 10 Expediente Nro. 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima DECISIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución número N° 11 (SENTENCIA), del 29 de octubre de 2020, (folios 187-196), expedida por el Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos N° 05321- 2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE, del 30 de julio de 2015; y, ORDENA a la entidad demandada que expida nueva resolución. En los seguidos por CORPORACIÓN LINDLEY S.A. contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS y como Litisconsorte Necesario al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA - SEDAPAR S.A. sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese y devuélvase. S.S. JUÁREZ JURADO TUPIÑO SALINAS MONTOYA MUÑOZ 11
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIA DE LIMA EXPEDIENTE : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11° MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO LISTISC. PASIVO : SEDAPAR SA DEMANDADO : SUNASS DEMANDANTE : CORPORACION LINDLEY SA S.S. JUAREZ JURADO TUPIÑO SALINAS MONTOYA MUÑOZ RESOLUCIÓN N° 02 Lima, 07 de abril de 2022. AUTOS Y VISTOS en la fecha; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: De la revisión de los actuados, se advierte que el presente expediente se remite en elevación al Superior Jerárquico, en virtud al recurso de apelación contra: a) Resolución N° 11 de fecha 29 de octubre de 2020 a fojas 187-196 (Sentencia que declara fundada la demanda), interpuesto por la parte demandada y por la entidad litis consorcial, debidamente concedido con efecto suspensivo, mediante Resolución N° 12 de fecha 27 de julio de 2021 y Resolución N° 13 de fecha 06 de octubre de 2021 (concesorio de apelación). SEGUNDO: Asimismo, mediante resolución número uno de fecha 11 de Noviembre de 2021 se dispuso correr traslado del recurso de apelación a la parte contraria; sin embargo, conforme obra en autos no ha cumplido con absolver el traslado conferido, pese a encontrarse debidamente notificado. TERCERO: Conforme al estado del presente proceso y la naturaleza de la venida en grado, corresponde programar Vista de la Causa, tomando en cuenta para ello las disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa N° 00173-2020-CE-PJ, por el cual se aprobó el “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante el Periodo de Emergencia Sanitaria” y el Cronograma interno de esta Sala Superior. CUARTO: Bajo esa misma línea, se precisa que la audiencia se llevara a cabo de manera virtual mediante la plataforma Google Hangouts Meet; siendo pertinente señalar que las audiencias solo podrán ser grabadas por este órgano jurisdiccional, al no encontrarse las partes autorizadas para ello. Página 1 de 2 Por las consideraciones expuestas, este COLEGIADO, DISPUSIERON: 1.- PROGRAMAR la fecha de la VISTA DE LA CAUSA para el día MARTES 14 DE JUNIO DE 2022 a horas 09:00 a.m., diligencia que se desarrollará de manera VIRTUAL, mediante el aplicativo Google Meet, ingresando al enlace: https://meet.google.com/tje-iimb-gir. 2.- CUMPLAN las partes, a través de sus abogados, en el plazo de tres días con señalar si harán uso de la palabra a efectos que pueda informar oralmente por el lapso de cinco minutos, y, de ser así, cumplir con proporcionar una cuenta de correo electrónico con dominio gmail y número de teléfono celular o fijo. 3.- PRESENTAR, en caso de no hacer uso de la palabra y si así lo estimasen conveniente a sus intereses, informes por escrito a efectos de garantizar el derecho de defensa, días previos a la fecha de la vista de la causa. 4.- AUTORIZAR para efectos de coordinaciones preliminares a la realización de la audiencia virtual de la Vista de la Causa y en caso surja alguna con relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo, se escriba al correo electrónico sala.relatoria.pj@gmail.com. 5.- DESIGNAR a la RELATORA DE LA SALA, abogada Deysy Monier Candia, quién actuará como moderadora en la audiencia virtual de la Vista de la Causa. 6.- INFORMAR a los participantes que, quince (15) minutos antes del inicio de la audiencia, deberán ingresar al enlace indicado en el numeral 1 de la presente resolución, a efectos de realizar la prueba de conectividad. 7.- Finalmente, en mérito de la Resolución Administrativa N° 000137-2020-CE-PJ, la presente resolución y las que se expidan con posterioridad incluyendo la Sentencia emitida por esta Sala Superior en el presente proceso judicial, serán notificadas en las respectivas casillas electrónicas señaladas por las partes en autos. Avocándose al conocimiento de la presente causa los Jueces Superiores que suscriben por Disposición Superior. NOTIFIQUESE conforme a Ley. – amra DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: De conformidad con lo establecido en la Ley de Firmas y Certificados Digitales N° 272691, su Reglamento contenido en el DS Nº 052-2008-PCM2, y en estricta aplicación del principio de celeridad procesal, adecuando la exigencia de formalidad al logro de los fines de los procesos judiciales: Las firmas electrónicas registradas en la presente resolución, son absolutamente válidas y con eficacia jurídica, no requiriéndose la firma y sello físico, a fin de agilizar el impulso del presente proceso, en razón a la atención vía trabajo remoto por la delicada coyuntura sanitaria actual3 1 Artículo 1.- Objeto de la ley La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. 2 Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. 3 Resolución Administrativa N° 008-2022-P-CSJLI-PJ de fecha 06 de enero de 2022. Página 2 de 2
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	11° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SUASNABAR LOPEZ LIZ ESPECIALISTA : QUISPE PUNIL, ELIZABETH MARIA LISTISC. PASIVO : SEDAPAR SA DEMANDADO : SUNASS DEMANDANTE : CORPORACION LINDLEY SA RESOLUCION NÚMERO TRECE Lima, seis de octubre Del dos mil veintiuno.- AUTOS Y VISTOS: Proveyendo el escrito de fecha 04/08/2021: Presentado por la entidad litis consorcial SEDAPAR S.A., Téngase presente la apelación que interpone; y, ATENDIENDO Primero: Que, el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia contenida en la resolución siete, de fecha treinta de julio del dos mil veinte, que declara fundada la demanda, cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad establecidos en los artículos 357°, 358°, 365° inciso 2) y 366° del Código Procesal Civil; y se ha interpuesto dentro del plazo previsto en el literal g), numeral 28.2 del artículo 28 del Decreto de Supremo N° 013-2008-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584- Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; Segundo: Que en consecuencia y en aplicación del artículo 371° de la Norma procesal: CONCÉDASE CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación que interpone la entidad litis consorcial contra la Sentencia contenida en el Resolución once del veintinueve de octubre del dos mil veinte, que declara fundada la demanda y devuelto que sean los cargos de notificación, elévese los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención, siendo así adhiérase la presente resolución a la resolución que antecede; notifíquese.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	11° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SUASNABAR LOPEZ LIZ ESPECIALISTA : QUISPE PUNIL, ELIZABETH MARIA LISTISC. PASIVO : SEDAPAR SA DEMANDADO : SUNASS DEMANDANTE : CORPORACION LINDLEY SA RESOLUCION NÚMERO DOCE Lima; veintisiete de julio Del año dos mil veintiuno.- AUTOS Y VISTOS: Proveyendo conforme a su estado; Al primer escrito del 03/05/2021 (Ministerio Público): Al principal y otrosí decimos: Presentado por el Procurador Publico del Ministerio Publico, estando a lo expuesto y advirtiéndose que por error se notificó la Sentencia a dicha entidad, por lo que, se tiene devuelta la cédula de notificación. Al segundo escrito del 03/05/2021 (SUNASS): Al principal y otrosí decimos: Presentado por la entidad demandada, Téngase presente la apelación que interpone; y, ATENDIENDO Primero: Que, el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y litis consorcial contra la sentencia contenida en la resolución once, de fecha veintinueve de octubre del dos mil veinte, que declara fundada la demanda, cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad establecidos en los artículos 357°, 358°, 365° inciso 2) y 366° del Código Procesal Civil; y se ha interpuesto dentro del plazo previsto en el literal g), numeral 28.2 del artículo 28 del Decreto de Supremo N° 013-2008-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584- Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; Segundo: Que en consecuencia y en aplicación del artículo 371° de la Norma procesal: CONCÉDASE CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación que interpone la entidad demandada contra la Sentencia contenida en el resolución once, de fecha veintinueve de octubre del dos mil veinte, que declara fundada la demanda; y devuelto que sean los cargos de notificación, elévese los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención oportunamente; Al tercer escrito del 03/05/2021 (SEDAPAR); Al principal y otrosí digo: Presentado por la entidad litis consorcial SEDAPAR SA y ATENDIENDO PRIMERO: Que, el que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria conforme lo establece el artículo trescientos sesenta y cuatro, trescientos sesenta y cinco y trescientos sesenta y seis del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente; SEGUNDO: Que, asimismo, debe ser interpuesta en el plazo establecido por el artículo trescientos sesenta y siete del Código Procesal Civil antes señalado, sin embargo la entidad litis consorcial no ha cumplido con adjuntar el arancel judicial correspondiente por el recurso de apelación que interpone tampoco ha cumplido con adjuntar la documentación que indica en su escrito que antecede y siendo los mismos requisitos de admisibilidad, amerita requerir los mismos; por estas consideraciones SE RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE su recurso de apelación que interpone, a efectos cumpla con subsanar con el arancel judicial correspondiente por el recurso de apelación que interpone tampoco ha cumplido con adjuntar la documentación que indica en su escrito que antecede, para lo cual se le concede el termino de DOS DÍAS de notificado con la presente resolución, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso que antecede, asimismo téngase por delegada la facultad de representación a favor de la letrada indicada en el escrito que antecede. Avocándose a la presente causa la Señora Juez por disposición superior; notifíquese.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima EXPEDIENTE No 12750-2015-0-1801-JR-CA-11 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA JUEZ : MEDINA BONETT, ADLER ALONSO ESPECIALISTA LEGAL : QUISPE PUNIL, ELIZABETH MARIA DEMANDANTE : CORPORACIÓN LINDLEY S.A.C. DEMANDADO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIO DE SANEAMIENTO – SUNASS LITISCONSORTE : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. - SEDAPAR SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Lima, veintinueve de octubre de 2020.- I. ANTECEDENTES: Resulta de autos, mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2015, que obra de fojas 48 a 63 de autos, se tiene que Corporación Lindley S.A.C., interpone demanda contenciosa-administrativa dirigida contra la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y como Litisconsorte Necesario al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A.- SEDAPAR, a fin que el Órgano Jurisdiccional declare la Nulidad de la Resolución No 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE de fecha 30 de julio de 2015. Mediante resolución número uno de fecha 15 de diciembre de 2015, que obra de fojas 64 a 66 de autos, se Admitió a Trámite la demanda interpuesta en la Vía del Proceso Especial, regulado por el Decreto Supremo No 013-2008-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Procedimiento Administrativo. II. PRETENSIONES Y ARGUMENTOS: PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare la Resolución No 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE de fecha 30 de julio de 2015. ARGUMENTOS: 1. Señala que, la apelación contra la Resolución Nro. 7447-2015/S-70302 está dirigida contra la facturación que SEDAPAR aplica al servicio de alcantarillado. Así, refiere que del 100% del flujo de agua, que capta de su propia fuente, solo vierte el Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima 54.99% al alcantarillado, pues el 45.01% del total del flujo de agua que consume de sus propias fuentes son incorporadas como insumo en sus procesos industriales de elaboración y producción de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. 2. Indica que presentó ante SEDAPAR el Estudio de Balance Hídrico de su planta industrial ubicada en Tiabaya Arequipa, como sustento técnico para cuestionar el factor descarga y validar el vertimiento real de afluentes hacia el alcantarillado y sobre este flujo real corresponde aplicar la tarifa correspondiente. 3. Sostiene que con dicho estudio se ha probado que el insumo principal es el agua por su naturaleza de su actividad industrial, así, el 45.01% del agua subterránea extraída sirve como insumo para su producto terminado, y la diferencia es decir el 54.99% es el volumen que vierte al alcantarillado. 4. Refiere que se ha vulnerado el Principio Constitucional de Igualdad ante la Ley y Legalidad, al rechazar la actuación de la prueba ofrecida, argumentando que el derecho de cuestionar la descarga solo la tienen los usuarios de SEDAPAL, por lo que se está discriminando a los usuarios de SEDAPAR. 5. Así, también indica violación al Principio del Debido Procedimiento, toda vez que se ha desconocido el derecho del usuario de SEDAPAR, de ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 6. Finalmente, alega la violación al Principio de la finalidad del proceso administrativo, dado que SUNASS resuelve sesgadamente y bajo la apariencia de una supuesta formalidad. III. POSICIÓN Y ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA: Corrido el traslado de la demanda, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, se apersonó al proceso a través de su Apoderado Judicial, mediante escrito de fecha 22 de enero de 2016, que obra de fojas 80 a 94 de autos, contesta la misma negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, fundamentando su posición de la siguiente manera: 1. Señala que, SEDAPAR, le emitió al demandante un recibo cobrando el servicio de alcantarillado, sin embargo, la parte demandante, cuestiona y pretende que se aplique el tercer párrafo de la Cuarta Disposición Transitoria Final del Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima Reglamento de Calidad, es decir, al derecho que tienen los usuarios de SEDAPAL (Lima) a que se les aplique otro factor de descarga, previo análisis y posterior aprobación de un informe técnico. 2. Sostiene, que en caso que, fuere aplicable la Cuarta Disposición Transitoria Final del Reglamento de Calidad, el derecho de gozar de un porcentaje menor de descarga y, por tanto, de un cobro menor por servicio de alcantarillado, correspondería si dicho porcentaje fuera aprobado por la EPS (SEDAPAR) con base a la evaluación del Informe Técnico del usuario; sin embargo, la parte demandante no solicitó a SEDAPAR que evalúe su informe técnico. 3. Refiere que la parte demandante busca el reconocimiento de un derecho y no la nulidad de la Resolución No 05321-2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE de fecha 30 de julio de 2015. 4. Así, alega que el demandante pretende que se aplique lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Calidad, y no la aplicación del procedimiento general que siguió SEDAPAR para facturarle el servicio de alcantarillado. 5. Finalmente, sostiene que la resolución impugnada ha sido emitida dentro del marco legal vigente, al no haber incurrido en ninguna de las causales dispuestas en el artículo 10° de la Ley Nro. 27444. Asimismo, mediante resolución dos de fecha 09 de mayo de 2016, se ha declarado REBELDE al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR. IV. PUNTO CONTROVERTIDO: Tramitada la causa conforme a su naturaleza y vencida la etapa postulatoria, se emite el Auto de Saneamiento Procesal mediante Resolución No Dos de fecha 09 de mayo de 2016, que obra de fojas 101 a 103 de autos, fijándose como punto controvertido:  Determinar si corresponde declarar la Nulidad de la Resolución No 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE de fecha 30 de julio de 2015. Mediante resolución número ocho de fecha 15 de octubre de 2019, que obra a foja 169 a 179 de autos se dispuso adecuar la vía procedimental de autos, al PROCESO Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima ORDINARIO, en consecuencia, se deja sin efecto la remisión de autos al Ministerio Público, y se deja los autos en despacho para emitir la sentencia correspondiente. V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: El Proceso Contencioso Administrativo. 1. La Jurisdicción Contencioso Administrativo tiene por objeto la creación de un medio técnico – jurídico para el control de los órganos administrativos por el órgano jurisdiccional y lograr así, en principio, la defensa del orden jurídico contra los abusos y desviaciones, y secundariamente para la solución de los conflictos surgidos entre los particulares y la administración, con motivo de la lesión sufrida por aquellos a consecuencia de tales abusos y desviaciones del poder o la no prestación del servicio público que la ley otorga1. Lo fundamental es que la administración responda ante los tribunales por sus actos.2 Este Proceso Contencioso-Administrativo busca asegurar el mantenimiento del orden público al imponer a la administración conducirse dentro del respeto a las reglas jurídicas reguladoras del ejercicio de sus facultades y prerrogativas y permitir a los afectados por la actuación pública a oponerse.3 2. La finalidad precisada se encuentra contenida en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, que establece: «La acción contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo». 3. Por otro lado, corresponde señalar que todo pronunciamiento judicial debe estar premunido de la garantía constitucional de la motivación escrita de las resoluciones, conforme lo prevé el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la resolución del expediente 1 Devis Echandía, Hernando. “Teoría General del Proceso”, Tomo I, página 93. 2 Bacacorzo, Gustavo. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, página 118. 3 Morón Urbina, Juan Carlos. “Derecho Procesal Administrativo”, página 348. Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima Nro. 00966-2007-AA/TC, señaló: “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (...). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver”. En atención a ello, esta judicatura pasará al análisis, desarrollo y resolución de la litis, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el máximo intérprete de la Constitución Política. Carga de la Prueba. 4. Debemos mencionar que el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado por el Decreto Supremo No 013-2008-JUS, en su Primer Párrafo establece que: «Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión». La indicada norma debe ser concordada con los artículos 1884 y 2005 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los presentes actuados, de conformidad con la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019- JUS. 5. Sobre los Medios Probatorios podemos señalar que, la finalidad de la prueba, más que alcanzar la verdad o la indagación de la realidad de la que versa una litis, es formarle al juzgador convicción sobre las alegaciones que las partes afirman 4 Artículo 188 del Código Procesal Civil señala: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. 5 Artículo 200 del Código Procesal Civil señala: “Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada”. Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima son situaciones ciertas y concretas (hechos). Tal convencimiento le permitirá a aquel tomar su decisión y poner así término a la controversia.6 6. En la Casación N° 2660-2006-Lima, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, señala que «(…) la carga de la prueba o llamada también “onus probandi” consiste en que quien tiene la titularidad de la prueba es la parte que persigue efectos jurídicos en función a los hechos que sustentan su pretensión (…).»7 Delimitación del Petitorio. 7. Después del análisis de todos los actuados tanto en vía administrativa como judicial, ha quedado establecido que en el presente proceso se verifica que es objeto de controversia si el demandante al ser usuario de la EPS – SEDAPAR se encuentra prohibido de producir y ofrecer pruebas que cuestionen el importe facturado por el servicio de alcantarillado. Análisis del Caso. 8. Mediante reclamo Nro. 20150086918 de fecha 22 de mayo de 2015, la parte demandante reclama el consumo medido del mes de abril 2015. Así, a foja 22 del expediente administrativo, obra el Acta de Inspección Externa de fecha 27 de mayo de 2015, realizado en las instalaciones de Corporación Lindley S.A. a horas 11:45 a.m. en el cual se constató que el medidor Nro. 11180320, tiene tipo de abastecimiento continuo, sin fuga en la caja, abastecimiento normal durante la inspección. 9. Es así, que a foja 19 del expediente administrativo obra la Resolución Nro. 7147- 2015/S-70302, de fecha 18 de junio de 2015, se declara infundado el reclamo por consumo medido (concepto de servicio de desagüe) en la facturación de abril de 2015. 6 Hinostroza Mínguez, Alberto (2004) “Comentarios al Código Procesal Civil”, Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica, pág. 399. 7 Casación N° 2660-2006-Lima, publicada el martes 01 de abril de 2008, en el diario Oficial “El Peruano”, Págs. 21917-21918. 8 Foja 30 del expediente administrativo, tomo II. Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima 10. Ante ello, la parte demandante interpone recurso de apelación, mediante escrito de fecha 07 de julio de 2015, obrante a foja 11 a 17 del expediente administrativo, el cual es resuelto mediante Resolución Nro. 05321-2015- SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE9, de fecha 30 de julio de 2015, resolución que es materia de impugnación en los presentes autos. 11. Resulta preciso citar el artículo 91.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios, de Saneamiento10, modificado por la Resolución de Consejo Directivo Nro. 088-2007-SUNASS-CD establece “En el caso de los predios que solo utilicen el servicio de alcantarillado y cuente con fuente propia, la EPS podrá facturar por este servicio, determinando previamente, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de ésta, el volumen que es utilizado por dicho usuario, el cual será considerado como VAF. En caso del aforo, deberá emplearse un medidor que cumpla con los requisitos vigentes, cuya instalación deberá mantenerse en la fuente por lo menos diez (10) días continuos. Sobre la base de dicho volumen, y utilizando los procedimientos previamente establecidos, se determinará el importe que correspondería facturar por el servicio de agua potable, como si éste se brindara. A dicho importe se le aplicará el correspondiente porcentaje por el alcantarillado, obteniéndose el importe a facturar por dicho concepto. Este procedimiento se aplicará, aún cuando el predio cuente con varias conexiones de alcantarillado (…)”. 12. Señalado ello, y del Resumen Histórico de la Facturación11, se advierte lo siguiente: que con fecha 20 de marzo de 2015 el medidor Nro. 11180320 de la empresa demandante registró una lectura de 965775 m3, así con fecha 21 de abril de 2015 el citado medidor registro una lectura de 1000382 m3; cuyo periodo es de 32 días; registrándose así una diferencia de 34607 m3; base en la cual la empresa prestadora – SEDAPAR, efectuó la facturación para el mes de abril de 2015, conforme se puede advertir del Recibo Nro. 14-001-2820028112. 13. Respecto a la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Calidad establece: La EPS SEDAPAL continuará aplicando la tarifa por volumen 9 Foja 33 del expediente administrativo, tomo II. 10 Aprobado mediante Consejo Directivo Nro. 011-2007-SUNASS-CD. 11 Foja 23 del expediente administrativo, tomo II. 12 Foja 29 del expediente administrativo, tomo II. Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima para el servicio de alcantarillado que se preste a los usuarios que cuenta con fuente propia siguiendo para ello el siguiente procedimiento: El volumen utilizado por dicho usuario se determinará previamente, mediante un medidor instalado de 0.80, dando como resultado volumen que será considerado como volumen que se descarga al alcantarillado, el cual será multiplicado por la tarifa respectiva para obtener el importe por uso del alcantarillado. En caso, que el usuario manifieste su disconformidad con el factor de descarga, podrá solicitar su modificación a la EPS, para lo cual presentará un estudio técnico que sustente su petición. El costo del estudio será asumido por el solicitante y la aprobación quedará a cargo de la EPS. 14. En este extremo de la demanda, la empresa demandante refiere que presentó el Estudio de Balance Hídrico de su planta Industrial ubicada en Tiabaya – Arequipa a fin de cuestionar el factor descarga y validar el vertimiento real de afluentes hacia el alcantarillado; a ello corresponde señalar que a fojas 18 a 46 de autos obra el Estudio de Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta Arequipa de Corporación Lindley S.A.; sin embargo, de dicho estudio no se advierte que éste haya sido presentado ante la EPS, toda vez que no figura el sello o cargo de recepción por la EPS – SEDAPAR. 15. No obstante, lo señalado, del recurso de apelación, la parte demandante sostiene lo siguiente “debemos recordar que ésta se origina en el expediente de Reclamo 2012-008744, razón por la cual su despacho deberá tener presente las pruebas ofrecidas y no actuadas tanto en ese expediente como en el presente, por ello se deberá tener en cuenta que no se ha cumplido con la actuación de a prueba de Corporación Lindley consistente en el Estudio Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta – Arequipa”. 16. De lo señalado, se puede advertir que en reclamos anteriores la empresa demandante ha ofrecido dicho medio probatorio; así, se advierte que los pronunciamientos obtenidos de la administración han sido judicializados conforme se puede advertir de las sentencias que obran a fojas 108 a 119 de autos. 17. Ahora, si bien, es cierto que lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Calidad, corresponde para los usuarios de la EPS – SEDAPAL y no SERPAR; también lo es que, el artículo 91° del mencionado Reglamento no prohíbe la presentación de medios de pruebas que Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima cuestionen el cálculo que realiza la EPS; por tanto, al señalar la entidad demandada que el Balance Hídrico, solo es para los usuarios de SEDAPAL, vulnera el debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nro. 27444, el cual señala “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”; toda vez que, dicho medio probatorio (Estudio Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta – Arequipa) que ha mencionado la administrada en su recurso de apelación, no ha sido tomado en cuenta como un argumento que pueda valorarse, señalando solo así – la administración, que el administrado no pertenece a la red de SEDAPAL. 18. Por su parte la administración - SUNASS, señala en su contestación que la parte demandante pretende que se aplique los dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del Reglamento de Calidad; sin embargo, más allá de estar dirigido dicho dispositivo legal a los usuarios de la EPS de SEDAPAL; y conforme se ha sostenido anteriormente, la administración debió valorar el medio probatorio al cual hace referencia la administrada; más aún, cuando el artículo 91.2 del Reglamento mencionado, no prohíbe la presentación de informes técnicos que cuestionen el cálculo del VAF; por tanto, la actuación de la administración – SUNASS, no se ajusta a derecho, vulnerando el debido procedimiento administrativo, en su garantía del derecho de defensa, contradicción y de la debida motivación, por lo que la demanda deviene en fundada. 19. Conforme lo desarrollado, la administración demandada, debe emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, teniendo en cuenta o efectuando una valoración respecto del Estudio de Balance Hídrico del Proceso de Producción de Bebidas en Planta Arequipa de Corporación Lindley S.A. 20. De lo expuesto en las consideraciones que anteceden, se tiene que la resolución, materia de impugnación en el presente proceso, se encuentra incursas dentro de Corte Superior de Justicia de Lima Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima las causales de nulidad establecidas en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley No 27444; resultando procedente amparar la demanda incoada. VI. DECISIÓN: Por los demás fundamentos glosados, el señor Juez del Undécimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a Nombre de la Nación, declara: FUNDADA la demanda de fecha 13 de noviembre de 2015, que corre de fojas 48 a 63 de autos, en los seguidos por CORPORACIÓN LINDLEY S.A. contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – SUNASS y como Litisconsorte Necesario al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.- SEDAPAR, sobre NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO, en consecuencia: NULA la Resolución Nro. 05321-2015-SUNASS/TRASS/SALA PERMANENTE de fecha 30 de julio de 2015, se ORDENA a la entidad demandada que expida nueva resolución conforme a los fundamentos expuesto en la presente resolución.- NOTIFÍQUESE. -
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	18° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TRIBUTARIA Y ADUANERA EXPEDIENTE : 12792-2015-0-1801-JR-CA-18 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : YUPANQUI BERNABE, MARIA LUISA ESPECIALISTA : RODRIGUEZ VILLAGARAY, JUSTO DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL , SEDAPAL , DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA UNACEM , RESOLUCION N° veintiuno Lima, tres de mayo de dos mil diecisiete.- AUTOS Y VISTOS al Oficio emitido por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, téngase por remitido el expediente del Superior Jerárquico y CONSIDERANDO: Primero: Mediante resolución trece (Sentencia) de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, se resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA UNACEM, la misma que fue apelada y elevada al Superior Jerárquico. Segundo: Mediante sentencia de vista número diecinueve de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo resuelve confirmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08844-2-2015 y las Resoluciones de Determinación N° 637904000006821- 2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618/ESCE, ordenando que SEDAPAL cumpla con disponer la devolución a favor del demandante de los montos indebidos que se hubieran pagado respecto de las deudas contenidas en las referidas resoluciones de determinación, más los intereses legales que correspondan a la fecha efectiva de devolución. En consecuencia, en merito a la Resolución de Vista, señalado en el considerando segundo, se dispone, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO en consecuencia: 1. CUMPLA la entidad co-demandada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, en la persona del funcionario que designen, para que en el plazo de TREINTA DÍAS, ordene se cumpla con los términos de la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, bajo apercibimiento de Ley. Y para dicho efecto; 2. OFÍCIESE al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima para su cumplimiento, adjuntándose copias certificadas de las principales piezas procesales. Notifíquese.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE : 12792-2015 DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL Y SEDAPAL MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE.- Lima, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.- SUMILLA: La Resolución del Tribunal Fiscal N° 08844-2- 2015 es nula porque contiene una decisión inhibitoria sustentada en la ausencia de la facultad de control difuso, lo cual en el caso en concreto no se ajusta a los hechos, dado que ejercer la constitucionalidad de las normas que motivaron la expedición de las Resoluciones de Determinación N° 637904000006821- 2015/ESCE,559828700006919- 2015/ESCE,y240057600006618-2015/ESCE, es un asunto resuelto por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que resulta de obligatorio cumplimiento para la Administración. De ahí, que el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008- 82-VI transgreden el principio tributario de reserva de ley, en tanto se expidieron en base a la Ley N° 23230 que, aún cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos; no obstante, los elementos esenciales del tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, fueron establecidos en el citado reglamento, pese a que el decreto legislativo no predeterminó los lineamientos básicos para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, el cual en el caso concreto de autos, no fue cumplido. En consecuencia, las Resoluciones de Determinación N° 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919- 2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE, que se sustentaron en esas normas adolecen, igualmente, de nulidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1) del Artículo 10° de la Ley N° 27444. VISTOS: Con la constancia de vista de la causa que antecede, y el expediente administrativo que se acompaña; interviniendo como ponente la magistrada Sancarranco Cáceda. Es materia de grado la sentencia emitida mediante Resolución Página 1 de 9 Nº 13, de fecha 30 de junio del 2016, de la página 205, que declara fundada la demanda. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: TRIBUNAL FISCAL.- Mediante escrito de apelación corriente de fojas 252 a 260 el procurador público del Ministerio de Economía y Finanzas formula los siguientes agravios: i) No se ha considerado que el Tribunal Fiscal no ha incurrido en nulidad al declarar improcedente la apelación de puro derecho interpuesto por la demandante, dado que dicho recurso administrativo cuestionó únicamente la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, siendo que la precitada resolución se emitió con arreglo a la STC N° 04293-2012-PA/TC que prohíbe que los tribunales administrativos ejerzan el control difuso administrativo; ii) El Juzgador incurre en error de interpretación del artículo 102° del Código Tributario, dado que la norma en mención se refiere a un control de legalidad, esto es, que el Tribunal Fiscal al resolver debe aplicar la norma de mayor jerarquía, pero entendida dentro de su fuero administrativo, por tanto, no puede considerarse que esta norma faculte a un órgano administrativo a ejercer control difuso; iii) Finalmente, en casos idénticos al de autos, el órgano jurisdiccional declaró infundada la demanda respecto al Tribunal Fiscal, por carecer de facultades para ejercer control, difuso, conforme a la STC N° 04293-2012-PA/TC. SEDAPAL.- Mediante escrito de apelación corriente de fojas 272 a 277 apela la sentencia, formulando como agravio que: i) El A quo no ha considerado que las normas cuestionadas (Decreto legislativo N° 148 y su reglamento), no adolecen de inconstitucionalidad, por el contrario, su aplicación se sujeta a lo prescrito en la Constitución Política del Perú, pues SEDAPAL procedió conforme a las disposiciones legales vigentes en cuanto administra un servicio público, pues lo que pretende la demandante es obtener la inaplicación de la norma que creó el tributo que grava la extracción de agua subterránea con fines industriales, así como la exención de la obligación del pago por el derecho a usar un bien público pese a que Página 2 de 9 reconoce que lo usa o aprovecha, por lo que, mal la sentencia declara indebidamente la nulidad de las resoluciones de determinación cuestionadas; 2. Arbitrariamente, y sin exponer los fundamentos de su decisión el A quo no solo ordena la restitución de lo que habría pagado la demandante por extracción de agua subterránea, sino que lo premia con el pago de los intereses legales, sin determinar bajo qué supuesto jurídico se encuentra la imposición de este concepto. En tal sentido, la sentencia apelada adolece de nulidad insubsanable en razón que no satisface plena y cabalmente lo dispuesto en el inciso 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, porque aun cuando se trata de una pretensión accesoria debe tener correlato en la ley, lo que no se ha determinado en autos. I CONSIDERANDO: PRIMERO.- OBJETO DE PRETENSIÓN La demandante Unión Andina de Cementos S.A.A. postula como pretensión principal, que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08844- 2-2015 y como pretensión accesoria, se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados mas intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución, como consecuencia de la emisión de las Resoluciones de Determinación N° 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE. La pretensión se sustenta en que la RTF es nula porque el Tribunal Fiscal no se pronunció sobre el fondo del asunto al invocar que no tenía competencia para ejercer el control difuso, conforme a lo establecido en la STC N° 04293-2012-PA/TC, pese a que es un órgano resolutivo que no puede dejar de aplicar las normas legales. Por su parte, las Resoluciones de Determinación también impugnadas adolecen, igualmente, de nulidad porque contradicen lo establecido en el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú y la Norma IV del Código Tributario vulnerando los principios de legalidad y reserva tributaria. SEGUNDO.- ANTECEDENTES Por la citada RTF, el Tribunal Fiscal declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Unión Andina de Cementos S.A.A., fundándose en Página 3 de 9 la STC N° 04293-2012-PA/TC por la cual el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC N° 03741-2004-AA/TC y estableció que la Administración carecía de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148, que regula la Tarifa por Uso de Agua Subterránea, así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicho tributo. TERCERO.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL DEC. LEG. 148 Y SU REGLAMENTO Sin embargo, la tarifa para el aprovechamiento de aguas subterráneas regulada por el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, ya había sido objeto de análisis constitucional por parte del Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias expedidas, entre otras, la recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC de fecha 17 de agosto del 2010, estableciendo que la normatividad señalada, incurre en vicio de inconstitucionalidad, por lo que dispuso su inaplicación. CUARTO.- Por consiguiente, la adopción de una decisión de fondo por parte del Tribunal Fiscal en casos donde se discute la tarifa de agua subterránea, no supone el ejercicio del control difuso sobre las mencionadas normas legales, sino únicamente el examen orientado a establecer su constitucionalidad con arreglo a lo ya establecido con bastante anterioridad, por el Tribunal Constitucional, en su condición de órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Dentro de éste contexto, el Tribunal Fiscal no puede eludir su obligación de emitir pronunciamiento de la controversia, bajo el sustento de su impedimento de aplicación de control difuso, atendiendo que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en jurisprudencia uniforme sobre la inconstitucionalidad de las normas citadas. QUINTO.- A mayor abundamiento, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08844-2- 2015 adolece de nulidad porque contiene una decisión inhibitoria sustentada en la ausencia de una facultad que, en el caso en concreto, no es necesario ejercer en tanto la constitucionalidad de las normas que motivaron la expedición de las Resoluciones de Determinación Nos. 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919- 2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE, es un ya asunto resuelto por el Página 4 de 9 Tribunal Constitucional mediante criterio que resulta de obligatorio cumplimiento para todos, incluyendo y muy especialmente a la Administración. En consecuencia, corresponde declarar nula la RTF cuestionada a tenor de lo dispuesto por el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley General de Procedimiento Administrativo, lo que no significa el reenvío del expediente administrativo sino un pronunciamiento previo que permite pasar a analizar la nulidad, a su vez, de las citadas resoluciones de determinación, cuya declaración de invalidez motiva la alzada. SEXTO.- VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN N° 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE Y 240057600006618-2015/ESCE En este punto, la controversia se centra en determinar si el Decreto Legislativo N° 148° y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, que sustentan la resolución del rubro, transgreden los principios constitucionales contenidos en el Artículo 74° de la Constitución Política, conforme al cual el Estado tiene la potestad de crear, modificar o derogar tributos y otorgar exoneraciones, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades; cuyo ejercicio debe darse con respeto a los principios de reserva de la ley, igualdad, no confiscatoriedad y a los derechos fundamentales de la persona. SÉTIMO.- El Artículo 66° de la Constitución Política establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y el Artículo 3° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, define el recurso natural como todo aquel componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Según los Artículos 19° y 20° de la citada ley, los derechos para su aprovechamiento se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada uno y en cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, los frutos y productos, en tanto no haya sido concedido por algún título a los particulares, dando lugar su aprovechamiento a una retribución pecuniaria determinada por criterios económicos, sociales y ambientales. Página 5 de 9 OCTAVO.- Tratándose de las tarifas establecidas para el aprovechamiento de aguas subterráneas reguladas por el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007- PA/TC de fecha 17 de agosto de 2010, ha señalado que la misma es de naturaleza tributaria y, en virtud a ello, su cobro está sometido a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, como son los de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los derechos fundamentales. NOVENO.- El principio tributario de reserva de ley se vincula al principio de legalidad; siendo que ambos dan lugar a la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario conforme a la cual la creación, modificación, derogación o exoneración de tributos debe ser determinada por ley, que debe prever los elementos esenciales (material, personal, temporal y espacial) del tributo; señalando, además, la competencia de los órganos encargados de determinarlos. En la sentencia del Expediente 0042-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional precisó que el principio de reserva de ley en materia tributaria implica una determinación constitucional que impone la regulación por ley de ciertas materias, con sujeción al principio de supremacía constitucional; en tanto que el principio de legalidad, impone la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes. El mismo órgano constitucional al dictar la STC N° 02762-2002-AA/TC sostuvo que la reserva de ley supone la determinación por ley o norma habilitada, de los elementos esenciales y determinantes para reconocer un tributo, pudiendo todo lo adicional ser delegado a la norma reglamentaria de manera complementaria, nunca de manera independiente1. La remisión reglamentaria es excepcional2, dándose cuando la misma ley establece parámetros y límites de su actuación, la razonabilidad así lo justifique y se haya superado el análisis de proporcionalidad, es decir, cuando 1 “10. La reserva de ley, en su extensión horizontal, atiende a la delimitación del alcance dejado al reglamento, y en su sentido vertical, al contenido material que debe recoger la ley de remisión. (Tornos Más, Joaquín, La relación entre la ley y el Reglamento. En: Revista de Administración Pública. 100-102. Año 1993. Madrid, Pág. 471-507)” 2 GAMBA VALEGA: “La reserva de ley no excluye la posibilidad de que la Administración pueda intervenir en el procedimiento de los elementos cubiertos por el principio de reserva de ley mediante su potestad reglamentaria. En tal medida, la ley no necesariamente debe agorar la regulación de los elementos esenciales del tributo, sino que la predeterminación adecuada, que garantice un control suficiente intenso de la actuación administrativa, puede venir determinada en el régimen de colaboración entre la ley y el reglamento. Ello, sin embargo, no obsta para que la Ley deba contener los parámetros, criterios, directrices y límites suficientes dentro de los cuales ha de actuar el reglamento, pues de otro modo se estaría vaciando de contenido el mandato constitucional”. La extinción de la reserva de ley en el ámbito tributario. Revista Análisis Tributario, Junio 2004. pp. 22-23. Página 6 de 9 la referida remisión quede sustentada como una medida necesaria e ineludible; principios y directrices de los que no está exceptuada la materia tributaria; pues ello implicaría la entrega abierta al Ejecutivo de facultades para determinarla3. De lo expuesto, se infiere que el principio de reserva de ley obliga positivamente al Estado, a través del Congreso de la República, a legislar la materia tributaria con la suficiencia necesaria para controlar adecuadamente la decisión administrativa emitida en base a normas habilitantes o reglamentarias; cuidando que éstas no cedan al Poder Ejecutivo la determinación de los elementos esenciales de un tributo. DÉCIMO.- Bajo ese contexto, se tiene que por Ley N° 23230, publicada el 16 de diciembre de 1980, se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre legislación tributaria, entre otras materias. En ejercicio de esa delegación, se expidió el Decreto Legislativo N° 148 publicado el 15 de julio de 1981, por medio del cual se creó la tarifa de agua subterránea con fines poblacionales e industriales, para la circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, precisando en Artículo 1° que la misma será regulada por decreto supremo, lo que en el caso concreto se plasmó en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fue el que estableció los elementos del tributo para tal aprovechamiento. UNDÉCIMO.- Bajo este contexto, el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento transgreden el principio de reserva de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, aún cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos. Es más, se observa que los elementos esenciales y determinantes del tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en el Decreto Supremo N° 008-82-VI sin que el Decreto Legislativo N° 148 hubiera predeterminado los lineamientos de carácter básico para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, ya que su contenido no delimita ni fija la adecuada actuación de la Administración para regular la materia cuestionada en autos. Reiterando, el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha concluido que la tarifa es inconstitucional, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base imponible y la alícuota, 3 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02762-2001-AA/TC. Página 7 de 9 entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, afectándose con ello. el principio de reserva de ley. En consecuencia, la codemandada SEDAPAL al expedir las Resoluciones de Determinación Nos. 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345- 2011/ESCE, aplicando la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al mes de junio de 2011, fundándose en las citadas disposiciones legales y reglamentarias, no se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional había ya establecido sobre su inconstitucionalidad en los expedientes N° 4899-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC, entre otros. DUODÉCIMO.- Por las consideraciones antes expuestas debe desestimarse los agravios precisados en los recursos presentados, y confirmarse la sentencia que declara fundada la demanda que declara la nulidad de las Resoluciones de Determinación citadas, pues de acuerdo a lo precedentemente expuesto, al expedirse estas resoluciones se incurrió en vicio que conforme al numeral 1) del Artículo 10° de la Ley N° 27444 acarrea la declaración de su nulidad; debiéndose confirmar la sentencia en dicho extremo. DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con el Artículo 142º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Colegiado deja constancia que los fundamentos de su decisión desvirtúan los alcances del dictamen fiscal de la página 285. Por estos fundamentos, los señores jueces superiores de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima: CONFIRMAN la Resolución Número Trece conteniendo la sentencia de fecha 30 de junio del 2016 corriente de fojas 205 a 215, que declara fundada la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones de Determinación N° 637904000006821- 2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE, emitidas por la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al mes de abril del 2015 y ordena que SEDAPAL cumpla con disponer la devolución a favor de la demandante de los montos indebidos que se hubieran pagado respecto de las deudas contenidas en las referidas resoluciones de determinación, más los intereses legales Página 8 de 9 que correspondan a la fecha efectiva de devolución. Asimismo, declaran la NULIDAD de la Resolución del Tribunal Fiscal NN° 08844-2-2015. En los seguidos por Unión Andina de Cementos S.A.A. UNACEM S.A.A., contra el Tribunal Fiscal y SEDAPAL, sobre nulidad de resolución administrativa. ODRÍA ODRÍA LÉVANO VERGARA SANCARRANCO CÁCEDA Página 9 de 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DECIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE : 12792-2015-0-1801-JR-CA-18 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL Y SEDAPAL DEMANDANTE : UNION DE CEMENTOS SAA SENTENCIA Sumilla: Se declara fundada la demanda. De acuerdo a lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 04899-2007-PA/TC, el Decreto Legislativo número 148 no cumple con el principio de reserva de Ley al no establecer todos los elementos esenciales del tributo, los cuales fueron establecidos por la norma reglamen taria (Decreto Supremo N° 008-82-VI), por lo cual, los requerimientos de pago derivados de dicha norma, en cualquiera de sus formas, son inexigibles por cuanto han sido inaplicadas por el máximo interprete de la constitución. RESOLUCION NUMERO TRECE Lima, treinta de junio del dos mil dieciséis. VISTOS los autos y puestos a despacho conforme a su estado, con el Expediente Administrativo que corre como acompañado en I tomo, con el escrito de fecha 23 de junio del presente, y de conformidad con el Dictamen Fiscal emitido por la Decimo Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima, corriente de fojas ciento treinta y nueve al ciento cuarenta y cuatro; se procede a emitir la presente sentencia luego de haberse llevado a cabo el informe oral. I. PARTE EXPOSITIVA: 1. De la pretensión demandada. Que mediante escrito de fojas doce a treinta, subsanado de fojas cincuenta y ocho al sesenta, Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, debidamente representada por su apoderado Don José Luis Perry Gaviño, interpone Demanda Contencioso Administrativa contra el Tribunal Fiscal y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal planteando como pretensión principal se declare la nulidad del acto Administrativo contenido en la Resolución número 08844-2-2015 de fecha cuatro de septiembre del dos mil quince. Asimismo, como pretensión accesoria solicita se 1 ordene a Sedapal la inmediata devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/.60.099.49 mas intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución, como consecuencia de la emisión y notificación de las Resoluciones de Determinación números 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618- 2015/ESCE, tal como consta del petitorio de la demanda. 2. De los fundamentos de hecho y de derecho. Que la demandante fundamenta su demanda indicando: 2.1. Que UNACEM S.A.A es propietaria de diversos pozos tubulares de los que extrae agua subterránea con fines poblacionales e industriales, entre ellos el pozo 2 y el pozo 4 ubicados en la localidad de las “Las Palmas” Pachacamac. El consumo industrial abastece los requerimientos de agua de nuestra planta de cemento ubicada en Atocongo y el consumo poblacional está destinado a satisfacer de agua a los pobladores que viven en los campamentos que se ubican dentro de las concesiones mineras de la Empresa; debe tenerse en cuenta que la inversión en la construcción y mantenimiento de los pozos tubulares es por parte de los demandantes. 2.2. Que a la fecha Sedapal viene facturando y cobrando de forma mensual a UNACEM, el tributo “tarifa de agua subterránea” correspondiente a consumos por uso industrial y domestico, los cuales desde el año 2008 son materia de impugnación por parte de la recurrente, al verificar que estos se sustentan en normas inconstitucionales, como los son el Decreto Legislativo N°148 de 12 de Junio de 1981 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982; y que mediante Ley Nro.23230 promulgada 15 de diciembre de 1981 la cual delega al Poder Ejecutivo la Facultad de expedir Decretos Legislativos sobre la ley general de Endeudamiento Publico Externo, Legislación tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nro. 15260, de esta manera no se establece expresamente la facultad de crear nuevos tributos ni cumplido Con el Principio de Reserva de Ley. 2.3. Que en nuestro caso, SEDAPAL efectúa el cobro de la denominada tarifa de agua subterránea de la lectura de los medidores que oportunamente instalo UNACEM en los pozos de su propiedad. 2.4. Que el cobro del tributo “tarifa de agua subterránea “que realiza SEDAPAL a mi representada a través de Resoluciones de Determinación, deviene en indebido e improcedente, dada la inaplicabilidad de las normas antes referidas, por ser vulneratorias de nuestro derecho de propiedad, en tanto se nos exige el pago de un monto de dinero en virtud de una exacción estatal, mas aun cuando dicho tributo no ha sido aprobado con arreglo a ley. 2 2.5. Que a la fecha, la demandante sigue cumpliendo sus obligaciones tributarias, efectuando los pagos de las Resoluciones de Determinación que SEDAPAL, cobra indebidamente por el uso industrial domestico de agua subterránea; a fin de no perjudicar el proceso productivo de cemento que realizamos en nuestra fabrica viéndose afectado nuestro derecho de propiedad. 2.6. Dichos cobros viene siendo efectuado desde la expedición del Decreto Legislativo Nro. 148 y de su Reglamento Nro.008-82-VI, los cuales son ilegales y por ende nos hemos visto obligados a impugnarlos en sede administrativa y en Instancia Judicial. 3. Del Trámite en el proceso. Que la actividad procesal recaída en el proceso, se encuentra resumida como sigue: 3.1. Que mediante Resolución número Dos, de fecha tres de diciembre del dos mil quince, obrante a fojas sesenta y uno se admite a trámite la demanda en la vía del proceso especial, corriéndose traslado a las partes demandadas conformadas por el Tribunal Fiscal y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima, a fin de que ejerzan su derecho. 3.2. Que mediante escritos de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, obrante de fojas sesenta y siete al setenta y nueve, y escrito de fecha doce de enero del dos mil quince, obrante de fojas ochenta y ocho a noventa y cinco; el Procurador Publico del Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal y el apoderado del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado – Sedapal, contestan la demanda negando y contradiciéndola en todos su extremos y solicitando que se declare improcedente y/o infundada en merito a los argumentos que exponen. 3.3. Que mediante Resolución Número cinco de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento seis, se emitió auto de saneamiento procesal, fijándose los puntos controvertidos, admitiéndose los medios probatorios pertinentes ofrecidos por las partes, prescindiéndose de la realización de la audiencia de pruebas y ordenándose la remisión de los autos al Ministerio Público a fin que emita Dictamen correspondiente, y habiéndose recibido, se ha ordenado que los autos pasen a Despacho para sentenciar. II. PARTE CONSIDERATIVA: i. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo y la pretensión demandada. PRIMERO: La finalidad del Proceso Contencioso Administrativo es el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho 3 administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, por cuya razón un acto administrativo solo podrá ser declarado nulo o inválido en caso esté afectado con alguna de las causales previstas en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27444. En virtud de ello, todo administrado tiene derecho de acudir ante el Órgano Jurisdiccional a fin de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido proceso en caso considere vulnerados sus derechos de parte de la Administración Pública1. SEGUNDO: Que las pretensiones de Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, persigue que esta Judicatura declare: 1. Como pretensión principal, la nulidad del acto Administrativo contenido en la Resolución número 08844-2-2015 de fecha cuatro de septiembre del dos mil quince; 2. Como pretensión accesoria, se ordene a Sedapal la inmediata devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/.60.099.49 mas intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución, como consecuencia de la emisión y notificación de las Resoluciones de Determinación números 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE. ii. Sobre lo actuado en la instancia administrativa y el pronunciamiento del Tribunal Fiscal. TERCERO: Que conforme puede advertirse del expediente administrativo, Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta interpuso recursos de apelación de puro derecho al amparo del artículo 151° del Código Tributario, contra las Resoluciones de Determinación números 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618- 2015/ESCE que liquidan los importes de ciento tres soles con ochenta y seis céntimos (S/ 103.86), diecinueve mil trescientos setenta y tres soles con cuarenta céntimos (S/ 19,373.40), y cuarenta mil seiscientos veintidós soles con cuarenta y cuatro céntimos (S/ 40,622.44) respectivamente, por el tributo “Tarifa de Aguas Subterráneas” creado por Decreto Legislativo N°148 y regulado mediante Decreto Supremo N°008-82-VI, correspondiente al consumo Industrial y domestica del periodo abril 2015. 1 Al respecto, GIOVANNI PRIORI, sostiene: “El Proceso Contencioso Administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la Administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales” (PRIORI POSADA, Giovanni,... Comentarios a la Ley del proceso Contencioso Administrativo; Ara Editores, Lima, 2002, 2da. Edición p. 74.) Véase, asimismo: Ramón Huapaya Tapia… El objeto del proceso contencioso administrativo en la ley Nº 27584. Tesis de Bachiller inédita. Universidad de Lima. Lima 2004. También el catedrático Juan José Diez Sánchez en su ponencia. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del Perú”. En: la obra colectiva promovida por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo titulada “Derecho Administrativo”, que recoge las ponencias presentadas al Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en abril del 2004; Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 167 y s; y, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera… “El nuevo proceso contencioso administrativo peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo?”. En: Normas Legales. Tomo 319, Volumen II, Lima, Diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso; Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss. 4 CUARTO: Que mediante Resolución de Tribunal Fiscal número 08844-2-2015 de fecha 4 de septiembre del 2015, se declaró improcedentes las apelaciones de puro derecho interpuestas por la ahora demandante, bajo el fundamento de que al carecer de facultades para poder ejercer el control difuso, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 04293-2012-PA/TC y el Acta de Reunión de Sala Plena número 2014-12 de fecha 9 de julio del 2014, en la citada instancia no podía analizarse la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 148, del Decreto Supremo número 008-82-VI y demás normas relacionadas a dichos tributos impugnados. iii. Sobre la prohibición del control difuso en instancia administrativa y lo dispuesto en el artículo 102° del Código Tributario. QUINTO: Que atendiendo a los precedentes antes citados, que sirvieron de sustento para la declaración de improcedencia de los recursos de apelación de puro derecho presentados contra las resoluciones de determinación, se colige restringen la facultad del Tribunal Fiscal a que efectué control difuso, sin embargo, dichos precedentes en nada limitan la facultad establecida en el artículo 102° del Código Tributario, que dispone “al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía”. En ese orden, ello significa que el Tribunal Fiscal está obligado a emitir pronunciamiento con arreglo a la norma de mayor jerarquía, que regule los hechos que han sido sometidos a su conocimiento, toda vez que de no hacerlo, se incurriría en defectos que acarrean nulidad del acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. SEXTO: En esa línea, no puede obviarse que el Tribunal Fiscal está evitando dar cumplimiento a lo dispuesto en el referido artículo 102° del Código Tributario, por lo cual, debe exhortarse al Colegiado Administrativo emita en lo sucesivo pronunciamientos con arreglo a sus facultades, toda vez que los precedentes que sustentan la declaración de improcedencia en la resolución impugnada, no han suprimido la facultad contenida en el articulo antes citado, y sus atribuciones conferidas en el artículo 101° del citado código, donde se precisa que es la entidad que resuelve en última instancia el procedimiento contencioso tributario. Siendo así, del examen a la resolución impugnada se desprende que, al no haberse expresado fundamentos de derecho que se aproximen a la materia en controversia, y que en concordancia a sus facultades sustenten su fallo, es evidente que se vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, por lo cual, la resolución impugnada adolece de un vicio insubsanable que acarrea su nulidad2. SEPTIMO: Consta además, que en anteriores pronunciamientos como el recaído en las Resoluciones números 796-1-99 de fecha 21 de setiembre del 1999 y 01438-5-2002 de fecha 15 de marzo del 2002, el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento sobre el tema de fondo en 2 Fundamento 10. de la sentencia recaída en el expediente 1003-2001-AA/TC, que señala: “Respecto al debido procedimiento administrativo tributario, variada doctrina nacional se ha pronunciado respecto a los riesgos que enfrenta el derecho fundamental al debido procedimiento administrativo en el ámbito tributario dentro de nuestro sistema jurídico, en este caso, principalmente, el derecho de ser oído, de ofrecer y producir pruebas y de obtener una resolución motivada y fundada en derecho (GAMBA VALEGA, César, El derecho fundamental a un debido procedimiento administrativo en el ámbito tributario, en Revista Análisis Tributario, abril, 2004, pág. 20)” 5 casos análogos al presente, sin recurrir al control difuso. En ese contexto, dada la naturaleza tuitiva del Proceso Contencioso Administrativo, que permite por plena jurisdicción al juzgador no solo efectuar control de legalidad, sino también a ejercer el control de constitucionalidad sobre los actos emitidos por la Administración Pública, a fin de tutelar mejor los derechos e intereses de los administrados, con lo cual está permitido no solo pronunciarse sobre los aspectos formales sino también sobre el derecho de fondo objeto de controversia, se procederá al análisis de lo solicitado por la demandante3 en la instancia administrativa, a efectos de salvaguardar su derecho. ii. Sobre la normatividad emitida respecto de la tarifación del agua subterránea. OCTAVO: Que conforme al artículo 1° de la Ley número 23230 publicada el 16 de diciembre de 1980, se autorizó al Poder ejecutivo para que de conformidad con el artículo 188° de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifique la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, respecto de las siguientes materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles y Penales, Código Tributario, entre otras. Asimismo, se le entregó facultades para que dicte Decretos Legislativos respecto a la Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas número 15260, con condición de dar cuenta al Congreso. NOVENO: Que conforme al artículo 1° del Decreto Legislativo número 148 del 12 de junio de 1981, se estableció que las tarifas de agua subterránea, con fines poblacionales e industriales, en la circunscripción de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. En ese orden, también se dispuso que el recurso tributario fuera administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, hoy Sedapal, constituyéndose en ingresos propios de ésta. Posteriormente, se expidió el Decreto Supremo número 008-82-VI, que determinó en su artículo 1°, que las personas naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial e industrial, utilicen el agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Callao, abonaran por este concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que para estos fines, SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua conectada al sistema que administra. DÉCIMO: En ese contexto, Sedapal como administrador del recurso ha venido requiriendo el pago del tributo que grava el uso y/o extracción del agua subterránea a los contribuyentes, usuarios de fuente propia, amparados en la Ley General de Aguas, el Decreto Legislativo número 148, el Decreto Supremo número 008-82-VI y el Texto Único Ordenado del Código Tributario, puesto que el carácter que reviste la norma es tributario. En relación a ello, los requerimientos de pago contenidos en las Resoluciones de Determinación números 3 Asimismo, el Juzgador no solo tiene la facultad para declarar la nulidad del acto administrativo contrario a ley, sino además puede pronunciarse sobre el fondo del asunto en controversia e inclusive utilizar todos los mecanismos legales necesarios para ejecutar sus decisiones.. 6 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE, han sido realizados según lo previsto en el Código Tributario. iii. Sobre la naturaleza tributaria del pago por el uso y/o extracción del agua subterránea. DÉCIMO PRIMERO: Que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece que los Tributos comprenden a los Impuestos, Contribuciones y Tasas. La Tasa es aquel tributo “cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.” Dentro de las Tasas se distingue a los Arbitrios, Derechos y Licencias. Del mismo modo, se define a los Derechos como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.”. Entonces referente al concepto de Tasa - Derecho, se entiende que los Derechos son tasas que se pagan en dos supuestos: 1. Por la prestación de un servicio administrativo público. 2. Por el uso o aprovechamiento de bienes públicos. DÉCIMO SEGUNDO: Por tanto, el primer supuesto encaja con la naturaleza de una Tasa, ya que, se observa la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente. No se observa lo mismo de manera clara en el segundo supuesto ya que propiamente no se obtiene la prestación de un servicio (en las tasas, además debe existir una razonable equivalencia entre el servicio público prestado y su cuantía). Por consiguiente, el segundo supuesto no encaja dentro del concepto general de Tasa. Sin embargo, el Tribunal Fiscal ha precisado dicha correspondencia en la Resolución del Tribunal Fiscal número 796-1-1999 que señala “que si bien los derechos no encajan dentro del concepto de tasa establecido en la doctrina, el legislador en el caso peruano decidió considerarlas como tales, señalando que se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes públicos(entiéndase, bienes de uso público), ampliando el concepto, no pudiéndose exigir que su rendimiento esté destinado a cubrir el servicio prestado.” DÉCIMO TERCERO: Considerando que se trata de un bien de uso público, de acuerdo a lo consignado en el artículo 2° de la Ley número 293384, Ley de Recursos Hídricos (31.03.09), corresponde su tratamiento como un Derecho de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. Siendo así un bien estatal destinado al uso público, el mismo encaja en el segundo supuesto de bienes de dominio público (numeral 2 del considerando octavo) y por ende la naturaleza tributaria del agua subterránea, es un derecho, precisándose que los bienes de uso público se encuentran dentro de la categoría de bienes de dominio público y es por esta categorización que se ubica el derecho por aguas subterráneas. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional5 ha considerado que la tarifa de 4Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua.- El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. 5 Expediente número 4899-2007-PA/TC 7 agua subterránea constituye un derecho cuyo hecho generador es la utilización de un bien público. iv. Sobre el Principio de Reserva de la Ley, y al análisis de la controversia. DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 74° de la Constitución Política del Perú establece que “los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo”. Así también la norma señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar, entre otros principios, el de “reserva de la ley”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el expediente número 01837-2009-PA/TC ha precisado que: “(…) el principio de reserva de ley, (…), implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias” [STC 0042-2004-AI/TC, F. 9]. Y se agrega “el principio de reserva de ley significa que el ámbito de la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos queda reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. (…)6 “ DÉCIMO QUINTO: En ese contexto, debe considerarse que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, de primer plano, relativo. Ello porque los supuestos contemplados en el artículo 74° de la Constitución, como la creación, modificación, derogación y exoneración tributaria, puede realizarse previa delegación de facultades, mediante Decreto Legislativo. De esa forma, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciando en cuanto a la creación del tributo, señalando que la Reserva de la Ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley.7 DÉCIMO SEXTO: Del mismo modo, en la citada jurisprudencia constitucional precedentemente se precisa “Al respecto, de una revisión de la norma autoritativa (Ley número 23230) se aprecia que se autorizó al Ejecutivo a que dicte la normas relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas N° 15260” entre otras. Por consiguiente, este Tribunal aprecia que la creación de un tributo en cualquiera de sus especies es una delegación que requiere el máximo de formalidad. Pues bien, la norma autoritativa debió prever de manera expresa la facultad otorgada para crear nuevos tributos ya que este poder no simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del legislativo ya que al tratarse de la intervención en la propiedad de los ciudadanos-usuarios se debe pedir la máxima rigurosidad en la 6Asimismo precisa el máximo intérprete que: “Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir”. Con ello se pretende que las exacciones estatales a los ciudadanos sean autoimpuestas, mediando el Parlamento, al resto de la ciudadanía, respetándose el principio democrático y los derechos fundamentales prima facie. Y es que como ya se ha visto, los tributos son obligaciones determinadas e impuestas desde el Estado, es claro que dicha regulación, que incide en el derecho de propiedad de los ciudadanos, deba realizarse con la “garantía de la autoimposición de la comunidad de sí misma”. Por el contrario, si es que se trataran de obligaciones a las cuales los particulares de forma espontánea se someten, es claro que no se estaría ante una figura tributaria.” 7STC Exp. Nº 0042-2004-AI/TC 8 regulación. Así también resulta oportuno hacer referencia a que la creación de un tributo como el que nos ocupa debió obedecer a un estudio y previsión –por lo menos mínima- de la política fiscal del sector economía y no una a una regulación mínima, escueta y limitada. Por lo señalado, este extremo de la demanda resulta fundado. (…)”. DÉCIMO SEPTIMO: En ese sentido, se advierte que el Decreto Legislativo número 148 y su reglamento el Decreto Supremo número 008-82-VI, no han sido aprobados de conformidad con los principios constitucionales tributarios, específicamente en lo que al principio de reserva de ley se refiere, al considerarse que el derecho de aguas subterráneas es un derecho y por ende debió cumplir con la exigencia de los elementos esenciales del tributo (los sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria) y configurarse de manera clara en una norma de rango legal para su plena vigencia; circunstancia que ha sido materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional en los fundamentos 22 y 23 de su sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC8. Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…), en lo que se refiere al cumplimiento de la exigencia de que los elementos esenciales del tributo y su configuración en una norma de rango legal, es de advertirse que el ámbito de análisis de la norma impugnada debe limitarse al Decreto Legislativo Nro. 148 y su reglamento, el Decreto Supremo Nro. 008-82-VI. Pues bien, de la lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se cumple siquiera de manera mínima la consigna del principio de reserva de ley dejando todos y cada de los elementos esenciales del tributo como son; los sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto Supremo Nro. 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha respetado en ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de ley.” DECIMO OCTAVO: Finalmente, es pertinente señalar lo dicho por el Tribunal Constitucional en el fundamento 13 de la Sentencia N° 04899-2007-PA/TC: a. “El agua es un recurso natural prestado por el Estado, cuya explotación debe obedecer a una política clara y de uso sostenible. Así como se le impone al usuario una serie de cargas, el Estado mediante los órganos correspondientes debe cumplir un rol regulador de acuerdo a las exigencias que le imponga la Constitución para la configuración de su normativa. b. La clasificación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de cánones 8 “22. Pues bien, de la lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio de reserva de ley, dejando todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto Supremo Nº 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha respetado en ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de ley. 23. En conclusión, la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En este sentido, habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del Decreto Legislativo Nº 148, es menester concluir que la pretensión de los derechos constitucionales de los actores debe retrotraerse a la fecha del inicio de su vulneración.” 9 en su diseño normativo tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro marco constitucional.” DÉCIMO NOVENO: De todo lo expuesto, puede concluirse que el Estado no ha cumplido con respetar, en el diseño normativo del Decreto Legislativo número 148, los principios orientadores de nuestro marco constitucional respecto a la creación del tributo denominado “tarifa por el uso de agua subterránea” (específicamente el referido al de reserva de Ley), por lo que, no podría exigirse legalmente su pago porque ello si implicaría un acto arbitrario y de abuso de derecho. En ese sentido, conforme a los argumentos expuestos en la presente sentencia, resulta amparable la demanda incoada, correspondiendo declarar la nulidad de la Resolución de Tribunal Fiscal número 08844-2-2015 por vulnerar el derecho de motivación9 de las resoluciones administrativas, y por ende, la nulidad de las Resoluciones de Determinación números 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE, por vulneración al principio de reserva de ley contenido en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, correspondiendo del mismo modo, amparar la pretensión accesoria demandada, por tanto, ordenar la devolución de los montos que se hubieran pagado respecto de los valores declarados nulos, con los correspondientes intereses de acuerdo al Código Tributario10. VIGÉSIMO: Quedan desvirtuados los argumentos de la demandada Sedapal, en cuanto sostiene que el Decreto Legislativo número 1185, que derogó el Decreto Legislativo número 148, mantiene la subsistencia del derecho de Sedapal con respecto al cobro de la tarifa por el uso de aguas subterráneas, toda vez que dicho Decreto Legislativo fue publicado el 16 de agosto del 2015, y las deudas objeto de controversia corresponden al mes de abril del año 2015, por tanto, siendo que las resoluciones de determinación fueron emitidas al amparo de la norma derogada, su cobro vulnera el diseño normativo al amparo del marco constitucional vigente, por vulnerar el principio de reserva de ley, tal y como lo ha realizado el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 04899-2007-PA/TC, y diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de la República. III. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones precedentes, la Señora Magistrada Titular del Décimo Octavo Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas Tributarios y Aduaneros, administrando justicia a nombre de la Nación RESUELVE: 1. Declarar FUNDADA la demanda de fojas doce a treinta, subsanado de fojas cincuenta y ocho al sesenta, interpuesta por Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, debidamente representada por su apoderado Don José 9 Cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia N° 00091-2005-PA/TC, ha señalado en su fundamento 9 que “(…) el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. 10 Cabe hacer esta precisión, toda vez que no obra constancia en los actuados respecto del pago efectuado en razón de las resoluciones de determinación. 10 Luis Perry Gaviño, contra el Tribunal Fiscal y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; en consecuencia: 2. Declarar la Nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal número 08844-2-2015 de fecha cuatro de septiembre del dos mil quince; 3. Declarar la Nulidad de las Resoluciones de Determinación números 637904000006821-2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618- 2015/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- Sedapal; 4. Ordenar la devolución de los montos que se hubieran pagado respecto de las deudas contenidas en las Resoluciones de Determinación números 637904000006821- 2015/ESCE, 559828700006919-2015/ESCE y 240057600006618-2015/ESCE mas los correspondientes intereses de acuerdo a lo regulado en el Código Tributario; 5. EXHORTAR al Tribunal Fiscal, cumpla con sus atribuciones y en lo sucesivo emita sus pronunciamientos con observancia a lo previsto en el artículo 102° del Código Tributario vigente; 6. Poner en conocimiento del Ministerio Publico, la presente sentencia de acuerdo a lo establecido en el artíc
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Expediente N°: 12969– 2015 Demandante: Electro Dunas S.A.A Demandado: Osinergmin Materia: Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Juzgado: 13° JECA Permanente de Lima Vista de Causa: 19.09.2019 (N° 11) RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE Lima, cinco de noviembre de dos mil diecinueve En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Superior1, se tiene a la vista el cuaderno principal y expediente administrativo; e interviene como ponente la Señora Juez Superior Bonilla Cavero, y; PARTE EXPOSITIVA 1. Petitorio de la demanda2 a) Pretensión Principal: Se declare la nulidad total de la Resolución 156, por contravenir a la Constitución y a la ley. b) Pretensión Accesoria: Expida un pronunciamiento de plena jurisdicción, declarando que si corresponde amparar su solicitud de reconocimiento de fuerza mayor a la interrupción del suministro eléctrico acaecida el día 21 de setiembre de 2014. 2. Resolución apelada SENTENCIA contenida en la resolución número cinco, de fecha 25 de setiembre de 20173 en el proceso seguido por Electro Dunas S.A.A. contra Osinergmin, mediante la cual se declaró Infundada la demanda. La sentencia apelada se sustenta en el fundamento siguiente: • No se ha acreditado que Electrodunas haya efectuado las coordinaciones respectivas con el propietario Grupo Arenas a fin de que cumpla con la normatividad acotada, para que dicho usuario al momento de utilizar o manipular dichas instalaciones lo realice con las previsiones del caso a fin de evitar afectar a otros usuarios. • Electro Dunas no adoptó las medidas de previsión en forma oportuna, en el sentido que no se efectuó las debidas coordinaciones con Grupo Ardenas, a efectos de prevenir situaciones como el evento acaecido; en este caso, como se ha verificado en los considerandos anteriores, el evento de interrupción del servicio eléctrico del presente caso no está comprendido dentro de un hecho inevitable, que no ha sido acreditado 1 fojas 160 del principal 2 fojas 15 a 28 del principal 3 fojas 76 a 96 del principal 1 por la parte demandante; evidenciándose que la ausencia de dichas coordinaciones preventivas tuvo una directa participación en el evento suscitado, y consecuentemente, la interrupción del servicio eléctrico, lo cual dotaba de carácter previsible a este hecho. • El Oficio N° 6145 no resulta aplicable al presente caso, además, cabe indicar que no se ha comprobado que Electrodunas haya exigido al propietario Grupo Arenas a fin de que cumpla con las Normas aludidas, al no haber procurado efectuar la respectiva coordinación del sistema de protección en la instalación particular y en el punto de entrega, a efectos que ante una falla como sucedida, se aísle únicamente el sistema de utilización respectivo sin que se afecte a otros usuarios. • En cuanto a la Resolución N° 4198-2013-OS/GFE/UCS de fecha 15 de octubre de 2013, que corre a folios veintitrés del expediente administrativo, presentada en el Recurso de Reconsideración de la empresa recurrente, cabe indicar que, de una revisión pormenorizada de dicha resolución, se advierte que esta no versa sobre los mismos hechos materia del presente proceso, máxime si no se cuenta con mayor información a través de medios probatorios adicionales que permitan tener una comprensión completa acerca de los hechos y documentación que empleó la Administración para decidir expedir la Resolución N° 4198-2013-OS/GFE/UCS; de tal forma que no puede aplicarse directamente dicha resolución al presente caso materia de litis. • En cuanto a la Resolución N° 4058-2015-OS/GFE/UCS de fecha 24 de setiembre de 2015 y a la Resolución N° 4343-2015-OS/GFE/UCS de fecha 13 de octubre de 2015, que corren a folios seis y siete del expediente principal respectivamente, se advierte que dichas resoluciones han sido presentadas recién en el presente proceso con el escrito de demanda, no visualizándose que se hayan presentado en el expediente administrativo, de modo que la Administración por dicha razón no se pronunció en sede administrativa sobre dichas resoluciones en la Resolución N° 156-2015-OS/GFE que declaró infundado el recurso de apelación; asimismo, se evidencia que a través de dichas resoluciones no se demuestra idóneamente que la documentación y las circunstancias que conllevaron al análisis y posterior decisión de la Administración en tales resoluciones administrativas, contengan elementos idénticos o hechos similares a los que son materia de controversia, por lo que dichas resoluciones presentadas como medios probatorios por la empresa recurrente en su escrito de demanda, no resultan aplicable al presenta caso. • La Resolución N° 156-2015-OS/GFE ha analizado los hechos acreditados debidamente en los medios probatorios actuados en el procedimiento administrativo, habiendo respaldado su análisis la normatividad vigente de la materia, plasmándose en forma precisa y clara los mismos; siendo incorrecto lo aseverado por la recurrente en cuanto sostiene que no se han merituado adecuadamente los hechos expuestos y que el Osinergmin enfoca su razonamiento en normas genéricas; de otro lado, cabe señalar que la parte demandante no ha demostrado con medios probatorios idóneos que haya cumplido a cabalidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente respectivo, tampoco ha probado que el evento ocurrido corresponde a uno de fuerza mayor; por tal motivo, dichos fundamentos planteados en este punto deben descartarse. 3. Apelación 2 La parte demandante, presentó recurso de apelación contra la citada sentencia, mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 20174, la cual expresa en síntesis los siguientes fundamentos: • La falla se originó en el sistema de protección de un particular y no en las instalaciones de Electro Dunas. • El A.quo no ha revisado adecuadamente el contexto de la carta GO- 768-2014. • Se advierte una valoración incorrecta de los documentos probatorios, debiendo precisar que la recomendación de tomar medidas de previsión no constituye el único requisito como maliciosamente afirma el a quo Electro Dunas habría precisado, ya que además del oficio se debe cumplir otros requisitos. • El Aquo entiende de forma totalmente equivocada el contexto para el cual se emitió dicho Oficio N° 6145 del Osinergmin, es claro que el Oficio se refiere a un tema general referido a las interrupciones causadas por fallas originadas en los sistemas de utilización particular y la respectiva condición que se debe. • Se observa una deficiente valoración ya que en las resoluciones 4058-2015-OS/GFE/UCS y 4343-2015-OS/GFE/UCS, está claro que se trate de situaciones totalmente idénticas, es decir, la falta que se origina en el sistema de un particular y que se cumplió con remitir la carta de recomendación, no obstante el Aquo no analiza correctamente los documentos aportados. PARTE CONSIDERATIVA Primero: Asunto a resolver: De los términos de la resolución apelada y del recurso de apelación interpuesto, corresponde que la presente Sala Superior establezca: • Si corresponde declarar o no la nulidad total de la Resolución 156, por contravenir a la Constitución y a la ley y accesoriamente declarar que si corresponde amparar su solicitud de reconocimiento de fuerza mayor a la interrupción del suministro eléctrico acaecida el día 21 de setiembre de 2014. Segundo: Marco Normativo: 2.1 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa .. 4 fojas 139 a 143 del expediente principal 3 2.2 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (…). Artículo 33.- Carga de la prueba Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. 2.3 Código Civil Caso fortuito o fuerza mayor Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 2.4 Código Procesal Civil: TITULO PRELIMINAR Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Artículo 188.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 2.5 Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, establece: Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y ha obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo cuando sea compatible con el régimen administrativo. Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.. Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 4 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Artículo 8.- Validez del acto administrativo Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. 2.6 Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas de fecha 19 de noviembre de 1992 (...) Artículo 315.- Tanto los titulares de concesión como los titulares de autorización, están obligados a: (…) b) Conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente, de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, o de acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Energía y Minas, según corresponda Artículo 34.- Los concesionarios de distribución están obligados a: (…) c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión y las normas aplicables. Artículo 87.- Los concesionarios podrán variar transitoriamente las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, con la obligación de dar aviso de ello a los usuarios y al organismo fiscalizador, dentro de las cuarentiocho horas de producida la alteración. 2.7 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA OSINERGMIN Nº 010-2004-OS-CD, que aprobó directiva para la evaluación de solicitudes de calificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución de fecha 26 de enero de 2004 1.1 Principios6 Los principios que se aplican para la evaluación de calificación como causa de fuerza mayor es que el evento que ocasionó la interrupción o variación de las condiciones del suministro eléctrico, sea de naturaleza imprevisible, irresistible, extraordinaria, o que habiendo sido previsto no pudiera ser evitado." En tal sentido, al evaluar la calificación de un hecho como causa de fuerza mayor se analizará la duración de la variación o interrupción del suministro eléctrico y si el caso lo amerita, se podrá diferenciar el motivo de la interrupción o variación de las condiciones del suministro, del motivo de la duración.. 5 Literal sustituido por el Artículo Único de la Ley N° 29178, publicada el 03 enero 2008 6 Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución Nº 265-2010-OS-CD, publicada el 25 noviembre 2010 5 2.8 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 366-2001-EM-VME, Código Nacional de Electricidad SUMINISTRO 2001 de fecha 06 de agosto de 20017 (...) 017.C. Requerimiento de la operación del sistema de protección Las instalaciones de suministro eléctrico como de comunicaciones, deberán -dentro de lo práctico posible- disponer del sistema de protección adecuado, para evitar daños al ser humano, deteriorios a sus propias instalaciones y de terceros.(…) 2.9 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 037-2006-MEM-DM, Código Nacional de Electricidad de fecha 30 de enero de 2006 2.10 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 018-2002-EM-DGE, Aprueban Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución 6. DEFINICIONES (…) 6.19 Sistema de Utilización en Media Tensión Es aquel constituido por el conjunto de instalaciones eléctricas de Media Tensión, comprendida desde el punto de entrega hasta los bornes de Baja Tensión del transformador, destinado a suministrar energía eléctrica a un predio. Estas instalaciones pueden estar ubicadas en la vía pública o en propiedad privada, excepto la subestación, que siempre deberá instalarse en la propiedad del Interesado. Se entiende que quedan fuera de este concepto las electrificaciones para usos de vivienda y centros poblados. 10. FIJACIÓN DEL PUNTO DE DISEÑO (…) 10.2 Procedimiento (…) 10.2.2 El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño indicando su ubicación en los planos y las condiciones técnicas (nivel de tensión, potencia de cortocircuito, coordinación de la protección, entre otros) Tercero: Análisis Los argumentos de la demandante apelante en su recurso de apelación resultan erróneos por lo siguiente: 3.1 Conforme al numeral b del artículo 31° de la Ley 25844 las empresas concesionarias debe de “Conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente, de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, o de acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Energía y Minas, según corresponda”, de este modo subsiste la obligación de que la administrada conserve y mantenga sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente; tomando las medidas necesarias para ello, de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, lo cual resulta necesario a fin de evitar percances como efectivamente ocurrió. 7 Aplicable por temporalidad 6 3.2 Asimismo, al artículo 34° de la referida Ley, precisa que se debe garantizar la calidad del servicio que fije el contrato de Concesión, por lo que la administrada, debió tomar las medidas necesarias y preventivas que prevengan cualquier eventualidad, lo que no ocurrió en el presente caso, dado que al tratarse de una falla trifásica, ésta pudo haberse evitado siempre y cuando la concesionaria hubiera exigido al propietario del sistema de utilización el cumplimiento de lo establecido en la Norma de Procedimiento para la elaboración de proyecto y ejecución de obras en sistemas de media tensión en zonas de concesión de distribución de acuerdo al Código Nacional de Electricidad; por consiguiente, es evidente que lo ocurrido no fue producto de un evento de fuerza mayor. 3.3 De la lectura de la carta GO-768-20148, se aprecia que las recomendaciones que sugiere en ella están dadas en forma general sin que a través de ella se recomiende que se tome las medidas necesarias a fin de exigir al propietario la coordinación del sistema de protección en la instalación particular y en el punto de entrega a fin de que ante la falla bifásica o trifásica ocurrida sólo se aísle el sistema de utilización a fin de que no se vean afectados otros usuarios, por lo que la referida carta no resulta ser suficiente y no deslinda su responsabilidad ante el hecho ocurrido. 3.4 Asimismo, de la lectura del contenido del Oficio N° 6145-2011-OS-GFE9, se aprecia que éste se encuentra referido a aspectos de calidad del servicio y otros relacionados con la regulación tarifaria (como la implementación de dispositivos de protección contra fallas a tierra en los sistemas de medición MT y el costo de inversión asociado a la nueva SET LUREN), que comprenden a circunstancias diferentes ocurridas en el 2011 que difiere en tiempo y forma de los hechos ocurridos el 21 de setiembre de 2014, por lo que al no estar relacionado a la presente controversia no resulta relevante su aplicación al presente caso. 3.5 Respecto a la Resolución N° 4058-2015-OS/GFE/UCS y a la Resolución N° 4343-2015-OS/GFE/UCS, se debe señalar: i) Si bien no fueron presentadas en sede administrativo sino recién en el presente proceso, de la lectura de ellas se puede advertir que las fallas a la que se refiere están referidas a falla monofásica a tierra, lo cual evidentemente resulta ser diferente a un cortocircuito trifásico. ii) Asimismo, conforme a la normativa señalada en el marco normativo, los concesionarios deben efectuar con la exigencia del cumplimiento de 8 Fojas 24 del expediente administrativo 9 Fojas 04 a 05 del expediente administrativo 7 ello respecto al sistema de protección en la instalación particular y en el punto de entrega, de tal manera que cuando ocurran estas fallas trifásicas se aísle el sistema de utilización sin afectar a otros usuarios; de este modo se advierte que las situaciones de las referidas resoluciones administrativas no son totalmente idénticas al presente caso 3.6 Por consiguiente, el acto administrativo contenido en la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 156-2015-OS /GFE que declaró infundado el recurso de apelación contra la Resolución de la Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 5663-2014- OS/GFE/UCS, no se encuentra incurso en causal de nulidad conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 27444; razón por la cual, la sentencia venida en grado debe ser confirmada, corriendo la misma suerte su pretensión accesoria. PARTE RESOLUTIVA Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, de conformidad con la Constitución Política del Perú, resolvieron: A) CONFIRMAR la SENTENCIA contenida en la resolución número cinco, de fecha 25 de setiembre de 2017 en el proceso seguido por Electro Dunas S.A.A. contra Osinergmin, mediante la cual se declaró Infundada la demanda. B) Notifíquese; y consentida o ejecutoriada la presente sentencia en el mismo sentido: devuélvase al juzgado a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. SANCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO MARTINEZ GARIBAY 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE N° 13015-2015-0 Sumilla.- En la RTF cuestionada, para resolver el caso concreto, al Tribunal Fiscal no le correspondía aplicar control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, pues bastaba con seguir los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional y, por ende, la abstención en resolver la apelación formulada en sede administrativa por la actora no es conforme a derecho, debiéndose declarar la nulidad de la RTF impugnada. En lo atinente a la pretensión de nulidad de los valores expedidos por la tarifa de agua subterránea, el artículo 74 de la Constitución consagra el principio de reserva de ley, según el cual los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, a excepción de los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo; por tanto, en el caso de autos, al crearse la tarifa de agua subterránea por norma distinta a la ley y sin tener la delegación de facultades conferida por el Poder Legislativo, es evidente que se ha vulnerado el principio de reserva de ley contemplado en el anotado artículo, debiéndose por ende confirmar la sentencia que declara fundada la demanda. DEMANDANTE : UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. DEMANDADOS : TRIBUNAL FISCAL Y OTRA MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y OTRO CONCEPTO Resolución N° 19 Lima, 19 de enero del 2017.- VISTOS Con el expediente administrativo, vienen a conocimiento de este Superior Colegiado los recursos de apelación, de folios 211 a 220 y de folios 225 a 243, interpuestos por las entidades codemandadas Tribunal Fiscal y SEDAPAL, respectivamente, contra la sentencia emitida mediante Resolución Nº 12 del 31 de mayo del 2016, de folios 172 a 182, que declara fundada la demanda, en consecuencia, nulas la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) Nº 10286-5-2015 del 23 de octubre del 2015 y las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, y ordenó la devolución de los montos que se hubiesen pagado en virtud a las resoluciones de determinación precitadas, más los respectivos intereses. Interviniendo como ponente el Señor Juez Superior Luis Alejandro Lévano Vergara. CONSIDERANDO PRIMERO: Fundamentos de los agravios invocados por los apelantes. El Tribunal Fiscal señala como fundamentos principales de su apelación que: Página 1 de 11 i) La apelación de puro derecho de la empresa accionante pretendía que el Tribunal Fiscal ejerza el control difuso administrativo respecto a las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea; sin embargo, al carecer de facultades, dicho tribunal declaró improcedente el mencionado recurso administrativo. La aplicación del artículo 102 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario no se encuadra dentro de los hechos planteados en el recurso administrativo del demandante. ii) El juzgado ha incurrido en error al declarar fundada la demanda, pues la RTF cuestionada no carece de motivación al expresar las razones por las que declaró improcedente la prenotada apelación. iii) Se debe tener en consideración las sentencias del Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo subespecializado en temas Tributarios y Aduaneros, recaídas en los expedientes Ns° 796-2016, 15131-2015 y 13017-2015. Por su parte, SEDAPAL indica como argumentos impugnatorios que: iv) La juez ha vulnerado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el principio del control difuso, regulado en el artículo 138 de la misma Carta Constitucional, concordante con la segunda disposición final de la Ley N° 28301 y con el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28237. v) La instancia inferior omite un adecuado control de legalidad y constitucionalidad de las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal, vulnerando el artículo 148 de la Carta Magna, concordante con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS. vi) El Tribunal Fiscal no se encuentra subordinado al Tribunal Constitucional, sino a la Constitución y a la ley, más aún si la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, en su octava disposición complementaria final reitera la vigencia del cobro de la Tarifa por Uso de Agua Subterránea otorgada a favor de SEDAPAL. vii) La judicatura vulnera los principios de “recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los artículos 66 y 67 de la Constitución Política. SEGUNDO: De las pretensiones de la demanda. Página 2 de 11 En el presente caso, la parte demandante formula como pretensión principal de su demanda1, se declare la nulidad de la RTF N° 10286-5-2015 del 23 de octubre del 2015, la misma que declaró improcedente el recurso de apelación de puro derecho formulado contra las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994- 2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, giradas por tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al periodo diciembre del 2014. Como pretensión accesoria, plantea se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/ 42,312.26, más los intereses devengados hasta la efectiva devolución. TERCERO: Asuntos en controversia. La problemática jurídica radica en si para resolver el caso concreto, correspondía o no que el Tribunal Fiscal efectúe control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea y, consecuentemente, si su abstención en la RTF N° 10286- 5-2015 – materia de la demanda − de resolver el fondo del asunto plasmado en la apelación planteada en sede administrativa por la actora, es o no conforme a derecho. De igual manera, y en atención a lo anterior, si el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI han vulnerado el principio de reserva de ley y, por consiguiente, si las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994- 2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, emitidas por concepto de tributo de tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al mes de diciembre del 2014, son o no conformes a derecho. CUARTO: Antecedentes administrativos. Mediante las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994-2014/ESCE2, 559828700021205-2014/ESCE3 y 240057600021354-2014/ESCE4, SEDAPAL S.A. realizó el cobro a la empresa accionante de la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al periodo diciembre del 2014. Por escrito del 15 de enero del 20155, la empresa actora interpuso recurso de apelación de puro derecho contra las citadas resoluciones de determinación, el mismo que fue declarado improcedente por el Tribunal Fiscal por medio de la RTF N° 10286- 1 De folios 15 a 33. 2 A folio 17 del expediente administrativo. 3 A folio 16 del expediente administrativo. 4 A folio 15 del expediente administrativo. 5 De folios 22 a 27 del expediente administrativo. Página 3 de 11 5-2015 del 23 de octubre del 20156, que ahora es objeto de impugnación judicial por parte de Unión Andina de Cementos S.A.A. QUINTO: Acerca de la RTF objetada. Mediante la STC N° 03741-2004-AA/TC7, publicada en su página web el 11 de octubre del 2006 y en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de noviembre del 2006, el Tribunal Constitucional estableció como precedente vinculante que la Administración Pública, a través de sus tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución – dada su fuerza normativa –, sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional en aplicación del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Por STC N° 04293-2012-PA/TC8, publicada en su página web el 14 de abril del 2014 y en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de julio del 2014, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el anotado precedente. En el caso concreto, con escrito del 15 de enero del 2015 la empresa demandante interpuso apelación de puro derecho contra las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354- 2014/ESCE, emitidas por la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al periodo diciembre del 2014. En la RTF N° 10286-5-2015 del 23 de octubre del 2015, impugnada en este proceso, el Tribunal Fiscal señaló que dado que por STC N° 04293-2012-PA/TC se dejó sin efecto el precedente vinculante previsto en la STC N° 03741-2004-AA/TC – el mismo que instituye como obligación a los tribunales administrativos realizar el control difuso −, ahora dicho tribunal administrativo carecía de facultades para ejercer el control constitucional de las normas y, como consecuencia de ello, por entender que no le correspondía pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados por la actora acerca de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, el Tribunal Fiscal declaró improcedente la apelación de puro derecho planteada. 6 A folios 34 y 35 del expediente administrativo. 7 Fundamento jurídico N° 07. 8 Fundamento jurídico N° 32. Página 4 de 11 En cuanto al control difuso, este Superior Colegiado considera pertinente definir esta institución jurídica para resolver el caso de autos. Para tal fin, es necesario considerar que en el ordenamiento jurídico peruano coexisten dos sistemas de control constitucional: el control concentrado y el control judicial o difuso. El primero es aquel control que propugna que el control de la constitucionalidad de las normas debe ser realizado por un órgano jurisdiccional especializado, en el caso peruano, por el Tribunal Constitucional – antes Tribunal de Garantías Constitucionales −. Por antonomasia, el control concentrado que ejerce dicho tribunal sólo puede hacerse vía proceso de inconstitucionalidad, que tiene por finalidad analizar de manera abstracta – sin intentar resolver casos particulares − las normas y, de ser el caso, dejarlas sin efecto, decisión que además tendría efectos erga omnes. Por otro lado, en el fundamento jurídico N° 02 de la STC N° 1680-2005-PA/TC, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de noviembre del 2006, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que el control judicial de constitucionalidad de las leyes o control difuso es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. De esta forma, tenemos que el control difuso es realizado por los jueces de todas las instancias del Poder Judicial y consiste en el proceso de contrastación de las leyes aplicables para resolver el caso concreto, con la Constitución, a fin de corroborar que aquéllas no colisionen con ésta. Este control judicial o judicial review tiene como propósito que los jueces garanticen la plena vigencia y supremacía de la Carta Magna sobre cualquier otra norma legal o infralegal, de conformidad con los artículos 519 y 13810 de esta carta, siendo que al resolver los casos concretos sus efectos son inter partes, no afectándose a terceros. La coexistencia de estos dos tipos de controles no impide que el Tribunal Constitucional revise la constitucionalidad de las normas en casos concretos. El 9 Supremacía de la Constitución Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. 10 Administración de Justicia. Control difuso Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Página 5 de 11 artículo 202 de la Constitución confiere al mencionado tribunal facultades para conocer procesos en los que se ventilen conflictos particulares y se pueda reafirmar la constitucionalidad de las normas o declarar su inaplicabilidad por medio del control concreto. Por tanto, tenemos que el Tribunal Constitucional está facultado a efectuar el control concentrado y el control concreto, posición que es asumida por el profesor Cesar Landa Arroyo11, quien señala que “(…) en cuanto se refiere a la defensa de la primacía de la Constitución, esta tarea le es atribuida al Tribunal Constitucional en tanto órgano de control de la Constitución – control abstracto y control concreto (artículo 202)−(…)” y que es compatible con lo vertido en el fundamento jurídico N° 6 del voto singular de Vergara Gotelli en la STC N° 00014- 2009-AI/TC. Ahora bien, como se ha expresado, la realización del control difuso importa todo un proceso intelectual en el cual el juez constitucional analiza las leyes aplicables al caso concreto, verificando si se ciñe o no a la Constitución; por ende, no se trata de la simple invocación o aplicación de las normas constitucionales, así como tampoco de la adherencia a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional. En la RTF objetada el Tribunal Fiscal ha indicado que desde la entrada en vigencia de la STC N° 04293-2012-PA/TC carece de facultades para efectuar el control difuso de las normas. Empero, no ha tenido presente que mediante las STC Ns° 04899-2007- PA/TC y 1837-2009-PA/TC, ejerciendo control de constitucionalidad – control concreto −, el Tribunal Constitucional declaró fundadas las demandas de amparo incoadas contra el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI por considerar que vulneraban el principio de reserva de ley. Es decir, el referido tribunal administrativo no ha valorado que el Tribunal Constitucional ya ha realizado el control constitucional de las mencionadas normas, concluyendo que las mismas infringen el principio de reserva de ley, por lo que es claro que al Tribunal Fiscal, al resolver casos similares en sede administrativa − y como no podría ser de otra manera, a la actualidad −, no le corresponde realizar el control difuso de estas normas cuestionadas en su constitucionalidad, sino limitarse a analizar la aplicación o no de tales normas, pero a la luz de los parámetros estipulados por el Tribunal Constitucional en las precitadas sentencias. Al no haber seguido tales criterios interpretativos en lo que se ha analizado la constitucionalidad o no de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, se desprende que el 11 LANDA ARROYO, César. “Tribunal Constitucional y Poder Judicial: una perspectiva desde el Derecho Procesal Constitucional”, publicado en Revista Ius et Veritas, N° 32, página 254. Página 6 de 11 Tribunal Fiscal ha abdicado en su deber de aplicar la norma de mayor jerarquía contemplada en el artículo 102 del TUO del Código Tributario. Es más, antes de la entrada en vigencia de la STC N° 04293-2012-PA/TC – cuando aún regía la STC N° 03741-2004-AA/TC –, las decisiones del Tribunal Fiscal se ceñían a aplicar lo preceptuado por el Tribunal Constitucional en las STC Ns° 04899-2007- PA/TC y 1837-2009-PA/TC, esto es, no realizaba ningún proceso de contrastación de las normas sobre la tarifa de uso de agua subterránea (control difuso). Asumir lo contrario implicaría aceptar que toda aplicación de normas constitucionales o de sentencias de índole constitucional para resolver causas pendientes es control difuso, lo que resulta absurdo. Estando a lo discernido, corresponde declarar la nulidad de la RTF impugnada por haber incurrido en vicio manifiesto de nulidad que origina su invalidez jurídica. No obstante ello, no es del caso reenviar el expediente al Tribunal Fiscal para que se pronuncie sobre la apelación planteada en sede administrativa por la empresa actora, toda vez que en esencia el caso es de puro derecho, respecto a lo cual en aplicación del principio de plena jurisdicción, y a la existencia de fallos del Tribunal Constitucional − en las sentencias antes descritas − y a que este Colegiado, en forma reiterada, ya viene realizando el análisis jurídico constitucional de la tarifa del uso de agua subterránea, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, más aún si lo que se pretende con la demanda es que se examine la validez jurídica del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82- VI. SEXTO: Sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. Mediante Decreto Legislativo N° 14812, se dictaron las “Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima”. En dicho decreto se indicó que, para asegurar el suministro de agua para Lima Metropolitana, se han reservado las agua subterránea de los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, en favor de la Empresa de Saneamiento de Lima, por lo que para completar dicha medida, es necesario encargarle la distribución, manejo y control de dichas aguas y asignarle financiamiento a través de la percepción de la tarifa de uso de agua. En el artículo 1 del precitado decreto legislativo se dispuso que las tarifas de agua subterránea, con fines poblacionales e industriales, en la circunscripción comprendida 12 Publicado el 15 de junio de 1981, en el diario oficial “El Peruano”. Página 7 de 11 dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas por decreto supremo. Agrega que el recurso tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta. Posteriormente, en efecto, se promulgó el Decreto Supremo N° 008-82-VI13, que aprobó como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por SEDAPAL, en cuyo artículo 1 se señaló que las personas naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos fines, SEDAPAL S.A. tenga establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que administra. Por su lado, el artículo 4 del referido decreto supremo estableció que SEDAPAL emitirá los correspondientes recibos conjuntamente con la facturación ordinaria por tarifas de los servicios que presta, pero los contabilizará y registrará en forma diferenciada, en los cuales consignará el concepto “Tarifa Agua Subterránea - Decreto Legislativo Nº 148”. Añade que la presente tarifa tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 1982 y será administrada por la empresa SEDAPAL S.A. De otro lado, el artículo 74 de la Constitución consagra el principio de reserva de ley en materia tributaria. Según este principio, los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, a excepción de los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Como es de verse, al crearse por Decreto Legislativo N° 148 y complementarse por Decreto Supremo N° 008-82-VI la tarifa de uso de agua subterránea sin tener la delegación de facultades conferida por el Poder Legislativo, es evidente que existe vulneración al principio de reserva de ley contemplado en el artículo 74 de la Constitución, toda vez que los aspectos esenciales del tributo, tales como sujetos, hecho imponible y alícuota, han sido estipulados por normas a la que la Constitución le ha prohibido expresamente la creación de tributos. Por su parte, artículo 138 de la Constitución prescribe que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, eligiendo también la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 13 Publicado el 04 de marzo de 1982, en el diario Oficial “El Peruano”. Página 8 de 11 Siguiendo este parámetro, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 16 de junio de 2009, recaída en el Expediente N° 1837-2009-PA/TC (Proceso de Amparo), referido a los dispositivos legales antes mencionados que regulan la tarifa de uso de agua subterránea, declaró fundada la demanda de amparo presentada en contra de SEDAPAL, y declaró inaplicables a la demandante − de ese proceso − el Decreto Legislativo Nº 148, en cuanto se trata del recurso tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo 008-82-VI y demás normas relacionadas a este tributo. En la anotada sentencia, el aludido tribunal dejó sentado que no se ha cumplido con el principio de reserva de ley al dejar todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo − como son los sujetos, hecho imponible y la alícuota − a los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 008-82-VI y que, por consiguiente, la inconstitucionalidad de la tarifa de uso de agua subterránea es incuestionable. En la anotada sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional, prefiriendo la norma constitucional sobre la norma legal e infralegal, ha concluido que la tarifa de uso de agua subterránea, regulado por el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no respeta el principio constitucional tributario de reserva de ley, resultando por ende inexigible tal tarifa por ser inconstitucional. De lo expuesto, se colige que en el caso de autos se deben dejar sin efecto los valores impugnados que dispusieron el cobro del tributo por tarifa de uso de agua subterránea a la demandante Unión Andina de Cementos S.A.A., pues tal como se ha resuelto en la STC N° 1837-2009-PA/TC (que determinó que en la regulación del precitado tributo se vulneró el principio de reserva de ley), en la expedición del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 008-82-VI se advierte vulneración al artículo 74 de la Constitución y, en razón de ello, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 138 de la Carta Magna, es de aplicación la norma de mayor jerarquía, más aún si se ha infringido uno de los principios (reserva de ley) en los que se sostiene el derecho tributario. SÉPTIMO: De los demás fundamentos de la apelación. Una vez rebatidos del primer al tercero agravios anotados en el considerando primero de esta resolución, corresponde rechazar del cuarto al séptimo agravios en base a lo siguiente: 7.1. En cuanto al cuarto y quinto agravios, no se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el principio del control difuso, puesto que la Página 9 de 11 juez se ha sustentado en la fuerza vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto por el artículo VI de Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 7.2. La Octava Disposición Complementaria Final14 de la Ley N° 2933815, Ley de Recursos Hídricos, no señala la vigencia del cobro de la Tarifa de Uso de Agua Subterránea, como erróneamente se arguye. 7.3. No se han vulnerado los principios de “recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los artículos 66 y 67 de la Constitución Política, toda vez que, en primer lugar, dichos artículos no se encuentran en discusión a través de este proceso; en segundo lugar, en virtud a tales normas no se puede pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es incuestionable. OCTAVO: Conclusión. Por lo expuesto, para resolver el caso concreto, al Tribunal Fiscal no le correspondía aplicar control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, pues bastaba con seguir los parámetros descritos por el Tribunal Constitucional y, por ende, la abstención en resolver la apelación formulada en sede administrativa por la actora no es conforme a derecho, debiéndose amparar la pretensión principal referida a la nulidad peticionada de la RTF N° 10286-5-2015 del 23 de octubre del 2015, por haber incurrido en vicio manifiesto de nulidad. En función a lo resuelto acerca de la RTF objetada, en lo referente a los valores por tarifa de uso de agua subterránea, el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI han vulnerado el principio de reserva de ley y, en consecuencia, las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, emitidas por concepto de esta tarifa correspondiente al mes de diciembre del 2014, no son conformes a derecho; por tanto, en virtud al principio de plena jurisdicción, debe declararse la nulidad de estos valores. En lo concerniente a la pretensión accesoria, habiéndose declarado la nulidad de la RTF objetada y de los valores impugnados en sede administrativa, corresponde 14 Ley N° 29338, Octava Disposición Complementaria Final.- Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente. 15 Publicado el 30 marzo de 2009, en el diario Oficial “El Peruano”. Página 10 de 11 ordenar a SEDAPAL la devolución de lo pagado por la actora por concepto de tarifa de uso de agua subterránea del periodo diciembre del 2014, monto que se definirá en ejecución de sentencia, más los intereses legales que se hubieren devengado. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, normas legales glosadas, con el dictamen fiscal de folios 303 a 315: CONFIRMARON la sentencia emitida mediante Resolución Nº 12 del 31 de mayo del 2016, de folios 172 a 182, que declara fundada la demanda; en consecuencia, nulas la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10286-5-2015 del 23 de octubre del 2015 y las Resoluciones de Determinación Ns° 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, giradas por la tarifa de uso de agua subterránea por el periodo diciembre del 2014; ordenaron a SEDAPAL S.A. la devolución de lo que hubiese pagado la actora por concepto de tales valores, más los intereses legales que se hubiesen devengado. En los seguidos por Unión Andina de Cementos S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre nulidad de resolución administrativa y otros conceptos. Notificándose.- LALV/eaae ODRÍA ODRÍA LÉVANO VERGARA HASEMBANK ARMAS Página 11 de 11
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DECIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE : 13015-2015-0-1801-JR-CA-18 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL Y SEDAPAL DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A SENTENCIA Sumilla: Se declara fundada la demanda. De ac uerdo a lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 04899-2007-PA/TC, el Decreto Legislativo número 148 no cumple con el principio de reserva de Ley al no establecer todos los elementos esenciales del tributo, los cuales fueron esta blecidos por la norma reglamentaria (Decreto Supremo N° 008-82-VI), por lo cual, los reque rimientos de pago derivados de dicha norma, en cualquiera de sus formas, son inexigibles por cuanto han sido inaplicadas por el máximo intérprete de la constitución. RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE Lima, treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis VISTOS los autos y puestos a despacho conforme a su estado, con el Expediente Administrativo que corre como acompañado en I tomo, y de conformidad con el Dictamen Fiscal emitido por la Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, corriente de fojas ciento treinta y nueve al ciento cuarenta y seis, se procede a emitir la presente sentencia luego de haberse llevado a cabo el informe oral. I. PARTE EXPOSITIVA: 1. De la pretensión demandada. Que, mediante escrito de fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, obrante de fojas quince a treinta y cuatro, subsanado de fojas setenta al setenta y dos, Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, debidamente representada por su apoderado Don José Luis Perry Gaviño, interpone Demanda Contencioso Administrativa contra el Tribunal Fiscal y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal planteando como pretensión principal interpone Demanda Contencioso Administrativa contra El Tribunal Fiscal y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL planteando como pretensión principal se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución número 10286-5-2015 de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince, y como pretensión accesoria se ordene a Sedapal la inmediata devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/.42,312.26, mas intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. 2. De los fundamentos de hecho y de derecho. Que el demandante, a fin de sustentar su petitorio de su demanda esgrime los siguientes argumentos: 2.1 Que, UNACEM S.A.A. , es propietaria de diversos pozos tubulares de los que extrae agua subterránea con fines poblacionales e industriales, entre ellos el pozo 2 y el pozo 4 ubicados en la localidad de las “Las Palmas” Pachacamac. El consumo industrial abastece los requerimientos de agua de nuestra planta de cemento ubicada en Atocongo y el consumo poblacional está destinado a satisfacer de agua a los pobladores que viven en los campamentos que se ubican dentro de las concesiones mineras de la Empresa. 2.2 Que, a la fecha Sedapal viene facturando y cobrando de forma mensual a UNACEM, el tributo “tarifa de agua subterránea” correspondiente a consumos por uso industrial y domestico, los cuales desde el año 2008 son materia de impugnación por parte de la recurrente, al verificar que estos se sustentan en normas inconstitucionales, como los son el Decreto Legislativo número 148 de 12 de Junio de 1981 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. 2.3 Que, en nuestro caso, SEDAPAL efectúa el cobro de la denominada tarifa de agua subterránea de la lectura de los medidores que oportunamente instalo UNACEM en los pozos de su propiedad. 2.4 Que, el cobro del tributo “tarifa de agua subterránea “que realiza SEDAPAL a mi representada a través de Resoluciones de Determinación, deviene en indebido e improcedente, dada la inaplicabilidad de las normas antes referidas, por ser vulneratorias de nuestro derecho de propiedad, en tanto se nos exige el pago de un monto de dinero en virtud de una exacción estatal, mas aun cuando dicho tributo no ha sido aprobado con arreglo a ley. 2.5 Que, a la fecha la demandante sigue cumpliendo sus obligaciones tributarias, efectuando los pagos de las Resoluciones de Determinación que SEDAPAL, cobra indebidamente por el uso industrial domestico de agua subterránea ; a fin de no perjudicar el proceso productivo de cemento que realizamos en nuestra fabrica viéndose afectado nuestro derecho de propiedad. 2.6 Que, con fecha ocho de enero de 2015 fuimos notificados con las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014-ESCE, 559828700021205-2014-ESCE que liquidan los importes de S/.103.86, S/15,780.93 y S/26,427.47 respectivamente, por 2 el tributo “tarifa de Agua Subterránea” creado por Decreto Legislativo número 148 y Regulado mediante Decreto Supremo número 008-82-VI, correspondiente al consumo Industrial y domestico del Periodo Diciembre 2014. 2.7 Y dentro del plazo de ley y conforme a lo previsto por los articulo 146°, 151° y demás disposiciones del Código Tributario, el diecinueve de enero del dos mil quince interpusimos el respectivo Recurso de Apelación de Puro Derecho contra las Resoluciones de Determinación señaladas anteriormente, siendo elevado al Tribunal Fiscal, a fin resuelva con arreglo a ley y a derecho. 2.8 Que, El Tribunal Fiscal emite Resolución número 10286-5-2015, declarando Improcedente la apelación de puro Derecho interpuesta por la recurrente, argumentando que no corresponde el control difuso de las normas conforme a lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente número 04293-2012/PA/TC 3. Del Trámite en el proceso. Que la actividad procesal recaída en el proceso, se encuentra resumida como sigue: 3.1. Que mediante Resolución número Dos de fecha quince de diciembre del dos mil quince, a setenta y tres se admite a trámite la demanda en la vía del proceso especial, corriéndose traslado a las partes demandadas conformadas por El Tribunal Fiscal y Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De Lima S.A Sedapal, a fin de que ejerza su derecho. 3.2. Que mediante escritos de fecha veintinueve diciembre del dos mil quince, obrante de fojas setenta y nueve al noventa; y escrito de fecha diecinueve de enero del dos mil quince obrante de fojas cien al ciento siete, subsanado a fojas ciento dieciséis, el Procurador Publico del Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, y el apoderado del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, contestan la demanda negándola y contradiciéndola en todos su extremos, solicitando que se declare improcedente y/o infundada en merito a los argumentos que exponen. 3.4. Que mediante Resolución número Cinco de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento diecisiete al ciento dieciocho , se emitió auto de saneamiento procesal, fijándose los puntos controvertidos, admitiéndose los medios probatorios pertinentes ofrecidos por las partes, prescindiéndose de la realización de la audiencia de pruebas y ordenándose la remisión de los autos al Ministerio Público a fin que emita Dictamen correspondiente, y habiéndose recibido, se ha ordenado que los autos pasen a Despacho para sentenciar. II. PARTE CONSIDERATIVA: i. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo y la pretensión demandada. 3 PRIMERO: La finalidad del Proceso Contencioso Administrativo es el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, por cuya razón un acto administrativo solo podrá ser declarado nulo o inválido en caso esté afectado con alguna de las causales previstas en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27444. En virtud de ello, todo administrado tiene derecho de acudir ante el Órgano Jurisdiccional a fin de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido proceso en caso considere vulnerados sus derechos de parte de la Administración Pública1. SEGUNDO: Que las pretensiones de Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, persigue que esta Judicatura declare: 1. Como pretensión principal, la nulidad del acto Administrativo contenido en la Resolución número 10286-5-2015 de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince; 2. Como pretensión accesoria, se ordene a Sedapal la inmediata devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/.42, 312.26 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución, como consecuencia de la emisión y notificación de las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE. ii. Sobre lo actuado en la instancia administrativa y el pronunciamiento del Tribunal Fiscal. TERCERO: Que conforme puede advertirse del expediente administrativo, Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta interpuso recursos de apelación de puro derecho al amparo del artículo 151° del Código Tributario, contra las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354- 2014/ESCE que liquidan los importes de ciento tres soles con ochenta y seis céntimos (S/ 103.86), quince mil setecientos ochenta soles con noventa y tres céntimos (S/ 15, 780.93), y veintiséis mil cuatrocientos veintisiete soles con cuarenta y siete céntimos (S/ 26, 427.47) respectivamente, por el tributo “Tarifa de Aguas Subterráneas” creado por Decreto Legislativo número 148 y regulado mediante Decreto Supremo número 008-82-VI, correspondiente al consumo Industrial y domestica del periodo diciembre 2014. 1 Al respecto, GIOVANNI PRIORI, sostiene: “El Proceso Contencioso Administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la Administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales” (PRIORI POSADA, Giovanni,... Comentarios a la Ley del proceso Contencioso Administrativo; Ara Editores, Lima, 2002, 2da. Edición p. 74.) Véase, asimismo: Ramón Huapaya Tapia… El objeto del proceso contencioso administrativo en la ley Nº 27584. Tesis de Bachiller inédita. Universidad de Lima. Lima 2004. También el catedrático Juan José Diez Sánchez en su ponencia. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del Perú”. En: la obra colectiva promovida por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo titulada “Derecho Administrativo”, que recoge las ponencias presentadas al Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en abril del 2004; Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 167 y s; y, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera… “El nuevo proceso contencioso administrativo peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo?”. En: Normas Legales. Tomo 319, Volumen II, Lima, Diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso; Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss. 4 CUARTO: Que mediante Resolución de Tribunal Fiscal número 10286-5-2015 de fecha veintitrés de octubre del 2015 se declaró improcedentes las apelaciones de puro derecho interpuestas por la ahora demandante, bajo el fundamento de que al carecer de facultades para poder ejercer el control difuso, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 04293-2012-PA/TC y el Acta de Reunión de Sala Plena número 2014-12 de fecha 9 de julio del 2014, en la citada instancia no podía analizarse la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 148, del Decreto Supremo número 008- 82-VI y demás normas relacionadas a dichos tributos impugnados. iii. Sobre la prohibición del control difuso en instancia administrativa y lo dispuesto en el artículo 102° del Código Tributario. QUINTO: Que atendiendo a los precedentes antes citados, que sirvieron de sustento para la declaración de improcedencia de los recursos de apelación de puro derecho presentados contra las resoluciones de determinación, se colige restringen la facultad del Tribunal Fiscal a que efectué control difuso, sin embargo, dichos precedentes en nada limitan la facultad establecida en el artículo 102° del Código Tributario, que dispone “al resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía”. En ese orden, ello significa que el Tribunal Fiscal está obligado a emitir pronunciamiento con arreglo a la norma de mayor jerarquía, que regule los hechos que han sido sometidos a su conocimiento, toda vez que de no hacerlo, se incurriría en defectos que acarrean nulidad del acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. SEXTO: En esa línea, no puede obviarse que el Tribunal Fiscal está evitando dar cumplimiento a lo dispuesto en el referido artículo 102° del Código Tributario, por lo cual, debe EXHORTARSE al Colegiado Administrativo emita en lo sucesivo pronunciamientos con arreglo a sus facultades, toda vez que los precedentes que sustentan la declaración de improcedencia en la resolución impugnada, no han suprimido la facultad contenida en el articulo antes citado, y sus atribuciones conferidas en el artículo 101° del citado código, donde se precisa que es la entidad que resuelve en última instancia el procedimiento contencioso tributario. Siendo así, del examen a la resolución impugnada se desprende que, al no haberse expresado fundamentos de derecho que se aproximen a la materia en controversia, y que en concordancia a sus facultades sustenten su fallo, es evidente que se vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, por lo cual, la resolución impugnada adolece de un vicio insubsanable que acarrea su nulidad2. SEPTIMO: Consta además, que en anteriores pronunciamientos como el recaído en las Resoluciones números 796-1-99 de fecha 21 de setiembre del 1999 y 01438-5-2002 de fecha 15 de marzo del 2002, el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento sobre el tema de fondo en casos análogos al presente, sin recurrir al control difuso. En ese contexto, dada la naturaleza tuitiva del Proceso Contencioso Administrativo, que permite por plena jurisdicción al 2 Fundamento 10. de la sentencia recaída en el expediente 1003-2001-AA/TC, que señala: “Respecto al debido procedimiento administrativo tributario, variada doctrina nacional se ha pronunciado respecto a los riesgos que enfrenta el derecho fundamental al debido procedimiento administrativo en el ámbito tributario dentro de nuestro sistema jurídico, en este caso, principalmente, el derecho de ser oído, de ofrecer y producir pruebas y de obtener una resolución motivada y fundada en derecho (GAMBA VALEGA, César, El derecho fundamental a un debido procedimiento administrativo en el ámbito tributario, en Revista Análisis Tributario, abril, 2004, pág. 20)” 5 juzgador no solo efectuar control de legalidad, sino también a ejercer el control de constitucionalidad sobre los actos emitidos por la Administración Pública, a fin de tutelar mejor los derechos e intereses de los administrados, con lo cual está permitido no solo pronunciarse sobre los aspectos formales sino también sobre el derecho de fondo objeto de controversia, se procederá al análisis de lo solicitado por la demandante3 en la instancia administrativa, a efectos de salvaguardar su derecho. ii. Sobre la normatividad emitida respecto de la tarifación del agua subterránea. OCTAVO: Que conforme al artículo 1° de la Ley número 23230 publicada el 16 de diciembre de 1980, se autorizó al Poder ejecutivo para que de conformidad con el artículo 188° de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifique la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, respecto de las siguientes materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles y Penales, Código Tributario, entre otras. Asimismo, se le entregó facultades para que dicte Decretos Legislativos respecto a la Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas número 15260, con condición de dar cuenta al Congreso. NOVENO: Que conforme al artículo 1° del Decreto Legislativo número 148 del 12 de junio de 1981, se estableció que las tarifas de agua subterránea, con fines poblacionales e industriales, en la circunscripción de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. En ese orden, también se dispuso que el recurso tributario fuera administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, hoy Sedapal, constituyéndose en ingresos propios de ésta. Posteriormente, se expidió el Decreto Supremo número 008-82-VI, que determinó en su artículo 1°, que las personas naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial e industrial, utilicen el agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Callao, abonaran por este concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que para estos fines, SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua conectada al sistema que administra. DÉCIMO: En ese contexto, Sedapal como administrador del recurso ha venido requiriendo el pago del tributo que grava el uso y/o extracción del agua subterránea a los contribuyentes, usuarios de fuente propia, amparados en la Ley General de Aguas, el Decreto Legislativo número 148, el Decreto Supremo número 008-82-VI y el Texto Único Ordenado del Código Tributario, puesto que el carácter que reviste la norma es tributario. En relación a ello, los requerimientos de pago contenidos en las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, han sido realizados según lo previsto en el Código Tributario. iii. Sobre la naturaleza tributaria del pago por el uso y/o extracción del agua subterránea. 3 Asimismo, el Juzgador no solo tiene la facultad para declarar la nulidad del acto administrativo contrario a ley, sino además puede pronunciarse sobre el fondo del asunto en controversia e inclusive utilizar todos los mecanismos legales necesarios para ejecutar sus decisiones.. 6 DÉCIMO PRIMERO: Que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece que los Tributos comprenden a los Impuestos, Contribuciones y Tasas. La Tasa es aquel tributo “cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.” Dentro de las Tasas se distingue a los Arbitrios, Derechos y Licencias. Del mismo modo, se define a los Derechos como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.”. Entonces referente al concepto de Tasa - Derecho, se entiende que los Derechos son tasas que se pagan en dos supuestos: 1. Por la prestación de un servicio administrativo público. 2. Por el uso o aprovechamiento de bienes públicos. DÉCIMO SEGUNDO: Por tanto, el primer supuesto encaja con la naturaleza de una Tasa, ya que, se observa la prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente. No se observa lo mismo de manera clara en el segundo supuesto ya que propiamente no se obtiene la prestación de un servicio (en las tasas, además debe existir una razonable equivalencia entre el servicio público prestado y su cuantía). Por consiguiente, el segundo supuesto no encaja dentro del concepto general de Tasa. Sin embargo, el Tribunal Fiscal ha precisado dicha correspondencia en la Resolución del Tribunal Fiscal número 796-1-1999 que señala “que si bien los derechos no encajan dentro del concepto de tasa establecido en la doctrina, el legislador en el caso peruano decidió considerarlas como tales, señalando que se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes públicos(entiéndase, bienes de uso público), ampliando el concepto, no pudiéndose exigir que su rendimiento esté destinado a cubrir el servicio prestado.” DÉCIMO TERCERO: Considerando que se trata de un bien de uso público, de acuerdo a lo consignado en el artículo 2° de la Ley número 293384, Ley de Recursos Hídricos (31.03.09), corresponde su tratamiento como un Derecho de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. Siendo así un bien estatal destinado al uso público, el mismo encaja en el segundo supuesto de bienes de dominio público (numeral 2 del considerando octavo) y por ende la naturaleza tributaria del agua subterránea, es un derecho, precisándose que los bienes de uso público se encuentran dentro de la categoría de bienes de dominio público y es por esta categorización que se ubica el derecho por aguas subterráneas. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional5 ha considerado que la tarifa de agua subterránea constituye un derecho cuyo hecho generador es la utilización de un bien público. iv. Sobre el Principio de Reserva de la Ley, y al análisis de la controversia. DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 74° de la Constitución Política del Perú establece que “los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, 4Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua.- El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. 5 Expediente número 4899-2007-PA/TC 7 los cuales se regulan mediante decreto supremo”. Así también la norma señala que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar, entre otros principios, el de “reserva de la ley”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el expediente número 01837-2009-PA/TC ha precisado que: “(…) el principio de reserva de ley, (…), implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias” [STC 0042-2004-AI/TC, F. 9]. Y se agrega “el principio de reserva de ley significa que el ámbito de la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos queda reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. (…)6 “ DÉCIMO QUINTO: En ese contexto, debe considerarse que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, de primer plano, relativo. Ello porque los supuestos contemplados en el artículo 74° de la Constitución, como la creación, modificación, derogación y exoneración tributaria, puede realizarse previa delegación de facultades, mediante Decreto Legislativo. De esa forma, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciando en cuanto a la creación del tributo, señalando que la Reserva de la Ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley.7 DÉCIMO SEXTO: Del mismo modo, en la citada jurisprudencia constitucional precedentemente se precisa “Al respecto, de una revisión de la norma autoritativa (Ley número 23230) se aprecia que se autorizó al Ejecutivo a que dicte la normas relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas N° 15260” entre otras. Por consiguiente, este Tribunal aprecia que la creación de un tributo en cualquiera de sus especies es una delegación que requiere el máximo de formalidad. Pues bien, la norma autoritativa debió prever de manera expresa la facultad otorgada para crear nuevos tributos ya que este poder no simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del legislativo ya que al tratarse de la intervención en la propiedad de los ciudadanos-usuarios se debe pedir la máxima rigurosidad en la regulación. Así también resulta oportuno hacer referencia a que la creación de un tributo como el que nos ocupa debió obedecer a un estudio y previsión –por lo menos mínima- de la política fiscal del sector economía y no una a una regulación mínima, escueta y limitada. Por lo señalado, este extremo de la demanda resulta fundado. (…)”. DÉCIMO SEPTIMO: En ese sentido, se advierte que el Decreto Legislativo número 148 y su reglamento el Decreto Supremo número 008-82-VI, no han sido aprobados de conformidad con los principios constitucionales tributarios, específicamente en lo que al principio de reserva de ley se refiere, al considerarse que el derecho de aguas subterráneas es un derecho y por ende debió cumplir con la exigencia de los elementos esenciales del tributo (los sujetos, 6Asimismo precisa el máximo intérprete que: “Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir”. Con ello se pretende que las exacciones estatales a los ciudadanos sean autoimpuestas, mediando el Parlamento, al resto de la ciudadanía, respetándose el principio democrático y los derechos fundamentales prima facie. Y es que como ya se ha visto, los tributos son obligaciones determinadas e impuestas desde el Estado, es claro que dicha regulación, que incide en el derecho de propiedad de los ciudadanos, deba realizarse con la “garantía de la autoimposición de la comunidad de sí misma”. Por el contrario, si es que se trataran de obligaciones a las cuales los particulares de forma espontánea se someten, es claro que no se estaría ante una figura tributaria.” 7STC Exp. Nº 0042-2004-AI/TC 8 el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria) y configurarse de manera clara en una norma de rango legal para su plena vigencia; circunstancia que ha sido materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional en los fundamentos 22 y 23 de su sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC8. Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…), en lo que se refiere al cumplimiento de la exigencia de que los elementos esenciales del tributo y su configuración en una norma de rango legal, es de advertirse que el ámbito de análisis de la norma impugnada debe limitarse al Decreto Legislativo Nro. 148 y su reglamento, el Decreto Supremo Nro. 008-82-VI. Pues bien, de la lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se cumple siquiera de manera mínima la consigna del principio de reserva de ley dejando todos y cada de los elementos esenciales del tributo como son; los sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto Supremo Nro. 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha respetado en ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de ley.” DECIMO OCTAVO: Finalmente, es pertinente señalar lo dicho por el Tribunal Constitucional en el fundamento 13 de la Sentencia N° 04899-2007-PA/TC: a. “El agua es un recurso natural prestado por el Estado, cuya explotación debe obedecer a una política clara y de uso sostenible. Así como se le impone al usuario una serie de cargas, el Estado mediante los órganos correspondientes debe cumplir un rol regulador de acuerdo a las exigencias que le imponga la Constitución para la configuración de su normativa. b. La clasificación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro marco constitucional.” DÉCIMO NOVENO: De todo lo expuesto, puede concluirse que el Estado no ha cumplido con respetar, en el diseño normativo del Decreto Legislativo número 148, los principios orientadores de nuestro marco constitucional respecto a la creación del tributo denominado “tarifa por el uso de agua subterránea” (específicamente el referido al de reserva de Ley), por lo que, no podría exigirse legalmente su pago porque ello si implicaría un acto arbitrario y de abuso de derecho. En ese sentido, conforme a los argumentos expuestos en la presente sentencia, resulta amparable la demanda incoada, correspondiendo declarar la nulidad de la Resolución de Tribunal Fiscal número 10286-5-2015 por vulnerar el derecho de 8 “22. Pues bien, de la lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio de reserva de ley, dejando todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto Supremo Nº 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha respetado en ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de ley. 23. En conclusión, la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En este sentido, habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del Decreto Legislativo Nº 148, es menester concluir que la pretensión de los derechos constitucionales de los actores debe retrotraerse a la fecha del inicio de su vulneración.” 9 motivación9 de las resoluciones administrativas, y por ende, la nulidad de las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354-2014/ESCE, por vulneración al principio de reserva de ley contenido en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, correspondiendo del mismo modo, amparar la pretensión accesoria demandada, por tanto, ordenar la devolución de los montos que se hubieran pagado respecto de los valores declarados nulos, con los correspondientes intereses de acuerdo al Código Tributario10. VIGÉSIMO: Quedan desvirtuados los argumentos de la demandada Sedapal, en cuanto sostiene que el Decreto Legislativo número 1185, que derogó el Decreto Legislativo número 148, mantiene la subsistencia del derecho de Sedapal con respecto al cobro de la tarifa por el uso de aguas subterráneas, toda vez que dicho Decreto Legislativo fue publicado el 16 de agosto del 2015, y las deudas objeto de controversia corresponden al mes de diciembre del año 2014, por tanto, siendo que las resoluciones de determinación fueron emitidas al amparo de la norma derogada, su cobro vulnera el diseño normativo al amparo del marco constitucional vigente, por vulnerar el principio de reserva de ley, tal y como lo ha realizado el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 04899-2007-PA/TC, y la Corte Suprema de la República en la Casación 9068-2013 – Lima de fecha 13 de noviembre del 2014. III. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones precedentes, la Señora Magistrada Titular del Décimo Octavo Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas Tributarios y Aduaneros, administrando justicia a nombre de la Nación RESUELVE: 1. Declarar FUNDADA la demanda de fojas obrante de fojas quince a treinta y cuatro, subsanado de fojas setenta al setenta y dos, interpuesta por Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta – Unacem, debidamente representada por su apoderado Don José Luis Perry Gaviño, contra el Tribunal Fiscal y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; en consecuencia: 2. Declarar la Nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal número 10286-5-2015 de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince; 3. Declarar la Nulidad de las Resoluciones de Determinación números 637904000020994-2014/ESCE, 559828700021205-2014/ESCE y 240057600021354- 2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- Sedapal; 4. Ordenar la devolución de los montos que se hubieran pagado respecto de las deudas contenidas en las Resoluciones de Determinación números 637904000020994- 9 Cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia N° 00091-2005-PA/TC, ha señalado en su fundamento 9 que “(…) el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. 10 Cabe hacer esta precisión, toda vez que no obra c
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo con sub Especialidad Tributaria y Aduanera Av. Nicolas de Piérola N° 608 (3er. Piso) Lima EXPEDIENTE : 13016-2015-0-1801-JR-CA-22 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SALAS FERRO, PERCY CARLOS ESPECIALISTA : GOYZUETA MENESES, LIZ MELISSA DEMANDADO : SEDAPAL -TRIBUNAL FISCAL DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA UNACEM SAA RESOLUCIÓN N° DIECINUEVE Lima, cinco de mayo de dos mil veintiuno.- DADO CUENTA en la fecha, al ingreso del veintiuno de abril de dos mil veintiuno. TÉNGASE por recibidos los autos remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente conteniendo la Sentencia de Casación N° 16700-2017 del veinticinco de abril de dos mil veinte, mediante el cual el colegiado declara FUNDADO el Recurso de Casación, Casaron la sentencia de vista contenida en la resolución DIECISIETE del veintiocho de junio de dos mil diecisiete, actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis que declaró Fundada en parte la Demanda y REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA la Demanda. Siendo así: CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, en los términos expuesto. En consecuencia, se da por concluido el presente proceso y REMÍTASE los autos al Archivo Central de la Corte Superior de Lima para su conservación y custodia definitiva. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente resolución a quienes disponen de casilla electrónica, conforme a lo dispuesto en los artículos, 155-A, 155-C y 155-D del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉTIMA SALA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Expediente N°: 13016-2015 Demandante: UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. Demandado: SEDAPAL Y TRIBUNAL FISCAL Materia: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO Sumilla: La regulación de los recursos naturales como es el caso del agua debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley, no siendo admisible invocar su protección para soslayar el cumplimiento de dichos requisitos, de lo contrario se incurriría en un voluntarismo que afectaría gravemente la seguridad jurídica en el país. Resolución N° 17 Lima, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTOS: Con el expediente administrativo (EA) acompañado al principal; de conformidad con lo opinado en el dictamen del Fiscal Superior de folios 266 a 273; interviniendo como ponente el Juez Superior Linares San Román; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en grado el recurso de apelación interpuesto por el litisconsorte pasivo Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, obrante de folios 210 a 218, en el extremo que resolvió declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, la nulidad de las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE emitidas por SEDAPAL, en razón que no corresponde el pago de la tarifa de agua subterránea establecida por el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por el mes de julio de dos mil catorce, y ordena a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendente a S/.47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. SEGUNDO: La empresa demandante postuló como: i) pretensión principal, la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 de fecha 1 veintitrés de octubre de dos mil quince, la cual declaró improcedente la apelación de puro derecho formuladas contra las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229- 2014/ESCE y 637904000011920-2014/ESCE emitidas el veintinueve de julio de dos mil catorce; ii) pretensión accesoria, se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendente a S/.47,058.63 más intereses devengados. TERCERO: La codemandada SEDAPAL formula como agravios frente a la recurrida: a) que se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de control difuso, por lo que el A-quo considera que la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada contiene suficiente motivación, lo que constituye un grave error ya que en la misma se omite o desconoce la jurisprudencia de obligatorio cumplimiento establecida en la STC Exp N° 03741-2004-AA/TC, en este sentido se debió tomar en cuenta que para inaplicar el Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 008-82-VI en la vía administrativa, el Tribunal Fiscal debió seguir las mismas reglas que observan todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28237, vulnerado así el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú de 1993, la cual no sólo se limita a los aspectos procesales sino también a los aspectos materiales; b) el A-quo debió tomar en cuenta que para aplicar un control difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú de 1993 concordante con la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28301 y artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28237, el Tribunal Fiscal debió valorar todo el “bloque de constitucionalidad” conformado por el conjunto de dispositivos constitucionales e infraconstitucionales relacionados con el aprovechamiento de las aguas subterráneas y con los supuestos vicios de inconstitucionalidad de las normas que la regulan, acorde a lo establecido en las STC Exp. N° 00008-2010-PI/TC, entre los que se encuentran los artículos 66 y 67 de la Constitución y el Capítulo Constitucional “De los Recursos Naturales y Medio Ambiente”, así como las STC Exp. N° 0048-2004-PI/TC y N° 03343-2007- PA/TC; además no debió omitir las reglas para aplicar el control difuso desarrolladas en la STC Exp N° 2132-2008-PA/TC, en ese sentido tanto el 2 Decreto Legislativo N° 148 como el Decreto Supremo N° 008-82-VI expedidas antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Perú de 1993 mantienen su vigencia si su mismo texto les permite adecuarse a los nuevos valores y principios constitucionales de acuerdo con la "Teoría de la continuidad" de la nueva Constitución Política del Perú de 1993; c) la recurrida en sus considerandos sexto, sétimo y octavo se basa en la Sentencia recaída en el expediente N° 4899-2009-PA/TC, emitida con efecto "inter partes", lo que se considera un grave error en base a los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución Política del Perú de 1993 que consagran el principio de la Supremacía de la Constitución y la Segunda Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Ley N° 28301 y en mérito a dichas normas, el A-quo debe tener en cuenta que el Tribunal Fiscal no se encuentra subordinado al Tribunal Constitucional sino a la Constitución y a la ley; máxime que el criterio aplicado por el Tribunal Constitucional en casos similares no es reiterativo, toda vez que en la sentencia emitida posteriormente en el Exp N° 4899-2007-PA/TC el criterio del Tribunal Constitucional no fue unánime al producirse discordia entre los magistrados que integraron la Sala; d) el A-quo omite un adecuado control de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal vulnerando el artículo 148 de la Constitucional Política vigente, concordante con el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, toda vez que debió advertir que cuando se dictó el Decreto Legislativo N° 148 estaba vigente la anterior Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17552, en cuyo artículo 12 nació la obligación de los usuarios al pago de las "tarifas" por la extracción y/o aprovechamiento de aguas subterráneas; e) que, el artículo 139 de la Constitución de 1979 estableció el “Principio de Reserva de Ley Absoluta” mediante la cual sólo el Congreso de la República tenía potestad tributaria originaria, mientras que el artículo 74 de la Constitución vigente cambia este extremo y establece el “Principio de Reserva de Ley Relativa”, en virtud del cual los Gobiernos Locales y el Poder Ejecutivo pueden ejercer potestad tributaria originaria, consecuentemente el A-quo al aplicar el control difuso debió tener en cuenta que el artículo 74 de la Constitución vigente debía interpretarse sobre la base de la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 2689-2004-AA/TC, calificando de 3 inconstitucional la "tarifa de agua subterránea" sin antes haber cumplido con su obligación legal de buscar otro sentido interpretativo que puede salvar las normas acusadas de inconstitucionalidad siendo el objetivo de dicha tarifa el de financiar las actividades de SEDAPAL para el manejo y conservación de los acuíferos de Lima y Callao y no por la prestación de un servicio público, por lo que la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada incurre en causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley N° 27444; f) el A-quo vulnera los principios de "Recuperación de los Recursos Naturales" y de "Prevalencia de la Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales sobre otros Derechos", y debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido con meridiana claridad en la STC Exp. N° 6534-2006-PA/TC que debe priorizarse el interés general por encima de intereses particulares puesto que el agua subterránea a nivel constitucional es un recurso natural que cumple un rol esencial para el individuo y la sociedad. CUARTO: El artículo 370 del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 29834, señala que “El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa. Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación.”; en consecuencia, solamente cabe emitir pronunciamiento respecto a los agravios formulados por el apelante que se ha reseñado anteriormente. QUINTO: Sobre los actuados en sede administrativa se desprende que: i. A fojas 01, 05 y 09 EA, obran las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE emitidas el veintinueve de julio de dos mil catorce a la empresa demandante por los suministros de agua N° 2400576-1, 5598287-0 y 6379040-6 respectivamente, en las que se determinó las deudas tributarias por extracción de agua subterránea. Siendo que las mismas fueron objeto de apelación de puro de derecho por parte de la ahora demandante (fojas 25 a 30 EA). Ante lo cual la empresa demandante interpuso apelación de puro derecho. 4 ii. El Tribunal Fiscal con la emisión de la Resolución número 10277-5- 2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas 35 y 36 EA) declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta por la empresa demandante, dando así por agotada la vía administrativa. SEXTO: Que, la Constitución Política de 1979 estableció en su artículo 139: “Sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios (…)”; asimismo, el artículo 188 de dicha Constitución prescribió: “El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante Decretos Legislativo sobre la materia y por el término que especifica la ley autoritativa”. De otra parte, la Constitución vigente indica en su artículo 74° “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto Supremo”. SETIMO: Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 - Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima señala: “Las tarifas de agua subterránea, con fines poblacionales e industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta”. De otra parte, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 008-82-VI establece: “Las personas naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos fines, SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que administra”1. (resaltado nuestro). 1 De conformidad con el Artículo Único del Decreto Supremo Nº 060-83-VI, publicado el 27 agosto 1983, se aclara el presente artículo, en el sentido de que el 20% de las tarifas de agua a que alude dicho artículo, está referido al total de la tarifa de agua y alcantarillado vigente para los usuarios conectados a la red pública de abastecimiento de agua potable, en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, en el rango, clase y categoría tarifaria aplicable en cada caso según se trate de uso doméstico, industrial o comercial, sin perjuicio del cobro del íntegro de la parte que corresponda por concepto de alcantarillado. 5 OCTAVO: En ese sentido, la materia de la presente controversia consiste en determinar si las normas en las que se basó SEDAPAL para emitir las Resoluciones de Determinación las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, vulneran el Principio de Reserva de Ley y la Constitución Política. NOVENO: Que, respecto al agravio mencionado en el literal a) del tercer considerando, debe indicarse que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277- 5-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince declaró improcedente la apelación de puro derecho formulada contra las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229- 204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE, por ende no causó agravio alguno a SEDAPAL, resultando impertinente el cuestionamiento a dicha Resolución del Tribunal Fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que el Principio de Reserva de Ley tiene como fin el correcto ejercicio de la potestad tributaria como garantía de los derechos de los contribuyentes y como contrapeso del poder tributario estatal, por lo que se debe cumplir con determinados requisitos al momento de legislar sobre materia tributaria. En ese sentido el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 2689-2004-AA/TC ha establecido: “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. De este modo, la regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima observancia del principio de reserva de ley–, debe comprender la alícuota, la descripción del hecho gravado (aspecto alícuota, material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial), según ha señalado este Tribunal (Expediente N.° 2762-2002- 6 AA/TC y N.° 3303-2003-AA/TC)”. (resaltado nuestro). Así cabe señalar que si bien mediante Ley N° 23230, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación tributaria no lo autorizó expresamente para crear tributos, ya que para interpretar la norma en tal sentido se debió cumplir con el mandato de especificidad contenido en el artículo 188 de la Constitución de 1979, aplicable al presente caso, recogido también en el artículo 104 de nuestra actual Constitución Política, siendo que este poder no simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del legislativo ya que al tratarse de la intervención en la propiedad de los ciudadanos - usuarios se debe pedir la máxima formalidad en la regulación, y porque un tributo de tal naturaleza debió obedecer a un estudio y previsión de política fiscal del sector economía y a no una regulación mínima y limitada. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, excediendo los límites de la delegación de facultades otorgadas mediante Ley N° 23230 emitió el Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, sobre el cobro de tarifa por agua subterránea. Por lo que del análisis del Decreto Legislativo N° 148 se aprecia que dicha norma no cumple con precisar los elementos esenciales del tributo, los cuales son recién establecidos a través de su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esta manera el Principio de Reserva de Ley pues se ha producido una delegación absoluta al reglamento sobre la regulación del tributo, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en las STC Exp. N° 4899-2007-PA/TC y N° 1837-2009-PA/TC, que por lo tanto, las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364- 2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE que se sustentan en las referidas normas adolecen de la causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley N° 27444. Tanto más, si lo determinado en la STC Exp. N° 03741-2004-AA/TC en relación a que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo se limita a aspectos procesales sino también a aspectos materiales, toda vez que SEDAPAL ha inobservado lo establecido en la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301 que señala: “Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 7 de procesos, bajo responsabilidad”, esto es, ha desacatado lo establecido por el Tribunal Constitucional en las STC Exp. N° 4899-2007-PA/TC y N° 1837- 2009-PA/TC respecto a la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento el Decreto Supremo N° 008-82-VI, resultando desestimable este agravio. DÉCIMO: Que, con relación al agravio contenido en el literal b) del tercer considerando, cabe precisar que en la Resolucion del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince se indica que “(...) conforme con la última sentencia del Tribunal Constitucional, esta instancia carece de facultades para ejercer control difuso de la constitucionalidad de las normas (...). Que estando a lo expuesto, al no poder ejercer control difuso, esta instancia no puede realizar el control de constitucionalidad alegado respecto del Decreto Legislativo N° 148, del Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicho tributo, para inaplicarlas al caso analizado (...)“, en consecuencia resulta inexacto lo afirmado por SEDAPAL en el sentido que en el presente caso el Tribunal Fiscal aplicó el control difuso. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC N° 0048-2004-PI/TC que la explotación de los recursos naturales no puede ser separada del interés nacional por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones, en concordancia con los artículos 66 y 67 de la Constitución que garantizan la protección y el sostenible aprovechamiento de los recursos naturales, es preciso indicar que el objeto de la litis en el presente proceso pasa por determinar si al emitirse el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento el Decreto Supremo N° 008- 82-VI se cumplió con el Principio de Reserva de Ley, como se ha indicado precedentemente, siendo que el Tribunal Constitucional ha expresado puntualmente en el literal a. del Fundamento 13 de la STC Exp. N° 4899- 2007-PA/TC lo siguiente: “El agua es un recurso natural prestado por el Estado, cuya explotación debe obedecer a una política clara y de uso sostenible. Así como se le impone al usuario una serie de cargas, el Estado mediante los órganos correspondientes debe cumplir un rol regulador de acuerdo a las exigencias que le imponga la Constitución para la configuración de su normativa.” (resaltado 8 nuestro); que, en consecuencia, se evidencia que el Tribunal Constitucional ha tenido presente la calidad del agua como recurso natural, sin embargo, ha establecido que ello no implica que el Estado pueda emitir la normativa correspondiente vulnerando la normatividad constitucional, por lo que debe desestimarse este agravio de la apelante. DÉCIMO PRIMERO: Que, respecto al agravio contenido en el literal c) del tercer considerando, cabe señalar que SEDAPAL fue parte demandada en el proceso de amparo materia resuelto por la STC Exp. N° 4899-2007-PA/TC, en donde se solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, siendo evidente que dicha resolución tiene efecto inter partes, es decir, que el criterio contenido en la misma resulta vinculante para SEDAPAL, empresa que debió de abstenerse de interponer nuevas demandas sobre un tema que ya se encontraba zanjado en sede constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, por ello la entidad apelante no se encuentra facultado de exigir su cobro ya que el mismo está sometido a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario. Advirtiéndose así que si bien las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE, establecen como tipo de tributo "Extracción de Agua Subterránea D.L. 148" tomando como sustento las disposiciones legales contenidas en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas como se reitera no han respetado el Principio de Reserva de Ley, en ese sentido tampoco resulta estimable este agravio alegado, tanto más si el voto en discordia contenido en la STC Exp. N° 4899-2007-PA/TC no afecta la observancia del criterio mayoritario contenido en la misma. DÉCIMO SEGUNDO: Que, con relación al agravio contenido en el literal d) del tercer considerando, debe precisarse que en la recurrida se ha declarado que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince no es nula, por ende, resulta inexacta la afirmación de la apelante en el sentido que el A-quo omite un adecuado control de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal vulnerando el artículo 148 de la Constitucional Política vigente. Sin perjuicio de lo anterior corresponde señalar que en el expediente 9 administrativo obran las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE emitidas el veintinueve de julio de dos mil catorce por los pagos del tributo que gravan el uso y/o extracción de aguas subterráneas correspondientes a los periodos del treinta de mayo al treinta de junio de dos mil catorce, las mismas que fueron notificadas el ocho de agosto de dos mil catorce, conforme alega el ahora demandante (folios 30 EA), fecha en que ya se había derogado el Decreto Ley N° 17752 mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29338 publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, más aún si se verifica que dichos valores tienen como sustento legal el Decreto Supremo N° 021-81-VC del once de junio de mil novecientos ochenta y uno, el Decreto Legislativo N° 148 del doce de junio de mil novecientos ochenta y uno y el Decreto Supremo N° 008-82-VI del dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos, entre otras normas, más no el Decreto Ley N° 17752. Asimismo, en la STC Exp N° 1837-2009-PA/TC del 16 de junio de 2009, referida al Decreto Legislativo N° 148 y al Decreto Supremo N° 008-82-VI que regulan la Tarifa de Uso de Agua Subterránea, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada en contra de SEDAPAL e inaplicables a la demandante de ese proceso las normas señaladas y demás normas relacionadas al referido tributo, así como también, dejó sentado que no se ha cumplido con el Principio de Reserva de Ley, por consiguiente, la inconstitucionalidad de la Tarifa de Uso de Aguas Subterráneas es incuestionable por no respetar el principio constitucional tributario de reserva de ley, en consecuencia, no cabe estimar el agravio alegado por el recurrente. DÉCIMO TERCERO: Que, referente al agravio contenido en el literal e) del tercer considerando, en primer término debe reiterarse que en la recurrida se ha declarado que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince no es nula, por lo que resulta inexacto lo sostenido al respecto por la apelante para cuestionar esta resolución administrativa. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el análisis de la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI necesariamente debe efectuarse de conformidad con la 10 Constitución de 1979, pues ambas normas se emitieron durante la vigencia de esta última, sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que el Tribunal Constitucional en el fundamento 15 de la STC Exp. N° 01837-2009-AA ha señalado: “Asimismo en la STC 02762-2002-AA/TC (fundamentos 20 y 21), este Colegiado subrayó que es razonable que la alícuota integrante del mandato de la norma, en tanto determina el quantum a pagar por el contribuyente, deba encontrarse revestida por el principio de seguridad jurídica en conexión con el de legalidad, lo que conlleva a exigir un mínimo de concreción en la ley; sin embargo, ello no se concreta cuando se deja al reglamento la fijación de los rangos de tasas ad infinitum. Con ello, el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de remisiones legales al reglamento, dependiendo de la naturaleza y objeto del tributo, precisando que sólo serían admitidas si la propia ley, al establecer el elemento configurador del tributo, remitía al reglamento cierta regulación, siempre y cuando los parámetros estuviesen establecidos en la propia ley, como por ejemplo mediante la fijación de topes de la alícuota ”; que, en consecuencia, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Constitucional no resulta viable que la alícuota del tributo sea regulada mediante Decreto Supremo sin que los parámetros del mismo no estuviesen regulados por una norma con rango de ley, por lo cual corresponde desestimar el presente agravio. DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto al agravio contenido en el literal f) del tercer considerando se tiene que, sobre el particular cabe reiterar que el objeto de la litis en el presente proceso pasa por determinar si al emitirse el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento el Decreto Supremo N° 008-82-VI se cumplió con el Principio de Reserva de Ley, como se ha indicado precedentemente, siendo que el Tribunal Constitucional ha expresado puntualmente en el literal b. del Fundamento 13 de la STC Exp. N° 4899- 2007-PA/TC lo siguiente: “La clasificación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro marco constitucional.” (resaltado nuestro); que, en consecuencia la regulación de los recursos naturales como 11 es el caso del agua debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la Ley, no siendo admisible invocar la protección de los recursos naturales para soslayar el cumplimiento de los requisitos para el establecimiento de un tributo, de lo contrario se incurriría en un voluntarismo que afectaría gravemente la Constitución Política, el Principio de Seguridad Jurídica, el derecho de propiedad de los contribuyentes, entre otros, en base a ello no corresponde tampoco amparar este agravio. Por lo expuesto: CONFIRMARON la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, obrante de fojas 210 a 219, en el extremo que resolvió declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, la nulidad de las Resoluciones de Determinación N°s 240057600012364-2014/ESCE, 559828700012229-204/ESCE, y 637904000011920-2014/ESCE emitidas por SEDAPAL, en razón que no corresponde el pago de la tarifa de agua subterránea establecida por el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por el mes de julio de dos mil catorce, y ordena a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendente a S/.47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución; en los seguidos por UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y SEDAPAL, sobre nulidad de acto administrativo. LINARES SAN ROMÁN REYES RAMOS MÉNDEZ SUYÓN 12
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera Av. Nicolás de Piérola N° 608 –3er. Piso - Lima EXPEDIENTE : 13016-2015-0-1801-JR-CA-22 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA : NARVA MAYMA CINTHYA GIULIANA DEMANDANTE : UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS SAA DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL LITISCONSORTE : SEDAPAL RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE Lima, dieciocho de enero de dos mil diecisiete.- DADO CUENTA en la fecha al escrito de apelación y de subsanación del tres de enero de dos mil diecisiete presentado por SEDAPAL; Al Principal: TÉNGASE por interpuesta el recurso de Apelación contra la resolución DIEZ (sentencia). CONSIDERANDO: 1. Que, el recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución DIEZ, del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda. 2. Que, el recurso de apelación se debe fundamentar indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución materia de apelación, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, conforme a lo dispuesto por el Artículo 366° del Código Procesal Civil. 3. Que, la Resolución DIEZ (sentencia) fue notificada a SEDAPAL. el siete de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente, se advierte entonces, que los escritos de apelación que precede han sido interpuestos dentro del plazo establecido en el literal g) del numeral 28.2 del Artículo 28 del TUO de la Ley 27584, y cumple los requisitos señalados en el párrafo precedente; por lo que, conforme a lo previsto en el Artículo 368º, numeral 1) del Código Procesal Civil. SE RESUELVE: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación interpuesto, contra la Resolución DIEZ, del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis. En consecuencia, ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente resolución a quienes han consignado casilla electrónica, conforme a lo dispuesto en los artículos, 155-A, 155-C y 155-D del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ofíciese.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad Aduanera y Tributaria Av. Nicolas de Pérola N° 608 –3er. Piso - Lima EXPEDIENTE : 13016-2015-0-1801-JR-CA-22 MATÉRIA : TARIFA DE AGUA SUBTERRANEA ESPECIALISTA : NARVA MAYMA CINTHYA GIULIANA DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL LITISCONSORTE : SEDAPAL RESOLUCIÓN NUMERO ONCE Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. DADO CUENTA en la fecha, y proveyendo el escrito del catorce de noviembre de dos mil dieciséis presentado por SEDAPAL: TÉNGASE por interpuesto el recurso de apelación contra la resolución Número DIEZ (sentencia). CONSIDERANDO: 1. Que, el recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución Número DIEZ, del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda. 2. Que, conforme se desprende del segundo y tercer párrafo artículo 367° del Código Procesal Civil, el recurrente debe de acompañar al recurso de apelación la tasa procesal asignado a la apelación de sentencia y la tasa por derecho de notificación no obstante revisado el escrito se advierte que no se cumplió con el mandato. SE RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto, contra la Resolución Número DIEZ, del treinta y uno de octubre de dos mil dieciseis. Otorgando al recurrente un plazo de tres días hábiles para qué subsane la observación y haga efectivo la presentación de la tasa por el derecho de apelación de sentencia. Bajo apercibimiento de rechazar el recurso. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente resolución a quienes han consignado casilla electrónica, conforme a lo dispuesto en los artículos, 155-A, 155-C y 155-D del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Con Subespecialidad Tributaria y Aduanera Av. Nicolás de Pierola N° 608 (3er Piso). Lima EXPEDIENTE : 13016-2015-0-1801-JR-CA-22 MATERIA : TARIFA DE AGUA SUBTERRÁNEA ESPECIALISTA : LIZ MELISSA GOYZUETA MENESES DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL LITISCONSORTE : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Lima, treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.- Asunto Emitir pronunciamiento sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. contra el TRIBUNAL FISCAL, interviniendo como litisconsorte SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL pretendiendo que se declare la nulidad de la resolución emitida por el referido Tribunal y, en consecuencia, no se realice el pago de la tarifa de agua subterránea del mes de julio de dos mil catorce. I. VISTOS: Petitorio Resulta de autos que por escrito de demanda de folios dieciséis a treinta y cuatro, UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. interpone demanda contencioso administrativa contra el TRIBUNAL FISCAL, interviniendo como litisconsorte el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920- 2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce. En ese sentido, solicita no se realice el pago de la tarifa de agua subterránea por el 1 monto de S/. 17,552.65, S/. 103.86 y S/. 29,402.12 respectivamente, del mes de julio de dos mil catorce. Accesoriamente, solicita se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Trámite Mediante la resolución número Dos, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, se admite a trámite la demanda en vía del Procedimiento Especial, corriéndose traslado. El demandado y el litisconsorte contestan la demanda solicitando que se declare infundada respectivamente, conforme a los argumentos que en los correspondientes escritos se precisan. Luego se procede a sanear el proceso, fijándose los puntos controvertidos y, posteriormente, se recibe el Dictamen Fiscal respectivo en el que se opina que se declare fundada la demanda. II. CONSIDERANDO: Puntos controvertidos PRIMERO.- Que, los puntos controvertidos sobre los que se que se debe emitir pronunciamiento en la presente sentencia, son los siguientes: 1. Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce. 2. Determinar si corresponde declarar la nulidad de las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920- 2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea. 3. Determinar si corresponde realizar el pago de la tarifa de agua subterránea por el monto de S/. 17,552.65, S/. 103.86 y S/. 29,402.12 respectivamente, del mes de julio de dos mil catorce. 2 4. Determinar si corresponde ordenar a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Argumentos del demandante SEGUNDO.- Que, el demandante sustenta su pretensión señalando que: 1. El Tribunal Fiscal en forma incorrecta, mediante la Resolución N° 10277-5- 2015, declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta, omitiendo resolver el tema de fondo correspondiente al pago de la tarifa de agua subterránea por el monto de S/. 17,552.65, S/. 103.86 y S/. 29,402.12, contenidas en las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229- 2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364- 2014/ESCE respectivamente, basándose en que no puede analizar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI al no poder ejercer control difuso. 2. Asimismo, que las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229- 2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364- 2014/ESCE son Nulas, en vista que el Decreto Legislativo N° 148, como el Decreto Supremo N° 008-82-VI que le sirven de sustento, atentan contra el principio de reserva de ley. Argumentos del demandado y litisconsorte TERCERO.- Que, el Tribunal Fiscal argumenta en su defensa lo siguiente: 1. La Resolución N° 10277-5-2015 no incurre en causal de nulidad alguna, puesto que conforme a la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 04293-2012-PS/TC, el colegiado administrativo carece de facultades para ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las normas, la que compete a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por ende, el pago de la tarifa de aguas subterráneas, contenida en las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920- 2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE, no pueden ser vistas por el Colegiado administrativo. CUARTO.- Que, el litisconsorte SEDAPAL argumenta en su defensa lo siguiente: 1. No existe causal de nulidad en la Resolución N° 10277-5-2015 emitida por el Tribunal Fiscal, puesto que al amparo de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0493-2012-PA/TC, del 18 de marzo de dos mil catorce, el colegiado administrativo ya no puede realizar control difuso de la constitucionalidad de las normas, a pesar 3 haberse pronunciado anteriormente respecto al fondo del asunto, tal como lo alega la recurrente. 2. Asimismo, respecto a la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148, señala que no existen pruebas atribuibles que le quiten mérito al cobro por la explotación de las aguas subterráneas determinadas en las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920- 2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE puesto que la recurrente viene aprovechándose en el uso y disfrute de los recursos hídricos, que dan lugar como contraprestación, a una retribución económica. Análisis QUINTO.- Que, con relación a lo demandado, en principio cabe señalar que el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce. SEXTO.- Que, examinado los autos se observa los siguientes HECHOS: 1. El 15 de diciembre de 1980, mediante la Ley N° 23230, se autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley de Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas N° 15260, siempre que previamente se dé cuenta al Congreso de la República. 2. El 12 de junio de 1981, el Poder Ejecutivo al amparo de la Ley N° 23230, emitió el Decreto Legislativo N° 148, donde se establecía que las tarifas de agua subterránea iban a ser aprobadas por Decreto Supremo y que la Empresa de Saneamiento (ahora SEDAPAL) era la entidad encargada de controlar el manejo de aguas subterráneas y de imponer las sanciones correspondientes. 3. El 04 de marzo de 1982, se emitió el Decreto Supremo N° 008-82-VI, norma reglamentaria del Decreto Legislativo N° 148°, que establecía que toda persona natural o jurídica que utilice el agua extraída mediante pozos tubulares debía abonar al Estado un monto equivalente al 20% de la tarifa de agua mensual establecida por SEDAPAL, consignada en los recibos mensuales. 4. El 08 de agosto de 2014, el litisconsorte procedió a notificar al recurrente las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE, 4 referente a la tarifa de aguas subterráneas del mes de julio de 2014, por el monto de S/. 17,552.65, S/. 103.86, S/. 29,402.12, respectivamente. 5. El 19 de agosto de 2014, el recurrente interpuso recurso de apelación de puro de derecho contra de las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE, procediendo luego el litisconsorte a elevar el recurso impugnatorio. 6. Luego, el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 10277-5-2015 del 23 de octubre de 2015, declaró improcedente la apelación de puro derecho. SÉTIMO.- Que, como primer argumento el demandante señala que el Tribunal Fiscal en forma incorrecta, mediante la Resolución N° 10277-5-2015, declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta, omitiendo resolver el tema de fondo correspondiente al pago de la tarifa de agua subterránea por el monto de S/. 17,552.65, S/. 103.86 y S/. 29,402.12, contenidas en las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE respectivamente, basándose en que no puede analizar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI al no poder ejercer control difuso Al respecto, cabe señalar que en la sentencia del 14 de noviembre de 2005, emitida en el marco del Expediente N° 03741-2004-AA/TC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el veinticuatro de octubre de 2006, el Tribunal Constitucional estableció que: “todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional (…)”. No obstante, mediante sentencia aclaratoria recaída en el mismo expediente, el Tribunal Constitucional señala que: “excepcionalmente el control difuso administrativo procede de oficio cuando se trate de la aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (…)”. Sin embargo, mediante la sentencia del 18 de marzo de 2014, recaída en el Expediente N° 04293-2012PA/TC, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el mencionado precedente vinculante contenido en la sentencia correspondiente al Expediente N° 03741-2004-AA/TC, señalando lo siguiente: “que dicho precedente desnaturalizaba una competencia otorgada por la Constitución al extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional, en consecuencia, en ningún caso, los tribunales administrativos tienen la competencia, facultad o potestad de ejercer tal atribución (…)”. Teniendo en cuenta lo expuesto, de acuerdo a la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la Resolución N° 11480-10-2015 emitida por el Tribunal 5 Fiscal el veinticuatro de noviembre del dos mil quince, se encuentra conforme al ordenamiento jurídico. Atendiendo al considerando expuesto, no corresponde amparar el argumento expuesto por el demandante. OCTAVO.- Que, como segundo argumento el demandante señala que las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE son Nulas, en vista que el Decreto Legislativo N° 148, como el Decreto Supremo N° 008-82-VI que le sirven de sustento, atentan contra el principio de reserva de ley. Al respecto, es preciso indicar que el artículo 74° de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las Leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”. Nótese de lo antes expuesto que los tributos sólo pueden ser creados, modificados o derogados por Ley o por Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades, evidenciándose además que ninguna Ley de Presupuesto puede contener normas sobre materia tributaria, y que toda norma tributaria que constituya una clara violación a lo dispuesto en el articulo antes citado, no surte efecto alguno. NOVENO.- Que, bajo ese contexto, por Ley N° 23230, de fecha quince de diciembre de 1980 se autoriza al Poder Ejecutivo para que dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; siempre que previamente se dé cuenta al Congreso de la República. Al amparo de dicha autorización, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 148, donde se establecía que las tarifas de agua subterránea iban a ser aprobadas por Decreto Supremo y que la Empresa SEDAPAL era la entidad encargada de controlar el manejo de las aguas subterráneas y de imponer las sanciones correspondientes. Es así que, el cuatro de marzo de 1982, en cumplimiento de la disposición contenida en el Decreto Legislativo N° 148, se emite el Decreto Supremo N° 6 008-82-VI, el cual en su artículo 1° establecía que toda persona natural o jurídica que utilice el agua extraída mediante pozos tubulares debía abonar al Estado un monto equivalente al 20% de la tarifa de agua mensual establecida por SEDAPAL, disponiendo además que la referida entidad debía consignar en los recibos mensuales la tarifa por aguas subterráneas - Decreto Legislativo N° 148. DÉCIMO.- Que, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que la Ley N° 23230 no otorgó facultades al Poder Ejecutivo para crear tributos, por el contrario, con la referida Ley sólo se le otorgaba facultades para dictar Decretos Legislativos en materia tributaria siempre que dichas normas cuenten con la aprobación total del Congreso de la República, sin precisar de manera expresa y formal que tenían la facultad de crear tributos, razón por la cual los dispositivos legales contenidos tanto en el Decreto Legislativo N° 148 como en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al haber creado un tributo como la tarifa por uso de aguas subterráneas, y haber sido emitidos en supuesta aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 23230, resultan contrarios a la Constitución Política del Perú, que en materia de legislación delegada presupone que las normas y medidas que se establezcan deben estar circunscritas al ámbito y a las competencias especificas precisadas en la norma que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo1. Como puede observarse, el Poder Ejecutivo en base a aquella genérica delegación de facultades, excedió los límites de su encargo, asumiendo de manera plena potestad legislativa para crear tributos, potestad que por mandato constitucional (artículo 74 de la Constitución) corresponde al Poder Legislativo, vulnerado de este modo el principio de reserva de ley. En ese línea de análisis cabe puntualizar además que, el Decreto Supremo N° 008-82-VI vulnera frontalmente el principio de reserva de ley, pues pese a no tener la condición de una norma de rango de ley, establece los elementos esenciales del tributo denominado tarifa de agua subterránea como son: el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base de cálculo, la alícuota y la actividad gravada. En ese sentido, corresponde que el actor solicite la nulidad de la Resolución materia de impugnación, en vista que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, son normas por las cuales el Poder Ejecutivo creó tributos sin tener la autorización formal y expresa del Congreso de la República, y fijando los elementos fundamentales del tributo a través de una norma que no tiene rango de ley tales hechos constituyen una clara vulneración del ordenamiento constitucional conforme lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos. Al respecto, corresponde precisar que el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 4899-2007-PA/TC (fundamentos 8 y 1 Constitución Política del Perú: Artículo 104.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. 7 23)2 y N°1837-2009-PA/TC (fundamento 21)3, ha considerado que la tarifa de agua subterránea es un tributo cuya inconstitucionalidad es notoria e irrefutable, toda vez que con dicha disposición el Poder Ejecutivo ha pretendido asumir de manera total la potestad legislativa en materia tributaria que le es inherente al Poder Legislativo verificándose con ello una clara violación al principio de reserva de la Ley. Atendiendo a los considerandos expuestos, corresponde amparar el argumento expuesto por el demandante DÉCIMO PRIMERO.- Que, como pretensión accesoria, solicita se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Al respecto, cabe señalar que habiéndose estimado la pretensión principal en el sentido que el demandante no debe pagar la tarifa de agua subterránea, corresponde amparar la pretensión accesoria, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 87° del Código Procesal Civil. Conclusiones DÉCIMO SEGUNDO.- Que, de los considerandos precedentes ha quedado demostrado que el Tribunal Fiscal no tiene competencia para realizar control difuso de la constitucionalidad de las normas. A su vez, ha quedado demostrado que SEDAPAL efectuó el cobro por el uso de agua subterránea al recurrente, tomando como sustento las disposiciones legales contenidas en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-V I, normas que constituyen una clara vulneración de la Constitución pues con ellas el Poder Ejecutivo creó un tributo sin tener la autorización formal y expresa del Congreso de la República 2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC: “8. A nuestro juicio, es indiscutible que 1 tarifa de agua subterránea" es de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74° de la Constitución, dicho cobro está sometido a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, como lo son los de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva y respeto a los derechos fundamentales. (…) 23. En conclusión, la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En este sentido, habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del Decreto Legislativo N° 148, es menester concluir que la pretensión de los derechos constitucionales de los actores debe retrotraerse a la fecha del inicio de su vulneración”. 3 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01837-2009-PA/TC: “21. En conclusión, la inconstitucionalidad de la Tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. En este sentido, habiéndose establecido que la infracción del principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del Decreto Legislativo Nº 148, es menester concluir que la pretensión de los derechos constitucionales de los actores deben retrotraerse a la fecha del inicio de su vulneración”. 8 para crear tributos, excediendo los límites de la delegación legislativa que se le otorgó, vulnerando de ese modo el principio de reserva de Ley. Asimismo, ha quedado demostrado que el artículo 50° del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, impide el ordenar la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Siendo ello así, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920- 2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce, no incurre en la causal de nulidad prevista y sancionada por el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley el Procedimiento Administrativo General. DÉCIMO TERCERO.- Que, atendiendo a todo lo expuesto se tiene que: 1. La Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce, NO ES NULA, en consecuencia, mantiene su plena validez y efectividad. 2. Las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea, SON NULAS, en consecuencia, carecen de efectos. 3. No corresponde el pago de la tarifa de agua subterránea establecida por el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por el mes de julio de dos mil catorce. 4. Corresponde ordenar a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Por tales consideraciones, administrando Justicia a nombre de la Nación, en base al ordenamiento constitucional y legal aplicable, el señor Juez del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima: III. FALLA: 9 Declarando: FUNDADA EN PARTE la demanda de folios dieciséis a treinta y cuatro. En consecuencia: (i) La Resolución del Tribunal Fiscal N° 10277-5-2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil catorce, NO ES NULA, en consecuencia, mantiene su plena validez y efectividad. (ii) Las Resoluciones de Determinación Nº 559828700012229-2014/ESCE, N° 637904000011920-2014/ESCE y Nº 240057600012364-2014/ESCE emitidas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, que exigen el pago de la tarifa de agua subterránea, SON NULAS, en consecuencia, carecen de efectos. (iii) No corresponde el pago de la tarifa de agua subterránea establecida por el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por el mes de julio de dos mil catorce. (iv) Corresponde ordenar a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados ascendentes a S/. 47,058.63 más intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución. Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, REMÍTASE al archivo para su custodia definitiva. Notifíquese.- 10
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE Nº : 13017-2015 DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL Y SEDAPAL MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Resolución número VEINTIDOS.- Lima, quince de febrero de dos mil diecisiete.- SUMILLA: La Resolución del Tribunal Fiscal N° 10416-7- 2015 es nula porque contiene una decisión inhibitoria sustentada en la ausencia de la facultad de control difuso, la cual en el caso en concreto no es necesario ejercer en tanto la constitucionalidad de las normas que motivaron la expedición de las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345- 2011/ESCE, es un asunto resuelto por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que resulta de obligatorio cumplimiento para la Administración. El Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, transgreden el principio tributario de reserva de ley, en tanto se expidieron en base a la Ley N° 23230 que, aún cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos; no obstante los elementos esenciales del tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, fueron establecidos en el citado reglamento, pese a que el citado decreto legislativo no predeterminó los lineamientos básicos para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, el cual en el caso concreto de autos, no fue cumplido. En consecuencia, las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345- 2011/ESCE que se sustentaron en esas normas adolecen, igualmente, de nulidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1) del Artículo 10° de la Ley N° 27444. VISTOS: Con la constancia de vista de la causa que antecede, y el expediente administrativo que se acompaña; interviniendo como ponente la señora Hasembank Armas. Es materia de grado la sentencia emitida mediante Resolución Nº 11, de fecha 25 de mayo del 2016, de la página 134, que declara fundada en parte la demanda respecto a la pretensión de nulidad de las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107- 2011/ESCE y 559828700009345-2011/ESCE, e infundada por el extremo referido a la pretensión de nulidad de la RTF N° 10416-7-2015. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: Página 1 de 9 SEDAPAL.- Mediante escrito de la página 162 apela la sentencia sosteniendo que no se ha sujetado al mérito de lo actuado y al derecho por lo siguiente: i) el A quo no ha considerado que las normas cuestionadas (Decreto legislativo N° 148 y su reglamento), no adolecen de inconstitucionalidad, por el contrario, su aplicación se sujeta a lo prescrito en la Constitución Política del Perú, pues SEDAPAL procedió conforme a las disposiciones legales vigentes y lo que pretende la demandante es obtener la inaplicación de la norma que creó el tributo que grava la extracción de agua subterránea con fines industriales, así como la exención de la obligación del pago por el derecho a usar un bien público pese a que reconoce que lo usa u aprovecha, por lo que mal la sentencia declara indebidamente la nulidad de las resoluciones de determinación cuestionadas; ii) arbitrariamente y sin exponer los fundamentos de su decisión el A quo no solo ordena la restitución de lo que habría pagado la demandante por extracción de agua subterránea, sino que lo premia sin sustento jurídico con el pago de los intereses legales, sin determinar bajo que supuesto jurídico se encuentra la imposición de este concepto En tal sentido, la sentencia apelada adolece de nulidad insubsanable en razón de que no satisface plena y cabalmente lo dispuesto en el inciso 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, porque aun cuando se trata de una pretensión accesoria debe tener correlato en la ley, lo que no se ha determinado en autos. UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.- Mediante escrito de la página 200 apela la sentencia sosteniendo que no se ha sujetado al mérito de lo actuado y al derecho por lo siguiente: i) el Tribunal Fiscal y el Juzgado omiten realizar el análisis de lo dispuesto en el Artículo 74° de la Constitución Política que expresamente regula el principio de reserva de ley, en virtud del cual solo mediante una Ley se puede crear, modificar, derogar o exonerar tributos, así como de lo previsto en el Artículo 102° del TUO del Código Tributario; ii) el Tribunal Fiscal debió realizar el análisis de las normas antes citadas a efecto de determinar a procedencia o no de la apelación de puro derecho interpuesta por la demandante conforme a lo dispuesto en los artículos 3° y 6° de la LPAG que r egula la obligación a Página 2 de 9 cargo de la administración pública de motivar los actos administrativos que emite en observancia de la garantía del debido procedimiento y como expresión de la legalidad del mismo; por el contrario, se emite una resolución inhibitoria que ha sido declarada válida por el juez de primera instancia contraviniendo el debido proceso al dar por valida una resolución que no se encuentra debidamente motivada. FUNDAMENTOS: PRIMERO.- El demandante Unión Andina de Cementos S.A.A. postula como pretensión principal, que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10416-7-2015 y como pretensión accesoria, se ordene a SEDAPAL la devolución de los montos indebidamente pagados mas intereses devengados hasta la fecha efectiva de devolución, como consecuencia de la emisión de las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345-2011/ESCE. La pretensión se funda en que la RTF es nula porque el Tribunal Fiscal no se pronunció sobre el fondo del asunto al invocar que no tenía competencia para ejercer el control difuso, conforme a lo establecido en la STC N° 04293-2012-PA/TC, pese a que es un órgano resolutivo que no puede dejar de aplicar las normas legales. Por su parte, las Resoluciones de Determinación también impugnadas adolecen, igualmente, de nulidad porque contradicen lo establecido en el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú y la Norma IV del Código Tributario vulnerando los principios de legalidad y reserva tributaria. Validez de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10416-7-2015 SEGUNDO.- Por la citada RTF el Tribunal Fiscal declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Unión Andina de Cementos S.A.A., fundándose en la STC N° 04293-2012-PA/TC, por la cual el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC N° 03741-2004-AA/TC y estableció que la Administración carecía de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148, que regula la Tarifa por Uso de Agua Página 3 de 9 Subterránea, así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicho tributo. TERCERO.- Sin embargo, la tarifa para el aprovechamiento de aguas subterráneas regulada por el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, ha sido objeto de análisis constitucional por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, entre otras, estableciendo que esa regulación incurre en vicio de inconstitucionalidad, por lo que dispuso su inaplicación. CUARTO.- Por consiguiente, la adopción de una decisión de fondo por parte del Tribunal Fiscal en casos donde se discute la tarifa de agua subterránea no supone el ejercicio del control difuso sobre las mencionadas normas legales, sino únicamente el examen orientado a establecer su constitucionalidad con arreglo a lo ya establecido sobre el particular por el Tribunal Constitucional, que conforme a lo establecido en el Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional1, vincula no solo a los jueces sino a la Administración Pública. QUINTO.- En esa línea, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10416-7-2015 adolece de nulidad porque contiene una decisión inhibitoria sustentada en la ausencia de una facultad que, en el caso en concreto, no es necesario ejercer en tanto la constitucionalidad de las normas que motivaron la expedición de las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107- 2011/ESCE y 559828700009345-2011/ESCE, es un asunto resuelto por el Tribunal Constitucional mediante criterio que resulta de obligatorio cumplimiento para la Administración. En consecuencia, corresponde declarar nula la RTF cuestionada a tenor de lo dispuesto por el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley General de Procedimiento Administrativo, lo que no significa el reenvío del expediente administrativo sino un pronunciamiento previo que permite pasar a analizar 1 “” (…) Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación e los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.(…)” Página 4 de 9 la nulidad, a su vez, de las citadas resoluciones de determinación, cuya declaración de invalidez motiva la alzada. Validez de las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107- 2011/ESCE y 559828700009345-2011/ESCE. SEXTO.- En este punto la controversia se centra en determinar si el Decreto Legislativo N° 148° y su Reglamento aprobado por D ecreto Supremo N° 008-82-VI, que sustentan la resolución del rubro, transgreden los principios constitucionales contenidos en el Artículo 74° de la Constitución Política, conforme al cual el Estado tiene la potestad de crear, modificar o derogar tributos y otorgar exoneraciones, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades; cuyo ejercicio debe darse con respeto a los principios de reserva de la ley, igualdad, no confiscatoriedad y a los derechos fundamentales de la persona. SÉTIMO.- El Artículo 66° de la Constitución Política establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y el Artículo 3° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica p ara el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, define el recurso natural como todo aquel componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Según los Artículos 19° y 20° de la citada ley, los derechos para su ap rovechamiento se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada uno y en cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, los frutos y productos, en tanto no haya sido concedido por algún título a los particulares, dando lugar su aprovechamiento a una retribución pecuniaria determinada por criterios económicos, sociales y ambientales. OCTAVO.- Tratándose de las tarifas establecidas para el aprovechamiento de aguas subterráneas reguladas por el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC ha señalado que la misma es de naturaleza tributaria y, en virtud a ello, su cobro está sometido a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen Página 5 de 9 tributario, como son los de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los derechos fundamentales. NOVENO.- El principio tributario de reserva de ley se vincula al principio de legalidad; ambos dan lugar a la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario conforme a la cual la creación, modificación, derogación o exoneración de tributos debe ser determinada por ley, que debe prever los elementos esenciales (material, personal, temporal y espacial) del tributo; señalando, además, la competencia de los órganos encargados de determinarlos. En la sentencia del Expediente 0042-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional precisó que el principio de reserva de ley en materia tributaria implica una determinación constitucional que impone la regulación por ley de ciertas materias, con sujeción al principio de supremacía constitucional; en tanto que el principio de legalidad, impone la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes. El mismo órgano constitucional al dictar la STC N° 02762-2002-AA/TC sostuvo que la reserva de ley supone la determinación por ley o norma habilitada, de los elementos esenciales y determinantes para reconocer un tributo, pudiendo todo lo adicional ser delegado a la norma reglamentaria de manera complementaria, nunca de manera independiente2. La remisión reglamentaria es excepcional3, se da cuando la misma ley establece parámetros y límites de su actuación, la razonabilidad así lo justifique y se haya superado el análisis de proporcionalidad, es decir, cuando la referida remisión quede sustentada como una medida necesaria e ineludible; sin embargo, en ninguno de esos casos podrá aceptarse la deslegalización de 2 “10. La reserva de ley, en su extensión horizontal, atiende a la delimitación del alcance dejado al reglamento, y en su sentido vertical, al contenido material que debe recoger la ley de remisión. (Tornos Más, Joaquín, La relación entre la ley y el Reglamento. En: Revista de Administración Pública. 100-102. Año 1993. Madrid, Pág. 471-507)” 3 GAMBA VALEGA: “La reserva de ley no excluye la posibilidad de que la Administración pueda intervenir en el procedimiento de los elementos cubiertos por el principio de reserva de ley mediante su potestad reglamentaria. En tal medida, la ley no necesariamente debe agorar la regulación de los elementos esenciales del tributo, sino que la predeterminación adecuada, que garantice un control suficiente intenso de la actuación administrativa, puede venir determinada en el régimen de colaboración entre la ley y el reglamento. Ello, sin embargo, no obsta para que la Ley deba contener los parámetros, criterios, directrices y límites suficientes dentro de los cuales ha de actuar el reglamento, pues de otro modo se estaría vaciando de contenido el mandato constitucional”. La extinción de la reserva de ley en el ámbito tributario. Revista Análisis Tributario, Junio 2004. pp. 22-23. Página 6 de 9 la materia tributaria, pues esta significaría la entrega abierta al Ejecutivo de facultades para determinarla4. De lo anterior se infiere que el principio de reserva de ley obliga positivamente al Estado, a través del Congreso de la República, a legislar la materia tributaria con la suficiencia necesaria para controlar adecuadamente la decisión administrativa emitida en base a normas habilitantes o reglamentarias; cuidando que éstas no cedan al Poder Ejecutivo la determinación de los elementos esenciales de un tributo. DÉCIMO.- Bajo ese contexto, se tiene que por Ley N° 23230, publicada el 16 de diciembre de 1980, se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre legislación tributaria, entre otras materias. En ejercicio de esa delegación se expidió el Decreto Legislativo N° 148, publicado el 15 de julio de 1981, por medio del cual se creó la tarifa de agua subterránea con fines poblacionales e industriales, para la circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, precisando en Artículo 1° que la misma será regulada por decreto supremo, lo que en el caso concreto se plasmó en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fue el que estableció los elementos del tributo para tal aprovechamiento. UNDÉCIMO.- El Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento transgreden el principio de reserva de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, aún cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos. Es más, se observa que los elementos esenciales y determinantes del tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en el Decreto Supremo N° 008-82-VI sin que el Decreto Legislativo N° 148 hubiera predeterminado los lineamientos de carácter básico para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, ya que su contenido no delimita ni fija la adecuada actuación de la Administración para regular la materia cuestionada en autos. El Tribunal 4 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02762-2001-AA/TC. Página 7 de 9 Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha concluido que la tarifa es inconstitucional, al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base imponible y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, afectándose el principio de reserva de ley. En consecuencia, la codemandada SEDAPAL al expedir las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345- 2011/ESCE, por la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al mes de junio de 2011, fundándose en las citadas disposiciones legal y reglamentaria, no se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional había ya establecido sobre su inconstitucionalidad en los expedientes N° 4899-2007- PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC, entre otros. DUODÉCIMO.- Por las consideraciones antes expuestas debe desestimarse los agravios expuestos en los recursos y confirmarse la sentencia que declara fundada la demanda por la nulidad de las Resoluciones de Determinación citadas, pues de acuerdo a lo precedentemente expuesto al expedirse estas resoluciones se incurrió en vicio que conforme al numeral 1) del Artículo 10° de la Ley N° 27444 acarrea la decl aración de su nulidad; debiéndose anular la propia sentencia en cuanto desestima la demanda por la nulidad de la RTF, extremo que, igualmente, debe ampararse. Por estos fundamentos y de conformidad en parte con el dictamen de la página 224 los señores jueces superiores de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima: CONFIRMAN la sentencia emitida mediante Resolución Nº 11, de fecha 25 de mayo del 2016, de la página 134, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia NULAS las Resoluciones de Determinación N° 240057600009107-2011/ESCE y 559828700009345-2011/ESCE, emitidas por la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente al mes de junio de 2011 y ordena que SEDAPAL cumpla con disponer la devolución a favor de la demandante de los montos indebidos ordenados en la referidas Página 8 de 9 resoluciones de determinación, más los intereses legales que correspondan a la fecha efectiva de devolución, dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente conforme a lo establecido por el inciso 4 del Artículo 41° del TUO de la Ley N° 27584, aproba do por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. NULA la propia sentencia, en el extremo que declara infundada la demanda de nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10416-7-2015 y, emitiéndose pronunciamiento de plena jurisdicción, declaran la NULIDAD de este acto administrativo y, consiguientemente, FUNDADA la demanda en todos sus extremos. En los seguidos por Unión Andina de Cementos S.A.A. UNACEM S.A.A., contra el Tribunal Fiscal y SEDAPAL, sobre nulidad de resolución administrativa. ODRÍA ODRÍA LÉVANO VERGARA HASEMBANK ARMAS MIHA/mla. Página 9 de 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	20° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TRIBUTARIA Y ADUANERA EXPEDIENTE : 13017-2015-0-1801-JR-CA-20 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : MAMANI TICONA, JAVIER DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL, : SEDAPAL. DEMANDANTE : UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA UNACEM SAA. RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE Lima, diez de junio Del año dos mil dieciséis.- Dado cuenta en la fecha. Al escrito ingresado bajo el registro número 61732 - 2016: Estando al Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia; Y ATENDIENDO.- PRIMERO: A que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior, examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que se anule o revoque total o parcialmente. SEGUNDO: A que, el que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentarlo su pretensión impugnatoria, conforme a lo prescrito en el artículo 366º del Código Procesal Civil. TERCERO: A que, el escrito de apelación ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el literal g) del artículo 28º del TUO de la Ley 27584, el mismo que cumple con los requisitos de procedibilidad que se precisa en el considerando precedente. CUARTO: Y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35° y 36º del referido TUO, concordante con lo prescrito por el artículo 364° y siguientes del Código Procesal Civil; CONCEDASE EL RECURSO DE APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO contra la sentencia emitida mediante Resolución número 11 de fecha 25 de mayo de 2016 que declara fundada en parte la demanda. ELEVENSE los presentes autos al Superior en Grado devueltos sean los cargos de notificación. NOTIFÍQUESE POR CASILLA ELECTRÓNICA.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sede “Cesar Augusto Mansilla Novella” EXPEDIENTE : 13068-2015-0-1801-JR-CA-09 MATÉRIA : IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : CAVIEDES LANGLE, CAROL N. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- DEMANDANTE : TRANSPORTES Y SERVICIOS CANADÁ S.A. RESOLUCIÓN N° NUEVE Lima, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- DANDO CUENTA en la fecha, proveyendo el ingreso de fecha 22 de enero de 2019: Téngase por recibido los autos, remitidos por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Colegiado que REVOCA la sentencia de fojas 71 a 76 que declaró fundada en parte la demanda; y REFORMÁNDOLA la declara IMPROCEDENTE. En consecuencia REMITASE los autos al Archivo Central de la Corte Superior de Lima para su conservación y custodia definitiva. NOTIFIQUESE.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE LLLLIIIIMMMMAAAA Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo EXPEDIENTE N° : 13068-2015 DEMANDANTE : Transportes y Service Canada S.A. DEMANDADO : Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN N° SEIS Lima, cinco de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTOS; Con el expediente administrativo que se tiene a la vista y de conformidad con el Dictamen del Ministerio Público, del Señor Fiscal Superior1; interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño Salinas: RESOLUCIÓN MATERIA DEL GRADO Es materia de apelación la Resolución Nº 07 (Sentencia) del 30 de noviembre del 2016, de folios 71, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00060733 y se ordena a la entidad emplazada: a) Cumplir en el plazo de 30 días con emitir el pronunciamiento de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente con fecha 6 de febrero de 2015 contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00320566 del 5 de setiembre de 2014, sin costas y costos del proceso; b) Informe en el plazo de 15 días el Procurador Público o el representante legal, los funcionarios responsables a quienes se le encomendó la 1 De folios 99 al 104. 1 efectivización del mandato, en aplicación del deber personal de cumplimiento de la sentencia; e Infundada en cuanto al Acta de Control C589059. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO El representante del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT interpone recurso de apelación del 12 de enero del 2017, de folios 85, exponiendo como agravios los siguientes: i. La fundamentación de las decisiones emitidas por la Administración pueden motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente. La Resolución de Gerencia impugnada se pronuncia respecto al documento que sirvió de sustento para declarar improcedente el recurso de apelación del administrado, esto es, el Acta de Control. ii. En las decisiones judiciales debe prevalecer el principio de Justicia, por tanto, es menester que sean bien motivadas y no se basen en presunciones que no cuentan con justificación. Se presume que al no encontrarse en el expediente administrativo el cargo de notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, no existe y bajo esa premisa se toma la decisión de declarar la nulidad. El cargo si existe y por un error causado por la gran carga de expedientes no fue remitido en su momento; no obstante cumplen con adjuntarlo. iii. La sentencia apelada les causa agravio, toda vez que violenta el derecho a un debido proceso y la correcta motivación; que se ha emitido pronunciamiento sobre la notificación de una Constancia de Imputación de Responsabilidad, creando una presunción que no está justificada. FUNDAMENTOS DE LA SALA PRIMERO: El artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero 2 legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez superior tiene la facultad de revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de Primera Instancia. SEGUNDO: La cuestión controversial materia del presente proceso radica en determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00060733 del 01 de junio 2015, que declara Improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por Transportes y Service Canadá S.A. contra la Resolución de Sanción N° 17605600320566, que la sanciona por la comisión de la infracción con Código N- 67 consistente en: “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados". TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS señala: “Artículo 20.- Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.”; y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Artículo 212.- Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. Morón, J desarrolla: " El acto administrativo firme es aquel que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso administrativo o contencioso administrativo, al haberse extinguido los plazos fugaces para ejercer el derecho de contradicción. (…) Vencidos estos plazos, sin presentar recursos o habiéndolos presentados en forma incorrecta sin subsanarlos, el administrado queda sujeto a estos actos, sin poder alegar petitorios, reclamaciones o instrumentos procesales análogos. (…) La firmeza del acto no es erga omnes, sino en función del administrado que deja transcurrir los plazos."2 2 Morón, J. Los Actos Administrativos en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General". Revista Derecho & Sociedad 17. P. 251,252. Recuperado de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/16889/17195 3 Cabe agregar lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la STC N° 1417-2005- AA/TC3, en el sentido que en el proceso contencioso administrativo resulta exigible el agotamiento de la vía previa, lo que habilita para presentar la demanda contencioso administrativa. CUARTO: Absolviendo los agravios expresados por el SAT en su recurso de apelación, se advierte de la revisión del expediente administrativo, que mediante Acta de Control N° C589059 del 15 de abril del 2014, el Inspector de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima intervino el vehículo de Placa de Rodaje Y1K-795, constatando presuntamente que el conductor incurrió en la infracción con Código Nº N-67 contemplada en la Ordenanza Nº 1599, consistente en: “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados", al cual se acompaña la toma fotográfica del vehículo mencionado, a folios 50. Con Resolución de Sanción Nº 17605600320566 del 5 de setiembre de 2014, se sanciona a la empresa demandante. No conforme interpone recurso de apelación del 06 de febrero de 2015, por lo que la entidad demandada a través de la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00060733, del 01 de junio de 2015, de folios 47, lo desestima, por extemporáneo; precisando que el plazo para formularlo era de quince días, conforme a lo prescrito en el artículo 95.2 de la Ordenanza N° 1599 MML, teniendo como fecha máxima de presentación el 06 de octubre de 2014. QUINTO: El Juez de Primera instancia declara fundada en parte la demanda argumentando básicamente lo siguiente: " 9. (…) estando a que la entidad emplazada señalar haber realizado la notificación de la Resolución N° 17605600320566 (fs.6), para ello debió aplicar lo 3 Fundamento 52. Por ende, en los supuestos en los que se pretenda la estimación en juicio de pretensiones que no se encuentren relacionadas con el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, los justiciables deberán acudir el proceso contencioso administrativo a efectos de dilucidar el asunto controvertido. En tal perspectiva, el artículo 3º de la Ley Nº 27584 establece, de conformidad con el principio de exclusividad, lo siguiente: pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”, es decir, salvo en los casos en los que la actuación (u omisión) de la Administración Pública genere la afectación del contenido directamente protegido por un derecho constitucional. Fundamento 56. Por el contrario, los expedientes de amparo en los que no sea posible verificar si la Administración se ha o no ratificado en torno a la supuesta validez del acto considerado atentatorio de los derechos previsionales que no configuran el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, no serán remitidos al Juez del contencioso administrativo, pues dado que en estos supuestos es plenamente exigible el agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo 18º de la Ley N.º 27584, los recurrentes deberán agotarla para encontrarse habilitados a presentar la demanda contencioso administrativa. 4 dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (…) sin embargo, en el expediente no obra Cargo de Notificación de la Resolución de Sanción (…) por lo que, no se acredita haber sido notificada conforme la normativa correspondiente (…), siendo que el Reporte Histórico de Papeleta (…) no suple al Cargo de Notificación (…)". Si bien es cierto, el cargo de notificación de la Resolución de Sanción N° 17605600320566, no aparece inserto en el expediente administrativo y que el Reporte Histórico de Papeleta, de folios 48, no lo reemplaza; también lo es que de este último se desprende que con fecha 15 de setiembre del 2014 se efectuó el acto de notificación, lo que hace presumir la existencia del respectivo cargo; máxime si la actora al interponer el recurso administrativo de apelación hace mención que lo plantea "dentro del término de ley", sin hacer ningún cuestionamiento a las formalidades del acto. SEXTO: El artículo 188 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, dice: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.”; y el artículo 29 de la Ley N° 27584 : “Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.”, en tal virtud, ante la omisión por parte del SAT de agregar al expediente el cargo de notificación de la Resolución de Sanción N° 17605600320566, correspondía al Juez de Primera Instancia, para mejor resolver, requerir su presentación a fin de verificar plenamente la oportunidad o extemporaneidad del recurso administrativo de apelación; y de ese modo expedir sentencia de mérito debidamente fundamentada. No obstante, es de señalar que el SAT en el expediente principal ha adjuntado al recurso de apelación copia del Cargo de Notificación N° 280-084-06505026 (página 84) dirigida a la empresa Transportes y Service Canadá S.A. observándose que la resolución de sanción acotada fue recibida el 15 de setiembre del 2014, según sello de recepción puesto; por tanto a la fecha de presentación del recurso administrativo de apelación contra ella, el 6 de febrero del 2015, resulta manifiesta su extemporaneidad, dado que conforme al artículo 95.2 de la Ordenanza N° 1599-MML el plazo para su interposición es de 5 15 días hábiles; por lo que su improcedencia se encuentra arreglada a ley; en consecuencia al haber quedado firme resolución de sanción la empresa demandante no cumplió con agotar válidamente la vía administrativa, incurriéndose en causal de improcedencia de la demanda, prevista en el numeral 3) del artículo 23 del T.U.O de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Por tales motivos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley. DECISIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución N° 07 (Sentencia), del 30 de noviembre del 2016, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00060733 y se ordena a la entidad emplazada: a) Cumplir en el plazo de 30 días con emitir el pronunciamiento de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente con fecha 6 de febrero de 2015 contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00320566 del 5 de setiembre de 2014, sin costas y costos del proceso; b) Informe en el plazo de 15 días el Procurador Público o el representante legal, los funcionarios responsables a quienes se le encomendó la efectivización del mandato, en aplicación del deber personal de cumplimiento de la sentencia; e Infundada en cuanto al Acta de Control C589059; y REFORMÁNDOLA declaran IMPROCEDENTE la demanda. En los seguidos por la empresa Transportes y Service Canadá S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT sobre acción contencioso administrativa.- Notifíquese y Devuélvase.- BELTRÁN PACHECO CARRASCO ALARCÓN TUPIÑO SALINAS MPTS/Jmvv 6
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: PORTELLA VALVERDE ERICK WILBERT Fecha: 30/11/2016 17:03:49 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Corte Superior de Justicia de Lima Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sede “Cesar Augusto Mansilla Novella” CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: MANCO ARIAS, CINDY EXPEDIENTE : 13068-2015-0-1801-JR-CA-09 LISSETTE Fecha: 30/11/2016 17:34:05 MATERIA : IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA ESPECIALISTA : MANCO ARIAS, CINDY L. FIRMA DIGITAL DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- DEMANDANTE : TRANSPORTES Y SERVICE CANADA S.A. SENTENCIA RESOLUCIÓN N.° SIETE Lima, treinta de noviembre de dos mil dieciséis.- Asunto Emitir pronunciamiento sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por TRANSPORTES Y SERVICE CANADA S.A. contra la SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -Sat- pretendiendo que se declaren nulos los actos administrativos emitidos por ésta entidad. I.- VISTOS Petitorio 1. Resulta de autos que por escrito de fs. 14-21, la empresa recurrente interpone demanda contencioso administrativa solicitando como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158- 00060733 del 1 de junio de 2015, y como pretensión accesoria, se cancele los gravámenes derivadas del Acta de Control 589059 del 15 de abril de 2014. 2. La empresa recurrente fundamenta la demanda interpuesta en los argumentos siguientes: a. La resolución debatida pretende convalidar un hecho falso insertado por el Inspector Municipal en el Acta de Control 589059, dado que si hubiera existido una oposición a entregar los documentos, debió solicitar el apoyo de un efectivo policial según su Manual de Intervención, hecho que no sucedió; b. La entidad emplazada manifiesta maliciosamente que el recurso de apelación fue presentado extemporáneamente, cuando lo real es que la notificación de la resolución de sanción fue dejada bajo puerta el 29 de enero de 2015. Argumentos de la entidad demandada 3. La entidad emplazada por escrito de fs. 29-31, subsanado a fs. 37-38, contesta la demanda, solicitando se declare infundada bajo los argumentos siguientes: a. La resolución de sanción fue notificada el 15 de setiembre de 2014 por lo que el recurrente tenia hasta el 6 de octubre de 2014 para presentar el recurso de apelación, sin embargo, lo presentó el 6 de febrero de 2015; Página 1 de 5 b. El recurrente no interpuso ningún medio impugnatorio en su oportunidad motivo por el cual perdi{o todo derecho de accionen vía administrativo y en vía judciial. Saneamiento y fijación de puntos controvertidos 4. Por Resolución N.° CUATRO (fs. 61-62), se declaró saneado el proceso, fijándose como punto controvertido: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00060733 de fecha 1 de junio de 2015. 5. Por fs. 66-71 se recibió el Dictamen Fiscal respectivo. II.- CONSIDERACIONES 1. El artículo 148 de la Constitución Política del Estado, dispone que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 2. De conformidad con el artículo 1 de la Ley que regula el Proceso contencioso Administrativo, Ley N.° 27584, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 3. Acorde con los numerales 1) y 2) del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere su artículo 14. Cabe precisar que, la Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general (acorde al Articulo III de su Titulo Preliminar). 4. De la revisión del expediente administrativo1 aportado se aprecia que: a. Por Acta de Control N.° C589059 del 15 de abril de 2014 (fs. 49), se dejó constancia de la Infracción N-67, con el vehículo de placa de rodaje Y1K795, no identificándose al intervenido; b. Por Resolución de Sanción N.° 176-056-00320566 del 5 de setiembre de 2014 (fs. 06), se impuso sanción a la empresa recurrente; c. El 6 de febrero de 2015 la empresa recurrente interpuso recurso de apelación (fs. 52-55); 1 “Se conoce como expediente administrativo al instrumento material sistemáticamente ordenado que acumula toda la actividad procedimental de un mismo asunto originada de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, comprendiendo documentos, notificaciones, copia de las publicaciones oficiales efectuadas, actas, escritos, resoluciones, etc., que sirven de fundamento a la decisión administrativa y evidencian las diligencias encaminadas a ejecutarla”, Juan Carlos Morón Urbina, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Editorial Gaceta Jurídica Octava Edición, Lima - Perú 2009, página 462. Página 2 de 5 d. En tal sentido, por Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N° 179-158-00060733 del 1 de junio de 2015 (fs. 47), se resolvió declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación, dando por agotada la vía administrativa. La notificación como garantía al derecho de defensa2 5. El derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. 6. Por su parte, el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que en el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, siendo que en caso el administrado se negara a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado, para ello se deberá dejar constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Aplicación al caso concreto 7. De los actuados, se aprecia que la resolución impugnada declara improcedente la apelación interpuesta por la empresa recurrente (fs. 52-55 del acompañado), por haberse presentado fuera del plazo (extemporáneo), por ello no emite pronunciamiento sobre los argumentos señalados en dicho escrito de apelación. Siendo ello así, corresponde verificar si la decisión (de declarar extemporáneo la apelación contra la sanción) emitida por la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00060733 (fs. 47), ha sido correctamente motivada y acreditada. 8. Según la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N.° 179-158- 00060733 (fs. 47), la Resolución de Sanción N° 17605300320566 fue notificada el 15 de setiembre de 2014, siendo el caso que, por el Oficio N.° 269-090-00024823 del 20 de junio de 2016 (fs. 60) la propia entidad emplazada señala que remite el expediente administrativo, por tanto, todas las actuaciones que se realizaron deben constar en el expediente aportado. 9. En el presente caso, estando que la entidad emplazada señalar haber realizado la notificación de la Resolución de Sanción N° 17605600320566 (fs. 06), para ello debió aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (como por ejemplo, acreditar la notificación en domicilio del administrado, consignar datos de la persona con quien se entendió la notificación, acta de segunda diligencia, acta de notificación bajo puerta o acta de negativa a suscribir el cargo, características del lugar, entre otros), sin embargo, en el expediente no obra Cargo de Notificación de la Resolución de Sanción N° 17605600320566, por lo que, no se acredita haber sido notificada conforme la 2 Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de enero de 2007 recaída en el Expediente N.° 06785-2006- AA/TC, publicada en su Página Web: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/06785-2006-AA.html Página 3 de 5 normativa correspondiente, conforme si lo realizó con la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N.° 179-157-00060733 (fs. 46), siendo que el Reporte Histórico de Papeleta (fs. 48) no suple al Cargo de Notificación, menos aun contiene las exigencias contempladas en el citado artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 10. En consecuencia, la decisión de la entidad emplazada expresada en la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N.° 179-158-00060733 (fs. 47), de declarar improcedente el recurso de apelación "por extemporáneo" fijando una fecha de notificación sin contar con el sustento debido en el expediente administrativo (cargo de notificación de la resolución apelada) resulta arbitrario, incumpliendo con ello el requisito de motivación, puesto que, debió fundamentarse mediante una relación concreta y directa con los hechos probados significativos del caso concreto3, esto es, con respecto a una notificación probada mediante el Cargo de Notificación, de este modo, la resolución cuestionada se encuentra incursa en causal de nulidad establecida en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, debiendo entonces la entidad emplazada emitir pronunciamiento de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente con fecha 6 de febrero de 2015 (fs. 52-55) contra la Resolución de Sanción N° 17605600320566 (fs. 086), estando que al no obrar cargo de notificación, su notificación surte efectos desde la fecha en que el recurrente a través del recurso administrativo manifestó expresamente tener conocimiento de ella4, desestimándose entonces lo concerniente a anular el Acta de Control C589059 del 15 de abril de 2014 (fs. 49), al deberse retrotraer el procedimiento administrativo. III.- FALLO: Declarando: i. FUNDADA EN PARTE la demanda de fs. catorce a veintiuno, en consecuencia, NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00060733 del 1 de junio de 2015, ordenándose a la entidad emplazada: i.a. Cumplir en el plazo de TREINTA (30) DIAS con emitir el pronunciamiento de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente con fecha 6 de febrero de 2015 contra la Resolución de Sanción N° 176-056- 00320566 del 5 de setiembre de 2014, sin costas y costos del proceso5; i.b. Informe en el plazo de QUINCE (15) DIAS el Procurador Público o el representante legal, los funcionarios responsables a quienes se le encomendó la efectivización del mandato judicial, en aplicación del deber personal de cumplimiento de sentencia; ii. INFUNDADA en cuanto al Acta de Control C589059 del 15 de abril de 2014; 3 Numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.- "La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". 4 Numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.- "La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario". 5 Acorde con el artículo 45 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. Página 4 de 5 iii. En aplicación de las facultades disciplinarias y coercitivas, así como en cumplimiento del artículo 122 del Código Civil y artículos 38 y 39 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, EN CASO DE INCUMPLIRSE el mandato judicial, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado, se dispondrá: ii.a Remitirse copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Publico a fin que actué según sus atribuciones autónomas; y/o, ii.b Imposición de multas compulsivas y progresivas; y/o, ii.c A la Unidad encargada de Procesos Disciplinarios, o quien haga sus veces, inicie el respectivo procedimiento administrativo disciplinario contra los responsables del incumplimiento del mandato judicial; y/o ii.d La detención hasta por veinticuatro (24) horas de quien resiste al mandato judicial sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia; iv. ARCHIVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. NOTIFIQUESE.- Página 5 de 5
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sede “Cesar Augusto Mansilla Novella” EXPEDIENTE : 13122-2015-0-1801-JR-CA-09 MATERIA : IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : CAVIEDES LANGLE, CAROL N. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE, SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA S.A. RESOLUCIÓN N.° DIEZ Lima, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.- Dado cuenta el ingreso de fecha 8 de marzo de 2019: Téngase por recibido el expediente principal, remitido por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, que confirma la sentencia en el extremo que resuelve declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00063348 del 11 de junio de 2015 y déjese sin efecto la Resolución de Sanción N° 176-05600387762; sin costas y costos del proceso. Sin perjuicio de lo expuesto, en aplicación de las facultades disciplinarias y coercitivas, así como en cumplimiento del artículo 122 del Código Civil y artículos 38 y 39 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO del mandato judicial, se dispondrá lo siguiente: I. Remitirse copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público a fin que actúe según sus atribuciones autónomas; y/o, II. Imposición de multas compulsivas y progresivas; y/o, III. A la Unidad encargada de Procesos Disciplinarios o quien haga sus veces, inicie el respectivo procedimiento administrativo disciplinario contra los responsables del incumplimiento del mandato judicial; y/o, IV. La detención hasta por veinticuatro (24) horas de quien resiste el mandato judicial sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. CUMPLASE LO EJECUTORIADO y ARCHÍVESE los autos definitivamente. NOTIFÍQUESE.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Expediente N°: 13122 – 2015 Demandante: Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Expreso Santa Anita S.A. Demandado: Servicio de Administración Tributaria - SAT Materia: Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Juzgado: 9° JECA Permanente de Lima Vista de Causa: 10.12.2018 (N° 31) Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Lima, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS, en el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo, de conformidad con lo opinado por la señora Fiscal Superior1, con los expedientes administrativos que se adjuntan, e interviene como ponente el señor Juez Superior Quispe Salsavilca; y; PARTE EXPOSITIVA 1. Petitorio de la demanda2 Se declare la Nulidad de los siguientes actos administrativos: 1. Resolución de Gerencia de Central Normativa Nº 179-158-00063348. 2. Resolución Apelada SENTENCIA contenida en la resolución número ocho de fecha 15 de agosto de 20173, en el proceso seguido por Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Expreso Santa Anita contra el SAT de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que declaró Fundada la demanda en consecuencia, nula la mencionada Resolución de Gerencia de Central Normativa, y, sin efecto la Resolución de Sanción Nº 17605600387762 del 6 de noviembre de 2014, sin costas y costos del proceso. La sentencia apelada se sustenta en los siguientes fundamentos: 1 94 a 99 del expediente principal. 2 Fojas 11 a 15 de autos 3 Fojas 72 a 75 de autos 1 • A fin de asegurar la entidad emplazada que el vehículo de palca de rodaje W1P82 fue intervenido por “prestar servicio en una ruta distinta a la autorizada” en la Avenida Circunvalación – El Agustino, le corresponde verificar y acreditar cual es su itinerario. Sin embargo no aporta instrumental alguna del Sistema de Información de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la fecha de acaecida la intervención, que demuestre que el vehículo intervenido formaba parte de la flota vehicular de la empresa demandante y que el lugar en el cual fue intervenido no se encontraba comprendido en el itinerario de ruita que fue establecida y autorizada por la autoridad administrativa para dicha empresa. • Al no acreditar la entidad demanda que el vehículo intervenido forma parte de la flota de la empres recurrente y que en lugar de la intervención no está comprendida en si itinerario, se incumple con la carga de la prueba en materia sancionadora, lo que implica que la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida Nº 179-158-00063348 de fecha 11 de junio de 2015 no se encuentra debidamente motivada y fundada en pruebas. 3. Apelación El Servicio de Administración Tributaria – SAT, presentó recurso de apelación contra la citada sentencia, mediante escrito de fecha 13 de setiembre de 20174, expresando los siguientes fundamentos: • El Inspector Municipal consigno en las observaciones información adicional a la infracción ya cometida por el recurrente. Es decir, la conducta infractora fue advertida por el inspector municipal y no fue negada por el demandante ni tampoco fue observada en ningún momento, se aprecia del Acta de Control que el demandante no consignó alguna observación y ni firmó el documento. • No existe modificación o alteración, los datos esenciales han sido colocados de forma tal que evidencia la realización de la conducta infractora por lo que no acarrea la nulidad del acto emitido y menos se ha visto perjudicado el derecho de defensa que le asiste al recurrente. • No solo la administración está en la obligación de aportar la prueba sino también el administrado, que en el presente caso no lo ha hecho, toda vez que el administrado no aporta prueba alguna para sustentar sus argumentos de defensa. La apelación fue concedida con efecto suspensivo mediante resolución número nueve de fecha 11 de octubre de 20175. PARTE CONSIDERATIVA. Primero: Asunto a Resolver: De la revisión de la sentencia y del escrito de apelación, corresponde que la presente instancia determine si fue correcta o no la decisión del a-quo en la sentencia contenida en la resolución número cinco de fecha 29 de marzo de 2016, que declaró fundada la demanda, debiendo confirmar o revocar la referida por no ajustarse a ley. Segundo: Marco Normativo: 4 Fojas 83 a 86 de autos 5 Fojas 87 de autos 2 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (…). (…) Artículo 33.- Carga de la prueba Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. 2.2 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos (…) 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento Regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser confirmado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa 109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 2.4 Ordenanza N° 1599, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana Acción de Control.- Es la intervención que realiza la SFT a través de los Inspectores Municipales de Transporte o a través de entidades privadas debidamente autorizadas. La acción de control tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza, normas complementarias, resoluciones de autorización y condiciones de acceso y permanencia del servicio prestado. 2.5 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Artículo 9.- De la supervisión y fiscalización Es responsabilidad prioritaria del Estado garantizar la vigencia de reglas claras, eficaces, transparentes y estables en la actividad del transporte. Por tal motivo procura la existencia de una fiscalización eficiente, autónoma, tecnificada y protectora de los intereses de los usuarios. 2.6 Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 8. Garantías Judiciales 3 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. (…)Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. (31 de Enero de 2001) 69. Si bien el artículo 8 de la Convención Interamericana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 71. (...) esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. Tercero: Análisis: Los argumentos de la apelación resultan erróneos por lo siguiente: 3.1 En el Acta de Control Nº C191447, se consigna que con fecha 11 de marzo de 2013, el Inspector Miguel Cabrera realizó la fiscalización del vehículo con placa de rodaje Nº W1P082 por prestar servicio en una ruta distinta a la autorizada (Av. Evitamiento), habiéndosele solicitado licencia de conducir, tarjeta de circulación, tarjeta de propiedad; cuyo intervenido no se identificó. Sin embargo, en dicha Acta, ni en la Resolución de Sanción Nº 176-056-00387762, se ha precisado cuál era la ruta para la cual se había otorgado la Autorización de Prestación de Servicio respectiva. 3.2 En consecuencia con ello ha incurrido en sanción de nulidad, pues la resolución administrativa no ha sido debidamente motivada, dado que habiendo emitido la resolución de sanción esta no se basa en documento alguno que acredite que efectivamente, el vehículo estuvo circulando fuera de la ruta a la que le fue concedida por la Municipalidad. 3.3 A mayor argumentación, cabe precisar, que del expediente administrativo no se advierte el cargo de notificación con el cual se habría puesto de conocimiento a la empresa demandante, el Acta de Control que da inicio al procedimiento administrativo, dado que conforme lo ha aseverado la entidad administrativa, en dicha fiscalización, el intervenido no se identificó; recortándole con ello su derecho de defensa. 3.4 En tal virtud, estando a las consideraciones acotadas y dispositivos legales mencionados se concluye que Resolución de Gerencia de Central de Normativa N° 179-158-00063348, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, se encuentran incursa en causal de nulidad establecida en el artículo 10° de la Ley N° 27444; por consiguiente las alegaciones efectuadas por la entidad demandada, deben ser desestimadas, debiendo confirmarse la resolución recurrida. PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, de conformidad con la Constitución Política del Perú, resolvieron: 4 • CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número ocho de fecha 15 de agosto de 20176, en el proceso seguido por Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Expreso Santa Anita contra el SAT de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que declaró Fundada la demanda en consecuencia, nula la mencionada Resolución de Gerencia de Central Normativa, y, sin efecto la Resolución de Sanción Nº 17605600387762 del 6 de noviembre de 2014, con lo demás que contiene. • Notifíquese; y consentida o ejecutoriada la presente sentencia en el mismo sentido: devuélvase al juzgado a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. QUISPE SALSAVILCA CARDENAS SALCEDO MIXAN ALVAREZ 6 Fojas 72 a 75 de autos 5
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sede “César Augusto Mansilla Novella” EXPEDIENTE : 13122-2015-0-1801-JR-CA-09 MATERIA : IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : CAVIEDES LANGLE, CAROL N. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE, SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA S.A. SENTENCIA RESOLUCIÓN N.° OCHO Lima, quince de agosto de dos mil diecisiete.- Asunto Emitir pronunciamiento sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por EMPRESA DE TRANSPORTE, SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA S.A. contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -Sat- pretendiendo que se declare nulo el acto administrativo emitido por ésta entidad. I.- VISTOS Petitorio 1. Resulta de autos que por escrito de fs. 11-15, la empresa recurrente interpone demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00063348. 2. Señala la empresa recurrente como fundamentos de su pretensión que: a. El acta de control carece de los requisitos para su validez, como son el nombre, número de DNI y firma del conductor; b. Existe un procedimiento que se debe seguir al momento de levantar las actas de control, y en el presente caso el inspector omitió el artículo 87 de la Ordenanza N° 1599, pues no se adjuntó al Acta el formato fotográfico con la fecha y hora de la intervención. Argumentos de la entidad demandada 3. La entidad emplazada por escrito de fs. 27-30, subsanado a fs. 43-44, contesta la demanda, solicitando se declare infundada bajo los argumentos siguientes: a. Dentro del procedimiento administrativo, la empresa demandante no ha acreditado sus argumentos para desvirtuar el Acta de Control N.° C191447, por infracción del Código N24, elaborada por el inspector, puesto que las actuaciones del inspector causan Presunción de Veracidad; b. La resolución impugnada no adolece de ninguna circunstancia que amerite su nulidad, conteniendo el debido pronunciamiento adecuado a ley. Página 1 de 4 Saneamiento y Fijación de Punto Controvertido 4. Por Resolución N.° CUATRO (fs. 53-54), se declaró saneado el proceso, fijándose como punto controvertido: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00063348 de fecha 11 de junio de 2015. 5. Por fs. 58-62 se recibió el Dictamen Fiscal respectivo. II.- CONSIDERACIONES 1. El artículo 148 de la Constitución Política del Estado, dispone que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 2. De conformidad con el artículo 1 de la Ley que regula el Proceso contencioso Administrativo, Ley N.° 27584, la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 3. Acorde con los numerales 1) y 2) del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere su artículo 14. Cabe precisar que, la Ley del Procedimiento Administrativo General tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general (acorde al Articulo III de su Titulo Preliminar). 4. De la revisión del expediente administrativo1 aportado se aprecia que: a. Por Acta de Control N.° C191447 (fs. 02 del acompañado) se consignó la comisión de la Infracción N-24 en la unidad vehicular de Placa de Rodaje W1P082, no identificándose al intervenido o conductor, siendo la empresa autorizada a prestar el servicio la empresa recurrente: b. Por Resolución de Sanción N.° 17605600387762 del 6 de noviembre de 2014 (fs. 03 del acompañado), se sancionó a la empresa demandante con multa; c. El 20 de noviembre de 2014, la empresa recurrente presentó recurso de apelación (fs. 06-12 del acompañado); d. En tal sentido, por la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N.° 179-158-00063348 de fecha 11 de junio de 2015 (fs. 16 del acompañado), se resolvió declarar infundado el recurso de apelación, dando por agotada la vía administrativa. 1 “Se conoce como expediente administrativo al instrumento material sistemáticamente ordenado que acumula toda la actividad procedimental de un mismo asunto originada de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, comprendiendo documentos, notificaciones, copia de las publicaciones oficiales efectuadas, actas, escritos, resoluciones, etc., que sirven de fundamento a la decisión administrativa y evidencian las diligencias encaminadas a ejecutarla”, Juan Carlos Morón Urbina, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Editorial Gaceta Jurídica Octava Edición, Lima - Perú 2009, página 462. Página 2 de 4 5. La aplicación de una sanción administrativa constituye manifestación de la potestad sancionadora del Estado, por lo que su validez, en el contexto de un Estado de derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está condicionada al respeto de la Constitución y de los principios en ésta consagrados. Los principios que orientan el proceso administrativo sancionador son los de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, presunción de licitud, entre otros2. Aplicación al caso concreto 6. La Ordenanza que regula la prestación del servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, Ordenanza N.° 1599-MML3, prescribe en el artículo 5 que la acción de control es aquella intervención que realiza la Subgerencia de Fiscalización del Transporte a través de los inspectores municipales de transportes a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo, normas complementarias, resoluciones de autorización y condiciones de acceso y permanencia del servicio prestado. Asimismo, en su Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a la Empresa Autorizada prevé como conducta sancionable la siguiente: Código Infracción Calificación Sanción 1 UIT y Prestar el servicio de transporte Muy Suspensión N-24 regular en una ruta para la cual Grave de servicio por no ha sido autorizado 1 día 7. Conforme al Acta de Control N.° C191447 (fs. 02 del acompañado), el 11 de marzo de 2013 el vehículo de placa de rodaje W1P082 fue intervenido por Inspector Municipal en la Avenida Circunvalación - El Agustino, anotándose "prestar servicio en una ruta distinta a la autorizada". 8. Acorde con el artículo 304 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. Concordante con ello, el Principio de Verdad Material dispone que en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas (literal 1.11 del numeral 1 del Artículo IV5 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General). 9. En tal sentido, a fin de asegurar la entidad emplazada que el vehículo de placa de rodaje W1P082 fue intervenido por "prestar servicio en una ruta distinta a la autorizada" en la Avenida Circunvalación - El Agustino, le correspondía verificar y acreditar cual es su itinerario, sin embargo, no aporta instrumental alguna del 2 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10 de febrero de 2009 recaída en el Expediente N.º 06402- 2007-AA/TC, publicada en su Página Web: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06402-2007-AA.html 3 Publicada en El Diario Oficial El Peruano el 19 de abril de 2012. 4 Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1067, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 28 de junio de 2008. 5 Artículo posteriormente modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 21 de diciembre de 2016. Página 3 de 4 Sistema de Información de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la fecha de acaecida la intervención, que demuestre que el vehículo intervenido formaba parte de la flota vehicular de la empresa demandante y que el lugar en el cual fue intervenido no se encontraba comprendido en el itinerario de ruta que fue establecida y autorizada por la autoridad administrativa para dicha empresa. 10. En consecuencia, al no acreditar la entidad emplazada que el vehículo intervenido forma parte de la flota de la empresa recurrente y que en el lugar de la intervención no está comprendida en su itinerario autorizado, se incumple con la carga de la prueba en materia sancionadora, lo que implica que la Resolución de Gerencia Central de Normativa debatida N.° 179-158-00063348 de fecha 11 de junio de 2015 (fs. 16 del acompañado) no se encuentra debidamente motivada y fundada en pruebas, incurriendo en causal de nulidad contemplada en los numeral 1 y 2 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, debiéndose amparar la demanda, dejándose sin efecto la Resolución de Sanción N.° 17605600387762 del 6 de noviembre de 2014 (fs. 03 del acompañado). III.- FALLO: Declarando: i. FUNDADA la demanda de fs. once quince, en consecuencia, NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N.° 179-158-00063348 de fecha 11 de junio de 2015, dejándose sin efecto la Resolución de Sanción N.° 17605600387762 del 6 de noviembre de 2014, sin costas y costos del proceso6; ii. En aplicación de las facultades disciplinarias y coercitivas, así como en cumplimiento del artículo 122 del Código Civil y artículos 38 y 39 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, EN CASO DE INCUMPLIRSE el mandato judicial, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado, se dispondrá: ii.a Remitirse copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Publico a fin que actué según sus atribuciones autónomas; y/o, ii.b Imposición de multas compulsivas y progresivas; y/o, ii.c A la Unidad encargada de Procesos Disciplinarios, o quien haga sus veces, inicie el respectivo procedimiento administrativo disciplinario contra los responsables del incumplimiento del mandato judicial; y/o ii.d La detención hasta por veinticuatro (24) horas de quien resiste al mandato judicial sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia; iii. ARCHÍVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.- 6 Acorde con el artículo 45 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. Página 4 de 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	3° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 13124-2015-0-1801-JR-CA-03 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : VILLANUEVA RIVERA, VICTOR RAUL ESPECIALISTA : ALCALA LEON WALTER HUMBERTO DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT DEMANDANTE :EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA SA , SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO Lima, veintiseis de setiembre dos mil diecinueve 1.- EXPOSICIÓN DEL CASO 1.1 ASUNTO El 19 de noviembre de 2015, EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA S.A. (en adelante, la demandante), interpone demanda de nulidad de acto administrativo contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT (en adelante, el demandado), conforme a los términos expuestos en su escrito de fojas 25/34. 1.2 PETITORIO La demandante solicita declarar la nulidad de las resoluciones: TOMO N° Resolución de Gerencia Central de Normativa Fecha 1 179-158-00065275 15/06/2015 2 179-158-00065278 15/06/2015 3 179-158-00065278 15/06/2015 4 179-158-00065279 15/06/2015 5 179-158-00065280 15/06/2015 6 179-158-00065414 15/06/2015 7 179-158-00065415 15/06/2015 8 179-158-00065419 15/06/2015 9 179-158-00065425 15/06/2015 10 179-158-00065426 15/06/2015 11 179-158-00065427 15/06/2015 12 179-158-00065502 15/06/2015 13 179-158-00065503 15/06/2015 14 179-158-00065505 15/06/2015 15 179-158-00065507 15/06/2015 16 179-158-00065547 15/06/2015 1 1.3 ARGUMENTOS DE LA DEMANDANTE La demandante, sostiene, el demandado, le impuso Actas de Control conteniendo la infracción de código N67, sin embargo, no ha especificado a cuál de los siete supuestos se refiere. Alega, además, la Resolución de Gerencia Central de Normativa, establece que quien presenta el descargo es un sujeto distinto al responsable, siendo ello errado conforme al artículo 100 de la Ordenanza 1599. La demanda fue admitida por resolución número uno, obrante a fojas 35/36. 1.4 CONTESTACIÓN DE DEMANDA El SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT, por intermedio de su Apoderado Judicial, contestó la demanda, conforme aparece a fojas 45/49, subsanada a fojas 83. Sostiene, el demandante, no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de las Actas de Control, agrega, las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, pues al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción en atribución a sus funciones otorgadas por ley. Alega, además, la demandante, en su recurso de apelación, expone alegaciones que no constituyen diferente interpretación de las pruebas producidas. La contestación de demanda fue admitida por resolución número dos obrante a fojas 74/75. 1.5 SANEAMIENTO PROCESAL Mediante la resolución número dos, fue declarado saneado el proceso, fijado el punto controvertido; además, fueron admitidas y actuadas las pruebas ofrecidas; por resolución número cinco a fojas 100/101 se ordenó remitir los autos al Ministerio Público para el dictamen de Ley. 1.6 DICTAMEN FISCAL 2 A fojas 104/119, obra el dictamen fiscal en los términos expuestos, opina declarar fundada la demanda. II.- ANÁLISIS DEL CASO 2.1. En el caso de autos el punto controvertido es «Determinar si al expedirse las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa, Nros. 179-179-158- 00065275, 179-158-00065278, 179-158-00065278, 179-158-00065279, 179- 158-00065280, 179-158-00065414, 179-158-00065415, 179-158-00065419, 179-158-00065425, 179-158-00065426, 179-158-00065427, 179-158- 00065502, 179-158-00065503, 179-158-00065505, 179-158-00065507 y 179- 158-00065547, todas de fecha 15 de junio de 2015, se incurrió en vicio y/o error que amerite declarar su nulidad en sede judicial». 2.2. El Art. 148°1 de la Constitución Política puntualiza «las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa». Por su parte, el Art. 1°2 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Ley N° 27584, precisa; «La acción contencioso administrativa (…) tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados». 2.3. En principio este Juzgado debe analizar si se cumplió con el debido procedimiento en sede administrativa, teniendo como parámetro la Ordenanza Municipal N° 1599-MML3 y modificatorias (en adelante la Ordenanza) «Regula la prestación del servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana». En base a este marco normativo, el numeral 3 del artículo 5°4, precisa el concepto de la denominada Acta de 1 Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 2 Artículo 1.- La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 3 Artículo 2.- La presente Ordenanza tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los títulos habilitantes y establecer las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas”. 4 Artículo 5.- Definiciones (…) 3 Control, al señalar que este es un documento donde consta un hecho, es decir, constituye un medio de prueba, y no un acto administrativo, por ende, toda impugnación contra ella deviene en improcedente. 2.4. Es importante indicar, particularmente, a la demandante que el procedimiento administrativo sancionador regulado por la Ordenanza, es iniciado, entre otros, con la emisión del Acta de Control, conforme lo dispone el inciso a) del Artículo 84°5, y concluye, entre otros, con la emisión de la Resolución de Sanción6. La Resolución de Sanción debe expedirse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, previsto en el Artículo 94°7 de la acotada Ordenanza. Igualmente, la indicada disposición impone un deber al demandado, que el vencimiento del plazo no exime de ninguna manera la emisión de la Resolución de Sanción. Y, finalmente, regula los recursos impugnatorios que pueden invocarse contra ella, entre ellos, el recurso de apelación. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2.5. En el caso de autos, este Juzgado observa, el demandado, emitió las siguientes Actas de Control: 3. Acta de Control.- Es el documento suscrito por el Inspector Municipal de Transporte en el que se hace constar los resultados de la acción de control de campo o mediante medios electrónicos, computarizados o digitales, conforme con lo establecido por la presente Ordenanza. 5 Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. (…) 6 Artículo 96.- De la Conclusión del procedimiento El procedimiento sancionador concluye con: 96.1 La Resolución de Sanción. (…) 7 Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución. 94.2 Constituye obligación de las autoridades competentes el cumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior; sin embargo, su vencimiento no exime de la responsabilidad de emitir la resolución correspondiente. Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. 95.3 El procedimiento recursivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la prestación del servicio de transporte regular de personas constituye un supuesto de excepción al silencio administrativo positivo, de conformidad con lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, en razón a que los fines públicos que se tutelan están directamente vinculados a la seguridad pública. 4 Tomo N° Acta de Control N° Fecha Infracción Placa rodaje N° 01 C477518 02/12/2013 N67 Z4V-826 02 C408564 13/09/2013 N67 Z6W-958 03 C466663 23/11/2013 N67 Z4W-826 04 C376663 09/08/2013 N67 RB3-757 05 C376645 22/08/2013 N67 RB3-757 06 C454439 24/10/2013 N67 RB3-757 07 C496398 23/12/2013 N67 D6V-847 08 C496521 22/12/2013 N67 D6V-847 09 C455659 08/11/2013 N67 C1G-785 10 C449367 13/11/2013 N67 C7V-406 11 C455452 21/11/2013 N67 A7E793 12 C454283 28/10/2013 N67 B95-715 13 C455373 31/10/2013 N67 D3F792 14 C453026 12/11/2013 N67 D2S- 728 15 C477564 02/12/2013 N67 C2L-769 16 C524880 12/02/2014 N67 C7T-740 2.6. Este Juzgado para un mejor análisis, describirá la infracción de código N67, impuestas en las Actas de Control, cuyo detalle es el siguiente: 2.7. Las Actas de Control imputadas a la demandante describen el siguiente hecho: 5 Tomo N° Acta de Control Hora Placa Ubicación Código de Datos Observaciones del Inspector de / rodaje Infracción del Intervenido Tránsito Fecha Intervenido con pasajeros prestando 01 C4775188 07: 31 Z4V826 A Mv a. y o, 1ro c uadd rae N67 No se identificó s pe ar sv aic jeio ro sd e e t nr an ps ap rao drt ee r or e fg uu ela rar, dre ec o rg ue tar 02/12/2013 am 34, distrito el según resolución (3650). Agustino. Se dejó constancia de negativa de entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Intervenido con pasajeros, recogiendo 02 C4085649 08: 50 Z6W958 A Inv d. e pendencia, N67 No se identificó p ea sts aa cj ie or no as d oe en n pm ee lid gi ro o . de la calzada 13/09/2013 am cuadra 36, distrito el Se dejó constancia de negativa de Agustino entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Intervenido con pasajeros. Por dejar y 03 C46666310 07: 16 Z4V826 A Inv d. e pendencia, N67 No se identificó r ce ac lzo ag de ar . pasajeros en medio de la 23/11/2012 am cuadra 10, distrito el Se dejó constancia de negativa de Agustino. entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Recogió pasajeros en medio de la 04 C37666311 09: 02 RB3757 A Inv d. e pendencia, N67 No se identificó c alzada 09/08/2013 am cuadra 10, Se dejó constancia de negativa de distrito el entrega de documentos y firma por Agustino. parte del conductor intervenido. Av. Intervenido con pasajeros, Prestando 05 C37664512 09: 16 RB3757 I cn ud ae dp rae ndencia 1, 0 , N67 No se identificó s ree crv oi gc ii eo n do d pe a sajet rr oa sn s ep no rt me edior e dg eu la lar 22/08/2013 am distrito el calzada (Estacionado en peligro) Agustino. Se dejó constancia de negativa de entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Intervenido prestando el servicio por 06 C45443913 17: 31 RB3757 A Av yl. l on, Nicolás N67 No se identificó d lae cja ar l zy a dre ac yo g ee nr sp itua asa cj ie ór no ds ee rn ie m sgi ota . d de 24/10/2013 pm Referencia Ovalo Santa Se dejó constancia de negativa de Anita, distrito de entrega de documentos y firma por Santa Anita. parte del conductor intervenido. Vehículo intervenido con pasajeros C49639814 08: 19 D6V847 A Mv a. y o, 1ro c uadd rae N67 No se identificó p rere cost ga ien nd do o ys e dr ev ji ac nio d o pd ae s ajetr ra on s sp fuo er rte a 07 23/12/2013 am 31, distrito el de paradero autorizado. Agustino Dejó constancia de negativa de entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Prestando el servicio de transporte 08 C49652115 08: 54 D6V847 A Mv a. y o, 1ro c uadd rae N67 No se identificó r ee ng mula er d id oe dja en ld ao c y a lr ze ac do ag . i endo pasajeros 22/12/2013 am 30, distrito el Agustino Se dejó constancia de negativa de entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Recogió pasajeros en medio de la 09 C37666316 16: 37 C1G785 V reí fa e re ev ni cta iam , iento, N67 No se identificó c alzada. 09/08/2013 pm Puente Balta, Se dejó constancia de negativa de distrito el Rímac entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Vehículo intervenido con pasajeros 10 C44936717 07: 03 C7V406 A Mv a. y o, 1ro c uadd rae N67 No se identificó d fue eja ran d do e r utp aa . s ajeros en un paradero 13/11/2013 am 31, distrito el Agustino. Se dejó constancia de negativa de entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. 8 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo I 9 Obra a fojas 26 del administrativo – Tomo II 10 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo III 11 Obra a fojas 33 del administrativo – Tomo IV 12 Obra a fojas 23 del administrativo – Tomo V 13 Obra a fojas 36 del administrativo – Tomo VI 14 Obra a fojas 33 del administrativo – Tomo VII 15 Obra a fojas 36 del administrativo – Tomo VIII 16 Obra a fojas 17 del administrativo – Tomo IX 17 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo X 6 Dejar a los pasajeros en medio de la 1 1 C45545218 18: 18 A7E793 V evía it amiento, de N67 No se identificó c Va el hz ía cd ua lo a il n m teo rvm ee nin dt oo cd oe n l a p ain st ae jerv re on s.c i ó n. 13/09/2013 pm referencia Puente Rayito Se dejó constancia de negativa de de Sol, distrito el entrega de documentos y firma por Rímac. parte del conductor intervenido. No se identificó Vehículo intervenido con pasajeros, 12 C45428319 07: 16 Z4V826 A Inv d. e pendencia, N67 r ce ac lzo ag de ar . p asajeros en medio de la 28/10/2013 am cuadra 10, distrito del Se dejó constancia de negativa de Agustino. entrega de documentos y firma por parte del conductor intervenido. Dejar pasajeros al lado izquierda de la 13 C45537320 17: 39 D3F792 M rea fele rec nó cn i aR ímac, N67 No se identificó c alzada. Se intervino con pasajeros. 09/08/2013 pm Puente Rayito Se dejó constancia de negativa de de Sol, cuadra entrega de documentos y firma por 03, distrito el parte del conductor intervenido. Rímac. Vehículo intervenido con pasajeros 14 C37666321 07: 05 D2S728 A Inv d. e pendencia, N67 No se identificó p rere cost ga ien nd do o ps ae sr av ji ec rio o s ed ne met dra ion s dp eo rt le a 12/11/2013 am cuadra 10, calzada. r Pe ufe er ne ten cia N uevo, Se dejó constancia de negativa de distrito el entrega de documentos y firma por Agustino. parte del conductor intervenido. Intervenido con pasajeros por recoger y 15 C47756422 07: 31 C2L769 A Inv d. e pendencia, N67 No se identificó d rue tj aa .r pa Ss ea gje úr no s f Rue er sa o lud ce il ó np 3a 6ra 5d 0e -2ro 0 1d 3e - 02/12/2013 am cuadra 31, GTU-MML referencia Puente Nuevo, Se dejó constancia de negativa de distrito el entrega de documentos y firma por Agustino. parte del conductor intervenido. Vehículo intervenido con pasajeros 16 C52488023 06: 26 C7T740 A Mv a. y o, 1ro c uadd rae N67 No se identificó p restando servicio de transporte. 12/02/2014 am 30, referencia Se dejó constancia de negativa de semáforo, entrega de documentos y firma por distrito el parte del conductor intervenido. Agustino. 2.8. Ante ello, se puede afirmar, el demandado cumplió con lo dispuesto en el artículo 86°1 de la Ordenanza. Este Juzgado advierte de autos, el procedimiento administrativo seguido por la demandante: 18 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo XI 19 Obra a fojas 17 del administrativo – Tomo XII 20 Obra a fojas 17 del administrativo – Tomo XIII 21 Obra a fojas 18 del administrativo – Tomo XIV 22 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo XV 23 Obra a fojas 20 del administrativo – Tomo XVI 7 TOM Resolución Recurso Desestimado Prueba O N° interpuesto 01 Resolución de Sanción N° Apelación25 Resolución de Gerencia Central Normativa N°. 176-056-0019610824 15/07/2014 179-158-0006527526 Vista fotográfica27 02 Resolución de Sanción N° Apelación29 Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611828 15/07/2014 N° 179-158-0006527630 Vista fotográfica31 03 Resolución de Sanción N° Apelación33 Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611132 15/07/2014 N° 179-158-0006527834 Vista fotográfica35 04 Resolución de Sanción N° Apelación37 Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019612036 15/07/2014 N° 179-158-0006527938 Vista fotográfica39 05 Resolución de Sanción N° Apelación41 Resolución de Gerencia Central Normativa N°. 176-056-0019611940 15/07/2014 179-158-0006528042 Vista fotográfica43 06 Resolución de Sanción N° Apelación45 Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019695044 17/07/2014 N° 179-158-0006541446 Vista fotográfica47 07 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019482848 17/07/201349 N° 179-158-0006541550 Vista fotográfica51 08 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019482952 17/07/201453 N° 179-158-0006541954 Vista fotográfica55 09 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611556 16/07/201457 N° 179-158-0006542558 Vista fotográfica59 10 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-001961360 16/07/201461 N° 179-158-0006542662 Vista fotográfica63 11 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611264 16/07/201465 N° 179-158-0006524766 Vista fotográfica67 12 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611768 15/07/201469 N° 179-158-0006550270 Vista fotográfica71 13 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019611672 15/07/201473 N° 179-158-0006550374 Vista fotográfica75 14 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019694976 17/07/201477 N° 179-158-0006550578 Vista fotográfica79 15 Resolución de Sanción Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 176-056-0019610980 16/07/201481 N° 179-158-0006550782 Vista fotográfica83 16 Resolución de Sanción N° Apelación Resolución de Gerencia Central de Normativa 176-056-0019463484 20/08/201485 N° 179-158-0006554786 Vista fotográfica87 48 Obra a fojas 03 del administrativo – Tomo VII 49 Obra a fojas 08/14 del administrativo - Tomo VII 50 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo VII 51 Obra a fojas 32 del administrativo – Tomo VII 52 Obra a fojas 19 del administrativo – Tomo VIII 53 Obra a fojas 07/14 del administrativo - Tomo VIII 54 Obra a fojas 38 del administrativo – Tomo VIII 55 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo VIII 56 Obra a fojas 02 del administrativo – Tomo IX 57 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo IX 58 Obra a fojas 19 del administrativo – Tomo IX 59 Obra a fojas 16 del administrativo – Tomo IX 60 Obra a fojas 18 del administrativo – Tomo X 61 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo X 62 Obra a fojas 37 del administrativo – Tomo X 63 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo X 64 Obra a fojas 18 del administrativo – Tomo XI 65 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo XI 66 Obra a fojas 37 del administrativo – Tomo XI 67 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo XI 68 Obra a fojas 02 del administrativo – Tomo XII 69 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo XII 70 Obra a fojas 19 del administrativo – Tomo XII 71 Obra a fojas 16 del administrativo – Tomo XII 72 Obra a fojas 02 del administrativo – Tomo XIII 73 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo XIII 74 Obra a fojas 19 del administrativo – Tomo XIII 75 Obra a fojas 16 del administrativo – Tomo XIII 76 Obra a fojas 03 del administrativo – Tomo XIV 77 Obra a fojas 07/14 del administrativo - Tomo XIV 78 Obra a fojas 20 del administrativo – Tomo XIV 24 Obra a fojas 20 de administrativo – Tomo I 79 Obra a fojas 17 del administrativo – Tomo XIV 25 Obra a fojas 24/31 del administrativo - Tomo I 80 Obra a fojas 02 del administrativo – Tomo XV 26 Obra a fojas 37 del administrativo - Tomo I 81 Obra a fojas 06/13 del administrativo - Tomo XV 27 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo I 82 Obra a fojas 37 del administrativo – Tomo XV 28 Obra a fojas 11 del administrativo – Tomo II 83 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo XV 29 Obra a fojas 15/22 del administrativo - Tomo II 84 Obra a fojas 06 del administrativo – Tomo XVI 30 Obra a fojas 28 del administrativo – Tomo II 85 Obra a fojas 10/16 del administrativo - Tomo XVI 31 Obra a fojas 25 del administrativo – Tomo II 86 Obra a fojas 22 del administrativo – Tomo XVI 32 Obra a fojas 20 del administrativo – Tomo III 87 Obra a fojas 19 del administrativo – Tomo XVI 33 Obra a fojas 24/31 del administrativo - Tomo III 34 Obra a fojas 37 del administrativo – Tomo III 35 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo III 36 Obra a fojas 18 del administrativo – Tomo IV 37 Obra a fojas 22/29 del administrativo - Tomo IV 38 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo IV 39 Obra a fojas 32 del administrativo – Tomo IV 40 Obra a fojas 20 del administrativo – Tomo V 41 Obra a fojas 24/31 del administrativo - Tomo V 42 Obra a fojas 37 del administrativo – Tomo V 43 Obra a fojas 34 del administrativo – Tomo V 44 Obra a fojas 03 del administrativo – Tomo VI 45 Obra a fojas 07/14 del administrativo - Tomo VI 46 Obra a fojas 38 del administrativo – Tomo VI 47 Obra a fojas 35 del administrativo – Tomo VI 8 CASO CONCRETO 2.8. La demandante, básicamente, sostiene, el demandado, no ha especificado en las Actas de Control, a cuál de los supuestos que contiene la infracción de código N67 se refiere. Por su parte, el demandado, sostiene, realizó sus labores de fiscalización contenidas en la ley. En consecuencia, esos argumentos serán objeto de evaluación por el Juzgado. 2.9. La demandante, sostiene, el demandado, impuso Actas de Control, conteniendo la infracción de código N67, sin embargo; no ha especificado a cuál de los siete supuestos que contiene la infracción se refiere. Respecto de lo alegado por la demandante, esta judicatura considera que tal afirmación carece de asidero legal, pues, este Juzgado, ha observado todas las Actas de Control detalladas en el punto 2.7 de la presente sentencia, donde se advierte ha precisión el motivo que originó la intervención y posterior imposición de la conducta regulada como infracción, conforme establece la Tabla de Infracciones, sanciones y Medidas Preventivas de la Ordenanza N° 1599-MML. En ese sentido, lo alegado por la demandante, no corresponde a la realidad de los hechos 2.10. Además, resulta un hecho cierto la existencia de vistas fotográficas que corrobora cada una de las intervenciones, conforme dispone el artículo 8748 de la citada Ordenanza, vistas que guardan estricta relación con las Actas de Control impuestas, y que a su vez, no fueron objeto de cuestionamiento por la demandante. Por tanto, este Juzgado concluye, el día de cada intervención realizada a cargo de los Inspectores Municipales, los conductores intervenidos tenían pleno conocimiento de la infracción impuesta, cual era «Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los 48 Articulo 87.- Negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido: En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el Acta de Control respectiva. 9 paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados». En consecuencia, lo alegado por la demandante, es desestimado. 2.11. La demandante alega, además, la Resolución de Gerencia Central de Normativa, establece que quien presenta el descargo es un sujeto distinto al responsable, siendo ello errado conforme al artículo 100 de la Ordenanza 1599. Al respecto, el argumento expuesto por la demandante no genera convicción a este Juzgado, es más, no ha fundamentado bajo que elementos probatorios hace esos cuestionamientos, pues se observa de autos las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa, donde el demandado detalla textualmente lo siguiente: «Que, en el anexo A-1 de la Ordenanza N° 1599-MML, se detalla la tabla de infracciones, sanciones y medidas preventivas, el cual establece que el responsable administrativo de la infracción de código N67 es el conductor y/o cobrador: sin embargo, el artículo 100.5 establece lo siguiente: en los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada (…). En ese sentido el recurrente (hoy demandante) es el responsable presunto en el procedimiento administrativo». Por tanto, la demandante de ninguna manera puede alegar situaciones no advertidas en el presente proceso, vulnerando el principio de conducta procedimental, además, en el presente, no ha aportado prueba alguna que acredite sus afirmaciones tal como dispone el inciso 2 del artículo 16249 de la Ley N° 27444, lo cual denota simplemente meras alegaciones de defensa sin ninguna contundencia. Por lo tanto, no es posible amparar su pretensión. 2.12. Ante lo expuesto, este Juzgado, no evidencia en modo alguno un acto arbitrario y/o de alguna otra naturaleza que determinen declarar en sede judicial la nulidad del acto administrativo impugnado, por el contrario, conforme se ha explicitado líneas atrás, el personal municipal en uso de las facultades concedidas en la Ordenanza, detectó la comisión de la 49 Articulo 162, inciso 2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 10 Infracción de código N67, e impuso el Acta de Control a la demandante con arreglo a ley. En tal sentido, la resolución administrativa materia de impugnación no se encuentra incursa en causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley Nº 27444; que la invalide; siendo así, este Juzgado no comparte lo dictaminado por el representante del Ministerio Público. III.- FALLO El Tercer Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, impartiendo justicia a nombre de la Nación: RESUELVE: Declarar INFUNDADA la demanda de fojas 25/34, interpuesta por EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA S.A. contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT sobre nulidad de resolución administrativa; sin costas ni costos de conformidad con el artículo 45° de la Ley N° 27584. Notifíquese. 11
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : N° 13125-2015. Demandante : Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Santa Anita S.A. Demandado : Servicio de Administración Tributaria - SAT. Materia : Nulidad de Resolución Administrativa. Secretario : Patricia Olivia Moori Roca. SENTENCIA Nº 362-2018-7ºJECA Resolución Número Ocho Lima, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar, con el Dictamen Fiscal de opinión porque se declare infundada la demanda; quedando los autos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por la Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Santa Anita S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT, sobre nulidad de resolución administrativa. I. ANTECEDENTES: De la demanda: 1. Con escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, a fojas dieciséis a veintisiete, subsanada a fojas ciento diez a ciento once de autos la Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Santa Anita S.A. (en adelante “la demandante”) interpone demanda contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT (en adelante “el demandado”) , solicitando se declare la nulidad de las Resoluciones de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00063450 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00066503 de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, 179-158-00063449 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00063451 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158- 00063446 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00063445 de fecha once de junio de dos mil quince y 179-158-00067341 de fecha veintidós de junio de dos mil quince. 2. Señala como argumentos principales de su demanda los siguientes: 2.1. Mediante las Resoluciones de Gerencia Central Normativa referidas precedentemente se desestiman sus recursos de apelación interpuestos contra las Resoluciones de Sanción N° 176-056-0027342 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, 176-056-000365732 de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, 1-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 176-056-00247335 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, N° 176-056- 00247328 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, N° 176-056-00247323 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, 176-056-00247315 de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce y 176-056-00328302 de fecha doce de setiembre de dos mil catorce. 2.2. Respecto de las Actas de Control N° C400557, C449414, C453180, C479466, C488890, C361256 y C609880 impuestas por la comisión de la infracción tipificada en el código N-61 consistente en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, se aprecia que el inspector municipal no ha cumplido con el procedimiento administrativo regular, ya que los citados documentos no están suscritos por el jefe del operativo; así mismo, estos carecen de la vista fotográfica respectiva, mediante la cual se aprecie la placa del vehículo intervenido, fecha y hora de la citada intervención, de conformidad a lo establecido en la Resolución de Gerencia N° 257-2012MML/GTU. 2.3. Conforme a ello, los actos administrativos en mención son nulos de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2.4. Las Resoluciones de Gerencia Central Normativa, materia de impugnación carecen de una debida motivación, ya que no se ha establecido ningún fundamento de hecho o de derecho que sustente la comisión de la infracción tipificada en el código N-61; siendo ello así, los actos administrativos señalados líneas arriba carecen de la motivación del acto administrativo, el cual es un requisito de validez, dispuesto en artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2.5. Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; en el presente caso no se evidencia una sustentación adecuada de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2) artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. De la admisión y contestación de la demanda: 3. Mediante resolución número dos de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento doce a ciento catorce de autos se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial, la misma que es contestada por el apoderado del Servicio de Administración Tributaria – SAT, mediante escrito de 2-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO veintisiete de abril de dos mil dieciséis obrante a fojas ciento dieciocho a ciento veintidós de autos; solicitando se declare infundada la demanda. 4. Señala como argumentos principales de su contestación los siguientes: 4.1. Dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante, éste no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de las Actas de Control elaboradas por el inspector municipal. Para la administración tributaria-SAT, las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la Ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le otorga el Estado. 4.2. El actor no ha aportado pruebas concretas que enerven la sanción impuesta, siendo ello así, con la presente demanda se busca sustraer la acción sancionadora sobre la comisión de la infracción tipificada en el código N-61, denotándose el abuso del derecho por parte del demandante. Del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y dictamen fiscal: 5.- Mediante resolución número tres de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento veintiocho a ciento treinta de autos se tiene por contestada la demanda en los términos que se indican, se procede a expedir el auto de saneamiento procesal, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios de las partes; luego de requerimiento reiterados de los expedientes administrativos, por resolución número siete de fecha veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete, se pone a conocimiento de las partes el dictamen fiscal y se dispone dejar los autos en despacho para sentenciar; por lo que en atención a ello y, en mérito de la razón que antecede, el estado procesal es el de expedir sentencia1. II. FUNDAMENTOS: SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA PRIMERO: De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal 1 Llamándosele la atención al secretario judicial anterior por la demora incurrida en el cumplimiento de sus funciones que se desprenden del numeral 19 del artículo 266 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO como lo establece el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584. Ahora bien, resulta pertinente indicar que para realizar el análisis de la controversia sometida al presente proceso judicial, debe tomarse en cuenta que el derecho de acción constituye conjuntamente con el derecho de contradicción, manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional, cuya naturaleza es constitucional y forma parte de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, cabe precisar que si bien el derecho de acción permite acceder al órgano jurisdiccional para que se declare, reconozca o ejecute un derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley, ello no debe significar que el pedido necesariamente vaya a ser amparado, dado que tal situación, sólo se podrá determinar al momento de expedir sentencia cuando se aplique el derecho al caso en concreto.---------------------------------------- SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS SEGUNDO: Conforme aparece de la demanda, contestación de la demanda y de autos, este Juzgado deberá determinar si corresponde declarar la nulidad de las Resoluciones de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00063450 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00066503 de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, 179-158-00063449 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158- 00063451 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00063446 de fecha once de junio de dos mil quince, 179-158-00063445 de fecha once de junio de dos mil quince y 179-158-00067341 e fecha veintidós de junio de dos mil quince; lo cual se ha fijado como punto controvertido a efectos de emitir un pronunciamiento válido.------------ SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL TERCERO: Ahora bien, habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales: “(…) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”2, (subrayado y negrita es nuestro). Del mismo modo, el guardián de la Constitución en el fundamento cuarto de la Resolución del Expediente Nº 00966-2007-AA/TC señala: “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (….). En 2 Fundamento N° 02 de la STC recaída en el EXP. N.° 03722-2006-AA/TC, de fecha 19.07.2006. 4-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (….) corresponde resolver”. Más aún, en el Expediente N° 07025-2013-AA/TC de reciente data, ha establecido adicionalmente, lo que resulta relevante para efectos de elucidar el caso de autos, que la motivación suficiente: “(…) es un contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, como parte integrante del debido proceso, el que los órganos jurisdiccionales, al momento de dictar sentencia, se pronuncien por aquellos asuntos que forman parte esencial o medular del conflicto jurídico que se somete a su conocimiento (…)”. En atención a ello, esta judicatura pasará al análisis, desarrollo y resolución de la presente controversia, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el Máximo Intérprete de la Constitución.-------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CUARTO: Conforme lo enfatiza la sentencia antes citada, corresponde a este Despacho pronunciarse respecto a todas las pretensiones postuladas por los justiciables, no pudiendo incurrir en omisión, alteración o exceso, debiendo existir concordancia e identidad entre lo formulado por las partes y decisión a la que arribe el juzgador; que de no respetarse dicho principio se estaría vulnerando el derecho de defensa, en ese sentido, a fin de emitir un correcto pronunciamiento, esta judicatura analiza el presente proceso en los siguientes temas: 1. El análisis del procedimiento sancionador en materia de infracciones a la Ordenanza N° 1599-MML, que regula la prestación del servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana; 2. El procedimiento sancionador llevado a cabo en el caso concreto; y 3. La finalidad de la carga prueba.------ El procedimiento sancionador en materia de infracciones a la Ordenanza N° 1599-MML, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana: QUINTO: Atendiendo al primer tema propuesto en el considerando anterior, corresponde señalar que de conformidad con el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y el numeral 1.2 del Artículo IV del Titulo Preliminar de la aplicable Ley N° 27444, todo procedimiento administrativo se sustenta en el principio del debido procedimiento; lo cual implica, por un lado, una exigencia a las entidades administrativas, en regir sus actuaciones de acuerdo al procedimiento previo establecido en la ley y disposiciones generales; y por otro, en una garantía para el administrado, el cual congrega una serie de derechos que lo tutelan como el derecho a contradecir, el derecho a la defensa, el derecho a ser notificado, el derecho al acceso al expediente, el derecho a ofrecer pruebas, entre otros. Del mismo modo, debe precisarse la potestad sancionadora se encuentra limitada por un conjunto de principios rectores establecidos en el artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable por su temporalidad; entre los cuales, 5-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO cabe resaltar el principio al debido procedimiento3; por el cual las entidades administrativas investidas del ius puniendi (derecho de punición) del Estado deberán encausar sus actuaciones de conformidad con el procedimiento legal establecido, respetando las garantías del debido proceso. En atención a ello, con acierto el Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia recaída en el Expediente N° 026-97- AA/TC que: “(…) el debido procedimiento administrativo supone en toda circunstancia el respeto de parte de la administración pública de todos aquellos derechos y principios normalmente invocados en el ámbito de la jurisdicción común y especializada y a los que se refiere el artículo 139 de la Constitución del Estado (verbigracia: jurisdicción determinada por ley, derechos de defensa, pluralidad de instancias, cosa juzgada, etc.). Tales directrices o atributos en el ámbito administrativo generalmente se encuentran reconocidos por conductos de la ley a través de los diversos procedimientos de defensa o reconocimiento de derecho y situaciones jurídicas (…)”.-------------------------- SEXTO: Ahora bien, teniendo en cuenta las disposiciones legales que conforman la Sección Sexta, Título V de la Ordenanza Nº 1599-MML, que regulan el procedimiento sancionador establecido para el caso de comisión de infracciones en la prestación del servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, resulta pertinente tener en cuenta los siguientes presupuestos normativos: I) De conformidad con el numeral 82.2 del artículo 824 del referido texto normativo, la Subgerencia de Fiscalización de Transporte; es el órgano instructor y resolutivo del procedimiento sancionador, no obstante, de acuerdo a su Vigésima Sétima Disposición Complementaria Transitoria5, mientras dure el proceso de transferencia de funciones, ello correspondía al Servicio de Administración Tributaria, por ende, se encuentra obligado a su estricta observancia. II) Conforme a lo dispuesto por el artículo 636 y 847 de la referida ordenanza, la acción de control es aquella que realiza el inspector 3 Inciso 2 del Art. 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 4 Artículo 82.- Órgano del Procedimiento Sancionador 72.2 El órgano instructor y resolutivo del procedimiento administrativo sancionador será la SFT. 5 Funciones en materia de trasporte referidas a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, que fueron ampliadas mediante la Décima Novena Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza N° 1769 publicada el 03 de febrero de 2014. 6 Artículo 63.- Competencia de la fiscalización 63.1 La fiscalización del servicio de transporte público regular de personas será realizada por la GTU, mediante la SFT, órgano que podrá detectar infracciones y contravenciones a lo establecido en la presente Ordenanza. 63.2 De conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, la GTU podrá delegar en entidades privadas la supervisión y detección de infracciones y contravenciones a la presente Ordenanza. 63.3 La PNP prestará el auxilio de la fuerza pública en las acciones de fiscalización que realice la GTU o entidades privadas autorizadas, a su requerimiento. 7 Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador. 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos. 84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. 6-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO municipal de transporte en la fiscalización de campo a través del levantamiento de actas de control con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (que viene a ser potestativo y no obligatorio, como el caso de la presencia de testigos que no prevé la ley); asimismo, el inicio del procedimiento sancionador, se iniciará por las posibles infracciones en la Ordenanza y cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legítimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos, constituyendo el acta de control un medio probatorio conforme al artículo 908 de la Ordenanza, donde consta la comisión de una infracción, correspondiendo a la SFT (el Servicio de Administración Tributaria en el presente caso), su calificación y la sanción que, de ser el caso, pudiera corresponder, desvaneciendo a partir de tal calidad probatoria, los argumentos tendientes a señalar su ineficacia probatoria, lo que viene dado por ley. III) Conforme al artículo 919 del mismo texto normativo, el presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de su descargo ante la SFT (el Servicio de Administración Tributaria en el presente caso), pudiendo, además, ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor, por su parte, el referido órgano administrativo, deberá evaluar el descargo emitiendo la resolución que corresponda dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de su presentación; IV) Ahora bien, de conformidad con su artículo 96, el procedimiento sancionador concluye con: 1) La Resolución de Sanción, 2. La Resolución de archivamiento. 3. El pago voluntario del total de la sanción pecuniaria; por su parte, el artículo 9410 señala que la Resolución de Sanción será emitida por la SFT (el Servicio de Administración Tributaria en el presente caso) dentro del término de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de inicio del procedimiento sancionador y determinará de manera motivada las conductas que se consideran constitutivas de infracción y que se encuentren debidamente probadas, la sanción que corresponde a la infracción, las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución y la norma que la prevé, no 8 Artículo 90.- Valor probatorio de las actas e informes 90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores municipales de transporte o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 9 Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el descargo presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor. 92.2 La SFT deberá evaluar el descargo emitiendo la resolución que corresponda dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su presentación. 10 Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución. 94.2 Constituye obligación de las autoridades competentes el cumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior; sin embargo, su vencimiento no exime de la responsabilidad de emitir la resolución correspondiente.. 7-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO obstante, su vencimiento no exime la obligación de expedir la resolución correspondiente; V) Finalmente, de conformidad con el artículo 9511, contra las resoluciones de sanción procede en única instancia el recurso de apelación ante la SFT (el Servicio de Administración Tributaria en el presente caso), con la cual queda agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------- Análisis del procedimiento sancionador llevado a cabo en el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Sétimo caso (Resoluciones de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00063450, 179-158-00066503, 179-158-00063449, 179-158- 00063451, 179-158-00063446, 179-158-00063445 y 179-158-00067341): SÉPTIMO: A efectos de garantizar la congruencia entre lo pedido y lo resuelto en el presente proceso, conforme se advierte de lo alegado por la parte demandante en los fundamentos fácticos de su demanda, se cuestiona que en las Actas de Control N° C400557, C449414, C453180, C479466, C488890, C361256 y C609880 impuestas por la comisión de la infracción tipificada en el código N-61, el inspector municipal no ha cumplido con el procedimiento administrativo regular. Al respecto, del análisis integral de los actuados en sede administrativa, y ahora cuestionadas por la parte demandante en el presente proceso judicial –tal como consta del petitorio de su demanda–, se advierte que el presente caso versa sobre la supuesta infracción al Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML publicada el diecinueve de abril de dos mil doce, normatividad que ostenta rango de ley, cuerpo normativo que tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los títulos habilitantes y establecer las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas. En ese contexto, cabe precisar que quien debe probar que de manera correcta fue levantada el Acta de Control objeto de impugnación, no es la parte demandante, sino la entidad demandada, toda vez que es el Servicio de Administración Tributaria la autoridad administrativa encargada del procedimiento sancionador en materia de servicio de transportes público de pasajeros, tanto de la etapa instructiva como resolutiva, de conformidad con el numeral 82.2 del artículo 82 de la citada Ordenanza12; por tanto, a fin de evaluar las alegaciones del demandante, analizaremos la actuación administrativa impugnada.--------------------------- 11 Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. 95.3 El procedimiento recursivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la prestación del servicio de transporte de carga y mercancías constituye un supuesto de excepción al silencio administrativo positivo, de conformidad con lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, en razón a que los fines públicos que se tutelan están directamente vinculados a la seguridad pública. 12 Artículo 82.- Órgano del Procedimiento Sancionador 8-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OCTAVO: En el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Sétimo caso, se advierte que a las unidades vehiculares de Placa de Rodaje N° VG9-253, C1Q-372, B4I-799, D4D-793, F2Y-663, A5I-733 y A8M-773, respectivamente, las cuales están bajo la administración de la empresa demandante, se les levantó las Actas de Control N° C400557 de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, C449414 veintitrés de octubre de dos mil trece, C453180 de fecha dos de diciembre de dos mil trece, C479466 de fecha treinta de diciembre de dos mil trece, C488890 de fecha ocho de enero de dos mil catorce, C361256 de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce y C609880 de fecha diecisiete de mayo de dos mil catorce, respectivamente, por infracción al Código N-61, consistente en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, infracción que se encuentra tipificada en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a la Empresa, aprobada por la Ordenanza N° 1599-MML que tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir los administrados para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los títulos habilitantes y las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas; que viene a ser el marco normativo especial de actuación de los inspectores municipales de transportes, considerando que la ordenanza mencionada, por su rango de ley, conforme a lo establecido en el artículo 51 y en el numeral 4) del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, prevalece por sobre cualquier otra disposición de carácter administrativo, como lo viene a ser la Resolución de Gerencia Nº 257-2012- MML-GTU, aludida por la parte demandante13. En el primer caso (Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00063450 de fecha once de junio de dos mil quince): NOVENO: Habiendo dejado sentado dichas precisiones, nótese que obra a fojas veinte del Expediente Administrativo el Acta de Control N° C400557 de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, el mismo que se encuentra suficientemente llenado en todos sus campos, identificando asimismo el código de infracción N-61, el número de placa del vehículo intervenido (VG9-253), la fecha y hora de la infracción, además de otros datos que coadyuvan a la determinación del sujeto solidariamente responsable14 y la conducta infractora, como el lugar de infracción y observaciones del inspector [donde se consigna: Intervenido con pasajeros prestando el servicio de transporte sin permitir las acciones de fiscalización y control negándose a entregar documentos], asimismo se advierte de dicha Acta de Control que la demandada dejó constancia que el infractor no entregó la licencia de conducir y la 82.1 El órgano encargado de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por infracciones o contravenciones reguladas en la presente Ordenanza será la GTU. 82.2 El órgano instructor y resolutivo del procedimiento administrativo sancionador será la SFT. (…) 13 Conforme a lo indicado en el quinto fundamento de hecho de la demanda (Ver fojas 20) 13 En tanto el conductor intervenido se negó a identificarse conforme el inspector municipal consignó en el Acta de Control N° C400557. (Ver a fojas 20 del Expediente Administrativo) 9-22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tarjeta de propiedad que constituyen los documentos a solicitar; así mismo, se negó a suscribir el acta y a identificarse –lo que evidencia su finalidad de no identificación personal–, procediéndose conforme a lo dispuesto en el numeral 86.3 del artículo 86 de la Ordenanza N° 1599 que señala: “86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo15, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control”; además, el inspector16 procedió a elaborar el Acta de Control N° C400557, la cual esta suscrita por éste y el jefe del operativo (ello en contraposición a los argumentos de que el acta no esta suscrita por el jefe del operativo), lo que dan mayores luces de lo advertido en la acción de control realizada por el inspector; es decir, el Acta de Control N° C400557, reúne los requisitos de validez que dicho acto debe contener, sustentando las razones por lo cual se levantó dicho instrumento de inspección, según se desprende de los datos consignados en la misma; expuesto así, los argumentos de la parte demandante de que el inspector municipal no ha cumplido con el procedimiento administrativo regular17, han quedado desvanecidos, no habiéndose vulnerado, por lo mismo, el principio de motivación ni del debido procedimiento, por cuanto está acreditado y se encuentra debidamente fundamentada la comisión de la conducta infractora referida precedentemente; en el presente caso, el inspector municipal pudo constatar que el conductor del vehículo se encontraba cometiendo una infracción debidamente tipificada como tal; por lo que justamente la autoridad administrativa apertura el procedimiento sancionador18, levantando el Acta de Control luego de constatar in situ (en el lugar de los hechos) y en acción de control, dicha falta al Reglamento del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en Lima Metropolitana, documento que por ende, sí constituye prueba idónea para desvirtuar la presunc
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉTIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD TRIBUTARIA Y ADUANERA Expediente: N° 13197-2015. Demandante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. Demandado: TRIBUNAL FISCAL Y SUNAT Materia: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Sumilla: En ese sentido, si bien la demandante puede cuestionar los intereses moratorios generados hasta la fecha de pago, la confiscatoriedad de los mismos sobre su patrimonio debe ser debidamente acreditada con un peritaje imparcial según se señala en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 670-2005-PA/TC, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos, por lo que resultaría inoficioso disponer la nulidad de la recurrida para que el A-quo desarrolle este tema dado que lo afirmado por la actora carece de respaldo probatorio, tanto más, si los intereses moratorios han sido calculados y actualizados hasta el treinta de setiembre de dos mil catorce de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del TUO del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013 EF. Resolución N° 19 Lima, nueve de febrero del dos mil diecisiete.- VISTOS: Con el expediente administrativo (EA) acompañado en doce tomos que se tiene a la vista; con el Dictamen Fiscal corriente de fojas 225 a 231; interviniendo como ponente el señor Linares San Román; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en grado el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante contra la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, obrante de fojas 175 a 183, que declara infundada la demanda. SEGUNDO: La empresa demandante postula como pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08398-4-2015, que revoca en parte y confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310; y como pretensión accesoria, se deje sin efecto cualquier acción destinada al cobro de la obligación tributaria confirmada por la citada Resolución del Tribunal Fiscal. TERCERO: La apelante formula como agravios frente a la sentencia emitida en autos lo siguiente: a) el A-quo no ha considerado que no obstante haberse emitido y notificado dentro del plazo legal la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310, la Administración Tributaria ya había iniciado antes acciones de cobranza de la deuda tributaria contenida en la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 011-006- 0045657 de fecha 13 de octubre de dos mil 2014, dificultando la interposición de la demanda contenciosa administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4-2014 con la garantía de poder solicitar y obtener la medida cautelar prevista en el artículo 159 del Código Tributario a fin de garantizar la deuda con carta fianza y continuar con la tramitación del referido proceso judicial sin tener que cancelar previamente la deuda tributaria; b) el A-quo al igual que el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 08398-4-2015 vulneran su derecho al debido proceso y a la propiedad, en virtud a que el colegiado administrativo manifestó que en vía de apelación no era pertinente pronunciarse sobre la cobranza anticipada de la deuda tributaria pues dicha cuestión debía atenderse en un procedimiento de queja; c) el A-quo vulnera su derecho de defensa al inobservar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 0670-2005-PA-TC, respecto a la reliquidación de intereses moratorios efectuada por la Administración Tributaria de manera excesiva y desproporcionada, toda vez que no ha tomado en cuenta que en dicha sentencia se reconoce que si bien el propósito del cobro de intereses es castigar el no pago de tributos que representan una carga por la demora del cumplimiento del pago, incluso en el pago de sanciones basadas en hechos objetivos, esta situación no evita que los intereses moratorios puedan tornarse en sumas excesivas y desproporcionadas que afectan irrazonablemente el patrimonio de los contribuyentes; d) finalmente, menciona que resulta confiscatorio al derecho de propiedad la determinación y exigencia de pago de intereses moratorios por la reliquidación de pagos a cuenta que realiza la Administración Tributaria de los meses de enero y febrero de dos mil dos, modificando el coeficiente aplicado correctamente sobre la base de los resultados de las fiscalización al Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, precisando que en la CAS Nº 4392-2013 LIMA se ha señalado que es ilegal que la SUNAT pretenda reliquidar los pagos a cuenta del año sobre la base de reliquidaciones del impuesto calculado del año anterior, cuando dichas reliquidaciones se realizan con posterioridad al cierre del años en que se realizan los pagos a cuenta. CUARTO: A efectos de resolver el presente caso, se debe tener en cuenta que el artículo 156 del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133- 2013-EF, vigente para el caso materia de análisis, regula la emisión de las resoluciones de cumplimiento, estableciendo que "Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo responsabilidad". De acuerdo a ello, los funcionarios de la Administración Tributaria en cumplimiento de las decisiones contenidas en las resoluciones emitidas por Tribunal Fiscal, deberán reliquidar, de ser el caso, las Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa, bajo responsabilidad. Siendo ello así, en el 2 caso de autos se advierte que mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4- 2014, obrante de fojas 6018 a 6029, dicho Colegiado ordenó a la Administración Tributaria reliquidar las Resoluciones de Determinación N° 012-003-0010491 y N° 012-003-0010492, al haber levantado el reparo por exportaciones de Clinker a Estados Unidos subvaluadas, vinculados al Impuesto a la Renta del ejercicio 2002 y 2003, y las Resoluciones de Multa N° 012-002-0010242 y N° 012-002-0010243, en virtud a que éstas últimas se amparaban en la citadas Resoluciones de Determinación, respectivamente. De manera que, de conformidad con la normatividad glosada anteriormente, correspondía a la Administración Tributaria emitir nueva resolución en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Fiscal, reliquidando las deudas contenidas en las citadas Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa, razón por la cual emite la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310 de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, rectificando y reliquidando las citadas resoluciones. QUINTO: Ahora bien, el Tribunal Fiscal al emitir la Resolución Nº 08398-4-2015 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 6105 a 6108, la cual es materia de cuestionamiento en este proceso, basó su análisis en determinar si la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310 de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, obrante de fojas 6040 a 6060, cumplía con lo establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4-2014 de fecha treinta de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 6018 a 6029, donde el Tribunal Fiscal concluyó que la reliquidación efectuada por la Administración Tributaria respecto a la Resolución de Determinación N° 012-003-0010491 y Resolución de Multa N° 012-002-0010242, vinculadas con el Impuesto a la Renta del ejercicio 2002, fueron efectuadas con arreglo a ley, por lo que confirmó dicho extremo; sin embargo, respecto de la Resolución de Determinación N° 012-003-0010492, vinculada con el Impuesto a la Renta del ejercicio 2003, revocó la resolución apelada en dicho extremo por no haberse indicado correctamente el saldo a favor del ejercicio 2003 conforme lo establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4-2014, motivo por el que también revocó la Resolución de Multa N° 012-002-0010243 a efectos que la reliquidación de la misma se efectúe considerando el saldo a favor del ejercicio 2003 de la resolución de determinación vinculada a ella. Bajo este contexto, corresponde a esta instancia revisora verificar si la Administración Tributaria cumplió estrictamente con efectuar las reliquidaciones ordenadas por el Tribunal Fiscal, y 3 conforme a ello, determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08398-4-2015, ha sido emita conforme a ley. SEXTO: En cuanto a los agravios contenidos en los literales a) y b) del tercer considerando de la presente resolución, debe señalarse respecto a la dificultad en la interposición de la demanda contenciosa administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4-2014, que de la revisión del escrito de demanda, obrante a fojas 51 a 74, se advierte que la demandante formula como pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08398-4-2015 más no la nulidad de la resolución Nº 07975-4-2014, por lo que no corresponde analizar si la interposición de la demanda contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4- 2014 se realizó o no conforme a ley, toda vez que ella no es la cuestionada en el presente proceso. Por otro lado, del punto 3 del fundamento IV de la demanda, se advierte que contrariamente a lo antes alegado, la demandante sostiene que "(…) oportunamente (…) interpuso demanda contenciosa administrativa contra el Tribunal Fiscal para que declare la nulidad de la Resolución Nº 07975-4-2014 expediente que se encuentra en el 18° Juzgado Contencioso Administrativo bajo el Nº 07953-2014-1801-JR-CA-18."; con lo que se evidencia que la demandante se contradice al formular sus alegatos, ya que por un lado, sostiene que tuvo inconvenientes al interponer la demanda contra la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07475-A-2014, y por el otro, que la misma demanda fue interpuesta en su debida oportunidad. Ahora bien, en relación a la vulneración a su derecho al debido procedimiento y a la propiedad, en primer lugar, es oportuno indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del TUO de la Ley que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo - Ley Nº 27584, "La interposición de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario"; razón por la cual, de no mediar medida cautelar o ley que suspenda la vigencia o ejecución de un acto administrativo, corresponde a la Administración tributaria continuar con el procedimiento de cobranza coactiva, de ser el caso; no obstante ello, en el artículo 155 del TUO del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013 EF se regula la interposición de la queja como el remedio procesal que puede ser empleado por el contribuyente en caso considere que existen actuaciones o procedimiento que afectan o infringen directamente lo estipulado en el Código Tributario. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta correcto que tanto el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 08398-4-2015, como el A-quo en la recurrida señalen que 4 la vía adecuada para cuestionar el procedimiento de cobranza coactiva es a través de la interposición de la queja, en consecuencia, no existe vulneración al principio del debido procedimiento regulado en el numeral 1.2. del artículo IV1, de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, modificado por Decreto Legislativo 1272, ni al derecho de propiedad, como erróneamente sostiene la apelante, por lo que corresponde desvirtuar los agravios formulados por la apelante. SÉTIMO: El agravio resumido en el literal c) del tercer considerando de la presente resolución, gira en torno a la reliquidación de intereses moratorios que según la apelante se tornan en excesivos y desproporcionados amparándose en lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 670-2005-PA-TC. A fin de verificar dicho alegato, en principio, es de notar que el tercer párrafo del artículo 33 del mencionado TUO del Código Tributario señala que: "Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, (…)"; al respecto cabe precisar que dichos intereses tienen como la finalidad indemnizar la mora en el pago, en ese sentido, correspondía a la Administración Tributaria reliquidar la multa considerando los intereses moratorios generados hasta la fecha de la reliquidación de la deuda, es así que de la revisión del artículo 3 la Resolución de Intendencia N° 0150150001310, obrante a fojas 26 EA, se observa que la Administración Tributaria resolvió rectificar y proseguir con la cobranza actualizada de la deuda tributaria contenida en la Resolución de Multa N° 012-002-0010242 correspondiente al ejercicio 20022 por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 178 del Código Tributario, estableciendo como monto de la multa: S/. 368,799.00 Nuevos Soles; Interés Capitalizado: S/. 212,138.44 Nuevos Soles; Interés Moratorio: S/. 816,440.54 Nuevos Soles: además señaló como total de la deuda actualizada al treinta de setiembre de dos mil catorce el monto de S/. 1´387,378.00. Por otro lado, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 08398-4-2015, acto administrativo 1 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 2 No se analiza la Resolución de Multa N° 012-002-0010243, en virtud a que el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 08398-4-2015 revocó dicho extremo ordenando nuevamente su reliquidación. 5 impugnado en el presente proceso, respecto a la sentencia recaída en el Expediente N° 670-2005-PA/TC concluyó que: “(…) la aplicación de intereses a la deuda tributaria se encuentra expresamente prevista por el artículo 33° del Código Tributario, los cuales se calculan desde el día siguiente a la fecha de vencimiento para el pago de la deuda hasta la fecha de pago, no habiéndose regulado al respecto exención alguna. Que, en cuanto a lo resuelto por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 670-2005-PA-TC, cabe señalar que dicha sentencia no resulta aplicable al estar referida a un proceso de amparo de un contribuyente distinto, cuyas disposiciones se aplican a dicho caso concreto.” (resaltado nuestro). Ahora bien, siendo el sustento del agravio la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 670-2005-PA/TC, tenemos que apelante precisa que la citada sentencia señala expresamente que si bien la finalidad de la sanción fue castigar el no pago de tributos, y los intereses representan una carga en razón de la demora en el cumplimiento del pago; al mismo tiempo no descarta que, incluso las sanciones basadas en hechos objetivos, puedan tornarse excesivas y desproporcionadas, afectando irrazonablemente el patrimonio, lo cual podría suceder si, para cumplir tal obligación, se afectara más del monto de la renta, cercenando incluso la fuente productora o el capital; no obstante, la apelante ha omitido precisar que en la referida sentencia dicho tribunal también ha advertido lo siguiente: "(…) que los documentos presentados por la parte actora en el proceso no pueden ser admitidos de ninguna manera como prueba fehaciente para acreditar la situación económica de la empresa y, por consiguiente, para demostrar la consficatoriedad. En primer lugar, porque no pueden admitirse como medios probatorios válidos aquellos que representan autoliquidaciones del propio contribuyente, pues restan imparcialidad a lo declarado, y, en todo caso, están sujetos a revisión. Este es justamente el criterio que adopta este Tribunal para desestimar, como elementos probatorios suficientes para demostrar la confiscatoriedad en este caso, los presentados por la empresa recurrente, siendo necesario un peritaje imparcial que evidentemente solo puede ser actuado en un proceso distinto al amparo." (resaltado nuestro). En ese sentido, si bien la demandante puede cuestionar los intereses moratorios generados hasta la fecha de pago, la confiscatoriedad de los mismos sobre su patrimonio debe ser debidamente acreditada con un peritaje imparcial, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos, por lo que resultaría inoficioso disponer la nulidad de la recurrida para que el A-quo desarrolle este tema dado que 6 lo afirmado por la actora carece de respaldo probatorio, tanto más, si los intereses moratorios han sido calculados y actualizados hasta el treinta de setiembre de dos mil catorce de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del TUO del Código Tributario precitado, por lo que corresponde desvirtuar el agravio formulado en ese sentido. OCTAVO: En relación al agravio formulado por la apelante en el literal d) del tercer considerando de la presente resolución, es preciso indicar que el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 07975-4-2014, obrante a fojas 6020 EA, resolvió mantener el coeficiente de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero y febrero de 2002, y procedió a confirmar el dicho extremo de la Resolución de Intendencia Nº 0150140006757, en consecuencia, no correspondía a la apelante cuestionar en éste proceso ese extremo de la citada Resolución del Tribunal Fiscal, toda vez que dicho colegiado no ordenó la reliquidación de ese extremo por el contrario mantuvo el coeficiente y lo confirmó, por tanto, ni la Administración Tributaria en la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310, ni el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 08398- 4-2015 debían pronunciarte al respecto en el procedimiento administrativo al dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Fiscal, siguiendo esa línea de ideas, se concluye que tampoco corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento respecto a la aplicación del criterio contenido en la CAS Nº 4392-2013 LIMA en este tema, dado que la demandante ha interpuesto una demanda impugnando la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07975-4-2004, proceso contencioso administrativo que gira ante el 18° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, por lo que se desvirtúa también este agravio. Por lo expuesto, se verifica que la resolución impugnada no adolece de causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N° 27444, por lo que corresponde desestimar la demanda de acuerdo con el artículo 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. En consecuencia: CONFIRMARON la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, obrante de folios 175 a 183, que resolvió declarar infundada la demanda; en los seguidos la Empresa Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre nulidad de resolución administrativa. LINARES SAN ROMÁN REYES RAMOS MÉNDEZ SUYÓN 7
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera Av. Nicolás de Piérola N° 608 (3er. Piso). Lima EXPEDIENTE : 13197-2015-0-1801-JR-CA-22 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION DE CUMPLIMIENTO ESPECIALISTA : GOYZUETA MENESES, LIZ MELISSA DEMANDANTE : UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS SAA DEMANDADO : TRIBUNAL FISCAL LITISCONSORTE : SUNAT SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE Lima, catorce de abril del dos mil dieciséis.- Asunto Emitir pronunciamiento sobre la demanda contencioso administrativa interpuesta por UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. contra el TRIBUNAL FISCAL, interviniendo como litisconsorte SUNAT, pretendiendo que se declare la nulidad parcial de la resolución emitida por el referido Tribunal y, en consecuencia, se deje sin efecto la reliquidación efectuada por la Administración Tributaria. I. VISTOS: Petitorio Resulta de autos que por escrito de demanda de folios cincuenta y uno a setenta y cuatro, UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (en adelante “UNACEM”) interpone demanda contencioso administrativa contra el TRIBUNAL FISCAL, interviniendo como litisconsorte SUNAT, pretendiendo que se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08398-4-2015 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310/SUNAT del 30 de setiembre de 2014, con la que se reliquidan los valores contenidos en la RD 012- 003-001491 y la Multa 012-002-0010242, en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-2014 del 30 de junio de 2014. En ese sentido, solicita que se deje sin efecto la reliquidación efectuada por la Administración Tributaria. 1 Accesoriamente solicita que se deje sin efecto cualquier acción destinada al cobro de la obligación tributaria confirmada por el referido Tribunal. Trámite Mediante la resolución número Dos, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil quince, se admite a trámite la demanda en vía del Procedimiento Especial, corriéndose traslado. El demandado y el litisconsorte contestan la demanda solicitando que se declare infundada, conforme a los argumentos que en los correspondientes escritos se precisan. Luego se procede a sanear el proceso fijándose los puntos controvertidos y, posteriormente, se recibe el Dictamen Fiscal respectivo en el que se opina que se declare infundada la demanda. II. CONSIDERANDO: Puntos controvertidos PRIMERO.- Que, los puntos controvertidos sobre los que se que se debe emitir pronunciamiento en la presente sentencia, son los siguientes: 1. Determinar si corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N°08398-4-2015 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310/SUNAT del 30 de setiembre de 2014, con la que se reliquidan los valores contenidos en la RD 012-003-001491 y la Multa 012-002-0010242, en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-2014 del 30 de junio de 2014. 2. Determinar si corresponde dejar sin efecto la reliquidación efectuada por la Administración Tributaria. 3. Determinar si accesoriamente corresponde dejar sin efecto cualquier acción destinada al cobro de la obligación tributaria confirmada por el referido Tribunal. Argumentos de la demandante SEGUNDO.- Que, la demandante sustenta su pretensión señalando que: 1. En el aspecto de fondo, la RTF N° 08398-4-2015 vulnera su derecho de propiedad al amparar el cobro de intereses moratorios derivada de la deuda liquidada por SUNAT, contradiciendo lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Agrega que la reliquidación es excesiva, desproporcionada y resulta confiscatoria, puesto que no procede modificar los pagos a cuenta efectuados en su oportunidad. 2 2. A pesar de haber emitido y notificado dentro del plazo la resolución de cumplimiento, la Administración Tributaria ya había iniciado las acciones de cobranza, dificultando la interposición de la demanda contenciosa administrativa contra la RTF 07975-4-2014 y la obtención de una medida cautelar. De esta manera se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento. Argumentos del demandado y del litisconsorte TERCERO.- Que, el TRIBUNAL FISCAL argumenta en su defensa lo siguiente: 1. No resulta factible que mediante la demanda contenciosa interpuesta contra la RTF 08398-4-2015 se cuestionen aspectos que ya han sido dilucidados en otra RTF. Los argumentos de la actora son ajenos a la cuestión controvertida referida a verificar el cumplimiento por parte de la SUNAT respecto a lo resuelto en la RTF N° 7975-4-2014. 2. La resolución objeto de impugnación se encuentra debidamente motivada y sustentada en las normas aplicables a la materia, por lo que no se ha producido afectación alguna al derecho al debido procedimiento administrativo u otro principio. CUARTO.- Que, por su parte la SUNAT argumenta lo siguiente: 1. El Tribunal Fiscal no se pronunció sobre aspectos de fondo; ello porque evidentemente ya había sido materia de pronunciamiento en la RTF N° 07975-4-2014, la misma que se viene impugnando en otro proceso judicial. 2. Si bien la demandante pretende la nulidad de la RTF N° 08395-4-2015, no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, ya que la actora en vez de cuestionar los fundamentos de la RTF 08398-4-2015, cuestiona los fundamentos de la RTF 07975-4-2015. Análisis QUINTO.- Que, con relación a lo demandado, en principio cabe señalar que, el Tribunal Fiscal mediante Resolución N° 08398-4-2015 confirmó el extremo de la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310/SUNAT del 30 de setiembre de 2014, con la que se reliquidan los valores contenidos en la RD 012-003-001491 y la Multa 012-002-0010242, en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-2014 del 30 de junio de 2014. En ese sentido, en el caso materia de análisis corresponde verificar si la actuación de la Administración Tributaria se encuentra conforme a lo ordenado en la RTF N° 07975-4-2014, caso contrario, ello derivará en la nulidad de la 3 reliquidación realizada por la SUNAT a través de la Resolución de Intendencia N° 0150150001310. SEXTO.- Que, examinado los autos se observa los siguientes HECHOS: 1. Mediante la Resolución de Determinación N° 012-003-001491 y 012-003- 0010492 la Administración Tributaria comunicó la deuda correspondiente a la omisión al pago de Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 2003. Asimismo, se emitieron las Resolución de Determinación N° 012-2003- 0010485, 012-003-0010486, 012-0030010487, 012-003-0010488, 012-003- 0010489 y 012-003-0010490 por concepto de intereses devengados por la omisión del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 2003. 2. De igual modo, emitieron las Resoluciones de Multa N° 012-002-0010243, 012-002-0010236, 012-002-0010237, 012-002-0010238, 012-002-0010239, 012-002-0010240 y 012-002-0010241 por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. La Resolución de Multa N° 012-002-0010242 por la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 178°; la Resolución de Multa N° 012-002-00 10244 por la infracción del numeral 1 del artículo 175° ; y la Resolución de Multa N° 012-002- 0010245 por la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario. 3. Al no encontrarse conforme la empresa recurrente presentó el recurso de reclamación correspondiente, el mismo que fue resuelto mediante la Resolución de Intendencia N° 0150140006757 del 28 de setiembre de 2007, donde la Administración resolvió declarar fundado en parte el recurso presentado. 4. Es así, que la empresa demandante interpone recurso de apelación contra la citada Resolución de Intendencia, siendo resuelta mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-20141 del 30 de junio del 2014 donde dispone revocar la apelada en el extremo del reparo por exportaciones de clínker a los Estados Unidos subvaluadas en los ejercicios 2002 y 2003, asimismo confirmó el reparo al Impuesto a la Renta del ejercicio 2002 por gatos de ejercicios anteriores no aceptables, las mismas que se encontraban en las Resoluciones de Determinación N° 012-003-001491 y 012-003-0010492. Entonces, ordenó a la Administración Tributaria que reliquidara dichos valores, al igual que las Resoluciones de Multa N° 012-002-0010242 y 012- 002-0010243. 1 Que corre a foja 6029 del expediente administrativo. 4 5. En cumplimiento de la referida resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4- 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución de Intendencia N° 0150150001310/SUNAT2 donde resuelven rectificar: el saldo a favor del contribuyente en el período 2002 – RD 012-003-001491 (S/. 12´440,824.00), el saldo a favor del contribuyente en el ejercicio 2003 - la RD 012-003- 0010492 (S/. 3´799,383.00), y las mencionadas Resoluciones de Multa (S/. 1´387,378.00 y S/. 340,667.00). 6. La empresa recurrente presenta una nueva apelación3 con fecha diecisiete de abril del dos mil quince, la misma que es resuelta por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08398-4-2015 del veinticinco de agosto de dos mil quince, la que motiva el presente proceso contencioso administrativo. SÉTIMO.- Que, como primer argumento la demandante sostiene que la RTF N° 08398-4-2015 vulnera su derecho de propiedad al amparar el cobro de intereses moratorios derivada de la deuda liquidada por SUNAT, contradiciendo lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Agrega que la reliquidación es excesiva, desproporcionada y resulta confiscatorio, puesto que no procede modificar los pagos a cuenta efectuados en su oportunidad. Al respecto, se debe tener en cuenta que ante una Resolución de cumplimiento emitida por la Administración Tributaria, la interposición del recurso de apelación solo permitirá evaluar si efectivamente se dio cumplimiento a lo decidido y señalado por el Tribunal Fiscal, mas no, se podrán evaluar nuevamente argumentos de fondo que ya hayan sido materia de pronunciamiento. Asimismo, se debe precisar que dentro de los fundamentos de la demanda la empresa recurrente cuestiona erróneamente el cálculo del coeficiente para determinar los pagos a cuenta de enero y febrero del año 2002; sin embargo, conforme lo señalado no corresponde atender esos argumentos por tratarse argumentos de fondo respecto a los cuales el Tribunal Fiscal ya se pronunció4. Por lo que, al ser los intereses moratorios producto de la diferencia no abonada por los mencionados pagos a cuenta (reliquidados), dicho extremo de su demanda obedece también a cuestiones de fondo, o en su defecto, son consecuencia de lo primero. Siendo así, lo que la Administración Tributaria ha hecho en cumplimiento de lo dispuesto mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-2014, es emitir la Resolución de Intendencia N° 0150150001310 del treinta de setiembre del dos mil catorce, donde reliquidó los valores contenidos en las Resoluciones de Determinación N° 012-003-001491 y 012-003-001492 y las Resoluciones de Multa N° 012-002-0010242 y 012-002-0010243, en base a lo ordenado por el Tribunal 2 Que corre a foja 6060 del expediente administrativo. 3 Que corre a foja 6079 del expediente administrativo. 4 Ver páginas 20 y 21 de la RTF N° 07975-4-2014. 5 Fiscal mediante Resolución N° 07975-4-2014, en tanto que, se había levantado el reparo por exportaciones de clínker a Estados Unidos subvaluadas, vinculado al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 2003, aunque se mantuvo el reparo por gastos de ejercicios anteriores no aceptables, vinculados sólo al período 2002; por ende la nueva liquidación relacionada a la RD 012-003-001491 y la multa 012-002-0010242 se encuentran conforme a los parámetros establecidos por el propio Tribunal Fiscal, salvo la siguiente puntualización. En relación a ello cabe indicar que, el Tribunal Fiscal al momento de efectuar la revisión del cumplimiento procedió a revocar el extremo relacionado a la RD 012- 003-001492 y la Multa 012-002-0010243, ello debido a que, la Administración había considerado la suma de S/. 29´692,507.00, cuando el monto correcto ascendía a 29´695,534.005, monto que sumado a los pagos por anticipo del Impuesto a la Renta (S/.11´465,520.00) debía aplicarse contra el Impuesto a la Renta del período 2003 (S/. 37´462,129.00)6. Dicha situación modificaba el saldo a favor que el litisconsorte calculó a favor de la ahora demandante (de S/. 3´799,383.00 a S/. 3´802,495.00). Y, como consecuencia de ello, disminuía el saldo a favor indebido que habría obtenido en el ejercicio analizado, en otras palabras, la base sobre la cual se aplicaría la multa también disminuiría. En ese orden de ideas, al haberse determinado un saldo a favor mayor para el período 2003, y al estar la multa 012-002-0010243 vinculada al Impuesto a la Renta del mencionado ejercicio, la liquidación de la multa también fue revocada. En consecuencia, la liquidación confirmada por el Tribunal Fiscal se encuentra conforme a lo establecido previamente por el propio Colegiado. Por consiguiente, corresponde desestimar el primer argumento de la empresa demandante. OCTAVO.- Que, como segundo argumento la demandante señala que a pesar de haber emitido y notificado dentro del plazo la resolución de cumplimiento, la Administración Tributaria ya había iniciado las acciones de cobranza, dificultando la interposición de la demanda contenciosa administrativa contra la RTF 07975-4- 2014 y obtener una medida cautelar. De esta manera se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento. Respecto al principio invocado, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General indica que: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 5 Situación producida por considerar en el período de febrero 2003 la suma de S/. 3´825,594.00, en vez de S/. 3´828,594.00, como pago a cuenta del referido mes. Ver anexo N° 01 de las respectivas liquidaciones que corren a fojas 6040 y 5773 del expediente administrativo. 6 Ver foja 6044 del expediente administrativo. 6 fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. Sobre la vulneración alegada, de la revisión de los actuados administrativos, se observa que la Resolución del Tribunal Fiscal materia del presente proceso ha sido expedida como consecuencia de la impugnación de un acto administrativo de cumplimiento emitido por la Administración Tributaria, la misma que obedece a los lineamientos establecidos por el propio Tribunal, cuyas disposiciones fueron emitidas -a su vez- en el marco de normas que regulan un Procedimiento Contencioso Tributario. Asimismo, se observa que la resoluciones de la administración tributaria como del Tribunal Fiscal, la RI 0150150001310 y la RTF 08398-4-2015 respectivamente, se han emitido analizando lo dispuesto por el propio Tribunal Administrativo (en la RTF N° 07975-4-2014), aplicando el marco normativo correspondiente y expresando los argumentos que sustentan su decisión. Adicionalmente, se observa que no se ha presentado limitación alguna al derecho de acceso, derecho de defensa ni al derecho a interponer su recurso administrativo de apelación, a través del cual expuso los argumentos por los cuales consideraba que la Administración Tributaria no estaba dando expreso cumplimiento a lo ordenado. No obstante ello, la demandante se centró en cuestionar temas de fondo, los mismos que se vienen dilucidando en otro órgano jurisdiccional, como consecuencia de la impugnación de la RTF N° 07975-4- 2014. Para demostrar lo explicado, sólo basta revisar el expediente administrativo, las actuaciones contenidas en ella y específicamente los considerandos de las resoluciones emitidas. Ahora bien, en caso la recurrente hubiera advertido una actuación, por parte de la Administración, alejada del ordenamiento, contaba con el recurso de queja, a efectos de cautelar el debido procedimiento con el que debe llevarse a cabo el procedimiento de cobranza coactiva. Sin perjuicio de ello, se advierte que la demandante alega que dicha dificultad se presentó al momento de impugnar judicialmente la RTF N° 07975-4-2014 (ver fundamento 6 de la demanda); entonces, conforme a lo indicado en la presente Sentencia, tales argumentos tendrían que ser valorados por el órgano jurisdiccional que eventualmente conoce el respectivo proceso. Atendiendo a los argumentos expuestos, no corresponde amparar el segundo argumento de la demandante. 7 NOVENO.- Que, adicionalmente, la empresa demandante peticionaba como pretensión accesoria que se dejara sin efecto cualquier acción destinada al cobro de la obligación tributaria confirmada por el referido Tribunal. Al respecto, cabe señalar que habiéndose desestimado la pretensión principal, no corresponde amparar la pretensión accesoria, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 87° del Código Procesal Civil. DÉCIMO.- Que, en los considerandos precedentes se ha determinado que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, en la rectificación del reparo realizada por la Administración Tributaria al Impuesto a la Renta del ejercicio 2002, ya no se tomó en cuenta ningún monto correspondiente a las exportaciones de clínker a Estados Unidos subvaluadas, debido a que dicho extremo del reparo fue revocado por el referido Tribunal. De otro lado, los cuestionamientos que realiza la demandante obedecen a temas de fondo, los mismos que en fase de cumplimiento, ni en el curso de un proceso contencioso administrativo referido a dicho cumplimiento, corresponden ser merituados. Asimismo, no se advierte vulneración alguna al debido procedimiento. Siendo ello así, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 08398-4-2015 que confirmó la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310/SUNAT del 30 de setiembre de 2014, emitida en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4- 2014 del 30 de junio de 2014, en el extremo relacionado a la reliquidación de los valores contenidos en la RD 012-003-001491 y la multa 012-002-0010242, no incurre en la causal de nulidad prevista y sancionada por el numeral 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimie nto Administrativo General, razón por la que corresponde declarar infundada la demanda. DÉCIMO PRIMERO.- Que, atendiendo a todo lo expuesto se tiene que: 1. La Resolución del Tribunal Fiscal N° 08398-4-2015 en el extremo que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150150001310/SUNAT del 30 de setiembre de 2014, con la que se reliquidan los valores contenidos en la RD 012-003-001491 y la Multa 012-002-0010242, en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07975-4-2014 del 30 de junio de 2014, NO ES NULA, en consecuencia, mantiene su plena validez y vigencia. 2. No corresponde dejar sin efecto la reliquidación efectuada por la Administración. 3. No corresponde dejar sin efecto cualquier acción destinada al cobro de la obligación tributaria confirmada por el referido Tribunal. Por tales consideraciones, administrando Justicia a nombre de la Nación, en base al ordenamiento constitucional y legal aplicable, el señor Juez del Vigésimo 8 Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima: III. FALLA: Declarando: (i) INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta y uno a setenta y cuatro, sin costas y costos del proceso. (ii) Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia REMÍTASE al archivo para su custodia definitiva. Notifíquese.- 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DECIMO NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE : 13232-2015-0-1801-JR-CA-19 DEMANDANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON SAA. DEMANDADOS : TRIBUNAL FISCAL Y SEDAPAL MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : PATRICIA LAZARTE VILLANUEVA ESPECIALISTA : CRISTIAN PIER CALDERON TELLO RESOLUCIÓN N° 23 Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.- AUTOS Y VISTOS; Con la devolución de los autos del Superior Jerárquico mediante Oficio CAS N° 12355-2017; Y CONSIDERANDO: Primero: Mediante Casación N° 12355-2017, de fecha 25 de abril de 2019, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República, declaró fundado el recurso de casación, en consecuencia, casaron la Sentencia de Vista de fecha 17 de mayo de 2016, y actuando en sede de instancia revocaron la Sentencia de fecha 31 de agosto de 2016 que declaró fundada la demanda; y, reformándola declararon infundada la demanda, quedando subsistentes las Resoluciones del Tribunal Fiscal 8815- 2-2015 y 8826-2-2015 y las Resoluciones de Determinación N° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819-2014/ESCE, 240025500013774-2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641-2015/ESCE, 240025500006637-2015/ESCE, 541410600006610-2015/ESCE, 647233700006624-2015/ESCE, 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274-2014/ESCE, 647233700012369-2014/ESCE, 240044900015689-2014/ESCE, 581767100016005-2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123-2014/ESCE, 541410600015903-2014/ESCE, 647233700015754-2014/ESCE, 581767100001419-2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL, proseguir con la cobranza de la retribución económica por la extracción y uso de aguas subterráneas por parte de la actora. Segundo: En ese sentido, teniendo en cuenta que la Judicatura ejecutará y dará cumplimiento a las decisiones judiciales en sus propios términos, conforme lo establecido en el artículo 4° del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en el presente caso, se aprecia que el pronunciamiento emitido por el Superior Jerárquico posee carácter declarativo y no existe mandato a ejecutar, debiendo darse por concluido el proceso. Por lo expuesto, se resuelve: Cúmplase lo ejecutoriado y Téngase por CONCLUIDO EL PROCESO, debiendo REMITIRSE LOS AUTOS AL ARCHIVO DEFINITIVO consentida o ejecutoriada la presente resolución. Notifíquese.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EXPEDIENTE N° 13232-2015-0 Sumilla.- En la RTF cuestionada, para resolver el caso concreto, al Tribunal Fiscal no le correspondía aplicar control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, pues bastaba con analizar la aplicabilidad o no de los parámetros ya establecidos por el Tribunal Constitucional en similares casos, por ende, la abstención en resolver la apelación formulada en sede administrativa por la actora no es conforme a derecho, debiéndose declarar la nulidad de la RTF impugnada. No obstante lo anterior, en lo atinente a los valores expedidos por la tarifa de agua subterránea, el artículo 74 de la Constitución consagra el principio de reserva de ley, según el cual los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, a excepción de los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo; por tanto, en el caso de autos, al crearse la tarifa de agua subterránea por norma distinta a la ley y sin tener la delegación de facultades conferida por el Poder Legislativo, se ha vulnerado el principio de reserva de ley contemplado en el anotado artículo, debiéndose por ende confirmar la sentencia que declara fundada la demanda. DEMANDANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. DEMANDADOS : TRIBUNAL FISCAL Y OTRA MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y OTRO CONCEPTO Resolución N° 21 Lima, 17 de mayo del 2017.- VISTOS Con el expediente administrativo conformado por el Tomo “A” ─ de 135 folios y relacionado a la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 08815-2-2015 ─ y por el Tomo “B” ─ de 164 folios y relacionado a la RTF N° 08826-2-2015 ─, vienen a conocimiento de este Superior Colegiado los recursos de apelación, de folios 334 a 350 y de folios 352 a 370, interpuestos por las entidades codemandadas Tribunal Fiscal y SEDAPAL, respectivamente, contra la sentencia emitida mediante Resolución Nº 13 del 31 de agosto del 2016, de folios 280 a 293, que declara fundada la demanda, en consecuencia, nulas las RTFꞌs Nsº 08815-2-2015 y 08826-2-2015 del 04 de setiembre del 2015 y las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819-2014/ESCE, 240025500013774- 2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641-2015/ESCE, 240025500006637-2015/ESCE, 541410600006610- 2015/ESCE, 647233700006624-2015/ESCE, 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274-2014/ESCE, 647233700012369-2014/ESCE, 240044900015689- Página 1 de 14 2014/ESCE, 581767100016005-2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123-2014/ESCE, 541410600015903-2014/ESCE, 647233700015754- 2014/ESCE, 581767100001419-2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, expedidas por concepto de tributo de tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre del 2014 y de enero y abril del 2015. Interviniendo como ponente el Señor Juez Superior Luis Alejandro Lévano Vergara. CONSIDERANDO PRIMERO: Fundamentos de los agravios invocados por los apelantes. El Tribunal Fiscal señala como fundamentos principales de su apelación que: i) La apelación de puro derecho de la empresa accionante pretendía que el Tribunal Fiscal ejerza el control difuso administrativo respecto a las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, sin embargo, al carecer de facultades, dicho tribunal declaró improcedentes los mencionados recursos administrativos. La aplicación del artículo 102 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario no se encuadra dentro de los hechos planteados en los recursos administrativos de la demandante. Además este artículo tampoco indica que el Tribunal Fiscal está facultado a realizar el control difuso. ii) El juzgado ha incurrido en error al declarar fundada la demanda, pues las RTFꞌs cuestionadas no carecen de motivación al expresar las razones por las que declaró improcedentes las prenotadas apelaciones. iii) No se ha tenido presente que lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la STC N° 04293-2012-PA/TC fue recogido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2014- 12, en el cual se adoptó el criterio de que no es posible analizar la determinación del costo de arbitrios municipales. iv) Se debe tener en consideración las sentencias del Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas Tributarios y Aduaneros, recaídas en los expedientes Ns° 796-2016, 15131-2015 y 13017-2015. De igual forma, deben tenerse en cuenta las sentencias del Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso de la misma subespecialidad, emitidas en los expedientes Ns° 1782-2016 y 15169- 2015 Por su parte, SEDAPAL indica como argumentos impugnatorios que: Página 2 de 14 v) La juez ha vulnerado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el principio del control difuso, regulado en el artículo 138 de la misma Carta Constitucional, concordante con la segunda disposición final de la Ley N° 28301 y con el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28237. vi) La instancia inferior omite un adecuado control de legalidad y constitucionalidad de las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal, vulnerando el artículo 148 de la Carta Magna, concordante con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS. vii) El Tribunal Fiscal no se encuentra subordinado al Tribunal Constitucional, sino a la Constitución y a la ley, más aún si la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, en su octava disposición complementaria final reitera la vigencia del cobro de la Tarifa por Uso de Agua Subterránea otorgada a favor de SEDAPAL. viii) La judicatura vulnera los principios de “recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los artículos 66 y 67 de la Constitución Política. SEGUNDO: De las pretensiones de la demanda. En el presente caso, la parte demandante formula como primera pretensión principal de su demanda1, se declare la nulidad de la RTF N° 08815-2-2015 del 04 de setiembre del 2015, la misma que declaró improcedentes los recursos de apelación de puro derecho formulados contra las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819- 2014/ESCE, 240025500013774-2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641-2015/ESCE, 240025500006637- 2015/ESCE, 541410600006610-2015/ESCE y 647233700006624-2015/ESCE, giradas por tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los periodos agosto del 2014 y abril del 2015. Como segunda pretensión principal, plantea se declare la nulidad de la RTF N° 08826-2-2015 del 04 de setiembre del 2015, la misma que declaró improcedentes los recursos de apelación de puro derecho formulados contra las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274-2014/ESCE, 1 De folios 48 a 71. Página 3 de 14 647233700012369-2014/ESCE, 240044900015689-2014/ESCE, 581767100016005- 2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123-2014/ESCE, 541410600015903-2014/ESCE, 647233700015754-2014/ESCE, 581767100001419- 2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, giradas por tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los periodos julio y setiembre del 2014 y enero del 2015. A manera de tercera pretensión principal, pide que en plena jurisdicción se declare judicialmente que la actora no está obligada al pago de las prenotadas resoluciones de determinación y, como consecuencia de ello, que en el caso concreto se inaplique el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI por tratarse de normas inconstitucionales. TERCERO: Asuntos en controversia. La problemática jurídica radica en si para resolver el caso concreto, correspondía o no que el Tribunal Fiscal efectúe control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea y, consecuentemente, si su abstención en las RTFꞌs Ns° 08815-2- 2015 y 08826-2-2015 – materia de la demanda − de resolver el fondo del asunto plasmado en las apelaciones planteadas en sede administrativa por la actora, es o no conforme a derecho. De igual manera, y en atención a lo anterior, si el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI han vulnerado el principio de reserva de ley y, por consiguiente, si las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819- 2014/ESCE, 240025500013774-2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641-2015/ESCE, 240025500006637- 2015/ESCE, 541410600006610-2015/ESCE, 647233700006624-2015/ESCE, 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274-2014/ESCE, 647233700012369- 2014/ESCE, 240044900015689-2014/ESCE, 581767100016005-2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123-2014/ESCE, 541410600015903- 2014/ESCE, 647233700015754-2014/ESCE, 581767100001419-2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, emitidas por concepto de tributo de tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre del 2014 y de enero y abril del 2015, son o no conformes a derecho. CUARTO: Antecedentes administrativos. Página 4 de 14 Mediante las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE2, 541410600014212-2014/ESCE3, 647233700013819-2014/ESCE4, 240025500013774- 2014/ESCE5, 240044900014155-2014/ESCE6, 581767100014079-2014/ESCE7, 502580800006641-2015/ESCE8, 240025500006637-2015/ESCE9, 541410600006610- 2015/ESCE10 y 647233700006624-2015/ESCE11, SEDAPAL S.A. realizó el cobro a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. de la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los periodos agosto del 2014 y abril del 2015. De igual manera, a través de las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800012202-2014/ESCE12, 541410600012274-2014/ESCE13, 647233700012369- 2014/ESCE14, 240044900015689-2014/ESCE15, 581767100016005-2014/ESCE16, 240025500015717-2014/ESCE17, 502580800016123-2014/ESCE18, 541410600015903- 2014/ESCE19, 647233700015754-2014/ESCE20, 581767100001419-2015/ESCE21 y 240044900001402-2015/ESCE22, la entidad coemplazada efectuó el cobro a la empresa accionante de la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los periodos julio y setiembre del 2014 y enero del 2015. Por escritos del 1123 de agosto, 0924 y 1225 de setiembre, 1426 de octubre del 2014 y 17 de febrero27 y 2728 de mayo del 2015, la empresa actora interpuso recursos de apelación de puro derecho contra las citadas resoluciones de determinación, los 2 A folio 15 del Tomo “A” del expediente administrativo. 3 A folio 27 del Tomo “A” del expediente administrativo. 4 A folio 26 del Tomo “A” del expediente administrativo. 5 A folio 66 del Tomo “A” del expediente administrativo. 6 A folio 65 del Tomo “A” del expediente administrativo. 7 A folio 64 del Tomo “A” del expediente administrativo. 8 A folio 113 del Tomo “A” del expediente administrativo. 9 A folio 112 del Tomo “A” del expediente administrativo. 10 A folio 111 del Tomo “A” del expediente administrativo. 11 A folio 110 del Tomo “A” del expediente administrativo. 12 A folio 23 del Tomo “B” del expediente administrativo. 13 A folio 22 del Tomo “B” del expediente administrativo. 14 A folio 21 del Tomo “B” del expediente administrativo. 15 A folio 47 del Tomo “B” del expediente administrativo. 16 A folio 40 del Tomo “B” del expediente administrativo. 17 A folio 97 del Tomo “B” del expediente administrativo. 18 A folio 96 del Tomo “B” del expediente administrativo. 19 A folio 95 del Tomo “B” del expediente administrativo. 20 A folio 94 del Tomo “B” del expediente administrativo. 21 A folio 139 del Tomo “B” del expediente administrativo. 22 A folio 140 del Tomo “B” del expediente administrativo. 23 De folios 26 a 33 del Tomo “B” del expediente administrativo. 24 De folios 29 a 36 del Tomo “A” del expediente administrativo. 25 De folios 67 a 74 del Tomo “A” del expediente administrativo. 26 De folios 62 a 69 y de folios 108 a 115 del Tomo “B” del expediente administrativo. 27 De folios 143 a 149 del Tomo “B” del expediente administrativo. 28 De folios 114 a 120 del Tomo “A” del expediente administrativo. Página 5 de 14 mismos que fueron declarados improcedentes por el Tribunal Fiscal por medio de las RTFꞌs Ns° 08815-2-201529 y 08826-2-201530 del 04 de setiembre del 2015, que ahora son objeto de impugnación judicial por parte de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. QUINTO: Acerca de las RTFꞌs objetadas. Mediante la STC N° 03741-2004-AA/TC31, publicada en su página web el 11 de octubre del 2006 y en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de noviembre del 2006, el Tribunal Constitucional estableció como precedente vinculante que la Administración Pública, a través de sus tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución – dada su fuerza normativa –, sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional en aplicación del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Por STC N° 04293-2012-PA/TC32, publicada en su página web el 14 de abril del 2014 y en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de julio del 2014, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el anotado precedente. En el caso concreto, con escritos del 11 de agosto, 09 y 12 de setiembre, 14 de octubre del 2014 y 17 de febrero y 27 de mayo del 2015, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recursos de apelación de puro derecho contra las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212- 2014/ESCE, 647233700013819-2014/ESCE, 240025500013774-2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641- 2015/ESCE, 240025500006637-2015/ESCE, 541410600006610-2015/ESCE, 647233700006624-2015/ESCE, 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274- 2014/ESCE, 647233700012369-2014/ESCE, 240044900015689-2014/ESCE, 581767100016005-2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123- 2014/ESCE, 541410600015903-2014/ESCE, 647233700015754-2014/ESCE, 581767100001419-2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, emitidas por la tarifa de 29 De folios 126 a 135 del Tomo “A” del expediente administrativo. 30 De folios 155 a 164 del Tomo “B” del expediente administrativo. 31 Fundamento jurídico N° 07. 32 Fundamento jurídico N° 32. Página 6 de 14 uso de agua subterránea correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre del 2014, y de enero y abril del 2015. En las RTFꞌs Ns° 08815-2-2015 y 08826-2-2015 del 04 de setiembre del 2015, impugnadas en este proceso, el Tribunal Fiscal señaló que dado que por STC N° 04293-2012-PA/TC se dejó sin efecto el precedente vinculante previsto en la STC N° 03741-2004-AA/TC – el mismo que instituye como obligación a los tribunales administrativos realizar el control difuso −, ahora dicho tribunal administrativo carecía de facultades para ejercer el control constitucional de las normas y, como consecuencia de ello, por entender que no le correspondía pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados por la actora acerca de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, el Tribunal Fiscal declaró improcedentes las apelaciones de puro derecho planteadas. En cuanto al control difuso, este Superior Colegiado considera pertinente definir esta institución jurídica para resolver el caso de autos. Para tal fin, es necesario considerar que en el ordenamiento jurídico peruano coexisten dos sistemas de control constitucional: el control concentrado y el control judicial o difuso. El primero es aquel control que propugna que el control de la constitucionalidad de las normas debe ser realizado por un órgano jurisdiccional especializado, en el caso peruano, por el Tribunal Constitucional – antes Tribunal de Garantías Constitucionales −. Por antonomasia, el control concentrado que ejerce dicho tribunal sólo puede hacerse vía proceso de inconstitucionalidad, que tiene por finalidad analizar de manera abstracta – sin intentar resolver casos particulares − las normas y, de ser el caso, dejarlas sin efecto, decisión que además tendría efectos erga omnes. Por otro lado, en el fundamento jurídico N° 02 de la STC N° 1680-2005-PA/TC, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de noviembre del 2006, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que el control judicial de constitucionalidad de las leyes o control difuso es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la ley aplicable para resolver una controversia resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. De esta forma, tenemos que el control difuso es realizado por los jueces de todas las instancias del Poder Judicial y consiste en el proceso de contrastación de las leyes aplicables para Página 7 de 14 resolver el caso concreto, con la Constitución, a fin de corroborar que aquéllas no colisionen con ésta. Este control judicial o judicial review tiene como propósito que los jueces garanticen la plena vigencia y supremacía de la Carta Magna sobre cualquier otra norma legal o infralegal, de conformidad con los artículos 5133 y 13834 de esta carta, siendo que al resolver los casos concretos sus efectos son inter partes, no afectándose a terceros. La coexistencia de estos dos tipos de controles no impide que el Tribunal Constitucional revise la constitucionalidad de las normas en casos concretos. El artículo 202 de la Constitución confiere al mencionado tribunal facultades para conocer procesos en los que se ventilen conflictos particulares y se pueda reafirmar la constitucionalidad de las normas o declarar su inaplicabilidad por medio del control concreto. Por tanto, tenemos que el Tribunal Constitucional está facultado a efectuar el control concentrado y el control concreto, posición que es asumida por el profesor Cesar Landa Arroyo35, quien señala que “(…) en cuanto se refiere a la defensa de la primacía de la Constitución, esta tarea le es atribuida al Tribunal Constitucional en tanto órgano de control de la Constitución – control abstracto y control concreto (artículo 202)−(…)” y que es compatible con lo vertido en el fundamento jurídico N° 6 del voto singular del magistrado Vergara Gotelli en la STC N° 00014-2009-AI/TC. Ahora bien, como se ha expresado, la realización del control difuso importa todo un proceso intelectual en el cual el juez constitucional analiza las leyes aplicables al caso concreto, verificando si se ciñe o no a la Constitución; por ende, no se trata de la simple invocación o aplicación de las normas constitucionales, así como tampoco de la adherencia a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional. En las RTFꞌs objetadas el Tribunal Fiscal ha indicado que desde la entrada en vigencia de la STC N° 04293-2012-PA/TC carece de facultades para efectuar el control difuso 33 Supremacía de la Constitución Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. 34 Administración de Justicia. Control difuso Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 35 LANDA ARROYO, César. “Tribunal Constitucional y Poder Judicial: una perspectiva desde el Derecho Procesal Constitucional”, publicado en Revista Ius et Veritas, N° 32, página 254. Página 8 de 14 de las normas. Empero, no ha tenido presente que mediante las STC Ns° 04899-2007- PA/TC y 1837-2009-PA/TC, ejerciendo control de constitucionalidad – control concreto −, el Tribunal Constitucional declaró fundadas las demandas de amparo incoadas contra el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI por considerar que vulneraban el principio de reserva de ley. Es decir, el referido tribunal administrativo no ha valorado que el Tribunal Constitucional ya ha realizado el control constitucional de las mencionadas normas, concluyendo que las mismas infringen el principio de reserva de ley, por lo que es claro que al Tribunal Fiscal, al resolver casos similares en sede administrativa − y como no podría ser de otra manera, a la actualidad −, no le corresponde realizar el control difuso de estas normas cuestionadas en su constitucionalidad, sino limitarse a analizar la aplicación o no de tales normas, pero a la luz de los parámetros estipulados por el Tribunal Constitucional en las precitadas sentencias. Al no haber seguido tales criterios interpretativos en los que se ha analizado la constitucionalidad o no de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, se desprende que el Tribunal Fiscal ha abdicado en su deber de aplicar la norma de mayor jerarquía contemplada en el artículo 102 del TUO del Código Tributario. Es más, antes de la entrada en vigencia de la STC N° 04293-2012-PA/TC – cuando aún regía la STC N° 03741-2004-AA/TC –, las decisiones del Tribunal Fiscal se ceñían a aplicar lo preceptuado por el Tribunal Constitucional en las STC Ns° 04899-2007- PA/TC y 1837-2009-PA/TC, esto es, no realizaba ningún proceso de contrastación de las normas sobre la tarifa de uso de agua subterránea (control difuso). Asumir lo contrario implicaría aceptar que toda aplicación de normas constitucionales o de sentencias de índole constitucional para resolver causas pendientes es control difuso, lo que resulta absurdo. Estando a lo discernido, corresponde declarar la nulidad de las RTFꞌs Ns° 08815-2- 2015 y 08826-2-2015 por haber incurrido en vicio manifiesto de nulidad que origina su invalidez jurídica. No obstante ello, no es del caso reenviar el expediente al Tribunal Fiscal para que se pronuncie sobre las apelaciones planteadas en sede administrativa por la empresa actora, toda vez que en esencia el caso es de puro derecho, respecto a lo cual en aplicación del principio de plena jurisdicción, y a la existencia de fallos del Tribunal Constitucional − en las sentencias antes descritas − y a que este Colegiado, en forma reiterada, ya viene realizando el análisis jurídico constitucional de la tarifa del Página 9 de 14 uso de agua subterránea, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, más aún si lo que se pretende con la demanda es que se examine la validez jurídica del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. SEXTO: Sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. Mediante Decreto Legislativo N° 14836, se dictaron las “Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima”. En dicho decreto se indicó que, para asegurar el suministro de agua para Lima Metropolitana, se han reservado las agua subterránea de los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, en favor de la Empresa de Saneamiento de Lima, por lo que para completar dicha medida, es necesario encargarle la distribución, manejo y control de dichas aguas y asignarle financiamiento a través de la percepción de la tarifa de uso de agua. En el artículo 1 del precitado decreto legislativo se dispuso que las tarifas de agua subterránea, con fines poblacionales e industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas por decreto supremo. Agrega que el recurso tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta. Posteriormente, en efecto, se promulgó el Decreto Supremo N° 008-82-VI37, que aprobó como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por SEDAPAL, en cuyo artículo 1 se señaló que las personas naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos fines, SEDAPAL S.A. tenga establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que administra. Por su lado, el artículo 4 del referido decreto supremo estableció que SEDAPAL emitirá los correspondientes recibos conjuntamente con la facturación ordinaria por tarifas de los servicios que presta, pero los contabilizará y registrará en forma diferenciada, en los cuales consignará el concepto “Tarifa Agua Subterránea - Decreto Legislativo Nº 148”. Añade que la presente tarifa tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 1982 y será administrada por la empresa SEDAPAL S.A. 36 Publicado el 15 de junio de 1981, en el diario oficial “El Peruano”. 37 Publicado el 04 de marzo de 1982, en el diario Oficial “El Peruano”. Página 10 de 14 De otro lado, el artículo 74 de la Constitución consagra el principio de reserva de ley en materia tributaria. Según este principio, los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, a excepción de los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Como es de verse, al crearse por Decreto Legislativo N° 148 y complementarse por Decreto Supremo N° 008-82-VI la tarifa de uso de agua subterránea sin tener la delegación de facultades conferida por el Poder Legislativo, es evidente que existe vulneración al principio de reserva de ley contemplado en el artículo 74 de la Constitución, toda vez que los aspectos esenciales del tributo, tales como sujetos, hecho imponible y alícuota, han sido estipulados por normas a la que la Constitución le ha prohibido expresamente la creación de tributos. Por su parte, artículo 138 de la Constitución prescribe que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, eligiendo también la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Siguiendo este parámetro, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 16 de junio de 2009, recaída en el Expediente N° 1837-2009-PA/TC (Proceso de Amparo), referido a los dispositivos legales antes mencionados que regulan la tarifa de uso de agua subterránea, declaró fundada la demanda de amparo presentada en contra de SEDAPAL, y declaró inaplicables a la demandante − de ese proceso − el Decreto Legislativo Nº 148, en cuanto se trata del recurso tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo 008-82-VI y demás normas relacionadas a este tributo. En la anotada sentencia, el aludido tribunal dejó sentado que no se ha cumplido con el principio de reserva de ley al dejar todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo − como son los sujetos, hecho imponible y la alícuota − a los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 008-82-VI y que, por consiguiente, la inconstitucionalidad de la tarifa de uso de agua subterránea es incuestionable. En la anotada sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional, prefiriendo la norma constitucional sobre la norma legal e infralegal, ha concluido que la tarifa de uso de agua subterránea, regulado por el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no respeta el principio constitucional tributario de reserva de ley, resultando por ende inexigible tal tarifa por ser inconstitucional. Página 11 de 14 De lo expuesto, se colige que en el caso de autos se deben dejar sin efecto los valores impugnados que dispusieron el cobro del tributo por tarifa de uso de agua subterránea a la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., pues tal como se ha resuelto en la STC N° 1837-2009-PA/TC (que determinó que en la regulación del precitado tributo se vulneró el principio de reserva de ley), en la expedición del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 008-82-VI se advierte vulneración al artículo 74 de la Constitución y, en razón de ello, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 138 de la Carta Magna, es de aplicación la norma de mayor jerarquía, más aún si se ha infringido uno de los principios (reserva de ley) en los que se sostiene el derecho tributario. SÉPTIMO: De los demás fundamentos de la apelación. Una vez rebatidos del primer al cuarto agravios anotados en el considerando primero de esta resolución, corresponde rechazar del quinto al octavo agravios en base a lo siguiente: 7.1. En cuanto al quinto y sexto agravios, no se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el principio del control difuso, puesto que la juez se ha sustentado en la fuerza vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto por el artículo VI de Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 7.2. La Octava Disposición Complementaria Final38 de la Ley N° 2933839, Ley de Recursos Hídricos, no señala la vigencia del cobro de la Tarifa de Uso de Agua Subterránea, como erróneamente se arguye. 7.3. No se han vulnerado los principios de “recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los artículos 66 y 67 de la Constitución Política, toda vez que, en primer lugar, dichos artículos no se encuentran en discusión a través de este proceso; en segundo lugar, en virtud a tales normas no se puede pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es incuestionable. OCTAVO: Conclusión. 38 Ley N° 29338, Octava Disposición Complementaria Final.- Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente. 39 Publicado el 30 marzo de 2009, en el diario Oficial “El Peruano”. Página 12 de 14 Por lo expuesto, para resolver el caso concreto, al Tribunal Fiscal no le correspondía aplicar control difuso de las normas relacionadas a la tarifa de uso de agua subterránea, pues bastaba con seguir los parámetros dictados por el Tribunal Constitucional, por ende, la abstención en resolver las apelaciones formuladas en sede administrativa por la actora no es conforme a derecho, debiéndose amparar las pretensiones principales referidas a la nulidad peticionada de las RTFꞌs Ns° 08815-2- 2015 y 08826-2-2015 del 04 de setiembre del 2015, por haber incurrido en vicio manifiesto de nulidad. En función a lo resuelto acerca de las RTFꞌs objetadas, en lo referente a los valores por tarifa de uso de agua subterránea, el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI han vulnerado el principio de reserva de ley y, en consecuencia, las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110-2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819-2014/ESCE, 240025500013774- 2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 581767100014079-2014/ESCE, 502580800006641-2015/ESCE, 240025500006637-2015/ESCE, 541410600006610- 2015/ESCE, 647233700006624-2015/ESCE, 502580800012202-2014/ESCE, 541410600012274-2014/ESCE, 647233700012369-2014/ESCE, 240044900015689- 2014/ESCE, 581767100016005-2014/ESCE, 240025500015717-2014/ESCE, 502580800016123-2014/ESCE, 541410600015903-2014/ESCE, 647233700015754- 2014/ESCE, 581767100001419-2015/ESCE y 240044900001402-2015/ESCE, emitidas por la tarifa de uso de agua subterránea correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre del 2014 y de enero y abril del 2015, no son conformes a derecho; por tanto, en virtud al principio de plena jurisdicción, debe declararse la nulidad de estos valores. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, normas legales glosadas, con el dictamen fiscal de folios 419 a 428: CONFIRMARON la sentencia emitida mediante Resolución Nº 13 del 31 de agosto del 2016, de folios 280 a 293, que declara fundada la demanda; en consecuencia, nulas las Resoluciones del Tribunal Fiscal Ns° 08815-2-2015 y 08826-2-2015 del 04 de setiembre del 2015 y las Resoluciones de Determinación Ns° 502580800014110- 2014/ESCE, 541410600014212-2014/ESCE, 647233700013819-2014/ESCE, 240025500013774-2014/ESCE, 240044900014155-2014/ESCE, 58176710001407
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : Nº 13282-2015. Demandante : MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. Demandado : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Materia : Nulidad de Resolución Administrativa. Secretaria : Cristina Del Pilar Meléndez Rojas. SENTENCIA Nº 021-2019-7ºJECA Resolución Número Seis. Lima, veintitrés de enero del dos mil diecinueve. VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar, con el Dictamen Fiscal de opinión por que se declare infundada la demanda; quedando los mismos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, sobre nulidad de resolución administrativa. I. ANTECEDENTES: De la demanda: 1. Por escrito de fecha veinte de noviembre de dos mil quince de fojas trescientos sesenta y uno a cuatrocientos de autos, la empresa MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. representada por Alicia Díaz Burgos (en adelante “la demandante”), interpone demanda contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante “el demandado”), a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental N° 033-2015-OEFA/TFA-SEE de fecha siete de agosto de dos mil quince; así como la nulidad de la Resolución Directoral N° 220-2015-OEFA-DFSAI del trece de marzo de dos mil quince, emitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA. 2. Señala como argumentos principales de su demanda los siguientes: 2.1 El OEFA no es competente para determinar la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 43 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM, esto es, para sancionar una supuesta infracción referida a aspectos de seguridad en el almacenamiento de hidrocarburos, puesto que conforme al artículo 2 del Decreto Supremo N° 088-2013-PCM, aquello que esté referido a los aspectos de seguridad de la infraestructura y a las instalaciones están a cargo del OSINERGMIN. El artículo 43 indicado, es una norma técnica relacionada con la seguridad de las instalaciones y no una norma ambiental en 1-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO sentido estricto, siendo que todo lo referido a la impermeabilización del área estanca se encuentra ya regulado específicamente por el Decreto Supremo N° 52- 93-EM, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, que es el sustento normativo de las facultades técnicas de OSINERGMIN para sancionar el incumplimiento de las disposiciones técnicas de seguridad en las instalaciones de hidrocarburos; lo que ha sido ignorado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 2.2 Sin perjuicio de la incompetencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la supuesta infracción al literal c) del artículo 43 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por realizar el vertimiento de drenaje de agua de lluvia, sin previo tratamiento y análisis químico que evidencie el cumplimiento de los LMP vigentes, no se ha dado, en tanto que no existe drenaje al ambiente, si no que el agua de lluvia de la zona estanca de la Baterías es bombeada al tanque "D" Gun Barrel en donde es tratada. Otro argumento que sustenta este extremo, consiste en que la entidad demandada no aplicó el principio de retroactividad benigna previsto en el inciso 5 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, dado que la obligación a que se refiere el literal c) del artículo 43 del citado Reglamento, ya no se encuentra prevista en el nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 39-2014-EM, a partir del cual ya no existe obligación de realizar un tratamiento y análisis químico de las aguas de lluvia; con lo cual, mal hace la administración en atribuirles responsabilidad administrativa e imponer medidas correctivas sobre la base de una obligación que si bien existió en el año de la supervisión, a la fecha ya no se encuentra vigente.----------------------------------- 2.3 Sobre la supuesta infracción al artículo 56 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no cumplir con rehabilitar las áreas afectadas con hidrocarburos dentro del plazo otorgado por el OEFA; se debe tener en cuenta que el plazo de 10 días hábiles no correspondía al plazo para que se cumpla con rehabilitar y/o limpiar el área afectada como erróneamente se manifiesta en las resoluciones impugnadas, sino que dicho plazo está referido al plazo para el levantamiento de las observaciones advertidas por OEFA durante la supervisión. 2.4 Conforme a los principios de presunción de veracidad y de conducta procedimental previstos en el articulo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, la demandada deberá considerar sus alegaciones en el sentido que en buena fe, pues MAPLE no consideró que el plazo de 10 días se refería a la rehabilitación de los suelos; asimismo, se deberá tener en cuenta que conforme al numeral 3.2 del Reglamento del Procedimiento Sancionador del OEFA, cuando la autoridad decisora tenga dudas sobre la existencia de infracción administrativa, 2-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO decidirá por declarar la inexistencia de infracción administrativa en el caso concreto. Sin perjuicio de lo anterior, mediante Carta MGP-OPM-L-0223-2012 de fecha diecinueve de julio de dos mil doce se cumplió con efectuar los descargos y levantamiento de observaciones, consignándose en el ítem cuatro de dichos descargos, que se cumplió con rehabilitar y limpiar el área afectada oportunamente. 2.5 Con relación a la infracción por supuestamente no haber rehabilitado los suelos afectados con hidrocarburos en un área aproximada de 6m2 ubicada a la altura del generador; MAPLE cumplió con la limpieza del área afectada con bolsas plásticas rojas, no siendo necesario una remediación propiamente dicha, por tratarse de manchas inocuas y sobre un área absolutamente reducida, por la cual resulta abiertamente irrazonable hablar de una contaminación de los suelos. Asimismo, en afectaciones de áreas tan pequeñas y de tan poca trascendencia, bastará con las labores de limpieza, hechos que se acreditan con las fotografías adjuntas a los descargos; de ahí que la medida correctiva consistente en la presentación de estudios de calidad de suelos deberá suspenderse, en tanto esté pendiente de resolverse el fondo de la presente imputación. 2.6 Sobre la supuesta infracción al artículo 49 de del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por realizar el vertimiento o drenaje de las aguas de lluvia provenientes de las canaletas colectoras de agua de lluvia sin previo tratamiento y análisis químico; no existe identidad entre la infracción imputada (drenar las aguas de lluvia sin previo tratamiento y análisis químico) y el supuesto de hecho de la norma invocada (contar con autorización para disponer de efluentes líquidos). 2.7 Conforme se aprecia, no existe exigencia alguna sobre un previo tratamiento y análisis químico que evidencie el cumplimiento con los Límites Máximos Permisibles. Por el contrario, literal c) del artículo 43 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, sí contiene un mandato expreso sobre el análisis químico de las aguas de lluvia previo al drenaje o vertimiento, pero este artículo no ha sido el invocado por la administración para sustentar este cargo en particular. Y aun cuando hubiese sido la norma invocada por el OEFA para imputarles una infracción, tampoco procederá una sanción por aplicación del principio de retroactividad benigna, mencionado ya anteriormente. 2.8 Sin perjuicio de lo dicho, reitera que conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, las aguas de lluvias no califican como efluentes de las actividades de hidrocarburos, razón por la cual no corresponde que MAPLE cuente con una autorización para verter aguas de lluvia ni que tenga que 3-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO comunicar la coordenadas de un inexistente punto de vertimiento; en todo caso, corresponderá a la Autoridad Nacional del Agua (y no al OEFA) calificar si hemos incumplido o no la obligación de comunicar sobre las coordenadas del punto de vertimiento. 2.9 Respecto de la supuesta infracción al artículo 9 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no realizar los monitoreos de los parámetros cloro residual y demanda bioquímica de oxígeno en las aguas domésticas (aguas servidas) de los efluentes del pozo séptico SEP1-MAQ durante el periodo dos mil once y durante los meses de enero, febrero y junio de dos mil doce; el vicio en la actuación impugnada se explica porque la demandada ha venido aplicando indebidamente a lo largo del procedimiento administrativo como instrumento de gestión ambiental para atribuirles responsabilidad administrativa, el "Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de 17 Pozos de Desarrollo en el campo Maquía (EIA)", cuando en realidad debió aplicar otro instrumento de gestión ambiental, a saber, el "Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para el Campo Maquía y el Oleoducto Maquía-Puerto Oriente" (PAMA). 2.10 Con relación al Parámetro Cloro Residual, MAPLE no realizó los monitoreos por estar obligado a ello; toda vez que si bien tal compromiso fue consignado inicialmente en el numeral 6.4.3 del Estudio de Impacto Ambiental, aprobado bajo el marco normativo según el cual sí monitoreaba dicho parámetro en las aguas domésticas, tal compromiso desapareció no solo al momento de suspender el proyecto de perforación de los pozos de desarrollo sino también con posterioridad al Decreto Supremo 003-2010-MINAM (norma que aprueba los límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales). Asimismo, respecto del parámetro DBO, el numeral 215 de la Resolución Impugnada señala que MAPLE no habría cumplido con el monitoreo de este parámetro en las aguas domésticas del pozo SEP1-MAQ durante enero de dos mil once; sin embargo, antes de que se notificara la citada resolución, ya había prescrito la facultad de OEFA de determinar responsabilidad administrativa sobre este extremo, dado que se trata de una supuesta infracción de MAPLE por no realizar monitoreo en el mes de enero de dos mil once, habiendo transcurrido en demasía el plazo previsto en el articulo 233 de la Ley N° 27444. 2.11 Sobre la supuesta infracción al articulo 9 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no realizar los monitoreos de los parámetros cloro residual y aceites y grasas, en las aguas domésticas (aguas servidas) de los efluentes del pozo séptico SEP2-MAQ durante el año dos mil once; la entidad demandada está basando sus imputaciones en un instrumento de gestión ambiental equivocado, dado que el Yacimiento Maquia tiene un PAMA que regula, entre otras cosas, sus 4-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO actividades de producción, y tuvo en el pasado un Estudio de Impacto Ambiental - EIA que se aplicó exclusivamente a ciertas actividades de perforación de pozos; sin embargo, al haberse cancelado las actividades de perforación a que se hacía referencia en el EIA en el año dos mil nueve, MAPLE no ha realizado nuevas actividades de perforación que "activen" la aplicación del EIA, tal como lo reconoce la propia Resolución impugnada en su fundamento 232; de ahí que cualquier imputación sobre una supuesta falta de monitoreos, deberá realizarse sobre la base del PAMA, instrumento de gestión ambiental que regula las actividades de producción de MAPLE. 2.12 En el extremo de la supuesta infracción al artículo 9 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no haber realizado los monitoreos mensuales de las aguas de producción (aguas de inyección) durante los meses de enero, febrero y marzo dos mil once; reiteran lo señalado en el sentido que la entidad demandada está basando sus imputaciones en un instrumento de gestión ambiental equivocado; en tanto que, el Yacimiento Maquía tiene un PAMA que regula, entre otras cosas, sus actividades de producción, y tuvo en el pasado un EIA que se aplicó exclusivamente a ciertas actividades de perforación de pozos; en ese sentido, al haberse cancelado las actividades de perforación que se hace referencia en el EIA en el año dos mil nueve, MAPLE no ha realizado nuevas actividades de perforación que "activen" la aplicación del Estudio de Impacto Ambiental; en tal contexto, cualquier imputación sobre una supuesta falta de monitoreos, deberá realizarse sobre la base del PAMA, que es el instrumento de gestión ambiental que regula las actividades de producción de MAPLE. 2.13 Respecto a la supuesta infracción al articulo 9 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no haber realizado el monitoreo de los parámetros bario y plomo de las aguas de producción (aguas de inyección) durante el año dos mil once y durante los meses de enero, febrero y junio de dos mil doce; reitera las afirmaciones vertidas en los acápites anteriores en el sentido que la entidad demandada está basando sus imputaciones en un instrumento de gestión ambiental equivocado; pues tal como ya se explicó, el Yacimiento Maquía tiene un PAMA que regula, entre otras cosas, sus actividades de producción, y tuvo en el pasado un EIA que se aplicó exclusivamente a ciertas actividades de perforación de pozos. Y al haberse cancelado las actividades de perforación a que se hacía referencia en el EIA en el año dos mil nueve, MAPLE no ha realizado nuevas actividades de perforación que "activen" la aplicación del EIA, tal corno lo reconoce la propia Resolución Impugnada en su fundamento 232; en dicho contexto, cualquier imputación sobre una supuesta falta de monitoreos, deberá realizarse sobre la base del PAMA, que es el instrumento de gestión ambiental que regula las actividades de producción de MAPLE. 5-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2.14 Sobre la supuesta infracción al artículo 9 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por no haber realizado el monitoreo de los parámetros de Cloro Residual en las aguas residuales de los efluentes del pozo séptico SEP2-MAQ, durante enero, febrero y junio de dos mil doce; MAPLE no realizó los monitoreos del parámetro del Cloro Residual por no estar obligado a ello; y si bien tal compromiso fue consignado inicialmente en el numeral 6.4.3 del EIA aprobado bajo el marco normativo según el cual si se monitoreaba el cloro residual en las aguas domésticas, tal compromiso desaparece con posterioridad al Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM que aprueba los LMP para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales). 2.15 En efecto, el referido Decreto Supremo no contempló el parámetro Cloro Residual corno una emisión que pueda causar o cause daños a la salud o al ambiente; por lo que, a partir de ello, ya no califica como parámetro que deba ser monitoreado, resultando innecesario monitorear un parámetro que la propia regulación ambiental ha excluido de su órbita de control; con la misma lógica, resulta irrazonable que OEFA les encuentre "responsabilidad" administrativa por no monitorear un parámetro (Cloro Residual) que el Estado ya no tiene interés alguno en controlar. 2.16 Con relación a la infracción al numeral 3 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, la entidad ha ordenado una medida correctiva, en los términos señalados en el numeral 426 de la resolución Impugnada; sin embargo, dicha medida resulta de imposible cumplimiento dado que el pozo séptico SEP1-MAQ ya no se encuentra en funcionamiento desde noviembre de dos mil catorce; por lo que, no se podrá implementar medidas por tratarse de una instalación que ha sido clausurada, conforme lo acredita con el Informe Técnico N° 02-EHS-MA 2014, donde se aprecia el cierre del pozo séptico SEP1-MAQ. 2.17 Con relación con el exceso de LMP de efluentes líquidos para el subsector hidrocarburos, durante los meses de enero, febrero y junio de dos mil doce, respecto del parámetro Coliformes Fecales, DBO y DQO y pH en los efluentes de las aguas residuales domésticas (aguas servidas) provenientes de pozo séptico SEP1-MAQ, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha dictado ciertas medidas correctivas en los términos previstos en el numeral 426 de la Resolución Impugnada; sin embargo, tal como ocurre para el periodo del dos mil once, la medida correctiva dictada por OEFA resulta de imposible cumplimiento conforme a las razones señaladas en el numeral precedente. 2.18 En torno de la medida correctiva consistente en acreditar que durante el mes de enero de dos mil quince, MAPLE realizó los monitoreos de las aguas de 6-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO producción del pozo séptico SEP1-MAQ, respecto de los parámetros Cloro Residual y DBO, su cumplimiento también resulta físicamente imposible; toda vez que dicha medida tiene un efecto retroactivo considerando que la Resolución Impugnada recién les fue notificada el trece de marzo de dos mil quince; por otro lado, su cumplimiento igualmente resulta imposible, en la medida que conforme a lo manifestado, el pozo séptico SEP1- MAQ ya no se encuentra en funcionamiento desde noviembre de dos mil catorce; es decir, ya no podría realizar monitoreos mensuales de los parámetros antes señalados, por cuanto se trata de una instalación que ha sido clausurada, lo cual se acredita con el informe técnico que se adjunta a la demanda. De la admisión y contestación de la demanda: 3. Mediante Resolución número uno de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis de fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos tres de autos, se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial, la misma que es contestada por la procuradora pública de la demandada, mediante su escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis obrante de fojas cuatrocientos diez a cuatrocientos cincuenta y nueve de autos, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando se declare infundada. 4. Señala como argumentos principales de su contestación los siguientes: 4.1 Con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, a través de la Resolución Directoral N° 101-96-EM/DGH, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Campo 31B Maquía y del Oleoducto Maquía - Puerto Oriente operado por la empresa demandante. 4.2 El veintitrés de mayo de dos mil ocho, por Resolución Directoral N° 241-2008- MEM/AAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Perforación de 17 Pozos de Desarrollo en el Lote 31B. 4.3 Del veinticinco al veintinueve de junio de dos mil doce, la Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizó una supervisión regular a las instalaciones del Lote 31B, a partir de la cual detectó el incumplimiento de diversas obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de la demandante, conforme se desprende del Acta de Supervisión N° 007494, Acta de Supervisión N° 007495 y el Informe de Supervisión N° 1114-2012-OEFA/DS. 4.4 La empresa demandante señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental supuestamente no resulta competente para fiscalizar y 7-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO sancionar la obligación de impermeabilización de las áreas estancas conforme a lo previsto en el literal c) del Artículo 43 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006- EM; sin embargo, de conformidad con los artículos 1 y 2 del citado Reglamento, se prevén disposiciones dentro de las cuales se encuentra el “contrato de licencia” que celebraron Perupetro S.A. y MAPLE con la finalidad de que este último realice actividades de explotación de hidrocarburos en el Lote 31B; de ello se advierte que la demandante se encuentra obligada a cumplir con todas las disposiciones establecidas en dicho Reglamento, dentro de las cuales se encuentra el literal c) del artículo 43, las mismas que buscan proteger el ambiente a través de la prevención, el control, la mitigación, la rehabilitación y la remediación de los impactos ambientales negativos derivados de actividades de hidrocarburos, para cuya fiscalización y eventual sanción es competente el OEFA, en virtud de la transferencia de funciones del OSINERGMIN al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 4.5 Si bien existen otros cuerpos normativos que hacen referencia a la impermeabilización de las áreas estancas como temas de seguridad, dichas normas responden a una finalidad distinta a la protección ambiental; siendo que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental no realiza acciones de fiscalización que permitan determinar la seguridad de las instalaciones, sino, con la finalidad de proteger el ambiente. 4.6 Aunque el Decreto Supremo N° 088-2013-PCM establece las funciones técnicas del OSINERGMIN en las actividades de los sectores energía y minería, referentes a los aspectos de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de las operaciones; y cuando corresponda, a la calidad; sin embargo, de las dieciocho funciones técnicas que se le atribuyen al mencionado organismo para las actividades de hidrocarburos líquidos, ninguna tiene como sustento al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM. 4.7 En atención a lo expuesto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es competente para fiscalizar los presuntos incumplimientos al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos con la finalidad de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y remediar los impactos ambientales que pudieran ocasionarse, por lo que le corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental pronunciarse sobre el incumplimiento referente a la falta de impermeabilización del área estanca de las instalaciones de la Batería del Yacimiento Maquía y no el OSINERGMIN conforme erróneamente indica la empresa demandante. 8-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.8 Conforme a lo dispuesto en el literal c) del articulo 43 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM, los titulares de las actividades de hidrocarburos tienen la obligación de impermeabilizar las áreas estancas; no obstante, durante la supervisión, la Dirección de Supervisión advirtió que parte del área estanca de las instalaciones de la batería del Yacimiento Maquía no se encontraba impermeabilizada. 4.9 En el Informe Técnico de Permeabilidad no se incluye información alguna respecto a la capa superficial del suelo del área estanca (de 0.00 a 0.10 metros de profundidad) relacionada con su coeficiente de permeabilidad, la cual estaría compuesta por suelo limo arenoso y con presencia de materia orgánica (raíces de planta). Dicha información resultar relevante, puesto que es la capa que se encuentra en contacto directo con los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y forma parte del área estanca; conforme a ello, no es posible determinar si el suelo del área estanca de la batería del Yacimiento Maquía se encontraba debidamente impermeabilizada; por lo que, lo detectado por el supervisor (parte de la zona estanca de la batería del yacimiento Maquía no se encontraba impermeabilizada) no ha sido desvirtuado por la empresa demandante. 4.10 Debe indicarse que en el Informe Técnico de Permeabilidad se recomendó que: “(...) para dar mayor estabilidad en el mencionado suelo sembrar gras alrededor de los tanques de poca altura, haciendo periódicamente el mantenimiento respectivo con un jardinero"; de lo que se advierte, que la recomendación consignada en dicho documento (“sembrar grass") está referida a generar estabilidad en la zona, mas no a la impermeabilización del área estanca, razón por la cual carece de relevancia lo indicado por el administrado. En otras palabras, ello no sustenta el argumento relacionado con que dicho tipo de suelo permite el crecimiento de grass necesario para evitar su erosión natural. 4.11 Sobre la infracción al literal c) del artículo 43 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, por realizar vertimiento de drenaje de agua de lluvia sin previo tratamiento y análisis químico que evidencie el cumplimiento de los limites máximos permisibles vigentes; la empresa demandante ha señalado que no existe infracción administrativa debido a que no existiría drenaje al ambiente sino que el agua de lluvia de la zona estanca de las Baterías es bombeada al tanque “D” Gun Barrel en donde es tratada, por lo que al supuestamente no existir drenaje del agua de lluvia, no hay infracción posible; para lo cual adjunta el “Manual de Operaciones - Procedimiento para bombeo de agua de lluvia de las cantinas y zona estanca de baterías”. Sin embargo, se podrá apreciar que dicho documento recién fue aprobado en enero de dos mil trece; esto es, con posterioridad a la Supervisión efectuada por la Dirección de Supervisión (25 al 29 de junio de 2012); razón por la cual, su evaluación no resultaría pertinente para desvirtuar la infracción; tanto más si se tiene en cuenta lo señalado por la propia demandante en sus descargos. 9-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.12 En virtud de la valoración conjunta de la descripción de la Observación N° 3 y de la fotografía N° 33 del Informe de Supervisión, ha quedado acreditada la presencia de hidrocarburos en las aguas de lluvia provenientes de la zona estanca de la batería del Yacimiento Maquía, sin previo tratamiento ni análisis químico que satisfaga los correspondientes Límites Máximos Permisibles vigentes, conducta que evidencia una vulneración al literal c) del articulo 43 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM; por lo que, al carecer de asidero lo señalado por la empresa demandante corresponderá desestimar la demanda. 4.13 La obligación regulada en el literal c) del artículo 43 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM es mantenida por el citado articulo 47 del Decreto Supremo N° 039- 2014-EM y, siendo que a la fecha de la comisión de los hechos materia de infracción se encontraba vigente la Resolución N° 028-2003-OS/CD que aprueba la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, se advierte que el incumplimiento del referido dispositivo legal constituye infracción administrativa según lo dispuesto por el articulo 111 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM; por consiguiente, no corresponde aplicar la retroactividad benigna solicitada, careciendo de sustento lo alegado por la empresa demandante respecto de este extremo de su demanda. 4.14 Contrariamente a lo manifestado por el administrado, el mandato dispuesto por el supervisor a través del Acta de Supervisión N° 007495 fue claro al ordenar expresamente, el levantamiento de las observaciones en un plazo de 10 días hábiles, siendo una de ellas el “rehabilitar y/o limpiar las áreas afectadas con hidrocarburos”; en consecuencia, queda claro los alcances de la observación formulada. 4.15 Respecto a la infracción por no haber rehabilitado los suelos afectados con hidrocarburos en un área de aproximadamente 6 m2 ubicada a la altura del generador, la demandante indicó que supuestamente habría realizado la limpieza del suelo, conforme lo acreditaría con la fotografía N° 7-A remitida junto con la Carta N° MGP-OPM-L-0223-2012; sin embargo, de la revisión del citado medio probatorio, en cuya descripción se indica “Limpieza y remediación de área GGEE”, se podrá apreciar que no es posible determinar si el administrado cumplió con rehabilitar el área afectada con hidrocarburos, toda vez que la rehabilitación de un área no puede ser demostrada a través de una fotografía sino a través de un informe de muestreo del suelo afectado y sus resultados; por tal motivo, el argumento de la empresa demandante, relacionado a desvirtuar las infracciones al articulo 56 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM, resultan insuficientes para desvirtuar lo verificado in situ a la fecha de la supervisión. 10-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.16 Sobre la infracción al articulo 49 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM, por realizar el vertimiento o drenaje de las aguas de lluvia provenientes de las canaletas colectoras de agua de lluvia sin previo tratamiento y análisis químico; de acuerdo con dicha norma, antes de su disposición final, las aguas de lluvia deben ser tratadas, lo cual implica pasar por un análisis químico a efectos de cumplir con los Límites Máximos Permisibles vigentes; por lo que, carece de sustento legal lo señalado por la empresa demandante. 4.17 Con relación a la infracción del articulo 9 del Decreto Supremo N° 015-2006- EM por no realizar los monitoreos de los parámetros Cloro Residual y Demanda Bioquímica de Oxígeno en las aguas domésticas (aguas servidas) de los efluentes del pozo séptico SEP1- MAQ durante el periodo dos mil once y durante los meses de enero, febrero y junio de dos mil doce; se deberá apreciar que el Estudio de Impacto Ambiental del Lote 31B recoge la evaluación de la actividad de explotación de hidrocarburos, toda vez que describe acciones o eventos que están relacionados con dicha actividad (entre ellas, la perforación de pozos de desarrollo), así como la producción de dichos pozos, además de la ampliación de las facilidades de producción, ampliación de los tanques de petróleo y ampliación de tanques de almacenamiento de aguas producidas, entre otras. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la empresa demandante, el Estudio de Impacto Ambiental del Lote 31B, al ser un instrumento que evalúa el aspecto ambiental en la ejecución del proyecto de “perforación de 17 pozos de desarrollo” está referido a la actividad de explotación de hidrocarburos, la cual además de contemplar la perforación de pozos de desarrollo, también preveía la producción y la instalación de facilidades, propias de dicha fase. 4.18 Por otro lado, la empresa demandante precisó que al suspender el proyecto de perforación de los 17 pozos en el año dos mil nueve, las actividades de producción correspondientes a los pozos que sí perforó (6 pozos) se encontraban sujetas a los preceptos y disposiciones del PAMA y no del EIA del Lote 31B; al respecto, independientemente de que la empresa demandante haya suspendido o no la perforación de los demás pozos, lo cierto es que los compromisos recogidos en dicho instrumento de gestión ambiental (EIA), sí resultaban exigibles a las actividades de producción del Lote 31B, y por tanto a las que iban a ejecutarse en los 6 pozos de desarrollo ya perforados; asimismo, la Dirección de Supervisión, al revisar el Informe Anual de Cumplimiento Ambiental - 2011 Lote 31B y los Informes de Muestreo de Efluentes Líquidos y Cuerpos Receptores del Lote 31B, correspondientes a los meses de enero, febrero y junio de dos mil doce, advirtió que la empresa demandante no realizó los monitoreos a los efluentes líquidos conforme se advierte del Informe de Supervisión; hallándose responsable a la demandante por incumplir el compromiso asumido en el ítem 6.4.3, correspondiente al monitoreo mensual de efluentes líquidos (aguas residuales domésticas y aguas de producción). 11-35 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LIMA Galería “El Virrey de Santa Fe” Espalada Catedral de Lima – Piso 7 - Distrito de Cercado de Lima 9° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO EXPEDIENTE : 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA JUEZ : VASQUEZ ALVARADO, MILAGROS VERONICA ESPECIALISTA : ZARABIA CUSI RUTH NOEMI DEMANDADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, DEMANDANTE : FABRICA PERUANA ETERNIT SA. . SENTENCIA RESOLUCIÓN N° 15 Lima, 22 de agosto del 2023. AUTOS Y VISTOS: Con el Informe Oral del abogado de la parte Luis Felipe Vásquez Izurieta, con Registro CAL 91970 y represento a la empresa ETERNIT I.- PARTES: a) El demandante FABRICA PERUANA ETERNIT SA. (en lo sucesivo, el accionante o recurrente). b) La demandada MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (en adelante, la demandada o MTPE). II.- PETITORIO: La accionante, pretende: a) Se declare la nulidad de la Resolución Sub Directoral N° 396-2014 de fecha 28 de agosto de 2014 dictada por la cuarta Sub Dirección de Inspección de Lima y Resolución Directoral N° 527-2014 de fecha 17 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Inspección del Trabajo de Lima b) Como consecuencia de ello, se deje sin efecto el ilegal mandato de la autoridad de trabajo que fluye de tales resoluciones. III.- HECHOS: 3.1. La parte recurrente sostiene lo siguiente: a. Que, el inspector de trabajo les acusó de no haber renovado por motivos discriminación a los señores José Alberto Zapata Sernaque; Rolando Melchor Muños Zamudio; Wilmer Salvador Cortez, Christian Eloy Quinto Torres, Rubén Darío Ramos Valverde y Sixto Jara Sancho; cuando en la realidad ellos cesaron por su propia voluntad recibiendo el importe de sus beneficios sociales, y posterior de ello son ha interpuesto acciones de nulidad de despido o despido arbitrario u 1 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 otras modalidades que no se han tomado en cuenta en el presente caso; pero el inspector señala que no se les contrato nuevamente por actos de discriminación, debido a que iniciaron procesos judiciales anteriores al vencimiento de los contratos, siendo el tema central de la controversia consistía en determinar si la conclusión de dichos contratos modales constituyó o no acto de discriminación, para determinar si cabía la multa, pero el inspector se limitó a realizar una verificación de personas que ya no eran sus trabajadores y que también habían interpuesto acciones judiciales, no se les ha permitido aportar pruebas que desestimen la versión del inspector. b. Que, la demandada no puso en conocimiento el objeto de la investigación y además para complementar su derecho de defensa en su escrito de fecha 23 de octubre del 2012 solicitó el acceso al expediente administrativo sin que haya pronunciado sobre ello contraviniendo el articulo 75° inciso 6 de la Ley 27444; asi también se le pretende multar dos veces por el mismo hecho vulnerando el principio non bis in idem y demás fundamento solicita se declare fundada la demanda. 3.2. La demandada, en su absolución, señala como argumento de su defensa: a. Que, mediante orden de Inspección N° 6534-2012-MTPE/1/20.4 se realizó la inspección en la empresa demandante; iniciándose el procedimiento sancionador en merito del Acta de Infracción N° 2324-2012 comprobándose que la ahora demandante no cumplió con los dispositivos legales en materia sociolaboral imponiéndole la multa de S/4,015.00 soles. b. Que, respecto de la primera infracción referido a la no renovación de los contratos modales que no pueden ordenar la reposición del actor sino por mandato judicial, precisa que la Fiscalización en cumplimiento de las normas socio-laborales en los centros de trabajo como lo señala la ley en su artículo tercero, el cual no invade o colisiona con la función jurisdiccional y sobre los actos de discriminación, las demandas han sido presentadas con fecha anteriores a su cese, cuando tenían vinculo laboral y además accedió a las planillas constatando la existencia de contratación de nuevos trabajadores que realizaban las labores de los trabajadores despedidos y demás fundamentos solicita que se declare infundada la demanda. IV. DESARROLLO DEL PROCESO: Admitida la demanda y su contestación, verificándose la inexistencia de vicios procesales y la concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, se 2 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 declaró saneado el proceso, fijándose los puntos controvertidos, admitiéndose y actuándose las pruebas documentales ofrecidas por ambas partes; declarándose innecesario la realización de la audiencia; y, asimismo, se dispuso remitir los autos a Despacho para sentenciar, una vez transcurrido el plazo de ley para solicitar informe oral. FUNDAMENTOS: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 1.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y principios propios del derecho administrativo; y, observando lo prescrito en el artículo 32° del TUO de la Ley N° 27584, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, siendo que corresponde a la entidad administrativa la carga de probar los hechos cuando está en mejores condiciones de hacerlo o cuando la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas. Puntos controvertidos: 2.- En el presente proceso se fijó como punto controvertido: 2.1. Si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución Sub Directoral N° 396- 2014 de fecha 28 de agosto de 2014 y Resolución Directoral N° 527-2019 de fecha 17 de octubre del 2014 y si corresponde o no dejar sin efecto la multa impuesta a la demandante. Análisis del punto controvertido 3.- Para determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución Sub Directoral N° 396-2014 de fecha 28 de agosto de 2014 y Resolución Directoral N° 527-2019 de fecha 17 de octubre del 2014 y si corresponde o no dejar sin efecto la multa impuesta a la demandante; se tienen las siguientes consideraciones: 3.1 Que, la finalidad de la acción contencioso administrativa, prevista en el artículo 148° de la Carta Magna, es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; siendo impugnable a través del proceso contencioso administrativo toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas; contra la cual se pretenda, entre otros, la declaración de nulidad o ineficacia de actos administrativos. 3.2 Que, la nulidad de los actos administrativos, sólo pueden ser declaradas por las causales previstas en el artículo 10° de la Ley 27444; que señala que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1) La 3 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14; 3) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición; y 4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 3.3 Que, la parte demandante alega que, al emitirse las resoluciones cuestionadas, se ha vulnerado articulo 75° inciso 6 de la Ley 27444, principio non bis in idem, el derecho de defensa y el debido proceso; todo lo cual, se enmarcaría en la causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley 27444; en tal virtud debe evaluarse si en efecto se incurrió en dichas contravenciones. 3.4 Que, respecto al principio del debido proceso, el Tribunal Constitucional, ha señalado que el derecho de defensa forma parte del contenido esencial del debido procedimiento administrativo en los términos siguientes: “El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139°, inciso 2) de la Constitución (…) es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionatorios. En ese sentido, el debido proceso – y los derechos que lo conforman, por ejemplo: el derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones administrativas, non bis in ídem, etc., resultan aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica (…)1”.La doctrina2 entiende el debido proceso una garantía formal para el administrado. Es posible entender esto en el sentido de que deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige. En esa línea, el objetivo es que una decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del ordenamiento jurídico. El TUO de la Ley 27444 exige que para imponer sanciones si debe tramitar el procedimiento respectivo, respetando las garantías. Asimismo, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 3.5 Que, respecto al principio del non bis in ídem; cabe señalar que constituye contenido implícito del derecho al derecho proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el cual constituye un límite en el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades de la Administración Pública, como así lo precisó el 1 Sentencia recaída en el Expediente N° 5514-2005-PA/TC, Fundamento Tercero. 2 ROJAS FRANCO, Enrique. El debido procedimiento administrativo. Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, 2011, no 67, p. 177-188 4 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 Tribunal Constitucional del modo siguiente: “En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) significa que “nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimiento (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)3. 3.6 El artículo 75° de la ley 27444 señala que son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, lo siguiente ... en el inciso 6) señala que “Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática” 3.7 Así, en el caso concreto, habiéndose expuesto en detalle los argumentos contenidos en el escrito de demanda de la parte demandante y los propios contenidos en el escrito de contestación por parte del demandado, corresponde a continuación valorar en conjunto lo expuesto, verificando el respaldo fáctico y jurídico ofrecido y las pruebas aportadas; siendo que este análisis debe circunscribirse a la normativa invocada en las resoluciones impugnadas así como en los principios y derechos invocados por la parte accionante. En ese tenor, se procede a analizar el punto controvertido contenido en el Fundamento 2.1 de la presente sentencia. 3.8 En este caso se tiene que mediante Orden de Infracción 6534-2012-MTPE/1/20.4 se dispuso la inspección de la empresa demandante para verificar: El inspector de Trabajo en el Acta de Infracción N° 2423-2012 señala haber verificado: 3.9 El expediente Sancionador N° 2430-2012-MTPE/1/20.44 se extrae: 3 Sentencia recaída ene l Expediente 2050-2002-AA/TC, Fundamento 19. 5 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 - Que, la parte actora cumple con presentar el escrito de descargo en el ofrecimiento y anexos lo siguiente: - - Resolución Directoral N° 978-2012-MTPE/1/20.44 de fecha 20 de noviembre del 2012: 6 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 - Resolución Sub Directoral N° 396-2014-MTPE/1/20.4 de fecha 28 de agosto del 2014: 7 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 Con lo que resuelve imponer la multa a la empresa demandante de S/4,015.00 Soles por infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y labor inspectiva. - Resolución Directoral N° 527-2014-MTPE/1/20.4 de fecha 17 de octubre del 2014 se resalta lo siguiente: Con lo resuelve declarar confirmar en todos sus extremos la Resolución Sub Directoral N° 396-2014-MTPE/1/20.4 de fecha 28 de agoto del 2014 3.10 Que, de la valoración en forma conjunta y razonada de todos los medios probatorio admitidos en el proceso y los argumentos de las partes; se puede demostrar que mediante Orden de inspección N° 6534-2012-MTPE/1/20.4 se realizó una inspección laboral originando el Acta de Infracción N° 2423-2012 en que el Inspector de Trabajo concluyó que no se les había renovado sus contratos modales por motivos discriminación a los señores José Alberto Zapata Sernaque; Rolando Melchor Muños Zamudio; Wilmer Salvador Cortez, Christian Eloy Quinto Torres, Rubén Darío Ramos Valverde y Sixto Jara Sancho; personas que interpusieron demanda laboral: FECHA DE NOMBRE N° EXPEDIENTE INGRESO DE PRETENSIÓN DEMANDA. Rubén Darío Ramos Pretensionando la Desnaturalización del Valverde 08972-2012 Contrato Modal por necesidad del mercado Christian Eloy Quinto 8933-2012 18/04/2012 Pretensionando la Desnaturalización del Torres Contrato Modal por necesidad del mercado Sixto Jara Sancho 24192-2011 27/10/2011 Pretensionando la Desnaturalización del Contrato Modal por necesidad del mercado Rolando Melchor Muños 1044-2012 16/01/2012 Pretensionando la Desnaturalización del Zamudio Contrato Modal por necesidad del mercado Wilmer Salvador Cortez 8969-2012 18/0472012 Pretensionando la Desnaturalización del Contrato Modal por necesidad del mercado José Alberto Zapata Sernaque 09116-2012 19/04/2012 8 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 Estos trabajadores interpusieron demanda contra la empresa demandante cuando tenían vínculo laboral y posteriormente se produjo el cese del centro de trabajo; este hecho es importante resalta, debido a que en los procesos judiciales de dilucidará la desnaturalización de un contrato modal a un contrato indeterminado y ello a su vez seria determinante para aplicar la reposición o la indemnización por incumplimiento de los contratos modales (propio de los contratos modales); en ese sentido, la orden de Inspección de fecha 23 de mayo del 2013 fue expida cuando los trabajadores mencionados interpusieron proceso judicial; el cual tiene incidencia sobre la Inspección Laboral; debido a no puede anticiparse en concluir el incumplimiento de normas laborales y señalar que le corresponde la reposición de los trabajadores mencionados, sin antes determinarse si el contrato es o no indeterminado, situación que estaba siendo ventilada en el Órgano Jurisdiccional; por tales motivos la Autoridad Administrativa de trabajo debió inhibirse de la inspección laboral por esos hechos. 3.11 Que, la parte demandada en la - Resolución Sub Directoral N° 396-2014- MTPE/1/20.4 de fecha 28 de agosto del 2014, señala que no se esta pronunciando por la desnaturalización sino la existencia de discriminación de los trabajadores y a través de ello requieren a la Empresa demandante la reposición de los trabajadores, sustentado en el Memorándum Circular N° 050-2009-MTPE-2/12.3, que señala “ el inicio de las acciones judiciales en el trámite de las actuaciones inspectivas; asi como el procedimiento sancionador, no son causales de inhibición por parte de los servidores que ejercen la función inspectiva, asi como de las autoridades, que determinan multas a imponerse”; si embargo esta disposición no puede ir en contra de lo previsto en el segundo parágrafo del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que tiene mayor jerarquía que un Memorándum Circular, que señala “Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Sic”; esto debido a que la desnaturalización del contrato de trabajo instado el órgano jurisdiccional, tiene incidencia sobre los derechos de los trabajadores incluyendo la reposición, el cual es posible si el contrato es indeterminado, de lo contrario operaria las reglas del artículo 76° del Decreto Supremo 03-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de productividad y competitividad laboral; bajo ese contexto se puede evidenciar que se ha incurrido en la vulneración al debido procedimiento , pues no se ha respectado las garantías mínimas al continuar con una inspección cuyo objeto tenía relación con los procesos judiciales incoados por José Alberto Zapata 9 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 Sernaque; Rolando Melchor Muños Zamudio; Wilmer Salvador Cortez, Christian Eloy Quinto Torres, Rubén Darío Ramos Valverde y Sixto Jara Sancho 3.12 Asi mismo, cabe precisar que el Inspector y la Autoridad Administrativa de Trabajo sustentan sus argumentos en que la demandada estaría realizando actos de discriminación, pero no ha precisado cuantos trabajadores que están afiliados al sindicato han sido renovados sus contratos como los casos de Salvador Cortez Wilmer y Ramos Valverde Rubén Darío y el determinar la existencia de actos de discriminación directa encubierta por el solo hecho de ser afiliados a un sindicato o interponer la demanda judicial en contra del empleador, pues si partimos del razonamiento subjetivo del Inspector también se podría señalar que los trabajadores demandantes sabían que su contratación iba a terminar, prepararon todo para interponer demanda judicial para solicitar el reconocimiento del contrato indeterminado, este hecho se evidenciaría por que José Alberto Zapata Sernaque se afilió el 12 de abril del 2012, a 9 dias de interponer la demanda y a 18 dias del cese, por ende el nexo causal no sería lo que concluye el inspector y las resoluciones materia de cuestionamiento; más aun si señala que la demandada en el lugar de los demandantes contrato a otros trabajadores, lo que supondría que la razón no necesariamente el ser sindicalista sino otra razón economica o laboral o subjetiva el cual no configuraría la existencia de discriminación. 3.13 Respecto de la vulneración al principio del non bis in ídem; es preciso señalar que dentro de la inspección laboral puede suceder que se detecte el incumplimiento de una norma socio laboral u otros, que sean objeto de subsanación y por ello para evitar la sanción por la infracción se le requiere al empleador el cumplimiento (subsanación) y si este no cumple dicho requerimiento el pasible de una sanción; esto es que la multa proviene a la infracción de una norma socio laboral y el otro por no cumplir con el requerimiento de subsanación; ante dicha situación no opera el non bis in ídem, porque no se esta sancionando dos veces por un mismo hechos, debido a que existen dos hechos distintos como se explicó; en ese caso, este principio no prospera debido a que se ha determinado la inexistencia de discriminación. 3.14 En cuanto a la vulneración del principio del debido proceso; en este caso, de la revisión del Expediente Sancionador ° 2430-2012-MTPE/1/20.44, se puede apreciar que tanto la inspección como el procedimiento sancionador se han realizado con la garantías sin vulnerar ningún derecho de la parte actora emitiéndose los actos administrativos, el cual en cuan cuestión de fondo este Despacho ha considerado que la parte demandante no ha incurrido en infracción por los fundamentos ya explicados, por lo que corresponde estimar la demanda 10 13506-2015-0-1801-JR-LA-59 3.15 Que, habiéndose atendido al artículo 197 del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente al presente proceso) que establece que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. Y, estando a los considerandos precedentes, se verifica que las actuaciones impugnadas: Resolución Sub Directoral N° 396-2014 de fecha 28 de agosto de 2014 y Resolución Directoral N° 527-2019 de fecha 17 de octubre del 2014, se encuentran inmersas en causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley 27444; por las consideraciones expuestas precedentemente, correspondiendo que la demanda expida una resolución anulando la sanción impuesta a la empresa demandante y se dé por concluido el procedimiento sancionador. 4. De las costas y costos del proceso: 4.1 Conforme al artículo 49° del TUO de la Ley 27584, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. RESOLUCIÓN: Por las razones expuestas, la Señora Juez del Noveno Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: RESUELVE: a) Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por FABRICA PERUANA ETERNIT SA contra el MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. b) Declarar la NULIDAD de Resolución Sub Directoral N° 396-2014 de fecha 28 de agosto de 2014 y Resolución Directoral N° 527-2019 de fecha 17 de octubre del 2014 c) CUMPLA la entidad demandada con emitir una nueva resolución administrativa dejando sin efecto la multa impuesta y dar por concluido el proceso inspectivo. d) EXCEPTUAR a la parte demandante del pago de las costas y costos. Tómese Razón y Hágase Saber. – 11
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 13556-2015 MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA: VIVIAN MARISA CRUZ SOTOMAYOR DEMANDANTE : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO SAC DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS Lima, cinco de enero del dos mil veintidós.- DADO CUENTA en la fecha los actuados por la elevada carga procesal que soporta esta judicatura: téngase presente; Al Reingreso de Expediente de Sala de fecha 09 de noviembre de 2021: Por recibido los actuados de la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo y conforme al estado del proceso: CÚMPLASE LO EJECUTORIADO por Resolución de Vista número CINCO del 03 de enero del 2020; que resuelve REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número CUATRO, de fecha 14 de septiembre del 2018, que declara fundada la demanda interpuesta, REFORMÁNDOLA, se declaró INFUNDADA LA DEMANDA. NOTIFICANDOSE.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE: 13556-2015 DEMANDANTE: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO SAC DEMANDADO: SAT MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUZGADO: 4 JCA VISTA DE CAUSA: 10 DE OCTUBRE DE 2019 (Nº 29) RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO Lima, tres de enero de dos mil veinte. - En el trámite de apelación de sentencia, interviniendo como ponente la señora magistrada Bonilla Cavero, el Colegiado procede a resolver; I.- PARTE EXPOSITIVA: Petitorio de la demanda • Se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00076020. Resolución Apelada Sentencia contenida en la Resolución Nº 04, de fecha 14 de setiembre de 2018, que resuelve declarar fundada la demanda interpuesta, en síntesis, por los siguientes fundamentos: a. Si bien es cierto de la verificación del Acta de Control N° C571339, se aprecia que ésta cuenta con lo necesariamente requerido para su validez, también lo es que al no haberse identificado al conductor, resultaba obligatorio contar con la respectiva toma fotográfica. b. En el caso de autos, la fotografía obrante en el expediente administrativo resulta insuficiente, dado que no puede advertirse con claridad el número de la placa de rodaje del vehículo intervenido. Apelación La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2018, el mismo que se sustenta, en síntesis, en los siguientes fundamentos: a. La sentencia apelada incurre en error, pues la conducta infractora fue advertida por el inspector y no fue negada por el demandante ni tampoco fue observada. b. El acta de control contiene los datos esenciales requeridos para su validez. Asimismo, cuenta con la firma y código de la autoridad que sanciona, y por lo tanto prevalece la conservación del acto emitido, conforme lo establece el artículo 14° numeral 14.1 de la Ley 27444. c. La Administración ha iniciado procedimiento administrativo sancionador en cumplimiento a lo establecido en la ley y por tanto los actos administrativos no se encuentran incursos en causal de nulidad. II.- FUNDAMENTOS: Asunto por resolver 1. Determinar si debe declararse la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020. ANALISIS DEL CASO. 1. De la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020 se evidencia que el día 05 de abril de 2014, se impuso acta de control respecto del vehículo de placa F3L848 por haberse incurrido en la comisión de la infracción N 67 consistente en “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”. 2. Al respecto cabe indicar que la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su artículo 9° refiere que el acto administrativo se presume válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada, ello conlleva a que cuando un acto administrativo ha sido emitido conforme a las normas jurídicas previamente vigentes, ordenadoras de dicha actuación y consta de sus elementos esenciales, se le atribuya presunción relativa o juris tantum de validez, esto sucede porque estamos frente a la recepción por la legislación de una de las prerrogativas del Poder Público esenciales para asegurar la eficiencia y seguridad en el cumplimiento de las decisiones gubernamentales, es decir que todo acto administrativo tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de una actividad administrativa1. Dicha presunción iuris tantum dispensa a la autoridad emisora del acto administrativo de demostrar su validez, por lo que será quien aduce su pretendida nulidad quien deberá probar lo contrario. No obstante ello, conforme lo señala el artículo 33° del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en el caso que la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, la carga de probar corresponde a la entidad administrativa. 3. En ese contexto, conforme puede advertirse de los argumentos de la demanda y del escrito de descargo presentado en la vía administrativa, la parte demandante pretende sustraerse de la infracción imputada señalando que el acta de control no cumple con 1 Morón Urbina Juan Carlos: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Octava Edición, Diciembre de 2009, Lima, pág. 165 y ss. 2 los requisitos de validez que exige la ley y que no es cierto la comisión de la falta que se imputa. De la falta de los requisitos de validez del acto impugnado. 4. Al respecto, cabe indicar que el Inspector Municipal es quien en representación de la Municipalidad de Lima ejerce las facultades constitucionales atribuidas a dicha entidad, en materia de seguridad en la vía pública, lo que incluye a los propietarios o conductores de vehículos que prestan servicio público de transporte de pasajeros. En ese sentido, la Ordenanza 1599, prevé lo siguiente: Artículo 86.- Del levantamiento del Acta de Control 86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará al conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, Documento Nacional de Identidad, TUC tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes. 86.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la intervención y, de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución de los documentos solicitados, de ser el caso. El acta de control deberá ser firmada por el conductor, cuando corresponda; en caso de negativa de firma, el inspector dejara constancia de este hecho en el Acta. 86.3 En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector procederá a levantar el acta de control en la que dejará constancia de la intervención así como de la negativa de entregar la documentación solicitada; debiendo adjuntar los medios probatorios que correspondan al caso en concreto. En el acta de control y los medios probatorios deberá constar la hora y fecha de la intervención, asimismo el acta deberá consignar la identificación y firma del inspector municipal y de la persona encargada del operativo, dando fe de los hechos acontecidos. 86.4 En el caso, que el conductor, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte, no cumpla con la orden de detenerse dándose a la fuga, se procederá a levantar el acta de control en la que dejará constancia de la intervención, a fin de que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control; asimismo el acta deberá consignar la identificación y firma del inspector municipal y de la persona encargada del operativo, dando fe de los hechos acontecidos. 86.5 En los casos de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos, se deberá adjuntar el material probatorio respectivo al acta de control o informe, los cuales serán refrendados por el Inspector Municipal de Transporte, para luego ser remitidos a la SFT, órgano que deberá tramitar y emitir los actos correspondientes del procedimiento administrativo sancionador. 5. Asimismo, el artículo 88° de la Ordenanza N° 1599, precisa respecto del valor probatorio de las actas e informes, lo siguiente: “88.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, 3 los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 88.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que permitan desvirtuar la comisión de la infracción o la responsabilidad imputada“. 6. Ahora bien, de autos se advierte que ha quedado acreditado plenamente la validez del acto cuestionado, por cuanto conforme es de verse del acta de control y del material fotográfico que obra a fojas 57, se desprende que: (i) la sanción ha sido impuesta por funcionario competente e identificado plenamente para tal efecto; (ii) se ha identificado al vehículo materia de la infracción, detallado el tipo de infracción cometida, el hecho que dio mérito a la imposición de la sanción y el lugar en el cual esta se cometió; y porque (iii) la sanción se encuentra amparada en la normatividad preestablecida para tal efecto. 7. Cabe precisar que si bien es cierto, el Juez de la causa refiere que el acta de control C571339 contiene todos los requisitos de validez, pero que al no haberse identificado al intervenido, era necesario acompañar foto donde se visualice la placa del vehículo, por lo que considera que la demanda es fundada, cabe referir al respecto que en principio la infracción detectada es la de código N-67, que consiste en “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”. Ahora bien, en el acta de control que fuera levantada el 05 de abril de 2014, a horas 07:15, se especifica con claridad que la conducta detectada es haber dejado pasajeros fuera del paradero de ruta, exponiéndolos al peligro. La toma fotográfica de fojas 57, si bien no se aprecia el número de placa si se advierte que la fecha y hora de la intervención coincide. Es más, se advierte con claridad que se incurrió en la conducta detectada. Incluso la propia parte demandante al formular el descargo cuestionó el acta de control por aspectos formales y centró a su vez su defensa en la responsabilidad debía recaer en el conductor, pero de modo alguno cuestionó que ese día no se haya detectado tal conducta, lo que no hace sino corroborar que la toma fotográfica corresponde a la intervención efectuada al vehículo de placa F3L848, que consta en el Acta de Control 571339. 8. Siendo que de la revisión de lo actuado en autos y del expediente administrativo no se advierte que el demandante haya cumplido con presentar medio probatorio alguno que acredite en forma objetiva que no hubo comisión de la infracción. Por lo tanto y tal como lo prevé el artículo 30º del TUO de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo, al referirse a la actividad probatoria, concordado con el artículo 33º que “establece que corresponde a quien afirma los hechos sustentar su pretensión, salvo disposición legal diferente”, o en todo caso, acreditar la causal de nulidad con la que se encuentre viciada las resoluciones cuestionadas (supuesto que no se ha cumplido en el presente caso), no cabe amparar lo alegado por la parte demandante. Es más, la parte demandante ha sido sancionada en virtud de lo previsto por el artículo 100.5 de la Ordenanza 1599-MML que determina que cuando no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. Asimismo, la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020 se encuentra debidamente motivada dado que se advierte que la misma cumple con lo previsto por el artículo 6°, numeral 6.1 y 6.2, de la Ley 27444, pues se ha expresado los fundamentos fácticos y jurídicos en los que se sustenta. 4 9. Conforme lo hasta aquí esgrimido resulta evidente que la presunción de licitud del acto administrativo no ha sido desvirtuada y opera plenamente en el presente caso, pues la pretendida nulidad del acto sólo se encuentra sostenida en argumentación fáctica carente de material probatorio alguno que evidencie la existencia de causal que amerite la declaración de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 10° de la Ley 27444. Por estas consideraciones, impartiendo justicia a nombre de la Nación, RESOLVIERON: III.- DECISIÓN: A) REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 04, de fecha 14 de setiembre de 2018, que declara fundada la demanda interpuesta, con lo demás que contiene; REFORMANDOLA se declara INFUNDADA la demanda interpuesta en todos sus extremos. B) Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, devuélvase al juzgado de origen a través de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. - SANCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO MARTINEZ GARIBAY 5
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 13556-2015 MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA : VIVIAN MARISA CRUZ SOTOMAYOR DEMANDANTE : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO SAC DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.- AUTOS Y VISTOS.- DADO CUENTA en la fecha los actuados por la elevada carga procesal que soporta ésta judicatura: Téngase presente. PROVEYÉNDOSE EL RECURSO DE APELACION DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA SAT: AL PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER OTROSÍ: téngase presente en lo que fuere de ley. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la pluralidad de instancia es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 139° inciso 6° de la Constitución Política del Perú, por medio del cual todo justiciable tiene la facultad de impugnar un acto procesal cuando considere que éste le cause agravio o perjuicio de índole económico y moral. SEGUNDO: Que, en ejercicio del referido derecho la parte demandada SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT interpone Recurso de Apelación contra la SENTENCIA dictada mediante RESOLUCION NÚMERO CUATRO de fecha 14 de septiembre de 2018, mediante el cual ésta judicatura resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta. TERCERO: Que, el citado medio impugnatorio reúne los requisitos de admisibilidad y procedibilidad previstos por los artículos 366º y el primer párrafo del 367º del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 35º inciso 2, numeral 2.1 y 36º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; asimismo, ha sido presentado dentro del plazo legal concedido en el inciso g) del artículo 28.2 del citado Texto Único Ordenado, conforme al cargo de notificación judicial que obra en autos. CUARTO: Que, del tenor del artículo 371° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los de la materia, se tiene que proceder la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación; que en éste caso de autos, la resolución materia de apelación se trata de una sentencia, por lo que debe concederse con efecto suspensivo. Por estos fundamentos y en aplicación de la normatividad antes invocada, SE RESUELVE: 1°) CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por la parte demandada SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT contra la SENTENCIA dictada mediante RESOLUCION NÚMERO CUATRO de fecha 14 de septiembre de 2018, mediante el cual ésta judicatura resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta; CON CONOCIMIENTO DE LA PARTE DEMANDANTE. 2°) En consecuencia: ELÉVESE los autos dentro del término de Ley al Superior Jerárquico con la debida nota de atención, una vez devueltos que sean los cargos de notificación de las partes procesales. NOTIFICANDOSE.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S E N T E N C I A EXPEDIENTE : N° 13556-2015-0-1801-JR-CA-04 DEMANDANTE : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO S.A.C. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT MATERIA : NULIDAD DEL ACTO ADMINISTATIVO JUEZ : LENIN M. MONTORO RODRIGUEZ ESPECIALISTA : VIVIAN M. CRUZ SOTOMAYOR Resolución Nº CUATRO Lima, catorce de septiembre de dos mil dieciocho.- VISTOS; La demanda contenciosa administrativa de fecha 02 de diciembre de 2015, interpuesta de folios 16 a 36, por la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO S.A.C., contra el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA –SAT. Pretensión: La empresa recurrente solicita como pretensión: se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020, de fecha 20 de julio de 2015, que declara desestimado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 17605600449335 de fecha 16 de diciembre del 2014, que devino como consecuencia del levantamiento del Acta de Control N° C571339 de fecha 05 de abril de 2014, con Código de Infracción N° N67, impuesta al vehículo de placa de rodaje F3L848, que forma parte integrante de su flota vehicular. Fundamentos: 1.- Conforme al numeral 7) del artículo 230° de la Ley N° 27444 “Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo (…)”, En este sentido, en el presente caso, se está frente a la trasgresión de este principio, pues se verifica que existe una pluralidad de comportamientos “supuestamente” infractores reunidos por un elemento subjetivo común (la empresa como supuesta infractora), por lo tanto la Administración se encuentra impedida de iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador hasta que haya recaído resolución firme sobre el primer procedimiento que permita romper la unidad de la conducta infractora. Por tanto, la Administración al haberle impuesto más de una sanción por la infracción N61, por una conducta que configura el supuesto de infracción continuada, fraccionando la presunta infracción en periodos individualmente considerados, vulnera el Principio de Non Bis In Idem, previsto en el numeral 10) del artículo 230° de la Ley N° 27444, por el que se impide la duplicidad sancionadora sucesiva y la doble punición simultánea de un mismo hecho. 2.- El Inspector Municipal interviniente ha incumplido lo dispuesto por el artículo 87° de la Ordenanza N° 1599, pues no hay evidencias de la toma fotográfica que debe ser tomada en el caso que el conductor intervenido se niegue a entregar la documentación solicitada por el Inspector; habiendo este último incumplido lo establecido en el numeral 13) del manual de Intervención del Inspector Municipal de Transporte para la Fiscalización de Campo del Servicio de Transporte Público Regular de Personas, aprobado por Resolución de Gerencia N° 257- 2012-MML/GTU de fecha 28 de junio de 2012, adicionándose a ello, que la Administración no apareja en su Resolución el mencionado informe ni la vista fotográfica a fin de verificar las formalidades exigidas, que por cierto no probaría la infracción denunciada, pero sí, el cumplimiento de las formalidades exigidas. 3.- La Resolución de Sanción N° 17605600449335, no cumple con las mínimas garantías fundamentales, afectando negativamente la esfera de las personas al carecer de motivación adecuada, suficiente y congruente, evidenciándose de ella una serie de omisiones al hacer uso de simples citas legales abiertas para fundamentar su decisión, tampoco apareja algún medio probatorio como pudo haber sido una vista fotográfica, declaraciones de testigos, material fílmico o análogo conforme lo establece el ordenamiento jurídico, no habiendo aportado elemento probatorio de la comisión de la infracción a fin de que no exista duda razonable sobre su decisión, vulnerando directamente lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 3° de la Ley N° 27444. 4.- La Administración no acredita la comisión de la infracción denunciada, con ningún medio probatorio conforme lo exige el artículo 33° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; en ese sentido, ofrece como medio de prueba verificar si existe o no, el material físico (fotográfico, fílmico o análogo) en el que se verifique que el conductor intervenido realizó la conducta típica exigida dentro del tenor de la infracción de código N61 al que hace referencia el Inspector Municipal de Transporte interviniente, sin los cuales la Administración no podría acreditar los hechos imputados. Trámite: Por resolución número uno, obrante a folios 37 y 38, su fecha 08 de enero de 2016, se admite a trámite la demanda y se corre el traslado respectivo. Por escrito de folios 48 a 51, el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Apoderado, se apersona al proceso y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, señalando como argumento, que: 1.- En el caso que nos ocupa, se advierte que dentro del procedimiento administrativo iniciado por la demandante, ésta no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición del Acta de Control N° C571339 cometida por la infracción de código N67, elaborada por el Inspector Municipal. Para la Administración Tributaria - SAT, las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le da el Estado. 2.- La Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020 materia de nulidad, que declara desestimado el recurso de apelación interpuesto por el obligado, ha sido emitida de acuerdo a ley, ya que torna en insuficientes los fundamentos del recurso planteado; es decir, tal como lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, el recurso de apelación debe sustentarse por expreso mandato legal en diferente interpretación de las pruebas producidas; sin embargo, el referido recurso que interpuso la demandante, expone como sustento alegaciones que no constituyen lo que la ley establece, vale decir, no constituyen diferente interpretación de las pruebas producidas, lo cual tiene efectiva relevancia para el procedimiento administrativo, dado que en éste las actuaciones de la Administración deben dar estricto cumplimiento al marco legal que lo regula. 3.- De este modo resulta evidente que la vía administrativa ha sido agotada en forma correcta por parte de la Administración, y que el acto administrativo que pone fin a la fase administrativa constituido por la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020, materia del presente proceso, no adolece de ninguna circunstancia que amerite su nulidad, conteniendo el debido pronunciamiento de la Administración adecuado a ley. Saneamiento.- Por resolución número dos, obrante de folios 81 a 83, su fecha 14 de abril de 2016, se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes y por ende saneado el proceso; fijándose como punto controvertido: “Determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020 de fecha 20 de julio de 2015, que declaró desestimado el recurso de apelación incoado por la demandante contra la Resolución de Sanción N° 17605600449335 del 16 de diciembre de 2014, que devino como consecuencia de la imposición del Acta de Control N° C571339 impuesta con fecha 05 de abril de 2014, al vehículo de placa F3L848, por el Código de Infracción N67”; Se admiten los medios probatorios ofrecidos en el escrito de demanda como en el de contestación de demanda; se prescinde de la Audiencia de Pruebas y se remiten los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen de ley, el mismo que corre de folios 88 a 103, en el que se opina porque se declare fundada la demanda. Habiéndose tramitado la presente causa conforme a los cánones procesales establecidos en la Ley Nº 27584 y su modificatoria establecida por el Decreto Legislativo N°1067, corresponde emitir sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder judicial a través de sus órganos jerárquicos quienes actúan con independencia y con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las Leyes establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45º y el artículo 138º de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 1º y 16º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativa; en ese orden, el artículo 1° de la Ley 27584 prevé que la acción Contencioso Administrativa (Proceso Contencioso Administrativo) a que se refiere la norma constitucional citada, tiene por finalidad de un lado, el control jurídico por el Poder Judicial de la legalidad y Constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo; y de otro, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; consecuentemente, conforme a esto último, es derecho de todo administrado acudir al Órgano Jurisdiccional en busca de tutela jurisdiccional efectiva en caso considere vulnerados sus derechos o intereses por parte de la Administración. TERCERO.- En el presente caso, la empresa demandante INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO S.A.C., solicita como pretensión: se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020, de fecha 20 de julio de 2015, que declara desestimado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 17605600449335 de fecha 16 de diciembre del 2014, que devino como consecuencia del levantamiento del Acta de Control N° C571339 de fecha 05 de abril de 2014, con Código de Infracción N° N67, impuesta al vehículo de placa de rodaje F3L848, que forma parte integrante de su flota vehicular. CUARTO.- Conforme es verse de los actuados administrativos insertos en autos, mediante el Acta de Control N° C571339 corriente a folios 56, su fecha 04 de abril del 2014, se imputó al conductor del vehículo de placa F3L848, la comisión de la infracción tipificada con el código N67, esto es por: “Dejar o recoger pasajeros a lado izquierdo o medio de la calzada o cuando el vehículo se encuentra en movimiento o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”, conforme lo establece la Ordenanza N° 1599 que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana. QUINTO.- De folios 59 a 61 de autos, corre el recurso de apelación incoado por la empresa recurrente contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00449335, de fecha 16 de diciembre de 2014, en el que se señala como sustento, que: (i) El 23 de diciembre de 2014 fue notificada con dicha Resolución de Sanción, recaída por el Acta de Control N° C571339 impuesta al vehículo de Placa de rodaje F3L848, perteneciente a su flota vehicular; en tanto que, el 24 de diciembre de 2014, se le notificó la Resolución de Sanción N° 176-056-00366995 de fecha 16 de octubre de 2014, recaída del Acta de Control N° C721115, con el mismo código de infracción y por la misma conducta infractora; reuniéndose para ello los requisitos de hecho, sujeto activo, sujeto pasivo y fundamento; vulnerándose con ello el Principio de Continuación de Infracciones, al haber estado la Administración impedida de iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador en tanto no haya recaído resolución firme en el primer procedimiento administrativo sancionador. (ii) Se vulnera también con ello, el Principio Non Bis In Idem, al imponérsele dos infracciones por una misma conducta; y, (iii) Se incumplen los requisitos de validez del Acta de Control N° C571339, la cual, según indica, no reúne los requisitos de validez, al no haberse tomado una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. Por su parte, de folios 70 a 73 de autos, corre el Escrito de Descargo presentado por la empresa recurrente, contra el Acta de Control N° C571339, donde a diferencia de lo señalado en su escrito de apelación, indica que: (a) Fue notificada con la copia del Acta de Control N° C571339 impuesta al vehículo de Placa de rodaje F3L848, perteneciente a su flota vehicular, por la infracción de Código N67; siendo que, en aplicación del Principio de Causalidad, no le corresponde a ella asumir responsabilidad por la conducta infractora, al carecer de culpabilidad pues no fue ella, en su condición de persona jurídica, quien desplegó dicha conducta infractora. (b) Se incumplió con lo establecido por el artículo 87° de la Ordenanza Municipal N° 1599, que regula el procedimiento a seguir en los casos que el conductor se niegue a identificarse, no habiendo evidencia de tal fotografía con las formalidades mencionadas en dicho artículo. SEXTO.- Al respecto, la Ordenanza N° 1599-MML, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, prevé con el Código N67, la infracción descrita como: “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada, cuando el vehículo se encuentre en movimiento o en lugares donde se atente contra la seguridad o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”. Como puede advertirse de la descripción de la infracción de Código N67, ésta contempla varios supuestos, como son: (i) Dejar o recoger a los pasajeros a lado izquierdo de la calzada, cuando el vehículo se encuentre en movimiento. (ii) Dejar o recoger a los pasajeros en medio de la calzada cuando el vehículo se encuentre en movimiento; (iii) Dejar o recoger a los pasajeros en lugares donde se atente contra la seguridad; (iv) Dejar o recoger a los pasajeros fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados. SÉTIMO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-, en su artículo 46° establece con respecto a la capacidad sancionadora que tiene todo gobierno municipal, que: “Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad.” OCTAVO.- En el caso de autos, conforme se advierte del Acta de Control N° C571339 obrante a folios 56 de autos, ésta fue impuesta por el Inspector Municipal interviniente, con fecha 05 de abril del 2014, al vehículo de Placa de Rodaje F3L848, perteneciente a la flota vehicular de la empresa demandante (según propia versión); apreciándose en el rubro: Observaciones del Inspector la siguiente anotación: "Dejar pasajeros fuera del paradero de ruta exponiéndolos al peligro"; conducta que evidentemente se subsume en uno de los supuestos de infracción previstos en el Código N67 del Reglamento de Prestación de Servicios de Transporte Público Regular de Personas. NOVENO.- Al respecto, el artículo 86° de la Ordenanza 1599-MML señala que: “86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará al conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes”. “86.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la intervención y, de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución de los documentos solicitados, de ser el caso. El acta de control deberá ser firmada por el conductor, cuando corresponda; en caso de negativa el inspector dejara constancia de este hecho”. Por su parte, el artículo 87° dispone lo siguiente: “En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal se Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada (…) “87.1 Deberá tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. DÉCIMO.- Como puede verse de la mencionada Acta de Control, el accionar del conductor indica que no colaboró en lo absoluto con la autoridad, al negarse a identificarse y no firmar el Acta de Control, pues es claro que si no estaba de acuerdo con la infracción imputada por el Inspector Municipal, debió consignar la observación que considerase pertinente; lejos de hacer ello, pretendió evadir su responsabilidad; conducta omisiva que se encuentra prevista en la normativa aplicable. Ahora bien, con respecto a la mencionada Acta de Control, su imposición se fundamenta en que son primordiales herramientas de prueba que son levantadas por el Inspector Municipal de Transporte quien es la persona encargada de verificar el cumplimiento de las normas, así como de las demás disposiciones dictadas, en este caso, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, dando fe de los hechos que suceden en la intervención, es decir, las normas legales aplicables, le otorgan al Inspector Municipal de Transporte en el ejercicio de sus funciones públicas, la facultad de dejar constancia bajo la aseveración que hace algo que es cierto (su actuación viene investida del Principio de Presunción de Legalidad). UNDÉCIMO.- Sin embargo, si bien es cierto, de la verificación del Acta de Control N° C571339, se aprecia que esta cuenta con lo necesariamente requerido para su validez, al consignarse la conducta infractora incurrida por el conductor del citado vehículo; también lo es, que al no haberse podido identificar al conductor infractor, resultaba obligatorio contar con la respectiva toma fotográfica donde apareciera la Placa de rodaje del vehículo intervenido, así como la hora y fecha de producida la intervención. En tal circunstancia, la toma fotográfica obrante a folios 57, repetida a folios 68 de autos, resulta insuficiente para acreditar que se trata del vehículo intervenido, pues no se aprecia en lo absoluto el número de Placa de Rodaje, siendo insuficiente que en ella sí figuren la fecha y hora de intervención que sí coinciden con las registradas en el Acta de Control impuesta; no pudiendo determinarse que se trataba de la misma unidad sobre la cual recayera la sanción. DUODÉCIMO.- Coincide este Juzgador con los argumentos esgrimidos por la Duodécima Fiscalía Provincial Civil de Lima, en su Dictamen de folios 88 a 103, en cuanto a los argumentos que sustentan la desestimación, tanto de la invocada vulneración del Principio de Continuidad de Infracciones, como del Principio Non Bis in Idem, pues es evidente que las conductas infractoras atribuidas a la empresa recurrente -en caso de acreditarse-, serían independientes y autónomas unas de otras, por lo que a cada infracción le correspondería su respectiva sanción, no presentándose en dicho caso, ni la continuidad de infracciones ni la duplicidad de sanciones como se invoca. DÉCIMO TERCERO.- Sin negar la facultad de la que se encuentran premunidos los inspectores municipales de transporte; en el presente caso, no puede determinarse fehacientemente la comisión de la infracción administrativa atribuida a la empresa recurrente, en razón de no haberse cumplido por parte del SAT, el procedimiento administrativo previsto en la Ordenanza N° 1599, dado que la toma fotográfica que se acompaña en el expediente administrativo inserto en autos, no resulta idónea (de la misma no se aprecia sin lugar a dudas el número de placa del vehículo infractor); lo que lleva a determinar que la actuación administrativa impugnada se encuentre afectada de nulidad, al no haberse cumplido con el debido procedimiento administrativo en la imposición del Acta de Control N° C571339 de fecha 05 de abril de 2014, lo que a su vez determinas también la nulidad de la Resolución de Sanción y Resolución de Gerencia Central de Normativa que la confirman. Por estas consideraciones, estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 28°, 33° y 50° del Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS y los artículos 188°, 196° y 197° del Código Procesal Civil, el CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de conformidad con lo opinado por la Duodécima Fiscalía Provincial Civil de Lima, en su dictamen de folios 88 a 103; y, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú; FALLA: DECLARANDO FUNDADA la demanda interpuesta de folios 17 y siguientes. En consecuencia: 1.- NULA el Acta de Control N° C571339 de fecha 05 de abril de 2014. 2.- NULA la Resolución de Sanción N° 17605600449335 de fecha 16 de diciembre del 2014 3.- NULA la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00076020, de fecha 20 de julio de 2015. En los seguidos por la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO S.A.C., contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT, de la Municipalidad Metropolitana de Lima; sobre Impugnación de Resolución Administrativa. Notificándose con conocimiento fiscal.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” EXPEDIENTE : 13579-2015-0-1801-JR-CA-01 DEMANDANTE : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO SAC DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO SENTENCIA Sumilla: Si bien es cierto en un proceso administrativo sancionador corresponde a la entidad administrativa acreditar los hechos que configuran la infracción, también lo es, que corresponde al administrado probar los hechos excluyentes de su responsabilidad y/o los argumentos que sustenten su pretensión, lo que no ha acontecido en el caso de autos, por cuanto la accionante no ha presentado ningún medio probatorio que desvirtué lo consignado por el inspector municipal en el Acta de Control, limitándose a expresar argumentos sin mayor sustento fáctico y probatorio. RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS.- Lima, treinta de noviembre del dos mil diecisiete.- VISTOS: I) De la Demanda.- Con el expediente administrativo que en copias autenticadas obra inserto en el proceso principal de fojas 53 a 68; y, del estudio de autos resulta que con escrito presentado con fecha dos de diciembre de 2015, corriente de fojas 16 a 35, INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO SAC interpone demanda contencioso administrativo contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT, a fin que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central De Normativa Nº 179-158-00073198, de fecha 09 de julio del 2015 y de la Resolución de Sanción Nº 176056005807261 de fecha 09/04/2015. El actor sustenta la demanda manifestando: • La demandada no adjunta material probatorio que acredite en forma objetiva la comisión 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” de la infracción N61, la simple descripción de la supuesta infracción no acredita en forma objetiva la comisión de la infracción que se imputa • Señala que se ha vulnerado los Principio de debida motivación, Principio de Continuación de Infracciones, Non Bis In Idem, verdad material. • Por otro lado, señala que no existe toma fotografía alguna que coincida con la fecha y hora del Acta de Control. II) De la Contestación de la demanda.- Por resolución número uno, de fecha cuatro de noviembre dos mil quince, corriente a fojas treinta y seis, se admite a trámite la demanda, en la vía del Proceso Especial y conferido el traslado respectivo, el apoderado del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT, mediante escrito de fecha once de enero del 2016, corriente de fojas cuarenta y uno a cuarenta y cuatro, contesta la demanda, alegando lo siguiente: • Dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante este no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de Acta de Control N° C4616621, cometida por la infracción N61, elaborada por el Inspector Municipal SAT. • Las actuaciones del inspector municipal tiene todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución de sus funciones de ley señala. III) Saneamiento Procesal.- Por resolución número dos, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, obrante de fojas treinta cuarenta y ocho a cuarenta y nueve, se declara saneado el proceso, se fija el punto controvertido, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes y se prescindió de la audiencia de pruebas; con resolución número dos, de fecha veintiuno de julio de 2016, se dispuso la remisión de los actuados al Ministerio Público, para el Dictamen de Ley. IV) Dictamen Fiscal.- De fojas ochenta y cuatro a ochenta y ocho, obra el Dictamen Fiscal Nº 772-2017, emitido por el 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” Dr. Diosdado Santos Galarza, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima, quien opina que debe declararse Infundada la demanda, siendo el estado del proceso el de emitir sentencia.- CONSIDERANDO: PRIMERO: El proceso contencioso administrativo es el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional frente a una actuación de la Administración Pública1; tiene por objeto una pretensión incoada por un administrado que invoca una lesión en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, lesión subjetiva que le ha sido conferida por una actuación administrativa expresa ilegítima o bien por una situación de inactividad formal o material de un órgano administrativo2. La finalidad precisada se encuentra contenida en el artículo 1° de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo que establece: “La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.(…)”.En ese marco, el artículo 5° de la citada ley prevé: “En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: (…) 1- La declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos”. Se entiende por Acto Administrativo la decisión de una autoridad en ejercicio de sus propias funciones, sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas y/o de los administrados respecto de ello”3. SEGUNDO: El Objeto de la presente controversia se centra en determinar si al expedirse la Resolución de Gerencia Central de Normativa Nº 179-158-00073198, que desestimó el recurso de apelación formulada por el demandante contra la Resolución de Sanción Nº 176-056- 000580726, ha incurrido en causal que acarree su nulidad. 1 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ARA Editores, 4ta Edición, Lima, 2009. Pág. 87 2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Jurista Editores. Lima, 2006. Pág. 486. 3 BACACORZO, Gustavo: “Tratado de Derecho Administrativo” Gaceta Jurídica, Lima 2001 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” TERCERO: A tenor de lo dispuesto en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS4; constituye materia de análisis los actuados en sede administrativa, siendo así, en el expediente administrativo obran los siguientes actuados administrativos: (cid:1) A fojas 57 obra el Acta de Control Nº C616621, de fecha 28 de mayo 2014, mediante la cual se detectó la infracción de Código N61 que consiste en “Vehículo intervenido con pasajeros, no permitir la acción de fiscalización y control al negarse a entregar documentos” (cid:1) Escrito de Apelación 23 de abril del 2014 (fs. 63 a 68). (cid:1) Mediante la Resolución de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-73198 del 09 de julio del 2015, corriente a fojas 55, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la señalada Resolución de Sanción, dando por agotada la vía administrativa. CUARTO: Cabe señalar que los artículos 39° y 40° de la Ley Nº 27972, Ley de Municipalidades5, establecen que los gobiernos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas municipales que constituyen las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal y por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; y, de ser el caso imponer la sanción administrativa que corresponda ante una eventual infracción a sus disposiciones, estableciendo para ello- al amparo del Artículo 46° de la Ley de Municipalidades6 - la escala de multas en función de la gravedad de la falta, así como el procedimiento sancionador a seguir. 4 D.S N° 013-2008 JUS emitido el 29 de agosto de 2008. Artículo 30.- Actividad probatoria En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. 5 Artículo 39.- Normas Municipales Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos (…) 6 Artículo 46.- Sanciones Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” QUINTO: Siendo así, de los actuados administrativos se advierte que el demandante fue sancionado bajo la Ordenanza Nº 1599–MML7, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana; que respecto al procedimiento administrativo sancionador, establece: Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. (…) Artículo 86.- Del levantamiento del Acta de Control 86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes. 86.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la intervención y, de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución de los documentos solicitados, de ser el caso. El acta de control deberá ser firmada por el conductor, cuando corresponda; en caso de negativa el inspector dejara constancia de este hecho. 86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control. (…) penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias 7 Publicado el 19 de abril del 2012. 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” Artículo 87.- Negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. 87.2 Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla. Artículo 88.- Notificación al infractor 88.1 El conductor y/o cobrador, así como el titular y/o operador de la infraestructura complementaria de transporte se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la sola entrega de una copia del Acta de Control levantada por el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto. 88.2 La empresa autorizada o el propietario, según corresponda, se entenderán válidamente notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de Cargos le sea entregada, cumpliendo lo establecido en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las notificaciones (…). Artículo 90.- Valor probatorio de las actas e informes 90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 90.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados documentos. Artículo 92.- De la emisión de la Resolución de Sanción 92.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución. (…). Artículo 93.- De los Recursos Administrativos 93.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 93.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. (…). SEXTO: Bajo ese contexto normativo, en el caso de autos, se aprecia que el procedimiento administrativo sancionador en contra del accionante inició con el levantamiento del Acta de Control Nº C616621, documento del cual se desprende que, el Inspector Municipal de Transporte, en uso de su facultad de fiscalización, el día 28 de mayo del 2014, intervino al conductor del vehículo de placa de rodaje N° B3I-713, quien se negó a identificarse, conforme se aprecia de rubro “Datos del Intervenido”, por “Vehículo intervenido con pasajeros no permitir las acciones de fiscalización y control al negarse a entregar documentos”, según lo consignado en el ítem observaciones-, incurriendo en la infracción de Código N61 tipificada en el Anexo I –Tabla 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” de Infracciones, Sanciones y Medidas preventivas de la Ordenanza N° 1599-MML, que establece: TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS Medidas Responsable Código Infracción Calificación Sanción Preventivas Solidario “No permitir las acciones de 1 UIT y control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de Retención de suspensión de Empresa N61 Muy Grave la autoridad administrativa, darse la credencial la credencial por Autorizada a la fuga o negarse a entregar 10 días documentación” SETIMO: Al respecto, el demandante en su escrito de demanda manifiesta básicamente lo siguiente: i) El inspector municipal no adjunta material probatorio que acredite en forma objetiva la comisión de la infracción N61, siendo insuficiente el Acta de Control, vulnerándose el principio de verdad material y de debida motivación; ii) Determinar si al momento de imposición del Acta de Control N° C616621 se ha vulnerado el Principio de continuación de infracciones y del Non Bis In Idem y iii) Que debió tomarse una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo, la hora, fecha de la intervención los cuales deben coincidir con el Acta de Control. OCTAVO: En cuanto a lo señalado en el ítem i); cabe precisar que la Ordenanza Nº 1599- MML, en su artículo 5° establece: “3.- Acta de Control.- Es el documento suscrito por el Inspector Municipal de Transporte en el que se hace constar los resultados de la acción de control de campo o mediante medios electrónicos, computarizados o digitales, conforme con lo establecido por la presente Ordenanza. 36. Inspector Municipal de Transporte.- Es la persona designada por la GTU para verificar el cumplimiento de los términos, deberes, obligaciones y condiciones de la prestación del servicio de transporte público regular de personas mediante la acción de control. Asimismo, supervisa y detecta infracciones a las normas del servicio de transporte, encontrándose facultado para intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, elaborar informes y aplicar las medidas preventivas, según corresponda”. 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” NOVENO: Por otro lado, el artículo 67° del citada Ordenanza Municipal prescribe: “Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se podrán sustentar en cualquiera de los siguientes medios probatorios: 67.1 El acta de control levantada como resultado de una acción de control por el inspector municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la fiscalización en la que conste la(s) infracción(es”)”, asimismo, en el artículo 90° establece: “90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 90.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados documentos.” DECIMO: De lo señalado en los considerandos precedentes, se desprende que el Acta de Control, en donde se consignan los hechos constatados por los inspectores municipales, tienen veracidad y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los inspectores en ejercicio de sus funciones; esto sin perjuicio de los medios probatorios en contrario, que la demandante pueda presentar, a fin de desvirtuar lo consignado en los medios probatorios presentado por la entidad administrativa. DECIMO PRIMERO: Respecto a los principios vulnerados, la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General establece: Art. IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 1.1 Principio de Verdad Material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados (…) 1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)” DÉCIMO SEGUNDO.- La inmediata consecuencia de los numerales antes citados conduce a que la administración al momento de ejercer su potestad sancionadora debe actuar en virtud de la Constitución y de la ley, ello en virtud que no ejerza dicha potestad de manera arbitraria, para cuyo caso deberá actuar los medios probatorios para la determinación de una conducta pasible de sanción por parte de un administrado, debiendo el acto administrativo tener una decisión motivada y fundada en derecho, esto es que la conducta se encuentre debidamente tipificada antes de la imposición de la sanción y argumente los fundamentos que arriban a sancionar al administrado infractor. DECIMO TERCERO: En el caso de autos, como se aprecia de los actuados administrativos, la entidad administrativa sancionó a la demandante, en su calidad de responsable solidario del vehículo de Placa de Rodaje Nº B3I-713, por la comisión de la infracción tipificada con el Código N61 “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, en mérito al Acta de Control C616621 levantada por el inspector municipal con fecha 28 de mayo del 2014, documento que conforme lo señalado precedentemente, tienen veracidad y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por el inspector en ejercicio de sus funciones; por tanto, conserva su valor probatorio mientras no sea desvirtuado, de esta manera la entidad administrativa ha cumplido con la carga de la prueba. DECIMO CUARTO: Por el contrario, la demandante no ha presentando ningún medio probatorio que desvirtúe dicho medio probatorio, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 196° del Código Procesal Civil, lo cual se complementa con el numeral 2) del artículo 162° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala:”(…) corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”, máxime si se toma en cuenta que el Acta de Control antes señalado cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza N° 1599-MML, esto es, se ha consignado, los datos del vehículo, el lugar de la 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” infracción, fecha y hora (conforme se aprecia de la toma fotográfica) de la intervención, el Código de la infracción, identificación y firma del inspector, la negativa del intervenido a identificarse, a entregar documentos y la de firmar; por lo que resulta válido y eficaz para acreditar la infracción imputada a la demandante. DECIMO QUINTO: En consecuencia, si bien es cierto en un proceso administrativo sancionador, corresponde a la entidad administrativa acreditar los hechos que configuran la infracción administrativa, lo que ha quedado debidamente acreditado por la entidad demandada, también lo es, que corresponde al administrado probar los hechos excluyentes de su responsabilidad, lo que no ha sucedido en el caso de autos, puesto que no obra, tanto en el procedimiento administrativo como en el presente proceso judicial, medio probatorio alguno que desvirtúe lo consignado en los medios probatorios ofrecidos por la demandada o acredite los argumentos expuesto por el demandante, limitándose a expresar argumentos sin mayor sustento probatorio que su dicho, situación que finalmente importa que sus alegatos no enerven el valor probatorio de lo consignado en el Acta de Control N° C616621; respecto al principio de motivación, este principio tampoco ha sido afectado al momento de sancionarse a la recurrente, ello debido a que si bien en un primer momento el procedimiento sancionador tuvo como respaldo el Acta de Control y culmino con la emisión de la Resolución de Sanción, también lo es que al momento de emitirse la Resolución de Gerencia Central de Normativa materia de impugnación, se aprecia que la demandada arriba a la misma conclusión de este despacho, ello en virtud de que el demandante ha incurrido en la infracción, estableciendo con ello el supuesto de hecho y la vulneración del derecho incurrido. DÉCIMO SEXTO: Respecto a la vulneración de los Principios de Verdad Material y de Debida Motivación, no tiene asidero legal, en virtud que se ha determinado que los fundamentos establecidos en la resolución en cuestión, responden a su Recurso de Apelación y estando a que para el presente caso el Inspector Municipal ha procedido a lo establecido en el Art. 86° de la Ordenanza N° 1599, se tiene por desestimado este extremo. 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” DECIMO SEPTIMO: En cuanto a lo señalado en el ítem ii), respecto a la vulneración establecidos en el Art. 230° de la Ley de Procedimiento Administrativo General: ¡Art. 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa “6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 10. Non Bis In Idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultanea una persona y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecia la identidad del sujeto, hecho y fundamento”. DÉCIMO OCTAVO: Ahora bien, la demandante manifiesta que se ha vulnerado el Principio de continuación de infracciones y del Non Bis In Idem, por cuanto la demandada ha procedido sancionarlo en reiteradas ocasiones por el mismo hecho; al respecto cabe precisar, como se aprecia de los citados artículos, el principio de continuidad de infracciones no es aplicable a todo tipo de infracciones, en la medida que solo resulta aplicable a situaciones en donde la infracción es de tipo continuada, es decir, “aquellas cuya realización se prolonga en el tiempo y le permite al infractor subsanar la omisión o cambie su estado”8, más no aquellas cuya ejecución es realizada una sola vez en el tiempo (inmediata) toda vez que la configuración misma de la infracción se dio en un momento determinado, el cual es perfectamente identificable en el tiempo, situación que no se da en el presente caso. DÉCIMO NOVENO: Esto es, la infracción impuesta a la demandante que consiste en “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, se ha llevado en un determinado momento (28 de mayo del 2014); en decir la ejecución de la infracción se dio de inmediato, en la medida que cometió la infracción N61, por lo que se le impondrá una sanción y que de ser el caso realice el mismo hecho, se configurara otra infracción y así de 8 ALVA MATTECUCCI, Mario. El principio de continuidad de infracciones regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General y su implicancia en el ámbito tributario. En: Jurídica. Suplemento de Análisis del Diario Oficial “El Peruano” correspondiente a la Edición del martes 12 de abril de 2005, N° 41, pp. 6 y 7. 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” forma sucesiva; en decir, si existe un numero indeterminado de infracciones cometidas por un infractor, existirá igual numero de sanciones aplicadas; por tal razón y en virtud de la naturaleza de la infracción no resulta aplicable el principio de continuidad de infracciones, ya que es posible diferenciar cada uno de los hechos en forma autónoma; por ello, no podría ser considerada como una actividad continuada que debiera ser acumulada y sancionada con una sola sanción; razón por la cual no cabe amparar este extremo. VIGESIMO: Asimismo se tiene que respecto a la vulneración del No Bis In Idem, cabe precisar que si bien dicho principio hace referencia a que no se puede ser sancionado por el mismo hecho dos veces, también lo es que en el caso en concreto, se aprecia que la demandada es una empresa dedicada al rubro de transporte público, la misma que dispone de varios vehículos, sin que ello enerve la responsabilidad de los chóferes y/o cobradores de dichas unidades de transportes, respecto al cumplimiento de las normas de transito, por ende pretender que las infracciones impuestas por los Inspectores Municipales en virtud del trabajo de campo a las unidades de transportes de dicha empresa, sean consideradas como una sola infracción pese a ser reiterativa por la demandante, no tiene asidero legal, razón por la cual resulta infundado este extremo. VIGESIMO PRIMERO: Al Ítem iii), cabe precisar que en la Ordenanza Nº 1599-MML, vigente a la fecha de la intervención, establecía: Artículo 86.- Del levantamiento del Acta de Control, señala: 86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes. 86.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la intervención y, de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución de los documentos solicitados, de ser el caso. El acta de control deberá ser firmada por el conductor, cuando corresponda; en caso de negativa el inspector dejara constancia de este hecho. 13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolas de Pierola N° 677 – 7mo. Piso – Cercado de Lima Edificio “César A. Mansilla Novella” 86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control. (…) Artículo 87.- Negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 13581-2015-0-1801-JR-CA-02 DEMANDANTE : INTI GAS S.A.C. DEMANDADO : OSINERGMIN MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA : PIERINA DYAN ASTRID PATRICIO CAMARGO. SENTENCIA Resolución: N° SEIS Lima, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.- Visto el presente expediente principal, con el expediente administrativo en copia fedateada formado en cuaderno separado en folios 621; emitido el dictamen fiscal, su estado es el de emitir sentencia, por lo que se procede a resolver en atención a los siguientes considerandos: I. PARTE EXPOSITIVA: A. Pretensión: Mediante escrito de 02 de diciembre del 2015 (Fs. 21 a 26), subsanada con escrito del 13 de abril 2016 (Fs. 36-37), INTI GAS S.A.C., interpone demanda contenciosa administrativa contra EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA – OSINERGMIN; a fin de que se declare la nulidad total de: La Resolución del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería de Energía y Minería N° 306-2013-OS/TASTEM-S1 del 31 de julio de 2013, que declaró infundado en parte el recurso de apelación interpuesto, contra la Resolución de Gerencia General N° 015413 del 05 de julio de 2013, en los extremos referidos a las observaciones N° 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 contenidos en dicha Resolución, declarando agotada la vía administrativa; para lo cual expuso los siguientes argumentos: A.1 Antecedentes: La actora señala, que a raíz de la visita de supervisión del 21 de junio del 2008 que recibió en la Planta Envasadora de GLP ubicada en Carretera al Mar Km.1, Comatrana, Distrito, Provincia de Ica, encontrando una supuesta serie de 1 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO observaciones, fue objeto de un procedimiento administrativo sancionador seguido mediante el Exp. N° 181894, presentando su descargo, mediante Resolución de Gerencia General N° 015413 del 05 de julio del 2012 le fue impuesta la sanción de multa con total de 36.39 UIT, y mediante Resolución N° 306-2013-OS/TASTEM-S1, se resolvió reducir la multa total a S/.36.329 de la UIT y declaró infundado el recurso de apelación interpuesto en los demás extremos que contiene la Resolución impugnada, declarando agotada la vía administrativa. A.2 Argumentos de la demanda: 1. Señala que existe prescripción de la potestad sancionadora administrativa por parte del OSINERGMIN, al haber prescrito el plazo para la sanción impuesta de acuerdo a la Resolución N° 272-2012-OS/CD, prescribía a los 04 años y de acuerdo al Reglamento, el cómputo del plazo de prescripción se suspende con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador y se reanuda si el trámite del procedimiento administrativo sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado, lo que ha sucedido con la demora en la notificación de la Resolución N° 306- 2013-OS/TASTEM-S1 del 31 de junio de 2013, notificada recién el 28 de agosto del 2015, demora injustificada por causa imputable a la Administración. 2. Agrega que, respecto a las observaciones levantadas, cumplió con presentar escritos acreditando la subsanación de las mismas, lo que la Administración desconoce, iniciándose el procedimiento administrativo sancionador, sin haberse establecido de manera idónea desde qué plazo se computó el supuesto incumplimiento de las observaciones respecto de las medidas de seguridad, al haber sido subsanados con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador. 3. Finalmente aduce que la Administración, pretende hacerse cobro de una multa cuantiosa, sin verificar el Principio de Licitud, lo que restringe su derecho de defensa y de motivación adecuada que deben tener los procedimientos administrativos. B. Contestación de la demanda: Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2016 (Fs. 48 a 60), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, con el siguiente fundamento: 1. Que respecto a la prescripción alegada, no existe tal prescripción dado que son de naturaleza continuada debido a que la situación ilícita se mantuvo y prolongó en el tiempo hasta la fecha en que se produjo su cese en algunos de los incumplimientos y aún en el supuesto y negado caso que la Resolución 2 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Administrativa se hubiera notificado fuera del plazo legal, no queda afecta de nulidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 140° de la Ley N° 27444. 2. De acuerdo al Reglamento General de OSINERGMIN, está facultado entre otras, a realizar inspecciones, visitas inopinadas de supervisión, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad correspondiente a las actividades de hidrocarburos, y de acuerdo al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN, la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales técnicas y las dictadas por OSINERGMIN es objetiva, por lo que basta que se constate su incumplimiento para establecer su responsabilidad, por ello, la demandante, en su calidad de titular del Registro de Hidrocarburos, debió adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de los artículos del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP. 3. Que las infracciones imputadas a INTI GAS S.A. en el procedimiento administrativo sancionador, fueron de naturaleza continuada, debido a que la situación ilícita se mantuvo y prolongó en el tiempo hasta la fecha en que se produjo su cese con el cumplimiento de obligación infringida, las cuales no han sido desvirtuadas, al no haber presentado documentos que acrediten que dichas infracciones fueron subsanadas. 4. La Resolución del TASTEM se encuentra debidamente motivada, la misma que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 3° en concordancia con el artículo 6° de la Ley N° 274444. C. Controversia Jurídica: La controversia jurídica consiste en determinar si la demandante incurrió o no en la infracción imputada y si en consecuencia le corresponde ser sancionada. II. PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: El artículo 148° de la Constitución Política del Estado, señala que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contenciosa Administrativa. En este contexto, el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que, la acción contenciosa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la respectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. En ese sentido, Huapaya Tapia señala que el proceso contencioso- administrativo “es un acabado y legítimo proceso jurisdiccional, pleno, donde el juez tiene todos los poderes específicos para disponer las medidas necesarias para la 3 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tutela de los derechos e intereses afectados por la actuación administrativa, y para someter esta a la legalidad”1. SEGUNDO: Conforme lo establecido en el artículo 65° de la Constitución Política, “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”; en ese sentido, la Ley N° 27699 – Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), en su artículo 1° establece: “Toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del OSINERG constituye infracción sancionable”. Asimismo, la Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos, en su artículo 76°, establece que la comercialización de productos derivados de los Hidrocarburos, se regirá por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, mediante Decreto Supremo N° 27-94-EM, publicado el17 de mayo de1994, se aprueba el Reglamento de Seguridad para instalaciones y transporte de gas licuado de petróleo. TERCERO: La Tabla de Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, publicada el 12 de marzo del 2003, contiene la Tipificación de infracciones y Escala de Multas y Sanciones del OSINERGMIN, por incurrir en infracciones administrativas e incumplimiento de normas legales - Reglamento de Seguridad para instalaciones y transporte de Gas Licuado de petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM. CUARTO: Mediante Resolución N° 306-2013-OS-TASTEM-S-1 del 31 de julio del 2013 (Fs. 08 a17 de autos), materia de demanda se declaró de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 015413 del 05 de julio de 2012, en el extremo referido a la observación 6, disponiendo su archivo definitivo en cuanto este punto, fundado la apelación interpuesta contra dicha Resolución, en el extremo referido a la observación 25, reduciendo el importe total de la multa impuesta, quedando fijada en 36.329 UIT, e infundado el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución, en los demás extremos que contiene. Respecto a la notificación de la citada Resolución, en el informe del 07 de diciembre del 2015 (Fs. 610 a 615 Exp. Adm.), punto 1.9 se señala que la misma se notificó a la demandante, el 28 de agosto de 2015. QUINTO: De la revisión del expediente administrativo, se advierte la Carta de Visita de Supervisión Operativa N° 611 (Fs. 78 Exp. Adm.), en el que se consigna que el día 21 de junio del 2008, el Supervisor del OSINERGMIN, realizó una supervisión en la Planta envasadora de GLP operada por la empresa demandante, ubicada en la Carretera al Mar Km. 1 Comatrana, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, iniciándose a horas 8:10 y culminó a las 13:30 horas; y que a mérito de ello se emitió 1 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación, Ara Editores, 1° Edición, Lima, 2011, página 371. 4 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO el Informe de Supervisión Operativa efectuada en la Planta Envasadora de GLP, respecto de las condiciones técnicas de seguridad existentes (Fs. 01 a 78 vuelta Exp. Adm.), concluyendo que luego de dicha supervisión, se detectó una serie de observaciones que se indican en el Anexo 1, de lo cual le fue comunicado mediante Oficio N° 6652-2008-OS/GFHL/UPDL del 06 de agosto 2008 (Fs. 84 Exp. Adm.), quien con fecha 11 de diciembre del 2008, mediante documento C-N° 134-IC-2008, comunicó sobre las observaciones levantadas (Fs. 85 a 128 vuelta Exp. Adm.); en el Informe Técnico Sancionador N° 181894 del 06 de abril de 2011 (Fs. 252 a 255 Exp. Adm.), se concluye que la empresa fiscalizada ha cumplido con subsanar las observaciones después del plazo establecido, incumplimiento tipificado como infracciones, recomendando iniciar el procedimiento administrativo sancionador; mediante Oficio N° 6463-2011-OS-GFJL-DOP recepcionado el 17 de mayo del 2011, se comunicó a la empresa demandante del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, quien presenta su descargo el 24 de mayo de 2011 (Fs. 281 a 288 Exp. Adm.); asimismo, se observa que en el Primer Informe Técnico Complementario al Informe Técnico Sancionador N° 1818994 del 15 de julio del 2011 (Fs. 467 a 488 Exp. Adm.), se concluye que la empresa INTI GAS S.A.C., mantiene observaciones sin subsanar, a pesar de haber sido requerida para ello, recomendando continuar el procedimiento sancionador; así como en el Informe Legal N° 199125 del 07 de septiembre del 2011 (Fs. 502 a 518 Exp. Adm.), se establece su responsabilidad, por incurrir en infracciones administrativas sancionables; luego de ello, se emitió la Resolución de Gerencia General OSINERGMIN N° 015413 del 05 de julio de 2012 (Fs. 528 a 546 Exp. Adm.), sancionando a la empresa demandante, por las observaciones 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, con multa de 36.39 UIT.; agotando la vía administrativa con la emisión de la Resolución N° 306-2013-OS/TASTEM-S1 del 31 de julio 2013 (Fs.573 a 577 Exp. Adm.). SEXTO: La actora como uno de los fundamentos de su pretensión, alega que ha prescrito la potestad sancionadora administrativa por parte del OSINERGMIN, al haber prescrito el plazo de cuatro años para la sanción impuesta, de acuerdo a la Resolución N° 272-2012-OS/CD; al respecto cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34° de la Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-OS/CD publicada el 11 de diciembre del 2009 aplicable al caso, señalaba: “La potestad sancionadora del OSINERGMIN para determinar la existencia de infracciones administrativas y la imposición de sanciones prescribe a los cuatro (4) años de cometida la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. Dicho plazo corresponde al ámbito propio del ejercicio de la potestad sancionadora, la cual finaliza con la resolución sancionadora y la consiguiente notificación. (...) El cómputo del plazo de prescripción se suspende con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador y se reanuda si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 (veinticinco) días hábiles, por causa no imputable al administrado. (…)”. En ese mismo sentido señala el artículo 32° de la 5 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Resolución de Consejo N° 272-OS/CD2, norma legal en la que sustenta la prescripción aducida. SÉPTIMO: En ese sentido, de acuerdo a la norma legal en mención, el plazo de prescripción que establece es para determinar la existencia de infracciones administrativas y la imposición de sanciones y la consiguiente notificación; teniendo en cuenta que de los actuados administrativos se advierte que las infracciones imputadas a la empresa demandante fueron de naturaleza continuada, al haberse mantenido en el tiempo las infracciones detectadas inicialmente, por lo que el plazo de prescripción se inició cuando los efectos de las infracciones cesaron en el tiempo; siendo así, del Primer Informe Técnico Complementario al Informe Técnico Sancionador N° 181894 del 15 de julio de 2011 (Fs. 424 a 488 Exp. Adm), se advierte que al 11 de diciembre del 2008, la actora subsanó algunas observaciones, cesando así en esa fecha los efectos de dichas infracciones, iniciando el cómputo del plazo de prescripción; del Oficio N° 6463-2011-OS/GFHL-DOP recepcionado el 17 de mayo de 2011 (Fs. 258 Exp. Adm.), se observa que se comunicó a la actora del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador en su contra, por el incumplimiento al Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, transcurriendo así, un lapso de 2 años 5 meses y 18 días; habiendo presentado su descargo el 24 de mayo de 2011 (Fs. 281 a 288 Exp. Adm.), esto es dentro del plazo señalado en el numeral 21.3)3 del artículo 21° de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 640-2007-OS/CD publicada el 30 de octubre del 2007. OCTAVO: Del Informe Legal N° 199125 del 07 de septiembre de 2011 (Fs. 502 a 518 Exp. Adm.), se observa que del 19 de julio de 2011 fecha en la que se emitió el Memorando GFHL/DPD- 1986-2011(Fs. 501 Exp. Adm.), a la fecha de emisión del citado Informe Legal han transcurrido más de 25 días, reanudándose el plazo de prescripción desde el día 25 de agosto de 2011 hasta el 06 de septiembre del de 2011, adicionado ello al periodo de 2 años, 5 meses y 18 días señalado anteriormente, totaliza un plazo prescriptorio de 2 años 5 meses y 25 días; siendo que la Resolución de Gerencia General OSINERGMIN N° 015413 del 05 de julio de 2012 (Fs. 528 a 548 Exp. Adm.), en la que se establece la responsabilidad administrativa de la empresa 2 Artículo 32.- Prescripción. La potestad sancionadora de OSINERGMIN para determinar la existencia de infracciones administrativas y la imposición de sanciones prescribe a los cuatro (4) años de cometida la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. Dicho plazo corresponde al ámbito propio del ejercicio de la potestad sancionadora, la cual finaliza con la resolución sancionadora y la consiguiente notificación. (…). El cómputo del plazo de prescripción se suspende con el inicio del procedimiento administrativo sancionador y se reanuda si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. También se suspenderá el cómputo del plazo en aquellos casos que, por mandato judicial expreso o supuestos establecidos en la Ley que generen la suspensión, la Entidad se encuentre impedida de ejercer su función sancionadora. 3 21.3. Para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, se correrá traslado al administrado del correspondiente Informe Legal o Técnico, Acta Probatoria, Acta de Supervisión, Carta de Visita de Fiscalización, según sea el caso y se le dará un plazo para que presente los descargos respectivos. Dicho plazo no será menor a 5 días hábiles. 6 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO fiscalizada por incumplimiento de las normas de seguridad, y le impone sanción de multa de 36.39 UIT, finaliza el procedimiento administrativo sancionador y le fue notificada el 11 de julio del 2012, según cargo de folios 548 ( Exp. Adm.), por consiguiente, dicha Resolución determinó las infracciones administrativas incurridas e impuso las sanciones respectivas, transcurriendo hasta la fecha de notificación de la misma un plazo prescriptorio de 2 años 11 meses y 25 días, y no la Resolución N° 306-2013-OS/TASTEM-S1 del 31 de julio de 2013 como aduce la actora, por tanto, a la fecha de emitirse la citada Resolución Sancionatoria, no ha prescrito la potestad sancionadora del OSINERGMIN, deviniendo dicho argumento en desestimable. NOVENO: De otro lado, debe tenerse en cuenta que de los actuados se advierte que las infracciones imputadas a la actora, derivan de las supervisiones realizadas en su planta envasadora de GLP, al haberse detectado diversos incumplimientos al Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, los cuales en el tiempo no fueron subsanados en su totalidad no obstante a los requerimientos realizados por la Administración, siendo esto así, habiéndose determinado su responsabilidad administrativa, y que los mismos constituyen infracciones sancionables de acuerdo a la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos de OSINERGMIN, aprobada por la Resolución N° 028-2003-OS/CD, por lo que el vencimiento del plazo para cumplir un acto, no puede impedir el cumplimiento de las sanciones impuestas. DÉCIMO: En cuanto al argumento que cumplió con presentar escritos con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, acreditando la subsanación de las observaciones levantadas, y que la Administración desconoce, iniciando el procedimiento administrativo sancionador sin haberse establecido de manera idónea desde qué plazo se computó el supuesto incumplimiento de las observaciones respecto de las medidas de seguridad; es de precisar que conforme lo señalado anteriormente, de la Carta de Visita Carta de Visita de Supervisión Operativa N° 611 (Fs. 78 Exp. Adm.), se advierte que dicha supervisión se practicó el 21 de junio del 2008, en la Planta envasadora de GLP operada por la empresa demandante, ubicada en la Carretera al Mar Km. 1 Comatrana, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, a mérito del cual se emitió el Informe de Supervisión Operativa efectuada en la Planta Envasadora de GLP, respecto de las condiciones técnicas de seguridad existentes (Fs. 01 a 78 vuelta Exp. Adm.), en el cual concluye, resumiendo sobre las observaciones detectadas como sigue: Sistema de Agua contra Incendio: El sistema contra incendio no pudo ser probado debido a problemas en el suministro eléctrico al motor de la bomba y porque el generador de emergencia se encuentra desconectado. La bomba actualmente instalada es de succión negativa y no cumple con la Norma NFPA 20. El sistema de enfriamiento del tanque no ha sido diseñado de acuerdo a la Norma NFPA 15. Faltan rociadores en uno de los cabezales del tanque. Los gabinetes de mangueras contra incendio están mal ubicados en la planta. La planta envasadora no cuenta con un apropiado sistema contra incendio. 7 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No cuenta con explosímetros para detectar concentraciones de GLP. Tanques de almacenamiento de GLP El tanque de almacenamiento de GLP no cuenta con el Certificado de Conformidad de Fabricación otorgado por un organismo de certificación acreditado por el INDECOPI, que certifique que ha sido diseñado, construido y probado según el código ASME Sección VIII División I. Tampoco se cuenta con el Registro de Inspección de Tanques que indiquen las acciones de mantenimiento ejecutadas. Sistema Eléctrico Existen equipos que no son “a prueba de explosión” ni tienen indicación que son adecuados para operar en áreas peligrosas. Existen equipos que son “a prueba de explosión” pero su instalación o acometida no lo es, perdiendo toda la característica de “a prueba de explosión”. Solamente cuenta con un interruptor general para cortar la energía a la planta en caso de emergencias. No se hace el mantenimiento de los pozos del sistema de puesta a tierra ni se tienen registros de medición de resistencia de puesta a tierra. Sistema de recepción, manipuleo y despacho de GLP. Ni las válvulas de seguridad ni las válvulas de exceso de flujo instaladas en el tanque, cuentan con información técnica ni registros de mantenimiento y calibración, efectuados o de acuerdo a recomendación de los fabricantes. Las válvulas de seguridad no cuentan con el dispositivo “pipe away” ni tienen el entubado de acuerdo a Norma. El sistema de anclaje “bulk head” no cumple su función de protección en caso de tracción excesiva en las mangueras de trasiego. La manguera de trasiego de GLP líquido no cuenta con válvula de alivio hidrostático. Otros varios No existe, o por lo menos no presentaron Registros de Acciones de Mantenimiento efectuadas a los equipos. Ni el Plan de Contingencias, ni el Estudio de Riesgos están debidamente actualizados. No existe Supervisor de Seguridad ni Registros de Capacitación del Personal en aspectos de Seguridad. No cuentan con todos los implementos de seguridad que se exige las Normas: No cumplen las especificaciones o están incompletos. De las observaciones detectadas, se concluye que en la actual situación la planta envasadora de GLP INTI GAS, no cumple con los artículos 1°,18°, 19°, 20°, 23°, 24°, 31, 43°, 51°, 53° 56°, 57°, 62°, 70°, 72°, 73°, 74° , 75°, 78°, 147° y 151° del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo aprobado por el D.S. N° 027-94-EM. 8 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO La mencionada instalación representa un peligro para la seguridad de las operaciones de la planta envasadora, la vida, la salud y los bienes, propios y de terceros, así como del medio ambiente. DÉCIMO PRIMERO: Asimismo, del Oficio N° 6652-2008-OS-GFHL/UPDL del 06 de agosto 2008 (Fs. 80 a 84 Exp. Adm.), recepcionado el 11 de agosto 2008, se advierte que el OSINERGMIN comunicó a la empresa fiscalizada, hoy demandante el resultado de dicha Visita de Supervisión realizada el 21 de junio del 2008, sobre el incumplimiento a la normatividad vigente, plasmados en el Anexo I - Informe de Supervisión Operativa respecto a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de la Planta (Fs. 01 a 84 vuelta Exp. Adm.), en el que se le otorga plazo hasta el 31 de enero del 2009 para: 1) Rediseñar e instalar el sistema de rociadores para enfriamiento del tanque estacionario, el que debía realizarse en base a lo indicado por la norma NFPA 15, para lo cual debía presentar una memoria de cálculo hidráulico del sistema contra incendio basado en las recomendaciones del Estudio de Riesgos. 2) Independizar la alimentación de la corriente eléctrica de la bomba contra incendio con respecto al interruptor general, presentando un plano unifilar de instalaciones eléctricas de la planta envasadora, donde se muestre tal situación. 3) Reubicar un gabinete de mangueras contra incendio o instalar uno adicional en el lado sur o este de la planta; Plazo otorgado hasta el 31 de agosto del 2009 para: 1) Reemplazar la bomba del sistema contra incendio existente por bomba de succión positiva, adecuadas para operar como bombas contra incendio, presentando las especificaciones técnicas del fabricante, así como los documentos que acrediten que la bomba y sus accesorios cumplen con la norma NFPA 20.). 2) Solicitar que el personal del OSINERGMIN presencie la prueba del sistema contra incendio a fin de verificar si las modificaciones realizadas son operativamente aceptables, para lo cual deberá contar con información técnica de su red agua contra incendio. Plazo otorgado hasta 30 de noviembre del 2009 para: 1) Preparar y presentar un calificado Estudio de Riesgos, el mismo que para su elaboración debe ser coordinado con la Compañía de Bomberos de la localidad, el nuevo Estudio de Riesgos debe contener una memoria de cálculo hidráulico del sistema contra incendio. 2) Informe con la evaluación del sistema donde se muestre el cálculo del volumen recuperado por hora. Plano del sistema de recuperación del agua de enfriamiento, incluyendo el detalle de los separadores. 9 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DÉCIMO SEGUNDO: De la Carta C-N° 134-IG-2008 y documentos adjuntos (Fs. 85 a 128 vuelta), se advierte que con fecha 11 de diciembre del 2008 la demandante dando respuesta al Oficio N° 6652-2008-OS-GFHL/UPDL, comunicó al OSINERGMIN del levantamiento de las observaciones hechas a su Planta Envasadora, indicando en lo referente a la Observación N° 1, adjunta el estudio de Riesgo de la planta conteniendo la memoria de cálculo hidráulico del sistema contra incendio, carta enviada a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Ica, una memoria del cálculo de recuperación de agua de enfriamiento del tanque y el plano detallado de la caseta desgasificadora. Observación N° 2: Que cuenta con explosímetros que se importaron y que adjunta especificaciones técnicas. Observación N° 3 La Certificación solicitada conforme al Decreto Supremo N° 027-94-EM posterior a la construcción e instalación de su planta, la está realizando bajo un cronograma económico de la empresa, el cual vence el 30 de diciembre de 2008, donde concluirán con la entrega de la certificación del tanque. Siendo esta una formalidad de verificación de los tanques fabricados y certificados en su oportunidad por el fabricante conforme al Código ASME Sección VIII División I, agrega que la falta de Conformidad no reviste ningún riesgo para el buen funcionamiento de la Planta Envasadora. Que se ha pintado en el tanque de GLP la inscripción “GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR” y sus respectivos rombos normados por NFPA, INDECOPI y las Naciones Unidas, que adjunta fotografías. Observación N° 4: Señala que adjunta copia del libro de Registro de inspecciones del tanque y sus accesorios donde constan los mantenimientos periódicos. Observación N° 5: Señala que ha instalado en cada válvula de seguridad una tubería de descarga de 2.10 m de longitud, que adjunta fotografá. Entre las tuberías de descarga de las válvulas de seguridad se han instalado Pipe Away, asimismo los protectores al final de las tuberías que adjunta fotografías. Observación 6: Señala que han corregido las instalaciones eléctricas de la zona clasificada, indicando que adjunta entre otros, fotografía, plano IGI-03 plano de clasificación de áreas de riesgo, que ha corregido las instalaciones eléctricas en el área de riesgo, ha instalado un segundo interruptor de energía eléctrica en el tablero de distribución ubicado en la Caseta de Máquinas; que ha independizado el circuito del interruptor de emergencia con la alarma de emergencia. Observación N° 7: Que ha hecho el mantenimiento de los pozos de puesta a tierra. Observación N° 8: Señala que se ha instalado la válvula de alivio hidrostático entre las válvulas de corte, que se ha corregido la instalación con respecto a la zona de transferencia, se ha incluido el sistema de anclaje, corregido la instalación del borde de plataforma eliminando las fuentes de ignición, se han dotado de tapones las mangueras de trasiego. Observación N° 9: Señala que adjunta la factura de adquisición de los implementos de seguridad para Brigadas contra incendio, el equipo de respiración auto contenida y las botellas de repuesto, lo han adquirido desde 1996 y la documentación no lo tiene a disposición por tener 5 años de vigencia como máximo. Observación N° 10: Señala que adjunta los registros de los trabajos realizados según PAAS: Capacitación de Personal. Observación N° 11: Señala que se pintó la leyenda “NO FUMAR”, que han adquirido los extintores faltantes, adjunta copia de comprobante, cuenta con botiquín de primeros auxilios, y los medicamentos necesarios para emergencias de la actividad que se desarrolla, se ha designado Jefe de Seguridad de la Planta, al señor Mario Acosta Cajaleón, adjuntando su currículum vitae y boleta de pago, asimismo, señala que adjunta lo siguiente: Copia del Plan de 10 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Contingencia para la Planta de Contingencia para la Planta de Ica, elaborado sobre la base del Estudio de Riesgo y los términos generales, copia del Libro de Registro de Inspecciones efectuadas en la Planta; Reporte de mantenimiento de los equipos de la planta, hoja de especificaciones técnicas de las válvulas del tanque; señala también que se ha instalado un segundo interruptor de energía en el tablero general que está muy próximo a la portería y las oficinas, y que adjunta la documentación que respalda el levantamiento de observaciones del Oficio N° 6652-2008-OS-GFHL/UPDL. DÉCIMO TERCERO: Asimismo, se observa que mediante documento de folios 129 a 138 vuelta (Exp. Adm.), la actora presentó el 16 de diciembre del 2008, levantamiento Complementario de Observaciones del Oficio N° 06652-2008-OS-GFHL/UPDL, referente a las Observaciones N° 1, N° 3 y N° 10, señalando que adjunta: El cargo de la carta a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Ica, para coordinar futuras acciones; Certificado de conformidad de fabricación del tanque de fecha anterior al 30 de diciembre del 2008, al haber culminado la empresa certificadora con los trabajos del tanque; y Registro de Trabajadores que recibieron Capacitación en Manipuleo de GLP, Seguridad y manipuleo ambiental dentro de la Planta envasadora, cumpliendo el PASS de la Planta Envasadora de Ica. Del Informe Técnico N° 156324 del 12 de marzo del 2009 (Fs. 139 a 142 Exp. Adm.), se advierte que se determina sobre los citados levantamientos realizados a las observaciones contenidas en el Oficio N° 6652-2008-OS-GFHL/UPDL., concluyendo: 1) El tanque estacionario de la planta Inti Gas – Ica, fue fabricado en 1993 y desde esa fecha no se ha efectuado una prueba hidrostática al recipiente; 2) La planta envasadora de GLP de Ica, operada por la empresa con razón social Inti Gas S.A., indica haber subsanado algunos ítems de las acciones correctivas, pero aún mantiene observaciones pendientes conforme se detalla
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERMANENTE Razón. 1. Señora Juez, doy cuenta a Usted, que a partir del primero de septiembre de dos mil dieciséis he asumido la Secretaría de la Señorita Liz Suasnabar López, por lo que se darán cuenta de los escritos pendientes de acuerdo a su antigüedad, debido a la excesiva carga procesal, contando actualmente éste Órgano Jurisdiccional con más de 2,000 expedientes. 2. Asimismo, se informa que la atención de los escritos pendientes se ha visto paralizada, debido a al Paro del Poder Judicial realizado el día 3, 4, 8, 9 y 10 de noviembre de 2016, así como la Huelga Nacional Indefinida del día 22 de noviembre de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2016. Es todo en cuanto informo a usted a efectos de dejar a salvo mi responsabilidad en la tramitación de la presente causa y para los fines que considere pertinente. Lima, 25 de enero de 2017. Expediente : 13581-2015 Demandante : INTI GAS S.A.C. Demandado : OSINERGMIN Cuaderno : PRINCIPAL RESOLUCIÓN N°: TRES Lima, veinticinco de enero del año dos mil diecisiete.- DANDO CUENTA: A la razón que antecede: Téngase presente, y ATENDIENDO: El cargo de ingreso de fecha veintisiete de de dos mil dieciséis: Téngase por recibido el Expediente N° 13581-2015 remitido por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas de Mercado; y estando que se encuentran escritos pendientes de proveer, se procederán a dar cuenta en la presente resolución. El escrito de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis: Téngase por APERSONADO al demandado ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA representado por su Apoderado Legal; y por SEÑALADO el domicilio procesal y casilla electrónica que indica; y estando que el escrito que antecede, ha sido presentado dentro del plazo señalado en el literal c) numeral 28.2 del articulo 28º del TUO de la Ley 27584, y cumpliendo con los requisitos indicados en el articulo 442º del Código Procesal Civil, téngase por CONTESTADA LA DEMANDA en los términos que se indican, y por ofrecidos los medios probatorios que se adjuntan, sin perjuicio de su evaluación en la etapa procesal respectiva. Al Primer Otrosí: Ténganse por delegadas las facultades de representación a los letrados que se señalan. Al Segundo Otrosí: Téngase por autorizada a las personas que se señala para las diligencias correspondientes, precisando que la lectura de expedientes solo podrá realizarlo el Procurador Público, las partes y sus abogados, en virtud a lo establecido en el artículo 138 del Código Procesal Civil. Al Tercer Otrosí: Téngase presente. El Oficio N° 1810-2015-C-SERNOT-Z0-UE-LIMA-USJ-CSJLI/PJ de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis: Téngase presente lo informado por la Unidad de Servicios Judiciales, al señalar que el cargo de notificación dirigido al demandado no fue encontrado asumiendo la responsabilidad que corresponde; sin embargo adjunta a dicho escrito el reporte de la referida notificación como constancia de dicho acto obrante a fojas 67, donde se aprecia que la fecha de notificación de la resolución número uno dirigida al demandado fue el día diez de agosto de dos mil dieciséis. El escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis: Con el Expediente Administrativo en copia autenticada ordenados en 620 fojas, téngase por cumplido el mandato dispuesto mediante Resolución número dos de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis y atendiendo a su volumen, FÓRMESE CUADERNO A PARTE y PÓNGASE a conocimiento del accionante por un plazo de CINCO DÍAS, a fin de que indique lo pertinente, para lo cual deberá de apersonarse al local de este Juzgado y realizar la lectura del mismo. SANEAMIENTO.- En este estado del proceso y verificándose que no se han interpuesto excepciones ni defensas previas, y observándose la concurrencia de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, se declara SANEADO el proceso y consiguientemente la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Teniendo en cuenta lo expuesto por las partes, el Juzgado considera como puntos controvertidos: UNO.- Determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución N° 306-2013-OS/TASTEM- S1 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece que resolvió i) Declarar de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 015413 de fecha cinco de julio de dos mil doce, ii) Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia General N° 015413 de fecha cinco de julio de dos mil doce, iii) Reducir el importe de la multa total impuesta a 36.329 UIT, y iv) Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia General N° 015413 de fecha cinco de julio de dos mil trece. (fs. 578 del Expediente Administrativo). MEDIOS PROBATORIOS.- De la parte demandante: Se admite como tal los documentos ofrecidos del rubro Medios Probatorios del escrito de demanda. Del demandado: Se admite como medio probatorio el Expediente Administrativo. Finalmente, atendiendo que las pruebas ofrecidas tratan de documentos que no requieren de actuación en audiencia, conforme al criterio de esta Judicatura y en observancia de los principios de celeridad y economía procesal, se resuelve PRESCINDIR de la Audiencia de Pruebas y conforme al estado del proceso, REMÍTASE los autos al MINISTERIO PÚBLICO, una vez devuelto los cargos de notificación de la presente resolución y no haya escritos pendientes de proveer. Avocándose al conocimiento de la causa la Magistrada que suscribe en mérito de la Resolución Administrativa N° 315-2016-P-CSJLI/PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el tres de junio de dos mil dieciséis. Interviniendo la Especialista Legal por disposición superior. Notifíquese conforme a Ley.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO Av. Abancay 459 – 461 Sede Custer - Piso 02 - Lima 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO EXPEDIENTE : 13598-2015-0-1801-JR-LA-57 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : TABOADA ROSAZZA, KATHERYNE ELENA ESPECIALISTA : PAUCAR BOZA, CINTHIA ERIKA DEMANDADO : DIRECCION DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDANTE : CARDENAS MOLINA, RAFAEL GERARDO RESOLUCIÓN N° 15 Lima, 20 de mayo Del año dos mil veintiuno.- Por recibido el Expediente principal, remitido por la Novena Sala Laboral Permanente y atendiendo de lo resuelto; mediante Resolución de Vista N° 07 de fecha 16/09/2020, en la que resolvieron Confirma la Sentencia contenida en la Resolución N° 09 de fecha 29 de abril de 2019, que declara fundada la demanda; téngase presente y CÚMPLASE LO EJECUTORIADO y ATENDIENDO: PRIMERO: Encontrándose la sentencia en ejecución, el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en sus numerales 46.1 y 46.2 dispone que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal de la administración pública (sin calificarse su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances), bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todo acto para la completa ejecución de la resolución judicial, el responsable del cumplimiento es la autoridad de más alta jerarquía, quien podrá comunicar que funcionario será el encargado asumiendo éste último las responsabilidades citadas; SEGUNDO: Asimismo, acorde con el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, la representación de la entidad está a cargo de su Procuraduría Pública o de su representante judicial, por lo que, no cabe entenderse que la etapa de ejecución de sentencia será entendida, en exclusiva, con el funcionario a quien se le señala como obligado a realizar las actuaciones pertinentes; TERCERO: EXIGIR AL A DEMANDADA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CUMPLIR CON EL MANDATO JUDICIAL CON CALIDAD DE COSA JUZGADA, esto es ordenar a la entidad demandada emita resolución administrativa que reconozca, a favor del accionante, una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado, por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992; Asimismo: INFORME en el plazo de QUINCE (15) DIAS el Procurador Público o el representante legal, el (los) funcionario(s) responsable(s) a quien(es) se le encomendó la efectivización del mandato judicial; en aplicación de las facultades disciplinarias y coercitivas, así como en cumplimiento del artículo 53 del Código Procesal Civil y artículos 38 y 39 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, EN CASO DE INCUMPLIRSE el mandato judicial en los plazos concedidos, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado, se dispondrá la imposición de multas compulsivas y progresivas. Notifíquese a la Oficina de Administración General – OGA la presente Resolución.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NOVENA SALA LABORAL EXPEDIENTE : 13598-2015-0-1801-JR-LA-57 Demandante : Cárdenas Molina, Rafael Gerardo Demandada : Policía Nacional del Perú Materia : Acción Contenciosa Administrativa RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Lima, dieciséis de setiembre del dos mil veinte. - VISTOS: En Audiencia Pública; e interviniendo como ponente la Juez Superior Magistrada Mercedes Manzanares Campos, y; ASUNTO: Es materia de revisión la Sentencia N° 263 contenida en la Resolución N° 091 de fecha veintinueve de abril del dos mil diecinueve que resuelve declarar fundada la demanda; siendo apelada por la parte demandada en los términos expuestos en su escrito que obra de fojas 115 a120. AGRAVIOS: La parte demandada respecto a la Sentencia, en su escrito de apelación señala como agravios lo siguiente: 1. Que los beneficios establecidos en la Ley 24700 del 22 de junio de 1987 habría sido derogados mediante el Decreto Ley N° 25475. 2. Lo referido al reconocimiento de su tiempo de servicios para efecto de beneficios sociales y pensionarios, indica que dicha pretensión resultaría improcedente de conformidad con el artículo 56 del Decreto Ley N° 19846. 3. Que la resolución materia de apelación vulneraría el principio del debido proceso. 1 Ver fojas 103 a 111. 1 CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil que atribuye la competencia al juez superior, establece que el órgano judicial revisor no puede apartarse del objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia por lo que está impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido invocados por las partes, por tanto está circunscrito a lo que comprende la expresión de los agravios correspondientes, solo se puede conocer mediante la apelación los agravios que afectan al impugnante, se encuentra supeditado por lo que ha sido objeto de apelación y de agravios no encontrándose facultado para ir más allá de ese contexto. SEGUNDO: La acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; busca lograr en sede judicial la declaración de la nulidad y/o ineficacia de un acto administrativo que lesiona normas de carácter formal y/o sustancial, ello en salvaguarda del Principio de Tutela del Interés Público que lleva consigo intrínsecamente todo acto administrativo, en su formalidad como en su sustanciación conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución, artículo 1º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concordante con la Ley 27444 y el artículo 219° del Código Civil; por lo que advirtiéndose que lo solicitado en el petitorio de la demanda de autos se encuadra en este tipo de proceso, resulta procedente analizar el fondo de lo demandado. TERCERO: La existencia de derechos fundamentales susceptibles de ser limitados por la Administración Pública trae como consecuencia el necesario control de su ejercicio de poder, de tal forma que su actuar siempre se encuentre sometido a la Ley y al Derecho. Existen diversas teorías acerca del control que se debe ejercer a la Administración, es así que dentro de éstas, las que encuentran mayor asidero en la realidad, es la que distingue entre controles internos (o mecanismos de autocontrol) y controles externos (por entes u órganos estatales o privados)2 a la actuación administrativa. Los mecanismos de control externos, tienen tal denominación por que ejercen este tipo de control desde “fuera” de la 2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Tratado del Proceso Contencioso Administrativo”. Jurista Editores. Lima, 2006. Página 131. 2 Administración Pública, como el que realiza a través del proceso contencioso administrativo que se ofrece como instrumento que permite el control del Poder Judicial sobre la Administración. CUARTO: El artículo 3° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, el cual regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que: “Las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”. QUINTO: El artículo 10º de la Constitución reconoce “el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. Asimismo el artículo 11º de la Carta Magna, estipula la obligación del Estado de garantizar y supervisar eficazmente el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Por otro lado, la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución en comento, establece que el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tal efecto, y a las posibilidades de la economía nacional. SEXTO: Respecto a la Sentencia y el Agravio de Apelación. 6.1.- Es de verse del escrito de demanda3 y subsanación4 es pretensión del presente proceso, la nulidad del acto administrativo ficto que deniega si solicitud de fecha 15 de enero del 2015, donde peticiona el reconocimiento del doble de tiempo de servicios reales y efectivos y el pago de la bonificación adicional equivalente al 100% de las remuneraciones totales comprendidas desde el 01 de octubre de 1990 hasta el 05 de mayo de 1992, durante la vigencia de la norma habilitante Ley 24700, que el pago se realice con el valor actualizado al día de pago, y los intereses legales. 6.2.- Siendo ello así, mediante la Resolución Nº 07 de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciocho, se fijan como puntos controvertidos5: 1) Determinar si 3 Ver fojas 46 a 57. 4 Ver fojas 62 a 66. 5 Ver fojas 98, parte pertinente. 3 procede declarar la nulidad total de la Resolución Ficta Denegatoria que deniega la solicitud de fecha 15/01/2015 del recurrente que solicita el reconocimiento y el pago de doble tiempo de servicio, además de la bonificación adicional equivalente al 100% de las remuneraciones totales comprendidas entre 01/10/1990 y 05/05/1992, 2) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Ficta denegatoria que deniega el recurso de apelación interpuesta por el recurrente de fecha 27/02/2015. 3) Determinar si corresponde ordenar a la demandada cumpla con expedir la correspondiente Resolución Directoral reconocido el doble de tiempo de servicios reales y efectivos así como el pago de la bonificación equivalente al 100% de las remuneraciones comprendidas entre 01/10/1990 y 05/05/1992. 4) Determinar si corresponde ordenar que el pago se realice de acuerdo al valor actualizado al día de pago. 5) Determinar si corresponde ordenar el pago de los intereses legales. Marco Legal Pertinente Para el Presente Caso. 6.3.- Al respecto tenemos que el Que, debe tenerse en consideración que la Quinta Disposición Complementaria de la Ley 24700 (publicado el 24/06/1987) señala:" Quinta.- Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, así como los miembros de las Fuerzas Policiales, de la Dirección de Policía contra el Terrorismo (DIRCOTE PIP), y de las Unidades de desactivación de explosivos de la Guardia Civil y Guardia Republicana, que intervengan en el procedimiento especial a que se refiere esta ley, percibirán una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración principal y de la remuneración total, para el caso de los miembros de las Fuerzas Policiales. Los días laborados en forma real y efectiva por las personas a que se refiere el párrafo anterior, se computarán doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado. El Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en el plazo de 30 días de su publicación. Teniendo en consideración el dispositivo normativo transcrito se verifica que no obra en autos algún medio probatorio que acredite que el actor prestó servicios como miembro de las Fuerzas Policiales, de la Dirección de Policía contra el Terrorismo (DIRCOTE PIP), o de las Unidades de desactivación de explosivos de la Guardia Civil o de la Guardia Republicana en el procedimiento especial a que se refiere la Ley 24700 para que los días que laboró en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado". Respecto al Caso en Concreto 6.4.- Tenemos que mediante el Certificado6 de fecha 08 de enero del 2015, el comandante PNP Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú(UDEX PNP), indica que el Mayor PNP(R) Rafael Gerardo Cárdenas Molina ha laborado en la Unidad de Desactivación de Explosivos 6 Ver fojas 07. 4 (UDEX PNP) considerada de alto riesgo, desde el 01 de octubre de 1990 hasta el 30 de abril de 1993 desempeñándose como Oficial Operativo TEDAX. 6.5.- Asimismo que el demandante mediante su escrito de fecha 15 de enero del 7 2015 , solicita que se le reconozca doble de tiempo de servicios reales y efectivos y el pago de bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total por tal reconocimiento al haber cumplido con el requisito fáctico de haber prestado servicios en la Unidad de Desactivación de Explosivos de la GRP hoy UDE-PNP dentro del marco legal de la Ley N° 24700 durante su vigencia. 6.6.- Siendo así resulta evidente que el demandante cumple con el requisito de la Quinta Disposición Complementaria de la Ley 24700, por tanto le corresponde al actor percibir una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total además que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado esto por el periodo del 01 de octubre de 1990 hasta el 05 de mayo de 1992; así también se ha resuelto en la sentencia venida en grado. 6.7.- En ese sentido si bien la entidad demandada indica que en la presente no correspondería reconocer al actor los beneficios establecidos en la Ley 24700 del 22 de junio de 1987 ya que la misma habría sido derogado mediante el Decreto Ley N° 25475. No obstante ello, debemos indicar que el actor solicita los beneficios de la Ley 24700 durante el término en el cual la misma se encontraba vigente específicamente solicita el actor los beneficios en el periodo comprendido desde el 01 de octubre de 1990 hasta el 05 de mayo de 1992. En ese sentido el colegiado de esta sala superior considera que la derogatoria de la Ley 24700 no puede entenderse como la negación de la posibilidad de que el demandante pueda solicitar los beneficios del mismo sólo por el tiempo en que dicha normativa estuvo vigente; en mérito a ello el agravio de apelación aludido debe ser desestimado. 6.8.- Asimismo si bien la entidad demanda señala que en lo referido al reconocimiento de su tiempo de servicios para efecto de beneficios sociales y pensionarios, que dicha pretensión resultaría improcedente de conformidad con el 7 Ver fojas 02 a 05. 5 artículo 56 del Decreto Ley N° 19846. No obstante ello en el caso de autos ha quedado debidamente acreditado con el contenido del Certificado de fecha 08 de enero del 2015, que el comandante PNP Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú(UDEX PNP) señala que el Mayor PNP(R) Rafael Gerardo Cárdenas Molina(demandante) ha laborado en la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX PNP) considerada de alto riesgo, desde el 01 de octubre de 1990 hasta el 30 de abril de 1993 desempeñándose como Oficial Operativo TEDAX. En mérito a ello el agravio de apelación previamente señalado debe ser desestimado. Por todo ello, los agravios de apelación de la entidad demandada deben ser desestimados en su conjunto debiéndose confirmar la sentencia materia de apelación venida en grado. Por estas consideraciones, esta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. HA RESUELTO: CONFIRMAR la Sentencia N° 263 contenida en la Resolución N° 098 de fecha veintinueve de abril del dos mil diecinueve que resuelve declarar fundada la demanda con lo demás que contiene. En los seguidos por RAFAEL GERARDO CARDENAS MOLINA contra la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, sobre Acción Contenciosa Administrativa. Notifíquese y Devuélvase. MMC/paph MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA IRRAZABAL NÚÑEZ 8 Ver fojas 103 a 111. 6
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO Av. Abancay 459 – 461 Sede Custer - Piso 02 - Lima 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO EXPEDIENTE : 13598-2015-0-1801-JR-LA-57 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : TABOADA ROSAZZA, KATHERYNE ELENA ESPECIALISTA : PAUCAR BOZA, CINTHIA ERIKA DEMANDADO : POLICIA NACIONAL DEL PERU DEMANDANTE : CARDENAS MOLINA, RAFAEL GERARDO RESOLUCIÓN N° 10 Lima, 08 de julio del año dos mil diecinueve.- Al escrito presentado por la parte demandada de fecha 15/05/2019: Atendiendo; PRIMERO: El artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS establece lo siguiente: “Los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. (…)”, es decir, nos remite a la regulación de los recursos en el proceso civil, al respecto, el artículo 366 del Código Procesal Civil señala que “El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria”, asimismo, el artículo 371 del Código Procesal Civil establece que “procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás casos previstos en este Código”. El artículo 28 inciso 28.2 literal (g) del TÚO de la Ley 27584 establece: “cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación”; SEGUNDO: En el caso en particular, se advierte que la sentencia materia de apelación fue notificada a la parte apelante el día 14/05/2019, asimismo teniendo en cuenta que la parte accionante ingresó su escrito de apelación el día 15/05/2019 (téngase presente los feriados calendarios), se concluye que este fue presentado dentro del plazo de los cinco días establecido en el artículo 28 inciso 28.2 literal (g) del TÚO de la Ley 27584. Asimismo se ha cumplido con los demás requisitos de admisibilidad y procedencia, regulados en el artículo 366 y 367 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde conceder la apelación planteada. Por lo antes expuesto se resuelve: CONCÉDASE EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesta por la parte demandada, contra la sentencia N° 263 de fecha 29/04/2019 que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia, remítase los autos a la Sala Laboral de Lima de Turno.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA EXPEDIENTE : 13598-2015-0-1801-JR-LA-57 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : TABOADA ROSAZZA, KATHERYNE ELENA ESPECIALISTA : PAUCAR BOZA, CINTHIA ERIKA DEMANDADO : DIRECCION DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEMANDANTE : CARDENAS MOLINA, RAFAEL GERARDO SENTENCIA N° 263 RESOLUCIÓN N° 9 Lima, 29 de abril del 2019 I. PARTE EXPOSITIVA: El presente expediente corresponde a la demanda presentada por RAFAEL GERARDO CARDENAS MOLINA contra la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ sobre nulidad de actos administrativos y la pretensión de reconocimiento de doble tiempo de servicios reales y efectivos y de pago de bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total, al amparo de la Ley 24700. De una revisión de los autos se observa lo siguiente: DE LA DEMANDA Se observa que de folios 46 a 57 del expediente, obra el escrito de la demanda presentada por Rafael Gerardo Cárdenas Molina cuyo petitorio es el siguiente: Como pretensión principal: Se declare la nulidad del Acto Administrativo Ficto que deniega la solicitud de fecha 15/01/2015 por el cual peticionó el reconocimiento de doble tiempo de servicios reales y efectivos y el pago de bonificación adicional equivalente al 100% de las remuneraciones totales comprendidas desde el 01/10/1990 hasta el 1 05/05/1992, así como la nulidad del acto administrativo ficto que resolvió su recurso de apelación por negativa ficta de fecha 27/02/2015. Como pretensiones accesorias: (1) Se ordene a la entidad demandada que expida una resolución directoral por la cual reconozca al accionante el doble de tiempo de servicios reales y efectivos, así como el pago de la bonificación equivalente al 100% de las remuneraciones totales comprendidas desde el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992, durante la vigencia de la Ley 24700; (2) que dicho pago se efectúe con el valor actualizado al día de pago, conforme al art. 1236 del Código Civil; y (3) que se pague los intereses legales conforme al artículo 1244 del Código Civil, a partir del día siguiente de la obligación de pago conforme lo establece el art. 3 del Decreto Ley N° 25920. Señaló como sus fundamentos de hecho que su pretensión está referida a un acto que impone la actuación inmediata de la DIRPEN-PNP, habiéndose producido en su caso en concreto, una conducta omisiva material por parte de la demanda; máxime si sobre el particular, la entidad ya ha resuelto peticiones homogéneas estableciendo precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad demandada. Se observa que presentó un listado de personas que habrían prestado servicio en la UDEX-PNP. Agregó que se ha creado un factor discriminatorio al no tratar “igual” a los que son “iguales”, actuación que vulnera su derecho fundamental a la igualdad contenido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado, se le está excluyendo de los derechos concedidos a otros efectivos policiales en situación idéntica, máxime si no existen bases razonables proporcionales y objetivas que justifiquen el tratamiento disímil al acceso al beneficiario otorgado por la Quinta Disposición Complementaria de la Ley 24700, motivo por el cual señaló que se demanda debe ser amparada. Como fundamento de Derecho señaló, entre otros, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Mediante Resolución N° dos (folio 67) se admitió a trámite la presente demanda y se efectuó el emplazamiento a la Dirección de Pensiones de la Policía Nacional del Perú representada por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA De folios 71 a 74 obra la contestación de la demanda presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior en representación de la Policía Nacional del Perú en esta contradice todos los extremos de la demanda. Señaló que se deberá tener presente que los beneficios 2 establecidos en la Ley 24700 a la fecha han sido derogados mediante el Decreto Ley N° 25475 y que por lo tanto se ha producido la sustracción de la materia por lo que dicho proceso deberá ser declarado improcedente y ordenar el archivamiento del proceso. Referente al reconocimiento de su tiempo de servicio, la parte demandada señaló que para efecto de beneficios sociales y pensionarios, la judicatura, también deberá declarar también infundado o improcedente este extremo de la demanda. En efecto, el tiempo de servicio que pretende el demandande resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Único Ordenado que reglamenta el Decreto Ley 19846, Ley de Pensiones Militar y Policial en el que se señala que para reconocer servicios que generen pensión o derecho a compensación se requiere haber laborado a tiempo completo DEL TRÁMITE DEL PROCESO Mediante Resolución N° 07 (folio 168 en adelante) se declaró saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. Se fijó como puntos controvertidos los siguientes: (1) Determinar si procede declarar la nulidad total de la Resolución Ficta Denegatoria que deniega la solicitud de fecha 15/01/2015 del recurrente que solicita el reconocimiento y el pago de doble tiempo de servicio, además de la bonificación adicional equivalente al 100% de las remuneraciones totales comprendidas entre 01/10/1990 y 05/05/1992 (2) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Ficta denegatoria que deniega el recurso de apelación interpuesta por el recurrente de fecha 27/02/2015. (3) Determinar si corresponde ordenar a la demandada cumpla con expedir la correspondiente Resolución Directoral reconocido el doble de tiempo de servicios reales y efectivos así como el pago de la bonificación equivalente al 100% de las remuneraciones comprendidas entre 01/10/1990 y 05/05/1992. (4) Determinar si corresponde ordenar que el pago se realice de acuerdo al valor actualizado al día de pago. 3 (5) Determinar si corresponde ordenar el pago de los intereses legales. Asimismo, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes, así como el expediente administrativo. No habiendo necesidad de actuar medios probatorios en audiencia de pruebas, por tratarse solo de documentos, se dispuso el Juzgamiento Anticipado del proceso. Posteriormente se dispuso remitir el expediente al Ministerio Público para que este emita el dictamen fiscal correspondiente, sin embargo, el Ministerio Público devolvió el expediente sin haber emitido el dictamen al amparo de la Ley N° 30914. Finalmente se dispuso poner los autos en el Despacho para sentenciar. II. PARTE CONSIDERATIVA: BASE LEGAL Y JURISPRUDENCIAL:  La Constitución Política del Perú, en su artículo 148, establece lo siguiente: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso- administrativa.” Asimismo el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 - Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008- JUS señala lo siguiente: “La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. (…)”  El Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, en su artículo 10, inciso 1 prescribe lo siguiente: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.”  La Ley 24700, en su quinta disposición complementaria, estableció lo siguiente: “Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, así como los miembros de las Fuerzas Policiales, de la Dirección de Policía contra el Terrorismo (DIRCOTE PIP), y de las Unidades de desactivación de explosivos de la Guardia Civil y 4 Guardia Republicana, que intervengan en el procedimiento especial a que se refiere esta ley, percibirán una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración principal y de la remuneración total, para el caso de los miembros de las Fuerzas Policiales. Los días laborados en forma real y efectiva por las personas a que se refiere el párrafo anterior, se computarán doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado. (…)”.  El Código Civil, en su artículo 1236, prescribe lo siguiente: “Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.”  La STC Exp. N° 05993-2009-PC/TC, en su fundamento 7, señaló que: “En ese contexto, en aplicación de la entonces vigente Ley N° 24700, la bonificación por reconocimiento de doble tiempo de servicios del demandante debió hacerse efectiva sobre la base de la cantidad que desde el 1 de noviembre de 1987 y hasta el 31 de agosto de 1989 correspondía a la remuneración del demandante. Sin embargo, la restitución de su derecho y el pago que ello implica resultaría insignificante hoy, dada la depreciación monetaria, si se considera como pago pendiente el monto nominal que correspondía a su remuneración en las fechas señaladas. En consecuencia, en aplicación del criterio establecido en la Sentencia N° 574-2003- AA/TC, este Colegiado considera que, para apreciar el monto del reintegro solicitado, por equidad, se debe adoptar el criterio valorista establecido en el artículo 1236° del Código Civil.” ANÁLISIS DEL CASO: PRIMERO: Respecto al primer y segundo punto controvertido. Teniéndose en cuenta que las pretensiones demandadas se refieren a la nulidad de las resoluciones fictas debe precisarse, que en nuestro Ordenamiento Jurídico, el silencio administrativo, no puede ser considerado como resolución ficta, dado a que únicamente constituye un mecanismo de procedibilidad. En ese sentido el Pleno jurisdiccional Regional Contencioso Administrativo realizado en Lima el día 05 de Septiembre del 2009, concluyó que “Solo debe solicitarse el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, en tanto que no existe ninguna resolución o acto administrativo denegatorio”. Por tal razón, como 5 lo ocurrido en el presente caso, carece de objeto declarar la nulidad de “resoluciones denegatorias fictas”, debiendo emitirse pronunciamiento sobre el derecho mismo que ha alegado la parte demandante. SEGUNDO: Respecto al tercer punto controvertido. Determinar si corresponde ordenar a la entidad demandada cumpla con expedir la correspondiente Resolución Directoral reconocido el doble de tiempo de servicios reales y efectivos así como el pago de la bonificación equivalente al 100% de las remuneraciones comprendidas entre 01/10/1990 y 05/05/1992. Al respecto se observa que en el folio 7 obra un certificado de fecha 08/01/20151 expedido por el Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos en la que se señala que el Mayor PNP (R) Rafael Gerardo Cárdenas Molina laboró en la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX PNP), considerada de alto riesgo, desde el 01/10/1990 hasta el 30/04/1993, desempeñándose como Oficial Operativo TEDAX, realizando servicio de patrullaje motorizado en la ciudad de Lima y Callao en el segundo pelotón, cumpliendo con la misión asignada, en forma responsable y de gran vocación profesional. La autenticidad de dicho documento no ha sido puesta en debate por las partes. Asimismo se advierte que la Ley N° 24700 exigía que el efectivo policial haya intervenido en el procedimiento especial para la investigación de delitos cometidos con propósitos terroristas, al respecto, en el caso en particular, de lo señalado en dicho certificado se desprende que el accionante, como miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX PNP), tuvo participación activa en las acciones contra el terrorismo. Por lo antes señalado se concluye que con el referido certificado de fecha 08/01/2015 expedido por el Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos está acreditado que la situación del accionante Rafael Gerardo Cárdenas Molina sí se subsume en el supuesto de hecho contemplado en la quinta disposición complementaria de la Ley N° 24700 por lo que corresponde aplicarle la consecuencia jurídica prevista en dicha normativa. TERCERO: La quinta disposición complementaria de la Ley N° 24700 establece que los miembros de las Fuerzas Policiales que cumplan con el supuesto fáctico previsto en dicha norma les corresponde lo siguiente: (1) percibir una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total, y (2) los días laborados en forma real y efectiva se computarán doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado. Ahora bien, dado que el accionante ha acreditado que cumple con el 1 Dicho certificado también obra en el expediente administrativo remitido por la propia entidad demandada. 6 citado supuesto de hecho de la quinta disposición complementaria de la Ley N° 24700, le corresponde percibir una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado, por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992. CUARTO: La parte demandada señaló en su escrito de contestación de demanda que los beneficios establecidos en la Ley 24700 a la fecha han sido derogados mediante el Decreto Ley N° 25475 y que por lo tanto se ha producido la sustracción de la materia por lo que dicho proceso deberá ser declarado improcedente y ordenar el archivamiento del proceso. Al respecto esta Judicatura advierte que la posterior derogatoria de la Ley 24700 no niega la posibilidad de que se solicite, únicamente por el tiempo en que estuvo vigente, los beneficios laborales previstos en la Ley 24700. Asimismo esta Judicatura no advierte que se haya configurado algún supuesto de “sustracción de la materia” en el presente caso, ya que las pretensiones contenidas en la demanda no se han sustraído del ámbito jurisdiccional, asimismo aún no se satisface el derecho exigido por el accionante en el presente proceso, es por ello que se desestima lo expuesto por la parte demandada en dicho extremo. QUINTO: Por otro lado, referente al reconocimiento de su tiempo de servicio, la parte demandada señaló que para efectos de beneficios sociales y pensionarios, la judicatura, también deberá declarar también infundado o improcedente este extremo de la demanda, en efecto, el tiempo de servicio que pretende el demandante, según señala, resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Único Ordenado que reglamenta el Decreto Ley 19846, Ley de Pensiones Militar y Policial en el que se señala que para reconocer servicios que generen pensión o derecho a compensación se requiere haber laborado a tiempo completo. Al respecto se advierte que la parte demandada no ha acreditado con medio probatorio idóneo que el accionante no haya laborado a tiempo completo, por lo que ello también queda desestimado. SEXTO: Respecto al cuarto punto controvertido. Corresponde determinar si procede ordenar que el pago se realice con el valor actualizado al día de pago conforme al artículo 1236 del Código Civil. Sobre este punto es pertinente invocar la sentencia expedida en el Exp. N° 05993-2009-PC/TC emitida por el Tribunal Constitucional, la cual en su fundamento 7, señaló que la bonificación por reconocimiento de doble 7 tiempo de servicios a que se refiere la Ley N° 24700 debió hacerse efectiva sobre la base de la remuneración que en ese entonces percibía el personal policial, sin embargo, la restitución de su derecho y el pago que ello implica resultaría insignificante hoy debido a la depreciación monetaria, por lo cual consideró que, para apreciar el monto del reintegro solicitado, por equidad, se debe adoptar el criterio valorista establecido en el artículo 1236 del Código Civil, criterio concordante con el establecido en la STC expediente N° 574-2003-AA/TC-Lima. Esta Judicatura advierte que, conforme a la teoría valorista reconocido el Código Civil aplicable supletoriamente al presente proceso contencioso administrativo laboral así como siguiendo el criterio adoptado por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, corresponde ordenar a la parte demandada que el pago de la bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992, a favor del accionante se realice con el valor actualizado al día de pago conforme al artículo 1236 del Código Civil. Es pertinente señalar que dicho cálculo se realizará en la etapa de ejecución de sentencia. SÉPTIMO: Respecto al quinto punto controvertido. Corresponde determinar si procede el reconocimiento y abono de los intereses legales. Sobre este punto, teniendo en cuenta que esta es una pretensión accesoria y que se han amparado las anteriores pretensiones, dada la naturaleza de esta pretensión, corresponde declararla fundada de conformidad a lo establecido en el artículo 87 del Código Procesal Civil vigente, esto es, corresponde ordenar a la entidad demandada el pago los intereses legales a favor de la parte accionante, los que serán calculados en la etapa de ejecución de sentencia. OCTAVO: Finalmente, es necesario manifestar que los argumentos expuestos por las partes procesales, así como los medios probatorios que no fueron mencionados expresamente en la presente resolución, no cambian el sentido de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Civil.2 III. PARTE RESOLUTIVA: 2 Artículo 197 del CPC: Valoración de la prueba. Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. (el resaltado es nuestro). 8 De acuerdo a los fundamentos precedentes y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 138 y 143 de la Constitución Política del Perú, impartiendo Justicia a nombre de la Nación se resuelve: DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA CONTENCIODA ADMINISTRATIVA LABORAL presentada por RAFAEL GERARDO CARDENAS MOLINA contra la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ sobre la pretensión de reconocimiento de doble tiempo de servicios reales y efectivos y de pago de bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total, al amparo de la Ley 24700. En consecuencia, una vez sea consentida o ejecutoriada la presente sentencia, se ordena lo siguiente: 1. Se ordena a la Policía Nacional del Perú que emita una resolución en la que reconozca, a favor del accionante, una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado, por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992. 2. Se ordena a la parte demandada que el pago de la bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992, a favor del accionante se realice con el valor actualizado al día de pago conforme al artículo 1236 del Código Civil. Dicho cálculo se realizará en la etapa de ejecución de sentencia. 3. Se ordena a la Policía Nacional del Perú que emita una resolución en la que reconozca, a favor de la parte demandante, el pago de los intereses legales correspondientes, los cuales serán determinados en ejecución de sentencia. Notifíquese mediante cédula física de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155-E del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley 30229. Prescíndase la notificación al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley No. 30914, publicada el 14/02/2019. Sin costos, ni costas. Interviene el Asistente de Juez que suscribe por Disposición Superior. 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NOVENA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE N° : 13598-2015-10-1801-JR-LA-57 DEMANDANTE : CARDENAS MOLINA, RAFAEL GERARDO DEMANDADO : MINISTERIO DEL INTERIOR MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION S.S. MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA IRRAZABAL NUÑEZ RESOLUCIÓN N° 02 Lima, diez de agosto Del dos mil veintidós.- AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Palacios Tejada y producida la votación con arreglo a ley, se emite la presente resolución. ATENDIENDO: PRIMERO: Es materia de grado la Resolución N° 16 de fecha 16 de noviembre del 2021, de fojas 88, que impone Multa de una (01) URP. Interpone apelación la demandada mediante escrito de fojas 75 a 78 SEGUNDO: La demandada expresa como agravios los siguientes: 1 Que, la resolución materia de apelación impone una multa conforme a la resolución quince de autos, sin embargo, en ninguna parte se señala que la multa será equivalente a 01 URP, limitándose a indicar que está bajo apercibimiento de multa, vulnerándose el debido proceso, careciendo de una adecuada motivación que justifique las razones objetivas para determinar la multa impuesta. TERCERO: Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil que atribuye la competencia al juez superior, establece que el órgano judicial revisor no puede apartarse del objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia por lo que está impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido invocados por las partes, por tanto está circunscrito a lo que comprende la expresión de los agravios correspondientes, sólo se puede conocer mediante la apelación los agravios que afectan al impugnante, se encuentra supeditado por lo que ha sido objeto de apelación y de agravios no encontrándose facultado para ir más allá de ese contexto. CUARTO: Que, mediante sentencia N° 263 contenida en la Resolución nueve de fecha 29 de abril del 2019 (fojas 50 a 58), se declara fundada la demanda; ordenándose al demandado Policía Nacional del Perú para que emita una resolución en la que reconozca, a favor del accionante, una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado, 2 por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992. Mediante sentencia de vista de fecha 16 de setiembre del año 2020 la Novena Sala Laboral Permanente obrante de fojas 61 a 66, se confirmó la sentencia de primera Instancia. QUINTO: Que, mediante resolución quince de fecha 20 de mayo del año 2021, a fojas 71 a 72, se dispuso ordenar a la entidad demandada emita resolución administrativa que reconozca, a favor del accionante, una bonificación adicional equivalente al 100% de la remuneración total y que los días que ha laborado en forma real y efectiva se computen doblemente para los efectos del tiempo de servicios prestados al Estado, por el periodo comprendido entre el 01/10/1990 hasta el 05/05/1992; asimismo: INFORME en el plazo de quince (15) días el Procurador Público o el representante legal, el (los) funcionario(s) responsable(s) a quien(es) se le encomendó la efectivización del mandato judicial; en aplicación de las facultades disciplinarias y coercitivas, así como en cumplimiento del artículo 53 del Código Procesal Civil y artículos 38 y 39 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en caso de incumplirse el mandato judicial en los plazos concedidos, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado, se dispondrá la imposición de multas compulsivas y progresivas. SEXTO: Sobre el particular, se deberá tener en cuenta el Artículo 53° del Código procesal Civil que señala: “En atención a lo promovido y buscado en el Artículo 52°, el Juez puede: 1) Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien 3 corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación (…)” SÉTIMO: En ese sentido, es de verse del cargo de notificación de fojas (73) que el demandado Ministerio del Interior está bien notificado con dicho mandato con fecha 07 de julio del 2021, por lo que, haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto mediante la Resolución quince de fojas 71 a 72, se le impone a la demandada ascendente a 01 URP por el incumplimiento de lo ordenado por el Juzgado, razón por la cual el Juez de la Causa en uso de sus facultades actuó dentro del marco de la ley; máxime, si de la fecha de requerimiento debidamente notificado a la fecha de la imposición de la multa han transcurrido más seis meses sin que a la fecha la demandada halla dado estricto cumplimiento de lo ordenado por el A-quo. Por estas consideraciones: CONFIRMARON la Resolución N° 16 de fecha 16 de noviembre del 2021, de fojas 88, que impone Multa de una (01) URP; en los seguidos por RAFAEL GERARDO CARDENAS MOLINA contra MINISTERIO DEL INTERIOR. Notifíquese. – pt/ebll 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MARTINEZ GARIBAY, DINA MARLENY Fecha: 16/01/2017 12:43:24 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL 17° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 13691-2015-0-1801-JR-CA-17 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: PEÑA CHAUCA CLARA DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIASAT NATHALIE Fecha: 16/01/2017 15:00:46 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : INVERSIONES Y REPRESENTQACIONES POLO SAC D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Resolución Nro. 06 Lima, 12 de enero de 2017.- Al escrito de fecha 03/01/2017: Al principal: Por devuelto el expediente de la 5° Fiscalía Provincial Civil de Lima, con dictamen fiscal 1002-2016, con la opinión que se declare fundada la demanda, debiéndose tener presente en cuanto fuere de ley al momento de resolver, de conformidad con el literal e) del artículo 25.2 de la Ley N° 27584. A conocimiento de las partes procesales, señalándose que los de la materia se encuentran en estado de dictar sentencia. Al primer y segundo otrosí: Téngase presente y por señalada la casilla electrónica N° 48333 que se indica. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición de la Señora Juez.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MARTINEZ GARIBAY, DINA MARLENY Fecha: 29/03/2017 17:32:46 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: ROJAS ASCATE, Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente ROCIO Fecha: 29/03/2017 17:37:41 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL EXPEDIENTE : 13760-2015- 0-1801-JR-CA-17 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : SAT DEMANDANTE : CONSORCIO VÍA SAC JUEZ : DINA MARTÍNEZ GARIBAY RESOLUCIÓN Nº 07 Lima, 29 de marzo del 2017 SENTENCIA I. RESUMEN DEL PROCESO. 1. Con fecha 02/12/2015, CONSORCIO VÍA SAC. debidamente representado por apoderado legal Angel Antonio Mendoza Aguirre interpone demanda contenciosa administrativa contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT, planteando como pretensión: Se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00061309 de fecha 04/06/2015. 2. El demandante indica como fundamentos principales de su demanda, que la administración ha vulnerado el principio de continuación de infracciones y el principio de non bis in ídem, al haber impuesto más de una sanción a su representada, fraccionando la presunta infracción en periodos individualmente considerados. Asimismo, señala que el inspector ha incumplido con la disposición consistente en la toma de fotografía, es decir, se ha omitido un requisito de validez. Así también afirma que la carga de la prueba para acreditar la infracción corresponde a la entidad, y que la resolución impugnada carece de de falta de tipificación de la conducta infractora, y por tanto no se encuentra debidamente motivada. 3. La entidad demandada –SAT fue declarada rebelde mediante resolución Nº 04, por lo que no se tiene argumentos de defensa de su parte. 4. Seguido el proceso conforme a su naturaleza, se remitieron los autos al Ministerio Público, entidad que emite opinión por que se declare fundada la demanda. II. ANÁLISIS DEL CASO. 1. Es materia de controversia, establecer si la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179- 158-00061309 de fecha 04/06/2015, incurre en causal de nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante “LPAG”), y básicamente se analizará los puntos centrales consistentes en: (i) Si se ha vulnerado el principio de continuación, non bis in ídem y tipicidad.(ii) Si existió afectación al debido procedimiento debido a la falta de toma fotográfica. (iii) Si se encuentra debidamente acreditada la infracción y no se afectó la carga de la prueba. 2. Según la norma especial que rige el procedimiento administrativo sancionador aplicable al caso, Ordenanza 1599, ha establecido que para las infracciones que sean de responsabilidad del conductor o del cobrador en general, pero no han sido identificados, la norma ha establecido la responsabilidad presunta a cargo de la empresa (art. 100.5).1 3. En dichas situaciones (falta cometida por conductor), la norma ha previsto que el inicio del procedimiento administrativo respecto del conductor se satisface con la entrega al conductor de la 1Ordenanza 1599, art. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción. copia del Acta de Control en el mismo acto inspectivo (art. 88.1)2, y respecto de la empresa el inicio del procedimiento sancionador se produce con la notificación realizada a dicha empresa según la Ley LPAG (art. 88.2)3. 4. En ese sentido, podemos afirmar que la empresa autorizada a prestar el servicio público en la ruta respectiva y con el vehículo perteneciente a su flota, es responsable presunto de las infracciones incurridas por el conductor cuando éste no ha sido identificado, pero para el inicio del procedimiento sancionador administrativo debe cumplir con notificársele a su domicilio con el Acta de Control respectiva y según sea el caso con la respectiva acta de intervención. 5. En efecto, conforme lo precisa el articulo 87° de la Ordenanza 1599, cuando el conductor se negará a entregar documentación para su correcta identificación así como del vehículo intervenido conforme lo precisa el artículo 86°, el Inspector debe proceder a la toma fotográfica en la cual debe constar la hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva, asimismo el acta deberá ser suscrita por el inspector municipal y el nombre de la persona encargada del operativo, dando fé de los hechos acontecidos. 6. En cuanto a la Tabla de Infracción y Sanciones y Medidas Preventivas del anexo A-1 de la Ordenanza 1599 y su respectiva modificatoria, se advierte que la Infracción al Código N-61 consistente en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, tiene como responsable administrativo al conductor y/o cobrador, lo que implica que de no identificarse a éste, la empresa autorizada asumirá la responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción. 7. Ahora bien, del expediente administrativo se colige que : Con Acta de Control Nº C520248 se dejó constancia que a las 16:55 del día 31/01/2014, el Inspector Municipal, constató que el conductor del vehículo de Placa Nº C4-B743, incurrió en la infracción tipificada con Código N-61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores prevista en la Ordenanza Nº 1599 y su modificatoria, que Regula la Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, precisando en el rubro de observaciones que la conducta consistió en: “Se intervino con pasajeros, no permitió labor de control y fiscalización, no entregó documentación, dejaba y recogía pasajeros a media calzada” y que la empresa autorizada para la prestación del servicio de dicho vehículo es la ahora Demandante. Además, durante la intervención se procedió a la toma fotográfica que se adjunta. Así también, con fecha 11 de junio de 2014 se emite la resolución de sanción determinando la responsabilidad del ahora demandante; y con fecha 18 de julio del 2014 se interpuso recurso de apelación contra la misma, la cual fue desestimada mediante la Resolución administrativa que ahora se impugna. 8. De los actuados administrativos detallados, advertimos que en el Acta de Control N° C520248, que es la prueba de cargo que sustenta la comisión de la infracción y da inicio al procedimiento administrativo, se precisó la negativa del conductor a identificarse y proporcionar la documentación solicitada por el Inspector Municipal, por lo que éste procedió a imponer el Acta de Control señalando que la conducta infractora cometida por el conductor del vehículo consistió en no permitir las acciones de control, al negarse a entregar la documentación solicitada, uno de los supuestos de infracción que comprende el Código N-61 de la Ordenanza 1599, lo que implica que la autoridad ha subsumido la conducta en el tipo legal correcto, respetando el principio de tipicidad. 9. Además, para acreditar la existencia de la comisión de la infracción, la Administración no sólo actuó el Acta de control como prueba de cargo, sino también, ésta se encuentra corroborada con la toma fotográfica4 que se acompaña al Acta, que data de la misma fecha y hora, siendo actuaciones realizadas por el Inspector Municipal en el ejercicio de sus funciones, no se encuentra 2Ordenanza 1599, art. 88.1 El conductor y/o cobrador, así como el titular y/o operador de la infraestructura complementaria de transporte se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la sola entrega de una copia del Acta de Control levantada por el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto. 3Ordenanza 1599, art. 88.2 La empresa autorizada o el propietario, según corresponda, se entenderán válidamente notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de Cargos le sea entregada, cumpliendo lo establecido en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las notificaciones. 4 Ver Pág. 07 del expediente administrativo. sujeto a probanza conforme lo precisa el artículo 165° de la Ley 27444 en adelante LPAG, que señala que no será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones. En consecuencia, lo alegado por el actor sobre la falta de prueba fotográfica que acredite la infracción no se ajusta a al realidad por cuanto se aprecia su existencia en el expediente administrativo. 10. En ese mismo orden de ideas, respecto a la carga de la prueba, corresponde decir que este juzgado es de la posición, de que los documentos elaborados por los agentes municipales (inspectores) en cumplimiento de sus funciones, califican como “mínima actividad probatoria”, y gozan de una presunción de certeza “iuris tantum”5 en cuanto a la certeza de los hechos que constan en los mismos. Ello no es contrario al principio de presunción de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 de la LPAG mas conocido como presunción de inocencia, pues no otorga a los documentos elaborados por autoridades municipales una veracidad indiscutible y absoluta ya que dicha presunción puede quebrarse frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, pues nada impide a los administrados utilizar frente a ellas los medios de prueba adecuados e idóneos que permitan dejar sin efecto la convicción formada por el órgano sancionador, esto último en el marco del numeral 162.26 del artículo 162 de la LPAG, en concordancia con el artículo 1977 del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente al presente proceso-, lo que no supone invertir la carga de la prueba; es decir, el actor debía probar la no comisión de la infracción o estar exento de responsabilidad en relación a la infracción que se le imputó; en consecuencia, no se advierte alguna afectación al debido procedimiento. 11. Ahora sobre lo referido a la supuesta vulneración de principio de continuación de infracciones y non bis idem, corresponde indicar que , en el caso en concreto no se advierte una concurrencia de infracciones continuadas, en tanto se verifica la imposición de sanción fue por una sola infracción cometida, por tanto, lo alegado por actor en este extremo resulta ajeno a la realidad de los hechos; y si ello resulta así, con mucha mayor razón no se puede alegar la existencia de la triple identidad entre dos procedimientos sancionadores, por cuando únicamente se visualiza la existencia de un procedimiento. Por ello, lo alegado por el actor en este extremo deviene en infundado. 12. En ese sentido, dichas actuaciones acreditan la comisión de la infracción, esto es, que el conductor de la unidad vehicular que es parte de la flota de la Demandante, al ser intervenido se resistió a la fiscalización y control por parte del inspector, y siendo la empresa autorizada la responsable administrativa ante la falta de identificación del conductor por la falta incurrida por éste, el procedimiento administrativo se ha llevado conforme a Ley, consecuentemente, los argumentos de la Demandante devienen en infundados, además si se tiene en cuenta que la finalidad de que la Demandante asuma la responsabilidad administrativa obedece al deber de diligencia con que debe actuar en razón a ser la persona jurídica que ha sido autorizada a prestar el servicio de transporte público de pasajeros, cuya falta de diligencia en la contratación de los conductores y/o cobradores de sus unidades, puede poner en riesgo la seguridad e integridad física de las personas. 13. En ese sentido, se concluye que el procedimiento se ha llevado conforme a las normas previstas; aunado a ello, se tiene de las resoluciones impugnadas han sido debidamente motivadas y se ha tenido en cuenta los derechos y garantías con que gozan cada uno de los administrados, correspondiendo desestimarse la demanda en todos sus extremos. III.-DECISIÓN: Se declara INFUNDADA la demanda, y consentida que sea la resolución, archívese definitivamente el proceso. Suscribe la Especialista Legal por disposición de la señora jueza.- 5 Presunción que admite prueba en contrario. 6 Artículo 162.- Carga de la prueba (…) 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 7 Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MARTINEZ GARIBAY, DINA MARLENY Fecha: 24/02/2017 09:26:13 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: PEÑA CHAUCA CLARA Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente NATHALIE Fecha: 24/02/2017 09:29:39 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL EXPEDIENTE : 13779-2015- 0-1801-JR-CA-17 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : SAT DEMANDANTE : CONSORCIO VÍA SAC JUEZ : DINA MARTÍNEZ GARIBAY RESOLUCIÓN Nº 08 Lima, 23 de febrero del 2017 SENTENCIA I. RESUMEN DEL PROCESO. 1. Con fecha 03/12/2015, CONSORCIO VÍA SAC. debidamente representado por apoderado legal Angel Antonio Mendoza Aguirre interpone demanda contenciosa administrativa contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT, planteando como pretensión: Se declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00061328 de fecha 04/06/2015. 2. El demandante indica como fundamentos principales de su demanda, que la administración ha vulnerado el principio de continuación de infracciones y el principio de non bis in ídem, al haber impuesto más de una sanción a su representada, fraccionando la presunta infracción en periodos individualmente considerados. Asimismo, señala que el inspector ha incumplido con la disposición consistente en la toma de fotografía, es decir, se ha omitido un requisito de validez. Así también afirma que la carga de la prueba para acreditar la infracción corresponde a la entidad, y que la resolución impugnada carece de de falta de tipificación de la conducta infractora, y por tanto no se encuentra debidamente motivada. 3. La entidad demandada –SAT fue declarada rebelde, por lo que no se tiene argumentos de defensa de su parte. 4. Seguido el proceso conforme a su naturaleza, se remitieron los autos al Ministerio Público, entidad que emite opinión por que se declare fundada la demanda. II. ANÁLISIS DEL CASO. 1. Es materia de controversia, establecer si la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158- 00061328 de fecha 04/06/2015, incurre en causal de nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante “LPAG”), en atención a los argumentos sostenidos por la Demandante. 2. Según la norma especial que rige el procedimiento administrativo sancionador aplicable al caso, Ordenanza 1599, ha establecido que para las infracciones que sean de responsabilidad del conductor o del cobrador en general, pero no han sido identificados, la norma ha establecido la responsabilidad presunta a cargo de la empresa (art. 100.5).1 3. En dichas situaciones (falta cometida por conductor), la norma ha previsto que el inicio del procedimiento administrativo respecto del conductor se satisface con la entrega al conductor de la copia del Acta de Control en el mismo acto inspectivo (art. 88.1)2, y respecto de la empresa el inicio del procedimiento sancionador se produce con la notificación realizada a dicha empresa según la 1Ordenanza 1599, art. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción. 2Ordenanza 1599, art. 88.1 El conductor y/o cobrador, así como el titular y/o operador de la infraestructura complementaria de transporte se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la sola entrega de una copia del Acta de Control levantada por el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto. Ley LPAG (art. 88.2)3. 4. En ese sentido, podemos afirmar que la empresa autorizada a prestar el servicio público en la ruta respectiva y con el vehículo perteneciente a su flota, es responsable presunto de las infracciones incurridas por el conductor cuando éste no ha sido identificado, pero para el inicio del procedimiento sancionador administrativo debe cumplir con notificársele a su domicilio con el Acta de Control respectiva o la respectiva toma fotográfica. 5. En efecto, conforme lo precisa el articulo 87° de la Ordenanza 1599, cuando el conductor se negará a entregar documentación para su correcta identificación así como del vehículo intervenido conforme lo precisa el artículo 86°, el Inspector debe proceder a la toma fotográfica en la cual debe constar la hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva, asimismo el acta deberá ser suscrita por el inspector municipal y el nombre de la persona encargada del operativo, dando fé de los hechos acontecidos. 6. En cuanto a la Tabla de Infracción y Sanciones y Medidas Preventivas del anexo A-1 de la Ordenanza 1599 y su respectiva modificatoria, se advierte que la Infracción al Código N-61 consistente en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, tiene como responsable administrativo al conductor y/o cobrador, lo que implica que de no identificarse a éste, la empresa autorizada asumirá la responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción. 7. Ahora bien, del expediente administrativo se colige que : Con Acta de Control Nº C519872 se dejó constancia que a las 11:00 del día 03/02/2014, el Inspector Municipal, constató que el conductor del vehículo de Placa Nº D5-H729 , incurrió en la infracción tipificada con Código N-61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores prevista en la Ordenanza Nº 1599 y su modificatoria, que Regula la Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, precisando en el rubro de observaciones que la conducta consistió en: “Se intervino con pasajeros, no permitir las acciones de fiscalización y control. Se negó a entregar documentos” y que la empresa autorizada para la prestación del servicio de dicho vehículo es la ahora Demandante. Además, durante la intervención se procedió a la toma fotográfica que se adjunta. Así también, con fecha 11 de junio de 2014 se emite la resolución de sanción determinando la responsabilidad del ahora demandante; y con fecha 18 de julio del 2014 se interpuso recurso de apelación contra la misma, la cual fue desestimada mediante la Resolución administrativa que ahora se impugna. 8. De los actuados administrativos detallados, advertimos que en el Acta de Control N° C519872, que es la prueba de cargo que sustenta la comisión de la infracción y da inicio al procedimiento administrativo, se precisó la negativa del conductor a identificarse y proporcionar la documentación solicitada por el Inspector Municipal, por lo que éste procedió a imponer el Acta de Control señalando que la conducta infractora cometida por el conductor del vehículo consistió en “Se intervino con pasajeros, no permitir las acciones de fiscalización y control. Se negó a entregar documentos”, uno de los supuestos de infracción que comprende el Código N-61 de la Ordenanza 1599, lo que implica que la autoridad ha subsumido la conducta en el tipo legal correcto, respetando el principio de tipicidad. 9. Además, para acreditar la existencia de la comisión de la infracción, la Administración no sólo actuó el Acta de control como prueba de cargo, sino también, ésta se encuentra corroborada con la toma fotográfica4 que se acompaña al Acta, que data de la misma fecha y hora, siendo actuaciones realizadas por el Inspector Municipal en el ejercicio de sus funciones, no se encuentra sujeto a probanza conforme lo precisa el artículo 165° de la Ley 27444 en adelante LPAG, que señala que no será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones. En consecuencia, lo alegado por el actor sobre la falta de prueba fotográfica que acredite la infracción no se ajusta a al realidad por cuanto se aprecia 3Ordenanza 1599, art. 88.2 La empresa autorizada o el propietario, según corresponda, se entenderán válidamente notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de Cargos le sea entregada, cumpliendo lo establecido en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las notificaciones. 4 Ver Pág. 07 del expediente administrativo. su existencia en el expediente administrativo. 10. En ese mismo orden de ideas, respecto a la carga de la prueba, corresponde decir que este juzgado es de la posición, de que los documentos elaborados por los agentes municipales (inspectores) en cumplimiento de sus funciones, califican como “mínima actividad probatoria”, y gozan de una presunción de certeza “iuris tantum”5 en cuanto a la certeza de los hechos que constan en los mismos. Ello no es contrario al principio de presunción de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 de la LPAG mas conocido como presunción de inocencia, pues no otorga a los documentos elaborados por autoridades municipales una veracidad indiscutible y absoluta ya que dicha presunción puede quebrarse frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, pues nada impide a los administrados utilizar frente a ellas los medios de prueba adecuados e idóneos que permitan dejar sin efecto la convicción formada por el órgano sancionador, esto último en el marco del numeral 162.26 del artículo 162 de la LPAG, en concordancia con el artículo 1977 del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente al presente proceso-, lo que no supone invertir la carga de la prueba; es decir, el actor debía probar la no comisión de la infracción o estar exento de responsabilidad en relación a la infracción que se le imputó; en consecuencia, no se advierte alguna afectación al debido procedimiento. 11. Ahora sobre lo referido a la supuesta vulneración de principio de continuación de infracciones y non bis idem, corresponde indicar que, en el caso en concreto no se advierte una concurrencia de infracciones continuadas, en tanto se verifica la imposición de sanción fue por una sola infracción cometida, por tanto, lo alegado por actor en este extremo resulta ajeno a la realidad de los hechos; y si ello resulta así, con mucha mayor razón no se puede alegar la existencia de la triple identidad entre dos procedimientos sancionadores, por cuando únicamente se visualiza la existencia de uno solo. Por ello, lo alegado por el actor en este extremo deviene en infundado. 12. En ese sentido, dichas actuaciones acreditan la comisión de la infracción, esto es, que el conductor de la unidad vehicular que es parte de la flota de la Demandante, al ser intervenido se resistió a la fiscalización y control por parte del inspector, y siendo la empresa autorizada la responsable administrativa ante la falta de identificación del conductor por la falta incurrida por éste, el procedimiento administrativo se ha llevado conforme a Ley, consecuentemente, los argumentos de la Demandante devienen en infundados, además si se tiene en cuenta que la finalidad de que la Demandante asuma la responsabilidad administrativa obedece al deber de diligencia con que debe actuar en razón a ser la persona jurídica que ha sido autorizada a prestar el servicio de transporte público de pasajeros, cuya falta de diligencia en la contratación de los conductores y/o cobradores de sus unidades, puede poner en riesgo la seguridad e integridad física de las personas. 13. En ese sentido, se concluye que el procedimiento se ha llevado conforme a las normas previstas; aunado a ello, se tiene de las resoluciones impugnadas han sido debidamente motivadas y se ha tenido en cuenta los derechos y garantías con que gozan cada uno de los administrados, correspondiendo desestimarse la demanda en todos sus extremos. III.-DECISIÓN: Se declara INFUNDADA la demanda, y consentida que sea la resolución, archívese definitivamente el proceso. 5 Presunción que admite prueba en contrario. 6 Artículo 162.- Carga de la prueba (…) 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 7 Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MARTINEZ GARIBAY, DINA MARLENY Fecha: 25/01/2017 16:42:04 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL 17° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 13779-2015-0-1801-JR-CA-17 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: PEÑA CHAUCA CLARA DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT , NATHALIE Fecha: 25/01/2017 17:58:37 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : CONSORCIO VIA SAC , D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Resolución Nro.7 Lima, 20 de enero de 2017.- Al escrito de fecha 16/01/2017: Al principal: Por devuelto el expediente de la 14° Fiscalía Provincial Civil de Lima, con dictamen fiscal 030-2017, con la opinión que se declare fundada la demanda, debiéndose tener presente en cuanto fuere de ley al momento de resolver, de conformidad con el literal e) del artículo 25.2 de la Ley N° 27584. A conocimiento de las partes procesales, señalándose que los de la materia se encuentran en estado de dictar sentencia. Al primer, segundo y tercer otrosí: Téngase presente y por señalada la casilla electrónica N° 48283 que se indica. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición de la Señora Juez.-
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. Nº 13850-2015 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE N° 13850-2015 DEMANDANTE: TRANSLIMA S.A. DEMANDADO: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRO MATERIA: IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Lima, doce de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTOS: Es materia de apelación la sentencia emitida por resolución número cinco del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, obrante de fojas setenta y seis a ochenta y cinco, que declaró infundada la demanda. Con vista del dictamen fiscal de fojas ciento trece a ciento catorce, e interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Ruiz Torres, y; CONSIDERANDO: Primero.- TRASLIMA S.A., por medio de su demanda corriente de fojas 14 a 22, pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-0071782 de fecha 09 de setiembre de 2015. Segundo.- La recurrente, por intermedio de su escrito de fojas 95 a 98, apela la sentencia señalando: i. Se viola el debido proceso y la motivación de las resoluciones, porque no ha resuelto con arreglo a los actuados; esto es así, ya que en el considerando seis de la sentencia impugnada, no se evalúa adecuadamente el supuesto fáctico de tipo de la infracción N-63. ii. Se ha otorgado valor probatorio a un acta de control que fue indebidamente llenada. iii. Al no identificarse al conductor, debió haberse consignado la infracción de código N61. iv. Se transgreden los principios de licitud y de culpabilidad del administrado, cuando el a-quo pretende invertir la carga de la prueba contra el administrado ante la sola sindicación de la infracción N63. 1 Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. Nº 8507-2015 Tercero.- En sujeción a lo previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 27584, la Acción Contencioso Administrativa a que se refiere el artículo 148° de la Constitución, tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo, procurando la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Cuarto.- De la revisión del expediente administrativo, se aprecia lo siguiente: Con fecha 25 de abril de 2014, mediante el Acta de Control Nº C6028141, se sancionó al conductor de la unidad vehicular de placa de rodaje N° A7J728, por la comisión de la infracción N63, que se configura por “Permitir que el vehículo circule con las puertas de acceso abiertas o permitir que alguna persona sobresalga de la estructura del vehículo”. En mérito a ello, la empresa demandante formuló sus descargos. Así, mediante el Dictamen de la Gerencia de Impugnaciones N° 267-189-000596542 del 19 de agosto de 2014, se opinó por declararlos infundados. De ahí, se dicta la Resolución de Sanción N° 176-056-003553543, de fecha 13 de enero de 2015, castigando a la administrada con una Multa de S/3,800.00 soles. No conforme con ello, el 31 de octubre de 2014, se presenta el recurso de apelación4 contra aquella, que se resuelve con la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-156-000717825 de fecha 30 de junio de 2015. Quinto.- La Ley N° 27444, en el artículo IV, entre otros, contempla como principios del procedimiento administrativo: “1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.” 1 Fojas 43 2 Fojas 50 3 Fojas 10 4 Fojas 07 a 16 5 Fojas 11 2 Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. Nº 8507-2015 Sexto.- De otro lado, en el caso de autos y por temporalidad, resulta aplicable la Ordenanza Nº 1599-MML6 (que regula la Prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana), que define al acta de control - en el numeral 5.3 del artículo 5º - como “…el documento suscrito por el Inspector Municipal de Transporte en el que se hace constar los resultados de la acción de control de campo o mediante medios electrónicos, computarizados o digitales...” En concordancia, en el artículo 87º, numerales 87.1 y 87.2 del mismo cuerpo normativo, acerca del procedimiento a realizar por el inspector ante la negativa de entregar la documentación solicitada, se puntualiza: “87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control...” y, “87.2 Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla.” Séptimo.- De lo reseñado precedentemente, se infiere que, con fecha 25 de abril de 2014, se extiende el Acta de Control N° C602814, por haberse detectado la comisión de la infracción identificada con código N63. Frente a lo detallado, se observa que administrativa y jurisdiccionalmente, la accionante alega, como fundamento de defensa, que no se puede admitir como prueba contundente el Acta de Control, y que, en su caso, ante la negativa debió aplicarse la infracción contenida en el código N61. Octavo.- Empero, a fojas 53 del expediente principal, se comprueba la existencia de la fotografía del vehículo intervenido de Placa de Rodaje Nº AJ7-728, en la que se lee la “fecha y hora” de la intervención; instrumental que, además de encontrarse en el expediente administrativo7, es coincidente con lo consignado en la referida Acta de Control. De esa manera, al no ser objetada y/o refutada, a pesar que la parte demandante conoció de aquel material fotográfico (como se ve a fojas 99 del principal), es claro que la empresa accionante ha terminado por asentir tácitamente en la comisión de la conducta infractora imputada. Consiguientemente, ha quedado corroborado que la administración acató lo establecido en el artículo 87° de la Ordenanza 1599-MML - antes de su modificatoria -, y, de ese modo, acreditó la comisión de la infracción detectada y finalmente sancionada. 6 Vigente desde el 02 de Julio del 2012 y, antes de la modificación de la Ordenanza 1796, publicada el 26 de junio de 2014. 7 Inserto en el principal. 3 Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. Nº 8507-2015 Noveno.- Esto es así, máxime, si de los rubros “datos del intervenido” y “observaciones del inspector” de la reseñada acta de control, se verifica que se ha cumplido con dejar consignado que el infractor: “No se identificó”, y que “se intervino con pasajeros por permitir que el cobrador sobresalga de la estructura del vehículo con las puertas de acceso abiertas”; glosas que, al final, no han sido rebatidas apropiadamente por la empresa demandante. Asimismo, tampoco puede ampararse el extremo en el cual se indica que debió aplicársele la sanción de código N-61, en tanto que el motivo de la intervención al vehículo de la demandante fue por encontrarse prestando servicios con las puertas abiertas, y no por impedir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación. Décimo.- En atención a lo expuesto, ha quedado probado que la entidad demandada actuó bajo los parámetros de la Ordenanza N° 1599-MML y normas complementarias y, por ende, en sujeción a los principios generales y especiales que rigen el procedimiento administrativo sancionador; por lo que la demanda debe desestimarse y, por ende, confirmarse la subida en grado. Décimo Primero.- En conexión con lo hasta aquí considerado, los agravios deben ampararse determinándose que, al expedirse la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-0071782, no se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. Por estas consideraciones y tal como lo dispone el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, SE RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia emitida por resolución número cinco del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, obrante de fojas setenta y seis a ochenta y cinco, que declaró infundada la demanda. En los seguidos por Empresa de Transportes Urbano Línea 4 S.A con el Servicio de Administración Tributaria – SAT sobre Nulidad de Resolución o Acto Administrativo, Notificándose y devolviéndose. RUIZ TORRES CABELLO ARCE JUAREZ JURADO GRT/mg 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa:::: Cabe indicar que el consumidor espera es que la unidad de transporte lo lleve de manera segura y sin contratiempos hacia su destino; de esta manera, una agresión física y sexual de algún trabajador de la empresa de transportes, afectará la idoneidad del servicio. Al respecto, en el caso que nos ocupa, lo que se tiene es la declaración del terramozo, quien reconoció su actuar inapropiado contra la usuaria y, el Plano de Viaje, con el cual se demostró que el asiento que estaba junto al de la denunciante se encontraba vacío, ambos constituyen medios de prueba suficientes para acreditar los hechos, por lo que ya no era necesaria la actuación de pruebas adicionales. EXPEDIENTE Nº : 13926-2015 DEMANDANTE : Empresa de Transportes Turismo Días S.A. DEMANDADO : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI Yisely Soto Sánchez MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN NÚMERO DIENUEVE Lima, 25 de marzo del 2019. VISTOS: Con el expediente administrativo acompañado; contando con lo opinado por la señora Fiscal Superior en el dictamen de fojas 380 a 389; interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia. CONSIDERANDO PRETENSIÓN DE LA DEMANDA PRIMERO.- El presente proceso tiene por finalidad que se declare la nulidad de la Resolución N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, del 06 de marzo de 2015, que declaró fundada la denuncia, así como la nulidad de la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, de fecha 29 de setiembre de 2015 emitida por el Tribunal de Indecopi que confirmó la primera resolución mencionada. ANTECEDENTES Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 SEGUNDO: En el presente caso, la señora Yisely Soto Sánchez denunció a la empresa de transportes Turismo Días S.A., por infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque fue víctima de tocamientos indebidos de parte del terramoso Paul Cotrina Rosas, cuando se encontraba durmiendo, por lo cual solicitó auxilio policial al 105, siendo auxiliada cuando llegó al terminal de Plaza Norte, lugar donde fue detenido el agresor. La empresa de Transportes, negó los hechos denunciados, alegando que el ómnibus se encontraba lleno, e incluso la señora no viajó sola, sino que al costado de su asiento estaba ocupado por la señora Cristina Marcelo Ríos y no por el señor Cotrina (terramoso); asimismo, que la denunciante nunca pidió ayuda a su personal. Mediante Resolución N° 0070-2015/CPC-INDECOPI-CAJ del 06 de marzo de 2015, se declaró fundada la denuncia por infracción del artículo 19 del Código de Protección y defensa del consumidor, por lo que se le impuso una multa de 15 UIT (10 por la agresión sufrida y 05 por no prestar auxilio). Esta resolución fue apelada y resuelta por el Tribunal del Indecopi, el cual a través de la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI confirmó la resolución emitida por la Comisión. SENTIDO DE LA SENTENCIA TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Once, emitida con fecha 04 de mayo del 2018, obrante de fojas 308 a 321, que declaró infundada la demanda de fojas 70 a 103, subsanada a fojas 114,en mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante escrito de fojas 343 a 348, que fue concedida por Resolución Doce, de fecha 20 de agosto del 2018, con efecto suspensivo. CUARTO.- La sentencia impugnada; se sustentó en lo siguiente: 1. La configuración o no de delito no es materia de discusión en el presente proceso, sino si la conducta del señor Cotrina y de la empresa importa una falta de idoneidad en el servicio prestado. 2. Una conducta reprobable no es necesariamente un delito o infracción penal, pero sí puede ser pasible de ser sancionada por otras esferas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo. 3. Cuando hablamos de agresión, éste no solo puede ir ligado a un ilícito penal, sino que para el término del derecho del consumidor se entiende como un deficiencia injustificada en el trato. 4. En el caso concreto, según la declaración del señor Cotrina, este admitió haber besado sin consentimiento a la señora Soto, lo cual constituye un agravio a su persona, que debe ser sancionada por constituir una conducta inaceptable en contra de un usuario. 5. Las testimoniales ofrecidas corresponden a los choferes de la empresa, por lo que dichos testigos tenían la situación de subordinados con relación a la empresa de transportes. 6. El manifiesto de viaje es un documento que detalla cuántos pasajes se vendieron, más no garantiza que el pasajero haya abordado el medio de transporte, y en el caso concreto, se advierte del Plano de Viaje, que la señora Marcelo, supuesta acompañante de la denunciante, no puso su huella dactilar correspondiente al asiento N° 8. 7. El señor Cotrina reconoció expresamente su conducta infractora, por lo que al tratarse de un trabajador de la empresa de transportes esta debe asumir su responsabilidad sobre las acciones de su subordinado. 8. La declaración de la señora Marcelo, no se condice con el contenido de la ocurrencia policial de fecha 29 de julio de 2014, así como tampoco la declaración del tercer pasajero. 9. No se evidencia voluntad alguna de parte del chofer ni de la empresa de transportes en auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, pues en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la usuaria. 10. La resolución administrativa impugnada, al momento de graduar la sanción tuvo presente los criterios establecidos en el artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 AGRAVIOS QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecia los siguientes agravios: 1. En cuanto a la primera infracción, “falta de servicio idóneo” por cuanto un personal de Turismo Días agredió física y sexualmente a la señora Soto durante el viaje a Lima; la señora jueza solo tomó en consideración la declaración que realizó el señor Cotrina en el atestado policial, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que su empresa fue sancionada sin una mínima actividad probatoria. 2. El Indecopi debió orientar todos sus esfuerzos en realizar una investigación más exhaustiva, antes de determinar la existencia de una infracción; sin embargo, esta se determinó en base a argumentos netamente subjetivos, validado únicamente en una declaración que no tuvo las garantías mínimas de un debido proceso, pese a contar con la presencia del representante del Ministerio Público. 3. La prueba por la cual se sanciona a la empresa de transportes es una declaración que realizó el señor Cotrina, amedrentado por el contexto y el miedo que infundió la situación, además, que no tuvo acceso a un abogado defensor; lo cual vulnera el artículo 8° de la Convención de Derechos Humanos, en el sentido que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 4. No se ha tomado en cuenta, que este hecho fue denunciado en la vía penal y la Fiscalía Provincial Penal del Distrito de Lima Norte, determinó su sobreseimiento, por no encontrar elementos de juicio para continuar con la denuncia. 5. En relación a la segunda infracción, “no brindar auxilio a la usuaria”, señala que la sentencia de vista incurre en una indebida motivación, pues a pesar que a la juez de primera instancia se le advirtió del dictamen fiscal, no lo valoró ni emitió pronunciamiento respecto de la contradicción en la que incurrió la denunciante. 6. La denunciante si bien manifiesta haber solicitado ayuda a los pasajeros del segundo piso, en realidad jamás llegó a comunicar lo sucedido al chofer, pues ella misma refiere que no logró hablar con él ni mucho menos dio a conocer lo sucedido a cualquier otro personal de la empresa; por consiguiente, no hay elementos probatorios que acrediten la versión de la usuaria, por lo que la denunciada no puede ser sancionada por percepciones subjetivas que no tienen sustento probatorio. 7. En la sentencia se advierte serias vulneraciones no solo al debido proceso, sino al derecho de defensa, congruencia procesal, debida valoración de la prueba, principio de igualdad de armas, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que impone una multa excesiva, sin haber realizado una correcta valoración de pruebas. OPINIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO SEXTO.- El Ministerio Público, a fojas 380, opina que se confirme la sentencia que declaró infundada la demanda, al considerar que en el presente caso, se pudo demostrar con los medios probatorios presentados, que el terramozo se ubicó en el asiento alado de la usuaria y practicó actos inapropiados a la pasajera; además, no fue ayudada por el chofer ya que este no avisó sobre lo ocurrido, ni facilitó información de que estaba bajo su dominio. Asimismo, en cuanto a que no se habría demostrado la conducta infractora, considerando que la fiscalía de Lima Norte declaró el sobreseimiento de la denuncia penal, señaló que no es objeto del presente proceso probar si se configuró o no un ilícito penal, dado que es de competencia y jurisdicción del juez penal, sino comprobar si la conducta de la empresa demandante y/o su empleado conllevarían a una falta de idoneidad en el servicio prestado. 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SÉTIMO.- En el expediente administrativo podemos apreciar lo siguiente: 1. A folios 01 03, obra la denuncia interpuesta por Yisely Soto Sánchez. 2. A folios 06, obra la ocurrencia policial, de fecha 29 de julio de 2014. 3. A folios 14, obra la resolución que admite a trámite la denuncia. 4. A folios 32, obra el escrito de descargo de la denunciada Turismo Días S.A. 5. A folios 122, obra copia del atestado policial N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI- DEINPOL. 6. A folios 126, obra copia de la manifestación de la denunciante Yisely Soto Sánchez. 7. A folios 129, obra copia de la manifestación del denunciado Kenyi Paul Cotrina Rosas. 8. A folios 147, obra copia del acta de inspección realizada a la empresa Turismo Dias SA. 9. A folios 101, obra copia de la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, que declaró fundada la denuncia e impuso una multa de 15 UIT. 10. A folios 2013, obra copia del escrito de apelación presentado por la Empresa de Transportes Turismo Dias S.A. 11. A folios 263, obra la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, emitida por el Tribunal del Indecopi, a través de la cual se resuelve confirmar la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ. COMPETENCIA DEL COLEGIADO OCTAVO.- La apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión. Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. NOVENO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, María Elena Ledesma Narváez1 comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito. MARCO LEGAL DÉCIMO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente: El Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571, precisa que: “Artículo 18.- Idoneidad Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la 1 LEDESMA NARVÁEZ, María Elena, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, pp. 176 - 180. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. Artículo 19.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. (…)” Sobre el deber de idoneidad como garantía o derecho del consumidor, el autor Víctor Baca Oneto señala lo siguiente: “La idoneidad se define como la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de lo que se le hubiere ofrecido, la publicidad e información transmitida o a las características y naturaleza del producto, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. Así mismo, la idoneidad está en función de la naturaleza del producto y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado”2. Siguiendo al referido autor y atendiendo a lo regulado por el CPDC, la idoneidad es un derecho del consumidor garantizado implícitamente por el proveedor por mandato legal, contenido en la norma antes aludida, consistente en que el producto o servicio que recibe en una transacción comercial, debe resultar idóneo para los fines para los que fue creado, debiendo existir coincidencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. ANÁLISIS DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto a la infracción por no brindar un servicio idóneo, la apelante sostiene (agravios primero, segundo, tercero y cuarto) que se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia, ya que su empresa fue sancionada sin una mínima actividad probatoria; pues la declaración que realizó el señor Cotrina, en el atestado policial, no contó con las garantías mínimas del debido proceso, debido a que no tuvo abogado defensor, además, fue una declaración que realizó amedrentado por el miedo que infundió la situación, lo cual a su vez vulnera el artículo 8° de la Convención de Derechos Humanos, en el sentido que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Es más, tampoco se consideró que este hecho fue denunciado en la vía penal y la Fiscalía Provincial ordenó su sobreseimiento, al no encontrar elementos de juicio para continuar con la denuncia. En ese sentido, el Indecopi debió orientar todos sus esfuerzos en realizar una investigación más exhaustiva antes de determinar la existencia de una infracción. En el presente caso, cabe la señora Soto denunció a la empresa de Transportes Turismo Días, debido a que durante la prestación del servicio Cajamarca – Lima, fue agredida física y sexualmente por el terramozo3, mientras esta dormía. Por su parte la apelante, niega lo ocurrido, cuestionando los medios probatorios que sirvieron de base al Indecopi para declarar fundada la denuncia e imponer la sanción. Ahora bien, de los argumentos de la apelante se advierte que esta cuestiona la declaración realizada por el señor Cotrina (terramozo) en el atestado policial, así como la labor probatoria del Indecopi. 2 BACA ONETO, Víctor. Protección al Consumidor. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos. Colección por el Vigésimo Aniversario del Indecopi, Primera Edición, Lima, 2013, pág.36. 3 Turismo Dias es responsable por la agresión sufrida por la señora Soto, debido a que el Terramozo quien la agredió se desempeñaba como su dependiente. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Bajo este contexto, de una revisión de los actuados, se advierte a folios 122 del expediente administrativo, el Atestado Policial N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI- DEINPOL de fecha 29 de julio del 2014, que tuvo como origen la denuncia realizada por la señora Yisely Soto Sánchez contra el señor Kenyi Paul Cotrina Rosas, en razón a que mientras viajaba en el bus el denunciado, quien labora para la empresa de transportes como terramozo, le realizó tocamientos indebidos mientras ella dormía, por lo que luego de pedir ayuda por teléfono a las autoridades, fue detenido y conducido a la comisaría para rendir su declaración4, la cual se realizó respetando sus derechos, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución5, fluyendo de dicho documento que se le preguntó si necesitaba un abogado, a lo que respondió que no. Asimismo, se observa que la declaración se tomó con la presencia del Fiscal Luis A. Ramos Mancilla quien dio legalidad y validez al acto, tal como lo ordena el artículo 10° del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público6. En ese sentido, no se advierte vulneración alguna al debido proceso ni menos aún al derecho de defensa, pues el imputado tomó conocimiento de los hechos denunciados, tuvo oportunidad de requerir abogado defensor, y estuvo presente el fiscal a fin de garantizar que precisamente sus derechos no sean vulnerados, por ello, su declaración fue libre y espontánea sin coacción alguna. El hecho de que la denuncia se haya sobreseído, en esta caso no resta valor probatorio al reconocimiento realizado por el denunciado en su oportunidad. En cuanto a la insuficiente labor probatoria de parte del Indecopi, debemos manifestar en principio, que en materia probatoria los artículos 163 y 166 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señalan que cuando sea necesario, esto es, no se tenga por cierto los hechos o la naturaleza del procedimiento lo exija, la administración puede disponer la actuación de todos los medios de prueba que estime conveniente. Así, en el presente caso, lo que se necesitaba acreditar era si la empresa de transportes había cumplido con su deber de idoneidad7 en la prestación del servicio de transporte, en el que se debe tener en cuenta que lo que el consumidor espera es que la unidad de transporte lo lleve de manera segura y sin contratiempos hacia su destino; de esta manera, una agresión física y sexual de algún trabajador de la empresa de transportes, afectará la idoneidad del servicio. Al respecto, en el caso que nos ocupa, lo que se tiene es la declaración del terramozo, quien reconoció su actuar inapropiado contra la usuaria y, el Plano de Viaje8, con el cual se demostró que el asiento que estaba junto al de la denunciante se encontraba vacío, ambos constituyen medios de prueba suficientes para acreditar los hechos, por lo que ya no era necesaria la actuación de pruebas adicionales. Estando a lo expuesto, los agravios no serán estimados. 4 Del documento citado (atestado policial) se puede apreciar que cuando respondió a la pregunta 6, el denunciado contestó lo siguiente: “Que no es cierto que haya realizado tocamientos, reconozco que le di un beso en la boca y pido disculpa, en ningún momento he estado encima de ella, como ella despertó que estaba dormida yo me asusté y salté sobre ella para salir por que (sic) estaba sentado a su costado.” 5 “14. (…) Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. (…)” 6 Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención policial de persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, por sí o por medio de su Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el detenido, para el efecto de asegurar el derecho de defensa de éste y los demás, según le reconocen la Constitución y las leyes. 7 Entendida esta como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibo, en función a la naturaleza de los productos o servicios, las condiciones acordadas y la normatividad que rige su prestación. 8 A folios 142 del expediente administrativo, en el cual se constató que no aparecía la huella dactilar del pasajero del asiento N° 8, por lo que se determinó que este no abordó. 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto a la infracción sancionada por no brindar auxilio oportuno a la usuaria, la recurrente alega (agravios quinto y sexto) que la sentencia de vista no tendría una debida motivación por cuanto no valoró el dictamen fiscal que ordenó el sobreseimiento de la denuncia, ni tampoco emitió pronunciamiento alguno respecto a la contradicción en la que incurrió la denunciante, pues esta si bien manifiesta haber solicitado ayuda a los pasajeros del segundo piso, en realidad jamás llegó a comunicar lo sucedido al chofer ni al personal que se encontraba en ese momento en el bus, por consiguiente, no habría elementos probatorios que acrediten la versión de la usuaria, por lo que su empresa no puede ser sancionada por percepciones subjetivas. En relación a estos agravios, observamos del expediente administrativo que la Comisión de Protección al Consumidor, sancionó con 5 UIT a la empresa denunciada, en base a inferencias, lo cual fue confirmado por el Tribunal del Indecopi y avalado por la Juez de Primera Instancia. Siendo así, es oportuno señalar que el artículo 275 del Código Procesal Civil, establece que los sucedáneos de los medios probatorios son aquellos auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juzgador para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos. Uno de esos auxilios es el indicio, el cual es un acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juzgador a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia.9 Por consiguiente, un indicio es un hecho conocido y acreditado del cual se infiere otro hecho desconocido, en virtud de una operación lógica-crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos técnicos. Y puede tratarse de cualquier hecho, siempre que de él sea posible obtener un argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto, para llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto de la prueba.10 Siendo así, la prueba indiciaria, según Fernando de Trazegnies Granda “…supone un pensamiento complejo en el que se persigue la reconstrucción de un hecho concreto, remontando de ciertos indicios a hechos que se hacen más o menos probables a medida que avanza el proceso de recolección de indicios y de formulación de presunciones o conjeturas basados racionalmente en tales indicios.”11. El mismo autor, refiere que se deben considerar tres criterios importantes a fin de construir el umbral de certeza a partir de la prueba indiciaria, los cuales son: i) que los hechos que van a ser asumidos como señales se encuentren plenamente probados; ii) que esos hechos conlleven la posibilidad de señalizar la hipótesis que es objeto de la probanza indiciaria; y, iii) que no existan hipótesis alternativas posibles. 9 Artículo 276 del Código Procesal Civil. 10 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General de la Prueba Judicial.”. Editor Víctor de Zavalia. Argentina, 1972. Tomo II. P. 601-602. 11 Fernando de Trazegnies Granda. Teoría de la Prueba Indiciaria en: http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafad.htm 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Comisión de Protección al Consumidor, basó su decisión en el análisis de dos medios de prueba: la manifestación del señor Cotrina12, quién afirmó que cuando la señora se despertó armó un escándalo; y, en la ocurrencia policial que señala que se constituyeron al terminal plaza norte para apoyar a la denunciante quien manifestó que llamó al 105 para denunciar el hecho ya que el chofer no creía que esto hubiera pasado13. Luego de lo cual la Comisión concluyó que “está acreditado que la señora Soto fue agredida durante su viaje, que tuvo que solicitar apoyo policial, que el señor Cotrina reconoció que la denunciante realizó un alboroto por lo sucedido y, que el denunciado negó cualquier tipo de incidente, esta Comisión concluye que hubo un actuar negligente por parte del conductor, porque no prestó ayuda a la denunciante, caso contrario, hubiera intervenido o hubiera registrado el incidente en la hoja de ruta.” Por su parte el Tribunal del Indecopi, señaló en relación a la falta de auxilio a la denunciada, que la empresa de transportes no presentó medio probatorio alguno que demuestre que brindó algún tipo de auxilio a la denunciante, luego de que esta puso en conocimiento que había sido víctima de la agresión por parte de su personal. En el Vigésimo Tercer considerando de la resolución recurrida, en relación a la falta de apoyo a la usuaria señaló lo siguiente: “Si bien la demandante sostiene que en ningún momento se comunicó de los hechos al chofer, tenemos que por un lado, está acreditado que el señor COTRINA besó sin autorización a la denunciante, lo cual constituye un ataque contra su integridad física y sexual; y por el otro, se acredita que la pasajera desde la unidad de transporte, se comunicó con la policía sobre el incidente, lo que llevó a la detención del trabajador de la empresa. Asimismo, en todo momento la conducta de la empresa ha sido la de negar todos los hechos, pese a que existe una declaración expresa de parte de su trabajador en la que acepta los hechos, la cual –conforme se ha analizado-, fue avalada por un representante del Ministerio Público; en consecuencia. No se evidencia por parte del chofer de la unidad de transporte, ni por parte de la empresa, voluntad alguna de auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso la empresa denunciada a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la señora SOTO, pese a que las evidencias en autos apuntan a que sí fue agredida por un trabajador de la empresa. Existe entonces un servicio no idóneo por parte de la empresa demandante. El hecho que la pasajera haya logrado o no contactarse con el chofer estando en ruta no es relevante, puesto que ni siquiera al momento en que la policía intervino al trabajador se mostró voluntad alguna de auxiliar a la pasajera; postura que se ha mantenido en todo momento, negando todo tipo de incidente. En consecuencia, no corresponde estimar los argumentos en este extremo.” Para la Juez, el hecho de haberse acreditado la agresión sufrida por la usuaria, era suficiente para determinar que no se brindó ayuda oportuna a la denunciante una vez sucedidos los hechos, sin que sea relevante que se haya puesto de conocimiento o no al chofer sobre lo acontecido. En relación a que no se brindó ayuda a la denunciante por parte del chofer, este colegiado considera que de los actuados administrativos si bien no es posible determinar que durante la ruta la denunciante comunicó al chofer directamente de la agresión sufrida, sí es cierto que de éstos se determina con certeza que por los hechos denunciados se intervino al 12 A folios 130 del expediente administrativo, Atestado N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI-DEINPOL. 13 A folios, 06 del expediente administrativo. 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 terramozo en el terminal terrestre Plaza Norte14, lo cual nos permite señalar que dado que el terramozo era personal de la empresa, por lo menos en dicho momento el chofer se enteró de la agresión y del mismo expediente administrativo no se aprecia que la empresa denunciada haya acreditado que, a partir de tal momento el chofer de la unidad hubiere prestado alguna ayuda a la denunciante, para cuyos efectos además se tiene en cuenta lo indicado en el Rubro 4315 de la Resolución Final 0070-2015/INDECOPI-CAJ, cuando se indica que si el conductor hubiera prestado ayuda intervenido o hubiera registrado el incidente en la hoja de ruta, lo que no sucedió. Por consiguiente, éstos agravios no serán amparados. DÉCIMO TERCERO.- La apelante sostiene además en el agravio sétimo, que se vulneró su derecho al debido proceso en su materialización de la debida motivación. Revisada la sentencia se aprecia que la sentencia se pronunció sobre todos los temas planteados, por lo que cabe señalar que el hcho de que la apelante no haya merecido una sentencia favorable no es señal de afectación a sus derechos constitucionales, por lo que este extremo de la apelación no será estimado. PARTE RESOLUTIVA Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado resuelve: CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Once, del 04 de mayo de 2018, obrante de fojas 308 a 321, que declaró infundada la demanda de fojas 70 a 103,. En los seguidos por la Empresa de Transportes Turismo Dias S.A., contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otra sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase.- TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO NUÑEZ RIVA 14 Fojas 125 del Tomo I del expediente administrativo. Rubro D., y 130 del mismo tomo, en los cuales se precisa que el terramozo fue intervenido. 15 Fojas 201 del mismo Tomo. 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGESIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Sumilla: “(…) en todo momento la conducta de la empresa ha sido la de negar todos los hechos, pese a que existe una declaración expresa de parte de su trabajador en la que acepta los hechos, la cual –conforme se ha analizado-, fue avalada por un representante del Ministerio Público; en consecuencia. No se evidencia por parte del chofer de la unidad de transporte, ni por parte de la empresa, voluntad alguna de auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso la empresa denunciada a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la señora SOTO, pese a que las evidencias en autos apuntan a que sí fue agredida por un trabajador de la empresa. Existe entonces un servicio no idóneo por parte de la empresa demandante.” Expediente : 13926-2015 Especialista : Luján Jara, Juan Andrés Demandante : EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO DIAS S.A. Demandado : INDECOPI YISELY SOTO SÁNCHEZ Materia : Nulidad de resolución administrativa. Protección del Consumidor SENTENCIA RESOLUCION NUMERO ONCE Lima, cuatro de mayo de dos mil dieciocho.- VISTOS: Ingresan los autos para resolver según el estado de la presente causa, procediendo la juez que suscribe a emitir resolución de sentencia. ANTECEDENTES: I. DEMANDA La EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DIAS S.A. (en adelante el DEMANDANTE o la EMPRESA), presentó escrito de demanda obrante de fojas 70 a 103, en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) y de la señora YISELY SOTO SÁNCHEZ (de ahora en adelante la señora SOTO); a efecto de que se declare la NULIDAD TOTAL de la Resolución N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, de fecha 06 de marzo de 2015, confirmada por la Resolución N° 3045-2015/SPC, de fecha 29 de septiembre de 2015, emitida por el Tribunal de INDECOPI. 1 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Fundamentos de hecho: 1. Refiere que con fecha 29 de julio de 2014, la señora SOTO contrató los servicios de transporte de Cajamarca a Lima, conforme consta con el manifiesto de pasajeros que obra en autos. La usuaria viajó en el asiento 07 del ómnibus de su representada, denunciando haber sufrido agresiones físicas y sexuales por parte del señor Kenyi Paul Cotrina Rosas (de ahora en adelante el señor COTRINA), personal de la empresa denunciada. Asimismo, la denunciada manifestó haber solicitado ayuda al conductor del vehículo (señor Natividad Haccha Llauras, de ahora en adelante el señor HACCHA o el CONDUCTOR), sin obtener apoyo de su parte, sino que por lo contrario éste optó por continuar la ruta sin atender lo expuesto por la denunciante. Ante esta circunstancia, la señora SOTO optó por solicitar auxilio policial, llamando al número de emergencias 105, quienes se constituyeron al “terminal de Plaza Norte” a efecto de detener a su agresor, donde habría sido abandonada con su equipaje. 2. Señala que lo manifestada por la usuaria no se ajusta a la verdad, puesto que ésta brinda diversas versiones contradictorias. Además, la denuncia presentada por la señora SOTO por los delitos de acto contra el pudor, fue archivada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, al no existir indicios suficientes o elementos de juicio que permitieran vislumbrar la existencia de un delito. Pese a lo expuesto, refiere que por medio de la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ su representada fue sancionada con 10 UIT por la agresión física y sexual contra la pasajera, y 05 UIT por no prestar auxilio luego que tomó conocimiento de la agresión, lo cual fue confirmado por el Tribunal de INDECOPI mediante la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, del 29 de septiembre de 2015. 3. Considera se ha vulnerado el derecho al debido proceso, congruencia procesal, debida valoración de la prueba, principio de igualdad de armas, así como los de razonabilidad y proporcionalidad, dado que se impone el pago de una multa excesiva. Señala que las manifestaciones de la señora SOTO no han sido corroboradas con otros elementos de juicio, pese a que entra en diversas contradicciones respecto de la ocurrencia de los hechos denunciados (respecto a si hubo forcejeo o no, respecto a la hora de ocurrencia de los hechos, respecto a las circunstancias en las que fue agredida, respecto a si fue abandonada o no en la terminal terrestre, así como de si informó o no al chofer sobre los hechos). 4. No se ha tomado en cuenta que en el presente caso la Fiscalía determinó que no se cometió ilícito penal, por lo que debe de exonerarse de responsabilidad al proveedor. Al haberse demostrado que no existió conducta ilícita, la interpretación que hace INDECOPI sobre los hechos resulta ser sesgada y vulnera el principio de Congruencia Procesal, Interpretación de Normas, Debido Proceso y Derecho a la Defensa. Considera además que INDECOPI debió de suspender el procedimiento administrativo hasta que la Fiscalía hubiera emitido un pronunciamiento firme sobre la comisión del delito 2 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 imputado, conforme lo prescribe el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444, pero ello no ocurrió por lo que se vulneró el debido procedimiento. 5. Asimismo, INDECOPI no llamó a declarar a los testigos ofrecidos por su representada, aduciendo que al ser subordinados, tienen un interés directo en el procedimiento. No se ha tomado en cuenta además que, según el manifiesto de pasajeros, en el asiento contiguo a la señora SOTO viajaba la señora Cristina Marcelo Ríos; y si bien es cierto que no aparece en el plano de asientos del bus, eso no demuestra que el asiento estaba vacío, siendo que la referida pasajera también prestó su declaración indagatoria ante la Fiscalía, negando los hechos; al igual que otro pasajero que viajaba al otro costado de la denunciante, quien manifestó que no escuchó nada y que el viaje transcurrió sin ningún tipo de problemas. 6. Las declaraciones tomadas al trabajador de la empresa no contaron con presencia del abogado, por lo que son NULAS ya que se obligó al investigado a declarar ante la policía, hecho que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de INDECOPI; es decir, no ha existido una correcta valoración de las pruebas en conjunto, sólo se ha tomado en cuenta la declaración de la denunciante, sin que se hayan probado sus afirmaciones, pese a que la carga de la prueba le corresponde a quien afirma los hechos. 7. Finalmente, considera que la multa impuesta vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que el monto de 15 UIT ha sido impuesto basado en argumentos sin base. II. ADMISIÓN DE LA DEMANDA: Por Resolución N° DOS del 26 de abril de 2016, obrante de fojas 57 a 59, se admitió la demanda en la vía del proceso especial, teniéndose por ofrecidos lo medios probatorios, disponiéndose se corra traslado a INDECOPI a la señora YISELY SOTO SÁNCHEZ, requiriéndose la remisión del expediente administrativo a la entidad demandada. III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: III.1. Contestación de INDECOPI Como sustento del escrito de contestación presentado obrante de fojas 126 a 154, INDECOPI argumenta lo siguiente: a. En relación a haberse sancionado sin que se hayan valorado los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo, negando que exista alguno que acredite la agresión sexual sufrida por la denunciante; señala que respecto a la declaración brindada por el señor COTRINA ante la autoridad policial, ésta contó con la presencia de un Fiscal Provincial Penal, quien dio la garantía de que el derecho de defensa del imputado no fuera afectado; demás, en el atestado policial se dejó constancia que el señor Cotrina declinó de su derecho a contar con abogado defensor; por tal motivo dicho atestado no adolece de vicio que conlleve a su invalidez. 3 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 En el referido atestado el señor COTRINA reconoció haber agredido a la señora SOTO, por lo que INDECOPI considera que quedó acreditado que la denunciante fue víctima de agresión por un empleado de la empresa denunciada durante el transcurso de su viaje de Cajamarca a Lima. Asimismo, la empresa no prensó medio probatorio alguno que acreditara que brindó algún tipo de auxilio a la consumidora denunciante luego que ésta puso en conocimiento del chofer y de la empres de transportes que había sido víctima de agresión por parte de su personal. b. En relación a que INDECOPI no tomó en cuenta las conclusiones del Ministerio Público; señala que no correspondía suspender el procedimiento administrativo por cuanto si bien la señora SOTO solicitó la apertura de una investigación contra el señor COTRINA ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte por actos contra el pudor, no se advierte que se haya iniciado un proceso penal a nivel judicial; por lo que no existe ningún supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de INDECOPI c. En relación a que las multas impuestas rebasan los principios de proporcionalidad y razonabilidad; señala que dicho argumento es inconsistente puesto que no posee fundamentación fáctica. Las multas fueron motivadas a través de los criterios de graduación previstos en el Código, por lo que las sanciones están debidamente justificadas. III.2. Contestación de la señora SOTO Como sustento del escrito de contestación presentado obrante de fojas 177 a 182, argumenta lo siguiente: a. Los argumentos de actos contra el pudor fueron corroborados con la declaración del mismo denunciado, el señor COTRINA, quien brindó su manifestación en presencia del Fiscal de turno del Ministerio Público de Lima Norte. b. El procedimiento administrativo no tuvo como finalidad establecer si existió ilícito penal o no, sino que su finalidad fue proteger al consumidor de vulneraciones al deber de idoneidad, dado que cuando se contrata un servicio de transporte, es con la finalidad de que se preste un servicio idóneo dentro de los parámetros de lo normal, sin sufrir agresiones por parte del personal de la empresa, y sin vulnerar la integridad personal. El hecho que el Código Penal no haya determinado que un beso sin consentimiento no sea un ilícito, no deja de vulnerar la integridad de la pasajera. En consecuencia se acredita infracción de las normas de protección al consumidor, en su deber de idoneidad de servicio. c. La declaración brindada por la señora Cristina Marcelo no guarda relación con los hechos acontecidos, puesto que al momento de sufrir la agresión el mismo señor COTRINA admite que la agraviada solicitó ayuda, a lo cual se suma en su declaración la referida pasajera no recuerda si su acompañante de asiento era hombre o mujer, y que 4 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 no recuerda que la policía haya intervenido a persona alguna al llegar al terminal terrestre, agregando que no recuerda nada de ese viaje. Lo expuesto demuestra que si bien la señora MARCELO viajó con fecha 28 de julio de 2014, lo hizo en un ómnibus diferente, ya que si no se percató que la policía se llevó detenido al señor COTRINA, es lógico concluir que no estaba en dicho viaje. Además, la señora MARCELO no se encuentra registrada en el plano de viaje como pasajera IV. AUTO DE SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Por medio de la Resolución N° CUATRO, obrante de fojas 190 a 193, se declaró SANEADO EL PROCESO y se fijó como puntos controvertidos: Determinar si procede o no declarar la nulidad de la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, emitida el 29 de septiembre de 2015 y la nulidad de la Resolución N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ del 06 de marzo de 2015 Y prescindiéndose de la Audiencia de Actuación de Pruebas, se dispuso remitir los actuados al Ministerio Público. Por medio de los escritos de fecha 27 de febrero de 2017 (hoja 201 a 204) y 03 de marzo de 2017 (hoja 213 a 217) el demandante presentó medios probatorios extemporáneos, los cuales fueron rechazados mediante Resolución N° SEIS (hoja 241 a 242). Dicha resolución no fue impugnada. V. VISTA FISCAL: Por medio del Dictamen Nº 169-2017, de fecha 17 de marzo de 2017, de fojas 219 a 225, la Segunda Fiscalía Provincial en lo civil de Lima opina que se declare FUNDADA EN PARTE la demanda, respecto del argumento referido a que el chofer del ómnibus no le prestó la ayuda correspondiente al momento del agravio sufrido a su persona. VI. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad ejercer el control jurídico (legalidad y constitucionalidad), de las actuaciones que emita la Administración Pública sujetas al derecho administrativo, y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados, con sujeción a un debido proceso, que causen estado, de conformidad con los artículos 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 y 148° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, las autoridades administrativas deben de conducirse conforme el Principio de Legalidad contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444; es decir, que los actos administrativos expedidos por la Administración deben de ser acordes con la Constitución y la normatividad vigente 5 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 SEGUNDO: Teniéndose en cuenta la fijación de los puntos controvertidos corresponde determinar en sede judicial si la Administración al expedir la Resolución N° 2395- 2015/SPC-INDECOPI, emitida el 23 de julio de 2015, ha expedido un acto administrativo pasible de ser sancionado parcialmente con nulidad por incumplimiento de alguna de las causales contempladas en el artículo 10° de la Ley 27444. TERCERO: Análisis del Caso.- Conforme consta a fojas 1 del expediente acompañado, el procedimiento administrativo del cual se derivó el presente proceso judicial, se inició en virtud a una denuncia, por medio de la cual la señora SOTO imputó a la empresa denunciada, infracción contra el deber de idoneidad del servicio, en virtud a haber sufrido una agresión física y sexual por parte de personal de su empresa, por cuanto el señor COTRINA, terramozo de la empresa de transporte la habría besado sin su consentimiento así como habría realizado actos contra el pudor contra su persona. Refiere que al pedir auxilio al conductor, no obtuvo respuesta de su parte, por lo que se vio obligada a llamar a la policía mediante el número de emergencia 105, siendo detenido el señor COTRINA al momento de llegar a la terminal terrestre. El referido imputado aceptó los cargos en el extremo de haber besado sin consentimiento a la pasajera agraviada, con lo cual habría quedado acreditada la infracción al servicio de idoneidad de servicio. Concluida la actuación probatoria, la Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI de Cajamarca, expidió la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, de fecha 06 de marzo de 2015, obrante de fojas 191 a 206 del expediente administrativo, por medio de la cual se dispuso (se consigna lo pertinente al presente proceso): (cid:1) Declarar FUNDADA la denuncia por infracción al artículo 19 del Código, por cuanto está acreditado que la empresa no cumplió con brindar el servicio de transporte de pasajeros de manera idónea, en tanto, en el transcurso de su viaje fue agredida física y sexualmente por su personal. (cid:1) Declarar FUNDADA la denuncia por infracción al artículo 19 del Código, por cuanto se acreditó que el conductor no prestó la atención necesaria a la denunciante luego que tomó conocimiento de las agresiones que sufrió. (cid:1) Ordenó como MEDIDA CORRECTIVA se entregue a la denunciante S/. 90.00 correspondientes al valor del boleto de viaje adquirido para la ruta Cajamarca – Lima y el reembolso de S/. 140.00 correspondiente al valor del boleto de viaje que adquirió para la ruta Lima-Cajamarca para el 31 de julio de 2014 en otra empresa. (cid:1) Multó a la empresa con un total de 15 UIT La empresa denunciada formuló recurso de apelación (hoja 213 a 220 del expediente administrativo), el cual fue resuelto por el Tribunal de INDECOPI mediante la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, del 29 de septiembre de 2015, obrante de fojas 263 a 280 del expediente administrativo. El Tribunal de INDECOPI determinó lo siguiente: (cid:1) CONFIRMÓ la Resolución N° 0070-2015/CPC-INDECOPI-CAJ en todos sus extremos. (cid:1) Dejó sin efecto las medidas correctivas impuestas, en virtud a que la empresa acreditó haber reembolsado los pasajes a la denunciada. (cid:1) CONFIRMÓ la multa de 15 UIT impuesta. 6 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Expuestos los antecedentes del caso y los fundamentos de hecho y jurídicos expuestos por las partes, a la luz de los medios probatorios ofrecidos y admitidos, corresponde emitir pronunciamiento de fondo. CUARTO: Respecto a la inadecuada valoración de los medios probatorios dirigidos a acreditar la falta de idoneidad del servicio.- El demandante refiere que lo manifestado por la usuaria no se ajusta a la verdad, puesto que brinda versiones contradictorias respecto de la ocurrencia de los hechos (si hubo forcejeo o no, respecto a la hora de ocurrencia de los hechos, respecto a las circunstancias en las que fue agredida, respecto a si fue abandonada o no en la terminal terrestre, así como de si informó o no al chofer sobre los hechos). Además, la denuncia presentada por los delitos de acto contra el pudor fue archivada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, al no existir indicios suficientes o elementos de juicio que permitieran vislumbrar la existencia de un delito. Asimismo, señala que INDECOPI no llamó a declarar a los testigos ofrecidos por su representada, aduciendo que al ser subordinados, tienen un interés directo en el procedimiento, y que no se ha tomado en cuenta además que, según el manifiesto de pasajeros, en el asiento contiguo a la señora SOTO viajaba la señora Cristina Marcelo Ríos, quien negó los hechos en su declaración indagatoria; por lo que es falso que asiento contiguo hubiera estado vacío. Tampoco se tomó en cuenta que otro pasajero que viajaba al otro costado de la denunciante, manifestó que no escuchó nada y que el viaje transcurrió sin ningún tipo de problemas. Finalmente, señala que las declaraciones tomadas al trabajador de la empresa no contaron con presencia del abogado, por lo que son NULAS ya que se obligó al investigado a declarar ante la policía, hecho que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de INDECOPI Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 4.1. Para llegar a la verdad material en un procedimiento administrativo, es necesario realizar una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados por las partes, de conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil; así como de las normas que regulan la carga de la prueba en materia de protección al consumidor. En este sentido, corresponde al consumidor acreditar el defecto en el servicio prestado y al proveedor demostrar que dicho defecto no le es imputable (causa justificada que rompa el nexo causal). 4.2. En el caso concreto, el demandante cuestiona las siguientes cuestiones probatorias: a) Existen discrepancias en las versiones brindadas por la señora SOTO respecto de la ocurrencia de los hechos. En relación a este cuestionamiento, cabe señalar que no es objeto del presente proceso calificar los hechos acaecidos; es decir, si se configuró o no ilícito penal, 7 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 dado que dicho aspecto es competencia de la jurisdicción penal. La configuración o no de delito no es materia a debatir, sino si la conducta del señor COTRINA y de la empresa denunciada importa una falta de idoneidad en el servicio prestado. En función a ello, este aspecto únicamente será evaluado en función a los medios probatorios obrantes en el expediente, no correspondiendo a esta judicatura evaluar y calificar los hechos acaecidos en el ómnibus de la empresa demandante. Respecto a lo expuesto, en los acápites posteriores se procederá a analizar los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo. b) La denuncia sobre actos contra el pudor fue archivada por la Fiscalía Provincial Penal. Cabe señalar que los bienes jurídicos protegidos por la jurisdicción penal y por la normativa del derecho del consumidor son diferentes. Es así que las leyes penales están destinadas a establecer la existencia de ilícitos, delitos o infracciones en los cuales la conducta u omisión del imputado encuadra en un tipo penal, pasible de ser sancionado por el ius imperium del Estado. Una conducta reprobable no necesariamente constituye un delito o infracción penal; mas sí puede ser pasible de ser sancionada por otras esferas del derecho, como son por ejemplo el derecho administrativo. A modo de ejemplo, en el derecho de protección al consumidor se busca proteger a los usuarios –quienes se encuentran en condición de asimetría informativa- de las eventualidades que podría generarle una mala prestación de servicios o de defectos en los productos ofrecidos por los consumidores. Bajo esta premisa, concluimos que los bienes jurídicos a proteger en ambos casos son diferentes (actos contra el pudor en el caso de jurisdicción penal) e idoneidad en el servicio de transporte prestado (en el caso de protección a los derechos del consumidor). Es así que un usuario que contrata un servicio de transporte interprovincial espera llegar a su destino sano y salvo, sin sufrir agresiones. Al definirse el término agresión, éste no solo va ligado a un ilícito penal, sino que para el término del derecho del consumidor se entiende como una deficiencia injustificada en el trato (ejemplo: un empujón, una agresión verbal, etc.), que sin llegar a ser delito, sí encuadra dentro de una prestación NO IDÓNEA del servicio. En el caso concreto, de autos y de la declaración del señor COTRINA, se advierte que éste admitió haber besado sin consentimiento a la señora SOTO1, lo cual constituye un agravio hacia su persona, el cual debe ser sancionado con todo rigor, ya que constituye una conducta totalmente inaceptable que un usuario de 1 Se abundará en este aspecto en los acápites subsiguientes. 8 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 un servicio reciba una agresión de este tipo, con la agravante de que quien afrentó la integridad de la pasajera es un trabajador de la empresa (terramozo). Ergo, dicha conducta constituye una falta al deber de idoneidad de servicio, lo cual debe ser sancionado independientemente de si se califica como delito o no. Por lo expuesto, no corresponde amparar los agravios esgrimidos en este extremo. c) No se aceptó las declaraciones testimoniales de los choferes del ómnibus en el cual se suscitaron los hechos. En relación a la referida declaración testimonial, como primer punto cabría señalar que – tal como informó la empresa denunciada a nivel administrativo- las testimoniales ofrecidas corresponden a los choferes de la empresa, por lo que dichos testigos tenían la situación de subordinados con relación a la empresa de transportes. Ahora, resulta importante señalar que el testimonio un trabajador no será inválido en sí mismo, por el solo de hecho de trabajar para alguna de las partes. Sino que su testimonio debe ser evaluado con mayor rigurosidad, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en que se encuentra el dependiente: la relación laboral que implica la subordinación económica hacia su empleador, siendo ese vínculo su fuente de trabajo. Por otro lado, tenemos que en virtud de lo establecido por el artículo 164 de la Ley N° 27444, la administración puede prescindir de la actuación de determinados medios probatorios cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución. En el caso concreto, la administración sustentó su decisión sustancialmente en dos premisas: i) La aceptación del señor COTRINA de haber besado sin consentimiento a la usuaria denunciante; ii) El registro de ingreso de pasajeros (Plano de Viaje2), donde consta que en el asiento N° 08 no se encontraba sentada ninguna persona, por lo que es falso que al costado de la señora SOTO hubiera existido una pasajera (lo que habría impedido que el señor COTRINA se siente a su lado y la ataque). En este sentido, si bien en el Manifiesto de Viaje constituye un documento de control de los boletos de viaje de transporte público nacional de pasajeros, en el cual se detalla la información correspondiente al viaje efectuado. Es para verificar cuántos pasajes se vendió, y tiene como base legal el Artículo 10° de la Resolución Nº 156-2003-SUNAT; debiendo se ser expedido antes del inicio del servicio de 2 Obrante a fojas 03 del expediente principal y a fojas 143 del expediente administrativo. En dicho documentos los pasajeros registran su ingreso poniendo su huella digital en el formato. 9 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 transporte; empero dicho manifiesto no garantiza que el pasajero en cuestión haya abordado el medio de transporte, y en el caso concreto, al momento de consignarse el PLANO DE VIAJE, se advierte que la señora MARCELO NO CONSIGNÓ SU HUELLA DACTILAR correspondiente al asiento N° 08 (asiento contiguo al de la señora SOTO), motivo por el cual la empresa no acredita que esta pasajera haya abordado efectivamente la unidad de transporte pese a haber adquirido el boleto. Por otra parte, obra la manifestación policial del señor COTRINA (hoja 129 a 131 del expediente administrativo, la cual fue realizada con la presencia del Fiscal Provincial Penal, quien garantiza la legalidad de los actos, por lo que – contrariamente a lo manifestado por el demandante-, la declaración brindada por el señor COTRINA estuvo respaldada por un representante del Ministerio Público, garante de la legalidad, por lo que éste no estuvo en condición de indefensión, máxime si se le preguntó en forma directa si requería de la presencia de un abogado y éste respondió en forma negativa. Así, en la manifestación, el imputado respondió textualmente (ver pregunta 06): “(…) reconozco que le di un beso en la boca y pido disculpa, en ningún momento he estado encima de ella,, como ella despertó que estaba dormida, yo me asusté y salté sobre encima de ella para salir porque estaba sentado a su costado”. Es decir, el señor COTRINA RECONOCE que BESÓ A LA PASAJERA SIN SU CONSENTIMIENTO, mientras estaba dormida, y que al verse descubierto, saltó sobre ella para salir, dado que estaba sentado a su lado. Ergo, existe ACEPTACIÓN EXPRESA de su inconducta, por lo que siendo trabajador de la empresa de transportes, ésta asume su responsabilidad sobre las acciones de su subordinado. d) El asiento contiguo a la señora SOTO estuvo ocupado por la señora MARCELO, quien negó los hechos. Asimismo, un segundo pasajero negó los hechos ocurridos. Tal como ha sido acreditado, la señora MARCELO no figura registrada en el PLANO DE VIAJE; y de su declaración indagatoria (hoja 52 del expediente principal), se advierte que ésta refiere que: (Pregunta 05) “No puedo precisar el número de asiento, porque he realizado varios viajes y éste viaje ha sido hace un año”; (Pregunta 06; si presenció tocamientos a la agraviada): “Desde que subí al carro me acomodé en mi asiento y solo atiné en dormir y no he presenciado si alguna persona o la agraviada se haya quejado del denunciado o de alguna persona”; (Pregunta 08): “durante el viaje ni cuando llegué al terminal he escuchado de ninguna persona de sexo femenino que se haya quejado de otra persona de sexo 10 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 masculino”; (Pregunta 11): “Al llegar al terminal y al bajar del ómnibus no observé que la policía haya intervenido o detenido a algún pasajero”. De lo cual se desprende; que la señora MARCELO estuvo dormida durante el viaje, no recuerda ningún incidente, ni que hayan detenido a ninguna persona, lo cual no se condice con el contenido de la Ocurrencia Policial de fecha 29 de julio de 2014 (hoja 27 del expediente administrativo), donde personal policial de la Comisaría de INDEPENDENCIA registró que se constituyeron a la terminal terrestre Plaza Norte a efecto de detener a don KENYI PAUL COTRINA ROSAS, terramozo de la unidad de transporte de la denunciada, por presuntos tocamientos indebidos, en virtud de la llamada de la señora SOTO al número de emergencias 105. Esto es, sí se produjo la detención del personal de la empresa, hecho que ha quedado acreditado en la Ocurrencia Policial, por lo que la versión de la señora MARCELO carece de sustento. Respecto a la declaración de un tercer pasajero (señor Michael Muñoz Ríos, a fojas 54); si bien en esta se señala que el viaje transcurrió con total normalidad, esta versión no se condice a la declaración del mismo señor COTRINA (que acepta en forma expresa su responsabilidad), así como la de la Ocurrencia Policial que da cuenta de la detención del trabajador de la empresa, por lo que al no estar sustentada con otro medio probatorio, carece de mérito para desvirtuar la versión de los hechos brindada por la señora SOTO. e) La declaración policial del señor Cotrina no habría contado con la presencia de un abogado defensor. Este aspecto ha sido desarrollado en el punto 4.2.c de la presente sentencia, donde se concluyó que el señor COTRINA en todo momento estuvo amparado por la presencia del Fiscal Provincial Penal, por lo que no se generó indefensión en sus declaraciones, haciendo uso de su derecho de negarse a la presencia de un abogado, por lo expuesto, este argumento carece de sustento. 4.3. Ahora, en relación a que el chofer de la empresa no brindó apoyo a la usuaria; si bien la demandante sostiene que en ningún momento se comunicó de los hechos al chofer, tenemos que por un lado, está acreditado que el señor COTRINA besó sin autorización a la denunciante, lo cual constituye un ataque contra su integridad física y sexual; y por el otro, se acredita que la pasajera desde la unidad de transporte, se comunicó con la policía sobre el incidente, lo que llevó a la detención del trabajador de la empresa. 11 Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Asimismo, en todo momento la conducta de la empresa ha sido la de negar todos los hechos, pese a que existe una declaración expresa de parte de su trabajador en la que acepta los hechos, la cual –conforme se ha analizado-, fue avalada por un representante del Ministerio Público; en consecuencia. No se evidencia por parte del chofer de la unidad de transporte, ni por parte de la empresa, voluntad alguna de auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso la empresa denunciada a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la señora SOTO, pese a que las evidencias en autos apuntan a que sí fue agredida por un trabajador de la empresa. Existe entonces un servicio no idóneo por parte de la empresa demandante. El hecho que la pasajera haya logrado o no contactarse con el chofer estando en ruta no es relevante, puesto que ni siquiera al momento en que la policía intervino al trabajador se mostró voluntad alguna de auxiliar a la pasajera; postura que se ha mantenido en todo momento, negando todo tipo de incidente. En consecuencia, no corresponde estimar los argumentos en este extremo. QUINTO: Respecto a que debió suspenderse el procedimiento administrativo por existir una denuncia ante el Ministerio Público por los mismos hechos.- Este aspecto ha sido desarrollado en los acápites precedentes, donde se ha concluido que dado que se persigue la protección de diferentes bienes jurídicos, no afecta el hecho que el Ministerio Público haya opinado que no se configuró la comisión de un delito, por cuanto la falta de idoneidad en un servicio no va necesariamente vinculado a la comisión de un ilícito penal. En el caso concreto, el agresor aceptó textualmen
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolas de Pérola com Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 13926 - 2015 MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : JUAN ANDRES LUJAN JARA DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DÍAS S.A. DEMANDADO : INDECOPI YISELY SOTO SANCHEZ .... RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO CCCCIIIINNNNCCCCOOOO:::: Lima, dos de mayo del dos mil diecisiete. DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; y, AAAAtttteeeennnnddddiiiieeeennnnddddoooo:::: AAAAllll ddddiiiiccccttttaaaammmmeeeennnn ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa vvvveeeeiiiinnnnttttiiiiuuuunnnnoooo ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeee ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, rrrreeeemmmmiiiittttiiiiddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa SSSSeeeegggguuuunnnnddddaaaa FFFFiiiissssccccaaaallllííííaaaa PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll CCCCiiiivvvviiiillll ddddeeee LLLLiiiimmmmaaaa,,,, ccccoooonnnn eeeellll DDDDiiiiccccttttaaaammmmeeeennnn FFFFiiiissssccccaaaallll NNNN°°°° 111166669999----2222000011117777: En cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía opina se declare FUNDADA en parte la demanda; PPPPÓÓÓÓNNNNGGGGAAAASSSSEEEE EEEENNNN CCCCOOOONNNNOOOOCCCCIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO DDDDEEEE LLLLAAAASSSS PPPPAAAARRRRTTTTEEEESSSS EEEELLLL DDDDIIIICCCCTTTTAAAAMMMMEEEENNNN FFFFIIIISSSSCCCCAAAALLLL que antecede, para que en el plazo de cccciiiinnnnccccoooo ((((00005555)))) ddddííííaaaassss expongan lo que consideren pertinente. Al primer otrosí: ttttéééénnnnggggaaaasssseeee ppppoooorrrr sssseeeeññññaaaallllaaaaddddaaaa ssssuuuu ccccaaaassssiiiillllllllaaaa eeeelllleeeeccccttttrrrróóóónnnniiiiccccaaaa (N°48294). Al segundo otrosí: TTTTéééénnnnggggaaaasssseeee pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee. AAAA lllloooossss eeeessssccccrrrriiiittttoooossss ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa vvvveeeeiiiinnnnttttiiiissssiiiieeeetttteeee ddddeeee ffffeeeebbbbrrrreeeerrrroooo yyyy ttttrrrreeeessss ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA DDDDEEEE TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEESSSS TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMOOOO DDDDÍÍÍÍAAAASSSS SSSS....AAAA....:::: Con los escrito que se dan cuenta, la parte demandante ofrece un Medio Probatorio Extemporáneo y en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 31° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, se resuelve: CCCCÓÓÓÓRRRRRRRRAAAASSSSEEEE TTTTRRRRAAAASSSSLLLLAAAADDDDOOOO AAAA LLLLOOOOSSSS DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOOSSSS, para que en el término de tres (03) días absuelvan, como le corresponde a su derecho. Notifíquese.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa:::: Cabe indicar que el consumidor espera es que la unidad de transporte lo lleve de manera segura y sin contratiempos hacia su destino; de esta manera, una agresión física y sexual de algún trabajador de la empresa de transportes, afectará la idoneidad del servicio. Al respecto, en el caso que nos ocupa, lo que se tiene es la declaración del terramozo, quien reconoció su actuar inapropiado contra la usuaria y, el Plano de Viaje, con el cual se demostró que el asiento que estaba junto al de la denunciante se encontraba vacío, ambos constituyen medios de prueba suficientes para acreditar los hechos, por lo que ya no era necesaria la actuación de pruebas adicionales. EXPEDIENTE Nº : 13926-2015 DEMANDANTE : Empresa de Transportes Turismo Días S.A. DEMANDADO : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI Yisely Soto Sánchez MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN NÚMERO DIENUEVE Lima, 25 de marzo del 2019. VISTOS: Con el expediente administrativo acompañado; contando con lo opinado por la señora Fiscal Superior en el dictamen de fojas 380 a 389; interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia. CONSIDERANDO PRETENSIÓN DE LA DEMANDA PRIMERO.- El presente proceso tiene por finalidad que se declare la nulidad de la Resolución N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, del 06 de marzo de 2015, que declaró fundada la denuncia, así como la nulidad de la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, de fecha 29 de setiembre de 2015 emitida por el Tribunal de Indecopi que confirmó la primera resolución mencionada. ANTECEDENTES Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 SEGUNDO: En el presente caso, la señora Yisely Soto Sánchez denunció a la empresa de transportes Turismo Días S.A., por infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque fue víctima de tocamientos indebidos de parte del terramoso Paul Cotrina Rosas, cuando se encontraba durmiendo, por lo cual solicitó auxilio policial al 105, siendo auxiliada cuando llegó al terminal de Plaza Norte, lugar donde fue detenido el agresor. La empresa de Transportes, negó los hechos denunciados, alegando que el ómnibus se encontraba lleno, e incluso la señora no viajó sola, sino que al costado de su asiento estaba ocupado por la señora Cristina Marcelo Ríos y no por el señor Cotrina (terramoso); asimismo, que la denunciante nunca pidió ayuda a su personal. Mediante Resolución N° 0070-2015/CPC-INDECOPI-CAJ del 06 de marzo de 2015, se declaró fundada la denuncia por infracción del artículo 19 del Código de Protección y defensa del consumidor, por lo que se le impuso una multa de 15 UIT (10 por la agresión sufrida y 05 por no prestar auxilio). Esta resolución fue apelada y resuelta por el Tribunal del Indecopi, el cual a través de la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI confirmó la resolución emitida por la Comisión. SENTIDO DE LA SENTENCIA TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Once, emitida con fecha 04 de mayo del 2018, obrante de fojas 308 a 321, que declaró infundada la demanda de fojas 70 a 103, subsanada a fojas 114,en mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante escrito de fojas 343 a 348, que fue concedida por Resolución Doce, de fecha 20 de agosto del 2018, con efecto suspensivo. CUARTO.- La sentencia impugnada; se sustentó en lo siguiente: 1. La configuración o no de delito no es materia de discusión en el presente proceso, sino si la conducta del señor Cotrina y de la empresa importa una falta de idoneidad en el servicio prestado. 2. Una conducta reprobable no es necesariamente un delito o infracción penal, pero sí puede ser pasible de ser sancionada por otras esferas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo. 3. Cuando hablamos de agresión, éste no solo puede ir ligado a un ilícito penal, sino que para el término del derecho del consumidor se entiende como un deficiencia injustificada en el trato. 4. En el caso concreto, según la declaración del señor Cotrina, este admitió haber besado sin consentimiento a la señora Soto, lo cual constituye un agravio a su persona, que debe ser sancionada por constituir una conducta inaceptable en contra de un usuario. 5. Las testimoniales ofrecidas corresponden a los choferes de la empresa, por lo que dichos testigos tenían la situación de subordinados con relación a la empresa de transportes. 6. El manifiesto de viaje es un documento que detalla cuántos pasajes se vendieron, más no garantiza que el pasajero haya abordado el medio de transporte, y en el caso concreto, se advierte del Plano de Viaje, que la señora Marcelo, supuesta acompañante de la denunciante, no puso su huella dactilar correspondiente al asiento N° 8. 7. El señor Cotrina reconoció expresamente su conducta infractora, por lo que al tratarse de un trabajador de la empresa de transportes esta debe asumir su responsabilidad sobre las acciones de su subordinado. 8. La declaración de la señora Marcelo, no se condice con el contenido de la ocurrencia policial de fecha 29 de julio de 2014, así como tampoco la declaración del tercer pasajero. 9. No se evidencia voluntad alguna de parte del chofer ni de la empresa de transportes en auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, pues en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la usuaria. 10. La resolución administrativa impugnada, al momento de graduar la sanción tuvo presente los criterios establecidos en el artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 AGRAVIOS QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecia los siguientes agravios: 1. En cuanto a la primera infracción, “falta de servicio idóneo” por cuanto un personal de Turismo Días agredió física y sexualmente a la señora Soto durante el viaje a Lima; la señora jueza solo tomó en consideración la declaración que realizó el señor Cotrina en el atestado policial, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que su empresa fue sancionada sin una mínima actividad probatoria. 2. El Indecopi debió orientar todos sus esfuerzos en realizar una investigación más exhaustiva, antes de determinar la existencia de una infracción; sin embargo, esta se determinó en base a argumentos netamente subjetivos, validado únicamente en una declaración que no tuvo las garantías mínimas de un debido proceso, pese a contar con la presencia del representante del Ministerio Público. 3. La prueba por la cual se sanciona a la empresa de transportes es una declaración que realizó el señor Cotrina, amedrentado por el contexto y el miedo que infundió la situación, además, que no tuvo acceso a un abogado defensor; lo cual vulnera el artículo 8° de la Convención de Derechos Humanos, en el sentido que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 4. No se ha tomado en cuenta, que este hecho fue denunciado en la vía penal y la Fiscalía Provincial Penal del Distrito de Lima Norte, determinó su sobreseimiento, por no encontrar elementos de juicio para continuar con la denuncia. 5. En relación a la segunda infracción, “no brindar auxilio a la usuaria”, señala que la sentencia de vista incurre en una indebida motivación, pues a pesar que a la juez de primera instancia se le advirtió del dictamen fiscal, no lo valoró ni emitió pronunciamiento respecto de la contradicción en la que incurrió la denunciante. 6. La denunciante si bien manifiesta haber solicitado ayuda a los pasajeros del segundo piso, en realidad jamás llegó a comunicar lo sucedido al chofer, pues ella misma refiere que no logró hablar con él ni mucho menos dio a conocer lo sucedido a cualquier otro personal de la empresa; por consiguiente, no hay elementos probatorios que acrediten la versión de la usuaria, por lo que la denunciada no puede ser sancionada por percepciones subjetivas que no tienen sustento probatorio. 7. En la sentencia se advierte serias vulneraciones no solo al debido proceso, sino al derecho de defensa, congruencia procesal, debida valoración de la prueba, principio de igualdad de armas, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que impone una multa excesiva, sin haber realizado una correcta valoración de pruebas. OPINIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO SEXTO.- El Ministerio Público, a fojas 380, opina que se confirme la sentencia que declaró infundada la demanda, al considerar que en el presente caso, se pudo demostrar con los medios probatorios presentados, que el terramozo se ubicó en el asiento alado de la usuaria y practicó actos inapropiados a la pasajera; además, no fue ayudada por el chofer ya que este no avisó sobre lo ocurrido, ni facilitó información de que estaba bajo su dominio. Asimismo, en cuanto a que no se habría demostrado la conducta infractora, considerando que la fiscalía de Lima Norte declaró el sobreseimiento de la denuncia penal, señaló que no es objeto del presente proceso probar si se configuró o no un ilícito penal, dado que es de competencia y jurisdicción del juez penal, sino comprobar si la conducta de la empresa demandante y/o su empleado conllevarían a una falta de idoneidad en el servicio prestado. 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SÉTIMO.- En el expediente administrativo podemos apreciar lo siguiente: 1. A folios 01 03, obra la denuncia interpuesta por Yisely Soto Sánchez. 2. A folios 06, obra la ocurrencia policial, de fecha 29 de julio de 2014. 3. A folios 14, obra la resolución que admite a trámite la denuncia. 4. A folios 32, obra el escrito de descargo de la denunciada Turismo Días S.A. 5. A folios 122, obra copia del atestado policial N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI- DEINPOL. 6. A folios 126, obra copia de la manifestación de la denunciante Yisely Soto Sánchez. 7. A folios 129, obra copia de la manifestación del denunciado Kenyi Paul Cotrina Rosas. 8. A folios 147, obra copia del acta de inspección realizada a la empresa Turismo Dias SA. 9. A folios 101, obra copia de la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ, que declaró fundada la denuncia e impuso una multa de 15 UIT. 10. A folios 2013, obra copia del escrito de apelación presentado por la Empresa de Transportes Turismo Dias S.A. 11. A folios 263, obra la Resolución N° 3045-2015/SPC-INDECOPI, emitida por el Tribunal del Indecopi, a través de la cual se resuelve confirmar la Resolución Final N° 0070-2015/INDECOPI-CAJ. COMPETENCIA DEL COLEGIADO OCTAVO.- La apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión. Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. NOVENO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, María Elena Ledesma Narváez1 comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito. MARCO LEGAL DÉCIMO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente: El Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571, precisa que: “Artículo 18.- Idoneidad Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la 1 LEDESMA NARVÁEZ, María Elena, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, pp. 176 - 180. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. Artículo 19.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. (…)” Sobre el deber de idoneidad como garantía o derecho del consumidor, el autor Víctor Baca Oneto señala lo siguiente: “La idoneidad se define como la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de lo que se le hubiere ofrecido, la publicidad e información transmitida o a las características y naturaleza del producto, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. Así mismo, la idoneidad está en función de la naturaleza del producto y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado”2. Siguiendo al referido autor y atendiendo a lo regulado por el CPDC, la idoneidad es un derecho del consumidor garantizado implícitamente por el proveedor por mandato legal, contenido en la norma antes aludida, consistente en que el producto o servicio que recibe en una transacción comercial, debe resultar idóneo para los fines para los que fue creado, debiendo existir coincidencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. ANÁLISIS DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto a la infracción por no brindar un servicio idóneo, la apelante sostiene (agravios primero, segundo, tercero y cuarto) que se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia, ya que su empresa fue sancionada sin una mínima actividad probatoria; pues la declaración que realizó el señor Cotrina, en el atestado policial, no contó con las garantías mínimas del debido proceso, debido a que no tuvo abogado defensor, además, fue una declaración que realizó amedrentado por el miedo que infundió la situación, lo cual a su vez vulnera el artículo 8° de la Convención de Derechos Humanos, en el sentido que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Es más, tampoco se consideró que este hecho fue denunciado en la vía penal y la Fiscalía Provincial ordenó su sobreseimiento, al no encontrar elementos de juicio para continuar con la denuncia. En ese sentido, el Indecopi debió orientar todos sus esfuerzos en realizar una investigación más exhaustiva antes de determinar la existencia de una infracción. En el presente caso, cabe la señora Soto denunció a la empresa de Transportes Turismo Días, debido a que durante la prestación del servicio Cajamarca – Lima, fue agredida física y sexualmente por el terramozo3, mientras esta dormía. Por su parte la apelante, niega lo ocurrido, cuestionando los medios probatorios que sirvieron de base al Indecopi para declarar fundada la denuncia e imponer la sanción. Ahora bien, de los argumentos de la apelante se advierte que esta cuestiona la declaración realizada por el señor Cotrina (terramozo) en el atestado policial, así como la labor probatoria del Indecopi. 2 BACA ONETO, Víctor. Protección al Consumidor. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos. Colección por el Vigésimo Aniversario del Indecopi, Primera Edición, Lima, 2013, pág.36. 3 Turismo Dias es responsable por la agresión sufrida por la señora Soto, debido a que el Terramozo quien la agredió se desempeñaba como su dependiente. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Bajo este contexto, de una revisión de los actuados, se advierte a folios 122 del expediente administrativo, el Atestado Policial N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI- DEINPOL de fecha 29 de julio del 2014, que tuvo como origen la denuncia realizada por la señora Yisely Soto Sánchez contra el señor Kenyi Paul Cotrina Rosas, en razón a que mientras viajaba en el bus el denunciado, quien labora para la empresa de transportes como terramozo, le realizó tocamientos indebidos mientras ella dormía, por lo que luego de pedir ayuda por teléfono a las autoridades, fue detenido y conducido a la comisaría para rendir su declaración4, la cual se realizó respetando sus derechos, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución5, fluyendo de dicho documento que se le preguntó si necesitaba un abogado, a lo que respondió que no. Asimismo, se observa que la declaración se tomó con la presencia del Fiscal Luis A. Ramos Mancilla quien dio legalidad y validez al acto, tal como lo ordena el artículo 10° del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público6. En ese sentido, no se advierte vulneración alguna al debido proceso ni menos aún al derecho de defensa, pues el imputado tomó conocimiento de los hechos denunciados, tuvo oportunidad de requerir abogado defensor, y estuvo presente el fiscal a fin de garantizar que precisamente sus derechos no sean vulnerados, por ello, su declaración fue libre y espontánea sin coacción alguna. El hecho de que la denuncia se haya sobreseído, en esta caso no resta valor probatorio al reconocimiento realizado por el denunciado en su oportunidad. En cuanto a la insuficiente labor probatoria de parte del Indecopi, debemos manifestar en principio, que en materia probatoria los artículos 163 y 166 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señalan que cuando sea necesario, esto es, no se tenga por cierto los hechos o la naturaleza del procedimiento lo exija, la administración puede disponer la actuación de todos los medios de prueba que estime conveniente. Así, en el presente caso, lo que se necesitaba acreditar era si la empresa de transportes había cumplido con su deber de idoneidad7 en la prestación del servicio de transporte, en el que se debe tener en cuenta que lo que el consumidor espera es que la unidad de transporte lo lleve de manera segura y sin contratiempos hacia su destino; de esta manera, una agresión física y sexual de algún trabajador de la empresa de transportes, afectará la idoneidad del servicio. Al respecto, en el caso que nos ocupa, lo que se tiene es la declaración del terramozo, quien reconoció su actuar inapropiado contra la usuaria y, el Plano de Viaje8, con el cual se demostró que el asiento que estaba junto al de la denunciante se encontraba vacío, ambos constituyen medios de prueba suficientes para acreditar los hechos, por lo que ya no era necesaria la actuación de pruebas adicionales. Estando a lo expuesto, los agravios no serán estimados. 4 Del documento citado (atestado policial) se puede apreciar que cuando respondió a la pregunta 6, el denunciado contestó lo siguiente: “Que no es cierto que haya realizado tocamientos, reconozco que le di un beso en la boca y pido disculpa, en ningún momento he estado encima de ella, como ella despertó que estaba dormida yo me asusté y salté sobre ella para salir por que (sic) estaba sentado a su costado.” 5 “14. (…) Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. (…)” 6 Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención policial de persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, por sí o por medio de su Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el detenido, para el efecto de asegurar el derecho de defensa de éste y los demás, según le reconocen la Constitución y las leyes. 7 Entendida esta como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibo, en función a la naturaleza de los productos o servicios, las condiciones acordadas y la normatividad que rige su prestación. 8 A folios 142 del expediente administrativo, en el cual se constató que no aparecía la huella dactilar del pasajero del asiento N° 8, por lo que se determinó que este no abordó. 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto a la infracción sancionada por no brindar auxilio oportuno a la usuaria, la recurrente alega (agravios quinto y sexto) que la sentencia de vista no tendría una debida motivación por cuanto no valoró el dictamen fiscal que ordenó el sobreseimiento de la denuncia, ni tampoco emitió pronunciamiento alguno respecto a la contradicción en la que incurrió la denunciante, pues esta si bien manifiesta haber solicitado ayuda a los pasajeros del segundo piso, en realidad jamás llegó a comunicar lo sucedido al chofer ni al personal que se encontraba en ese momento en el bus, por consiguiente, no habría elementos probatorios que acrediten la versión de la usuaria, por lo que su empresa no puede ser sancionada por percepciones subjetivas. En relación a estos agravios, observamos del expediente administrativo que la Comisión de Protección al Consumidor, sancionó con 5 UIT a la empresa denunciada, en base a inferencias, lo cual fue confirmado por el Tribunal del Indecopi y avalado por la Juez de Primera Instancia. Siendo así, es oportuno señalar que el artículo 275 del Código Procesal Civil, establece que los sucedáneos de los medios probatorios son aquellos auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juzgador para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos. Uno de esos auxilios es el indicio, el cual es un acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juzgador a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia.9 Por consiguiente, un indicio es un hecho conocido y acreditado del cual se infiere otro hecho desconocido, en virtud de una operación lógica-crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos técnicos. Y puede tratarse de cualquier hecho, siempre que de él sea posible obtener un argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto, para llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto de la prueba.10 Siendo así, la prueba indiciaria, según Fernando de Trazegnies Granda “…supone un pensamiento complejo en el que se persigue la reconstrucción de un hecho concreto, remontando de ciertos indicios a hechos que se hacen más o menos probables a medida que avanza el proceso de recolección de indicios y de formulación de presunciones o conjeturas basados racionalmente en tales indicios.”11. El mismo autor, refiere que se deben considerar tres criterios importantes a fin de construir el umbral de certeza a partir de la prueba indiciaria, los cuales son: i) que los hechos que van a ser asumidos como señales se encuentren plenamente probados; ii) que esos hechos conlleven la posibilidad de señalizar la hipótesis que es objeto de la probanza indiciaria; y, iii) que no existan hipótesis alternativas posibles. 9 Artículo 276 del Código Procesal Civil. 10 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Teoría General de la Prueba Judicial.”. Editor Víctor de Zavalia. Argentina, 1972. Tomo II. P. 601-602. 11 Fernando de Trazegnies Granda. Teoría de la Prueba Indiciaria en: http://macareo.pucp.edu.pe/ftrazeg/aafad.htm 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Comisión de Protección al Consumidor, basó su decisión en el análisis de dos medios de prueba: la manifestación del señor Cotrina12, quién afirmó que cuando la señora se despertó armó un escándalo; y, en la ocurrencia policial que señala que se constituyeron al terminal plaza norte para apoyar a la denunciante quien manifestó que llamó al 105 para denunciar el hecho ya que el chofer no creía que esto hubiera pasado13. Luego de lo cual la Comisión concluyó que “está acreditado que la señora Soto fue agredida durante su viaje, que tuvo que solicitar apoyo policial, que el señor Cotrina reconoció que la denunciante realizó un alboroto por lo sucedido y, que el denunciado negó cualquier tipo de incidente, esta Comisión concluye que hubo un actuar negligente por parte del conductor, porque no prestó ayuda a la denunciante, caso contrario, hubiera intervenido o hubiera registrado el incidente en la hoja de ruta.” Por su parte el Tribunal del Indecopi, señaló en relación a la falta de auxilio a la denunciada, que la empresa de transportes no presentó medio probatorio alguno que demuestre que brindó algún tipo de auxilio a la denunciante, luego de que esta puso en conocimiento que había sido víctima de la agresión por parte de su personal. En el Vigésimo Tercer considerando de la resolución recurrida, en relación a la falta de apoyo a la usuaria señaló lo siguiente: “Si bien la demandante sostiene que en ningún momento se comunicó de los hechos al chofer, tenemos que por un lado, está acreditado que el señor COTRINA besó sin autorización a la denunciante, lo cual constituye un ataque contra su integridad física y sexual; y por el otro, se acredita que la pasajera desde la unidad de transporte, se comunicó con la policía sobre el incidente, lo que llevó a la detención del trabajador de la empresa. Asimismo, en todo momento la conducta de la empresa ha sido la de negar todos los hechos, pese a que existe una declaración expresa de parte de su trabajador en la que acepta los hechos, la cual –conforme se ha analizado-, fue avalada por un representante del Ministerio Público; en consecuencia. No se evidencia por parte del chofer de la unidad de transporte, ni por parte de la empresa, voluntad alguna de auxiliar a la pasajera, sino todo lo contrario, en todo momento han negado que haya sido agredida, llegando incluso la empresa denunciada a ofrecer las declaraciones de los choferes con la finalidad de desacreditar la versión de la señora SOTO, pese a que las evidencias en autos apuntan a que sí fue agredida por un trabajador de la empresa. Existe entonces un servicio no idóneo por parte de la empresa demandante. El hecho que la pasajera haya logrado o no contactarse con el chofer estando en ruta no es relevante, puesto que ni siquiera al momento en que la policía intervino al trabajador se mostró voluntad alguna de auxiliar a la pasajera; postura que se ha mantenido en todo momento, negando todo tipo de incidente. En consecuencia, no corresponde estimar los argumentos en este extremo.” Para la Juez, el hecho de haberse acreditado la agresión sufrida por la usuaria, era suficiente para determinar que no se brindó ayuda oportuna a la denunciante una vez sucedidos los hechos, sin que sea relevante que se haya puesto de conocimiento o no al chofer sobre lo acontecido. En relación a que no se brindó ayuda a la denunciante por parte del chofer, este colegiado considera que de los actuados administrativos si bien no es posible determinar que durante la ruta la denunciante comunicó al chofer directamente de la agresión sufrida, sí es cierto que de éstos se determina con certeza que por los hechos denunciados se intervino al 12 A folios 130 del expediente administrativo, Atestado N° 257-2014-REG.POL.LIMA-DIVTER-NORTE.2-CI-DEINPOL. 13 A folios, 06 del expediente administrativo. 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 13926-2015 terramozo en el terminal terrestre Plaza Norte14, lo cual nos permite señalar que dado que el terramozo era personal de la empresa, por lo menos en dicho momento el chofer se enteró de la agresión y del mismo expediente administrativo no se aprecia que la empresa denunciada haya acreditado que, a partir de tal momento el chofer de la unidad hubiere prestado alguna ayuda a la denunciante, para cuyos efectos además se tiene en cuenta lo indicado en el Rubro 4315 de la Resolución Final 0070-2015/INDECOPI-CAJ, cuando se indica que si el conductor hubiera prestado ayuda intervenido o hubiera registrado el incidente en la hoja de ruta, lo que no sucedió. Por consiguiente, éstos agravios no serán amparados. DÉCIMO TERCERO.- La apelante sostiene además en el agravio sétimo, que se vulneró su derecho al debido proceso en su materialización de la debida motivación. Revisada la sentencia se aprecia que la sentencia se pronunció sobre todos los temas planteados, por lo que cabe señalar que el hcho de que la apelante no haya merecido una sentencia favorable no es señal de afectación a sus derechos constitucionales, por lo que este extremo de la apelación no será estimado. PARTE RESOLUTIVA Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado resuelve: CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Once, del 04 de mayo de 2018, obrante de fojas 308 a 321, que declaró infundada la demanda de fojas 70 a 103,. En los seguidos por la Empresa de Transportes Turismo Dias S.A., contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otra sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase.- TORRES GAMARRA DÁVILA BRONCANO NUÑEZ RIVA 14 Fojas 125 del Tomo I del expediente administrativo. Rubro D., y 130 del mismo tomo, en los cuales se precisa que el terramozo fue intervenido. 15 Fojas 201 del mismo Tomo. 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolas de Pérola com Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 13926 - 2015 MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : JUAN ANDRES LUJAN JARA DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DÍAS S.A. DEMANDADO : INDECOPI YISELY SOTO SANCHEZ .... RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO CCCCIIIINNNNCCCCOOOO:::: Lima, dos de mayo del dos mil diecisiete. DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; y, AAAAtttteeeennnnddddiiiieeeennnnddddoooo:::: AAAAllll ddddiiiiccccttttaaaammmmeeeennnn ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa vvvveeeeiiiinnnnttttiiiiuuuunnnnoooo ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeee ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, rrrreeeemmmmiiiittttiiiiddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa SSSSeeeegggguuuunnnnddddaaaa FFFFiiiissssccccaaaallllííííaaaa PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaallll CCCCiiiivvvviiiillll ddddeeee LLLLiiiimmmmaaaa,,,, ccccoooonnnn eeeellll DDDDiiiiccccttttaaaammmmeeeennnn FFFFiiiissssccccaaaallll NNNN°°°° 111166669999----2222000011117777: En cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía opina se declare FUNDADA en parte la demanda; PPPPÓÓÓÓNNNNGGGGAAAASSSSEEEE EEEENNNN CCCCOOOONNNNOOOOCCCCIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO DDDDEEEE LLLLAAAASSSS PPPPAAAARRRRTTTTEEEESSSS EEEELLLL DDDDIIIICCCCTTTTAAAAMMMMEEEENNNN FFFFIIIISSSSCCCCAAAALLLL que antecede, para que en el plazo de cccciiiinnnnccccoooo ((((00005555)))) ddddííííaaaassss expongan lo que consideren pertinente. Al primer otrosí: ttttéééénnnnggggaaaasssseeee ppppoooorrrr sssseeeeññññaaaallllaaaaddddaaaa ssssuuuu ccccaaaassssiiiillllllllaaaa eeeelllleeeeccccttttrrrróóóónnnniiiiccccaaaa (N°48294). Al segundo otrosí: TTTTéééénnnnggggaaaasssseeee pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee. AAAA lllloooossss eeeessssccccrrrriiiittttoooossss ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa vvvveeeeiiiinnnnttttiiiissssiiiieeeetttteeee ddddeeee ffffeeeebbbbrrrreeeerrrroooo yyyy ttttrrrreeeessss ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA DDDDEEEE TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEESSSS TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMOOOO DDDDÍÍÍÍAAAASSSS SSSS....AAAA....:::: Con los escrito que se dan cuenta, la parte demandante ofrece un Medio Probatorio Extemporáneo y en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 31° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, se resuelve: CCCCÓÓÓÓRRRRRRRRAAAASSSSEEEE TTTTRRRRAAAASSSSLLLLAAAADDDDOOOO AAAA LLLLOOOOSSSS DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOOSSSS, para que en el término de tres (03) días absuelvan, como le corresponde a su derecho. Notifíquese.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus EXPEDIENTE : 13928- 2015 MATERIA : IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ASIST. DE JUEZ : ELIZABETH CANDELA TORRES DEMANDANTE : TURISMO DÍAS S.A DEMANDADO : INDECOPI HUGO MIGUEL MUÑOZ PERALTA SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE Lima, veinticinco de junio dos mil veintiuno.- VISTOS: Con las copias certificadas del expediente administrativo en cuaderno aparte; del estudio de autos resulta que con escrito del cuatro de diciembre de dos mil quince, de folios cuarenta al cincuenta y siete, la empresa TURISMO DÍAS S.A, interpone demanda contencioso administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y HUGO MIGUEL MUÑOZ PERALTA, a fin de que como pretensión principal se declare la nulidad total de la Resolución N° 278-2015/INDECOPI-CAJ del 27 de agosto del 2015 y de la Resolución N° 0099-2015/PS0-INDECOPI-CAJ, de fecha 09 de junio de 2015. Página 1 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Por Resolución número dos, del quince de abril del dos mil dieciséis, se admite a trámite la demanda, en la vía del proceso especial, conferido traslado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y HUGO MIGUEL MUÑOZ PERALTA contestan con escritos del catorce y veintidós de julio del dos mil dieciséis, que corre a folios sesenta y tres y noventa y ocho respectivamente. Mediante Resolución número cuatro, del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, a folios ciento veinticuatro, se declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes apersonadas, se prescinde de la realización de la audiencia de pruebas; y se dispone la remisión de los actuados al Ministerio Público, el cual obra en autos a folios ciento veinticinco; siendo el estado del proceso el de dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: La acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y que causen estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. Página 2 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus SEGUNDO: La empresa demandante pretende como pretensión principal se declare la nulidad total de la Resolución N° 278-2015/INDECOPI-CAJ del 27 de agosto del 2015 y de la Resolución N° 0099-2015/PS0-INDECOPI-CAJ, de fecha 09 de junio de 2015. TERCERO: Sustenta la demanda manifestando que: •••• No se ha infringido el Artículo 19° del Código de Defensa y Protección del Consumidor puesto que no se ha acreditado que el interés del consumidor se haya afectado; en medida de que no se puede sancionar sobre futuros daños, de aplicarse esta teoría se está estaría vulnerando el principio de legalidad y Tipicidad. •••• INDECOPI ha realizado una deficiente valoración de pruebas puesto que para resolver se ha basado solamente en las fotos y videos presentados por el señor Muñoz, vulnerando el principio de verdad material. •••• INDECOPI afirma que se llegó a los 100 km/h, basándose solamente en un video, del cual se desconoce su procedencia. •••• No ha quedado acreditado que el vídeo actuado por Indecopi corresponda al interior de la unidad vehicular de Placa de Rodaje - N° TIR-415. Vídeo que se contrapone a la realidad de los hechos, puesto que el reporte GPS del referido vehículo de los días 01 y 02 de marzo de 2015 arroja que no se llegó a los 100 km/h. •••• Según el GPS de la unidad vehicular jamás se llegó a I00 km/h, siendo falso lo que se mostró en el vídeo (que se haya sobrepasado 90 km/h Página 3 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus en el minuto 03:56). Hecho que tampoco ha sido valorado por la Comisión de la Oficina Regional de Cajamarca-INDECOPI. •••• Se nos sancionó por supuestos excesos de velocidad, pero no se ha considerado el reporte GPS que obra en el expediente. •••• El reporte GPS indica que si bien se superó la velocidad de 95 km/h (es la velocidad máxima establecida en el Artículo 168° A del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC) también indica su duración, lo que no superó los15 segundos. Lo que no ha sido considerado por el Indecopi, ni el hecho de que los operadores de los vehículos (conductores) no son máquinas, que puedan controlar la exactitud de los parámetros establecidos, y que existen márgenes de error. •••• INDECOPI incurre en graves errores al interpretar el deber de idoneidad en el servicio que debe prestar el proveedor, pues por un lado exigen que se debe justificar los excesos de velocidad o se acredite una causal que nos exima de responsabilidad, pero a pesar que se acredita ello, no lo considera, ya que los excesos (manejar más de 95 km/h) no son prolongados y obedecen a márgenes de error de conducción del conductor pues son seres humanos que no pueden controlar el vehículo en forma exacta. •••• La interpretación que realiza la Comisión de Protección al Consumidor del deber de idoneidad del proveedor es contraria a derecho porque trasgrede el principio de legalidad y el principio de verdad material de los hechos porque la velocidad jamás llegó a 100 km/h y en las oportunidades que superó los 95 km/h sólo fueron segundos de tiempo; pese a ello se nos sancionó con MULTA. Página 4 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus •••• Se ha transgredido el deber de motivación. •••• Respecto a la sanción: Se sancionó por un potencial daño, no un daño propiamente dicho; y por no brindar un servicio idóneo (señala que hasta en 23 oportunidades se habría superada la velocidad de 95 km/h, no obstante, no analiza que dichos excesos no son prolongados). •••• Al detectarse exceso de velocidad el conductor “desacelera”, tal como lo advierte el Reporte GPS. Este exceso no es constante para poder ser calificado como una conducta negligente del conductor, lo que debió ser valorado al graduar la multa, debiendo observar los criterios de razonabilidad, en la sanción, lo que no se hizo. •••• No se ha justificado la multa, pues no señala el motivo por el cual se impone la multa en media, una o dos UIT. •••• INDECOPI no ha preestablecido un cuadro de sanciones que permita prever de forma anticipada las sanciones a imponer. Vulnerándose el derecho a que previo a la imposición de una sanción esta se encuentre tasada y escalonada. •••• Las sanciones impuestas no se justifican ni se encuentran preestablecidas en ninguna norma administrativa o en las resoluciones que se impugnan. Lo que no permite prever a los administrados que sanción les corresponde, vulnerándose así la predictibilidad de la administración de justicia. CUARTO: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI alega: Página 5 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus •••• El artículo 19° del Código establece un supuesto de responsabilidad administrativa conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado. Esto no impone al proveedor brindar una determinada calidad a los consumidores, sino simplemente entregarlos y/o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa e implícitamente y, de ser el caso, impuestas legalmente. •••• El Juzgado debe tener como regla general lo establecido en el artículo 104° del Código, donde se prescribe que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad o porque existe una ruptura del nexo causal. •••• El Decreto Supremo 016-2009- MTC, en su artículo 162° establece claramente que el límite máximo de velocidad será de 90 km/h; asimismo, el artículo 168°-A del mismo establece un margen de tolerancia de 5 km/h adicionales; es decir todo vehículo de transporte publico de personas por carretera no debe superar el máximo de velocidad de 90 Km/h; y que a dicho tope le conceden un margen de tolerancia de 5 km/h, siendo que dicho margen no es Página 6 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus la regla general, si no sólo para casos justificados y excepcionales. El tope legal para la velocidad en dicho transporte es sólo de 90 km/h. •••• Todo consumidor o usuario de un servicio de transporte, espera legítimamente que el vehículo en el cual se transporta no exceda de los 90 km/h como velocidad máxima, y que en casos especiales no exceda del margen de tolerancia indicado por Ley. •••• Cualquier exceso de velocidad que supere los 95 km/h (esto es el tope máximo de 90 km/h más el margen de tolerancia de 5 km/h), debe ser considerado como una vulneración de la garantía legal establecida para el servicio de transporte publico terrestre de personas por carretera; con lo cual se transgrediría lo dispuesto en el artículo 19° del Código. •••• El reporte GPS del ómnibus de placa de rodaje T1 R-415, vehículo que brindó el servicio objeto de procedimiento sub litis, emitido por “CLS Perú - Ccollecte Localisation Satélites”, arroja que dicho vehículo en veintitrés (23) oportunidades registró una velocidad mayor a los 95 km/h, con lo cual, se acredita que Turismo Días incumplió una garantía legal establecida a favor de los consumidores. •••• Ninguna norma regula un periodo de tiempo determinado en el cual estos excesos puedan ser considerados como infracciones, pues lo concreto es que se sobre paso el límite permitido por Ley, y no importa si fue por espacios de tiempo cortos 0 prolongados, pues finalmente se perpetraron, excediendo el límite legal permitido. •••• El denunciado señaló que los excesos de velocidad fueron realizados con la finalidad de evitar accidentes de tránsito durante la Página 7 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus prestación del servicio, pero no presentó ni ofreció ningún medio probatorio que acredite tal afirmación. •••• Al momento de determinarse la imposición de la sanción y la cuantía de la misma, se ha observado el principio de razonabilidad, que se encuentra recogido por el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. •••• El monto total de la multa impuesta a la demandante resulta coherente y legal con el rango de multas establecido en la norma, y se encuentra dentro de los rangos de multa menores aplicables para infracciones leves, que es hasta los 50 UIT. QUINTO: HUGO MIGUEL MUÑOZ PERALTA aduce: •••• Conforme se acredita con el reporte GPS, ofrecido por la denunciada, el piloto de la denunciada ha excedido el límite de velocidad establecida para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, más el margen de tolerancia prevista en el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito. •••• Las tres fotografías y grabaciones en video, prueban que el piloto de la denunciada ha excedido el límite de velocidad establecido para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros. •••• El dos de marzo del presente año, presente el reclamo N° 37-2015, señalando que en varios tramos de la carretera el piloto sobrepasó la velocidad permitida, más el margen de tolerancia prevista en el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -Código Página 8 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus de Tránsito. El mismo día, la actora contestó la reclamación, dejando constancia que los pilotos tienen autorización para sobrepasar los límites máximos establecidos para adelantar sus vehículos, con un límite de tiempo; indicando que sus unidades se encuentran monitoreadas por sistema GPS. SEXTO: Fluye del expediente administrativo que: • Por Resolución número uno, de folios 19, del siete de abril del dos mil quince, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Cajamarca admite a trámite la denuncia, de 13 de marzo de 2015, a folios uno, presentada por el señor Hugo Miguel Muñoz Peralta contra Turismo Días S.A por presunta infracción del artículo 19º del Código, en tanto el ómnibus que transportaba al señor Muñoz en la ruta Lima- Cajamarca (entre los días 1 y 2 de marzo de 2015), excedió la velocidad máxima permitida para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros en carretera (90Km/h). • Con Resolución Final 0099-2015-2015/PS0-INDECOPI-CAJ, de folios 70, del nueve de junio del dos mil quince, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Cajamarca resuelve: “PRIMERO: Sancionar a Turismo Días con (1) por infringir lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, está acreditado que el servicio brindado en la ruta Lima Cajamarca el 01de marzo 2015, excedió el límite de tolerancia de velocidad máxima permitida para vehículos Página 9 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus de servicio público de transporte de pasajeros en carretera, establecido por el Decreto Supremo 016-2009-MTC, Código de Tránsito. (…) _TERCERO: denegar la medida correctiva, porque la infracción no genero al señor Hugo Miguel Muñoz Peralta un daño susceptible de ser resarcido más allá del incumplimiento formal al Código; además, no correspondería ordenar a Turismo Días S.A que respete los máximos de velocidad, porque sería reiterarle una obligación establecida normativamente. CUARTO: Ordenar a Turismo Días S.A., que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contado a partir de la notificación de la presente, pague al señor Hugo Miguel Muñoz Peralta S/. 36,00 por costas del procedimiento. (…) SEXTO: Disponer la inscripción de Turismo Días S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119º del, Código de Protección y Defensa del Consumidor.” • No conforme, la empresa Turismo Días S.A., interpone recurso de apelación, de folios 78 atendido con la Resolución N°2624-2015/SPC- INDECOPI, de folios 156, del veintisiete de agosto del dos mil quince, en la que la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cajamarca decide: “PRIMERO: declarar infundado el recurso de apelación presentado por Turismo Dias S.A. y en consecuencia se confirma la Resolución 009-2015/PS0-INDECOPI-CAJ(…) que declaró fundada la denuncia presentada por el señor Hugo Miguel Muñoz Peralta por infracción al artículo 19 del Código, por cuanto, está acreditado que en el servicio brindado en la ruta Lima - Cajamarca Página 10 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus el 01 de marzo 2015, excedió el límite de tolerancia de velocidad máxima permitida para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros en carretera, establecido por el Decreto Supremo 016- 2009-MTC, Código de Tránsito. (…).” SÉTIMO: Respecto a la carga de la prueba. - El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, señala: “Artículo 188.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.”; “Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.” Sobre el deber de idoneidad como garantía o derecho del consumidor, el autor Víctor Baca Oneto dice: “La idoneidad se define como la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de lo que se le hubiere ofrecido, la publicidad e información transmitida o a las características y naturaleza del producto, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. Así mismo, la idoneidad está Página 11 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus en función de la naturaleza del producto y su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado”1. El artículo 18° del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece un supuesto de responsabilidad objetiva, en mérito del cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los servicios ofrecidos a los consumidores. Es decir, tienen la obligación de otorgar el producto o servicio en las mismas condiciones que le fueran ofrecidas al usuario. Así como tiene la carga de la prueba respecto de si brindó o no un servicio o producto idóneo. La carga de la prueba en los casos de supuesta infracción a las normas de protección al consumidor sobre en el cumplimiento de la obligación del deber de idoneidad respecto al producto o servicio, recae sobre el proveedor. Así, la idoneidad es un derecho del consumidor garantizado implícitamente por el proveedor por mandato legal contenido en la norma antes aludida, consistente en que el producto o servicio que recibe por transacción comercial debe resultar idóneo para los fines para los que fue creado, debiendo existir coincidencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. Concordado con el artículo 104° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual estipula: “El proveedor es 1 BACA ONETO, Víctor. Protección al Consumidor. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos resolutivos. Colección por el Vigésimo Aniversario del Indecopi, Primera Edición, Lima, 2013, pág.36. Página 12 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.” De la normativa antes citada se colige que ante la denuncia de un consumidor insatisfecho que pruebe el defecto de un producto o servicio, se presume iuris tantum que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad y calidad del producto o servicio que pone en circulación en el mercado. Sin embargo, éste podrá demostrar su falta de responsabilidad desvirtuando dicha presunción, es decir, acreditando que empleó la diligencia requerida en el caso concreto (y que actuó cumpliendo con las normas pertinentes) o probando la ruptura del nexo causal por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o negligencia del propio consumidor afectado. Página 13 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Por tanto, en principio la carga de la prueba del defecto la tiene el consumidor; y de desvirtuarla el proveedor; y es bajo ese parámetro que se va efectuar el control judicial de la resolución impugnada. OCTAVO: El Decreto Supremo N°016-2009-MTC dice: VELOCIDADES “Artículo 160.- Prudencia en la velocidad de la conducción. El conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. En todo caso, la velocidad debe ser tal, que le permita controlar el vehículo para evitar accidentes. Artículo 161.- Reducción de la velocidad. El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. Artículo 162.- Límites máximos de velocidad. Cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos anteriores, los límites máximos de velocidad, son los siguientes: Página 14 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus a) En zona urbana: 1. En Calles y Jirones: 40 Km/h. 2. En Avenidas: 60 Km/h. 3. En Vías Expresas: 80 Km/h. 4. Zona escolar: 30 Km/h. 5. Zona de hospital: 30 Km/h. b) En Carreteras: 1. Para, automóviles, camionetas y motocicletas: 100 Km/h. 2. Para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros: 90 Km/h. 3. Para casas rodantes motorizadas: 90 Km/h. 4. Para vehículos de carga: 80 Km/h. 5. Para automotores con casa rodante acoplada: 80 Km/h. 6. Para vehículos de transporte de mercancías peligrosas: 70 Km/h. 7. Para vehículos de transporte público o privado de escolares: 70 Km/h. (…) ()«Artículo 168-A.- Tolerancia sobre las velocidades máximas permitidas: A las velocidades máximas permitidas en el presente Reglamento debe aplicarse un margen de tolerancia de 5 Km/h, por lo que el exceso de velocidad es sancionable sólo cuando se supere la velocidad máxima más el margen de tolerancia señalado.» () Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 025-2014-MTC, publicado el 01 enero 2015. Entonces si bien el máximo de velocidad permitida para el transporte público de pasajeros es de 90 km/h, también lo es que según el artículo 168-A le adiciona un margen de tolerancia de 5 km/h, siendo en total 95km/h lo que se debe considerar, a fin de verificar si ese exceso de velocidad es sancionable. Página 15 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus NOVENO: Respecto a que, si el hecho consistente en superar los 95 km/h configura o no un supuesto de falta de idoneidad, tipificado en el artículo 19° del Código de Defensa y Protección del Consumidor. Corren insertos en el expediente principal y/o administrativo los siguientes medios probatorios: a) A folios 09, la Boleta de Viaje N° 242-0002165, la que especifica que el origen del viaje es Lima, con destino a Cajamarca, con fecha de viaje 01-03-2015, y hora de partida 07:00 pm, por el monto de S/ 100.00 nuevos soles. b) A folios 14, la Hoja de Reclamación N° 000037 del 02 de marzo del 2015. Página 16 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Página 17 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus c) Escrito del 27 de agosto del 2015, de folios 101 que adjunta el Reporte de GPS de la Unidad T1R-415 la que consigna los datos registrados entre las 18:30 horas del 1 de marzo y las 10:30 horas del 02 de marzo del 2015. De la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios antes detallados, ha quedado acreditado que el 01 de marzo de 2015, el señor Muñoz abordó el ómnibus de la empresa Turismo Días S.A desde la ciudad de Lima hacia Cajamarca; dejando constancia el 02-03-15 en la Hoja de Reclamación N° 000037 que en el trayecto, el bus habría superado los 95 Km/h, a lo que la empresa en el ítem observaciones expone: “El bus tiene autorización para pasar los 90 Km/h cuando se trata de pasar a algún vehículo que tengo delante, esto con límite de tiempo. Considerando además que todas nuestras unidades están controladas y supervisadas por GPS”; reconociendo que si se habría superado los 90 km/h. Por otro lado, en el escrito del 27 de agosto del 2015 (presentado por la empresa demandante), se adjunta el Reporte de GPS de la Unidad T1R- 415, elaborado por CLS Perú - Ccollecte Localisation Satélites, que consigna los datos registrados entre las 18:30 horas del 1 de marzo y las 10:30 horas del 02 de marzo del 2015, y de su revisión se tiene como muestra lo siguiente: Página 18 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Página 19 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Página 20 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus De lo que se evidencia que el 01-03-2015 a horas 23:05 minutos con 31 segundos se tuvo como pico máximo en velocidad 99.58 Km/h. por el lapso de un minuto, ya que en el minuto posterior 23:06:31 se bajó la velocidad a 88.31, aunado a ello respecto al tiempo, se superó un minuto y no segundos como lo aduce la actora, siendo menester acotar que no es un tema controvertido el hecho de que se considere el tiempo, sino la velocidad, puesto que ello se encuentra tipificado en la norma sectorial de transporte, plasmado en los artículos 162.2 y 168-A del Decreto supremo 016-2020-MTC. Asimismo, se habrían superado los 95 km/h en 23 oportunidades conforme se verifica del reporte GPS presentado por la empresa actora (folios 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116,118 al 121). Página 21 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus En tal virtud, se ha demostrado que Turismo Días S.A sobrepasó los 95 Km/h permitidos en el Decreto Supremo , en 23 oportunidades, configurándose de ese modo el supuesto de hecho de la conducta infractora, esto es el incumplimiento del deber de idoneidad al sobrepasar la velocidad (95 Km/h) permitida por Ley, lo que constituye una garantía legal para el consumidor, en medida que al ser un servicio de transporte interprovincial se esperaba que la velocidad sea la permitida por Ley, en este caso se cumpla con los artículos 162 y 168-A del Decreto supremo 016-2020-MTC; no existiendo correspondencia entre lo que el consumidor esperaba y lo que efectivamente recibió; afectando sus expectativas; responsabilidad de carácter objetiva, regulado en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. DÉCIMO: En todo caso, con los medios probatorios antes detallados la proveedora no acredita la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, a fin de eximirse de responsabilidad. Por tanto, no se ha desconocido la carga de la prueba, dado que probado el defecto, a quien le correspondía probar que no se superó los 95 Km/h es al proveedor, la empresa Turismo Días, lo que no ha logrado dado que el documento que presentó muestra lo contrario. Página 22 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus UNDÉCIMO: Tampoco la Comisión del Indecopi ha vulnerado el Principio de Verdad Material,2 por cuanto fundamentó su decisión en base a los medios probatorios y argumentos expuestos por las partes del procedimiento administrativo, estableciendo que se superó los 95Km/h en 23 oportunidades, lo que quedó acreditado con el reporte GPS del ómnibus con placa de rodaje T1R-415, presentado por la misma empresa, ya que si bien el señor Muñoz en primera instancia presentó un video, a fin de acreditar los hechos, también lo es que en segunda instancia la empresa actora presentó el reporte de GPS del ómnibus con placa de rodaje T1R-415 demostrando que se superó los 95km/h, establecidos en los artículos 162 y 198-A del D.S 016-2009. DUODÉCIMO: Acerca que no se ha considerado que el conductor es un ser humano, que su actuar fue razonado porque sólo fueron segundos, resultando poco razonable que la evaluación de idoneidad del producto, sólo se base en que se superó los 95 km/h y no en el tiempo, ya que fueron sólo “segundos”. 2 TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS: Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. Página 23 de 28 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus Es menester acotar que Turismo Días a puesto a disposición del mercado un servicio de transporte público interprovincial, que, en el ámbito del cons
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SENTENCIA EXPEDIENTE Nº: 14023-2015 DEMANDANTE: Banco de la Nación DEMANDADOS: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi y otra MATERIA: Derecho del Consumidor «Sumilla: Resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor; el cual establecía que a través de dicho recurso excepcional solo se podía cuestionar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, el apartamiento de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi». RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE Lima, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.- Con el expediente administrativo acompañado e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Wong Abad, se emite la presente sentencia. I. EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS PRIMERO: Resolución apelada: Es materia de grado la apelación interpuesta por el demandante, Banco de la Nación, mediante escrito de fecha 11 de junio de 20181, contra la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. SEGUNDO: Fundamentos del recurso de apelación: El apelante señaló como principales argumentos en su medio impugnatorio, los siguientes: 1 Subsanado el 21 de diciembre de 2018. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A. El Banco de la Nación en ningún momento pretendió que se realice una nueva valoración de las pruebas aportadas, sino que lo que buscaba con el recurso de revisión interpuesto es que se interprete correctamente los alcances del deber de idoneidad respecto al servicio prestado. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la idoneidad se debe vincular en forma directa con la publicidad, información y condiciones de la transacción; esto es, con el contrato que se suscribió al otorgarse el producto. No obstante, el vínculo entre la idoneidad y lo que se establece en el contrato no solo está señalado en la definición del citado deber por parte del proveedor, sino, principalmente, en lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a los alcances y determinación de la idoneidad de un producto. En consecuencia, el producto «Tarjeta Multired Global Débito» solamente encuentra su idoneidad en el marco de lo establecido en los términos y condiciones para su uso. Estando a ello, se tiene que el banco cumplió con prestar correctamente el servicio, puesto que se demostró a lo largo del procedimiento administrativo, con los medios de prueba aportados, que las dos transacciones desconocidas por la consumidora fueron de total responsabilidad de esta, ya que debió custodiar adecuadamente su tarjeta y su clave secreta, de acuerdo con lo pactado en el contrato. B. El Banco de la Nación no tuvo ninguna responsabilidad por los retiros no reconocidos realizados a través de ventanilla y cajero automático, por lo que no infringió el deber de idoneidad. A ello se debe agregar, que adoptó las medidas de seguridad debidas y congruentes con el contrato de consumo suscrito; es decir, la aceptación contractual por parte de la consumidora respecto a su completa responsabilidad por las operaciones realizadas con la tarjeta de débito cuando la utilice junto con la clave secreta. C. Los mecanismos de seguridad implementados por el Banco de la Nación en el presente caso han sido idóneos, habiendo actuado en todo momento conforme a ley, 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 así como, de acuerdo a los parámetros contractuales aceptados por ambas partes, por lo que se debió haber declarado fundada la demanda. II. ANÁLISIS TERCERO: Conforme a la pretensión planteada en la demanda, y de acuerdo con lo establecido en la resolución número seis, de fecha 31 de mayo de 2016, constituye punto controvertido en el presente proceso determinar, como primera pretensión principal, si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI, de fecha 26 de noviembre de 2014; y, en consecuencia, la nulidad total de la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI-LAL, de fecha 20 de agosto de 2014, y de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL, de fecha 30 de abril de 2014. Asimismo, como segunda pretensión principal, si corresponde declarar que el Banco de la Nación no infringió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. CUARTO: Como antecedentes administrativos apreciamos que mediante escrito de fecha 3 de febrero de 20142 la señora Flor Marleny Vargas Anticona (en adelante, la señora Vargas) denunció ante el Indecopi al Banco de la Nación, alegando que se efectuaron dos retiros de dinero de su cuenta de ahorros personal por el monto total de S/ 873.00 soles, los cuales no reconoce, por lo que solicitó su devolución. A través de la resolución número uno3, de fecha 10 de marzo de 2014, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco de la Nación por la presunta infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que habría debitado indebidamente de la cuenta de ahorros de la denunciante dos retiros de dinero en efectivo por el importe de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles, realizados el 4 de febrero y el 4 de marzo de 2013, respectivamente, los cuales no eran reconocidos por la consumidora. El 26 de marzo de 20144 el Banco de la Nación cumplió con formular sus descargos respectivos. 2 Véase a fojas 1 del expediente administrativo. 3 Véase a fojas 40 del expediente administrativo. 4 Véase a fojas 49 del expediente administrativo. 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A través de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS05, de fecha 30 de abril de 2014, se sancionó al Banco de la Nación con una multa ascendente a 5 UIT por haber incurrido en la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que cargó a la cuenta de la tarjeta de débito de la denunciante importes derivados de operaciones cuya regularidad no ha podido probar. En tal sentido, se le ordenó como medida correctiva que cumpla con devolverle a la consumidora los importes de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles que fueron cargados a su cuenta en febrero y marzo de 2013. Apelada esta decisión por el Banco de la Nación6, se emitió la Resolución N.º 0766- 2014/INDECOPI-LAL7, de fecha 20 de agosto de 2014, mediante la cual se confirmó la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL que sancionó al apelante por la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y le impuso una multa de 5 UIT. Mediante escrito de fecha 8 de setiembre de 20148 el Banco de la Nación interpuso recurso de revisión contra la Resolución N.º 0766-2014/INDCOPI-LAL, el cual fue declarado improcedente mediante la Resolución N.º 4109-2014/SPC-INDECOPI, de fecha 28 de noviembre de 2014, debido a que el recurrente no alegó la existencia de error de derecho alguno en aquella resolución, limitándose a cuestionar situaciones de hecho y pretendiendo una nueva valoración de los medios de prueba presentados en el procedimiento. QUINTO: Absolviendo los agravios del recurso de apelación, corresponde verificar en esta instancia si, efectivamente, el recurso de revisión presentado por el recurrente en sede administrativa no se ajustó a los requisitos previstos en la norma especial; luego de lo cual, se establecerá si la decisión contenida en la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI se encuentra conforme a derecho. Dentro de ese contexto, debemos indicar que el tercer párrafo9 del artículo 12510 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor), establecía lo siguiente: 5 Véase a fojas 68 del expediente administrativo. 6 Véase a fojas 81 del expediente administrativo. 7 Véase a fojas 118 del expediente administrativo. 8 Véase a fojas 126 del expediente administrativo. 9 Texto vigente a la fecha de los hechos. 10 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1308, publicado el 30 diciembre 2016. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 «Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.». (Resaltado nuestro). Entonces, de acuerdo con la norma citada, el recurso excepcional de revisión tenía por objeto verificar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi; labor que fue encargada al Tribunal debido a que es la instancia administrativa con competencia nacional en los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor. Ahora bien, a juicio de este Colegiado, la excepcionalidad del referido recurso en materia de protección al consumidor está dada no por la facultad que se otorgue al administrado para recurrir a él o no, sino por lo que es su objeto de impugnación. En efecto, del texto de la norma reseñada se aprecia que, únicamente, cabe interponerlo cuando se discuten cuestiones de puro derecho. SEXTO: En ese orden de ideas, si un administrado —situándonos en el procedimiento sumarísimo de protección al consumidor—, deseaba cuestionar tanto temas de hecho como de derecho, esto es, que se evalúe nuevamente la actividad probatoria y la aplicación de las normas por la segunda instancia administrativa (que venía a ser la Comisión que resolvía el recurso de apelación), no resultaba correcto recurrir en revisión ante el Tribunal del Indecopi, pues dicho recurso se interponía excepcionalmente —no de manera obligatoria— para debatir, únicamente, cuestiones de puro derecho; encontrándose en tal caso habilitado para recurrir directamente al proceso contencioso administrativo, a fin de impugnar la decisión emitida por la Comisión que resolvía el recurso de apelación, la que, en sí misma, agotaba la vía administrativa respecto a las cuestiones de hecho discutidas en el procedimiento. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo tanto, si lo que se quería cuestionar era el análisis de los hechos, la valoración probatoria e incluso el examen jurídico efectuado, el administrado podía impugnar judicialmente de manera directa el pronunciamiento de la Comisión del Indecopi que resolvía el recurso de apelación, pues esta decisión agotaba la vía administrativa respecto a todos esos aspectos. Sin embargo, si optaba por interponer el recurso excepcional de revisión contra el acto administrativo emitido por la Comisión, solo podía cuestionar errores de puro derecho (esto es, la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código del Consumidor o la inobservancia de precedentes de observancia obligatoria), limitándose el pronunciamiento del Tribunal del Indecopi a tales asuntos, sin poder realizar una nueva evaluación de las cuestiones fácticas debatidas a lo largo del procedimiento. SÉTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado, de los actuados administrativos observamos que el demandante sustentó su recurso de revisión señalando lo siguiente: «1. Interpretación errónea del artículo 18° del Código de Protección al Consumidor (…) la resolución impugnada ha interpretado erróneamente el artículo 18° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere al deber de idoneidad del servicio, en tanto no ha considerado que el servicio cuestionado ha sido prestado por el proveedor en función a las condiciones ofrecidas y pactadas expresamente por las partes al momento de la contratación del servicio, toda vez que como es de conocimiento público toda operación efectuada con la tarjeta requerirá del empleo de la clave secreta y se reputará indubitablemente efectuada. En esa línea, consideramos que el deber de idoneidad, debió ser analizado por la Comisión a la luz de los términos y condiciones planteadas por BN y lo aceptado por el usuario en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, y no en virtud a la falta de una carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor en el sentido que acredite que la operación cuestionada fue de responsabilidad del usuario del servicio. En efecto, la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la usuaria (ventanilla y cajero automático), situación que considerando el tiempo transcurrido hasta la denuncia de los hechos nos impide ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, llámese entre ellos imágenes, videos, del momento en que el usuario está realizando la operación. En ese sentido, consideramos que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria del servicio no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 automático no constituye por sí sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor ha brindado el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por la partes y ha cumplido con aportar los medios probatorios que están dentro de su competencia para acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. 2. Interpretación errónea del artículo 19° del Código de Protección al Consumidor Sobre este punto, debemos señalar que en la resolución impugnada se ha interpretado erróneamente el artículo 19° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere a la responsabilidad del proveedor por la idoneidad del servicio, ello de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, donde se dejó establecido que el deber de idoneidad no puede estar supeditado a la falta de la carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor durante el procedimiento, sino al cumplimiento de los términos y condiciones pactadas por la partes para la prestación del servicio. En ese sentido, cuestionamos la interpretación brindada por la Comisión y la imputación de responsabilidad administrativa a BN, toda vez que desconocer lo pactado por las partes en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, vulneraría la libertad contractual, ello porque los términos y condiciones determinados por el Banco estaban dirigidos a establecer responsabilidad por el uso del servicio de la tarjeta de débito, responsabilidad que como se deduce del conocimiento de las claves secretas, corresponde recaer exclusivamente sobre la esfera de la cliente titular de la misma por ser la única que tiene conocimiento de dichas claves, evitando con ello la actuación sin responsabilidad de una de las partes cuando tiene dominio del hecho. En el caso, el Banco no tiene dominio sobre el uso de la clave del cliente en las diferentes operaciones que su titular realice con la misma, por lo que los términos y condiciones pactadas son totalmente válidos de invocarse». OCTAVO: Sobre el particular, apreciamos que las alegaciones esgrimidas por el recurrente se encuentran referidas a cuestiones de hecho, como bien determinó el tribunal administrativo, por lo que no correspondían ser invocados en un recurso de revisión. En efecto, al manifestar el Banco de la Nación que no se consideró que el servicio fue prestado en función a las condiciones ofrecidas y pactadas en el contrato, y que toda operación efectuada con una tarjeta requiere del empleo de una clave secreta, entendiéndose con ello indubitablemente realizada; lo que pretendía era que se efectuara un nuevo examen de los hechos y de los medios probatorios actuados, específicamente, la nueva valoración del contrato de servicios bancarios suscrito con 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 la consumidora, a efecto de sustentar su posición referida a que las operaciones cuestionadas se ejecutaron con el empleo conjunto de la tarjeta y la clave secreta, las cuales eran de responsabilidad de la denunciante por encontrarse bajo su esfera de control; procurando con dicho razonamiento que se le exonere de responsabilidad. Asimismo, al mencionar que la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la consumidora (ventanilla y cajero automático), así como, el hecho de que el recurrente cumplió con aportar los medios probatorios que estaban dentro de su competencia para acreditar la validez de tales operaciones; no cabe duda que buscaba un nuevo examen de dichas pruebas. En tal sentido, en lugar de precisar y fundamentar los presuntos errores de puro derecho incurridos por la Comisión al expedir la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI- LAL, el recurrente sustentó su recurso de revisión en cuestiones fácticas que no son objeto de análisis mediante dicho medio impugnatorio; circunstancia que no ha sido negada en la demanda; ni debidamente desvirtuada en el presente recurso de apelación. Por consiguiente, resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor, citado en el quinto fundamento que antecede. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios glosados en los literales A), B) y C) del segundo fundamento que antecede, toda vez que los mismos carecen de asidero fáctico y jurídico. NOVENO: En consecuencia, dado que la acotada Resolución N.º 4109-2014/SPC- INDECOPI ha sido expedida conforme a ley, y no se encuentra incursa en ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N.º 27444, corresponde confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. III.- DECISIÓN: 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo expuesto: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. En los seguidos por el Banco de la Nación contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -Indecopi y otra, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase.- JMWA/lvr WONG ABAD TORRES GAMARRA NÚÑEZ RIVA 9
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	23° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : LOPEZ MENDOZA PATRICIA VERONICA ESPECIALISTA : ORTIZ CASTILLO ELMERZON PIO DEMANDADO : INDECOPI , VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION , SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Lima, treinta de mayo de dos mil dieciocho VISTOS Puestos los autos en despacho para sentenciar, con el expediente administrativo que se tiene a la vista, sobre los actuados en el trámite de la demanda de Nulidad de Resolución Administrativo interpuesta por BANCO DE LA NACION S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, la señora Juez del 23 Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, emite la presente resolución con base en lo siguiente: PETITORIO DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fecha 17 de marzo de 2015, obrante a fojas cincuenta y cinco a setenta, el demandante BANCO DE LA NACION1 interpone demanda contra el INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, a fin que se declare: Primera pretensión principal: 1 En adelante “El Banco o el demandante”. La nulidad total de la Resolución N° 4109-2014/SPC- INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,2 que declara improcedente el recurso de revisión contra la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI-LAL de fecha 20 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad que confirma la Resolución Final N° 0207-2014/POo-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014. La nulidad total de la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI- LAL de fecha 20 de agosto de 2014, expedida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad, que confirma la Resolución Final N° 0207- 2014/PSO-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014, así como la nulidad total de esta última, expedida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad que dispuso, como medida correctiva ola devolución de S/873.00, multa de 5UIT, mas costos y costas.. Segunda pretensión accesoria: Se declare que el Banco de la Nación, no ha infringido el artículo 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA: 1. En la denuncia notificada a su representada, la señora Vargas sostiene que el día 20 de enero de 2014, refiere que al solicitar un movimiento de su cuenta de ahorros N° 04-781- 162707, se dio con la sorpresa que reportaba 02 disposiciones de efectivo que no reconoce, la primera por la suma de S/400.00 retirado por cajero automático el 04 de febrero de 2013 y la segunda por la suma de S/473.00 retirado por ventanilla el 4 de marzo de 2013 operaciones que hacen un monto total de S/873.00. 2. El Banco en su momento señaló que en el caso particular las operaciones cuestionadas fueron realizados operativamente de manera correcta, con el uso de la tarjeta y clave secreta de la denunciante, por lo que no se puede imputar ninguna responsabilidad respecto a la realización de las mismas. 2 En adelante “La Sala”. 3. El Indecopi sin embargo pese a los medios probatorios aportados por el Banco, sancionó a este con multa de 5 UIT y la devolución del monto S/873.00 mas costas y costos, bajo el supuesto de que el Banco no presentó los reportes de las operaciones emitidas por sus sistemas, que registran la información contenidas en el wincha auditora y el voucher por que no resulta suficiente para acreditar que las transacciones efectuadas el 4 de febrero de 2013 y 4 de marzo de de 2013 se efectuaron con el empleo conjunto de la tarjeta y clave secreta. 4. Del aplicativo Journal Electrónico adjuntado, se podrá apreciar que las operación materia de reclamo se realizó en el cajero automático N° 656 con presencia de la tarjeta de la denunciante y su clave secreta, sin reportar ningún error durante la operación. 5. Se debe tener en cuenta la inmediatez con la que la denunciante reclama, pues desde el punto de vista de un consumidor razonable resulta cuestionado que se reconozcan operaciones luego de casi 1 año de seguir utilizando su tarjeta y clave. 6. Respecto del retiro en ventanilla el usuario deberá presentar su tarjeta y la clave secreta y solo en caso de que la suma exceda a S/1501.00 se solicitará la identificación del titular de la tarjeta, esto es DNI y firmará el voucher de retiro. 7. Con la explicación anterior queda claro que la operación de retiro de efectivo por la suma de S/473.00 realizada el 4 de marzo de 2013 fue procesada con éxito, razón por la cual cuentan con la papeleta de convalidación o voucher emitida por sus sistemas que detalla la operación. 8. Se debe tener presenta que ninguna de las instancias, se resolvió su pedido de autorización para la presentación de los estados de cuenta de la cliente, que permitirían apreciar la conducta del denunciante, esto es si la señora hizo o no operaciones vía cajero o ventanilla regularmente y su comportamiento no es usual y que por ellos recaerá responsabilidad en el Banco, pues nada impide concluir que las operaciones no reconocidas por la cliente, se realizaron cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidos. 9. Que solo el consumidor conoce su clave secreta e incluso puede cambiarla que conjuntamente con la tarjeta constituyen mecanismos de seguridad razonables para garantizar la seguridad de las transacciones efectuadas. 10. No obstante la Sala de Indecopi confirmó la resolución Final, 0207-2014/PSO:INDECOPI haciendo suyo sus fundamentos agregando que el Banco no ha probado causa objetiva y justificable que le exima de responsabilidad. 11. Posteriormente acudieron en revisión por interpretación errónea del artículo 18 y 19 del Código de Protección al Consumidor, pues no se puede interpretar como incumplimiento del deber de idoneidad del servicio, cuando este ha sido brindado por el Banco en función a las condiciones establecidas por las partes sobre el uso de la tarjeta. 12. El Tribunal declaró improcedente el recurso de revisión precisando que no puede analizar situaciones fácticas, cuando el Banco advirtió en el caso una interpretación que un servicio es inidóneo cuando se ha cumplido con el procedimiento regular de las operaciones. Lo decidido por la autoridad administrativa vulnera el principio del debido procedimiento cuando interpretan la norma de forma distinta, no actúan ni valoran los medios probatorios que ofreció la defensa del Banco. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SE INVOCA: Invoca como fundamentos de derecho lo dispuesto el artículo 139 inciso 3, del a Carta Magna; en el artículo 10° numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 1°, 2, 4° inciso 1, 5°, artículo 19° inc 1 de la Ley N° 27584 Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil. TRÁMITE DEL PROCESO ADMISORIO DE LA DEMANDA: Se admite a trámite la demanda- vía proceso especial- por Resolución Número Uno, de fecha 10 de abril del 2015, obrante en autos a fojas setenta y uno y siguiente, corriéndose el traslado de ley al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y al litisconsorte Flor Marleni Vargas Anticona. No obstante, por escrito 29 de abril de 2015, el Indecopi deduce excepción de incompetencia territorial y funcional, l absuelto que fue por el Banco de la Nación mediante escrito de fecha 9 de Junio del mismo año, por resolución número tres, del 17 de junio de 2015 se declaró fundada la excepción formulada y ordenaron la remisión del expediente al Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. Con fecha 30 de diciembre de 2015, mediante resolución número cuatro, esta Judicatura asume competencia para conocer del proceso de autos. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Por escrito de fojas noventa y nueve a ciento doce, el INDECOPI se apersona al proceso contestando la demanda interpuesta por Banco de la Nación, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido; solicitando en consecuencia, que ésta sea declarada infundada en base a los fundamentos de hecho y de derecho que precisan. SANEAMIENTO DEL PROCESO: Mediante Resolución Número seis de fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta, se declaró la rebeldía de la litisconsorte Flor Marleny Vargas Anticona, se saneó el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios, y se ordenó que se remitan los actuados al Ministerio Público para el dictamen de Ley. DICTAMEN FISCAL: La Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, mediante Dictamen N° 900-2016 obrante de fojas ciento sesenta y dos a ciento sesenta y siete, emite opinión solicitando que se declare infundada la demanda en base a los fundamentos que contiene. AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR: Mediante Resolución Número siete del nueve de enero de dos mil diecisiete, se procedió a poner en conocimiento de las partes el contenido del Dictamen Fiscal, por resolución número ocho se dispuso que se pongan los autos a despacho para sentenciar; y, por resolución número nueve se concedió uso de la palabra al Banco demandante para que informe oralmente, con la constancia de su realización, corresponde que los autos reingresen al despacho para sentenciar. Siendo ello así, corresponde emitir la sentencia que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos: CONSIDERANDO PRIMERO.- DE LA FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Acorde con lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 del TUO la Ley 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo-, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado. En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no sólo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. 3 SEGUNDO: SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN El artículo 125 de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que “excepcionalmente, 3 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 5ta Edición. pg. 578, vid. artículo 218°: “Por regla del agotamiento de la vía administrativa, los administrados antes de acudir a cualquiera de los procesos judiciales, deben conocer previamente sobre lo ocurrido en su ámbito. La regla está concebida, para que las entidades administrativas tengan la oportunidad y la posibilidad de conocer y resolver sobre cualquier controversia que su actuación u omisión puedan producir en la esfera de intereses o derechos de los administrados, con anticipación a que sea sometido el diferendo a la función jurisdiccional.” hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal de Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley número 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.” De lo previsto en el Código se infiere que el recurso de revisión constituye un medio impugnatorio de naturaleza excepcional en el marco de los procedimientos sumarísimos, el cual procede únicamente contra los pronunciamientos de la Comisión que incurran en errores de puro derecho, sean estos en la presunta inaplicación o la aplicación errónea de las normas del Código; o, la inobservancia de precedentes de observancia o obligatoria observancia. TERCERO: Es preciso señalar del mismo modo cuales son las causales de presuntos errores de derecho referidos a las normas de protección al consumidor. Al respecto la Resolución N° 802-2011/INDECOPI, estableció cuatro causales de presuntos errores de derecho: a) Inaplicación, cuando no se aplica una norma de dicho cuerpo legislativo que corresponde al caso concreto; b) Aplicación indebida, cuando se aplica la norma que no corresponde al caso concreto, c) Interpretación errónea, cuando pese a aplicarse la norma pertinente al caso concreto, se le da una interpretación inexacta; o, d) Inobservancia de un precedente de observancia obligatoria. CUARTO: Del recurso de revisión se advierte que el Banco recurrente, sustenta su recurso básicamente en; a) la interpretación errónea del artículo 18 del Código de Protección al Consumidor; y, b) interpretación errónea del artículo 19 del mismo cuerpo legal. El Banco de la Nación argumenta en su recurso, reproducido básicamente en su demanda, que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero automáticos no constituye por si sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor brindó el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por las partes y haber aportado los medios probatorios que están dentro de su competencia que acreditan el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. Agrega que, debió evaluarse la naturaleza de las operaciones (ventanilla y cajero automático) y que por el tiempo transcurrido hasta la denuncia les impedía ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, sean imágenes, videos del momento en que el usuario estaría efectuado las operaciones. QUINTO: Si bien es suficiente para el recurrente en revisión, alegar un presunto error de derecho contenido en la decisión de la Comisión, sin necesidad de identificar con exactitud de cuál de los supuestos previstos en el Código se trata – en aplicación del Principio de informalismo recogido en la Ley 27444 -, del recurso del Banco de la Nación se observa que este si ha descrito e identificado con exactitud el supuesto error de derecho, esto es, interpretación errónea de la norma. No obstante, del contenido de sus argumentos, se aprecia claramente que su finalidad es alcanzar una nueva valoración de los medios probatorios aportados en el procedimiento administrativo, hecho que no está permitido en via de revisión, mas aun cuando a lo largo de sus fundamentos afirma que no habría aportado demás medios probatorios por el transcurso del tiempo desde las operaciones efectuadas por la usuaria (sean imágenes, videos , etc del momento en que el usuario está realizando las operaciones cuestionadas), de tal modo que se infiere que estos instrumentos si habrían permitido se le exima de la responsabilidad administrativa atribuida. SEXTO: Finalmente, en las resoluciones emitidas por las instancias inferiores, se ha aplicado las normas pertinentes a la idoneidad del servicio, sin que la autoridad realice interpretación de sus alcances, sino en mérito del caudal probatorio aportado por el Banco denunciado, dado que se le impone a éste la obligación de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del servicio brindado, se ha merituado en su momento los medios probatorios y aplicado las consecuencias jurídicas descritas en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. SÉPTIMO: En consecuencia, no se advierte que la Resolución N° 4109-2012014/SPC-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 20154que confirma Resolución N° 1215-2014/CC1 del 30 de octubre de 2014, expedida por tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incurra en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo cual no procede amparar la presente demanda. DECISIÓN De conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, el VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta y cinco a setenta , interpuesta por el BANCO DE LA NACION contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA sobre nulidad de acto administrativo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución archívese definitivamente los autos. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público. Avocándose la Juez que suscribe por disposición superior.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SENTENCIA EXPEDIENTE Nº: 14023-2015 DEMANDANTE: Banco de la Nación DEMANDADOS: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi y otra MATERIA: Derecho del Consumidor «Sumilla: Resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor; el cual establecía que a través de dicho recurso excepcional solo se podía cuestionar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, el apartamiento de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi». RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE Lima, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.- Con el expediente administrativo acompañado e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Wong Abad, se emite la presente sentencia. I. EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS PRIMERO: Resolución apelada: Es materia de grado la apelación interpuesta por el demandante, Banco de la Nación, mediante escrito de fecha 11 de junio de 20181, contra la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. SEGUNDO: Fundamentos del recurso de apelación: El apelante señaló como principales argumentos en su medio impugnatorio, los siguientes: 1 Subsanado el 21 de diciembre de 2018. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A. El Banco de la Nación en ningún momento pretendió que se realice una nueva valoración de las pruebas aportadas, sino que lo que buscaba con el recurso de revisión interpuesto es que se interprete correctamente los alcances del deber de idoneidad respecto al servicio prestado. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la idoneidad se debe vincular en forma directa con la publicidad, información y condiciones de la transacción; esto es, con el contrato que se suscribió al otorgarse el producto. No obstante, el vínculo entre la idoneidad y lo que se establece en el contrato no solo está señalado en la definición del citado deber por parte del proveedor, sino, principalmente, en lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a los alcances y determinación de la idoneidad de un producto. En consecuencia, el producto «Tarjeta Multired Global Débito» solamente encuentra su idoneidad en el marco de lo establecido en los términos y condiciones para su uso. Estando a ello, se tiene que el banco cumplió con prestar correctamente el servicio, puesto que se demostró a lo largo del procedimiento administrativo, con los medios de prueba aportados, que las dos transacciones desconocidas por la consumidora fueron de total responsabilidad de esta, ya que debió custodiar adecuadamente su tarjeta y su clave secreta, de acuerdo con lo pactado en el contrato. B. El Banco de la Nación no tuvo ninguna responsabilidad por los retiros no reconocidos realizados a través de ventanilla y cajero automático, por lo que no infringió el deber de idoneidad. A ello se debe agregar, que adoptó las medidas de seguridad debidas y congruentes con el contrato de consumo suscrito; es decir, la aceptación contractual por parte de la consumidora respecto a su completa responsabilidad por las operaciones realizadas con la tarjeta de débito cuando la utilice junto con la clave secreta. C. Los mecanismos de seguridad implementados por el Banco de la Nación en el presente caso han sido idóneos, habiendo actuado en todo momento conforme a ley, 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 así como, de acuerdo a los parámetros contractuales aceptados por ambas partes, por lo que se debió haber declarado fundada la demanda. II. ANÁLISIS TERCERO: Conforme a la pretensión planteada en la demanda, y de acuerdo con lo establecido en la resolución número seis, de fecha 31 de mayo de 2016, constituye punto controvertido en el presente proceso determinar, como primera pretensión principal, si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI, de fecha 26 de noviembre de 2014; y, en consecuencia, la nulidad total de la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI-LAL, de fecha 20 de agosto de 2014, y de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL, de fecha 30 de abril de 2014. Asimismo, como segunda pretensión principal, si corresponde declarar que el Banco de la Nación no infringió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. CUARTO: Como antecedentes administrativos apreciamos que mediante escrito de fecha 3 de febrero de 20142 la señora Flor Marleny Vargas Anticona (en adelante, la señora Vargas) denunció ante el Indecopi al Banco de la Nación, alegando que se efectuaron dos retiros de dinero de su cuenta de ahorros personal por el monto total de S/ 873.00 soles, los cuales no reconoce, por lo que solicitó su devolución. A través de la resolución número uno3, de fecha 10 de marzo de 2014, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco de la Nación por la presunta infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que habría debitado indebidamente de la cuenta de ahorros de la denunciante dos retiros de dinero en efectivo por el importe de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles, realizados el 4 de febrero y el 4 de marzo de 2013, respectivamente, los cuales no eran reconocidos por la consumidora. El 26 de marzo de 20144 el Banco de la Nación cumplió con formular sus descargos respectivos. 2 Véase a fojas 1 del expediente administrativo. 3 Véase a fojas 40 del expediente administrativo. 4 Véase a fojas 49 del expediente administrativo. 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A través de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS05, de fecha 30 de abril de 2014, se sancionó al Banco de la Nación con una multa ascendente a 5 UIT por haber incurrido en la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que cargó a la cuenta de la tarjeta de débito de la denunciante importes derivados de operaciones cuya regularidad no ha podido probar. En tal sentido, se le ordenó como medida correctiva que cumpla con devolverle a la consumidora los importes de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles que fueron cargados a su cuenta en febrero y marzo de 2013. Apelada esta decisión por el Banco de la Nación6, se emitió la Resolución N.º 0766- 2014/INDECOPI-LAL7, de fecha 20 de agosto de 2014, mediante la cual se confirmó la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL que sancionó al apelante por la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y le impuso una multa de 5 UIT. Mediante escrito de fecha 8 de setiembre de 20148 el Banco de la Nación interpuso recurso de revisión contra la Resolución N.º 0766-2014/INDCOPI-LAL, el cual fue declarado improcedente mediante la Resolución N.º 4109-2014/SPC-INDECOPI, de fecha 28 de noviembre de 2014, debido a que el recurrente no alegó la existencia de error de derecho alguno en aquella resolución, limitándose a cuestionar situaciones de hecho y pretendiendo una nueva valoración de los medios de prueba presentados en el procedimiento. QUINTO: Absolviendo los agravios del recurso de apelación, corresponde verificar en esta instancia si, efectivamente, el recurso de revisión presentado por el recurrente en sede administrativa no se ajustó a los requisitos previstos en la norma especial; luego de lo cual, se establecerá si la decisión contenida en la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI se encuentra conforme a derecho. Dentro de ese contexto, debemos indicar que el tercer párrafo9 del artículo 12510 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor), establecía lo siguiente: 5 Véase a fojas 68 del expediente administrativo. 6 Véase a fojas 81 del expediente administrativo. 7 Véase a fojas 118 del expediente administrativo. 8 Véase a fojas 126 del expediente administrativo. 9 Texto vigente a la fecha de los hechos. 10 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1308, publicado el 30 diciembre 2016. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 «Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.». (Resaltado nuestro). Entonces, de acuerdo con la norma citada, el recurso excepcional de revisión tenía por objeto verificar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi; labor que fue encargada al Tribunal debido a que es la instancia administrativa con competencia nacional en los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor. Ahora bien, a juicio de este Colegiado, la excepcionalidad del referido recurso en materia de protección al consumidor está dada no por la facultad que se otorgue al administrado para recurrir a él o no, sino por lo que es su objeto de impugnación. En efecto, del texto de la norma reseñada se aprecia que, únicamente, cabe interponerlo cuando se discuten cuestiones de puro derecho. SEXTO: En ese orden de ideas, si un administrado —situándonos en el procedimiento sumarísimo de protección al consumidor—, deseaba cuestionar tanto temas de hecho como de derecho, esto es, que se evalúe nuevamente la actividad probatoria y la aplicación de las normas por la segunda instancia administrativa (que venía a ser la Comisión que resolvía el recurso de apelación), no resultaba correcto recurrir en revisión ante el Tribunal del Indecopi, pues dicho recurso se interponía excepcionalmente —no de manera obligatoria— para debatir, únicamente, cuestiones de puro derecho; encontrándose en tal caso habilitado para recurrir directamente al proceso contencioso administrativo, a fin de impugnar la decisión emitida por la Comisión que resolvía el recurso de apelación, la que, en sí misma, agotaba la vía administrativa respecto a las cuestiones de hecho discutidas en el procedimiento. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo tanto, si lo que se quería cuestionar era el análisis de los hechos, la valoración probatoria e incluso el examen jurídico efectuado, el administrado podía impugnar judicialmente de manera directa el pronunciamiento de la Comisión del Indecopi que resolvía el recurso de apelación, pues esta decisión agotaba la vía administrativa respecto a todos esos aspectos. Sin embargo, si optaba por interponer el recurso excepcional de revisión contra el acto administrativo emitido por la Comisión, solo podía cuestionar errores de puro derecho (esto es, la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código del Consumidor o la inobservancia de precedentes de observancia obligatoria), limitándose el pronunciamiento del Tribunal del Indecopi a tales asuntos, sin poder realizar una nueva evaluación de las cuestiones fácticas debatidas a lo largo del procedimiento. SÉTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado, de los actuados administrativos observamos que el demandante sustentó su recurso de revisión señalando lo siguiente: «1. Interpretación errónea del artículo 18° del Código de Protección al Consumidor (…) la resolución impugnada ha interpretado erróneamente el artículo 18° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere al deber de idoneidad del servicio, en tanto no ha considerado que el servicio cuestionado ha sido prestado por el proveedor en función a las condiciones ofrecidas y pactadas expresamente por las partes al momento de la contratación del servicio, toda vez que como es de conocimiento público toda operación efectuada con la tarjeta requerirá del empleo de la clave secreta y se reputará indubitablemente efectuada. En esa línea, consideramos que el deber de idoneidad, debió ser analizado por la Comisión a la luz de los términos y condiciones planteadas por BN y lo aceptado por el usuario en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, y no en virtud a la falta de una carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor en el sentido que acredite que la operación cuestionada fue de responsabilidad del usuario del servicio. En efecto, la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la usuaria (ventanilla y cajero automático), situación que considerando el tiempo transcurrido hasta la denuncia de los hechos nos impide ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, llámese entre ellos imágenes, videos, del momento en que el usuario está realizando la operación. En ese sentido, consideramos que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria del servicio no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 automático no constituye por sí sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor ha brindado el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por la partes y ha cumplido con aportar los medios probatorios que están dentro de su competencia para acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. 2. Interpretación errónea del artículo 19° del Código de Protección al Consumidor Sobre este punto, debemos señalar que en la resolución impugnada se ha interpretado erróneamente el artículo 19° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere a la responsabilidad del proveedor por la idoneidad del servicio, ello de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, donde se dejó establecido que el deber de idoneidad no puede estar supeditado a la falta de la carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor durante el procedimiento, sino al cumplimiento de los términos y condiciones pactadas por la partes para la prestación del servicio. En ese sentido, cuestionamos la interpretación brindada por la Comisión y la imputación de responsabilidad administrativa a BN, toda vez que desconocer lo pactado por las partes en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, vulneraría la libertad contractual, ello porque los términos y condiciones determinados por el Banco estaban dirigidos a establecer responsabilidad por el uso del servicio de la tarjeta de débito, responsabilidad que como se deduce del conocimiento de las claves secretas, corresponde recaer exclusivamente sobre la esfera de la cliente titular de la misma por ser la única que tiene conocimiento de dichas claves, evitando con ello la actuación sin responsabilidad de una de las partes cuando tiene dominio del hecho. En el caso, el Banco no tiene dominio sobre el uso de la clave del cliente en las diferentes operaciones que su titular realice con la misma, por lo que los términos y condiciones pactadas son totalmente válidos de invocarse». OCTAVO: Sobre el particular, apreciamos que las alegaciones esgrimidas por el recurrente se encuentran referidas a cuestiones de hecho, como bien determinó el tribunal administrativo, por lo que no correspondían ser invocados en un recurso de revisión. En efecto, al manifestar el Banco de la Nación que no se consideró que el servicio fue prestado en función a las condiciones ofrecidas y pactadas en el contrato, y que toda operación efectuada con una tarjeta requiere del empleo de una clave secreta, entendiéndose con ello indubitablemente realizada; lo que pretendía era que se efectuara un nuevo examen de los hechos y de los medios probatorios actuados, específicamente, la nueva valoración del contrato de servicios bancarios suscrito con 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 la consumidora, a efecto de sustentar su posición referida a que las operaciones cuestionadas se ejecutaron con el empleo conjunto de la tarjeta y la clave secreta, las cuales eran de responsabilidad de la denunciante por encontrarse bajo su esfera de control; procurando con dicho razonamiento que se le exonere de responsabilidad. Asimismo, al mencionar que la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la consumidora (ventanilla y cajero automático), así como, el hecho de que el recurrente cumplió con aportar los medios probatorios que estaban dentro de su competencia para acreditar la validez de tales operaciones; no cabe duda que buscaba un nuevo examen de dichas pruebas. En tal sentido, en lugar de precisar y fundamentar los presuntos errores de puro derecho incurridos por la Comisión al expedir la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI- LAL, el recurrente sustentó su recurso de revisión en cuestiones fácticas que no son objeto de análisis mediante dicho medio impugnatorio; circunstancia que no ha sido negada en la demanda; ni debidamente desvirtuada en el presente recurso de apelación. Por consiguiente, resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor, citado en el quinto fundamento que antecede. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios glosados en los literales A), B) y C) del segundo fundamento que antecede, toda vez que los mismos carecen de asidero fáctico y jurídico. NOVENO: En consecuencia, dado que la acotada Resolución N.º 4109-2014/SPC- INDECOPI ha sido expedida conforme a ley, y no se encuentra incursa en ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N.º 27444, corresponde confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. III.- DECISIÓN: 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo expuesto: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. En los seguidos por el Banco de la Nación contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -Indecopi y otra, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase.- JMWA/lvr WONG ABAD TORRES GAMARRA NÚÑEZ RIVA 9
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TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : LOPEZ MENDOZA PATRICIA VERONICA ESPECIALISTA : ORTIZ CASTILLO ELMERZON PIO DEMANDADO : INDECOPI , VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION , SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Lima, treinta de mayo de dos mil dieciocho VISTOS Puestos los autos en despacho para sentenciar, con el expediente administrativo que se tiene a la vista, sobre los actuados en el trámite de la demanda de Nulidad de Resolución Administrativo interpuesta por BANCO DE LA NACION S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, la señora Juez del 23 Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, emite la presente resolución con base en lo siguiente: PETITORIO DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fecha 17 de marzo de 2015, obrante a fojas cincuenta y cinco a setenta, el demandante BANCO DE LA NACION1 interpone demanda contra el INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, a fin que se declare: Primera pretensión principal: 1 En adelante “El Banco o el demandante”. La nulidad total de la Resolución N° 4109-2014/SPC- INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,2 que declara improcedente el recurso de revisión contra la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI-LAL de fecha 20 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad que confirma la Resolución Final N° 0207-2014/POo-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014. La nulidad total de la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI- LAL de fecha 20 de agosto de 2014, expedida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad, que confirma la Resolución Final N° 0207- 2014/PSO-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014, así como la nulidad total de esta última, expedida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad que dispuso, como medida correctiva ola devolución de S/873.00, multa de 5UIT, mas costos y costas.. Segunda pretensión accesoria: Se declare que el Banco de la Nación, no ha infringido el artículo 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA: 1. En la denuncia notificada a su representada, la señora Vargas sostiene que el día 20 de enero de 2014, refiere que al solicitar un movimiento de su cuenta de ahorros N° 04-781- 162707, se dio con la sorpresa que reportaba 02 disposiciones de efectivo que no reconoce, la primera por la suma de S/400.00 retirado por cajero automático el 04 de febrero de 2013 y la segunda por la suma de S/473.00 retirado por ventanilla el 4 de marzo de 2013 operaciones que hacen un monto total de S/873.00. 2. El Banco en su momento señaló que en el caso particular las operaciones cuestionadas fueron realizados operativamente de manera correcta, con el uso de la tarjeta y clave secreta de la denunciante, por lo que no se puede imputar ninguna responsabilidad respecto a la realización de las mismas. 2 En adelante “La Sala”. 3. El Indecopi sin embargo pese a los medios probatorios aportados por el Banco, sancionó a este con multa de 5 UIT y la devolución del monto S/873.00 mas costas y costos, bajo el supuesto de que el Banco no presentó los reportes de las operaciones emitidas por sus sistemas, que registran la información contenidas en el wincha auditora y el voucher por que no resulta suficiente para acreditar que las transacciones efectuadas el 4 de febrero de 2013 y 4 de marzo de de 2013 se efectuaron con el empleo conjunto de la tarjeta y clave secreta. 4. Del aplicativo Journal Electrónico adjuntado, se podrá apreciar que las operación materia de reclamo se realizó en el cajero automático N° 656 con presencia de la tarjeta de la denunciante y su clave secreta, sin reportar ningún error durante la operación. 5. Se debe tener en cuenta la inmediatez con la que la denunciante reclama, pues desde el punto de vista de un consumidor razonable resulta cuestionado que se reconozcan operaciones luego de casi 1 año de seguir utilizando su tarjeta y clave. 6. Respecto del retiro en ventanilla el usuario deberá presentar su tarjeta y la clave secreta y solo en caso de que la suma exceda a S/1501.00 se solicitará la identificación del titular de la tarjeta, esto es DNI y firmará el voucher de retiro. 7. Con la explicación anterior queda claro que la operación de retiro de efectivo por la suma de S/473.00 realizada el 4 de marzo de 2013 fue procesada con éxito, razón por la cual cuentan con la papeleta de convalidación o voucher emitida por sus sistemas que detalla la operación. 8. Se debe tener presenta que ninguna de las instancias, se resolvió su pedido de autorización para la presentación de los estados de cuenta de la cliente, que permitirían apreciar la conducta del denunciante, esto es si la señora hizo o no operaciones vía cajero o ventanilla regularmente y su comportamiento no es usual y que por ellos recaerá responsabilidad en el Banco, pues nada impide concluir que las operaciones no reconocidas por la cliente, se realizaron cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidos. 9. Que solo el consumidor conoce su clave secreta e incluso puede cambiarla que conjuntamente con la tarjeta constituyen mecanismos de seguridad razonables para garantizar la seguridad de las transacciones efectuadas. 10. No obstante la Sala de Indecopi confirmó la resolución Final, 0207-2014/PSO:INDECOPI haciendo suyo sus fundamentos agregando que el Banco no ha probado causa objetiva y justificable que le exima de responsabilidad. 11. Posteriormente acudieron en revisión por interpretación errónea del artículo 18 y 19 del Código de Protección al Consumidor, pues no se puede interpretar como incumplimiento del deber de idoneidad del servicio, cuando este ha sido brindado por el Banco en función a las condiciones establecidas por las partes sobre el uso de la tarjeta. 12. El Tribunal declaró improcedente el recurso de revisión precisando que no puede analizar situaciones fácticas, cuando el Banco advirtió en el caso una interpretación que un servicio es inidóneo cuando se ha cumplido con el procedimiento regular de las operaciones. Lo decidido por la autoridad administrativa vulnera el principio del debido procedimiento cuando interpretan la norma de forma distinta, no actúan ni valoran los medios probatorios que ofreció la defensa del Banco. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SE INVOCA: Invoca como fundamentos de derecho lo dispuesto el artículo 139 inciso 3, del a Carta Magna; en el artículo 10° numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 1°, 2, 4° inciso 1, 5°, artículo 19° inc 1 de la Ley N° 27584 Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil. TRÁMITE DEL PROCESO ADMISORIO DE LA DEMANDA: Se admite a trámite la demanda- vía proceso especial- por Resolución Número Uno, de fecha 10 de abril del 2015, obrante en autos a fojas setenta y uno y siguiente, corriéndose el traslado de ley al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y al litisconsorte Flor Marleni Vargas Anticona. No obstante, por escrito 29 de abril de 2015, el Indecopi deduce excepción de incompetencia territorial y funcional, l absuelto que fue por el Banco de la Nación mediante escrito de fecha 9 de Junio del mismo año, por resolución número tres, del 17 de junio de 2015 se declaró fundada la excepción formulada y ordenaron la remisión del expediente al Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. Con fecha 30 de diciembre de 2015, mediante resolución número cuatro, esta Judicatura asume competencia para conocer del proceso de autos. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Por escrito de fojas noventa y nueve a ciento doce, el INDECOPI se apersona al proceso contestando la demanda interpuesta por Banco de la Nación, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido; solicitando en consecuencia, que ésta sea declarada infundada en base a los fundamentos de hecho y de derecho que precisan. SANEAMIENTO DEL PROCESO: Mediante Resolución Número seis de fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta, se declaró la rebeldía de la litisconsorte Flor Marleny Vargas Anticona, se saneó el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios, y se ordenó que se remitan los actuados al Ministerio Público para el dictamen de Ley. DICTAMEN FISCAL: La Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, mediante Dictamen N° 900-2016 obrante de fojas ciento sesenta y dos a ciento sesenta y siete, emite opinión solicitando que se declare infundada la demanda en base a los fundamentos que contiene. AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR: Mediante Resolución Número siete del nueve de enero de dos mil diecisiete, se procedió a poner en conocimiento de las partes el contenido del Dictamen Fiscal, por resolución número ocho se dispuso que se pongan los autos a despacho para sentenciar; y, por resolución número nueve se concedió uso de la palabra al Banco demandante para que informe oralmente, con la constancia de su realización, corresponde que los autos reingresen al despacho para sentenciar. Siendo ello así, corresponde emitir la sentencia que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos: CONSIDERANDO PRIMERO.- DE LA FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Acorde con lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 del TUO la Ley 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo-, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado. En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no sólo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. 3 SEGUNDO: SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN El artículo 125 de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que “excepcionalmente, 3 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 5ta Edición. pg. 578, vid. artículo 218°: “Por regla del agotamiento de la vía administrativa, los administrados antes de acudir a cualquiera de los procesos judiciales, deben conocer previamente sobre lo ocurrido en su ámbito. La regla está concebida, para que las entidades administrativas tengan la oportunidad y la posibilidad de conocer y resolver sobre cualquier controversia que su actuación u omisión puedan producir en la esfera de intereses o derechos de los administrados, con anticipación a que sea sometido el diferendo a la función jurisdiccional.” hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal de Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley número 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.” De lo previsto en el Código se infiere que el recurso de revisión constituye un medio impugnatorio de naturaleza excepcional en el marco de los procedimientos sumarísimos, el cual procede únicamente contra los pronunciamientos de la Comisión que incurran en errores de puro derecho, sean estos en la presunta inaplicación o la aplicación errónea de las normas del Código; o, la inobservancia de precedentes de observancia o obligatoria observancia. TERCERO: Es preciso señalar del mismo modo cuales son las causales de presuntos errores de derecho referidos a las normas de protección al consumidor. Al respecto la Resolución N° 802-2011/INDECOPI, estableció cuatro causales de presuntos errores de derecho: a) Inaplicación, cuando no se aplica una norma de dicho cuerpo legislativo que corresponde al caso concreto; b) Aplicación indebida, cuando se aplica la norma que no corresponde al caso concreto, c) Interpretación errónea, cuando pese a aplicarse la norma pertinente al caso concreto, se le da una interpretación inexacta; o, d) Inobservancia de un precedente de observancia obligatoria. CUARTO: Del recurso de revisión se advierte que el Banco recurrente, sustenta su recurso básicamente en; a) la interpretación errónea del artículo 18 del Código de Protección al Consumidor; y, b) interpretación errónea del artículo 19 del mismo cuerpo legal. El Banco de la Nación argumenta en su recurso, reproducido básicamente en su demanda, que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero automáticos no constituye por si sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor brindó el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por las partes y haber aportado los medios probatorios que están dentro de su competencia que acreditan el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. Agrega que, debió evaluarse la naturaleza de las operaciones (ventanilla y cajero automático) y que por el tiempo transcurrido hasta la denuncia les impedía ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, sean imágenes, videos del momento en que el usuario estaría efectuado las operaciones. QUINTO: Si bien es suficiente para el recurrente en revisión, alegar un presunto error de derecho contenido en la decisión de la Comisión, sin necesidad de identificar con exactitud de cuál de los supuestos previstos en el Código se trata – en aplicación del Principio de informalismo recogido en la Ley 27444 -, del recurso del Banco de la Nación se observa que este si ha descrito e identificado con exactitud el supuesto error de derecho, esto es, interpretación errónea de la norma. No obstante, del contenido de sus argumentos, se aprecia claramente que su finalidad es alcanzar una nueva valoración de los medios probatorios aportados en el procedimiento administrativo, hecho que no está permitido en via de revisión, mas aun cuando a lo largo de sus fundamentos afirma que no habría aportado demás medios probatorios por el transcurso del tiempo desde las operaciones efectuadas por la usuaria (sean imágenes, videos , etc del momento en que el usuario está realizando las operaciones cuestionadas), de tal modo que se infiere que estos instrumentos si habrían permitido se le exima de la responsabilidad administrativa atribuida. SEXTO: Finalmente, en las resoluciones emitidas por las instancias inferiores, se ha aplicado las normas pertinentes a la idoneidad del servicio, sin que la autoridad realice interpretación de sus alcances, sino en mérito del caudal probatorio aportado por el Banco denunciado, dado que se le impone a éste la obligación de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del servicio brindado, se ha merituado en su momento los medios probatorios y aplicado las consecuencias jurídicas descritas en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. SÉPTIMO: En consecuencia, no se advierte que la Resolución N° 4109-2012014/SPC-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 20154que confirma Resolución N° 1215-2014/CC1 del 30 de octubre de 2014, expedida por tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incurra en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo cual no procede amparar la presente demanda. DECISIÓN De conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, el VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta y cinco a setenta , interpuesta por el BANCO DE LA NACION contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA sobre nulidad de acto administrativo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución archívese definitivamente los autos. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público. Avocándose la Juez que suscribe por disposición superior.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SENTENCIA EXPEDIENTE Nº: 14023-2015 DEMANDANTE: Banco de la Nación DEMANDADOS: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi y otra MATERIA: Derecho del Consumidor «Sumilla: Resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor; el cual establecía que a través de dicho recurso excepcional solo se podía cuestionar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, el apartamiento de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi». RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE Lima, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.- Con el expediente administrativo acompañado e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Wong Abad, se emite la presente sentencia. I. EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS PRIMERO: Resolución apelada: Es materia de grado la apelación interpuesta por el demandante, Banco de la Nación, mediante escrito de fecha 11 de junio de 20181, contra la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. SEGUNDO: Fundamentos del recurso de apelación: El apelante señaló como principales argumentos en su medio impugnatorio, los siguientes: 1 Subsanado el 21 de diciembre de 2018. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A. El Banco de la Nación en ningún momento pretendió que se realice una nueva valoración de las pruebas aportadas, sino que lo que buscaba con el recurso de revisión interpuesto es que se interprete correctamente los alcances del deber de idoneidad respecto al servicio prestado. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la idoneidad se debe vincular en forma directa con la publicidad, información y condiciones de la transacción; esto es, con el contrato que se suscribió al otorgarse el producto. No obstante, el vínculo entre la idoneidad y lo que se establece en el contrato no solo está señalado en la definición del citado deber por parte del proveedor, sino, principalmente, en lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a los alcances y determinación de la idoneidad de un producto. En consecuencia, el producto «Tarjeta Multired Global Débito» solamente encuentra su idoneidad en el marco de lo establecido en los términos y condiciones para su uso. Estando a ello, se tiene que el banco cumplió con prestar correctamente el servicio, puesto que se demostró a lo largo del procedimiento administrativo, con los medios de prueba aportados, que las dos transacciones desconocidas por la consumidora fueron de total responsabilidad de esta, ya que debió custodiar adecuadamente su tarjeta y su clave secreta, de acuerdo con lo pactado en el contrato. B. El Banco de la Nación no tuvo ninguna responsabilidad por los retiros no reconocidos realizados a través de ventanilla y cajero automático, por lo que no infringió el deber de idoneidad. A ello se debe agregar, que adoptó las medidas de seguridad debidas y congruentes con el contrato de consumo suscrito; es decir, la aceptación contractual por parte de la consumidora respecto a su completa responsabilidad por las operaciones realizadas con la tarjeta de débito cuando la utilice junto con la clave secreta. C. Los mecanismos de seguridad implementados por el Banco de la Nación en el presente caso han sido idóneos, habiendo actuado en todo momento conforme a ley, 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 así como, de acuerdo a los parámetros contractuales aceptados por ambas partes, por lo que se debió haber declarado fundada la demanda. II. ANÁLISIS TERCERO: Conforme a la pretensión planteada en la demanda, y de acuerdo con lo establecido en la resolución número seis, de fecha 31 de mayo de 2016, constituye punto controvertido en el presente proceso determinar, como primera pretensión principal, si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI, de fecha 26 de noviembre de 2014; y, en consecuencia, la nulidad total de la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI-LAL, de fecha 20 de agosto de 2014, y de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL, de fecha 30 de abril de 2014. Asimismo, como segunda pretensión principal, si corresponde declarar que el Banco de la Nación no infringió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. CUARTO: Como antecedentes administrativos apreciamos que mediante escrito de fecha 3 de febrero de 20142 la señora Flor Marleny Vargas Anticona (en adelante, la señora Vargas) denunció ante el Indecopi al Banco de la Nación, alegando que se efectuaron dos retiros de dinero de su cuenta de ahorros personal por el monto total de S/ 873.00 soles, los cuales no reconoce, por lo que solicitó su devolución. A través de la resolución número uno3, de fecha 10 de marzo de 2014, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco de la Nación por la presunta infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que habría debitado indebidamente de la cuenta de ahorros de la denunciante dos retiros de dinero en efectivo por el importe de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles, realizados el 4 de febrero y el 4 de marzo de 2013, respectivamente, los cuales no eran reconocidos por la consumidora. El 26 de marzo de 20144 el Banco de la Nación cumplió con formular sus descargos respectivos. 2 Véase a fojas 1 del expediente administrativo. 3 Véase a fojas 40 del expediente administrativo. 4 Véase a fojas 49 del expediente administrativo. 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 A través de la Resolución Final N.º 0207-2014/PS05, de fecha 30 de abril de 2014, se sancionó al Banco de la Nación con una multa ascendente a 5 UIT por haber incurrido en la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que cargó a la cuenta de la tarjeta de débito de la denunciante importes derivados de operaciones cuya regularidad no ha podido probar. En tal sentido, se le ordenó como medida correctiva que cumpla con devolverle a la consumidora los importes de S/ 400.00 y S/ 473.00 soles que fueron cargados a su cuenta en febrero y marzo de 2013. Apelada esta decisión por el Banco de la Nación6, se emitió la Resolución N.º 0766- 2014/INDECOPI-LAL7, de fecha 20 de agosto de 2014, mediante la cual se confirmó la Resolución Final N.º 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL que sancionó al apelante por la infracción del artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y le impuso una multa de 5 UIT. Mediante escrito de fecha 8 de setiembre de 20148 el Banco de la Nación interpuso recurso de revisión contra la Resolución N.º 0766-2014/INDCOPI-LAL, el cual fue declarado improcedente mediante la Resolución N.º 4109-2014/SPC-INDECOPI, de fecha 28 de noviembre de 2014, debido a que el recurrente no alegó la existencia de error de derecho alguno en aquella resolución, limitándose a cuestionar situaciones de hecho y pretendiendo una nueva valoración de los medios de prueba presentados en el procedimiento. QUINTO: Absolviendo los agravios del recurso de apelación, corresponde verificar en esta instancia si, efectivamente, el recurso de revisión presentado por el recurrente en sede administrativa no se ajustó a los requisitos previstos en la norma especial; luego de lo cual, se establecerá si la decisión contenida en la Resolución N.º 4109- 2014/SPC-INDECOPI se encuentra conforme a derecho. Dentro de ese contexto, debemos indicar que el tercer párrafo9 del artículo 12510 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor), establecía lo siguiente: 5 Véase a fojas 68 del expediente administrativo. 6 Véase a fojas 81 del expediente administrativo. 7 Véase a fojas 118 del expediente administrativo. 8 Véase a fojas 126 del expediente administrativo. 9 Texto vigente a la fecha de los hechos. 10 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 1308, publicado el 30 diciembre 2016. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 «Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.». (Resaltado nuestro). Entonces, de acuerdo con la norma citada, el recurso excepcional de revisión tenía por objeto verificar la inaplicación o aplicación errónea de las normas del código, así como, de los precedentes de observancia obligatoria emanados del Indecopi; labor que fue encargada al Tribunal debido a que es la instancia administrativa con competencia nacional en los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor. Ahora bien, a juicio de este Colegiado, la excepcionalidad del referido recurso en materia de protección al consumidor está dada no por la facultad que se otorgue al administrado para recurrir a él o no, sino por lo que es su objeto de impugnación. En efecto, del texto de la norma reseñada se aprecia que, únicamente, cabe interponerlo cuando se discuten cuestiones de puro derecho. SEXTO: En ese orden de ideas, si un administrado —situándonos en el procedimiento sumarísimo de protección al consumidor—, deseaba cuestionar tanto temas de hecho como de derecho, esto es, que se evalúe nuevamente la actividad probatoria y la aplicación de las normas por la segunda instancia administrativa (que venía a ser la Comisión que resolvía el recurso de apelación), no resultaba correcto recurrir en revisión ante el Tribunal del Indecopi, pues dicho recurso se interponía excepcionalmente —no de manera obligatoria— para debatir, únicamente, cuestiones de puro derecho; encontrándose en tal caso habilitado para recurrir directamente al proceso contencioso administrativo, a fin de impugnar la decisión emitida por la Comisión que resolvía el recurso de apelación, la que, en sí misma, agotaba la vía administrativa respecto a las cuestiones de hecho discutidas en el procedimiento. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo tanto, si lo que se quería cuestionar era el análisis de los hechos, la valoración probatoria e incluso el examen jurídico efectuado, el administrado podía impugnar judicialmente de manera directa el pronunciamiento de la Comisión del Indecopi que resolvía el recurso de apelación, pues esta decisión agotaba la vía administrativa respecto a todos esos aspectos. Sin embargo, si optaba por interponer el recurso excepcional de revisión contra el acto administrativo emitido por la Comisión, solo podía cuestionar errores de puro derecho (esto es, la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código del Consumidor o la inobservancia de precedentes de observancia obligatoria), limitándose el pronunciamiento del Tribunal del Indecopi a tales asuntos, sin poder realizar una nueva evaluación de las cuestiones fácticas debatidas a lo largo del procedimiento. SÉTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado, de los actuados administrativos observamos que el demandante sustentó su recurso de revisión señalando lo siguiente: «1. Interpretación errónea del artículo 18° del Código de Protección al Consumidor (…) la resolución impugnada ha interpretado erróneamente el artículo 18° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere al deber de idoneidad del servicio, en tanto no ha considerado que el servicio cuestionado ha sido prestado por el proveedor en función a las condiciones ofrecidas y pactadas expresamente por las partes al momento de la contratación del servicio, toda vez que como es de conocimiento público toda operación efectuada con la tarjeta requerirá del empleo de la clave secreta y se reputará indubitablemente efectuada. En esa línea, consideramos que el deber de idoneidad, debió ser analizado por la Comisión a la luz de los términos y condiciones planteadas por BN y lo aceptado por el usuario en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, y no en virtud a la falta de una carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor en el sentido que acredite que la operación cuestionada fue de responsabilidad del usuario del servicio. En efecto, la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la usuaria (ventanilla y cajero automático), situación que considerando el tiempo transcurrido hasta la denuncia de los hechos nos impide ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, llámese entre ellos imágenes, videos, del momento en que el usuario está realizando la operación. En ese sentido, consideramos que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria del servicio no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 automático no constituye por sí sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor ha brindado el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por la partes y ha cumplido con aportar los medios probatorios que están dentro de su competencia para acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. 2. Interpretación errónea del artículo 19° del Código de Protección al Consumidor Sobre este punto, debemos señalar que en la resolución impugnada se ha interpretado erróneamente el artículo 19° del Código de Protección al Consumidor en lo que se refiere a la responsabilidad del proveedor por la idoneidad del servicio, ello de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, donde se dejó establecido que el deber de idoneidad no puede estar supeditado a la falta de la carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor durante el procedimiento, sino al cumplimiento de los términos y condiciones pactadas por la partes para la prestación del servicio. En ese sentido, cuestionamos la interpretación brindada por la Comisión y la imputación de responsabilidad administrativa a BN, toda vez que desconocer lo pactado por las partes en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, vulneraría la libertad contractual, ello porque los términos y condiciones determinados por el Banco estaban dirigidos a establecer responsabilidad por el uso del servicio de la tarjeta de débito, responsabilidad que como se deduce del conocimiento de las claves secretas, corresponde recaer exclusivamente sobre la esfera de la cliente titular de la misma por ser la única que tiene conocimiento de dichas claves, evitando con ello la actuación sin responsabilidad de una de las partes cuando tiene dominio del hecho. En el caso, el Banco no tiene dominio sobre el uso de la clave del cliente en las diferentes operaciones que su titular realice con la misma, por lo que los términos y condiciones pactadas son totalmente válidos de invocarse». OCTAVO: Sobre el particular, apreciamos que las alegaciones esgrimidas por el recurrente se encuentran referidas a cuestiones de hecho, como bien determinó el tribunal administrativo, por lo que no correspondían ser invocados en un recurso de revisión. En efecto, al manifestar el Banco de la Nación que no se consideró que el servicio fue prestado en función a las condiciones ofrecidas y pactadas en el contrato, y que toda operación efectuada con una tarjeta requiere del empleo de una clave secreta, entendiéndose con ello indubitablemente realizada; lo que pretendía era que se efectuara un nuevo examen de los hechos y de los medios probatorios actuados, específicamente, la nueva valoración del contrato de servicios bancarios suscrito con 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 la consumidora, a efecto de sustentar su posición referida a que las operaciones cuestionadas se ejecutaron con el empleo conjunto de la tarjeta y la clave secreta, las cuales eran de responsabilidad de la denunciante por encontrarse bajo su esfera de control; procurando con dicho razonamiento que se le exonere de responsabilidad. Asimismo, al mencionar que la idoneidad debió ser analizada considerando la naturaleza de las operaciones cuestionadas y los canales utilizados por la consumidora (ventanilla y cajero automático), así como, el hecho de que el recurrente cumplió con aportar los medios probatorios que estaban dentro de su competencia para acreditar la validez de tales operaciones; no cabe duda que buscaba un nuevo examen de dichas pruebas. En tal sentido, en lugar de precisar y fundamentar los presuntos errores de puro derecho incurridos por la Comisión al expedir la Resolución N.º 0766-2014/INDECOPI- LAL, el recurrente sustentó su recurso de revisión en cuestiones fácticas que no son objeto de análisis mediante dicho medio impugnatorio; circunstancia que no ha sido negada en la demanda; ni debidamente desvirtuada en el presente recurso de apelación. Por consiguiente, resulta arreglado a derecho que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación, puesto que el mismo no se ajustaba a los requisitos previstos en el tercer párrafo del artículo 125 del Código del Consumidor, citado en el quinto fundamento que antecede. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios glosados en los literales A), B) y C) del segundo fundamento que antecede, toda vez que los mismos carecen de asidero fáctico y jurídico. NOVENO: En consecuencia, dado que la acotada Resolución N.º 4109-2014/SPC- INDECOPI ha sido expedida conforme a ley, y no se encuentra incursa en ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N.º 27444, corresponde confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. III.- DECISIÓN: 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 14023-2015 Por lo expuesto: CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° 10, dictada el 30 de mayo de 2018, que declaró infundada la demanda de fecha 17 de marzo de 2015. En los seguidos por el Banco de la Nación contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -Indecopi y otra, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase.- JMWA/lvr WONG ABAD TORRES GAMARRA NÚÑEZ RIVA 9
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TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : LOPEZ MENDOZA PATRICIA VERONICA ESPECIALISTA : ORTIZ CASTILLO ELMERZON PIO DEMANDADO : INDECOPI , VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION , SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Lima, treinta de mayo de dos mil dieciocho VISTOS Puestos los autos en despacho para sentenciar, con el expediente administrativo que se tiene a la vista, sobre los actuados en el trámite de la demanda de Nulidad de Resolución Administrativo interpuesta por BANCO DE LA NACION S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, la señora Juez del 23 Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, emite la presente resolución con base en lo siguiente: PETITORIO DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fecha 17 de marzo de 2015, obrante a fojas cincuenta y cinco a setenta, el demandante BANCO DE LA NACION1 interpone demanda contra el INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA, a fin que se declare: Primera pretensión principal: 1 En adelante “El Banco o el demandante”. La nulidad total de la Resolución N° 4109-2014/SPC- INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,2 que declara improcedente el recurso de revisión contra la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI-LAL de fecha 20 de agosto de 2014, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad que confirma la Resolución Final N° 0207-2014/POo-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014. La nulidad total de la Resolución N° 0766-2014/INDECOPI- LAL de fecha 20 de agosto de 2014, expedida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi La Libertad, que confirma la Resolución Final N° 0207- 2014/PSO-INDECOPI-LAL de fecha 30 de abril de 2014, así como la nulidad total de esta última, expedida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad que dispuso, como medida correctiva ola devolución de S/873.00, multa de 5UIT, mas costos y costas.. Segunda pretensión accesoria: Se declare que el Banco de la Nación, no ha infringido el artículo 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA: 1. En la denuncia notificada a su representada, la señora Vargas sostiene que el día 20 de enero de 2014, refiere que al solicitar un movimiento de su cuenta de ahorros N° 04-781- 162707, se dio con la sorpresa que reportaba 02 disposiciones de efectivo que no reconoce, la primera por la suma de S/400.00 retirado por cajero automático el 04 de febrero de 2013 y la segunda por la suma de S/473.00 retirado por ventanilla el 4 de marzo de 2013 operaciones que hacen un monto total de S/873.00. 2. El Banco en su momento señaló que en el caso particular las operaciones cuestionadas fueron realizados operativamente de manera correcta, con el uso de la tarjeta y clave secreta de la denunciante, por lo que no se puede imputar ninguna responsabilidad respecto a la realización de las mismas. 2 En adelante “La Sala”. 3. El Indecopi sin embargo pese a los medios probatorios aportados por el Banco, sancionó a este con multa de 5 UIT y la devolución del monto S/873.00 mas costas y costos, bajo el supuesto de que el Banco no presentó los reportes de las operaciones emitidas por sus sistemas, que registran la información contenidas en el wincha auditora y el voucher por que no resulta suficiente para acreditar que las transacciones efectuadas el 4 de febrero de 2013 y 4 de marzo de de 2013 se efectuaron con el empleo conjunto de la tarjeta y clave secreta. 4. Del aplicativo Journal Electrónico adjuntado, se podrá apreciar que las operación materia de reclamo se realizó en el cajero automático N° 656 con presencia de la tarjeta de la denunciante y su clave secreta, sin reportar ningún error durante la operación. 5. Se debe tener en cuenta la inmediatez con la que la denunciante reclama, pues desde el punto de vista de un consumidor razonable resulta cuestionado que se reconozcan operaciones luego de casi 1 año de seguir utilizando su tarjeta y clave. 6. Respecto del retiro en ventanilla el usuario deberá presentar su tarjeta y la clave secreta y solo en caso de que la suma exceda a S/1501.00 se solicitará la identificación del titular de la tarjeta, esto es DNI y firmará el voucher de retiro. 7. Con la explicación anterior queda claro que la operación de retiro de efectivo por la suma de S/473.00 realizada el 4 de marzo de 2013 fue procesada con éxito, razón por la cual cuentan con la papeleta de convalidación o voucher emitida por sus sistemas que detalla la operación. 8. Se debe tener presenta que ninguna de las instancias, se resolvió su pedido de autorización para la presentación de los estados de cuenta de la cliente, que permitirían apreciar la conducta del denunciante, esto es si la señora hizo o no operaciones vía cajero o ventanilla regularmente y su comportamiento no es usual y que por ellos recaerá responsabilidad en el Banco, pues nada impide concluir que las operaciones no reconocidas por la cliente, se realizaron cumpliendo todas las medidas de seguridad exigidos. 9. Que solo el consumidor conoce su clave secreta e incluso puede cambiarla que conjuntamente con la tarjeta constituyen mecanismos de seguridad razonables para garantizar la seguridad de las transacciones efectuadas. 10. No obstante la Sala de Indecopi confirmó la resolución Final, 0207-2014/PSO:INDECOPI haciendo suyo sus fundamentos agregando que el Banco no ha probado causa objetiva y justificable que le exima de responsabilidad. 11. Posteriormente acudieron en revisión por interpretación errónea del artículo 18 y 19 del Código de Protección al Consumidor, pues no se puede interpretar como incumplimiento del deber de idoneidad del servicio, cuando este ha sido brindado por el Banco en función a las condiciones establecidas por las partes sobre el uso de la tarjeta. 12. El Tribunal declaró improcedente el recurso de revisión precisando que no puede analizar situaciones fácticas, cuando el Banco advirtió en el caso una interpretación que un servicio es inidóneo cuando se ha cumplido con el procedimiento regular de las operaciones. Lo decidido por la autoridad administrativa vulnera el principio del debido procedimiento cuando interpretan la norma de forma distinta, no actúan ni valoran los medios probatorios que ofreció la defensa del Banco. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SE INVOCA: Invoca como fundamentos de derecho lo dispuesto el artículo 139 inciso 3, del a Carta Magna; en el artículo 10° numeral 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; los artículos 1°, 2, 4° inciso 1, 5°, artículo 19° inc 1 de la Ley N° 27584 Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil. TRÁMITE DEL PROCESO ADMISORIO DE LA DEMANDA: Se admite a trámite la demanda- vía proceso especial- por Resolución Número Uno, de fecha 10 de abril del 2015, obrante en autos a fojas setenta y uno y siguiente, corriéndose el traslado de ley al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y al litisconsorte Flor Marleni Vargas Anticona. No obstante, por escrito 29 de abril de 2015, el Indecopi deduce excepción de incompetencia territorial y funcional, l absuelto que fue por el Banco de la Nación mediante escrito de fecha 9 de Junio del mismo año, por resolución número tres, del 17 de junio de 2015 se declaró fundada la excepción formulada y ordenaron la remisión del expediente al Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. Con fecha 30 de diciembre de 2015, mediante resolución número cuatro, esta Judicatura asume competencia para conocer del proceso de autos. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Por escrito de fojas noventa y nueve a ciento doce, el INDECOPI se apersona al proceso contestando la demanda interpuesta por Banco de la Nación, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido; solicitando en consecuencia, que ésta sea declarada infundada en base a los fundamentos de hecho y de derecho que precisan. SANEAMIENTO DEL PROCESO: Mediante Resolución Número seis de fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta, se declaró la rebeldía de la litisconsorte Flor Marleny Vargas Anticona, se saneó el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios, y se ordenó que se remitan los actuados al Ministerio Público para el dictamen de Ley. DICTAMEN FISCAL: La Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima, mediante Dictamen N° 900-2016 obrante de fojas ciento sesenta y dos a ciento sesenta y siete, emite opinión solicitando que se declare infundada la demanda en base a los fundamentos que contiene. AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR: Mediante Resolución Número siete del nueve de enero de dos mil diecisiete, se procedió a poner en conocimiento de las partes el contenido del Dictamen Fiscal, por resolución número ocho se dispuso que se pongan los autos a despacho para sentenciar; y, por resolución número nueve se concedió uso de la palabra al Banco demandante para que informe oralmente, con la constancia de su realización, corresponde que los autos reingresen al despacho para sentenciar. Siendo ello así, corresponde emitir la sentencia que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos: CONSIDERANDO PRIMERO.- DE LA FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Acorde con lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 del TUO la Ley 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo-, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado. En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no sólo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además se busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. 3 SEGUNDO: SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN El artículo 125 de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que “excepcionalmente, 3 MORÓN URBINA, Juan Carlos (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 5ta Edición. pg. 578, vid. artículo 218°: “Por regla del agotamiento de la vía administrativa, los administrados antes de acudir a cualquiera de los procesos judiciales, deben conocer previamente sobre lo ocurrido en su ámbito. La regla está concebida, para que las entidades administrativas tengan la oportunidad y la posibilidad de conocer y resolver sobre cualquier controversia que su actuación u omisión puedan producir en la esfera de intereses o derechos de los administrados, con anticipación a que sea sometido el diferendo a la función jurisdiccional.” hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal de Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley número 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.” De lo previsto en el Código se infiere que el recurso de revisión constituye un medio impugnatorio de naturaleza excepcional en el marco de los procedimientos sumarísimos, el cual procede únicamente contra los pronunciamientos de la Comisión que incurran en errores de puro derecho, sean estos en la presunta inaplicación o la aplicación errónea de las normas del Código; o, la inobservancia de precedentes de observancia o obligatoria observancia. TERCERO: Es preciso señalar del mismo modo cuales son las causales de presuntos errores de derecho referidos a las normas de protección al consumidor. Al respecto la Resolución N° 802-2011/INDECOPI, estableció cuatro causales de presuntos errores de derecho: a) Inaplicación, cuando no se aplica una norma de dicho cuerpo legislativo que corresponde al caso concreto; b) Aplicación indebida, cuando se aplica la norma que no corresponde al caso concreto, c) Interpretación errónea, cuando pese a aplicarse la norma pertinente al caso concreto, se le da una interpretación inexacta; o, d) Inobservancia de un precedente de observancia obligatoria. CUARTO: Del recurso de revisión se advierte que el Banco recurrente, sustenta su recurso básicamente en; a) la interpretación errónea del artículo 18 del Código de Protección al Consumidor; y, b) interpretación errónea del artículo 19 del mismo cuerpo legal. El Banco de la Nación argumenta en su recurso, reproducido básicamente en su demanda, que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero automáticos no constituye por si sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor brindó el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por las partes y haber aportado los medios probatorios que están dentro de su competencia que acreditan el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. Agrega que, debió evaluarse la naturaleza de las operaciones (ventanilla y cajero automático) y que por el tiempo transcurrido hasta la denuncia les impedía ofrecer los medios probatorios aparte de los ya presentados, sean imágenes, videos del momento en que el usuario estaría efectuado las operaciones. QUINTO: Si bien es suficiente para el recurrente en revisión, alegar un presunto error de derecho contenido en la decisión de la Comisión, sin necesidad de identificar con exactitud de cuál de los supuestos previstos en el Código se trata – en aplicación del Principio de informalismo recogido en la Ley 27444 -, del recurso del Banco de la Nación se observa que este si ha descrito e identificado con exactitud el supuesto error de derecho, esto es, interpretación errónea de la norma. No obstante, del contenido de sus argumentos, se aprecia claramente que su finalidad es alcanzar una nueva valoración de los medios probatorios aportados en el procedimiento administrativo, hecho que no está permitido en via de revisión, mas aun cuando a lo largo de sus fundamentos afirma que no habría aportado demás medios probatorios por el transcurso del tiempo desde las operaciones efectuadas por la usuaria (sean imágenes, videos , etc del momento en que el usuario está realizando las operaciones cuestionadas), de tal modo que se infiere que estos instrumentos si habrían permitido se le exima de la responsabilidad administrativa atribuida. SEXTO: Finalmente, en las resoluciones emitidas por las instancias inferiores, se ha aplicado las normas pertinentes a la idoneidad del servicio, sin que la autoridad realice interpretación de sus alcances, sino en mérito del caudal probatorio aportado por el Banco denunciado, dado que se le impone a éste la obligación de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del servicio brindado, se ha merituado en su momento los medios probatorios y aplicado las consecuencias jurídicas descritas en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y defensa del Consumidor. SÉPTIMO: En consecuencia, no se advierte que la Resolución N° 4109-2012014/SPC-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de 20154que confirma Resolución N° 1215-2014/CC1 del 30 de octubre de 2014, expedida por tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incurra en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo cual no procede amparar la presente demanda. DECISIÓN De conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, el VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre de la Nación: FALLA: DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas cincuenta y cinco a setenta , interpuesta por el BANCO DE LA NACION contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – INDECOPI y FLOR MARLENY VARGAS ANTICONA sobre nulidad de acto administrativo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución archívese definitivamente los autos. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público. Avocándose la Juez que suscribe por disposición superior.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Avenida Nicolás de Piérola N.° 608 cruce con jirón Rufino Torrico N.° 837, piso 4 de la sede “Rabanal Backus” en el distrito de Cercado de Lima-Lima EXP. EJE N.° : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 Materia : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Jueza : Edwin Bautista Dipaz Especialista Legal : David Alejandro Reyes Montero Solicitante : Banco de la Nación Afectado : INDECOPI RAZÓN SEÑOR MAGISTRADO En cumplimiento de mis funciones, informo a Usted lo siguiente: 1) Que, el día 08 de marzo del 2023, por disposición superior, se me ha asignado la presente solicitud cautelar pendiente de calificación. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes; 2) Que, de la revisión del seguimiento del expediente judicial principal signado con código 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 en el Sistema Integrado Judicial-SIJ, se advierte que por Resolución Número DIECISIETE de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintidós, la Sala resolvió confirmar la Resolución Número Diez a través de la cual se DECLARÓ INFUNDADA en todos los extremos la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN, contra INDECOPI y Flor Marleni Vargas Anticona; y, 3) Que, mediante Resolución Número 02 del día 10 de mayo de 2018, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado declaró la nulidad de lo actuado en el presente proceso cautelar hasta la Resolución Nro. DOS de fecha 17 de julio de 2015 y dispuso se emita nueva resolución. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes. Lima, 3 de abril de 2023 RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE Lima, tres de abril del dos mil veintitrés. - PUESTOS LOS AUTOS A DESPACHO.- Estando a la razón que antecede, téngase presente; y al Escrito N° 57384-2022 del 20 de junio del 2022 y al Escrito N° 69660-2022 de fecha 19 de julio de 2022, presentados por el solicitante Banco de la Nación.- A lo expuesto: .- Téngase presente, Y, ATENDIENDO: Primero: Que, el Banco de la Nación S.A. solicita Medida Cautelar de No Innovar dentro del proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra Flor Marleni Vargas Anticona, con el objeto: “Se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.14 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intectual que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.14 emitida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI La Libertad que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y de la Resolución Final N° 0207-2014/PS0- INDECOPI-LAL del 30.04.14, con la que declarara fundada la denuncia y sanciona al Banco -entre otros- con el pago de una multa de 05 UIT’s (…)”. Página 1 de 4 Segundo: Respecto a las medidas cautelares, de conformidad con el artículo 38° del TUO de la Ley N° 27584: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley” (el énfasis es agregado) Tercero: El artículo 35° de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dice: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley”, Y el T.U.O del Código Procesal Civil establece: “ Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar (...)”. “ Características de la medida cautelar.- Artículo 612.- Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable” Cuarto: Sobre las características de la verosimilitud en el derecho e instrumentalidad de la medida cautelar; Monroy, J.1 explica: “a) Lo verosímil es aquello que parece que es, es decir, lo que guarda apariencia de ser algo, sin que necesariamente afirmemos que es aquello que parece. Cuando se pide una medida cautelar, el juez debe esperar del peticionante que éste lo persuada que aquello que pretende en su demanda va a ser aceptado por el juez al final del proceso. La persuación no tiene que ser definitiva, si así fuera, el juez debería sentenciar tan sólo al recibir la demanda v la medida cautelar; como no es así, la medida debe ser provisional y permitir al juez considerar la posibilidad que la demanda va a ser amparada al final del proceso, por lo que resulta pertinente asegurar el cumplimiento del falle. Por eso, el juez debe conceder una medida cautelar, sólo cuando el peticionante le presente una apariencia de derecho que Jo persuada de un futuro resultado favorable. Este requisito - la apariencia de derecho - puede estar contenido en un instrumento público, un instrumento privado o de pronto, en la contundencia con que están descritos los hechos que sustentan la pretensión en la demanda. En cualquier caso, se trata de un requisito cuya evaluación no es posible normarla, sólo está sometida a la decisión del juzgador que, para no ser arbitraria, deberá estar expresada en la resolución cautelar o en la denegatoria.” Agrega: “b) Otro rasgo de la medida cautelar es su instrumentalidad. Esto significa que la medida es expedida para servir a otro objetivo más importante, no es un fin en sí misma. En este caso, la medida es un instrumento del fallo definitivo, está al servicio de él, existe sólo para asegurar su cumplimiento. Esta es la razón por la que una vez expedido el fallo, la medida cautelar deja de existir, incluso algunas veces sirve como punto de partida del proceso de ejecución del fallo. Otras veces, 1 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P. 43. Recuperado de file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196-Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf Página 2 de 4 dejará de existir cuando ya no sea posible se produzca un fallo, por ejemplo, cuando el actor se desiste de su pretensión.” 2 En el Exp. 36425-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos 06/04/00 se indica: “Toda medida cautelar está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; significando ello, que tiene sustento y razón de ser, si está destinada a asegurar el cumplimiento del fallo a emitirse en el proceso principal, de tal manera que si la pretensión demandada en este último es desestimada entonces la medida cautelar deja de tener su razón de ser y vigencia.”3 (El subrayado es nuestro). A mayor abundamiento cabe citar a Calamandrei4 que desarrolla: “(...) en las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar del derecho, es la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son en efecto de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento.” Por consiguiente, las medidas cautelares por su carácter provisorio e instrumental dependen de la existencia de un proceso principal, estando subordinadas a lo que se fuera a resolver en el; y al ser accesorias, de haberse concedido se mantienen, mientras exista apariencia de verdad en el derecho invocado; de no ser así es dejada sin efecto. Quinto: Que, conforme a lo informado en la razón que antecede, revisado el Sistema Integrado Judicial -SIJ- del Poder Judicial se verifica que en el Expediente N° 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 (principal), se ha expedido RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE,(Sentencia de Vista) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que Confirma la Sentencia (Resolución Número Diez) que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN contra INDECOPI y FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA, la misma que se anexa al presente expediente cautelar en copia certificada. Sexto: En tal sentido, estando a que ha sido desestimada la demanda, dando la razón jurídica y fáctica a la parte demandada, ha dejado de existir verosimilitud en el derecho invocado; y dado el carácter provisorio e instrumental de la medida cautelar ha perdido su finalidad, esto es, la de garantizar la eficacia de lo que se fuera a resolver en el principal; debiendo seguir la suerte de éste; por tanto, corresponde rechazar la medida cautelar. En consecuencia, por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: 2 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P.45. file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196- Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf 3 Citada en Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Lima 2005, T. 6. p. 657). 4 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares. Buenos Aires, El Foro, 1996, p. 45. Página 3 de 4  RECHAZAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR – dentro del proceso - planteada por la empresa solicitante BANCO DE LA NACIÓN, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, devuélvase a la parte interesada los Anexos (siempre y cuando hayan sido adjuntados de forma física y original) de la solicitud de Medida Cautelar al tercer día hábil de notificado; y, archívese definitivamente los actuados. Interviniendo la Señora Juez Titular que suscribe; y, el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior; NOTIFÍQUESE.- Página 4 de 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	23° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN ESPECIALISTA : LUJAN JARA, JUAN ANDRES DEMANDADO : INDECOPI VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ: Lima, 18 de mayo de dos mil veintidós. DADO CUENTA en la fecha; AUTOS y VISTOS: Con la Resolución Número DOS, del 10 de mayo del dos mil dieciocho, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado, declara nulo lo actuado hasta el auto que admite la solicitud cautelar (RES. NRO. 2), del 17 de julio de dos mil quince, emitida por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; y repone la causa al estado que corresponde, ordenando que se proceda a calificar nuevamente la solicitud cautelar; y, atendiendo: PRIMERO: Para acceder al instituto de la Medida Cautelar debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo No. 1067: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, (…).”; en concordancia con el tercer párrafo del artículo 608° del Código Procesal Civil que dice: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.” SEGUNDO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 177 a 193, BANCO DE LA NACIÓN solicita se le conceda MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA a efecto de que se suspendan los efectos de la Resolución No. 4109-2014/SPC-INDECOPI, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como la Resolución No. 00766-2014/INDECOPI-LAL, que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y la Resolución Final No. 0207-2014/PSO-INDECOPI-LAL, con la que se declaró fundada la denuncia y sanciona al Banco entre otros, con el pago de una multa de 5 UIT, resoluciones impugnadas en el proceso principal; y como consecuencia de la suspensión solicitada, solicitan además se ordene la suspensión de los actos de ejecución coactiva iniciados por INDECOPI a través del área de Ejecución Coactiva en el Expediente No. 20150000001400, en donde se les requiere con la Esquela No. 000583-2015/GAF-AEC-INDECOPI del 11 de mayo de 2015 iniciada por el INDECOPI en la cual se les ordena el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva. TERCERO: En esa orden de idea, se desglosa que la solicitud de medida cautelar importa un prejuzgamiento, es provisoria, instrumental y variable; además, la sumariedad es característica de toda medida cautelar, lo cual implica menores exigencias para su admisibilidad - debido a la simpleza estructural de este proceso, en el que no existe bilateralidad ni contradicción-; sin embargo, ello no implica que se deba dejar de exigir ciertos requisitos mínimos para su trámite. Para la calificación inicial y admisión de una medida cautelar ésta debe contar con los requisitos contenidos en los artículos 610°, 611°, 613° (artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 29384), 635°, 640° y demás pertinentes establecidos por el Código Procesal Civil (norma aplicable de manera supletoria al presente proceso); además, de lo preceptuado en el artículos 36° de la Ley No. 27584 en concordancia con el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019- JUS. CUARTO: La DÉCIMO TERCERA disposición de la Resolución Administrativa No. 000002-2022-CE-PJ, que fija los valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año 2022 y aprueban el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2022, señala lo siguiente: “No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; así como las empresas regionales o municipales, con excepción de ESSALUD.”; advirtiéndose que el Banco de la Nación pertenece al ámbito de FONAFE, está obligado a presentar el arancel correspondiente por presentación de medida cautelar; norma vigente desde el año 2015, cuando se plantea la Solicitud Cautelar. De la revisión de los actuados se observa que el banco de la nación no acompaña el arancel por presentación de mediada cautela, que se emiten desde los S/. 460.00 Soles, hecho que no fue advertido por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; por lo que conforme a lo solicitado, se deberá adjuntar arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022, en cumplimento de la mencionada resolución administrativa. QUINTO: Respecto a la contracautela, el Código Procesal Civil señala lo siguiente: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que sea proporcional y eficaz. Esta forma de contracautela es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario respectivo.” (El subrayado es nuestro). Al respecto, se advierte que el demandante no ha cumplido con apersonar a su apoderado con las facultades correspondientes para legalizar su firma; en el presente caso este Juzgado considera que por el banco de la nación, es una entidad privada de derecho público, está obligada presentar contráetela. SEXTO: En ese sentido, del análisis del presente cuaderno cautelar (existiendo un proceso principal en trámite), PREVIO A ANALIZAR EL FONDO DEL PEDIDO; corresponde emitir pronunciamiento en relación a los requisitos y/o formalidades que la ley exige para la presentación de ésta clase de medida cautelar, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, se solicita lo siguiente: 1. Adjuntar el arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022. 2. Cumpla con legalizar su firma ante el Especialista Judicial a cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613° del Código Procesal Civil, debiendo apersonarse al local del Juzgado dentro del horario de atención establecido. SÉTIMO: En consecuencia, conforme a lo expuesto en las consideraciones precedentes, al ser necesario que los requisitos y/o formalidades de toda solicitud de medida cautelar deben cumplirse para la admisión de la misma y estando a que la pretensión cautelar no cuenta con los requisitos y formalidades establecidas por Ley; se resuelve: Declarar INADMISIBLE la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR DENTRO DEL PROCESO, planteada por el BANCO DE LA NACION, concediéndose a la solicitante el plazo de TRES (3) DÍAS, a efectos de que subsane las observaciones advertidas en la presente resolución, bajo apercibimiento de RECHAZARSE la misma. Avocándose al conocimiento del presente proceso al Juez que suscribe la presente resolución, por mandato superior. Notifíquese.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11114444000022223333----2222000011115555----22227777 MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: NNNNUUUULLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN OOOO AAAACCCCTTTTOOOO AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS AAAALLLLBBBBEEEERRRRTTTTOOOO VVVVEEEERRRRAAAA IIIINNNNGGGGAAAA DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO SSSS :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII YYYY FFFFLLLLOOOORRRR MMMMAAAARRRRLLLLEEEENNNNYYYY VVVVAAAARRRRGGGGAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCOOOONNNNAAAA RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa:::: En cumplimiento de mis funciones, habiendo asumido el cargo de Especialista Legal a partir del 08 de mayo del presente año, informo a Usted, que de la revisión de autos y del Sistema Integrado Judicial SIJ se advierte que existe un escrito pendiente de proveer, el cual ha sido presentado dentro del plazo otorgado. Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes. Lima, 26 de julio del 2017. RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO OOOOCCCCHHHHOOOO: Lima, veintiséis de julio del dos mil diecisiete.- DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha, estando a lo expuesto en la razón que antecede, téngase presente; AAAAllll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa qqqquuuuiiiinnnncccceeee ddddeeee mmmmaaaayyyyoooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee; Que, mediante el presente escrito el demandante cumple son subsanar el recurso impugnatorio interpuesto, el mismo que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia dentro del plazo de Ley, conforme a lo señalado en los artículos 364°, 365°, 366°, 368°, 372, 377° y 637° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; en consecuencia, CCCCOOOONNNNCCCCÉÉÉÉDDDDAAAASSSSEEEE el recurso de apelación, SSSSIIIINNNN EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOO SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIVVVVOOOO YYYY SSSSIIIINNNN LLLLAAAA CCCCAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE DDDDIIIIFFFFEEEERRRRIIIIDDDDAAAA, interpuesto por la demandante contra el auto contenido en la Resolución N° 06, que resuelve declarar FUNDADA LA OPOSICION A MEDIDA CAUTELAR; y por lo tanto: FFFFÓÓÓÓRRRRMMMMEEEESSSSEEEE eeeellll CCCCuuuuaaaaddddeeeerrrrnnnnoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn con copia certificada de las siguientes piezas procesales: 1111)))) El escrito de solicitud cautelar y sus respectivos anexos; 2222)))) La resolución Página 1111 de 2222 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus número UNO de fecha 15 de junio del 2015, con su respectivo cargo de notificación física; 3333)))) La resolución número DOS de fecha 17 de julio del 2015, con sus respectivos tres cargos de notificación física; 4444)))) Las piezas procesales de fojas 164 a 244; 5555)))) El escrito de fecha 07 de setiembre del 2015, presentado por INDECOPI; 6666)))) La resolución número CUATRO de fecha 12 de enero del 2016, con sus respectivos cuatro cargos de notificación física y su cargo de notificación electrónica; 7777)))) El escrito de fecha 19 de febrero del 2016, presentado por el BANCO DE LA NACION; 8888)))) La resolución número SEIS de fecha 13 de octubre del 2016, con su respectivos tres cargos de notificación física; 9999)))) El escrito de fecha 24 de octubre del 2016, presentado por el BANCO DE LA NACION; 11110000)))) La resolución número SIETE, de fecha 31 de MARZO del 2017, con su respectivo cargo de notificación física y su cargo de notificación electrónica; y 11111111)))) La presente resolución y sus respectivos cargos de notificación física y electrónica; EEEEnnnn ccccoooonnnnsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa:::: EEEELLLLÉÉÉÉVVVVEEEESSSSEEEE el cuaderno de apelación al Superior Jerárquico con la debida nota de atención, bajo responsabilidad, inmediatamente sean devueltos los cargos de notificación. Interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE....---- Página 2222 de 2222
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE NNNN°°°° :::: 11114444000022223333----2222000011115555 EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: MMMMAAAAGGGGÁÁÁÁNNNN CCCCOOOOLLLLUUUUMMMMBBBBUUUUSSSS,,,, DDDDAAAAVVVVIIIIDDDD MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: NNNNUUUULLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN OOOO AAAACCCCTTTTOOOO AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVOOOO DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA NNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII yyyy FFFFLLLLOOOORRRR MMMMAAAARRRRLLLLEEEENNNNYYYY VVVVAAAARRRRGGGGAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCOOOONNNNAAAA RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrr MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddoooo:::: En cumplimiento de mis funciones, hago de su conocimiento que por las recargadas labores por motivo de la huelga judicial, doy cuenta en la fecha. Por otro lado, el demandante interpone recurso de apelación y no adjunta tasa por derecho de notificación y por apelación de autos, porque manifiesta que se encuentra exonerado por ser una entidad estatal. Es todo cuanto tengo que informar para los fines de Ley.- Lima, marzo 31 del 2017 RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSIIIIEEEETTTTEEEE: Lima, marzo 31 del 2017.- DDDDAAAADDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; aaaallll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 22224444 ddddeeee ooooccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeeellll 2222000011116666:::: Que en el presente escrito el BANCO DE LA NACIÓN, dentro el plazo de ley interpone recurso de apelación de la Resolución N° 06 que resuelve declarar fundada la oposición formulada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI contra la resolución número dos que concede la Medida Cautelar de Innovar; y de la revisión del cargo de ingreso de escrito se precisa que no acompaña el arancel derecho de notificación correspondiente para cada una de las partes, ni el arancel judicial correspondiente para interponer recurso de apelación de autos; AAAAllll pppprrrriiiimmmmeeeerrrr oooottttrrrroooossssíííí:::: por presentadas; AAAAllll Página 1 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus sssseeeegggguuuunnnnddddoooo oooottttrrrroooossssíííí:::: Con relación a la exoneración del pago de tasas judiciales que señala que lo está por ser una entidad perteneciente al Poder Ejecutivo conforme al artículo 3° de la Ley N° 26846; sin embargo el inciso k) del artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa Nº 001-2016-CE- PJ de fecha ocho de enero del dos mil dieciséis y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el doce de enero del mismo año (Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable 2016) establece: “No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado, con accionariado íntegramente público o mayoritariamente público que se encuentran dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE (…)”; que el Banco de Nación forma parte del FONAFE por tanto de conformidad con el artículo 367° del Código Procesal Civil SE RESUELVE: Declarar IIIINNNNAAAADDDDMMMMIIIISSSSIIIIBBBBLLLLEEEE el recurso de apelación, por tanto CCCCUUUUMMMMPPPPLLLLAAAA con presentar la tasa por derecho de notificación para cada una de las partes, y el arancel judicial para interponer recurso de apelación de autos en el plazo de CCCCIIIINNNNCCCCOOOO DDDDIIIIAAAASSSS,,,, bajo apercibimiento de declarar por rechazado. AAAAllll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 00005555 ddddeeee eeeennnneeeerrrroooo ddddeeeellll 2222000011117777:::: A lo solicitado por el INDECOPI estese a lo resuelto en la Resolución N° SEIS que declara fundada la oposición y deja sin efecto la medida cautelar; decisión que ha sido materia de recurso de apelación, declarado inadmisible por esta resolución y que de ser subsanada se concedería sin efecto suspensivo, como lo regula el último párrafo del Página 2 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus artículo 637 del Código Procesal Civil. Interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior. Por esta única vez, se deja constancia de la severa llamada de atención verbal al especialista por la excesiva demora incurrida, y se le exhorta a dar cuenta de los escritos dentro del plazo de ley; de lo contrario se pondrá en conocimiento del órgano de Control para las sanciones disciplinarias respectivas de ser el caso. NNNNOOOOTTTTÍÍÍÍFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE eeeennnn eeeellll ddddííííaaaa yyyy bbbbaaaajjjjoooo rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaadddd ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll ddddeeeellll sssseeeerrrrvvvviiiiddddoooorrrr OOOOssssccccaaaarrrr GGGGuuuueeeevvvvaaaarrrraaaa SSSSaaaallllaaaassss....---- Página 3 de 3
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolas de Pérola com Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 14023-2015-27 DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION DEMANDADOS : INDECOPI Y OTRO ESPECIALISTA : RAISA L. FLORES BOCANEGRA RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS: Lima, trece de octubre de dos mil dieciséis.- DADO CUENTA en la fecha; AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO: PRIMERO: El artículo 637° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, dispone: “(…) Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo.” (El subrayado es nuestro); en ese sentido, lo que se pretende con dicho acto procesal es generar la posibilidad de contradictorio en un proceso cautelar, permitiendo al afectado con la medida cautelar ejercer su derecho de defensa. SEGUNDO: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, mediante escrito del siete de setiembre de dos mi quince, formula OPOSICIÓN, solicitando se deje sin efecto la resolución número dos, que concede la medida cautelar a favor del BANCO DE LA NACIÓN, alegando: 1 (cid:1) El Juzgado ha violentado su derecho al Debido Proceso, debido a que la resolución número dos adolece de error de fundamentación, careciendo de la motivación adecuada, requisito obligatorio en toda decisión jurisdiccional; no dando a conocer las razones o los fundamentos legales que consideró se encontraban presentes en la solicitud del banco, los presupuestos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. (cid:1) El Juzgado ha interpretado de forma errónea el presupuesto de verosimilitud del derecho invocado, ya que ha considerado que con el solo hecho de existir un procedimiento coactivo, es suficiente para declarar que existe verosimilitud en el derecho, siendo que para que exista se requiere de factores adicionales, sin llegar a analizar el fondo de la controversia. (cid:1) De la lectura de la solicitud cautelar, ésta gira en torno a los mismos fundamentos y hechos invocados en su escrito de demanda, no habiéndose aportado ningún dato nuevo ni prueba con la cual pueda hacer creer al Juzgador que el derecho le asiste y que le correspondía la concesión de la medida cautelar. (cid:1) INDECOPI tiene la verosimilitud del derecho al contar con tres resoluciones administrativas expedidas por sus Órganos Resolutivos de forma autónoma respetando en todo momento el debido procedimiento administrativo que encontró responsabilidad en la ahora demandante por los hechos que ahora pretende desvirtuar. (cid:1) La existencia de una resolución pendiente de ejecución, no es producto de una arbitrariedad de la administración pública, sino todo lo contrario, pues obedece a que el actual demandante infringió los derechos de los consumidores, motivo por el cual en el procedimiento instaurado en su contra, se le encontró responsable y fue sancionada, calificando su conducta como grave. TERCERO: La solicitante con escrito del siete de setiembre de dos mil quince, absuelve el traslado de la medida cautelar argumentando: 2 (cid:1) De la resolución número dos del diecisiete de julio de dos mil quince se aprecia que el Juzgado de origen ha fundamentado cada uno de los requisitos indispensables para aceptar una medida cautelar, además de encontrarse debidamente fundamentados, ha citado doctrina en la cual ampara su decisión, motivo por el cual el fallo se encuentra debidamente motivado. (cid:1) Con relación a la verosimilitud del derecho invocado, con la pruebas que aportaron en el proceso judicial y en la solicitud cautelar ha demostrado que su pretensión tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada la demanda de nulidad de resolución administrativa, considerando que el INDECOPI emitió decisiones absolutamente arbitrarias e ilegales, al no valorar debidamente las pruebas aportadas dentro del procedimiento administrativo, vulnerando los principios del Debido Procedimiento y de Verdad Material. (cid:1) La instancia administrativa debió actuar y valorar debidamente las pruebas presentadas a lo largo del procedimiento administrativo, más aún cuando la producción y valoración de las pruebas estas vinculadas a la motivación de las decisiones y al resultado, dado que su consideración definirá el sentido de la decisión final. (cid:1) Con relación al peligro en la demora, el Juzgado bien señala que existe la posibilidad de que si no se suspende la ejecución coactiva respecto de la sanción administrativa, la actora se vería obligada a cancelar la multa, con lo cual tendría que desembolsar una suma de dinero, ocasionándose un perjuicio irreparable para el ejercicio oportuno de sus derechos; asimismo resulta razonable y amparable la solicitud cautelar solicitada, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la resolución numero dos del trece de agosto de dos mil quince, en el presente escrito, en la demanda y en la solicitud cautelar. 3 CUARTO: El Primer Juzgado Especializado Civil – Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad concedió Medida Cautelar de Innovar principalmente por los siguientes fundamentos: “(…) Así, analizando el caso, existe la apariencia del derecho reclamado por parte del peticionarte de la medida cautelar, toda vez que de las documentales aparejadas al presente escrito cautelar, se apreciaría el cuestionamiento de unos pronunciamientos [resoluciones administrativas] al interior de un Procedimiento de Ejecución Coactiva el cual se inició como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL del 30.04.2014; mediante el cual se dispuso sancionar al Banco de la Nación con una multa ascendente a 05 UIT’s, resolución que fue confirmada por el INDECOPI a través de la Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.2014; siendo que, posteriormente, fue materia de Recurso de Revisión ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, la cual declaró improcedente el mismo a través de la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.2014. (…) Siendo así, teniendo en cuenta que la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.2014, Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.2014 y la Resolución Final N° 0207- 2014/PS0-INDECOPI-LAL del 30.04.2014, las cuales habrían sido emitidas dentro de un procedimiento de Ejecución Coactiva, y que son materia de de cuestionamiento a través de un Proceso Contencioso Administrativo conforme se apreciaría de la demanda [FOLIO 227-242] y la resolución que admitió a trámite la demanda [FOLIO 243-244]; y estando al dispositivo legal antes invocado numeral 23.3 del artículo 23° de la Ley N° 26979 -Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva- , modificado mediante Ley N° 30185, es que resulta verosímil el derecho que invoca la parte peticionante de la medida cautelar. (…)”; de lo que se observa que el Juzgado de origen se basó en lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva que dice: “El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a continuación: (…)” 23.3. La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley. (…); sin embargo no resultaría aplicable puesto que no es materia de 4 autos la revisión del procedimiento de ejecución coactiva, sino el procedimiento administrativo en el que se expidieron la Resolución N° 4109-2015/SPC-INDECOPI, la Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL y la Resolución Final N° 0207- 2014/PS0-INDECOPI-LAL impugnadas en la demanda; por lo que se procede a evaluar la verosimilitud del derecho que se invoca. QUINTO: El artículo 125° de la Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala: “(…) La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según correspondía constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo (…) Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados.”; y el artículo 126: “El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas (…) c. La resolución de la correspondiente comisión o, de ser el caso, del Tribunal da por agotada la vía administrativa.” De lo que se desprende que se agota la vía administrativa con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor como segunda instancia administrativa; empero de optarse por formular recurso de revisión el acto administrativo expedido por el Tribunal causa estado; y solo cabe cuando se cuestiona la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código o no se ha respetado los precedentes de observancia obligatoria; por lo que de impugnarse vía acción contencioso administrativa la controversia se limita a ello. 5 SEXTO: La Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI, que desestima el Recurso de revisión se ampara en lo siguiente: “(…) 11. Así, pese a que el recurrente menciona en su recurso un presunto error de derecho consistente en la correcta interpretación de los artículos 18° y 19° del Código, de una lectura integral de los alegatos del Banco se puede deducir claramente que su pretensión es la revisión de aquellas cuestiones que ya han sido merituadas, valoradas y juzgadas por las instancias previas, con la finalidad de que esta Sala analice su responsabilidad respecto de las operaciones de transferencia cargadas a la cuenta de la denunciante. 12 Al respecto, es importante señalar que en vía de revisión está descartada la evaluación de circunstancias puramente fácticas, pues la Sala debe hacer suyo el razonamiento de la Comisión sobre las cuestiones dilucidadas en el procedimiento, centrando su análisis exclusivamente en la calificación jurídica de estas por la segunda instancia administrativa. (…)”. SÉTIMO: El Banco de la Nación, en el recurso de revisión, a folios veintinueve, señala: “(…), consideramos que el deber de idoneidad, debió ser analizado por la Comisión a la luz de los términos y condiciones plateadas por BN y lo aceptado por el usuario en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, y no en virtud a la falta de una carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor en el sentido que acredite que la operación cuestionada fue de responsabilidad del usuario del servicio. (…), consideramos que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria del servicio no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero automático no constituye por sí sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor ha brindando el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por las partes y ha cumplido con aportar los medios probatorios que están dentro de su competencia para acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. (…), cuestionamos la interpretación brindada por la Comisión y la imputación de responsabilidad administrativa a BN, toda vez que desconocer lo pactado por las partes en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, vulneraria la libertad contractual, ello porque los términos y condiciones determinados por el Banco estaban dirigidos a establecer responsabilidad por el uso del servicio de la tarjeta de débito, responsabilidad que como se deduce del conocimiento de las claves secretas, corresponde recaer exclusivamente sobre la esfera de 6 la cliente titular de la misma por ser la única que tiene conocimiento de dichas claves, evitando con ellos de la actuación sin responsabilidad de una de las partes cuando tiene dominio del hecho.” (El subrayado es nuestro). OCTAVO: El artículo 18° del Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571, dispone: “Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.”; el artículo 19°: “El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.” (El subrayado es nuestro). NOVENO: De lo anteriormente expuesto al parecer la actora estaría cuestionando el razonamiento de la Autoridad Administrativa al aplicar el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pretendiendo se valore nuevamente los medios probatorios aportados en sede administrativa, como los términos y condiciones del contrato de servicios de cuentas de ahorro y otros, que demostrarían el cumplimiento de los mecanismos de seguridad que validan las operaciones y no en virtud que no han probado la regularidad de las transacciones, es decir si éstas se efectuaron con la presencia física de la tarjeta de débito y la 7 digitación de la clave secreta; no observándose, por el momento, cuál sería la correcta interpretación de la norma que no se tuvo en cuenta o que norma del Código se dejó de aplicar; no acreditándose por tanto la verosimilitud del derecho invocado, por lo que debe amparase la oposición planteada; en consecuencia, SE RESUELVE: Declarar FUNDADA LA OPOSICIÓN formulada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI contra la resolución número dos que concede la Medida Cautelar de Innovar; en consecuencia DÉJESE SIN EFECTO y consentida o ejecutoriada que sea la presente, ARCHÍVESE definitivamente los autos, remitiéndose al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior. Notifíquese.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Avenida Nicolás de Piérola N.° 608 cruce con jirón Rufino Torrico N.° 837, piso 4 de la sede “Rabanal Backus” en el distrito de Cercado de Lima-Lima EXP. EJE N.° : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 Materia : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Jueza : Edwin Bautista Dipaz Especialista Legal : David Alejandro Reyes Montero Solicitante : Banco de la Nación Afectado : INDECOPI RAZÓN SEÑOR MAGISTRADO En cumplimiento de mis funciones, informo a Usted lo siguiente: 1) Que, el día 08 de marzo del 2023, por disposición superior, se me ha asignado la presente solicitud cautelar pendiente de calificación. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes; 2) Que, de la revisión del seguimiento del expediente judicial principal signado con código 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 en el Sistema Integrado Judicial-SIJ, se advierte que por Resolución Número DIECISIETE de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintidós, la Sala resolvió confirmar la Resolución Número Diez a través de la cual se DECLARÓ INFUNDADA en todos los extremos la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN, contra INDECOPI y Flor Marleni Vargas Anticona; y, 3) Que, mediante Resolución Número 02 del día 10 de mayo de 2018, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado declaró la nulidad de lo actuado en el presente proceso cautelar hasta la Resolución Nro. DOS de fecha 17 de julio de 2015 y dispuso se emita nueva resolución. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes. Lima, 3 de abril de 2023 RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE Lima, tres de abril del dos mil veintitrés. - PUESTOS LOS AUTOS A DESPACHO.- Estando a la razón que antecede, téngase presente; y al Escrito N° 57384-2022 del 20 de junio del 2022 y al Escrito N° 69660-2022 de fecha 19 de julio de 2022, presentados por el solicitante Banco de la Nación.- A lo expuesto: .- Téngase presente, Y, ATENDIENDO: Primero: Que, el Banco de la Nación S.A. solicita Medida Cautelar de No Innovar dentro del proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra Flor Marleni Vargas Anticona, con el objeto: “Se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.14 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intectual que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.14 emitida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI La Libertad que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y de la Resolución Final N° 0207-2014/PS0- INDECOPI-LAL del 30.04.14, con la que declarara fundada la denuncia y sanciona al Banco -entre otros- con el pago de una multa de 05 UIT’s (…)”. Página 1 de 4 Segundo: Respecto a las medidas cautelares, de conformidad con el artículo 38° del TUO de la Ley N° 27584: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley” (el énfasis es agregado) Tercero: El artículo 35° de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dice: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley”, Y el T.U.O del Código Procesal Civil establece: “ Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar (...)”. “ Características de la medida cautelar.- Artículo 612.- Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable” Cuarto: Sobre las características de la verosimilitud en el derecho e instrumentalidad de la medida cautelar; Monroy, J.1 explica: “a) Lo verosímil es aquello que parece que es, es decir, lo que guarda apariencia de ser algo, sin que necesariamente afirmemos que es aquello que parece. Cuando se pide una medida cautelar, el juez debe esperar del peticionante que éste lo persuada que aquello que pretende en su demanda va a ser aceptado por el juez al final del proceso. La persuación no tiene que ser definitiva, si así fuera, el juez debería sentenciar tan sólo al recibir la demanda v la medida cautelar; como no es así, la medida debe ser provisional y permitir al juez considerar la posibilidad que la demanda va a ser amparada al final del proceso, por lo que resulta pertinente asegurar el cumplimiento del falle. Por eso, el juez debe conceder una medida cautelar, sólo cuando el peticionante le presente una apariencia de derecho que Jo persuada de un futuro resultado favorable. Este requisito - la apariencia de derecho - puede estar contenido en un instrumento público, un instrumento privado o de pronto, en la contundencia con que están descritos los hechos que sustentan la pretensión en la demanda. En cualquier caso, se trata de un requisito cuya evaluación no es posible normarla, sólo está sometida a la decisión del juzgador que, para no ser arbitraria, deberá estar expresada en la resolución cautelar o en la denegatoria.” Agrega: “b) Otro rasgo de la medida cautelar es su instrumentalidad. Esto significa que la medida es expedida para servir a otro objetivo más importante, no es un fin en sí misma. En este caso, la medida es un instrumento del fallo definitivo, está al servicio de él, existe sólo para asegurar su cumplimiento. Esta es la razón por la que una vez expedido el fallo, la medida cautelar deja de existir, incluso algunas veces sirve como punto de partida del proceso de ejecución del fallo. Otras veces, 1 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P. 43. Recuperado de file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196-Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf Página 2 de 4 dejará de existir cuando ya no sea posible se produzca un fallo, por ejemplo, cuando el actor se desiste de su pretensión.” 2 En el Exp. 36425-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos 06/04/00 se indica: “Toda medida cautelar está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; significando ello, que tiene sustento y razón de ser, si está destinada a asegurar el cumplimiento del fallo a emitirse en el proceso principal, de tal manera que si la pretensión demandada en este último es desestimada entonces la medida cautelar deja de tener su razón de ser y vigencia.”3 (El subrayado es nuestro). A mayor abundamiento cabe citar a Calamandrei4 que desarrolla: “(...) en las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar del derecho, es la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son en efecto de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento.” Por consiguiente, las medidas cautelares por su carácter provisorio e instrumental dependen de la existencia de un proceso principal, estando subordinadas a lo que se fuera a resolver en el; y al ser accesorias, de haberse concedido se mantienen, mientras exista apariencia de verdad en el derecho invocado; de no ser así es dejada sin efecto. Quinto: Que, conforme a lo informado en la razón que antecede, revisado el Sistema Integrado Judicial -SIJ- del Poder Judicial se verifica que en el Expediente N° 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 (principal), se ha expedido RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE,(Sentencia de Vista) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que Confirma la Sentencia (Resolución Número Diez) que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN contra INDECOPI y FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA, la misma que se anexa al presente expediente cautelar en copia certificada. Sexto: En tal sentido, estando a que ha sido desestimada la demanda, dando la razón jurídica y fáctica a la parte demandada, ha dejado de existir verosimilitud en el derecho invocado; y dado el carácter provisorio e instrumental de la medida cautelar ha perdido su finalidad, esto es, la de garantizar la eficacia de lo que se fuera a resolver en el principal; debiendo seguir la suerte de éste; por tanto, corresponde rechazar la medida cautelar. En consecuencia, por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: 2 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P.45. file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196- Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf 3 Citada en Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Lima 2005, T. 6. p. 657). 4 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares. Buenos Aires, El Foro, 1996, p. 45. Página 3 de 4  RECHAZAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR – dentro del proceso - planteada por la empresa solicitante BANCO DE LA NACIÓN, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, devuélvase a la parte interesada los Anexos (siempre y cuando hayan sido adjuntados de forma física y original) de la solicitud de Medida Cautelar al tercer día hábil de notificado; y, archívese definitivamente los actuados. Interviniendo la Señora Juez Titular que suscribe; y, el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior; NOTIFÍQUESE.- Página 4 de 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	23° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN ESPECIALISTA : LUJAN JARA, JUAN ANDRES DEMANDADO : INDECOPI VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ: Lima, 18 de mayo de dos mil veintidós. DADO CUENTA en la fecha; AUTOS y VISTOS: Con la Resolución Número DOS, del 10 de mayo del dos mil dieciocho, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado, declara nulo lo actuado hasta el auto que admite la solicitud cautelar (RES. NRO. 2), del 17 de julio de dos mil quince, emitida por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; y repone la causa al estado que corresponde, ordenando que se proceda a calificar nuevamente la solicitud cautelar; y, atendiendo: PRIMERO: Para acceder al instituto de la Medida Cautelar debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo No. 1067: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, (…).”; en concordancia con el tercer párrafo del artículo 608° del Código Procesal Civil que dice: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.” SEGUNDO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 177 a 193, BANCO DE LA NACIÓN solicita se le conceda MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA a efecto de que se suspendan los efectos de la Resolución No. 4109-2014/SPC-INDECOPI, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como la Resolución No. 00766-2014/INDECOPI-LAL, que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y la Resolución Final No. 0207-2014/PSO-INDECOPI-LAL, con la que se declaró fundada la denuncia y sanciona al Banco entre otros, con el pago de una multa de 5 UIT, resoluciones impugnadas en el proceso principal; y como consecuencia de la suspensión solicitada, solicitan además se ordene la suspensión de los actos de ejecución coactiva iniciados por INDECOPI a través del área de Ejecución Coactiva en el Expediente No. 20150000001400, en donde se les requiere con la Esquela No. 000583-2015/GAF-AEC-INDECOPI del 11 de mayo de 2015 iniciada por el INDECOPI en la cual se les ordena el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva. TERCERO: En esa orden de idea, se desglosa que la solicitud de medida cautelar importa un prejuzgamiento, es provisoria, instrumental y variable; además, la sumariedad es característica de toda medida cautelar, lo cual implica menores exigencias para su admisibilidad - debido a la simpleza estructural de este proceso, en el que no existe bilateralidad ni contradicción-; sin embargo, ello no implica que se deba dejar de exigir ciertos requisitos mínimos para su trámite. Para la calificación inicial y admisión de una medida cautelar ésta debe contar con los requisitos contenidos en los artículos 610°, 611°, 613° (artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 29384), 635°, 640° y demás pertinentes establecidos por el Código Procesal Civil (norma aplicable de manera supletoria al presente proceso); además, de lo preceptuado en el artículos 36° de la Ley No. 27584 en concordancia con el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019- JUS. CUARTO: La DÉCIMO TERCERA disposición de la Resolución Administrativa No. 000002-2022-CE-PJ, que fija los valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año 2022 y aprueban el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2022, señala lo siguiente: “No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; así como las empresas regionales o municipales, con excepción de ESSALUD.”; advirtiéndose que el Banco de la Nación pertenece al ámbito de FONAFE, está obligado a presentar el arancel correspondiente por presentación de medida cautelar; norma vigente desde el año 2015, cuando se plantea la Solicitud Cautelar. De la revisión de los actuados se observa que el banco de la nación no acompaña el arancel por presentación de mediada cautela, que se emiten desde los S/. 460.00 Soles, hecho que no fue advertido por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; por lo que conforme a lo solicitado, se deberá adjuntar arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022, en cumplimento de la mencionada resolución administrativa. QUINTO: Respecto a la contracautela, el Código Procesal Civil señala lo siguiente: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que sea proporcional y eficaz. Esta forma de contracautela es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario respectivo.” (El subrayado es nuestro). Al respecto, se advierte que el demandante no ha cumplido con apersonar a su apoderado con las facultades correspondientes para legalizar su firma; en el presente caso este Juzgado considera que por el banco de la nación, es una entidad privada de derecho público, está obligada presentar contráetela. SEXTO: En ese sentido, del análisis del presente cuaderno cautelar (existiendo un proceso principal en trámite), PREVIO A ANALIZAR EL FONDO DEL PEDIDO; corresponde emitir pronunciamiento en relación a los requisitos y/o formalidades que la ley exige para la presentación de ésta clase de medida cautelar, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, se solicita lo siguiente: 1. Adjuntar el arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022. 2. Cumpla con legalizar su firma ante el Especialista Judicial a cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613° del Código Procesal Civil, debiendo apersonarse al local del Juzgado dentro del horario de atención establecido. SÉTIMO: En consecuencia, conforme a lo expuesto en las consideraciones precedentes, al ser necesario que los requisitos y/o formalidades de toda solicitud de medida cautelar deben cumplirse para la admisión de la misma y estando a que la pretensión cautelar no cuenta con los requisitos y formalidades establecidas por Ley; se resuelve: Declarar INADMISIBLE la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR DENTRO DEL PROCESO, planteada por el BANCO DE LA NACION, concediéndose a la solicitante el plazo de TRES (3) DÍAS, a efectos de que subsane las observaciones advertidas en la presente resolución, bajo apercibimiento de RECHAZARSE la misma. Avocándose al conocimiento del presente proceso al Juez que suscribe la presente resolución, por mandato superior. Notifíquese.
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11114444000022223333----2222000011115555----22227777 MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: NNNNUUUULLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN OOOO AAAACCCCTTTTOOOO AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS AAAALLLLBBBBEEEERRRRTTTTOOOO VVVVEEEERRRRAAAA IIIINNNNGGGGAAAA DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO SSSS :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII YYYY FFFFLLLLOOOORRRR MMMMAAAARRRRLLLLEEEENNNNYYYY VVVVAAAARRRRGGGGAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCOOOONNNNAAAA RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa:::: En cumplimiento de mis funciones, habiendo asumido el cargo de Especialista Legal a partir del 08 de mayo del presente año, informo a Usted, que de la revisión de autos y del Sistema Integrado Judicial SIJ se advierte que existe un escrito pendiente de proveer, el cual ha sido presentado dentro del plazo otorgado. Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes. Lima, 26 de julio del 2017. RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO OOOOCCCCHHHHOOOO: Lima, veintiséis de julio del dos mil diecisiete.- DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha, estando a lo expuesto en la razón que antecede, téngase presente; AAAAllll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa qqqquuuuiiiinnnncccceeee ddddeeee mmmmaaaayyyyoooo ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee,,,, pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee; Que, mediante el presente escrito el demandante cumple son subsanar el recurso impugnatorio interpuesto, el mismo que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia dentro del plazo de Ley, conforme a lo señalado en los artículos 364°, 365°, 366°, 368°, 372, 377° y 637° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; en consecuencia, CCCCOOOONNNNCCCCÉÉÉÉDDDDAAAASSSSEEEE el recurso de apelación, SSSSIIIINNNN EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOO SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIVVVVOOOO YYYY SSSSIIIINNNN LLLLAAAA CCCCAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE DDDDIIIIFFFFEEEERRRRIIIIDDDDAAAA, interpuesto por la demandante contra el auto contenido en la Resolución N° 06, que resuelve declarar FUNDADA LA OPOSICION A MEDIDA CAUTELAR; y por lo tanto: FFFFÓÓÓÓRRRRMMMMEEEESSSSEEEE eeeellll CCCCuuuuaaaaddddeeeerrrrnnnnoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn con copia certificada de las siguientes piezas procesales: 1111)))) El escrito de solicitud cautelar y sus respectivos anexos; 2222)))) La resolución Página 1111 de 2222 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus número UNO de fecha 15 de junio del 2015, con su respectivo cargo de notificación física; 3333)))) La resolución número DOS de fecha 17 de julio del 2015, con sus respectivos tres cargos de notificación física; 4444)))) Las piezas procesales de fojas 164 a 244; 5555)))) El escrito de fecha 07 de setiembre del 2015, presentado por INDECOPI; 6666)))) La resolución número CUATRO de fecha 12 de enero del 2016, con sus respectivos cuatro cargos de notificación física y su cargo de notificación electrónica; 7777)))) El escrito de fecha 19 de febrero del 2016, presentado por el BANCO DE LA NACION; 8888)))) La resolución número SEIS de fecha 13 de octubre del 2016, con su respectivos tres cargos de notificación física; 9999)))) El escrito de fecha 24 de octubre del 2016, presentado por el BANCO DE LA NACION; 11110000)))) La resolución número SIETE, de fecha 31 de MARZO del 2017, con su respectivo cargo de notificación física y su cargo de notificación electrónica; y 11111111)))) La presente resolución y sus respectivos cargos de notificación física y electrónica; EEEEnnnn ccccoooonnnnsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa:::: EEEELLLLÉÉÉÉVVVVEEEESSSSEEEE el cuaderno de apelación al Superior Jerárquico con la debida nota de atención, bajo responsabilidad, inmediatamente sean devueltos los cargos de notificación. Interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE....---- Página 2222 de 2222
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE NNNN°°°° :::: 11114444000022223333----2222000011115555 EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: MMMMAAAAGGGGÁÁÁÁNNNN CCCCOOOOLLLLUUUUMMMMBBBBUUUUSSSS,,,, DDDDAAAAVVVVIIIIDDDD MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: NNNNUUUULLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN OOOO AAAACCCCTTTTOOOO AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVOOOO DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA NNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII yyyy FFFFLLLLOOOORRRR MMMMAAAARRRRLLLLEEEENNNNYYYY VVVVAAAARRRRGGGGAAAASSSS AAAANNNNTTTTIIIICCCCOOOONNNNAAAA RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrr MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddoooo:::: En cumplimiento de mis funciones, hago de su conocimiento que por las recargadas labores por motivo de la huelga judicial, doy cuenta en la fecha. Por otro lado, el demandante interpone recurso de apelación y no adjunta tasa por derecho de notificación y por apelación de autos, porque manifiesta que se encuentra exonerado por ser una entidad estatal. Es todo cuanto tengo que informar para los fines de Ley.- Lima, marzo 31 del 2017 RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSIIIIEEEETTTTEEEE: Lima, marzo 31 del 2017.- DDDDAAAADDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; aaaallll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 22224444 ddddeeee ooooccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeeellll 2222000011116666:::: Que en el presente escrito el BANCO DE LA NACIÓN, dentro el plazo de ley interpone recurso de apelación de la Resolución N° 06 que resuelve declarar fundada la oposición formulada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI contra la resolución número dos que concede la Medida Cautelar de Innovar; y de la revisión del cargo de ingreso de escrito se precisa que no acompaña el arancel derecho de notificación correspondiente para cada una de las partes, ni el arancel judicial correspondiente para interponer recurso de apelación de autos; AAAAllll pppprrrriiiimmmmeeeerrrr oooottttrrrroooossssíííí:::: por presentadas; AAAAllll Página 1 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus sssseeeegggguuuunnnnddddoooo oooottttrrrroooossssíííí:::: Con relación a la exoneración del pago de tasas judiciales que señala que lo está por ser una entidad perteneciente al Poder Ejecutivo conforme al artículo 3° de la Ley N° 26846; sin embargo el inciso k) del artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa Nº 001-2016-CE- PJ de fecha ocho de enero del dos mil dieciséis y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el doce de enero del mismo año (Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable 2016) establece: “No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado, con accionariado íntegramente público o mayoritariamente público que se encuentran dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE (…)”; que el Banco de Nación forma parte del FONAFE por tanto de conformidad con el artículo 367° del Código Procesal Civil SE RESUELVE: Declarar IIIINNNNAAAADDDDMMMMIIIISSSSIIIIBBBBLLLLEEEE el recurso de apelación, por tanto CCCCUUUUMMMMPPPPLLLLAAAA con presentar la tasa por derecho de notificación para cada una de las partes, y el arancel judicial para interponer recurso de apelación de autos en el plazo de CCCCIIIINNNNCCCCOOOO DDDDIIIIAAAASSSS,,,, bajo apercibimiento de declarar por rechazado. AAAAllll eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 00005555 ddddeeee eeeennnneeeerrrroooo ddddeeeellll 2222000011117777:::: A lo solicitado por el INDECOPI estese a lo resuelto en la Resolución N° SEIS que declara fundada la oposición y deja sin efecto la medida cautelar; decisión que ha sido materia de recurso de apelación, declarado inadmisible por esta resolución y que de ser subsanada se concedería sin efecto suspensivo, como lo regula el último párrafo del Página 2 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus artículo 637 del Código Procesal Civil. Interviniendo el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior. Por esta única vez, se deja constancia de la severa llamada de atención verbal al especialista por la excesiva demora incurrida, y se le exhorta a dar cuenta de los escritos dentro del plazo de ley; de lo contrario se pondrá en conocimiento del órgano de Control para las sanciones disciplinarias respectivas de ser el caso. NNNNOOOOTTTTÍÍÍÍFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE eeeennnn eeeellll ddddííííaaaa yyyy bbbbaaaajjjjoooo rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaadddd ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll ddddeeeellll sssseeeerrrrvvvviiiiddddoooorrrr OOOOssssccccaaaarrrr GGGGuuuueeeevvvvaaaarrrraaaa SSSSaaaallllaaaassss....---- Página 3 de 3
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolas de Pérola com Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 14023-2015-27 DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION DEMANDADOS : INDECOPI Y OTRO ESPECIALISTA : RAISA L. FLORES BOCANEGRA RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS: Lima, trece de octubre de dos mil dieciséis.- DADO CUENTA en la fecha; AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO: PRIMERO: El artículo 637° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, dispone: “(…) Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo.” (El subrayado es nuestro); en ese sentido, lo que se pretende con dicho acto procesal es generar la posibilidad de contradictorio en un proceso cautelar, permitiendo al afectado con la medida cautelar ejercer su derecho de defensa. SEGUNDO: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, mediante escrito del siete de setiembre de dos mi quince, formula OPOSICIÓN, solicitando se deje sin efecto la resolución número dos, que concede la medida cautelar a favor del BANCO DE LA NACIÓN, alegando: 1 (cid:1) El Juzgado ha violentado su derecho al Debido Proceso, debido a que la resolución número dos adolece de error de fundamentación, careciendo de la motivación adecuada, requisito obligatorio en toda decisión jurisdiccional; no dando a conocer las razones o los fundamentos legales que consideró se encontraban presentes en la solicitud del banco, los presupuestos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. (cid:1) El Juzgado ha interpretado de forma errónea el presupuesto de verosimilitud del derecho invocado, ya que ha considerado que con el solo hecho de existir un procedimiento coactivo, es suficiente para declarar que existe verosimilitud en el derecho, siendo que para que exista se requiere de factores adicionales, sin llegar a analizar el fondo de la controversia. (cid:1) De la lectura de la solicitud cautelar, ésta gira en torno a los mismos fundamentos y hechos invocados en su escrito de demanda, no habiéndose aportado ningún dato nuevo ni prueba con la cual pueda hacer creer al Juzgador que el derecho le asiste y que le correspondía la concesión de la medida cautelar. (cid:1) INDECOPI tiene la verosimilitud del derecho al contar con tres resoluciones administrativas expedidas por sus Órganos Resolutivos de forma autónoma respetando en todo momento el debido procedimiento administrativo que encontró responsabilidad en la ahora demandante por los hechos que ahora pretende desvirtuar. (cid:1) La existencia de una resolución pendiente de ejecución, no es producto de una arbitrariedad de la administración pública, sino todo lo contrario, pues obedece a que el actual demandante infringió los derechos de los consumidores, motivo por el cual en el procedimiento instaurado en su contra, se le encontró responsable y fue sancionada, calificando su conducta como grave. TERCERO: La solicitante con escrito del siete de setiembre de dos mil quince, absuelve el traslado de la medida cautelar argumentando: 2 (cid:1) De la resolución número dos del diecisiete de julio de dos mil quince se aprecia que el Juzgado de origen ha fundamentado cada uno de los requisitos indispensables para aceptar una medida cautelar, además de encontrarse debidamente fundamentados, ha citado doctrina en la cual ampara su decisión, motivo por el cual el fallo se encuentra debidamente motivado. (cid:1) Con relación a la verosimilitud del derecho invocado, con la pruebas que aportaron en el proceso judicial y en la solicitud cautelar ha demostrado que su pretensión tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada la demanda de nulidad de resolución administrativa, considerando que el INDECOPI emitió decisiones absolutamente arbitrarias e ilegales, al no valorar debidamente las pruebas aportadas dentro del procedimiento administrativo, vulnerando los principios del Debido Procedimiento y de Verdad Material. (cid:1) La instancia administrativa debió actuar y valorar debidamente las pruebas presentadas a lo largo del procedimiento administrativo, más aún cuando la producción y valoración de las pruebas estas vinculadas a la motivación de las decisiones y al resultado, dado que su consideración definirá el sentido de la decisión final. (cid:1) Con relación al peligro en la demora, el Juzgado bien señala que existe la posibilidad de que si no se suspende la ejecución coactiva respecto de la sanción administrativa, la actora se vería obligada a cancelar la multa, con lo cual tendría que desembolsar una suma de dinero, ocasionándose un perjuicio irreparable para el ejercicio oportuno de sus derechos; asimismo resulta razonable y amparable la solicitud cautelar solicitada, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la resolución numero dos del trece de agosto de dos mil quince, en el presente escrito, en la demanda y en la solicitud cautelar. 3 CUARTO: El Primer Juzgado Especializado Civil – Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad concedió Medida Cautelar de Innovar principalmente por los siguientes fundamentos: “(…) Así, analizando el caso, existe la apariencia del derecho reclamado por parte del peticionarte de la medida cautelar, toda vez que de las documentales aparejadas al presente escrito cautelar, se apreciaría el cuestionamiento de unos pronunciamientos [resoluciones administrativas] al interior de un Procedimiento de Ejecución Coactiva el cual se inició como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 0207-2014/PS0-INDECOPI-LAL del 30.04.2014; mediante el cual se dispuso sancionar al Banco de la Nación con una multa ascendente a 05 UIT’s, resolución que fue confirmada por el INDECOPI a través de la Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.2014; siendo que, posteriormente, fue materia de Recurso de Revisión ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, la cual declaró improcedente el mismo a través de la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.2014. (…) Siendo así, teniendo en cuenta que la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.2014, Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.2014 y la Resolución Final N° 0207- 2014/PS0-INDECOPI-LAL del 30.04.2014, las cuales habrían sido emitidas dentro de un procedimiento de Ejecución Coactiva, y que son materia de de cuestionamiento a través de un Proceso Contencioso Administrativo conforme se apreciaría de la demanda [FOLIO 227-242] y la resolución que admitió a trámite la demanda [FOLIO 243-244]; y estando al dispositivo legal antes invocado numeral 23.3 del artículo 23° de la Ley N° 26979 -Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva- , modificado mediante Ley N° 30185, es que resulta verosímil el derecho que invoca la parte peticionante de la medida cautelar. (…)”; de lo que se observa que el Juzgado de origen se basó en lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva que dice: “El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a continuación: (…)” 23.3. La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente Ley. (…); sin embargo no resultaría aplicable puesto que no es materia de 4 autos la revisión del procedimiento de ejecución coactiva, sino el procedimiento administrativo en el que se expidieron la Resolución N° 4109-2015/SPC-INDECOPI, la Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL y la Resolución Final N° 0207- 2014/PS0-INDECOPI-LAL impugnadas en la demanda; por lo que se procede a evaluar la verosimilitud del derecho que se invoca. QUINTO: El artículo 125° de la Ley N° 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala: “(…) La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según correspondía constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo (…) Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados.”; y el artículo 126: “El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas (…) c. La resolución de la correspondiente comisión o, de ser el caso, del Tribunal da por agotada la vía administrativa.” De lo que se desprende que se agota la vía administrativa con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor como segunda instancia administrativa; empero de optarse por formular recurso de revisión el acto administrativo expedido por el Tribunal causa estado; y solo cabe cuando se cuestiona la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código o no se ha respetado los precedentes de observancia obligatoria; por lo que de impugnarse vía acción contencioso administrativa la controversia se limita a ello. 5 SEXTO: La Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI, que desestima el Recurso de revisión se ampara en lo siguiente: “(…) 11. Así, pese a que el recurrente menciona en su recurso un presunto error de derecho consistente en la correcta interpretación de los artículos 18° y 19° del Código, de una lectura integral de los alegatos del Banco se puede deducir claramente que su pretensión es la revisión de aquellas cuestiones que ya han sido merituadas, valoradas y juzgadas por las instancias previas, con la finalidad de que esta Sala analice su responsabilidad respecto de las operaciones de transferencia cargadas a la cuenta de la denunciante. 12 Al respecto, es importante señalar que en vía de revisión está descartada la evaluación de circunstancias puramente fácticas, pues la Sala debe hacer suyo el razonamiento de la Comisión sobre las cuestiones dilucidadas en el procedimiento, centrando su análisis exclusivamente en la calificación jurídica de estas por la segunda instancia administrativa. (…)”. SÉTIMO: El Banco de la Nación, en el recurso de revisión, a folios veintinueve, señala: “(…), consideramos que el deber de idoneidad, debió ser analizado por la Comisión a la luz de los términos y condiciones plateadas por BN y lo aceptado por el usuario en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, y no en virtud a la falta de una carga probatoria “extraordinaria” exigida al proveedor en el sentido que acredite que la operación cuestionada fue de responsabilidad del usuario del servicio. (…), consideramos que la Comisión interpretó erróneamente los alcances del deber de idoneidad de la prestación del servicio cuestionado, pues que la usuaria del servicio no reconozca como suya una transacción de retiro por ventanilla y cajero automático no constituye por sí sola una infracción al deber de idoneidad, cuando el proveedor ha brindando el servicio dentro de los términos y condiciones pactados por las partes y ha cumplido con aportar los medios probatorios que están dentro de su competencia para acreditar el cumplimiento de dichos mecanismos de seguridad que validan ese tipo de operaciones. (…), cuestionamos la interpretación brindada por la Comisión y la imputación de responsabilidad administrativa a BN, toda vez que desconocer lo pactado por las partes en el contrato de servicio de cuentas de ahorros, vulneraria la libertad contractual, ello porque los términos y condiciones determinados por el Banco estaban dirigidos a establecer responsabilidad por el uso del servicio de la tarjeta de débito, responsabilidad que como se deduce del conocimiento de las claves secretas, corresponde recaer exclusivamente sobre la esfera de 6 la cliente titular de la misma por ser la única que tiene conocimiento de dichas claves, evitando con ellos de la actuación sin responsabilidad de una de las partes cuando tiene dominio del hecho.” (El subrayado es nuestro). OCTAVO: El artículo 18° del Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571, dispone: “Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.”; el artículo 19°: “El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.” (El subrayado es nuestro). NOVENO: De lo anteriormente expuesto al parecer la actora estaría cuestionando el razonamiento de la Autoridad Administrativa al aplicar el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pretendiendo se valore nuevamente los medios probatorios aportados en sede administrativa, como los términos y condiciones del contrato de servicios de cuentas de ahorro y otros, que demostrarían el cumplimiento de los mecanismos de seguridad que validan las operaciones y no en virtud que no han probado la regularidad de las transacciones, es decir si éstas se efectuaron con la presencia física de la tarjeta de débito y la 7 digitación de la clave secreta; no observándose, por el momento, cuál sería la correcta interpretación de la norma que no se tuvo en cuenta o que norma del Código se dejó de aplicar; no acreditándose por tanto la verosimilitud del derecho invocado, por lo que debe amparase la oposición planteada; en consecuencia, SE RESUELVE: Declarar FUNDADA LA OPOSICIÓN formulada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI contra la resolución número dos que concede la Medida Cautelar de Innovar; en consecuencia DÉJESE SIN EFECTO y consentida o ejecutoriada que sea la presente, ARCHÍVESE definitivamente los autos, remitiéndose al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior. Notifíquese.- 8
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Avenida Nicolás de Piérola N.° 608 cruce con jirón Rufino Torrico N.° 837, piso 4 de la sede “Rabanal Backus” en el distrito de Cercado de Lima-Lima EXP. EJE N.° : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 Materia : Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Jueza : Edwin Bautista Dipaz Especialista Legal : David Alejandro Reyes Montero Solicitante : Banco de la Nación Afectado : INDECOPI RAZÓN SEÑOR MAGISTRADO En cumplimiento de mis funciones, informo a Usted lo siguiente: 1) Que, el día 08 de marzo del 2023, por disposición superior, se me ha asignado la presente solicitud cautelar pendiente de calificación. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes; 2) Que, de la revisión del seguimiento del expediente judicial principal signado con código 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 en el Sistema Integrado Judicial-SIJ, se advierte que por Resolución Número DIECISIETE de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintidós, la Sala resolvió confirmar la Resolución Número Diez a través de la cual se DECLARÓ INFUNDADA en todos los extremos la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN, contra INDECOPI y Flor Marleni Vargas Anticona; y, 3) Que, mediante Resolución Número 02 del día 10 de mayo de 2018, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado declaró la nulidad de lo actuado en el presente proceso cautelar hasta la Resolución Nro. DOS de fecha 17 de julio de 2015 y dispuso se emita nueva resolución. Es todo cuanto tengo que informar a Usted para los fines pertinentes. Lima, 3 de abril de 2023 RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE Lima, tres de abril del dos mil veintitrés. - PUESTOS LOS AUTOS A DESPACHO.- Estando a la razón que antecede, téngase presente; y al Escrito N° 57384-2022 del 20 de junio del 2022 y al Escrito N° 69660-2022 de fecha 19 de julio de 2022, presentados por el solicitante Banco de la Nación.- A lo expuesto: .- Téngase presente, Y, ATENDIENDO: Primero: Que, el Banco de la Nación S.A. solicita Medida Cautelar de No Innovar dentro del proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra Flor Marleni Vargas Anticona, con el objeto: “Se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución N° 4109-2014/SPC-INDECOPI de fecha 26.11.14 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intectual que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como Resolución N° 00766-2014/INDECOPI-LAL del 20.08.14 emitida en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI La Libertad que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y de la Resolución Final N° 0207-2014/PS0- INDECOPI-LAL del 30.04.14, con la que declarara fundada la denuncia y sanciona al Banco -entre otros- con el pago de una multa de 05 UIT’s (…)”. Página 1 de 4 Segundo: Respecto a las medidas cautelares, de conformidad con el artículo 38° del TUO de la Ley N° 27584: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley” (el énfasis es agregado) Tercero: El artículo 35° de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dice: “La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta Ley”, Y el T.U.O del Código Procesal Civil establece: “ Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar (...)”. “ Características de la medida cautelar.- Artículo 612.- Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable” Cuarto: Sobre las características de la verosimilitud en el derecho e instrumentalidad de la medida cautelar; Monroy, J.1 explica: “a) Lo verosímil es aquello que parece que es, es decir, lo que guarda apariencia de ser algo, sin que necesariamente afirmemos que es aquello que parece. Cuando se pide una medida cautelar, el juez debe esperar del peticionante que éste lo persuada que aquello que pretende en su demanda va a ser aceptado por el juez al final del proceso. La persuación no tiene que ser definitiva, si así fuera, el juez debería sentenciar tan sólo al recibir la demanda v la medida cautelar; como no es así, la medida debe ser provisional y permitir al juez considerar la posibilidad que la demanda va a ser amparada al final del proceso, por lo que resulta pertinente asegurar el cumplimiento del falle. Por eso, el juez debe conceder una medida cautelar, sólo cuando el peticionante le presente una apariencia de derecho que Jo persuada de un futuro resultado favorable. Este requisito - la apariencia de derecho - puede estar contenido en un instrumento público, un instrumento privado o de pronto, en la contundencia con que están descritos los hechos que sustentan la pretensión en la demanda. En cualquier caso, se trata de un requisito cuya evaluación no es posible normarla, sólo está sometida a la decisión del juzgador que, para no ser arbitraria, deberá estar expresada en la resolución cautelar o en la denegatoria.” Agrega: “b) Otro rasgo de la medida cautelar es su instrumentalidad. Esto significa que la medida es expedida para servir a otro objetivo más importante, no es un fin en sí misma. En este caso, la medida es un instrumento del fallo definitivo, está al servicio de él, existe sólo para asegurar su cumplimiento. Esta es la razón por la que una vez expedido el fallo, la medida cautelar deja de existir, incluso algunas veces sirve como punto de partida del proceso de ejecución del fallo. Otras veces, 1 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P. 43. Recuperado de file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196-Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf Página 2 de 4 dejará de existir cuando ya no sea posible se produzca un fallo, por ejemplo, cuando el actor se desiste de su pretensión.” 2 En el Exp. 36425-99, Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos 06/04/00 se indica: “Toda medida cautelar está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; significando ello, que tiene sustento y razón de ser, si está destinada a asegurar el cumplimiento del fallo a emitirse en el proceso principal, de tal manera que si la pretensión demandada en este último es desestimada entonces la medida cautelar deja de tener su razón de ser y vigencia.”3 (El subrayado es nuestro). A mayor abundamiento cabe citar a Calamandrei4 que desarrolla: “(...) en las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar del derecho, es la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son en efecto de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento.” Por consiguiente, las medidas cautelares por su carácter provisorio e instrumental dependen de la existencia de un proceso principal, estando subordinadas a lo que se fuera a resolver en el; y al ser accesorias, de haberse concedido se mantienen, mientras exista apariencia de verdad en el derecho invocado; de no ser así es dejada sin efecto. Quinto: Que, conforme a lo informado en la razón que antecede, revisado el Sistema Integrado Judicial -SIJ- del Poder Judicial se verifica que en el Expediente N° 14023-2015-0-1801-JR-CA-23 (principal), se ha expedido RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE,(Sentencia de Vista) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que Confirma la Sentencia (Resolución Número Diez) que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por el BANCO DE LA NACIÓN contra INDECOPI y FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA, la misma que se anexa al presente expediente cautelar en copia certificada. Sexto: En tal sentido, estando a que ha sido desestimada la demanda, dando la razón jurídica y fáctica a la parte demandada, ha dejado de existir verosimilitud en el derecho invocado; y dado el carácter provisorio e instrumental de la medida cautelar ha perdido su finalidad, esto es, la de garantizar la eficacia de lo que se fuera a resolver en el principal; debiendo seguir la suerte de éste; por tanto, corresponde rechazar la medida cautelar. En consecuencia, por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: 2 Monroy, J. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. P.45. file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/14196- Texto%20del%20art%C3%ADculo-56495-1-10-20151109.pdf 3 Citada en Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Lima 2005, T. 6. p. 657). 4 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares. Buenos Aires, El Foro, 1996, p. 45. Página 3 de 4  RECHAZAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR – dentro del proceso - planteada por la empresa solicitante BANCO DE LA NACIÓN, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y contra FLOR MARLENI VARGAS ANTICONA. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, devuélvase a la parte interesada los Anexos (siempre y cuando hayan sido adjuntados de forma física y original) de la solicitud de Medida Cautelar al tercer día hábil de notificado; y, archívese definitivamente los actuados. Interviniendo la Señora Juez Titular que suscribe; y, el Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior; NOTIFÍQUESE.- Página 4 de 4
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí	23° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 14023-2015-27-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN ESPECIALISTA : LUJAN JARA, JUAN ANDRES DEMANDADO : INDECOPI VARGAS ANTICONA, FLOR MARLENY DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ: Lima, 18 de mayo de dos mil veintidós. DADO CUENTA en la fecha; AUTOS y VISTOS: Con la Resolución Número DOS, del 10 de mayo del dos mil dieciocho, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado, declara nulo lo actuado hasta el auto que admite la solicitud cautelar (RES. NRO. 2), del 17 de julio de dos mil quince, emitida por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; y repone la causa al estado que corresponde, ordenando que se proceda a calificar nuevamente la solicitud cautelar; y, atendiendo: PRIMERO: Para acceder al instituto de la Medida Cautelar debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo No. 1067: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, (…).”; en concordancia con el tercer párrafo del artículo 608° del Código Procesal Civil que dice: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.” SEGUNDO: Conforme se aprecia del petitorio de la solicitud cautelar contenida en el escrito que corre de fojas 177 a 193, BANCO DE LA NACIÓN solicita se le conceda MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA a efecto de que se suspendan los efectos de la Resolución No. 4109-2014/SPC-INDECOPI, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, así como la Resolución No. 00766-2014/INDECOPI-LAL, que a su vez confirmó la resolución de primera instancia, y la Resolución Final No. 0207-2014/PSO-INDECOPI-LAL, con la que se declaró fundada la denuncia y sanciona al Banco entre otros, con el pago de una multa de 5 UIT, resoluciones impugnadas en el proceso principal; y como consecuencia de la suspensión solicitada, solicitan además se ordene la suspensión de los actos de ejecución coactiva iniciados por INDECOPI a través del área de Ejecución Coactiva en el Expediente No. 20150000001400, en donde se les requiere con la Esquela No. 000583-2015/GAF-AEC-INDECOPI del 11 de mayo de 2015 iniciada por el INDECOPI en la cual se les ordena el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva. TERCERO: En esa orden de idea, se desglosa que la solicitud de medida cautelar importa un prejuzgamiento, es provisoria, instrumental y variable; además, la sumariedad es característica de toda medida cautelar, lo cual implica menores exigencias para su admisibilidad - debido a la simpleza estructural de este proceso, en el que no existe bilateralidad ni contradicción-; sin embargo, ello no implica que se deba dejar de exigir ciertos requisitos mínimos para su trámite. Para la calificación inicial y admisión de una medida cautelar ésta debe contar con los requisitos contenidos en los artículos 610°, 611°, 613° (artículo modificado por el artículo único de la Ley N.° 29384), 635°, 640° y demás pertinentes establecidos por el Código Procesal Civil (norma aplicable de manera supletoria al presente proceso); además, de lo preceptuado en el artículos 36° de la Ley No. 27584 en concordancia con el artículo 38° del Decreto Supremo No. 011-2019- JUS. CUARTO: La DÉCIMO TERCERA disposición de la Resolución Administrativa No. 000002-2022-CE-PJ, que fija los valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para el año 2022 y aprueban el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el año 2022, señala lo siguiente: “No se encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; así como las empresas regionales o municipales, con excepción de ESSALUD.”; advirtiéndose que el Banco de la Nación pertenece al ámbito de FONAFE, está obligado a presentar el arancel correspondiente por presentación de medida cautelar; norma vigente desde el año 2015, cuando se plantea la Solicitud Cautelar. De la revisión de los actuados se observa que el banco de la nación no acompaña el arancel por presentación de mediada cautela, que se emiten desde los S/. 460.00 Soles, hecho que no fue advertido por el Primer Juzgado Civil de Trujillo; por lo que conforme a lo solicitado, se deberá adjuntar arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022, en cumplimento de la mencionada resolución administrativa. QUINTO: Respecto a la contracautela, el Código Procesal Civil señala lo siguiente: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida, debidamente fundamentada, siempre que sea proporcional y eficaz. Esta forma de contracautela es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el secretario respectivo.” (El subrayado es nuestro). Al respecto, se advierte que el demandante no ha cumplido con apersonar a su apoderado con las facultades correspondientes para legalizar su firma; en el presente caso este Juzgado considera que por el banco de la nación, es una entidad privada de derecho público, está obligada presentar contráetela. SEXTO: En ese sentido, del análisis del presente cuaderno cautelar (existiendo un proceso principal en trámite), PREVIO A ANALIZAR EL FONDO DEL PEDIDO; corresponde emitir pronunciamiento en relación a los requisitos y/o formalidades que la ley exige para la presentación de ésta clase de medida cautelar, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, se solicita lo siguiente: 1. Adjuntar el arancel judicial por solicitud de medida cautelar correspondiente a la cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2022. 2. Cumpla con legalizar su firma ante el Especialista Judicial a cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613° del Código Procesal Civil, debiendo apersonarse al local del Juzgado dentro del horario de atención establecido. SÉTIMO: En consecuencia, conforme a lo expuesto en las consideraciones precedentes, al ser necesario que los requisitos y/o formalidades de toda solicitud de medida cautelar deben cumplirse para la admisión de la misma y estando a que la pretensión cautelar no cuenta con los requisitos y formalidades establecidas por Ley; se resuelve: Declarar INADMISIBLE la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR DENTRO DEL PROCESO, planteada por el BANCO DE LA NACION, concediéndose a la solicitante el plazo de TRES (3) DÍAS, a efectos de que subsane las observaciones advertidas en la presente resolución, bajo apercibimiento de RECHAZARSE la misma. Avocándose al conocimiento del presente proceso al Juez que suscribe la presente resolución, por mandato superior. Notifíquese.