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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SDecrEetar ioL DeI SMala: AHID ALGO ARANIBAR, CONSUELO
Fecha: 03/05/2017 14:58:16
TERCERA SALA CIVIL Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
S.S. RIVERA QUISPE
UBILLUS FORTINI
SOLIS MACEDO
EXP. N° 21843-2015-0-1801-JR-CI-10
(Ref. Exp. Sala N° 00616-2017-0)
RESOLUCIÓN N° 03
Lima, veintiséis de abril
del dos mil diecisiete
AUTOS Y VISTOS:
Interviene como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo.
MATERIA DEL RECURSO:
Viene en apelación el Auto contenido en la Resolución N° 01, de fecha 07 de marzo de
2016 (fs. 232 a 233), que declara improcedente la demanda.
DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS:
Cerámica Lima S.A. (en adelante, demandante o recurrente), interpone recurso de
apelación (fs. 235 a 248), señalando como agravios lo siguiente:
1. La resolución apelada no fundamenta la conclusión a la que ha arribado, lo que vulnera
el derecho a una motivación, además de no encontrarse dentro del artículo 5.1 del
Código Procesal Constitucional.
2. No pretende una revisión sobre el fondo de la controversia, ni la interpretación o
aplicación de la norma legal de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema, sino invoca la vulneración de sus derechos
fundamentales a la motivación de las resoluciones y a la negociación colectiva.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: A través de la demanda (fs. 164 a 203), el recurrente solicita se declare nula
la resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 emitida por la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que confirmó la
sentencia emitida por la Cuarta Sala laboral Permanente de Lima el 05 de marzo de
2014, que declaró infundada la demanda de impugnación de laudo arbitral (Expediente
N° 2526-2015-Lima). Accesoriamente se ordene a la Sala Suprema emita nueva
resolución.
Como fundamentos fácticos aduce que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema al resolver la apelación de la sentencia emitida
1 por la Cuarta Sala Laboral de Lima: a) No ha absuelto los agravios contenidos en su
recurso de apelación, ya que sólo se ha limitado señalar que la demandante no cumplió
con desvirtuar los argumentos de primera instancia, sin analizar ni exponer las razones
por las que arribó a dicha conclusión; asimismo, ha inaplicado los convenios y
recomendaciones de la OIT y sus órganos de control, al existir una omisión selectiva de
la síntesis de su recurso de apelación, hechos que vulneran el derecho a la motivación
de resoluciones judiciales; b) Existe incompatibilidad de la sentencia apelada en el
proceso de impugnación de laudo arbitral (Expediente N° 2526-2015-Lima), con el
artículo 28.2 de la Constitución Política, relacionado al deber de fomentar la negociación
colectiva, agravio que según refiere la Sala Suprema la ha reencausado o modificado; c)
La Sala Suprema se ha limitado en señalar que el Tribunal Arbitral resolvió su
competencia en función al principio de equidad contenido en el artículo 65° del Texto
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sin tener en cuenta que
la naturaleza de fallo de equidad está prevista para la decisión sobre el fondo de las
propuestas finales presentadas por las partes que voluntariamente participan en el
arbitraje; y, d) La sentencia de primera instancia se sustenta en la STC N° 2566-2012-
PA/TC que no constituye precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial.
SEGUNDO: El A-quo, ha declarado improcedente la demanda, sosteniendo que:
“SÉTIMO: (…) no es labor de la justicia constitucional el evaluar la interpretación y aplicación
correcta (o no) de una norma legal al resolver el Juez una controversia suscitada en el
ámbito de la jurisdicción ordinaria, persiguiendo que se discuta nuevamente lo que ya ha
sido materia de análisis por la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener su revocatoria y lograr
un pronunciamiento judicial que lo satisfaga, circunstancia que como es evidente no
constituye objeto del proceso de amparo, a tenor del artículo 1° del Código Procesal
Constitucional.”
TERCERO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 200.2 de la Constitución Política
del Perú, el amparo procede contra el acto u omisión, por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la
Constitución, con excepción de los que salvaguardan el hábeas corpus y el hábeas data
y que no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de
procedimiento regular.
En tal sentido, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, precisa que el proceso
de amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto
agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido
proceso.
CUARTO: Debe tenerse presente que, a fin de determinar el contenido del concepto
“tutela procesal efectiva”, que determina la fundabilidad o no de un proceso de amparo
2 contra resoluciones judiciales, el último párrafo del referido artículo 4° del Código
Procesal Constitucional establece que:
“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la
que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso,
a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos
distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho,
a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos
fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones
judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.”
QUINTO: De la lectura de la citada demanda, se aprecia que la parte demandante
solicita tutela jurisdiccional frente a la presunta violación de sus derechos fundamentales
como la motivación de resoluciones judiciales, tutela jurisdiccional efectiva, debido
proceso, a la defensa y acceso a la justicia, la cual se dirige contra los jueces
integrantes de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema (Fernando Montes Minaya, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays, Juan
Chaves Zapater, Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana y Víctor Raúl Malca Guaylupo), y
contra el Sindicato Unitario de Trabajadores de Cerámica Lima, solicitando se declare
nula y sin efecto legal la resolución de fecha 20 de noviembre de 2015, que confirmó la
sentencia emitida por la Cuarta Sala laboral Permanente de Lima el 05 de marzo de
2014, que declaró infundada la demanda de impugnación de laudo arbitral (Expediente
N° 2526-2015-Lima, ver fs. 155 a 161), bajo el argumento de que dicho órgano
jurisdiccional no ha absuelto los agravios contenidos en su recurso de apelación contra
la sentencia emitida por la Cuarta Sala Laboral de Lima; no ha analizado las razones por
las que arribó a dicha conclusión; ha inaplicado los convenios y recomendaciones de la
OIT y sus órganos de control, asimismo, la sentencia de primera instancia se sustenta
en la STC N° 2566-2012-PA/TC que no constituye precedente vinculante ni doctrina
jurisprudencial, existe incompatibilidad de la sentencia apelada en el proceso de
impugnación de laudo arbitral con el artículo 28.2 de la Constitución Política; por tal
motivo considera que debe nula y sin efecto legal la citada resolución objeto del amparo
al no encontrarse motivada.
SEXTO: A tenor de lo expuesto por la parte demandante, se puede concluir que
mediante la presente demanda, se pretende revisar en vía de tutela urgente y
extraordinaria la decisión adoptada por el órgano judicial emplazado, que
confirmó la sentencia emitida por la Cuarta Sala laboral Permanente de Lima el 05
de marzo de 2014, que declaró infundada la demanda de impugnación de laudo
arbitral, mediante la invocación de consideraciones aparentemente vinculadas con el
contenido constitucionalmente protegido del la motivación de resoluciones judiciales,
tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, a la defensa y acceso a la justicia,
3 cuestiona la postura adoptada por el órgano colegiado emplazado, respecto al recurso
de apelación interpuesta, que forma parte del criterio jurisdiccional adoptado por éstos y
que escapa al ámbito de la jurisdicción constitucional; tanto más, si el Tribunal
Constitucional (RTC N° 04071-2011-PA/TC) ha señalado que “el amparo no constituye un
medio impugnatorio que continué revisando de manera infinita una decisión que es de exclusiva
competencia de la jurisdicción ordinaria a menos que se pueda constatar una arbitrariedad por
parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la violación de otros derechos
constitucionales”. Por tanto, se aprecia que la demanda se encuentra sustentada en
consideraciones subjetivas del actor, que por demás no se encuentra conforme con lo
resuelto por la instancia judicial.
SÉTIMO: Respecto a la pretensión procesal real de valerse del amparo para reexaminar
el fondo de lo resuelto en instancia jurisdiccional ordinaria, el Tribunal Constitucional ha
señalado: “(…) los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los hechos
o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido previamente compulsados por
las instancias judiciales competentes para tal materia, a menos claro está, que de dichas
actuaciones se ponga en evidencia la violación manifiesta de algún derecho fundamental (…)”
[RTC N° 02585-2009-PA/TC, fundamento 3]; excepción ésta que no se advierte de los hechos de
la demanda y sus recaudos. En consecuencia, la instancia constitucional queda inhabilitada para
realizar un re-examen de las pruebas aportadas “cual si fuera tercera instancia (…), pues obrar
de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios.” [STC N° 0728-2008-
PHC/TC, fundamento 38].
OCTAVO: En suma, se aprecia que en el presente caso, el demandante, bajo el
argumento de una supuesta violación de sus derechos fundamentales, pretende en
realidad el cuestionamiento de las decisiones adoptadas por el referido órgano jurisdiccional
emplazado, motivo por lo cual, al no estar vinculados los hechos y el petitorio de la
demanda con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, en
aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, debe declararse la
improcedencia de la demanda. En este orden de ideas, se concluye que la resolución
materia de alzada ha sido emitida conforme a ley. Por tanto, los agravios deben
desestimarse y, confirmarse la resolución recurrida.
DECISIÓN
CONFIRMARON el Auto contenido en la Resolución N° 01, de fecha 07 de marzo de
2016 (fs. 232 a 233), que declara improcedente la demanda; MANDARON devolver los
autos al Juzgado de su procedencia.
En los autos seguidos por Cerámica Lima S.A., con Poder Judicial, sobre amparo.-
SS.
CASM // vysv
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SÉPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 22303-2015-0-1801-JR-LA-04(S)
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° CUATRO
Lima, once de julio del dos mil dieciocho.-
I.- VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa, llevada a cabo el 05 de julio de 2018; con la
participación sólo de la parte demandante; interviniendo como ponente el señor
Juez Superior Huatuco Soto, por lo que se emite la presente sentencia de
vista.
II.- ASUNTO:
Es materia de apelación la SENTENCIA N° 194-2017-4°JETPL , contenida en
la Resolución N° 07, de fecha 21 de setiembre del 2017, que obra de fojas 361
a 376 en autos, que resuelve declarar INFUNDADAS las excepciones de
caducidad y de falta de legitimidad para obrar pasiva, deducidas por la
demandada Telefónica del Perú S.A.A.; declara FUNDADA EN PARTE la
demanda; en consecuencia, SE ORDENÓ que las demandadas de manera
solidaria, paguen a la actora la suma de S/ 14,902.52 (CATORCE MIL
NOVECIENTOS DOS CON 52/100 SOLES), por los siguientes conceptos: S/
2,958.08 por compensación por tiempo de servicios; S/ 3,333.33 soles por
gratificaciones truncas; S/ 2,944.44 por Vacaciones, y S/ 5,666.67 soles por
remuneraciones insolutas, más intereses legales y financieros respecto de la
Compensación por Tiempo de Servicios; asimismo, debiendo la demandada
cumplir con entregar a la actora el formulario correspondiente de rentas y
retenciones respecto a impuestos retenidos. y ENTREGUESE el Certificado de
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EXPEDIENTE N° 22303-2015-0-1801-JR-LA-04(S)
Trabajo a la demandante, quien deberá concurrir a esta Judicatura para tal
efecto. INFUNDADO el extremo de indemnización por despido arbitrario y el
exceso del monto demandado. Se CONDENA a las demandadas al pago de
costas y costos del proceso en ejecución de sentencia.
III.- AGRAVIOS:
La co-demandada Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito del 27 de
setiembre de 2017, que corre de fojas 384 a 389, apela la sentencia y señala
como sus agravios los siguientes:
3.1. Respecto al extremo de la sentencia, que declara infundada la excepción
de falta de legitimidad para obrar pasiva, manifestando que en la
sentencia recurrida, no se ha considerado, que la demandante, tal como
ha quedado establecido desde un inicio por ella y el representante de la
empresa MORPHOS (co demandada), sostuvo una relación laboral única
y exclusivamente con MORPHOS, por tanto, la relación sustantiva como
la procesal, claramente era entre estas dos partes; Señala también, que
Telefónica del Perú S.A.A. no tiene legitimidad para obrar en el presente
proceso, puesto que no existe ningún factor o situación que la vincule con
los hechos materia de controversia (despido arbitrario y pago de
Beneficios Sociales).
3.2. En cuanto a la responsabilidad solidaria de las codemandadas que
declara en la sentencia; refiere, que el artículo 6° del Reglamento de la
Ley de Tercerización, señala cómo se configura el desplazamiento
continuo del trabajador, y el tiempo que debe durar como mínimo este
desplazamiento; sin embargo, en la sentencia no se hace un análisis,
sobre si el desplazamiento a las instalaciones de Telefónica del Perú
S.A.A., por parte de la actora, cumplía con el requisito de la continuidad
que señala dicha norma; además, refiere, que no se toma en cuenta, los
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EXPEDIENTE N° 22303-2015-0-1801-JR-LA-04(S)
cuestionamientos que se han efectuado, en el sentido de que la
demandante no ha acreditado tal continuidad, observándose que no ha
cumplido con la carga de la prueba, respecto a ese punto.
La demandante, mediante escrito del 28 de setiembre de 2017, obrante de
fojas 391 a 397, en el expediente apela la sentencia y señala como agravios los
siguientes:
3.3. Respecto al extremo de la sentencia por el cual se le deniega la
indemnización por despido arbitrario que es parte del petitorio de su
demanda, señala que la juzgadora no ha tenido en cuenta los siguientes
medios probatorios que ha adjuntado a su demanda, y que demuestran
de que fue objeto de un despidos arbitrario: los correos electrónicos del
12 y 16 de agosto de 2015 y que constan como anexos 1-M y 1-O en la
demanda, con los cuales prueba que el administrador de la demandada le
comunicó la finalización de su contrato; la pericia de parte que ofreció en
su segundo escrito con el que se constata que se le cortó el correo
electrónico institucional; tampoco se ha tenido en cuenta, la constancia de
trabajo expedida por la demanda, ni el acta de Constatación Policial.
Finalmente indica que en el procedimiento para su despido, no se ha
respetado el plazo mínimo de 6 días naturales, para que la actora efectúe
su descargo, el cual no se realizó por que el despido ya se había
realizado.
3.4. En la sentencia no se aplica el principio de la primacía de la realidad, ni se
sustenta debidamente, por cuanto refiere su remuneración real es la
convenida por las partes, en la carta de compromiso, que fue ofrecida en
el acto de la Audiencia de Juzgamiento, que el A quo no se ha tomado en
cuenta.
IV.- CONSIDERANDOS:
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4.1. Que, conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso laboral, ante una apelación, la competencia del
Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste
órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios
invocados por la demandada en su recurso de apelación respecto a la
resolución impugnada.
4.2. Que, en ese sentido, estando a que la sentencia no ha sido materia de
apelación respecto a la co demandada Morphos Hispanoámerica SAC, sino
sólo de la co demandada Telefónica del Perú SAA, y la demandante, por lo que
se determinará si los agravios expresados por los apelantes, son o amparables.
4.3. Se observa que en la Audiencia de Juzgamiento, del 11 de setiembre de
2017, cuya acta corre de fojas 356 a fojas 360 de autos, y el acta de
notificación del 21 de setiembre de 2017, que corre a foja 380, la sentencia ha
sido notificadas correctamente a las partes conforme a lo que se dispone en el
artículo 13° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497; y se observa,
que la co demandada Morphos Hispanoamericana SAC, no ha apelado la
sentencia, por lo que significa, que se encuentra conforme, con lo que se ha
resuelto en la misma; por lo que corresponde emitir pronunciamiento
únicamente, respecto a las agravios de la co demandada Telefónica del Perú
S.A.A., y de la demandante, y solo en los extremos que señalan como
agravios.
4.4. Conforme se advierte del escrito de demanda, que corre de fojas 72 a 85,
y su ampliación de fojas 117 a 118 de autos, y de la Audiencia de Conciliación,
llevada a cabo el 25 de julio de 2016, cuya acta corre de fojas 293 a 295 de
autos; constituyen pretensiones materia de juicio las siguientes: a) determinar
si corresponde el reintegro de las vacaciones truncas, gratificaciones,
Compensación por Tiempo de Servicios, y pago de remuneración insoluta
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correspondiente al mes de agosto de 2015; b) determinar si corresponde el
pago de indemnización por despido arbitrario, correspondiente a un contrato
sujeto a modalidad; c) determinar si corresponde la entrega del certificado de
trabajo y del formulario N° 1492, certificado de rentas y retenciones e intereses
legales, costas y costos del proceso.
4.5. En cuanto al segundo agravio de la demandante, referida a que no se
toma en cuenta el monto de su remuneración real establecido en la carta
compromiso. Que, si bien la demandante, no apela los conceptos de CTS,
gratificaciones, vacaciones ni por remuneraciones insolutas; sin embargo,
refiere, que la jueza, no ha tomado en cuenta la remuneración real convenida
por las partes. Al respecto, si bien a fojas 316 y 317 de autos, corre la
denominada "Carta de Compromiso" de fecha 22 de abril de 2015, suscrita por
el Gerente General de la Morphos Hispanoamericana S.A.C., sin embargo, a
fojas 05 y 06 de autos, corre el "Contrato de Trabajo de Personal Extranjero a
Plazo Determinado", de fecha posterior a dicho "compromiso", contrato de
fecha 02 de mayo de 2015, suscritas por ambas partes, e incluso registrado
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme al documento
de fojas 07 de autos, que su Clausula Cuarta referido De la Remuneración
Total, expresamente señala que: "El EMPLEADOR abonará al TRABAJADOR
la cantidad de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles)" (sic.); De lo que
se concluye, que la citada carta de compromiso de fecha 22 de abril de 2015 a
que se refiere la demandante, no se materializó, quedando sólo como
"compromiso", y que lo que se la remuneración que se materializó fue el
establecido en contrato, suscrito por la propia demandante; como fue
determinado por la A quo en la sentencia apelada; por lo expuesto se
desestima el agravio antes mencionado y se confirma el extremo de la
sentencia objeto de apelación.
4.6. En cuanto al primer agravio de la demandante, sobre la Indemnización por
Despido Arbitrario. Al respecto, cabe señalar, que el despido es: "El acto
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unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin
a la relación de trabajo" (sic.)1. Asimismo, se encuentra regulado como causa
de extinción del contrato de trabajo, en el literal g), del artículo 16° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; (en
adelante, LPCL), referido al despido, en los casos y forma permitidos por la
Ley, como causal válido para la extinción del contrato de trabajo. Por otro lado,
el artículo 22° de la LPCP, prescribe que el despido justificado procede cuando:
i) exista causa justa contemplada en la ley2, y, ii) se encuentre debidamente
comprobada3. Asimismo, el artículo 34° de la referida norma, establece que el
despido arbitrario, se produce cuando: a) el empleador no expresa causa justa
de despido, o b) la causa del despido no puede demostrarse en juicio;
supuestos que habilitan el pago de una indemnización como única reparación
al daño sufrido por el trabajador.
4.7. En el escrito de demanda, la actora ha referido que ha laborado para la co-
demandada Morphos Hispanoamérica S.A.C. desde el 02 de mayo hasta el 17
de agosto de 2015, indica también, que su cese se debió a que objeto de un
despido arbitrario por parte de la citada co demandada; Al respecto, a fojas 55
del expediente obra la constatación policial, realizado el 18 de agosto de 2015,
efectuada por un efectivo policial de la Comisaria de la Policía Nacional del
Perú de Chacarilla, del distrito de Surco; de su contenido se observa, que el
efectivo policial, se entrevistó con la persona de Oscar Ruíz Herrera, quien
laboraba para la empresa Morphos Hispanoamericana S.A.C., quien manifestó
que la demandante, entró a trabajar por intermedio de su empresa a la
empresa Telefónica del Perú S.A.A. como coordinadora de proyectos el día 02
de mayo de 2015 hasta el día 14 de agosto del mismo año; y que el "motivo de
1
ALONSO GARCÍA, Manuel. "Curso de Derecho del Trabajo", Séptima Edición, Editorial Ariel: Madrid, 1981, pp. 559.
2 Las cuales están previstas en los artículo 23° y 25° de la LPCL.
3 Para lo es necesario observar el procedimiento de despido regulado en el artículo 31° de la LPCL.
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cese la empresa telefónica no requiere el servicio de la recurrente..." (sic.); Por
otro lado, a
fojas 49 de autos, corre el correo electrónico, con la que Oscar Ruíz Herrera se
dirige a la actora, el 12 de agosto del 2015, con la que se informa a la actora
que le están remitiendo una liquidación (de sus beneficios sociales) por los 2
meses que ha estado contratada, mas adelante le indican que "si bien aunque
no te corresponde liquidación alguna, debido a que no tenías todavía el carnet
de extranjería, hemos decidido rescindir el contrato que teníamos, hemos
decidido buscar la forma de compensarte por el asesoramiento realizado para
nuestra empresa y los servicios prestados; Más adelante se refiere: "...después
de esto quedaría pendiente de ver el tema del vuelo de regreso a España y el
alquiler de la vivienda, por lo que necesitaría saber cuanto antes si te quedas
en Perú o regresas a España y en qué fecha". Y a fojas 53 de autos, corre el
corre electrónico de Oscar Ruíz Herrera, dirige a la actora, con fecha 16 de
agosto de 2015, que refiere lo siguiente: "En relación al contrato que se firmó
para tu incorporación a la empresa y al trabajo a realizar a Telefónica del Perú,
indicarte que dicho contrato ya fue dado de baja , puesto que han solicitado
desde Telefónica y por escrito que no quieren que tú seas la Gerente del
Equipo que se ha asignado para Telefónica, que es para lo que se hizo el
contrato. Por otro lado Sandra ya ha dado de baja tu pase por lo que no puedes
ir a Telefónica y únicamente te puedes pasar por la oficina. Te remito el
supuesto de liquidación que la empresa te ofrece por compensación de tus
servicios prestados a la misma." (sic.); También a fojas 270 de autos, corre la
Constancia de Trabajo emitida el día 17 de agosto de 2015, y firmada por el
Gerente General de Morphos, en la que se certifica que la actora ha laborado
para la empresa desde el 02 de mayo del 2015 al 17 de agosto del 2015,
desempeñándose como Gerente de Proyectos Senior; lo que significa que la
actora se le cesó en dicha fecha, sin que se le haya efectuado ningún
procedimiento de despido, sino que se ha efectuado de hecho, al no
permitírsele seguir laborando; Y si bien la demandada le cursa, con fecha
posteriores, las cartas notariales del 19 y 21 de agosto del 2015 que corren a
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fojas 259 y 260, con la empresa Morphos Hispanoamericana S.A.C., le informa
a la actora, que no se encuentra despedida, y que debe seguir asistiendo a su
centro de labores; y posteriormente, mediante la carta de imputación de cargos
o pre aviso, que corre a fojas 263, y de despido que corre a fojas 265, se puede
ver, que se le atribuye falta grave, por no haberse presentado al centro de
trabajo los días martes 18, miércoles 19, jueves 20, y viernes 21 de agosto del
año en curso, sin embargo, la demandante ya había sido despedida de hecho
el 17 de agosto de 2015, y que las comunicaciones posteriores del 19 y 21 de
agosto del 2015, referidos a las cartas de pre aviso de despido y de despido,
han pretendido regularizar un despido de hecho, lo que ya no puede ser
validadas, por cuanto la actora ya le habían cesado el 17 de agosto de 2015, al
no dejársele seguir laborando, por lo que se ha configurado un despido
arbitrario en contra de la actora, el que deviene en fundada la indemnización
reclamada; y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 76° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que
expresamente establece: "Si el empleador vencido el periodo de prueba
resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador una
indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por
cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con el límite de
doce (12) remuneraciones." (sic.), Por lo que teniendo en cuenta que el
contrato de trabajo que suscribieron la actora con la empresa Morphos
Hispanoamérica S.A.C., constituye un contrato de trabajo, sujeto a plazo fijo,
con un año de vigencia, desde el 02 de mayo de 2015 al 02 de mayo de 2016,
y que ha laborado desde el 02 de mayo de 2015 hasta el 17 de agosto del
2015, es decir, laboró por 03 meses y 15 días, lo que significa que ha dejado
de laborar 08 meses con 15 días, por lo que le corresponde el pago límite de
12 remuneraciones a que se refiere la parte final del artículo 76° antes referido;
teniendo en cuenta la remuneración establecida en el considerando 4.5, de S/
10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), por lo que le corresponde el monto de S/
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120,000 (S/. 1,000.00X12), monto que las co demandadas deberán abonar,
más los intereses legales, que se liquidarán en ejecución de sentencia:
4.8. En cuanto al primer agravio de la co demandada Telefónica del Perú SAC,
sobre la falta de legitimidad para obra pasiva. Al respecto, la falta de
legitimidad, se propone cuando se denuncia la carencia de identidad entre los
sujetos que integran la relación jurídica sustantiva y quienes forman parte de la
relación jurídica procesal; con dicho instituto se pone de manifiesto la carencia
de identidad entre las personas inmersas en una y otra relación y no la falta de
titularidad del derecho, porque ésta se resolverá al final, cuando se emita
pronunciamiento sobre el fondo. En el caso de autos, el demandante está
habilitado por la ley sustancial para el reclamo a Telefónica del Perú SAA,
manifestando que contratada para Morphos Hispanoamericana SAC como
Gerente de Proyectos para ser destacada a la empresa excepcionante, lo que
no ha sido negado ni controvertido; por tanto, de acuerdo a lo referido, se
encuentra acreditado la existencia de relación sustantiva entre la demandante
con la empresa excepcionante, por lo que ésta podría tener alguna obligación o
responsabilidad en los derechos que reclama la demandante, y de ser el caso,
resultaría ser la obligada al pago. En tal sentido, la demandante tiene legítimo
interés para obtener la tutela del derecho material controvertido, vale decir,
tiene el derecho de postular la presente acción contra la demandada
excepcionante, y ésta tiene legítimo interés para contradecir lo manifestado por
aquella, independientemente de la razón que les asista o no; por lo que
estando acreditada la existencia de la relación jurídica sustantiva o material
entre las partes, la misma que se ha trasladado a la relación jurídica procesal;
como fue determinado por la A quo. por lo que se desestima el agravio de la
co demandada, y se confirma la sentencia en ese extremo.
4.9. En cuanto al segundo agravio de la co demandada Telefónica del Perú
SAA, sobre la responsabilidad solidaria. Al respecto, debemos tener en cuenta
que la demandante fue contratada por Morphos Hipanoamericana SAC, como
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EXPEDIENTE N° 22303-2015-0-1801-JR-LA-04(S)
Gerente d proyectos, y como expresamente refiere esta empresa en su escrito
de contestación de demanda (fojas 277) "para lo cual fue destacada a las
oficinas de nuestro cliente TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante
TELEFONICA DEL PERÚ), ubicada en el Edificio "Grimaldo del Solar" sito en
la Av. Benavides N° 661 (cruce con la Calle Grimaldo del Solar), distrito de
Miraflores, a efectos de cumplir con la ejecución de los servicios contratados
por ésta de consultoría, gerenciamiento y supervisión de proyectos y obras
mayores de su área inmobiliaria, según bases técnicas suscritas con mi
representada...." (sic.); lo subrayado es nuestro; hecho que además no ha sido
negado por la co demandada apelante, y que además se encuentra
corroborada con los documentos que corren de fojas 13 a 47 de autos,
referidos a carta de adjudicación, las cláusulas generales al Contrato de
Locación de Servicios, Base de Concurso para la Contratación de Servicios de
Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos y Obras Mayores, entre otros.
4.10. Al respecto, el artículo 9° de la Ley N° 29245, Ley que Regula los
Servicios de Tercerización, señala expresamente que:
"La empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con
desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora es solidariamente
responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las
obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador
estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la
culminación de su desplazamiento. La empresa tercerizadora mantiene su
responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral." (sic.).
Por otro lado, la empresa apelante, refiere que no ha existido un
desplazamiento continuo, y que no ha sido materia de análisis en la sentencia
recurrida; haciendo mención al artículo 6° del Reglamento de la Ley Nº 29245 y
del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios de tercerización,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, dicha norma, referida a la
Duración del Desplazamiento, establece en forma expresa lo siguiente:
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"El desplazamiento continuo del trabajador al que se refiere el artículo 2 del
Decreto Legislativo es aquel realizado de forma regular entre la empresa
tercerizadora y la empresa principal. Se configura la continuidad cuando:
a) El desplazamiento ocurra cuando menos durante más de un tercio de los
días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización; o,
b) Exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro
de un semestre." (sic.);
Por lo que estando a lo establecido en considerando precedente, la carga de
probar, que no ha existido un desplazamiento permanente o que haya sido
menos de lo dispuesto en los literales a) y b) de la norma transcrita,
corresponde a la empresa apelante, conforme a lo dispuesto por el artículo 23°
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497; Sin embargo, de los 4
medios probatorios ofrecidos por la co demandada (fojas 178), ninguna de ellas
tiene la finalidad de acreditar ese hecho.
4.11. Por el contrario, estando a la exhibición solicitada por la co demandada
Telefónica del Perú S.A.A., la demandante, ha presentado en la Audiencia de
Juzgamiento, a modo de exhibición, la impresión de diversas comunicaciones
electrónicas que la demandante mantuvo con diversos funcionarios de ambas
empresa co demandadas, entre ellos, también presentó uno de los anexos del
Contrato de Locación de Servicios Gerenciamiento y Supervisión de Obras
Inmobiliarias Proceso ACM, denominado "Consultas Gerenciamiento Entrega
1", instrumentales que fueron incorporados al proceso por la A quo en el minuto
38 de la segunda parte del video de la audiencia de juzgamiento, y que corre
de fojas 315 a fojas 337 y de fojas 338 a 345, respectivamente, ambas
instrumentales no han sido materia de tachas, ni de cuestionamiento alguno,
asimismo, a fojas 326 de autos, corre la comunicación del 04 de junio de 2015,
que le dirige Marco Carrillo Arteaga a la demandante, con la que se le adjunta
la carta de adjudicación del contrato, donde figura las bases técnicas y de
gerencia, respecto al contrato de tercerización que las codemandadas firmaron,
y la absolución de consultas; en esta comunicación se le indica lo siguiente:
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"Pregunta 21. Confirmar los horarios de trabajo propuesto para el servicio
variable (cuando se presente).El servicio fijo es de lunes a viernes de 9 am. a
6:30 pm. La supervisión de obras deberá adaptarse al horario en que se
realicen los trabajos de obras, incluidos domingos y feriados". (sic.), Asimismo,
en el documento denominado "Consultas Gerenciamiento Entrega 1" (fojas
333-345), que se adjunta a la comunicación antes mencionada, y en el que se
absuelven diversas interrogante, se tiene lo siguiente: "21. Confirmar los
horarios de trabajo propuesto para el servicio variable (cuando se presente).
Respuesta: El servicio fijo es de lunes a viernes de 9 am. a 6:30 pm. La
supervisión de obras deberá adaptarse al horario en que se realicen los
trabajos de obras, incluidos domingos y feriados". (sic.) ver fojas 341. Por otro
lado, a fojas 55 de autos, corre la Constatación Policial, realizado el 18 de
agosto de 2015, efectuada por un efectivo policial de la Comisaria de Chacarilla
del distrito de Surco, en ella se observa que el efectivo policial se entrevistó con
la persona de Oscar Ruíz Herrera, quien laboraba para la empresa Morphos
Hispanoamericana S.A.C., quien indicó que la demandante entró a trabajar por
intermedio de su empresa a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. como
coordinadora de proyectos; De los que se concluye que la demandada no ha
cumplido con acreditar, que el desplazamiento de la actora, no haya cumplido
con lo señalado en los literales a) y b) del citado artículo 6° del Reglamento de
la Ley de Tercerización; por lo que se desestima el agravio antes mencionado y
se confirma el extremo de la sentencia objeto de apelación.
4.12. De lo expuesto, se concluye, que conforme a lo determinado en la
sentencia apelada, confirmada en esta instancia, y la indemnización por
despido arbitrario establecido en esta instancia, corresponde que las co-
demandadas Morphos Hispanoamérica S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A.
paguen, de forma solidaria, a la actora, los siguientes conceptos:
CTS 2,958.08
GRATIFICACIONES 3,333.33
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VACACIONES 2,944.44
REM. INSOLUTAS 5,666.67
INDEM. X
DESPIDO 120,000.00
TOTAL S/ 134,902.52
Montos que las co demandadas deberán abonar en forma solidaria, más los
intereses legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia.
V.- DECISIÓN:
Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a), numeral 4.2) del
artículo 4° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la Séptima Sala Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú:
HA RESUELTO:
5.1. REVOCAR la SENTENCIA N° 194-2017-4°JETPL , contenida en la
Resolución N° 07, de fecha 21 de setiembre del 2017, en el extremo que
declara infundado el extremo de la Indemnización por Despido Arbitrario,
y REFORMÁNDOLO, se DECLARA FUNDADO, en consecuencia, las
co-demandas paguen de forma solidaria a la actora la suma de CIENTO
VEINTE MIL CON 00/100 SOLES - S/ 120,000.00 - por el concepto de
indemnización por despido arbitrario, más los intereses legales que se
liquidaran en ejecución de sentencia
5.2. CONFIRMAR LA SENTENCIA N° 194-2017-4°JETPL , en los extremos,
que declara INFUNDADAS las excepciones de caducidad y de falta de
legitimidad para obrar pasiva, deducidas por la demandada Telefónica del
Perú S.A.A.. declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en
consecuencia, SE ORDENA que las demandadas de manera solidaria,
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paguen a la actora la suma de S/ 14,902.52 (CATORCE MIL
NOVECIENTOS DOS CON 52/100 SOLES), por los siguientes conceptos:
S/ 2,958.08 por compensación por tiempo de servicios; S/ 3,333.33 soles
por gratificaciones truncas; S/ 2,944.44 por Vacaciones, y S/ 5,666.67
soles por remuneraciones insolutas, más intereses legales y financieros
respecto de la Compensación por Tiempo de Servicios; asimismo,
debiendo la demandada cumplir con entregar a la actora el formulario
correspondiente de rentas y retenciones respecto a impuestos retenidos. y
ENTREGUESE el Certificado de Trabajo a la demandante, quien deberá
concurrir a esta Judicatura para tal efecto. Se CONDENA a las
demandadas al pago de costas y costos del proceso en ejecución de
sentencia.
En los seguidos por FÁTIMA LAGE PÉREZ contra MORPHOS
HISPANOAMERICA S.A.C. y TELEFÓNICA DEL PERU SAA, sobre pago de
Beneficios sociales y otros; notifíquese y devuélvanse los autos al Cuarto
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.
HUATUCO SOTO CHÁVEZ PAUCAR
VALENCIA CARRERA
14 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 22303-2015-0-1801-JR-LA-04
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CAPARACHIN RIVERA, SUSSY DEL PILAR
ESPECIALISTA : LOPEZ AGARINI MARIA DEL CARMEN
DEMANDADO : EMPRESA MORPHOS HISPANOAMERICA SAC ,
TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : LAGE PEREZ, FATIMA
Resolución Nro.08
Lima, 06 de Noviembre del 2017.-
Al escrito presentado por la parte demandada, ingresado por CDG, con fecha
13.09.2017, recepcionado por esta secretaria con fecha 20.09.2017. Al
Principal: TENGASE por subsanado lo ordenado mediante audiencia de
juzgamiento de fecha 11 de setiembre del presente.
A los escritos presentados por la parte demandante y la parte demandada,
ingresados por CDG, con fecha 27 y 28.09.2017, recepcionados por esta
secretaria con fecha 05.10.2017, procediéndose a proveer como corresponde;
y, CONSIDERANDO:
Primero: Las partes en el presente proceso interponen recurso de apelación
contra la sentencia N° 194-2017 emitida el 21 de setiembre del presente que
resuelve declarar Fundada en Parte la demanda.
Segundo: El artículo 32° de la Ley N° 29497 dispone que: «El plazo de
apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde
el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su
notificación». Por otro lado el artículo 367° del Código Procesal Civil señala
que: «La apelación debe ser interpuesta dentro del plazo legal ante el Juez que
expidió la resolución impugnada, acompañando los recibos de tasa judicial
respectivo »; Asimismo el artículo 366° del Código Adjetivo señala que: «El que
interpone una apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de
derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y
sustentando su pretensión impugnatoria».
Tercero: se advierte que las partes apelantes han cumplido con los requisitos
de admisibilidad y procedencia genéricos y específicos del recurso
impugnatorio de su propósito, así como han cumplido con fundamentar
indicando el error de la sentencia cuestionada, han precisado la naturaleza del
agravio y sustentado su pretensión impugnatoria así como presentar el recurso
dentro del plazo legal, por lo que resulta procedente su concesión.
Por los considerandos antes expuestos y en aplicación de los artículos 365°,
366°, 367° y 371° del Código Procesal Civil , de ap licación supletoria al presente proceso y del artículo 32° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se
RESUELVE:
1. CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la
Sentencia N° 194-2017 interpuesta por la parte demandante LAGE
PEREZ, FATIMA y la parte demandada – TELEFONICA DEL PERU
S.A.A .
2. ELEVESE LOS autos al Superior Jerárquico, a cuyo efecto OFÍCIESE.
Interviniendo la especialista que suscribe por mandato superior.
NOTIFIQUESE.- |
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4° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 17 intersección Av. Abancay y Nicolás de Piérola S/N, Lima.
EXPEDIENTE : 22303-2015-0-1801-JR-LA-04
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CAPARACHIN RIVERA, SUSSY DEL PILAR
ESPECIALISTA: PAULI DOROTEO, PIETRO ANGELO
DEMANDADO : EMPRESA MORPHOS HISPANOAMERICA SAC
TELEFONICA DEL PERU SAA
DEMANDANTE : LAGE PEREZ, FATIMA
SENTENCIA N° 194-2017 - 4°JETPL
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete.-
I. ASUNTO:
Mediante el escrito FATIMA LAGE PEREZ interpone demanda contra MORPHOS
HISPANOAMERICA S.A.C Y TELEFONICA DEL PERU S.A.A sobre PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO.
Síntesis de la demanda:
La demandante argumenta su pretensión señalando que:
Fue contratada por la empresa MORPHOS HISPANOAMÉRICA S.A.C. desde
el 02 de mayo de 2015, mediante contrato de duración determinada de un año,
bajo el régimen de la actividad privada, como Gerente de Proyectos, para ser
destacada a Telefónica del Perú S.A.A, ejecutando sus labores en las oficinas
de esta última, percibiendo una remuneración de S/.12,000.00 soles
mensuales.
El domingo 16 de agosto de 2015, el señor Oscar Ruiz Herrera le envía un
correo informándole que le han dado de baja a su pase de ingreso a
Telefónica, revisando este correo recién el día 17 de agosto de 2015,
dirigiéndose a Telefónica, donde le informaron que ya no podía permanecer en
sus oficinas, luego de ello se dirigió a MORPHOS y viendo que no cumplían
con su liquidación de beneficios sociales y pago de la indemnización por
despido, procedió a dirigirse al Ministerio de Trabajo, y con un policía se dirigió a MORPHOS a certificar que su cese era arbitrario, señalando el representante
de la empresa que su cese se había efectuado debido a que en Telefónica no
la querían como la Gerente de Proyectos.
La empresa posterior a su despido le cursó una carta imputándole una falta
grave por abandono de trabajo, las cual no tiene efecto, pues ya estaba
despedida desde el 17 de agosto.
En ese sentido, solicita que se le abone la indemnización por despido, CTS,
vacaciones, gratificaciones y remuneraciones insolutas por la suma de S/. 161,
278.14 soles, así como un certificado de trabajo y formulario N° 1492
certificado de rentas y retenciones de los ingresos de la actora.
Demanda solidariamente a Telefónica del Perú S.A.A. en relación a los
derechos laborales reclamados de conformidad al artículo 9° de la Ley N°
29245.
El Juzgado resolvió admitir a trámite la demanda mediante resolución número uno de
fecha 20 de octubre de 2015, que fue válidamente notificada a las demandadas,
conforme cargos obrantes en autos.
Audiencia de Conciliación:
Esta diligencia se desarrolló con la concurrencia de las partes, no habiendo
prosperado ningún acuerdo conciliatorio, por mantener las partes sus puntos de
vista; por lo que, se precisó las pretensiones que pasan a juzgamiento.
Seguidamente, se requirió a las demandadas el escrito de contestación a la
demanda y sus anexos, siendo calificadas positivamente, teniéndose por
contestada la demanda, cuyas copias fueron entregadas en dicho acto procesal al
demandante para su conocimiento. A continuación, se dispuso programar la fecha
de la audiencia de juzgamiento.
Síntesis de la Contestación:
La demandada Telefónica del Perú S.A.A, como defensa técnica formuló:
La excepción de caducidad, argumentando que si la demandante
consideraba que había sufrido un despido el 17 de agosto de 2015, conforme
señala en su demanda, tenía un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a
la fecha de producido el hecho para demandar judicialmente una
indemnización por despido arbitrario, es decir, hasta el 28 de setiembre el 2015, sin embargo la demanda fue interpuesta el 30 de setiembre de dicho
año, conforme se puede apreciar del reporte web del Poder Judicial.
Siendo esto así, al no haber la demandante interpuesto la demanda dentro
del plazo respectivo, no es jurídicamente posible exigir ante el poder
jurisdiccional dicha pretensión, por haber transcurrido en exceso el plazo de
caducidad previsto en la ley.
La excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, argumentando que
no tienen legitimidad para obrar en el presente proceso, puesto que no existe
ningún factor o situación que los vincule con los hechos materia de
controversia.
La demandante laboró para MORPHOS, quien como empleador debía cumplir
con todas las obligaciones que la ley le asigna, sin embargo no se ha
explicado o presentado ningún fundamento que explique por qué son
responsables del pago de las remuneraciones y demás beneficios
demandados, por qué existiría una supuesta relación solidaria con
MORPHOS, por consiguiente, no tendrían ninguna obligación frente a !a
demandante conforme a la legislación vigente al momento de ocurrencia de
los hechos.
La demandada como argumentos de defensa de fondo, afirma que:
La demandante laboró para MORPHOS, quien como empleadora debía
cumplir con todas las obligaciones que la ley le asigna, no obstante ello, la
accionante lo involucra en esta controversia, sin sustento alguno, sin explicar
por qué debe intervenir en el presente proceso, por qué debe ser obligado
solidariamente y por qué debe responder respecto de obligaciones labores de
terceros y frente a una persona natural que nunca ha sido su trabajador.
La Ley de Tercerización y en específico la responsabilidad solidaria, solo es
aplicable a los supuestos de tercerización con desplazamiento continuo.
La demandante sostiene que laboró para la empresa MORPHOS, pero no
detalla las funciones desempeñadas. Además, no acredita que haya existido
desplazamiento continuo, que, la responsabilidad solidaria se aplicará
siempre y cuando haya habido un desplazamiento continuo de personal. Sin
embargo, la demandante no ha cumplido con demostrar fehacientemente que
fue destacada de manera continua a instalaciones de Telefónica, ni siquiera
ha acreditado la prestación de servicios indirectos relacionados con obras o
servicios contratados por su representada, toda vez que la relación se
desarrolló con MORPHOS, en tal sentido telefónica no tiene ninguna obligación frente a !a demandante conforme a la legislación vigente al
momento de ocurrencia de los hechos.
La demandada MORPHOS S.A.C, contestó la demanda argumentando que:
Reconocen que la accionante fue contratada, como Gerente de Proyecto,
bajo el régimen laboral de la actividad privada sujeta a un contrato de trabajo
a tiempo determinado de un año de duración, ingresando a laborar el 02 de
mayo del 2015 cesando el 17 de agosto del 2015, luego de concluido un
procedimiento previo de despido, teniendo una remuneración de S/.10,000.00
soles mensuales.
El cargo de la demandante era la de un personal de confianza, siendo
destacada a las oficinas de su cliente Telefónica del Perú S.A.A, a efectos de
cumplir con la ejecución de los servicios contratados de consultoría,
gerenciamiento y supervisión de proyectos y obras mayores de su área
inmobiliaria.
Ante una serie de demostraciones de falta de capacidad y continuos
incumplimientos cometidos por la demandante que ocasionaban perjuicios a
su cliente Telefónica, a través de la Jefa de Gestión Inmobiliaria, solicitaron
cambiar a la actora por otro personal.
El Sr. Oscar Ruíz Herrera quien era su jefe inmediato, le comunicó a la actora
mediante correo electrónico cursado con fecha 16 de agosto del 2015, que
ante la solicitud del cliente Telefónica, a partir del día lunes 17 de agosto del
2015 mientras resolvían su continuidad, ya no asista a las oficinas del
mencionado cliente sino que se constituya sus oficinas a efectos de analizar
su continuidad en otros proyectos, para luego de ello, apersonarse a sus
oficinas, donde luego de conversar con otros trabajadores, se retiró sin
ninguna autorización, para ya no retornar nuevamente, alegando a partir de
ese momento, haber sido presuntamente "despedida".
Conforme reconoce expresamente la demandante en su escrito de demanda,
se le inició el procedimiento de despido (por abandono de trabajo de más de
tres días consecutivos), con lo que se demuestra que, sin perjuicio de señalar
que la actora tenía la condición de personal de confianza, se cumplió con el
procedimiento de ley, por lo que no se incurre en el presunto "despido
arbitrario".
En relación al punto 5.7 de los fundamentos de hecho, se allanan en éste
extremo, siempre que se calcule con su verdadera remuneración de
S/.10,000.00 soles, siendo que en ningún momento se han negado en abonar sus beneficios sociales; sin embargo, la accionante condiciona su cobro al
pago de una presunta '''indemnización por despido arbitrario".
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
Esta diligencia, según se ve del registro de video y del Acta correspondiente, se
desarrolló con la concurrencia de las partes. Se realizó la etapa de confrontación de
posiciones siendo que la parte demandada formularon las excepciones de
prescripción y de falta de legitimidad para obrar pasiva, absolviendo la parte
demandante, disponiéndose que sean resueltas con la sentencia. Luego, se dio
inicio a los alegatos de apertura, se precisaron los hechos que no necesitan de
actuación probatoria y los que sí lo requieren, se indicó las pruebas dejadas de
lado, y la admisión de los medios probatorios; se procedió a la actuación de los
medios probatorios oralmente, y oído los alegatos finales de los abogados, la
Juzgadora se reservó la emisión del fallo para ser notificada en la sentencia, a cuyo
efecto se citó a las partes; sin perjuicio que tomen conocimiento de la misma por el
Sistema Integrado Judicial-SIJ.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO.- Consideraciones Generales.
1.1. Todo trabajo dignifica al hombre y nadie puede obligar a prestar trabajo
personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución; por ello, el
pago de sus remuneraciones y los beneficios sociales tiene prioridad sobre
cualquier otra obligación del empleador.
1.2. De otro lado, en la relación laboral se respetan los principios como la igualdad
de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos
reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al
trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma,
conforme lo establece el artículo 26° de la Constitución Política; siendo el
Juez quien debe velar por el respeto del carácter irrenunciable de los
referidos derechos. Es ese orden, el artículo 22° y 23° de la citada
Constitución, disponen que "el trabajo es un deber y un derecho", y "es la
base del bienestar y un medio de realización de la persona"; por lo que,
cualquier persona no puede, bajo ningún concepto, contravenir este mandato
Constitucional. 1.3. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil –aplicable
supletoriamente a los procesos laborales- establece: “El Juez deberá
atender que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad
abstracta es lograr la paz social en justicia”.
1.4. Por su lado, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 29497, Nueva Ley
Procesal del Trabajo, dispone: “Corresponde a la justicia laboral resolver
los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones
de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa,
cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de
servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el
encubrimiento de relaciones de trabajo. (…)”.
1.5. Asimismo, el proceso debe tramitarse y resolverse con sujeción al debido
proceso, conforme a lo previsto en el inciso 3) del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado. Lo que implica que el Juzgador, debe actuar
con objetividad e imparcialidad y, las partes, dentro de los tiempos y en las
formas reguladas deben expresar sus fundamentos de cargo y descargo y
desplegar su actividad probatoria (ofrecer y actuar medios probatorios y
proponer cuestiones probatorias); asimismo, el pronunciamiento jurisdiccional
que ponga fin al proceso, debe ser únicamente sobre las pretensiones
demandadas, sustentada en los hechos alegados y en las pruebas actuadas,
exponiéndose de manera suficiente el razonamiento lógico seguido para la
formación de su convicción y el sentido de su fallo, definida como debida
motivación.
1.6. El artículo 23° de la Ley 29497, establece las reglas de la carga de la prueba,
“La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la
carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales. (…)”. De ello, se deduce que en el caso de discutirse la
existencia de una relación laboral encubierta corresponde al trabajador
demandante acreditar la prestación personal de servicios y al demandado
como empleador desvirtuar que esta prestación corresponda a un contrato de
trabajo, al presumirse su existencia por tiempo indefinido. SEGUNO.- Excepción de caducidad formulada por Telefónica del Perú S.A.A.
2.1. El artículo 446° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso
laboral, dispone que el demandado puede proponer la excepciones, las
cuales constituyen “(…) medios formales de defensa a través de los cuales
las partes denuncian la inexistencia o presencia defectuosa de un
presupuesto procesal de la acción o de una condición de la acción que
determinan una relación procesal inválida o la imposibilidad de
pronunciamiento válido sobre el fondo (…)”1.
2.2. La codemandada Telefónica del Perú S.A.A., (minuto 03:07 video) argumenta
que el presunto despido arbitrario de la actora se habría producido, el 17 de
agosto del año 2015, conforme se sostiene en el escrito de demanda, siendo
que al momento de interponer la demanda el 30 de setiembre de dicho año se
excedió el plazo establecido en el artículo 36° de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral de 30 días naturales. La parte demandante absolvió
(minuto 06:05 video), expresando que en los anexos de la demanda obra la
solicitud de conciliar de fecha 27 de agosto de 2015 y la constancia de fecha
a conciliar de fecha 22 de setiembre, siendo que entre el 17 de agosto y el 22
de setiembre este plazo se suspendió habiendo transcurrido solamente 12
días hábiles aproximadamente.
2.3. El instituto de la caducidad tiene su razón de justicia en la seguridad jurídica,
por cuanto ha sido concebida como un medio para evitar que una situación
jurídica dure indefinidamente, poniendo en riesgo los fines más altos del
Derecho; y para el caso concreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 36°
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°
003-97-TR, en base a los fundamentos esgrimidos el plazo para accionar
judicialmente caduca a los treinta (30) días naturales de producido el hecho;
este plazo no está sujeto a interrupción o pacto que lo enerve, y una vez
transcurrido impide el ejercicio del Derecho; la única excepción está
constituida por la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal peruano,
por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional o impedido de
ingresar a él, o por falta de funcionamiento del Poder Judicial; de igual forma
al igual que lo dispuesto en el artículo 2005° del Código Civil, el mencionado
artículo 36° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece
1 Sentencia en Casación emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el
expediente N° 795-98-Lima, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de marzo de 2001, página
7082. como único supuesto para la suspensión del plazo la imposibilidad de
accionar ante un tribunal nacional, sin embargo, la norma va más allá, pues
esclarece en qué circunstancias será imposible acudir a nuestras cortes: (i)
cuando el trabajador salió del país y se encuentra impedido de retornar; y (ii)
cuando el Poder Judicial no funcione; la que debemos concordar con el
Reglamento de la Ley del Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-96-TR, que desarrolla la falta de funcionamiento del Poder
Judicial en su artículo 58° al establecer que tal circunstancia ocurrirá cuando:
(i) existan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el
funcionamiento de las cortes, y (ii) cuando el despacho judicial se encuentre
suspendido conforme al artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
cual establece que el despacho judicial se suspende en los días no hábiles
(sábados, domingos, feriados no laborables) y en otros días institucionales
(día del Juez, inicio del año judicial y días de duelo judicial o nacional).En
consecuencia debemos concluir que no queda duda que los treinta días
naturales de caducidad previstos en el artículo 36° de la Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, en realidad consisten en treinta días hábiles en
virtud de las reglas aplicables antes indicadas.
2.4. De la revisión de los actuados se advierte que la parte demandante acudió al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 27 de agosto de 2015 a fin
de conciliar respecto su pretensión laboral según se puede apreciar de la
solicitud (fojas 66) y del acta de fecha 22 de setiembre (fojas 67), por lo cual
se debe considerar la suspensión del plazo de caducidad, siendo que al
momento de interponerse la presente demanda no habrían transcurrido
todavía 30 días hábiles, no resultaría amparable la presente excepción.
TERCERO.- Excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva formulada
por Telefónica del Perú S.A.A.
3.1 La recurrente sostiene (minuto 05:01 video ) que no tienen legitimidad para
obrar en el presente proceso, no existe ningún factor o situación que los
vincule con los hechos materia de controversia, asimismo no tuvieron vínculo
laboral con la demandante y que la demandante ha reconocido a MORPHOS
como su empleadora.
3.2 Al respecto, es de señalar que a fin de establecer una relación jurídica
procesal válida, la Juzgadora debe verificar la existencia de un demandante,
con capacidad para comparecer en el proceso y la imputación que éste hace
a otra persona como responsable de satisfacer la pretensión que demanda, es decir, la existencia de un demandado plenamente identificado contra quien
se dirige la demanda, así la legitimidad para obrar pasiva, supone el
derecho del accionante para exigir que se resuelva sobre la o las
pretensiones propuestas en la demanda, contra determinada persona
consignada como obligada, derivada de la existencia de la simple identidad
entre las personas integrantes de la relación jurídica sustantiva y las partes
que conforman la relación jurídico procesal.
3.3 De otro lado, está excepción lo que procura es que exista identificación entre
la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva
(legitimación activa) y entre la persona del demandado con la persona contra
quien se dirige la voluntad de la ley sustantiva (legitimación pasiva), es decir
la relación jurídica material debe trasladarse a la relación jurídico – procesal.
En ese orden, Ticona Postigo sostiene que: “(...) cuando el demandado
deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del
demandado lo que está haciendo es afirmar o que el demandante no es el
titular de la pretensión que está intentando o que, en todo caso, no es el único
que debería hacerlo sino en compañía de otro u otros, o que él (el
demandado) no debería ser el emplazado dado que la pretensión intentada
en su contra le es absolutamente ajena o, en todo caso, que no es el único
que debería haber sido demandado”.
3.4 Monroy Gálvez dice que: “La legitimidad para obrar consiste precisamente en
que las personas que tienen su lugar respectivo en la relación jurídica
sustantiva, sean exactamente las mismas que ocupan su lugar respectivo en
la relación jurídica procesal. Si él o los titulares en la relación jurídica
sustantiva no son los mismos en la relación jurídica procesal, hay legitimidad
para obrar. Exactamente lo mismo ocurrirá, por ejemplo, si los titulares de la
primera relación son tres, y sólo forma parte de la relación procesal uno (...)”.
3.5 Finalmente, conforme al artículo 446° inciso 6) de Código Procesal Civil,
determina que la falta de correspondencia entre los sujetos procesales que
formaron parte de la relación material y los que forman parte de la relación
procesal, genera una relación jurídico – procesal inválida.
3.6 En ese contexto, debe tenerse en consideración que la comprobación al inicio
del proceso de la coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación
de derecho sustantivo, no es condición ni presupuesto de la acción, puesto
que eso sólo se establecerá en el momento en que se pronuncie la sentencia; así, debe tenerse en cuenta que estar legitimado en la causa significa tener
derecho a exigir que se resuelva sobre la o las pretensiones propuestas en la
demanda, por lo que la legitimidad para obrar o legitimatio ad causam supone
la identidad entre las personas integrantes de la relación jurídica sustantiva y
las partes que conforman la relación jurídica procesal, lo que no es
equivalente a la titularidad efectiva del derecho, en tanto ello se determinará
con pronunciamiento de fondo en la sentencia.
3.7 En consecuencia, como es de verse en autos, la actora peticiona el pago de
sus beneficios sociales como consecuencia de la labor prestada a las
codemandadas, situación suficiente para que exista una relación procesal
eficaz en tanto la titularidad del derecho y la obligación de las
codemandadas, esto es, que la pretensión sea fundada o no, se resolverá
como cuestión de fondo en la sentencia al verificar los hechos expuestos por
las partes. Por ello, deviene en infundada la excepción formulada.
CUARTO.- Delimitación de la controversia.
La controversia en el presente caso se circunscribe en determinar si corresponde: i)
las vacaciones truncas, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y pago
de remuneraciones insolutas correspondiente a agosto de 2015; ii) el pago de una
indemnización por despido arbitrario; iii) la entrega de certificado de trabajo y el
formulario N° 1492 certificado de rentas y retenciones y iv) el pago de intereses
legales costos y costas del proceso.
QUINTO.- Análisis de la responsabilidad solidaria de las partes.
5.1. El Reglamento de la Ley Nº 29245 aprobado por Decreto Supremo Nº 006-
2008-TR, define la tercerización como una forma de organización empresarial
por la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más
partes de su actividad principal a una o más empresas tercerizadoras, que le
proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma; asimismo
en su artículo 2° establece el ámbito de la tercerización: "El ámbito de la Ley
comprende a las empresas principales cuyos trabajadores estén sujetos
al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan su actividad
principal, siempre que se produzca con desplazamiento continuo de los
trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o
de operaciones de aquellas.(...) ".
5.2. En su lugar, el artículo 9° de la ley N° 29245, res pecto a la responsabilidad de
la empresa principal, establece: "La empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de personal de la
empresa tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los
derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad
social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado.
Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación
de su desplazamiento. La empresa tercerizadora mantiene su
responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral".
(1)(2)(3)2, disposición concordante con el artículo 7° de su Reglamento que
prescribe: "Alcances de la solidaridad La extensión de responsabilidad a
la que se refiere el artículo 9 de la Ley alcanza al empresario principal, al
contratista y al subcontratista, quienes son deudores solidarios frente al
trabajador impago o a la entidad de previsión social. Las obligaciones
laborales establecidas por norma legal incluyen el pago de las
remuneraciones ordinarias y de los beneficios e indemnizaciones
laborales previstas por ley (...)"
5.3. En ese orden, la actora prestaba servicios para la empresa tercerizadora
Morphos S.A.C, quien la destacaba a las oficinas de Telefónica del Perú
S.A.A., a fin de que realice las funciones de Gerente de Proyectos, hecho que
no ha sido negado por la demandada, existiendo un desplazamiento continuo,
por lo cual tendría responsabilidad solidaria respecto a las pretensiones
laborales solicitadas en la presente demanda.
5.4. Respecto al pago de beneficios económicos demandados la demandada
Morphos S.A.C, reconoce que le adeuda a la demandada el pago de
beneficios sociales de la actora, sin embargo discrepa en cuanto al monto de
las remuneraciones de la actora, sosteniendo que ella en realidad percibía la
suma de S/.10,000.00 soles mensuales y no S/.12,000.00 como sostiene la
actora.
2 (1) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1038, publicado el 25 junio
2008, las obligaciones y restricciones establecidas en los artículos 4 al 9 de la presente Ley,
son aplicables a aquellas empresas tercerizadoras que realizan sus actividades con
desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la principal, no así a los supuestos
de tercerización sin desplazamiento ni a las que lo hagan en forma eventual o esporádica.
(2) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1038, publicado el 25 junio
2008, la solidaridad a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley se contrae únicamente a
las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa tercerizadora
establecidos por norma legal, y no a las de origen convencional o unilateral.
(3) De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1038, publicado el 25 junio
2008, la empresa principal obligada a asumir obligaciones de la tercerista, en razón de la
solidaridad establecida por la presente Ley, tiene derecho de repetición contra ésta, y adquiere
los derechos y privilegios del crédito laboral en caso de insolvencia o quiebra. 5.5. De la revisión del contrato laboral, obrante de fojas 4 a 5, suscrito entre
Morphos S.A.C y la demandante, fluye que ésta percibía la suma de
S/.10,000.00 soles mensuales, por lo cual debe tenerse en cuenta dicho
monto como remuneración mensual.
SEXTO.- Análisis respecto al pago de beneficios sociales.
6.1 Los Beneficios Sociales laborales son una de las instituciones claves de las
relaciones individuales de trabajo y se constituyen en la prestación más
recurrente en los procesos laborales, toda vez que los beneficios sociales son
todos aquellos conceptos que perciben, los trabajadores por o con ocasión
del trabajo dependiente, no importa su origen legal, heterónomo,
convencional o autónomo; el monto o la oportunidad de pago, la naturaleza
remunerativa del beneficio, la relación de género especie, la obligatoriedad o
voluntad, etc., lo percibe el trabajador con ocasión de sus labores prestadas
de manera dependiente, por lo que al haberse acreditado relación laboral le
corresponden los beneficios sociales que reclama, los que serán detallados
en los siguientes considerandos.
6.2 Con respecto a las remuneraciones se tomarán en cuenta lo percibido en
Planillas constituido por Remuneración Básica y Comisión Ventas, y las que
percibió por facturas y recibos por honorarios; las que se tendrán en cuenta
en lo que corresponde para efectos de la liquidación de los beneficios
sociales y económicos demandados, asimismo debemos dejar establecido
que en los meses que facturaba menos a la Remuneración Mínima Vital, debe
abonársele con dicho monto, y en lo que se refiera aquellos periodos en que
no mediara documentación, atendiendo a la carga de la prueba en lo que
respecta al empleador acorde al literal a) del inciso 23.4 del artículo 23 de la
Ley N° 29497, se tomará como referencia lo percibido, obtenido de la
documentación aportada en el proceso; procediéndose a su liquidación
respectiva, asimismo debiendo la demandada cumplir con entregar a la actora
el formulario correspondiente de rentas y retenciones respecto a impuestos
retenidos.
6.3 Compensación por Tiempo de Servicios: De conformidad con el artículo 2°
del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, la compensación
por tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo
laboral; cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. La
compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador. Efectuado el depósito queda cumplida y
pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en
caso de depósito insuficiente o que resultare diminuto; asimismo, la
compensación por tiempo de servicios se calcula en forma semestral, siendo
la remuneración computable, la remuneración básica y todas las cantidades
que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé,
siempre que sea de su libre disposición, a la cual se incluye las
remuneraciones de periodicidad semestral a razón de un sexto de lo percibido
en el semestre respectivo.
6.4 En tal sentido, siendo que es un beneficio social de fuente legal supone para
la demandada una obligación, respecto de la cual no ha acreditado su
cumplimiento conforme a la carga probatoria que le asigna el literal a) del
inciso 23.4 del artículo 23° de la Ley 29497; corresponde amparar a la
demandante por este concepto por el periodo del 02 de mayo de 2015 al 17
de agosto de 2015, correspondiendo la suma de S/.2,958.08 soles, que
deben ser abonados por los demandados de manera solidaria, conforme a lo
detallado precedentemente, habiéndose tenido en cuenta el contrato laboral
suscrito entre las partes, de fojas 4 a 5, debiendo ser abonado en forma
solidaria:
DEPOSITO SEMESTRAL
N°
PERIODO Mes REMUNE PROM SUELDO TOTAL
Día RACION GRATIF INDEMNIZ S/.
02.05.15 AL 3m y
17.08.15 16d 10,000.00 46.30 10,046.30 2,958.08
TOTAL
S/. 2,958.08
6.5 Gratificaciones: De conformidad con la Ley N° 27735, los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho a percibir
dos gratificaciones al año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con
ocasión de Navidad. El monto de cada una de ellas equivale a una
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio. Asimismo, que en caso de que un trabajador cuente con
menos de seis meses, percibirá la gratificación en forma proporcional a los
meses laborados.
6.6 En virtud a la norma en referencia, y atendiendo que la demandante solicita
las Gratificaciones Legales, conforme demanda, sin que las codemandadas
haya acreditado el abono de este beneficio, corresponde percibir por este
concepto, considerando para ello la remuneración promedio percibida en
virtud a su remuneración variable, liquidación que se efectuará conforme al
detalle siguiente, correspondiéndole la suma de S/.3,333.33 soles que deben
ser abonados por los demandados de manera solidaria.
GRATIFICACIONES
TRUNCO
PERIODO JULIO DICIEM TOTAL
BRE
2015 1,666.67 1,666.67 3,333.33
TOTAL
S/. 3,333.33
6.7. Vacaciones: El artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que los
trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año
siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán: a) una
remuneración por el trabajador realizado; b) una remuneración por el
descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) una indemnización
equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso.
Asimismo el artículo 22° del mismo cuerpo normativo precisa que se
procederá el abono del récord trunco vacacional siempre que el trabajador
acredite un mes de servicios a su empleador, y cumplido el referido requisito
el récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de
la remuneración como meses y días computables hubiera laborado,
respectivamente.
6.8 Al respecto, la demandada no ha acreditado haber otorgado el pago
solicitado, por lo que le corresponde a la demandante percibir este beneficio,
tomándose en consideración remuneraciones percibidas por la suma de S/.2,944.44 soles debiendo pagarse de manera solida |
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EXPEDIENTE: 22367-2015-0-1801-JR-LA-08
Señores
CARLOS CASAS
VALENZUELA BARRETO
HUERTA RODRÍGUEZ
Resolución N° 09
Lima, 08 de julio de 2019
Dando cuenta al escrito con número de ingreso 59536-2019:
A lo expuesto, y ATENDIENDO:
Primero.- La demandada solicita integrar la sentencia de vista
al no haberse emitido pronunciamiento respecto a uno de los
agravios de su escrito de apelación de sentencia, referido al pago
de costas.
Segundo.- Mediante sentencia de vista, de fecha 03 de junio de
2019, se ha resuelto confirmar la sentencia que declara fundada
en parte la demanda, ordenándose a la demandada cumpla con
reponer a la demandante en el cargo que venía desempeñando o
en uno de similar característica antes del despido, con lo demás
que contiene.
Tercero.- Cabe señalar, que la parte demandada, mediante
escrito de apelación de fecha 18 de abril de 2017, formuló
agravios, entre otros, respecto a las costas procesales,
solicitando que estas sean desestimadas.
Cuarto.- No obstante, de la revisión de la sentencia antes
aludida, se advierte que no se ha emitido pronunciamiento en
relación a las costas del proceso.
Quinto.- En consecuencia, por las consideraciones antes
señaladas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del
Código Procesal Civil, se declara: FUNDADA la integración de la
sentencia de vista, de fecha 03 de junio de 2019, peticionada
por la demandada; por tanto se procederá a emitir el
pronunciamiento respectivo. |
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Cuarta Sala Laboral Permanente
Exp. N° 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
Señores:
CARLOS CASAS
ESPINOZA MONTOYA
HUERTA RODRIGUEZ
Lima, 09 de abril de 2018
VISTOS: En Audiencia Pública de Oralidad de fecha 09 de abril del
presente año, interviniendo como Juez Superior Ponente la Señora Vilma
Carlos Casas.
ASUNTO: Viene en revisión a esta instancia la Sentencia N° 058-2017, de
fecha 11 de abril de 2017, obrante a fojas 288 a 294, que declara fundada
en parte la demanda; en mérito al recurso de apelación interpuesto por la
demandada, obrante de fojas 300 a 305.
AGRAVIOS:
La demandada expresa los siguientes agravios:
1. No se han configurado los elementos de un contrato de trabajo, por
cuanto se han suscrito contrato de locación de servicios en el periodo 09 de
octubre de 2008 al 03 de setiembre de 2015, bajo la naturaleza civil
regulado en el artículo 1766° del Código Civil, permite que en dichos
contratos, el locador pueda prestar personalmente el servicio, pudiendo
valerse bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares, sustitutos,
si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no
es incompatible con la naturaleza de la prestación.
2. Respecto al elemento de la remuneración los montos que fueron
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Cuarta Sala Laboral Permanente
Exp. N° 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
percibidos por la accionante como retribución pactada en los contratos de
locación de servicios previa conformidad del área usuaria (Departamento
de Secretaria general Sección Archivo Central), tal es así que su
percepción no estuvo sujeto a descuento por inasistencia o tardanzas; esto
en la medida que el demandante como locador no estuvo sujeto al
cumplimiento de un horario de trabajo.
3. En cuanto a la subordinación que implica la presencia de la facultad
directriz, normativa y disciplinaria que tiene el empleador frente a un
trabajador, las que se exteriorizan en el cumplimiento de un horario y
jornada de trabajo, uniformes, imposición de sanciones disciplinarias,
sometimiento a los procesos disciplinarios aplicables al personal
dependiente, comunicaciones indicando lugar y horario de trabajo o las
nuevas funciones etc., presupuestos que la demandante no ha podido
acreditar.
4. No se ha acreditado la existencia de un despido incausado, siendo la
culminación de la prestación servicios por la demandante se debió al
vencimiento del último contrato de locación de servicios del 03 de
setiembre de 2015. Asimismo el Juzgado incurre en error al ordenar la
reposición de la accionante, sin tener en consideración la necesidad de una
evaluación por la parte del área de selección de personal de la entidad.
5. La A quo no ha considerado que el Banco de la Nación se encuentra
exonerado del pago de costas y costos procesales, por ser un Organismo
Público Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, conforme con el
Decreto Legislativo N° 183, Ley N° 27231 que modifi có el literal g) del
artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 413° del Código
Procesal Civil, deviniendo en consecuencia en improcedente este extremo
de la demanda.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Cuarta Sala Laboral Permanente
Exp. N° 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
CONSIDERANDO:
Primero: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio
contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum-,
en la apelación la competencia del Superior solo alcanza a ésta y a su
tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada.
Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia
respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de
la segunda instancia.
Segundo: La pretensión de la actora en este proceso conforme a la
demanda de fojas 218 a 231, subsanada a fojas 238 a 242, es la reposición
por despido incausado, precisando que ingresó a laborar para la
demandada el 09 de octubre de 2008 hasta el 03 de setiembre de 2015,
bajo contrato de locación de servicios en el cargo de Digitadora del
departamento de Secretaria General, contratos que se encuentran
desnaturalizados por el principio de primacía de la realidad. Sostiene que
su despido deviene en incausado dado que sólo podía ser despedida por
causa justa, lo cual no ha ocurrido por lo que solicita la reposición. La
demandada sostiene que suscribieron contratos de locación de servicios
con la accionante, por lo tanto nunca ha tenido la condición de trabajadora
menos que haya tenido el cargo de Digitadora, sus contratos fueron
suscritos por plazos determinados, no existiendo continuidad por cuanto ha
tenido interrupciones, siendo una locadora de servicios cuya
contraprestación se le retribuía previo giro del recibo por honorario, por lo
que la actora no acredita la existencia de una relación laboral, por lo tanto
su demanda debe ser desestimada.
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Cuarta Sala Laboral Permanente
Exp. N° 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
Tercero: Conforme a la Audiencia de Vista de la Causa, la parte
demandante ha señalado que a la fecha mantiene un proceso judicial sobre
desnaturalización de los contratos de locación de servicios y
reconocimiento del vínculo laboral, ventilado en el expediente N° 10937-
2015-0-1801-JR-LA-14, del 14 Juzgado Laboral, estando pendiente el
pronunciamiento de la Corte Suprema de la Justicia de la República, al
haber interpuesto el demandado recurso extraordinario de casación, fallo
que tendrá incidencia en la presente controversia.
Cuarto: Siendo que el pronunciamiento de expedirse en dicho
proceso, tiene relación directa con la pretensión del presente proceso, toda
vez, que para emitir pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de
reposición, se requiere que el proceso seguido por las partes sobre la
desnaturalización de los contratos de locación de servicios quede firme, a
efectos de evitar sentencias contradictorias.
Quinto: En ese contexto, corresponde invocar que la suspensión del
proceso, está regulada en el Código Procesal Civil, en los artículos 318°,
319° y 320°. El artículo 320° señala: “Se puede declarar la suspensión del
proceso, de oficio o a pedido de parte, en los casos previstos legalmente, y
cuando a criterio del Juez sea necesario. El Juez a pedido de parte,
suspende la expedición de la sentencia en un proceso siempre que la
pretensión planteada en él dependa directamente de lo que debe resolver
en otro proceso en el que se haya planteado otra pretensión cuya
dilucidación sea esencial y determinante para resolver la pretensión
planteada por él. Para ello es necesario que las pretensiones sean
conexas, a pesar de lo cual no puedan ser acumuladas, caso contrario,
deberá disponerse su acumulación.”
Sexto: En ese sentido a efecto de preservar la seguridad jurídica, y
de que no se emitan dos fallos contradictorios, corresponde suspenderse el
presente proceso hasta que se resuelva el Recurso de Casación
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Cuarta Sala Laboral Permanente
Exp. N° 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
interpuesto por la parte demandada en el expediente 10937-2015-0-1801-
JR-LA-14.
Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con del literal a) del
artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, la Cuarta
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima
administrando Justicia a nombre de la Nación;
RESUELVE:
SUSPENDER este proceso hasta que se resuelva el Recurso de Casación
interpuesto por la demandada en el expediente 10937-2015-0-1801-JR-LA-
14.
En los seguidos por ANGELICA CAMA HUERTAS contra el BANCO DE
LA NACION, Notifíquese.
5 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
Av.Abancay Cdra. 5, Esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque Universitario - Edificio
“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
EXPEDIENTE : 22367-2015-0-1801-JR-LA-15
DEMANDANTE : ANGÉLICA CAMA HUERTAS
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : RECONOC. DE VÍNCULO LABORAL Y REPOSICIÓN
JUEZ : JORGE RAÚL HUARINGA SALVATIERRA
SECRETARIA : EDGARDO CICERON CIRIACO SALINAS
RESOLUCION NUMERO CINCO
Lima, once de abril del dos mil diecisiete.-
SENTENCIA N° 058 -2017
I.- PARTE EXPOSITIVA
VISTOS:
I.1 Resulta de autos que de fojas 218 a 231, subsanada de fojas 238 a
242, ANGÉLICA CAMA HUERTAS, interpone demanda de
Desnaturalización de contratos de locación de servicios, su reposición por
despido incausado y accesoriamente el pago de las remuneraciones
dejadas de percibir, y la dirige contra el BANCO DE LA NACIÓN.
Fundamenta sus pretensiones, manifestando haber ingresado a laborar a
favor de la demandada el 09 de octubre del 2008, bajo simulados
contratos de locación de servicios, desempeñando como digitadora del
Departamento de Secretaría General del Banco de la Nación, siendo
cesada el 03 de setiembre de 2015; la desnaturalización que postula se
desprende de los propios contratos de servicio de locación de servicios y
sus ANEXO(s) N° 001 - los cuales por sí solos acreditan los elementos
que configuran un contrato de trabajo a plazo indeterminado, como son la
prestación de servicios, la subordinación y la remuneración, además en
dichos contratos se consignan pacto que integran dicho como son la
confidencialidad, exclusividad y la permanencia; agrega que las funciones
que desarrollaba para la demandada se encuentran contempladas en el
Manual de Organizaciones y Funciones del Departamento de Secretaría
General, aprobado por Resolución de Gerencia General EF/92.2000 N°
074-2012 de fecha 04 de diciembre de 2012, asimismo, agrega que con
la documentación que acompaña a su demanda (Carta EF/92.2200N°
078-2009, Diploma, Orden de Salida, Actas de Conformidad, recibos por
honorarios), prueban la relación existente entre ambas partes, y se
evidencia las tres facultades principales de subordinación: Dirección,
supervisión y sanción; por lo que invoca la aplicación del principio de
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primacía de la realidad; respecto a su pretensión de reposición por
despido incausado, señala que no resulta aplicable al caso el precedente
Huatuco pues la demandada es no es parte de la función pública, agrega
que dado que existió entre las partes una relación laboral de duración
indeterminada, el actor solo podía ser despedido por causa justa, lo cual
no ha ocurrido en autos configurándose un despido incausado, por lo que
solicita declarar la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios y como consecuencia, declarar la existencia de un contrato de
trabajo y se disponga su reposición y el pago de sus remuneraciones
caídas.
I.2 Admitida la demanda, mediante resolución dos, que corre de fojas
243 a 247 de autos, se señaló fecha para llevar a cabo la Audiencia de
Conciliación. En dicha audiencia, las partes no arribaron a acuerdo
Conciliatorio alguno, por lo que en aplicación del numeral 3) del artículo
43° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo se le requirió a la parte
demandada para que presente su escrito de Contestación a la demanda,
la misma que corre de fojas 268 a 281, documento en el cual la
emplazada, ha manifestado respecto al fondo que el Banco de la Nación
siempre ha actuado ciñéndose estrictamente a las disposiciones legales y
administrativas que regulan el contrato de locación de servicios, dentro de
ese contexto, la demandante nunca ha tenido la condición de trabajador,
menos que haya ostentado el cargo de digitador y que la relación que
tuvo con la accionante fueron a través de los contratos de locación de
servicios, los mismos que refieren fueron suscritos por plazos
determinados, no existiendo continuidad por cuanto se advierte
interrupciones en los mismos, además que se le retribuía por sus
servicios prestados en forma interrumpida, por plazos determinados,
siendo un locador de servicios cuya contraprestación se le retribuía previo
giro del respectivo recibo por honorario, por lo que el actor no acredita la
existencia de una relación laboral, y por lo tanto no le corresponde;
agrega que la demandante conocía perfectamente el tipo de contrato que
suscribió que corresponde estrictamente a uno de servicios no
personales, por lo que estaría tratando de forzar una realidad que no es
equivalente a los hechos ocurridos, pues sus medios probatorios no
hacen más que corroborar que la relación con el banco era de naturaleza
civil, la que nunca cuestionó, resaltando que la subordinación se
exterioriza con el cumplimiento de un horario de trabajo, uniforme,
documentos que demuestren sumisión o sujeción o la imposición de
sanciones disciplinarias o sometimiento a procedimientos disciplinarios
cosa que no ha podido probarse; asimismo, los contratos estuvieron bajo
el Amparo de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
Decreto Supremo N° 084-2014-PCM y a los previsto en el artículo 1766°
del Código Civil que posibilita que el locador presta personalmente el
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servicio; asimismo señala que se debe acreditar la concurrencia de los
elementos de un contrato de trabajo, los que además deben evaluarse
cuidadosamente; del mismo modo resalta que la demandada debe
demostrar haber tenido una relación laboral conforme al artículo 37° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo; alega también la aplicación del
Precedente Constitucional Vinculante recaído en el expediente N° 5057-
2013-PA/TC Huatuco; y respecto al reintegro de las remuneraciones
dejadas de percibir con motivo de su cese alega que existe jurisprudencia
uniforme del Tribunal Constitucional que señala que la remuneración
corresponde por servicio prestado, al ser contraprestativa; finalmente,
precisa que esta exonerada del pago de tasas judiciales, por lo que la
demanda debe ser declarada infundada en todos sus extremos. En la
Audiencia de conciliación se señaló fecha para la Audiencia de
Juzgamiento.
I.3 La audiencia de juzgamiento, se llevó a cabo con la sola concurrencia
de la parte demandante, oportunidad, en que la demandante ha
efectuado la exposición oral de los fundamentos de su demanda, por lo
que realizada la actuación probatoria, por lo que se procedió en actuar los
medios probatorios ofrecidos por las partes, y efectuados los alegatos
finales sólo de la parte que ha concurrido, se citó a las partes para la
notificación de la presente sentencia, conforme ha quedado registrado en
el audio y video que corresponde a este proceso.
II.- PARTE CONSIDERATIVA
CONSIDERANDOS:
II.1 Que, conforme al artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
corresponde a las partes probar los hechos que configuran su pretensión;
y esencialmente al trabajador probar la existencia de la prestación
personal del servicio; cuando corresponda; asimismo, si el demandante
invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, le corresponde probar la
existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen
distinto al constitucional o legal, el motivo de nulidad invocado, el acto de
hostilidad padecido, y la existencia de daño alegado. Al empleador,
probar el pago, el cumplimiento de las normas, de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad, la existencia de un motivo
razonable distinto al hecho lesivo alegado, el estado del vínculo laboral y
la causa del despido.
II.2 Que, la existencia de la relación laboral, ha sido negado y
contradicho por la emplazada, por lo que es menester, en primer lugar,
determinar la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, es decir si
ha existido relación laboral, con contrato de trabajo como refiere el actor;
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o de una relación de naturaleza civil, sin la existencia de subordinación o
dependencia, como refiere la demandada; y a partir de ello, establecer si
resultan amparables la reposición por despido incausado y el reintegro de
las remuneraciones dejadas de percibir que reclama la actora.
II.3 Que, a fin de establecer la existencia de vínculo laboral, se debe
tener en cuenta que el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
Ley N° 29497, en el numeral 23.2 del artículo 23° e stablece
expresamente lo siguiente: "Acreditada la prestación personal de
servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario." (sic); lo que significa que la
norma procesal laboral vigente ha introducido una nueva forma de
presunción de laboralidad.
En el presente caso, la actora ha manifestado que su labor en el periodo
reclamado, la ha efectuado en forma personal, en el cargo de Digitadora
del Departamento de Secretaría General del Banco de la Nación, lo cual
ha sido contradicho por la emplazada; sin embargo, de autos, se advierte
del Contrato de Locación de servicios N° C0-08-703-DS, celebrado entre
las partes de este proceso con fecha 7 de octubre de 2008, obrante de
fojas 2 a 6 de autos, específicamente, de la cláusula segunda y tercera,
referido a los antecedentes y objeto del contrato, se ha establecido que:
SEGUNDO.- DE LOS ANTECEDENTES
Mediante Procesos de Selección de Adjudicación de Menor Cuatía N° 958-2008-
DS-BN, EL BANCO ha otrogado la Buena Pro a EL CONTRATISTA para la
contratación del “Servicio de apoyo al área de digitalizacióin de microformas en
la sección archivo central - módulo 1", en adelante EL SERVICIO cuyo detalle se
encuetra señalado en las Bases de la AMC N° 958-2008-DS-BN en adelante
LAS BASES las mismas que forman parte integrante del contrato
“TERCERO.- DEL OBJETO DEL CONTRATO
EL objeto de EL CONTRATO la prestación de EL SERVICIO por parte de EL
CONTRATISTA, atendiendo a los términos contenidos en LAS BASES, las
mismas que forman parte integrante de EL CONTRATO.
Apoyo al área de digitalizacióin de microforma.
EL BANCO se reserva el derecho de efectuar el control y seguimiento de la
prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA, mediante las
occiones que considere pertientes.
Asimismo, en la Clausula Sexta referida a las obligaciones y
responsabilidades del xcontratista, en su numeral 19 se precisa
expresamente:
19. No trasferir parcial ni totalmente sus derechos en EL CONTRATO a favor de
terceros salvo en casos excepcionales debidamente justificados y con autorización
previa por escrito de EL BANCO.
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En el contrato del 09 de julio de 2009 de fojas 09 a 12, y en los sucesivos
contratos hasta el folio102, se precisan como servicios de el contratista:
“SEXTA. - EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EL LOCADOR se compromete a no delegar a otra persona la conducción de la
ejecución parcial o total de EL SERVICIO, salvo que EL BANCO lo autorice
expresamente por escrito.”
De lo consignado en las clausulas transcritas de los contratos antes
precisados, se puede apreciar y verificar la presencia del elemento de la
prestación personal de servicios, pues la actora se obligó a ejecutar la
prestación en forma personal, y sin que se valga de terceros, esto es no
puede realizar la prestación de manera autónoma, lo que prevalece
independientemente que en otras clausulas del contrato se haya cuidado
en colocar que la prestación es autónoma e independientemente. Si bien
en las mismas clausula sexta numeral 19 y las clausulas sextas de los
demás contratos de locación de servicios antes referidos se indica
además que: "en casos excepcionales debidamente justificados y con autorización
previa por escrito de EL BANCO" o que se permite recurrir a terceros cuando
"EL BANCO lo autorice expresamente por escrito.” esto resulta, contradictorio
pues por un lado se indica que la prestación es autónoma e
independiente y luego que "excepcionalmente", "en casos excepcionales"
, "debidamente justificados" y "con autorización previa por escrita de El
Banco" lo que quiere decir que la regla general es que la prestación es
personal, indelegable, personalísima y excepcionalmente es delegable,
resaltándose que durante todo el vinculo laboral nunca se dio la
excepción a la regla.
Queda acreditado entonces que los servicios prestados por la accionante
durante el periodo reclamado eran otorgados de manera personalísima; y
la demandada no ha desvirtuado la presunción de existencia del vínculo
laboral establecida en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
II.4 Que, sin perjuicio de lo determinado en el considerando precedente,
respecto a los otros elementos, que lo estipulan los artículos 4°, 5°, 6° y
9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N° 003-97-TR, que señalan que en toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de
trabajo a plazo indeterminado; y que se considera a la subordinación, a la
prestación de un servicio bajo la dirección de otro, en virtud del cual, el
primero pone a disposición del segundo su fuerza de trabajo y le confiere
simultáneamente el poder de dirigirla. Y la Remuneración, que viene a ser
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el pago o contraprestación por la labor realizada; al que se deberá de
añadir otras características de dicho contrato, tales como: jornada de
trabajo, entre otros; mientras que en un contrato civil de locación de
servicios no existe dependencia; sino que el locatario del servicio, o
comitente, contrata para el desarrollo de una actividad o servicio que el
locador puede hacer como desee, dentro de ciertos marcos de
profesionalidad, usos o experiencia.
Siendo así, y estando a que el considerando precedente se ha
determinado precedentemente la existencia de la prestación personal de
los servicios realizados por la actora para la accionada, lo que no ha sido
desvirtuado por la demandada. Respecto al segundo elemento referido al
trabajo remunerado, se puede ver de los Anexos N° 001 - Condiciones
particulares contrato de locación de servicios - de cada uno de los
contratos obrantes de de fojas 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 64,
69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 y 103 que la retribución era en moneda
nacional, que la demandada le abonaba por los servicios del
demandante, en forma mensual y que la emplazada si bien lo ha negado
y contradicho indicando que el monto de la retribución era por un "todo" y
se le daba por un todo siendo un acuerdo entre ellas su pago en
armadas, además que se trataba de una "retribución" por servicio
prestado y a cambio la actora giraba sus recibos por honorarios, sin
embargo, ello no desvirtúa la existencia de una contraprestación por el
servicio prestado por el accionante, y que tiene la calidad de
remuneración aunque la denominen honorario para encubrirla, todo ello
corroborado con los contratos de locación de servicio y el detalle que
consta en los Anexos N° 001 - Condiciones particulares contrato de
locación de servicios que corren insertos de fojas 02 a 103 de autos.
Y finalmente, respecto al tercer elemento, y por cierto el característico de
toda relación laboral, nos referimos a la subordinación, se debe tener en
cuenta que, obra en autos la Carta EF/92.2200. N° 078-2009 de fecha 09
de febrero de 2009, dirigida por la demandada a la actora en la cual le
comunican que: "Con ocasión de 43° Aniversario del Banco de la Nación,
se realizó una evaluación sobre la calidad del servicio interno, en la que
el equipo de Departamento de Secretaría General, - el cual usted integra
- obtuvo el primer puesto en la categoría asesoría, en la que concursaron
otros seis Departamentos del Banco de la Nación" entregándosele la
fotocopia del diploma el agradecimiento y gratitud por el esfuerzo
desplegado; asimismo, obra las fotocopias de los fotocheck de la actora
de fojas 108; asimismo, de los documentos obrantes de fojas 163 6 164
se verifica que la demandada brindaba capacitación, entre otros, a la
demandante en el uso de los equipos que ella misma proporcionaba,
dándosele el trato propio de una trabajadora más que de una persona
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que presta servicios de manera autónoma, así se aprecia de las ordenes
de salida de fojas 160 y 161, documentos que no han sido cuestionados
probatoriamente por la parte demandada y de los que se desprende en
conjunto que su trabajo era supervisado por el Banco demandado.
Ello también se aprecia de los contratos de locación de servicios de fojas
10 a 205 se aprecia en la clausula décima primera y cláusula novena del
contrato del 09 de julio de 2009 de fojas 09 a 12, y en los sucesivos
contratos hasta el folio102, respectivamente:
"DÉCIMA PRIMERA: El Banco ejercerá control de la ejecución y cumplimiento de
los términos contractuales a través del departamento de Secretaría general, quien
deberá elaborar y suscribir el acta de Conformidad respectiva un Informe Final al
culminar El Servicio (...)"
“9.1 EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de terceros que EL
BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento de EL CONTRATO, para
lo cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades necesarias.”
De lo que se desprende que las labores que realizó el demandante se
encontraban sujetas a subordinación y supervisión de la entidad
financiera demandada, no dejándose de tener presente que las labores
que realizó el accionante y que se detalla en cada una de los contratos de
locación de servicios y anexos de estos, fueron de apoyo en el área de
digitalización de micro formas en la sección de archivo central - módulo I
del Departamento de Secretaría General.
Asimismo, el Manual de Organización y Funciones del Departamento de
Secretaría General del Banco de la Nación, aproado por Resolución de
gerencia General EF/92.2000 N° 074-2012 de fecha 04 de diciembre de
2012, en su subnumeral 5.1.6, folio 11 de dicho documento y 151 del
expediente principal, ha especificado el Cargo Específico de Digitador,
indicando las funciones específicas para el cargo, apreciándose que las
actividades realizada por la actora, que se encuentran descritas en los
contratos de locación de servicios y sus respectivos anexos N° 001 -
Condiciones Particulares Contrato de Locación de Servicios - de cada
uno de los contratos obrantes de de fojas 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
53, 58, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 y 103 constituían actividades
orientadas y dirigidas al cumplimiento de funciones principales del
Departamento de Secretaría General de la entidad demandada. referidas
al registro, digitalización, revisión, indexación de imágenes, verificación y
calibración de equipos de digitalización, clasificación, control de calidad
de digitalización de documentos, ordenamiento de información
digitalizada, actividades que guardan cierta relación aunque no son
literalmente las mismas, dado que fue contratada como apoyo en la
digitación, así en el referido Manuel se precisan específicamente las
labores del cargo específico de Digitador en los literales a) Efectuar la
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creación y registro de la base de datos de los documentos internados; b)
realizar la selección, inventario y registro del movimiento documental; c)
Elaborar reportes y consultas del movimiento documental; d) actualizar y
mantener la base de datos del movimiento de la documentación bajo
custodia; e) atender los requerimientos de las diversas unidades
orgánicas del banco de acuerdo al ámbito de su competencia; y f) realizar
otras funciones asignadas por el jefe de Departamento de secretaría
General; tal como lo señala la actora en la Audiencia de Juzgamiento;
asimismo, el Cuadro de Asignación de personal del Banco demandado
(CAP), obrante a fojas 162 de los autos, considera dentro del Rubro D.
Órganos de Asesoría, XII Unidad Orgánica del Departamento de
Secretaría General la plaza 608/608 de Digitador de Secretaría General
con la categoría de Ttécnico asignando un (01) puesto.
II.5 En tal sentido, en el presente caso, corresponde la aplicación del
principio de primacía de la realidad, que constituye un elemento
implícito de nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por
la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, como ha sido
precisado por el Tribunal Constitucional el fundamento 3 de la STC N°
1944-2002-AA/TC, que: “ (…) en caso de discordancia entre lo que ocurre
en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a
lo primero; es decir, a lo que ha sucede en el terreno de los hechos”; por
lo que en el presente caso, no correspondía contratos civiles, como los
denominados contrato de locación de servicios, sino mas bien contrato de
naturaleza laboral, por lo que esta Judicatura valorando los medios
probatorios actuados en forma conjunta, y apreciando razonadamente,
concluye que la naturaleza de la prestación del trabajador para la
demandada fue la de un contrato de trabajo indeterminado, por ende, sin
valor legal alguno los supuestos contratos de locación de servicios, por
haberse desnaturalizado los mismos conforme a lo establecido por el
literal d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-97-TR; esto es, cuando el trabajador demuestre
la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la
citada Ley; ya que ha quedado acreditado, que la emplazada ha
simulado la existencia de contratos de naturaleza civil, cuando en
realidad se trataban de contratos de trabajo, dada las condiciones en que
eran prestadas; por lo que se tiene que la actora por el período el 09 de
octubre de 2008 hasta el 03 de setiembre del 2015 ha tenido relación
laboral con la emplazada, la misma que al haberse desnaturalizado
constituye un contrato de trabajo a plazo indeterminado, deviniendo, en
consecuencia, fundado este extremo de la demanda.
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debiendo además la emplazada registrar a la demandante en sus
planillas de pago como trabajadora sujeto al régimen laboral de la
actividad privada desde su fecha de ingreso, es decir, desde el 09 de
octubre de 2008 al 15 de setiembre de 2015, en el cargo que
normalmente venía desempeñando n o en otro del mismo nivel y
remuneración.
En cuanto a la inclusión de los libros de planillas con retroactividad al
09 de octubre de 2008, que se reclama; se debe tener en cuenta, que al
haberse reconocido la existencia de un contrato laboral de naturaleza
indeterminada; corresponde que se le incorpore en los libros de planillas de
remuneraciones de la entidad demandada desde el 09 de octubre de 2008,
de conformidad con lo previsto por el artículo 3° del Decreto Supremo N°
001-98-TR, por lo que corresponde declarar también fundada el extremo
reclamado.
II.6 Que, siendo así, corresponde determinar los demás extremos
reclamados siguientes: a) si corresponde la reposición de la demandada
por despido incausado; b) si corresponde el reintegro de remuneraciones
devengadas dejadas de percibir (caidas); y c) Los intereses legales
costas y costos del proceso.
II.7 Que, en cuanto a su pretensión de reposición por despido
incausado, conviene señalar que esta figura de despido, ha sido
desarrollado por el Tribunal Constitucional, que ha configurado este
supuesto, estableciendo que el mismo se produce cuando no se expresa
causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador para
cesarlo.
Así, ha señalado el Alto Colegiado:
Al respecto, en la STC N.º 00976-2001-PA/TC, entre las
modalidades de despido arbitrario se destaca el despido
incausado, el cual se produce cuando “se despide al trabajador, ya
sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin
expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la
justifique” (fundamento 15, b). En tal sentido, un despido será
justificado o injustificado en tanto la voluntad extintiva de la
relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con
expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no)
los hechos que motivan y justifican la extinción de la relación
laboral. Entonces, el despido será legítimo sólo cuando la decisión
del empleador se fundamente en la existencia de una causa justa
contemplada en la ley y debidamente comprobada en el
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procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las
garantías mínimas que brinda el derecho fundamental al debido
proceso (Cfr. STC N.º 04229-2005-PA/TC).
En atención a lo expuesto, habiéndose determinado en considerativas
precedentes que el contrato de trabajo celebrado entre el actor y la
demandada, tuvo naturaleza de un contrato de trabajo de naturaleza
indeterminada, por tanto correspondía que su cese se verifique por una de las
causales establecidas en la ley sustantiva.
En efecto, en atención a que en toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de
trabajo a plazo indeterminado, a los efectos de que se produzca la extinción de
un contrato de trabajo, se requiere la configuración en alguna de las causas
previstas en el artículo 16º de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral:
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona
natural; b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador; c) La
terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la
condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los
contratos legalmente celebrados bajo modalidad; d) El mutuo
disenso entre trabajador y empleador; e) La invalidez absoluta
permanente; f) La jubilación; g) El despido, en los casos y
forma permitidos por la Ley; h) La terminación de la relación
laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por
la presente Ley.
Por tanto, al haberse cesado al actor el 03 de setiembre de 2015, alegando el
vencimiento del contrato de locación de servicios que, por desnaturalización se
convirtió en un contrato laboral de naturaleza indeterminada, se vulneró el
derecho del actor al trabajo, consagrado en el artículo 22° de la Constitución,
deviniendo su cese en un despido incausado.
Como consecuencia de haberse determinado el despido incausado de la
actora, corresponde determinar su reposición, la misma que debe operar en
los términos previstos en el artículo 40° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, el
mismo que si bien está regulado para los casos de despido nulo, es aplicable
al caso del despido incausado en atención a que la afectación al derecho
fundamental al trabajo viene a tener la misma naturaleza. Por lo tanto, ante
dos supuestos iguales deben asimismo aplicarse las mismas consecuencias
jurídicas. Por lo expuesto, corresponde amparar la presente acción, debiendo
la emplazada reponer a la actora en sus labores habituales en el mismo puesto
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de trabajo que ocupaba a la fecha de despido y con el mismo nivel
remunerativo alcanzado.
Que, por otro lado, se debe dar en cuenta también que la emplazada ha
argumentado en su escrito de contestación de demanda que se debe tener
presente el precedente vinculante previsto en la sentencia recaída en el
Expediente 05057-2015, señalando que en virtud de esta, no resulta
jurídicamente viable ordena la reposición en el sector público de aquellos
trabajadores que no acredite haber ingresado por concurso público a una plaza
debidamente presupuestada y vacante de duración indeterminada pues en el
presente caso ha quedado acreditado que el ingreso del accionante fue como
locador de servicios.
Al respecto cabe señalar que el Banco de la Nación es una empresa de
derecho público con autonomía económica, financiera y administrativa,
conforme los artículos 48 y 49 del Decreto Legislativo N° 183 - Ley Orgánica
del Ministerio de Economía y Finanzas, concordado con el artículo 1° del
Estatuto del Banco de la Nación aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF,
norma que establece en su artículo 3°que el Banco se rige por el Estatuto, por
la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley
General de Instituciones Bancarias Financieras y de Seguros, lo que significa
que los trabajadores del Banco de la Nación, no se encuentran comprendidos
en la función pública al ser una empresa del Estado, como así lo establecen en
forma expresa el artículo 40° de la Constitución Política del Perú, por
consiguiente no es aplicable el precedente vinculante expedido por el Tribunal
Constitucional recaído en el Expediente 05057-2013-PA/TC, por lo que, el
argumento expuesto por la demandada no es aplicable al actor.
II.8 En relación a las remuneraciones devengadas dejadas de percibir que
respecto a esta pretensión existe a la fecha ya uniforme pronunciamientos de
la Corte Suprema como los emitidos por la Sala de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República en los últimos años. En
efecto, en la Casación N° 992-2012 Arequipa de 03 de setiembre de 2012,
señala:
"Quinto.- Que, se debe analizar la viabilidad de identificar el carácter
restitutorio del proceso de amparo, con la figura del despido nulo en la
legislación laboral, teniendo presente que el proceso de amparo se encuentra
referido a la restitución de un derecho subjetivo específico, mientras que el
proceso de nulidad de despido se refiere, valga la redundancia, a la nulidad de
un acto de despido, siendo por tanto, las pretensiones que se deducen en
cada caso de índole distinta. Sexto.- Que, asimismo, es necesario precisar
que la naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica que, en adelante
las cosas vuelvan a un estado idéntico al que existía antes de la afectación del
11 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
Av.Abancay Cdra. 5, Esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque Universitario - Edificio
“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
derecho, y que es en ese sentido que no resulta finalidad del proceso de
amparo negar la existencia de los actos pasados, sino impedir que la
afectación continúe en el futuro, de manera que la restitución es una figura
totalmente distinta a la reparación o la indemnización, que corresponden a los
procesos ordinarios y que tienen naturaleza prioritariamente patrimonial."
Tal posición ha sido mantenida por la Corte Suprema |
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EXPEDIENTE : 22914-2015-0-1801-JR-LA-14
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : VELA TINTA, MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA : COJAL ORTIZ GILMER TEOFILO
DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA CHUNGAR SAC ,
DEMANDANTE : PAZ VALVERDE, ALCIDES
RAZON
Señor Juez:
Doy cuenta a Ud. en la fecha con expediente, habiendo retornado de vacaciones MES DE
MARZO 2019 y haber hecho uso de licencia por salud, desde el 03 de marzo hasta el 22 del
mismo mes, además la sobrecarga que soporta el juzgado.
RESOLUCIÓN N° 14
Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve. –
Dado cuenta en la fecha por la razón expuesta y por las recargas labores, Al
documento N° Nro.66360-2019. Por devuelto el expediente principal en fs. 296,
por la Primera Sala Laboral de Lima, con sentencia de vista de fecha 31.12.2018
que confirma la sentencia que declara fundad en parte la demanda; en atención
a ello cúmplase con lo ejecutoriado; SE RESUELVE: REQUIERASE a la
demandada a fin de que dentro del tercer día de notificada con la presente
resolución CUMPLA con:
(cid:1) RECONOCER (obligación de hacer) que el demandante mantiene vínculo
laboral permanente, considerándose que su contrato de trabajo fue a plazo
indeterminado del régimen laboral privado, bajo apercibimiento de multa
(cid:1) REPONER al demandante Alcides Paz Valverde, en sus labores
habituales, en el término de 24 horas, bajo apercibimiento de multa.
(cid:1) PAGAR al demandante(obligación de hacer), dentro del tercer día de
notificada con la presente resolución la suma de S/. 2,681.16.00 soles
por concepto de vacaciones y por el concepto de lucro cesante la suma de
S/. 20,000.00, más intereses, costas y costos, que se liquidaran en
ejecución de sentencia.
Notificándose. - |
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PRIMERA SALA LAB5RAL PERMANENTE
EXP. N22914-2015-0-1801-JR-LA-14
SEÑORES
MONTES MINAYA
ESPINOZA MONTOYA
CANALES VIDAL
RESOLUCION NUMERO DOCE
Lima, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho
VISTOS
En Audiencia Pública de Oralidad del 02 de abril y 05 de noviembre de 2018, e interviniendo como
ponente el Señor Juez Superior Julio Heyner Canales Vidal, con la adhesión de los señores
Jueces Superiores Fernando Montes Minaya y Cecilia Espinoza Montoya; con el voto en discordia
de la señora Juez Superior Adriana Serpa Vergara.
ASUNTO
Viene en apelación la Sentencia N° 197-2016-14 JLPL, contenida en la Resolución N° 04, de
fecha 17 de agosto del 2016, de fojas 186 a 196, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda;
en consecuencia:
1.- DECLARA la desnaturalización de los contratos modales, suscritos con el actor desde el 19 de
junio de 2012 hasta el 30 de setiembre de 2015, por lo tanto, que el demandante mantiene
vínculo laboral permanente con la demandada, considerándose que su contrato de trabajo fue a
plazo indeterminado del régimen laboral privado.
2.- ORDENA que, consentida o ejecutoriada la presente, la demandada pague a favor del
demandante, dentro del tercer día de notificada con la presente sentencia, la suma de S/. 2,681.16
(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 16/100 SOLES), más intereses legales que se
liquidaran en ejecución de sentencia.
3.- NULO el despido por incausado y ordeno su reposición en la empresa demandada sus
labores habituales en el término de 24 horas de consentida o ejecutoriada que sea la presente
sentencia, la que deberá cumplir la demandada bajo apercibimiento de multa compulsiva, sucesiva
y progresiva hasta el cumplimiento efectivo del mandato.
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AGRAVIOS
El demandante en su recurso de impugnación de fojas 199 a 203, expresa como agravios:
1.- Respecto del monto de indemnización por daños y perjuicios reclamada en el presente
caso, se debe señalar que la pretensión postulada la cual se encuentra descrita en el petitorio,
está orientada al pago de remuneraciones dejadas de percibir, gratificaciones y Compensación por
Tiempo de Servicios, por el periodo comprendido entre la fecha del despido y la reposición
efectiva, en donde ene efecto a cuestión sub judice, está relacionada con la suspensión imperfecta
del contrato de trabajo, determinándose en autos, la invalidez del cese del actor.
2.- En la presente causa, se ha utilizado para demandar el pago de una indemnización de daños y
perjuicios en estricto lucro cesante, por lo que hay que restituir son los efectos económicos del
despido, traducido en a falta de percepción de ingresos, como consecuencia del despido que ha
sido declara ineficaz, disponiendo el A-quo el restablecimiento del vínculo laboral existente entre
las partes de la relación laboral.
3.- Así pues, en atención a la connotación indemnizatoria de la presente causa, el órgano
jurisdiccional se encuentra obligado a establecer el quantum indemnizatorio, el cual debe tomar
como referente preciso los monto remunerativos pagados al demandante, pues en base a ellos es
posible determinar con exactitud a cuanto ascendió el crédito (constituido por las remuneraciones,
gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios), dejado de percibir durante el despido
por los derechos ciertos emanados del contrato de trabajo que el actor dejó de percibir, estos son
por un lado, la remuneración del actor, y por el otro, el periodo que dure el despido, vale decir,
periodo en el cual dejó de percibir dichos derechos laborales como consecuencia del despido.
4.- Por lo tanto, resulta errónea la conclusión arribada por el Juzgador, en determinar el quantum
indemnizatorio en la suma de S/. 20,000.00 soles, debiendo el A-quo disponer que el mismo debe
ser sobre la base de las remuneraciones dejadas de percibir, las gratificaciones ordinarias y la
CTS, por todo el periodo que dure el despido lesivo de derechos fundamentales.
La demandada en su recurso de impugnación de fojas 208 a 211, expresa como agravios:
1.- La sentencia parcialmente impugnada, sostiene que los contratos de trabajo sujetos a
modalidad suscritos con el demandante se encuentran desnaturalizados al no especificarse
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claramente la naturaleza temporal de las labores del demandante, pese a que especificó en el
mismo que sus labores eran estrictamente temporales en razón que estaba sujeto a plan de
trabajo predeterminado en el programa de minado de los años que laboró para la empresa.
2.- Se incurre en el error de considerar como nulo el despido por incausado, pues se manifiesta
que los supuestos de hecho para que se configure una situación jurídica de despido nulo, están
expresamente establecidos en el artículo 29) de la Ley de Productividad Competitividad Laboral,
por lo que el Juzgado no puede extender estos supuestos por analogía a otros casos, ya que los
mismos tienen carácter de números clausus, aceptar tal aplicación analógica es vulnerar el
principio de legalidad.
3.- Se les obliga a pagar dos veces un mismo concepto, ya que por error de su parte presentaron
la liquidación de Beneficios Sociales del demandante sin firma, sin embargo, el demandante ni en
su demanda ni en las audiencias ha referido que sus beneficios sociales están impagos, más bien
solicitó un reintegro de los mismos, situación que significa que si existió un pago efectivo, ya que
las vacaciones formaron parte de su liquidación de beneficios sociales, como se podrá advertir de
la documentación prestada.
4.- La sentencia apelada le causa agravio, al incurrir en los errores señalados precedentemente y
en cuya virtud se declara fundada en parte la demanda, afecta el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva y al debido proceso, así como también causa perjuicio económico por cuanto en la referida
sentencia se los condena injustamente al pago de vacaciones ya pagadas y a una indemnización
por lucro cesante, si el contrato de trabajo no se encuentra desnaturalizados.
FUNDAMENTOS
1. Conforme al artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso
laboral, ante una apelación, la competencia del Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por
lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios
invocados en el recurso de apelación respecto a la resolución impugnada.
2. El artículo 23° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo – NLPL, en su numeral
23.1) señala que: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas
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especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales.”; en tanto que el numeral 23.2), señala que: “Acreditada la prestación personal de
servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en
contrario.”; de lo que se infiere que al trabajador demandante le corresponde acreditar la
prestación personal de servicios, en tanto que a la demandada acreditar que dichos servicios
fueron autónomos o independientes y en caso de que no se cumpliera con dicha carga probatoria,
correspondía aplicar la presunción de laboralidad referida en el numeral 23.2).
3. Que, en el caso de autos, como se desprende de la demanda de fojas 13 a 24, el
demandante postula como pretensiones: i) se declare la desnaturalización de los contratos
modales por servicio específico; ii) el reconocimiento de una relación laboral con la demandada a
plazo indeterminado; iii) se declare la nulidad del despido incausado, en consecuencia se ordene
la reposición al centro de trabajo, en el mismo puesto que venía desempeñando y en las mismas
condiciones que regían la relación laboral antes del despido; iv) el pago de una indemnización por
daños y perjuicios (lucro cesante); v) el pago de horas extras comisiones impagas; vi) reintegro de
beneficios sociales, comprendidos por la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y
vacaciones por incidencia en el cálculo de las horas extras laboradas a razón de tres horas diarias;
vii) pago de utilidades; viii) pago de vacaciones (periodo 2014-2015); ix) pago de intereses legales;
x) el pago de honorario de abogados ascendente al 30% de la suma ordenada a pagar.
4. Que, en cuanto a los agravios de la demandad, respecto a la desnaturalización de los
contratos para servicio específico, celebrados entre el demandante y la demandada desde el 19 de
junio del 2012 hasta el 30 de setiembre del 2015, respectivamente, cabe señalar las siguientes
consideraciones:
4.1. En nuestra legislación laboral, rige como regla general los contratos de trabajo a tiempo
indeterminado, siendo los contratos modales una excepción, siempre y cuando se den las
condiciones para cada uno de los contratos temporales que establece la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, debiendo cumplir con los requisitos formales para la suscripción, así, el
artículo 53º de la citada norma, establece que: "los contratos de trabajo sujetos a modalidad
pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la
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empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a
prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de
temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes"; y el artículo 72° precisa que “Los
contratos de trabajo a que se refiere este Título, necesariamente deberán constar por escrito y por
triplicado, debiendo consignarse en forme expresa su duración y las causas objetivas
determinantes de la contratación, así como de las demás condiciones de la relación laboral”.
4.2. Ahora bien, el artículo 63° de la norma citada en el considerando anterior señala que: “Los
contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador
y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración
será la que resulte necesaria”; por su parte, el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de
Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR, precisa en su artículo 79°
que: “En los contratos para obra o servicio previstos en el artículo 97° de la Ley, deberá
señalarse expresamente su objeto, sin perjuicio que las partes convengan la duración del
respectivo contrato, que sólo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento del objeto
del contrato.” (sic); es decir, dada la naturaleza temporal de este tipo de contratos, su causa de
contratación tiene también esa naturaleza, por lo que labores para las que va a ser contratado un
trabajador, en principio debe ser por circunstancias temporales y no para una actividad
permanente del negocio o actividad empresarial; por otro lado, debe indicarse en el contrato el
hecho que motiva este tipo de contrato (objeto del contrato), la norma no se refiere que se indique
que labora y donde va a realizar, sino, que es lo que justifique que sea necesario este tipo de
contrato temporal, pues ello permitirá tanto a la Autoridad de trabajo como al propio trabajador,
verificar si efectivamente la causa de contratación existe y tiene la condición de temporal para un
“servicio específico”.
4.3. Compatible con lo anterior, el inciso d) artículo 77° de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, prescribe que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán
como de duración indeterminada, cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o
fraude a las normas establecidas en la presente ley; es decir, apariencia o defraudación en la
utilización de dicha modalidad contractual, cuando no se configura o no se demuestra la
concurrencia de la causa objetiva invocada.
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4.3. De la revisión de los contratos de trabajo sujetos a modalidad celebrados entre el demandante
y la demandada, obrante de fojas 03 a 04 se desprende que el actor, ingresó el 19 de junio del
2012 hasta el 18 de setiembre del 2012, si bien consta por escrito y se fijan los plazos de duración,
pero se indica como causa objetiva que sustenta la contratación: Cláusula Primera: “ con el objeto
de que EL TRABAJADOR preste sus servicios en el marco del contrato de servicios referido en el
acápite anterior, LA COMPAÑÍA procede a contratarlo temporalmente bajo la modalidad de
servicio específico, al amparo de lo dispuesto por el artículo 63° del Texto Único Ordenado de la
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D. Leg. N° 728 aprobado por Decreto Supremo N°
003-97-TR para que se desempeñe como OPERADOR DE VOLQUETE” en la segunda cláusula:
“La principal labor que desarrollará EL TRABAJADOR, sin perjuicio de las que adicionalmente
pueda asignarle LA COMPAÑÍA es la de ser OPERADOR DE VOLQUETE EN LA UNIDAD DE
PRODUCCIÓN DE APAMARCA. Esta es una labor de naturaleza temporal y especifica pues está
ligado a un proyecto de exploración minera” contrato que se renovó en 7 oportunidades (fojas 47-
53).
4.4. Como puede verificarse del texto transcrito del contrato es genérico, no se indica que hecho
justifica que se necesite temporalmente el contrato del demandante; por lo que es imposible
verificar, sí como dice la demanda en su contestación a la demanda, parte pertinente de folio 166,
que se debió a un programa temporal de su Unidad Minera, más aun, tampoco ha presentado
medio probatorio alguno, que acredite su afirmación; Aunado a ello, en la Audiencia de
Juzgamiento a partir del (minuto 6:22 en adelante) la defensa técnica de la demandada expresa
que: “ la relación del demandante se inicia el 19.06.2012 y concluye el año 31.09.2015, la
contratación del demandante fue específicamente para el Programa de Producción de la Unidad
dentro de los Planes de Minado Anual de los años 2012 al 2015”; pero no ha cumplido con probar
si este programa se inició, culminó, o cual iba hacer su tiempo de vigencia del citado programa,
igualmente se advierte que la emplazada no ha fundamentado con documento alguno quienes les
seguían solicitando dichos servicios o si contaban con estos requerimientos o dejaron de tenerlos
para la contratación y el término del contrato, o si el cargo para el que estaba siendo contratado el
demandante se encontraba dentro de este programa y si su cargo seguía siendo requerido. Por lo
tanto, la demandada no ha cumplido con indicar de manera expresa la causa objetiva determinante
de la contratación desde un inicio, puesto que la Cláusula Primera y Segunda, antes transcrita es
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genérica, la causa o motivo de la contratación; por lo que la sola enunciación breve, genérica e
imprecisa de un objetivo no cumple con la exigencia prevista en el artículo 72° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR, consecuentemente, en el presente caso se puede apreciar que se han
desnaturalizado los contratos de trabajo por "servicio específico" suscritos entre las partes,
considerándose la relación laboral como de duración indeterminada a partir del 19 de junio del
2012 hasta el 30 de setiembre de 2015, en virtud de lo previsto en el inciso d) del artículo 77° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
5. DESPIDO INCAUSADO
5.1. Que, si bien es cierto, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regula
el despido arbitrario y el despido nulo, cuando ha tenido las motivaciones previstas en el artículo
29°, cuya consecuencia es la reposición; sin embargo, el Tribunal Constitucional, ha determinado
otros tipos de despido que tienen como consecuencia la reposición del trabajador a su centro de
trabajo, denominándolos “ despido fraudulento y despido incausado” ; y en el Primer Pleno
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral del 2012, se acordó la procedencia de la pretensión de
despido incausado y fraudulento en la vía ordinaria laboral; por lo tanto, corresponde bajo dichos
parámetros determinar si corresponde amparar la demanda de reposición por despido incausado.
5.2. Conforme a la definición del Tribunal Constitucional en el Proceso de Llanos Huasco,
Expediente N° 976-2001-AA/TC, se da cuando “se despide al trabajador, ya sea de manera
verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna, ya sea derivada de la
conducta o de la labor que la justifique”.
5.3. Que, conforme se desprende de los fundamentos del escrito de contestación, la demandada
señala que la relación laboral con el demandante culminó por el vencimiento de su contrato; sin
embargo, conforme se ha determinado precedentemente, entre las partes existía una relación de
naturaleza laboral indeterminada desde el 19 de junio del 2012 hasta el 30 de setiembre del 2015;
por lo que, la emplazada sólo podía resolver unilateralmente la relación laboral con el actor
invocando alguna causal relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador, y
cumpliendo con el trámite previsto en los artículos 31° y 32° del Decreto Supremo 003-97-TR.
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5.4. En consecuencia, en este caso, al no ser válida la invocación de la causa de vencimiento del
plazo del contrato modal; tal situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón
por la cual dicho cese deviene en lesivo del derecho constitucional al trabajo, al configurarse que la
demandante, fue objeto de despido incausado, frente a lo cual, procede la reposición del actor en
su puesto habitual de trabajo, en tutela de sus derechos fundamentales, por lo que debe
desestimarse los agravios de la demandada.
6. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL CONCEPTO DE LUCRO
CESANTE
6.1 El demandante persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios por el concepto
indemnizatorio por lucro cesante que se ve cuantificado por las remuneraciones y beneficios
devengados dejados de percibir.
6.2 No obstante, con la reincorporación al empleo y que comporta el trabajo efectivo y el pago
de la contraprestación remunerativa no se encuentran vinculada a resarcir o reparar
retroactivamente los supuestos daños generados desde cuando se produce la extinción de su
contrato de trabajo el 30 de setiembre del 2015, sino tiene sólo efectos ex nunc, es decir desde el
momento en que se produce su ejecución y hacia el futuro, de allí que razonablemente no pueda
reputarse que con la reinserción laboral del demandante al empleo se logra reparar y resarcir
ampliamente los supuestos daños y perjuicios que su cese acaecido el 30 de setiembre del 2015
produjo y desencadenó en su esfera personal y patrimonial.
6.3 Al respecto en la dilucidación de la controversia no puede perderse de vista que en la
relación laboral se configura una situación de disparidad donde el empleador asume un status
particular de preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional y el
derecho del trabajo, se proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador, desde tal perspectiva, las
atribuciones o facultades que la ley reconoce al empleador no pueden vaciar de contenido los
derechos del trabajador, dicho de otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio
irrazonable, es por esto que la Constitución precisa que ninguna relación laboral puede limitar el
ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del trabajador (art.
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23º, segundo párrafo), es a partir de esta premisa impuesta por la Constitución que debe
abordarse toda controversia surgida en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en
todo momento: al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral lo que engarza con el principio de
tutela de la dignidad humana que impone la defensa de los valores y manifestaciones que la
configuran entre ellos de los derechos fundamentales dentro de los que cabe destacar el derecho
al trabajo, por lo que el ejercicio de cualquier acto, actividad, decisión, facultad, derecho o
atribución del empleador debe efectuarse respetando su contenido esencial por ejemplo en su
proyección en el derecho de acceso al empleo o en el derecho a no ser despedido sin causa justa,
caso contrario su infracción merecerá ser reparada dado que es evidente la necesidad de forjar
instrumentos de naturaleza jurídica que sirvan para brindarles protección ya sea con el propósito
de hacer efectiva su realización o con el propósito de disponer su desagravio en este último caso
se sitúa la indemnización ahora pretendida.
6.4 Constituyen supuestos de la responsabilidad civil:
a.- LA EXISTENCIA DEL DAÑO CAUSADO, así el daño jurídicamente indemnizable es toda lesión
a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial, es
decir el daño en relación con la obligación de resarcimiento ( daño resarcible ) asume el perjuicio
valorable en terminos economicos y abarca el lucro cesante y los sufrimientos morales padecidos
por la victima del ílicito y otros1.
b.- LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD; en virtud de esta vinculación debe existir una relación de
causa-efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el
daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil y no nacería la
obligación legal de indemnizar. y
c.- LOS FACTORES DE ATRIBUCIÓN, ó de imputación de responsabilidad que pueden ser
subjetivos (dolo o culpa del autor) y objetivos, los cuales tienen diversas expresiones, ya sea que
se trate de un caso de responsabilidad por inejecución de obligaciones mal llamado contractual o
de responsabilidad extracontractual.
1Visintini, Giovana. “El Daño Resarcible”. En Responsabilidad Civil, nuevas tendencias unificación y reforma 20 años después. Palestra
Editores S.A.C. Lima, 2005. pp. 211
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6.5 En el caso sub examine ha quedado ciertamente evidenciado la incompatibilidad del
despido del accionante con la Constitución, entonces si su despido estaba viciado de
inconstitucionalidad ab origen queda claro que la emplazada inobservó una de sus principales
obligaciones que es la de mantener al trabajador en su empleo mientras subsista la fuente que le
dio origen, al haber resuelto su relación de trabajo vía la ejecución de su despido de forma
manifiestamente arbitraria; lo que supone el ejercicio desde ya abusivo de su posición de
prevalencia en la relación de trabajo que resulta a todos luces contraria al sistema de valores y
fines en que se sustenta nuestra Constitución Política que al reconocer al trabajo como un derecho
fundamental lo hace también en su vertiente de proteger al trabajador frente a un despido arbitrario
incluyendo dentro de esta categoría a aquellos que dan lugar a los despidos incausados, pues
incluso la Libertad de Empresa que reconoce el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución
Política del Estado como cualquier otro derecho no es en modo absoluto e irrestricto por el
contrario su ejercicio supone el necesario respeto y armonía con el resto de principios, valores y
derechos que la Constitución ha consagrado, en tal sentido un límite al ejercicio de la libertad de
empresa lo constituye obviamente el principio – derecho a la dignidad de la persona humana
reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado que determina que su
efectivización para encontrarse arreglada a derecho ha de hacerse con sujeción a la ley y por ello
dentro de las limitaciones que se derivan de tal principio; y también específicamente el respeto de
los derechos laborales que la Constitución y la Ley reconoce a los trabajadores.
6.6 Debe recordarse que el derecho al trabajo conforme aparecen de las prescripciones
contenidas en los artículo 22 y siguientes de la Constitución Política del Estado de 1993 es por
naturaleza tuitivo, de allí que sus lineamientos constitucionales que forman parte de la gama de los
derechos fundamentales, no pueden ser meramente literales o estáticos ante circunstancias en
que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica, por
lo que con el incumplimiento de la accionada de su obligación de mantener al accionante en su
empleo mientras no se configuren supuestos válidos para su extinción ha afectado como se ha
dicho por lo menos el contenido esencial de su derecho al trabajo, el derecho a la protección
contra el despido arbitrario y el derecho a un debido proceso consagrados respectivamente en el
artículo 22, 27 y 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado íntimamente vinculados al
principio de derecho de dignidad de la persona humana, consecuentemente se evidencia que en el
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caso sub examine la empresa demandada actuó por los menos con culpa inexcusable que define
el artículo 1319 del Código Civil lo cual justifica la atribución de su responsabilidad en los daños y
perjuicios originados a la demandante cuanto más cuando en general todo despido injustificado
trae consigo un daño a la persona que lo sufre, por cuanto de un momento a otro, en forma
intempestiva deja de percibir su remuneración.
6.7 Obviamente todo daño a los derechos fundamentales debe ser reparado de manera
integral, lo que implica tanto el aspecto patrimonial como extrapatrimonial, puesto que indemnizar
supone eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se lograría si el
daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida, por ende debe efectuarse una comprensión
integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a
cuya reparación debe tender la justicia y es que como lo recuerda la Corte Interamericana de
Derechos Humanos2 cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la
violación del derecho que corresponda reparar, se impone una justa indemnización y las
reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del
daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial y no pueden implicar el
empobrecimiento de la víctima.
6.8 En el caso sub exámine queda justamente evidenciado que la demandada con su conducta
abiertamente lesiva al resguardo y cautela esencialmente del derecho constitucional al trabajo le
ha ocasionado un grave perjuicio económico por las remuneraciones y demás beneficios sociales
que dejo de percibir desde el momento que se produce la extinción unilateral de su relación laboral
el 30 de setiembre del 2015, además el quantum de su remuneración mensual ascendía a la suma
de S/ 2,000.00 soles según se desprende de la boleta de pago a fojas 163.
6.9 El A quo ha fijado el quantum por lucro cesante a la luz del marco que surge de la
disposiciones generales contenidas en el artículo 1322 del Código Civil que al delimitar que “si el
resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con
2 Fundamentos 39 a 41 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bamaca Velázquez vs. Guatemala. 2003 su
fecha 22 de febrero del 2002 ( Reparaciones y Costas ).
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LAB5RAL PERMANENTE
EXP. N22914-2015-0-1801-JR-LA-14
valoración equitativa” atribuye al Juez la facultad para establecer su alcance y extensión sin
limitación legal tarifada o tasada salvo aquella se deriva en forma proporcional y razonable de su
criterio estimativo que se forja claro está en función a la entidad y alcance del perjuicio
evidenciado.
6.10 En consecuencia, este Colegiado considera confirmar el monto resarcitorio fijado por el
Juez de Primera Instancia en el extremo de lucro cesante en la suma de S/.20,000.00 soles, que
fuera fijado conforme lo ha discernido en el punto 2.2.11.5 y 2.2.11.6 proyectando el valor y
quántum de los salarios y beneficios legales que efectivamente dejo de percibir y dejo
reincorporarse a su esfera de dominio pero que fue truncado a consecuencia del acto
inconstitucional de su empleador y el lapso o extensión durante la cual tal afectación se mantuvo
latente.
6.11 No obstante, cabe señalar la determinación del lucro cesante, si bien se toma en cuenta
como marco de referencia objetivo de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir
a consecuencia del daño, ello no significa que la estimación del lucro cesante siempre refleje
cabalmente el cálculo de los montos remunerativos pagados al demandante dejados de percibir
como lo solicita el demandante, por lo que no existe razón en que válidamente impida ratificar lo
decidido por el A quo en la sentencia materia de alzada.
DECISIÓN
Por estos fundamentos y de conformidad con del literal a) del artículo 4.2º de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lima:
HA RESUELTO
CONFIRMAR la SENTENCIA N°197-2016-14°JLPL contenida en la Resolución N° 04 de fecha 17
de agosto del 2016 de fojas 186 a 196 que declara FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta
por DON ALCIDES PAZ VALVERDE contra la demandada COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA
S.A.C. sobre desnaturalización de contratos y reposición por despido incausado; en consecuencia:
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. N22914-2015-0-1801-JR-LA-14
DECLARA la desnaturalización de los contratos modales suscritos con el demandante desde el 19
de junio de 2012 hasta el 30 de setiembre de 2015; por lo tanto, que el demandante mantiene
vínculo laboral permanente con la demandada, considerándose que su contrato de trabajo fue a
plazo indeterminado del régimen laboral privado.
DECLARA NULO EL DESPIDO POR INCAUSADO y ORDENA su Reposición en la empresa
demandada COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.a sus labores habituales en el término de
24 horas.
ORDENA a la demandada pagar a favor del demandante la suma de S/. 2,681.16 soles (DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 16/100 SOLES), por vacaciones y por el concepto de lucro
cesante la suma de S/.20, 000.00 Soles (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES), con lo demás que
contiene
En los seguidos por ALCIDES PAZ VALVERDE contra COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA
S.A.C. sobre pago de desnaturalización de contrato y reposición por despido incausado; y
devuélvase al juzgado de origen.
VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZ SUPERIOR ROSA ADRIANA SERPA VERGARA
VISTOS
En Audiencia de Vista, de fecha 02 de abril del presente año, interviniendo como ponente la
Señora Juez Superior (P) Adriana Serpa Vergara, se emite la presente resolución conforme a los
siguientes fundamentos.
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LAB5RAL PERMANENTE
EXP. N22914-2015-0-1801-JR-LA-14
ASUNTO
Es materia de apelación la Sentencia N° 197-2016-14 JLPL, contenida en la Resolución N° 04, de
fecha 17 de agosto del 2016, de fojas 186 a 196, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda;
en consecuencia:
1.- DECLARO la desnaturalización de los contratos modales, suscritos con el actor desde el 19 de
junio de 2012 hasta el 30 de setiembre de 2015, por lo tanto, que el demandante mantiene
vínculo laboral permanente con la demandada, considerándose que su contrato de trabajo fue a
plazo indeterminado del régimen laboral privado.
2.- ORDENO que, consentida o ejecutoriada la presente, la demandada pague a favor del
demandante, dentro del tercer día de notificada con la presente sentencia, la suma de S/. 2,681.16
(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 16/100 SOLES), más intereses legales que se
liquidaran en ejecución de sentencia.
3.- NULO el despido por incausado y ordeno su reposición en la empresa demandada sus
labores habituales en el término de 24 horas de consentida o ejecutoriada que sea la presente
sentencia, la que deberá cumplir la demandada bajo apercibimiento de multa compulsiva, sucesiva
y progresiva hasta el cumplimiento efectivo del mandato.
4.- CONDENA pago de costos y costas del proceso que se liquidaran ejecución de sentencia.
AGR |
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EXPEDIENTE : 22914-2015-0-1801-JR-LA-14
DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA CHUNGAR SAC ,
DEMANDANTE : PAZ VALVERDE, ALCIDES
SEÑORES
ESPINOZA MONTOYA
SERPA VERGARA
CANALES VIDAL
RESOLUCIÓN Nro. 11
Lima, nueve de Octubre
del año dos mil dieciocho.-
Habiendo surgido Discordia en el presente proceso con los votos emitidos por los
señores magistrados Dra. Serpa Vergara respecto a Revocar la sentencia del 17 de
agosto de 2016 en el extremo que ordena el pago de una indemnización por lucro
cesante, la reforma y declara infundado dicho extremo; modifica el monto que ordena a
pagar a favor del demandante por la suma de S/.2,681.16 más los intereses legales
que se liquidaran en ejecución de sentencia y confirma la sentencia en lo demás que
contiene.
Con el voto del Dr. Canales Vidal con la adhesión del Dr. Montes Minaya respecto a
confirmar la Sentencia del 17 de agosto de 2016, que declara fundada la demanda en
el extremo referido al pago de la indemnización por daños y perjuicios en el rubro de
lucro cesante y ordenan que la demandada abone al demandante la suma de
S/.20,000.00 soles con lo demás que contiene.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; LLAMARON al Señor Juez Superior designado por ley; y
SEÑALARON fecha para la vista de la causa en discordia, para el día CINCO DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas TRES Y DIEZ de la TARDE.
AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la señora magistrada Espinoza
Montoya por disposición superior. NOTIFÍQUESE.- |
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Av. Abancay S/N Cuadra 8 – Lima - Edificio Javier Alzamora Valdez - Piso 18 - Teléfono: 4101818 - Anexo 13259
EXPEDIEN TE : 22914-2015-0-1801- JR-LA-14
DEMANDANTE : ALCIDES PAZ VALVERDE
DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTROS.
JUEZ : CORTEZ MORENO ALAN VLADIMIR
ESPECIALISTA LEGAL : HUARICACHA MASIAS FIORELLA
SUMILLA : CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO
SUSPENSIVO FORMULADO EL DEMANDANTE
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
Lima, dos de noviembre del año dos mil dieciseis.-
Dando cuenta a la fecha por las recargadas labores de esta secretaria, el escrito de apelación
presentado por el demandante con fecha 23 de agosto del 2016, y atendiendo:
I. PARTE EXPOSITIVA.
El demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia N°197–2016-
14°JLP, (resolución cuatro de fecha diecisiete de julio del dos mil dieciséis).
II. CONSIDERANDO:
1. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine,
a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.1
2. Siendo así, es menester señalar que el recurso de apelación, debe cumplir con todos
los requisitos que prevé el artículo 366° y 367° del Código Procesal Civil2, aplicable
supletoriamente a este proceso laboral, en virtud a la Primera Disposición
Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – N°29497
3. Procede apelación:3
1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y
las excluidas por convenio entre las partes;
2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una
articulación y los que este Código excluya; y
3. En los casos expresamente establecidos en este Código.
4. Como lo dispone el artículo 32° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley 294974, la
apelación contra la sentencia se interpone dentro término de cinco días, contado desde
el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación.
1 Objeto.-
Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2 Artículo 366.- Fundamentación del agravio.-
El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la
resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
Artículo 367.- Admisibilidad e improcedencia.-
La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada,
acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible.
(…)
3 Procedencia.-
Artículo 365.- Procede apelación:
1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas por convenio
entre las partes;
2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación y los que este Código
excluya; y
3. En los casos expresamente establecidos en este Código. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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5. Con relación al escrito presentada por el apoderado de la demandante se advierte que:
a. Cumple con precisar el error de hecho y de derecho, sustentando la
pretensión impugnatoria.
b. Por otro lado, se aprecia que el mismo se encuentra dentro del plazo legal, en
conformidad con la ley 30229.
c. Además, la parte demandante adjunta la correspondiente tasa judicial
por apelación de sentencia, siendo que es trabajador le corresponde
el 50% del monto total de la pretensión solicitada en la demanda.
6. Siendo que el demandante ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 32° de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley 29497, por lo cual, deviene en procedente el
recurso de apelación, formulado por el demandante contra la sentencia, por
cuyas razones,
III. PARTE RESOLUTIVA:
Resuelvo:
1. CONCEDER, CON EFECTO SUSPENSIVO, la apelación interpuesta por el
demandante en contra de la sentencia (resolución número cuatro de fecha
diecisiete de agosto del dos mil dieciséis), que resuelve declarar fundada en
parte la demanda; En consecuencia, elévense los autos al Superior, con la
debida nota de atención.
NOTIFIQUESE.-
2 - 2
4 Artículo 32.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos
arbitrales económicos
El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación. |
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EXPEDIEN TE : 22914-2015-0-1801- JR-LA-14
DEMANDANTE : ALCIDES PAZ VALVERDE
DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTROS.
JUEZ : CORTEZ MORENO ALAN VLADIMIR
ESPECIALISTA LEGAL : HUARICACHA MASIAS FIORELLA
SUMILLA : CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO
SUSPENSIVO FORMULADO EL DEMANDADO
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS
Lima, veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis.-
Dando cuenta a la fecha por las recargadas labores de esta secretaria, el escrito de
apelación presentado por el demandado con fecha 24 de agosto del 2016, y
atendiendo:
I. PARTE EXPOSITIVA.
El demandado interpone recurso de apelación contra la sentencia N°197–2016-
14°JLP, (resolución cuatro de fecha diecisiete de julio del dos mil dieciséis).
I. CONSIDERANDO:
1. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.1
2. Siendo así, es menester señalar que el recurso de apelación, debe cumplir con
todos los requisitos que prevé el artículo 366° y 367° del Código Procesal
Civil2, aplicable supletoriamente a este proceso laboral, en virtud a la Primera
Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – N°29497
3. Procede apelación:3
1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de
casación y las excluidas por convenio entre las partes;
2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una
articulación y los que este Código excluya; y
3. En los casos expresamente establecidos en este Código.
1 Objeto.-
Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2 Artículo 366.- Fundamentación del agravio.-
El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la
resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
Artículo 367.- Admisibilidad e improcedencia.-
La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada,
acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible.
(…)
3 Procedencia.-
Artículo 365.- Procede apelación:
1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas por convenio
entre las partes;
2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación y los que este Código
excluya; y
3. En los casos expresamente establecidos en este Código. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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4. Com o lo dispone el artículo 32° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley
294974, la apelación contra la sentencia se interpone dentro término de cinco
días, contados desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las
partes para su notificación.
5. Con relación al escrito presentada por la parte demandada, se advierte que:
a. Cumple con precisar el error de hecho y de derecho, sustentando la
pretensión impugnatoria.
b. Por otro lado, se aprecia que el mismo se encuentra dentro del plazo
legal, en conformidad con la ley 30229.
c. Además, siendo la demandada cumple con presentar los aranceles
correspondientes por apelación de sentencia.
6. En consecuencia, deviene en procedente el recurso de apelación,
formulado por la parte demandada contra la sentencia, por cuyas
razones,
II. PARTE RESOLUTIVA:
Resuelvo:
1. CONCEDER, CON EFECTO SUSPENSIVO, la apelación interpuesta
por la parte demandada en contra de la sentencia (resolución número
cuatro de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciséis), que resuelve
2 - 2 declarar fundada en parte la demanda.
2. Al primer y segundo otrosí digo: téngase presente.
En consecuencia, elévense los autos al Superior, con la debida nota de atención.
4 Artículo 32.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos
arbitrales económicos
El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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EXPEDIENT E : 22914-2015-0-1801-JR-LA-14
DEMANDANTE : ALCIDES PAZ VALVERDE.
DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS
REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO
JUEZ : ALAN VLADIMIR CORTEZ MORENO
ESPECIALISTA LEGAL : FIORELLA HUARICACHA MASIAS
SUMILLA : FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA.
SENTENCIA N° 197 - 2016-14JLPL
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis.-
I. PARTE EXPOSITIVA.
1. DEMANDA:
1.1. PRETENSIÓN:
Resulta que, de folios 13 a 24, don ALCIDES PAZ VALVERDE, interpone demanda contra
COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C.., solicitando como pretensión principal:
(cid:1) La desnaturalización de contratos de contratos de trabajo sujeto a modalidad
1-21
para servicio específico.
(cid:1) La reposición por despido incausado, en consecuencia se ordene su reposición
al centro de trabajo, en el mismo puesto que se venía desempeñando y en las
mismas condiciones que regían su relación laboral. Así como el pago de una
indemnización por concepto de lucro cesante.
(cid:1) El pago de horas extras.
(cid:1) El pago de reintegro de beneficios sociales, comprendidos por la compensación
por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones, por incidencia en su
cálculo de las horas extras laboradas a razón de tres horas diarias.
(cid:1) El pago de utilidades.
(cid:1) El pago de vacaciones (periodo 2014 – 2015)
(cid:1) El pago de intereses legales
(cid:1) El pago de Honorario de Abogados ascendente al 30% de la suma ordenada a
pagar.
1.2. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE:
1.2.1. Respecto a la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad – servicio
específico - literal d) artículo 77- D.S. N° 003-97-TR, señala que fue contratado
sujeto a modalidad por servicio específico, para que realice temporalmente los servicios
específicos mencionados (operador de volquete), siendo que mediante prórroga de fecha
31.12.2013, se varió su labor a la de operador de equipo pesado, siendo así, la última
renovación vencía el 30.09.2015.
1.2.2. En ese sentido, menciona que el objeto del contrato, según la cláusula 2, señala que “la
principal labor que desarrollará EL TRABAJADOR, sin perjuicio de las que adicionalmente
pueda asignarle la COMPAÑÍA es la de ser OPERADOR DE VOLQUETE EN LA UNIDAD DE
PRODUCCIÓN DE ALPAMARCA. Esta es una labor de naturaleza temporal y específica
pues está ligado a un proyecto de exploración minera”. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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1.2.3. Siend o así, precisa que se debe tener en cuenta que esta modalidad no puede ser
empleada para las labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un
trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad contractual que le
permite al empleador dar cobertura a aquellas labores temporales o especializadas que
no forman parte de las labores permanentes de la empresa y que requieran un plazo
determinado, sustentado en razones objetivas, que puede ser renovado en la medida
que las circunstancias lo ameriten.
1.2.4. Por consiguiente, según el contrato suscrito con el recurrente, el cual tenía la finalidad
que el trabajador desarrolle labores de Operador de volquete y, posteriormente las de
Operador de equipo pesado, estableciendo que “La principal labor que desarrollará EL
TRABAJADOR, sin perjuicio de las que adicionalmente pueda asignarle LA COMPAÑÍA
es la de ser OPERADOR DE VOLQUETE EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE
ALPAMARCA. Esta es una labor de naturaleza temporal y específica pues está ligado a
un proyecto de exploración minera.
1.2.5. Siendo así, refiere que analizando los términos del indicado pacto, la simple
especificación del cargo y la referencia que realizará los servicios específicos señalados
en la citada cláusula, resultan intrascendentes para los efectos de justificar la
eventualidad de la contratación.
1.2.6. Asimismo, de la carta de fecha 22.09.2015, mediante la cual se le comunica al
demandante, el próximo vencimiento del contrato suscrito y la extinción del vínculo
laboral, señala en su objeto de contratación que: “ (…) se dará por concluida su
prestación de servicios al área de Jefatura de Tajo (…)”, lo que implica que, las labores
realizada por el actor eran propias de un área estructural de la demandada y no “(…)
ligado a un proyecto de exploración minera (…)”.
1.2.7. Por lo cual, concluye que en la contratación modal suscrita entre las pares se ha
2 - 21
desnaturalizado, porque se ha realizado en fraude a la ley laboral y como consecuencia
de ello, se ha convertido en uno de naturaleza indeterminada.
1.2.8. Respecto al despido incausado, señala que al haberse acreditado la desnaturalización
de contrato, la causa por vencimiento de contrato resulta ilícita, por lo tanto dicho
hecho constituye un despido incausado, debiéndose disponer su reposición.
1.2.9. En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante), menciona que
en el presente caso concurren los requisitos comunes de la responsabilidad civil, esto
es, la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de
atribución, que generan la obligación de la demandada de indemnizar al demandante.
1.2.10. Asimismo, reclama el pago de horas extras, lo cual lo acredita con el Registro
Permanente de Control de Asistencia y de Salida, en los cuales registran la hora de
ingreso y la hora de salida, apreciándose una jornada de 12 horas diarias, restándole
una hora de refrigerio, siendo así han realizado tres horas extras diarias de labor.
1.2.11. En ese sentido, reclama el reintegro de beneficios sociales, comprendidos por la
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones por incidencia de las
horas extras laboradas.
1.2.12. Además, el pago de utilidades, por cuanto no ha cumplido con distribuir las utilidades
obtenidas de acuerdo a ley.
1.2.13. Finalmente, reclama el pago de vacaciones por el periodo 2014-2015.
1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La demandada contesta la demanda, conforme es de verse de fojas 164 a 171, señalando lo
siguiente: PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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1.3.1. En c uanto a lo oposición, contra la exhibición de todos los pagos por utilidades de su
personal en el periodo 2012 a 2015, por cuanto en dicho periodo no tuvo utilidades por
repartir a su personal y no pueden exhibir lo que no existe,
1.3.2. Respecto al fondo de la controversia, señala que es falso que el trabajador haya
laborado de manera continua, ya que laboró en distintos periodos, realizando labores de
carácter temporal como operador de equipo pesado en un programa temporal en su
Unidad Minera.
1.3.3. Además, menciona que es falso que haya existido una desnaturalización del contrato
por servicios específicos, conforme lo acredita con el último contrato de trabajo suscrito
por el demandante para el programa de producción de la Unidad dentro de los Planes de
Minado Anual de los años 2012 a 2015.
1.3.4. En cuanto al despido incausado, menciona que no existió, por cuanto sus contratos de
trabajo fueron sujetos a modalidad y venció en el plazo pactado.
1.3.5. Respecto a la indemnización por daños y perjuicios que reclama, menciona que no tiene
obligación de pagar la indemnización que reclama, siendo que el cese del demandante
se produjo por la conclusión del contrato de trabajo.
1.3.6. También reclama por horas extras, sin embargo, tenía una jornada atípica de 14 x 7 en
jornadas de doce horas incluido el refrigerio, jornada que calculaba semanal,
demostrándose así que laboró las 48 horas semanales que establece la ley.
1.3.7. Por los beneficios sociales, señala que no existe concepto alguno por reintegrar a la
liquidación de beneficios sociales realizada y no tuvo ninguna hora extra por pagar en
su jornada atípica.
1.3.8. Por las utilidades del periodo 2012 a 2015 menciona que, conforme lo acredita con las
3-21
respectivas declaraciones juradas del impuesto a la renta, en los ejercicios reclamados,
no existieron utilidades por repartir a su personal.
1.3.9. Finalmente reclama, el pago de vacaciones 2014 – 2015, en la liquidación de beneficios
sociales se advierte que se encuentra pagada al cese del demandante, no existiendo
deuda alguna por dicho concepto.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
2.1 FUNDAMENTOS NO ORALIZADOS:
2.1.1 Al respecto es pertinente mencionar que el:
“Artículo 12.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias
12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las
partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el
juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son
sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede
interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las
actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en
audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad,
conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de
las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.”1
1
Art. 12 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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2.1.2 Siend o que los argumentos expuestos por la parte demandada en su escrito de
contestación, respecto a la oposición contra la exhibición de todos los pagos por
utilidades a su personal, en el periodo 2012 a 2015 no fueron oralizados; este juzgador
mal haría en pronunciarse sobre ello, por cuanto los nuevos procesos laborales se
privilegia lo oral sobre lo escrito, más aún que la parte demandante no ha tenido
derecho de contradecir dichos argumentos. Por lo tanto, CARECE DE OBJETO EMITIR
PRONUNCIAMIENTO.
2.2 EN CUANTO AL FONDO DE LA CONTROVERSIA:
2.2.1 La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, a tenor de lo previsto en el
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y dentro de un debido
proceso, como una garantía constitucional, debiendo resaltar que la carga de la prueba
en materia laboral, conforme a lo previsto en el artículo 23.1 de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales:
“23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador,
tiene la carga de la prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados
de origen distinto al constitucional o legal, b) El motivo de nulidad invocado y el acto de
hostilidad padecido, c) La existencia del daño alegado. 23.4
4 - 21
De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad, b) La
existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado, c) El estado del vínculo
laboral y la causa del despido. 23.5
En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios
que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por
cierto, salvo que la demandada haya aportado elementos suficientes para demostrar
que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad.
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos
materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes”.
Esto en concordancia con los artículos 22º y 37º del Decreto Supremo Nº 003 - 97 –TR. -
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y Competitividad
Laboral.2
2.2.2 CON RELACIÓN A LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS MODALES
SUSCRITOS POR LAS PARTES.
2.2.2.1 Según lo expuesto, es posible que, en la práctica, el empleador pretenda encubrir una
relación laboral a plazo indeterminado con una a plazo determinado, en este caso, por
servicio específico. Ante dichas situaciones, en reiterada jurisprudencia, la judicatura,
concordante con lo resuelto por el Tribunal Constitucional ha hecho uso del principio de
2 Artículo 22°.-
(…)
La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer
para impugnar su despido.
Artículo 37°.- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe probarlos. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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prim acía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que: “(...) en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos,
debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los
hechos” (STC Nº 1944-2002-AA/TC; FJ 3).
2.2.2.2 Al respecto hay que considerar que la Constitución Política del Perú, reconoce como
principio el respeto por el carácter irrenunciable de los derechos laborales del
trabajador3.
2.2.2.3 Asimismo, debe señalarse que la legislación laboral establece, en el artículo 4º del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y Competitividad
Laboral- aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. que: “…en toda prestación
personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un
contrato de trabajo a plazo indeterminado”; dispositivo que debe concordarse
necesariamente con el numeral 9º del referido texto legal, el cual señala: “Por la
subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores
y dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas”.
2.2.2.4 Con relación a la desnaturalización de los contratos modales para servicio específico,
suscritos por el actor, es de tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23.4° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley 29497, corresponde al
5-21
demandado probar el cumplimiento de las normas legales y sus obligaciones
contractuales; dentro de las cuales encontramos a la causa que motiva la contratación
bajo la modalidad en que fue contratado el actor y si éstos se encuentran efectivamente
enmarcados y cumplen los requisitos previstos para la contratación bajo esa modalidad.
2.2.2.5 Asimismo, la Nueva Ley Procesal del Trabajo en su artículo 23.2 ha previsto que:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; dispositivo del
que se desprende que corresponde al empleador, acreditar la causa que da lugar a la
contratación temporal del trabajador.
2.2.2.6 En ese sentido, debemos precisar que, en principio, según nuestro ordenamiento
constitucional, los trabajadores tienen derecho a la conservación del empleo, tal como
se desprende de lo considerado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias (Exp.
Nº 1124—2001-AA/TC y 976-2001-AA/TC).
2.2.2.7 Esta vocación de permanencia del contrato de trabajo es un derecho fundamental
específico laboral que se encuentra implícito en el artículo 22º de la Constitución
Política del Estado, y, se traduce, si bien como el derecho a no ser despedido sino por
causa justa; lo cual se encuentra sustentado en el principio de la estabilidad y de
continuidad en el empleo; sin embargo, implica, además, que este derecho, reconocido
por la Constitución, sea también “irrenunciable” al inicio de la relación laboral; pues
nuestro ordenamiento jurídico sólo permite la celebración de contratos a plazo
3 Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral
En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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deter minado en los casos taxativamente previstos en la ley, sancionando con nulidad
los que se celebren contraviniendo dichas disposiciones, que son de orden público, tal
como se desprende las disposiciones del artículo 77º del Decreto Legislativo 728 - Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR4.
2.2.2.8 Por esta razón es necesario, en el caso de autos, verificar la concurrencia de los
requisitos legales específicos para determinar la validez de la contratación sujeta a
modalidad alegada por la demandada y descartar la existencia de simulación o fraude a
la ley en la contratación de la demandante.
2.2.2.9 En ese propósito, es de tenerse en cuenta que respecto a los contratos de trabajo
sujetos a modalidad, lo siguiente:
(cid:1) Contrato para Servicio Específico, el cual se encuentra regulado en el Art. 63°
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, en el cual se señala:
“Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente
establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte
necesaria.
En este tipo de contratos, podrán celebrarse las renovaciones que resulten
necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la
contratación.” 5
6 - 21
2.2.2.10 Asimismo, cabe señalar que los requisitos formales para la validez de los contratos se
encuentran establecidos en el Art. 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los cuales son:
“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en
forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la
contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral.”6
2.2.2.11 Por ello, siguiendo al profesor SANGUINETI7, en el contrato laboral para servicios
específicos, si bien los servicios que se prestan bajo esta modalidad forman parte de las
actividades habituales y se integran dentro de sus tareas ordinarias, sin embargo,
deben ser temporales per se, debiendo sustentar el alcance ocasional o transitorio del
servicio, claramente identificable y distinguible de la actividad permanente atendida por
trabajadores ligados a la misma a través de contratos a tiempo indefinido, puesto que
tampoco se excluyen de la naturaleza temporal exigida genéricamente para este tipo de
contratación por la disposición imperativa del Artículo 53º del Texto Único Ordenado del
4 Cabe señalar que las normas laborales, por su naturaleza, son de orden público; es decir, no se puede pactar contra ellas,
por lo que cualquier pacto en contrario adolece de nulidad virtual; vale decir, incurre en la causal de nulidad prevista en el
artículo V del Título Preliminar, en concordancia con lo preceptuado por el inciso 8 del artículo 219° del Código Civil, tal
como lo ha considerado la sentencia casatoria N° 1739-2003-Puno, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de enero
del 2005.
5 (el subrayado, negrita y cursiva es nuestra)
6 Ídem al 4
7 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada, Ed. Gaceta jurídica, 2da. Edición,
Lima, 2008, p. 74 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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Decr eto Legislativo N° 728, denominado Ley de Productividad y Competitividad Laboral-
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR., cuando señala textualmente: “Los
contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las
necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de
ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su
naturaleza puedan ser permanentes”.
2.2.2.12 La exigencia que las labores para las que se contrate a un trabajador bajo esta
modalidad sean temporales per se implica que solamente debe restringir su suscripción
para la realización de funciones temporales que deban ser atendidos por trabajadores
que no necesiten estar relacionados mediante contratos de trabajo a plazo
indeterminado y no que obedezcan a factores exógenos, como por ejemplo, el
incremento coyuntural de las labores ordinarias que forman parte de la actividad
normal de la empresa.
2.2.2.13 En el afán de identificar la causa que justificó su contratación, debemos referirnos:
• A la primera cláusula del contrato de fecha 15.05.2010, en el numeral 1.2) celebrados
por las partes procesales (fojas 03 ), en donde se estableció:
Con el objeto de que EL TRABAJADOR preste sus servicios en el marco del contrato de
servicios referido en el acápite anterior, LA COMPAÑÍA procede a contratarlo
7-21
temporalmente bajo la modalidad de servicio específico, al amparo de lo dispuesto por el
artículo 63° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, D. Leg. N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, para que se
desempeñe como Operador de Volquete.
• Asimismo, se estableció en la segunda cláusula del citado contrato, como objeto:
La principal labor que desarrollará EL TRABAJADOR, sin perjuicio de las que
adicionalmente pueda asignarle LA COMPAÑÍA es la de ser OPERADOR DE VOLQUETE
EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE ALPAMARCA. Esta es una labor de naturaleza
temporal y específica pues está ligado a un proyecto de exploración minera.
2.2.2.14 Al respecto es de tenerse en cuenta que, el artículo 4° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, establece que el contrato individual de trabajo puede
celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, considerándose
estas últimas como:
a) contratos de naturaleza temporal (por inicio o lanzamiento de nueva actividad,
necesidad del mercado o, la reconvención empresarial)
b) contratos accidentales (ocasional, de suplencia o de emergencia) y
c) contratos de obra o servicio (específicos, intermitentes o de temporada).
2.2.2.15 En términos generales, la contratación a plazo fijo es excepcional pues su celebración
requiere de diversas formalidades:
a) constar por escrito; PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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b ) consignar en forma expresa su duración y las causas objetivas que determinen la
contratación y las demás condiciones de la contratación; y
c) encontrarse debidamente registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo;
la inobservancia de estas formalidades generará la invalidez del contrato y su
consideración como uno de plazo indeterminado.
2.2.2.16 En ese sentido, de la revisión de los contratos de trabajo y prorrogas suscritos por las
partes, obrantes a fojas 03 a 07 y 47 a 55, se aprecia que no se ha detallado las causas
objetivas de contratación del demandante, esto es, las razones por las cuales la
empresa contrata al demandante por la modalidad de servicios específicos, más
aún, si el demandado no ha precisado las características de la contratación modal del
actor que las hagan distinguibles de sus actividades permanentes, atendidas por
trabajadores ligados a través de contratos a tiempo indefinido, aunado a ello, sólo
menciona en la audiencia de juzgamiento desde el minuto 6.22 al 6.38; que:
“ la relación del demandante se inicia el 19.06.2012 y concluye el año 31.09.2015, la
contratación del demandante fue específicamente para el Programa de Producción de la
Unidad dentro de los Planes de Minado Anual de los años 2012 al 2015”; sin embargo,
no presenta el citado Programa a fin de acreditar su aserto, lo que de por sí contraviene
la naturaleza temporal o de la obra que se ha de ejecutar, que exige de manera general
el artículo 53º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, denominado
Ley de Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por el Decreto Supremo
número 003-97-TR, para la celebración de cualquier modalidad contractual a plazo
determinado.
8 - 21
2.2.2.17 En consecuencia se ha incurrido, en la causal de desnaturalización los contratos para
servicio específico prevista en el inciso d) del Artículo 77° de la precitada norma; es
decir, que el contrato constituye una simulación y persigue el fraude a las normas de la
precitada ley, tanto más, si la prueba actuada no puede desvirtuar por si misma la
presunción contractual laboral juris tantum de carácter permanente establecida en el
artículo 4º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, denominado Ley de
Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR; razón por la cual se llega a la convicción que la contratación modal de la
demandante ha sido desnaturalizada.
2.2.2.18 En tal sentido, en aplicación de aplicación, del principio de primacía de la realidad, que
según nuestro Tribunal Constitucional es un principio implícito en nuestro ordenamiento
jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra
Constitución, a mérito del cual, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica
y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que
sucede en el terreno de los hechos (FJ 4).Exp. N.º 3710-2005-PA/TC, publicada en El
Peruano el 30/03/2006– Caso: Alberto Dolcey Pintocatalao Murgueitio, y, por
aplicación de la presunción de laboralidad de carácter indeterminado de la prestación
de servicios personales del actor, debemos considerarlo, independientemente, de la
formalidad en que hubiera sido contratado, por imperio de la ley, como contratos de
trabajo a plazo indeterminado.
2.2.2.19 En consecuencia, resulta fundada la pretensión de la recurrente de declararse la
desnaturalización de los contratos de trabajo para servicio específico celebrados desde
el 19 DE JUNIO DE 2012 hasta el 30 DE SETIEMBRE DE 2015. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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2.2.2.20 En c onsecuencia, debe declarase que las partes mantuvieron una relación laboral
bajo contrato de trabajo a plazo indeterminado del régimen de la actividad
privada, durante el periodo 19 DE JUNIO DE 2012 hasta el 30 DE SETIEMBRE DE
2015.
2.2.3 RESPECTO AL PAGO DE HORAS EXTRAS:
2.2.3.1 El artículo 9 del Decreto Legislativo 854 señala que el trabajo en sobretiempo es
voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Nadie puede ser obligado a
trabajar horas extras, salvo en los casos justificados en el que la labor resulte
indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro
inminente a las personas o bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad
productiva.
2.2.3.2 El artículo 10 del indicado Decreto Legislativo señala que el tiempo trabajado que
exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un
recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al 25% por
hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor
hora correspondiente y 35% para las horas restantes.
2.2.3.3 Es necesario resaltar que la carga de la prueba en materia laboral, conforme a lo
previsto en el artículo 23.1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, corresponde a quien
9-21
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos, sujetos a las reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin
perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
2.2.3.4 En ese sentido, el demandante refiere que: Realizó una jornada de doce horas diarias
restándole una hora de refrigerio, contrario a lo establecido en su contrato de trabajo que
se estableció una jornada de 48 horas a pesar de que el mismo contrato se establece el
hecho de que el empleador podrá establecer jornadas atípicas, sin embargo esto no se
puso a su conocimiento, en el sentido de establecer que comprendía esa jornada
acumulativa. Mientras que la parte demandada, menciona que: La jornada del
demandante era atípica, tenía una jornada de 14 x 7, en jornadas de 12 horas incluida el
refrigerio, jornadas que calculadas semanalmente eran 48 horas semanales que establece
la ley y la Constitución.
2.2.3.5 Cabe precisar, que de la revisión de los registros de asistencia del demandante
presentados por la parte demandada y que obran en autos de fojas 56 a 64, se advierte
que efectivamente el trabajador conocía desde el inicio de su relación laboral que su
jornada de trabajo sería atípica realizando 14 días de labores efectivas seguidas de 7
días de descanso:
Jornada de 14 x 7
N° Días Trabajados 14
N° Horas Labor x Día 11
N° Días Descanso 7 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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2.2.3.6 Siend o así, y estando a los contratos de trabajo aparejados al proceso, se aprecia que
las partes pactaron respecto a las jornadas:
“La Jornada de Trabajo es de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de
jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo
correspondiente no puede superar dicho máximo”
2.2.3.7 En ese sentido, se aprecia que efectivamente, que el demandante ostentó una jornada
laboral atípica, consistente en 14 días de labores efectivas de 12 horas diarias
(promedio) por 7 días de descanso, en tal sentido, dividiendo el total de horas laboradas
por el actor entre el número de días del ciclo o periodo completo, incluyendo los días de
descanso se tiene un total de 154 horas, el cual dividido entre los 21 días, tiene 03
semanas, se obtiene una jornada de menos de ocho horas diarias, conforme es de verse
del siguiente cuadro:
Horas Laboradas Período
Días Trabajados x N° Horas Labor = 14 x 11 = 154
Número de Días del Periodo
(Díás Trabajados + Días Descanso) 21
Horas Promedio por Día
Horas x Día = Total Horas Labor/N° Días = 154/21 = 7.33
2.2.3.8 Por consiguiente, las horas obtenidas están dentro del rango establecido por el artículo
1 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, por lo que no resulta procedente el pago de
las horas extras reclamadas por el actor.
10 - 21
2.2.4 REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS, GRATIFICACIONES Y VACACIONES) POR INCIDENCIA DEL PAGO DE
HORAS EXTRAS:
Al respecto, siendo que en líneas precedentes se ha determinado que no le corresponde
al demandante el pago de horas extras; en ese sentido también resulta infundada la
incidencia en el reintegro de la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y
vacaciones.
2.2.5 EN CUANTO AL PAGO DE VACACIONES:
2.2.5.1 Corresponde al caso señalar que el derecho a vacaciones se inscribe dentro del derecho
al descanso previsto en el artículo 25° de la Constitución, que establece que los
trabajadores tienen derecho a descanso semanal y an |
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EXP. N° 23244-2015-0-1801-JR-LA-09
Señores:
SERPA VERGARA
BURGOS ZAVALETA
CANALES VIDAL
SENTENCIA
Resolución N° 07:
Lima, 24 de setiembre de dos mil dieciocho
VISTOS:
En Audiencia Pública de 12 de junio del presente año, interviniendo como
ponente el Señor Juez Superior José Martín Burgos Zavaleta; culminado el
periodo vacacional y con el voto singular de la Juez Superior Serpa Vergara.
ASUNTO:
Es materia de apelación por ambas partes la Sentencia de 31 de enero de 2017
que obra de fojas 126 a 140 que declara fundada en parte la demanda sobre
pago de indemnización por daños y perjuicios, e infundados los extremos
referidos a los beneficios colectivos de los años 2008, 2011 y 2012, el pago del
bono por desempeño grupal, así como el reintegro de remuneraciones por
nivelación salarial, más el pago de costos procesales.
AGRAVIOS:
•
La demandada BANCO DE LA NACIÓN formula lo siguientes agravios
con escrito de apelación de fojas 143 a 148: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. N° 23244-2015-0-1801-JR-LA-09
i) Estamos ante un caso de improbanza de las pretensiones del
demandante, puesto que no se ha proporcionado ningún medio de prueba que
sustente la existencia de un daño que se encuentre pendiente de ser reparado.
ii) La demandante sustenta la indemnización por lucro cesante en lo que
supuestamente dejó de percibir desde el cese que califica de dañoso,
pretendiendo el pago por trabajos que nunca desempeñó y desconociendo que
las remuneraciones tienen naturaleza contraprestativa; por tanto, no pueden
pagarse por un periodo en el que no existió labor alguna de parte de la
demandante.
iii) No habiéndose demostrado la existencia de daño que deba ser reparado,
resulta irrelevante determinar si existen o no los demás elementos de la
responsabilidad civil.
iv) La indemnización tarifada buscaría sancionar un hecho grave (despido
arbitrario), mientras que la indemnización por daño como es el caso de autos,
sería esencialmente reparadora.
v) Considera que se encuentra exonerado del pago de costos del proceso
por ser un organismo descentralizado del sector economía y finanzas conforme
el Decreto Legislativo N° 183, Ley N° 27231 que modificó el literal g) del
artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 413° del Código
Procesal Civil deviniendo en consecuencia en improcedente este extremo de la
demanda.
•
La demandante formula sus agravios con escrito de fojas 150 a 155:
i) Sobre el no otorgamiento de la nivelación de remuneraciones por la
escala de FONAFE.- Dada la existencia de escalas remunerativas de los
trabajadores de la demandada contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-
2006/007-FONAFE, considera que no podría percibir una remuneración igual o CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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menor a la escala inmediata inferior de la categoría Técnico I otorgada por la
propia demandada.
ii) Sobre el no otorgamiento de los beneficios económicos plasmados en los
convenios colectivos (incrementos remunerativos y bono por cierre de pliego
del 2008, 2011 y 2012).- Aun cuando su ingreso sea próximo de culminar el año
2008, esto no es relevante pues los efectos y alcances de un convenio colectivo
de aplicación general para todos los trabajadores como el del 2008 deben de
computarse desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año citado.
Asimismo, la Ley de relaciones colectivas de trabajo establece que los convenios
colectivos son de alcance para las partes que lo suscribieron, los trabajadores
afiliados y los trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa.
Con relación a los motivos por los cuales se desestiman los beneficios de los
convenios del 2011 y 2012, la demandada entrega a sus trabajadores todos los
beneficios sindicales de todos los años sin importar si estos se encuentran
afiliados a cualquier sindicato, pues en la cláusula relativa al ámbito de
aplicación se establece que son extensivos a todos los trabajadores del Banco de
la Nación, por lo que al no otorgarle este extremo considera se le estaría
discriminando y perjudicando en sus derechos como trabajador.
iii) Sobre el no otorgamiento del bono por desempeño grupal.- Considera
que ha cumplido con acreditar que en el departamento de Imagen Corporativa
si se entregó el bono por desempeño grupa a sus trabajadores pero que la
demandada no cumplió con la exhibición requerida por lo que se tuvo que sacar
presunciones en contra de la emplazada por obstruir la actividad probatoria de
esta parte. Debe tomarse como referencia que los trabajadores de la citada área
del Banco percibieron mínimo un sueldo por el bono por desempeño grupal.
iv) Estando a que la parte demandada no aporta elemento de prueba o
sucedáneo probatorio que en forma suficiente, adecuada, objetiva, racional, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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razonable y proporcional revelen que efectivamente existen trabajadores que
han sido evaluados a efectos de percibir el bono por desempeño (BDG), o en
todo caso cuáles serían los criterios objetivos para su otorgamiento. En este
sentido, la emplazada no ha acreditado cuáles son las causas objetivas que
sustentan el no otorgarle a la actora el concepto del BDG durante los periodos
entre el 27 de diciembre de 2006 al 02 de setiembre de 2011 y desde el 01 de
febrero de 2012 al 21 de abril de 2013, tanto más si en autos ha quedado
acreditado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo en
los citados periodos.
v) Sobre el cuántum indemnizatorio del lucro cesante y el daño moral
otorgado por el cese ilegal de la demandada.- El A quo ha otorgado un monto
diminuto por cuanto la demandada debe abonarle todas las remuneraciones
caídas desde su fecha de despido hasta la fecha de ingreso, lo que equivale en
S/111,586.50 soles. Igual criterio sucede con el daño moral que el A quo
cuantificó en S/8,650.00 monto diminuto para el daño moral causado, pues lo
dejó sin sustento diario y sus hijos padecieron de preocupaciones económicas
que no le eran propias a su edad.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 370° del Código Procesal Civil prescribe que la
competencia del Juez Superior está limitada a resolver sobre los agravios
expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o
fundamentar la decisión en hechos no invocados. Por consiguiente, en virtud de
esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a
efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios
contenidos en el escrito de su propósito. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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SEGUNDO: La actora en su demanda de fojas 13 a 32 subsanada de fojas 40 a
48 pretende el pago de S/129,602.92 soles por beneficios legales (gratificaciones,
vacaciones no gozadas, indemnización por vacaciones no gozadas,
compensación por tiempo de servicios, utilidades) y beneficios convencionales
(incremento de convenios colectivos, incremento de remuneraciones, bono por
cierre de pliego, bono por desempeño grupal) por el periodo comprendido del
23 de diciembre de 2008 (ingreso) al 04 de junio de 2012 (despido); reintegro de
remuneraciones y nivelación salarial por aplicación del Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/007-FONAFE por la suma de S/95,142.00 por haber percibido una
remuneración inferior a la retribución mínima de la categoría de Técnico I sin
que exista justificación objetiva y razonable; indemnización por daños y
perjuicios por el cese ilegal e irregular producido el 04 de junio de 2012 hasta la
fecha de reincorporación que se produjo el 04 de setiembre de 2015 por la suma
de S/263,150.70 (daño moral y lucro cesante). Sostiene que interpuso una
demanda de Acción de Amparo para que se ordene su reposición a la
demandada por haber sido víctima de despido incausado por haber mantenido
una relación de naturaleza civil. Dicha causa se ventilo ante el Quinto Juzgado
Constitucional de Lima la cual declaró infundada la demanda, pero en vía de
Apelación la Tercera Sala Civil declaro fundada la demanda (Expediente N°
14641-2012-0-1801-JR-CI-05), sentencia de vista consentida y ejecutoriada que
tiene la calidad de cosa juzgada.
TERCERO: En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios desde la
fecha de despido (04 de junio de 2012) a la fecha efectiva de su reposición (04
de setiembre de 2015).- La indemnización por daños y perjuicios por
responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento del contrato de
trabajo presenta su regulación en los artículos 1314° y siguientes del Código CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Civil – Título IX referente a Inejecución de Obligaciones cuyo objeto es el
resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, esto es, reparar las
lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza personal.
CUARTO: La responsabilidad civil es una institución concebida como el
conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales a los que están sometidos los
sujetos por el hecho de haber asumido una situación jurídica de desventaja (un
deber); que como toda entidad jurídica presenta sus elementos, esto es sus
partes integrantes sobre los cuales debe basarse el análisis, siendo estos: 1) la
Antijuricidad, 2) el Daño, 3) la Relación causal, 4) Factor atributivo de
responsabilidad civil.
QUINTO: La antijuricidad es el hecho contrario a la ley, al orden público y las
buenas costumbres; el segundo elemento el daño, es el menoscabo, el
detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; un
interés jurídico que puede ser patrimonial (lucro cesante y daño emergente) y
extra patrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad Extra
contractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual); el tercer
elemento la relación causal es el nexo que debe existir entre la antijuricidad que
es el hecho que genera un daño y el daño producido, este nexo es fundamental
porque a partir de aquí se determinará, el factor atributivo de responsabilidad
de quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa
inexcusable, culpa leve o por dolo.
SEXTO: Respecto a la antijuricidad este elemento se encuentra acreditado con
la sentencia de 18 de marzo de 2015 emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima que revoca la sentencia emitida por el Quinto CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima que declara infundada la demanda de amparo, la que reformándola
declara fundada y ordena que la emplazada Banco de la Nación reponga a la
demandante en el cargo de Operadora – Telefónica de la Central Telefónica o en
otro de igual o similar nivel del que venía desempeñando antes de ser
despedida sin expresión de causa; lo que quiere decir que la demandada
despidió a la actora sin causa justa relacionada con la capacidad y conducta del
trabajador prevista en el artículo 22° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral Aprobado
por el Decreto Supremo No 003-97-TR.
SEPTIMO: En cuanto al daño, en el caso de autos resulta evidente que al haber
cesado la actora sin causa alguna, trae como consecuencia la pérdida de su
empleo, privándole de sus remuneraciones que tienen naturaleza alimentaria.
OCTAVO: La conducta de la demandada de despedir a la demandante sin
concurrir una causa justa contemplada en el artículo 22° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral Aprobado por el Decreto Supremo No 003-97-TR, ha
originado que la actora pierda su trabajo, por lo que se evidencia la presencia de
un nexo causal directo entre la conducta antijurídica y el daño ocasionado.
NOVENO: En relación a los factores de atribución, la demandada ha incurrido
en culpa inexcusable conforme al artículo 1319° del Código Civil que establece:
“Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la
obligación”, toda vez que la demandada tiene conocimiento de las normas CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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laborales respecto a que no se puede despedir a la trabajadora sin mediar causa
relacionada con la conducta o capacidad del trabajador.
DECIMO: Habiendo concurrido los elementos de la responsabilidad civil,
corresponde pronunciarnos sobre los conceptos y cuantificación de los daños y
perjuicios demandados que son materia de apelación por ambas partes, esto es,
el quantum del lucro cesante y del daño moral.
DECIMO PRIMERO: Respecto al Lucro Cesante, este concepto debe
entenderse como los ingresos o ganancias dejadas de percibir como
consecuencia del acto dañoso; conviene precisar que efectivamente, la
accionante ha dejado de percibir sus remuneraciones como consecuencia del
cese y demora en cumplir el mandato de reposición ocasionado por la
emplazada, empero debe tenerse en cuenta que el lucro cesante se refiere a una
lesión patrimonial por la pérdida de un ingreso patrimonial que se haya dejado
de obtener como consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio
ocasionado e imputado a un tercero; esto no supone que su resarcimiento deba
ser equiparado a la remuneración y beneficios sociales laborales que dejó de
percibir la accionante a consecuencia del acto lesivo, dado que el proceso
jurisdiccional de indemnización por daños y perjuicios está prevista para
resarcir el hecho dañoso producto de un acto ilegal de quedarse sin ingreso
monetario y no para resarcir la remuneración y demás beneficios sociales
dejados de percibir; por el contrario, dicho monto constituye un referente que
debe ser valorado por el Juzgador a efectos de establecer el quantum
indemnizatorio de manera prudencial y con equidad, teniendo en cuenta que la
actora estuvo sin trabajo 3 años, 2 meses y 28 días. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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DECIMO SEGUNDO: Determinada la diferenciación entre el lucro cesante y
las remuneraciones percibidas, conviene precisar que nos encontramos frente a
una indemnización por daños y perjuicios, siendo así, no cabe duda que existe
un daño debidamente acreditado conforme se analizó precedentemente, no
obstante, de acuerdo a las circunstancias acontecidas en el decurso del proceso,
con criterio de equidad conforme lo establece el artículo 1332° del Código Civil1
y dado el carácter referencial de la remuneración percibida por la actora
ascendente a S/1,730.00 soles que no ha sido cuestionado por la demandada,
corresponde modificar la suma ordenada a pagar por lucro cesante y
consecuentemente, se ordena a la demandada el pago de S/42,500.00 Soles por
concepto de Lucro Cesante.
DECIMO TERCERO: En cuanto al Daño Moral, según Lizardo Taboada
sostiene que: “(…) Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la
víctima y que produce un gran dolor y aflicción o sufrimiento en la víctima (…)” 2 ;
por consiguiente, esta aflicción o sufrimiento es totalmente subjetivo, impreciso,
no posible de medir; por tanto, no se requiere de probar mediante una
evaluación médica o informe psicológico o psiquiátrico del sufrimiento, dolor,
pena o angustia, pues por las máximas de la experiencia todo trabajador sufre
ante un despido ilegal.
DECIMO CUARTO: En consecuencia, atendiendo a que el hecho generador de
la responsabilidad fue acreditado, la concurrencia del daño moral debe ser
presumido desde la perspectiva de que toda conducta antijurídica
1 Artículo 1332° del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá
fijarlo el juez con valoración equitativa.”
2 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley 2001, Lima,
pp.58. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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ordinariamente en forma adicional a los daños patrimoniales, origina siempre
daños de naturaleza moral; más aún si éste está vinculado a la extinción del
vínculo laboral, cuya consecuencia directa e inmediata es la pérdida del trabajo
y por ende de la privación de ingresos patrimoniales, hecho que evidentemente
causa aflicción, dolor a cualquier persona; por lo que se hace necesario realizar
una valoración equitativa del daño ocasionado y los hechos acontecidos
conforme lo establece el artículo 1332° del Código Civil; motivo por el cual se
modifica el monto ordenado en la recurrida en la suma de S/4,730.00 soles por
concepto de Daño Moral.
DECIMO QUINTO: Sobre el no otorgamiento de la nivelación de
remuneraciones por la escala establecida por Acuerdo de Directorio N° 006 -
2005/008 - FONAFE.- A efectos de resolver este extremo de la demanda sobre
nivelación de remuneraciones, pues el actor sustenta su pretensión en el
derecho de igualdad al solicitar el pago de la misma remuneración con los
trabajadores de una misma categoría y que mediante documento
EF/92.2335Nro.434-2015 de 02 de setiembre de 2015 (fs. 12) a mérito de la
reposición laboral ordenada en el proceso de amparo seguido en el Expediente
N° 14641-2012-0-1801-JR-CI-05 en que la demandada otorga a la actora el cargo
de Técnico Operativo de Créditos en la CATEGORIA TÉCNICO I, debe
recordarse que el artículo 2° inciso 2) de la Constitución Política, establece: "toda
persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley, nadie puede ser discriminada por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquier otra índole"; y en el artículo 26° numeral 1) señala que, "en la relación
laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin
discriminación". CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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DECIMO SEXTO: La igualdad es un principio - derecho que ubica a las
personas situadas en idéntica condición en un plano de equivalencia, lo que
involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza,
circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se
conceden a otra en paridad condicione; al respecto el Tribunal Constitucional en
reiterada jurisprudencia, como en la sentencia recaída en el expediente N° 27-
2006-AI UE, ha señalado: "(...) 2.Con relación a la Igualdad, este Colegiado se ha
pronunciado indicando que “(...), la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es
también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de
Derecho, y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda
desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos
fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual
carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del
principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera
dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se
realice sobre bases objetivas y razonables”. (Subrayado agregado) 3. En línea
con lo antes expuesto, este Tribunal se ha pronunciado indicando la
importancia de “(...) el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio, debe
precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a
que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una
diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables.
(...), cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos
frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato
constitucionalmente intolerable; es decir, que la igualdad se configura como un derecho
fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto es, a no ser CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una misma situación,
salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. La
primera condición para que un trato desigual sea admisible, es la desigualdad de los
supuestos de hecho, es decir, implica la existencia de sucesos espacial y temporalmente
localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación
jurídica sea de un determinado tipo y no de otro”, en consecuencia, considerando
que el principio de igualdad no es absoluta, pues no impide el diferente
tratamiento por causas razonables o justificadas, sino lo que garantiza es el trato
igual a los iguales, es decir, a los que se encuentren en iguales circunstancias.
DECIMO SEPTIMO: Sostiene el demandante que la nivelación de su
remuneración básica, debe realizarse en virtud al Acuerdo del Directorio N°
005-2006/2007-FONAFE de fecha 23 de febrero de 2006, que obra a fojas 38,
mediante la cual el Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, aprobó la "Modificación de la
Política Remunerativa del Banco de la Nación" aprobada por el Acuerdo de
Directorio N° 006-2005/2008 - FONAFE fijando que su escala remunerativa y
Bono Extraordinario por Desempeño Grupal, cuya vigencia era desde el 01 de
febrero del 2006, en la que se determina las categorías y las remuneraciones
básicas mensuales máximas, en la que se determinó en el Grupo Ocupacional
Técnico una remuneración Básica máxima de S/4,002.00 soles, no define el
monto mínimo.
DECIMO OCTAVO: Para tal efecto, se debe tener presente el artículo 3° de la
Ley de Fondo Nacional de FONAFE N° 27170, que precisa como funciones del
Directorio: “a) Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas, en las que su
participación accionaria es mayoritaria, en el marco de las normas presupuestales CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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correspondientes; b) Aprobar las normas de gestión de las empresas a las que se refiere el
literal anterior(…).”; asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 043-2002-EF, se
establece las disposiciones relativas a la aprobación e implementación de
políticas remunerativas de las empresas y entidades bajo el ámbito del
FONAFE, precisando además, en su artículo 1° que: “El Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado aprobará, mediante acuerdo de
su Directorio, la política remunerativa de las empresas y entidades bajo su ámbito”,
dicha normatividad acredita que FONAFE, es el órgano que posee la facultad
de aprobar las escalas remunerativas de las empresas estatales; no obstante ello,
cabe anotar que dicha normatividad no establece que los niveles o cargos sean
establecidos por el mismo.
DECIMO NOVENO: De lo antes expuesto, es de concluir que Política
Remunerativa, aprobada por el Acuerdo de Directorio Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/2007-FONAFE, no es restrictivo, debido a que si bien FONAFE
establece la política remunerativa de las empresas y entidades bajo su ámbito,
conforme así lo prevé el artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-2002-EF, es la
demandada el Banco de la Nación es quien detenta todas las facultades de
dirección y administración respecto a sus trabajadores, a efectos de establecer la
remuneración básica de sus trabajadores sin superar la señalada por FONAFE
como máxima mensual, conforme a la categoría de sus trabajadores; criterio que
ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Casación Laboral N° 13946-2013 de 08 de agosto de 2013; Así también, en la
Casación CAS. LAB. Nº 6931-2016 LIMA, se señala "Octavo: Asimismo, la
Sentencia de Vista de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas
trescientos noventa y nueve a cuatrocientos once, confirmó la Sentencia apelada,
señalando (...) aprecia que FONAFE aprobó las nuevas categorías establecidas en el CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Cuadro de Asignación de Personal de SEDAPAL (siendo estas ahora de nueve
categorías), (...) De otro lado, refiere que la demandada no ha probado son los criterios
que adopta para establecer qué trabajador debe percibir el tope máximo, y qué trabajador
debe ser remunerado con una remuneración menor a dicho tope; por lo tanto, estando a
que no se ha determinado un criterio específico para establecer las remuneraciones a los
trabajadores de la empresa demandada, no puede darse entre estos un trato desigual,
correspondiendo por tanto, en que estos perciban la remuneración máxima establecida.
(...) Noveno: En el caso de autos, se declaró procedente el recurso Décimo: De lo
expuesto se tiene que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado –FONAFE, es la encargada de, entre otros, fijar la política remunerativa, así
como los procedimientos y lineamientos necesarios para su implementación, de las
empresas estatales. Décimo Primero: Por lo tanto, resulta pertinente señalar que la
política Remunerativa de la demandada, fue aprobada por Acuerdo de Directorio N°
013-2002/008-FONAFE, (...)Décimo Segundo: Respecto a lo anterior, resulta
pertinente precisar que la referida resolución si bien establece seis categorías
remunerativas, sin embargo debe resaltarse el hecho de que la misma no señala que
dichas categorías sean las únicas existentes, ni que deban aplicarse obligatoriamente los
montos máximos ahí establecidos, toda vez que dichas categorías constituyen
lineamientos generales que deben ser observados por la entidad demandada. Décimo
Tercero: En ese sentido, cabe señalar que, si bien no se ha establecido topes mínimos
para fijar las remuneraciones de los trabajadores, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la demandada es quien ostenta las facultades de dirección y
administración a efectos de establecer la remuneración básica mensual
conforme a la categoría de cada uno de sus trabajadores, los cuales a su vez, se
rigen por su contrato de trabajo, toda vez que en él se pactan las
remuneraciones que percibirán durante su relación laboral. (...) Décimo Sexto:
Finalmente, cabe destacar que obra en autos el Oficio SIED N° 637-
2011/DE/FONAFE, que corre en fojas noventa y cinco, por el cual el ente rector, en CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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cuanto a política remunerativa de la empresa demandada, pone a conocimiento de la
demandada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. –SEDAPAL S.A.,
en su segundo párrafo sostiene lo siguiente:“(…) se debe precisar que los montos para
cada categoría de las escalas remunerativas aprobadas por el Directorio de FONAFE,
son topes remunerativos máximos, por lo que las empresas no se encuentran obligadas a
otorgar dichos topes como remuneración básica a los trabajadores pertenecientes a cada
categoría, sino que en atención al principio de eficiencia y planificación, cada una de las
empresas cuenta con facultades respecto de la forma de implementación de su política
remunerativa interna, siendo factible la definición de otras categorías o sub categorías
remunerativas, teniendo como rangos los topes máximos establecidos en las referidas
escalas aprobadas.” Décimo Sétimo: En consecuencia, atendiendo a lo desarrollado
precedentemente y en virtud a que no se ha vulnerado ningún precepto legal al
momento de fijarse la categoría remunerativa del demandante, resulta evidente que lo
resuelto por el Colegiado Superior en el sentido de fijar al demandante en la escala
remunerativa VI por ser supuestamente la última, constituye una interpretación
errónea de lo establecido en el artículo 1°, inciso 1.1, así como en el literal a) y b) del
numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley N° 27170; y de los artículos 1° y 2° del Decreto
Supremo N° 043-2002-EF; toda vez que la demandada ha fijado categorías
remunerativas en función a los lineamientos establecidos por el FONAFE; ya que
conforme se advierte del Acuerdo de Directorio 013-2002-FONAFE, la misma establece
remuneraciones ....".
VIGESIMO: Siendo así, la demandante no ha acreditado que la demandada
arbitrariamente ha determinado una remuneración menor a un trabajador que
realiza sus mismas funciones, por el contrario, la demandada ha probado que
en la estructura remunerativa de su representada existen niveles en la categoría
de Técnico, las cuales han sido aprobadas por el órgano rector del FONAFE,
quien establece los lineamientos generales a cumplirse por los órganos CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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administrativos de la demandada, y lo que se aprobó es la remuneración
mensual máxima, por lo que la pretensión del demandante carece de sustento
legal, en consecuencia, al no haber cumplido con su carga de la prueba
conforme al artículo 23.1 de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo,
corresponde confirmar la recurrida que desestima este extremo.
VIGESIMO PRIMERO: Sobre la apelación por otorgamiento de los
beneficios económicos plasmados en los convenios colectivos (incrementos
remunerativos y bono por cierre de pliego del 2008, 2011 y 2012).- Por el
Convenio Colectivo 2008, habida cuenta que en el proceso de amparo seguido
en el Expediente N° 14641-2012-0-1801-JR-CI-05 se determina la existencia de
una relación laboral entre las partes con fecha de inicio 23 de diciembre de 2008,
y en atención que el Convenio Colectivo 2008 es de fecha 08 de setiembre de
2008, se concluye que sus alcances no involucran a la demandante por cuanto
solo resulta aplicable a los trabajadores con vínculo laboral vigente a la firma
del referido convenio colectivo. En cuanto al Laudo Arbitral 2011 y Convenio
Colectivo 2012, si bien en su redacción señalan que el ámbito de aplicación solo
son extensibles a los trabajadores afiliados; sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la falta de afiliación de un trabajador a un sindicato con representación
limitada no es impedimento para el goce de beneficios de los convenios
colectivos que hubiera celebrado con el empleador siempre que tal omisión se
haya debido a encontrarse limitado en su derecho a la afiliación por significar
una afectación a su derecho fundamental a la libertad sindical, tal como sucede
en el caso de autos al habérsele sometido a contratos de locación de servicios,
pues un razonamiento en contrario implicaría una lesión al artículo 23° de la
Constitución Política del Estado por el cual ninguna relación laboral puede
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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dignidad del trabajador, por lo que corresponde ordenar su pago así como su
incidencia en los beneficios económicos demandados (gratificaciones,
vacaciones, compensación por tiempo de servicios y utilidades) como
consecuencia de haberse determinado en el proceso de amparo la existencia de
una relación laboral entre las partes, en los montos que se detallan a
continuación:
BENEFICOS RECLAMADOS POR CONVENIOS COLECTIVOS 2011 Y
2012
Increm. Increm. Bonificación
Convenio Convenio por
Período Colectivo Colectivo Cierre de
2011 2012 Pliego
ene-11 110.00
feb-11 110.00
mar-11 110.00
abr-11 110.00
may-11 110.00
jun-11 110.00
jul-11 110.00
ago-11 110.00
sep-11 110.00
oct-11 110.00
nov-11 110.00
dic-11 110.00 4,000.00
ene-12 110.00 220.00
feb-12 110.00 220.00
mar-12 110.00 220.00
abr-12 110.00 220.00
may-12 110.00 220.00
02/06/12 7.33 14.67
dic-12 0.00 0.00 4,500.00
TOTALES 1,877.33 1,114.67 8,500.00 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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INCIDENCIA EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
GRATIFICACIONES
Ingreso Inc. CC Inc. CC Inc. CC Inc. CC Total Gratifi Bonific. Total
Períodos Tiempo Mensual 2009 2010 2011 2012 Comput. cación Extraord. Gratificac.
6
jul-09 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
6
dic-09 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
6
jul-10 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
6
dic-10 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
6
jul-11 meses 1,300.00 210.00 220.00 110.00 1,840.00 1,840.00 165.60 2,005.60
6
dic-11 meses 1,300.00 210.00 220.00 110.00 1,840.00 1,840.0 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL DE LIMA
Esq. Av. Abancay c/ Avenida Nicolás de Piérola, Piso 18 – Cercado de
Lima
Lima, 31 de mayo del 2017
OFICIO No. 23244-2015-0-09°JELL-RCB
SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
DE LIMA
(Nueva Ley Procesal de Trabajo No. 29497)
Presente.-
Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de elevar, el
EXPEDIENTE PRINCIPAL No. 23244-2015-0-1801-JR-LA-09 en los seguidos
por:
DTE: LILIANA ESPERANZA ORREGA PAZ DE GARCIA
DDO: BANCO DE LA NACIÓN
MAT: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
A fojas (157), en mérito a la apelación concedida a las partes
procesales, parte demandada y parte demandante, con efecto suspensivo
mediante resolución N° 04 de fecha 20 de febrero del 2017 contra la
sentencia contenida en la resolución N° 03 de fecha 31 de enero del 2017 que
declara fundada en parte la demanda.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración.
Dios guarde a Usted.
Se deja constancia que:
* Los presentes actuados no han sido prevenidos por Sala Laboral alguna.
* No se acom paña copia del video de las audiencias debido a que las mismas se encuentran
en el sistema. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXP. Nº : 23244-2015-0-1801-JR-LA-09
DEMANDANTE : LILIANA ORREAGA PAZ
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : DESNAT. DE CONTRATO Y OTROS
ESPECIALISTA : MEDINA CERVANTES, CARLOS JAIRO
SENTENCIA N° 021-2017-9°JET
Resolución N° TRES
Lima, treinta y uno de enero del dos mil diecisiete.
I. PARTE EXPOSITIVA:
Demanda: Aparece de autos que de fojas 13 a 32, subsanada y ampliada a
fojas 40 a 48, doña LILIANA ESPERANZA ORREAGA PAZ DE GARCIA
interpone demanda en contra del BANCO DE LA NACIÓN, a fin de que se le
pague por los beneficios sociales y convencionales, una indemnización por
daños y perjuicios y el reintegro de remuneraciones. Señala que mediante
sentencia expedida por la Tercera Sala Civil, bajo el Expediente Nº 14461-
2012, ha sido determinado que durante el periodo 23 de diciembre del 2008
hasta el 04 de junio del 2012, habría mantenido con la emplazada un vínculo
laboral dentro de los alcances del régimen laboral de la actividad privada, y que
en la última de las fechas habría sido cesado de forma ilegal, razón por la cual
se dispuso se reposición en su puesto habitual de trabajo, hecho que se
materializó el 02 de setiembre del 2015, en ese sentido refiere que le
corresponde el pago de los beneficios sociales establecidos por ley, y los
obtenidos por convenciones colectivas, las cuales no le habrían sido otorgadas
atendiendo a que formalmente habría estado sometido a contratos de locación
de servicios, siendo que además los beneficios de origen convencionales
deben ser otorgados atendiendo al principio de igualdad, considerando que en
el ámbito de aplicación de estos, se estableció la totalidad de trabajadores de la
demandada. En cuanto a la pretensión Indemnizatoria, manifiesta que la
violación incurrida por la demandada al despedirla injustamente, le habría
ocasionado daños tanto en la esfera patrimonial como extrapatrimonial,
específicamente en las categorías de lucro cesante al haberse privado de los
ingresos económicos correspondientes a su remuneración habitual y otros
beneficios otorgados, como consecuencia del despido ilegal del que fue objeto
hasta la fecha en que se produjo su reposición y daño moral motivado por el
perjuicio afectivo y sentimental generado por la pérdida injustificada del
empleo. Respecto a los elementos que configuran la responsabilidad civil
señala que la antijuricidad se constituye al no existir motivo para la resolución
del contrato de trabajo, se configuro un acto ilícito, sobre el nexo de causalidad
precisa que se manifiesta en la inejecución de la obligación, pues pese a existir
un reconocimiento legal de no despedir a un trabajador sin causa justa, se ha
incumplido dicho mandato legal y procedido a despedirla, producto de ello se
ha visto privada de sus ingresos económicos con lo que queda establecida la
relación causal o nexo de causalidad. En cuanto al factor de atribución
manifiesta que la demandada incumplió con sus obligaciones con culpa
inexcusable. Pretende también el reintegro de remuneraciones argumentando que le correspondía percibir una remuneración acorde con la establecida en el
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE para el cargo de Técnico, sin
embargo, la emplazada le habría otorgado una remuneración muy por debajo
de esta categoría. Ampara jurídicamente su demanda en la Constitución
Política del Perú, en los Decretos Supremos N° 003-97-TR, 001-97-TR, Leyes
N° 29497, 27735, 25920 y Decreto Legislativo N° 713 .
Audiencia de Conciliación y fijación de pretensiones materia de juicio:
Promovida la conciliación entre las partes y en vista que no fue posible arribar a
ningún acuerdo por mantener sus puntos de vista, es que se procedió a
precisar como pretensiones materia de juicio las siguientes:
• Pago de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones dobles y
simples, gratificaciones legales y utilidades, del periodo 23 de diciembre
de 2008 al 04 de junio del 2012.
• Pago de los beneficios colectivos consistentes en: incrementos por
convenio colectivo, incremento al básico de S/. 940.00, cierre de pliego y
bono por desempeño grupal por el periodo 2008 al 2012.
• Pago de una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad
contractual, en los conceptos de lucro cesante y daño moral.
• Reintegro de remuneraciones y nivelación salarial por aplicación del
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE por el periodo 23 de
diciembre de 2008 al 30 de junio del 2012.
Contestación de la demanda: La demandada a fin de desvirtuar los
argumentos de la parte actora, contesta la demanda en los términos de su
escrito entregado en la audiencia de conciliación, el cual obra de fojas 98 a
110; señalando en cuanto a la pretensión de beneficios económicos derivados
de convenios colectivos que estos no le son extensivos a la actora atendiendo
a que esta no tuvo la condición de afiliada a algún gremio sindical ni tampoco
manifestó su voluntad de ejercer su derecho a sindicalización; a ello añade
además que los beneficios pretendidos eran únicamente para los trabajadores
con vinculo vigente a la fecha de suscripción de los convenios. Similar
argumento despliega en cuanto a la pretensión de utilidades y bonificación por
desempeño grupal, arguyendo que ambos conceptos tenían como condición
para su otorgamiento, que el trabajador tenga la condición de Activo, en ese
sentido al no mantener la actora, vínculo vigente al momento de los respectivos
otorgamientos, no corresponde su pago conforme ha sido pretendido. En
cuanto a la pretensión indemnizatoria, refiere que la actora no ha acreditado el
daño en las categorías invocadas y que este no puede sustentarse en un
supuesto hipotético sino que debe ser cierto; asimismo, al no existir daño no
existiría conducta antijurídica imputable a la emplazada, razón por la cual no se
configurarían los elementos de la responsabilidad civil. Fundamenta
jurídicamente su contestación en el decreto supremo 010-2003-TR, Decreto
Legislativo 892 y el Código Civil.
Audiencia de Juzgamiento: Se llevó a cabo la confrontación oral de las
posiciones de las partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación
probatoria, enunciándose los hechos que no necesitan de actuación probatoria,
procediéndose a la admisión y posterior actuación de los medios probatorios
respecto de los hechos que requieren actuación probatoria, se requirió los alegatos finales a las partes, por lo que la causa se encuentra expedita para
sentenciar.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia.
SEGUNDO: De la carga de la prueba: Que, conforme lo dispone el artículo
23° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Tra bajo, la carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, esto es, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones y, esencialmente al trabajador probar la prestación personal
de los servicios, la fuente normativa de los derechos distintos a los legales, la
causal de nulidad, el acto hostil o el daño alegado; mientras que corresponde al
empleador probar el pago, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
las contenidas en las normas legales, el motivo razonable distinto al hecho
lesivo alegado, el estado del vínculo laboral y la causa del despido.
TERCERO: Materia de la Controversia: La controversia se circunscribe en
determinar si corresponde el reintegro de remuneraciones, el pago de
beneficios sociales y convencionales en favor de la accionante, asimismo, si se
habrían configurado los elementos de la responsabilidad civil por efecto de
despido.
CUARTO: De la relación laboral. En cuanto a la relación de trabajo suscitada
entre las partes, se tiene que por mandato judicial, a través de la Sentencia de
Vista de fecha dieciocho de marzo del dos mil quince (fojas 7 a 10), en el
proceso seguido bajo el expediente Nº 14641-2012-0-1801-JR-CL-05, LA
Tercera Sala Civil, ha determinado que entre las partes procesales se habría
configurado una relación de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen de la
actividad privada desde el 23 de diciembre del 2008 hasta el 02 de junio del
2012. De igual forma conforme lo determinado en el proceso en referencia, el
cese acaecido contra la actora en fecha 04 de junio del 2012 configuró un cese
injustificado, reponiéndose a la actora en fecha 02 de setiembre del 2015 por
mandato judicial, con vinculo vigente hasta la fecha de interposición de la
demanda. Siendo ello así, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las
pretensiones materia de juicio.
QUINTO: Del reintegro de remuneraciones y nivelación por Acuerdo de
Directorio 005-2006/007-FONAFE.
5.1 La actora refiere que los trabajadores del Banco de la Nación perciben sus
remuneraciones conforme a categorías o escalas remunerativas que se derivan
del cargo que desempeñan, adjuntando para el efecto el Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/007-FONAFE mediante el cual se aprueba la política remunerativa
de la demandada por parte del FONAFE; 5.2 Efectivamente de la citada escala se aprecia que la política remunerativa de
la emplazada es aprobada por FONAFE pero se ha de señalar que la misma
alude a remuneraciones máximas, por lo tanto, resulta posible que el actor
percibida ingresos por debajo de S/. S/. 4002.00, como refiere la citada escala.
5.3 Por otro lado y de acuerdo con los lineamientos establecidos como
precedente de observancia obligatoria en la Casación 208-2005-PASCO
(publicada el 31 de julio del 2006), para este tipo de controversias se requiere
examinar si se produjo un trato desigual o discriminatorio y esta comparación
se realiza en función de: i) la empresa proveniente; ii) la trayectoria laboral; iii)
las funciones realizadas; iv) la antigüedad en el cargo y la fecha de ingreso; v)
el nivel académico alcanzado y la capacitación profesional; vi) la
responsabilidad atribuida; y vii) la experiencia y el bagaje profesional, por lo
tanto el argumento de la actora de haber percibido un ingreso inferior a la
establecida por FONAFE resulta insuficiente.
5.4 Aboga esta posición el hecho de que la demandada exija para el ascenso
una serie de requisitos, tal como se determinó en la Directiva de Ascensos y
Promociones, los cuales no son acreditados por la demandante, así como
también que si bien en el proceso de amparo se ha determinado la existencia
de la relación laboral, no se pronunció respecto del cargo ostentado ni tampoco
se ha peticionado en este proceso, por lo tanto, dicho extremo deviene en
infundado, al igual que la pretensión subordinada de nivelación por
homologación al estar referido a los mismos fundamentos.
SEXTO: De los incrementos provenientes de convenios colectivos.
6.1 La actora peticiona se le hagan extensivos los beneficios obtenidos por los
trabajadores de la demandada mediante convenios colectivos y laudo arbitral
de los ejercicios 2008 al 2012.
6.2 Según el artículo 41º del Texto Único Ordenado del Decreto Ley 25593
“Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las
remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a
las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o
varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por
representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados
y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organizaciones de
empleadores.” El convenio colectivo tiene un efecto normativo, entendido como
regla obligatoria para las personas naturales o jurídicas, grupos ú
organizaciones firmantes, mismo que se encuentra recogido por la Constitución
Política del Perú, artículo 28º numeral 2°, al establecer que: “… La convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, concordante con el
artículo 42º del T.U.O. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR1.
1 Decreto Supremo 010-2003-TR Artículo 42.- “La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante
para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes
les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan
cargos de confianza.” 6.3 De acuerdo con las instrumentales de fojas 64-97 se aprecia que vía
negociación colectiva, se reconocieron determinados beneficios económicos en
favor de los trabajadores de la emplazada, así:
CONVENIO COLECTIVO 2008:
(cid:1) A partir del 1° de enero del 2008 un aumento de remuneraciones de S/ 180.00
mensuales
(cid:1) Por bonificación extraordinaria por cierre de pliego la suma de S/. 3,000.00
CONVENIO COLECTIVO 2009:
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2009 un aumento de remuneraciones de S/.
210.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 3,700.00
CONVENIO COLECTIVO 2010
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2010 un aumento de remuneraciones de S/.
220.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 3,800.00
LAUDO ARBITRAL DEL 2011
(cid:1) A partir del 1° de enero del 2011 un aumento de remuneraciones de S/. 110.00
mensuales.
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 4000.00.
CONVENIO COLECTIVO 2012
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2012 un aumento de remuneraciones de S/.
220.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 4,500.00
6.4 A su vez, el artículo 9 del referido Decreto Supremo N° 010-2003-TR señala
que en materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría
absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la
representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren
afiliados, que en caso de existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito,
podrán ejercer conjuntamente la representación de la totalidad de los
trabajadores los sindicatos que afilien en conjunto a más de la mitad de ellos,
en cuyo caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa
representación, sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o
encomendada a uno de los sindicatos y en caso de no haber acuerdo, cada
sindicato representa únicamente a sus afiliados.
6.5 Si bien la emplazada alegó en su escrito de contestación que el ámbito de
aplicación de los convenios colectivos es de alcance a los afiliados del
sindicato, no siendo afiliado el actor a ninguno de ellos, sin embargo, según la
norma citada precedentemente, si es posible extender los efectos de la
negociación colectiva a todos los trabajadores afiliados o no, además de
acuerdo con lo expresado en el convenio colectivo 2009 y laudo 2010, se
aprecia que los beneficios fueron reconocidos a todos los trabajadores con
vínculo laboral vigente a la fecha de su suscripción, por lo que sí deben ser
extendidos a favor del actora.
6.6 En cuanto concierne al periodo 2008 dado que la actora no mantuvo
vínculo laboral vigente a la fecha de su celebración no puede alcanzarle sus
efectos, finalmente, respecto de los periodos posteriores, según lo pactado en
los mismos solo son extensibles a los trabajadores afiliados, siendo del caso
resaltar que de conformidad con lo prescrito por el artículo 23 de la Ley 29497, la existencia de la fuente normativa de los derechos reclamados distintos al
legal, le compete al actor, por lo que no al no haber cumplido con acreditar el
alcance general de los mismos, es que debe ser desestimado.
6.7 En función de lo expuesto se determina el beneficio así:
Inc. C.C. Inc. C.C.
Mes Año Total
2009 2010
ene-09 210.00 210.00
feb-09 210.00 210.00
mar-09 210.00 210.00
abr-09 210.00 210.00
may-09 210.00 210.00
jun-09 210.00 210.00
jul-09 210.00 210.00
ago-09 210.00 210.00
sep-09 210.00 210.00
oct-09 210.00 210.00
nov-09 210.00 210.00
dic-09 210.00 210.00
ene-10 210.00 220.00 430.00
feb-10 210.00 220.00 430.00
mar-10 210.00 220.00 430.00
abr-10 210.00 220.00 430.00
may-10 210.00 220.00 430.00
jun-10 210.00 220.00 430.00
jul-10 210.00 220.00 430.00
ago-10 210.00 220.00 430.00
sep-10 210.00 220.00 430.00
oct-10 210.00 220.00 430.00
nov-10 210.00 220.00 430.00
jun-11 210.00 220.00 430.00
jul-11 210.00 220.00 430.00
ago-11 210.00 220.00 430.00
sep-11 210.00 220.00 430.00
oct-11 210.00 220.00 430.00
nov-11 210.00 220.00 430.00
dic-11 210.00 220.00 430.00
ene-12 210.00 220.00 430.00
feb-12 210.00 220.00 430.00
mar-12 210.00 220.00 430.00
abr-12 210.00 220.00 430.00
may-12 210.00 220.00 430.00
jun-12 14.00 14.67 28.67
8,624.00 6,394.67 15,018.67 6.8 En cuanto se refiere a la bonificación por cierre de pliego,
correspondiente al convenio del 2008, al no haber tenido la actora vinculo
vigente al momento de suscripción de este, sus efectos no le son extensivos,
de otro lado, puede apreciarse que en los casos sucesivos, este beneficio
involucró expresamente a aquellos trabajadores con vínculo vigente, 04 de
setiembre del 2009 (convenio 2009) y al 16 de setiembre del 2010 (convenio
2010), por consiguiente al haber mantenido la actora vínculo laboral con la
emplazada durante las fechas en referencia, corresponde el otorgamiento de
estos beneficios, así:
Año mes-año Importe
2009 sep-09 3,700.00
2010 sep-10 3,800.00
Total 7,500.00
SÉTIMO: De los beneficios sociales reclamados. Habiéndose determinado
la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes en el
proceso constitucional, es que resulta procedente reconocer los beneficios
sociales generados en favor de la actora por las prestaciones ejecutadas desde
el 23 de diciembre del 2008 al 02 de junio de 2012, siendo que no tuvo
percepción alguna de estos atendiendo a la modalidad formal con la cual fue
contratada, correspondiéndole su otorgamiento conforme a ley:
7.1 Gratificaciones Legales. De conformidad con lo dispuesto por la Ley
27735, corresponde al trabajador una remuneración mensual en los meses de
julio y diciembre por concepto de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad,
respectivamente, para tener derecho a la gratificación es requisito
indispensable que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en
que corresponda percibir el beneficio y en caso su vínculo culminara antes de
la oportunidad de percibir dicho beneficio, tendrá derecho a recibirlo en forma
trunca, proporcionalmente a los meses laborados.
7.2 No habiendo acreditado la emplazada el abono de este beneficio y su
bonificación, es que debe procederse a su liquidación considerando la
remuneración histórica y los incrementos reconocidos en el considerando
anterior, en la forma siguiente:
Mes-Año Meses Ingreso Inc C.C. Inc C.C. Total Gratif Bonif Total
completos Mensual 2009 2010 Computable Extra Gratif
julio-2009 6 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
diciembre-2009 6 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
julio-2010 6 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
diciembre-2010 6 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
julio-2011 6 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 155.70 1,885.70
diciembre-2011 6 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 155.70 1,885.70
julio 2012-Trunco 5 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,441.67 129.75 1,571.42
11,098.02
7.3 Las vacaciones constituye el derecho que tiene el trabajador, luego de
cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios
durante un cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales
o a la distracción. Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que
cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro horas, siempre que haya
cumplido dentro del año de servicios, el récord vacacional respectivo.
7.4 El artículo 10 del Decreto Legislativo 713 prescribe que el trabajador tiene
derecho a treinta días de descanso vacacional por cada año completo de
servicios. El artículo 23 del Decreto Legislativo 713 precisa que los
trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año
siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración
por el trabajo realizado, una por el descanso vacacional adquirido y no gozado
y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado
del descanso.
7.5 No habiendo cumplido la emplazada con acreditar el pago de las
remuneraciones por el descanso vacacional adquirido ni el goce del descanso
físico anual dentro del año siguiente, durante el periodo laborado bajo contratos
civiles, es que resulta procedente disponer el pago de este beneficio.
7.6 Se liquidan las mismas considerando la última remuneración establecida de
S/. 1730.00 y el periodo reclamado, así:
Ultimo Inc C.C. Inc C.C. Total Remunerac Indemn
Periodo Tiempo Total
Ingreso 2009 2010 Computable Vacacional Vacacional
23-12-08 AL 22-12-09 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 3,460.00
23-12-09 AL 22-12-10 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 3,460.00
23-12-10 AL 22-12-11 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00
23-12-11 AL 02-06-12 05M,10D 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 768.89 768.89
9,418.89
7.7 De la Compensación por tiempo de servicios. De conformidad con lo
establecido en el Decreto Supremo 001-97-TR, la compensación por tiempo de
servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias
que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.
Tienen derecho a este beneficio aquellos trabajadores sujetos al régimen
laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en
promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.
7.8 La demandada no ha acreditado el cumplimiento del pago ni de los
depósitos de la compensación por tiempo de servicios según lo dispone el
Decreto Supremo 001-97-TR, por tanto, debe establecerse el monto
correspondiente por cada depósito durante el periodo laborado, mismo que
debe ser depositado en una entidad bancaria seleccionada por el trabajador.
Se practica la liquidación considerando la remuneración mensual histórica y las
gratificaciones proyectadas precedentemente, así:
Periodo Tiempo Ingreso Inc C.C. Inc C.C. Prom Rem Total
Liquidado Mensual 2009 2010 Gratif Computable C.T.S.
23-12-08 AL 30-04-09 4M,8D 1,000.00 210.00 - 1,210.00 430.22
01-05-09 AL 31-10-09 6 M. 1,000.00 210.00 201.67 1,411.67 705.83
01-11-09 AL 30-04-10 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 201.67 1,631.67 815.83 01-05-10 AL 31-10-10 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 238.33 1,668.33 834.17
01-11-10 AL 30-04-11 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 238.33 1,668.33 834.17
01-05-11 AL 31-10-11 6 M. 1,300.00 210.00 220.00 288.33 2,018.33 1,009.17
01-11-11 AL 30-04-12 6 M. 1,300.00 210.00 220.00 288.33 2,018.33 1,009.17
01-05-12 AL 02-06-12 1M,2D 1,300.00 210.00 220.00 - 1,730.00 153.78
5,792.33
OCTAVO: De la participación de utilidades.
8.1 Este beneficio reconocido constitucionalmente, consiste en la asignación a
los trabajadores de una parte de la renta que produce la empresa, en
reconocimiento al esfuerzo compartido con ésta, en el éxito del negocio al
obtener beneficios económicos denominados “utilidades”.
8.2 Los Decretos Legislativos 677 y 892 establecen qué empleadores se
encuentran obligados a repartir utilidades, siendo aquellas empresas
generadoras de rentas de tercera categoría, que cuenten con más de veinte
trabajadores y hayan obtenido renta anual neta antes de impuestos; de otra
parte, señala que los trabajadores con derecho a su percepción, son aquellos
que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, no interesando la
modalidad de contratación y que hayan laborado en el ejercicio a ser
distribuido.
8.3 Que, respecto de este extremo, se aprecia que la demandada ha generado
utilidades distribuibles, tal como se aprecia de las boletas de pago de utilidades
obrantes de fojas 113 a 123, por lo que se debe acoger el extremo toda vez
que la demandante tuvo la calidad de trabajadora, se practica la liquidación en
la forma siguiente:
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
A Dias Laborados por el trabajador 360 360 360 152
A.1 Factor Aplicable 4.92858 6.70015 5.36967 8.64697
A.2 Participación por dias trabajados 1,774.29 2,412.05 1,933.08 1,314.34
B Remuneraciones Percibidas por 16,940.00 20,020.00 22,720.00 10,120.33
trabajador
B.1 Factor Aplicable 0.031371130 0.040450876 0.031404670 0.047545276
B.2 Participación por remunerac percib 531.43 809.83 713.51 481.17
C Total Participac. Utilidad Trabaj (A.2+B.2) 2,305.72 3,221.88 2,646.60 1,795.51
9,969.71
NOVENO: Del bono por desempeño grupal.
9.1 Este beneficio reconocido por ambas partes tiene su origen en una
liberalidad de la empleadora, cuyos lineamientos se encuentran recogidos en la
sesión de directorio 1593 del 22 de diciembre de 2005.
9.2 Según el tenor del referido acuerdo exhibido por la demandada,
complementado con el Acuerdo de Directorio 005-2006/007-FONAFE, se trata
de un bono extraordinario por desempeño grupal que está sujeto a una
evaluación de desempeño y calculados en función de determinados factores de
valorización por categoría.. 9.3 En vista de lo anterior, se concluye que dicho beneficio consistió en una
cantidad de dinero que era repartida entre los trabajadores, pero estuvo sujeto
a determinadas condiciones que no reúne el actor, dado que no fue evaluado
en su desempeño individual ni grupal, de allí que no exista un parámetro y una
calificación respecto de los cuales sea posible asignar este bono, de allí que no
resulte atendible este extremo.
DÉCIMO: De la Indemnización por daños y perjuicios.
10.1 La institución de la responsabilidad civil está referida al aspecto
fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación de los
particulares, bien se traten de daños producidos como consecuencia del
incumplimiento de una obligación voluntaria, ante lo cual estaríamos frente a
una responsabilidad civil contractual o como resultado de una conducta que,
sin mediar ningún vínculo de orden obligacional que los una o incluso
existiendo éste, los daños no se producen por el incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino como consecuencia del incumplimiento del deber
genérico de no causar daño a otro, supuesto normativo que configura la
responsabilidad civil extracontractual, advirtiéndose que nuestro ordenamiento
jurídico recoge las dos formas de responsabilidad civil anteriormente
señaladas. La primera de ellas, es regulada en el apartado referido a la
inejecución de obligaciones, específicamente en los artículos 1314° y
siguientes del Código Civil, mientras que la responsabilidad civil
extracontractual, se encuentra incorporada en la Sección Sexta del Libro VII:
Fuentes de las obligaciones del mismo cuerpo normativo (artículos 1969° y
siguientes).
10.2 La parte demandante peticiona el pago de una indemnización por haber
sido cesada sin causa justa, por lo tanto, al reclamarse la existencia de un
incumplimiento contractual, nos encontramos frente a un supuesto de
responsabilidad por inejecución de obligaciones, por lo que la pretensión
debe ser analizada a la luz de las disposiciones establecidas en nuestra
normatividad civil sobre responsabilidad contractual, teniendo en cuenta que
“La responsabilidad contractual es aquella que deriva de un contrato celebrado
entre las partes, donde uno de los intervinientes produce daño por dolo, al no
cumplir con la prestación a su cargo o por culpa, por la inejecución de la
obligación, por cumplimiento parcial tardío o defectuoso, la cual debe ser
indemnizada”2, es decir, el daño a indemnizar debe provenir por el
incumplimiento de una obligación contenida en el contrato, haberla cumplido de
manera imperfecta o haber retardado su cumplimiento por causa imputable al
causante del daño.
10.3 Si bien el artículo 1321 del Código Civil precisa que se encuentra sujeto a
la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpa inexcusable o culpa leve, el mero incumplimiento contractual o
producción del hecho ilícito no implica de forma automática el otorgamiento de
una indemnización por daños y perjuicios, de allí que la probanza de este
incumplimiento o realización del hecho doloso o culposo incumbe al
2 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia
en el expediente N° 507-99-LAMBAYEQUE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de
Setiembre de 1999, página 3403. perjudicado, el cual debe probar además el nexo de causalidad entre el hecho
y el daño producido. En el orden de ideas expuesto, corresponde analizar la
configuración de los elementos de la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el
daño, el nexo causal y los factores de atribución, debiendo precisarse que si
bien es cierto la imputabilidad entendida como la capacidad que tiene el sujeto
para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona, es
considerada también como un elemento de la responsabilidad civil3, en tanto
que nos encontramos ante una situación derivada de una relación laboral en la
que se imputa la inejecución de sus obligaciones a quien tuvo la condición de
empleador y como tal intervino en la celebración y ejecución de un contrato de
trabajo, la imputabilidad o capacidad de imputación siempre se encontrará
presente en la persona natural o jurídica que tuvo la condición de empleador.
DÉCIMO PRIMERO: Configuración de los elementos de la
Responsabilidad Civil.- A fin de determinar si a la demandada le alcanza la
responsabilidad civil imputada, corresponde analizar los elementos de su
configuración.
El daño causado.
11.1 El daño puede ser definido como el menoscabo que sufre un sujeto dentro
de su esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial; en ese sentido en materia
de responsabilidad civil se entiende por daño a las consecuencias negativas
de la lesión inferida como consecuencia de una conducta antijurídica
desarrollada
11.2 El despido es la decisión que toma el empleador de manera unilateral para
dar por extinguido el contrato de trabajo, esta acción resulta justificada cuando
se funda en causas relacionadas con la conducta o capacidad del trabajador
prevista en la Ley y será arbitrario, cuando no se exprese causa o ésta no
pueda demostrarse.
11.3 En el caso de autos, no existe controversia respecto a la configuración de
un cese indebido ejecutado contra el demandante, conforme lo determinado
por la Tercera Sala Civil de Lima, con ello la actora ha acreditado que entre el
04 de junio del 2012 hasta el 01 de setiembre del 2015, en tanto ha sido
repuesto el 02 de setiembre de ese año, el contrato de trabajo se habría
suspendido, lo que implica la no percepción de ingresos económicos para el
actor en su condición de trabajador dependiente. Ahora bien, en tanto la teoría
del caso expuesta en la demanda plantea que el despido ilegal del cual fue
objeto el actor constituye el acto lesivo imputado a la emplazada, corresponde
establecer la configuración de los tipos de daño alegados (el lucro cesante y el
daño moral), teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 1331° del Código
Civil que prevé que la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía
corresponde al perjudicado, Así tenemos que:
3
ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2003). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Tercera Edición, Gaceta Jurídica,
pág. 59. (cid:2) El lucro cesante.- El lucro cesante “comprende aquello que ha sido o
será dejado de ganar a causa del acto dañino”4, en ese sentido, el lucro
cesante sufrido por el accionante consistiría en la privación de ingresos
económicos por la no percepción de remuneraciones y beneficios
sociales propios de una relación de trabajo como consecuencia directa
de la conducta antijurídica de la demandada consistente en el despido
lesivo de derechos constitucionales (hecho que ha sido reconocido en
una resolución judicial con calidad de cosa juzgada), generando asi un
lucro cesante entre el 04 de junio del 2012 hasta el 01 de setiembre del
2015, constituido por las remuneraciones y demás beneficios
económicos derivados de su relación de trabajo.
(cid:2) El daño moral.- Conforme a la sentencia dictada en el Tercer Pleno
Casatorio Civil – Casación N° 4664 – 2010 – Puno el 18 de marzo de
2011, el daño a la persona es toda lesión a sus derechos e intereses,
que no tienen contenido patrimonial directo y que comprende el daño
moral, el que se encuentra configurado por las tribulaciones, angustias,
aflicciones, sufrimientos psicológicos y los estados depresivos que
padece una persona (fundamento 71). Ahora bien, de acuerdo a los
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Señores:
SERPA VERGARA
BURGOS ZAVALETA
CANALES VIDAL
SENTENCIA
Resolución N° 07:
Lima, 24 de setiembre de dos mil dieciocho
VISTOS:
En Audiencia Pública de 12 de junio del presente año, interviniendo como
ponente el Señor Juez Superior José Martín Burgos Zavaleta; culminado el
periodo vacacional y con el voto singular de la Juez Superior Serpa Vergara.
ASUNTO:
Es materia de apelación por ambas partes la Sentencia de 31 de enero de 2017
que obra de fojas 126 a 140 que declara fundada en parte la demanda sobre
pago de indemnización por daños y perjuicios, e infundados los extremos
referidos a los beneficios colectivos de los años 2008, 2011 y 2012, el pago del
bono por desempeño grupal, así como el reintegro de remuneraciones por
nivelación salarial, más el pago de costos procesales.
AGRAVIOS:
•
La demandada BANCO DE LA NACIÓN formula lo siguientes agravios
con escrito de apelación de fojas 143 a 148: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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i) Estamos ante un caso de improbanza de las pretensiones del
demandante, puesto que no se ha proporcionado ningún medio de prueba que
sustente la existencia de un daño que se encuentre pendiente de ser reparado.
ii) La demandante sustenta la indemnización por lucro cesante en lo que
supuestamente dejó de percibir desde el cese que califica de dañoso,
pretendiendo el pago por trabajos que nunca desempeñó y desconociendo que
las remuneraciones tienen naturaleza contraprestativa; por tanto, no pueden
pagarse por un periodo en el que no existió labor alguna de parte de la
demandante.
iii) No habiéndose demostrado la existencia de daño que deba ser reparado,
resulta irrelevante determinar si existen o no los demás elementos de la
responsabilidad civil.
iv) La indemnización tarifada buscaría sancionar un hecho grave (despido
arbitrario), mientras que la indemnización por daño como es el caso de autos,
sería esencialmente reparadora.
v) Considera que se encuentra exonerado del pago de costos del proceso
por ser un organismo descentralizado del sector economía y finanzas conforme
el Decreto Legislativo N° 183, Ley N° 27231 que modificó el literal g) del
artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 413° del Código
Procesal Civil deviniendo en consecuencia en improcedente este extremo de la
demanda.
•
La demandante formula sus agravios con escrito de fojas 150 a 155:
i) Sobre el no otorgamiento de la nivelación de remuneraciones por la
escala de FONAFE.- Dada la existencia de escalas remunerativas de los
trabajadores de la demandada contenida en el Acuerdo de Directorio N° 005-
2006/007-FONAFE, considera que no podría percibir una remuneración igual o CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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menor a la escala inmediata inferior de la categoría Técnico I otorgada por la
propia demandada.
ii) Sobre el no otorgamiento de los beneficios económicos plasmados en los
convenios colectivos (incrementos remunerativos y bono por cierre de pliego
del 2008, 2011 y 2012).- Aun cuando su ingreso sea próximo de culminar el año
2008, esto no es relevante pues los efectos y alcances de un convenio colectivo
de aplicación general para todos los trabajadores como el del 2008 deben de
computarse desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año citado.
Asimismo, la Ley de relaciones colectivas de trabajo establece que los convenios
colectivos son de alcance para las partes que lo suscribieron, los trabajadores
afiliados y los trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa.
Con relación a los motivos por los cuales se desestiman los beneficios de los
convenios del 2011 y 2012, la demandada entrega a sus trabajadores todos los
beneficios sindicales de todos los años sin importar si estos se encuentran
afiliados a cualquier sindicato, pues en la cláusula relativa al ámbito de
aplicación se establece que son extensivos a todos los trabajadores del Banco de
la Nación, por lo que al no otorgarle este extremo considera se le estaría
discriminando y perjudicando en sus derechos como trabajador.
iii) Sobre el no otorgamiento del bono por desempeño grupal.- Considera
que ha cumplido con acreditar que en el departamento de Imagen Corporativa
si se entregó el bono por desempeño grupa a sus trabajadores pero que la
demandada no cumplió con la exhibición requerida por lo que se tuvo que sacar
presunciones en contra de la emplazada por obstruir la actividad probatoria de
esta parte. Debe tomarse como referencia que los trabajadores de la citada área
del Banco percibieron mínimo un sueldo por el bono por desempeño grupal.
iv) Estando a que la parte demandada no aporta elemento de prueba o
sucedáneo probatorio que en forma suficiente, adecuada, objetiva, racional, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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razonable y proporcional revelen que efectivamente existen trabajadores que
han sido evaluados a efectos de percibir el bono por desempeño (BDG), o en
todo caso cuáles serían los criterios objetivos para su otorgamiento. En este
sentido, la emplazada no ha acreditado cuáles son las causas objetivas que
sustentan el no otorgarle a la actora el concepto del BDG durante los periodos
entre el 27 de diciembre de 2006 al 02 de setiembre de 2011 y desde el 01 de
febrero de 2012 al 21 de abril de 2013, tanto más si en autos ha quedado
acreditado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo en
los citados periodos.
v) Sobre el cuántum indemnizatorio del lucro cesante y el daño moral
otorgado por el cese ilegal de la demandada.- El A quo ha otorgado un monto
diminuto por cuanto la demandada debe abonarle todas las remuneraciones
caídas desde su fecha de despido hasta la fecha de ingreso, lo que equivale en
S/111,586.50 soles. Igual criterio sucede con el daño moral que el A quo
cuantificó en S/8,650.00 monto diminuto para el daño moral causado, pues lo
dejó sin sustento diario y sus hijos padecieron de preocupaciones económicas
que no le eran propias a su edad.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 370° del Código Procesal Civil prescribe que la
competencia del Juez Superior está limitada a resolver sobre los agravios
expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o
fundamentar la decisión en hechos no invocados. Por consiguiente, en virtud de
esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a
efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios
contenidos en el escrito de su propósito. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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SEGUNDO: La actora en su demanda de fojas 13 a 32 subsanada de fojas 40 a
48 pretende el pago de S/129,602.92 soles por beneficios legales (gratificaciones,
vacaciones no gozadas, indemnización por vacaciones no gozadas,
compensación por tiempo de servicios, utilidades) y beneficios convencionales
(incremento de convenios colectivos, incremento de remuneraciones, bono por
cierre de pliego, bono por desempeño grupal) por el periodo comprendido del
23 de diciembre de 2008 (ingreso) al 04 de junio de 2012 (despido); reintegro de
remuneraciones y nivelación salarial por aplicación del Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/007-FONAFE por la suma de S/95,142.00 por haber percibido una
remuneración inferior a la retribución mínima de la categoría de Técnico I sin
que exista justificación objetiva y razonable; indemnización por daños y
perjuicios por el cese ilegal e irregular producido el 04 de junio de 2012 hasta la
fecha de reincorporación que se produjo el 04 de setiembre de 2015 por la suma
de S/263,150.70 (daño moral y lucro cesante). Sostiene que interpuso una
demanda de Acción de Amparo para que se ordene su reposición a la
demandada por haber sido víctima de despido incausado por haber mantenido
una relación de naturaleza civil. Dicha causa se ventilo ante el Quinto Juzgado
Constitucional de Lima la cual declaró infundada la demanda, pero en vía de
Apelación la Tercera Sala Civil declaro fundada la demanda (Expediente N°
14641-2012-0-1801-JR-CI-05), sentencia de vista consentida y ejecutoriada que
tiene la calidad de cosa juzgada.
TERCERO: En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios desde la
fecha de despido (04 de junio de 2012) a la fecha efectiva de su reposición (04
de setiembre de 2015).- La indemnización por daños y perjuicios por
responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento del contrato de
trabajo presenta su regulación en los artículos 1314° y siguientes del Código CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Civil – Título IX referente a Inejecución de Obligaciones cuyo objeto es el
resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, esto es, reparar las
lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza personal.
CUARTO: La responsabilidad civil es una institución concebida como el
conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales a los que están sometidos los
sujetos por el hecho de haber asumido una situación jurídica de desventaja (un
deber); que como toda entidad jurídica presenta sus elementos, esto es sus
partes integrantes sobre los cuales debe basarse el análisis, siendo estos: 1) la
Antijuricidad, 2) el Daño, 3) la Relación causal, 4) Factor atributivo de
responsabilidad civil.
QUINTO: La antijuricidad es el hecho contrario a la ley, al orden público y las
buenas costumbres; el segundo elemento el daño, es el menoscabo, el
detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; un
interés jurídico que puede ser patrimonial (lucro cesante y daño emergente) y
extra patrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad Extra
contractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual); el tercer
elemento la relación causal es el nexo que debe existir entre la antijuricidad que
es el hecho que genera un daño y el daño producido, este nexo es fundamental
porque a partir de aquí se determinará, el factor atributivo de responsabilidad
de quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa
inexcusable, culpa leve o por dolo.
SEXTO: Respecto a la antijuricidad este elemento se encuentra acreditado con
la sentencia de 18 de marzo de 2015 emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima que revoca la sentencia emitida por el Quinto CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima que declara infundada la demanda de amparo, la que reformándola
declara fundada y ordena que la emplazada Banco de la Nación reponga a la
demandante en el cargo de Operadora – Telefónica de la Central Telefónica o en
otro de igual o similar nivel del que venía desempeñando antes de ser
despedida sin expresión de causa; lo que quiere decir que la demandada
despidió a la actora sin causa justa relacionada con la capacidad y conducta del
trabajador prevista en el artículo 22° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral Aprobado
por el Decreto Supremo No 003-97-TR.
SEPTIMO: En cuanto al daño, en el caso de autos resulta evidente que al haber
cesado la actora sin causa alguna, trae como consecuencia la pérdida de su
empleo, privándole de sus remuneraciones que tienen naturaleza alimentaria.
OCTAVO: La conducta de la demandada de despedir a la demandante sin
concurrir una causa justa contemplada en el artículo 22° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral Aprobado por el Decreto Supremo No 003-97-TR, ha
originado que la actora pierda su trabajo, por lo que se evidencia la presencia de
un nexo causal directo entre la conducta antijurídica y el daño ocasionado.
NOVENO: En relación a los factores de atribución, la demandada ha incurrido
en culpa inexcusable conforme al artículo 1319° del Código Civil que establece:
“Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la
obligación”, toda vez que la demandada tiene conocimiento de las normas CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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laborales respecto a que no se puede despedir a la trabajadora sin mediar causa
relacionada con la conducta o capacidad del trabajador.
DECIMO: Habiendo concurrido los elementos de la responsabilidad civil,
corresponde pronunciarnos sobre los conceptos y cuantificación de los daños y
perjuicios demandados que son materia de apelación por ambas partes, esto es,
el quantum del lucro cesante y del daño moral.
DECIMO PRIMERO: Respecto al Lucro Cesante, este concepto debe
entenderse como los ingresos o ganancias dejadas de percibir como
consecuencia del acto dañoso; conviene precisar que efectivamente, la
accionante ha dejado de percibir sus remuneraciones como consecuencia del
cese y demora en cumplir el mandato de reposición ocasionado por la
emplazada, empero debe tenerse en cuenta que el lucro cesante se refiere a una
lesión patrimonial por la pérdida de un ingreso patrimonial que se haya dejado
de obtener como consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio
ocasionado e imputado a un tercero; esto no supone que su resarcimiento deba
ser equiparado a la remuneración y beneficios sociales laborales que dejó de
percibir la accionante a consecuencia del acto lesivo, dado que el proceso
jurisdiccional de indemnización por daños y perjuicios está prevista para
resarcir el hecho dañoso producto de un acto ilegal de quedarse sin ingreso
monetario y no para resarcir la remuneración y demás beneficios sociales
dejados de percibir; por el contrario, dicho monto constituye un referente que
debe ser valorado por el Juzgador a efectos de establecer el quantum
indemnizatorio de manera prudencial y con equidad, teniendo en cuenta que la
actora estuvo sin trabajo 3 años, 2 meses y 28 días. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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DECIMO SEGUNDO: Determinada la diferenciación entre el lucro cesante y
las remuneraciones percibidas, conviene precisar que nos encontramos frente a
una indemnización por daños y perjuicios, siendo así, no cabe duda que existe
un daño debidamente acreditado conforme se analizó precedentemente, no
obstante, de acuerdo a las circunstancias acontecidas en el decurso del proceso,
con criterio de equidad conforme lo establece el artículo 1332° del Código Civil1
y dado el carácter referencial de la remuneración percibida por la actora
ascendente a S/1,730.00 soles que no ha sido cuestionado por la demandada,
corresponde modificar la suma ordenada a pagar por lucro cesante y
consecuentemente, se ordena a la demandada el pago de S/42,500.00 Soles por
concepto de Lucro Cesante.
DECIMO TERCERO: En cuanto al Daño Moral, según Lizardo Taboada
sostiene que: “(…) Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la
víctima y que produce un gran dolor y aflicción o sufrimiento en la víctima (…)” 2 ;
por consiguiente, esta aflicción o sufrimiento es totalmente subjetivo, impreciso,
no posible de medir; por tanto, no se requiere de probar mediante una
evaluación médica o informe psicológico o psiquiátrico del sufrimiento, dolor,
pena o angustia, pues por las máximas de la experiencia todo trabajador sufre
ante un despido ilegal.
DECIMO CUARTO: En consecuencia, atendiendo a que el hecho generador de
la responsabilidad fue acreditado, la concurrencia del daño moral debe ser
presumido desde la perspectiva de que toda conducta antijurídica
1 Artículo 1332° del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá
fijarlo el juez con valoración equitativa.”
2 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. Editora Jurídica Grijley 2001, Lima,
pp.58. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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ordinariamente en forma adicional a los daños patrimoniales, origina siempre
daños de naturaleza moral; más aún si éste está vinculado a la extinción del
vínculo laboral, cuya consecuencia directa e inmediata es la pérdida del trabajo
y por ende de la privación de ingresos patrimoniales, hecho que evidentemente
causa aflicción, dolor a cualquier persona; por lo que se hace necesario realizar
una valoración equitativa del daño ocasionado y los hechos acontecidos
conforme lo establece el artículo 1332° del Código Civil; motivo por el cual se
modifica el monto ordenado en la recurrida en la suma de S/4,730.00 soles por
concepto de Daño Moral.
DECIMO QUINTO: Sobre el no otorgamiento de la nivelación de
remuneraciones por la escala establecida por Acuerdo de Directorio N° 006 -
2005/008 - FONAFE.- A efectos de resolver este extremo de la demanda sobre
nivelación de remuneraciones, pues el actor sustenta su pretensión en el
derecho de igualdad al solicitar el pago de la misma remuneración con los
trabajadores de una misma categoría y que mediante documento
EF/92.2335Nro.434-2015 de 02 de setiembre de 2015 (fs. 12) a mérito de la
reposición laboral ordenada en el proceso de amparo seguido en el Expediente
N° 14641-2012-0-1801-JR-CI-05 en que la demandada otorga a la actora el cargo
de Técnico Operativo de Créditos en la CATEGORIA TÉCNICO I, debe
recordarse que el artículo 2° inciso 2) de la Constitución Política, establece: "toda
persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley, nadie puede ser discriminada por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquier otra índole"; y en el artículo 26° numeral 1) señala que, "en la relación
laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin
discriminación". CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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DECIMO SEXTO: La igualdad es un principio - derecho que ubica a las
personas situadas en idéntica condición en un plano de equivalencia, lo que
involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza,
circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se
conceden a otra en paridad condicione; al respecto el Tribunal Constitucional en
reiterada jurisprudencia, como en la sentencia recaída en el expediente N° 27-
2006-AI UE, ha señalado: "(...) 2.Con relación a la Igualdad, este Colegiado se ha
pronunciado indicando que “(...), la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es
también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de
Derecho, y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda
desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos
fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual
carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del
principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera
dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se
realice sobre bases objetivas y razonables”. (Subrayado agregado) 3. En línea
con lo antes expuesto, este Tribunal se ha pronunciado indicando la
importancia de “(...) el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio, debe
precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a
que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una
diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables.
(...), cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos
frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato
constitucionalmente intolerable; es decir, que la igualdad se configura como un derecho
fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto es, a no ser CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una misma situación,
salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. La
primera condición para que un trato desigual sea admisible, es la desigualdad de los
supuestos de hecho, es decir, implica la existencia de sucesos espacial y temporalmente
localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación
jurídica sea de un determinado tipo y no de otro”, en consecuencia, considerando
que el principio de igualdad no es absoluta, pues no impide el diferente
tratamiento por causas razonables o justificadas, sino lo que garantiza es el trato
igual a los iguales, es decir, a los que se encuentren en iguales circunstancias.
DECIMO SEPTIMO: Sostiene el demandante que la nivelación de su
remuneración básica, debe realizarse en virtud al Acuerdo del Directorio N°
005-2006/2007-FONAFE de fecha 23 de febrero de 2006, que obra a fojas 38,
mediante la cual el Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, aprobó la "Modificación de la
Política Remunerativa del Banco de la Nación" aprobada por el Acuerdo de
Directorio N° 006-2005/2008 - FONAFE fijando que su escala remunerativa y
Bono Extraordinario por Desempeño Grupal, cuya vigencia era desde el 01 de
febrero del 2006, en la que se determina las categorías y las remuneraciones
básicas mensuales máximas, en la que se determinó en el Grupo Ocupacional
Técnico una remuneración Básica máxima de S/4,002.00 soles, no define el
monto mínimo.
DECIMO OCTAVO: Para tal efecto, se debe tener presente el artículo 3° de la
Ley de Fondo Nacional de FONAFE N° 27170, que precisa como funciones del
Directorio: “a) Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas, en las que su
participación accionaria es mayoritaria, en el marco de las normas presupuestales CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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correspondientes; b) Aprobar las normas de gestión de las empresas a las que se refiere el
literal anterior(…).”; asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 043-2002-EF, se
establece las disposiciones relativas a la aprobación e implementación de
políticas remunerativas de las empresas y entidades bajo el ámbito del
FONAFE, precisando además, en su artículo 1° que: “El Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado aprobará, mediante acuerdo de
su Directorio, la política remunerativa de las empresas y entidades bajo su ámbito”,
dicha normatividad acredita que FONAFE, es el órgano que posee la facultad
de aprobar las escalas remunerativas de las empresas estatales; no obstante ello,
cabe anotar que dicha normatividad no establece que los niveles o cargos sean
establecidos por el mismo.
DECIMO NOVENO: De lo antes expuesto, es de concluir que Política
Remunerativa, aprobada por el Acuerdo de Directorio Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/2007-FONAFE, no es restrictivo, debido a que si bien FONAFE
establece la política remunerativa de las empresas y entidades bajo su ámbito,
conforme así lo prevé el artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-2002-EF, es la
demandada el Banco de la Nación es quien detenta todas las facultades de
dirección y administración respecto a sus trabajadores, a efectos de establecer la
remuneración básica de sus trabajadores sin superar la señalada por FONAFE
como máxima mensual, conforme a la categoría de sus trabajadores; criterio que
ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Casación Laboral N° 13946-2013 de 08 de agosto de 2013; Así también, en la
Casación CAS. LAB. Nº 6931-2016 LIMA, se señala "Octavo: Asimismo, la
Sentencia de Vista de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas
trescientos noventa y nueve a cuatrocientos once, confirmó la Sentencia apelada,
señalando (...) aprecia que FONAFE aprobó las nuevas categorías establecidas en el CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Cuadro de Asignación de Personal de SEDAPAL (siendo estas ahora de nueve
categorías), (...) De otro lado, refiere que la demandada no ha probado son los criterios
que adopta para establecer qué trabajador debe percibir el tope máximo, y qué trabajador
debe ser remunerado con una remuneración menor a dicho tope; por lo tanto, estando a
que no se ha determinado un criterio específico para establecer las remuneraciones a los
trabajadores de la empresa demandada, no puede darse entre estos un trato desigual,
correspondiendo por tanto, en que estos perciban la remuneración máxima establecida.
(...) Noveno: En el caso de autos, se declaró procedente el recurso Décimo: De lo
expuesto se tiene que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado –FONAFE, es la encargada de, entre otros, fijar la política remunerativa, así
como los procedimientos y lineamientos necesarios para su implementación, de las
empresas estatales. Décimo Primero: Por lo tanto, resulta pertinente señalar que la
política Remunerativa de la demandada, fue aprobada por Acuerdo de Directorio N°
013-2002/008-FONAFE, (...)Décimo Segundo: Respecto a lo anterior, resulta
pertinente precisar que la referida resolución si bien establece seis categorías
remunerativas, sin embargo debe resaltarse el hecho de que la misma no señala que
dichas categorías sean las únicas existentes, ni que deban aplicarse obligatoriamente los
montos máximos ahí establecidos, toda vez que dichas categorías constituyen
lineamientos generales que deben ser observados por la entidad demandada. Décimo
Tercero: En ese sentido, cabe señalar que, si bien no se ha establecido topes mínimos
para fijar las remuneraciones de los trabajadores, sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la demandada es quien ostenta las facultades de dirección y
administración a efectos de establecer la remuneración básica mensual
conforme a la categoría de cada uno de sus trabajadores, los cuales a su vez, se
rigen por su contrato de trabajo, toda vez que en él se pactan las
remuneraciones que percibirán durante su relación laboral. (...) Décimo Sexto:
Finalmente, cabe destacar que obra en autos el Oficio SIED N° 637-
2011/DE/FONAFE, que corre en fojas noventa y cinco, por el cual el ente rector, en CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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cuanto a política remunerativa de la empresa demandada, pone a conocimiento de la
demandada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. –SEDAPAL S.A.,
en su segundo párrafo sostiene lo siguiente:“(…) se debe precisar que los montos para
cada categoría de las escalas remunerativas aprobadas por el Directorio de FONAFE,
son topes remunerativos máximos, por lo que las empresas no se encuentran obligadas a
otorgar dichos topes como remuneración básica a los trabajadores pertenecientes a cada
categoría, sino que en atención al principio de eficiencia y planificación, cada una de las
empresas cuenta con facultades respecto de la forma de implementación de su política
remunerativa interna, siendo factible la definición de otras categorías o sub categorías
remunerativas, teniendo como rangos los topes máximos establecidos en las referidas
escalas aprobadas.” Décimo Sétimo: En consecuencia, atendiendo a lo desarrollado
precedentemente y en virtud a que no se ha vulnerado ningún precepto legal al
momento de fijarse la categoría remunerativa del demandante, resulta evidente que lo
resuelto por el Colegiado Superior en el sentido de fijar al demandante en la escala
remunerativa VI por ser supuestamente la última, constituye una interpretación
errónea de lo establecido en el artículo 1°, inciso 1.1, así como en el literal a) y b) del
numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley N° 27170; y de los artículos 1° y 2° del Decreto
Supremo N° 043-2002-EF; toda vez que la demandada ha fijado categorías
remunerativas en función a los lineamientos establecidos por el FONAFE; ya que
conforme se advierte del Acuerdo de Directorio 013-2002-FONAFE, la misma establece
remuneraciones ....".
VIGESIMO: Siendo así, la demandante no ha acreditado que la demandada
arbitrariamente ha determinado una remuneración menor a un trabajador que
realiza sus mismas funciones, por el contrario, la demandada ha probado que
en la estructura remunerativa de su representada existen niveles en la categoría
de Técnico, las cuales han sido aprobadas por el órgano rector del FONAFE,
quien establece los lineamientos generales a cumplirse por los órganos CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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administrativos de la demandada, y lo que se aprobó es la remuneración
mensual máxima, por lo que la pretensión del demandante carece de sustento
legal, en consecuencia, al no haber cumplido con su carga de la prueba
conforme al artículo 23.1 de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo,
corresponde confirmar la recurrida que desestima este extremo.
VIGESIMO PRIMERO: Sobre la apelación por otorgamiento de los
beneficios económicos plasmados en los convenios colectivos (incrementos
remunerativos y bono por cierre de pliego del 2008, 2011 y 2012).- Por el
Convenio Colectivo 2008, habida cuenta que en el proceso de amparo seguido
en el Expediente N° 14641-2012-0-1801-JR-CI-05 se determina la existencia de
una relación laboral entre las partes con fecha de inicio 23 de diciembre de 2008,
y en atención que el Convenio Colectivo 2008 es de fecha 08 de setiembre de
2008, se concluye que sus alcances no involucran a la demandante por cuanto
solo resulta aplicable a los trabajadores con vínculo laboral vigente a la firma
del referido convenio colectivo. En cuanto al Laudo Arbitral 2011 y Convenio
Colectivo 2012, si bien en su redacción señalan que el ámbito de aplicación solo
son extensibles a los trabajadores afiliados; sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la falta de afiliación de un trabajador a un sindicato con representación
limitada no es impedimento para el goce de beneficios de los convenios
colectivos que hubiera celebrado con el empleador siempre que tal omisión se
haya debido a encontrarse limitado en su derecho a la afiliación por significar
una afectación a su derecho fundamental a la libertad sindical, tal como sucede
en el caso de autos al habérsele sometido a contratos de locación de servicios,
pues un razonamiento en contrario implicaría una lesión al artículo 23° de la
Constitución Política del Estado por el cual ninguna relación laboral puede
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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dignidad del trabajador, por lo que corresponde ordenar su pago así como su
incidencia en los beneficios económicos demandados (gratificaciones,
vacaciones, compensación por tiempo de servicios y utilidades) como
consecuencia de haberse determinado en el proceso de amparo la existencia de
una relación laboral entre las partes, en los montos que se detallan a
continuación:
BENEFICOS RECLAMADOS POR CONVENIOS COLECTIVOS 2011 Y
2012
Increm. Increm. Bonificación
Convenio Convenio por
Período Colectivo Colectivo Cierre de
2011 2012 Pliego
ene-11 110.00
feb-11 110.00
mar-11 110.00
abr-11 110.00
may-11 110.00
jun-11 110.00
jul-11 110.00
ago-11 110.00
sep-11 110.00
oct-11 110.00
nov-11 110.00
dic-11 110.00 4,000.00
ene-12 110.00 220.00
feb-12 110.00 220.00
mar-12 110.00 220.00
abr-12 110.00 220.00
may-12 110.00 220.00
02/06/12 7.33 14.67
dic-12 0.00 0.00 4,500.00
TOTALES 1,877.33 1,114.67 8,500.00 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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INCIDENCIA EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
GRATIFICACIONES
Ingreso Inc. CC Inc. CC Inc. CC Inc. CC Total Gratifi Bonific. Total
Períodos Tiempo Mensual 2009 2010 2011 2012 Comput. cación Extraord. Gratificac.
6
jul-09 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
6
dic-09 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
6
jul-10 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
6
dic-10 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
6
jul-11 meses 1,300.00 210.00 220.00 110.00 1,840.00 1,840.00 165.60 2,005.60
6
dic-11 meses 1,300.00 210.00 220.00 110.00 1,840.00 1,840.0 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL DE LIMA
Esq. Av. Abancay c/ Avenida Nicolás de Piérola, Piso 18 – Cercado de
Lima
Lima, 31 de mayo del 2017
OFICIO No. 23244-2015-0-09°JELL-RCB
SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
DE LIMA
(Nueva Ley Procesal de Trabajo No. 29497)
Presente.-
Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de elevar, el
EXPEDIENTE PRINCIPAL No. 23244-2015-0-1801-JR-LA-09 en los seguidos
por:
DTE: LILIANA ESPERANZA ORREGA PAZ DE GARCIA
DDO: BANCO DE LA NACIÓN
MAT: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
A fojas (157), en mérito a la apelación concedida a las partes
procesales, parte demandada y parte demandante, con efecto suspensivo
mediante resolución N° 04 de fecha 20 de febrero del 2017 contra la
sentencia contenida en la resolución N° 03 de fecha 31 de enero del 2017 que
declara fundada en parte la demanda.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración.
Dios guarde a Usted.
Se deja constancia que:
* Los presentes actuados no han sido prevenidos por Sala Laboral alguna.
* No se acom paña copia del video de las audiencias debido a que las mismas se encuentran
en el sistema. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXP. Nº : 23244-2015-0-1801-JR-LA-09
DEMANDANTE : LILIANA ORREAGA PAZ
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : DESNAT. DE CONTRATO Y OTROS
ESPECIALISTA : MEDINA CERVANTES, CARLOS JAIRO
SENTENCIA N° 021-2017-9°JET
Resolución N° TRES
Lima, treinta y uno de enero del dos mil diecisiete.
I. PARTE EXPOSITIVA:
Demanda: Aparece de autos que de fojas 13 a 32, subsanada y ampliada a
fojas 40 a 48, doña LILIANA ESPERANZA ORREAGA PAZ DE GARCIA
interpone demanda en contra del BANCO DE LA NACIÓN, a fin de que se le
pague por los beneficios sociales y convencionales, una indemnización por
daños y perjuicios y el reintegro de remuneraciones. Señala que mediante
sentencia expedida por la Tercera Sala Civil, bajo el Expediente Nº 14461-
2012, ha sido determinado que durante el periodo 23 de diciembre del 2008
hasta el 04 de junio del 2012, habría mantenido con la emplazada un vínculo
laboral dentro de los alcances del régimen laboral de la actividad privada, y que
en la última de las fechas habría sido cesado de forma ilegal, razón por la cual
se dispuso se reposición en su puesto habitual de trabajo, hecho que se
materializó el 02 de setiembre del 2015, en ese sentido refiere que le
corresponde el pago de los beneficios sociales establecidos por ley, y los
obtenidos por convenciones colectivas, las cuales no le habrían sido otorgadas
atendiendo a que formalmente habría estado sometido a contratos de locación
de servicios, siendo que además los beneficios de origen convencionales
deben ser otorgados atendiendo al principio de igualdad, considerando que en
el ámbito de aplicación de estos, se estableció la totalidad de trabajadores de la
demandada. En cuanto a la pretensión Indemnizatoria, manifiesta que la
violación incurrida por la demandada al despedirla injustamente, le habría
ocasionado daños tanto en la esfera patrimonial como extrapatrimonial,
específicamente en las categorías de lucro cesante al haberse privado de los
ingresos económicos correspondientes a su remuneración habitual y otros
beneficios otorgados, como consecuencia del despido ilegal del que fue objeto
hasta la fecha en que se produjo su reposición y daño moral motivado por el
perjuicio afectivo y sentimental generado por la pérdida injustificada del
empleo. Respecto a los elementos que configuran la responsabilidad civil
señala que la antijuricidad se constituye al no existir motivo para la resolución
del contrato de trabajo, se configuro un acto ilícito, sobre el nexo de causalidad
precisa que se manifiesta en la inejecución de la obligación, pues pese a existir
un reconocimiento legal de no despedir a un trabajador sin causa justa, se ha
incumplido dicho mandato legal y procedido a despedirla, producto de ello se
ha visto privada de sus ingresos económicos con lo que queda establecida la
relación causal o nexo de causalidad. En cuanto al factor de atribución
manifiesta que la demandada incumplió con sus obligaciones con culpa
inexcusable. Pretende también el reintegro de remuneraciones argumentando que le correspondía percibir una remuneración acorde con la establecida en el
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE para el cargo de Técnico, sin
embargo, la emplazada le habría otorgado una remuneración muy por debajo
de esta categoría. Ampara jurídicamente su demanda en la Constitución
Política del Perú, en los Decretos Supremos N° 003-97-TR, 001-97-TR, Leyes
N° 29497, 27735, 25920 y Decreto Legislativo N° 713 .
Audiencia de Conciliación y fijación de pretensiones materia de juicio:
Promovida la conciliación entre las partes y en vista que no fue posible arribar a
ningún acuerdo por mantener sus puntos de vista, es que se procedió a
precisar como pretensiones materia de juicio las siguientes:
• Pago de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones dobles y
simples, gratificaciones legales y utilidades, del periodo 23 de diciembre
de 2008 al 04 de junio del 2012.
• Pago de los beneficios colectivos consistentes en: incrementos por
convenio colectivo, incremento al básico de S/. 940.00, cierre de pliego y
bono por desempeño grupal por el periodo 2008 al 2012.
• Pago de una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad
contractual, en los conceptos de lucro cesante y daño moral.
• Reintegro de remuneraciones y nivelación salarial por aplicación del
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE por el periodo 23 de
diciembre de 2008 al 30 de junio del 2012.
Contestación de la demanda: La demandada a fin de desvirtuar los
argumentos de la parte actora, contesta la demanda en los términos de su
escrito entregado en la audiencia de conciliación, el cual obra de fojas 98 a
110; señalando en cuanto a la pretensión de beneficios económicos derivados
de convenios colectivos que estos no le son extensivos a la actora atendiendo
a que esta no tuvo la condición de afiliada a algún gremio sindical ni tampoco
manifestó su voluntad de ejercer su derecho a sindicalización; a ello añade
además que los beneficios pretendidos eran únicamente para los trabajadores
con vinculo vigente a la fecha de suscripción de los convenios. Similar
argumento despliega en cuanto a la pretensión de utilidades y bonificación por
desempeño grupal, arguyendo que ambos conceptos tenían como condición
para su otorgamiento, que el trabajador tenga la condición de Activo, en ese
sentido al no mantener la actora, vínculo vigente al momento de los respectivos
otorgamientos, no corresponde su pago conforme ha sido pretendido. En
cuanto a la pretensión indemnizatoria, refiere que la actora no ha acreditado el
daño en las categorías invocadas y que este no puede sustentarse en un
supuesto hipotético sino que debe ser cierto; asimismo, al no existir daño no
existiría conducta antijurídica imputable a la emplazada, razón por la cual no se
configurarían los elementos de la responsabilidad civil. Fundamenta
jurídicamente su contestación en el decreto supremo 010-2003-TR, Decreto
Legislativo 892 y el Código Civil.
Audiencia de Juzgamiento: Se llevó a cabo la confrontación oral de las
posiciones de las partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación
probatoria, enunciándose los hechos que no necesitan de actuación probatoria,
procediéndose a la admisión y posterior actuación de los medios probatorios
respecto de los hechos que requieren actuación probatoria, se requirió los alegatos finales a las partes, por lo que la causa se encuentra expedita para
sentenciar.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia.
SEGUNDO: De la carga de la prueba: Que, conforme lo dispone el artículo
23° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Tra bajo, la carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, esto es, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones y, esencialmente al trabajador probar la prestación personal
de los servicios, la fuente normativa de los derechos distintos a los legales, la
causal de nulidad, el acto hostil o el daño alegado; mientras que corresponde al
empleador probar el pago, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
las contenidas en las normas legales, el motivo razonable distinto al hecho
lesivo alegado, el estado del vínculo laboral y la causa del despido.
TERCERO: Materia de la Controversia: La controversia se circunscribe en
determinar si corresponde el reintegro de remuneraciones, el pago de
beneficios sociales y convencionales en favor de la accionante, asimismo, si se
habrían configurado los elementos de la responsabilidad civil por efecto de
despido.
CUARTO: De la relación laboral. En cuanto a la relación de trabajo suscitada
entre las partes, se tiene que por mandato judicial, a través de la Sentencia de
Vista de fecha dieciocho de marzo del dos mil quince (fojas 7 a 10), en el
proceso seguido bajo el expediente Nº 14641-2012-0-1801-JR-CL-05, LA
Tercera Sala Civil, ha determinado que entre las partes procesales se habría
configurado una relación de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen de la
actividad privada desde el 23 de diciembre del 2008 hasta el 02 de junio del
2012. De igual forma conforme lo determinado en el proceso en referencia, el
cese acaecido contra la actora en fecha 04 de junio del 2012 configuró un cese
injustificado, reponiéndose a la actora en fecha 02 de setiembre del 2015 por
mandato judicial, con vinculo vigente hasta la fecha de interposición de la
demanda. Siendo ello así, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las
pretensiones materia de juicio.
QUINTO: Del reintegro de remuneraciones y nivelación por Acuerdo de
Directorio 005-2006/007-FONAFE.
5.1 La actora refiere que los trabajadores del Banco de la Nación perciben sus
remuneraciones conforme a categorías o escalas remunerativas que se derivan
del cargo que desempeñan, adjuntando para el efecto el Acuerdo de Directorio
N° 005-2006/007-FONAFE mediante el cual se aprueba la política remunerativa
de la demandada por parte del FONAFE; 5.2 Efectivamente de la citada escala se aprecia que la política remunerativa de
la emplazada es aprobada por FONAFE pero se ha de señalar que la misma
alude a remuneraciones máximas, por lo tanto, resulta posible que el actor
percibida ingresos por debajo de S/. S/. 4002.00, como refiere la citada escala.
5.3 Por otro lado y de acuerdo con los lineamientos establecidos como
precedente de observancia obligatoria en la Casación 208-2005-PASCO
(publicada el 31 de julio del 2006), para este tipo de controversias se requiere
examinar si se produjo un trato desigual o discriminatorio y esta comparación
se realiza en función de: i) la empresa proveniente; ii) la trayectoria laboral; iii)
las funciones realizadas; iv) la antigüedad en el cargo y la fecha de ingreso; v)
el nivel académico alcanzado y la capacitación profesional; vi) la
responsabilidad atribuida; y vii) la experiencia y el bagaje profesional, por lo
tanto el argumento de la actora de haber percibido un ingreso inferior a la
establecida por FONAFE resulta insuficiente.
5.4 Aboga esta posición el hecho de que la demandada exija para el ascenso
una serie de requisitos, tal como se determinó en la Directiva de Ascensos y
Promociones, los cuales no son acreditados por la demandante, así como
también que si bien en el proceso de amparo se ha determinado la existencia
de la relación laboral, no se pronunció respecto del cargo ostentado ni tampoco
se ha peticionado en este proceso, por lo tanto, dicho extremo deviene en
infundado, al igual que la pretensión subordinada de nivelación por
homologación al estar referido a los mismos fundamentos.
SEXTO: De los incrementos provenientes de convenios colectivos.
6.1 La actora peticiona se le hagan extensivos los beneficios obtenidos por los
trabajadores de la demandada mediante convenios colectivos y laudo arbitral
de los ejercicios 2008 al 2012.
6.2 Según el artículo 41º del Texto Único Ordenado del Decreto Ley 25593
“Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las
remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a
las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o
varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por
representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados
y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organizaciones de
empleadores.” El convenio colectivo tiene un efecto normativo, entendido como
regla obligatoria para las personas naturales o jurídicas, grupos ú
organizaciones firmantes, mismo que se encuentra recogido por la Constitución
Política del Perú, artículo 28º numeral 2°, al establecer que: “… La convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, concordante con el
artículo 42º del T.U.O. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR1.
1 Decreto Supremo 010-2003-TR Artículo 42.- “La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante
para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes
les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan
cargos de confianza.” 6.3 De acuerdo con las instrumentales de fojas 64-97 se aprecia que vía
negociación colectiva, se reconocieron determinados beneficios económicos en
favor de los trabajadores de la emplazada, así:
CONVENIO COLECTIVO 2008:
(cid:1) A partir del 1° de enero del 2008 un aumento de remuneraciones de S/ 180.00
mensuales
(cid:1) Por bonificación extraordinaria por cierre de pliego la suma de S/. 3,000.00
CONVENIO COLECTIVO 2009:
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2009 un aumento de remuneraciones de S/.
210.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 3,700.00
CONVENIO COLECTIVO 2010
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2010 un aumento de remuneraciones de S/.
220.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 3,800.00
LAUDO ARBITRAL DEL 2011
(cid:1) A partir del 1° de enero del 2011 un aumento de remuneraciones de S/. 110.00
mensuales.
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 4000.00.
CONVENIO COLECTIVO 2012
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2012 un aumento de remuneraciones de S/.
220.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/. 4,500.00
6.4 A su vez, el artículo 9 del referido Decreto Supremo N° 010-2003-TR señala
que en materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría
absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la
representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren
afiliados, que en caso de existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito,
podrán ejercer conjuntamente la representación de la totalidad de los
trabajadores los sindicatos que afilien en conjunto a más de la mitad de ellos,
en cuyo caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa
representación, sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o
encomendada a uno de los sindicatos y en caso de no haber acuerdo, cada
sindicato representa únicamente a sus afiliados.
6.5 Si bien la emplazada alegó en su escrito de contestación que el ámbito de
aplicación de los convenios colectivos es de alcance a los afiliados del
sindicato, no siendo afiliado el actor a ninguno de ellos, sin embargo, según la
norma citada precedentemente, si es posible extender los efectos de la
negociación colectiva a todos los trabajadores afiliados o no, además de
acuerdo con lo expresado en el convenio colectivo 2009 y laudo 2010, se
aprecia que los beneficios fueron reconocidos a todos los trabajadores con
vínculo laboral vigente a la fecha de su suscripción, por lo que sí deben ser
extendidos a favor del actora.
6.6 En cuanto concierne al periodo 2008 dado que la actora no mantuvo
vínculo laboral vigente a la fecha de su celebración no puede alcanzarle sus
efectos, finalmente, respecto de los periodos posteriores, según lo pactado en
los mismos solo son extensibles a los trabajadores afiliados, siendo del caso
resaltar que de conformidad con lo prescrito por el artículo 23 de la Ley 29497, la existencia de la fuente normativa de los derechos reclamados distintos al
legal, le compete al actor, por lo que no al no haber cumplido con acreditar el
alcance general de los mismos, es que debe ser desestimado.
6.7 En función de lo expuesto se determina el beneficio así:
Inc. C.C. Inc. C.C.
Mes Año Total
2009 2010
ene-09 210.00 210.00
feb-09 210.00 210.00
mar-09 210.00 210.00
abr-09 210.00 210.00
may-09 210.00 210.00
jun-09 210.00 210.00
jul-09 210.00 210.00
ago-09 210.00 210.00
sep-09 210.00 210.00
oct-09 210.00 210.00
nov-09 210.00 210.00
dic-09 210.00 210.00
ene-10 210.00 220.00 430.00
feb-10 210.00 220.00 430.00
mar-10 210.00 220.00 430.00
abr-10 210.00 220.00 430.00
may-10 210.00 220.00 430.00
jun-10 210.00 220.00 430.00
jul-10 210.00 220.00 430.00
ago-10 210.00 220.00 430.00
sep-10 210.00 220.00 430.00
oct-10 210.00 220.00 430.00
nov-10 210.00 220.00 430.00
jun-11 210.00 220.00 430.00
jul-11 210.00 220.00 430.00
ago-11 210.00 220.00 430.00
sep-11 210.00 220.00 430.00
oct-11 210.00 220.00 430.00
nov-11 210.00 220.00 430.00
dic-11 210.00 220.00 430.00
ene-12 210.00 220.00 430.00
feb-12 210.00 220.00 430.00
mar-12 210.00 220.00 430.00
abr-12 210.00 220.00 430.00
may-12 210.00 220.00 430.00
jun-12 14.00 14.67 28.67
8,624.00 6,394.67 15,018.67 6.8 En cuanto se refiere a la bonificación por cierre de pliego,
correspondiente al convenio del 2008, al no haber tenido la actora vinculo
vigente al momento de suscripción de este, sus efectos no le son extensivos,
de otro lado, puede apreciarse que en los casos sucesivos, este beneficio
involucró expresamente a aquellos trabajadores con vínculo vigente, 04 de
setiembre del 2009 (convenio 2009) y al 16 de setiembre del 2010 (convenio
2010), por consiguiente al haber mantenido la actora vínculo laboral con la
emplazada durante las fechas en referencia, corresponde el otorgamiento de
estos beneficios, así:
Año mes-año Importe
2009 sep-09 3,700.00
2010 sep-10 3,800.00
Total 7,500.00
SÉTIMO: De los beneficios sociales reclamados. Habiéndose determinado
la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes en el
proceso constitucional, es que resulta procedente reconocer los beneficios
sociales generados en favor de la actora por las prestaciones ejecutadas desde
el 23 de diciembre del 2008 al 02 de junio de 2012, siendo que no tuvo
percepción alguna de estos atendiendo a la modalidad formal con la cual fue
contratada, correspondiéndole su otorgamiento conforme a ley:
7.1 Gratificaciones Legales. De conformidad con lo dispuesto por la Ley
27735, corresponde al trabajador una remuneración mensual en los meses de
julio y diciembre por concepto de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad,
respectivamente, para tener derecho a la gratificación es requisito
indispensable que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en
que corresponda percibir el beneficio y en caso su vínculo culminara antes de
la oportunidad de percibir dicho beneficio, tendrá derecho a recibirlo en forma
trunca, proporcionalmente a los meses laborados.
7.2 No habiendo acreditado la emplazada el abono de este beneficio y su
bonificación, es que debe procederse a su liquidación considerando la
remuneración histórica y los incrementos reconocidos en el considerando
anterior, en la forma siguiente:
Mes-Año Meses Ingreso Inc C.C. Inc C.C. Total Gratif Bonif Total
completos Mensual 2009 2010 Computable Extra Gratif
julio-2009 6 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
diciembre-2009 6 meses 1,000.00 210.00 1,210.00 1,210.00 108.90 1,318.90
julio-2010 6 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
diciembre-2010 6 meses 1,000.00 210.00 220.00 1,430.00 1,430.00 128.70 1,558.70
julio-2011 6 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 155.70 1,885.70
diciembre-2011 6 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 155.70 1,885.70
julio 2012-Trunco 5 meses 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,441.67 129.75 1,571.42
11,098.02
7.3 Las vacaciones constituye el derecho que tiene el trabajador, luego de
cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios
durante un cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales
o a la distracción. Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que
cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro horas, siempre que haya
cumplido dentro del año de servicios, el récord vacacional respectivo.
7.4 El artículo 10 del Decreto Legislativo 713 prescribe que el trabajador tiene
derecho a treinta días de descanso vacacional por cada año completo de
servicios. El artículo 23 del Decreto Legislativo 713 precisa que los
trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año
siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración
por el trabajo realizado, una por el descanso vacacional adquirido y no gozado
y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado
del descanso.
7.5 No habiendo cumplido la emplazada con acreditar el pago de las
remuneraciones por el descanso vacacional adquirido ni el goce del descanso
físico anual dentro del año siguiente, durante el periodo laborado bajo contratos
civiles, es que resulta procedente disponer el pago de este beneficio.
7.6 Se liquidan las mismas considerando la última remuneración establecida de
S/. 1730.00 y el periodo reclamado, así:
Ultimo Inc C.C. Inc C.C. Total Remunerac Indemn
Periodo Tiempo Total
Ingreso 2009 2010 Computable Vacacional Vacacional
23-12-08 AL 22-12-09 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 3,460.00
23-12-09 AL 22-12-10 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 3,460.00
23-12-10 AL 22-12-11 12M 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00
23-12-11 AL 02-06-12 05M,10D 1,300.00 210.00 220.00 1,730.00 768.89 768.89
9,418.89
7.7 De la Compensación por tiempo de servicios. De conformidad con lo
establecido en el Decreto Supremo 001-97-TR, la compensación por tiempo de
servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias
que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.
Tienen derecho a este beneficio aquellos trabajadores sujetos al régimen
laboral común de la actividad privada que cumplan, cuando menos en
promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.
7.8 La demandada no ha acreditado el cumplimiento del pago ni de los
depósitos de la compensación por tiempo de servicios según lo dispone el
Decreto Supremo 001-97-TR, por tanto, debe establecerse el monto
correspondiente por cada depósito durante el periodo laborado, mismo que
debe ser depositado en una entidad bancaria seleccionada por el trabajador.
Se practica la liquidación considerando la remuneración mensual histórica y las
gratificaciones proyectadas precedentemente, así:
Periodo Tiempo Ingreso Inc C.C. Inc C.C. Prom Rem Total
Liquidado Mensual 2009 2010 Gratif Computable C.T.S.
23-12-08 AL 30-04-09 4M,8D 1,000.00 210.00 - 1,210.00 430.22
01-05-09 AL 31-10-09 6 M. 1,000.00 210.00 201.67 1,411.67 705.83
01-11-09 AL 30-04-10 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 201.67 1,631.67 815.83 01-05-10 AL 31-10-10 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 238.33 1,668.33 834.17
01-11-10 AL 30-04-11 6 M. 1,000.00 210.00 220.00 238.33 1,668.33 834.17
01-05-11 AL 31-10-11 6 M. 1,300.00 210.00 220.00 288.33 2,018.33 1,009.17
01-11-11 AL 30-04-12 6 M. 1,300.00 210.00 220.00 288.33 2,018.33 1,009.17
01-05-12 AL 02-06-12 1M,2D 1,300.00 210.00 220.00 - 1,730.00 153.78
5,792.33
OCTAVO: De la participación de utilidades.
8.1 Este beneficio reconocido constitucionalmente, consiste en la asignación a
los trabajadores de una parte de la renta que produce la empresa, en
reconocimiento al esfuerzo compartido con ésta, en el éxito del negocio al
obtener beneficios económicos denominados “utilidades”.
8.2 Los Decretos Legislativos 677 y 892 establecen qué empleadores se
encuentran obligados a repartir utilidades, siendo aquellas empresas
generadoras de rentas de tercera categoría, que cuenten con más de veinte
trabajadores y hayan obtenido renta anual neta antes de impuestos; de otra
parte, señala que los trabajadores con derecho a su percepción, son aquellos
que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, no interesando la
modalidad de contratación y que hayan laborado en el ejercicio a ser
distribuido.
8.3 Que, respecto de este extremo, se aprecia que la demandada ha generado
utilidades distribuibles, tal como se aprecia de las boletas de pago de utilidades
obrantes de fojas 113 a 123, por lo que se debe acoger el extremo toda vez
que la demandante tuvo la calidad de trabajadora, se practica la liquidación en
la forma siguiente:
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
A Dias Laborados por el trabajador 360 360 360 152
A.1 Factor Aplicable 4.92858 6.70015 5.36967 8.64697
A.2 Participación por dias trabajados 1,774.29 2,412.05 1,933.08 1,314.34
B Remuneraciones Percibidas por 16,940.00 20,020.00 22,720.00 10,120.33
trabajador
B.1 Factor Aplicable 0.031371130 0.040450876 0.031404670 0.047545276
B.2 Participación por remunerac percib 531.43 809.83 713.51 481.17
C Total Participac. Utilidad Trabaj (A.2+B.2) 2,305.72 3,221.88 2,646.60 1,795.51
9,969.71
NOVENO: Del bono por desempeño grupal.
9.1 Este beneficio reconocido por ambas partes tiene su origen en una
liberalidad de la empleadora, cuyos lineamientos se encuentran recogidos en la
sesión de directorio 1593 del 22 de diciembre de 2005.
9.2 Según el tenor del referido acuerdo exhibido por la demandada,
complementado con el Acuerdo de Directorio 005-2006/007-FONAFE, se trata
de un bono extraordinario por desempeño grupal que está sujeto a una
evaluación de desempeño y calculados en función de determinados factores de
valorización por categoría.. 9.3 En vista de lo anterior, se concluye que dicho beneficio consistió en una
cantidad de dinero que era repartida entre los trabajadores, pero estuvo sujeto
a determinadas condiciones que no reúne el actor, dado que no fue evaluado
en su desempeño individual ni grupal, de allí que no exista un parámetro y una
calificación respecto de los cuales sea posible asignar este bono, de allí que no
resulte atendible este extremo.
DÉCIMO: De la Indemnización por daños y perjuicios.
10.1 La institución de la responsabilidad civil está referida al aspecto
fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación de los
particulares, bien se traten de daños producidos como consecuencia del
incumplimiento de una obligación voluntaria, ante lo cual estaríamos frente a
una responsabilidad civil contractual o como resultado de una conducta que,
sin mediar ningún vínculo de orden obligacional que los una o incluso
existiendo éste, los daños no se producen por el incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino como consecuencia del incumplimiento del deber
genérico de no causar daño a otro, supuesto normativo que configura la
responsabilidad civil extracontractual, advirtiéndose que nuestro ordenamiento
jurídico recoge las dos formas de responsabilidad civil anteriormente
señaladas. La primera de ellas, es regulada en el apartado referido a la
inejecución de obligaciones, específicamente en los artículos 1314° y
siguientes del Código Civil, mientras que la responsabilidad civil
extracontractual, se encuentra incorporada en la Sección Sexta del Libro VII:
Fuentes de las obligaciones del mismo cuerpo normativo (artículos 1969° y
siguientes).
10.2 La parte demandante peticiona el pago de una indemnización por haber
sido cesada sin causa justa, por lo tanto, al reclamarse la existencia de un
incumplimiento contractual, nos encontramos frente a un supuesto de
responsabilidad por inejecución de obligaciones, por lo que la pretensión
debe ser analizada a la luz de las disposiciones establecidas en nuestra
normatividad civil sobre responsabilidad contractual, teniendo en cuenta que
“La responsabilidad contractual es aquella que deriva de un contrato celebrado
entre las partes, donde uno de los intervinientes produce daño por dolo, al no
cumplir con la prestación a su cargo o por culpa, por la inejecución de la
obligación, por cumplimiento parcial tardío o defectuoso, la cual debe ser
indemnizada”2, es decir, el daño a indemnizar debe provenir por el
incumplimiento de una obligación contenida en el contrato, haberla cumplido de
manera imperfecta o haber retardado su cumplimiento por causa imputable al
causante del daño.
10.3 Si bien el artículo 1321 del Código Civil precisa que se encuentra sujeto a
la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por
dolo, culpa inexcusable o culpa leve, el mero incumplimiento contractual o
producción del hecho ilícito no implica de forma automática el otorgamiento de
una indemnización por daños y perjuicios, de allí que la probanza de este
incumplimiento o realización del hecho doloso o culposo incumbe al
2 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia
en el expediente N° 507-99-LAMBAYEQUE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de
Setiembre de 1999, página 3403. perjudicado, el cual debe probar además el nexo de causalidad entre el hecho
y el daño producido. En el orden de ideas expuesto, corresponde analizar la
configuración de los elementos de la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el
daño, el nexo causal y los factores de atribución, debiendo precisarse que si
bien es cierto la imputabilidad entendida como la capacidad que tiene el sujeto
para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona, es
considerada también como un elemento de la responsabilidad civil3, en tanto
que nos encontramos ante una situación derivada de una relación laboral en la
que se imputa la inejecución de sus obligaciones a quien tuvo la condición de
empleador y como tal intervino en la celebración y ejecución de un contrato de
trabajo, la imputabilidad o capacidad de imputación siempre se encontrará
presente en la persona natural o jurídica que tuvo la condición de empleador.
DÉCIMO PRIMERO: Configuración de los elementos de la
Responsabilidad Civil.- A fin de determinar si a la demandada le alcanza la
responsabilidad civil imputada, corresponde analizar los elementos de su
configuración.
El daño causado.
11.1 El daño puede ser definido como el menoscabo que sufre un sujeto dentro
de su esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial; en ese sentido en materia
de responsabilidad civil se entiende por daño a las consecuencias negativas
de la lesión inferida como consecuencia de una conducta antijurídica
desarrollada
11.2 El despido es la decisión que toma el empleador de manera unilateral para
dar por extinguido el contrato de trabajo, esta acción resulta justificada cuando
se funda en causas relacionadas con la conducta o capacidad del trabajador
prevista en la Ley y será arbitrario, cuando no se exprese causa o ésta no
pueda demostrarse.
11.3 En el caso de autos, no existe controversia respecto a la configuración de
un cese indebido ejecutado contra el demandante, conforme lo determinado
por la Tercera Sala Civil de Lima, con ello la actora ha acreditado que entre el
04 de junio del 2012 hasta el 01 de setiembre del 2015, en tanto ha sido
repuesto el 02 de setiembre de ese año, el contrato de trabajo se habría
suspendido, lo que implica la no percepción de ingresos económicos para el
actor en su condición de trabajador dependiente. Ahora bien, en tanto la teoría
del caso expuesta en la demanda plantea que el despido ilegal del cual fue
objeto el actor constituye el acto lesivo imputado a la emplazada, corresponde
establecer la configuración de los tipos de daño alegados (el lucro cesante y el
daño moral), teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 1331° del Código
Civil que prevé que la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía
corresponde al perjudicado, Así tenemos que:
3
ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2003). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Tercera Edición, Gaceta Jurídica,
pág. 59. (cid:2) El lucro cesante.- El lucro cesante “comprende aquello que ha sido o
será dejado de ganar a causa del acto dañino”4, en ese sentido, el lucro
cesante sufrido por el accionante consistiría en la privación de ingresos
económicos por la no percepción de remuneraciones y beneficios
sociales propios de una relación de trabajo como consecuencia directa
de la conducta antijurídica de la demandada consistente en el despido
lesivo de derechos constitucionales (hecho que ha sido reconocido en
una resolución judicial con calidad de cosa juzgada), generando asi un
lucro cesante entre el 04 de junio del 2012 hasta el 01 de setiembre del
2015, constituido por las remuneraciones y demás beneficios
económicos derivados de su relación de trabajo.
(cid:2) El daño moral.- Conforme a la sentencia dictada en el Tercer Pleno
Casatorio Civil – Casación N° 4664 – 2010 – Puno el 18 de marzo de
2011, el daño a la persona es toda lesión a sus derechos e intereses,
que no tienen contenido patrimonial directo y que comprende el daño
moral, el que se encuentra configurado por las tribulaciones, angustias,
aflicciones, sufrimientos psicológicos y los estados depresivos que
padece una persona (fundamento 71). Ahora bien, de acuerdo a los
f |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
09° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola S/N, Lima
EXPEDIENTE : 23244-2015-63-1801-JR-LA-09
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE NORMAS
LABORAL
JUEZ : DIAZ SANTILLAN GRIMANEZA
ESPECIALISTA : ZEVALLOS ARIAS MELISSA LIZBET
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : ORREAGA PAZ DE GARCIA, LILIANA ESPERANZA
RESOLUCIÓN No. UNO
Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. -
VISTOS: Por recibido las Copias Certificadas de la Séptima Sala Laboral de Lima, con
fecha 04 de diciembre 2019, se da cuenta en la fecha: Atendiendo a lo resuelto por el
Superior Jerárquico mediante sentencia de vista de fecha 24 de septiembre de 2018 ha
revocado la Sentencia de 31 de enero de 2017, en los extremos que declararon
infundada la demanda sobre beneficios colectivos de los años 2011 y 2012, y el pago del
bono por desempeño grupal; reformándolo declararon fundados estos extremos; en
consecuencia, modificaron el monto ordenado a pagar. Asimismo, confirmaron la
Sentencia de 31 de enero de 2017 en los extremos que declararon infundado el
reintegro de remuneraciones por nivelación salarial, e infundado los beneficios
colectivos del año 2008, con lo demás que contiene. Y ordenaron que la demandada
pague a favor de la demandante la suma de S/. 118,830.56 soles por los conceptos
amparados. Asimismo, que la demanda proceda a realizar el depósito por
compensación por tiempo de servicios en el monto de S/. 6,115.00 Soles más intereses
legales que serán calculados en ejecución de sentencia, con costos y sin costas;
Por lo que, corresponde que se cumpla lo ordenado y se proceda al requerimiento
respectivo. Por tanto, se dispone:
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN, a efectos de que, en el
plazo de CINCO DÍAS, CUMPLA con abonar al demandante la suma de
S/.118,830.56 soles; bajo apercibimiento de ejecución forzada.
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION, a efectos de que
DEPOSITE por Compensación por Tiempo de Servicios, la suma de S/. 6,115.00
soles, bajo apercibimiento de MULTA.
• Asimismo, CUMPLA con el pago de los costos procesales. Sin Costas.
Avocándose al conocimiento de la presente causa, la Juez Titular que suscribe la
presente e interviniendo la Especialista Legal que da cuenta, por disposición superior. |
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09° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola S/N, Lima
EXPEDIENTE : 23244-2015-63-1801-JR-LA-09
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE NORMAS
LABORAL
JUEZ : DIAZ SANTILLAN GRIMANEZA
ESPECIALISTA : ZEVALLOS ARIAS MELISSA LIZBET
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : ORREAGA PAZ DE GARCIA, LILIANA ESPERANZA
RESOLUCIÓN No. UNO
Lima, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. -
VISTOS: Por recibido las Copias Certificadas de la Séptima Sala Laboral de Lima, con
fecha 04 de diciembre 2019, se da cuenta en la fecha: Atendiendo a lo resuelto por el
Superior Jerárquico mediante sentencia de vista de fecha 24 de septiembre de 2018 ha
revocado la Sentencia de 31 de enero de 2017, en los extremos que declararon
infundada la demanda sobre beneficios colectivos de los años 2011 y 2012, y el pago del
bono por desempeño grupal; reformándolo declararon fundados estos extremos; en
consecuencia, modificaron el monto ordenado a pagar. Asimismo, confirmaron la
Sentencia de 31 de enero de 2017 en los extremos que declararon infundado el
reintegro de remuneraciones por nivelación salarial, e infundado los beneficios
colectivos del año 2008, con lo demás que contiene. Y ordenaron que la demandada
pague a favor de la demandante la suma de S/. 118,830.56 soles por los conceptos
amparados. Asimismo, que la demanda proceda a realizar el depósito por
compensación por tiempo de servicios en el monto de S/. 6,115.00 Soles más intereses
legales que serán calculados en ejecución de sentencia, con costos y sin costas;
Por lo que, corresponde que se cumpla lo ordenado y se proceda al requerimiento
respectivo. Por tanto, se dispone:
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN, a efectos de que, en el
plazo de CINCO DÍAS, CUMPLA con abonar al demandante la suma de
S/.118,830.56 soles; bajo apercibimiento de ejecución forzada.
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION, a efectos de que
DEPOSITE por Compensación por Tiempo de Servicios, la suma de S/. 6,115.00
soles, bajo apercibimiento de MULTA.
• Asimismo, CUMPLA con el pago de los costos procesales. Sin Costas.
Avocándose al conocimiento de la presente causa, la Juez Titular que suscribe la
presente e interviniendo la Especialista Legal que da cuenta, por disposición superior. |
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EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : CUMPA MORENO, PATRICIA MERCEDES
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : GLORIA SA
DEMANDANTE : FIERRO CRUZ, LEONARD WILSON
RESOLUCIÓN NRO. 19
Lima, diez de octubre
Del año dos mil veintidós.-
Al escrito de fecha 26 de julio del 2022 presentado por la
parte demandante.- Al principal y primer otrosí: y ATENDIENDO:
Primero: Que, el artículo 414º del Código Procesal Civil señala que el Juez debe
regular los alcances de la condena en costas y costos tanto respecto del monto como de
los obligados y beneficiados, en atención a la incidencias del proceso; que, si bien su
pago debe ser acreditado con documento indubitable, tal como lo preceptúa el artículo
cuatrocientos dieciocho del mismo cuerpo legal, el monto que se fija como honorario,
que es de libre concertación entre el cliente y su abogado, no obliga al juzgador a
aprobarlo en forma irrestricta, el que debe ser apreciado prudencialmente para no dar
lugar a un abuso de derecho que la ley recusa;
Segundo: Que, así a la luz de las normas procesales invocadas, que al tener carácter
imperativo, resultan de ineludible cumplimiento como así lo señala el artículo IX del
Título Preliminar del mismo Código Adjetivo, la determinación de los costos procesales
por el Juzgador no ésta sujeta únicamente al monto de los honorarios profesional
pactados en cada caso concreto, sino que además en su fijación debe tener en cuenta las
circunstancias objetivas propias de cada proceso (entre ellas, la cuantía del asunto
decidido, el grado del éxito obtenido, la dificultad de las cuestiones debatidas, el grado
de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto del abogado
patrocinante, y la duración del proceso) esto con el fin de cautelar la escrupulosa
observancia y respeto de normas de carácter imperativo, el orden público y las buenas
costumbres, de allí que resulte perfectamente posible que el monto por costos procesales
pueda ser fijado por el Juez en cantidad igual a la abonada al abogado de la parte
vencedora o en una cantidad menor; Tercero: Que, asimismo deberá tenerse presente al momento de regular los costos
procesales que el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil del año 2008 en el Tema 3 y
Problema 3 se ha establecido como conclusiones que “los costos procesales se fijan sin
ser necesario para el Juez que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente,
el cual únicamente es exigible para hacer efectivo el cobro del depósito judicial”,
siendo ello así se advierte que para el caso de autos no resulta necesario para fijar los
costos del proceso el acreditar el pago del tributo;
Cuarto: En dicho contexto, se debe tener en cuenta luego de un análisis de la historia
procesal del expediente, se tiene que el proceso data del año 2015, además se advierte
que ha sido exitoso el patrocinio del abogado del recurrente, ya que se ha declarado
fundada la demanda en primera instancia, ordenando la reposición del actor a su centro
de trabajo más el pago de costos del proceso, siendo revocada por sentencia de vista
emitida por la Tercera Sala Laboral de Lima, sentencia que ha sido materia de
impugnación y está pendiente la calificación del recurso de casación;
Quinto: En merito a lo anterior es que la parte actora propone como costos del proceso
la suma de S/ 7,000.00 soles, sin embargo este despacho concluye que la suma
postulada resulta ser excesiva, al no haberse aun calificado el recurso de casación siendo
incierto que el proceso pueda llegar hasta la etapa de audiencia de Vista de la Causa en
la Corte Suprema de la República, donde puede generar un litigio más complejo a la
parte demandante; por ello este concepto accesorio debe ser regulado y fijado en una
suma más acorde a las incidencias del proceso conforme a lo desarrollado en la presente
resolución,
Sexto: Que, en este orden de ideas en aplicación del criterio prudencial acorde a los
parámetros que están regulados en el artículo 414° del Código Procesal Civil se fija
prudencialmente los costos del proceso en la suma de S/ 6,000.00 SOLES más el 5% (S/
300.00 Soles) que deberá pagarse al Colegio de Abogados del Distrito Judicial de Lima;
Sétimo: Sin perjuicio de ello, la parte demandante para hacer efectivo el cobro de los
costos, deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite el pago
de los tributos que correspondan conforme lo establece el Artículo 418° del Código
Procesal Civil;
Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1. FIJAR por concepto de COSTOS DEL PROCESO la suma de S/ 6,000.00
SOLES mas el 5% (S/ 300.00 Soles) que deberá pagarse al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial de Lima para cubrir los Honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial.
NOTIFÍQUESE. - |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
RAZON:
Señora Juez:
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha debido de los autos por las
recargadas labores que soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene a su cargo dos
secretarias de ejecución de los juzgados (7° y 8°) teniendo como funciones proyectar
resoluciones entre autos y decretos y oficios, entrega de certificados de depósito judicial , autos
de embargos, descargar los actos procesales en el SIJ tradicional para los expedientes físicos y
así como proyectar resoluciones entre autos y decretos en la Bandeja Electrónica de
Expedientes Electrónicos-EJE- para los expedientes electrónicos., dar cuenta de cedulas
devueltas, otorgar poder por acta, proyectar oficios para elevar expedientes al Superior
Jerárquico, compaginar escritos, solicitar expedientes al archivo modular, entre otras funciones.
Lima, 01 de junio del 2021
7° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : CUMPA MORENO, PATRICIA MERCEDES
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : GLORIA SA ,
DEMANDANTE : FIERRO CRUZ, LEONARD WILSON
RESOLUCIÓN N° 16
Lima, primero de junio del
Año dos mil veintiuno. -
Por devueltos los autos remitidos de la Tercera Sala Laboral,
acompañado con la sentencia de vista de fecha 31.01.2020, habiendo resuelto:
(cid:1) CONFIRMARON la Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018, de fojas 239 a 251 que
declara fundada la demanda; en consecuencia, reconocieron la existencia de un contrato
de trabajo a plazo indeterminado desde el 06 de setiembre de 2012 al 05 de setiembre
de 2015, por desnaturalización de contratos modales y reposición por despido
Incausado; en consecuencia ORDENARON que la demandada cumpla con reponer al
actor en su ex puesto de labores o en otro de similar categoría; así como el pago de la
Indemnización por Daños y Perjuicios que comprenden los conceptos de Lucro Cesante
y daño Moral en la suma de S/.50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles), más
costos y costas que se liquidarán en ejecución de sentencia; En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin, cumpla con:
(cid:1) REQUIERASE a ambas partes, estando al nuevo procedimiento de llevar a cabo las
diligencias de reposición, aprobado por Resolución Administrativa N°000437-2020-P-
CSJLI-PJ, atreves de el Link o enlace correspondiente en la aplicación GOOGLE MEET,
y siendo que ninguna de las partes ha presentado correo electrónico gmail, esta
judicatura a fin de dar cumplimiento de la reposición ordenada en sentencia, se debe
proceder a programar la diligencia de reposición virtual, por ello, se DISPONE:
(cid:2) REQUERIR a ambas partes (demandante y demandada), CUMPLAN con
proporcionar en el plazo de TRES DIAS HABILES una dirección de Correo
Electrónico Gmail y un número de celular que cuente con la aplicación
WhatsApp, para coordinar el acceso, la fecha y hora en que se fijará a la
diligencia de supervisión virtual de reposición en la plataforma Google Meet, de
conformidad al Lineamiento N° 011-2020-P-CSJLI-PJ aprobado por Resolución
Administrativa N° 000437-2020-P-CSJLI-PJ; bajo apercibimiento de imponerse
la multa de 03 URP en caso de incumplimiento; sin perjuicio de la denuncia
penal correspondiente.
(cid:1) PAGAR a la demandante la suma de S/.50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles)
por el concepto Indemnización por Daños y Perjuicios que comprenden los conceptos de
Lucro Cesante y daño Moral, dentro del plazo de 05 días hábiles, bajo apercibimiento de
ejecución forzada.
Al escrito de fecha 08.02.2021 presentado por la parte demandante.- Al principal y primer
otrosí: Estando a lo solicitado, estese a lo resuelto en líneas precedentes.
Asimismo, se pone a conocimiento de las partes que podrán presentar sus escritos de manera
digital a través de la Mesa de Partes Electrónica, debiendo para ello ingresar al Sistema de
Notificación Electrónica - SINOE de la Página Web del Poder Judicial
(https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml), pudiendo acceder además al tutorial para el ingreso
de documento a la Mesa de Partes Electrónicas a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=lA20SCoR_8I.- Por la demora incurrida llámese la atención a
la secretaria que da cuenta a fin que en lo sucesivo ponga mayor celo en sus funciones.
Avocándose a la presente causa la Señora Juez que suscribe por Disposición Superior.
Notifíquese. - |
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TERCERA SALA LABORAL DE LIMA
EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
Señores:
Begazo Villegas
Huerta Rodríguez
Cárdenas Alvarado
Lima, 31 de enero de 2020.
VISTOS: En audiencia pública de fecha 23 de setiembre del año en curso, con la
asistencia del demandante y de su abogado José Andrés Palacios Romero; Discordia
de fecha 27 de enero del año en curso, con la asistencia del demandante e
interviniendo en calidad de ponente el señora Juez Superior Begazo Villegas, con la
adhesión y Voto Singular del Señor Juez Superior Huerta Rodríguez; y el Voto en
Discordia de la Señora Juez Superior Araujo Sánchez; es como sigue
ASUNTO: Es materia de apelación: la Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018,
de fojas 239 a 251 que declara fundada la demanda y ordeno que la demandada
cumpla con reponer al actor en su ex puesto de labores o en otro de similar categoría
y ordena que la demandada cumpla con el pago de la indemnización por daños y
perjuicios que comprende lucro cesante (S/.45,000.00) y daño moral (S/.5,000.00
Soles) y ordena que la demandada cumpla con el pago de los intereses legales, costas
y costos del proceso;
AGRAVIOS:
La parte demandada, mediante el Recurso de apelación de fecha 26 de
diciembre de 2018, de fojas 256 a 272, señala como agravios; que:
1) En la sentencia, el Juzgado ha considerado que la empresa debe reponer al
demandante fruto de la desvinculación por termino de un contrato a plazo fijo
supuestamente desnaturalizado;
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2) El Juzgado laboral no ha valorado que el contrato de trabajo a plazo fijo que
celebró el demandante tuvo un periodo de vigencia determinado en atención a
la causa objetiva que justifica dicha contratación;
3) El contrato a plazo fijo y sucesivas prórrogas suscritos entre Gloria S.A. y el
demandante no se encuentran desnaturalizados pues, tiene como causa
objetiva el incremento de la producción señalado en los contratos de trabajo a
plazo fijo;
4) La sentencia adolece de nulidad por cuanto no ha motivado porque considera
que existió una relación subordinada entre el demandante y nuestra empresa,
EL Juzgado erróneamente ha considerado que la compañía ha cesado al
demandante en forma irregular en la medida que sus contratos a plazo fijo se
encontraron desnaturalizados;
5) El demandante fue cesado por el término de su contrato a plazo fijo, ya que el
mismo tenía un periodo de vigencia el cual a su término concluyó
indefectiblemente, en atención a la causa objetiva existente;
6) El demandante prestó servicios de manera ininterrumpida para Gloria S.A. sin
embargo nunca excedió del plazo máximo establecido para la modalidad del
incremento de actividades; la cual es hasta por un plazo de tres años;
7) La Empresa no tiene ninguna responsabilidad frente a un supuesto daño civil o
un daño extrapatrimonial, en el presente caso fue el propio demandante quien
suscribió su contrato de trabajo bajo la modalidad de Incremento de actividades
con un plazo máximo de contratación, cuyo vencimiento fue indefectiblemente el
05 de setiembre de 2015;
8) No corresponde una indemnización por lucro cesante y daño moral, ocasionado
por una supuesta desvinculación unilateral practicada por la compañía cuando
el vencimiento del plazo establecido de común acuerdo en contrato de trabajo a
plazo fijo era el sustento del mismo;
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9) El lucro cesante que pretende el demandante es consecuencia del termino del
contrato a plazo fijo y no ha sido cuantificado correctamente, al demandante le
corresponde probar los daños, los mismos que no ha acreditado, el lucro
cesante será el ingreso bruto frustrado menos los gastos que ha sido necesario
realizar, los mismos que al calcularse como lo señala el demandante contradice
los propios elementos constitutivos de la categoría jurídica de daño, certeza y
efectividad;
10)Respecto al daño moral no le corresponde toda vez que no ha sido acreditado
resultando jurídicamente imposible que el demandante pretenda cuantificar el
supuesto daño moral, en la extraordinaria suma de S/.40,860.00 Soles, no
teniendo ni siquiera en consideración la verdadera naturaleza jurídica de la
categoría de daño moral, la misma que corresponde fijar en atención a un
criterio de equidad, siendo necesario que se acredite la existencia de la
conducta antijurídica para proceder a su estimación, caso contrario, no es
posible su indemnización, a pesar que el sufrimiento o aflicción exista en la
victima;
11) Que, en autos no obra ningún medio probatorio que acredite el daño moral, no
hay Informe médico elaborado por un psicólogo colegiado y/o tratamientos con
fármacos (ansiolíticos, antidepresivos, etc.);
CONSIDERANDO:
Primero: Que, de conformidad con el artículo 364°, del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, se establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el
órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte la resolución que le
produzca agravio; por otro lado el artículo 370° recoge en parte, el principio contenido
en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, en la apelación la
competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que
corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis
de la resolución impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se
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pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia; por lo mismo, la presente se pronuncia únicamente respecto de los agravios
contenidos en el recurso de apelación;
Segundo: Que, conforme se desprende de la demanda, y del Acta de Conciliación de
fojas 143 a 144 vuelta, se advierte que el demandante solicita como primera
pretensión la desnaturalización de los contratos de trabajo suscritos entre las partes
del periodo de 06 de setiembre de 2012 al 05 de setiembre de 2015, y se dé un
contrato indeterminado, y como consecuencia de ello la reposición a su centro de
labores, por despido incausado, asimismo señala como pretensión subordinada el
concepto de indemnización por daños y perjuicios lucro cesante y daño moral, así
como el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso;
Tercero: Respecto a los agravios formulados referidos a la desnaturalización de los
contratos suscritos entre las partes, corresponde previamente analizar si hubo o no la
desnaturalización de los contratos; siendo ello así el Artículo 72° del Decreto Supremo
N° 003-97-TR señala: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título
necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en
forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la
contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.
Cuarto: Por lo expuesto precedentemente, previamente corresponde a esta instancia
analizar si hubo o no desnaturalización de los contratos de trabajo comprendidos del
06 de setiembre de 2012 al 05 de setiembre de 2015, por lo que de la revisión de la
demanda de Desnaturalización de los Contratos de Trabajo, el accionante señala en
sus fundamentos que: “(…) causas objetivas para la contratación” son inexistentes,
debido a que se me ha contratado desde mi fecha ingreso a la demandada hasta el
cese bajo la modalidad dispuesta en el Art. 57° del D.S. 003-97-TR, pero no se precisa
en que consiste el incremento de la supuesta actividad existente y si dicho incremento
será mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, tampoco se señala
objetivamente la relación entre los volúmenes de producción y los incrementos de
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venta con mi labores ordinarias de OPERADOR MONTACARGA realizadas en el área
de Logística; solo señala el literal C) de cada uno de los siete (7) contratos de trabajo
que me ha obligado a firmar la demandada, (…) En los 3 primeros contratos de
trabajos que me ha obligado a firma la demanda de fechas 06/09/2012, 03/03/2013 y
03/09/2013, solo señala como “causas objetivas” que “Debido al incremento de
volúmenes de producción, al mayor número de presentaciones a ítems, se requiere
personal adicional a fin de dar un mayor soporte a las operaciones de almacén en el
área de Logística”, sin embargo, no se indica el número de personal adicional a
utilizarse para el soporte de operaciones ni tampoco se acredita los supuestos
incrementos de producción ni qué artículos han incrementado sus supuestas
presentaciones. a.2. En los 3 contratos subsiguientes de fechas 03/04/2014,
03/10/2014 y 03/04/2015, tampoco se señalan la causa objetivas, solo señala como
“Causa objetivas” que “Debido al incremento de las ventas (10% en Leche Evaporada,
12.8% en Leche Fresca, 11.5% en Yogurt y quesos y 5.6% en jugos y Bebidas) y al
mayor número de líneas de producción se requiere la contratación de personal
adicional a fin de dar un mayor soporte administrativo en la relación a la recepción de
materiales en coordinación con los proveedores en el área de almacenes”; lo cual es
FALSO porque no se señala en forma clara y precisa los supuesto incremento de la
venta para que se justifique mi supuesta contratación temporal, como lo demuestro en
los HECHOS de esta demanda; además las supuestas causas objetivas de mi
contratación no tiene relación con mis labores ordinarias realizadas para la
demandada, que han sido en todo momento de OPERADOR DE MONTACARGA,
dado que dicha labor no tiene relación con la administración, la supervisión de
recepción de materiales ni la coordinación con los proveedores de la demanda, porque
mis labores ordinarias mencionadas anteriormente son de OBRERO y no del personal
EMPLEADO o de DIRECCION encargado de la administración en el área de Logística.
(…) los contratos (…) no cumplen con los requisitos formales señalados en el Art.72°
del D.S. 003-97-TR, (…) debido a: d.1 Que, las labores en el área de LOGISTICA de la
demandada, son labores ordinarias, y estas SON DE DURACION PERMAMENTE,
siendo contratado para desempeñar las funciones de OPERADOR DE MONTACARGA
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y estas son las mismas que realiza el personal estable con la misma ocupación o
categoría del demandante, discriminado al recurrente al no tener la mismas
oportunidades laborales que los demás trabajadores al impedirse la estabilidad laboral
(…);
Quinto: En tal sentido, lo que es materia de análisis por esta instancia laboral
superior, es determinar si los contratos de trabajo sujetos a modalidad han sido
desnaturalizados, esto es, por el periodo correspondiente desde el 06 de setiembre de
2012 hasta el 05 de setiembre de 2015;
Sexto: Con relación a los agravios del demandante, referente a la desnaturalización
de los contratos modales, es menester analizar si para su celebración se ha
cumplido con la formalidad establecida en el artículo 72º del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que, se debe
precisar que el artículo 4º, establece entre otros, que el contrato individual de
trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a
modalidad, pudiendo celebrarse en forma verbal o escrita, el de tiempo
indeterminado y el segundo, en los casos y con los requisitos que la presente Ley
establece, siendo este último eminentemente formal, tanto en la forma como en el
contenido, conforme lo dispone el artículo 72º de la norma antes señalada, ello
significa que, desde el inicio de la relación laboral, deben determinarse y optarse
por la formalidad; y analizar si estos han correspondido en la realidad para cubrir
actividades de carácter temporal tal y como lo señalado el artículo 53º de la norma
citada, en el que indica que, los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden
celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor
producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o
accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar;
Sétimo: Que, el artículo 57° del Texto Único Ordenado del Decreto legislativo N° 728-
Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala: “El contrato temporal por inicio de una nueva
actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el
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inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se
entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la
posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el
inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma
empresa”; por lo que, constituye elemento fundamental de esta modalidad de contrato
establecer el objeto y duración del mismo; siendo así se aprecia de los contratos de
trabajo por incremento de actividades del actor de fechas 06 de setiembre de 2012 al
02 de marzo de 2013, de fojas 30, el contrato de fecha 03 de marzo de 2013 al 02 de
setiembre de 2013 fojas 31, y del contrato de fecha 03 de setiembre de 2013 al 02 de
abril de 2014, de fojas 32 a 33, respectivamente se desprende que el demandante
laboró para la demandada de forma ininterrumpida 06 de setiembre de 2012 al 05 de
setiembre de 2015, sin embargo en los tres primeros contratos suscritos se desprende
de los mismos que en el literal c, se señala que la duración del contrato, la modalidad y
se indica como motivo de la contratación:” (…) Causas Objetivas de la contratación:
Debido al incremento en los volúmenes de producción al mayor número de
presentaciones e ítems, se requiere personal adicional a fin de dar un mayor soporte a
las operaciones de almacén en el área de Logística.(…)”;
Octavo: En ese sentido, se verifica de los contratos primigenios de trabajo por
incremento de actividades de fojas 30 a 33, suscrito por el periodo de 06 de setiembre
de 2012 al 02 de marzo de 2013, y del 03 de marzo de 2013 al 02 de setiembre de
2013, y del 03 de setiembre de 2013 al 02 de abril de 2014; que la emplazada si bien
hace referencia a un incremento en los volúmenes de producción, prestaciones e
ítems, sin embargo no ha cumplido con señalar en forma clara y precisa en el contrato
cuáles son esas actividades que ha incrementado los volúmenes de producción ni
tampoco, hace referencia alguna en relación al mayor número de presentaciones e
ítems; por lo que, los contratos en mención, no contienen información relevante que
permita establecer en que consistió el incremento de actividades, para determinar de
ello que en realidad existió una causa objetiva que justifique la contratación modal del
actor; por lo cual, lo señalado en los actuados a fojas 30 a 33, como causa objetiva,
resulta ser una afirmación genérica; lo cual lleva a concluir que el contrato temporal
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por el cual fue contratado el actor no cumple con las formalidades establecidas en los
artículos 57° y 72° del Decreto Supremo N° 003-97-T R, por lo que se ha producido la
desnaturalización, por dichos periodos; determinándose la existencia de un contrato de
trabajo de duración indeterminada; precisándose que si bien en los contratos
posteriores al contrato primigenio se señalan los porcentajes en el incremento de las
ventas de los productos como leche, evaporada, leche fresca, yogurt, queso, jugos y
bebidas, cierto es que habiendo ocurrido la desnaturalización de los primeros
contratos, los sucesivos contratos se han desnaturalizado; en tanto se ha determinado
que inicialmente en su celebración se ocultaba la existencia de un vínculo laboral a
plazo indeterminado; pues, la causa objetiva establecida en los contratos primigenios
no establecían de manera concreta la causa justificante de la contratación modal, la
cual debe constar de manera clara en el contrato para justificar la modalidad
contractual invocada; en tal sentido al no constar de manera clara, específica y
concreta la causa objetiva de la contratación modal del actor en los contratos de fojas
30 a 33; dichos contratos se han desnaturalizado; precisando que los documentos que
anexa a su contestación no resultan idóneos para justificar la contratación modal
invocada; máxime, conforme lo ha precisado en el fundamento 5) de la sentencia
emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 02872-2010-PA/TC:
que señala en su quinto fundamente que “(...) al no haberse especificado con detalle
la causa objetiva de contratación en el contrato por incremento de actividad, el contrato
de trabajo ha sido desnaturalizado, por haber producido el supuesto previsto en el
inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 0 03-97-TR(…)” se tiene que la
causa objetiva debe constar en el contrato; habiéndose incurrido, en la causal de
desnaturalización de dichos contratos, prevista en el inciso d) del artículo 77° de la
citada norma, que establece: “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se
considera como de duración indeterminada: (…) d) cuando el trabajador demuestre la
existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.”,
Noveno: Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte
demandada en dicho extremo y confirmar la apelada, en cuanto reconoce la
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existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado desde el 06 de
setiembre de 2012 al 05 de setiembre de 2015;
Décimo: Que, asimismo con relación al agravio 6) referido a la reposición del actor, es
de precisar que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 22° que: “El
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de
realización de la persona.”, mientras que el artículo 27° del mismo dispositivo se ha
previsto que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido
arbitrario.”, siendo ello así el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 00528-2013-
PA/TC ha señalado que: “El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo
22° de la Constitución. Al respecto, este Tribunal estima que el contenido esencial del
referido derecho constitucional implica dos aspectos: el de acceder a un puesto de
trabajo, por una parte y, por la otra, el derecho a no ser despedido sino por causa
justa. (…)”;
Décimo Primero: Que, el Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha 11 de julio
de 2002, en el caso Telefónica, recaído en el expediente N° 1124-2002-AA/TC, ha
establecido que se configura el despido incausado cuando: “Se despide al
trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle
causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique”, es decir, de este
modo, el rasgo común en todo despido incausado es la falta de causalidad que
conecte al mismo con alguno de los supuestos permitidos por el ordenamiento; del
mismo modo el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 263-2012-AA/TC,
fundamento 3.3.4 ha señalado que: “Al respecto, en la STC N.º 00976-2001-PA/TC,
entre las modalidades de despido arbitrario se destaca el despido incausado, el cual se
produce cuando “se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante
comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor
que la justifique” (fundamento 15, b). En tal sentido, un despido será justificado o
injustificado en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el
empleador se lleve a cabo con expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se
indican (o no) los hechos que motivan y justifican la extinción de la relación laboral.
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EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
Entonces, el despido será legítimo sólo cuando la decisión del empleador se
fundamente en la existencia de una causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se deben
respetar las garantías mínimas que brinda el derecho fundamental al debido proceso
(Cfr. STC N.º 04229-2005-PA/TC)” [lo resaltado es agregado]; es decir que el despido
incausado se produce cuando es ejecutado de manera verbal o mediante
comunicación escrita, sin expresión de causa alguna relacionada con la conducta o
el desempeño laboral del trabajador que la justifique; en el caso de autos se ha
configurado un despido incausado, toda vez que el motivo del cese del actor se debió
al vencimiento del plazo del contrato, conforme lo señala la parte demandada de fojas
95, parte pertinente; por lo tanto corresponde amparar dicha pretensión formulada por
la parte demandante y ordenar la reposición del actor a su centro de trabajo, en el
puesto habitual de trabajo o en otro cargo similar, con el mismo nivel remunerativo y
condiciones laborales;
Décimo Segundo: Que, en cuanto al pago de una indemnización por daños y
perjuicios; por los conceptos de Lucro cesante y daño moral peticionados por el actor,
cabe señalar que, la Indemnización por daños y perjuicios; por la responsabilidad civil
obligacional o contractual es producto del incumplimiento de un deber jurídico
específico denominado “relación jurídica obligatoria”, siendo sus requisitos recurrentes:
la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de
atribución que la ley señala; en la responsabilidad contractual las conductas que
pueden dar lugar a la obligación legal de indemnizar son siempre conductas tipificadas
legalmente, en consecuencia, la obligación de indemnizar nacerá siempre que se
cause un daño al acreedor como consecuencia de haber incumplido absoluta o
relativamente una obligación; teniendo en cuenta ello amerita analizar los elementos
de la responsabilidad contractual:
Décimo Tercero.- Que, respecto de la antijuricidad es el hecho contrario a la ley, al
orden público y las buenas costumbres, en este sentido es de aplicación el artículo
196° del Código Procesal Civil, en el que se señala que la carga de la prueba
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EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
corresponde a quien alega hechos que configuran su pretensión o a quien los
contradice, siendo ello así se verifica, que con fecha 07 de setiembre de 2015 el actor
fue despedido por la demandada al señalar la demandada que el cese se produjo por
el vencimiento del plazo legal del contrato; sin embargo, en la presente sentencia se ha
determinado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado y el cese por
despido incausado con lo que se encuentra acreditada la conducta antijurídica;
Décimo Cuarto.- Que, sobre el daño entendido como el menoscabo, el detrimento, la
afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; un interés jurídico que
puede ser patrimonial o extra patrimonial; el daño es patrimonial o material, cuando
afecta parte del patrimonio del titular del derecho afectado y es extra patrimonial
cuando se refiere al daño de la persona, su salud física o psicológica; en el presente
caso la parte demandante solicita se le pague por Lucro Cesante la suma de
S/. 1,575.00 Soles mensuales desde la fecha del cese esto es 07 de setiembre de
2015 hasta la fecha de su reposición, que señala dejó de percibir la remuneración
mensual que habitualmente percibía así como sus beneficios económicos propios de
una relación laboral, sufriendo un empobrecimiento por su cese inopinado e injusto; así
como la indemnización por daño moral;
Décimo Quinto.- Que, si bien conforme a la Casación Laboral N° 833-2012 Tacna, en
el duodécimo considerando señala que no existe derecho a las remuneraciones por el
periodo no laborado, precisa además: “(…) lo cual no implica negar que efectivamente
pueda existir clara verosimilitud sobre la existencia de daños al impedirse los derechos
del trabajador, los mismos que deben evaluados e indemnizados, según los hechos
de cada caso concreto ante el Juez y vía procedimental predeterminada por la ley
para dicha pretensión (…)”; correspondiendo analizar los daños sufridos.
Décimo Sexto.- Que, respecto de la relación de causalidad ella debe entenderse en
sentido abstracto como la relación de causa-efecto o de antecedente-consecuencia,
entre la conducta típica antijurídica del autor y el daño causado a la víctima; es decir,
como lo señala Lizardo Taboada Córdova1, “el daño causado al acreedor debe ser
1 En su obra “Elementos de la Responsabilidad Civil”; Pág. 76
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consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la
prestación debida por parte del deudor”. Y de acuerdo a lo establecido en el artículo
1321° del Código Civil; Siendo que en el caso de autos, ha quedado demostrado
fehacientemente que el daño que sufriera el accionante, ha tenido como hecho
generador, que la demandada haya procedido a despedirlo de manera incausada,
conforme se desprende de los fundamentos expuestos, por lo que, el daño
ocasionado, se produjo como consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones
de la parte demandada, conclusión que determina, la existencia de dicho nexo de
causalidad.
Décimo Séptimo.- Que, en cuanto a los factores de atribución de la
Responsabilidad, están constituidos por el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve. Al
respecto Juan Espinoza Espinoza2 señala que: “La noción de dolo coincide “con la
voluntad del sujeto de causar el daño”, la cual coincide con el artículo 1318º, a propósito
del incumplimiento de la obligación”. Normativamente el artículo 1318º del Código Civil
establece que: “Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.”. En tal
sentido se concluye que el dolo contiene una intención deliberada de incumplir las
obligaciones que se derivan del contrato de trabajo. En el caso de autos; atendiendo a
que, la demandada ha procedido a despedir al demandante de manera incausada;
siendo así, la conducta de la demandada al despedir al actor no responde a los cánones
de la buena fe, advirtiéndose la inejecución deliberada de las obligaciones del
empleador, traducida en el cese injustificado; por lo que, se concluye que le corresponde
el derecho al pago de la Indemnización por daños y Perjuicios: lucro cesante y daño
moral;
Décimo Octavo.- Que, respecto a la indemnización por daños y perjuicios por lucro
cesante o lucrum cessans debe entenderse como la renta o ganancia frustrada o
dejada de percibir, el mismo que se acreditaría con el cese del actor esto es 07 de
septiembre de 2015, periodo que habría dejado de percibir determinada renta o
ganancia, no obstante ello, debe precisarse que ello no implica el reconocimiento de
2
Ob.cit. Idem. Página 115.
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remuneraciones caídas o devengadas, toda vez que conforme el artículo 40° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, solo ha previsto el pago de
remuneraciones devengadas en el caso de despido nulo, y no así ante la configuración
de los despidos incausado y fraudulentos conforme lo ha señalado la Corte Suprema
en la Casación Laboral N° 8345-2013 La Libertad; y en la medida que nos
encontramos ante un proceso de indemnización por daños y perjuicios y en aplicación
del el artículo 1332° del Código Civil debe fijarse el lucro cesante de forma equitativa;
lo que no implica que se esté reconociendo el pago de remuneraciones devengadas,
sino que para delimitar el monto del lucro cesante es necesario fijar parámetros
objetivos, por ello se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de cese del
demandante, así como la última remuneración; por lo que el monto fijado en la
Sentencia, resulta razonable; no habiendo la demandada acreditado conceptos a
deducir del importe establecido; por consiguiente corresponde confirmar la resolución
en grado, que ordena pagar al demandante la suma de S/ 45,000.00 Soles por
concepto de lucro cesante, más los intereses legales conforme el artículo 1334° del
Código Civil, conforme lo señalado en la sentencia; precisando que en el presente
caso, el actor se ha conformado con el monto y parámetros de cálculo establecidos en
el considerando II (a.1) de la apelada; por lo que, se confirma la sentencia en dicho
extremo;
Décimo Noveno.- Que, en cuanto al DAÑO MORAL, es de señalar que por
disposición del artículo 1322° del Código Civil, es otro de los daños susceptibles de
resarcimiento de la responsabilidad civil contractual, entendido este como el dolor,
sufrimiento o lesión a los sentimientos socialmente legítimos y aceptables; si bien, la
parte demandada señala que no se ha demostrado el daño moral, con medio
probatorio alguno; sin embargo, conforme a lo señalado precedentemente, se
encuentra acreditado la existencia del daño moral, y si bien, el daño moral por su
naturaleza, es de difícil probanza y cuantificación; es de mencionarse que el artículo
1332° del Código Civil, establece que si el resarcimiento del daño no pudiera ser
probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa; así la
Casación N° 4393-2013-La Libertad, describe la naturaleza del daño moral de la
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siguiente manera: “[…], esta aflicción o sufrimiento es de orden transitorio (…), un
daño totalmente subjetivo, impreciso, inasible, no posible de medir y, por lo tanto, de
difícil percepción y de aún más difícil cuantificación. Pero que eso sea así no significa
que el referido daño sea deleznable, sino que su valoración deberá efectuarse por
medios distintos a los ordinarios, dando singular importancia a sucedáneos probatorios
y a las máximas de experiencia.”; por tanto, el daño moral debe ser cuantificado
teniendo en cuenta su magnitud de menoscabo sufrido a la víctima o a su familia y a
lo expuesto por el artículo 1332° del Código Civil; que en el caso en concreto, debe
tenerse en cuenta que el cese del actor se produjo a consecuencia de la conducta
antijurídica de la demandada, afectando su derecho fundamental al trabajo, a la edad
que tenía el accionante a ese momento, habiendo la demandada provocado la pérdida
súbita e injustificada de su trabajo, lo cual indudablemente genera dolor y aflicción en
el trabajador, generando un daño moral que corresponde resarcir; y, en atención a las
circunstancias en que se produjo el cese del actor; en consecuencia, en aplicación de
lo dispuesto por el artículo 1332° del Código Civil, se tiene que el monto de S/ 5,000.00
determinado en la sentencia por daño moral, se ha fijado en valoración equitativa,
resultando razonable en atención a los fundamentos antes expresados, por lo que
corresponde desestimarse los agravios de la parte demandada y confirmarse la
apelada; precisando que la parte demandante no ha apelado de la sentencia;
Por estas consideraciones y con la autoridad que confiere la Constitución Política del
Perú;
SE RESUELVE
CONFIRMARON la Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018, de fojas 239 a 251
que declara fundada la demanda; en consecuencia, reconocieron la existencia de un
contrato de trabajo a plazo indeterminando desde el 06 de setiembre de 2012 al 05 de
setiembre de 2015, por desnaturalización de contratos modales y reposición por
despido Incausado; en consecuencia ORDENARON que la demandada cumpla con
reponer al actor en su ex puesto de labores o en otro de similar categoría; así como
el pago de la Indemnización por Daños y Perjuicios que comprenden los conceptos de
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EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
Lucro Cesante y daño Moral en la suma de S/.50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100
Soles), más costos y costas que se liquidarán en ejecución de sentencia;
En los seguidos por LEONARD WILSON FIERRO CRUZ con GLORIA S.A.; sobre
Desnaturalización de los Contratos Modales y otros; y los devolvieron al Séptimo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR HUGO HUERTA RODRIGUEZ,
es como sigue:
Me adhiero al voto de |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | TERCERA SALA LABORAL DE LIMA
EXPEDIENTE Nº 23411-2015-0-07º
Señores:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
CÁRDENAS ALVARADO
RESOLUCION N° 15
Lima, trece de enero de dos mil veinte.-
Habiendo surgido discordia; y, siendo los puntos que la motivan los siguientes:
1. La CONFIRMATORIA de la Sentencia de fecha 17 de diciembre de 2018,
que declara fundada la demanda; en consecuencia, reconocieron la
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado desde el 06 de
setiembre de 2012 al 05 de setiembre de 2015, por desnaturalización de
contratos modales y reposición por despido Incausado; en consecuencia
ORDENARON que la demandada cumpla con reponer al actor en su ex
puesto de labores o en otro de similar categoría; así como el pago de la
Indemnización por Daños y Perjuicios que comprenden los conceptos de
Lucro Cesante y daño Moral en la suma de S/ 50,000.00 ( Cincuenta Mil con
00/100 Soles), más costos y costas que se liquidarán en ejecución de
sentencia; voto emitido por los Señores Jueces Superiores Begazo
Villegas y Cárdenas Alvarado
2. O la REVOCATORIA de la Sentencia Nº 320-2018, en el extremo que
declara fundado el pago de una indemnización por daños y perjuicios por
lucro cesante y daño moral; REFORMANDOLA la declararon improcedente,
dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer con
arreglo a ley; INTEGRAR la sentencia en el extremo que declara la
desnaturalización de los contratos de trabajo por incremento de actividades,
correspondiendo a unas relación laboral a plazo indeterminado bajo el
régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728 por el periodo
del 06 de septiembre de 2012 al 05 de septiembre de 2015; la que se
CONFIRMA; CONFIRMAR la misma sentencia en el extremo que declara
que el actor ha sido objeto de un despido incausado; en consecuencia se
ORDENA a la demandada cumpla con reponer al demandante en su ex
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EXPEDIENTE Nº 23411-2015-0-07º
puesto de labores o en otro de similar categoría; más las costas y costos del
proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia; voto emitido por la
Señora Juez Superior Araujo Sánchez.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 145° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LLAMARON al designado por
ley, y SEÑALARON fecha para Vista de Causa en Discordia para el día 27 DE
ENERO DE 2020 a horas 03:10 DE LA TARDE.-
2 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
7° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : ARIAS VIVANCO, MERLY GRACE
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : GLORIA SA ,
DEMANDANTE : FIERRO CRUZ, LEONARD WILSON
RAZON DE ESPECIALISTA LEGAL DE TRAMITE
SSEEÑÑOORR JJUUEEZZ::
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha por las recargadas labores que
soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene como funciones proyectar resoluciones
entre autos y decretos y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ tradicional para
los expedientes físicos y así como proyectar resoluciones entre autos y decretos en la
Bandeja Electrónica de Expedientes Electrónicos-EJE- para los expedientes electrónicos.,
dar cuenta de cedulas devueltas, otorgar poder por acta, proyectar oficios para elevar
expedientes al Superior Jerárquico, atender al público, compaginar escritos, solicitar
expedientes al archivo modular, entre otras funciones.
Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Lima, 19 de marzo del 2019
RESOLUCIÓN NUMERO DIEZ
Lima, diecinueve de marzo del dos mil diecinueve
Con la razón que antecede: Téngase presente, Al escrito de fecha 26-12-2018 de la parte
demandada: y ATENDIENDO:
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, la parte demandada interpone recurso de apelación
contra la Sentencia 320 de fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho que declara
fundada la demanda .
FUNDAMENTOS 1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el
día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación,
la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria,
debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación,
requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la
Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne
los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN
(cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDADA contra la Sentencia 320-2018de fecha diecisiete de diciembre del
dos mil dieciocho que declara fundada la demanda, la misma que se concede CON
EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral encargada
de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la debida nota
de atención. –
Interviniendo la especialista legal que da cuenta por mandato superior. –
Notifíquese. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07.
MATERIA : RECONOCIMIENTO DE VINCULO PLAZO INDETERMINADO Y OTROS.
JUEZ : HAROLD MORAN MIGUEL.
ESPECIALISTA : KELLY CARQUIN OHAMA.
DEMANDANTE : LEONARD WILSON FIERRO CRUZ.
DEMANDADO : GLORIA SAC.
SENTENCIA N° 320 -2018
Lima, 17 de diciembre de 2018
ANTECEDENTES.
De los términos del escrito de demanda y escrito de ampliación (de folio 1 a 25 y de 70 a 53).
I.- Sus pretensiones de la demanda son:
1.- Reconocimiento de vínculo a plazo indeterminado por haberse desnaturalizado sus contratos
de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad.
2.- Se declare que su despido es incausado yse reponga en su ex puesto de labores y se le
pague la indemnización por daños y perjuicios que comprende lucro cesante y daño moral.
2- Se declare el pago de derechos accesorios como son los intereses legales y, costas y
costos del proceso.
II.- Fundamenta su primera pretensión: Reconocimiento de vínculo a plazo indeterminado por
desnaturalización de contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad.
2.1 Su contrato de trabajo es aplazo indeterminado por haberse desnaturalizado su contrato de
trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad. por no justificar la causa que justifica
dicha contratación.
Adjunta como prueba como pruebas: 2.1.4 Un folio con información sobre leche UIT Gloria
Entera extraída de la página web de la demandada (ANEXO 2D), 2.1.5 Seis folios de copia
de los estados financieros de la demandada de los periodos "octubre-diciembre 2013" y "enero-
marzo 2014" (ANEXO 2E), 2.1.6 Tres folios de copia e los informes de gerencia de los
estados financieros de la demandada del periodo "julio-setiembre 2014" (ANEXO 1-F), 2.1.7 Tres
folios de la copia de los estados financieros de la demandada del año 2013 (ANEXO 2G), 2.1.8 Tres
folios de los estados financieros de la demandada del año 2014 (anexo 2H), Y 2.1.9 Adjunto
8 folios de copias de las siguientes documentos: Dictamen económico laboral N° 073-2015-
MTPE/2/14.1 Dictamen económico Laboral N° 054-2014-MTPE/2/14.1, Dictamen económico laboral N° 054-2014-MTPE/2/14.1 y Dictamen económico Laboral N° 054-2013-MTPE/2/14.1
(ANEXO 2I).
III. Cimienta su segunda pretensión: Del despido incausado, reposición e indemnización por daños y
perjuicios
3.1 Alcanzado el status de trabajador a plazo indeterminado su despido es por causa justa de
despido sin embargo se ha despedido invocando causa distinta, por lo que le corresponde su
reposición en su ex puesto de labores. Y el pago de la indemnización por daños y perjuicios
por concepto de lucro cesante y de daño moral.
De los términos del escrito de contestación (de folio 126 a 142):
a.- La demandada niega que el contrato del actor fue a plazo indeterminado por haberse desnaturalizado
los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad si se invoco la causa que
justifica la contratación.
Adjunta como medio de prueba el mérito de las memorias descriptivas del año 2011 y 2012 presentada
a la Superintendencia de Mercado de Valores donde se puede apreciar que el incremento de ventas
así como el lanzamiento de nuevos productos se encuentra sustentado y ha sido planteado en el
contrato de trabajo como causa objetiva conforme a ley (ANEXO 1-C).
b.- Asimismo, niega que el despido del actor incausado debido a que habiendo mantenido con su
representada un contrato de trabajo sujeto a modalidad es válida el cese por vencimiento. Y, que le
corresponde el pago de la indemnización por el despido, debido a que no concurre el elemento de la
responsabilidad civil como es el daño al no haberse producido despido alguno, en consecuencia,
tampoco corresponde el pago de la indemnización.
Audiencia de conciliación, y, audiencia de juzgamiento (de folio 139 a 140 y de 141 a 142).
(i) Admitida la de demanda en la vía del proceso ordinario laboral, mediante resolución número uno de
fecha 08 de enero de 2018, se programó el desarrollo de la audiencia respectiva.
(ii) La Audiencia de Conciliación; la misma que se desarrolló cumpliendo las etapas previstas en la Ley N°
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. se deja constancia de la asistencia de las partes, se deja
constancia que dada la posición de las partes no es posible arribar a una conciliación, se fijan las
pretensiones materia de juicio. En dicho acto, la demandada presentó su contestación a la demanda,
cuya copia se entregó a la parte demandante. Luego de su calificación, el Juzgado dio por contestada la
demanda. y citó a las partes para la audiencia siguiente.
(iii) La audiencia de juzgamiento; se llevó a cabo se llevó a cabo en el modo y forma que consta en la
grabación del audio y video respectivo, luego de la confrontación de posiciones, actuación probatoria y
de alegatos, respetando en toda la etapa el debido proceso y derecho de defensa de las partes;
procediendo el señor Juez a señalar fecha para hacer conocer a las partes el fallo de su sentencia y proceder a su respectiva notificación; Se emitió sentencia 049-2017 de fecha 03 de febrero de 2017,
la misma que fue declarada nula por el superior en grado, disponiendo se emita nuevo
pronunciamiento, la misma que se desarrolla en el presente acto.
FUNDAMENTOS:
PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO:
1.- Determinar si la relación habida entre las partes fue con contrato de trabajo a plazo indeterminado por
haberse desnaturalizado sus contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades.
2.- Determinar si corresponde declarar que el despido es incausado y como consecuencia se le debe
reponer en su ex puesto de labores. Y, si corresponde el pago de la indemnización por daños y
perjuicios por el despido.
3.- Determinar si corresponde el pago de los derechos accesorios como son los intereses legales, costas
y costos del proceso.
1.- PRONUNCIAMIENTO DE LA PRIMERA PRETENSIÓN: DEL RECONOCIMIENTO DE VINCULO
LABORAL A PLAZO INDETERMINADO DEL 06.SSET.2012 AL 05.SET.2015.
1.1 DE LA RELACIÓN HABIDA ENTRE LAS PARTES:
1.1.1 En la relación habida entre la demandada y el actor se vincularon con contratos de trabajo temporal por
incremento de las actividades existentes de 06.SET.2012 AL 02.MAR.2013, conforme se aprecia de la copia del
contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 30).
1.1.2 De ahí, las partes se vincularon con contrato de trabajo sujeto a modalidad de incremento de las actividades
existentes de 03.MAR.2013 AL 02.SET.2013 en el cargo de Operador de Montacarga conforme se aprecia de la
copia el contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (a folio 31).
1.1.3 Que, las partes se vincularon con contrato de trabajo sujeto a modalidad de incremento de actividades existentes
del 03.SET.2013 al 02.ABR.2014 en el cargo de Operador de Montecarga conforme se aprecia de la copia del
contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 32 a 33).
1.1.4 Que, el actor prestó servicios en favor de la demandada con contrato de trabajo sujeto a modalidad por
incremento de actividades existentes del 03.ABR.2014 al 02.OCT.2014 en el cargo de Operador de Montecarga
conforme se aprecia de la copia del contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 34 a 35)
1.1.5 Que, el actor prestó servicios en favor de la demandada con contrato de trabajo sujeto a modalidad por
incremento de actividades existentes del 03.OCT. 2014 al 02.ABR.2015 en el cargo de Operador de Montecarga
conforme se aprecia de la copia del contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 36 a 37) 1.1.6 Que, el actor prestó servicios en favor de la demandada con contrato de trabajo sujeto a modalidad por
incremento de actividades existentes del 03.ABR.2015 al 02.JUL.2015 en el cargo de Operador de Montecarga
conforme se aprecia de la copia del contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 38 a 39)
1.1.7 Finalmente, el actor prestó servicios en favor de la demandada con contrato de trabajo a plazo indeterminado del
03.JUL.2015 AL 05.set.2015 en el cargo de Operador de Montecarga conforme se aprecia de la copia del contrato
que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folio 40 a 41).
1.2 DEL PEDIDO DE DESNTAURALIZACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD
POR INCREMENTO DE ACTIVIDAD DEL 06.SET.2012 AL 05.SET.2015:
1.2.1 En el ámbito del régimen laboral privado; se impone la regla general de que los contratos de trabajo
son de duración indeterminada, conforme así lo prevé el artículo 4 del Texto único Ordenado del
Decreto Supremo 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral en adelante LCPL.
1.2.2 Con carácter excepcional se permite la contratación temporal o de duración determinada, y sólo
cuando concurra alguna causa objetiva determinante de la contratación temporal que éste prevista
expresamente en la ley; como así lo señala el artículo 72 de la LPCL, al señalar los requisitos formales de
validez de los contratos sujetos a modalidad los siguientes: 1) Que deben constar por escrito y por triplicado,
2) Que debe consignarse en forma expresa su duración; 3) Que debe consignarse las causas objetivas
determinantes de la contratación temporal y las demás condiciones de la relación laboral.
1.2.3 Según el artículo 57 de la LPCL el contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel
celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad
empresarial (...) Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la
posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas
actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.
1.2.4 Tal y como lo describe la norma los elementos objetivos para la contratación del personal, bajo este
tipo de contrato es que estemos frente a una empresa o entidad que se encuentre iniciando sus
actividades en su defecto está incrementando las mismas, instalación o apertura de nuevos
establecimientos o mercados (sucursales o subsidiarias).
1.2.5 Vale decir, que al margen de poder determinar si estamos frente puestos de naturaleza permanente o
no, lo que es determinante es la actividad de la empresa, es decir, es por decisión empresarial, cuyo uno
de us sustentos es el incremento de actividades, tal es así que una empresa que se encuentre en el
mercado por varios años pero decide ampliar sus actividades, también puede hacer uso de esta
modalidad, para ello este nuevo personal deberá de estar destinado principalmente a cubrir estas
nuevas actividades. Tal es así que podemos citar como ejemplo el caso de una empresa que se haya
estado dedicando solo al proceso de curtiembres; sin embargo, más adelante desea dedicarse a la elaboración del calzado o de carteras. En el presente caso aquellos trabajadores que incorporen al
proceso de elaboración de calzado podrán tener un contrato por incremento de actividad, de acuerdo a
lo manifestado anteriormente.
1.2.6 Compatible con lo anterior, el inciso d) del artículo 77 de la LPCL, prescribe que los contratos de
trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada cuando el trabajador demuestre la
existencia de simulación fraude a las normas establecidas en la presente ley, es decir, apariencia o
defraudación en la utilización de dicha modalidad contractual, cuando no se configura o no se
demuestra la concurrencia de la causa objetiva invocada.
1.2.7 Al respecto este Supremo Tribunal Constitucional en numerosas sentencias en forma uniforme ha
precisado la necesidad de que la causa objetiva determinante de la contratación temporal debe ser
mencionada en forma clara precisa concreta identificando o brindando la información real y total sobre
el hecho o hechos que configuran la causal invocada, en este caso el incremento de las actividades, in
que quede ningún margen de duda y que además tal causa sea demostrada y acreditada fehacientemente.
Así se desprende de las siguientes sentencias:
• Sentencia recaída en el expediente N° 06165-2008-PA/TC (Caso Del Rosario Paredes) ha señalado
que:
FUNDAMENTOS:
5. En efecto, como se desprende de la cláusula segunda, el empleador ha pretendido justificar
la celebración de esa modalidad contractual señalando que se acoge a la modalidad
contractual de inicio o incremento de actividad? En atención al incremento de sus actividades
(...)? sin embargo, esta es una afirmación genérica, una mera mención del nomen iuris e la modalidad
contractual, pero se omite precisar en qué consiste el supuesto incremento de las actividades,
se ha utilizado, pues una fórmula vacía, que en modo alguno puede servir de causa objetiva
justificante.
• Sentencia recaída en el expediente N° 04025-2011-P/TC ha señalado que:
FUNDAMENTOS:
8. En el contrato por incremento de actividades, de fojas 7 se ha obviado especificar con detalle
la causa objetiva que justificó la contratación temporal del demandante, pues no se señala en
forma clara y precisa qué actividad de a emplazada ha sido incrementada para que se justifique su
contratación temporal. La referencia consignada en el texto de la cláusula segundo del
referido contrato es vaga y sólo menciona la existencia de "un periodo de incremento de carga
administrativa", sin proporcionar información relevante que permita establecer que en efecto
existió una causa objetiva en el presente caso que podría establecer que en efecto existió una causa objetiva en el presente caso que podría justificar una contratación modal y no una a
plazo indeterminado. Además , por el contrario, se contrata al actor para el servicio de limpieza.
• Sentencia recaída en el expediente N° 03872-2010-AA/T ha señalado que:
FUNDAMENTO:
4. A este respecto, en el contrato por incremento de actividades, de fojas 3, se ha obviado especificar
con detalle la causa objetiva que justificó la contratación expresada de modo ambiguo. Así, en la
cláusula segunda se ha expresado que "con el objeto de atender las necesidades de nuevo personal
derivadas del incremento de sus actividades referido en la cláusula primera, La empresa contrata bajo
modalidad al trabajador para que ocupe el cargo de técnico ejecutando las funciones de Técnico de
Almacén y Distribución física. Asimismo, en la cláusula primera se ha limitado a expresar que requiere
contratar personal temporal "a fin de atender el incremento de las actividades producto del incremento
de las actividades de la Dirección de Logística y Gestión Inmobiliaria" (sic). A ello, la emplazada en la
contestación de la emana, recién ha manifestado que la causa objetiva que justificó la contratación del
demandante es el incremento de volúmenes de os equipos de un cliente de nuestra empresa, la
Compañía Telefónica Móviles SAC, lo que obligó a que las labores del área de Control de Calidad del
Centro de Distribución también se incrementen de manera considerable.
1.2.8 Del análisis de los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades existentes
del 06.SET.2012 AL 02.MAR.2013, del 03.MAR.2013 AL 02.SET.2013, DEL 03SET.2013 AL
02.ABR.2014, DEL 03.ABR.2014 AL 02.OCT.2014, DEL 03.OCT.2014 AL 02.ABR.2015, DEL
03.ABR.2015 AL 02.JUL.2015, DEL 03.JUL.2015 AL 05.SET.2015 (ANEXO2-B del escrito de
demanda. A folio 30 a 41.
(i) Del análisis del primer contrato de trabajo sujeto a modalidad e incremento de actividades existente del
06.SET.2012 AL 02.ABR.2014. Es de verse:
CLÁUSULA A. El empleador GLORIA SA tiene como actividad económica la elaboración de
productos lácteos.
CLÁUSULA C. La causa objetiva de la contratación es "debido al incremento en los
volúmenes de producción, al mayor número de presentaciones e ítems, se requiere personal
adicional a fin de dar un mayor soporte las operaciones de almacén en el área de logística".
Es de verse del anexo 2-B del escrito de demanda, a folio 30. Cláusulas Ay C.
De lo expuesto podemos colegir que el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de
actividades ya existentes como son la elaboración de productos lácteos, sin precisar a cuáles
presentaciones se refieren, o a que items, lo que no le permite a este juzgado determinar como se han
visto incrementadas dichas presentaciones de productos lácteos como se hace mención. no pudiendo
en modo alguno complementarse dichas deficiencias con las alegaciones de las partes en el presente proceso judicial. En consecuencia, no cabe pasar a la valoración de las pruebas ofrecidas por las
partes que tienen por finalidad acreditar el incremento de las actividades ya existentes. como son
como son: Adjunta como prueba: 2.1.4 Un folio con información sobre leche UIT Gloria Entera extraída
de la página web de la demandada (ANEXO 2D), 2.1.5 Seis folios de copia de los estados
financieros de la demandada de los periodos "octubre-diciembre 2013" y "enero- marzo 2014"
(ANEXO 2E), 2.1.6 Tres folios de copia e los informes de gerencia de los estados financieros de
la demandada del periodo "julio-setiembre 2014" (ANEXO 1-F), 2.1.7 Tres folios de la copia de los
estados financieros de la demandada del año 2013 (ANEXO 2G), 2.1.8 Tres folios de los
estados financieros de la demandada del año 2014 (anexo 2H), Y 2.1.9 Adjunto 8 folios de copias de
las siguientes documentos: Dictamen económico laboral N° 073-2015-MTPE/2/14.1 Dictamen
económico Laboral N° 054-2014-MTPE/2/14.1, Dictamen económico laboral N° 054-2014-
MTPE/2/14.1 y Dictamen económico Laboral N° 054-2013-MTPE/2/14.1 (ANEXO 2I). y Adjunta
como medio de prueba el mérito de las memorias descriptivas del año 2011 y 2012 presentada a la
Superintendencia de Mercado de Valores donde se puede apreciar que el incremento de ventas así
como el lanzamiento de nuevos productos se encuentra sustentado y ha sido planteado en el contrato
de trabajo como causa objetiva conforme a ley (ANEXO 1-C). Por lo que en atención a las
consideraciones antes señaladas este juzgado concluye que la relación habida entre las partes fue con
contrato de trabajo a plazo indeterminado del 06.SET.2012 AL 02.ABR.2014
(ii) Del análisis de la posterior suscripción de los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento
de actividades del 03.ABR.2014 al 05.SET.2015. Habiéndose determinado que la relación habida entre
las partes fue con contrato de trabajo a plazo indeterminado del 06.SET.2012 AL 02.ABR.2014 en
consecuencia en aplicación del principio de continuidad recogido en el artículo 78 de la LPCL la
posterior suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad de incremento de actividades del
03.ABR.2014 al 05.SET.2015 deviene en nulo.
1.2.9 Por las consideraciones señaladas está Judicatura concluye que los contratos de trabajo sujetos a
modalidad celebrados en el periodo del 06 de setiembre de 2012 al 05 de setiembre de 2015
celebrado entre la demandada y el actor fueron desnaturalizados convirtiéndose en contratos de trabajo
de duración indeterminada.
2.- PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNA PRETENSIÓN: DEL DESPIDO INCAUSADO, REPOSICIÓN,
Y DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
2.1 DEL DESPIDO INCAUSADO.
2.1.1 El despido incausado se configura de acuerdo con lo expuesto por el TC en el Proceso de LLanos
Huasco expediente N° 976-2001-AA/TC, cuando "se desprende al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa laguna, ay sea derivada de la conducta o de la
labor que la justifique. En este caso, al no ser válida la invocación de la causa de vencimiento de plazo del
contrato modal, tal situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este
acto deviene en lesivo del derecho constitucional al trabajo, al configurarse que la actora fue objeto de
despido incausado.
2.1.2 En el presente caso, la demandada invoca como causa de extinción el vinculo laboral del actor el
vencimiento del contrato conforme la Constatación Policial que se adjuntan causal que no le es
aplicable en virtud a que él estuvo sujeto a un contrato de trabajo de duración indeterminada,
evidenciándose con ello la invocación de una causal aparente, que se califica como inexistente o la ausencia
de una causa justa, a los que se agrega además inobservancia del procedimiento formal del despido
previsto en los artículos 31 y 32 de la LPCL incurriéndose con ello en la afectación al debido proceso,
derecho fundamental consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado por lo que
se configuro el despido incausado.
2.2 DE LA REPOSICIÓN EN SU EX PUESTO DE LABORES.
2.2.1 Si bien es cierto que la eficacia restitutoria frente al despido expresada en la reposición conforme a
la regulación legal contenida en la LPCL fue taxativamente establecida sólo para los supuestos de
nulidad del despido previstos en su artículo 29 también es cierto que la protección de los derechos
fundamentales como es el derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario, en
primer término le ha sido encargado a todo juez; en éste caso al juez de trabajo, como así se
desprende del fundamento 20) de la STC emitida en el expediente N° 206-2005-AA/TC; lo que además
fue reiterado y ratificado con el acuerdo adoptado en el Primer Pleno Jurisdiccional realizado por la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al determinar la procedencia de la Reposición
de los trabajadores, en la vía ordinaria laboral, además de los casos de nulidad de despido, en los casos
de trabajadores que fueron pasibles de despidos incausado o fraudulentos; lo que resulta demás
compatible con los previsto en el artículo 22 de la LPCL que establece que para el despido sujeto al
régimen de la actividad privada que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa
puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador.
2.2.2 En el presente caso, al haberse concluido que el actor fue pasible de despido incausado debe también
concluirse afirmando que la consecuencia jurídica es el derecho que le asiste para su reposición en su
mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar categoría.
2.3 DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL DESPIDO INCAUSADO.
2.3.1 DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (i) Que, son requisitos generales de la responsabilidad civil contractual, a los efectos de determinar si en
el caso de autos se han configurado los mismos. Así, según la doctrina prevalente nacional los
requisitos generales de la responsabilidad civil son la antijuricidad, el daño causado, la relación de
causalidad y los factores de atribución (En: «Responsabilidad Civil Extracontractual». Lizardo Taboada
Córdova: Curso a Distancia para Magistrados. Academia de la Magistratura. Lima, 2000. Páginas 17-
23).
(ii) La antijuricidad. Una conducta «es antijurídica cuando contraviene una norma prohibitiva, y cuando la
conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre
los cuales ha sido construido el sistema jurídico» (Ob. Cit. P.19). En el ámbito contractual se acepta
que la antijuricidad siempre es típica, pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación,
cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío o moroso.
En el caso de autos, ha quedado probado que en la relación habida entre la demandada y el actor fue
a plazo indeterminado, y, en consecuencia, la demandada sólo podía despedir al actor invocando
causa justa establecida en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que no
obstante, la demandada inobservó lo dispuesto por ley y despide al actor invocando una causal distinta
a la establecida como es vencimiento de contrato de trabajo sujeto a modalidad, lo que a
consideración de este juzgado configura una conducta antijurídica.
(iii) El daño, «constituye la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente
protegido por el ordenamiento jurídico» (ob. Cit.p.20).
Sobre la probanza del daño. La Corte Interamericana en su artículo 63.1 señala que () cuando decida
que hubo violación de un derecho o libertad protegido dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcado. Dispondrá asimismo si ello fuera procedente que se
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Precisando la Corte
Interamericana en el Caso Lagos VS. Perú. Sentencia del 31 de agosto de 2017 en su considerando
141 como un derecho o libertad protegido a la estabilidad laboral, dejando de lado interpretaciones
extensivas de otros derechos fundamentales que se hacían para su protección del derecho de trabajo.
En ese mismo sentido se ha pronunciado en sede nacional en la Casación N° 2084-2015 LIMA en sus
considerandos quinto y sexto que se pronuncia por el daño moral producido por el despido (...) Esa
categoría de daño es particularmente difícil e acreditar, debido a que las personas no expresan sus
sentimientos o emociones del mismo modo, siendo, inclusive, fácil para algunas personas simular
sufrimientos o lesiones, sin que existan en realidad. Además, en algunos casos, ocurre que
sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto. En tal sentido, ante la dificultad para probar el daño moral esta Sala suprema ha optado por
presumir (...) la existencia del mismo (....)”.
Posición que fue ratificada en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral, levado a
cabo en Chiclayo los días 13 y 14 de 2018, en que se acordó por mayoría que se debe presumir el
daño moral, pues el sólo hecho de ser despedido sin justificación merma el estado emocional y
psíquico del afectado, y en consecuencia, corresponde aplicar para fijarse el quantum indemnizatorio
el artículo 1332 del código civil. que acoge este juzgado.
En el caso sub examine, habiéndose probado que la demandada despidió al actor sin observar lo
dispuesto en la ley, en consecuencia, no queda duda que le corresponde el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.
(iv) Relación de causalidad, «relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el
daño producido a la víctima» (Ob. Cit. Pp.21). Siguiendo las ideas de Lizardo Taboada (obra citada
páginas 21 y 59 a 67), en relación a la relación de causalidad, el mismo se entiende en el sentido que
debe existir una relación de causa–efecto. Es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta
antijurídica del autor y el daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existirá responsabilidad
extracontractual y sucede lo mismo en el campo de la responsabilidad civil contractual, ya que el daño
causado al acreedor debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo
de la prestación debida por parte del deudor; la relación de causalidad es pues un requisito de la
responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como extracontractual. La diferencia reside en que
mientras en el campo extracontractual la relación de causalidad debe entenderse según el criterio de
la causa adecuada, en el ámbito contractual la misma debe entenderse bajo la óptica de la causa
inmediata y directa.
En el caso de autos, ese juzgado considera que habiendo quedado probado que la inobservancia de la
demandada de los dispositivos legales acerca del despido produjeron como consecuencia un despido
incausado. con lo cual queda demostrado el nexo de causalidad.
(v) Factores de atribución, «son aquellos que finalmente determinan la existencia de la responsabilidad
civil, una vez que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos
antes mencionados de la antijuricidad, daño producido y la relación de causalidad» (ídem. P.22).
conforme también señala el desaparecido Lizardo Taboada (obra citada página 22 y 81 a 86), son
aquellos que finalmente determinan la existencia de responsabilidad civil, una vez que se han
presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos de la antijuricidad, el daño
producido y la relación de causalidad. Sostiene este desparecido jurista que el factor de atribución en
la responsabilidad contractual es la culpa, clasificado en tres grados: la culpa leve, la culpa grave o
inexcusable y el dolo. Debiendo agregar, que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso hace que se presuman, conforme el artículo 1329 del Código Civil, la culpa es del
deudor, contrario sensu, cuando se alegue que la inejecución de la obligación o su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso fue doloso tiene que probarse. En el caso de autos, determinado el cumplimiento tardío de la obligación corresponde aplicar la
presunción uris tantum de que fue por culpa del deudor, y no existiendo prueba en contrario. Por lo
que este juzgado considera que el factor de atribución que ha concurrido es el de culpa grave o
inexcusable.
II.- DE LA INDEMNIZACIÓN:
(a) Daño Patrimonial.
(a.1) Lucro Cesante: Entendido como Las utilidades que deja percibir, con motivo de la misma inejecución,
corresponden al lucro cesante. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró
(artículo 1321 del Código Civil).
En el caso sub examine, Este juzgado considera que con motivo del despido el actor desde el
06.SET.2015 que se viene prolongando hasta el día de la entrega de la sentencia 17.12.2018, esto es
aproximadamente 3 años, 3 meses, se ve en una situación de desamparo acerca de su situación
laboral lo cual afectó sus condiciones de vida. Por lo que este despacho, considerando que este nuevo
pronunciamiento es por haberse declarado nula la primera sentencia al haber omitido indicar en aquel
entonces un monto por lucro cesante, estima con criterio de equidad que se otorgue la suma de S/.
45,000.00 Soles (teniendo como base referencia la remuneración que fue 1,481.00 conforme se
aprecia de las boletas de pago que se adjuntan como anexo 2-A de folio 27 a 29 y el hecho de
haberse declarado nula la sentencia por causa no imputable a las partes). Haciendo hincapié que la
suma que se manda a pagar es distinta a la que le correspondería percibir como pago de sus
remuneraciones devengadas como son las remuneraciones, gratificaciones de julio y diciembre,
compensación por tiempo de servicios y vacaciones, siendo el ingreso una suma referencial para
otorgar la indemnización.
(b) Daño Extrapatrimonial. Daño a la persona, está conformado por el daño psicosomático es aquel que
como su nombre lo pone en evidencia incide en algún aspecto de la unidad psicosomática
constitutiva del ser humano. Se pueden lesionar cualesquiera de los múltiples aspectos
que componen o integran esta inescindible unidad, ya sea que el daño afecte directa
y primariamente al (i) soma o cuerpo o que lesiones primaria y directamente a la (ii)
psique. (siendo éste último el que nos interesa).
(b.1) Daño psíquico también conocido como daño- consecuencia.- el déficit somático tiene repercursiones
que se expresan como: un daño emocional, pasajero, o transitorio, designado tradicionalmente como
daño moral. o pueden derivar de una enfermedad en una psicopatía. Precisa la Corte Interamericana que el daño moral o inmaterial "puede comprender tanto lo
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directos y a sus allegados y el menoscabo de
valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de la existencia de la víctima o su familia. En primer lugar, la Corte ha asociado el daño
moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, humillación, degradación y la inculcación
de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia.
En Mack Chang v. Guatemala por ejemplo, la Corte Ponderó las graves circunstancias del caso, así
como el agudo sufrimientos de la víctima y de sus familiares. La Corte entendido además que resulta
evidente que la víctima experimentó dolores corporales y sufrimientos antes de su muerte , lo que se
vio agravado por el ambiente de hostigamiento que vivía en esa época.
Igualmente, en Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, la Corte Interamericana consideró que "es
propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el desconocimiento de lo
sucedido a un hijo o hermano, máxime cuando se ve agravado por la impotencia ante la falta de
autoridades estatales para emprender una investigación diligente sobre lo sucedido.
Finalmente, debe destacarse que la Corte usualmente considera que la sentencia per se constituye
una forma de reparación del daño moral o inmaterial. Sin emb |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
7° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : MIRANDA MENDOZA, JESSICA VERONICA ROMYNA
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : GLORIA SA ,
DEMANDANTE : FIERRO CRUZ, LEONARD WILSON
RESOLUCIÓN NUMERO SIETE
Lima, diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.
Por recibidos en la fecha los presentes actuados provenientes de la Tercera Sala Laboral de
Lima, y atendiendo:
1. Mediante Resolución de Vista de fecha veinte de marzo del 2018, el Superior Jerárquico
Declara Nula la Sentencia N° 049-2017 de fecha 03 de febrero del 2017 que declara
fundada en parte la demanda y en consecuencia ordena que el Juez de la causa emita
nuevo pronunciamiento.
2. Al respecto, se tiene que con fecha 25 de enero del 2017 se realizó la Audiencia de
Juzgamiento emitiéndose así posteriormente la sentencia de autos (hoy declarada
nula).
3. Siendo así se debe continuar con la etapa pertinente del proceso la cual establece que
luego de llevado a cabo la audiencia de conciliación se debe citar a la audiencia de
juzgamiento conforme lo establece el artículo 44 de la Ley N° 29497 “La audiencia de
juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de
posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia…”.
4. Asimismo se tiene que la nueva ley procesal de trabajo destaca la importancia del
principio de inmediación y su relación con el diseño oral de un proceso por audiencias,
regulando expresamente en la parte pertinente del artículo 12, inciso 1) de la NLPT, que:
“Las audiencias son sustancialmente una debate oral de posiciones presididas por el
Juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en
cualquier momento”
En atención a lo expuesto se dispone:
(cid:1) CITAR a las partes a la diligencia judicial de AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE
JUZGAMIENTO para el día 15 DE AGOSTO DE 2018 A HORAS 12:45 (hora exacta), en la Sala de Audiencias N° 04 ubicada en el piso 17 del edificio Alzamora Valdez, ocasión
en la que las partes deben asistir personalmente o a través de sus apoderados debidamente
designados como tales.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la Juez que suscribe e Interviniendo la
especialista legal que da cuenta . - |
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TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
Señores:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.-
VISTOS:
En Audiencia Pública de la fecha; con la asistencia del demandante y su
Abogado José Andrés Palacios Romero; e interviniendo en calidad de ponente
la Señora Juez Superior Begazo Villegas;
ASUNTO:
Es materia de recurso de apelación la Sentencia N° 049-2017 contenida en la
Resolución N° 02 de fecha 03 de febrero de 2017 obrante de fojas 148 a 156,
que declara fundada en parte la demanda, que el demandante ha sido objeto de
un despido nulo, ordena se reponga al actor en su ex puesto de trabajo o en otro
de similar categoría, ordena que el demandado pague el lucro cesante, daño
moral, intereses legales, costas y costos;
AGRAVIOS:
Que, la demandada mediante escrito de apelación de fecha 15 de febrero de
2017, obrante de fojas 175 a 189, expresa los siguientes agravios:
a) La sentencia posee vicios de motivación, porque en la sentencia, no ha
analizado, que existió una causa real habilitante para la celebración del
contrato entre las partes, debido al incremento en los volúmenes de
producción, mayor número de presentaciones e ítems, requiriendo
personal adicional, generándose la necesidad de contratar un operador
de montacarga adicional;
b) Adolece de nulidad por cuanto no ha motivado la subordinación
existente entre las partes, ha desestimado medios de prueba,
desconociendo la causa objetiva de los mismos;
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
c) Que, el demandante no tiene derecho al pago de una indemnización por
daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral, pues el contrato
celebrado entre las partes tenía una fecha de vencimiento;
d) El lucro cesante que pretende el demandante es consecuencia del
término del contrato a plazo fijo y no ha sido cuantificado correctamente;
e) El daño moral, no le corresponde al no haber aportado medio probatorio
alguno, como Informe Psicológico, tratamiento con fármacos-
demandante;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, frente a la existencia de vicios sustanciales-aquellos que
distorsionan el orden jurídico y sus valores (orden público, seguridad jurídica,
certeza, justicia y equidad), cualquier órgano jurisdiccional por el sólo hecho de
serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha
sido acogido en el último párrafo del artículo 176º del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, entendida como aquella facultad de declarar una
nulidad aun cuando no haya sido solicitada;
SEGUNDO: Es de precisar que, el artículo 139° de la Constitución Política del
Estado enumera los Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional y su
inciso 5) considera como tal, la motivación escrita de las resoluciones en todas
las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
de hecho que la sustentan, excepto en las resoluciones de mero trámite;
principio éste que es fundamental, ya que constituye la forma como se explican
las razones del juzgador, con la correspondiente argumentación clara, lógica y
jurídica los fundamentos de hecho y derecho que la justifican; constituyendo
éste un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del
derecho a la tutela procesal efectiva;
TERCERO: Que, así el inciso 4° del artículo 122° del Código Procesal Civil,
señala que las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de los que se
decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos, bajo sanción de
nulidad;
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
CUARTO: Bajo ese contexto, es de advertirse en el presente caso, que el
demandante mediante escrito presentado con fecha 16 de octubre de 2015,
obrante de fojas 3 a 25, solicita se declare: a) la desnaturalización de sus
contratos de trabajo desde el 06 de setiembre de 2012 al 05 de setiembre de
2015; b) se disponga su reposición por despido incausado; c) se ordene el
pago de indemnización por daños y perjuicios en los conceptos de lucro
cesante y daño moral, así como el pago de los intereses, costas y costos; lo
que además coincide con las pretensiones materia de juicio, señaladas en el
Acta de Audiencia de Conciliación, cuya acta obra de fojas 143 a 144;
QUINTO: En ese sentido, en la presente causa, se verifica que el Juez se ha
pronunciado en la Sentencia, respecto a la desnaturalización de los contratos
sujetos a modalidad suscritos por las partes en el período del 6 de setiembre
de 2012 al 5 de setiembre de 2015, determinando que han sido
desnaturalizados y se han convertido en contratos de trabajo de duración
indeterminada, como se tiene del séptimo considerando de la sentencia;
también, se verifica que, en el octavo considerando de la mencionada
sentencia, el A quo concluye que el actor, fue pasible de despido incausado,
disponiendo el derecho a la reposición; así por último, si bien en el noveno
considerando de la sentencia, se pronuncia, respecto a la pretensión sobre
Indemnización por Daños y Perjuicios derivado del cese; sin embargo al
pronunciarse sobre el lucro cesante omite motivación respecto a su cuantía,
limitándose a expresar, en el punto 9.7: “el Lucro Cesante (…) comprende las
ganancias o ingresos dejados de percibir; (…), se liquidará en ejecución de
sentencia, una vez producida su reposición efectiva”; es decir en éste extremo,
la resolución apelada, carece de motivación, toda vez que no hace mención a
un monto dinerario por éste concepto de lucro cesante o cuales serían los
parámetros para que se establezca el monto de los mismos o como deba
liquidarse, incumpliendo de esta forma con las disposiciones contenidas en la
última parte del segundo párrafo del artículo 31° de la Ley N° 29497 – Nueva
Ley Procesal del Trabajo, que indica que si en la Sentencia”; “(…) la
prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar
indica en monto líquido; (…)”; de ésta forma se verifica que el Juez de la
causa, no ha motivado debidamente su resolución en dicho extremo;
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23411-2015-0-1801-JR-LA-07
SEXTO: En este sentido, al no haberse motivado la sentencia en cuanto al
monto del lucro cesante; se ha incurrido en vicios de nulidad insubsanables en
esta instancia, por el principio de pluralidad de instancias; debiendo emitirse
nuevo pronunciamiento cumpliendo los parámetros de una debida motivación de
las resoluciones judiciales;
SÉPTIMO: Por consiguiente, al contener la recurrida vicios de nulidad
insubsanables corresponde declarar la nulidad de la Sentencia, a efectos de
garantizar la existencia de un debido proceso y la correcta administración de
justicia, en atención al Principio de Doble Instancia contenido en el inciso 6 del
artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Por ello resulta acorde a
derecho anular la Sentencia materia de grado, ya que no se ha cumplido con los
fines del proceso, al carecer de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad.
Por estas consideraciones y con la autoridad que confiere la Constitución
Política del Perú;
SE RESUELVE:
DECLARAR NULA la Sentencia N° 049-2017 contenida en la Resolución N° 02
de fecha 03 de febrero de 2017 obrante de fojas 148 a 156, que declara fundada
en parte la demanda; en consecuencia, se ordena que el Juez de la causa
expida nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo señalado en la
presente resolución;
En los seguidos por LEONARD WILSON FIERRO CRUZ contra GLORIA S.A.;
sobre Desnaturalización de Contratos y otros; y los DEVOLVIERON al Séptimo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
4 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 23411–2015–0-1801-JR-LA-07
DEMANDANTE : LEONARDO WILSON FIERRO CRUZ
DEMANDADO : GLORIA SA
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO
JUEZ : MARCIAL CHAVEZ CORNEJO
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCÁRCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO TRES
Lima, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.
VISTO: Los escritos presentados por la demandada de fecha 06, 08 y 24 de febrero del 2017 téngase
presentes, al escrito del 09 de febrero del 2017 en el cual solicita copias certificadas de los actuados, se
ordena al asistente judicial que haga la entrega en fecha 02.03.2017, debiendo el actor apersonarse al
módulo laboral del piso 17, con el arancel correspondiente, para recabar las copias solicitadas. Asimismo
se da cuenta al escrito de apelación presentado por el demandado, ingresado con fecha 15 de febrero del
2017 y considerando:
PRIMERO: Con fecha 08 de febrero de 2017, se pone a conocimiento de las partes la sentencia N° 049-
2017 contenida en la resolución número dos expedida en los presentes actuados, la que declaro
fundada en parte la demanda.
SEGUNDO: Y conforme lo estipulado en el artículo 364° del Código Procesal Civil “El recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total
o parcialmente”.
TERCERO: Que, de la revisión del escrito presentado se advierte que este cumple con indicar los
fundamentos de su agravio, lo cual se encuentra concordado con lo establecido en el artículo 366° del
Código Proceso Civil y teniendo en cuenta que la resolución apelada pone fin al proceso, la apelación
debe concederse con efecto suspensivo de acuerdo a lo regulado en el artículo 371° del Código Procesal
Civil.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
• CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la demandada
GLORIA SA contra la sentencia N° 049-2017 de fecha 03 de febrero del 2017, en
consecuencia ELEVESE LOS ACTUADOS al superior en grado, a fin de que proceda
conforme a sus atribuciones. Avocándose al conocimiento del proceso el juez titular
que suscribe e interviniendo la especialista legal que da cuenta. |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO - NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
SENTENCIA : 049-2017
EXPEDIENTE : 23411-2015-0-1801-JR-LA-07.
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTRO.
JUEZ : CHAVEZ CORNEJO MARCIAL
ESPECIALISTA : KELLY CARQUIN OHAMA.
DEMANDANTE : LEONARD WILSON FIERRO CRUZ.
DEMANDADO : GLORIA SA.
RESOLUCION NÚMERO DOS.
Lima, 03 de febrero del 2017
VISTOS:
Resulta de autos que de folios 3 a 25 y de 47 a 53, LEONARD WILSON FIERRO CRUZ
interpone demanda contra GLORIA SA., solicitando la desnaturalización de los contratos de
trabajo sujeto a modalidad de incremento de actividad, se declare su despido incausado y
se le reponga en su ex centro de labores, se le pague indemnización por daños y
perjuicios, más intereses legales, con costas y costos del proceso. Señala que presto
servicios en favor de la demandada con contratos de trabajo sujeto a modalidad de
incremento de actividad del 06.09.2012 hasta el 05.09.2015. En relación con los contratos
de trabajo sujetos a modalidad de incremento de actividad, refiere que se desnaturalizaron
por no indicar la causa que justifica la contratación temporal; En relación con su despido,
refiere que fue sin invocar causa justa de d despido por lo que corresponde su reposición;
y, En relación a la indemnización por haberse producido el despido, refiere que comprende
el lucro cesante y el daño moral.
Calificada y admitida a trámite la demanda con arreglo a ley, se citó a las partes
a la Audiencia de Conciliación, la misma que no prosperó; razón por la cual se procedió
a precisar las pretensiones que eran materia de juicio; luego de lo cual se requirió a la
parte demandada GLORIA SA., su escrito de contestación, en el que niega que los
contratos de trabajo sujetos a modalidad de incremento de actividad se han
desnaturalizado, puesto que si se indicó la causa que justifica la contratación temporal, en
consecuencia, su despido fue por vencimiento de contrato, y, no cabe el pago de la
indemnización por daños y perjuicios.
La Audiencia de Juzgamiento, se llevó a cabo en el modo y forma que consta en la
grabación del audio y video respectivo, luego de la confrontación de posiciones, actuación
probatoria y de alegatos, respetando en toda la etapa el debido proceso y derecho de
defensa de las partes; procediendo el señor Juez a señalar fecha para hacer conocer a las
partes el fallo de su sentencia y proceder a su respectiva notificación; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, en su artículo 1º del
Título Preliminar, prescribe que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios
de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.
SEGUNDO.- Que, asimismo prevé en el Artículo III del Título Preliminar de la ley 29497,
sobre los fundamentos del proceso laboral que los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los
requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso,
observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En
particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la
persona con discapacidad.
TERCERO.- Que, conforme a lo establecido en el Art. 29° de la Ley N° 29497, en la que se
señala las Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes, en las que el juez
puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su
conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad
probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende
que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones
ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o
económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al
material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde
evasivamente.
CUARTO.- Que, conforme se establece en el Artículo 23.1 de la Ley 29497 la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales; que, asimismo, el artículo 197º del Código Procesal Civil (CPC), de aplicación
supletoria al caso de autos, señala que: “Todos los medios probatorios son valorados por el
juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución
sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su
decisión”. Asimismo, el artículo 188° del CPC, se colige que la finalidad de los medios
probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones; siendo así, es
admisible todo medio probatorio que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre
que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público a la moral o las
buenas costumbres.
QUINTO.- Que, el artículo 121º del Código Procesal Civil en el tercer párrafo establece
que mediante la sentencia, el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva,
pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida
declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación
procesal.
SEXTO.- DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES
6.1. Que, el actor y la demanda se vincularon con contratos de trabajo temporal por
incremento de las actividades existentes del 06.SET.2012 al 02.MAR.2013, conforme se
aprecia de la copia del contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de
folios 30),
6.2. Posteriormente, el actor y la demandada se vincularon con contratos de trabajo
temporal por incremento de las actividades existentes del 03.MAR.2013 al
02.SET.2013, en el cargo de Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia
del contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folios 31),
6.3. De ahí el actor y la demandada suscribieron contratos de trabajo temporal por
incremento de actividades existentes del 03.SET.2013 al 02.ABR.2014 en el cargo de
Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia del contrato que se adjunta al
escrito de ampliación de demanda (de folios 32 a 33). 6.4. El actor presto servicios en favor de la demandada con contrato individual de trabajo
temporal por incremento de las actividades existentes del 03.ABR.2014 al 02.OCT.2014
en el cargo de Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia del contrato que
se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folios 34 a 35).
6.5. El actor presto servicios en favor de la demandada con contrato individual de trabajo
temporal por incremento de las actividades existentes del 03.OCT.2014 al 02.ABR.2015
en el cargo de Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia del contrato que
se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folios 36 a 37).
6.6. Que, el actor presto servicios en favor de la demandada con Contrato Individual de
Trabajo Temporal por Incremento de actividades existentes del 03.ABR.2015 al
02.JUL.2015 en el cargo de Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia del
contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda, (de folios 38 a 39).
6.7. Que, el actor presto servicios en favor de la demandada con Contrato Individual de
Trabajo Temporal por Incremento de Actividades existentes del 03.JUL.2015 al
05.SET.2015 en el cargo de Operador de Montacarga, conforme se aprecia de la copia del
contrato que se adjunta al escrito de ampliación de demanda (de folios 40 a 41).
SÉTIMO.- DE LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL
06.SET.2012 AL 05.SET.2015, SUJETO A MODALIDAD POR INCREMENTO DE
ACTIVIDAD:
7.1. En el ámbito del régimen laboral privado; se impone la regla general de que los
contratos de trabajo son de duración indeterminada, conforme así lo previene el artículo 4°
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo, aprobado por Decreto Supremo 003-97-
TR, Ley de productividad y competitividad laboral – en adelante LPCL-.
7.2. Con carácter excepcional se permite la contratación temporal o de duración
determinada, y sólo cuando concurra alguna causa objetiva determinante de la
contratación temporal que esté prevista expresamente en la ley; como así lo señala el
artículo 72° de la LPCL, al señalar los requisitos formales de validez de los contratos
sujetos a modalidad los siguientes: 1) Que deben constar por escrito y por triplicado; 2)
Que debe consignarse en forma expresa su duración; 3) Que debe consignarse las causas
objetivas determinantes de la contratación temporal y las demás condiciones de la relación
laboral.
7.3. Según el artículo 57° de la LPCL; el contrato temporal por inicio de una nueva
actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de
una nueva actividad empresarial (…) Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de
la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos
o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes
dentro de la misma empresa.
7.4. Tal y como lo describe la norma los elementos objetivos para la contratación del
personal, bajo este tipo de contrato es que estemos frente a una empresa o entidad;
que se encuentre iniciando sus actividades o en su defecto está incrementando las
mismas; instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados (sucursales o
subsidiarias).
7.5. Vale decir que al margen de poder determinar si estamos frente a puestos de
naturaleza permanente o no, lo que es determinante es la actividad de la empresa, es decir
es por decisión empresarial, cuyo uno de sus sustentos es el incremento de actividades; tal
es así que en una empresa que se encuentre en el mercado por varios años pero decide ampliar sus actividades, también puede hacer uso de esta modalidad, para ello este nuevo
personal deberá de estar destinado principalmente a cubrir estas nuevas actividades. Tal es
así que podemos citar como ejemplo el caso de una empresa que se haya estado
dedicando solo al proceso de curtiembres; sin embargo más adelante desea dedicarse a la
elaboración de calzado o de carteras. En el presente caso aquellos trabajadores que se
incorporen al proceso de elaboración de calzado podrán tener un contrato por incremento
de actividad, de acuerdo a lo manifestado anteriormente.
7.6. Al respecto el Supremo Tribunal Constitucional en numerosas sentencias en forma
uniforme ha precisado la necesidad de que la causa objetiva determinante de la
contratación temporal debe ser mencionada en forma clara, precisa, concreta, identificando
o brindado la información real y total sobre el hecho o hechos que configuran la causal
invocada, en este caso el incremento de las actividades, sin que quede ningún margen de
duda; y que además tal causa sea demostrada y acreditada fehacientemente. Así se
desprende de las siguientes sentencias:
Sentencia recaída en el expediente N° 06165-2008-PA/TC (Caso Del
Rosario Paredes), ha señalado que:
FUNDAMENTOS:
5. En efecto, como se desprende de la cláusula segunda, el empleador ha
pretendido justificar la celebración de esa modalidad contractual señalando que se
acoge a la modalidad contractual de inicio o incremento de actividad? En atención
al incremento de sus actividades (...)?; sin embargo, esta es una afirmación
genérica, una mera mención del nomen iuris de la modalidad contractual, pero se
omite precisar en qué consiste el supuesto incremento de las actividades; se ha
utilizado, pues, una fórmula vacía, que en modo alguno puede servir de causa
objetiva justificante.
Sentencia recaída en el expediente N° 04025-2011-PA/TC, ha señalado
que:
FUNDAMENTOS:
8. En el contrato por incremento de actividades, de fojas 7, se ha obviado
especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal del
demandante, pues no se señala en forma clara y precisa qué actividad de la
emplazada ha sido incrementada para que se justifique su contratación temporal.
La referencia consignada en el texto de la cláusula segunda del referido contrato es
vaga y sólo menciona la existencia de un “periodo de incremento de carga
administrativa”, sin proporcionar información relevante que permita establecer que
en efecto existió una causa objetiva en el presente caso que podría justificar una
contratación modal y no una a plazo indeterminado. Además, por el contrario, se
contrata al actor para el servicio de limpieza. (La cursiva y negrita es nuestro)
Sentencia recaída en el expediente N° 03872-2010.AA/TC, ha señalado
que:
FUNDAMENTO:
4. A este respecto, en el contrato por incremento de actividades, de fojas 3, se ha
obviado especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación
temporal del demandante, es decir, que en dicho contrato la causa se encuentra
expresada de modo ambiguo. Así en la cláusula segunda se ha expresado que "con
el objeto de atender las necesidades de nuevo personal derivadas del incremento
de sus actividades referido en la cláusula primera, La Empresa" contrata bajo
modalidad al trabajador para que ocupe el Cargo de Técnico ejecutando las
funciones de Técnico de Almacén y Distribución Física. Asimismo, en la cláusula
primera se ha limitado a expresar que requiere contratar personal temporal “a fin
de atender el incremento de actividades producido del incremento de las actividades de la Dirección de Logística y Gestión inmobiliaria” (sic). A ello, la
emplazada en la contestación de la demanda, recién ha manifestado que la causa
objetiva que justificó la contratación del demandante es el incremento de
volúmenes de los equipos de un cliente de nuestra empresa, la Compañía
Telefónica Móviles SAC, lo que obligó a que las labores del área de Control de
Calidad del Centro de Distribución también se incrementen de manera considerable.
7.7. Compatible con lo anterior, el inciso d) artículo 77° de la LPCL, prescribe que los
contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada,
cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas
establecidas en la presente ley; es decir apariencia o defraudación en la utilización de dicha
modalidad contractual, cuando no se configura o no se demuestra la concurrencia de la
causa objetiva invocada.
7.8. De los Contratos Individuales de Trabajo temporal por incremento de actividades
existentes, que suscribe el empleador GLORIA SAC., y el trabajador (…) cláusula C.
Condiciones de Trabajo, Duración: 06.AGO.2012al 02.ABR.2014, Causas objetivas de la
Contratación: Debido al incremento en los volúmenes de producción, al mayor número de
presentaciones e ítems, se requiere personal adicional a fin de dar un mayor soporte a las
operaciones de almacén en el área de Logística. Status Laboral: Obrero, Puesto u
Ocupación: Operador.
7.9. En los Contratos Individual de Trabajo Temporal por incremento de actividades
existentes, que suscribe el empleador GLORIA SAC., y el trabajador, en su cláusula C.
Condiciones de Trabajo, Duración: 03.ABR.2014 al 02.JUL.2015, Causas objetivas de la
Contratación: Debido al incremento de las ventas ( 10% en leche Evaporada, 12.8% en
leche fresca, 11.5% en yogurt y quesos y 5.6% en jugos y bebidas ) y al mayor número de
líneas de producción, se requiere la contratación de personal adicional a fin de dar un
mayor soporte administrativo en relación a la recepción de materiales en coordinación con
lo proveedores en el área de almacenes.
7.10. En los Contratos Individual de Trabajo Temporal por incremento de actividades
existentes, que suscribe el empleador GLORIA SAC., y el trabajador, en su cláusula C.
Condiciones de Trabajo, Duración: 03.JUL.2014 al 05.SET.2015, Causas objetivas de la
Contratación: Debido a un incremento Debido al incremento de la producción que se ve
reflejado en el aumento de unidades producidas de 6.6.% en las áreas de condensería y
fábrica de envases y de 10.1% en las áreas de derivados lácteos, en el periodo 2014 con
relación al año anterior, lo que también ha requerido el incremento de los diferentes
servicios de soporte a la producción y administrativos en general, se requiere personal
adicional para cumplir con los objetivos comerciales del presente año. Status Laboral:
Obrero, Puesto u Ocupación: Operador.
7.8. De lo expuesto, se devela que en los primeros Contratos de Individuales de Trabajo
temporal por incremento de actividades existentes, la justificación de la contratación
temporal radica en el incremento en el mayor número de presentaciones e ítems, que no
obstante, no se precisa de qué modo se configura dichos incrementos, o en que
consistieron.
7.9. Además en los Posteriores Contratos Individuales de Trabajo Temporal por
Incremento de actividad existentes, la justificación que radica en el incremento de ventas y
producción no ha sido acreditada con medio de prueba idóneo como son los registro de
compras y ventas; guías de remisión; facturas y/o comprobantes de pago, según sea el
caso en su debida oportunidad.
7.10. Sin perjuicio de lo antes señalado debemos de indicar que los Contratos Individuales de Trabajo Temporal por Incremento de actividades existentes del 06.AGO.2012 al
05.SET.2015, es de 03 años y 01 mes, habiendo superado el plazo máximo de tres años.
7.11. Por las consideraciones señaladas ésta Judicatura concluye que los contratos de
trabajo sujetos a modalidad celebrados en el período del 06 de setiembre de 2012 al 05 de
setiembre de 2015entre la actora y la demandada fueron desnaturalizados, convirtiéndose
en contratos de trabajo de duración indeterminada.
OCTAVO.- DEL DESPIDO INCAUSADO Y REPOSICIÓN:
DESPIDO INCAUSADO
8.1. El despido incausado se configura de acuerdo con lo expuesto por el TC en el Proceso
de Llanos Huasco, expediente N° 976-2001-AA/TC, cuando “se despide al trabajador, ya
sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna, ya
sea derivada de la conducta o de la labor que la justifique”. En este caso, al no ser válida la
invocación de la causa de vencimiento del plazo del contrato modal; tal situación es
equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene en
lesivo del derecho constitucional al trabajo, al configurarse que la actora, fue objeto de
despido incausado.
8.2. En el presente caso, la demandada invoca como causa de extinción del vínculo laboral
del actor el vencimiento del plazo del contrato conforme la Constatación Policial que se
adjunta, causal que no les es aplicable en virtud a que él estuvo sujeto a un contrato de
trabajo de duración indeterminada, evidenciándose con ello la invocación de una causal
aparente, que se califica como inexistente o la ausencia de una causa justa, a lo que se
agrega además la inobservancia del procedimiento formal del despido previsto en los
artículos 31° y 32° de la LPCL, incurriéndose con ello en afectación al derecho al debido
proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución
Política del Estado; por lo que configuro el despido incausado.
REPOSICIÓN
8.3. Si bien es cierto que la eficacia restitutoria frente al despido expresada en la
reposición, conforme a la regulación legal contenida en la LPCL, fue taxativamente
establecida sólo para los supuestos de nulidad de despido previstos en su artículo 29°;
también es cierto que la protección de los derechos fundamentales como es el derecho al
trabajo y la protección adecuada contra el Despido Arbitrario, en primer término le ha sido
encargado a todo Juez; en éste caso al Juez de Trabajo, como así se desprende del
fundamento 20) de la STC emitida en el expediente N° 0206-2005-AA/TC ; lo que además
fue reiterado y ratificado con el acuerdo adoptado en el Primer Pleno Jurisdiccional
realizado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al
determinar la procedencia de la Reposición de los trabajadores, en la vía ordinaria laboral,
además de los casos de nulidad de despido; en los casos de los trabajadores que fueron
pasibles de despidos incausados o fraudulentos; lo que resulta además compatible con lo
previsto en el artículo 22° de la LPCL, que establece que para el despido de un trabajador
sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un
mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con
la conducta del trabajador.
8.4. En el presente caso, al haberse concluido que el actor, fue pasible de despido
incausado; debe también concluirse también afirmando que la consecuencia jurídica de tal
conclusión, es el derecho que le asiste para su reposición en su mismo puesto de trabajo o
en otro de igual o similar categoría. NOVENO.- DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR SU DESPIDO
INCAUSADO:
9.1. Son los requisitos generales de la responsabilidad civil, a los efectos de determinar si
en el caso de autos se evidencian los mismos. Según la doctrina prevalente nacional los
requisitos generales de la responsabilidad civil son la antijuricidad, el daño causado, la
relación de causalidad y los factores de atribución (En: «Responsabilidad Civil
Extracontractual». Lizardo Taboada Córdova: Curso a Distancia para Magistrados.
Academia de la Magistratura. Lima, 2000. Páginas 17-23).
9.2. La antijuricidad. Una conducta «es antijurídica cuando contraviene una norma
prohibitiva, y cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de
afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico»
(Taboada Córdova, Ob. Cit. P.19). En el ámbito contractual se acepta que la antijuricidad
siempre es típica, pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación,
cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío o moroso. El daño,
«constituye la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente
protegido por el ordenamiento jurídico» (Taboada Córdova, Ob. Cit.p.20). Relación de
causalidad, «relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño
producido a la víctima» (Ob. Cit. Pp.21). Factores de atribución, «son aquellos que
finalmente determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han
presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes
mencionados de la antijuricidad, daño producido y la relación de causalidad»(ídem. P.22).
9.3. En cuanto a la antijuricidad, en el presente caso, ha quedado acreditado que la
demandada despidió al actor cuando ya había adquirido estabilidad laboral. En
consecuencia no queda ninguna duda que el despido ocasionado al trabajador acarreó un
despido incausado, que lesiona el derecho constitucional al trabajo; es decir, afecta
principios y valores propios del sistema jurídico, con lo cual tal comportamiento deviene
ilícito, lo que configura la presencia del elemento de la antijuricidad. En atención a ello, se
configura la conducta típica prevista en el artículo 1321 del Código Civil.
9.4. En cuanto al daño, conviene señalar que el demandante celebró un contrato sujeto a
modalidad que le permitía tener expectativa en relación a su duración (12 meses);
implicando con ello la circunstancia de haber estado percibiendo un ingreso que le permitía
llevar una vida digna él y su familia, a tenor de lo previsto por el artículo 22 de la
Constitución, el mismo que establece que el trabajo es un deber y un derecho. Es base
del bienestar social y un medio de realización de la persona. Asimismo, con arreglo al
artículo 24 que señala que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y
suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. En tal
escenario, está acreditado en autos que el despido que sufrió el actor por parte de la
demandada sin invocar causa justa de despido fue incausado.
9.5. En cuanto a la relación de causalidad, siguiendo las ideas de Lizardo Taboada (obra
citada páginas 21 y 59 a 67), este requisito se encuentra presente en el sentido que debe
existir una relación de causa–efecto. Es decir, de antecedente-consecuencia entre la
conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima, pues de lo contrario no
existirá responsabilidad extracontractual y sucede lo mismo en el campo de la
responsabilidad civil contractual, ya que el daño causado al acreedor debe ser
consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación
debida por parte del deudor; la relación de causalidad es pues un requisito de la
responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como extracontractual. La diferencia
reside en que mientras en el campo extracontractual la relación de causalidad debe
entenderse según el criterio de la causa adecuada, en el ámbito contractual la misma debe
entenderse bajo la óptica de la causa inmediata y directa. A partir de lo discernido hasta este lugar, la decisión de privar al demandante de su fuente de ingresos (trabajo) a través
de la determinación de la demandada de cesarlo, evidencia la presencia de nexo causal
directo entre la conducta antijurídica y el daño ocasionado.
9.6. En relación con los factores de atribución, analizada la conducta de la demandada, la
misma se traduce en un actuar bajo el ámbito de una conducta dolosa, conforme al
artículo 1321° del Código Civil, pues dio término al contrato, sin invocar causa justa de
despido. En atención a estas circunstancias particulares del presente caso, esta judicatura
procede a fijar el monto indemnizatorio por daño moral pretendido por el actor.
9.7. El Lucro Cesante, relacionado con la responsabilidad contractual, comprende las
ganancias o ingresos dejados de percibir; lo que impone la necesidad de indicarse y
acreditarse fehacientemente, cual o cuales o en qué consisten aquellas ganancias o
ingresos presuntamente dejados de percibir. En el caso de autos el actor argumenta que el
lucro cesante se deriva del hecho de que repentinamente se vio privada de los ingresos
económicos correspondientes a su remuneración habitual y otros beneficios otorgados
automáticamente como consecuencia de sus servicios; los que jurídicamente se traducen
en el lucro cesante; es decir los ingresos dejados de percibir durante todo el período de
duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su reposición en el trabajo; daños que
deben ser resarcidos económicamente a título de indemnización; tal como así también lo
ha estimado el Tribunal Constitucional, en el que señala que las remuneraciones dejadas
de percibir tienen naturaleza indemnizatoria y que deben hacer valer en la vía
correspondiente; por lo que ésta Judicatura concluye que en éste caso queda acreditado
que la actora sufrió daños económicos y que le confieren el derecho a percibir la
indemnización que reclama correspondiente a título de lucro cesante y que se liquidará en
ejecución de sentencia, una vez producida su reposición efectiva.
9.8. El daño moral, según lo establece el artículo 1322 del Código Civil, cuando se hubiera
irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Este daño, como enseña Mosset
Iturraspe, «es un daño jurídico o sea un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es así
en la medida en que lesiona los bienes más precipuos de la persona humana, al alterar el
equilibrio de espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual, de homeostasis,
y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales
deben ser resarcidas». Más adelante precisa: «Y esa modificación disvaliosa del espíritu no
corresponde identificarla exclusivamente con el dolor ¬ el recordado pretium dolores-
porque pueden suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones
espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que,
por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido» (obra citada Tomo V El daño
Moral, páginas 53 y 54). O, como también enseña Espinoza: «el ‘ansia, la angustia, los
sufrimientos físicos o síquicos, etc.’ padecidos por la víctima, que tienen el carácter de
efímeros y no duraderos» (obra citada páginas 227 y 228).
9.9. Sobre este daño, a criterio del Juzgado, no es necesario que el demandante deba
probarlos con el acopio de una opinión sicológica. A juicio de esta Judicatura, el daño moral
se presume por el hecho de que el actor de un momento a otro deja de tener el estatus de
trabajador, que en el caso de autos permitía al actor válida y legítimamente proyectarse a
una año en que duraría el contrato celebrado; a partir de lo cual no es difícil concluir que
la resolución del mismo le generó angustia y afectación emocional. Por ello, centralmente
considera esta Judicatura que el daño moral se presentó por la afectación de su derecho
fundamental al trabajo, consagrado en la Constitución Política del Perú.
9.10. Por lo tanto, en el caso de autos, el Juzgado entiende que el cambio brusco de la
circunstancia de ser trabajador a no serlo, como es el caso del actor a quien se le despidió
de manera arbitraria, originó necesariamente una situación de angustia y ansia, por la
afectación de este derecho fundamental, la que es pasible de ser resarcida. En este orden, a los efectos de fijar el monto del resarcimiento el Juzgado, en observancia del artículo
1332 del Código Civil, fija con valoración equitativa fija por concepto de daño a la persona
y daño moral la suma de S/. 10,000.00 Nuevos Soles.
INTERESES:
Corresponde que a los beneficios económicos amparados se aplique el interés legal
previsto en el Decreto Ley 25920, el mismo que señala en su artículo 3 que: «el interés
legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de
aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea
necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de
la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño». En el presente caso
corresponde el pago de la indemnización por daños y perjuicios.
COSTAS Y COSTOS:
El pago de costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 413 y siguientes del
Código Procesal Civil, corresponde disponer que ejecución de sentencia se calcule este
derecho accesorio.
Por estos fundamentos y demás que fluyen de autos y administrando justicia a nombre de
la Nación, corresponde emitir el fallo respectivo.
DECISIÓN:
1.- DECLARO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por LEONARD WILSON
FIERRO CRUZ contra GLORIA SA., sobre desnaturalización de contratos sujetos a
modalidad por incremento de actividades ya existentes, reconociendo vínculo
laboral a plazo indeterminado,
2.- DECLARO que el demandante ha sido objeto por parte de la demandada de un
despido nulo.
3.- ORDENO que la demandada CUMPLA con reponer al actor en su ex puesto de
trabajo o en otro de similar categoría.
4.- ORDENO que la demandada CUMPLA con el pago del lucro cesante que se
liquidará en ejecución de sentencia
5.- ORDENO que la demandada CUMPLA con el pago de daño moral por la suma de
S/. 10,000.00 Nuevos Soles.
6.- ORDENO a la demandada CUMPLA con el pago de los intereses legales, con
costas y costos.
Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
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EXPEDIENTE N.º 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
SEÑORES:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
CÁRDENAS ALVARADO
Lima, diez de agosto del dos mil veinte.
VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa, de fecha 03 de agosto último, con la asistencia del
demandante y de su abogada Miriam Ramírez Aldivar, así como de la apoderada y
abogada: Sheila Ninayahuar Alejos, por la parte demandada; e interviniendo en calidad
de ponente el señor Juez Superior Cárdenas Alvarado.
ASUNTO:
Viene en grado de apelación: La Sentencia N.º 102-2019, contenida en la resolución N.º
Cinco, de fecha 30 de abril del 2019, obrante de folios 492 a 503, que declara: 1.-
INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por daño emergente; 2.-
FUNDADA en parte la demanda interpuesta en el extremo de lucro cesante y daño
moral; y que es corregida mediante la Resolución N° 06, de fecha 02 de mayo de 2019,
en el extremo que ORDENA que la demandada le pague al actor el importe total de
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 64/100 SOLES
(S/.739,119.64) por lucro cesante, daño moral e interés legal a diciembre de 2014 del
monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas y lucro cesante por interés del
monto indemnizatorio por compensación por tiempo de servicios no percibidos, más los
intereses legales, costas y costos del proceso que serán liquidados en ejecución de
sentencia; fallo que es impugnado por ambas partes conforme a sus recursos de
apelación que corren de folios 527 a 539 y de folios 541 a 545.
AGRAVIOS:
1.- La parte demandada en su recurso de apelación de fecha 08 de mayo de 2019,
señala como agravios:
i. El mandato de reposición en un proceso de amparo no es suficiente para imputar
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el pago de una indemnización por daños y perjuicios: la responsabilidad civil en
las relaciones laborales se sustenta en el incumplimiento de los deberes y cargas
que surgen del contrato de trabajo y de la Ley, siendo aplicable la inejecución de
obligaciones.
ii. El demandante interpuso una demanda de amparo y en el cual a través de dicho
proceso fue repuesto a la empresa, hecho que no resulta suficiente para
determinar la procedencia del pago de una indemnización por daños y perjuicios,
menos aún, si los efectos de la acción de amparo únicamente se agotan con el
otorgamiento de la tutela resarcitoria, es decir, con la reposición del demandante;
por tanto, la sentencia ha incurrido en un error al sustentar su decisión
únicamente en el despido del demandante y su posterior reposición, pues no es
suficiente para que se obligue a la empresa a cumplir con el pago de una
indemnización por daños y perjuicios.
iii. La indemnización por responsabilidad civil exige que el daño invocado sea
acreditado por la víctima, sin embargo la sentencia incurre en error al amparar la
indemnización por daño moral y al determinar su cuantía, pues no ha sustentado
su decisión en medio probatorio alguno que acredite el daño moral alegado por el
demandante, pues sólo se ha sostenido que la sola existencia de un despido
arbitrario supone la existencia de daños emocionales que resultan ser
susceptibles de indemnización, omitiendo respecto a la carga de la prueba que
tiene el demandante de forma cierta la existencia y cuantía de los mismos.
iv. Además que, a lo largo del proceso el demandante no ha ofrecido ningún informe
psicológico o psiquiátrico que acredite su afectación emocional o de sus
familiares como consecuencia del despido efectuado por la empresa a efectos de
generar convicción respecto al daño moral reclamado, no obstante el Juzgado ha
efectuado el cálculo de la indemnización por daño moral sobre la base de lo
dispuesto en el artículo 76° del Decreto Supremo N° 003-97-TR que regula el
supuesto de indemnización de despido arbitrario.
v. La sentencia incurre en error al efectuar el cálculo de la indemnización por lucro
cesante reclamada por el demandante en el presente proceso: el Juzgado ha
resuelto ordenar el pago del monto correspondiente a la indemnización por lucro
cesante reclamada por el demandante en atención a la suma de S/.3,109.88
Soles percibidos como remuneración total en el mes de
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agosto de 1999, sin embargo, dicho monto no coincide directamente como la
suma neta ni bruta de lo percibido por el actor en el mes de agosto de 1999; así
también el Juzgado ha considerado los incrementos remunerativos establecidos
en los convenios colectivos de los años 2000 y 2006 indicando que resultan ser
materia de lucro cesante; sin embargo, no corresponde la inclusión de dichos
incrementos remunerativos en el cálculo de la indemnización por lucro cesante,
pues no se ha realizado un análisis respecto de las condiciones a las que se
encontró sujeto su otorgamiento durante el periodo de vigencia de los referidos
convenios colectivos y porque no son materia de reclamo por parte del
demandante en este caso.
vi. La cuantía sentenciada por el Juzgado como indemnización por lucro cesante
resulta ser errada, pues utiliza como base de cálculo un monto que no se condice
con lo percibido por el demandante por concepto de remuneración neta o bruta,
sin llevar a cabo los descuentos correspondientes a cargas sociales, peor aún,
incluye conceptos económicos cuya percepción no se encuentra debidamente
acreditada.
vii. Respecto al lucro cesante por el interés legal a diciembre de 2014 del monto
indemnizatorio por remuneraciones no percibidas (S/.395,276.56 Soles), así como
lucro cesante por interés del monto indemnizatorio por compensación por tiempo
de servicios no percibida (S/.306,485.59 Soles): no habiéndose demostrado
fehacientemente que el demandante le pudiera corresponder una indemnización
por lucro cesante y daño moral, el Juzgado yerra otorgando sumas de dinero con
liquidaciones antojadizas y fuera de lo que establece la Ley.
2.- La parte demandante en su recurso de apelación de fecha 08 de mayo de 2019
señala los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de lucro cesante por participación de utilidades no percibida: de
no haber mediado el despido, el trabajador hubiese laborado regularmente y
hubiese obtenido su participación de utilidades, lo que hoy constituye un lucro
cesante derivado del despido antijurídico, por lo que se solicita que se revoque el
extremo que declara infundado el resarcimiento del lucro cesante por
participación de utilidades no percibidas y ordene el monto solicitado en la
demanda no menor de S/.169,410.43 Soles y sus respectivos intereses desde el
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momento que se produjo el daño.
ii. Respecto al daño moral: la sentencia establece la suma de S/.37,357.49 Soles,
monto que no refleja una apreciación objetiva de las circunstancias ni de la
magnitud del padecimiento a que se vio sometido el trabajador debido a la acción
ilegal de la empresa, pues una adecuada evaluación del daño moral ocasionado
al actor deberá considerar no sólo el padecimiento que produjo el acto del
despido sino también el largo periodo que duro como 7 años, siendo los dos
procesos que inicio y afrontó el trabajador con los gastos, angustias e
incertidumbres derivados de ello, entre sus varios intentos por lograr que la
empresa reconozca la deuda que mantiene con él, y más adversidades causaron
un sufrimiento constante al demandante y su familia, además de la concerniente
afectación a su proyecto de vida, lo que en parte está reflejado en el video del
programa periodístico ofrecido como prueba, por lo que solicita se aplique el
monto solicitado en la demanda.
iii. Respecto a los costos procesales: la sentencia ha fijado los costos procesales en
15%, siendo que el actor fijó con su abogada el monto del 20% como honorarios
profesionales por la presente causa conforme al contrato que adjunta al presente,
porcentaje que es el promedio del mercado para los casos cuota Litis, máxime si
se trata de procesos de gran complejidad como el presente; por tanto, el actor
debe ser reintegrado en estos costos procesales por la demandada;
iv. La sentencia desestima aspectos esenciales de la pretensión del trabajador
afectándolo económicamente impidiendo un resarcimiento en justicia debido a un
despido injustificado que duró 7 años y que le ocasionó grave perjuicio moral y
económico.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370° in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum apellatum quantum devolutum”, en virtud de la cual, la apelación la
competencia del Superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde
a este órgano jurisdiccional circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión
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de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia.
SEGUNDO. 2.1 En la Audiencia de Conciliación llevada a cabo con fecha 19 de abril del
2016, que corre de folios 249/249 vuelta, se establecieron las siguientes pretensiones materia
de juicio:
Primera pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/.1,336,227.27 Soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios;
Lucro Cesante por sueldos no percibidos desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante por interés legal a diciembre 2014;
Montos por sueldos no percibidos;
Lucro Cesante por compensación por tiempo de servicios desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante de diciembre 2014 por compensación por tiempo de servicios no percibidos;
Lucro Cesante por participación de utilidades desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante por interés legal de diciembre 2014 por indemnización por participación de
utilidades no percibidas;
Daño emergente y daño moral;
Segunda pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos.
TERCERO: Absolución del i), ii), y iii) agravio de la parte demandada, referidos a la
indemnización por daños y perjuicios:
3.1 Es de indicar que, según la responsabilidad laboral, se obliga al causante del daño (que
puede ser el empleador) a repararlo, siempre que se demuestre la concurrencia de los
elementos de la responsabilidad indemnizatoria; de manera que, el hecho de que, la
víctima (trabajador) pueda o no obtener el pago de sus beneficios sociales, no excluye, en
absoluto la posibilidad de obtener la indemnización por los daños que hubiera sufrido al
amparo de las normas civiles, así como tampoco impide que sea la Judicatura Laboral, la
competente para conocer ella, en razón a que el hecho determinante de la responsabilidad
del empleador (incumplimiento de obligaciones laborales), no puede ser apartado del
contrato de trabajo o de la rama social del Derecho Laboral; por tanto, está en mejor aptitud
de conocer con detalle y precisión los temas vinculados al incumplimiento de obligaciones
laborales.
3.2 De fojas 8 a 13, corre la sentencia, de fecha 30 de enero de 2006, emitido en el
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Expediente N.º 53852-2003, por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima,
declarando Fundada la demanda de proceso de amparo interpuesto por el Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, a favor del demandante y un grupo de
trabajadores, disponiéndose: “(…) que Telefónica del Perú deberá: Reincorporar a los
trabajadores Francisco Huamán Choque, Hernán Pastor Flores Diestro, Félix Ricardo
Reyes Capuñay, Ángel Fernando Aquije Soto, Víctor José García Machiavello, Jorge
Beltrán Cienfuegos a sus puestos de trabajo. Consentida o ejecutoriada que sea la
presente Sentencia. Archívense los presentes autos.”; fallo que es confirmado por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, conforme consta de la
sentencia de vista, de fecha 13 de julio de 2006, que obra de folios 15 a 18/18 vuelta; de
lo que, se advierte que, es a través de dicho proceso de amparo que se le repuso tanto al
demandante como a otros 5 trabajadores a su centro de trabajo, en el cargo que venía
desempeñando a la fecha en que se produjo el cese, acto que se corrobora con el Acta
de Reposición de fecha 19 de diciembre de 2006, que consta a folios 19 de autos.
3.2. Con tales presupuestos, cabe el análisis de la indemnización reclamada, así lo
peticionado debe ser analizado dentro del ámbito de la responsabilidad laboral
contractual, que incluye el concepto demandado de: lucro cesante conforme a los
artículos 1321° y 1322° del Código Civil, de aplica ción supletoria al presente caso, esto
es, el resarcimiento por la inejecución de la obligación en el pago del haber del actor,
durante el período que estuvo cesado, en tal contexto debe señalarse que son
presupuestos de la responsabilidad Civil la existencia: 1) daño, 2) antijuricidad, 3) relación
causal, y finalmente 4) el factor atributivo de responsabilidad civil.
3.3. En ese contexto, es de indicar que el daño jurídicamente indemnizable, es toda
lesión o interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o
extrapatrimonial, en ese sentido, los daños ocurrentes también en tales contextos; así se
consideran como patrimoniales los que agravien los derechos patrimoniales, y serán de
índole extrapatrimonial los agravios a derechos que tengan tal naturaleza, es el caso de
los sentimientos considerados socialmente dignos y legítimos, como tal envueltos de
tutela, siendo que su agresión genera el llamado daño moral, en el mismo supuesto de
daño, tenemos la agresión dirigida contra la integridad física, sicológica y al proyecto de
vida de la persona, lo que genera los daños extrapatrimoniales, pues los bienes jurídicos
están protegidos por derechos de igual naturaleza.
3.4. En igual medida para el presupuesto de la relación de causalidad debe existir
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relación de causa efecto (antecedente consecuente), entre la conducta de la demandada
y el daño causado, elemento que determina la responsabilidad y su obligación de
Indemnizarlo. En cuanto a los Factores de atribución, pueden darse de modo subjetivo
y objetivo, expresándose en diversa forma ya se trate de responsabilidad contractual o
extracontractual.
3.5. En tal sentido, aplicando el correlato normativo a los hechos, se aprecia de folios 08
a 19, las copias de los actuados respecto del proceso de amparo en las instancias
judiciales, que el actor y sus 5 compañeros de trabajo interpusieron proceso de amparo
con los que, se acredita que, el demandante fue despedido de su trabajo sin causa justa
derivada de su conducta o de su desempeño laboral que justificará el despido, de lo que,
se denota el incumplimiento de la demandada de las obligaciones nacidas de toda
relación contractual laboral y de las normas fundamentales y especiales, protectoras
dictadas en ese sentido, siendo la consecuencia directa del hecho infractor, el dejar de
percibir determinados ingresos o ganancias que tiene carácter alimentario; por tanto, ha
sido acreditado el carácter antijurídico de la conducta asumida por la demandada,
conforme ha sido declarado en la sentencia antes mencionada, generándose con ello la
obligación de resarcir los posibles perjuicios ocasionados, que han tenido su origen en la
conducta antijurídica de la demandada, contraria a la Constitución Política del Estado y la
Ley.
3.6. De lo expuesto en los considerandos precedentes, se advierte que, el origen de la
pretensión del actor materializado en el presente proceso, es consecuencia de la
demanda de amparo, cuya finalidad esencial es la protección efectiva de los derechos
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 200°,
numeral 2) de la Constitución Política del Estado1; por ende, el restablecimiento de la
situación anterior en el caso que nos ocupa implica no solamente la readmisión del actor
a su puesto de trabajo, sino adicionalmente la reparación de las consecuencias que la
afectación a un derecho constitucional produjo, esto es, la plena restitución.
1
Artículo 200° de la Constitución, numeral 2, sostiene que: procede el Amparo, contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales, con excepción de
aquellos derechos que son protegidos por el habeas corpus y el habeas data.
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3.7. A efectos de esclarecer los hechos, se debe recurrir a las fuentes del derecho, dentro
de las cuales está la Jurisprudencia expedida por organismos supra nacionales como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que manifestó en el caso Aguirre Roca,
Rey Terry y Revoredo Marsano versus Perú, en la sentencia del 31 de enero de 2001, en
su considerando 121, lo siguiente: “Esta Corte ha manifestado, en relación al daño
material en el supuesto de víctimas sobrevivientes, que el cálculo de la indemnización
debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que éstas permanecieron sin
trabajar (68). La Corte considera que dicho criterio es aplicable en el presente caso (69),
y para tal efecto dispone que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los
salarios caídos y demás derechos laborales que correspondan a los magistrados
destituidos, de acuerdo con su legislación. Asimismo, el Estado deberá compensar a los
funcionarios por todo otro daño que éstos acrediten debidamente y que sean
consecuencia de las violaciones declaradas en la presente sentencia. El Estado deberá
proceder a fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios
respectivos, a fin de que las víctimas los reciban en el plazo más breve posible” (sic).
3.8. El Tribunal Constitucional respecto a la indemnización por daños y perjuicios ha
señalado que dicha pretensión tiene naturaleza resarcitoria, conforme ha venido
indicando en su senda jurisprudencia (STC N° 6429-2007-AA, N° 3947-2010-AA, 50-
2011-AA, entre otras); por tanto, delimitado el marco conceptual de la responsabilidad de
la demandada, cabe señalar que, si le corresponde al actor el pago de la indemnización
por daños y perjuicios derivado por el periodo en que estuvo ilegalmente despedido, dado
que, al accionante se le ocasionó un perjuicio material de naturaleza económica, al
haberse frustrado sus expectativas de percibir los haberes que le correspondían,
perjudicando su propia subsistencia y la de su familia, por lo que corresponde amparar la
demanda, respecto a los daños acreditados, como parte del resarcimiento al derecho
conculcado a la accionante, toda vez que, se ha advertido la entidad del daño causado, la
relación causal, y los factores de atribución, cuyos montos indemnizatorios serán
analizados más adelante; por tales fundamentos, corresponde desestimar el i), ii) y iii)
agravio, expresados por la parte demandada.
CUARTO: Con relación al v), vi) y vii) agravio de la parte demandada, y al i) agravio
del demandante, referidos al lucro cesante:
4.1 Es de señalar que el lucro cesante está constituido jurídicamente por la renta o
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ganancia frustrada o dejada de percibir por la demandante como consecuencia de los
ingresos remunerativos dejados de percibir. Para efectos de lo vertido es menester
señalar la parte pertinente del Noveno considerando de la Casación Laboral N° 16708-
2014-Arequipa, Indemnización por daños y perjuicios – Proceso Ordinario - NLPT señala:
“…Es así que han quiparado el lucro cesante como remuneraciones devengadas,
efectuando en ambas instancias las cuantificaciones y cálculos correspondientes a las
remuneraciones y gratificaciones, sin tener en cuenta que tienen una naturaleza jurídica
distinta, pues mientras la primera, es una forma de daño patrimonial que consiste en la
pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica como consecuencia del
daño; el segundo son las remuneraciones que el trabajador no pudo cobrar por falta de
contraprestación efectiva de trabajo, cuya naturaleza es retributiva y no indemnizatoria a
diferencia del primero, conceptos que son diferentes, y por ende el quantum debe
establecerse, teniendo en cuenta los criterios que establece el Código Civil, y en su caso
observar la aplicación del artículo 1332° del referido cuerpo normativo.” (Lo resaltado es
agregado); asimismo el Décimo considerando recaído en la CAS. N° 2677- 2012- Lima,
de fecha 12 de noviembre del 20132 dejó precisado: “Que, en ese sentido, este Tribunal
Supremo concluye señalando: (i) que el despido arbitrario efectuado en contra del
demandante le ocasionó daño patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, dado que
hubo una “falta de ingresos de determinados bienes o derechos al patrimonio de la
víctima”, quien se vio privado de beneficios que hubiera obtenido de haber continuado
laborando para la recurrente; (ii) que el pago del lucro cesante no puede asimilarse a las
remuneraciones no canceladas, pues ello constituiría enriquecimiento indebido y pago
por labor no efectuada; (iii) que siendo ello así es posible acudir a lo dispuesto en el
artículo 1332 del Código Civil (dispositivo que ha sido expresamente ignorado por la Sala
Superior), norma que expresamente refiere que si el resarcimiento del daño no pudiera
ser probado en su monto, el juez deberá fijarlo con valoración equitativa; (iv) que dicha
valoración equitativa no entraña una decisión arbitraria e inmotivada, pues ello repugna
nuestro ordenamiento constitucional, por lo que debe ser necesariamente justificada,
utilizando para ello algunos parámetros que le permitan arribar a una decisión que
permita restablecer, en lo posible, la situación a los límites anteriores al daño,
2 www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/ar.../CAS2-220714.docx.
9 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
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EXPEDIENTE N.º 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
confrontado ello con los hechos sucedidos; y, (v) que ello, precisamente, ha ocurrido en
la sentencia de primera instancia cuando utiliza como término de cuantificación la
remuneración mínima vital al momento del despido, que representa una cantidad
proporcional entre lo que se ganaba y lo que se dejó de percibir.” (Lo resaltado es
agregado);
4.2 El concepto de lucro cesante o lucrum cessans, está constituido jurídicamente por
la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir por el accionante como consecuencia
de los ingresos remunerativos dejados de percibir, en virtud al cese ilegal ocasionado por
la parte demandada, por lo que se le ha perjudicado en la percepción de sus ingresos
económicos desde el 16 de setiembre de 1999 en que fue despedido de manera
injustificada, y como tal ha sido detallado en la sentencia N° 47-2020, de fecha 24 de
mayo de 2010, que corre de folios 24 a 36, sobre el proceso interpuesto por el accionante
sobre pago de remuneraciones devengadas contra la emplazada Telefónica del Perú
A.A.A.
4.3. En cuanto al agravio de la parte demandada, referente al lucro cesante del
interés legal del monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas, así como
el lucro cesante por intereses del monto indemnizatorio por compensación por
tiempo de servicios no percibida, debe precisarse que, si bien el Juzgado ha
mencionado en el décimo sétimo considerando de la sentencia recurrida lo establecido
por el artículo 1985° del Código Civil, resaltando que: “(…) El monto de la indemnización
devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”; sin embargo, la
determinación del pago de intereses legales se determina en la etapa de ejecución de
sentencia.
4.4. Por otro lado, en cuanto a lo solicitado por el accionante respecto al lucro cesante
por el interés legal a diciembre de 2014 del monto indemnizatorio por remuneraciones no
percibidas, así como el lucro cesante por intereses del monto indemnizatorio por la
compensación por tiempo de servicios no percibidas, conceptos amparados por el
Juzgado en la sentencia apelada, sin embargo, es importante para éstos casos tener
presente que el lucro cesante y las remuneraciones no percibidas tienen naturaleza
jurídica distinta, pues como se ha citado anteriormente el lucro cesante: es una forma de
daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima y tiene naturaleza
indemnizatoria; mientras que en las remuneraciones no percibidas, ha sido en los casos
que el trabajador no pudo cobrar por falta de contraprestación efectiva de trabajo y
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EXPEDIENTE N.º 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
porque además tiene naturaleza retributiva y no indemnizatoria a diferencia del lucro
cesante.
4.5. Tal es así que, de fojas 24 a 48, corren las sentencias emitidas en el proceso
interpuesto por el mismo demandante contra la emplazada sobre pago de
remuneraciones devengadas y otros beneficios económicos, siendo amparada la
sentencia del Décimo Sétimo Juzgado Laboral de Lima mediante sentencia de fecha 24
de mayo de 2010, y revocada mediante sentencia de vista de fecha 15 de agosto de 2011
emitida por la Primera Sala Laboral de Lima, por tanto, es en dicho proceso en que se
desestimó su derecho de pago de remuneraciones devengadas, en consecuencia, no
correspondería ahora en este proceso de indemnización por daños y perjuicios
determinar un pago por lucro cesante del interés legal del monto indemnizatorio por
remuneraciones no percibidas, así como por lucro cesante por intereses del monto
indemnizatorio por compensación por tiempo de servicios no percibida por derivarse de
pretensiones de beneficios sociales, los mismos que en su oportunidad fueron
rechazados; motivos por los cuales el vii) agravio de la parte demandada deben ser
estimado.
4.6. En cuanto al i) agravio de la parte demandante, referido al lucro cesante por
participación de utilidades, debe precisarse que, el Decreto Legislativo N.º 892, que
regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, contempla en su
Artículo 2° lo siguiente: “Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución
por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Respecto al
porcentaje y distribución el mismo artículo 2° establece lo siguiente: a) 50% será
distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal
los días real (*) NOTA SPIJ y efectivamente trabajados. Para este efecto, se consideran
como días laborados los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora.”.
4.7. Por consiguiente, siendo requisito para el otorgamiento del pago de utilidades lo
establecido por el literal a) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, es decir, lo
referido al cómputo y cálculo del número de días reales y efectivamente trabajados, sin
embargo, en el presente caso no se ha dado, por el periodo en el cual el demandante no
ha laborado para la emplazada, por haberse encontrado cesado arbitrariamente; siendo
así, es que no correspondería que se incluya el concepto de utilidades como pago
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indemnizatorio por lucro cesante, en consecuencia, el i) agravio del demandante no
resulta estimable.
4.8. No obstante lo antes expuesto, habiéndose acreditado que actor fue cesado de
manera ilegal por la demandada, por lo que se le ha perjudicado en la percepción de sus
ingresos económicos desde el 16 de setiembre de 1999 en que fue despedido de manera
injustificada, y como tal ha sido detallado en la sentencia N° 47-2020, de fecha 24 de
mayo de 2010, que corre de folios 24 a 36, corresponde señalar que, conforme al mérito
de la boleta de pago del 24 de agosto de 1999 (antes de la fecha del cese) que consta a
folios 109, es que se debe tener como un indicador referencial para determinar el monto
por lucro cesante, toda vez que, para este tipo de pretensiones el quantum
indemnizatorio por este concepto debe ser calculado en virtud a lo estipulado por el
artículo 1332° del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en
su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.” (El resaltado es
agregado).
4.9 Por tanto, teniendo en cuenta el periodo que ha dejado de percibir sus
remuneraciones desde la fecha de su despido ocurrido el 16 de setiembre de 1999
hasta el 19 de diciembre de 2006, fecha en que fue repuesto conforme al Acta de
Reposición que consta a folios 19; además el actor percibía una remuneración básica
mensual de S/. 2,842.94 Soles conforme se advierte de la boleta de pago del mes de
agosto de 1999 que corre a fojas 109, tomándose en cuenta el periodo de 7 años, 3
meses y 3 días (87 meses), que estuvo privado de sus remuneraciones por el trabajo que
desempeñaba como Técnico III; en consecuencia, de conformidad con los fundamentos
que anteceden, éste Colegiado estima pertinente que el monto indemnizatorio por lucro
cesante, prudencialmente debe fijarse en la suma de S/.200,000.00 (DOSCIENTOS MIL
CON 00/100 SOLES), de conformidad con el precepto normativo mencionado
previamente; siendo así, corresponde estimar en parte el v) y vi) agravio expuesto por
la demandada, modificándose éste extremo de la sentencia apelada.
QUINTO: Respecto al iv) agravio de la parte demandada y el ii) agravio de la parte
demandante, referidos al quantum indemnizatorio del daño moral:
5.1 Respecto al daño moral a que se refiere el artículo 1322° del Código Civil, comprende
aquellas lesiones generadas en el campo de la afectividad o sentimientos del
perjudicado, para lo cual se debe considerar que la actora pasó a la situación de
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desempleado en forma intempestiva y tal circunstancia produce una afectación y grado
de inseguridad que debe ser resarcido.
5.2. Es menester señalar la Jurisprudencia establecida en la Casación N° 949-953, como:
“(…) El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que
permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido, el mismo que puede
producirse en uno o varios actos; en cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una
pérdida pecuniaria y una afectación espiritual. El legislador nacional ha optado por la
reparación económica del daño moral, el que es cuantificables patrimonialmente y su
resarcimiento, atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil (reparatoria,
disuasiva y sancionatoria), debe efectuarse mediante el pago de un monto dinerario o
en su defecto a través de otr |
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EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RAZON DE ESPECIALISTA LEGAL DE TRAMITE
SSEEÑÑOORRAA JJUUEEZZ::
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha debido a que los autos se
encontraban en despacho por un pedido de integración de sentencia, asimismo por las
recargadas labores que soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene a su cargo dos
secretarias de trámite de los juzgados (7° y 8°) teniendo como funciones proyectar
resoluciones entre autos y decretos y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ
tradicional para los expedientes físicos y así como proyectar resoluciones entre autos y
decretos en la Bandeja Electrónica de Expedientes Electrónicos-EJE- para los
expedientes electrónicos., dar cuenta de cedulas devueltas, otorgar poder por acta,
proyectar oficios para elevar expedientes al Superior Jerárquico, atender al público,
compaginar escritos, solicitar expedientes al archivo modular, entre otras funciones. Lo
que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Lima, 10 de julio del 2019
RESOLUCIÓN NÚMERO 07
Lima, diez de julio del dos mil diecinueve .
Con la razón que antecede: Téngase presente; Dando cuenta al escrito del 08-05-2019 y
escrito de fecha 05-06-2019 presentado por la parte demandante: Agréguese a los autos
el arancel que adjunta la parte demandante y Atendiendo:
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, con el arancel que adjunta, la parte demandante
interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada
en parte la demanda, la misma que es integrada mediante resolución seis de autos.
FUNDAMENTOS 1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el
día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria,
debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación,
requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne
los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN
(cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDANTE contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada en
parte la demanda e integrada mediante resolución seis de autos, la misma que se
concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala
Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con la debida nota de atención .-
Dando cuenta al escrito del 08-05-2019 y escrito de fecha 05-06-2019 presentado por la
parte demandada
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, con el arancel que adjunta, la parte demandada
interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada
en parte la demanda, la misma que es integrada mediante resolución seis de autos.
FUNDAMENTOS
2. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
3. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el
día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
4. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria,
debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación,
requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
5. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne
los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN
(cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDADA contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada en
parte la demanda e integrada mediante resolución seis de autos, la misma que se
concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala
Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con la debida nota de atención .-
Interviniendo la especialista legal que da cuenta por mandato superior
Notifíquese. - |
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Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 410-1818
EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : ALTAMIRANO MARTINEZ, CARLA
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, 02 de mayo del 2019.
DE OFICIO: Autos y vistos:
PRIMERO: Que, de la revisión de los actuados se aprecia la sentencia (resolución N°
05) de fecha 30 de abril del 2019, en la cual se resolvió declarar fundada en parte la
demanda, existiendo un error en la parte resolutiva de la sentencia en el monto
ordenado a pagar por la demandada a favor del actor.
SEGUNDO: Que, el Art. 407º del Código Procesal Civil señala que: "Antes que la
resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno,
corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos
pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución". (Lo subrayado es del
Juzgado). Por lo que dicho artículo otorga al Juzgador la facultad de corregir cualquier
error, mecanográfico numérico y completar una resolución respecto de puntos
controvertidos no resueltos siempre y cuando no modifiquen su contenido sustancial
de decisión.
CUARTO.- En virtud del artículo 407º del Código Procesal Civil, ésta judicatura
procede a corregir la sentencia aludida en la parte resolutiva de la misma, debiendo
ENTENDERSE así en dicho punto:
ORDENAR que la demandada le pague al actor el importe total de
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON
64/100 SOLES (S/ 739,119.64); por lucro cesante, daño moral e interés legal a
diciembre 2014 del monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas y
lucro cesante por interés del monto indemnizatorio por compensación por
tiempo de servicios no percibida; más los intereses legales, costas y costos del
proceso que serán liquidados en ejecución de sentencia.
Por consiguiente, en conformidad con lo previsto en los artículos 407º del Código
Procesal Civil SE DECLARA: CORREGIR LA RESOLUCIÓN N° 05 EN LO QUE
RESPECTA A LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA; prosiguiéndose la
causa conforme a su estado.
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MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
SENTENCIA N° 102 - 2019
RESOLUCIÓN N° 05
Lima, 30 de abril del 2019.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Complementaria de Juzgamiento de fecha 19 de marzo de
2019, con la concurrencia de la parte demandante, habiéndose reservado la emisión del fallo oral
y se fijó para la notificación de la sentencia escrita, ésta fecha; a los escritos de fechas
06.FEB.2019 y 08.MAR.2019, téngase presente.
I.- PARTES:
a) El demandante JORGE BELTRAN CIENFUEGOS (en adelante el actor).
b) La demandada TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.(en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
II.- DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LA DEMANDANTE:
Conforme al inciso 3) del artículo 43° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo – NLPT,
al no lograr la conciliación fijó las pretensiones del juicio formuladas por el actor, mencionándose
los siguientes:.
Primera Pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios; lucro cesante sueldos no percibidos
1999-2006; lucro cesante por interés legal 12-2014; montos por sueldos no percibidos,
lucro cesante por CTS no percibido 1999-2006; lucro cesante 12-2014, por CTS no
percibidos; lucro cesante por participación de utilidades 1999-2006; lucro cesante por
interés legal del 12.2014 por indemnización por participación de utilidades no percibidas;
daño emergente y daño moral.
Segunda Pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos judiciales.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
III.- DE LA CONFRONTACION DE POSICIONES:
3.1.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE:
El actor, en su demanda invocó los siguientes fundamentos de hecho:
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a) Que, es trabajador estable de la empresa demandada desde el 06.07.1982. El
16.09.1999 mientras ejercía el cargo de Técnico III fue arbitrariamente despedido
durante 7años (16.09.1999 hasta el 19.12.2006).
b) Que, como consecuencia de lo expuesto, la empresa demandada impidió al trabajador
prestar servicios a la empresa injustificadamente y, consecuentemente, de percibir sus
remuneraciones, CTS, participación de utilidades y demás beneficios sociales
c) Que, con fecha 07.10.1999 se interpuso una acción de amparo la cual fue declarada
improcedente mediante sentencia del TC; seguidamente se presentó una acción de
amparo ante el 4° juzgado Civil de Lima la cual fue declarada fundada mediante
sentencia de fecha 30.01.2006 confirmada por la Segunda Sala Civil de Lima la que fue
ejecutada por Acta de Reposición del 19.12.2006.
d) Que, desde su reposición el trabajador ha solicitado el pago sus salarios caídos y demás
beneficios sociales; primero en forma directa a la empresa, la cual no llegaron a ningún
acuerdo; después inició un proceso de pago de remuneraciones devengadas y demás
beneficios sociales ante el 17° juzgado laboral de Lima, la cual mediante Recurso de
Casación se declaró infundada la demanda. Con fecha 18.01.2013 solicitó una
conciliación con la empresa sin tener respuesta, el actor recurrió a un extraproceso al
Ministerio de Trabajo, la cual tuvo 9 reuniones, sin embargo la Autoridad de Trabajo
decidió suspender las reuniones a fin de dar un espacio de reflexión, sin embargo la
empresa sigue ignorando su pretensión, por lo que se ve obligado a iniciar esta
demanda.
e) Que, como consecuencia del despido injustificado, el actor debió recurrir a préstamos y
apoyos familiares y, asimismo recibió un apoyo mensual reembolsable del Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SAA ascendente a un monto promedio
de S/. 600.00 mensuales y que totalizan la suma de S/. 59,525.00, los mismos que se
acreditan con la constancia expedida por el Sindicato.
f) Que, respecto al daño moral sufrido a consecuencia del prolongado despido y las
diversas privaciones que esto ocasionó hacer valer sus derechos en dos procesos
judiciales con las angustias, preocupaciones e incertidumbres para él y su familia.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación y confrontación de posiciones invocó los siguientes hechos:
a) Dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, la misma que se oralizó en
la diligencia de audiencia de juzgamiento, declarándose infundada, en ese mismo acto la
demandada interpuso recurso de apelación. (Audio minuto 00:09:25).
b) Absolviendo la demanda señala que, los procesos iniciados por el actor en contra de la
empresa mediante la cual se amparó sus pretensiones, no resulta un elemento
determinante y concluyente para justificar el pago de una indemnización a su favor, no
basta con la acreditación de la cesación abusiva de la relación laboral para determinar la
existencia de daños patrimoniales o no patrimoniales que den lugar al pago de una
indemnización; como se ha señalado, para que surja la obligación de indemnizar tiene
que configurarse un supuesto de responsabilidad civil y, tal efecto, se necesita que
concurran todos sus elementos configurantes.
c) Que, respecto al daño emergente el actor señala que como consecuencia del despido
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injustificado se vio obligado a recurrir a un préstamo por parte del Sindicato de Unitario
de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A ascendente a S/. 59,525.00, el cual tuvo
como finalidad que el trabajador subsista durante el tiempo que estuvo despedido; que
de lo señalado por el actor se desprende que dicho préstamo no significó una
disminución en su patrimonio, sino que, por el contrario, este representa un ingreso
económico; el monto solo refleja que fue obtenido como un préstamo, y no acredita el
monto real que pudiera haber utilizado para afrontar algún menoscabo económico que
pudiera haber sufrido.
d) Que, el actor no explica cuál es el criterio para cuantifica su supuesto daño moral, en la
suma de S/. 500,000.00.
e) Que, respecto al lucro cesante tampoco ha sido sustentado ni acreditado mediante
ninguno de los medios probatorios que han sido aportados por el actor en el presente
proceso.
IV.- DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN PROBATORIA:
4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE PRUEBA:
Concluido los alegatos de apertura, se fijó como hechos no requeridos de prueba, los siguientes:
1. Fecha de ingreso 06-07-1982.
2. Fecha de despido 16-09-1999.
3. Acción de amparo en el año 2003, culminado en sentencia de vista de fecha 13-07-2006.
4. Vínculo laboral vigente.
5. Cargo desempeñado – Técnico III.
4.2.- DE LOS HECHOS REQUERIDOS DE PRUEBA:
Del mismo modo fijó como hechos requeridos de probanza los siguientes:
1. Determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de amparo
con la indemnización que es materia de controversia.
2. Determinar si como consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la
suma de S/. 1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y
daño moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda.
3. El pago de los intereses legales y si fuera el caso las cargas sociales, y costas del
proceso.
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
a) Se admitió los medios probatorios orales y documentales ofrecidos por el actor y la
demandada, conforme consta del audio y video.
b) Ninguna de las partes ofreció pruebas nuevas.
c) Ninguna de las partes formuló cuestiones probatorias.
d) Se procedió a la actuación de las pruebas, requiriéndose su oralización a los Abogados
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de ambas partes, como consta en el audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) Se requirió a los Abogados de las partes formulen sus alegatos finales, los que fueron
expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) Se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la sentencia
escrita, la que se procede a emitir.
c) La Magistrada, en la Audiencia Complementaria de Juzgamiento de fecha 19 de marzo
de 2019, solicitó a la parte demandante presente en la audiencia para que formule sus
alegatos.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y
principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el
debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones
procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y
la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base de la prueba
actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT);
debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos
nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga
probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1
NLPT); que precisan que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo
23.2); es decir que la acreditación de la ausencia del vínculo laboral alegado o la
autonomía o independencia en la prestación del servicio (sin subordinación),
corresponde exclusivamente al demandado; en tanto que cuando el demandante invoca
la calidad de trabajador le corresponde acreditar la existencia de la fuente normativa de
los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de
modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones
derivadas de las normas legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad (artículo 23.4.a).
ANÁLISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
3. Para determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción
de amparo con la indemnización que es materia de controversia; como
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consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la suma de S/.
1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y daño
moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda; se tiene en cuenta las siguiente:
4. Respecto a si el despido nulo del actor se configura como la conducta antijurídica
o el hecho generador de la Responsabilidad Civil; cabe señalar, el daño -elemento
sustancial de la responsabilidad civil-, en sentido amplio se entiende como toda lesión o
menoscabo del derecho subjetivo de un individuo y en sentido específico como todo
menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el derecho u
ordenamiento jurídico ha considerado merecedor de la tutela legal.
5. Según la doctrina, estos daños pueden ser 1) patrimoniales o 2) extrapatrimoniales. El
primero comprende al daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) y
el lucro cesante (la ganancia dejada de percibir). El segundo comprende al daño moral
(la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o
sufrimiento en la víctima) y al daño a la persona (la lesión a la integridad física del sujeto
(perdida de un brazo, lesión severa, etc.) o la psicológica y la frustración del proyecto de
vida.).
6. El lucro cesante, comprende las ganancias o ingresos dejados de percibir; estando en tal
caso el actor obligado a señalar y acreditar fehacientemente, cuál o cuáles o en qué
consisten aquellas ganancias o ingresos presuntamente dejados de percibir.
7. De otro lado respecto de la antijuricidad, el Jurista Lizardo Taboada Córdova, ha señalado
que esta, desde la óptica legal supone que “una conducta es antijurídica, no solo cuando
contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico
en su totalidad, es decir, afecta los valores o principios sobre los cuales se ha construido el
sistema jurídico”; y desde la óptica contractual; la antijuricidad es siempre típica y no típica,
pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del
cumplimiento defectuoso o del cumplimiento tardío o moroso”.
8. En el presente caso, el actor sostiene que sufrió daños, como consecuencia de su cese
nulo; tanto en la esfera patrimonial (lucro cesante) al verse desprovisto abruptamente de su
ingreso mensual que era su sustento económico de él y de su familiar.
9. Está acreditado en autos, que el cese del actor, fue declarado como un despido nulo en el
Exp. N° 53852-2003 proceso Acción de Amparo, y en tal virtud, se dispuso su
reincorporación a la empresa demandada, luego de verificarse la vulneración del derecho
fundamental de no ser despedido sino por causa justa acorde con la Constitución,
circunstancia que a criterio de ésta Judicatura determina el despido declarado nulo del
actor se configura como el daño y del hecho generador de la responsabilidad civil o
conducta antijurídica.
10. Respecto a si existe nexo causal entre el despido del actor y los daños invocados;
debe entenderse como la relación de causalidad que en sentido abstracto es la relación
de causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del
autor y el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo Taboada
Córdova (Elementos de la Responsabilidad Civil; Pág. 76), “el daño causado al acreedor
debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la
prestación debida por parte del deudor”. Así:
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a) El artículo 1321º del C.C., consagra la teoría de la causa inmediata y directa, por
el cual, para que el daño pueda ser imputado causalmente al agente, lo único
que se exige es que el nexo causal no haya sido roto por la interferencia de otra
serie causal ajena a la anterior.
b) A su vez, el Jurista nacional Juan Espinoza Espinoza1, al referirse a la Teoría de
la causa próxima, señala que: “según esta teoría, se llama causa solamente a
“aquella de las diversas condiciones necesarias de un resultado que se halla
temporalmente más próxima a éste; las otras son simplemente “condiciones”.
Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa
próxima “comprenderá, por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine
qua non, presumiblemente vinculadas causalmente, a las que, en ausencia de
ciertas defensas específicas, un sistema legal desea asignar, al menos,
responsabilidad parcial por un accidente”.
c) Conforme a lo anterior debe tenerse presente que el nexo de causalidad supone
la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no
cumplir con sus obligaciones legales o convencionales) y el daño sufrido por el
trabajador (despido o cese irregular) y que no concurra ninguna de las causales
de fractura del nexo causal, conforme lo prevé el artículo 1327° del Código
Civil2; en tal sentido en éste caso el daño que alega sufrió el actor, en la esfera
patrimonial a título de lucro cesante, lo que guarda relación de causalidad con
el hecho del despido del actor que fuera posteriormente declarado nulo, hecho
que originó que dejara de percibir sus ingresos remunerativos habituales; por lo
que ésta Judicatura concluye que está acreditada la concurrencia del nexo
de causalidad, entre el despido, y los daños alegados.
11. Respecto a si la demandada incurrió en dolo, culpa inexcusable leve en el
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales; cabe señalar:
a) Que la culpa es toda violación de un deber jurídico, derivado de la falta de
diligencia (negligencia) en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de
la ley o un convenio; negligencia que puede derivar sea de una falta de previsión
del resultado (in omittendo) o una previsión errónea (in faciendo). En el primer
caso el responsable no previó las consecuencias, pudiendo y debiendo hacerlo;
y en esto está su falta. En el segundo caso, el responsable sí previó las
consecuencias; pero confió con imprudencia o ligereza en que no se
producirían; sin embargo lo que es relevante es que en ambos casos, la culpa
sea perjudicial al acreedor, para que surja la responsabilidad del deudor, pues
no hay acción sin interés.
b) Por otro lado, la gravedad de la culpa, se deriva de la falta o ausencia de
previsión de las consecuencias, que pudieran ocasionar la determinación de una
conducta o comportamiento determinado, convirtiéndole por ende en una culpa
inexcusable; de manera que la previsión errónea de que no se daría el resultado
dañoso, sólo determinaría la configuración de una culpa leve.
1
Juan Espinoza Espinoza. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Páginas 146-147.
2 Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la
diligencia ordinaria, salvo pacto en
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c) La decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral; supone la obligación de
observar las disposiciones legales que regulan dicha vinculación; es decir la
concurrencia de una causa justa prevista en la ley y el cumplimiento del
procedimiento formal; de manera que la inobservancia de dichas exigencias
importará la configuración una conducta negligente; cuya gravedad dependerá
de si dicho comportamiento denota una negligencia inexcusable o una
negligencia leve; para lo cual deberá evaluarse si el empleador estuvo en la
posibilidad de prever las consecuencias de dicho comportamiento.
d) En éste caso, el despido sustentado en el artículo 34° del TUO del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral – LPCL, no puede ser calificado de
modo automático como una conducta dolosa, precisamente porque se sustentó
en la aplicación de una norma estatal, lo que excluye la voluntad infractora de la
empresa empleadora (dolo), así como la falta de previsión (culpa inexcusable); y
si bien la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima en el Exp. N° 53852-
2003con posterioridad determinó la inaplicación de dicho dispositivo legal; tal
determinación, no puede implicar la atribución de la responsabilidad sea a título
de dolo; sino la atribución de una negligencia inexcusable, pues como lo refiere
la sentencia aludida, la demandada planificó un cese masivo y con vulneración
del derecho a la libertad sindical, por lo que ésta Judicatura concluye que la
imputación de la responsabilidad de la demandada, debe sustentarse en
éste caso en la culpa inexcusable, prevista en el artículo 1320° del Código
Civil.
12. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de lucro cesante, determinado de ser el caso su importe; cabe
señalar que el daño en el caso del lucro cesante debe ser plenamente acreditado, no
bastando invocar haberlos sufrido, sino que debe ser demostrado; en ese caso se tiene
en cuenta:
a) Que, el actor refiere que su despido arbitrario le ocasionó daños en su esfera
patrimonial en el rubro de lucro cesante, al verse privado en forma inmediata y
automática de los ingresos económicos dejados de percibir durante todo el
período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su
reincorporación en el trabajo, que comprenderían sus remuneraciones
habituales, gratificaciones y otros beneficios; por los que le asistiría el derecho al
reconocimiento de tales daños y la atribución de las consecuencias resarcitorias
por parte de la entidad demandada;
b) En el caso de autos el actor; argumenta que el lucro cesante se deriva del hecho
de que repentinamente se vio privado de los ingresos económicos
correspondientes a su remuneración habitual y otros beneficios otorgados
automáticamente como consecuencia de sus servicios; pretensión que fue
destinada judicial en el Proceso Laboral Exp. N° 47- 2010, los que jurídicamente
se traducen en el lucro cesante; es decir los ingresos dejados de percibir durante
el período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su reposición
en el trabajo; daños que deben ser resarcidos económicamente a título de
indemnización; siendo que en numerosas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, señala que las remuneraciones dejadas de percibir tienen
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naturaleza indemnizatoria y que deben hacer valer en la vía correspondiente; por
lo que ésta Judicatura concluye que en éste caso queda acreditado que el
actor sufrió daños económicos y que le confieren el derecho a percibir la
indemnización correspondiente a título de lucro cesante.
c) Para el cálculo de dicha indemnización debe estimarse como criterio objetivo
que permita cuantificar el importe indemnizatorio, el elemento temporal,
traducido en el hecho de que el actor dejó de laborar por causa imputable a la
demandada en el período del 16 de septiembre del 1,999 al 19 de diciembre del
2006, es decir por 08 meses y 16 días; y el elemento objetivo que se traduce en
el hecho de haber dejado de percibir sus ingresos en dicho período
(remuneraciones); ingresos que deben tomarse como elemento referencial de
cálculo, como así también lo estableció la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, en la sentencia emitida en fecha 30 de enero del 2001, en el caso de
Ia reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional Peruano,
estableciendo que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados
repuestos en sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo
resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de
todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el
hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia.
d) En tal sentido, cabe adicionalmente para delimitar adecuadamente la base
referencial que debe servir para el cálculo de la indemnización reclamada,
atendiendo a que el actor refiere que debe abonársele teniendo como base la
remuneración de S/.3,109.88 nuevos soles, como se desprende así de su
boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109); lo que además no ha
sido negado ni contradicho por la demandada; debiendo tomarse en
consideración para la cuantificación lo dejado de percibir por remuneraciones,
gratificaciones, beneficios de percepción automática y con carácter remunerativa
como consecuencia del vínculo laboral y que no requiere otro requisito adicional
al período de labor como así se desprende de lo previsto por el artículo 2° del
Decreto Supremo N° 005-2002-TR y el inciso e) del artículo 8° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR; no pudiendo por ende incluirse en el cálculo el
concepto de utilidades en atención a que conforme a lo previsto por el
literal a) del artículo 2° del Decreto Legislativo 892°; que exige para el
cómputo y cálculo el número de días real y efectivamente trabajados, situación
que no se da en el caso del actor y dado que además las utilidades están
vinculados directamente con la labor efectiva del trabajador que contribuye a su
generación.
e) El período efectivo, por el que sufrió los perjuicios a título de lucro cesante, es
de 05 años, 03 meses y 05 días; en tal sentido considerando que antes de su
despido percibía habitualmente la remuneración total de S/.3,109.88; conforme
así se desprende de la boleta de pago de agosto de 1,999; a los que se debe
agregar los incrementos al básico conforme a los Convenios Colectivos de los
años 2000 y 2006, pues por el despido no pudo percibir beneficios sindicales
correspondientes a las gratificaciones; Escolaridad por tener hijos menores
(partidas fojas 136 y 137), excluyéndose la gratificación extraordinaria, cuya
cuantificación aparece en la liquidación que aparece en la demanda de los
cuales se excluye el concepto de la Bonificación por Productividad, lo que
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resulta la suma de S/.366,993.24, a los que se debe agregar la Compensación
por Tiempo de Servicios en la suma de S/.28,283.32 soles; por lo que de la
sumatoria determina un importe indemnizatorio por lucro cesante equivalente a
TRESCIENTOS NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTISEIS CON
56/100 NUEVOS SOLES (S/.395,276.56).
13. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de daño emergente, determinado de ser el caso su importe; en ese
caso se tiene en cuenta:
a) Que, el daño emergente consiste en el menoscabo o detrimento patrimonial que
sufre la víctima como consecuencia del daño; en tal sentido, si bien es cierto,
que un accidente de trabajo, con la consiguiente incapacidad total temporal; por
sus consecuencias y efectos inmediatos, genera un menoscabo patrimonial;
también es cierto que atendiendo a la distribución de la carga probatoria en éste
tipo de procesos; deben ser demostrados y acreditados por el agraviado de
modo objetivo y fehaciente, conforme al artículo 1331° del Código Civil y artículo
196° del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto, que la responsabilidad se
deriva del incumplimiento de obligaciones laborales; también es cierto que la
pretensión indemnizatoria reviste una responsabilidad civil, distinta a la
responsabilidad laboral, por lo que no cabe trasladar la carga probatoria en éste
caso al empleador, ni tampoco la aplicación de los principios tuitivos propios y
específicos del derecho laboral.
b) Que, en el presente caso, el actor alega que el daño emergente se configura a
que asumió y sigue asumiendo los gastos del préstamo efectuado por familiares
y del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en la suma total
de S/.81,428.50 Soles para que subsistiera mientras dure el despido.
c) Que, de la constancia de Ayuda Económica Reembolsable (fojas 130) y de la
liquidación (fojas 131); se acredita el préstamo que el Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica del Perú SAA., para subsistir mientras dure el
proceso sobre su despido, pero teniendo en cuenta que en el presente proceso,
se ha procedido a la indemnización del daño por lucro cesante, que ha sido
fijado en función a la remuneración; se ende con dicha cantidad esta resarcido
el préstamo alegado; con excepción de los interés; el cual no puede ser
cuantificado, dado que el actor no aportó al proceso ningún medio probatorio
que demuestre el monto abonado y la tasa de interés pactado por lo que
conforme a las normas invocadas la demandada debe ser absuelta por ausencia
de prueba, debiendo declararse infundada la demanda en éste extremo;
14. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de daño moral, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar
que se entiende como la lesión a los sentimientos y que produce un gran dolor o
aflicción o sufrimiento en la víctima; y en este caso el hecho del despido y sobre todo el
que reviste arbitrariedad genera un sentimiento colectivo de aflicción, que a su vez
impone la necesidad de la tutela legal y resarcimiento a la víctima; conforme a lo previsto
por el artículo 1322º del Código Civil establece que: “El daño moral, cuando él se
hubiere irrogado, también es susceptible de resarcimiento”, y dado que dicho dispositivo,
no hace referencia específica alguna al significado del daño moral, resulta aplicable
extensivamente para su valuación, el significado del daño moral previsto en el artículo
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1984° que señala: “El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el
menoscabo producido a la víctima o a su familia”; advirtiendo sin embargo que, en
relación al daño moral surgen dos grandes problemas: i) su acreditación, y ii) su
cuantificación. En el primer caso, existe una enorme dificultad para establecer si
existe daño moral o no, pues no todas las personas expresan sus sentimientos o
emociones en otros casos puede haber una simulación de sufrimientos; y en otros los
sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o
aspecto físico del sujeto, por tal razón la jurisprudencia ha optado por presumir que en
aquellos casos de despidos arbitrarios, abruptos y repentinos, la persona padece un
fuerte sufrimiento o tristeza pues repentinamente se ve privado de su principal sustento
personal y familiar; más aún si se trata de un trabajador; que se extiende a su cónyuge,
hijos y parientes, resultando por tanto evidente la causación del daño moral que impone
su reconocimiento y la consiguiente indemnización. En el segundo caso igualmente
resulta difícil cuantificar el monto de la indemnización, pues los sentimientos morales
resultan inapreciables económicamente; en tal virtud; la cuantificación de la
indemnización que corresponda fijarse a favor del actor; debe ser estrictamente
equitativo; pues ella nunca podrá constituir un real o justo resarcimiento en su dimensión
integral del daño moral causado, sin embargo por lo menos contribuirá a aliviar su
sufrimiento; en tal virtud no existiendo en el sistema jurídico nacional, un parámetro
fijado para la determinación o cuantificación de dichos daños; consideramos que
objetivamente resulta aplicable por analogía el parámetro fijado por el artículo 76° de la
LPCL, que fija el cuantum de la indemnización por el despido arbitrario en atención a los
períodos dejados de laborar, que en el caso de la actora equivale a 05 años 03 meses y
3 días, con la última remuneración percibida S/.3,109.88 Soles, como se desprende así
de su boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109), cuya remuneración
computable seria el monto de S/.4,664.82 Soles; parámetro que a criterio de ésta
Judicatura resulta también plenamente aplicable para el caso de la indemnización por
daño moral; dado que éste guarda compatibilidad con los elementos objetivos invocados
para su determinación; en tal virtud correspondería disponerse que la demandada pague
por éste concepto, el equivalente al tope máximo de 12 remuneraciones ordinarias,
equivalente a TREINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTISIETE CON 49/100
NUEVOS SOLES (S/.37,357.49 ).
15. Respecto al lucro cesante por el in |
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8° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RAZON DE ESPECIALISTA LEGAL DE TRAMITE
SSEEÑÑOORRAA JJUUEEZZ::
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha por las recargadas labores que
soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene como funciones proyectar resoluciones
entre autos y decretos y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ tradicional para
los expedientes físicos y así como proyectar resoluciones entre autos y decretos en la
Bandeja Electrónica de Expedientes Electrónicos-EJE- para los expedientes electrónicos.,
dar cuenta de cedulas devueltas, otorgar poder por acta, proyectar oficios para elevar
expedientes al Superior Jerárquico, atender al público, compaginar escritos, solicitar
expedientes al archivo modular, entre otras funciones.
Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Lima, 11 de enero del 2019
RESOLUCIÓN N° 08
Lima, once de enero del dos mil diecinueve.
Con la razón que antecede: Téngase presente; Por recibidos los presentes actuados
provenientes de la Tercera Sala Laboral Transitoria de Lima: y atendiendo:
1. Mediante Resolución de Vista de fecha 13 de julio del 2018, Declara Nula la
Sentencia de fecha 08 de agosto del 2016 que declara fundada en parte la
demanda y en consecuencia ordena que el Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento 2. Al respecto, se tiene que con fecha 26 de julio del 2016 se realizó la Audiencia
de Juzgamiento emitiéndose así posteriormente la Sentencia de fecha 08 de
agosto del 2016 ( hoy declarada nula ).
3. Siendo así se debe continuar con la etapa pertinente del proceso la cual
establece que luego de llevado a cabo la audiencia de conciliación se debe citar a
la audiencia de juzgamiento conforme lo establece el artículo 44 de la Ley N°
29497 “La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las
etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia…”.
4. Asimismo, se tiene que la nueva ley procesal de trabajo destaca la importancia
del principio de inmediación y su relación con el diseño oral de un proceso por
audiencias, regulando expresamente en la parte pertinente del artículo 12, inciso
1) de la NLPT, que: “Las audiencias son sustancialmente una debate oral de
posiciones presididas por el Juez, quien puede interrogar a las partes, sus
abogados y terceros participantes en cualquier momento”
En atención a lo expuesto se dispone:
(cid:1) CITAR a las partes a la diligencia judicial de AUDIENCIA
COMPLEMENTARIA DE JUZGAMIENTO para el día __19__ DE MARZO
DEL 2019 A HORAS 16:00 HORAS. (hora exacta), en la Sala de Audiencias N°
04 ubicada en el piso 17 del edificio Alzamora Valdez, ocasión en la que las
partes deben asistir personalmente o a través de sus apoderados debidamente
designados como tales.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la Señora Juez que suscribe por
mandato superior e Interviniendo la especialista legal que da cuenta.-
Notifíquese. - |
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TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
Señores:
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
FIGUEROA MENDOZA
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.-
VISTOS
En Audiencia Pública de fecha 12 de julio del 2018, con la asistencia del
demandante y su abogada Miriam Rosa Ramírez Saldívar, y del abogado del
demandado Frank John Hixon Araujo Álvarez; e interviniendo como Juez
Superior ponente el señor Barboza Ludeña.
ASUNTO
Es materia de apelación: La Sentencia N° 194-2016, contenida en la
Resolución N° Dos, de fecha 08 de agosto de 2016, obrante a fojas 275 a
280, que Declara: INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por
daño emergente. FUNDADA en parte la demanda interpuesta sobre
Indemnización por daños y perjuicios en el rubro de lucro cesante y daño
moral. ORDENA que la demandada le pague al actor el importe total de
S/.432,634.05 (CUATROCIENTOS TREINTIDÓS MIL SEIS CIENTO SETENTA
Y CUATRO CON 05/100 SOLES), por lucro cesante y daño moral; más los
intereses legales, costas y costos del proceso que serán liquidados en
ejecución de sentencia.
AGRAVIOS
- El demandante mediante el recurso de apelación de fecha 31 de agosto del
2016, de fojas 425 a 430, señala los siguientes agravios:
a. Respecto del pago de lucro cesante por participación de utilidades no
percibido, no se refiere al pago de utilidades sino al lucro cesante por lo no
percibido por utilidades, pues de no haber mediado el despido, el trabajador
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TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
hubiese laborado y en consecuencia hubiese obtenido su participación de
utilidades, por lo que resulta un contrasentido que se exija la prestación
efectiva de labores, cuando el hecho dañoso consistió en no permitir la
prestación de labores.
b. Sobre el lucro cesante por intereses legales del monto indemnizatorio de la
compensación por tiempo de servicios y la participación de utilidades, la
sentencia no se pronuncia debidamente, ni se ha pronunciado sobre la
cuantificación del interés del lucro cesante por cada concepto, lo que no se
puede postergar en la ejecución de sentencia pues constituye una
pretensión expresa de la demanda, que solicita la aplicación de los intereses
legales desde el momento del despido en virtud del artículo 1155, 1338 y
1339 del Código Civil, referido al lucro cesante por interés moratorio desde el
momento del despido en tanto que el empleador incurrió en mora al hacer
imposible la prestación del servicio.
c. Sobre el daño emergente, el préstamo constituyó un pasivo en el patrimonio
del trabajador y fue usado para la supervivencia por la omisión de ingresos
económicos.
d. Respecto del daño moral, el padecimiento que el despido produjo al actor así
como el periodo que duró, los dos procesos judiciales, gastos, angustias e
incertidumbres derivados de ello, el embarazo de su esposa en esos
momentos, causaron un sufrimiento constante al demandante y su familia,
por lo que solicita se revoque la sentencia y se aplique el monto solicitado.
e. En cuanto a los costos, el actor los fijo en un 20% conforme al contrato
adjuntado, más aun si es el promedio del mercado para los procesos como
éste.
- La demandada mediante recurso de apelación de fecha 31 de agosto del
2016, de fojas 432 a 445, señala los siguientes agravios:
a. El mandato de reposición en un proceso de amparo no es suficiente para
imputar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, además que
se exige que el daño invocado sea acreditado por la víctima, así respecto del
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daño moral, debe de acreditarse con pruebas concretas de padecimiento,
como un diagnostico psicológico que acredite la depresión.
b. El juzgado no ha sustentado su decisión con ningún medio probatorio que
acredite el daño moral, incurriendo en error al ampararlo en base a una
presunción, además que el cálculo se hizo en base al artículo 76° del
Decreto Supremo N° 003-97-TR, siendo errado equiparar la indemnización
por despido arbitrario con la indemnización por daño moral.
c. Se yerra al tomar como remuneración el monto de S/.3,109.88 soles, monto
que no coincide con la suma neta ni bruta percibida por el demandante en
agosto de 1999, habiéndose considerado también los incrementos de los
convenios colectivos de los años 2000 y 2006, pues no se analizó las
condiciones del demandante durante el periodo de vigencia de los convenios
colectivos.
d. La excepción de prescripción fue desestimada en base a una mera
descripción de lo acontecido en la audiencia juzgamiento, sin llevar a cabo
ninguna explicación ni sustento jurídico, sin pronunciarse sobre ninguna
de las razones jurídicas y fácticas que la sustentan, lo que vulnera el
derecho al debido proceso.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: 1.1. El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad,
conforme a lo establecido en el artículo 382° del Código Procesal Civil, por lo
que, corresponde al Colegiado revisar los actuados, por cuanto ello es
presupuesto necesario para la validez del proceso, en tanto que las
resoluciones judiciales deben sustentarse en el mérito del proceso y de la ley.
SEGUNDO: 2.1. Frente a la existencia de vicios sustanciales que distorsionan
el orden jurídico y sus valores; orden público, seguridad jurídica, certeza,
justicia y equidad, y que como es evidente están por encima de los intereses de
las partes, cualquier órgano jurisdiccional, por el sólo hecho de serlo, tiene lo
que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido
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recogido en el último párrafo del artículo 176° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente al caso de autos, entendida como aquella facultad de
declarar la nulidad si considera que el acto viciado puede alterar
substancialmente los fines abstracto y concreto del proceso, y que en esta
instancia resultan insubsanables.
2.2. El inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú reconoce
como derecho y principio de la función jurisdiccional el Principio de Motivación de
las Resoluciones Judiciales que impone a los Magistrados el deber de
fundamentar, tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin
de posibilitar que los justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico
empleado en la solución de la controversia de la que forman parte, disipando
cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su resolución.
TERCERO: 3.1. El Principio de Congruencia Procesal recogido en el segundo
párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Código acotado, exige que en
toda resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las motivaciones
del Juzgador y el resultado al que arriba, esto es, la congruencia interna que
debe existir entre la parte considerativa y resolutiva de una resolución judicial, y
que guarden un nexo entre todos los puntos objeto de debate y la decisión
oportuna del Juez, es decir, deben expedirse de acuerdo con el sentido y
alcance de las peticiones formuladas por las partes.
CUARTO: Análisis del agravio d) del demandado
4.1. En caso de autos, respecto de la excepción de prescripción extintiva de la
acción, es un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico del
derecho de acción respecto de una pretensión determinada, por haber sido
interpuesto fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión.
4.2. Con relación a este medio de defensa, la parte demandada basa su
apelación en que no hubo explicación ni sustento jurídico al desestimarla en la
audiencia de juzgamiento, en la cual de forma oral fue resuelta por el A quo. Al
respecto, (min. 00:09.00) señaló que la prescripción se inició con el despido en
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el año 1999, ésta fue interrumpida por al proceso de amparo interpuesta por el
actor, aunado al hecho que el actor actualmente se encuentra laborando,
asimismo en la sentencia recurrida a fojas 275 vuelta, se señaló que la
desestimación de la excepción de prescripción fue resuelta oralmente en la
audiencia de juzgamiento, en la que se declaró infundada la referida excepción
y apelado en dicho acto por el demandado y el señor de la causa le concede
un plazo de ley para que fundamente su apelación, sin embargo la demandada
no ha presentado su recurso de apelación en el plazo de ley otorgado desde el
26 de julio del 2016, pretendiendo cuestionar con su recurso de apelación de
sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, teniendo en cuenta una constancia
dejado por el Juez de la causa de que la misma estaba resuelto en la audiencia
de juzgamiento. Por lo que siendo ello así, dicha resolución ha quedado
consentida, por tanto el agravio no resulta atendible.
QUINTO: Análisis del agravio b) del demandante
5.1. El demandante por su parte en su recurso de apelación, específicamente a
fojas 426, señala que el A quo no se ha pronunciado debidamente sobre los
intereses legales de monto indemnizatorio por lucro cesante de sueldos,
compensación por tiempo de servicios y participación de utilidades no
percibidas, así tampoco se ha pronunciado sobre la cuantificación del interés
del lucro cesante por cada concepto, a pesar que estas son pretensiones
expresadas en la demanda (ver fs.426).
5.2. En cuanto a lo señalado por el actor, dentro de las pretensiones
demandadas a fojas 151, se demandó el lucro cesante por el interés legal a
diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por sueldos no percibidos, el lucro
cesante por intereses a diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por
compensación por tiempo de servicios no percibida y el lucro cesante por el
interés legal a diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por participación de
utilidades no percibidas, los mismos son pretensiones debidamente
fundamentadas o sea no es un simple pedido de pago de intereses legales sino
pretensiones independientes de lucro cesante, en el marco de los artículos
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1155, 1338 y 1339 del Código Civil, y que fueron precisados en las
pretensiones materia de juicio (ver fs.249), pero no existe pronunciamiento
alguno y expreso en la sentencia recurrida (fojas 275 a 280), conforme se ha
verificado de su contenido.
SEXTO: 6.1. Siendo ello así, la apelada no reúne los requisitos del artículo 31
de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo – que dispone que en la
sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa
propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare
fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las
prestaciones que debe cumplir el demandado.
6.2. En ese contexto es de aplicación el artículo 50° inciso 6) del Código
Procesal Civil, que impone al Juez la obligación de fundamentar los autos y las
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de
normas y los de congruencia, el mismo que se encuentra recogido en el
artículo VII del Título Preliminar del Código acotado, que exige que en toda
resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las motivaciones del
juzgador y el resultado al que arriba; esto es, congruencia interna que debe
existir entre las partes considerativa y resolutiva de una resolución judicial,
debiendo existir un nexo entre todos los puntos objeto de debate y la decisión
del juez y externa, es decir, deben expedirse de acuerdo con el sentido y
alcance de las peticiones formuladas por las partes (demandante y
demandado), por lo que la nulidad es la última ratio a la que se acude cuando
en el proceso no se pueden subsanar o convalidar las omisiones o errores en
que se ha incurrido al emitir las resoluciones; conforme a lo establecido por el
Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 12 de setiembre de 2006,
expedida en el Expediente N° 4228-2005-PHC/TC (fundamento número uno),
que señala el “contenido esencial” del derecho a la debida motivación de las
resoluciones, reconocido en el artículo 139°, inciso 5) de la Constitución
Política del Estado, “se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí mismo, exprese una
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suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa,
o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
6.3. Siendo así las cosas, en observancia a la pluralidad de instancias de
conformidad al inciso 6) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,
corresponde al A quo emitir nuevo pronunciamiento, pues no está permitido
que en instancia única se resuelva sobre una situación jurídica trascendente
como lo señalado.
6.4. Frente a serias deficiencias advertidas, conllevan a concluirse de que la
sentencia apelada carece de los requisitos indispensables para la obtención de
su finalidad, conforme lo establece el artículo 171° del Código Procesal Civil,
por consiguiente la decisión judicial emitida por el A quo afecta el derecho de
los justiciables de acceso a la justicia, componente fundamental del derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el inciso 3) del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, lo cual es insubsanable e impide efectuar un
pronunciamiento válido de fondo ante esta Instancia, a efectos de garantizar la
existencia de un debido proceso y la correcta administración de justicia,
además en aplicación de lo indicado en el artículo 176° de la norma adjetiva
mencionada, debe reponerse la causa al estado en que se cometió el vicio. Por
consiguiente ante esta situación corresponde declarar su nulidad a efecto de
que el Juez de la causa expida un nuevo pronunciamiento, con arreglo a ley y a
la Constitución Política del Estado. Motivos por los cuales, los agravios
expuestos por el demandante resultan estimables, sin absolución de fondo de
la Litis.
Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Estado.
RESUELVE:
DECLARAR NULA la Sentencia N° 194-2016, contenida en la Resolución N°
Dos, de fecha 08 de agosto de 2016, obrante a fojas 275 a 280, y
DISPUSIERON que el Juez de la Causa emita nuevo pronunciamiento teniendo
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en cuenta lo señalado en la presente sentencia conforme a ley y con la
celeridad necesaria. En los seguidos por JORGE BELTRAN CIENFUEGOS con
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. sobre indemnización por daños y perjuicios; y
los DEVOLVIERON al Octavo Juzgado Especializado de Trabajo.-
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17 - Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 23714– 2015 – 0–1801–JR–LA–08
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS JORGE.
DEMANDADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS.
JUEZ : REINALDO FREDDY RICALDI OCAMPO
ESPECIALISTA : KARIN VIZCARRA VALCARCEL
SENTENCIA N°194 - 2016
RESOLUCIÓN NUMERO DOS
Lima, ocho de agosto de dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública de Juzgamiento, con la concurrencia de ambas partes,
se procedió al Juzgamiento del proceso, cuya emisión del fallo oral y la notificación de la
sentencia escrita se difirió para la fecha.
I.- PARTES:
a) El demandante JORGE BELTRAN CIENFUEGOS (en adelante el actor).
b) La demandada TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de
Trabajo – NLPT; al no lograr la conciliación fijó las pretensiones materia del juicio,
mencionándose los siguientes:
Primera Pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios; lucro cesante sueldos no percibidos
1999-2006; lucro cesante por interés legal 12-2014; montos por sueldos no percibidos,
lucro cesante por CTS no percibido 1999-2006; lucro cesante 12-2014, por CTS no
percibidos; lucro cesante por participación de utilidades 1999-2006; lucro cesante por
interés legal del 12.2014 por indemnización por participación de utilidades no percibidas;
daño emergente y daño moral.
Segunda Pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos judiciales.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
III.- DE LA CONFRONTACION DE POSICIONES:
3.1.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE.
1 El actor, en su demanda y en la confrontación de posiciones invocó los siguientes hechos:
a) Que, es trabajador estable de la empresa demandada desde el 06.07.1982. El
16.09.1999 mientras ejercía el cargo de Técnico III fue arbitrariamente despedido
durante 7años (16.09.1999 hasta el 19.12.2006).
b) Que, como consecuencia de lo expuesto, la empresa demandada impidió al trabajador
prestar servicios a la empresa injustificadamente y, consecuentemente, de percibir sus
remuneraciones, CTS, participación de utilidades y demás beneficios sociales
c) Que, con fecha 07.10.1999 se interpuso una acción de amparo la cual fue declarada
improcedente mediante sentencia del TC; seguidamente se presentó una acción de
amparo ante el 4° juzgado Civil de Lima la cual fue declarada fundada mediante
sentencia de fecha 30.01.2006 confirmada por la Segunda Sala Civil de Lima la que fue
ejecutada por Acta de Reposición del 19.12.2006.
d) Que, desde su reposición el trabajador ha solicitado el pago sus salarios caídos y demás
beneficios sociales; primero en forma directa a la empresa, la cual no llegaron a ningún
acuerdo; después inició un proceso de pago de remuneraciones devengadas y demás
beneficios sociales ante el 17° juzgado laboral de Lima, la cual mediante Recurso de
Casación se declaró infundada la demanda. Con fecha 18.01.2013 solicitó una
conciliación con la empresa sin tener respuesta, el actor recurrió a un extraproceso al
Ministerio de Trabajo, la cual tuvo 9 reuniones, sin embargo la Autoridad de Trabajo
decidió suspender las reuniones a fin de dar un espacio de reflexión, sin embargo la
empresa sigue ignorando su pretensión, por lo que se ve obligado a iniciar esta
demanda.
e) Que, como consecuencia del despido injustificado, el actor debió recurrir a préstamos y
apoyos familiares y, asimismo recibió un apoyo mensual reembolsable del Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SAA ascendente a un monto promedio
de S/. 600.00 mensuales y que totalizan la suma de S/. 59,525.00, los mismos que se
acreditan con la constancia expedida por el Sindicato.
f) Que, respecto al daño moral sufrido a consecuencia del prolongado despido y las
diversas privaciones que esto ocasionó hacer valer sus derechos en dos procesos
judiciales con las angustias, preocupaciones e incertidumbres para él y su familia.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación y la confrontación de posiciones invocó los siguientes
hechos:
a) Deduce excepción de prescripción extintiva, la misma que se oralizó en la diligencia
de audiencia de juzgamiento, declarándose infundada, la mimas que en ese mismo acto
la demandada interpuso recurso de apelación. (audio y video 9 minutos 25 segundos):
2 b) Contestación.- Que, los procesos iniciados por el actor en contra de la empresa
mediante la cual se amparó sus pretensiones, no resulta un elemento determinante y
concluyente para justificar el pago de una indemnización a su favor, no basta con la
acreditación de la cesación abusiva de la relación laboral para determinar la existencia
de daños patrimoniales o no patrimoniales que den lugar al pago de una indemnización;
como se ha señalado, para que surja la obligación de indemnizar tiene que configurarse
un supuesto de responsabilidad civil y, tal efecto, se necesita que concurran todos sus
elementos configurantes.
c) Que, respecto al daño emergente el actor señala que como consecuencia del despido
injustificado se vio obligado a recurrir a un préstamo por parte del Sindicato de Unitario
de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A ascendente a S/. 59,525.00, el cual tuvo
como finalidad que el trabajador subsista durante el tiempo que estuvo despedido; que
de lo señalado por el actor se desprende que dicho préstamo no significó una
disminución en su patrimonio, sino que, por el contrario, este representa un ingreso
económico; el monto solo refleja que fue obtenido como un préstamo, y no acredita el
monto real que pudiera haber utilizado para afrontar algún menoscabo económico que
pudiera haber sufrido.
d) Que, el actor no explica cuál es el criterio para cuantifica su supuesto daño moral, en la
suma de S/. 500,000.00.
e) Que, respecto al lucro cesante tampoco ha sido sustentado ni acreditado mediante
ninguno de los medios probatorios que han sido aportados por el actor en el presente
proceso.
IV.- DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN PROBATORIA:
4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE PRUEBAS:
Concluido los alegatos de apertura, se fijó como hechos no requeridos de prueba, los siguientes:
a) Fecha de ingreso 06-07-1982.
b) Fecha de despido 16-09-1999.
c) Acción de amparo en el año 2003, culminado en sentencia de vista de fecha 13-07-2006.
d) Vínculo laboral vigente.
e) Cargo desempeñado – Técnico III.
4.2.- HECHOS REQUERIDOS DE PROBANZA:
Del mismo modo fijó como hechos requeridos de probanza los siguientes:
a) Determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de amparo
con la indemnización que es materia de controversia.
b) Determinar si como consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la
suma de S/. 1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y
3 daño moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda.
c) El pago de los intereses legales y si fuera el caso las cargas sociales, y costas del
proceso.
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
a) El Juzgador admitió los medios probatorios orales y documentales ofrecidos por el actor
y la demandada, conforme consta del audio y video.
b) Ninguna de las partes ofreció pruebas nuevas.
c) Ninguna de las partes formuló cuestiones probatorias.
d) Se procedió a la actuación de las pruebas, requiriéndose su oralización a los Abogados
de ambas partes, como consta en el audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) El Juzgador requirió a los Abogados de las partes formulen sus alegatos finales, los que
fueron expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) Se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la sentencia
escrita, la que se procede a emitir.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y principios
propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se inspira entre
otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad (artículo I T.P. NLPT),
y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico en el desarrollo e impulso
del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el debido proceso, la tutela
judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT); y teniendo presente que
las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre
la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia
(artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y la
contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba
actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT);
debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos
nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga
4 probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1
NLPT); que precisan que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo
23.2); es decir que la acreditación de la ausencia del vínculo laboral alegado o la
autonomía o independencia en la prestación del servicio (sin subordinación), corresponde
exclusivamente al demandado; en tanto que cuando el demandante invoca la calidad de
trabajador le corresponde acreditar la existencia de la fuente normativa de los derechos
alegados de origen distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de modo paralelo,
cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga
de la prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones derivadas de las
normas legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (artículo
23.4.a).
ANÁLISIS DEL PRIMER Y SEGUNDO HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
3. Para determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de
amparo con la indemnización que es materia de controversia; como consecuencia
del primer punto, le correspondería el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
el concepto de lucro cesante, daño emergente y daño moral, y si se encuentra
debidamente justificados y/o acreditados con sus medios probatorios de la
demanda; se tiene en cuenta las siguiente:
3.1 Respecto a si el despido nulo del actor se configura como la conducta antijurídica o
el hecho generador de la Responsabilidad Civil; cabe señalar, el daño -elemento
sustancial de la responsabilidad civil-, en sentido amplio se entiende como toda lesión o
menoscabo del derecho subjetivo de un individuo y en sentido específico como todo
menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el derecho u
ordenamiento jurídico ha considerado merecedor de la tutela legal.
1. Según la doctrina, estos daños pueden ser 1) patrimoniales o 2) extrapatrimoniales. El
primero comprende al daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) y el
lucro cesante (la ganancia dejada de percibir). El segundo comprende al daño moral (la
lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento
en la víctima) y al daño a la persona (la lesión a la integridad física del sujeto (perdida de
un brazo, lesión severa, etc.) o la psicológica y la frustración del proyecto de vida.).
2. El lucro cesante, comprende las ganancias o ingresos dejados de percibir; estando en tal
caso el actor obligado a señalar y acreditar fehacientemente, cuál o cuáles o en qué consisten
aquellas ganancias o ingresos presuntamente dejados de percibir.
3. De otro lado respecto de la antijuricidad, el Jurista Lizardo Taboada Córdova, ha señalado
que ésta, desde la óptica legal supone que “una conducta es antijurídica, no solo cuando
contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en
5 su totalidad, es decir, afecta los valores o principios sobre los cuales se ha construido el
sistema jurídico”; y desde la óptica contractual; la antijuricidad es siempre típica y no típica,
pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del
cumplimiento defectuoso o del cumplimiento tardío o moroso”.
4. En el presente caso, el actor sostiene que sufrió daños, como consecuencia de su cese nulo;
tanto en la esfera patrimonial (lucro cesante) al verse desprovisto abruptamente de su
ingreso mensual que era su sustento económico de él y de su familiar.
5. Está acreditado en autos, que el cese del actor, fue declarado como un despido nulo en el
Exp. N° 53852-2003 proceso Acción de Amparo, y en tal virtud, se dispuso su
reincorporación a la empresa demandada, circunstancia que a criterio de ésta Judicatura
determina el despido nulo del actor se configura como el daño y del hecho generador
de la responsabilidad civil o conducta antijurídica.
3.2 Respecto a si existe nexo causal entre el despido del actor y los daños invocados;
debe entenderse como la relación de causalidad que en sentido abstracto es la relación de
causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del autor y
el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo Taboada Córdova
(Elementos de la Responsabilidad Civil; Pág. 76), “el daño causado al acreedor debe ser
consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación debida por parte del
deudor”. Asi:
a) El artículo 1321º del C.C., consagra la teoría de la causa inmediata y directa, por el cual,
para que el daño pueda ser imputado causalmente al agente, lo único que se exige es
que el nexo causal no haya sido roto por la interferencia de otra serie causal ajena a la
anterior.
b) A su vez, el Jurista nacional Juan Espinoza Espinoza (1), al referirse a la Teoría de la
causa próxima, señala que: “según esta teoría, se llama causa solamente a “aquella de las diversas
condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a éste; las otras son
simplemente “condiciones”. Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa
próxima “comprenderá, por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine qua non,
presumiblemente vinculadas causalmente, a las que, en ausencia de ciertas defensas específicas, un
sistema legal desea asignar, al menos, responsabilidad parcial por un accidente”.
c) Conforme a lo anterior debe tenerse presente que el nexo de causalidad supone la
vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no cumplir con
sus obligaciones legales o convencionales) y el daño sufrido por el trabajador (despido o
cese irregular) y que no concurra ninguna de las causales de fractura del nexo causal,
conforme lo prevé el artículo 1327° del Código Civil2; en tal sentido en éste caso el daño
que alega sufrió el actor, en la esfera patrimonial a título de lucro cesante, lo que guarda
1
Juan Espinoza Espinoza. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Páginas 146-147.
2 Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento
El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario.
6 relación de causalidad con el hecho del despido del actor que fuera posteriormente
declarado nulo, hecho que originó que dejara de percibir sus ingresos remunerativos
habituales; por lo que ésta Judicatura concluye que está acreditada la concurrencia
del nexo de causalidad.
3.3 Respecto a si la demandada incurrió en dolo, culpa inexcusable leve en el
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales; cabe señalar:
a) que la culpa es toda violación de un deber jurídico, derivado de la falta de diligencia
(negligencia) en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de la ley o un
convenio; negligencia que puede derivar sea de una falta de previsión del resultado (in
omittendo) o una previsión errónea (in faciendo). En el primer caso el responsable no
previó las consecuencias, pudiendo y debiendo hacerlo; y en esto está su falta. En el
segundo caso, el responsable sí previó las consecuencias; pero confió con imprudencia
o ligereza en que no se producirían; sin embargo lo que es relevante es que en ambos
casos, la culpa sea perjudicial al acreedor, para que surja la responsabilidad del deudor,
pues no hay acción sin interés.
b) Por otro lado, la gravedad de la culpa, se deriva de la falta o ausencia de previsión de
las consecuencias, que pudieran ocasionar la determinación de una conducta o
comportamiento determinado, convirtiéndole por ende en una culpa inexcusable; de
manera que la previsión errónea de que no se daría el resultado dañoso, sólo
determinaría la configuración de una culpa leve.
c) La decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral; supone la obligación de
observar las disposiciones legales que regulan dicha vinculación; es decir la
concurrencia de una causa justa prevista en la ley y el cumplimiento del procedimiento
formal; de manera que la inobservancia de dichas exigencias importará la configuración
una conducta negligente; cuya gravedad dependerá de si dicho comportamiento denota
una negligencia inexcusable o una negligencia leve; para lo cual deberá evaluarse si el
empleador estuvo en la posibilidad de prever las consecuencias de dicho
comportamiento.
d) En éste caso, el despido sustentado en el artículo 34° del TUO del Decreto Legislativo
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral – LPCL, no puede ser calificado de modo automático como una
conducta dolosa, precisamente porque se sustentó en la aplicación de una norma
estatal, lo que excluye la voluntad infractora de la empresa empleadora (dolo), así como
la falta de previsión (culpa inexcusable); y si bien la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Lima en el Exp. N° 53852-2003con posterioridad determinó la inaplicación de
dicho dispositivo legal; tal determinación, no puede implicar la atribución de la
responsabilidad sea a título de dolo; sino la atribución de una negligencia inexcusable,
pues como lo refiere la sentencia aludida, la demandada planificó un cese masivo y con
7 vulneración del derecho a la libertad sindical, por lo que ésta Judicatura concluye que la
imputación de la responsabilidad de la demandada, debe sustentarse en éste caso
en la culpa inexcusable, prevista en el artículo 1320° del Código Civil.
3.4 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de lucro cesante, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar que el
daño en el caso del lucro cesante debe ser plenamente acreditado, no bastando invocar
haberlos sufrido, sino que debe ser demostrado; en ese caso se tiene en cuenta:
a) Que, el actor refiere que su despido arbitrario le ocasionó daños en su esfera
patrimonial en el rubro de lucro cesante, al verse privado en forma inmediata y
automática de los ingresos económicos dejados de percibir durante todo el período de
duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su reincorporación en el trabajo, que
comprenderían sus remuneraciones habituales, gratificaciones y otros beneficios; por los
que le asistiría el derecho al reconocimiento de tales daños y la atribución de las
consecuencias resarcitorias por parte de la entidad demandada;
b) En el caso de autos el actor; argumenta que el lucro cesante se deriva del hecho de que
repentinamente se vio privado de los ingresos económicos correspondientes a su
remuneración habitual y otros beneficios otorgados automáticamente como consecuencia
de sus servicios; pretensión que fue destinada judicial en el Proceso Laboral Exp. N° 47-
2010, los que jurídicamente se traducen en el lucro cesante; es decir los ingresos dejados
de percibir durante el período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su
reposición en el trabajo; daños que deben ser resarcidos económicamente a título de
indemnización; siendo que en numerosas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, señala que las remuneraciones dejadas de percibir tienen naturaleza
indemnizatoria y que deben hacer valer en la vía correspondiente; por lo que ésta
Judicatura concluye que en éste caso queda acreditado que el actor sufrió daños
económicos y que le confieren el derecho a percibir la indemnización
correspondiente a título de lucro cesante.
c) Para el cálculo de dicha indemnización debe estimarse como criterio objetivo que
permita cuantificar el importe indemnizatorio, el elemento temporal, traducido en el
hecho de que el actor dejó de laborar por causa imputable a la demandada en el período
del 16 de septiembre del 1,999 al 19 de diciembre del 2006, es decir por 08 meses y 16
días; y el elemento objetivo que se traduce en el hecho de haber dejado de percibir sus
ingresos en dicho período (remuneraciones); ingresos que deben tomarse como
elemento referencial de cálculo, como así también lo estableció la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, en la sentencia emitida en fecha 30 de enero del 2001, en el
caso de Ia reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional Peruano,
estableciendo que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos en
sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los
8 salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se
acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la
ilegal declaración de excedencia.
d) En tal sentido, cabe adicionalmente para delimitar adecuadamente la base referencial
que debe servir para el cálculo de la indemnización reclamada, atendiendo a que el actor
refiere que debe abonársele teniendo como base la remuneración de S/.3,109.88
nuevos soles, como se desprende así de su boleta de pago del mes de agosto de 1,999
(fojas 109); lo que además no ha sido negado ni contradicho por la demandada;
debiendo tomarse en consideración para la cuantificación lo dejado de percibir por
remuneraciones, gratificaciones, beneficios de percepción automática y con carácter
remunerativa como consecuencia del vínculo laboral y que no requiere otro requisito
adicional al período de labor como así se desprende de lo previsto por el artículo 2° del
Decreto Supremo N° 005-2002-TR y el inciso e) del artículo 8° del Decreto Supremo N°
001-97-TR; no pudiendo por ende incluirse en el cálculo el concepto de utilidades
en atención a que conforme a lo previsto por el literal a) del artículo 2° del Decreto
Legislativo 892°; que exige para el cómputo y cálculo el número de días real y
efectivamente trabajados, situación que no se da en el caso del actor y dado que
además las utilidades están vinculados directamente con la labor efectiva del trabajador
que contribuye a su generación.
e) El período efectivo, por el que sufrió los perjuicios a título de lucro cesante, es de 05
años, 03 meses y 05 días; en tal sentido considerando que antes de su despido percibía
habitualmente la remuneración total de S/.3,109.88; conforme así se desprende de la
boleta de pago de agosto de 1,999; a los que se debe agregar los incrementos al básico
conforme a los Convenios Colectivos de los años 2000 y 2006, gratificaciones;
Escolaridad por tener hijos menores (partidas fojas 136 y 137), excluyéndose la
gratificación extraordinaria, cuya cuantificación aparece en la liquidación que aparece en
la demanda de los cuales se excluye el concepto de la Bonificación por Productividad, lo
que resulta la suma de S/.366,993.24, a los que se debe agregar la Compensación por
Tiempo de Servicios en la suma de S/.28,283.32 soles; por lo que de la sumatoria
determina un importe indemnizatorio por lucro cesante equivalente a TRESCIENTOS
NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTISEIS CON 56/100 NUEVOS SOLES
(S/.395,276.56).
3.5 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de daño emergente, determinado de ser el caso su importe; en ese caso se
tiene en cuenta:
a) Que, el daño emergente consiste en el menoscabo o detrimento patrimonial que sufre la
víctima como consecuencia del daño; en tal sentido, si bien es cierto, que un accidente
de trabajo, con la consiguiente incapacidad total temporal; por sus consecuencias y
9 efectos inmediatos, genera un menoscabo patrimonial; también es cierto que atendiendo
a la distribución de la carga probatoria en éste tipo de procesos; deben ser demostrados
y acreditados por el agraviado de modo objetivo y fehaciente, conforme al artículo 1331°
del Código Civil y artículo 196° del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto, que la
responsabilidad se deriva del incumplimiento de obligaciones laborales; también es
cierto que la pretensión indemnizatoria reviste una responsabilidad civil, distinta a la
responsabilidad laboral, por lo que no cabe trasladar la carga probatoria en éste caso al
empleador, ni tampoco la aplicación de los principios tuitivos propios y específicos del
derecho laboral.
b) Que, en el presente caso, el actor alega que el daño emergente se configura a que
asumió y sigue asumiendo los gastos del préstamo efectuado por familiares y del
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en la suma total de
S/.81,428.50 Soles para que susbsistiera mientras dure el despido.
c) Que, de la constancia de Ayuda Económica Reembolsable (fojas 130) y de la liquidación
(fojas 131); se acredita el préstamo que el Sindicato Unitario de Trabajadores de
Telefónica del Perú SAA., para subsistir mientras dure el proceso sobre su despido, pero
teniendo en cuenta que en el presente proceso, se ha procedido a la indemnización del
daño por lucro cesante, que ha sido fijado en función a la remuneración; se ende con
dicha cantidad esta resarcido el préstamo alegado; con excepción de los interés; el cual
no puede ser cuantificado, dado que el actor no aportó al proceso ningún medio
probatorio que demuestre el monto abonado y la tasa de interés pactado por lo que
conforme a las normas invocadas la demandada debe ser absuelta por ausencia de
prueba, debiendo declararse infundada la demanda en éste extremo;
3.6 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de daño moral, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar que se
entiende como la lesión a los sentimientos y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento
en la víctima; y en éste caso el hecho del despido y sobre todo el que reviste arbitrariedad
genera un sentimiento colectivo de aflicción, que a su vez impone la necesidad de la tutela
legal y resarcimiento a la víctima; conforme a lo previsto por el artículo 1322º del Código Civil
establece que: “El daño moral, cuando él se hubiere irrogado, también es susceptible de
resarcimiento”, y dado que dicho dispositivo, no hace referencia específica alguna al
significado del daño moral, resulta aplicable extensivamente para su valuación, el significado
del daño moral previsto en el artículo 1984° que señala: “El daño moral es indemnizado
considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”; advirtiendo
sin embargo que, en relación al daño moral surgen dos grandes problemas: i) su acreditación,
y ii) su cuantificación. En el primer caso, existe una enorme dificultad para establecer si
existe daño moral o no, pues no todas las personas expresan sus sentimientos o emociones;
10 en otros casos puede haber una simulación de sufrimientos; y en otros los sufrimientos
severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del
sujeto, por tal razón la jurisprudencia ha optado por presumir que en aquellos casos de
despidos arbitrarios, abruptos y repentinos, la persona padece un fuerte sufrimiento o tristeza
pues repentinamente se ve privado de su principal sustento personal y familiar; más aún si se
trata de una trabajadora; pues ella se extiende a su cónyuge, hijos y parientes, resultando por
tanto evidente la causación del daño moral que impone su reconocimiento y la consiguiente
indemnización. En el segundo caso igualmente resulta difícil cuantificar el monto de la
indemnización, pues los sentimientos morales resultan inapreciables económicamente; en tal
virtud; la cuantificación de la indemnización que corresponda fijarse a favor de la actora; debe
ser estrictamente equitativa; pues ella nunca podrá constituir un real o justo resarcimiento en
su dimensión integral del daño moral causado, sin embargo por lo menos contribuirá a aliviar
el sufrimiento de la actora; en tal virtud no existiendo en el sistema jurídico nacional, un
parámetro fijado para la determinación o cuantificación de dichos daños; consideramos que
objetivamente resulta aplicable por analogía el parámetro fijado por el artículo 76° de la
LPCL, que fija el cuantum de la indemnización por el despido arbitrario en atención a los
períodos dejados de laborar, que en el caso de la actora equivale a 05 años 03 meses y 3
dias, con la última remuneración percibida S/.3,109.88 Soles, como se desprende así de su
boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109), cuya remuneración computable seria
el monto de S/.4,664.82 Soles; parámetro que a criterio de ésta Judicatura resulta también
plenamente aplicable para el caso de la indemnización por daño moral; dado que éste
guarda compatibilidad con los elementos objetivos invocados para su determinación; en tal
virtud correspondería disponerse que la demandada pague por éste concepto, el equivalente
al tope máximo de 12 remuneraciones ordinarias, equivalente a TREINTISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTISIETE CON 49/100 NUEVOS SOLES (S/.37,357.49 ).
DE LOS INTERESES LEGALES:
4 El importe total indemnizatorio fijado, constituye una obligación dineraria, cuya
determinación requirió de una declaración judicial previa; devengan intereses legales a
partir de la presentación de la demanda, conforme a lo previsto por el artículo 1334° del
código civil y hasta la fecha de su pago efectivo; las cuales deben ser calculo en ejecución
de sentencia.
DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO:
5 Las costas y costos del proceso, conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren ser
demandados; sin embargo deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia,
debiendo además precisarse su cuantía o modo de liquidación; en concordancia con lo
11 previsto en el artículo 14° de la misma ley que señala que la condena en costas y costos
se regula conforme a la norma procesal civil, que en su artículo 413° exime a las
entidades públicas del pago de las costas y costos, sin embargo la sétima disposición
complementaria de la NLPT, faculta al Juzgador la imposición del pago de los costos
procesales a las entidades públicas; en tal sentido atendiendo a que la demandada tiene
la condición de parte vencida, corresponde imponerle la obligación de pagar los costos del
proceso, para lo que se tiene en cuenta que las pretensiones demandadas fueron
admitidas, el despliegue desarrollado por el Abogado del actor, el mismo que tuvo que ser
contratado para ejercer su defensa; ésta Judicatura estima que debe imponerse en el
importe equivalente al quince por ciento (15%) de los importes totales se ordene pagar a
la demandada a favor del actor, incluido las obligaciones principales y los intereses legales
y cuyo cálculo debe efectuarse en ejecución de sentencia.
VII.- DECISIÓN:
Por las razones expuestas el Juez del Octavo Juzgado Laboral Permanente de Lima,
Administrando Justicia a Nombre de la Nación RESUELVE:
1) Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por daño emergente.
2) Declarar FUNDADA en parte, la demanda interpuesta por JORGE BELTRAN
CIENFUEGOS contra TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA., sobre Indemnización por daños y
perjuicios en el rubro de lucro cesante y daño moral
3) ORDENAR que la demandada le pague al actor el importe total de CUATROCIENTOS
TREINTIDÓS MIL SEIS CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 05/100 SOLES
(S/ |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXPEDIENTE N.º 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
SEÑORES:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
CÁRDENAS ALVARADO
Lima, diez de agosto del dos mil veinte.
VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa, de fecha 03 de agosto último, con la asistencia del
demandante y de su abogada Miriam Ramírez Aldivar, así como de la apoderada y
abogada: Sheila Ninayahuar Alejos, por la parte demandada; e interviniendo en calidad
de ponente el señor Juez Superior Cárdenas Alvarado.
ASUNTO:
Viene en grado de apelación: La Sentencia N.º 102-2019, contenida en la resolución N.º
Cinco, de fecha 30 de abril del 2019, obrante de folios 492 a 503, que declara: 1.-
INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por daño emergente; 2.-
FUNDADA en parte la demanda interpuesta en el extremo de lucro cesante y daño
moral; y que es corregida mediante la Resolución N° 06, de fecha 02 de mayo de 2019,
en el extremo que ORDENA que la demandada le pague al actor el importe total de
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 64/100 SOLES
(S/.739,119.64) por lucro cesante, daño moral e interés legal a diciembre de 2014 del
monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas y lucro cesante por interés del
monto indemnizatorio por compensación por tiempo de servicios no percibidos, más los
intereses legales, costas y costos del proceso que serán liquidados en ejecución de
sentencia; fallo que es impugnado por ambas partes conforme a sus recursos de
apelación que corren de folios 527 a 539 y de folios 541 a 545.
AGRAVIOS:
1.- La parte demandada en su recurso de apelación de fecha 08 de mayo de 2019,
señala como agravios:
i. El mandato de reposición en un proceso de amparo no es suficiente para imputar
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el pago de una indemnización por daños y perjuicios: la responsabilidad civil en
las relaciones laborales se sustenta en el incumplimiento de los deberes y cargas
que surgen del contrato de trabajo y de la Ley, siendo aplicable la inejecución de
obligaciones.
ii. El demandante interpuso una demanda de amparo y en el cual a través de dicho
proceso fue repuesto a la empresa, hecho que no resulta suficiente para
determinar la procedencia del pago de una indemnización por daños y perjuicios,
menos aún, si los efectos de la acción de amparo únicamente se agotan con el
otorgamiento de la tutela resarcitoria, es decir, con la reposición del demandante;
por tanto, la sentencia ha incurrido en un error al sustentar su decisión
únicamente en el despido del demandante y su posterior reposición, pues no es
suficiente para que se obligue a la empresa a cumplir con el pago de una
indemnización por daños y perjuicios.
iii. La indemnización por responsabilidad civil exige que el daño invocado sea
acreditado por la víctima, sin embargo la sentencia incurre en error al amparar la
indemnización por daño moral y al determinar su cuantía, pues no ha sustentado
su decisión en medio probatorio alguno que acredite el daño moral alegado por el
demandante, pues sólo se ha sostenido que la sola existencia de un despido
arbitrario supone la existencia de daños emocionales que resultan ser
susceptibles de indemnización, omitiendo respecto a la carga de la prueba que
tiene el demandante de forma cierta la existencia y cuantía de los mismos.
iv. Además que, a lo largo del proceso el demandante no ha ofrecido ningún informe
psicológico o psiquiátrico que acredite su afectación emocional o de sus
familiares como consecuencia del despido efectuado por la empresa a efectos de
generar convicción respecto al daño moral reclamado, no obstante el Juzgado ha
efectuado el cálculo de la indemnización por daño moral sobre la base de lo
dispuesto en el artículo 76° del Decreto Supremo N° 003-97-TR que regula el
supuesto de indemnización de despido arbitrario.
v. La sentencia incurre en error al efectuar el cálculo de la indemnización por lucro
cesante reclamada por el demandante en el presente proceso: el Juzgado ha
resuelto ordenar el pago del monto correspondiente a la indemnización por lucro
cesante reclamada por el demandante en atención a la suma de S/.3,109.88
Soles percibidos como remuneración total en el mes de
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agosto de 1999, sin embargo, dicho monto no coincide directamente como la
suma neta ni bruta de lo percibido por el actor en el mes de agosto de 1999; así
también el Juzgado ha considerado los incrementos remunerativos establecidos
en los convenios colectivos de los años 2000 y 2006 indicando que resultan ser
materia de lucro cesante; sin embargo, no corresponde la inclusión de dichos
incrementos remunerativos en el cálculo de la indemnización por lucro cesante,
pues no se ha realizado un análisis respecto de las condiciones a las que se
encontró sujeto su otorgamiento durante el periodo de vigencia de los referidos
convenios colectivos y porque no son materia de reclamo por parte del
demandante en este caso.
vi. La cuantía sentenciada por el Juzgado como indemnización por lucro cesante
resulta ser errada, pues utiliza como base de cálculo un monto que no se condice
con lo percibido por el demandante por concepto de remuneración neta o bruta,
sin llevar a cabo los descuentos correspondientes a cargas sociales, peor aún,
incluye conceptos económicos cuya percepción no se encuentra debidamente
acreditada.
vii. Respecto al lucro cesante por el interés legal a diciembre de 2014 del monto
indemnizatorio por remuneraciones no percibidas (S/.395,276.56 Soles), así como
lucro cesante por interés del monto indemnizatorio por compensación por tiempo
de servicios no percibida (S/.306,485.59 Soles): no habiéndose demostrado
fehacientemente que el demandante le pudiera corresponder una indemnización
por lucro cesante y daño moral, el Juzgado yerra otorgando sumas de dinero con
liquidaciones antojadizas y fuera de lo que establece la Ley.
2.- La parte demandante en su recurso de apelación de fecha 08 de mayo de 2019
señala los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de lucro cesante por participación de utilidades no percibida: de
no haber mediado el despido, el trabajador hubiese laborado regularmente y
hubiese obtenido su participación de utilidades, lo que hoy constituye un lucro
cesante derivado del despido antijurídico, por lo que se solicita que se revoque el
extremo que declara infundado el resarcimiento del lucro cesante por
participación de utilidades no percibidas y ordene el monto solicitado en la
demanda no menor de S/.169,410.43 Soles y sus respectivos intereses desde el
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momento que se produjo el daño.
ii. Respecto al daño moral: la sentencia establece la suma de S/.37,357.49 Soles,
monto que no refleja una apreciación objetiva de las circunstancias ni de la
magnitud del padecimiento a que se vio sometido el trabajador debido a la acción
ilegal de la empresa, pues una adecuada evaluación del daño moral ocasionado
al actor deberá considerar no sólo el padecimiento que produjo el acto del
despido sino también el largo periodo que duro como 7 años, siendo los dos
procesos que inicio y afrontó el trabajador con los gastos, angustias e
incertidumbres derivados de ello, entre sus varios intentos por lograr que la
empresa reconozca la deuda que mantiene con él, y más adversidades causaron
un sufrimiento constante al demandante y su familia, además de la concerniente
afectación a su proyecto de vida, lo que en parte está reflejado en el video del
programa periodístico ofrecido como prueba, por lo que solicita se aplique el
monto solicitado en la demanda.
iii. Respecto a los costos procesales: la sentencia ha fijado los costos procesales en
15%, siendo que el actor fijó con su abogada el monto del 20% como honorarios
profesionales por la presente causa conforme al contrato que adjunta al presente,
porcentaje que es el promedio del mercado para los casos cuota Litis, máxime si
se trata de procesos de gran complejidad como el presente; por tanto, el actor
debe ser reintegrado en estos costos procesales por la demandada;
iv. La sentencia desestima aspectos esenciales de la pretensión del trabajador
afectándolo económicamente impidiendo un resarcimiento en justicia debido a un
despido injustificado que duró 7 años y que le ocasionó grave perjuicio moral y
económico.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370° in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum apellatum quantum devolutum”, en virtud de la cual, la apelación la
competencia del Superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde
a este órgano jurisdiccional circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión
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de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia.
SEGUNDO. 2.1 En la Audiencia de Conciliación llevada a cabo con fecha 19 de abril del
2016, que corre de folios 249/249 vuelta, se establecieron las siguientes pretensiones materia
de juicio:
Primera pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/.1,336,227.27 Soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios;
Lucro Cesante por sueldos no percibidos desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante por interés legal a diciembre 2014;
Montos por sueldos no percibidos;
Lucro Cesante por compensación por tiempo de servicios desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante de diciembre 2014 por compensación por tiempo de servicios no percibidos;
Lucro Cesante por participación de utilidades desde 1999 a 2006;
Lucro Cesante por interés legal de diciembre 2014 por indemnización por participación de
utilidades no percibidas;
Daño emergente y daño moral;
Segunda pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos.
TERCERO: Absolución del i), ii), y iii) agravio de la parte demandada, referidos a la
indemnización por daños y perjuicios:
3.1 Es de indicar que, según la responsabilidad laboral, se obliga al causante del daño (que
puede ser el empleador) a repararlo, siempre que se demuestre la concurrencia de los
elementos de la responsabilidad indemnizatoria; de manera que, el hecho de que, la
víctima (trabajador) pueda o no obtener el pago de sus beneficios sociales, no excluye, en
absoluto la posibilidad de obtener la indemnización por los daños que hubiera sufrido al
amparo de las normas civiles, así como tampoco impide que sea la Judicatura Laboral, la
competente para conocer ella, en razón a que el hecho determinante de la responsabilidad
del empleador (incumplimiento de obligaciones laborales), no puede ser apartado del
contrato de trabajo o de la rama social del Derecho Laboral; por tanto, está en mejor aptitud
de conocer con detalle y precisión los temas vinculados al incumplimiento de obligaciones
laborales.
3.2 De fojas 8 a 13, corre la sentencia, de fecha 30 de enero de 2006, emitido en el
5 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
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Expediente N.º 53852-2003, por el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima,
declarando Fundada la demanda de proceso de amparo interpuesto por el Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, a favor del demandante y un grupo de
trabajadores, disponiéndose: “(…) que Telefónica del Perú deberá: Reincorporar a los
trabajadores Francisco Huamán Choque, Hernán Pastor Flores Diestro, Félix Ricardo
Reyes Capuñay, Ángel Fernando Aquije Soto, Víctor José García Machiavello, Jorge
Beltrán Cienfuegos a sus puestos de trabajo. Consentida o ejecutoriada que sea la
presente Sentencia. Archívense los presentes autos.”; fallo que es confirmado por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, conforme consta de la
sentencia de vista, de fecha 13 de julio de 2006, que obra de folios 15 a 18/18 vuelta; de
lo que, se advierte que, es a través de dicho proceso de amparo que se le repuso tanto al
demandante como a otros 5 trabajadores a su centro de trabajo, en el cargo que venía
desempeñando a la fecha en que se produjo el cese, acto que se corrobora con el Acta
de Reposición de fecha 19 de diciembre de 2006, que consta a folios 19 de autos.
3.2. Con tales presupuestos, cabe el análisis de la indemnización reclamada, así lo
peticionado debe ser analizado dentro del ámbito de la responsabilidad laboral
contractual, que incluye el concepto demandado de: lucro cesante conforme a los
artículos 1321° y 1322° del Código Civil, de aplica ción supletoria al presente caso, esto
es, el resarcimiento por la inejecución de la obligación en el pago del haber del actor,
durante el período que estuvo cesado, en tal contexto debe señalarse que son
presupuestos de la responsabilidad Civil la existencia: 1) daño, 2) antijuricidad, 3) relación
causal, y finalmente 4) el factor atributivo de responsabilidad civil.
3.3. En ese contexto, es de indicar que el daño jurídicamente indemnizable, es toda
lesión o interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o
extrapatrimonial, en ese sentido, los daños ocurrentes también en tales contextos; así se
consideran como patrimoniales los que agravien los derechos patrimoniales, y serán de
índole extrapatrimonial los agravios a derechos que tengan tal naturaleza, es el caso de
los sentimientos considerados socialmente dignos y legítimos, como tal envueltos de
tutela, siendo que su agresión genera el llamado daño moral, en el mismo supuesto de
daño, tenemos la agresión dirigida contra la integridad física, sicológica y al proyecto de
vida de la persona, lo que genera los daños extrapatrimoniales, pues los bienes jurídicos
están protegidos por derechos de igual naturaleza.
3.4. En igual medida para el presupuesto de la relación de causalidad debe existir
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relación de causa efecto (antecedente consecuente), entre la conducta de la demandada
y el daño causado, elemento que determina la responsabilidad y su obligación de
Indemnizarlo. En cuanto a los Factores de atribución, pueden darse de modo subjetivo
y objetivo, expresándose en diversa forma ya se trate de responsabilidad contractual o
extracontractual.
3.5. En tal sentido, aplicando el correlato normativo a los hechos, se aprecia de folios 08
a 19, las copias de los actuados respecto del proceso de amparo en las instancias
judiciales, que el actor y sus 5 compañeros de trabajo interpusieron proceso de amparo
con los que, se acredita que, el demandante fue despedido de su trabajo sin causa justa
derivada de su conducta o de su desempeño laboral que justificará el despido, de lo que,
se denota el incumplimiento de la demandada de las obligaciones nacidas de toda
relación contractual laboral y de las normas fundamentales y especiales, protectoras
dictadas en ese sentido, siendo la consecuencia directa del hecho infractor, el dejar de
percibir determinados ingresos o ganancias que tiene carácter alimentario; por tanto, ha
sido acreditado el carácter antijurídico de la conducta asumida por la demandada,
conforme ha sido declarado en la sentencia antes mencionada, generándose con ello la
obligación de resarcir los posibles perjuicios ocasionados, que han tenido su origen en la
conducta antijurídica de la demandada, contraria a la Constitución Política del Estado y la
Ley.
3.6. De lo expuesto en los considerandos precedentes, se advierte que, el origen de la
pretensión del actor materializado en el presente proceso, es consecuencia de la
demanda de amparo, cuya finalidad esencial es la protección efectiva de los derechos
constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 200°,
numeral 2) de la Constitución Política del Estado1; por ende, el restablecimiento de la
situación anterior en el caso que nos ocupa implica no solamente la readmisión del actor
a su puesto de trabajo, sino adicionalmente la reparación de las consecuencias que la
afectación a un derecho constitucional produjo, esto es, la plena restitución.
1
Artículo 200° de la Constitución, numeral 2, sostiene que: procede el Amparo, contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales, con excepción de
aquellos derechos que son protegidos por el habeas corpus y el habeas data.
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3.7. A efectos de esclarecer los hechos, se debe recurrir a las fuentes del derecho, dentro
de las cuales está la Jurisprudencia expedida por organismos supra nacionales como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que manifestó en el caso Aguirre Roca,
Rey Terry y Revoredo Marsano versus Perú, en la sentencia del 31 de enero de 2001, en
su considerando 121, lo siguiente: “Esta Corte ha manifestado, en relación al daño
material en el supuesto de víctimas sobrevivientes, que el cálculo de la indemnización
debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que éstas permanecieron sin
trabajar (68). La Corte considera que dicho criterio es aplicable en el presente caso (69),
y para tal efecto dispone que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los
salarios caídos y demás derechos laborales que correspondan a los magistrados
destituidos, de acuerdo con su legislación. Asimismo, el Estado deberá compensar a los
funcionarios por todo otro daño que éstos acrediten debidamente y que sean
consecuencia de las violaciones declaradas en la presente sentencia. El Estado deberá
proceder a fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios
respectivos, a fin de que las víctimas los reciban en el plazo más breve posible” (sic).
3.8. El Tribunal Constitucional respecto a la indemnización por daños y perjuicios ha
señalado que dicha pretensión tiene naturaleza resarcitoria, conforme ha venido
indicando en su senda jurisprudencia (STC N° 6429-2007-AA, N° 3947-2010-AA, 50-
2011-AA, entre otras); por tanto, delimitado el marco conceptual de la responsabilidad de
la demandada, cabe señalar que, si le corresponde al actor el pago de la indemnización
por daños y perjuicios derivado por el periodo en que estuvo ilegalmente despedido, dado
que, al accionante se le ocasionó un perjuicio material de naturaleza económica, al
haberse frustrado sus expectativas de percibir los haberes que le correspondían,
perjudicando su propia subsistencia y la de su familia, por lo que corresponde amparar la
demanda, respecto a los daños acreditados, como parte del resarcimiento al derecho
conculcado a la accionante, toda vez que, se ha advertido la entidad del daño causado, la
relación causal, y los factores de atribución, cuyos montos indemnizatorios serán
analizados más adelante; por tales fundamentos, corresponde desestimar el i), ii) y iii)
agravio, expresados por la parte demandada.
CUARTO: Con relación al v), vi) y vii) agravio de la parte demandada, y al i) agravio
del demandante, referidos al lucro cesante:
4.1 Es de señalar que el lucro cesante está constituido jurídicamente por la renta o
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ganancia frustrada o dejada de percibir por la demandante como consecuencia de los
ingresos remunerativos dejados de percibir. Para efectos de lo vertido es menester
señalar la parte pertinente del Noveno considerando de la Casación Laboral N° 16708-
2014-Arequipa, Indemnización por daños y perjuicios – Proceso Ordinario - NLPT señala:
“…Es así que han quiparado el lucro cesante como remuneraciones devengadas,
efectuando en ambas instancias las cuantificaciones y cálculos correspondientes a las
remuneraciones y gratificaciones, sin tener en cuenta que tienen una naturaleza jurídica
distinta, pues mientras la primera, es una forma de daño patrimonial que consiste en la
pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica como consecuencia del
daño; el segundo son las remuneraciones que el trabajador no pudo cobrar por falta de
contraprestación efectiva de trabajo, cuya naturaleza es retributiva y no indemnizatoria a
diferencia del primero, conceptos que son diferentes, y por ende el quantum debe
establecerse, teniendo en cuenta los criterios que establece el Código Civil, y en su caso
observar la aplicación del artículo 1332° del referido cuerpo normativo.” (Lo resaltado es
agregado); asimismo el Décimo considerando recaído en la CAS. N° 2677- 2012- Lima,
de fecha 12 de noviembre del 20132 dejó precisado: “Que, en ese sentido, este Tribunal
Supremo concluye señalando: (i) que el despido arbitrario efectuado en contra del
demandante le ocasionó daño patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, dado que
hubo una “falta de ingresos de determinados bienes o derechos al patrimonio de la
víctima”, quien se vio privado de beneficios que hubiera obtenido de haber continuado
laborando para la recurrente; (ii) que el pago del lucro cesante no puede asimilarse a las
remuneraciones no canceladas, pues ello constituiría enriquecimiento indebido y pago
por labor no efectuada; (iii) que siendo ello así es posible acudir a lo dispuesto en el
artículo 1332 del Código Civil (dispositivo que ha sido expresamente ignorado por la Sala
Superior), norma que expresamente refiere que si el resarcimiento del daño no pudiera
ser probado en su monto, el juez deberá fijarlo con valoración equitativa; (iv) que dicha
valoración equitativa no entraña una decisión arbitraria e inmotivada, pues ello repugna
nuestro ordenamiento constitucional, por lo que debe ser necesariamente justificada,
utilizando para ello algunos parámetros que le permitan arribar a una decisión que
permita restablecer, en lo posible, la situación a los límites anteriores al daño,
2 www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/ar.../CAS2-220714.docx.
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confrontado ello con los hechos sucedidos; y, (v) que ello, precisamente, ha ocurrido en
la sentencia de primera instancia cuando utiliza como término de cuantificación la
remuneración mínima vital al momento del despido, que representa una cantidad
proporcional entre lo que se ganaba y lo que se dejó de percibir.” (Lo resaltado es
agregado);
4.2 El concepto de lucro cesante o lucrum cessans, está constituido jurídicamente por
la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir por el accionante como consecuencia
de los ingresos remunerativos dejados de percibir, en virtud al cese ilegal ocasionado por
la parte demandada, por lo que se le ha perjudicado en la percepción de sus ingresos
económicos desde el 16 de setiembre de 1999 en que fue despedido de manera
injustificada, y como tal ha sido detallado en la sentencia N° 47-2020, de fecha 24 de
mayo de 2010, que corre de folios 24 a 36, sobre el proceso interpuesto por el accionante
sobre pago de remuneraciones devengadas contra la emplazada Telefónica del Perú
A.A.A.
4.3. En cuanto al agravio de la parte demandada, referente al lucro cesante del
interés legal del monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas, así como
el lucro cesante por intereses del monto indemnizatorio por compensación por
tiempo de servicios no percibida, debe precisarse que, si bien el Juzgado ha
mencionado en el décimo sétimo considerando de la sentencia recurrida lo establecido
por el artículo 1985° del Código Civil, resaltando que: “(…) El monto de la indemnización
devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”; sin embargo, la
determinación del pago de intereses legales se determina en la etapa de ejecución de
sentencia.
4.4. Por otro lado, en cuanto a lo solicitado por el accionante respecto al lucro cesante
por el interés legal a diciembre de 2014 del monto indemnizatorio por remuneraciones no
percibidas, así como el lucro cesante por intereses del monto indemnizatorio por la
compensación por tiempo de servicios no percibidas, conceptos amparados por el
Juzgado en la sentencia apelada, sin embargo, es importante para éstos casos tener
presente que el lucro cesante y las remuneraciones no percibidas tienen naturaleza
jurídica distinta, pues como se ha citado anteriormente el lucro cesante: es una forma de
daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima y tiene naturaleza
indemnizatoria; mientras que en las remuneraciones no percibidas, ha sido en los casos
que el trabajador no pudo cobrar por falta de contraprestación efectiva de trabajo y
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porque además tiene naturaleza retributiva y no indemnizatoria a diferencia del lucro
cesante.
4.5. Tal es así que, de fojas 24 a 48, corren las sentencias emitidas en el proceso
interpuesto por el mismo demandante contra la emplazada sobre pago de
remuneraciones devengadas y otros beneficios económicos, siendo amparada la
sentencia del Décimo Sétimo Juzgado Laboral de Lima mediante sentencia de fecha 24
de mayo de 2010, y revocada mediante sentencia de vista de fecha 15 de agosto de 2011
emitida por la Primera Sala Laboral de Lima, por tanto, es en dicho proceso en que se
desestimó su derecho de pago de remuneraciones devengadas, en consecuencia, no
correspondería ahora en este proceso de indemnización por daños y perjuicios
determinar un pago por lucro cesante del interés legal del monto indemnizatorio por
remuneraciones no percibidas, así como por lucro cesante por intereses del monto
indemnizatorio por compensación por tiempo de servicios no percibida por derivarse de
pretensiones de beneficios sociales, los mismos que en su oportunidad fueron
rechazados; motivos por los cuales el vii) agravio de la parte demandada deben ser
estimado.
4.6. En cuanto al i) agravio de la parte demandante, referido al lucro cesante por
participación de utilidades, debe precisarse que, el Decreto Legislativo N.º 892, que
regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, contempla en su
Artículo 2° lo siguiente: “Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente
Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución
por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Respecto al
porcentaje y distribución el mismo artículo 2° establece lo siguiente: a) 50% será
distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal
los días real (*) NOTA SPIJ y efectivamente trabajados. Para este efecto, se consideran
como días laborados los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora.”.
4.7. Por consiguiente, siendo requisito para el otorgamiento del pago de utilidades lo
establecido por el literal a) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, es decir, lo
referido al cómputo y cálculo del número de días reales y efectivamente trabajados, sin
embargo, en el presente caso no se ha dado, por el periodo en el cual el demandante no
ha laborado para la emplazada, por haberse encontrado cesado arbitrariamente; siendo
así, es que no correspondería que se incluya el concepto de utilidades como pago
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indemnizatorio por lucro cesante, en consecuencia, el i) agravio del demandante no
resulta estimable.
4.8. No obstante lo antes expuesto, habiéndose acreditado que actor fue cesado de
manera ilegal por la demandada, por lo que se le ha perjudicado en la percepción de sus
ingresos económicos desde el 16 de setiembre de 1999 en que fue despedido de manera
injustificada, y como tal ha sido detallado en la sentencia N° 47-2020, de fecha 24 de
mayo de 2010, que corre de folios 24 a 36, corresponde señalar que, conforme al mérito
de la boleta de pago del 24 de agosto de 1999 (antes de la fecha del cese) que consta a
folios 109, es que se debe tener como un indicador referencial para determinar el monto
por lucro cesante, toda vez que, para este tipo de pretensiones el quantum
indemnizatorio por este concepto debe ser calculado en virtud a lo estipulado por el
artículo 1332° del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en
su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.” (El resaltado es
agregado).
4.9 Por tanto, teniendo en cuenta el periodo que ha dejado de percibir sus
remuneraciones desde la fecha de su despido ocurrido el 16 de setiembre de 1999
hasta el 19 de diciembre de 2006, fecha en que fue repuesto conforme al Acta de
Reposición que consta a folios 19; además el actor percibía una remuneración básica
mensual de S/. 2,842.94 Soles conforme se advierte de la boleta de pago del mes de
agosto de 1999 que corre a fojas 109, tomándose en cuenta el periodo de 7 años, 3
meses y 3 días (87 meses), que estuvo privado de sus remuneraciones por el trabajo que
desempeñaba como Técnico III; en consecuencia, de conformidad con los fundamentos
que anteceden, éste Colegiado estima pertinente que el monto indemnizatorio por lucro
cesante, prudencialmente debe fijarse en la suma de S/.200,000.00 (DOSCIENTOS MIL
CON 00/100 SOLES), de conformidad con el precepto normativo mencionado
previamente; siendo así, corresponde estimar en parte el v) y vi) agravio expuesto por
la demandada, modificándose éste extremo de la sentencia apelada.
QUINTO: Respecto al iv) agravio de la parte demandada y el ii) agravio de la parte
demandante, referidos al quantum indemnizatorio del daño moral:
5.1 Respecto al daño moral a que se refiere el artículo 1322° del Código Civil, comprende
aquellas lesiones generadas en el campo de la afectividad o sentimientos del
perjudicado, para lo cual se debe considerar que la actora pasó a la situación de
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desempleado en forma intempestiva y tal circunstancia produce una afectación y grado
de inseguridad que debe ser resarcido.
5.2. Es menester señalar la Jurisprudencia establecida en la Casación N° 949-953, como:
“(…) El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que
permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido, el mismo que puede
producirse en uno o varios actos; en cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una
pérdida pecuniaria y una afectación espiritual. El legislador nacional ha optado por la
reparación económica del daño moral, el que es cuantificables patrimonialmente y su
resarcimiento, atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil (reparatoria,
disuasiva y sancionatoria), debe efectuarse mediante el pago de un monto dinerario o
en su defecto a través de otr |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RAZON DE ESPECIALISTA LEGAL DE TRAMITE
SSEEÑÑOORRAA JJUUEEZZ::
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha debido a que los autos se
encontraban en despacho por un pedido de integración de sentencia, asimismo por las
recargadas labores que soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene a su cargo dos
secretarias de trámite de los juzgados (7° y 8°) teniendo como funciones proyectar
resoluciones entre autos y decretos y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ
tradicional para los expedientes físicos y así como proyectar resoluciones entre autos y
decretos en la Bandeja Electrónica de Expedientes Electrónicos-EJE- para los
expedientes electrónicos., dar cuenta de cedulas devueltas, otorgar poder por acta,
proyectar oficios para elevar expedientes al Superior Jerárquico, atender al público,
compaginar escritos, solicitar expedientes al archivo modular, entre otras funciones. Lo
que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Lima, 10 de julio del 2019
RESOLUCIÓN NÚMERO 07
Lima, diez de julio del dos mil diecinueve .
Con la razón que antecede: Téngase presente; Dando cuenta al escrito del 08-05-2019 y
escrito de fecha 05-06-2019 presentado por la parte demandante: Agréguese a los autos
el arancel que adjunta la parte demandante y Atendiendo:
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, con el arancel que adjunta, la parte demandante
interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada
en parte la demanda, la misma que es integrada mediante resolución seis de autos.
FUNDAMENTOS 1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el
día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria,
debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación,
requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne
los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN
(cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDANTE contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada en
parte la demanda e integrada mediante resolución seis de autos, la misma que se
concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala
Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con la debida nota de atención .-
Dando cuenta al escrito del 08-05-2019 y escrito de fecha 05-06-2019 presentado por la
parte demandada
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, con el arancel que adjunta, la parte demandada
interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada
en parte la demanda, la misma que es integrada mediante resolución seis de autos.
FUNDAMENTOS
2. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
3. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el
día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
4. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria,
debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación,
requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
5. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne
los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN
(cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDADA contra la Sentencia de fecha 30-04-2019 que declara fundada en
parte la demanda e integrada mediante resolución seis de autos, la misma que se
concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala
Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con la debida nota de atención .-
Interviniendo la especialista legal que da cuenta por mandato superior
Notifíquese. - |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 410-1818
EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : ALTAMIRANO MARTINEZ, CARLA
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, 02 de mayo del 2019.
DE OFICIO: Autos y vistos:
PRIMERO: Que, de la revisión de los actuados se aprecia la sentencia (resolución N°
05) de fecha 30 de abril del 2019, en la cual se resolvió declarar fundada en parte la
demanda, existiendo un error en la parte resolutiva de la sentencia en el monto
ordenado a pagar por la demandada a favor del actor.
SEGUNDO: Que, el Art. 407º del Código Procesal Civil señala que: "Antes que la
resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno,
corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos
pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución". (Lo subrayado es del
Juzgado). Por lo que dicho artículo otorga al Juzgador la facultad de corregir cualquier
error, mecanográfico numérico y completar una resolución respecto de puntos
controvertidos no resueltos siempre y cuando no modifiquen su contenido sustancial
de decisión.
CUARTO.- En virtud del artículo 407º del Código Procesal Civil, ésta judicatura
procede a corregir la sentencia aludida en la parte resolutiva de la misma, debiendo
ENTENDERSE así en dicho punto:
ORDENAR que la demandada le pague al actor el importe total de
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON
64/100 SOLES (S/ 739,119.64); por lucro cesante, daño moral e interés legal a
diciembre 2014 del monto indemnizatorio por remuneraciones no percibidas y
lucro cesante por interés del monto indemnizatorio por compensación por
tiempo de servicios no percibida; más los intereses legales, costas y costos del
proceso que serán liquidados en ejecución de sentencia.
Por consiguiente, en conformidad con lo previsto en los artículos 407º del Código
Procesal Civil SE DECLARA: CORREGIR LA RESOLUCIÓN N° 05 EN LO QUE
RESPECTA A LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA; prosiguiéndose la
causa conforme a su estado.
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MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
SENTENCIA N° 102 - 2019
RESOLUCIÓN N° 05
Lima, 30 de abril del 2019.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Complementaria de Juzgamiento de fecha 19 de marzo de
2019, con la concurrencia de la parte demandante, habiéndose reservado la emisión del fallo oral
y se fijó para la notificación de la sentencia escrita, ésta fecha; a los escritos de fechas
06.FEB.2019 y 08.MAR.2019, téngase presente.
I.- PARTES:
a) El demandante JORGE BELTRAN CIENFUEGOS (en adelante el actor).
b) La demandada TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.(en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
II.- DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LA DEMANDANTE:
Conforme al inciso 3) del artículo 43° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo – NLPT,
al no lograr la conciliación fijó las pretensiones del juicio formuladas por el actor, mencionándose
los siguientes:.
Primera Pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios; lucro cesante sueldos no percibidos
1999-2006; lucro cesante por interés legal 12-2014; montos por sueldos no percibidos,
lucro cesante por CTS no percibido 1999-2006; lucro cesante 12-2014, por CTS no
percibidos; lucro cesante por participación de utilidades 1999-2006; lucro cesante por
interés legal del 12.2014 por indemnización por participación de utilidades no percibidas;
daño emergente y daño moral.
Segunda Pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos judiciales.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
III.- DE LA CONFRONTACION DE POSICIONES:
3.1.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE:
El actor, en su demanda invocó los siguientes fundamentos de hecho:
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a) Que, es trabajador estable de la empresa demandada desde el 06.07.1982. El
16.09.1999 mientras ejercía el cargo de Técnico III fue arbitrariamente despedido
durante 7años (16.09.1999 hasta el 19.12.2006).
b) Que, como consecuencia de lo expuesto, la empresa demandada impidió al trabajador
prestar servicios a la empresa injustificadamente y, consecuentemente, de percibir sus
remuneraciones, CTS, participación de utilidades y demás beneficios sociales
c) Que, con fecha 07.10.1999 se interpuso una acción de amparo la cual fue declarada
improcedente mediante sentencia del TC; seguidamente se presentó una acción de
amparo ante el 4° juzgado Civil de Lima la cual fue declarada fundada mediante
sentencia de fecha 30.01.2006 confirmada por la Segunda Sala Civil de Lima la que fue
ejecutada por Acta de Reposición del 19.12.2006.
d) Que, desde su reposición el trabajador ha solicitado el pago sus salarios caídos y demás
beneficios sociales; primero en forma directa a la empresa, la cual no llegaron a ningún
acuerdo; después inició un proceso de pago de remuneraciones devengadas y demás
beneficios sociales ante el 17° juzgado laboral de Lima, la cual mediante Recurso de
Casación se declaró infundada la demanda. Con fecha 18.01.2013 solicitó una
conciliación con la empresa sin tener respuesta, el actor recurrió a un extraproceso al
Ministerio de Trabajo, la cual tuvo 9 reuniones, sin embargo la Autoridad de Trabajo
decidió suspender las reuniones a fin de dar un espacio de reflexión, sin embargo la
empresa sigue ignorando su pretensión, por lo que se ve obligado a iniciar esta
demanda.
e) Que, como consecuencia del despido injustificado, el actor debió recurrir a préstamos y
apoyos familiares y, asimismo recibió un apoyo mensual reembolsable del Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SAA ascendente a un monto promedio
de S/. 600.00 mensuales y que totalizan la suma de S/. 59,525.00, los mismos que se
acreditan con la constancia expedida por el Sindicato.
f) Que, respecto al daño moral sufrido a consecuencia del prolongado despido y las
diversas privaciones que esto ocasionó hacer valer sus derechos en dos procesos
judiciales con las angustias, preocupaciones e incertidumbres para él y su familia.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación y confrontación de posiciones invocó los siguientes hechos:
a) Dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, la misma que se oralizó en
la diligencia de audiencia de juzgamiento, declarándose infundada, en ese mismo acto la
demandada interpuso recurso de apelación. (Audio minuto 00:09:25).
b) Absolviendo la demanda señala que, los procesos iniciados por el actor en contra de la
empresa mediante la cual se amparó sus pretensiones, no resulta un elemento
determinante y concluyente para justificar el pago de una indemnización a su favor, no
basta con la acreditación de la cesación abusiva de la relación laboral para determinar la
existencia de daños patrimoniales o no patrimoniales que den lugar al pago de una
indemnización; como se ha señalado, para que surja la obligación de indemnizar tiene
que configurarse un supuesto de responsabilidad civil y, tal efecto, se necesita que
concurran todos sus elementos configurantes.
c) Que, respecto al daño emergente el actor señala que como consecuencia del despido
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injustificado se vio obligado a recurrir a un préstamo por parte del Sindicato de Unitario
de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A ascendente a S/. 59,525.00, el cual tuvo
como finalidad que el trabajador subsista durante el tiempo que estuvo despedido; que
de lo señalado por el actor se desprende que dicho préstamo no significó una
disminución en su patrimonio, sino que, por el contrario, este representa un ingreso
económico; el monto solo refleja que fue obtenido como un préstamo, y no acredita el
monto real que pudiera haber utilizado para afrontar algún menoscabo económico que
pudiera haber sufrido.
d) Que, el actor no explica cuál es el criterio para cuantifica su supuesto daño moral, en la
suma de S/. 500,000.00.
e) Que, respecto al lucro cesante tampoco ha sido sustentado ni acreditado mediante
ninguno de los medios probatorios que han sido aportados por el actor en el presente
proceso.
IV.- DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN PROBATORIA:
4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE PRUEBA:
Concluido los alegatos de apertura, se fijó como hechos no requeridos de prueba, los siguientes:
1. Fecha de ingreso 06-07-1982.
2. Fecha de despido 16-09-1999.
3. Acción de amparo en el año 2003, culminado en sentencia de vista de fecha 13-07-2006.
4. Vínculo laboral vigente.
5. Cargo desempeñado – Técnico III.
4.2.- DE LOS HECHOS REQUERIDOS DE PRUEBA:
Del mismo modo fijó como hechos requeridos de probanza los siguientes:
1. Determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de amparo
con la indemnización que es materia de controversia.
2. Determinar si como consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la
suma de S/. 1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y
daño moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda.
3. El pago de los intereses legales y si fuera el caso las cargas sociales, y costas del
proceso.
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
a) Se admitió los medios probatorios orales y documentales ofrecidos por el actor y la
demandada, conforme consta del audio y video.
b) Ninguna de las partes ofreció pruebas nuevas.
c) Ninguna de las partes formuló cuestiones probatorias.
d) Se procedió a la actuación de las pruebas, requiriéndose su oralización a los Abogados
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de ambas partes, como consta en el audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) Se requirió a los Abogados de las partes formulen sus alegatos finales, los que fueron
expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) Se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la sentencia
escrita, la que se procede a emitir.
c) La Magistrada, en la Audiencia Complementaria de Juzgamiento de fecha 19 de marzo
de 2019, solicitó a la parte demandante presente en la audiencia para que formule sus
alegatos.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y
principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el
debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones
procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y
la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base de la prueba
actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT);
debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos
nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga
probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1
NLPT); que precisan que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo
23.2); es decir que la acreditación de la ausencia del vínculo laboral alegado o la
autonomía o independencia en la prestación del servicio (sin subordinación),
corresponde exclusivamente al demandado; en tanto que cuando el demandante invoca
la calidad de trabajador le corresponde acreditar la existencia de la fuente normativa de
los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de
modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones
derivadas de las normas legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad (artículo 23.4.a).
ANÁLISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
3. Para determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción
de amparo con la indemnización que es materia de controversia; como
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consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la suma de S/.
1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y daño
moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda; se tiene en cuenta las siguiente:
4. Respecto a si el despido nulo del actor se configura como la conducta antijurídica
o el hecho generador de la Responsabilidad Civil; cabe señalar, el daño -elemento
sustancial de la responsabilidad civil-, en sentido amplio se entiende como toda lesión o
menoscabo del derecho subjetivo de un individuo y en sentido específico como todo
menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el derecho u
ordenamiento jurídico ha considerado merecedor de la tutela legal.
5. Según la doctrina, estos daños pueden ser 1) patrimoniales o 2) extrapatrimoniales. El
primero comprende al daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) y
el lucro cesante (la ganancia dejada de percibir). El segundo comprende al daño moral
(la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o
sufrimiento en la víctima) y al daño a la persona (la lesión a la integridad física del sujeto
(perdida de un brazo, lesión severa, etc.) o la psicológica y la frustración del proyecto de
vida.).
6. El lucro cesante, comprende las ganancias o ingresos dejados de percibir; estando en tal
caso el actor obligado a señalar y acreditar fehacientemente, cuál o cuáles o en qué
consisten aquellas ganancias o ingresos presuntamente dejados de percibir.
7. De otro lado respecto de la antijuricidad, el Jurista Lizardo Taboada Córdova, ha señalado
que esta, desde la óptica legal supone que “una conducta es antijurídica, no solo cuando
contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico
en su totalidad, es decir, afecta los valores o principios sobre los cuales se ha construido el
sistema jurídico”; y desde la óptica contractual; la antijuricidad es siempre típica y no típica,
pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del
cumplimiento defectuoso o del cumplimiento tardío o moroso”.
8. En el presente caso, el actor sostiene que sufrió daños, como consecuencia de su cese
nulo; tanto en la esfera patrimonial (lucro cesante) al verse desprovisto abruptamente de su
ingreso mensual que era su sustento económico de él y de su familiar.
9. Está acreditado en autos, que el cese del actor, fue declarado como un despido nulo en el
Exp. N° 53852-2003 proceso Acción de Amparo, y en tal virtud, se dispuso su
reincorporación a la empresa demandada, luego de verificarse la vulneración del derecho
fundamental de no ser despedido sino por causa justa acorde con la Constitución,
circunstancia que a criterio de ésta Judicatura determina el despido declarado nulo del
actor se configura como el daño y del hecho generador de la responsabilidad civil o
conducta antijurídica.
10. Respecto a si existe nexo causal entre el despido del actor y los daños invocados;
debe entenderse como la relación de causalidad que en sentido abstracto es la relación
de causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del
autor y el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo Taboada
Córdova (Elementos de la Responsabilidad Civil; Pág. 76), “el daño causado al acreedor
debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la
prestación debida por parte del deudor”. Así:
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a) El artículo 1321º del C.C., consagra la teoría de la causa inmediata y directa, por
el cual, para que el daño pueda ser imputado causalmente al agente, lo único
que se exige es que el nexo causal no haya sido roto por la interferencia de otra
serie causal ajena a la anterior.
b) A su vez, el Jurista nacional Juan Espinoza Espinoza1, al referirse a la Teoría de
la causa próxima, señala que: “según esta teoría, se llama causa solamente a
“aquella de las diversas condiciones necesarias de un resultado que se halla
temporalmente más próxima a éste; las otras son simplemente “condiciones”.
Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa
próxima “comprenderá, por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine
qua non, presumiblemente vinculadas causalmente, a las que, en ausencia de
ciertas defensas específicas, un sistema legal desea asignar, al menos,
responsabilidad parcial por un accidente”.
c) Conforme a lo anterior debe tenerse presente que el nexo de causalidad supone
la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no
cumplir con sus obligaciones legales o convencionales) y el daño sufrido por el
trabajador (despido o cese irregular) y que no concurra ninguna de las causales
de fractura del nexo causal, conforme lo prevé el artículo 1327° del Código
Civil2; en tal sentido en éste caso el daño que alega sufrió el actor, en la esfera
patrimonial a título de lucro cesante, lo que guarda relación de causalidad con
el hecho del despido del actor que fuera posteriormente declarado nulo, hecho
que originó que dejara de percibir sus ingresos remunerativos habituales; por lo
que ésta Judicatura concluye que está acreditada la concurrencia del nexo
de causalidad, entre el despido, y los daños alegados.
11. Respecto a si la demandada incurrió en dolo, culpa inexcusable leve en el
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales; cabe señalar:
a) Que la culpa es toda violación de un deber jurídico, derivado de la falta de
diligencia (negligencia) en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de
la ley o un convenio; negligencia que puede derivar sea de una falta de previsión
del resultado (in omittendo) o una previsión errónea (in faciendo). En el primer
caso el responsable no previó las consecuencias, pudiendo y debiendo hacerlo;
y en esto está su falta. En el segundo caso, el responsable sí previó las
consecuencias; pero confió con imprudencia o ligereza en que no se
producirían; sin embargo lo que es relevante es que en ambos casos, la culpa
sea perjudicial al acreedor, para que surja la responsabilidad del deudor, pues
no hay acción sin interés.
b) Por otro lado, la gravedad de la culpa, se deriva de la falta o ausencia de
previsión de las consecuencias, que pudieran ocasionar la determinación de una
conducta o comportamiento determinado, convirtiéndole por ende en una culpa
inexcusable; de manera que la previsión errónea de que no se daría el resultado
dañoso, sólo determinaría la configuración de una culpa leve.
1
Juan Espinoza Espinoza. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Páginas 146-147.
2 Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la
diligencia ordinaria, salvo pacto en
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c) La decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral; supone la obligación de
observar las disposiciones legales que regulan dicha vinculación; es decir la
concurrencia de una causa justa prevista en la ley y el cumplimiento del
procedimiento formal; de manera que la inobservancia de dichas exigencias
importará la configuración una conducta negligente; cuya gravedad dependerá
de si dicho comportamiento denota una negligencia inexcusable o una
negligencia leve; para lo cual deberá evaluarse si el empleador estuvo en la
posibilidad de prever las consecuencias de dicho comportamiento.
d) En éste caso, el despido sustentado en el artículo 34° del TUO del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral – LPCL, no puede ser calificado de
modo automático como una conducta dolosa, precisamente porque se sustentó
en la aplicación de una norma estatal, lo que excluye la voluntad infractora de la
empresa empleadora (dolo), así como la falta de previsión (culpa inexcusable); y
si bien la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima en el Exp. N° 53852-
2003con posterioridad determinó la inaplicación de dicho dispositivo legal; tal
determinación, no puede implicar la atribución de la responsabilidad sea a título
de dolo; sino la atribución de una negligencia inexcusable, pues como lo refiere
la sentencia aludida, la demandada planificó un cese masivo y con vulneración
del derecho a la libertad sindical, por lo que ésta Judicatura concluye que la
imputación de la responsabilidad de la demandada, debe sustentarse en
éste caso en la culpa inexcusable, prevista en el artículo 1320° del Código
Civil.
12. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de lucro cesante, determinado de ser el caso su importe; cabe
señalar que el daño en el caso del lucro cesante debe ser plenamente acreditado, no
bastando invocar haberlos sufrido, sino que debe ser demostrado; en ese caso se tiene
en cuenta:
a) Que, el actor refiere que su despido arbitrario le ocasionó daños en su esfera
patrimonial en el rubro de lucro cesante, al verse privado en forma inmediata y
automática de los ingresos económicos dejados de percibir durante todo el
período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su
reincorporación en el trabajo, que comprenderían sus remuneraciones
habituales, gratificaciones y otros beneficios; por los que le asistiría el derecho al
reconocimiento de tales daños y la atribución de las consecuencias resarcitorias
por parte de la entidad demandada;
b) En el caso de autos el actor; argumenta que el lucro cesante se deriva del hecho
de que repentinamente se vio privado de los ingresos económicos
correspondientes a su remuneración habitual y otros beneficios otorgados
automáticamente como consecuencia de sus servicios; pretensión que fue
destinada judicial en el Proceso Laboral Exp. N° 47- 2010, los que jurídicamente
se traducen en el lucro cesante; es decir los ingresos dejados de percibir durante
el período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su reposición
en el trabajo; daños que deben ser resarcidos económicamente a título de
indemnización; siendo que en numerosas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, señala que las remuneraciones dejadas de percibir tienen
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naturaleza indemnizatoria y que deben hacer valer en la vía correspondiente; por
lo que ésta Judicatura concluye que en éste caso queda acreditado que el
actor sufrió daños económicos y que le confieren el derecho a percibir la
indemnización correspondiente a título de lucro cesante.
c) Para el cálculo de dicha indemnización debe estimarse como criterio objetivo
que permita cuantificar el importe indemnizatorio, el elemento temporal,
traducido en el hecho de que el actor dejó de laborar por causa imputable a la
demandada en el período del 16 de septiembre del 1,999 al 19 de diciembre del
2006, es decir por 08 meses y 16 días; y el elemento objetivo que se traduce en
el hecho de haber dejado de percibir sus ingresos en dicho período
(remuneraciones); ingresos que deben tomarse como elemento referencial de
cálculo, como así también lo estableció la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, en la sentencia emitida en fecha 30 de enero del 2001, en el caso de
Ia reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional Peruano,
estableciendo que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados
repuestos en sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo
resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de
todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el
hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia.
d) En tal sentido, cabe adicionalmente para delimitar adecuadamente la base
referencial que debe servir para el cálculo de la indemnización reclamada,
atendiendo a que el actor refiere que debe abonársele teniendo como base la
remuneración de S/.3,109.88 nuevos soles, como se desprende así de su
boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109); lo que además no ha
sido negado ni contradicho por la demandada; debiendo tomarse en
consideración para la cuantificación lo dejado de percibir por remuneraciones,
gratificaciones, beneficios de percepción automática y con carácter remunerativa
como consecuencia del vínculo laboral y que no requiere otro requisito adicional
al período de labor como así se desprende de lo previsto por el artículo 2° del
Decreto Supremo N° 005-2002-TR y el inciso e) del artículo 8° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR; no pudiendo por ende incluirse en el cálculo el
concepto de utilidades en atención a que conforme a lo previsto por el
literal a) del artículo 2° del Decreto Legislativo 892°; que exige para el
cómputo y cálculo el número de días real y efectivamente trabajados, situación
que no se da en el caso del actor y dado que además las utilidades están
vinculados directamente con la labor efectiva del trabajador que contribuye a su
generación.
e) El período efectivo, por el que sufrió los perjuicios a título de lucro cesante, es
de 05 años, 03 meses y 05 días; en tal sentido considerando que antes de su
despido percibía habitualmente la remuneración total de S/.3,109.88; conforme
así se desprende de la boleta de pago de agosto de 1,999; a los que se debe
agregar los incrementos al básico conforme a los Convenios Colectivos de los
años 2000 y 2006, pues por el despido no pudo percibir beneficios sindicales
correspondientes a las gratificaciones; Escolaridad por tener hijos menores
(partidas fojas 136 y 137), excluyéndose la gratificación extraordinaria, cuya
cuantificación aparece en la liquidación que aparece en la demanda de los
cuales se excluye el concepto de la Bonificación por Productividad, lo que
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resulta la suma de S/.366,993.24, a los que se debe agregar la Compensación
por Tiempo de Servicios en la suma de S/.28,283.32 soles; por lo que de la
sumatoria determina un importe indemnizatorio por lucro cesante equivalente a
TRESCIENTOS NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTISEIS CON
56/100 NUEVOS SOLES (S/.395,276.56).
13. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de daño emergente, determinado de ser el caso su importe; en ese
caso se tiene en cuenta:
a) Que, el daño emergente consiste en el menoscabo o detrimento patrimonial que
sufre la víctima como consecuencia del daño; en tal sentido, si bien es cierto,
que un accidente de trabajo, con la consiguiente incapacidad total temporal; por
sus consecuencias y efectos inmediatos, genera un menoscabo patrimonial;
también es cierto que atendiendo a la distribución de la carga probatoria en éste
tipo de procesos; deben ser demostrados y acreditados por el agraviado de
modo objetivo y fehaciente, conforme al artículo 1331° del Código Civil y artículo
196° del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto, que la responsabilidad se
deriva del incumplimiento de obligaciones laborales; también es cierto que la
pretensión indemnizatoria reviste una responsabilidad civil, distinta a la
responsabilidad laboral, por lo que no cabe trasladar la carga probatoria en éste
caso al empleador, ni tampoco la aplicación de los principios tuitivos propios y
específicos del derecho laboral.
b) Que, en el presente caso, el actor alega que el daño emergente se configura a
que asumió y sigue asumiendo los gastos del préstamo efectuado por familiares
y del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en la suma total
de S/.81,428.50 Soles para que subsistiera mientras dure el despido.
c) Que, de la constancia de Ayuda Económica Reembolsable (fojas 130) y de la
liquidación (fojas 131); se acredita el préstamo que el Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica del Perú SAA., para subsistir mientras dure el
proceso sobre su despido, pero teniendo en cuenta que en el presente proceso,
se ha procedido a la indemnización del daño por lucro cesante, que ha sido
fijado en función a la remuneración; se ende con dicha cantidad esta resarcido
el préstamo alegado; con excepción de los interés; el cual no puede ser
cuantificado, dado que el actor no aportó al proceso ningún medio probatorio
que demuestre el monto abonado y la tasa de interés pactado por lo que
conforme a las normas invocadas la demandada debe ser absuelta por ausencia
de prueba, debiendo declararse infundada la demanda en éste extremo;
14. Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños
en los rubros de daño moral, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar
que se entiende como la lesión a los sentimientos y que produce un gran dolor o
aflicción o sufrimiento en la víctima; y en este caso el hecho del despido y sobre todo el
que reviste arbitrariedad genera un sentimiento colectivo de aflicción, que a su vez
impone la necesidad de la tutela legal y resarcimiento a la víctima; conforme a lo previsto
por el artículo 1322º del Código Civil establece que: “El daño moral, cuando él se
hubiere irrogado, también es susceptible de resarcimiento”, y dado que dicho dispositivo,
no hace referencia específica alguna al significado del daño moral, resulta aplicable
extensivamente para su valuación, el significado del daño moral previsto en el artículo
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1984° que señala: “El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el
menoscabo producido a la víctima o a su familia”; advirtiendo sin embargo que, en
relación al daño moral surgen dos grandes problemas: i) su acreditación, y ii) su
cuantificación. En el primer caso, existe una enorme dificultad para establecer si
existe daño moral o no, pues no todas las personas expresan sus sentimientos o
emociones en otros casos puede haber una simulación de sufrimientos; y en otros los
sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o
aspecto físico del sujeto, por tal razón la jurisprudencia ha optado por presumir que en
aquellos casos de despidos arbitrarios, abruptos y repentinos, la persona padece un
fuerte sufrimiento o tristeza pues repentinamente se ve privado de su principal sustento
personal y familiar; más aún si se trata de un trabajador; que se extiende a su cónyuge,
hijos y parientes, resultando por tanto evidente la causación del daño moral que impone
su reconocimiento y la consiguiente indemnización. En el segundo caso igualmente
resulta difícil cuantificar el monto de la indemnización, pues los sentimientos morales
resultan inapreciables económicamente; en tal virtud; la cuantificación de la
indemnización que corresponda fijarse a favor del actor; debe ser estrictamente
equitativo; pues ella nunca podrá constituir un real o justo resarcimiento en su dimensión
integral del daño moral causado, sin embargo por lo menos contribuirá a aliviar su
sufrimiento; en tal virtud no existiendo en el sistema jurídico nacional, un parámetro
fijado para la determinación o cuantificación de dichos daños; consideramos que
objetivamente resulta aplicable por analogía el parámetro fijado por el artículo 76° de la
LPCL, que fija el cuantum de la indemnización por el despido arbitrario en atención a los
períodos dejados de laborar, que en el caso de la actora equivale a 05 años 03 meses y
3 días, con la última remuneración percibida S/.3,109.88 Soles, como se desprende así
de su boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109), cuya remuneración
computable seria el monto de S/.4,664.82 Soles; parámetro que a criterio de ésta
Judicatura resulta también plenamente aplicable para el caso de la indemnización por
daño moral; dado que éste guarda compatibilidad con los elementos objetivos invocados
para su determinación; en tal virtud correspondería disponerse que la demandada pague
por éste concepto, el equivalente al tope máximo de 12 remuneraciones ordinarias,
equivalente a TREINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTISIETE CON 49/100
NUEVOS SOLES (S/.37,357.49 ).
15. Respecto al lucro cesante por el in |
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
8° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 23714-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS, JORGE
RAZON DE ESPECIALISTA LEGAL DE TRAMITE
SSEEÑÑOORRAA JJUUEEZZ::
Cumplo con informar a usted, que se da cuenta en la fecha por las recargadas labores que
soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene como funciones proyectar resoluciones
entre autos y decretos y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ tradicional para
los expedientes físicos y así como proyectar resoluciones entre autos y decretos en la
Bandeja Electrónica de Expedientes Electrónicos-EJE- para los expedientes electrónicos.,
dar cuenta de cedulas devueltas, otorgar poder por acta, proyectar oficios para elevar
expedientes al Superior Jerárquico, atender al público, compaginar escritos, solicitar
expedientes al archivo modular, entre otras funciones.
Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Lima, 11 de enero del 2019
RESOLUCIÓN N° 08
Lima, once de enero del dos mil diecinueve.
Con la razón que antecede: Téngase presente; Por recibidos los presentes actuados
provenientes de la Tercera Sala Laboral Transitoria de Lima: y atendiendo:
1. Mediante Resolución de Vista de fecha 13 de julio del 2018, Declara Nula la
Sentencia de fecha 08 de agosto del 2016 que declara fundada en parte la
demanda y en consecuencia ordena que el Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento 2. Al respecto, se tiene que con fecha 26 de julio del 2016 se realizó la Audiencia
de Juzgamiento emitiéndose así posteriormente la Sentencia de fecha 08 de
agosto del 2016 ( hoy declarada nula ).
3. Siendo así se debe continuar con la etapa pertinente del proceso la cual
establece que luego de llevado a cabo la audiencia de conciliación se debe citar a
la audiencia de juzgamiento conforme lo establece el artículo 44 de la Ley N°
29497 “La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las
etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia…”.
4. Asimismo, se tiene que la nueva ley procesal de trabajo destaca la importancia
del principio de inmediación y su relación con el diseño oral de un proceso por
audiencias, regulando expresamente en la parte pertinente del artículo 12, inciso
1) de la NLPT, que: “Las audiencias son sustancialmente una debate oral de
posiciones presididas por el Juez, quien puede interrogar a las partes, sus
abogados y terceros participantes en cualquier momento”
En atención a lo expuesto se dispone:
(cid:1) CITAR a las partes a la diligencia judicial de AUDIENCIA
COMPLEMENTARIA DE JUZGAMIENTO para el día __19__ DE MARZO
DEL 2019 A HORAS 16:00 HORAS. (hora exacta), en la Sala de Audiencias N°
04 ubicada en el piso 17 del edificio Alzamora Valdez, ocasión en la que las
partes deben asistir personalmente o a través de sus apoderados debidamente
designados como tales.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la Señora Juez que suscribe por
mandato superior e Interviniendo la especialista legal que da cuenta.-
Notifíquese. - |
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TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
Señores:
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
FIGUEROA MENDOZA
Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.-
VISTOS
En Audiencia Pública de fecha 12 de julio del 2018, con la asistencia del
demandante y su abogada Miriam Rosa Ramírez Saldívar, y del abogado del
demandado Frank John Hixon Araujo Álvarez; e interviniendo como Juez
Superior ponente el señor Barboza Ludeña.
ASUNTO
Es materia de apelación: La Sentencia N° 194-2016, contenida en la
Resolución N° Dos, de fecha 08 de agosto de 2016, obrante a fojas 275 a
280, que Declara: INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por
daño emergente. FUNDADA en parte la demanda interpuesta sobre
Indemnización por daños y perjuicios en el rubro de lucro cesante y daño
moral. ORDENA que la demandada le pague al actor el importe total de
S/.432,634.05 (CUATROCIENTOS TREINTIDÓS MIL SEIS CIENTO SETENTA
Y CUATRO CON 05/100 SOLES), por lucro cesante y daño moral; más los
intereses legales, costas y costos del proceso que serán liquidados en
ejecución de sentencia.
AGRAVIOS
- El demandante mediante el recurso de apelación de fecha 31 de agosto del
2016, de fojas 425 a 430, señala los siguientes agravios:
a. Respecto del pago de lucro cesante por participación de utilidades no
percibido, no se refiere al pago de utilidades sino al lucro cesante por lo no
percibido por utilidades, pues de no haber mediado el despido, el trabajador
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EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
hubiese laborado y en consecuencia hubiese obtenido su participación de
utilidades, por lo que resulta un contrasentido que se exija la prestación
efectiva de labores, cuando el hecho dañoso consistió en no permitir la
prestación de labores.
b. Sobre el lucro cesante por intereses legales del monto indemnizatorio de la
compensación por tiempo de servicios y la participación de utilidades, la
sentencia no se pronuncia debidamente, ni se ha pronunciado sobre la
cuantificación del interés del lucro cesante por cada concepto, lo que no se
puede postergar en la ejecución de sentencia pues constituye una
pretensión expresa de la demanda, que solicita la aplicación de los intereses
legales desde el momento del despido en virtud del artículo 1155, 1338 y
1339 del Código Civil, referido al lucro cesante por interés moratorio desde el
momento del despido en tanto que el empleador incurrió en mora al hacer
imposible la prestación del servicio.
c. Sobre el daño emergente, el préstamo constituyó un pasivo en el patrimonio
del trabajador y fue usado para la supervivencia por la omisión de ingresos
económicos.
d. Respecto del daño moral, el padecimiento que el despido produjo al actor así
como el periodo que duró, los dos procesos judiciales, gastos, angustias e
incertidumbres derivados de ello, el embarazo de su esposa en esos
momentos, causaron un sufrimiento constante al demandante y su familia,
por lo que solicita se revoque la sentencia y se aplique el monto solicitado.
e. En cuanto a los costos, el actor los fijo en un 20% conforme al contrato
adjuntado, más aun si es el promedio del mercado para los procesos como
éste.
- La demandada mediante recurso de apelación de fecha 31 de agosto del
2016, de fojas 432 a 445, señala los siguientes agravios:
a. El mandato de reposición en un proceso de amparo no es suficiente para
imputar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, además que
se exige que el daño invocado sea acreditado por la víctima, así respecto del
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daño moral, debe de acreditarse con pruebas concretas de padecimiento,
como un diagnostico psicológico que acredite la depresión.
b. El juzgado no ha sustentado su decisión con ningún medio probatorio que
acredite el daño moral, incurriendo en error al ampararlo en base a una
presunción, además que el cálculo se hizo en base al artículo 76° del
Decreto Supremo N° 003-97-TR, siendo errado equiparar la indemnización
por despido arbitrario con la indemnización por daño moral.
c. Se yerra al tomar como remuneración el monto de S/.3,109.88 soles, monto
que no coincide con la suma neta ni bruta percibida por el demandante en
agosto de 1999, habiéndose considerado también los incrementos de los
convenios colectivos de los años 2000 y 2006, pues no se analizó las
condiciones del demandante durante el periodo de vigencia de los convenios
colectivos.
d. La excepción de prescripción fue desestimada en base a una mera
descripción de lo acontecido en la audiencia juzgamiento, sin llevar a cabo
ninguna explicación ni sustento jurídico, sin pronunciarse sobre ninguna
de las razones jurídicas y fácticas que la sustentan, lo que vulnera el
derecho al debido proceso.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: 1.1. El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad,
conforme a lo establecido en el artículo 382° del Código Procesal Civil, por lo
que, corresponde al Colegiado revisar los actuados, por cuanto ello es
presupuesto necesario para la validez del proceso, en tanto que las
resoluciones judiciales deben sustentarse en el mérito del proceso y de la ley.
SEGUNDO: 2.1. Frente a la existencia de vicios sustanciales que distorsionan
el orden jurídico y sus valores; orden público, seguridad jurídica, certeza,
justicia y equidad, y que como es evidente están por encima de los intereses de
las partes, cualquier órgano jurisdiccional, por el sólo hecho de serlo, tiene lo
que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido
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EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
recogido en el último párrafo del artículo 176° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente al caso de autos, entendida como aquella facultad de
declarar la nulidad si considera que el acto viciado puede alterar
substancialmente los fines abstracto y concreto del proceso, y que en esta
instancia resultan insubsanables.
2.2. El inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú reconoce
como derecho y principio de la función jurisdiccional el Principio de Motivación de
las Resoluciones Judiciales que impone a los Magistrados el deber de
fundamentar, tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin
de posibilitar que los justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico
empleado en la solución de la controversia de la que forman parte, disipando
cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su resolución.
TERCERO: 3.1. El Principio de Congruencia Procesal recogido en el segundo
párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Código acotado, exige que en
toda resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las motivaciones
del Juzgador y el resultado al que arriba, esto es, la congruencia interna que
debe existir entre la parte considerativa y resolutiva de una resolución judicial, y
que guarden un nexo entre todos los puntos objeto de debate y la decisión
oportuna del Juez, es decir, deben expedirse de acuerdo con el sentido y
alcance de las peticiones formuladas por las partes.
CUARTO: Análisis del agravio d) del demandado
4.1. En caso de autos, respecto de la excepción de prescripción extintiva de la
acción, es un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico del
derecho de acción respecto de una pretensión determinada, por haber sido
interpuesto fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión.
4.2. Con relación a este medio de defensa, la parte demandada basa su
apelación en que no hubo explicación ni sustento jurídico al desestimarla en la
audiencia de juzgamiento, en la cual de forma oral fue resuelta por el A quo. Al
respecto, (min. 00:09.00) señaló que la prescripción se inició con el despido en
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el año 1999, ésta fue interrumpida por al proceso de amparo interpuesta por el
actor, aunado al hecho que el actor actualmente se encuentra laborando,
asimismo en la sentencia recurrida a fojas 275 vuelta, se señaló que la
desestimación de la excepción de prescripción fue resuelta oralmente en la
audiencia de juzgamiento, en la que se declaró infundada la referida excepción
y apelado en dicho acto por el demandado y el señor de la causa le concede
un plazo de ley para que fundamente su apelación, sin embargo la demandada
no ha presentado su recurso de apelación en el plazo de ley otorgado desde el
26 de julio del 2016, pretendiendo cuestionar con su recurso de apelación de
sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, teniendo en cuenta una constancia
dejado por el Juez de la causa de que la misma estaba resuelto en la audiencia
de juzgamiento. Por lo que siendo ello así, dicha resolución ha quedado
consentida, por tanto el agravio no resulta atendible.
QUINTO: Análisis del agravio b) del demandante
5.1. El demandante por su parte en su recurso de apelación, específicamente a
fojas 426, señala que el A quo no se ha pronunciado debidamente sobre los
intereses legales de monto indemnizatorio por lucro cesante de sueldos,
compensación por tiempo de servicios y participación de utilidades no
percibidas, así tampoco se ha pronunciado sobre la cuantificación del interés
del lucro cesante por cada concepto, a pesar que estas son pretensiones
expresadas en la demanda (ver fs.426).
5.2. En cuanto a lo señalado por el actor, dentro de las pretensiones
demandadas a fojas 151, se demandó el lucro cesante por el interés legal a
diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por sueldos no percibidos, el lucro
cesante por intereses a diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por
compensación por tiempo de servicios no percibida y el lucro cesante por el
interés legal a diciembre del 2014 del monto indemnizatorio por participación de
utilidades no percibidas, los mismos son pretensiones debidamente
fundamentadas o sea no es un simple pedido de pago de intereses legales sino
pretensiones independientes de lucro cesante, en el marco de los artículos
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1155, 1338 y 1339 del Código Civil, y que fueron precisados en las
pretensiones materia de juicio (ver fs.249), pero no existe pronunciamiento
alguno y expreso en la sentencia recurrida (fojas 275 a 280), conforme se ha
verificado de su contenido.
SEXTO: 6.1. Siendo ello así, la apelada no reúne los requisitos del artículo 31
de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo – que dispone que en la
sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa
propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare
fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las
prestaciones que debe cumplir el demandado.
6.2. En ese contexto es de aplicación el artículo 50° inciso 6) del Código
Procesal Civil, que impone al Juez la obligación de fundamentar los autos y las
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de
normas y los de congruencia, el mismo que se encuentra recogido en el
artículo VII del Título Preliminar del Código acotado, que exige que en toda
resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las motivaciones del
juzgador y el resultado al que arriba; esto es, congruencia interna que debe
existir entre las partes considerativa y resolutiva de una resolución judicial,
debiendo existir un nexo entre todos los puntos objeto de debate y la decisión
del juez y externa, es decir, deben expedirse de acuerdo con el sentido y
alcance de las peticiones formuladas por las partes (demandante y
demandado), por lo que la nulidad es la última ratio a la que se acude cuando
en el proceso no se pueden subsanar o convalidar las omisiones o errores en
que se ha incurrido al emitir las resoluciones; conforme a lo establecido por el
Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 12 de setiembre de 2006,
expedida en el Expediente N° 4228-2005-PHC/TC (fundamento número uno),
que señala el “contenido esencial” del derecho a la debida motivación de las
resoluciones, reconocido en el artículo 139°, inciso 5) de la Constitución
Política del Estado, “se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí mismo, exprese una
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EXPEDIENTE N° 23714-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa,
o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
6.3. Siendo así las cosas, en observancia a la pluralidad de instancias de
conformidad al inciso 6) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,
corresponde al A quo emitir nuevo pronunciamiento, pues no está permitido
que en instancia única se resuelva sobre una situación jurídica trascendente
como lo señalado.
6.4. Frente a serias deficiencias advertidas, conllevan a concluirse de que la
sentencia apelada carece de los requisitos indispensables para la obtención de
su finalidad, conforme lo establece el artículo 171° del Código Procesal Civil,
por consiguiente la decisión judicial emitida por el A quo afecta el derecho de
los justiciables de acceso a la justicia, componente fundamental del derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el inciso 3) del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, lo cual es insubsanable e impide efectuar un
pronunciamiento válido de fondo ante esta Instancia, a efectos de garantizar la
existencia de un debido proceso y la correcta administración de justicia,
además en aplicación de lo indicado en el artículo 176° de la norma adjetiva
mencionada, debe reponerse la causa al estado en que se cometió el vicio. Por
consiguiente ante esta situación corresponde declarar su nulidad a efecto de
que el Juez de la causa expida un nuevo pronunciamiento, con arreglo a ley y a
la Constitución Política del Estado. Motivos por los cuales, los agravios
expuestos por el demandante resultan estimables, sin absolución de fondo de
la Litis.
Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Estado.
RESUELVE:
DECLARAR NULA la Sentencia N° 194-2016, contenida en la Resolución N°
Dos, de fecha 08 de agosto de 2016, obrante a fojas 275 a 280, y
DISPUSIERON que el Juez de la Causa emita nuevo pronunciamiento teniendo
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en cuenta lo señalado en la presente sentencia conforme a ley y con la
celeridad necesaria. En los seguidos por JORGE BELTRAN CIENFUEGOS con
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. sobre indemnización por daños y perjuicios; y
los DEVOLVIERON al Octavo Juzgado Especializado de Trabajo.-
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17 - Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 23714– 2015 – 0–1801–JR–LA–08
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGOS JORGE.
DEMANDADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS.
JUEZ : REINALDO FREDDY RICALDI OCAMPO
ESPECIALISTA : KARIN VIZCARRA VALCARCEL
SENTENCIA N°194 - 2016
RESOLUCIÓN NUMERO DOS
Lima, ocho de agosto de dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública de Juzgamiento, con la concurrencia de ambas partes,
se procedió al Juzgamiento del proceso, cuya emisión del fallo oral y la notificación de la
sentencia escrita se difirió para la fecha.
I.- PARTES:
a) El demandante JORGE BELTRAN CIENFUEGOS (en adelante el actor).
b) La demandada TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de
Trabajo – NLPT; al no lograr la conciliación fijó las pretensiones materia del juicio,
mencionándose los siguientes:
Primera Pretensión: Si corresponde el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
concepto de indemnización por daños y perjuicios; lucro cesante sueldos no percibidos
1999-2006; lucro cesante por interés legal 12-2014; montos por sueldos no percibidos,
lucro cesante por CTS no percibido 1999-2006; lucro cesante 12-2014, por CTS no
percibidos; lucro cesante por participación de utilidades 1999-2006; lucro cesante por
interés legal del 12.2014 por indemnización por participación de utilidades no percibidas;
daño emergente y daño moral.
Segunda Pretensión: El pago de los intereses legales, intereses bancarios, las costas y
costos judiciales.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
III.- DE LA CONFRONTACION DE POSICIONES:
3.1.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE.
1 El actor, en su demanda y en la confrontación de posiciones invocó los siguientes hechos:
a) Que, es trabajador estable de la empresa demandada desde el 06.07.1982. El
16.09.1999 mientras ejercía el cargo de Técnico III fue arbitrariamente despedido
durante 7años (16.09.1999 hasta el 19.12.2006).
b) Que, como consecuencia de lo expuesto, la empresa demandada impidió al trabajador
prestar servicios a la empresa injustificadamente y, consecuentemente, de percibir sus
remuneraciones, CTS, participación de utilidades y demás beneficios sociales
c) Que, con fecha 07.10.1999 se interpuso una acción de amparo la cual fue declarada
improcedente mediante sentencia del TC; seguidamente se presentó una acción de
amparo ante el 4° juzgado Civil de Lima la cual fue declarada fundada mediante
sentencia de fecha 30.01.2006 confirmada por la Segunda Sala Civil de Lima la que fue
ejecutada por Acta de Reposición del 19.12.2006.
d) Que, desde su reposición el trabajador ha solicitado el pago sus salarios caídos y demás
beneficios sociales; primero en forma directa a la empresa, la cual no llegaron a ningún
acuerdo; después inició un proceso de pago de remuneraciones devengadas y demás
beneficios sociales ante el 17° juzgado laboral de Lima, la cual mediante Recurso de
Casación se declaró infundada la demanda. Con fecha 18.01.2013 solicitó una
conciliación con la empresa sin tener respuesta, el actor recurrió a un extraproceso al
Ministerio de Trabajo, la cual tuvo 9 reuniones, sin embargo la Autoridad de Trabajo
decidió suspender las reuniones a fin de dar un espacio de reflexión, sin embargo la
empresa sigue ignorando su pretensión, por lo que se ve obligado a iniciar esta
demanda.
e) Que, como consecuencia del despido injustificado, el actor debió recurrir a préstamos y
apoyos familiares y, asimismo recibió un apoyo mensual reembolsable del Sindicato
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SAA ascendente a un monto promedio
de S/. 600.00 mensuales y que totalizan la suma de S/. 59,525.00, los mismos que se
acreditan con la constancia expedida por el Sindicato.
f) Que, respecto al daño moral sufrido a consecuencia del prolongado despido y las
diversas privaciones que esto ocasionó hacer valer sus derechos en dos procesos
judiciales con las angustias, preocupaciones e incertidumbres para él y su familia.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación y la confrontación de posiciones invocó los siguientes
hechos:
a) Deduce excepción de prescripción extintiva, la misma que se oralizó en la diligencia
de audiencia de juzgamiento, declarándose infundada, la mimas que en ese mismo acto
la demandada interpuso recurso de apelación. (audio y video 9 minutos 25 segundos):
2 b) Contestación.- Que, los procesos iniciados por el actor en contra de la empresa
mediante la cual se amparó sus pretensiones, no resulta un elemento determinante y
concluyente para justificar el pago de una indemnización a su favor, no basta con la
acreditación de la cesación abusiva de la relación laboral para determinar la existencia
de daños patrimoniales o no patrimoniales que den lugar al pago de una indemnización;
como se ha señalado, para que surja la obligación de indemnizar tiene que configurarse
un supuesto de responsabilidad civil y, tal efecto, se necesita que concurran todos sus
elementos configurantes.
c) Que, respecto al daño emergente el actor señala que como consecuencia del despido
injustificado se vio obligado a recurrir a un préstamo por parte del Sindicato de Unitario
de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A ascendente a S/. 59,525.00, el cual tuvo
como finalidad que el trabajador subsista durante el tiempo que estuvo despedido; que
de lo señalado por el actor se desprende que dicho préstamo no significó una
disminución en su patrimonio, sino que, por el contrario, este representa un ingreso
económico; el monto solo refleja que fue obtenido como un préstamo, y no acredita el
monto real que pudiera haber utilizado para afrontar algún menoscabo económico que
pudiera haber sufrido.
d) Que, el actor no explica cuál es el criterio para cuantifica su supuesto daño moral, en la
suma de S/. 500,000.00.
e) Que, respecto al lucro cesante tampoco ha sido sustentado ni acreditado mediante
ninguno de los medios probatorios que han sido aportados por el actor en el presente
proceso.
IV.- DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN PROBATORIA:
4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE PRUEBAS:
Concluido los alegatos de apertura, se fijó como hechos no requeridos de prueba, los siguientes:
a) Fecha de ingreso 06-07-1982.
b) Fecha de despido 16-09-1999.
c) Acción de amparo en el año 2003, culminado en sentencia de vista de fecha 13-07-2006.
d) Vínculo laboral vigente.
e) Cargo desempeñado – Técnico III.
4.2.- HECHOS REQUERIDOS DE PROBANZA:
Del mismo modo fijó como hechos requeridos de probanza los siguientes:
a) Determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de amparo
con la indemnización que es materia de controversia.
b) Determinar si como consecuencia del primer punto, le correspondería el pago de la
suma de S/. 1´336,227.27 soles por el concepto de lucro cesante, daño emergente y
3 daño moral, y si se encuentra debidamente justificados y/o acreditados con sus medios
probatorios de la demanda.
c) El pago de los intereses legales y si fuera el caso las cargas sociales, y costas del
proceso.
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
a) El Juzgador admitió los medios probatorios orales y documentales ofrecidos por el actor
y la demandada, conforme consta del audio y video.
b) Ninguna de las partes ofreció pruebas nuevas.
c) Ninguna de las partes formuló cuestiones probatorias.
d) Se procedió a la actuación de las pruebas, requiriéndose su oralización a los Abogados
de ambas partes, como consta en el audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) El Juzgador requirió a los Abogados de las partes formulen sus alegatos finales, los que
fueron expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) Se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la sentencia
escrita, la que se procede a emitir.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y principios
propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se inspira entre
otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad (artículo I T.P. NLPT),
y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico en el desarrollo e impulso
del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el debido proceso, la tutela
judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT); y teniendo presente que
las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre
la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia
(artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y la
contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba
actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT);
debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos
nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga
4 probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1
NLPT); que precisan que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo
23.2); es decir que la acreditación de la ausencia del vínculo laboral alegado o la
autonomía o independencia en la prestación del servicio (sin subordinación), corresponde
exclusivamente al demandado; en tanto que cuando el demandante invoca la calidad de
trabajador le corresponde acreditar la existencia de la fuente normativa de los derechos
alegados de origen distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de modo paralelo,
cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga
de la prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones derivadas de las
normas legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (artículo
23.4.a).
ANÁLISIS DEL PRIMER Y SEGUNDO HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
3. Para determinar si el nexo causal que existiera, como consecuencia de la acción de
amparo con la indemnización que es materia de controversia; como consecuencia
del primer punto, le correspondería el pago de la suma de S/. 1´336,227.27 soles por
el concepto de lucro cesante, daño emergente y daño moral, y si se encuentra
debidamente justificados y/o acreditados con sus medios probatorios de la
demanda; se tiene en cuenta las siguiente:
3.1 Respecto a si el despido nulo del actor se configura como la conducta antijurídica o
el hecho generador de la Responsabilidad Civil; cabe señalar, el daño -elemento
sustancial de la responsabilidad civil-, en sentido amplio se entiende como toda lesión o
menoscabo del derecho subjetivo de un individuo y en sentido específico como todo
menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el derecho u
ordenamiento jurídico ha considerado merecedor de la tutela legal.
1. Según la doctrina, estos daños pueden ser 1) patrimoniales o 2) extrapatrimoniales. El
primero comprende al daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) y el
lucro cesante (la ganancia dejada de percibir). El segundo comprende al daño moral (la
lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento
en la víctima) y al daño a la persona (la lesión a la integridad física del sujeto (perdida de
un brazo, lesión severa, etc.) o la psicológica y la frustración del proyecto de vida.).
2. El lucro cesante, comprende las ganancias o ingresos dejados de percibir; estando en tal
caso el actor obligado a señalar y acreditar fehacientemente, cuál o cuáles o en qué consisten
aquellas ganancias o ingresos presuntamente dejados de percibir.
3. De otro lado respecto de la antijuricidad, el Jurista Lizardo Taboada Córdova, ha señalado
que ésta, desde la óptica legal supone que “una conducta es antijurídica, no solo cuando
contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en
5 su totalidad, es decir, afecta los valores o principios sobre los cuales se ha construido el
sistema jurídico”; y desde la óptica contractual; la antijuricidad es siempre típica y no típica,
pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del
cumplimiento defectuoso o del cumplimiento tardío o moroso”.
4. En el presente caso, el actor sostiene que sufrió daños, como consecuencia de su cese nulo;
tanto en la esfera patrimonial (lucro cesante) al verse desprovisto abruptamente de su
ingreso mensual que era su sustento económico de él y de su familiar.
5. Está acreditado en autos, que el cese del actor, fue declarado como un despido nulo en el
Exp. N° 53852-2003 proceso Acción de Amparo, y en tal virtud, se dispuso su
reincorporación a la empresa demandada, circunstancia que a criterio de ésta Judicatura
determina el despido nulo del actor se configura como el daño y del hecho generador
de la responsabilidad civil o conducta antijurídica.
3.2 Respecto a si existe nexo causal entre el despido del actor y los daños invocados;
debe entenderse como la relación de causalidad que en sentido abstracto es la relación de
causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del autor y
el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo Taboada Córdova
(Elementos de la Responsabilidad Civil; Pág. 76), “el daño causado al acreedor debe ser
consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación debida por parte del
deudor”. Asi:
a) El artículo 1321º del C.C., consagra la teoría de la causa inmediata y directa, por el cual,
para que el daño pueda ser imputado causalmente al agente, lo único que se exige es
que el nexo causal no haya sido roto por la interferencia de otra serie causal ajena a la
anterior.
b) A su vez, el Jurista nacional Juan Espinoza Espinoza (1), al referirse a la Teoría de la
causa próxima, señala que: “según esta teoría, se llama causa solamente a “aquella de las diversas
condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a éste; las otras son
simplemente “condiciones”. Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa
próxima “comprenderá, por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine qua non,
presumiblemente vinculadas causalmente, a las que, en ausencia de ciertas defensas específicas, un
sistema legal desea asignar, al menos, responsabilidad parcial por un accidente”.
c) Conforme a lo anterior debe tenerse presente que el nexo de causalidad supone la
vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no cumplir con
sus obligaciones legales o convencionales) y el daño sufrido por el trabajador (despido o
cese irregular) y que no concurra ninguna de las causales de fractura del nexo causal,
conforme lo prevé el artículo 1327° del Código Civil2; en tal sentido en éste caso el daño
que alega sufrió el actor, en la esfera patrimonial a título de lucro cesante, lo que guarda
1
Juan Espinoza Espinoza. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Páginas 146-147.
2 Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento
El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario.
6 relación de causalidad con el hecho del despido del actor que fuera posteriormente
declarado nulo, hecho que originó que dejara de percibir sus ingresos remunerativos
habituales; por lo que ésta Judicatura concluye que está acreditada la concurrencia
del nexo de causalidad.
3.3 Respecto a si la demandada incurrió en dolo, culpa inexcusable leve en el
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales; cabe señalar:
a) que la culpa es toda violación de un deber jurídico, derivado de la falta de diligencia
(negligencia) en el cumplimiento de las obligaciones provenientes de la ley o un
convenio; negligencia que puede derivar sea de una falta de previsión del resultado (in
omittendo) o una previsión errónea (in faciendo). En el primer caso el responsable no
previó las consecuencias, pudiendo y debiendo hacerlo; y en esto está su falta. En el
segundo caso, el responsable sí previó las consecuencias; pero confió con imprudencia
o ligereza en que no se producirían; sin embargo lo que es relevante es que en ambos
casos, la culpa sea perjudicial al acreedor, para que surja la responsabilidad del deudor,
pues no hay acción sin interés.
b) Por otro lado, la gravedad de la culpa, se deriva de la falta o ausencia de previsión de
las consecuencias, que pudieran ocasionar la determinación de una conducta o
comportamiento determinado, convirtiéndole por ende en una culpa inexcusable; de
manera que la previsión errónea de que no se daría el resultado dañoso, sólo
determinaría la configuración de una culpa leve.
c) La decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral; supone la obligación de
observar las disposiciones legales que regulan dicha vinculación; es decir la
concurrencia de una causa justa prevista en la ley y el cumplimiento del procedimiento
formal; de manera que la inobservancia de dichas exigencias importará la configuración
una conducta negligente; cuya gravedad dependerá de si dicho comportamiento denota
una negligencia inexcusable o una negligencia leve; para lo cual deberá evaluarse si el
empleador estuvo en la posibilidad de prever las consecuencias de dicho
comportamiento.
d) En éste caso, el despido sustentado en el artículo 34° del TUO del Decreto Legislativo
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral – LPCL, no puede ser calificado de modo automático como una
conducta dolosa, precisamente porque se sustentó en la aplicación de una norma
estatal, lo que excluye la voluntad infractora de la empresa empleadora (dolo), así como
la falta de previsión (culpa inexcusable); y si bien la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Lima en el Exp. N° 53852-2003con posterioridad determinó la inaplicación de
dicho dispositivo legal; tal determinación, no puede implicar la atribución de la
responsabilidad sea a título de dolo; sino la atribución de una negligencia inexcusable,
pues como lo refiere la sentencia aludida, la demandada planificó un cese masivo y con
7 vulneración del derecho a la libertad sindical, por lo que ésta Judicatura concluye que la
imputación de la responsabilidad de la demandada, debe sustentarse en éste caso
en la culpa inexcusable, prevista en el artículo 1320° del Código Civil.
3.4 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de lucro cesante, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar que el
daño en el caso del lucro cesante debe ser plenamente acreditado, no bastando invocar
haberlos sufrido, sino que debe ser demostrado; en ese caso se tiene en cuenta:
a) Que, el actor refiere que su despido arbitrario le ocasionó daños en su esfera
patrimonial en el rubro de lucro cesante, al verse privado en forma inmediata y
automática de los ingresos económicos dejados de percibir durante todo el período de
duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su reincorporación en el trabajo, que
comprenderían sus remuneraciones habituales, gratificaciones y otros beneficios; por los
que le asistiría el derecho al reconocimiento de tales daños y la atribución de las
consecuencias resarcitorias por parte de la entidad demandada;
b) En el caso de autos el actor; argumenta que el lucro cesante se deriva del hecho de que
repentinamente se vio privado de los ingresos económicos correspondientes a su
remuneración habitual y otros beneficios otorgados automáticamente como consecuencia
de sus servicios; pretensión que fue destinada judicial en el Proceso Laboral Exp. N° 47-
2010, los que jurídicamente se traducen en el lucro cesante; es decir los ingresos dejados
de percibir durante el período de duración del cese, hasta la fecha en que se produjo su
reposición en el trabajo; daños que deben ser resarcidos económicamente a título de
indemnización; siendo que en numerosas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional, señala que las remuneraciones dejadas de percibir tienen naturaleza
indemnizatoria y que deben hacer valer en la vía correspondiente; por lo que ésta
Judicatura concluye que en éste caso queda acreditado que el actor sufrió daños
económicos y que le confieren el derecho a percibir la indemnización
correspondiente a título de lucro cesante.
c) Para el cálculo de dicha indemnización debe estimarse como criterio objetivo que
permita cuantificar el importe indemnizatorio, el elemento temporal, traducido en el
hecho de que el actor dejó de laborar por causa imputable a la demandada en el período
del 16 de septiembre del 1,999 al 19 de diciembre del 2006, es decir por 08 meses y 16
días; y el elemento objetivo que se traduce en el hecho de haber dejado de percibir sus
ingresos en dicho período (remuneraciones); ingresos que deben tomarse como
elemento referencial de cálculo, como así también lo estableció la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, en la sentencia emitida en fecha 30 de enero del 2001, en el
caso de Ia reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional Peruano,
estableciendo que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos en
sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los
8 salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se
acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la
ilegal declaración de excedencia.
d) En tal sentido, cabe adicionalmente para delimitar adecuadamente la base referencial
que debe servir para el cálculo de la indemnización reclamada, atendiendo a que el actor
refiere que debe abonársele teniendo como base la remuneración de S/.3,109.88
nuevos soles, como se desprende así de su boleta de pago del mes de agosto de 1,999
(fojas 109); lo que además no ha sido negado ni contradicho por la demandada;
debiendo tomarse en consideración para la cuantificación lo dejado de percibir por
remuneraciones, gratificaciones, beneficios de percepción automática y con carácter
remunerativa como consecuencia del vínculo laboral y que no requiere otro requisito
adicional al período de labor como así se desprende de lo previsto por el artículo 2° del
Decreto Supremo N° 005-2002-TR y el inciso e) del artículo 8° del Decreto Supremo N°
001-97-TR; no pudiendo por ende incluirse en el cálculo el concepto de utilidades
en atención a que conforme a lo previsto por el literal a) del artículo 2° del Decreto
Legislativo 892°; que exige para el cómputo y cálculo el número de días real y
efectivamente trabajados, situación que no se da en el caso del actor y dado que
además las utilidades están vinculados directamente con la labor efectiva del trabajador
que contribuye a su generación.
e) El período efectivo, por el que sufrió los perjuicios a título de lucro cesante, es de 05
años, 03 meses y 05 días; en tal sentido considerando que antes de su despido percibía
habitualmente la remuneración total de S/.3,109.88; conforme así se desprende de la
boleta de pago de agosto de 1,999; a los que se debe agregar los incrementos al básico
conforme a los Convenios Colectivos de los años 2000 y 2006, gratificaciones;
Escolaridad por tener hijos menores (partidas fojas 136 y 137), excluyéndose la
gratificación extraordinaria, cuya cuantificación aparece en la liquidación que aparece en
la demanda de los cuales se excluye el concepto de la Bonificación por Productividad, lo
que resulta la suma de S/.366,993.24, a los que se debe agregar la Compensación por
Tiempo de Servicios en la suma de S/.28,283.32 soles; por lo que de la sumatoria
determina un importe indemnizatorio por lucro cesante equivalente a TRESCIENTOS
NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTISEIS CON 56/100 NUEVOS SOLES
(S/.395,276.56).
3.5 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de daño emergente, determinado de ser el caso su importe; en ese caso se
tiene en cuenta:
a) Que, el daño emergente consiste en el menoscabo o detrimento patrimonial que sufre la
víctima como consecuencia del daño; en tal sentido, si bien es cierto, que un accidente
de trabajo, con la consiguiente incapacidad total temporal; por sus consecuencias y
9 efectos inmediatos, genera un menoscabo patrimonial; también es cierto que atendiendo
a la distribución de la carga probatoria en éste tipo de procesos; deben ser demostrados
y acreditados por el agraviado de modo objetivo y fehaciente, conforme al artículo 1331°
del Código Civil y artículo 196° del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto, que la
responsabilidad se deriva del incumplimiento de obligaciones laborales; también es
cierto que la pretensión indemnizatoria reviste una responsabilidad civil, distinta a la
responsabilidad laboral, por lo que no cabe trasladar la carga probatoria en éste caso al
empleador, ni tampoco la aplicación de los principios tuitivos propios y específicos del
derecho laboral.
b) Que, en el presente caso, el actor alega que el daño emergente se configura a que
asumió y sigue asumiendo los gastos del préstamo efectuado por familiares y del
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú en la suma total de
S/.81,428.50 Soles para que susbsistiera mientras dure el despido.
c) Que, de la constancia de Ayuda Económica Reembolsable (fojas 130) y de la liquidación
(fojas 131); se acredita el préstamo que el Sindicato Unitario de Trabajadores de
Telefónica del Perú SAA., para subsistir mientras dure el proceso sobre su despido, pero
teniendo en cuenta que en el presente proceso, se ha procedido a la indemnización del
daño por lucro cesante, que ha sido fijado en función a la remuneración; se ende con
dicha cantidad esta resarcido el préstamo alegado; con excepción de los interés; el cual
no puede ser cuantificado, dado que el actor no aportó al proceso ningún medio
probatorio que demuestre el monto abonado y la tasa de interés pactado por lo que
conforme a las normas invocadas la demandada debe ser absuelta por ausencia de
prueba, debiendo declararse infundada la demanda en éste extremo;
3.6 Respecto a determinar si le asiste al actor el derecho a la indemnización de daños en
los rubros de daño moral, determinado de ser el caso su importe; cabe señalar que se
entiende como la lesión a los sentimientos y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento
en la víctima; y en éste caso el hecho del despido y sobre todo el que reviste arbitrariedad
genera un sentimiento colectivo de aflicción, que a su vez impone la necesidad de la tutela
legal y resarcimiento a la víctima; conforme a lo previsto por el artículo 1322º del Código Civil
establece que: “El daño moral, cuando él se hubiere irrogado, también es susceptible de
resarcimiento”, y dado que dicho dispositivo, no hace referencia específica alguna al
significado del daño moral, resulta aplicable extensivamente para su valuación, el significado
del daño moral previsto en el artículo 1984° que señala: “El daño moral es indemnizado
considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”; advirtiendo
sin embargo que, en relación al daño moral surgen dos grandes problemas: i) su acreditación,
y ii) su cuantificación. En el primer caso, existe una enorme dificultad para establecer si
existe daño moral o no, pues no todas las personas expresan sus sentimientos o emociones;
10 en otros casos puede haber una simulación de sufrimientos; y en otros los sufrimientos
severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del
sujeto, por tal razón la jurisprudencia ha optado por presumir que en aquellos casos de
despidos arbitrarios, abruptos y repentinos, la persona padece un fuerte sufrimiento o tristeza
pues repentinamente se ve privado de su principal sustento personal y familiar; más aún si se
trata de una trabajadora; pues ella se extiende a su cónyuge, hijos y parientes, resultando por
tanto evidente la causación del daño moral que impone su reconocimiento y la consiguiente
indemnización. En el segundo caso igualmente resulta difícil cuantificar el monto de la
indemnización, pues los sentimientos morales resultan inapreciables económicamente; en tal
virtud; la cuantificación de la indemnización que corresponda fijarse a favor de la actora; debe
ser estrictamente equitativa; pues ella nunca podrá constituir un real o justo resarcimiento en
su dimensión integral del daño moral causado, sin embargo por lo menos contribuirá a aliviar
el sufrimiento de la actora; en tal virtud no existiendo en el sistema jurídico nacional, un
parámetro fijado para la determinación o cuantificación de dichos daños; consideramos que
objetivamente resulta aplicable por analogía el parámetro fijado por el artículo 76° de la
LPCL, que fija el cuantum de la indemnización por el despido arbitrario en atención a los
períodos dejados de laborar, que en el caso de la actora equivale a 05 años 03 meses y 3
dias, con la última remuneración percibida S/.3,109.88 Soles, como se desprende así de su
boleta de pago del mes de agosto de 1,999 (fojas 109), cuya remuneración computable seria
el monto de S/.4,664.82 Soles; parámetro que a criterio de ésta Judicatura resulta también
plenamente aplicable para el caso de la indemnización por daño moral; dado que éste
guarda compatibilidad con los elementos objetivos invocados para su determinación; en tal
virtud correspondería disponerse que la demandada pague por éste concepto, el equivalente
al tope máximo de 12 remuneraciones ordinarias, equivalente a TREINTISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTISIETE CON 49/100 NUEVOS SOLES (S/.37,357.49 ).
DE LOS INTERESES LEGALES:
4 El importe total indemnizatorio fijado, constituye una obligación dineraria, cuya
determinación requirió de una declaración judicial previa; devengan intereses legales a
partir de la presentación de la demanda, conforme a lo previsto por el artículo 1334° del
código civil y hasta la fecha de su pago efectivo; las cuales deben ser calculo en ejecución
de sentencia.
DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO:
5 Las costas y costos del proceso, conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren ser
demandados; sin embargo deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia,
debiendo además precisarse su cuantía o modo de liquidación; en concordancia con lo
11 previsto en el artículo 14° de la misma ley que señala que la condena en costas y costos
se regula conforme a la norma procesal civil, que en su artículo 413° exime a las
entidades públicas del pago de las costas y costos, sin embargo la sétima disposición
complementaria de la NLPT, faculta al Juzgador la imposición del pago de los costos
procesales a las entidades públicas; en tal sentido atendiendo a que la demandada tiene
la condición de parte vencida, corresponde imponerle la obligación de pagar los costos del
proceso, para lo que se tiene en cuenta que las pretensiones demandadas fueron
admitidas, el despliegue desarrollado por el Abogado del actor, el mismo que tuvo que ser
contratado para ejercer su defensa; ésta Judicatura estima que debe imponerse en el
importe equivalente al quince por ciento (15%) de los importes totales se ordene pagar a
la demandada a favor del actor, incluido las obligaciones principales y los intereses legales
y cuyo cálculo debe efectuarse en ejecución de sentencia.
VII.- DECISIÓN:
Por las razones expuestas el Juez del Octavo Juzgado Laboral Permanente de Lima,
Administrando Justicia a Nombre de la Nación RESUELVE:
1) Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la indemnización por daño emergente.
2) Declarar FUNDADA en parte, la demanda interpuesta por JORGE BELTRAN
CIENFUEGOS contra TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA., sobre Indemnización por daños y
perjuicios en el rubro de lucro cesante y daño moral
3) ORDENAR que la demandada le pague al actor el importe total de CUATROCIENTOS
TREINTIDÓS MIL SEIS CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 05/100 SOLES
(S/ |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJOPERMANENTE DE LIMA
Esquina de Av.Abancay con Av. Nicolás de Pierola – Edificio “Alzamora Valdez”, Piso 17.
EXPEDIENTE : 23714-2017-87-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGO, JORGE
DEMANDADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A
SECRETARIO : HUAMÁN CERNA, ANDY WILLIAM
RAZÓN
Señora Magistrada:
En cumplimiento a mis funciones informo a Ud., que se encuentra
pendiente de dar cuenta 1 escrito de fecha 11-05-2021, debido a la
elevada carga procesal, luego del periodo vacacional, siendo que desde
el 16 de marzo del presente año, se suspendieron las labores
jurisdiccionales de conformidad al Estado de Emergencia Sanitaria
Nacional declarada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
N° 044-2020-PC del 15 de marzo del 2020, y prorrogada por los
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM
y 083-2020-PCM. Asimismo, informo a Ud., que he asumido las labores
de esta Secretaria Judicial desde el mes de octubre del año 2020 y
retomando mis labores por descanso médico en el mes de febrero a
marzo del año 2021 por contagio COVID-19, lo que informo a Usted
para los fines pertinentes.
Lima 25 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno
Por recibidos los autos procedentes de la Tercera Sala Laboral
Permanente de Lima, se da cuenta: En merito a lo resuelto y estando
a lo advertido en la Sentencia de Vista, de fecha 10 de agosto de 2020,
la Sala Superior resuelve: CONFIRMAR la Sentencia N° 102-2019
contenida en la Resolución de fecha 30 de abril de 2019 que declaró
1 Fundada en parte la demanda y modificaron el monto ordenado a
pagar; siendo ello así, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, por lo que se
dispone:
1. ORDENAR que la parte demandada, pague a favor del actor la
suma ascendente a S/ 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL
CON 00/100 SOLES), por concepto de indemnización por lucro
cesante y daño moral, más los intereses legales y financieros,
costas y costos del proceso que serán liquidados en ejecución de
sentencia, en un plazo máximo de 05 días de notificada la
presente resolución, bajo apercibimiento de dar inicio a la
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
2. REMÍTASE los autos al perito a fin de que efectúe el cálculo de
los intereses dispuestos en la sentencia de vista.
3. LIQUÍDESE en su oportunidad los costos y costas procesales.
Por la demora incurrida en la providencia de los escritos llámese
severamente la atención al especialista legal Pedro Cotrina.
Exhortándosele a que ponga mayor diligenciamiento en el desempeño
de sus funciones. Avocándose al conocimiento de la presente causa la
señora juez que suscribe e interviniendo el especialista legal que da
cuenta por disposición superior.
NOTIFIQUESE.-
2 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJOPERMANENTE DE LIMA
Esquina de Av.Abancay con Av. Nicolás de Pierola – Edificio “Alzamora Valdez”, Piso 17.
EXPEDIENTE : 23714-2017-87-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
DEMANDANTE : BELTRAN CIENFUEGO, JORGE
DEMANDADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A
SECRETARIO : HUAMÁN CERNA, ANDY WILLIAM
RAZÓN
Señora Magistrada:
En cumplimiento a mis funciones informo a Ud., que se encuentra
pendiente de dar cuenta 1 escrito de fecha 11-05-2021, debido a la
elevada carga procesal, luego del periodo vacacional, siendo que desde
el 16 de marzo del presente año, se suspendieron las labores
jurisdiccionales de conformidad al Estado de Emergencia Sanitaria
Nacional declarada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
N° 044-2020-PC del 15 de marzo del 2020, y prorrogada por los
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM
y 083-2020-PCM. Asimismo, informo a Ud., que he asumido las labores
de esta Secretaria Judicial desde el mes de octubre del año 2020 y
retomando mis labores por descanso médico en el mes de febrero a
marzo del año 2021 por contagio COVID-19, lo que informo a Usted
para los fines pertinentes.
Lima 25 de noviembre de 2021
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno
Por recibidos los autos procedentes de la Tercera Sala Laboral
Permanente de Lima, se da cuenta: En merito a lo resuelto y estando
a lo advertido en la Sentencia de Vista, de fecha 10 de agosto de 2020,
la Sala Superior resuelve: CONFIRMAR la Sentencia N° 102-2019
contenida en la Resolución de fecha 30 de abril de 2019 que declaró
1 Fundada en parte la demanda y modificaron el monto ordenado a
pagar; siendo ello así, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, por lo que se
dispone:
1. ORDENAR que la parte demandada, pague a favor del actor la
suma ascendente a S/ 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL
CON 00/100 SOLES), por concepto de indemnización por lucro
cesante y daño moral, más los intereses legales y financieros,
costas y costos del proceso que serán liquidados en ejecución de
sentencia, en un plazo máximo de 05 días de notificada la
presente resolución, bajo apercibimiento de dar inicio a la
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
2. REMÍTASE los autos al perito a fin de que efectúe el cálculo de
los intereses dispuestos en la sentencia de vista.
3. LIQUÍDESE en su oportunidad los costos y costas procesales.
Por la demora incurrida en la providencia de los escritos llámese
severamente la atención al especialista legal Pedro Cotrina.
Exhortándosele a que ponga mayor diligenciamiento en el desempeño
de sus funciones. Avocándose al conocimiento de la presente causa la
señora juez que suscribe e interviniendo el especialista legal que da
cuenta por disposición superior.
NOTIFIQUESE.-
2 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
RAZON:
Señora Juez:
En cumplimiento a mis funciones informo a Ud., que se encuentra pendiente de dar cuenta
escrito de fecha 22-01-19, debido a la elevada carga procesal, lo que informo a Ud. para los fines
pertinentes.
Lima, 27 de mayo del 2019
EXPEDIENTE : 23839-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : URCIA ZUZUNAGA, JOSE MANUEL ADRIAN
RESOLUCION N° QUINCE
Lima, veintisiete de mayo del
año dos mil diecinueve. -
Con la razón que antecede. - Téngase presente y al escrito presentado
por la parte demandante. –y CONSIDERANDO:
1. Conforme a lo resuelto mediante Sentencia N° 145-2016 de fecha 14 de junio del 2016,
que resolvió fundada la demanda, la misma que fue confirmada por la Octava sala
Laboral mediante Sentencia de Vista de fecha 12 de abril del 2019.
2. El artículo 14° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, prevé que "La
condena en costas y costos se regula conforme a la forma procesal civil...". Acudiendo a
las normas procesales pertinentes, se tiene que el artículo 410° del Código Procesal
Civil señala que "las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de
los órganos de auxilio judicial y de los demás gastos judiciales realizados en el proceso";
asimismo, el artículo 411° señala que "son costos del proceso el honorario del abogado
de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los
abogados en los casos de auxilio judicial"; los que serán fijados teniendo en cuenta lo
prescrito en el artículo 414° del Código Adjetivo.
3. Nuestro sistema procesal adopta el principio de condena en costas y costos, en este
sentido, está a cargo del reembolso la parte vencida en el proceso, constituyendo este
supuesto una regla general. Sin embargo, esta regla no es absoluta, considerando
además que el artículo 414° del Código Procesal Civil, determina que el Juez regulará
los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto al monto, a los
obligados y beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso y fundamentando
debidamente su decisión; dándole la potestad en algunos casos, de exonerar el pago de
los mismos, de conformidad al artículo 412 del mismo cuerpo normativo. Entonces para establecer el monto de los costos procesales, importa reembolsar el gasto que demanda
pagar los servicios de un abogado que la parte vencedora se vio obligada a contratar
para hacer prevalecer en un proceso judicial sus derechos y para las costas verificar en
autos los pagos realizados por conceptos de aranceles judiciales.
4. Por su parte, el Tribunal Constitucional a efecto de prevenir que se produzcan
arbitrariedades al momento de determinar el pago de los costos…1 emite un
pronunciamiento al respecto, en el expediente signado con el número 00052-2010-AA,
precisando que además de los criterios empleados por los órganos jurisdiccionales, esto
es, el esfuerzo intelectual empleado por el abogado, las incidencias acaecidas en el
trámite de la causa, a efecto de justificar la proporcionalidad o razonabilidad del monto
otorgado en forma objetiva, “…existen otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes…2”
(El énfasis es agregado); en tal virtud, corresponde aprobar los costos procesales,
tomando en cuenta los criterios establecidos en la norma legal, así como los
establecidos por el Tribunal Constitucional, así tenemos:
5. Sobre los costos
5.1 Respecto a la proporcionalidad de los costos; la proporcionalidad estará ligada
estrechamente a las incidencias del proceso, como establece el artículo 414 del
Código Procesal Civil, referidas a las actuaciones procesales y al tiempo de duración
del proceso, así en la presente causa se observa que la defensa del demandante
realizó:
a) Escrito que interpone la demanda de fecha 22.10.15, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
b) Escrito de subsanación de fecha 03.12.15, firmado por el letrado Rolando H.
Cruz Ramírez.
c) Participación de Audiencia de Conciliación de fecha 07.06.16, con la
participación del letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
d) Escrito que solicita requerir el pago y se remita a pericias de fecha 31.05.18,
firmado por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
e) Escrito de requerimiento de pago de fecha 05.09.18, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
5.2 Duración del Proceso: La demanda fue interpuesta el 22.10.15 y se emitió
sentencia declarando fundada la demanda con fecha 14.06.16.
6. Siendo así, teniendo en cuenta las incidencias del proceso antes indicadas, esto, el
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, la participación del abogado y
el asesoramiento permanente del abogado, y el tema en debate, la que ha estado
circunscrita a primera y segunda instancia; con el criterio de conciencia que la ley faculta
y en mérito a lo dispuesto en la parte in fine del artículo 418° del Código Procesal Civil y
14° de la Ley N° 29497, se deberá proceder a fijar los costos; siendo que las costas
deberán ser liquidadas por la parte actora.
1 Fundamento Jurídico 3.
2 Fundamento Jurídico 5. Por las consideraciones antes expuestas se resuelve:
(cid:1) FIJAR la suma de 5,000.00 (S/ CINCO MIL CON 00/100 SOLES) por concepto de
COSTOS PROCESALES, más un 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima en la
suma de s/ 250.00 SOLES (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
(cid:1) REQUERIR cumpla la demandante adjuntar documento indubitable y de fecha cierta que
acredite su pago, así como de los tributos que correspondan, en estricto cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 418 del Código Procesal Civil.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 23839-2018-0-1801-JR-LA-08
JUEZ : REATEGUI MEZA XUANY
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : URCIA ZUZUNAGA JOSE MANUEL ADRIAN
RESOLUCION N° ONCE
Lima, dos de agosto del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 070-18-08voºJENLPT-MTR del perito
adscrito al Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan
conforme a su derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el
artículo 63 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las
formalidades de ley. –
Al escrito de fecha 21 de junio del 2018 presentado por la parte demandada. – Estando a lo
expuesto y siendo atendible lo solicitado; CONCEDASE POR ULTIMA VEZ a la demandada el
plazo de 05 días hábiles a efectos que dar cumplimiento al mandato contenido en la resolución
diez de fecha cinco de junio del dos mil dieciocho, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución
forzada de la obligación en caso de incumplimiento
Interviniendo la Especialista Legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - INFORME PERICIAL Nº 070-18-08voºJENLPT-MTR
REFERENCIA : EXP. Nº 23839-2015.
DEMANDANTE : JOSE MANUEL ADRIAN URCIA ZUZUNAGA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION.
MOTIVO : INTERESES LEGALES-BANCARIOS.
______________________________________________________________________
__
SEÑOR JUEZ DEL 8º JUZGADO ESPECLIZADO EN LA NUEVA LEY
PROCESAL DE TRABAJO.
Tengo a bien dirigirme a Ud., a fin de presentar a su consideración el
Informe Pericial Contable ordenado por su Despacho, mediante Resolución N° 10 de fecha 05 de
Junio del 2018, la misma que corre en autos.
1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.
Según Resolución 10 de fecha 05 de Junio del 2018, se ordena Practicar la
liquidación de intereses Legales y Financieros, dispuestos en la Sentencia de vista.
2.EXAMEN PERICIAL :
Con la finalidad de cumplir con el cálculo de los Intereses legales ordenados
en Sentencia N° 145-2016, aprobada con Resolución Tres de fecha 14 de Junio del 2016, que declara
fundada en parte la demanda, la misma que fue Revocada por Resolución de Sala de fecha 12 de Abril
del 2017 a favor de Don JOSE MANUEL ADRIAN URCIA ZUZUNAGA, contra el Banco de la
Nación, en consecuencia ordenaron que la demandada pague al demandante la suma de S/ 36,773.73
soles por concepto de reintegro en las cinco Gratificaciones de la Productividad Sindical y Gerencial y
el reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por la incidencia en las bonificaciones de
productividad Sindical y Gerencial, más Intereses legales y Financieros.
2.1- Fuentes de Información y Metodología:
Para la determinación de los Intereses Legales y financieros se ha considerado como
fuentes de información la Sentencia N° 145-2016, la misma que fue revocada por Resolución de Sala
de fecha 12 de Abril del 2017 y ordena a la demandante le pague a favor del actor la suma de S/.
36,773.73 soles, por los reintegros de las cinco gratificaciones por Productividad Gerencial y Sindical,
y su incidencia en la Compensación por Tiempo de Servicios, monto al cual se le debe deducir el
impuesto a la Renta de Quinta categoría de conformidad al art. 34 de Decreto Supremo N° 054-97-EF.,
del Texto Único del Impuesto a la Renta, cuya competencia es de la empresa demanda, debiendo
depositar a las cuentas del Tesoro Público- SUNAT., los descuentos de Ley con sus respectivos Intereses,
por corresponder y ser una retención de 5ta. Categoría.
Para la determinación de los intereses legales por el monto de S/ 34,249.21 soles, se ha
considerado como fuentes información las Circulares del Banco Central de Reserva del Perú,
publicadas en el diario Oficial “ El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las
publicaciones diarias efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado diario
relativas a la Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920 referido, en
las que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92 fecha de vigencia de dicho Decreto
Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal en moneda Nacional desde sus respectivas
fechas de origen hasta el 29 de Julio del 2018, fecha de liquidación de la obligación principal por no
haber cumplido la demandada con el pago del adeudo, por lo que los Intereses Legales ascienden a la
suma de S/ 15,348.74 Soles.
Para la determinación de los intereses bancarios se ha considerado como fuentes de información la
publicaciones diarias efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros publicadas por el Diario
Oficial “El Peruano”, relativas a la Tasa de Interés del Sistema Financiero para el reintegro de los
depósitos semestrales de la Compensación por Tiempo de Servicios por el monto de S/.2,524.61 Soles,
aplicándose la tasa de interés promedio del Sistema Financiero, conforme a los alcances del D. Leg. 650, para los depósitos en Moneda Nacional, debiendo de abonarse al Cese con los Intereses Financieros
que correspondan.
2.2.- CALCULO DE LA LIQUIDACIÓN :
Al efecto, se tuvo en consideración los siguientes elementos de juicio.
- Fecha de Origen del interés : 01-01-2000.
- Fecha a Liquidar : 01-02-2000 al 29-07-2018
- Obligación : S/36,773.73
descripción f_origen f_liquid días factor monto Interés
Ene-2000 01/02/2000 29/07/2018 6754 0.61870 1379.85 853.71
Feb-2000 01/03/2000 29/07/2018 6725 0.60899 1379.85 840.31
May-2000 01/06/2000 29/07/2018 6633 0.58229 1379.85 803.47
Jul-2000 01/08/2000 29/07/2018 6572 0.56495 1546.09 873.46
Dic-2000 01/01/2001 29/07/2018 6419 0.52343 1546.09 809.27
Ene-2001 01/02/2001 29/07/2018 6388 0.51547 1546.09 796.96
Feb-2001 01/03/2001 29/07/2018 6360 0.50839 1546.09 786.02
May-2001 01/06/2001 29/07/2018 6268 0.48597 1096.48 532.86
Jul-2001 01/08/2001 29/07/2018 6207 0.47132 1546.09 728.70
Dic-2001 01/01/2002 29/07/2018 6054 0.44328 1096.48 486.05
Ene-2002 01/02/2002 29/07/2018 6023 0.43946 1096.48 481.86
Feb-2002 01/03/2002 29/07/2018 5995 0.43639 1096.48 478.49
May-2002 01/06/2002 29/07/2018 5903 0.42777 1546.09 661.37
Jul-2002 01/08/2002 29/07/2018 5842 0.42269 1096.48 463.47
Dic-2002 01/01/2003 29/07/2018 5689 0.40807 1096.48 447.44
Ene-2003 01/02/2003 29/07/2018 5658 0.40507 1096.48 444.15
Feb-2003 01/03/2003 29/07/2018 5630 0.40241 1096.48 441.23
May-2003 01/06/2003 29/07/2018 5538 0.39398 1096.48 431.99
Jul-2003 01/08/2003 29/07/2018 5477 0.38864 1096.48 426.14
Dic-2003 01/01/2004 29/07/2018 5324 0.37693 1096.48 413.30
Ene-2004 01/02/2004 29/07/2018 5293 0.37483 1096.48 410.99
Feb-2004 01/03/2004 29/07/2018 5264 0.37290 1096.48 408.88
May-2004 01/06/2004 29/07/2018 5172 0.36695 1096.48 402.35
Jul-2004 01/08/2004 29/07/2018 5111 0.36299 1096.48 398.01
Dic-2004 01/01/2005 29/07/2018 4958 0.35265 1096.48 386.67
Ene-2005 01/02/2005 29/07/2018 4927 0.35051 1096.48 384.33
Feb-2005 01/03/2005 29/07/2018 4899 0.34857 1096.48 382.20
May-2005 01/06/2005 29/07/2018 4807 0.34206 1096.48 375.06
Deuda S/ 34,249.21
Int. Leg. S/ 15,348.74
2.3.- LIQUIDACIÓN DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR EL MONTO DE S/ 2, 524.61 SOLES.
Según detalle, se ha efectuado la liquidación de los Intereses bancarios, generados por el monto de
S/. 2,524.61 soles por la Compensación por Tiempo de Servicios correspondiente a los depósitos Semestrales
y Mensuales desde el mes de Abril del 2000 hasta el mes de Octubre del 2005, conforme lo señala la
Sentencia por lo que se liquidan los intereses Financieros conforme lo establece el art. 54 del D. Leg. 650 y
art. 56 de su reglamento, aplicándose los factores acumulados del Sistema Financiero, cuyos montos se han aplicado desde sus respectivas fechas de origen hasta el 29 de Julio del 2018, fecha de liquidación de la
obligación principal por no haber cumplido la demandada con la cancelación de la obligación principal, por
lo que los Intereses Bancarios alcanzan a la suma de S/ 2,146.40 Soles, los cuales serán actualizados al cese
del demandante conforme lo señala el punto 2.39 de la Sentencia de vista.
INTERESES FINANCIEROS:
descripción f_origen f_liquid días factor monto interés
Abr-00 Semestral 16/05/2000 29/07/2018 6649 1.30144 76.66 99.77
Oct-00 Semestral 16/11/2000 29/07/2018 6465 1.13973 186.33 212.37
Ene-01 Mensual 08/02/2001 29/07/2018 6381 1.07318 128.79 138.21
Feb-01 Mensual 08/03/2001 29/07/2018 6353 1.05265 128.79 135.57
Dic-00 Mensual 16/05/2001 29/07/2018 6284 1.00445 128.79 129.36
May-01 Mensual 08/06/2001 29/07/2018 6261 0.98927 128.79 127.41
Jul-01 Mensual 08/08/2001 29/07/2018 6200 0.94983 128.79 122.33
Dic-01 Mensual 09/01/2002 29/07/2018 6046 0.86791 110.47 95.88
Ene-02 Mensual 08/02/2002 29/07/2018 6016 0.85626 91.34 78.21
Feb-02 Mensual 08/03/2002 29/07/2018 5988 0.84619 91.34 77.29
May-02 Mensual 08/06/2002 29/07/2018 5896 0.81756 91.34 74.68
Jul-02 Mensual 08/08/2002 29/07/2018 5835 0.80002 91.34 73.07
Dic-02 Mensual 11/01/2003 29/07/2018 5679 0.76602 91.34 69.97
Ene-03 Mensual 11/02/2003 29/07/2018 5648 0.75953 91.34 69.38
Feb-03 Mensual 11/03/2003 29/07/2018 5620 0.75341 91.34 68.82
May-03 Mensual 11/06/2003 29/07/2018 5528 0.73351 91.34 67.00
Jul-03 Mensual 09/08/2003 29/07/2018 5469 0.72094 91.34 65.85
Dic-03 Mensual 10/01/2004 29/07/2018 5315 0.69111 91.34 63.13
Ene-04 Mensual 11/02/2004 29/07/2018 5283 0.68483 91.34 62.55
Feb-04 Mensual 11/03/2004 29/07/2018 5254 0.67946 91.34 62.06
May-04 Mensual 11/06/2004 29/07/2018 5162 0.66255 91.34 60.52
Jul-04 Mensual 11/08/2004 29/07/2018 5101 0.65170 91.34 59.53
Abr-05 Semestral 17/05/2005 29/07/2018 4822 0.59047 182.75 107.91
Oct-05 Semestral 16/11/2005 29/07/2018 4639 0.55866 45.69 25.53
Deuda S/. 2,524.61
Int. Financ. 2,146.40
CONCLUSIONES
De lo expuesto, se establece las siguientes conclusiones
1. Los intereses legales liquidados conforme establece el D.L. 25920 asciende a la suma de S/ 15,348.74
Soles al 29 de Julio del 2018.
2. Los intereses bancarios liquidados al 29 de Julio del 2018, conforme establece el Decreto Legislativo 650
asciende a la suma de S/ 2,146.40 Soles. Es todo cuanto informo a Ud., para los fines que estime convenientes.
Lima, 01 de Agosto del 2018
_________________________________
CPC. Josefa María Tejada Rospigliosi
Perito Judicial |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 23839-2015-0-1801-JR-LA-08
JUEZ : REATEGUI MEZA XUANY
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : URCIA ZUZUNAGA JOSE MANUEL ADRIAN
RESOLUCION N° DIEZ
Lima, cinco de junio del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: con fecha 29 de mayo de 2018, la Octava Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el Expediente N° 23839-2015-0-1801-JR-LA-08, que contiene la Sentencia de Vista
de fecha 12 de abril de 2017, que resolvió:
REVOCARON: La Sentencia 145-2016, contenida en la Resolución N° 03 de fecha 14
de junio del 2016, obrante a fojas 129 a 135 que:
Ordena a la emplazada pague la compensación por tiempo de servicios;
REFORMANDOLA se ordena que se constituya en depositaria de la compensación por
tiempo de servicios del demandante en el monto de S/. 2,524.62 soles, debiendo
abonarlos al cese, con intereses financieros.
Se CONDENA a la emplazada al pago de costas; REFORMANDOLA: SE LE EXONERA
de dicho pago.
CONFIRMARON la Sentencia, que deberá ser: FUNDADA en parte la demanda en
consecuencia:
CUMPLA la demandada con abonar al demandante la suma de S/. 34,249.11 soles por
el extremo de Reintegro de las Cinco Gratificaciones anuales por incidencia de la
Productividad Sindical y Gerencial, más los intereses legales.
INTENGRANDOLA, se declara INFUNDADA la demanda en el extremo referido a
reintegros de las 05 gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por
incidencia de Productividad Gerencial del periodo 1994 a 1999 y reintegros de las 05
gratificaciones y compensación por tiempo de servicios por incidencia de Productividad
Sindical del periodo 1993 a 1999; así como sus incidencias en la compensación por
tiempo de servicios.
Se CONDENA a la demandada al pago de costos del proceso que se liquidarán en
ejecución de sentencia.
En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin SE RESUELVE; (cid:1) CUMPLA la demandada se constituya en depositaria de la compensación por tiempo de
servicios del demandante en el monto de S/. 2,524.62 soles, debiendo abonarlos al
cese, con intereses financieros.
(cid:1) REQUERIR al demandado BANCO DE LA NACIÓN, a fin que cumpla con pagarle al
demandante el importe de S/. 34,249.11 soles por concepto del extremo de Reintegro de
las Cinco Gratificaciones anuales por incidencia de la Productividad Sindical y Gerencia;
la misma que deberá CUMPLIR con pagarle en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, bajo
apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento.
(cid:1) REMITIR a perito a fin que dé realizar la liquidación correspondiente dispuesto por
Sentencia de Vista.
Al escrito de fecha 31-05-2018 presentado por la demandante; Al principal, ESTESE a lo
resulto en líneas que antecede.
Avocándose al conocimiento de la causa la magistrada que suscribe e Interviniendo la
especialista legal que suscribe por Disposición Superior |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 23839-2015-0-1801-JR-LA-08°
SENTENCIA DE VISTA
Expediente n° : 23839-2015-0-1801-JR-LA-08
Demandante : José Manuel Adrian Urcia Zuzunaga
Demandado : Banco de la nación
Materia : Reintegro de las 05 gratificaciones anuales por la
incidencia de la productividad gerencial y sindical.
Reintegro de la compensación por tiempo de servicios por
la incidencia de la productividad gerencial y sindical en el
pago de las 05 gratificaciones anuales.
Juzgado de origen : 8° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima
Vista de la causa : 12.04.2018
Sumilla : En aplicación del Principio de Primacía de Realidad se concluye
que la bonificación extraordinaria por productividad gerencial y
sindical poseen las características de la remuneración, motivo
por el cual resulta procedente que se considere dentro de la base
de cálculo para el pago de las cinco gratificaciones anuales y
compensación por tiempo de servicios que reclama la accionante
a partir del año 2000.
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
Lima, 12 de abril de 2017.
Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa, e
interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Barreda Mazuelos, éste
colegiado emite resolución con base en lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1. Pretensiones demandadas:
1. Pago de la bonificación de productividad sindical (año 1993 al 2005) y
productividad gerencial (año 1994 a 2005), en su incidencia en las
gratificaciones y en la compensación por tiempo de servicios.
1.2. Sentencia apelada: Viene en revisión la Sentencia 145-2016, contenida en la
Resolución N° 03 de fecha 14 de junio del 2016, obrante a fojas 129 a 135, que
declara fundada la demanda, apelada por la demandada con fecha 13 de
octubre de 2017 (fojas 180 a 197) y concedida mediante Resolución N° 09, de
fecha 21 de noviembre de 2017, corriente de fojas 198 y 199.
1.3. Recurso de apelación: La parte demandada expresa los siguientes agravios:
1. La sentencia apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del
debido proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta
razonada de los medios de prueba actuados y aportados al proceso.
2. Con relación a la bonificación sindical.
Las negociaciones colectivas entre la Alta Dirección del Banco y sus
trabajadores, recién se formalizaron en 1993 en las cuales se pactaron,
especialmente la bonificación extraordinaria por productividad sindical.
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La bonificación se remonta a la Directiva 001-94 EF/92.4910-5100, luego
fue dictada la resolución Suprema Nº 104-94-EF, hasta su actual
fundamento que es el decreto Supremo Nº 010-2002-EF, concordante con
el acuerdo de Directorio de FONAFE Nº 024-2001/020-FONAFE.
Se le otorgó al actor en forma extraordinaria y por única vez, de acuerdo
con los Convenios Colectivos de los años 1993, Laudo Arbitral del año
1994. Convenios de los años 1995, 1996, 1997 y 1998, establecía su
carácter no remunerativo y al haber sido otorgadas mediante Convenios
Colectivos, las partes se encuentran se encuentran obligadas a observarlas
en sus propios términos en atención a la fuerza vinculante que se le otorga
a los acuerdos de conformidad con el Art. 42 de la Ley Nº 25593.
Se debe tener en consideración lo señalado por el Decreto Supremo Nº 168-
2001-EF de fecha 21.07.2001 que aprueba la política de la entidad, dejando
sin efecto el reconocimiento de la denominada Bonificación por
productividad sindical a partir de enero de 2001 en que pasó a formar parte
de la remuneración básica por lo que lo pretendido por el demandante no
tiene sustento alguno.
Se debe de tener en cuenta que la entidad se rige por la Ley de la Actividad
Empresarial del Estado y por ende se trata de una Empresa de Derecho
Público, además es una entidad sujeta a la Ley General de Presupuesto, y
por lo tanto no le es factible gastar más de lo presupuestado, debidamente
autorizado por las disposiciones legales y administrativas pertinentes, sin
que incurran en responsabilidades civiles y/o penales los funcionarios que
procedan indebidamente.
(cid:1) Con relación a la bonificación gerencial.
Se debe de tener en consideración que la bonificación gerencial tuvo su
origen en el Decreto de Urgencia Nº 04-94, efectivizándose su desarrollo
reglamentario con la expedición de las Resoluciones Supremas Nº 104-94-
EF, 121-95-EF y 009-97-EF, donde se señala expresamente y de forma
imperativa el carácter no remunerativo de dicha bonificación. La
bonificación por productividad gerencial fue un incentivo al esfuerzo,
capacidad, puntualidad de su personal.
(cid:1) Costos procesales.
El Juez ha incurrido en error al condenarlo al pago de costos y costas,
a pesar de que se encuentra exonerada del pago de los mismos, por ser un
organismo público descentralizado del Sector Economía y Finanzas, de
conformidad con el Decreto Legislativo N° 183, Ley N° 27231 y artículo 413
del Código Procesal Civil.
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II. FUNDAMENTOS:
De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso de
apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio,
con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los principios
dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de apelación,
significa que este órgano superior revisor, al resolver, deberá pronunciarse sólo
sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su
recurso, estando impedido de modificar la resolución impugnada en perjuicio
del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte.
(cid:2) Con relación al debido proceso:
2.3. Indica la parte apelante que el juez de la causa, al expedir la sentencia materia
de apelación, contraviene la exigencia de que el órgano judicial emita una
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
oportunamente deducidas por las partes. Siendo que su decisión estimatoria
adolece de los fundamentos o razones adecuadas que respaldan su conclusión
referente a que en el proceso se ha acreditado que al demandante le
corresponde la percepción de las bonificaciones extraordinarias por
productividad gerencial y sindical.
2.4. Empero, de la revisión de la sentencia materia de estudio, se advierte
claramente, el análisis que ha hecho el juez de la causa para determinar el
carácter remunerativo de la bonificación por productividad gerencial - sindical y
la valoración conjunta razonada de los medios de prueba actuados y aportados
al proceso, en base a una sustentación fáctica, doctrinaria y jurídica, motivo por
el cual no se advierte una afectación al debido proceso; en consecuencia, no
corresponde amparar el agravio deducido por la parte demandada en este
extremo.
(cid:2) Con relación a la Bonificación Sindical:
2.5. La bonificación sindical se otorga en forma extraordinaria y por única vez, de
acuerdo con el Convenio Colectivo de 1993. Laudo Arbitral del año 1994.
Convenio de los años 1995, 1996, 1997 y 1998, donde se establecía su carácter
no remunerativo y al haber sido otorgadas mediante convenios colectivos, las
partes se encuentran obligadas a observarlas en sus propios términos en
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atención a la fuerza vinculante que se le otorga a los acuerdos de conformidad
con el Art. 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
aprobado por Decreto Legislativo N° 010-2003-TR.
2.6. Estando a lo expuesto, resulta pertinente indicar que el artículo 6° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y
Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala
que: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la
forma o denominación que se le dé, siempre que sea de libre disposición”. En tal
sentido, bajo el marco legal señalado, debe considerarse como remuneración a
toda aquella cantidad que se entregue al trabajador que cumpla las siguientes
características: a) que sea entregada como contraprestación por los servicios
prestados por el servidor; b) que sea de su libre disposición; y c) que sea
percibida en forma regular.
2.7. En tal sentido, del escrito de apelación de sentencia, la demandada señala que
la denominada Bonificación Extraordinaria por Productividad Sindical, no tiene
carácter remunerativo en atención que no se otorgaba de modo permanente y
periódico, conforme se había pactado de dicha forma en el convenio colectivo y
se había estipulado en la Resolución Suprema N° 104-94-EF, Decreto Supremo
N° 121-95-EF, Decreto Supremo N° 224-98-EF y Resolución Suprema N° 009-
97-EF. Del contenido de la sentencia materia de revisión se advierte que el Juez
de primera instancia ha otorgado el concepto de reintegro de las 05
gratificaciones por productividad, a partir de 1997, dado que la Resolución
Suprema Nº 009-97-EF que aprobó la nueva política remunerativa del Banco de
la Nación consideró que las bonificaciones constituían remuneración
computable para los depósitos de la compensación por tiempo de servicios en
consecuencia, igualmente debieron ser comprenderse como base de cálculo para
las gratificaciones ordinarias.
2.8. Al respecto, de la Política Remunerativa del Banco de la Nación, aprobada por
Acuerdo de Directorio N° 015-2003/008-FONAFE,1 se puede apreciar que la
Productividad por Convenio es un concepto “que se originó en el laudo arbitral
que dio solución al Convenio Colectivo del año 1994 y fue luego regulada por las
Resoluciones Supremas N°s 121-95-EF, 009-97-EF y 224-98-EF, y la Resolución
Ministerial N° 075-99 alcanzando la suma de S/. 450.00 mensuales. Con la
dación de los Decretos Supremos N°s 168-2001-EF y 010-2002-EF, pasaron a
formar parte de la remuneración básica las cantidades de S/. 220.00 y S/.
230.00, a partir de enero de 2001 y 1 de enero de 2002, respectivamente”.
(cursiva y negrita nuestra)
1 Fue publicado en El Peruano el 02.12.2003.
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2.9. De otro lado, de las boletas de pago de que obran digitalizadas en el CD ROOM
que ha sido adjuntado al escrito de contestación, se aprecia por ejemplo que
desde enero a noviembre de 2000, y enero a noviembre de 2001, el Banco
demandado abonó a el actor la suma de S/.449.61 y montos similares,
empleando diferentes denominaciones, monto que coincide casi en su totalidad
a la suma de S/. 450.00, del concepto de Productividad por Convenio a la que
hace referencia el Acuerdo de Directorio N° 015-2003/2008-FONAFE antes
citado, situaciones de las cuales se desprende que la Bonificación por
Productividad Sindical no le fue otorgada una sola vez al año, sino por el
contrario, su abono era de periodicidad anual, con lo que se descarta también
que hubiere sido pagada de manera ocasional, es decir, que se trate de una
gratificación excepcional de carácter no remunerativo.
2.10. Además, conforme se señala en la Política Remunerativa del Banco de la Nación,
aprobada por el Acuerdo de Directorio N° 015-2003/008-FONAFE, que forma
parte del Anexo N° 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-
FONAFE, Política y Escala Remunerativa vigente del Banco de la Nación, ésta
clasifica el concepto de Productividad por Convenio como parte de los conceptos
de carácter remunerativo del Banco demandado, es decir, considerada por el
propio FONAFE, que es la entidad que determina la política remunerativa del
demandado, como concepto de carácter remunerativo.
2.11. Ahora bien, resulta relevante precisar que el concepto de Productividad Sindical
se haya pactado mediante convenio colectivo no lo convierte de inmediato en un
concepto no remunerativo, de acuerdo a lo señalado por el inciso a) del artículo
19° del Decreto Supremo N° 001-97-TR (gratificación extraordinaria), por cuanto
dicha gratificación para que sea excluida de la remuneración computable debe
poseer las características de extraordinaria, es decir, debe percibirse de forma
ocasional y, de acuerdo con el concepto de remuneración señalado en el artículo
6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, debe tener carácter contraprestativo,
esto es, abonarse a título de liberalidad.
2.12. En efecto, si bien el concepto acotado se empezó a abonar bajo la denominación
de suma extraordinaria, por única vez, conforme se consignó en el convenio
colectivo de 1993, también lo es que continuó abonándose en virtud de los
convenios colectivos celebrados con posterioridad; empero, dicho pago desde
año 1993 hasta el año 1998, no ha sido otorgado con la periodicidad establecida
en el artículo 16º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, esto es, que el
trabajador, perciba por lo menos tres meses seguidos o alternos en un
periodo de seis meses.
2.13. Siendo esto así, el periodo de 1993 a 1998, al no cumplir con el requisito de
previsto en la norma acotada, no corresponde reconocer su carácter
remunerativo. Situación diferente sucede a partir del año 2000, en que el actor
viene percibiendo dicho concepto de forma permanente en base a diferentes
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denominaciones ("abono por regulariza b", "préstamo b", "concepto no
remunerativo b"), por lo que no puede considerarse como un pago
extraordinario ni ocasional, pues se habría convertido en un concepto
remunerativo, al margen de que se le siga denominando “extraordinario”,
concluyéndose de esta manera, como se ha indicado, que carezca del carácter
de extraordinario y ocasional. En consecuencia, aplicando el Principio de
Principio de Primacía de Realidad (que consiste en que frente a la discordancia
entre lo que los sujetos dicen que ocurre y lo que efectivamente sucede, se debe
hacer prevalecer la realidad sobre la apariencia y considerar el acto de
encubrimiento como inválido) se concluye que el concepto indicado posee las
características de la remuneración, motivo por el cual resulta procedente que se
considere dentro de la base de cálculo para el pago de las cinco gratificaciones
anuales, desde el año 2000, como calcula el juez de primera instancia,
precisándose que en el año 2001 correspondiente al reintegro de las
gratificaciones como en los meses de abril y octubre del 2000 del reintegro de la
compensación por tiempo de servicios se ha incurrido en error al efectuarse el
cálculo, por lo que corresponde modificar la liquidación, respecto a la incidencia
de la bonificación extraordinaria por productividad sindical en las
gratificaciones como en la compensación por tiempo de servicios, conforme se
detalla a continuación:
REINTEGRO DE LAS GRATIFICACIONES POR PRODUCTIVIDAD SINDICAL
GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
CONCEPTOS VACACIONES ESCOLARIDAD VACAC FIESTAS PATRIAS NAVIDAD TOTAL
AÑOS ENERO FEBRERO MAY JULIO DICIEMBRE
2000 449.61 449.61 449.61 449.61 449.61 2,248.05
2001 449.61 449.61 449.61 449.61 1,798.44
TOTAL REINTEGRO 4,046.49
2.14. Por las considerativas expuestas, por la incidencia de la bonificación
extraordinaria por productividad sindical en las gratificaciones
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corresponde que la demandada abone a favor del actor la suma de S/. 4,046.49
y por la incidencia en la compensación por tiempo de servicio corresponde
que la emplazada se constituya en depositaria de la compensación por tiempo
de servicios del actor por el periodo abril de 2000 a diciembre de 2001 por la
suma de S/. 287.57 soles.
2.15. En cuanto al último agravio señalado en el punto 2), está claro que el Banco
está sujeto a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y Ley General de
Presupuesto, sin embargo en su condición de empleador le corresponder
cumplir con las obligaciones laborales como consecuencia del contrato firmado,
que es ley entre las partes y otorgan los derechos que devienen irrenunciables,
por lo que se debe de desestimar el agravio.
(cid:2) En cuanto a la bonificación gerencial.
2.16. Indica la parte apelante que se debe de tener en consideración que la
bonificación gerencial tuvo su origen el Decreto de Urgencia Nº 04-94,
efectivizándose su desarrollo reglamentario con la expedición de las
Resoluciones Supremas Nº 104-94-EF, 121-95-EF y 009-97-EF, donde se
señala expresamente y de forma imperativa el carácter no remunerativo de
dicha bonificación. La bonificación por productividad gerencial fue un incentivo
al esfuerzo, capacidad, puntualidad de su personal.
2.17. Aunado a ello señala que las bonificaciones por productividad gerencial, se
otorgaron al actor en forma extraordinaria y por única vez, de acuerdo con los
convenios colectivos de los años 1993, laudo arbitral del año 1994, y los años
1995, 1996, 1997 y 1998, los cuales no tienen carácter remunerativo.
2.18. En relación a ello es pertinente indicar que el artículo 6° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, aplicable al caso por
razón del tiempo, señalaba: “Constituye remuneración para todo efecto legal el
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición(...)”. Asimismo, el artículo 7° de dicho dispositivo prevé lo
siguiente: “No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos
previstos en los artículos 19° y 20° del Decreto Legislativo N° 650”.
2.19. En relación de los conceptos no remunerativos, el literal a) del artículo 19° del
Decreto Legislativo N° 650, señala: “No se consideran remuneración computable
las siguientes: a) Gratificaciones Extraordinarias u otros pagos que perciba el
trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador” (el subrayado
es del Juzgado). En tal sentido, de lo previsto por la norma se tiene que la
referida Gratificación Extraordinaria tiene dos elementos distintivos: a) su
carácter ocasional, es decir, desprovisto de todo rasgo de continuidad y
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reiterancia; y b) su carácter “contraprestativo”, esto es, no se abona como
contraprestación por los servicios prestados sino que obedece a acto de
liberalidad del empleador.
2.20. Respecto al primer caso, es decir, al carácter ocasional de la gratificación
extraordinaria, este constituye un elemento tipificante para determinar su
carácter no remunerativo, toda vez, que la periodicidad en su entrega podría
demostrar que en realidad el empleador está abonando una remuneración con
una periodicidad semestral, anual, entre otras. En este sentido, la
jurisprudencia ha establecido que las gratificaciones extraordinarias se
ordinarizan cuando se perciben por lo menos en dos años consecutivos. En el
mismo sentido, tanto la Tercera Disposición Final del Decreto Supremo Nº 003-
98-SA, como el artículo 92º de la Resolución de Superintendencia Nº 080-98-
EF/SAFP han establecido que “[…] Se considera que una gratificación adquiere
regularidad cuando es abonada por el empleador a la generalidad de
trabajadores o a un grupo de ellos, durante dos (2) años consecutivos, cuando
menos en periodos semestrales […]”.
2.21. En cuanto a la segunda característica, esto es, al carácter contraprestativo de la
gratificación extraordinaria, es de indicar que éste se fundamenta en el hecho
por el cual el empleador pueda otorgar abonos a sus trabajadores que no sean
como consecuencia de los servicios ejecutados, como lo es una liberalidad
extraordinaria no condicionada a ninguna clase de prestación de servicios de los
trabajadores. Sin embargo, existirá una presunción iuris tamtum (cabe prueba
en contrario) de que todo lo que recibe el trabajador de su empleador es
remuneración “en tanto que no se acrediten que se encuentran expresamente
exceptuadas [del concepto de remuneración]”1 es decir, que su entrega
correspondería a un título diferente de la prestación de trabajo, ello se
desprende de la interpretación del citado artículo 6° del Decreto Supremo N°
003-97-TR, cuando establece que constituye remuneración “ el íntegro de lo que
el trabajador recibe por sus servicios”, es decir, que todo tipo de abono otorgado
en el marco de un contrato de trabajo, se entenderá de naturaleza
remunerativa, salvo que, se verifique su carácter no remunerativo.
2.22. Por tanto, es bajo los parámetros citados que debe procederse a efectuar el
análisis dirigido a determinar si la Bonificación Extraordinaria por
Productividad Gerencial constituye o no una gratificación extraordinaria, como
señala la parte demandada.
2.23. Al respecto, el Anexo N° 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-
2003/DE-FONAFE (publicada con fecha 02 de diciembre de 2003), denominado
Política Remunerativa del Banco de la Nación, aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 015-2003/008-FONAFE, señala que la Productividad Gerencial es
1 DIEGUEZ, Gonzalo, Lecciones de Derecho del trabajo, Civitas, 3ª ed., Madrid, 1991, p. 235.
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un concepto “que se viene otorgando desde 1994 en función a la asistencia,
permanencia y puntualidad y a la evaluación del desempeño laboral, según la
escala proveniente de la aplicación de las Resoluciones Supremas N°s 104-94-EF,
121-95-EF y 009-97-EF”. En este sentido, mediante Resolución Suprema N° 104-
94-EF2, se aprobó la política remunerativa del Banco de la Nación, la cual
establece en su Anexo 2, en relación a la asignación extraordinaria por
productividad, que ésta: “será otorgada bajo las características y sujeta a las
condiciones que fije el Directorio, dentro de las cuales deberán tomarse en
consideración forzosamente la asistencia y puntualidad, así como el rendimiento
y responsabilidad en el desempeño efectivo de las obligaciones encomendadas.
La asignación mensual será fijada por el Directorio, a partir de Julio de 1994, y
se mantendrá mientras no se disponga lo contrario”, del mismo modo, la
Resolución Suprema N° 121-95-EF3 y su anexo correspondiente, señala que: “la
bonificación de productividad se otorgará previa evolución específica y personal
de cada trabajador en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice y
que condicionará su pago”; asimismo, la Resolución Suprema N° 009-97-EF,
menciona que esta bonificación por productividad “se continuará otorgando
previa evaluación específica y personal de cada trabajador, en función al
rendimiento por el trabajo efectivo que realice y que condicionará su pago”.
2.24. Además, resulta relevante señalar lo alegado por la propia demandada en el
sentido de que la Bonificación por Productividad Gerencial se pagaba también
en función al trabajo efectivo que desarrollaba el demandante, dado que, según
alega se le evaluaba su desempeño en el trabajo, puntualidad en el trabajo,
asistencia al trabajo, ello en realidad coadyuva a concluir que su entrega fue
contraprestativa, ya que, se otorgaba en función al trabajo efectivo o mejor
desempeño del demandante, por lo que no cumple con uno de los dos elementos
para determinar la existencia de una gratificación extraordinaria (su carácter
contraprestativo), con lo cual queda desvirtuado lo expresado por la demandada
cuando indica que el concepto en mención constituye una gratificación
extraordinario de carácter no remunerativo. Por tanto, considerando que se
abonó teniendo en cuenta los servicios del trabajador, asimismo, al haber sido
de su libre disposición y al haber sido percibida en forma regular, pues la
referida Bonificación Extraordinaria por Productividad tiene carácter
remunerativo, ya que, como se ha indicado según el artículo 6° del Decreto
Supremo ante señalado “Constituye remuneración para todo efecto legal el
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualquiera la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de libre
disposición”. Además de ello, de la Política Remunerativa del Banco de la
Nación, aprobada por el Acuerdo de Directorio N° 015-2009-/008-FONAFE, que
forma parte del Anexo N° 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-
2003-DE-FONAFE, clasifica el concepto de Productividad Gerencial como parte
2 Publicada el 11.09.1994
3 Publicada el 21.10.1995
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de los conceptos de carácter remunerativo del Banco demandado, es decir, es
considerada por la propia entidad fiscalizadora en temas presupuestales y
remunerativos de la demandada (FONAFE) como parte de la remuneración del
personal del Banco de la Nación.
2.25. En relación a ello, es pertinente indicar que una "bonificación extraordinaria"
para que tenga carácter remunerativo y sea computable como tal requiere como
requisito que se haya percibido por lo menos tres meses seguidos o alternos
en un periodo de seis meses conforme a lo establecido en el artículo 16º del
Decreto Supremo Nº 001-97-TR.
2.26. Siendo ello así, resulta pertinente revisar las boletas de pago del actor, las
mismas que se encuentran en un CD-ROM anexado al expediente, del contenido
de ellas, no se advierte de modo alguno que el demandante haya percibiendo de
forma continua, mensual o alternos en un periodo de seis meses, el concepto de
productividad gerencial, siendo que de las boletas de pago de los años 1997 a
1998 (tal como se desprende del CD ROM), la demandante únicamente percibió
los siguientes conceptos: remuneración básica, movilidad, refrigerio, asignación
hijo, bonificación por tiempo de servicios, Decreto Legislativo N° 25981,
compensación vacacional, Incrementos 1,2 -Decreto Legislativo N° 25897 y
campaña de cheque, no encontrándose en ninguno de estos conceptos la
bonificación por productividad gerencial.
2.27. Por el contrario, a partir del año 2000, de las boletas de pago adjuntas, se
desprende que la parte demandante ha venido percibiendo el concepto de
bonificación por productividad gerencial, bajo las denominaciones "abono por
regularizar A", "Préstamo A", "Concepto no remunerativo A", "Concepto
variable1" "ingreso no remunerativo", conceptos que denotan y cumplen con
el requisito de continuidad en su percepción, por lo que corresponde reconocer
el carácter remunerativo del concepto de bonificación por productividad
gerencial a partir del año 2000, correspondiendo por tanto modificar la
liquidación efectuada por el Juez de primera instancia, en lo que respecta a la
incidencia de la bonificación extraordinaria de productividad gerencial en la
compensación por tiempo de servicios en los periodos de Enero a abril y Mayo a
Octubre del año 2000, conforme se detalla a continuación:
REINTEGRO DE LAS GRATIFICACIONES POR PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
CONCEPTOS GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
VACACIONES ESCOLARIDAD VACAC FIESTAS PATRIAS NAVIDAD TOTAL
MES - AÑO ENERO FEBRERO MAYO JULIO DICIEMBRE
2000 930.24 930.24 930.24 1,096.48 1,096.48 4,983.68
2001 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 5,482.40
2002 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 5,482.40
2003 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 5,482.40
2004 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 1,096.48 5,482.40
2005 1,096.48 1,096.48 1,096.48 3,289.44
TOTAL REINTEGRO 30,202.72
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2.28. Por las considerativas expuestas, por la incidencia de la bonificación
extraordinaria por productividad gerencial en las gratificaciones
corresponde que la demandada abone a favor del actor la suma de S/.
32,202.72 y por la incidencia en la compensación por tiempo de servicio se
constituya en depositaria de la compensación por tiempo de servicios del actor
por el periodo abril de 2000 a octubre de 2005 en la suma de S/. 2,337.05
soles.
2.29. En consecuencia, efectuando la sumatoria de los conceptos estimados:
RESUMEN
CONCEPTO MONTO S/.
REINTEGRO EN LAS 5 GRATIFIC PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 30,202.72
REINTEGRO EN LAS 5 GRATIF. PRODUCTIVIDAD SINDICAL 4,046.49
REINT. CTS. INCIDENCIA PRODUCTIVIDAD GERENCIAL 2,237.05
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REINT. CTS. INCIDENCIA PRODUCTIVIDAD SINDICAL 287.57
TOTAL REINTEGRO S/ 36,773.83
Se deberá ordenar pagar la suma de S/. 36,773.83 Soles, a la que deberán de
agregarse los intereses legales.
• Con relación a los costos.
2.30. Al respecto, si bien el artículo 47° de la Constitución establece que: “El Estado
está exonerado del pago de gastos judiciales”, dicha norma es de carácter
general y, por tanto, requiere de desarrollo legislativo.
2.31. Por un lado, es desarrollado en el artículo 413° del Código Procesal Civil que
dispone: “Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos
constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales”; sin
embargo, la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29497 –
Nueva Ley Procesal del Trabajo establece: “En los procesos laborales el
Estado puede ser condenado al pago de costos”.
2.32. En consecuencia, el artículo 47° de la Constitución debe ser aplicado de acuerdo
a su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el Estado sí puede
ser condenado al pago de costos. No obstante, nótese que la norma señala que
puede ser condenado al pago de costos. El verbo rector es distinto al regulado en
el artículo 412° del Código Procesal Civil. Dicho artículo dispone que: “La
imposición de la condena en costas y costos […] es de cargo de la parte vencida,
salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración”.
2.33. Con alcance general la parte vencida en un proceso debe pagar las costas y
costos del proceso; en cambio el Estado en algunos casos sí y en otros no será
condenado a dicho pago. ¿A qué obedece el hecho de si se condena o no al pago
de costos al Estado?. La respuesta hay que buscarla vía interpretación finalista
del dispositivo: “En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al
pago de costos”.
2.34. Este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo es:
(i) Que el Estado, como empleador, se vincule y actúe respetando las normas
que rigen el trabajo dependiente, con el objeto de reducir la judicialización de los
conflictos jurídicos derivados de ello; y (ii) En los casos en que el conflicto
jurídico ya se generó y está judicializado a que, antes de defender a ultranza el
actuar de la institución, se efectúe una valoración concienzuda del caso materia
de litigio, a efectos de reconocer los extremos que, de modo objetivo, resulten
acorde a la justicia; pues, la defensa jurídica del Estado tampoco puede
significar litigar por el sólo hecho de no dejar en indefensión al Estado, sino
litigar con base a probabilidades de éxito. De lo contrario el Estado, desde sus
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propios órganos, estaría propiciando una judicialización improductiva y que, por
el contrario, genera una saturación en la atención de las causas por los órganos
jurisdiccionales, afectando de ese modo la administración de justicia laboral
para la sociedad.
2.35. Por tanto, el Estado debe ser condenado al pago de costos únicamente si es que
no se ha efectuado una defensa jurídica realista y con probabilidades de éxito;
esto es, si ha tenido suficientes motivos razonables para litigar por los extremos
en que haya sostenido el conflicto jurídico de derechos laborales a aquellos
trabajadores comprendidos en dicho régimen laboral especial; lo que no ha
ocurrido en el presente caso, en el cual se advierte que no tenía probabilidades
de éxito, por lo que no se ampara el agravio de la parte demandada en
d |
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EXPEDIENTE : 23839- 2015 – 0 -1801- JR-LA-08
DEMANDANTE : JOSE MANUEL ADRIAN URCIA ZUZUNAGA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : MARCO ANTONIO VELA TINTA
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCARCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO NUEVE
Lima, veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete.
Dando cuenta a los escritos presentados por la demandada con fecha 13-10-2017. Al
principal.
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, el demandado interpone recurso de apelación contra la
Sentencia N°145-2016 de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis que declara fundada la
demanda.
FUNDAMENTOS
1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine,
a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo de
apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo
adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se
encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera Disposición
Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los
requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN (cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por el Banco de la Nación contra la Sentencia
N°145-2016 de fecha catorce de junio del dos mil dieciséis que declara fundada la
demanda, la misma que se concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse
los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención.
(cid:1) Al primer, segundo y tercer otrosí: Téngase presente.
Avocándose al conocimiento de la causa el Magistrado que da suscribe por disposición superior e
Interviniendo la especialista legal que suscribe. |
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_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____2___________3____________8___________3___________9___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________
S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
QUILCA MOLINA
SENTENCIA DE VISTA
Lima, 21 de julio de 2017.
VISTOS.- Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gino Yangali Iparraguirre; esta
Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente:
PRIMERO.- En principio debemos anotar que es materia de impugnación en esta
instancia, la Sentencia Nº 145-2016 de fecha 14 de junio de 2016, corriente de fojas
129 a 135, que resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por José Manuel
Adrian Urcia Zuzunaga contra el Banco de la Nación sobre Pago de Bonificaciones.
SEGUNDO.- Conforme a las atribuciones conferidas por ley, y siendo esta una
instancia revisora del debido proceso, debe señalarse que el Artículo 47° de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497, prevé lo siguiente (resaltado nuestro):
"Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus
alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no
mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su
sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la
complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco
(5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para
que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.
La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados,
bajo responsabilidad".
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TERCERO.- Ahora bien, de la revisión de actuados se advierte que no obra
constancia alguna de asistencia o inasistencia de las partes para el acto de
notificación de la sentencia, en la fecha indicada en la Audiencia de Juzgamiento,
fecha en la cual el Secretario de Juzgado debe dar fe de dicha diligencia. En tal
sentido, corresponde precisar que si bien a fojas 136 obran los cargos de notificación
de la sentencia a la partes, vía casilla electrónica; sin embargo este acto no cubre las
garantías que establece la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la que ordena que se
realice la notificación de la sentencia por estrado.
CUARTO.- Con relación a lo anterior, precisamos que el último párrafo del artículo
367° del Código Procesal Civil prevé que “El superior también puede declarar
inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los
requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.”;
por lo que corresponde a esta instancia verificar si al conceder la apelación el A Quo
cumplió con revisar todos los requisitos formales de acuerdo a Ley; de no ser así, le
corresponde a este Colegiado declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la
apelación; así como, la nulidad de la resolución que concede la misma.
QUINTO.- Asimismo, es necesario tener presente que aún cuando la apelación
presentada por el demandante con fecha 07 de julio de 2016 habría sido presentada
dentro del término de ley; no obstante, siendo que la notificación de la sentencia está
regulada en forma expresa en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues tanto el
artículo 32° como el artículo 47° de la Ley N° 294 97 precisan que la notificación de la
sentencia tiene que hacerse de manera física en el despacho del órgano jurisdiccional,
lo que implica que se debe dejar constancia de dicho acto con plena identificación de
la partes, hecho que no se ha suscitado en el presente proceso. Por ende, la
resolución número cuatro de fecha 09 de agosto de 2016, que concede el recurso de
apelación, corresponde ser declarada nula debiendo el Juez de Fallo citar a las partes
nuevamente para que concurran al local del Juzgado para la entrega física de la
sentencia conforme a los lineamiento aquí expuestos.
SEXTO: A fin de evitar posteriores nulidades y emitir un pronunciamiento de fondo
en los de la materia, resulta necesario devolver los actuados al Juzgado de origen
para que, de este modo, cumpla con subsanar la omisión advertida.
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Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4° de
la Ley N° 29497 - Nueva Ley procesal del Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima, conforme a la Constitución Política del Estado:
RESUELVE:
1.- DECLARAR NULA la resolución número cuatro de fecha 09 de agosto de 2016,
con la cual se concede la apelación con efecto suspensivo contra la sentencia
expedida, debiendo el A Quo resolver conforme a las directivas expuestas en la
presente resolución.
2.- RECOMENDAR al Juez de fallo dar estricto cumplimiento a lo señalado en la
presente resolución, y en observancia del artículo 47° de la Ley N° 29497 bajo
responsabilidad funcional; así como RECOMENDAR al Secretario asignada al
despacho para que cumpla con insertar en el expediente la constancia de asistencia o
inasistencia de notificación de sentencia a las partes.
En los seguidos por JOSÉ MANUEL ADRIAN URCIA ZUZUNAGA contra el BANCO
DE LA NACIÓN sobre Pago de Bonificaciones, y los devolvieron al Juzgado de
Origen.
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DEMANDANTE : JOSÉ MANUEL ADRIÁN URCÍA ZUZUNAGA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD SINDICAL Y PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
ESPECIALISTA : JONATHAN ALBERTH PALACIOS PILLMAN
SENTENCIA N° 145 - 2016
RESOLUCIÓN NUMERO TRES
Lima, catorce de junio de dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia de Conciliación de fecha 07 de junio de 2016, con la
concurrencia de ambas partes en la que se determinó el juzgamiento anticipado del proceso y
se dispuso diferir la sentencia para el día.
I.- PARTES EXPOSITIVA:
1. DEMANDA.
1.1 PRETENSIÓN:
Mediante escrito de demanda de fojas 66 a 73, subsanada a fojas 77, don JOSÉ MANUEL
ADRÍAN URCIA ZUZUNAGA, solicita:
El pago de la Bonificación de Productividad Sindical y Productividad Gerencial, en su
incidencia en las gratificaciones y en la Compensación por Tiempo de Servicios.
1.2 SITUACIÓN LABORAL:
a. Fecha de ingreso : 16.05.1980.
b. Fecha de cese : vínculo vigente.
c. Categoría : Funcionario.
d. Cargo : Administrador Agencia “C”
e. Última Remuneración : S/ 5,300.61 soles
1.3 ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE:
Alega que:
1) El Sindicato de Trabajadores y la Administración del Banco de la Nación ha
celebrado los siguientes Convenios Colectivos:
a) Convenio Colectivo de fecha diez de marzo de 1993, Cláusula Cuarta, 2do.
Párrafo.
b) Laudo Arbitral de fecha 04 de setiembre de 1994, Primera Cláusula.
c) Reunión de Trato Directo de fecha 30 de octubre de 1995, Primer Acuerdo.
d) Convenio Colectivo del 27 de junio de 1996, Tercer Acuerdo.
e) Convenio Colectivo del 26 de junio de 1997, Segundo Acuerdo.
f) Convenio Colectivo del 29 de octubre de 1998, Primer Acuerdo, punto 21,
ampliación del Convenio 1998, Literal B.
2) Desde el último convenio colectivo se puede apreciar con mayor claridad su
carácter remunerativo, puesto que incluye la Bonificación Extraordinaria dentro
de un conjunto de conceptos remunerativos de pago anual, como son el
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incremento del Decreto Ley N° 26504, la asignación familiar, por lo que está
demás señalar que los conceptos que integran la Bonificación Unificada se
encuentra la Productividad Sindical que son de carácter computable.
3) Desde 1993 hasta la actualidad esta Bonificación Extraordinaria por
Productividad Sindical ha sido otorgada de forma permanente en el tiempo y
regular en su monto, por lo cual debió ser considerada válida para el computo de
la CTS, aplicándose la regla establecida en el artículo 18º segundo párrafo del
Decreto Supremo N° 001-97-TR, esto es que su aplicación debió incluírsela en
un dozavo en cada periodo semestral en el que se otorgó el pago.
4) Este concepto debió ser incluido dentro de las 5 gratificaciones que otorga la
demandada durante el año, puesto que conforme a lo prescrito por el artículo 1º
de la Ley N° 25139, el monto de cada una de ellas es equivalente a una
remuneración básica que percibía el trabajador en la oportunidad que
corresponda otorgar dicho beneficio, entendiéndose como Remuneración Básica
aquellas integradas por las cantidades fijas y permanentes que percibía el
trabajador y que son de su libre disposición, esto es, que para efectos de la CTS,
atendiendo a ello la bonificación Extraordinaria por Productividad Sindical de
carácter regular y de permanencia anual, su inclusión debió aplicarse en un
dozavo en el periodo correspondiente.
5) Desde 1994, la emplazada otorgó de manera unilateral a sus trabajadores
activos, una Asignación Extraordinaria de Productividad Gerencial, sobre lavase
de una evaluación extraordinaria por productividad, la misma que se realiza
semestralmente y a la que está sujeta todos los trabajadores, esta asignación es
otra simulación a la que recurrió la demandada para otorgar incrementos y
haberes de carácter remunerativo, puesto que la evaluación del rendimiento
efectivo de cada trabajador, su calificación para proceder al aumento semestral
es simplemente una formalidad a fin de proceder a realizar pagos mayores a los
Funcionarios de mayor jerarquía del Banco, así las evaluaciones resultan
subjetivas, puesto que el Banco no produce bienes manufacturados sino
servicios, por lo que no es posible cuantificar ni calificar el rendimiento real.
6) Este pago también debe ser incluido dentro del cómputo de la remuneración
computable de la CTS y las gratificaciones
7) A partir de enero del 2000 al 2005, la demandada ha venido abonando la
Productividad Gerencial y Productividad Sindical bajo las siguientes
denominaciones: Abono X Regular, Préstamo A; y Concepto no remunerativo A;
igualmente Abono X Regularizar X, Préstamo B, Concepto no remunerativo B, y
Variable 1. Los montos han sido regulares durante dicho periodo, con lo cual
queda demostrado que la demandada ha seguido abonando dichas
bonificaciones hasta el periodo 2005.
8) Solicita el pago en la incidencia en las 5 gratificaciones anuales, las mismas que
se pagaron hasta el año 2005, de acuerdo a Convenios Colectivos y son:
Adelanto Vacacional, en enero; Escolaridad en febrero; Vacacional cuando se
hacía el descanso físico, Fiestas patrias en julio y Navidad en diciembre.
2. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA.
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Por resolución número 02, de fecha 20 de enero de 2016, obrante de folios 78 a 79,
se resolvió:
a. Admitir a trámite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
b. Emplazar al demandado.
c. Programar la Audiencia de Conciliación.
3. AUDIENCIA DE CONCILIACION.
3.1 El juzgador deja constancia que no se logró la conciliación, por lo que se procede a la
fijación de las pretensiones.
3.2 PRETENSIONES MATERIA DEL PROCESO.
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley
Procesal de Trabajo – NLPT; al no lograr la conciliación fijó las pretensiones materia
del juicio, mencionándose las siguientes:
Primera Pretensión: Determinar si corresponde al actor el pago de S/ 74,853.29
soles por concepto de reintegro de Productividad Sindical y Gerencial en las 5
gratificaciones y en la CTS.
Segunda Pretensión: El pago de los intereses legales, costos y costas del proceso.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El demandado BANCO DE LA NACIÓN al contestar la demanda refiere:
1) En relación a la Bonificación Extraordinaria por Productividad refiere que a partir
del año 1993 se formalizaron negociaciones entre la Alta Dirección del Banco y
sus trabajadores algunas de manera colectiva y otras individuales, en las que se
pactaron, el otorgamiento de bonificaciones con carácter de excepcionales y sin
ninguna incidencia en las remuneraciones ni en las pensiones, a dichas
bonificaciones se les llamó (dependiendo de las condiciones para su
otorgamiento), Productividad Sindical y Productividad Gerencial.
2) La llamada Bonificación Sindical tiene su origen en el Convenio Colectivo de
1993 y su aplicación en la Directiva N° 001-94-EF/92.4910-5100, siendo su
actual fundamento el Decreto Supremo N° 010-2002-EF, concordante con el
acuerdo del Directorio del FONAFE N° 024-2001/020-FONAFE. Asimismo, la
llamada Bonificación por Productividad Gerencial tiene su origen en la
Resolución Suprema N° 121-85-EF, la misma que aprobó la política
remunerativa del Banco de la Nación para el año 1995.
3) La llamada Productividad Sindical fue un concepto no remunerativo pactado
inicialmente en el Convenio Colectivo de 1993, el mismo que fue suscrito entre
los representantes de los trabajadores y los representantes de la Administración
de Banco de la Nación. Para su otorgamiento se establecieron determinados
requisitos, relacionados con la prestación de trabajo y la puntualidad y asistencia,
condiciones que hicieron que su monto fuera variable.
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4) Asimismo, la llamada Productividad Gerencial fue un concepto no remunerativo
dispuesto en sus inicios por la Resolución Suprema N° 121-95-EF, para lo cual
se estableció un patrón de evaluación del desempeño laboral de cada trabajador,
condición que hizo que su monto fuera variable.
5) Las referidas bonificaciones fueron otorgadas solamente en los meses de mayo y
octubre de cada año, previa evaluación de la asistencia y puntualidad del
trabajador y de su desempeño laboral, de allí su carácter de excepcional, lo cual
se prueba con las boletas de pago anexas.
5. JUZGAMIENTO ANTICIPADO:
En este estado de la audiencia advirtiéndose que no obstante que la controversia
está referida a hechos, el Juzgador considera que no existe necesidad de actuar
medio de prueba alguno, por lo que en aplicación de la última parte del artículo 43º
de la Nueva Ley del Trabajo, Ley N° 29497, hace conocer a las partes de la
resolución de la presente causa vía Juzgamiento Anticipado, por lo que solicita a los
abogados presentes expongan sus alegatos finales.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y
principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad (artículo
I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico en el
desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el
debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT);
y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen
sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones procesales y
pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y
la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba
actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT);
debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos
nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga
probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1
NLPT); que precisan que cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le
corresponde acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo
paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de haber cumplido con sus obligaciones derivadas de
las normas legales, o con sus obligaciones contractuales (artículo 23.4.a) y finalmente
que en aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios
que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por
cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que
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existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad, como se desprende del artículo 23.5 de la NLPT.
De las disposiciones legales vinculadas al pago de dichos beneficios.
3. La Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, en su artículo 57°, establece que:
“En concordancia con el artículo 55° de la presente ley corresponde a CONADE: a) Establecer y definir las
políticas de mejoramiento de los recursos humanos de la Actividad Empresarial del Estado, en lo relativo a
sistemas y criterios de selección y promoción del personal; desarrollo de: la capacidad gerencial, racionalización
y competitividad de las escalas salariales y de remuneraciones, escalas de incentivos, beneficios y de movilidad
del mercado interno de trabajo”; en tanto que el artículo 62° señala que: “El régimen económico
financiero de la Actividad Empresarial del Estado se rige por los siguientes principios: a) Los recursos
financieros de la Actividad Empresarial del Estado son aplicados para el logro de los objetivos aprobados en los
planes de largo y mediano plazo, y de las metas establecidas en los programas y presupuesto anuales de las
empresas”.
4. El artículo 49° del Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE señala que: “CONADE y CONAFI como órgano rectores
tienen la responsabilidad de conducir el proceso presupuestal de las empresas del Estado, no financieras y
financieras respectivamente, ciñéndose a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 513, Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto de la Actividad Empresarial del Estado, su Reglamento y demás normas que le sean
aplicables. En uso de sus facultades emitirán las directivas que sean necesarias para la formulación, ejecución y
evaluación de los presupuestos de las empresas bajo su ámbito”.
5. El artículo 1° del Decreto Supremo N° 07-94-EF, que aprobó el Estatuto del Banco de la
Nación; precisa que el Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante
del sector Economía y Finanzas; en tanto que según el inciso o) del artículo 26°, constituye
atribución de su Directorio establecer la política general de remuneraciones del personal del
Banco, dentro de las normas legales vigentes.
6. Por Decreto de Urgencia N° 09-94 de fecha 19.ABR.1994; se declaró en reorganización
al Banco de la Nación, para que adecue su organización a lo dispuesto en su nuevo
Estatuto ejecutando un programa de Reestructuración y Racionalización Administrativa
Financiera y de Personal; y mediante su artículo 14° dispuso que el Directorio de la
misma, reciba del organismo competente la delegación de facultades para aplicar el
proceso presupuestario y dictar normas de austeridad y remuneraciones aplicables al
Banco, con sujeción a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25926; que dispone que la
política remunerativas de las entidades financieras, en el que se incluye el Banco de la
Nación, debe ser aprobada por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de
Economía y Finanzas (la negrita y el subrayado es nuestro).
7. Por Resolución Suprema 104-94-EF de fecha 07.SET.1994, se aprobó la política remunerativa
del Banco de la Nación y sus Subsidiarias; de conformidad con lo establecido por el artículo 25°
de la Ley del Presupuesto del Sector Público para 1994, Ley Nº 262681 y lo dispuesto por el
Decreto Ley Nº 259261; así como lo establecido por el Decreto de Urgencia Nº 09-941; y en su
Anexo 1, establece que el Directorio podrá acordar como negociación colectiva en dicho año: 1)
El otorgamiento, por una sola vez, de una bonificación extraordinaria ascendente a S/ 1,200.00
nuevos soles para todos los trabajadores, con contrato vigente al 31 de julio de 1994. Esta cifra
será abonada en tres armadas. La primera de 40% en el mes de setiembre; la segunda de 30%
en el mes de Octubre; la tercera de 30% en el mes de Noviembre; 2) Adicionalmente, el Banco
incrementará la Prima de Caja a los trabajadores que desempeñan la función de Recibidor-
Pagador de S/ 17.00 a S/ 34.00 mensual; en su Anexo 2, establece la facultad del Banco para
otorgar a sus funcionarios y trabajadores activos una Asignación Extraordinaria por
Productividad en base a la evaluación semestral del rendimiento en el desempeño efectivo del
trabajo, con el carácter de extraordinario, que no incrementa ni incide en la remuneración
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básica, ni en los niveles remunerativos de las diferentes categorías de la Institución. Dicha
asignación será otorgada bajo las características y sujeta a las condiciones que fije el Directorio,
dentro de los que deberá tomarse en consideración la asistencia y puntualidad, así como el
rendimiento y responsabilidad en el desempeño efectivo de las obligaciones encomendadas y
será fijada por el Directorio a partir de Julio de 1994, y se mantendrá mientras no se disponga lo
contrario. El monto de la asignación se adecuará a la categoría, nivel y responsabilidad de los
respectivos cargos y no podrá sobrepasar, los porcentajes establecidos por el Directorio.
Asimismo en el numeral 4) se establece que dada su naturaleza excepcional y
condicionada y el carácter eventual y aleatorio de su percepción, la Asignación no es
computable ni base de cálculo para ningún otro tipo de remuneración, pensión o beneficio.
8. Por Resolución Suprema N° 121-95-EF de fecha 20.OCT.1995, se aprobó la Política
Remunerativa del Banco de la Nación; en cuyo anexo se determinan los topes máximos
establecidos según la categoría de cada servidor, así para la categoría de Técnicos se fijó en
S/ 312.00 por bonificación de productividad, a ser otorgada previa evaluación específica y
personal de cada trabajador en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice y que
condicionará su pago.
9. Por Resolución Suprema N° 009-97-EF de fecha 30.ENE.1997, se aprobó la Política
Remunerativa del Banco de la Nación, en cuyo anexo se determina los topes a pagarse por
bonificación por productividad que en el caso de la categoría de Técnicos equivale a S/ 366.85
nuevos soles, a ser otorgada previa evaluación específica y personal de cada trabajador en
función a su rendimiento.
10. Por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-FONAFE de fecha 28.NOV.2003; se
aprobó la política remunerativa del Banco de la Nación; en cuyo anexo se hace referencia a todos
los conceptos que se perciben en dicha entidad, entre los que se menciona la Productividad
Gerencial, que se otorga desde 1994, en función a la asistencia, permanencia y puntualidad y a
la evaluación del desempeño laboral, según escala proveniente de la aplicación de las
Resoluciones Supremas N° 104-94-EF, 121-95-EF y 09-97-EF.
11. El artículo 6° del TUO del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral - LPCL; establece que: “Constituye remuneración para todo efecto
legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma
o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.”
12. El artículo 9° del TUO del Decreto Legislativo 650 Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo 01-97-TR -LCTS, establece que: “Son remuneración computable la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre
disposición. (…) y se excluyen los conceptos contemplados en los Artículos 19 y 20”. Por su parte el artículo
16° señala que: “Se considera remuneración regular aquélla percibida habitualmente por el trabajador, aun
cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Por excepción, tratándose de
remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de
regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses en cada período de seis, a efectos de los
depósitos a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley. Para su incorporación a la remuneración computable se
suman los montos percibidos y su resultado se divide entre seis”. A su vez el artículo 18° prevé que: “(…).
Las remuneraciones que se abonan por un período mayor se incorporan a la remuneración computable a razón
de un dozavo de lo percibido en el semestre respectivo”. Finalmente el artículo 19° establece que: “No se
consideran remuneraciones computables las siguientes: a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que
perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de
convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por
resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la
bonificación por cierre de pliego”.
13. Por su parte el inciso a) artículo 19° de la LCTS, señala que no se consideran remuneraciones
computables a las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador
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ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención
colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por
resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral.
ANÁLISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
14. Respecto a determinar si corresponde que se le pague el importe de S/. 61,151.37
Soles por concepto de reintegros de la bonificación de productividad sindical y
gerencial en las cinco gratificaciones anuales; y se le pague el importe de S/.
13,701.92 Soles por concepto de reintegros en la compensación por tiempo de
servicios, como consecuencia de no haberse incluido en su cálculo la
productividad sindical y gerencial; para lo cual debe de determinarse si esta
bonificación reviste naturaleza remunerativa y en consecuencia se debe de incluir en los
cálculos pretendidos.
15. Respecto a la Gratificación por Productividad Sindical, cabe precisar que si bien es
cierto el artículo 7° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dispone que no
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos
19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, considerando entre
aquellos el inciso a) del citado artículo 19°, las gratificaciones extraordinarias u otros
pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o
que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de
conciliación o mediación, o establecida por resolución de Autoridad Administrativa de
Trabajo o por laudo; también es cierto que en la práctica puede calificarse el carácter de
libre disponibilidad teniendo en cuenta si realmente hay una inexistencia de
condicionamiento para su gasto, que sea regular y permanente en su percepción,
conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Legislativo 650.
16. Sin embargo, cabe referir que conforme lo señala el artículo 24º de la Constitución
Política del Estado, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente
que procuré, para él y su familia, el bienestar material y espiritual, así también el pago de
las remuneraciones y los beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otra
obligación del empleador.
17. Asimismo, el artículo 6º del Decreto Supremo N° 003-97-TR señala que constituye para
todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre
disposición, así también el artículo 9º del Decreto Supremo N° 001-97-TR establece que
la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades
regularmente percibida por el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación
de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sea de su libre
disposición.
18. Por tanto, es válido concluir que para que un monto dinerario percibido por el trabajador
sea remunerativo debe reunir las siguientes características: a) Que sea entregada como
contraprestación por los servicios del Trabajador, cualquiera sea la denominación que
reciba; 2) que sea de libre disposición; y, 3) Que sea percibida en forma regular.
19. En ese sentido, si bien es cierto que la naturaleza de la Gratificación por Productividad
Sindical se deriva de los Convenios Colectivos que fueron suscritos anualmente entre el
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación SINATBAN y la emplazada desde el
año 1993; sin embargo, en aplicación del principio de primacía de la realidad, cabe
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resaltar que la calificación de la asignación por Productividad Sindical, se encuentra
inmersa en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 728, esto es, que constituye concepto
remunerativo, toda vez que ha sido abonado por la demandada al actor, bajo la
percepción del “abono por regularizar-B” en el año 2000 y bajo los conceptos “préstamo-
B” y “concepto no remunerativo-B” en el año 2001, los mismo que se corroboran con las
boletas de pago obrantes en autos; y con ello se desvirtúa su carácter excepcional,
constituyendo así un concepto pagado de manera regular, más aún cuando la
demandada no ha podido demostrar que los abonos se trataban de pagos a cuenta por el
pago semestral de productividad sindical.
20. Lo anterior se corrobora con lo señalado por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en las sentencias emitidos
en los Expedientes N° 1190-2004-Lima, N° 069-2005-LIMA y N° 2083-2004-LIMA, en los
cuales ha precisado que: “Quinto; Que en el caso de autos la Bonificación Extraordinaria
por Puntualidad y Asistencia “Productividad Sindical” ha sido entregada en forma habitual
desde 1993 hasta 1998, esto es, por un lapso de 5 años (…) desvirtuando el hecho que
haya sido en forma ocasional, asimismo la citada bonificación constituye una ventaja
patrimonial para el trabajador, concluyéndose que era percibido por los servicios
prestados consiguientemente tiene el carácter remunerativo, resultando de aplicación lo
dispuesto por el artículo 9 y el primer párrafo del artículo 16 del Decreto Legislativo N°
650 (…) Sexto.- Que, en consecuencia la Bonificación Extraordinaria por Puntualidad y
Asistencia “Productividad Sindical” al tener la calidad de regular deberá formar parte de la
remuneración computable y base de cálculo para la compensación por tiempo de
servicios (…)”.
21. Siendo esto así, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, no obstante la
denominación que la demandada le otorgó a la bonificación por productividad gerencial,
y, al haberse otorgado en forma regular y al no estar condicionada a ninguna rendición de
cuenta, sino más bien era de libre disposición del demandante, se debe reconocer el
carácter remunerativo de dicho concepto, por lo que debe ser parte de la base de
cálculo para el otorgamiento de las gratificaciones reclamadas y en la
compensación por tiempo de servicios; cálculo que se ofrece en el siguiente
cuadro:
22. Respecto a la Bonificación por Productividad Gerencial cabe señalar en primer
término que por su naturaleza y régimen legal, la entidad demandada constituye una
empresa de derecho público; cuyo desenvolvimiento está sujeto a las normas y
disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el CONADE; así como
el hecho de que a raíz del proceso de reestructuración a que fue sometida la demandada,
en virtud al Decreto de Urgencia N° 09-94; se emitieron la Resolución Suprema N° 104-
94-EF (07.SET.1994), la Resolución Suprema N° 121-95-EF (20.OCT.1995), la
Resolución Suprema N° 009-97-EF (30.ENE.1997) y la Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 047-2003/DE-FONAFE (28.NOV.2003); por los que se otorgó dicha gratificación
extraordinaria.
23. Es necesario precisar que esta bonificación proviene de la Resolución Suprema N° 104-
94-EF, que aprueba el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores activos una
asignación extraordinaria por concepto de productividad; Resolución Suprema N° 121-95-
EF, norma del sector economía dada el 20 de octubre de 1995, mediante el cual se
autoriza al Banco de la Nación a otorgar a partir del 1 de agosto de 1995 a sus
trabajadores, adicionalmente a lo establecido en la Resolución Suprema N° 104-94-EF,
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una bonificación por concepto de productividad; Resolución Suprema N° 009-97-EF, de
fecha 30 de enero de 1997, que autoriza al Banco otorgar a partir del 1 de noviembre de
1996 adicionalmente a lo establecido en las Resoluciones Supremas (104-94-EF y 121-
95-EF), la bonificación por productividad en los montos allí señalados; y, finalmente, la
Resolución Suprema N° 224-98-EF y la Resolución Ministerial N° 075-99-EF, las cuales
refieren que se otorgaba tal beneficio previa evaluación del empleador.
24. Como se aprecia de las disposiciones legales mencionadas, las mismas aprobaron la
política remunerativa del Banco de la Nación, fundamentándola en el artículo 9° de la Ley
del Presupuesto del Sector Público y las normas sobre remuneraciones que se aprobaran
para la las Entidades Financieras del Estado, las mismas que se aprueban con sujeción a
lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25926.
25. Si bien toda esta normativa glosada y que ha sido invocada por el Banco fue dada con la
clara intención de delimitar la naturaleza de esta bonificación y además la fuente de su
financiamiento, las que se dieron en el marco de la negociación colectiva y
presupuestario; debe, no obstante, analizarse si en el presente caso el otorgamiento de
este concepto tuvo el carácter, como lo alega el Banco, de extraordinario, especial o
periódico; o, por el contrario, fue ordinario y por ende de naturaleza remunerativa. A tal
efecto, debe efectuarse un contraste entre lo que sucedió en las formas con lo que
ocurrió realmente en los hechos, a la luz del principio de primacía de la realidad.
26. Al respecto, el alcance conceptual de este principio, nos lo da la doctrina laboral. Por
ejemplo, Toyama, citando a Plá Rodríguez dice que este principio importa que, «en caso
de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o
acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo
que sucede en el terreno de los hechos». Toyama Miyagusuku, Jorge. “El principio de
primacía de la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional«. En: «Estudios
sobre la jurisprudencia constitucional en materia laboral y provisional» Academia de la
Magistratura- Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Octubre 2004, pp. 40.”
27. Recogiendo este concepto el Tribunal Constitucional en la sentencia de 31 de enero de
2006 emitida en el Expediente N.° 03710-2005-PA/TC, ha señalado lo siguiente: “Con
relación al principio de primacía de la realidad que, es un elemento implícito en nuestro
ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de
nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito de este principio «(...)
en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno
de los hechos». (Fundamento 3 de la STC N.° 1944-2002-AA/TC).”56 Con base entonces
a este principio, resulta necesario identificar la realidad de los conceptos reclamados.
28. En tal sentido, se tiene que dicha Asignación Extraordinaria por “Productividad Gerencial”
(en adelante Productividad Gerencial) proviene pues de la decisión voluntaria y unilateral
de la Empleadora, como estímulo a las labores realizadas por sus trabajadores; a título de
liberalidad, previa evaluación |
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EXPEDIENTE Nº 24038-2015-0-1801-JR-LA-05
Señoras:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
RUNZER CARRIÓN
Lima, veintinueve de enero de 2019.-
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 22 de enero del año en curso; con la asistencia
del demandante y de su abogado José Andrés Palacios Romero y por la parte
demandada el abogado apoderado Miguel Martín Morales Hurtado e
interviniendo en calidad de ponente la Señora Juez Superior Velia Begazo
Villegas;
MATERIA DEL RECURSO:
Que, es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N° 05 de
fecha 14 de junio de 2017, obrante de fojas 512 a 538 que declara Fundada en
parte la demanda sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otro; y ordena el
pago de S/.7,221.17 Soles por el concepto de pago de Remuneración Básica,
Gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, intereses legales y
financieros, costos y costas;
AGRAVIOS:
La demandada al interponer su recurso de apelación obrante de fojas 542 a
550, señala los siguientes agravios:
a) Sostiene que el A quo incurre en error al declarar infundada la tacha de
falsedad deducida contra el Oficio N° 5229-2012-MTC/15.02 del 11 de
junio de 2013; por cuanto el mismo señala es falso por cuanto y de
acuerdo a las disposiciones del sector Transportes y Comunicaciones, el
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sistema de Registro de Nomina de Conductores no acepta la inscripción
de un mismo piloto en dos o más empresas distintas durante el mismo
período;
b) Impugna la recurrida en el extremo que declara fundada en parte la
demanda sub litis y ordena el pago de sueldos mínimos desde el 23 de
enero al 31 de agosto de 2004, Gratificación y Compensación por
Tiempo de Servicios del mismo período; y esto señala se concluye
basándose en dar validez a un Oficio de falso contenido y en contra de
toda la prueba que obra en autos de la que se discierne que el
accionante ingresó a laborar en Turismo Civa S.A.C a partir del 01 de
setiembre de 2004; contrariamente a ello, el juzgado concluye que el
actor empezó a laborar el 23 de enero de 2004, lo que refiere le causa
agravio;
c) Asimismo cuestiona la recurrida en el extremo de la sentencia que
ordena el pago de S/.3,040.39 por concepto Compensación por Tiempo
de Servicios (período de agosto 2010 a abril de 2012) derivado de
condiciones de trabajo como son las comisiones pagadas a los choferes
antes de cada viaje;
d) Finalmente apela la recurrida en el extremo que ordena el pago de
costos y costas del proceso; en tanto de las 13 pretensiones del
proceso, sólo 4 han sido amparadas; con lo cual es válido concluir que el
demandante ha sido vencido en esta instancia;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, se establece que el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte la
resolución que le produzca agravio; por otro lado el artículo 370° recoge en
parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum
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apellatum, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a
su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión
de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia; por lo
mismo, la presente se pronuncia únicamente respecto de los agravios
contenidos en el recurso de apelación;
SEGUNDO: Que, aasimismo el artículo 23° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley
Procesal del Trabajo señala: “23.1 La carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando
nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la
carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
[…] 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que
sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el
cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La existencia de un motivo
razonable distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo laboral y la
causa del despido […]”. En atención a ello, para la presente controversia, la
distribución de la carga de la prueba, se aplica de la siguiente manera: la parte
demandada debe acreditar el cumplimiento de las normas legales en materia
de extinción de la relación de trabajo y la causa del despido; debiendo para ello
considerarse que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes y fundamentar las decisiones del juez previa valoración
conjunta y razonada de los mismos; al respecto debe tenerse presente el
artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable en vía supletoria;
TERCERO: Respecto a la Tacha propuesta contra el Oficio N° 5229-2012-
MTC/15.02 del 11 de junio de 2013; se debe tener en cuenta que, conforme a
los artículos 242° y 243° del Código Procesal Civil , aplicable de manera
supletoria, los documentos se pueden tachar por falsedad o nulidad; asimismo
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el artículo 301° del mismo dispositivo legal, prescribe que: “La tacha u
oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que
establece cada vía procedimental, contado desde notificada la resolución que
los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se
sustentan y acompañándose la prueba respectiva. (…)” [lo resaltado es
agregado]; así un documento es falso si no es auténtico en su suscripción,
firma o contenido; y es nulo si el documento no reúne los requisitos de
formalidad que la ley establece; sin embargo la demandada, no sustenta la
fecha en los supuestos mencionados; ni acredita con medio probatorio algún,
que se hubiere configurado alguno de dichos supuestos; por el contrario lo
alegado por la apelante, en su recurso de apelación de fojas 542 a 550; no
incide sobre la falsedad o nulidad formal del documento, sino lo que persiguen
es enervar el mérito probatorio que el Juez pudiera asignar a este elemento de
prueba en el pronunciamiento de fondo, lo cual no guarda reciprocidad con el
objeto perseguido por la cuestión probatoria propuesta; ya que en autos la
parte demandada no ha acreditado la falsedad del Oficio N° 5229-2012-
MTC/15.02 del 11 de junio de 2013, ni ha desvirtuado su contenido; máxime, si
el documento objeto de tacha, es un documento emitido por la Dirección de
Servicios de Transporte Terrestre; por lo que se trata de un documento público;
en todo caso, la falsedad o nulidad de los actos contenidos en el mismo
corresponde hacerse valer vía acción; precisando en todo caso que el Registro
de Conductores, a que ha hecho referencia el Oficio de fojas 05, se elabora a
base de la información presentada por el transportista, conforme se tiene del
artículo 55.1.5 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC; lo cual, no resulta
responsabilidad del demandante; por lo que se desestima el agravio formulado
en dicho extremo, debiendo confirmarse la recurrida;
CUARTO: Sobre el segundo agravio de la parte demandada, cabe señalar
que dicho argumento de defensa tiene como base la nulidad del Oficio N°
5229-2012-MTC/15.02 del 11 de junio de 2013; expedido por el Ministerio de
Trabajo y Comunicaciones; al respecto es pertinente señalar que dicho
documento conforme a lo estipulado en el artículo 235° del Código Procesal
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Civil, es una prueba que tiene el carácter de documento público al haber sido
otorgado el mismo por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y
no habiéndose acreditado en autos que el mismo haya sido declarado nulo o
ineficaz deviene en infundado el agravio; máxime si el reconocimiento del
vínculo laboral en el periodo comprendía entre el 23 de enero al 31 de agosto
de 2014, y no solo se ha sustentado en el mérito del Oficio N° 5229-2012-
MTC/15.02; sino también en el Memorándum N° 091/04/TCSDC-PDT,
de 12 de mayo de 2004, de fojas 06, donde figura el actor como parte de la
tripulación del Bus N° 232; y con la cartilla N° 12 666, de fecha julio 2004, de
fojas 7, donde figura el actor como chofer de la demandada a fojas 7; siendo
que de la valoración conjunta de estos medios probatorios; en la realidad se ha
determinado que el actor prestó servicios de naturaleza laboral desde el 23 de
enero de 2004 hasta el 30 de abril de 2013; y no desde el 01 de setiembre de
2004, como alega la demandada; en consecuencia, corresponde el pago de los
beneficios sociales del periodo del 23 de enero de 2004 al 30 de abril de 2013,
desestimándose los agravios de la demandada en estos extremos;
QUINTO: Respecto al tercer agravio de la parte demandada debe precisarse
que si bien el artículo 19° del Decreto Supremo N° 001-97-TR, señala que no
se consideran remuneraciones computables todos los montos que se otorguen
al trabajador para el cabal desempeño de su labor, o con ocasión de sus
funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y
en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya
beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador; Por otro lado, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° del Secreto supremo N° 003-97-
TR: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la
forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición.
Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad
de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo
sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa.(…)”; por otro lado, de
conformidad con el artículo 9° del Decreto Supremo N° 001-97-TR; “Son
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remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que
regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé,
siempre que sean de su libre disposición (…)”. (lo resaltado en negrita es
agregado); en el caso de autos la demandada señala que las comisiones
pagadas al actor del periodo de agosto de 2010 a abril de 2012, son
condiciones de trabajo; sin embargo se desprende de autos que la demandada
no acredita que el actor hubiere hecho rendición de cuentas sobre los mismos;
hecho que corresponde ser acreditado por la demandada en virtud de lo
dispuesto en el inciso a) del artículo 23.4 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo
N° 29497, siendo así, se ha determinado que dicha suma otorgada de libre
disponibilidad del trabajador, al no haber probado la demandada que dichos
conceptos debían ser justificados por la parte demandante, por tanto y
conforme al artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR forma
parte de su remuneración; fundamento por el cual dicho agravio corresponde
ser también desestimado;
SEXTO: Finalmente sobre el cuarto agravio formulado por la parte
demandada; se debe señalar que si bien la demanda fue amparada en parte
esto no es óbice para denegar el pago de costos a favor de la parte vencedora
conforme al artículo 411° del Código Procesal Civil, más aún si y conforme es
de verse en autos fue el incumplimiento de sus obligaciones de la recurrente lo
que originó la interposición de la presente acción; por tanto el agravio merece
ser desestimado; precisando que de conformidad con los artículos 412° y 418°,
del Código Procesal Civil, los costos se regulan considerando las incidencias
del proceso y el éxito obtenido, en ejecución de sentencia;
SETIMO: Por otro lado, en atención a los Principios de Convalidación,
Subsanación o Integración que establece la penúltima y última parte del artículo
172 del Código Procesal Civil se establece que: “…de oficio o a pedido de parte, el
Juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto
principal o accesorio…El Juez superior puede integrar la resolución recurrida
cuando concurran los supuestos del párrafo anterior”; la misma que debemos
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concordar con el artículo 370 del mismo cuerpo legal que establece que: “El juez
superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante,
salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor
de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte
decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa”; que es aplicable
al presente caso; puesto que, el A quo en el cuarto fundamento numeral 4.1 ha
declarado Infundada la Tacha deducida por la demandada, en el numeral 4.2.1
Improcedente la Oposición deducida y en el numeral 4.2.2 fundada la oposición
deducida por la demandada a la exhibición de planillas del 23 de enero de 2004
hasta el 30 de abril de 2013; y en el numeral 4.2.3. sobre la exhibición del
Manifestó de Pasajeros, sin embargo, ello no se plasma en la parte resolutiva de la
sentencia, por lo que, corresponde integrarse la sentencia, confirmándose dicho
extremo.
OCTAVO: Asimismo en el décimo fundamento de la sentencia se declara
Infundado el reconocimiento de comisiones condiciones de trabajo por el periodo
comprendido del 01 de setiembre de 2004 al 31 de diciembre de 2009, en el
décimo segundo fundamento de la sentencia se declara Infundada el extremo por
el concepto de Pago de Descanso Intercalado de 6 horas diarias provenientes del
Convenio N° 67 de la OIT, en el Décimo Tercer fundamento se declara Infundado
el concepto de Reintegro de Gratificaciones por Descanso Intercalado 6 horas
diarias desde 23 de enero del 2004 al 30 de abril de 2013; Jornada Nocturna en el
Décimo Cuarto fundamento se declara Infundado el concepto de Reintegro de
Vacaciones por Descanso Intercalado 6 horas diarias desde 23 de enero de 2004
al mes de diciembre de 2011, en el Décimo Quinto fundamento se declara también
infundado el concepto por Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios
por 6 horas intercaladas por horas extras desde el 23 de enero de 2004 al mes de
abril de 2013, así como Infundada el extremo señalado en el Décimo Sexto
fundamento referido al concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios por
responsabilidad Contractual enfermedad profesional (Lucro Cesante y Daño Moral)
sin embargo, ello no se plasma en la parte resolutiva de la sentencia, por lo que,
corresponde integrarse la sentencia, confirmándose dicho extremo.
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Por estas consideraciones, con la autoridad que confiere la Constitución Política
del Perú;
SE RESUELVE:
CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 14 de
junio de 2017, obrante de fojas 512 a 538 que declara Fundada en parte la
demanda; en consecuencia ORDENARON que la demandada pague a favor del
actor la suma de S/.7,221.17 (Siete Mil Doscientos Veintiuno con 17/100 Soles) por
concepto de Pago de Remuneración Básica: S/ 3,358.00 Soles, Gratificaciones
Legales: S/.536.67 Soles, Compensación por Tiempo de Servicios: S/. 3,326.50
Soles, más intereses legales e intereses financieros, costos y costas del proceso
que serán liquidado en ejecución de sentencia. Integraron la Sentencia en cuanto
declara Infundada la Tacha, Improcedente la Oposición al documento copia de
Transcripción, Fundada la Oposición a la exhibición de planillas y manifiesto de
Pasajeros; así como Infundados los extremos de el Reconocimiento de
Comisiones Condiciones de Trabajo por el periodo comprendido del 01 de
setiembre de 2004 al 31 de diciembre de 2009, Pago de Descanso Intercalado de
6 horas diarias, e incidencia de Reintegro de Gratificaciones, Vacaciones y
Compensación por Tiempo de Servicios, pago de remuneraciones por jornada
nocturna, así como Infundado el extremo referido al concepto de Indemnización
por Daños y Perjuicios, extremos que confirmaron;
En los seguidos por JUAN PABLO FERNANDEZ YACTAYO contra TURISMO
CIVA S.A.C., sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros; y los
DEVOLVIERON al Quinto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima.-
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO JJJJUUUUZZZZGGGGAAAADDDDOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOO DDDDEEEE TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO PPPPEEEERRRRMMMMAAAANNNNEEEENNNNTTTTEEEE DDDDEEEE LLLLIIIIMMMMAAAA
EEEEXXXXPPPP.... NNNNoooo.... 22224444000033338888----2222000011115555
EEEESSSSPPPPEEEECCCC.... LLLLEEEEGGGGAAAALLLL:::: MMMM.... RRRRuuuuiiiiddddiiiiaaaassss AAAA....
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA:::: 111199991111----2222000011117777----NNNNLLLLPPPPTTTT
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNN NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO CCCCIIIINNNNCCCCOOOO....----
LLLLiiiimmmmaaaa,,,, ccccaaaattttoooorrrrcccceeee ddddeeee jjjjuuuunnnniiiioooo
ddddeeeellll ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiissssiiiieeeetttteeee
VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS;;;;
IIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAA DDDDEEEE AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS:::: Que mediante el escrito que obra a fojas doscientos
veinte a doscientos cincuenta y siete, JJJJUUUUAAAANNNN PPPPAAAABBBBLLLLOOOO FFFFEEEERRRRNNNNAAAANNNNDDDDEEEEZZZZ YYYYAAAACCCCTTTTAAAAYYYYOOOO,,,,
interpone demandada sobre RRRREEEEIIIINNNNTTTTEEEEGGGGRRRROOOO DDDDEEEE BBBBEEEENNNNEEEEFFFFIIIICCCCIIIIOOOOSSSS SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEESSSS EEEE
IIIINNNNDDDDEEEEMMMMNNNNIIIIZZZZAAAACCCCIIIIOOOONNNN PPPPOOOORRRR RRRREEEESSSSPPPPOOOONNNNSSSSAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDD CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAACCCCTTTTUUUUAAAALLLL,,,, más intereses
legales, costos y costas del proceso, dirigiéndola contra TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMOOOO CCCCIIIIVVVVAAAA SSSS....AAAA....;;;;
1111....1111.... Refiere que ingresó a laborar para la demandada desde el 23 de enero
del 2004 hasta el 30 de abril del 2013, siendo conductor de ómnibus
interprovincial; señala que en el periodo del 23 de enero al 31 de agosto del
2004 laboró fuera de planillas, la demandada le ofreció pagarle un poco más de
sueldo mínimo y comisiones del 75% a 85% del sueldo mínimo o básico,
habiendo pagado solo las comisiones por los viajes realizados, adeudándole los
sueldos mínimos de ley. Indica que las comisiones son de libre disposición por
lo cual considera que forma parte de la remuneración ordinaria o básica; además
señala que en ese periodo no se le pagó gratificaciones de julio y diciembre,
tampoco se le pagó la Compensación por Tiempo de Servicios, tampoco la
remuneración adicional-Bonificación del 35% de la remuneración mínima vital
por Jornada Nocturna.
Indica que figura en planillas desde el 01 de setiembre del 2004 hasta el 30 de
abril del 2013, fecha en la cual cesó por motivo de renuncia por haber contraído
la enfermedad de Meniere, percibiendo un subsidio por incapacidad médica por
Essalud durante el mes de enero del 2012 al 30 de abril del 2013; indica que la
demandada le ha pagado comisiones, después denominadas condiciones de
trabajo o adelantos de sueldos por los viajes realizados desde el 01 de
setiembre del 2004 al 31 de julio del 2010, pero no los ha consignado en
planillas ni en las boletas de pago, pero que figura en los voucher de tres
cuerpos, como se consigna en la Resolución Sub Directoral No. 552-2011-
MTPE/1/20.22 del 27 de setiembre del 2011 recaído en la Ordenes de
1 Inspección No. 2685-2011-MTPE/1/20.4. Indica que dichas comisiones deben
ser consideras para el cálculo de su Compensación por Tiempo de Servicios;
Además indica que la demandada le debe pagar seis horas intercaladas de
descanso dentro del bus como horas extras, como lo dispone el artículo 4° del
Convenio No.67 de la OIT aprobado por Ley No.14033; Decreto Supremo No.
017-2009-MTC, indica que el descanso en la labor efectiva de trabajo en el
manejo de conducción del Bus es de 05 horas en el día y en la noche es de 04
horas, mientras es remplazado por otro chofer en el manejo del Bus; indicando
que el turno diurno según el citado Decreto Supremo es de 6:00 am a 9:59 pm y
el servicio nocturno es de 10:00 pm hasta las 5:59 am; también, indica que el
descanso intercalado no ha sido considerado como horas efectivas de trabajo,
por lo cual le corresponde que se le pague dicho concepto en la Gratificaciones
de Fiestas Patrias y Navidad, en las vacaciones de todo el periodo y en la
Compensación por Tiempo de Servicios.
En cuanto a la Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad
contractual, indica que padece de la enfermedad de Meniere por haber
trabajado un promedio de 14 a 16 horas diarias y debido a labor de
trasnochado, fatiga física por exceso de trabajo, tensión y estrés, arriesgando
su vida al ser conductor interprovincial, adquirió la enfermedad neurológica de
Meniere; refiere que dicha enfermedad le causa desmayos por espacios de 4, 8
a 10 horas continuas, con secuelas de tensión emocional, angustia, dolor de
cabeza y otros estragos neurológicos, sin descanso dominical, ni feriados e
incluso laboraba en vacaciones; además, indica que la mencionada enfermedad
fue detectada por Essalud en el mes de Enero del 2012, motivo por el cual no
se le programó viajes, estando con descanso medico desde Enero del 2012
hasta el 30 de abril del 2013, teniendo que renunciar al no encontrar mejoría;
asimismo, señala que la Junta Médica de Essalud ha declarado la Invalidez
Permanente, percibiendo mensualmente el monto de S/. 500.00 Soles por
pensión de invalidez, por lo cual pretende el pago de S/. 43,478.00 Soles por
lucro cesante.
Respecto al daño moral, indica que adquirió la enfermedad cuando laboraba
como conductor interprovincial, enfermedad que la adquirió debido al exceso de
trabajo físico, emocional y psicológico, lo que conllevó a un deterioro
neurológico, al laborar día y noche por un espacio de 14 a 16 horas diarias, sin
descanso semanal, feriados no laborales; indica, que adquirió dicha enfermedad
por culpa de la demandada que no respetó la jornada máxima de 8 horas
semanales o 48 horas semanales, sin gozar de descanso semanal obligatorio ni
feriados laborales; al sufrir de dicha enfermedad afectó su salud, economía y
familia, al estar incapacitado permanentemente para trabajar como conductor
por toda la vida, la demandada le debe indemnizar por el monto de S/. 77,
212.52 Soles.
2 1111....2222.... Que mediante la Resolución Número Uno de fecha del 18 de noviembre del
2014, se admitió a trámite la demanda, se corre traslado y se programó
Audiencia de Conciliación 30 de mayo del 2016;
1111....3333.... La Audiencia de Conciliación se realizó en la fecha programada conforme al
acta que obra a fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos siete, no prosperó la
conciliación por mantenerse ambas partes en sus posiciones, se precisaron las
pretensiones materia de juicio y la parte demandada presentó su escrito de
contestación, precisándose la Audiencia de Juzgamiento para el día 12 de
diciembre del 2016, la misma que no pudo realizarse por la Huelga Nacional
Indefinida de los trabajadores judiciales, siendo reprogramada para el 31 de
mayo del 2017;
1111....4444.... La demandada en su escrito de contestación señala que el actor ingresó a
laborar el 01 de setiembre del 2004 conforme se registran en sus boletas de
pago, por lo cual no le corresponde el pago de remuneraciones, gratificaciones,
remuneraciones por jornada nocturna por el periodo comprendido del 23 de
enero del 2004 al 31 de agosto del 2004; también, que no puede reconocer el
pago de las comisiones o condiciones de trabajo que nunca han efectuado y
menos durante un periodo que no tuvieron relación laboral.
En cuanto al reconocimiento de comisiones o condiciones de viaje es una
demanda cuyo extremo no es entendible, debido a que se solicita un porcentaje
del 75% sin ningún sustento; también señala que nunca se pagó comisiones o
condiciones de trabajo; que, es un debate antiguo el mismo que concluyó con un
pronunciamiento definitivo de Laudo Arbitral de fecha 04 de febrero del 2013,
laudo que si bien fue impugnado por el Sindicato de la empresa, siendo
desestimada dicha pretensión por la Cuarta Sala Laboral, resolución que fue
confirmada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema;
además señala, que dicho monto no es fijo, el cual depende de la ruta a cubrir;
asimismo, indica que no es permanente, debido a que mientras no es
programado el piloto, no percibe la condición de viaje; refiere que lo que
perciben los choferes antes de cada viaje es una condición de trabajo.
Refiere que el actor pretende el pago de descansos intercalados, esto es,
cobrar remuneración mientras descansa o duerme y de forma retroactiva a
manera de seis horas diarias, refiere que no hay sustento legal para determinar
seis horas o el parámetro para obtenerla; indica que la norma aplicable no es el
Convenio No. 067 de OIT que es un convenio obsoleto, sino la norma especial
como es el D.S. No. 017-2009-MTC que es una norma contemporánea, en la
cual se indica que la jornada de conducción es el tiempo dedicado a la tarea de
conducir; además la demandada indica que cuando conductor está descansando
no está a disposición de su empleador; señala que un auto ni ómnibus son el
centro de trabajo de un conductor sino la empresa de transporte donde labora.
En cuanto a la indemnización por enfermedad profesional, indica que la
Enfermedad de Meniere es un trauma causado por exceso de fluido o presión de
3 líquido sobre el oído interno, que afecta el equilibrio y la audición provocando
vértigos o mareos; enfermedad que es causada debido a factores virales,
traumatismo craneal, ambientales, biológicos, consumo de alcohol, tabaquismo,
ingesta de sal, etc.; siendo una enfermedad de causas desconocidas, el
demandante no ha ofrecido prueba que sustente que la enfermedad que padece
este vinculado con la actividad piloto profesional que desarrollaba; indica que el
actor percibió durante el periodo de febrero de 2012 a 30 de abril del 2013
subsidio por incapacidad temporal que fueron acreditados en los descansos
médicos, además que debe probar el daño moral y lucro cesante que pretende.
1111....5555.... La Audiencia de Juzgamiento se realizó con fecha 31 de mayo del 2017;
conforme al acta que obra de fojas cuatrocientos catorce a fojas cuatrocientos
dieciséis, contando con la presencia de ambas partes, realizándose la
confrontación de posiciones, actuándose la pruebas y las partes realizaron sus
alegatos finales, por lo cual al amparo de lo establecido en el artículo 47° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo-Ley No. 29497, se difirió el fallo y notificación
de la sentencia para la fecha; por lo cual procede a emitir sentencia en los
siguientes términos:
IIIIIIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCAAAARRRRGGGGAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRRUUUUEEEEBBBBAAAA....----Que, conforme al artículo 23 de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley No. 29497 Carga de la prueba: "23.1 La
carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las
siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio
de que por ley se dispongan otras adicionales.
23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex
trabajador, tiene la carga de la prueba de:
a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen
distinto al constitucional o legal.
b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
c) La existencia del daño alegado.
23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de:
a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado
c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan
indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez
debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos
suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre
4 otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la
controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes."
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: RRRREEEELLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL:::: Que, la relación laboral, guarda relación con
la cuestión de fondo de la demanda respecto al periodo comprendido del 23 de
enero del 2004 al 31 de agosto del 2004, la misma, que será merituada al
expedirse la presente sentencia.
Cabe precisar que las partes están de acuerdo respecto al vínculo laboral
indeterminado por el periodo comprendido del 01 de setiembre del 2004 al 30
de abril del 2013.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: DDDDEEEE LLLLOOOOSSSS PPPPUUUUNNNNTTTTOOOOSSSS CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOVVVVEEEERRRRTTTTIIIIDDDDOOOOSSSS:::: Que en el acto de Audiencia
de Conciliación (cuya acta obra a fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos
siete) se precisaron las pretensiones consistentes en:
1. Remuneración de los sueldos mínimos adeudos que no figuró en planilla,
desde el 23 de enero al 31 de agosto del 2004.
2. Reconocimiento de haber pagado las comisiones o condiciones de trabajado
por el transporte de pasajeros, desde el 23 de enero al 31 de agosto del
2004.
3. Pago de gratificación del periodo que no figuro en planilla desde: 23 de enero
del 2004 al 30 de junio del 2004 y del 01 de julio del 2004 al 31 de agosto
del 2004.
4. Compensación por Tiempo de Servicios adeudas por el periodo que no figuro
en planillas, desde el 23 de enero al 31 de agosto del 2004.
5. Pago de las remuneraciones de la jornada de trabajo nocturna del 35% de la
remuneración mínima vital, desde el 23 de enero 2004 al 31 de diciembre
del 2007.
6. Reconozca haber pagado el promedio de las comisiones o condiciones por
viajes realizados, desde el 01 de setiembre del 2004 hasta 31 de julio del
2010, que no figura en planilla, pero si figura en los Boucher de la empresa
según las inspección del ministerio de trabajo.
7. Pago de Compensación por Tiempo de Servicios por las comisiones, llamadas
también condiciones de trabajo, pero de libre disposición, porque nunca ha
rendido cuentas de ello, pagadas por los viajes realizados, desde el 01 de
setiembre del 2004 al 30 de abril del 2013, figura en boleas S/. 5, 276.69
Soles.
8. Pago de remuneraciones por el descanso intercalado de 6 horas diarias como
promedio dentro del bus, no pagados, provenientes del Convenio No. 67 de la
OIT y establecido por sentencia judicial, desde el 23 de enero del 2004 al 30
de abril del 2013.
9. Reintegro de las gratificaciones por horas extras, provenientes de las 6
horas intercaladas en el bus del Convenio No. 67 desde el 23 de enero del
2004 a julio del 2012.
10. Reintegro de las vacaciones por horas extras de las 6 horas intercaladas
dentro del bus, desde el 23 de enero del 2004 a diciembre del 2011.
5 11. Reintegro de las compensación por tiempo de servicios por 6 horas
intercaladas por horas extras dentro del bus, desde el 23 de enero del 2004
al mes de abril del 2013.
12. Indemnización por daños y perjuicios: Lucro cesante y daño moral.
13. Intereses legales, costos y costas.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO::::RRRREEEESSSSPPPPEEEECCCCTTTTOOOO AAAA LLLLAAAASSSS CCCCUUUUEEEESSSSTTTTIIIIOOOONNNNEEEESSSS PPPPRRRROOOOBBBBAAAATTTTOOOORRRRIIIIAAAASSSS;
4444....1111.... LLLLaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa ttttaaaacccchhhhaaaa ddddeeee ffffaaaallllssssoooo el documento contenido en el punto 9999....1111 ddddeeeellll
eeeessssccccrrrriiiittttoooo ddddeeee ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa: Oficio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones No.
5229-2012-MTC/15.02 de fecha 11 de junio del 2013, sobre Registro de la
Nómina de Conductores del Ministerio de Transportes cuando un conductor
ingresa por primera vez a laborar a una empresa de transporte.
La demandada sustenta su tacha señalando que el actor se encuentra registrado
desde el 23 de enero del 2004 hasta el 30 de marzo del 2005 en la nómina de
Miguel Segundo Ciccia Vásquez E.I.R.L. y en el mismo oficio se sostiene que ha
laborado al mismo tiempo para conductores de Turismo Civa S.A.C, desde el 23
de enero del 2004; también indica que es falso porque en dicho documento se
señala que esta el actor en nómina desde el 23 de enero del 2004 hasta el 08 de
julio del 2005 y luego del 11 de octubre del 2005 hasta 09 de agosto del 2008,
lo que es un hecho falso porque el actor laboró en los meses de agosto y
setiembre del 2005 conforme a las boletas de remuneraciones que adjunta.
El actor señala que laboró hasta el 30 de abril del 2013, sin embargo en el
mencionado documento señala que el actor laboró desde el 06 de octubre del
2008 hasta el 07 de junio del 2012.
En la Audiencia de Juzgamiento (minuto 32:20 a 34:31),la parte demandante
absolvió la tacha deducida, señalando que “se debe declarar infundada la tacha
porque es un documento emitido por una entidad pública y tiene valor
probatorio, las indicaciones que hace la parte demandada respecto a las fechas
es un error de corrección o de tipeo, lo cual no puede perjudicar al demandante;
que no existe ningún proceso judicial que declare nulo o ineficaz el mencionado
documento, y con las exhibiciones que solicita van acreditar que el actor ha
laborado de forma constante y permanente desde el 2004 al 2013 y en cuanto a
las fechas que indica el oficio, en el año 2005 también ha laborado y ellos
también reconocen que ingresa en planillas desde 01 setiembre del 2004 y al
declarar la parte demandada también ha señalado que laboró desde 01
setiembre hasta el 2013 y en cuanto al periodo del 2012 señala que el actor
durante el 2012 estaba en periodos que gozaba de descanso médico y había
fechas que hizo trabajo efectivo, esas fechas son las que ha considerado el
Ministerio en el Informe, siendo un documento oficial no puede ser tachado de
nulo o falso”.
Ante lo expuesto por las partes, en el presente caso el documento materia de
tacha ha sido emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en el
6 mencionado documento se señala “que el actor se encuentra registrado en la
nómina de conductores desde el 23 de enero del 2004 al 30 de marzo del 2005
para la Empresa Miguel Segundo Ciccia Vásquez EIRL; y por el periodo 23 de
enero del 2004 hasta el 08 de julio del 2008 fecha en que fue retirado por la
empresa en mención; además se indica que desde el 11 de octubre del 2005
hasta el 09 de agosto del 2008”; además, también se señala que “desde el 06
de octubre del 2008 (Nomina de Conductores No. 2008-10-015)hasta el 07 de
julio del 2012, fecha en que fue retirado, por dicha empresa”
Que, lo alegado por la demandada debe ser merituado de forma conjunta y
razonada con todos los medios probatorios que obran en autos conforme a lo
establecido en artículo 197° del Código Procesal Civil, norma de aplicación
supletoria al presente caso; ppppoooorrrr lllloooo ccccuuuuaaaallll sssseeee ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaa IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA la tacha
deducida por la demandada.
4444....2222....LLLLaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa ffffoooorrrrmmmmuuuullllaaaa OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN contra el medio probatorio del escrito de
demandada; 9999....5555.... CCCCooooppppiiiiaaaa ddddeeee llllaaaa ttttrrrraaaannnnssssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn ddddeeee ssssuuuussss rrrreeeemmmmuuuunnnneeeerrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss porque su
empleadora no se las ha entregado; 9999....8888 EEEExxxxhhhhiiiibbbbiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee ppppllllaaaannnniiiillllllllaaaassss del 23 de Enero
del 2004 hasta el 30 de abril del 2013 y 9999....11116666 EEEExxxxhhhhiiiibbbbiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmaaaannnniiiiffffiiiieeeessssttttoooossss de
pasajeros desde el 23 de Enero del 2004 hasta el 30 de abril del 2013.
4444....2222....1111.... En cuanto al 9999....5555. CCCCooooppppiiiiaaaa ddddeeee llllaaaa ttttrrrraaaannnnssssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn ddddeeee ssssuuuussss rrrreeeemmmmuuuunnnneeeerrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss,
argumenta la demandada (minuto 36:57) que son hojas manuscritas y no se
condice o respalda en nada, se corre traslado al actor.
La parte demandante refiere (minuto 37:18) que con la transcripción prueban
que ingresó a laborar en enero del 2004… las transcripciones de las
remuneraciones la tienen la empresa y deben exhibirlas la planilla de sueldos de
los años 2004.
Ante lo expuesto por las partes debe tenerse presente que la oposición se
encuentra regulada en el Artículo 300° del Código Procesal Civil, norma de
aplicación supletoria a la NLPT-Ley No. 29497; que establece que se puede
formular oposición a la actuación de una de declaración de parte, a una
exhibición, a una pericia, a una inspección judicial o a un medio probatorio
atípico.
Que, en el presente caso la demandada ha formulado oposición contra el
documento denominado “copia de la transcripción de remuneraciones” del
actor; el mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en la
norma procesal antes citada, ppppoooorrrr lllloooo ccccuuuuaaaallll ddddeeeebbbbeeee ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaarrrrsssseeee IIIIMMMMPPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTEEEE llllaaaa
OOOOppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeeedddduuuucccciiiiddddaaaa;;;;
4444....2222....2222....En cuanto a la ooooppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeeellll mmmmeeeeddddiiiioooo pppprrrroooobbbbaaaattttoooorrrriiiioooo 9999....8888:::: EEEExxxxhhhhiiiibbbbiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee ppppllllaaaannnniiiillllllllaaaassss
ddddeeeellll 22223333 ddddeeee EEEEnnnneeeerrrroooo ddddeeeellll 2222000000004444 hhhhaaaassssttttaaaa eeeellll 33330000 ddddeeee aaaabbbbrrrriiiillll ddddeeeellll 2222000011113333....----
7 La demandada señala (minuto 38:38-40:38), que no puede exhibir algo que no
existe y que el actor ingresó a laborar 01 de setiembre del 2004; además todos
los recaudos de la demanda señalan que el actor ingresó a laborar el 01 de
setiembre del 2004 y lo que esta prueba persigue acreditar que el actor no
figuro en planillas entre el 23 de enero del 2004 al 31 agosto del 2004, por lo
cual dicha prueba es improcedente; que, el ahora demandante no existe en las
planillas porque no laboró en la empresa; también sostiene que el pago de
comisiones no se encuentra registrada en este periodo, porque en Turismo Civa
nunca se han pagado comisiones, señala que las condiciones de trabajo
aparecen desde agosto del 2010, no hay debate, lo ha dicho en su declaración
de parte, lo cual fluye también de la boleta de remuneraciones que son recaudos
de la demanda, por lo cual es improcedente, porque no hay debate sobre el
asunto y admite nuestra parte al contestar la demanda.
Se corre traslado a la parte demandante quien la absuelve (minuto 40:40 a
41:44) es una prueba fundamental en el proceso demostrar debidamente todos
los conceptos que le han abonado a la parte demandante y las que han dejado
de abonar, en ellas se reflejan todos los conceptos que efectivamente han
pagado y los reintegros que están solicitando que adeuda, en base a los sueldos
mínimos vitales que señala en cada pretensión; refiere que el actor laboraba
desde enero y la empresa le entregaba unos Boucher por cada salida de viaje,
para recién después ponerlo en planilla por lo cual solicita se declara Infundada.
Ante lo expuesto por las partes, teniendo en cuenta que la demandada
argumenta que el actor no laboro en el periodo 23 de enero al 31 de agosto del
2004 por lo cual no se encuentra registrado además se advierte que la parte
demandante en su escrito de demanda (a fojas doscientos cincuenta)
fundamenta la exhibición de las planillas para probar que no estuvo registrado
en planillas desde el 23 de enero al 31 de agosto del 2004, que no se le pagaron
comisiones o adelanto de sueldos o condiciones hasta el 31 de julio del 2010 y
que nunca se le han pagado horas extras, tampoco los descansos de 6 horas
extras, ni los descansos intercalados de 6 horas; además que ha percibido
subsidios desde el mes de enero del 2012 hasta el 30 de abril del 2013; por lo
tanto, teniendo en cuenta que ambas partes refieren que el actor no se
encuentra registrado en planillas en el periodo 23 de enero al 31 de agosto del
2004, que no se le pagaron comisiones o adelanto de sueldos o condiciones
hasta el 31 de julio del 2010, ni se le pagó los descansos de 6 horas extras, ni
los descansos intercalados de 6 horas; que en cuanto a los subsidios que
percibió el actor en el periodo 23 de enero al 31 de agosto del 2004, esto no ha
sido contradicho por la demandada en su escrito de contestación, ppppoooorrrr lllloooo ttttaaaannnnttttoooo
ddddiiiicccchhhhaaaa iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa rrrreeeeggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa eeeennnn ppppllllaaaannnniiiillllllllaaaassss,,,, ppppoooorrrr lllloooo ccccuuuuaaaallll sssseeee ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaa
FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA LLLLAAAA OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN ddddeeeedddduuuucccciiiiddddaaaa ppppoooorrrr llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa;;;;
4444....2222....3333.... EEEEnnnn ccccuuuuaaaannnnttttoooo aaaallll ppppuuuunnnnttttoooo 9999....11116666 ((((mmmmiiiinnnnuuuuttttoooo 44442222::::00000000 aaaa 44442222::::44447777)))) ssssoooobbbbrrrreeee llllaaaa eeeexxxxhhhhiiiibbbbiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeeellll
MMMMaaaannnniiiiffffiiiieeeessssttttoooo ddddeeee PPPPaaaassssaaaajjjjeeeerrrroooossss,,,, indica que su oposición es una oposición de derecho,
invoca el artículo 82.5 del Reglamento Nacional de Administración de
Transportes -D.S. No. 017-2009-MTC, que establece la obligación de las
8 empresas de conservar los manifiestos de pasajeros por un plazo de treinta días
contados desde el día siguiente de la culminación del viaje, por lo cual no
cuenta con estos manifiestos.
Se corre traslado a la parte demandante quien la absuelve (minuto 42:46a
43:42), refiere que los manifiestos de los pasajeros los conserva la parte
demandada en sus archivos, si bien la norma dice que debe conservarlos por
treinta días pero ellos conservan en archivos dichos manifiestos de pasajeros,
señala que los manifiestos se presentan al MTC en las garitas respectivas, por
lo cual debe figurar la fecha de entrega de los manifiestos de pasajeros) por lo
cual solicita se declare Infundada la Oposición.
Ante lo expuesto, por las partes teniendo en cuenta que la demandada señala
que no cuenta en su poder con los manifiestos de pasajeros documentos
solicitados por el demandante para su exhibición, por lo tanto no pudiéndose
obligar a alguien, exhibir documentos que no tiene en su poder; máxime si el
artículo 82.51 de del Reglamento Nacional de Administración de Transportes -
D.S. No. 017-2009-MTC, establece que las Empresas de Transportes se
encuentran en obligación de conservar dicho manifiesto durante 30 días,
después de culminar el viaje; por lo cual sssseeee ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaa FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA llllaaaa OOOOppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn.
QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: RRRREEEEMMMMUUUUNNNNEEEERRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE SSSSUUUUEEEELLLLDDDDOOOOSSSS MMMMIIIINNNNIIIIMMMMOOOOSSSS AAAADDDDEEEEUUUUDDDDAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO
22223333 DDDDEEEE EEEENNNNEEEERRRROOOO AAAALLLL 33331111 DDDDEEEE AAAAGGGGOOOOSSSSTTTTOOOO DDDDEEEELLLL 2222000000004444 EEEENNNN QQQQUUUUEEEE EEEELLLL AAAACCCCTTTTOOOORRRR NNNNOOOO FFFFIIIIGGGGUUUURRRRAAAA EEEENNNN
PPPPLLLLAAAANNNNIIIILLLLLLLLAAAA....----
5.1. Que, el demandante pretende el pago de remuneraciones durante el tiempo
que estuvo trabajando fuera de planillas; indica que la demandada solo le pagó
comisiones por los viajes realizados y se le adeuda su sueldo mínimo de ley por
el mencionado periodo.
5.2. La demandada, refiere los fundamentos de su tacha antes expuesto para
solicitar se declara Infundada la demanda, respecto a este extremo.
5.3. Ante lo expuesto por las partes, se debe tener en cuenta que la NLPT,
establece en su numeral 23.2 del artículo 23°“acreditada la prestación personal
de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado,
salvo prueba en contrario”;
De la revisión de los actuados se advierte que el demandante adjuntó el Oficio
No. 5229-2012-MTM/15.02 de fecha 11 de junio del 2013 (que obra a fojas
cinco), emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el cual se
señala que el actor se encuentra en la nómina de los conductores de las
empresas de transportes por un primer periodo del 23 de enero del 2004 hasta
1 El artículo 82.5° del Decreto Supremo No. 017-2009-MTC; establece que “El manifiesto de usuarios impreso
deberá ser conservado por el transportista por un plazo de treinta (30) días, contados desde el día siguiente de la
fecha de culminación del viaje, y estar a disposición de la autoridad, durante dicho plazo, cuando ésta lo requiera.
La conservación podrá ser efectuada en archivos físicos o archivos digitales”.
9 el 08 de julio del 2005; asimismo, a fojas seis obra el MMMMeeeemmmmoooorrrráááánnnndddduuuummmm NNNNoooo....
000099991111////00004444////TTTTCCCCSSSSAAAACCCC----DDDDPPPPTTTT ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 11112222 ddddeeee mmmmaaaayyyyoooo ddddeeeellll 2222000000004444,,,, ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooo qqqquuuueeee nnnnoooo hhhhaaaa ssssiiiiddddoooo
ccccuuuueeeessssttttiiiioooonnnnaaaaddddoooo ppppoooorrrr llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa;;;; el citado documento fue emitido por el Ingeniero
Aldo López Lujan del Área de Transporte de la demandada Turismo Civa SA,
ppppoooorrrr eeeellll ccccuuuuaaaallll sssseeee ddddeeeessssiiiiggggnnnnaaaa aaaallll aaaaccccttttoooorrrr ccccoooommmmoooo ppppaaaarrrrtttteeee ddddeeee llllaaaa ttttrrrriiiippppuuuullllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeeellll BBBBuuuussss NNNNoooo.... 222233332222,
exhortando al actor a realizar sus funciones con esmero, responsabilidad,
exhortándolo a cuidar el vehículo, tratar bien a los pasajeros y aaaaccccaaaattttaaaarrrr llllaaaassss
ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiioooonnnneeeessss ddddeeee llllaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa; a fojas siete obra llllaaaa CCCCaaaarrrrttttiiiillllllllaaaa NNNNoooo.... 11112222666666666666 del actor
en el cual se señala que es Chofer de la demandada, realizando Apoyos
Especiales de la Copa América, en el mencionado documento en el que se
señala “El portador se identifica con ella en relación a su cargo, jerarquía,
función o trabajo, durante la Copa América Perú 2004 (…)”
De lo antes expuesto, se advierte que el actor acredito la prestación personal
del servicio, además de la subordinación a que estuvo sujeto al ser exhortado
por la demandada en el cumplimiento de las disposiciones de la empresa en
calidad de tripulación del Bus No.232; además la demandada acreditó al actor
como Chofer de uno de sus vehículos ante los organizadores de la Copa
América en el año 2004; por lo tanto, se aplica la presunción establecida en el
numeral 23.2 del artículo 23° de la NLPT; en consecuencia, se considera que el
actor laboro en el periodo comprendido del 22223333 ddddeeee eeeennnneeeerrrroooo ddddeeeellll 33331111 ddddeeee aaaaggggoooossssttttoooo ddddeeeellll
2222000000004444;;;;
Que, en los actuados no se encuentra acreditado que la demandada haya pagado
la remuneración por la prestación de servicio, por lo cual corresponde
determinar dicha remuneración conforme a la Remuneración Mínima Vital2 que
se encontraba vigente por el citado periodo.
PPPPeeeerrrriiiiooooddddoooo MMMMoooonnnnttttoooo SSSS////....
EEEEnnnneeeerrrroooo ((((7777ddddííííaaaassss)))) 111133335555....00000000
FFFFeeeebbbbrrrreeeerrrroooo 444466660000....00000000
MMMMaaaarrrrzzzzoooo 444466660000....00000000
AAAAbbbbrrrriiiillll 444466660000....00000000
MMMMaaaayyyyoooo 444466660000....00000000
JJJJuuuunnnniiiioooo 444466660000....00000000
JJJJuuuulllliiiioooo 444466660000....00000000
AAAAggggoooossssttttoooo 444466660000....00000000
2 El D.U No. 22-2003 que se encontraba vigente desde el 15 de setiembre del 2003 al 31 de diciembre del 2005
estableció el monto de S/. 460.00 mensuales como Remuneración Mínima Vital.
10 TTTTOOOOTTTTAAAALLLL SSSS////.... 3333 333355558888....00000000
Por lo cual corresponde que la demandada, pague al actor el monto de SSSS////....
3333,,,,333355558888....00000000 Soles, más intereses legales que serán liquidados en ejecución de
sentencia, siendo amparable este extremo de la demanda.
SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: RRRREEEECCCCOOOONNNNOOOOCCCCIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO DDDDEEEE PPPPAAAAGGGGOOOO DDDDEEEE C |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE
LIMA
Av.Abancay Cdra. 5– Edificio “Alzamora Valdez, Piso 17
EXPEDIENTE : 24663-2015-0-1801-JR-LA-04.
RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS
Lima, trece de enero del año dos mil diecisiete.- - - - - - -)
SENTENCIA Nº 003 – 2017
VISTOS: En Audiencia Pública de Conciliación y Juzgamiento Anticipado, oídos los
alegatos finales, de los señores abogados de las partes y conforme al estado del
proceso se procede a dictar sentencia. RESULTA DE AUTOS: Mediante el escrito
de fojas 25 a 41, subsanado a fojas 46 el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
PLANTA SIDERURGICA DEL PERU – SIDERPERU, por intermedio de su
representante legal y en representación de sus agremiados que se indican
interpone demanda en Vía Proceso Ordinario Laboral sobre: CESE DE ACTOS DE
HOSTILIZACION, dirigiéndola contra la empresa SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
- SIDERPERU (en adelante SIDERPERU).
I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SUS FUNDAMENTOS DE HECHO:
- La parte actora demanda el “Cese de actos de Hostilización y se ordene la
inmediata suspensión e inaplicación del Nuevo Régimen Laboral y nivel
remunerativo establecido por la demandada”, cuyos trabajadores han pasado a ser
empleados, pese a tener derechos adquiridos como personal obrero de dicha
empresa minera.
- Sostiene que la empresa SIDERPERU S.A.A de manera unilateral y arbitraria,
desconociendo los pactos y convenios colectivos establecidos, en un acto de
aparente promoción laboral, pretende cambiar de forma masiva el régimen laboral
de los trabajadores obreros a fin de adecuar su estructura organizacional en un solo
grupo ocupacional (empleados).
1 - Indica que la referida actitud arbitraria fuere rechazada por el Sindicato de
Trabadores Obreros, es así que con fecha 04 de agosto se solicitó una reunión con
el representante de la empresa , sin que a la fecha se obtuviere respuesta alguna
de tal petición, lo que se hizo de conocimiento al Jefe Zonal de SUNAFIL en
Chimbote –Región Ancash, ante tal situación interponen la presente acción, dado
que se ha visto vulnerado el derecho de los trabajadores (obreros) por el cambio de
régimen y de remuneración dispuesto arbitrariamente por la empresa, violentando el
derecho a la igualdad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, resultando que
además con la estructura operacional se otorgó aumentos de salarios solo a una
parte de los trabajadores dejando de lado a la otra, violentando el derecho a la
igualdad.
- Sostiene que la condición de obrero cuenta con beneficios y derechos adquiridos
diferentes a los de un empleado de planta fija, de tal forma que se estaría
vulnerando el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales.
Fundamento jurídico:
- Se ampara en el artículo 1°, 2°, 22°, 23°, 24°, 26 ° inciso 2), artículo 27°,55° y 139°
incisos 3), 5) y 14) de la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en sus artículos 7°, 23°, Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Decreto Supremo N° 001-96-TR, Nueva Ley Procesal de Trabajo –Ley N°
29497.
II. TRASLADO Y EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA, CITACIÓN PARA
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN Y PRECISIÓN ORAL DE
PRETENSIONES QUE PASAN A JUZGAMIENTO
- Mediante Resolución N° DOS de fecha dieciocho de diciembre del año 2015, se
calificó positivamente la demanda, admitida y corrido traslado de la misma a la
demandada, para que comparezca al proceso y conteste las pretensiones;
asimismo se señaló para el día 02 de diciembre del 2016 a las doce del mediodía
para la Audiencia de Conciliación, la misma que luego en el día y hora indicado
fuere suspendida para que acrediten debidamente al nuevo representante del
Sindicato demandante, para luego ser reanudada el día 06 de enero del 2017 a la
01:00, de la tarde según se desprende el acta respectiva; de cuyo desarrollo de la
mencionada etapa procesal no se arribó a NINGUN ACUERDO CONCILIATORIO,
2 conforme se dejó constancia en el Acta de Audiencia de Conciliación, en la que se
precisó las pretensiones que pasan a juzgamiento.
II.1. MEDIOS PROCESALES DE DEFENSA DEDUCIDAS POR LA DEMANDADA
1. Excepción de Caducidad
- Sostiene que los demandantes pretenden que se declare la suspensión e
inaplicación del nuevo régimen laboral y nivel remunerativo establecido por
SIDERPERU, por considerar que se tratarían en la realidad de actos de hostilidad, y
refieren que SIDERPERU de manera unilateral y arbitraria intenta cambiar de forma
masiva el régimen laboral de trabajadores obreros a fin de adecuar su estructura
organizacional en un solo grupo ocupacional (empleados); resultando que la nueva
estructura organizacional para los trabajadores de las áreas de Industria y Logística
fue implementada el 01 de agosto del 2014, siendo que las comunicaciones fueron
remitidas a cada trabajador el 31 de julio del 2014, habiendo informado la empresa
oportunamente sobre la nueva estructura organizacional y escala salarial mediante
carta dirigida al Sindicato de Trabajadores de fecha 01 de agosto del 2014, que sin
embargo la demanda fue interpuesta recién el 02 de noviembre del 2015, vale decir
fuera del plazo de caducidad previsto por el artículo 36° del TUO del Decreto
Legislativo N° 728.
II.2. PRETENSIONES Y FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA CONTESTACION
DE LA DEMANDA
- Sostiene que no existen en nuestro ordenamiento mecanismos que limiten,
restrinjan o prohíban la denominación y/o modificación de la estructura
organizacional de una empresa, no obstante ello de haber alguna limitación, ella se
encontraría referida sólo ante el hecho de ocasionar algún perjuicio en contra de
sus trabajadores, y refiere que en SIDERPERU, no ha existido una reducción en la
categoría de los trabajadores, mucho menos una reducción en sus remuneraciones,
lo que ocurrió en la realidad de los hechos es la unificación de los dos grupos
preexistentes en: Obreros y Empleados; en uno solo, sin que ello implique una
disminución en las remuneraciones de los ahora empleados.
- Sostiene que tras unificarse los grupos de trabajo, lo que ocurrió en la realidad es
que en atención a la especialización de algunas áreas y labores, hubo un
incremento en algunos puestos de trabajo, por lo que resultó necesario realizar un
3 reajuste en las remuneraciones y por ende en las categorías a las que pertenecían
dichas labores. Además la nueva estructura implementada no se encuentra por ley,
por lo que su representada actuó de acuerdo a ley y que el uis variandi es una
potestad del empleador para organizar in que implique perjuicio para los
trabajadores.
III. DETERMINACION DEL JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO Y
ALEGATOS FINALES:
Revisado la demanda, la contestación de la demanda y sus respectivos ítems del
ofrecimiento de los medios probatorios referidos a sus pretensiones, fue
determinado que la cuestión planteada y debatida no sea sometida a la Audiencia
de Juzgamiento, por lo que de conformidad a la segunda parte del inciso 3) del
artículo 43° de la Ley N° 29497 concordado con el a rtículo 473° del Código Procesal
Civil, se dispuso que el caso pase a Juzgamiento Anticipado, por lo que se invitó a
los señores Abogados de las partes, que exponga sus alegatos de cierre por el
lapso de cinco minutos cada uno y oído los mismos, además absolviendo las
preguntas efectuadas por el Juzgador, las mismas han quedado registrados en
audio y vídeo. Llegando la oportunidad de emitir la sentencia correspondiente.
IV. FUNDAMENTACION
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.
1.1. El derecho probatorio tiene una marcada connotación procesal ya que en
función de todo medio de prueba se genera la certidumbre acerca de la verdad de
las afirmaciones sobre los hechos en conflicto de intereses expresados en los actos
postulatorios y en la audiencia de juzgamiento, en su acepción amplia es entendida
como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia,
adquiriéndose el conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la prueba
puede ser definida como aquellas razones extraídas de los medios ofrecidos,
actuados y oralizados que en conjunto dan a conocer los hechos o la realidad a
efecto de resolver la cuestión controvertida de relevancia jurídica.
1.2. El artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que la carga de
la prueba, basada en que corresponde probar a quien afirma hechos que configuran
su petición, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, en caso del servidor
prescribe que acredita la prestación personal de servicios se presume la existencia
4 de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba del pago, cumplimiento de
las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción
o inexigibilidad.
1.3. En caso que la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que
permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por
cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para
demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y
de su proporcionalidad.
SEGUNDO: RELACION LABORAL Y LAS PRETENSIONES MATERIA DE
JUZGAMIENTO
2.1. En cuanto a la representación que se invoca, facultades suficientes para
accionar, y relación laboral de los agremiados con respecto a la demandada, no
existe controversia, pues la misma está probado con el mérito de los actuados
traducidos en la vigencia de poder del registro de asociaciones de la SUNARP,
Registro de Organizaciones Sindicales de trabajadores sujetos al Régimen Laboral
de la actividad privada-constancia de inscripción automática, Estatutos y que corren
a fojas 2/5 y 62/77 vuelta, relación de personal afiliado de fojas 15/24; y cartas de
comunicación sobre nueva estructura organización de fojas 7 a 9.
2.2. Atendiendo lo antes anotado el conflicto jurídico se circunscribe según los
hechos expuestos en la demanda y absolución de la misma, vía escrita y exposición
oral en: “Determinar si corresponde declarar el cese de actos de hostilidad en
contra de los demandantes (Sindicato de Trabajadores de la Planta de
SIDERPERU), y se ordene la inmediata suspensión e inaplicación del nuevo
régimen laboral y nivel remunerativo” (véase audio y video 67214 minuto
00:59 a 1:28), situación jurídica dada que debe ser resuelto en estricta aplicación
del artículo III y VII del Código Procesal Civil, referido al deber del Juzgador resolver
el conflicto de intereses de relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos
sustanciales logrando la paz social, y la aplicación del derecho que corresponde al
proceso teniendo como base los hechos expuestos por las partes; siendo menester
analizar previamente respecto a la defensa de forma que fue materia de
confrontación de posiciones, en la audiencia de conciliación y juzgamiento
anticipado.
5 TERCERO: EXAMEN SOBRE LA EXTINCION DEL DERECHO
3.1. Nuestra legislación nacional ha adoptado una técnica enumerativa para definir
las faltas o actos de hostilidad del empleador, donde la norma más remota al
respecto es el artículo 295° del Código de Comercio en ella que enuncio tres
causas: “1.- La falta de pago, en los plazos fijados, del sueldo o estipendios
convenidos; 2.- La falta del cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones
concertadas en beneficio del dependiente; 3.- Los malos tratamientos u ofensas
graves por parte del principal”; posteriormente el Reglamento de la Ley N° 4916
(Ley del Empleado Particular) amplió en su artículo 26°, la relación de los casos
reputados como “hostilidad manifiesta o velada del principal”, a saber : 1) rebaja
inmotivada del sueldo, 2) cambio, inmotivado de colocación a otra de inferior
categoría, 3) ostensible maltrato, traslado a colocación en lugar distinto del anterior
que perjudique su salud e intereses, 4) la falta de pago del sueldo o estipendio en
los plazos fijados, 5) el desconocimiento de derechos o el incumplimiento de las
obligaciones contractuales y legales a favor del empleado, y 6) la subordinación de
este ante el jefe con quien tenga visible enemistad o mal querencia, conocida del
principal”. Este dispositivo legal rigió durante 60 años hasta que en 1978, el
Decreto Ley N° 22126 amplió dicha lista en cuyo artículo 19°, enumera en siete
incisos “los actos de hostilidad del empleador”, los cuales con pequeñas
variaciones, más de expresión que de contenido, fueron conservados que además
agregó dos nuevos actos de hostilidad patronal formados por el “hostigamiento
reiterado al trabajador a causa de su actividad política, sindical o comunera y
creencia religiosa o raza”; y “los actos contra la moral, el hostigamiento sexual
todos aquellos que constituyan actitudes deshonestas que afecten la dignidad del
trabajador”.
3.2. El artículo 30° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR Texto Único Ordenado del
Decreto Ley Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; enumera “los
actos de hostilidad” del empleador, con algunas variantes en la tipificación concreta
de las conductas del empleador, el mismo cuadro de los supuestos de hecho
establecido por el Decreto Ley Nº 22126, de los cuales excluye , sin embargo, el
“incumplimiento deliberado por parte del empleador de sus obligaciones legales o
convencionales”, adoptándose así una configuración en virtud de las cuatro normas
nacionales invocadas un carácter taxativo o cerrado, en que los únicos actos del
empleador susceptibles de sustentar la terminación de la relación laboral por
6 causa imputable al mismo son los que tipifica el anotado artículo 30° del Decreto
Supremo Nº 003-97-TR: en cuya virtud serán los siguientes: a) La falta de pago de
la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador; b) La reducción
inmotivada de la remuneración o de la categoría; c) El traslado del trabajador a
lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de
ocasionarle perjuicio; d ) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que
pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador; e) El acto de
violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia;
f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma; g)
Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador
(Inciso modificado por la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº
27942, publicada el 27-02-2003).
CUARTO: ANÁLISIS RESPECTO A LA CADUCIDAD DEDUCIDA
4.1. Conforme a lo señalado en el artículo 446° del Código Procesal Civil, el
demandado puede proponer la excepciones, las cuales constituyen “… medios
formales de defensa a través de los cuales las partes denuncian la inexistencia o
presencia defectuosa de un presupuesto procesal de la acción o de una condición
de la acción que determinan una relación procesal inválida o la imposibilidad de
pronunciamiento válido sobre el fondo…”1.
4.2. En ese sentido nuestra legislación establece un plazo para poder accionar en
los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad, cuyo plazo es de
caducidad, por lo que si una persona pretende cuestionar un despido, o accionar
para que cese la hostilidad o la terminación de su contrato por despido indirecto
proveniente de haber sido víctima de hostilidad debe ejercitar su derecho de acción
dentro del plazo que señala la ley, caso contrario, si plantea la demanda fuera del
plazo legal, se producen los efectos de la caducidad.
4.3. La caducidad, se trata pues de una figura jurídica traducida en la pérdida del
derecho a entablar una demanda o proseguir la demanda iniciada en virtud de no
haberse propuesto la pretensión procesal dentro del plazo señalado por ley. La
1
Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 795-98-LIMA,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de Marzo del 2001, pág. 7082.
7 caducidad está referida a derechos temporales que sirven de sustento en
determinadas pretensiones procesales, por lo que para que prospere esta
institución jurídica deben cumplirse dos presupuestos: a) Que la pretensión tenga
plazo fijado en la ley para accionar; b) Que se ejercite la acción después de haberse
vencido el plazo, y si es evidente es automática, pudiendo ser apreciada de oficio
por la autoridad judicial y sin la necesidad de ser alegado por la parte a la que se
beneficia, en atención del artículo 2006° del Código Civil2.
4.4. Ticona Postigo, afirma que: “Si se ha interpuesto una demanda cuya
pretensión está sustentada en un derecho que ha devenido en caduco, entonces la
pretensión en estricto no tiene fundamento jurídico por lo que ya no puede ser
intentada. Esta situación es tan categórica para el proceso que el nuevo código le
concede al Juez el derecho de declarar la caducidad y la consecuente
improcedencia de la demanda, si aparece del solo examen de ésta al momento de
su calificación inicial. Asimismo, el demandado que considere que el efecto letal del
tiempo ha destruido el derecho que sustenta la pretensión dirigida en su contra,
puede pedir la declaración de caducidad en sede de excepción”.3
4.5. Conforme a la doctrina las relaciones jurídicas y sus derechos se fijan en el
tiempo del concepción y al momento de su nacimiento, es el transcurso del tiempo
como fenómeno jurídico, el que se recoge en la norma para precisar sus efectos,
razón por la que el derecho emerge ligado a un plazo para su ejercicio y dentro de
nuestro ordenamiento legal el artículo 2004° del Código Civil, prescribe, que los
plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario, de ahí el carácter
imperativo de la norma por consideraciones de orden público” 4.
4.5. Debemos acotar que el instituto de la caducidad tiene su razón de Justicia en la
Seguridad Jurídica, por cuanto ha sido concebida como un medio para evitar que
una situación jurídica dure indefinidamente, poniendo en riesgo los fines más altos
del Derecho.
4.6. En caso concreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 36° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
2Declaración de caducidad: Artículo 2006.- La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte.
3
TICONA POSTIGO, Víctor, “Análisis y Comentarios del Código Procesal Civil”, Tomo I, 1996, Pág. 578
4
Cas. N° 1802-99-Lima, El Peruano. 18-12-1999. Pag. 4339
8 Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en base a los fundamentos
esgrimidos el plazo para accionar judicialmente caduca a los treinta (30) días naturales
de producido el hecho; este plazo no está sujeto a interrupción o pacto que lo enerve,
y una vez transcurrido impide el ejercicio del Derecho, la única excepción está
constituida por la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal peruano, por
encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional o impedido de ingresar a él, o por
falta de funcionamiento del Poder Judicial; de igual forma al igual que lo dispuesto en
el artículo 2005° del Código Civil, el mencionado artículo 36° de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral establece como único supuesto para la
suspensión del plazo la imposibilidad de accionar ante un tribunal nacional, sin
embargo, la norma va más allá, pues esclarece en qué circunstancias será imposible
acudir a nuestras cortes: (i) cuando el trabajador salió del país y se encuentra
impedido de retornar; y (ii) cuando el Poder Judicial no funcione; la que debemos
concordar con el Reglamento de la Ley del Fomento al Empleo, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 001-96-TR, desarrolla la falta de funcionamiento del Poder
Judicial en su artículo 58° al establecer que tal circunstancia ocurrirá cuando: (i)
existan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el funcionamiento de
las cortes, y (ii) cuando el despacho judicial se encuentre suspendido conforme al
artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que el despacho
judicial se suspende en los días no hábiles (sábados, domingos, feriados no
laborables) y en otros días institucionales (día del Juez, inicio del año judicial y días de
duelo judicial o nacional). Criterio este que incluso ha sido asumido como Acuerdo
N° 01-99 en el Pleno Jurisdiccional Laboral del Año Judicial 1999, cuya observancia
es obligatoria para los Magistrados por disposición de la Resolución Administrativa
N° 005-99-SCS/CSJR del 15 de setiembre de 1999 expedida por la Sala
Constitucional y Social de la corte Suprema de Justicia de la República.
4.7. En consecuencia no habiendo duda que los treinta días naturales de caducidad
previstos en el artículo 36° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en
realidad consisten en treinta días hábiles en virtud de las reglas aplicables antes
indicadas; en ese escenario, corresponde señalar de la demanda, escrito
subsanatorio y alegato de apertura de la demanda se desprende que el Sindicato de
Trabajadores de la Planta Siderúrgica del Perú –SIDERPERU, pretende en
representación de sus trabadores agremiados en “cese de los actos de hostilización
9 en contra de los demandantes (agremiados) y se ordene la inmediata suspensión e
inaplicación del nuevo régimen laboral y nivel remunerativo establecido por la empresa
SIDER PERU S.A.A.), quienes han pasado a ser empleados”.
4.8. Al respecto de su declaración extraída de su escrito de absolución del demandado
refiere acerca del hecho materia de hostilización traducido en la implementación de la
nueva estructura organizacional integrando a todos los colaboradores en un solo
grupo ocupacional – empleados fue implementado el 01 de agosto del 2014, hecho
comunicado a los trabajadores mediante carta de fecha 31 de julio del 2014,
situación que se encuentra corroborada con las cartas a los trabajadores: Manuel
Leopoldo Ramírez Franco, Pedro Ríos Castañeda, Félix Faustino Hervías Magan, y
Carlos Fernando Zúñiga Aguilar, que corren de fojas 06 a 09, pruebas documentales
aportados por el propio actor; hecho corroborado además con la copia del cargo de la
carta remitida por la demandada al gremio sindical accionante de fecha 01 de agosto
del 2014 , prueba aportada en el escrito de contestación (anexo 1-C), y que no ha sido
objeto de cuestión probatoria que enerve su eficacia probatoria; si bien es cierto el
demandante por intermedio de su abogado al absolver la excepción refiere: “ que no
existe una caducidad puesto que la afectación es de carácter continuo hasta el día de
hoy siguen siendo afectados los trabajadores” (véase audio y video 67214 minuto
26:30 al 26:39), sin embargo no acredita la continuidad de este hecho.
4.9. De otro lado es menester dejar precisado que conforme el artículo 36 del Decreto
Supremo N° 003-97-TR - Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral – el plazo para accionar judicialmente en
los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a los treinta
días naturales (hábiles) de producido el hecho, en caso de autos el acontecimiento
ocurrió el 01 de agosto del 2014; si bien el actor sostiene que hay afectación
continuada, dicha situación no se acredita del contexto de su carta notarial de fojas
10/11 de fecha 15 de octubre del 2015, sobre cese de actos de hostilización efectuado
después de más un año, tampoco se precisa no se cita fecha alguna de la producción
del evento que cataloga hostil (unificación de categorías), tampoco de la solicitud al
Jefe Zonal de la SUNAFIL CHIMBOTE sobre diligencia de inspección que corre a fojas
12/13; de tal forma habiéndose demandado con fecha 02 de noviembre del 2015,
según el cargo respectivo a fojas 01 y 1 –A y 25, ha transcurrido más de 30 días
hábiles.
10 4.10. Por todo ello ha operado ampliamente la caducidad, en estricta aplicación del
artículo 36 del Decreto Supremo N° 003-97-TR - Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral –, y concordando
con el artículo 2003° del Código Civil, la caducidad extingue el derecho y la acción
correspondiente.
QUINTO: 5.1. Siendo así, es de aplicación el inciso 5 del artículo 451° del Código
Procesal Civil, dispone que se anulará lo actuado y dar por concluido el proceso, si
se trata de las excepciones de incompetencia, representación insuficiente del
demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para
obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión,
conclusión del proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción
extintiva o convenio arbitral, y sin objeto pronunciarse sobre el fondo.
5.2. El juzgador considera que han existido motivos razonables para demandar, por
ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, se exime la demandante del pago costas y costos del proceso, máxime
si la pretensión es inestimable en dinero.
Por estos fundamentos y atendiéndose a los principios rectores del proceso laboral
y de conformidad al artículo 12°, 21°, 23° y 31° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley
Procesal del Trabajo, y demás normas glosadas y apreciadas, de aplicación al caso.
Impartiendo Justicia Laboral por disposición de la Constitución Política del Estado.
V. SENTENCIO Y FALLO:
1. DECLARANDO: FUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por la
demandada Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A-SIDERPERU.
2. DECLARANDO: NULO TODO LO ACTUADO, y por CONCLUIDO EL
PROCESO, por tanto consentida o ejecutoriada que fuere la presente, archívense
los de la materia por Secretaría. Sin costas ni costos. NOTA todo trámite es
gratuito a excepción de tasas judiciales y derecho de notificaciones. Ss.-
Barboza Ludeña (Juez Titular). – Bella Maruja Sialer Nieto (Secretaria Judicial).mss.
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 19° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25191-2015-0-1801-JR-LA-05
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : LOZANO OLIVARES, MONICA ESSY
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : DIAZ CAPRISTAN, HECTOR
Resolución Nro.11
Lima, primero de diciembre del dos mil diecisiete.-
Por devuelto los presentes actuados de la Cuarta Sala
Laboral de Lima; y, estando a la Resolución de Vista, su fecha veintinueve de
setiembre de dos mil diecisiete, por la que revocaron la Sentencia N° 087-2016-
19°JLPJ-NLPT de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciséis, en el extremo que
declara infundada la demanda sobre pago de reintegros de la bonificación por
Compensación por Tiempo de Servicios, REFORMANDOLA se declare FUNDADA
EN PARTE; Siendo ello así: CUMPLASE LO EJECUTORIADO, en consecuencia:
REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION que cumpla con pagar a
favor del actor HECTOR DIAZ CAPRISTAN la suma de S/.21,898.37
(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES)
dentro del término del quinto día de notificado; bajo apercibimiento de iniciarse la
ejecución forzada. Avocándose a la presente causa el Señor Juez que suscribe por
Disposición Superior. |
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BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : DIAZ CAPRISTAN, HECTOR
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Lima, primero de diciembre del dos mil diecisiete.-
Por devuelto los presentes actuados de la Cuarta Sala
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setiembre de dos mil diecisiete, por la que revocaron la Sentencia N° 087-2016-
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declara infundada la demanda sobre pago de reintegros de la bonificación por
Compensación por Tiempo de Servicios, REFORMANDOLA se declare FUNDADA
EN PARTE; Siendo ello así: CUMPLASE LO EJECUTORIADO, en consecuencia:
REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION que cumpla con pagar a
favor del actor HECTOR DIAZ CAPRISTAN la suma de S/.21,898.37
(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES)
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PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
Señores:
MONTES MINAYA
BARBOZA LUDEÑA
CANALES VIDAL
SENTENCIA
Resolución N° 10:
Lima, 26 de enero de dos mil dieciocho.-
VISTOS:
En Audiencia Pública de 12 de enero del presente año e interviniendo como
ponente el Señor Juez Superior Fernando Montes Minaya.
ASUNTO:
Es materia de apelación por ambas partes la Sentencia de 25 de mayo de 2016
que obra de fojas 424-A a 439 que declara infundada la excepción de
prescripción interpuesta por la demandada, fundada en parte la demanda sobre
reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales, e improcedente
la compensación deducida por la demandada.
AGRAVIOS:
La empresa RED STAR DEL PERU S.A. formula los siguientes agravios en su
escrito de apelación que obra de fojas 446 a 456:
i) Respecto a la excepción de prescripción.- La demandada sostiene que el actor
cesó el 30 de junio de 1997 por acuerdo de partes, por lo que le pagó la
liquidación de beneficios sociales. Ante la imposibilidad de continuar contando
con los servicios dependientes del demandante, y por los motivos económicos y
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
societarios existentes en la empresa, contrató al actor a partir del 01 de julio de
1997 de manera independiente para que preste sus servicios bajo dicha
modalidad sin la existencia de un vínculo laboral. En tal sentido, considera que
la prestación de servicios independiente no revistió las características que
corresponden a una relación laboral, y por ende su reclamo por los beneficios
reclamados hasta el año 1997 han prescrito.
ii) El Juzgador erróneamente declara infundada la excepción de prescripción
porque señala que esta parte no cumplió con acreditar que la labor realizada
por el demandante durante su prestación de servicios independiente era de
distinta naturaleza a la que realizaba antes del cese de su relación laboral;
considera que no le corresponde la carga de la prueba sobre este hecho.
iii) Sobre la sentencia de primera instancia.- El Juez equivocadamente aplica el
artículo 78° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728 sobre prohibición de
contratación bajo modalidad que se encuentra enmarcado en el Capítulo VII del
Título II de los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, cuando en el presente
caso el demandante reingresa a laborar a la empresa el 01 de febrero de 1998
bajo contrato laboral a plazo indeterminado, y no bajo modalidad; por lo que la
supuesta prohibición del artículo 78° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728
no alcanza a esa recontratación; siendo por lo tanto errónea la aplicación y la
interpretación del Juzgador.
iv) En relación a las vacaciones, considera que el Juez no ha revisado todas las
pruebas ofrecidas por esta parte, otorgándosele al demandante una suma muy
superior a la que realmente le pudiera corresponder. La emplazada realiza las
siguientes observaciones:
- No corresponde el pago de la indemnización vacacional otorgada por el
periodo 1990/1991, pues en el libro de planillas consta que el actor del 01 de
junio al 01 de julio de 1991 gozó de vacaciones.
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- Del periodo 1995/1996 el demandante solo tiene 06 días por descansar, así
consta del Memo de 23 de diciembre de 1996 presentado como Anexo 1-D, y no
14 días como se indica en la apelada.
- Del periodo 1996/1997 conforme a la liquidación de beneficios sociales que
obra como Anexo 1-E de la demanda, al accionante se le pagó la remuneración
vacacional y la indemnización correspondiente; además de una suma graciosa
que debería de compensar cualquier otro adeudo del empleador, por lo que no
existe adeudo por este periodo.
- El Juzgador no ha tomado en consideración que en el periodo 1999/2000 el
demandante gozó de vacaciones según lo consignado en el libro de planillas en
el mes de Diciembre de 2000.
- Del periodo 2004/2005 se abonó la remuneración vacacional y la
indemnización vacacional en los meses de marzo, setiembre y octubre,
conforme consta en las boletas de pago de esos meses presentados por el
demandante y en las planillas de los mismos meses presentado por la
emplazada. Si se le pagó al demandante dos remuneraciones adicionales en tres
meses por concepto de remuneración vacacional e indemnización vacacional,
no corresponde otorgarle este último concepto para este periodo como lo señala
la sentencia.
v) El demandante percibió de la demandada la suma de S/28,000.00, que por el
principio de primacía de la realidad debería de ser compensada con la suma
que pudiera adeudar al demandante. El no hacerlo, a pesar que el propio
demandante reconoció la existencia de dicho pago e incluso la naturaleza del
mismo, dicha liberalidad constituiría un abuso de derecho del demandante y
del órgano jurisdiccional.
vi) No es cierto que no exista documento que contenga el sustento del pago de
dicha suma de dinero, existe un contrato de locación de servicios que obra en
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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el file personal del demandante ofrecido como medio probatorio. Lo cierto es
que corresponde a una suma de dinero percibida por el actor para su libre
disposición, posterior al término de su vínculo laboral y de manera graciosa por
parte de la demandada.
vii) El Juzgador no motiva o sustenta la razón del porqué otorga el 15% por
concepto de costos procesales.
El demandante formula sus agravios con escrito de apelación que obra de fojas
458 a 468:
i) En relación a la liquidación realizada por compensación por tiempo de
servicios.-
- Existe error de hecho y derecho respecto del cálculo del periodo 01-02-89 al 31-
01-1990 en la medida que el Juzgado al establecer la remuneración computable
no ha advertido que debe considerar también las horas extras percibidas en
junio de 1992, monto que asciende a S/752.88 y no S/.0.00 como aparece del
cálculo efectuado en la sentencia, lo que conlleva a que la remuneración
computable sea de S/1,402.88 y no S/673.75 establecidos.
- En el periodo del 01-02-90 al 31-12-1991 el Juez solo consigna S/712.90 cuando
lo correcto es S/868.61 que corresponde a las horas extras del mes de julio de
1993, lo que incide al momento de determinar la reunión computable que debe
ser S/2,060.28 y no los S/1,932.90 reconocido en la sentencia.
- Al consignar el monto de las horas extras en la forma correcta, conlleva
también a hacer el recálculo del promedio de las gratificaciones como parte de
la remuneración computable en tales periodos.
-En el rubro d los depósitos semestrales, el Juzgado ha obviado considerar
como parte de la remuneración computable el promedio de las horas extras por
los periodos abril 1992 que es de S/19.12, octubre 1993 que debe ser S/835.51,
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
octubre 1994 cuyo importe es de S/676.37, lo que tienen también incidencia al
establecer el sexto de la gratificación y desde luego una incidencia hacia arriba
del cálculo final de sus beneficios sociales.
- Del mismo modo incurre error en el cálculo, en tanto en la columna de PROM.
GRATIFICACIONES desde el periodo octubre 1992 hasta el periodo abril 1995,
el Juzgado al establecer el sexto de la gratificación no ha incorporado el
promedio de has horas extras y solo ha tomado el básico. Los importes de estos
promedios de horas extras aparecen en el punto IV.3 acápite II.- Gratificaciones
de la demanda como pendiente de pago.
- En la columna PERIODO LABORADO Meses, el Juez considera para el
periodo octubre 1994 tan solo tres meses, y no los seis como debería de ser para
el referido periodo.
- En la columna (-)PAGOS CTA., el importe del periodo abril 1995 -S/.777.78
corresponde al del periodo octubre 1997 y los -S/.1,750.00 que figuran como
octubre son de abril 1995.
-En lo que respecta a los depósitos mensuales, en el periodo agosto 2003 falta
considerar el importe de un reintegro de remuneraciones de S/2,000.00 que
figuran el a boleta de pago.
- Del mismo modo, en el periodo febrero 2004 falta incorporar al cálculo de
compensación por tiempo de servicios el importe de S/2,100.00 por concepto de
vacaciones trabajadas según boleta de pago.
ii) En relación al concepto de gratificaciones.-
- En el periodo diciembre 1993 el Juez consigna como reintegro el monto errado
de S/628.00, debiendo ser S/770.34 soles generando una diferencia de S/142.34
de menos, lo que corresponde enmendar. El sustento es que en la sentencia
apelada se yerra al consignar un sueldo básico de S/1,100.00 en vez de los
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
S/1,500.00 como corresponde, y consigna S/.628.00 como horas extras debiendo
ser S/770.34 soles.
iii) En relación al concepto de remuneración vacacional.- Los errores incurridos
en la sentencia apelada en este extremo son producto de una inadecuada
apreciación y valoración de los medios probatorios actuados y están referidos a
los periodos 1988/1989 y 1997/1998.
- En el periodo 1988-1989, el pago de S/1,413.00 intis no puede entenderse
efectuado a partir de un libro llamado "de vacaciones" que es distinto al libro de
Ley que es el libro de planillas el cual también se ha ofrecido en autos pero de
su contenido no aparece consignado el pago de las vacaciones; es más cuando el
trabajador salía de vacaciones, en el libro de planillas se acostumbra a anotar
con un sello de "vacaciones" el cual no aparece en el mes de octubre de 1989.
- Del contenido de la boleta de pago del mes de octubre 1989 no aparece pago
alguno por remuneración vacacional. Lo que aparece en dicha boleta es el pago
correspondiente a los 30 días laborados e inclusive se realiza un descuento por
servicio de cafetería.
- Respecto al periodo 1997/1998, en la apelada se dice que la demandada
cumplió con pagarle la remuneración vacacional del periodo 1997 de S/4,000.00
en la liquidación de beneficios sociales de 30 de junio de 1997; sin embargo
dicho pago si bien se ha recibido y por ello no es materia de demanda,
corresponde al periodo 1996/1997 y no al periodo 1997/1998. Decir periodo
1997 no es lo mismo que decir periodo 1997/1998; por tanto está pendiente el
pago de la remuneración vacacional para el periodo del 01-02-97 al 31-01-98.
Además, la liquidación de vacaciones y un recibo por concepto de
remuneración vacacional por el periodo 1997/198 que obran en autos no tienen
firma.
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
iv) En relación al concepto de indemnización vacacional.-
- En el periodo 1988/1989 la sentencia señala que salió de vacaciones conforme
al libro de vacaciones, sin embargo no ha existido un descanso físico. El
descanso vacacional no aparece en el libro de planillas como tampoco parece
precisado en la boleta de pago del mes de octubre de 1989. Además, en la boleta
de pago del mes de octubre de 1989 se demuestra que en dicho mes no
descansó, sino que trabajó en forma efectiva todo el mes; el monto de la
remuneración básica es de S/1,507.00 y en el libro de vacaciones se consigna el
monto de S/1,413.00 y el pago por bonificación por transporte y se le descontó
el concepto de cafetería; por tanto se acredita que en el mes de octubre de 1989
trabajó normalmente, correspondiéndole el pago de la indemnización
vacacional reclamada.
- En el periodo 2002/2003 el Juzgado no advierte que la remuneración
vacacional se pagó en el mes de diciembre 2003 según consta en la respectiva
boleta de pago. Es así que durante el mes de diciembre trabajó 29 días y el pago
por esos días trabajados le fueron abonados en dos partes; así tienen que los
primeros 15 días figuran en la boleta de pago de diciembre 2003 y el importe de
los 14 días restantes en el mes de febrero 2004 según consta en el memorándum
del 31 de enero de 2004 que erróneamente se fechó como 31 de febrero de 2004
en donde se menciona que tiene 14 días pendiente de vacaciones.
- Periodo 2006/2007, no se considera el pago demandado por 15 días en
S/3,537.00 que según la boleta de pago de febrero de 2007 muestra que trabajó
15 días de los 30 días de vacaciones.
- Periodo 2007/2008, en el este periodo se reclama que 04 días de los 30 los gozó
en forma extemporánea, como figura en el Memorándum de 11 de enero de
2008.
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EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
- Periodo 2008/2009, el Juzgado no ha tenido en cuenta que sobre este periodo
hay dos ocurrencias relevantes que sustentan la indemnización que se solicita:
del contenido de la boleta de marzo 2009 el actor trabajó en forma efectiva 15
días de los cuales 10 días son de goce extemporáneos.
- Periodo 2009/2010, para el Juzgado gozó 30 días de vacaciones, sin embargo
no advierte que trabajó 15 días tal como se observa de la boleta de pagos de
marzo 2010.
v) En relación a los costos procesales, el pago de 15% ordenado por el A quo no
es justa, atendiendo que en supuestos laborales, el pago por costos procesales
asciende a 20% como mínimo, preferentemente en ejecución de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De la demanda que obra de fojas 339 a 354, el actor pretende el
reconocimiento de vínculo laboral desde el 01 de febrero de 1988 hasta el 15 de
setiembre de 2014, y el pago de S/160,148.06 por concepto de reintegros de
compensación por tiempo de servicios, vacaciones y reintegro de
gratificaciones, el pago de intereses financieros y legales correspondientes y el
pago de costas y costos. Sostiene que entre el 01 de julio de 1997 al 31 de enero
de 1998 la demandada lo sacó de planillas y le requirió la entrega de recibos por
honorarios profesionales, y que en aplicación del principio de primacía de la
realidad no hay discontinuidad en el desarrollo de sus funciones.
SEGUNDO: La demandada RED STAR DEL PERU S.A. contesta la demanda
con escrito que obra de fojas 397 a 409, declara que el actor ingresó a laborar el
01 de febrero de 1988, que cesó el 30 de junio de 1997 por acuerdo entre las
partes por problemas económicos y societarios que tuvo la empresa en ese
tiempo en la que cesaron varios trabajadores de la empresa. Declara que el
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EXP. N° 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
demandante reingresó el 02 de febrero de 1998 y cesó el 15 de setiembre de 2014
habiéndole reconocido la empresa al cese la indemnización por despido
arbitrario, suma adicional por el cese, así como liquidándole sus beneficios
sociales, entre ellos las vacaciones y gratificaciones conforme a ley.
TERCERO: La emplazada en su escrito de contestación de demanda propone la
excepción de prescripción por el periodo del 01 de febrero de 1988 al 30 de junio
de 1997 porque considera que la parte demandante no acredita la existencia de
ningún rasgo de laboralidad durante el citado periodo. En cuanto a los
reintegros de los beneficios sociales reclamados (compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones, vacaciones) refiere que las diferencias de los
reintegros que reclama el demandante habrían sido generadas por no
considerar en la liquidación de compensación por tiempo de servicios las horas
extras y su incidencia en las gratificaciones; alega que la empresa ha realizado la
liquidación de los beneficios sociales de acuerdo a ley, por lo que no
correspondería reintegro alguno. Sobre las vacaciones, declara que 15 días eran
los días de descanso que tomaban los trabajadores interesados en incrementar
sus ingresos como el demandante, y que los días de goce de vacaciones los
tomaba de manera fraccionada a lo largo del año.
CUARTO: Respecto a la excepción de prescripción extintiva, la prescripción es
una institución jurídica según la cual el transcurso del tiempo –por un período
determinado por ley– extingue el derecho que tiene el sujeto para reclamar
determinada pretensión ante el órgano jurisdiccional. La práctica usual refleja
que durante la relación laboral el trabajador no suele incoar acción
administrativa o judicial contra su empleador para evitar la posibilidad de
represalias contra él, por lo que la exigibilidad es a partir de la fecha de cese por
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principio general; ello ha sido reconocido también por la Corte Suprema de
Justicia de la República mediante Ejecutoria Suprema emitida en la Casación
N° 802-96-Piura que precisa que los derechos laborales son exigibles a partir de
la fecha de cese de la relación laboral.
QUINTO: En el caso de autos el actor sostiene que ha laborado para la
demandada ininterrumpidamente por el periodo que va desde el 01 de febrero
de 1988 hasta el 15 de setiembre de 2014 desempeñándose como Jefe de
Informática. Por su parte la demandada sostiene que el actor ha prestado
servicios en dos periodos discontinuos (primer periodo: desde el 01 de febrero
de 1988 hasta el 30 de junio de 1997, segundo periodo: desde el 01 de febrero de
1998 hasta el 15 de setiembre de 2014), por lo que reclama la prescripción del
primer periodo laborado que va desde el 01 de febrero de 1988 hasta el 30 de
junio de 1997. Sin embargo, en autos obran recibos por honorarios del actor
girados a nombre de la empresa demandada RED STAR DEL PERU S.A. por el
periodo del 01 de julio de 1997 hasta el 31 de enero de 1998, como así también lo
señala la emplazada en su contestación de demanda.
SEXTO: En tal contexto y conforme a lo establecido en la ley, apreciándose que
es materia de pronunciamiento de fondo la determinación de la continuidad de
la relación laboral pretendida por el demandante, debe tomarse para efectos del
cómputo de la prescripción la fecha de cese del actor el mismo que fue el 15 de
setiembre de 2014. Atendiendo a que la demanda ha sido presentada ante el
Centro de Distribución General el 12 de noviembre de 2015, el plazo
prescriptorio de 04 años establecido en la Ley N° 27321 no ha vencido, por lo
que se desestiman los agravios de la demandada y se confirma la recurrida en el
extremo que declara infundada la excepción de prescripción.
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SEPTIMO: En cuanto a los agravios de la demandada referidos a la
inaplicabilidad al caso de autos del artículo 78° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR del Capítulo VII sobre Desnaturalización de los Contratos: "Los trabajadores
permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades
previstas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del cese.".- Cabe precisar
que ambas partes concuerdan en lo siguiente:
1.- El actor ingresó a laborar a la empresa RED STAR DEL PERU S.A. el 01 de
febrero de 1988 en el cargo de Jefe de Cómputo.
2.- El 30 de junio de 1997 el actor cesa por mutuo acuerdo debido a los
problemas económicos de la empresa.
3.- El actor presta servicios a la demandada del 01 de julio de 1997 al 31 de
enero de 1998 por lo que emite recibo por honorarios por concepto de Asesoría
Profesional en el Área de Sistemas que fueron recepcionados por la
demandada y ante los que no formuló medio impugnatorio.
4.- El actor es nuevamente contratado por la demandada desde el 01 de febrero
de 1998 hasta el 15 de setiembre de 2014 desempeñándose en el cargo de Jefe de
Informática.
OCTAVO: De lo expuesto, se advierte que el actor trabajó para la demandada
en el área de informática desde el 01 de febrero de 1988 hasta el 15 de setiembre
de 2014 sin solución de continuidad. Si bien el demandante no ha pedido la
desnaturalización o fraude a la ley de su contratación del 01 de julio de 1997 al
31 de enero de 1998, sino la aplicación del principio de primacía de la realidad;
al evidenciarse la desnaturalización de su contratación civil, el accionante ya era
titular de todos los derechos reconocidos a un trabajador comprendido en el
régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Someterlo a un régimen de
contratación distinta en la que se le reconocen menores derechos laborales no
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solamente desde el punto de vista económico sino en lo referido a su estabilidad
en el trabajo implica definitivamente la afectación al Principio de Condición
más Beneficiosa el cual se encuentra íntimamente ligado al Principio Protector
recogida en el artículo 23° de la Constitución Política del Estado, y más
específicamente en la última parte del mismo cuando señala que ninguna
relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. En ese sentido, también se debe
tener presente el Principio de Irrenunciabilidad de los derechos laborales el cual
constituye un elemento central en el ordenamiento laboral, el mismo que se le
confiere al trabajador con el fin de restarle eficacia a la privación voluntaria por
el trabajador de sus derechos laborales reconocidos a nivel legal o convencional,
principio constitucional que se encuentra recogido en el inciso 2) del artículo
26° de la Constitución Política de 1993, y reproducida por la Ley Procesal del
Trabajo en el artículo III del Título Preliminar.
NOVENO: De la lectura de la sentencia de primera instancia, advirtiéndose que
el Juez fundamenta la continuidad de la relación laboral invocando el artículo
78° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, cabe precisar que la norma invocada
resulta aplicable cuando se trate de recontratos por contratos modales, lo que
no se da en el presente caso pues del 01 de julio de 1997 al 31 de enero de 1998
el actor emitió recibos por honorarios que son de naturaleza civil. Sin perjuicio
de lo expuesto, en aplicación de los principios antes citados, y teniendo en
consideración que el demandante se encontró sujeto a un contrato de trabajo a
tiempo indeterminado desde el inicio de su relación laboral, la prestación de
servicios mediante recibos por honorarios implica desmejorar la situación
laboral del actor, lo cual trasgrede la correlación de principios referidos en e
considerando precedente que se encuentran legislados en nuestro
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ordenamiento jurídico; consecuentemente, la contratación civil del actor queda
sin efecto legal alguno.
DECIMO: En cuanto a los agravios formulados respecto a la base remunerativa
y el cálculo de los beneficios sociales amparados (compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones, vacaciones), se anexan los siguientes cuadros que
contienen el resultado de la revisión de los medios probatorios obrantes en
autos y las observaciones realizadas a la liquidación efectuada por el A quo en
la sentencia de primera instancia:
•
Compensación por tiempo de servicios.- Del estudio de autos, se
concluye que las horas extras forman parte de la base remunerativa del
actor en los periodos que corresponde de acuerdo a la liquidación
realizada por reintegro de compensación por tiempo de servicios que
resulta en la suma de S/7,084.39 (S/2,441.43 + S/4,642.96).
CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL REINTEGRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO
DE SERVICIOS.-
jun-91 solo percibió horas extras en enero y abril, no cumple regularidad (fs. 36 a 41).
oct-91 solo tuvo horas extras en set y oct (fs. 40 a 45).
nov y dic 1994 no hay boletas (fs. 81-82).
abr-05 solo percibió un mes de horas extras (fs. 198 a 203).
oct-05 no percibió horas extras.
Reserva monto depositado en bco. crédito 534.74 (fs. 325).
oct-94 la demandada le ha considerado período completo de 6 meses.
oct-12 el promedio de gratificación jul-2012 no incluye Ley 29351.
El documento de fojas 322 no acredita ningún pago por los beneficios allí considerados.
En la liquidación de fojas 323 el monto de 4000 como suma graciosa, corresponde a la gratificación de julio 97 ya
que
el demandante no reclama este pago que tampoco figura en el recibo de julio 97.
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REINTEGRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.-
CTS RESERVA ACUMULADA
Remun. Horas Promedio Remuner.
Del Al de Tiempo Básico Extras Gratificac. Computab. CTS
01/02/88 31/01/89 jun-91 1 año 164.49 11.17 175.66 175.66
01/02/89 31/01/90 jun-92 1 año 600.00 154.32 63.75 818.07 818.07
01/02/90 31/12/90 jun-93 11 m 1,100.00 884.05 178.62 2,162.67 1,982.44
Total 2,976.17
Pago fojas 325 534.74
Reintegro CTS 2,441.43
CTS DEPOSITOS SEMESTRALES Y MENSUALES
Horas Asignac. Promedio Remuner. Monto Reintegro Pago
Del Al Tiempo Básico Extras Familiar Gratificac. Computab. CTS Pagado CTS fojas
6
01/05/91 31/10/91 meses 399.49 60.83 460.32 230.16 224.00 6.16 326
6
01/11/91 30/04/92 meses 590.00 19.12 66.67 675.79 337.90 350.00 -12.11 342
6
01/05/92 31/10/92 meses 840.00 426.37 125.72 1,392.09 696.05 490.00 206.05 342
6
01/11/92 30/04/93 meses 925.00 832.70 231.51 1,989.21 994.61 526.58 468.03 327
6
01/05/93 31/10/93 meses 1,100.00 835.55 330.67 2,266.22 1,133.11 641.67 491.44 328
6
01/11/93 30/04/94 meses 1,500.00 646.56 384.34 2,530.90 1,265.45 875.00 390.45 329
6
01/05/94 31/10/94 meses 3,000.00 676.38 532.10 4,208.47 2,104.24 1,708.34 395.90 330
6
01/11/94 30/04/95 meses 3,000.00 628.09 3,628.09 1,814.05 1,750.00 64.05 331
6
01/05/97 31/10/97 meses 4,000.00 666.67 4,666.67 2,333.33 777.78 1,555.55 323
6
01/11/97 30/04/98 meses 4,000.00 666.67 4,666.67 2,333.33 999.99 1,333.34 332
ago-03 1 mes 4,000.00 4,000.00 333.20 333.33 -0.13 333
feb-04 1 mes 4,500.00 4,500.00 374.85 375.00 -0.15 334
6
01/11/04 30/04/05 meses 4,500.00 750.00 5,250.00 2,625.00 2,625.00 0.00 335
6
01/05/12 31/10/12 meses 6,500.00 75.00 1,083.33 7,658.33 3,829.17 4,084.79 -255.62 336
TOTAL 4,642.96
•
Gratificaciones.- Cálculo del reintegro de gratificaciones por la incidencia
de las horas extras en la base remunerativa del actor según corresponde
al detalle del siguiente cuadro, que resulta en el monto de S/3,854.63.
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Horas Gratifi Monto Reintegro Pago
Períodos Tiempo Básico Extras cación Pagado Gratificac. Fojas
jul-92 6 meses 600.00 154.32 754.32 600.00 154.32 54
dic-92 6 meses 840.00 549.08 1,389.08 840.00 549.08 59
jul-93 6 meses 1,100.00 884.05 1,984.05 1,100.00 884.05 66
dic-93 6 meses 1,500.00 806.04 2,306.04 1,500.00 806.04 71
jul-94 6 meses 2,500.00 692.58 3,192.58 2,500.00 692.58 78
dic-94 6 meses 3,000.00 768.56 3,768.56 3,000.00 768.56 344
dic-97 6 meses 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 116
TOTAL 3,854.63
•
Vacaciones.- De la revisión de los medios probatorios obrantes en autos
conforme al detalle que se anexa en el siguiente cuadro, le corresponde al
actor la suma de S/108,955.00 por concepto de vacaciones simples e
indemnización vacacional.
1988-1989 No hay documento que acredite goce ni pago.
1989-1990 No apela estos años.
1990-1991 No apela estos años.
1991-1992 La demandada si reconoce el pago de la indemnización fojas 442.
1992-1993 La demandada si reconoce el pago de la indemnización fojas 442.
1993-1994 La demandada si reconoce el pago de la indemnización fojas 442.
1994-1995 La demandada si reconoce el pago de la indemnización fojas 442.
El memo de fojas 364 dice que saldrá del 24-12 al 01-01-97 por 9 días, el demandante sólo
1995-1996 ha disminuido los días porque sab,dom y 1 era de descanso.
1996-1997 Pago en liquidación a fojas 323.
No se acredita pago de estas vacaciones, en la sentencia dice que le otorga conforme a fojas
1997-1998 343 pero sólo le da la indemnización.
1999-2000 No acredita el descanso de los 28 días.
2000-2001 No acredita el descanso de los 15 días.
2001-2002 No acredita el descanso de los 15 días, a fojas 442 dice coincide.
2002-2003 No acredita pago, conforme dice demandante en feb-04 figura 14 días trabajados.
2003-2004 No acredita pago.
2004-2005 No acredita pago.
2005-2006 No acredita el descanso de los 15 días, a fojas 442 dice "coincide".
2006-2007 No acredita el descanso de los 15 días, en boleta de feb-2007 figura 15 días laborados.
2007-2008 No acredita la demandada que gozó dentro del plazo.
No acredita la demandada que gozó dentro del plazo, en la boleta de marzo-09 figura 15 días
2008-2009 laborados.
2009-2010 No acredita el descanso de los 15 días, en boleta de marzo 2010 figura 15 días laborados.
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Vacaciones Indemniz. TOTAL
Períodos Días Simples Vacacional VACACIONES
1988-1989 30 7,075.00 7,075.00 14,150.00
1989-1990 0 0.00 0.00 0.00
1990-1991 0 0.00 0.00 0.00
1991-1992 30 0.00 7,075.00 7,075.00
1992-1993 30 0.00 7,075.00 7,075.00
1993-1994 30 0.00 7,075.00 7,075.00
1994-1995 30 0.00 7,075.00 7,075.00
1995-1996 24 5,660.00 5,660.00
1996-1997 0 0.00 0.00 0.00
1997-1998 30 7,075.00 7,075.00 14,150.00
1999-2000 28 6,603.33 6,603.33
2000-2001 15 3,537.50 3,537.50
2001-2002 15 3,537.50 3,537.50
2002-2003 29 6,839.17 6,839.17
2003-2004 15 3,537.50 3,537.50
2004-2005 30 7,075.00 7,075.00
2005-2006 7 1,650.83 1,650.83
2006-2007 15 3,537.50 3,537.50
2007-2008 4 943.33 943.33
2008-2009 25 5,895.83 5,895.83
2009-2010 15 3,537.50 3,537.50
TOTAL 108,955.00
DECIMO PRIMERO: Sobre la naturaleza compensatoria de los S/28,000.00 que
alega haber pagado la demandada a favor del actor.- El artículo 57° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR establece: “Si el trabajador al momento que se extingue su
vínculo laboral o posteriormente, recibe del empleador a título de gracia, en forma
pura, simple e incondicional, alguna cantidad o pensión, éstas se compensarán de
aquéllas que la autoridad judicial mande pagar al empleador como consecuencia de la
demanda interpuesta por el trabajador. Para que proceda la compensación debe constar
expresamente en documento de fecha cierta que la cantidad o pensión otorgada se
efectúa conforme con lo establecido en el párrafo precedente, o en las normas
correspondientes del Código Civil. Las sumas que el empleador entregue en forma
voluntaria al trabajador como incentivo para renunciar al trabajo, cualquiera sea la
forma de su otorgamiento, no son compensables de la liquidación de beneficios sociales o
de la que mande pagar la autoridad judicial por el mismo concepto.".
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DECIMO SEGUNDO: Para que una suma entregada por el empleador al cese
del trabajador o posteriormente, en calidad de gratificación extraordinaria
compense algún adeudo del empleador, esta voluntad debe ser señalada
expresamente en un documento. Dentro de este contexto, de la revisión de
autos no obra documento alguno que acredite el pago por este concepto, motivo
por el cual la compensación económica deducida resulta improcedente como así
lo ha señalado el Juez de primera instancia; correspondiendo confirmar este
extremo y desestimar los agravios de la demandada.
DECIMO TERCERO: Estando a que la demandada no ha demostrado haber
pagado los beneficios sociales liquidados en la presente resolución, le
corresponde al actor la suma de S/119,894.02 soles que comprende los
siguientes conceptos: S/7,084.39 por compensación por tiempo de servicios,
S/3,854.63 por gratificaciones, y S/108,955.00 por vacaciones.
DECIMO CUARTO: Respecto a los costos procesales, el artículo 31° de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 sobre contenido de la sentencia
señala: "(...) El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no
requieren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso
pronunciamiento en la sentencia.". En la determinación de los costos procesales se
debe tener en cuenta las circunstancias objetivas propias de cada proceso de
conformidad con los artículos 410° y 412° del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria al caso de autos, entre ellas, i) la cuantía del asunto
decidido; ii) la dificultad de las cuestiones debatidas; iii) el grado del éxito
obtenido; iv) la duración del proceso, que implica tener en cuenta las instancias
recurridas; y, v) las pretensiones que han sido amparadas; esto con el fin de
cautelar la escrupulosa observancia y respeto de normas de carácter imperativo,
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el orden público y las buenas costumbres, de allí que resulte perfectamente
posible que el monto por costos procesales pueda ser fijado por el Juez en
cantidad igual a la abonada al abogado de la parte vencedora o en una cantidad
menor, no siendo único criterio para la fijación |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 22° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : SERPA VERGARA DE CRUZ ROSA ADRIANA
ESPECIALISTA : MATTA GIRALDO ROMAN EDWIN
DEMANDADO : RED STAR DEL PERU SA,
DEMANDANTE : ORDOÑEZ ALIAGA, MELECIO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO
Lima, cinco de septiembre del año dos mil dieciséis.
VISTOS:
El escrito de apelación, ingresado por mesa de partes (C.D.G.) el 20 de julio 2016 y
recepcionado este órgano jurisdiccional (Secretaría), con fecha 09 de agosto del 2016.
En tal sentido, se procede a dar cuenta en la fecha, por cuanto los autos permanecían en
el archivo modular; así mismo, se toma en consideración la vasta la carga procesal que
afronta esta secretaría y conforme al orden de ingreso de escritos y demandas.-
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a través del escrito que se provee mediante la presente la parte
demandada ha cumplido con subsanar su escrito de impugnación de la Sentencia recaída
en autos, mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda.
SEGUNDO: Que, estando a lo invocado, es de verse que a través del artículo 32° de la
Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha previsto que: "El plazo de apelación
de la sentencia es de cinco días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente
de la audiencia o de citadas las partes para su notificación". Por otro lado, el artículo
367° del Código Procesal Civil señala que "La apelación debe ser interpuesta dentro
del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el
recibo de tasa judicial respectivo cuando ésta fuere exigible…"; asimismo, el artículo
366° del Código citado señala que "El que interpone una apelación debe
fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución,
precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria".
Siendo así, se advierte que el medio impugnatorio dado cuenta mediante la presente, fue
presentado dentro del quinto día hábil conforme se observa en autos; verificándose
además, que está anexando el comprobante de pago del arancel judicial correspondiente,
cumpliendo así con la formalidad prevista en el artículo 32° de la Ley 29497; habiendo
cumplido también, con precisar los agravios y expresar sus pretensiones impugnatorias,
conforme a lo estipulado en el citado artículo 366° del Código Adjetivo, razón por la
cual corresponde estimar lo invocado.
SE RESUELVE: • CONCEDER el recurso de apelación CON EFECTO SUSPENSIVO y SIN LA
CALIDAD DE DIFERIDA interpuesto por la demandada, contra la Sentencia
contenida en la Resolución N° 02 de fecha 25 de mayo del 2016; debiendo
elevarse los presentes autos al Superior Jerárquico, una vez cumplido el acto de
notificación de la presente.
• NOTIFICAR la presente a las partes procesales.- |
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EXPEDIENTE : 25318-2015-0-1801-JR-LA-09
MATERIA : DERECHOS LABORALES
ESPECIALISTA : MATTA GIRALDO ROMAN EDWIN
DEMANDADO : RED STAR DEL PERU SA ,
DEMANDANTE : ORDOÑEZ ALIAGA, MELECIO
RESOLUCION NÚMERO DOS.-
Lima, veinticinco de mayo del dos mil dieciséis.-
VISTOS:
En Audiencia de Juzgamiento, oído los alegatos finales de ambos abogados de
las partes, RESULTA DE AUTOS: Mediante escrito que corre de fojas 339 a
350, don MELECIO ORDOÑEZ ALIAGA, interpone demanda en la Vía
Proceso Ordinario contra RED STAR DEL PERÚ, sobre Pago de Beneficios
Sociales, siendo el estado del proceso el de emitir la sentencia correspondiente.
I. PARTE EXPOSITIVA
I.I. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SUS FUNDAMENTOS DE
HECHO
El demandante basa su demanda manifestando, que ingresó a laborar para la
demandada el día 01 de febrero de 1988 hasta el 15 de setiembre de 2014,
desempeñando el cargo de Jefe de Informática y percibiendo como última
remuneración la suma de S/. 7,075.00 soles; precisa además que por decisión
de la demandada entre el 01 de julio de 1997 hasta el 31 de enero de 1998 se le
sacó de planillas y se le requirió la entrega de recibos de honorarios
profesionales y bajo este argumento, en dicho período no le pagaron los
beneficios sociales de ley; sin embargo, señala que por el principio de primacía
de la realidad también formaba parte de su relación laboral, no habiendo
discontinuidad, sino por el contrario absoluta continuidad, toda vez que
desarrolló las mismas funciones dependientes y permanentes del cargo y bajo la
mismas relación de subordinación; por lo que, tal periodo también es una
relación de carácter laboral, por lo tanto, le corresponde los derechos y
beneficios que de ella se derivan.
I.II. PRETENSIONES Y FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, La demandada manifiesta que desde el año 2012, el 80% del accionariado de la
Red Star del Perú S.A. fue adquirido por el Grupo Empresarial Levapan, y que
aunque no tenga responsabilidad directa por los actos u omisiones de la
administración anterior asume la responsabilidad de los actos jurídicos
realizados por la anterior administración conforme a ley. Refiere también, que
el demandante Melecio Ordoñez Aliaga, ingresó a laborar a Red Star del Perú
S.A. con fecha 1 de febrero de 1988, cesando el 30 de junio de 1997 por acuerdo
entre las partes, según liquidación de beneficios sociales; precisa también que el
motivo de cese fueron por problemas económicos y societarios que tuvo la
empresa en ese tiempo, en la que se cesaron varios trabajadores de la empresa.
Asimismo, señala que el demandante reingresó el 2 de febrero de 1998 y cesó
el 15 de setiembre de 2014, habiéndole reconocido la empresa al cese la
indemnización por despido arbitrario, suma adicional por el cese, así como
liquidándole el resto de sus beneficios sociales. Por otro lado, alega que al no
existir continuidad laboral con el actor, los supuestos beneficios sociales
pendientes de pago; y considerando la fecha de su cese el 30 de junio de 1997
estos beneficios laborales ya habrían prescrito.
II. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y JUZGAMIENTO
La audiencia de conciliación se realizó en la fecha y hora programada en la que
al no existir conciliación alguna, se fijaron las pretensiones objeto del proceso, y
se citó a audiencia de juzgamiento, la misma en la que se efectuaron todas las
etapas que concentra dicha diligencia como la confrontación de posiciones,
actuación probatoria, alegatos, por lo que se procede a emitir la sentencia en los
siguientes términos;
III. ANALISIS DEL CASO:
PRIMERO.- De la finalidad del proceso:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar
una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los
derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social
en justicia.
Asimismo de acuerdo a lo señalado por el artículo primero del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en vía supletoria para el caso de
autos, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido
proceso.-
SEGUNDO.- De la carga de la prueba:
El artículo 23 de la Ley 29497 señala que corresponde a las partes probar sus
afirmaciones y esencialmente:
Al trabajador:
1.- La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen
distinto al constitucional o legal.
2.- El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
3.- La existencia del daño alegado.
Al Empleador:
1.- El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
2.- La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
3.- El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
TERCERO.- Objeto de la controversia:
La controversia se circunscribe en:
1) Determinar si corresponde que la demandada le pague al actor la suma
de S/. 160,148.06 soles, por concepto de reintegro de Compensación por
Tiempo de Servicios, pago de vacaciones y reintegro de gratificaciones.
CUARTO.- De la Excepción de Prescripción Extintiva:
4.1 Que, la prescripción es un instituto procesal por el cual se extingue la
posibilidad de interponer una acción debido a la inactividad del titular de un
derecho subjetivo en un determinado plazo.
4.2 Que, la demandada mediante escrito de contestación propone la excepción
de prescripción, excepción que fue sustentada en la audiencia de Juzgamiento
(minuto 19:38), donde señala que el demandante laboró para su representada,
primero desde el 01 de febrero de 1988 al 30 de junio de 1997 y después del 02
de febrero de 1998 al 15 de setiembre de 2014; por lo que, al no existir
continuidad laboral, y considerando la fecha de cese del primer período, 30 de
junio de 1997, los supuestos beneficios sociales pendientes de pago habrían
prescrito. 4.3 Al respecto, resulta pertinente señalar que de acuerdo a reiteradas y
uniformes ejecutorias de las Salas Laborales de Lima, las reclamaciones de
carácter laboral resultan exigibles a partir del día siguiente en que se produce el
cese del trabajador; criterio recogido en la Primera Disposición complementaria
y Transitoria de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por el Decreto Supremo 03-97TR. Publicada en el diario oficial el Peruano el 27
de marzo de 1997, aplicable al caso concreto, por el principio de temporalidad
de la norma, pues se encontraba vigente a la fecha (hoy derogado), que según la
tesis de la demandada, cesó por primera vez el demandante el 30 de junio de
1997, en dicha disposición se establecía que: “Las acciones por derechos derivados
de la relación laboral prescriben a los tres (3) años, desde que son exigibles.
4.4 Que, para efectos de resolver la excepción de prescripción propuesta por la
emplazada, se hace necesario determinar, sí como afirma el demandante no
hubo solución de continuidad desde su fecha de ingreso el el 01 de febrero de
1988 hasta su fecha de cese el 15 de setiembre de 2014, o como señala la
demandada que el actor cesó una primera oportunidad el 30 de junio de 1997.
4.5 No existe discrepancia entre las partes, que el demandante ingresó a laborar
para la demandada el 01 de febrero de 1988, bajo contrato a plazo
indeterminado, conforme se acredita con las Boletas de Pago (fojas 4 al 11), sin
embargo, según la hoja de Liquidación de Beneficios Sociales (fojas 323) se le
liquidó sus beneficios sociales, indicando como fecha de cese 30 de junio de
1997, que el motivo fue por acuerdo de Partes, abonándole como
indemnización S/.777.78, vacaciones periodo 1997 S/.4000.00 y una suma
graciosa otorgada por retiro artículo 57 del TUO S/.4000.00;
4.6 No obstante que se indica que el actor cesó el 30 de junio de 1997, ambas
partes están de acuerdo que no existió solución de continuidad, pero a partir
del 01 de julio de 1997 al 31 de enero de 1998, al actor se le consideró sujeto a un
contrato de naturaleza civil, conforme se acredita con los recibos por honorarios
de los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de
1997 y enero de 1998;
4.7 La demandada no ha aportado documento alguno que acredite que las
condiciones del servicio del actor variaron sustancialmente, dejando de ser
subordinado y que realizó otros servicios a los que comúnmente realizaba como
trabajador subordinado, menos existe contrato de locación de servicios donde
se especifique para que efectos se le contrataba bajo dicha modalidad.
4.8 Que, además, el demandante tenía la calidad de trabajador a tiempo
indeterminado, bajo el régimen privado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 78, del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto
Supremo 03-97TR., “Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser
recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en este Título, salvo que haya
transcurrido un año del cese.”, es decir, sí fuera cierta la tesis de la demandada, en
el sentido que el trabajador cesó, por aplicación extensiva de la norma citada, no
podía contratar al demandante bajo una modalidad que afecte sus derechos
laborales, que no solo tiene una incidencia económico sino también en la
continuidad y estabilidad en el trabajo.
4.9 Además debe tenerse presente los principios laborales de irrenunciabilidad
derechos, que constituye un elemento central en el ordenamiento laboral, el
mismo que tiene como finalidad restarle eficacia a la privación voluntaria por el
trabajador de sus derechos laborales reconocidos a nivel legal o convencional,
principio constitucional que se encuentra recogido en el inciso 2) del artículo
26° de la Constitución Política de 1993; en consecuencia, estando que antes de la
suscripción del contrato civil entre el demandante y la demandada, ya existía
una relación de índole laboral, traería como consecuencia que el contrato civil
con posterioridad quede sin efecto legal alguno; por lo tanto, estando a ello, el
hecho que el demandante haya otorgado recibos de honorarios por el periodo
del 01 de julio del 1997 al 31 de enero del 1998, no desvirtúa que la verdadera
naturaleza del contrato continuó siendo laboral, considerándola como tal para
todos los efectos,
4.10 Por otro lado, también se observa de los documentos presentados que del
02 de febrero de 1998 al 15 de setiembre de 2014,el actor siguió laborando para
la demandada bajo un contrato de naturaleza laboral, conforme es de verse de
las boletas de pago, obrante a fojas 2, 3 y 118 al 321, y la hoja de liquidación de
beneficios sociales obrante a foja 324; que siendo ello así, por el principio de
continuidad debe considerarse que el demandante realizo sus labores en forma
continua y permanente, bajo contrato de naturaleza laboral a plazo
indeterminado, por lo que debe establecerse una sola relación laboral única
desde el 01 de febrero de 1988 al 15 de setiembre de 2014; en consecuencia, al
no haber existido solución de continuidad deviene en INFUNDADA la
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN formulada por la demandada
QUINTO.- CON RESPECTO AL TEMA DE FONDO
REINTEGRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS -
CTS:
5.1. Que, el demandante solicita el reintegro del pago por concepto de
Compensación por Tiempo de Servicios de los depósitos anuales por el período de 1988 a 1989, 1989 a 1990, 1990 a 1991, de los depósitos semestrales de los
períodos de mayo 1991/ octubre 1991, noviembre de 1991/ abril de 1992, mayo
1992/ octubre 1992, noviembre1992/abril1993, mayo 1993/ octubre 1993,
noviembre 1993/abril 1994, mayo1994/octubre1994, noviembre 1994/ abril
1995, mayo1997/ octubre1997, noviembre 1997/abril1998; depósitos
mensuales: agosto 2003 y febrero 2004; depósitos semestrales: noviembre2004/
abril 2005 y mayo 2012/ octubre 2012; alegando que se le ha efectuado un pago
diminuto, por cuanto no se ha establecido la remuneración computable correcta
(audiencia de juzgamiento minuto 03:44). Por otro lado, la demandada señala
que ha liquidado conforme a ley los depósitos de Compensación por Tiempo de
Servicios, semestrales de todos sus trabajadores, por lo que este extremo no
tendría sustento.
5.2. Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, la Compensación
por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y
su familia; que, el artículo 9º de esta ley señala que es remuneración computable
la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el
trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación de su labor,
cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre
disposición.
5.3. En cuanto al período del 01 de febrero de 1988 al 31 de diciembre de 1990,
debe considerarse que para la reserva acumulada al 31 de diciembre de 1990, se
consideran los topes indemnizatorios contemplados en las normas vigentes en
aquella oportunidad. Que, la Ley Nº 25223 del 06 de Marzo de 1990 ha
señalado que: "A partir del 01 de Enero de 1990, la compensación por tiempo de
servicios de los trabajadores empleados, sujetos a la Ley N° 4916, sus ampliatorias y
modificatorias, que ha ingresado a laborar con posterioridad al 11 de Junio de 1962, se
calculará sobre la base del último sueldo, incluido todas las bonificaciones que perciba,
por cada año de servicios, considerando que pasado 3 meses se calculará como un año
más de servicios (Art. 1º). Por el período anterior al 01 de enero de 1990, los
trabajadores comprendidos en el artículo precedente, que continúen prestando servicios
a la fecha de vigencia de la presente Ley, percibirán su compensación por tiempo de
servicios en la forma siguiente: a) Por el período comprendido entre el 12 de Julio de
1962 y el 30 de Setiembre de 1979, la compensación no excederá de un Ingreso Mínimo
Legal vigente al término de la relación laboral, por cada año de servicios; y, b) Por el
período comprendido entre el 01 de octubre de 1979 y el 31 de diciembre de 1989, la
compensación se calculará sobre la última remuneración percibida, con un tope máximo
de diez (10) Ingresos Mínimos Legales que estuvieran vigentes a la fecha del cese (Art.
2º). Lo dispuesto por el artículo 1° precedente, alcanza a los trabajadores mencionados en dicho artículo, que estuvieran laborando a la publicación de esta Ley (Art. 3º). El
Ingreso Mínimo Legal se indexará a partir del 01 de Enero de 1990 para efectos del
cálculo indemnizatorio, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor de la Provincia
de Lima (Art. 4)”. Así también la Tercera Disposición Transitoria del Decreto
Supremo Nº 001-97-TR prescribe: “Cada período de los establecidos en las Leyes Nº
23707 y 25223 se calculará por separado; toda fracción de año, se calculará por dozavos
y toda fracción de mes por treintavos”.
5.4 Que, de conformidad a lo expuesto se determina: a) Que, del 01 de febrero
de 1988 al 31 de diciembre de 1989 por 01 año y 11 meses, tomando como
referencia el tope indemnizatorio de 10 Ingresos Mínimos Legales Indexados
equivalente a S/. 698.8 (69.88 x10 año 1991), b) del 01 de enero de 1990 al 31 de
diciembre de 1990, por 01 año, sin tope establecido por el dispositivo legal en
referencia, por lo que se ha procedido al cálculo tomando como referencia la
última remuneración básica percibida en junio de 1993 de S/. 1,100.00 ( según
boleta de pago a foja 65)
5.5 respecto al período mayo 1991/octubre 1991, noviembre 1991/abril1992,
mayo1992/octubre1992, noviembre 1992/abril1993, mayo 1993/octubre/1993,
noviembre1993/abril 1994, mayo1994/ octubre1994, noviembre 1994/abril1995,
mayo1997/octubre1997, noviembre1997/abril 1998, resulta aplicable la
modalidad de depósitos semestrales.
5.6 Que, por los periodos laborados de agosto de 2003 y febrero de 2004, resulta
aplicable en un primer momento la modalidad de depósitos mensuales
establecido por el Decreto de Urgencia Nº 127-2000 ampliado en su plazo por el
Decreto de Urgencia Nº 115-2001, Decreto de Urgencia N° 019-2002, Decreto de
Urgencia N° 013-2003 y Decreto de Urgencia N° 024-2003, los mismos que
debían realizarse a razón del 8.33% de la remuneración percibida en el mes
respectivo;
5.7. posteriormente se retorna a la liquidación en forma semestral, por lo tanto
los período de noviembre 2004/ abril 2005 y mayo 2012/ octubre 2012 se debe
liquidar conforme a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR y la
Quinta Disposición Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 004-97-TR,
considerando que la remuneración computable está compuesta por la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el
trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera
que sea la denominación que se le dé, siempre que sean de su libre disposición,
excluyéndose las remuneraciones contenidas en los artículos 19 y 20 de la citada
norma; determinándose en base a tantos dozavos de la remuneración computable que perciba el trabajador en los meses de Abril y Octubre de cada
año respectivamente; como meses completos haya laborado en el semestre
respectivo; la fracción de mes se depositará por treintavos; considerándose con
respecto al promedio de gratificaciones de acuerdo al artículo 18º del Decreto
Legislativo Nº 650 y su Sétima Disposición Transitoria un sexto de la
gratificación percibida durante el semestre; asimismo, los otros conceptos que
no se percibe en forma regular en cuanto a monto o periodicidad, como las
horas extras, deben ser considerados el promedio en el semestre respectivo.
5.8. Que, es preciso señalar que si bien se le requirió a la emplazada que exhiba
los depósitos y/o estado de cuenta del demandante a fin de acreditar el pago de
este concepto; sin embargo, la demandada no ha cumplido con dicho
requerimiento; en consecuencia, se debe tener presente la conducta procesal de
la demandada y por cierto la liquidación efectuada por el demandante en su
escrito de demanda con respecto a este concepto, tal como se determinó en la
audiencia de juzgamiento (minuto 11:00); por lo tanto, bajo estas
consideraciones se procede a liquidar la Compensación por Tiempo de Servicios
del demandante procediendo a descontar los depósitos efectuados por la
demandada, y expresamente lo señala el actor en su liquidación en
consecuencia le corresponde al demandante un reintegro por este extremo por
la suma de S/.2,083.66 soles, reserva acumulada y S/3,022.21 soles, por los
depósitos semestrales y mensuales, que hacen un total de S/.6231.36 Soles; de
acuerdo al siguiente detalle.
REMUNERACIONES PERCIBIDAS
PERIODO MES SUELDO HORAS PROMEDIO REMUN. Periodo Laborado DEPOSITO (-) pgos. Reintegro
BASICO E. EXT. GRATIF. COMPUTABLE Años Meses Días CTS cta. C.T.S
01-02-88 al
31-01-89 junio-91 164.49 18.33 182.82 1 182.82 182.82
01-02-89 al
31-01-90 junio-92 600.00 63.75 663.75 1 663.75 663.75
01-02-89 al
31-12-90 junio-93 1,100.00 712.90 120.00 1,932.90 11 1,771.83 -534.74 1,237.09
TOTAL 2,618.40 2,083.66
PERIODO SUELDO IMP. HOR. Asig. PROM. REMUN. Periodo Laborado DEPOSITO (-) pgos REINTEG.
BASICO EXTRAO. familiar GRATIF. COMPUT. Meses Días CTS cta. CTS
octubre-91 399.49 60.83 460.32 6 230.16 -224.00 6.16
abril-92 590.00 66.67 656.67 6 328.33 -350.00 0.00
octubre-92 840.00 426.32 100.00 1,366.32 6 683.16 -490.00 193.16
abril-93 925.00 834.03 140.00 1,899.03 6 949.52 -526.58 422.94 octubre-93 1,100.00 693.20 183.33 1,976.53 6 988.27 -641.67 346.60
abril-94 1,500.00 646.56 183.33 2,329.89 6 1,164.95 -875.00 289.95
octubre-94 3,000.00 416.67 3,416.67 3 854.17 -1,708.34 0.00
abril-95 3,000.00 500.00 3,500.00 6 1,750.00 -777.78 972.22
octubre-97 4,000.00 666.67 4,666.67 6 2,333.33 -1,750.00 583.33
abril-98 4,000.00 666.67 4,666.67 6 2,333.33 -999.99 1,333.34
agosto-03 4,000.00 4,000.00 1 333.20 -333.33 0.00
febrero-04 4,500.00 4,500.00 1 374.85 -375.00 0.00
abril-05 4,500.00 750.00 5,250.00 6 2,625.00 -2,625.00 0.00
octubre-12 6,500.00 75.00 1,095.83 7,670.83 6 3,835.42 -4,084.79 0.00
TOTAL S/. 4,147.70
SEXTO.- GRATIFICACIONES:
6.1 Que, las gratificaciones es un derecho que se abona a todos los trabajadores,
a razón de dos gratificaciones al año, una por fiestas patrias y la otra por
navidad, en el monto equivalente a la remuneración percibida en la
oportunidad que corresponda otorgar dicho beneficio.
6.2 Que, conforme se advierte de la liquidación efectuada por el demandante,
solicita el reintegro de las gratificaciones de julio y diciembre de 1992, julio y
diciembre de 1993, julio y diciembre de 1994 y diciembre de 1997; por cuanto
señala, que hay un error en establecer la remuneración computable; toda vez
que no se ha contemplado los pagos de horas extras (audiencia de juzgamiento
minuto 04:00).
6.3 Que, estando con vista de las boletas de pago de los meses de julio y
diciembre de 1992 (foja 54 y 59), julio y diciembre de 1993 (foja 66 y 71) ,julio
(foja 78) y diciembre de 1994, se advierte que si bien es cierto, la demandada ha
cumplido con cancelar al actor su gratificaciones; sin embargo, se advierte que
la suma percibida por dicho concepto, no se ha considerado el monto percibido
por concepto de horas extras; siendo así, la remuneración computable para la
liquidación de este beneficio debió establecerse en base al promedio de las
horas extras y su sueldo básico percibido por el trabajador en el semestre
respectivo.
6.4 En cuanto a la gratificación diciembre de 1997, estando que se ha
determinado precedentemente que el actor estuvo sujeto a un contrato laboral
continuado desde 02 de febrero de 1998 al 15 de setiembre de 2014, le
correspondía percibir la gratificación de diciembre de 1997; sin embargo, debe
advertirse del Recibo de Honorarios que obra a folio 116, en el mes de
diciembre de 1997, fecha en que corresponde pagar la gratificación de Navidad,
se le abona la suma de S/.8000.00, es decir, una remuneración adicional a los S/.4,000,00 que percibía mensualmente, lo que lleva a concluir que ello
corresponde a la gratificación, y dada la modalidad que se le estuvo pagando
sus remuneraciones, no se especificó el concepto, desconocer este pago sería
admitir el abuso del derecho, lo que está prohibido de conformidad con el
artículo II del Título Preliminar del Código Civil, por lo tanto no le corresponde
reintegro de gratificación de diciembre de 1997;
6.5 Estando a ello, y no habiendo acreditado la demandada haber otorgado
dichas gratificaciones con la remuneración computable correcta, este despacho
considera establecer como remuneración computable la remuneración básica
del demandante más el promedio de horas extras percibidas, en los meses de
julio y diciembre, teniendo como referencia las boletas de pago (fojas 54, 59, 66,
71, 78) y el recibo por honorarios (fojas 116); en consecuencia, corresponde por
este extremo la suma de S/.3,292.21 soles, de acuerdo al siguiente detalle:
Gratificaciones
Gratificación Tiempo Efectivo Básico Horas Extraor. Rem. Com. (-) pgos. a cta. Reint. Gratific.
jul-92 06M 600.00 154.32 754.32 -600.00 154.32
dic-92 06M 840.00 541.27 1,381.27 -840.00 541.27
jul-93 06M 1,100.00 884.55 1,984.55 -1,100.00 884.55
dic-93 06M 1,100.00 628.00 1,728.00 -1,100.00 628.00
jul-94 06M 2,500.00 692.58 3,192.58 -2,500.00 692.58
dic-94 06M 3,000.00 391.49 3,391.49 -3,000.00 391.49
dic-97 06M 4,000.00 4,000.00 -4,000.00 0.00
TOTAL S/ 3,292.21
SETIMO.- VACACIONES:
7.1. Que, habiéndose acreditado que el actor se encontraba sujeto a un vínculo
de naturaleza laboral continuada con la demandada desde 02 de febrero de
1998 al 15 de setiembre de 2014 y estando de conformidad a lo establecido por
el Decreto Legislativo Nº 713, que en sus artículos 10º, 22º y 23°, señala que el
trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por
cada año completo de servicios, y en caso de no hacer uso de su derecho
vacacional tiene derecho a que se le abone, una remuneración por el trabajo
realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado
y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado
del descanso, y por el periodo en que aún no ha vencido el año siguiente en el
que podía hacer uso de su descanso vacacional, se le abona una remuneración y
un monto proporcional por el periodo trunco siendo el monto de las
remuneraciones indicada el que se encuentre percibiendo el trabajador en la
oportunidad en que se efectúe el pago. 7.2. Que, de acuerdo al inciso 12.1 del artículo 12 de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo- 29497 se establece que: “ En los procesos laborales por audiencias las
exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la
base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia.”, y si
bien el demandante ha señalado en su escrito de demanda que solicita el pago
de la remuneración vacacional de los períodos 1988/1989 1989/1990, 1990/1991
y 1997/1998; sin embargo mediante audiencia de juzgamiento (minuto 5:25), el
demandante ha reconocido que los períodos 1989/1990 y 1990/1991 le han sido
cancelados; por lo tanto, se debe tener presente y se debe continuar la
controversia respecto a los períodos 1988/1989 y 1997/1998.
7.3. Que, con vista de la hoja de Liquidación de Beneficios Sociales (foja 323), se
aprecia que la demandada cumplió con pagarle al actor la remuneración
vacacional del período 1997 en la suma de S/. 4,000.00 soles; que siendo así, se
debe tener por cancelado dicho período; en cuanto al período 1988/1989,
también se encuentra acreditado con el libro de vacaciones, a fojas 21; por lo
que, no existiendo monto pendiente de pago por este concepto se declara
improcedente este extremo demandado
OCTAVO.- INDEMNIZACIÓN VACACIONAL:
8.1. Que, conforme se advierte del escrito de demanda el actor solicita el pago
de la indemnización vacacional de los períodos 1988/1989, 1989/1990,
1990/1991, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995,
1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010; por otro lado, en la continuación de la audiencia de
juzgamiento (minuto 33:40), el representante de la demandada reconoce que se
le adeuda al demandante por este concepto los períodos 1990/1991, 1991/1992,
1992/1993, 1993/1994, 1994/1995; siendo ello así, se debe tener presente al
momento de efectuar la liquidación; asimismo se precisa, que el período 1998-
1999 no ha sido demandado, conforme lo indicó la demandada en sus alegatos
finales.
8.2. Que, el sustento principal del demandante es no haber gozado del descanso
físico de sus vacaciones dentro del año siguiente al obtenido el record
vacacional, en algunas oportunidades su descanso lo realizó sólo por algunos
días, por ello, reclama en algunos casos sólo por el tiempo que no hiso uso
oportuno de sus vacaciones. 8.3. Que, estando a que el demandante en su demanda al realizar la liquidación
de este extremo, y en la audiencia de Juzgamiento ha precisado, que sí gozo de
vacaciones, pero estos fueron extemporáneos, debe considerarse que el literal c)
del artículo 23° del Decreto Legislativo N° 713, prevé el pago de la
indemnización, si no se gozó de las vacaciones dentro del año siguiente, ha
obtenido el derecho, es decir, el hecho que luego su empleadora le diera
vacaciones, no lo libera de pagarle la indemnización respectiva, en ese sentido
ya se ha pronunciado en uniforme jurisprudencia la Corte Suprema, como en la
Casación N° 2049-2009-Lima, publicada en el Peruano , el 31 de enero del 2011,
que señala en su Octavo Considerando: “que la norma obliga al empleador a
conceder al trabajador su descanso anual remunerado dentro del año siguiente a aquel
en que adquiere el derecho a u goce, sancionando tal incumplimiento (…) es decir, aun
cuando el empleador en forma posterior a dicho periodo otorgue en forma tardía el
descanso vacacional ganado por el trabajador, esto no libera del pago de la
indemnización reconocida, pues por su naturaleza constituye un modo de reparar la
falta de descanso oportuno del trabajador luego de dos años de servicios
ininterrumpidos;
8.4. Que, en el caso de autos, teniendo en cuenta las pruebas actuadas de oficio
y las ofrecidas por las partes, se advierte que el actor si gozo de vacaciones por
los periodo 1988-1989, 1989-1990 en su oportunidad, como se desprende del
libro de vacaciones a folio 21 y 24;
8.5. Que, con respecto a los período 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000,
2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 no obra documento que acredite que el goce de
sus vacaciones haya sido tomado oportunamente, por lo que se debe tomar
como cierto los días consignados por el demandante en su liquidación (folio
343);
8.6. Con respecto, a los períodos 2000-2001, obra el Memorando de fecha 10 de
marzo del 2001 (folio 47- file), donde el mismo demandante indica que hará uso
de su descanso vacacional, de acuerdo a ley por 15 días, lo que corrobora lo
afirmado por el demandante en su demanda, que restaría 15 días, que no gozó
oportunamente, teniendo en cuenta que su récord vacacional se cumplía cada
01 de febrero;
8.7. Por los periodos 2002-2003, 2006-2007, 2007-2008 y 2009-2010 se verifica del
Memorando de fecha 31 de febrero de 2004 (folio 43- file), Memorando de fecha
11 de enero de 2008 (folio 31), Memorando de fecha 02 de febrero de 2009 (folio
30-file) y Memorando de fecha 18 de marzo de 2010 (folio 22-file)
respectivamente, que el actor gozó de sus 30 días de vacaciones, lleva a esta convicción del Juzgado, el hecho que siendo el demandante Jefe de Sistemas, no
indique en dichos documentos, que las vacaciones corresponde a periodos
vencidos en exceso, vale decir, fuera del año siguiente al que correspondía hacer
uso del descanso vacacional.
8.7. Por el período 2003-2004, obra el memorando de fecha 24 de mayo de 2004
(folio 42- file), en donde se advierte que le fueron reconocidos 13 días de sus 28
días pendientes de vacaciones, quedando pendiente 15 días por este concepto,
que debe ser amparado;
8.8. Por el periodo 2008-2009, obra el Memorándums de fecha 10 de marzo de
2009 (folio 28- file) en donde solicita le sean reconocidos como trabajados 15
días de los 30 días pendientes de descanso físico, asimismo, mediante
Memorando de fecha 22 de diciembre de 2009 (folio 24 – file), señala que hará
uso de su descanso vacacional los días 23, 24, 26 y 28; y si bien es cierto los días
25 (navidad) y 27 (domingo) han sido días no laborables; sin embargo, se debe
tener presente que el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713 establece que, “
El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año
completo de servicios.” (el resaltado es nuestro), es decir se debe considerar que el
actor gozó 6 días de vacaciones y no cuatro (4) como señala en su memorando
antes citado;
8.9.-por otro lado, con respecto a los días de vacaciones solicitados mediante
Memorando de fecha 03 de marzo de 2010 (folio 23- file), Memorando de fecha
12 de mayo de 2010 (folio 20 – file) y Memorando de fecha 21 de julio de 2010; si
bien es cierto gozó de su descanso vacacional este se habría otorgado de manera
extemporáneo, conforme se advierte de las fechas de los Memorándums
mencionados, en consecuencia, respecto al período 2008-2009 el actor gozó de
21 días de vacaciones oportunamente, debiéndose le reconocer como vacaciones
extemporáneas 9 días.
8.10, que siendo así, y estando que la carga de la prueba para acreditar haber
otorgado oportunamente el descanso vacacional al actor, corresponde a la
demandada y no habiéndose acreditado que el demandante gozó de su
descanso físico vacacional en su oportunidad, en los períodos 1995-1996, 1996-
1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006 y 2008-2009, más los periodos reconocidos por la propia demandada
indicados en el puno 8.1 (1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995);
por lo que, se dispone conceder el pago de una indemnización, la misma que
equivale a una remuneración, el monto de dicha remuneración será el que se
encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago
y siendo que la última remuneración mensual percibida por el actor asciende a S/.7, 075.00 soles conforme se observa de su boleta de pago (foja 3); siendo ello
así, se determina que por concepto de indemnización vacacional se le adeuda al
demandante la suma de S/. 83, 249.17 soles.
VACACIONES libro de legajo Exp.
vacac.
Ultima
PERIODO Remun. Gozo de Vacac. fs fs fs. Vacac. no goz. Indem. Vacac. TOTAL
1988-1989 7,075.00 30 días 21 0.00 0.00
1989-1990 7,075.00 30 días 24 0.00 0.00
1990-1991 7,075.00 7,075.00 7,075.00
1991-1992 7,075.00 7,075.00 7,075.00
1992-1993 7,075.00 7,075.00 7,075.00
1993-1994 7,075.00 7 |
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EXPEDIENTE : 25318-2015-85-1801-JR-LA-09
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VASQUEZ ALVARADO , MILAGROS VERONICA
ESPECIALISTA : HUANQUIS HUAYLLANI MARIELLA JAZMIN
DEMANDADO : RED STAR DEL PERU SA ,
DEMANDANTE : ORDOÑEZ ALIAGA, MELECIO
RESOLUCIÓN NUMERO DOS.-
Lima, diez de setiembre
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: Atendiendo a que, de la revisión del expediente se advierte que al
emitir la resolución N° 01 de fecha 10 de Julio último, se cometió un error
involuntario al emitir en dicha resolución; "Por recibido el Oficio N° 026518-2015-21°
ingresado en el expediente principal, con fecha 15 de marzo del 2018, debiendo darse cuenta
en el presente cuaderno incidente, estando a que el Expediente Principal fue derivado a la
Corte Suprema por la Octava Sala Laboral Permanente de Lima, es preciso señalar, que el oficio
contiene copias certificadas a (Fs.14) de la resolución de vista de fecha 16 de enero del 2018,
que resolvió: REVOCAR la Sentencia N° 143-2016 contenida en la Resolución N° 02 de fecha 31
de agosto de 2016, corriente de fojas 263 a 273, que declara Fundada en parte la demanda,
sobre Homologación de Remuneraciones; la misma que REFORMANDOLA la declararon
FUNDADA. MODIFICANDO en cuanto al monto ORDENARON pagar la suma total de S/. 53,924.08
(cincuenta y tres mil novecientos veinticuatro con 08/100 soles). Con costas, costos e intereses
legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
1. FORMESE EL CUADERNO INCIDENTE N° 28 con las principales piezas procesales del
presente proceso (Sentencia y Resolución que concede el recurso de apelación y
sentencia de vista), autorizándose a la Asistente Judicial, adscrita a esta Judicatura,
recabar dicha información del Sistema de Expedientes Judiciales Expediente N° 026518-
2015-21°, a fin de que de cumplimiento a lo ordenado por esta Judicatura.
REQUIERASE a la demandada que cumpla con pagar al actor la suma total de S/. 53,924.08
(cincuenta y tres mil novecientos veinticuatro con 08/100 soles). Con costas, costos e intereses
legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia”; por lo que siendo ello
así y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 407° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente al presente proceso: CORRIJASE el error advertido
debiendo entenderse lo siguiente: Por recibido el Oficio N° 025318-2015-21°
ingresado en el expediente principal, con fecha 24 de mayo del 2018,
debiendo darse cuenta en el presente cuaderno incidente, estando a que el
Expediente Principal fue derivado a la Corte Suprema por la Primera Sala
Laboral Permanente de Lima, es preciso señalar, que el oficio contiene copias
certificadas a (Fs.27) de la resolución de vista de fecha 26 de enero del 2018,
que resolvió: CONFIRMAR la de fecha 25 de mayo de 2016, corriente de fojas
424 a 439, que declara Fundada en parte la demanda, y ORDENARON pagar la
suma total de S/. 134,044.02 soles. Con costos e intereses legales que se
liquidarán en ejecución de sentencia.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
2. FORMESE EL CUADERNO INCIDENTE N° 85 con las principales piezas
procesales del presente proceso (Sentencia y Resolución que concede
el recurso de apelación y sentencia de vista), autorizándose a la Asistente Judicial, adscrita a esta Judicatura, recabar dicha información
del Sistema de Expedientes Judiciales Expediente N° 025318-2015-21°, a
fin de que de cumplimiento a lo ordenado por esta Judicatura.
3. REQUIERASE a la demandada que cumpla en el plazo de tres días de
notificado con pagar al actor la suma total de S/. 134,044.02, Con
costas, costos e intereses legales que se liquidarán en ejecución de
sentencia.
4. PONGASE EN CONOCIMIENTO de las partes procesales a fin de que se
señalen lo conveniente a su derecho, por lo que, siendo ello así y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 172° del Código Procesal
Civil aplicable supletoriamente al presente proceso, INTÉGRESE la
presente a la resolución N° 01 obrante en autos a fojas 236/237.-
Al escrito presentado por la parte demandante de fecha 31/07/18, Al Principal:
estese a lo dispuesto precedentemente. |
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EXPEDIENTE : 25318-2015-85-1801-JR-LA-09
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VASQUEZ ALVARADO , MILAGROS VERONICA
ESPECIALISTA : HUANQUIS HUAYLLANI MARIELLA JAZMIN
DEMANDADO : RED STAR DEL PERU SA ,
DEMANDANTE : ORDOÑEZ ALIAGA, MELECIO
RESOLUCIÓN NUMERO: UNO
Lima, diez de julio
del año dos mil dieciocho.-
DANDO CUENTA: Por recibido el Oficio N° 026518-2015-21° ingresado en el
expediente principal, con fecha 15 de marzo del 2018, debiendo darse cuenta
en el presente cuaderno incidente, estando a que el Expediente Principal fue
derivado a la Corte Suprema por la Octava Sala Laboral Permanente de Lima,
es preciso señalar, que el oficio contiene copias certificadas a (Fs.14) de la
resolución de vista de fecha 16 de enero del 2018, que resolvió: REVOCAR la
Sentencia N° 143-2016 contenida en la Resolución N° 02 de fecha 31 de
agosto de 2016, corriente de fojas 263 a 273, que declara Fundada en parte la
demanda, sobre Homologación de Remuneraciones; la misma que
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA. MODIFICANDO en cuanto al monto
ORDENARON pagar la suma total de S/. 53,924.08 (cincuenta y tres mil
novecientos veinticuatro con 08/100 soles). Con costas, costos e intereses
legales y financieros que se liquidarán en ejecución de sentencia.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
1. FORMESE EL CUADERNO INCIDENTE N° 28 con las principales piezas
procesales del presente proceso (Sentencia y Resolución que concede
el recurso de apelación y sentencia de vista), autorizándose a la
Asistente Judicial, adscrita a esta Judicatura, recabar dicha información
del Sistema de Expedientes Judiciales Expediente N° 026518-2015-21°, a
fin de que de cumplimiento a lo ordenado por esta Judicatura.
2. REQUIERASE a la demandada que cumpla con pagar al actor la suma
total de S/. 53,924.08 (cincuenta y tres mil novecientos veinticuatro con
08/100 soles). Con costas, costos e intereses legales y financieros que se
liquidarán en ejecución de sentencia.
3. PONGASE EN CONOCIMIENTO de las partes procesales a fin de que se
señalen lo conveniente a su derecho.
4. NOTIFÍQUESE.
A un escrito presentado por la parte demandante de fecha 05/07/18, al
principal: A lo solicitado estese al merito de lo dispuesto precedentemente. |
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SÉPTIMA SALA LABORAL DE LIMA
Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE
Lima, nueve de octubre de dos mil diecisiete.-
I.- VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa, realizada el 03 de octubre de 2017, con la
participación sólo de la parte demandante; e interviniendo como ponente el
señor Juez Superior Huatuco Soto, oportunidad en la que se dictó el fallo oral,
por lo que emite la presente sentencia de vista escrita.
II.- ASUNTO:
Es materia de apelación por parte de la demandada, la Sentencia N° 070-2016-
17°JETP-CSJL-YJM, contenida en la resolución N° 05, de fecha 24 de mayo de
20161, que declara que declara Infundada en parte la demanda, en el extremo
referido al pago de reintegros en las cinco gratificaciones anuales, por la no
inclusión en su cálculo de la asignación extraordinaria por productividad
gerencial y la productividad sindical. Fundada en parte la demanda, sobre el
reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones y gratificaciones por
escolaridad desde el año 2002 al año 2005, por la no inclusión en su cálculo de
la bonificación prevista en el Decreto Supremo N° 010-2002-EF. Y ordena a la
demandada cumpla con abonar al accionante la suma de S/. 4,056.00 Soles,
más intereses legales, sin costas y con costos procesales que se liquidarán en
ejecución de sentencia; Sentencia que ha sido apelada por ambas partes.
III.- AGRAVIOS:
La parte demandada, en su escrito de apelación, de fecha 07 de junio de 20162,
señala como agravios de la sentencia los siguientes:
1) Respecto a las dos gratificaciones, por vacaciones y una por Escolaridad,
por la incidencia del D.S. N° 010-2002-EF, por el periodo 2002-2005,
refiere que el juzgador considera que corresponde amparar este extremo
1 Ver de fojas 208 a 227
2 Ver de fojas 233 a 240
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMA SALA LABORAL DE LIMA
Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
de la demanda, sobre la base de que en el Convenio Colectivo de 1998,
se estableció que dichas gratificaciones anuales, debían ser equivalentes
a una remuneración ordinaria mensual, y sólo con deducción de los
conceptos de movilidad y refrigerio, omitiendo mencionar, refiere, que
dicha clausula también estipuló que la "deducción señalada en ese
considerando" se extendía a otros conceptos como son las tres
gratificaciones anuales que percibían los trabajadores del Banco de la
Nación, por lo que, considera, que la sentencia ha soslayado que esos
conceptos, solo eran aplicables a las 12 remuneraciones que percibían
los trabajadores y a las 2 gratificaciones "ordinarias" de julio y diciembre;
por lo que, refiere, que dichos pagos no pueden considerarse a otros
pagos adicionales como son las gratificaciones de vacaciones (02) y
escolaridad (01), que el demandante reclama indebidamente.
2) En cuanto a las costos sentenciados, refiere que el juzgado, no ha tenido
en cuenta que el Banco de la Nación, se encuentra exonerado del pago
de los mismo, por cuanto la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y
Finanzas, aprobada por Decreto Legislativo N° 183, en su Capítulo VII,
artículo 48, contempla como organismo público descentralizado del
sector economía y finanzas al Banco de la Nación, la CONASEV, la
SUNAT, SUNAD, entre otros organismos, y en consecuencia, como
entidad integrante del Poder Ejecutivo y exoneradas del pago de tasas
judiciales; por lo que, refiere, que el A quo, debió tener en cuenta las
disposiciones legales antes mencionadas, puesto que dichas normas
legales exoneran a la recurrente de asumir el pago de costas y costos
procesales.
El demandante, en su escrito de apelación, de fecha 08 de junio de 20163,
señala como agravios de la sentencia, los siguientes:
1) La sentencia impugnada, es incongruente en sus fundamentos, puesto
que, refiere, que de una parte, se sostiene que la Productividad Gerencial
habría tenido su origen en el Decreto de Urgencia N° 09-94, y en su
desarrollo reglamentario a través de las Resoluciones Supremas N° 104-
94-EF; 121-95-EF y 009-97-EF, sin embargo, señala, que dicha
3 Ver de fojas 248 a 257
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMA SALA LABORAL DE LIMA
Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
productividad de la decisión voluntaria y unilateral del empleador a título
de liberalidad, por lo que no se entiende si proviene, la productividad
gerencial, de las disposiciones legales citadas.
2) Que, con la Resolución Suprema N° 104-94-EF, surge la Productividad
Gerencial para ser abonada como "Asignación Mensual"; asimismo, del
numeral 1) de los Anexos de las Resoluciones Supremas N° 121-95-EF y
009-97-EF, se advierte que la Productividad Gerencial se abonaría
como Bonificación por Productividad, y en montos mensuales, tal es así
que ninguna de dichas resoluciones, indicó que el pago de la
productividad gerencial sería extraordinario ni semestral, por lo que se
trataba de un pago ordinario y mensual, advirtiéndose que dichas
resoluciones señalaban que el pago de dicha productividad sería en
función al rendimiento por el trabajo efectivo, por lo que encuadraba
como un pago en contraprestación de dichos servicios, lo que la
calificaba como "remuneración".
3) La Productividad Gerencial, refiere, que nunca fue una "Gratificación
Extraordinaria", ni tampoco tenía un carácter especial, por el contrario,
era un pago ordinario, mensual que se abonaba en función a la
prestación real efectiva de los servicios del trabajador, por lo que el
razonamiento del A quo, respecto a las Resoluciones Supremas N° 104-
94-EF, 121-95-EF y 009-97-EF, respecto a que la Productividad
Gerencial no tiene carácter remunerativo y, por ende, no puede integrar
la remuneración computable para los fines del pago de determinados
beneficios laborales, no solamente es impertinente, sino más aún,
constituye una infracción constitucional y legal, puesto que serán los
hechos y las pruebas acotadas las que determinarán si dicha
productividad, encuadra en el tipo legal del artículo 6° del T.U.O., del
Decreto Legislativo N° 728, para ser calificada como concepto
remunerativo.
4) Que, en el lapso de enero 2000 a Junio 2005, y como no ha sido negado
por la propia demandada en su contestación, la productividad gerencial
fue identificada en boletas y en sus pagos mensuales como: "abono por
regularizar A, préstamo A, concepto no remunerativo A, concepto variable
1, ingreso no remunerativo y PRODUCT. R.S. 009-97-EF".
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMA SALA LABORAL DE LIMA
Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
5) En cuanto a la denegatoria de la Productividad Sindical, refiere, que la
misma no fue una "gratificación extraordinaria", como lo refiere
equivocadamente la A quo, por lo que tampoco se halla comprendida en
el inciso a) del artículo 19° del T.U.O. de la Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo 001-97-TR;
por el contrario, refiere, que del texto de los convenios colectivos, se
puede leer que el otorgamiento de la suma, por concepto de Bonificación
por Productividad (Productividad Sindical) estaba condicionada a la
prestación de trabajo efectivo, lo que revela incuestionablemente que
desde su nacimiento se estipuló la naturaleza remunerativa de dicha
productividad sindical. Asimismo, y como ocurrió con el pago de la
Productividad Gerencial, desde enero 2000 y hasta diciembre 2001, dicha
productividad se abonó bajo las denominaciones de "abono por
regularizar B, préstamo B, concepto no remunerativo B y BONIF
PRODUCT. CONV. COLEC.", lo cual, refiere, que está ratificado por la
demandada en su contestación, productividad, que también se abonó en
montos mensuales, uniformes, permanentes, de libre disponibilidad,
integrantes de la remuneración asegurable y de la remuneración
computable para los fines de la CTS, lo que en armonía con el artículo 6°
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 la califica como
remuneración.
IV.- CONSIDERANDOS:
4.1. Aparece del escrito de demanda4, y del Acta de Registro de Audiencia de
Conciliación5 que son pretensiones materia de juicio: Primera Pretensión
Principal: El pago de los reintegros de las 05 gratificaciones anuales por
incidencia de la productividad gerencial en el periodo del año 1994 al año 2005;
Segunda pretensión: El pago de los reintegros de las 05 gratificaciones anuales
por incidencia de la productividad sindical por el periodo año 1993 al año 2001;
Tercera pretensión: El reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones y
gratificaciones por escolaridad desde el año 2002 a año 2005, y, Cuarta
pretensión: El pago de los intereses legales así como los costos del proceso;
por lo que corresponde, revisar si las pretensiones del actor son amparables o
no.
4 Ver de fojas 112 a 129
5 Ver de fojas 191 a 193
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMA SALA LABORAL DE LIMA
Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
4.2. Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil que atribuye la competencia
al juez superior, establece que el órgano judicial revisor no puede apartarse del
objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia por lo que está
impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en hechos distintos
a los que han sido invocados por las partes, por tanto está circunscrito a lo que
comprende la expresión de los agravios correspondientes, solo se puede
conocer mediante la apelación los agravios que afectan al impugnante, se
encuentra supeditado por lo que ha sido objeto de apelación y de agravios no
encontrándose facultado para ir más allá de ese contexto.
4.3. Respecto al primer agravio de la demandada, referido al reconocimiento de
03 gratificaciones anuales, por la incidencia del Decreto Supremo N° 010-2002-
EF, la demandada considera que por el período comprendido del 2002 al 2005,
sin sustento alguno, ha considerado que los Decretos Supremos N° 117-98-EF y
143-99-EF, establecieron que los importes de S/. 164.00 y S/. 174.00 soles
respectivamente, corresponde al actor; y que sólo debían ser pagados en las 14
remuneraciones abonados al año, que comprenden además de las
remuneraciones mensuales sólo a las gratificaciones por Fiestas Patrias y
Navidad, y no a 17 remuneraciones como pretende el actor. Por lo que
corresponde efectuarse el análisis normativo pertinente:
a) El artículo 1° del Decreto Supremo N° 117-98-EF, estableció que: “En
aplicación de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº
073-97, los pensionistas del Banco de la Nación sujetos al régimen de
nivelación normado por la Ley Nº 23495 tendrán derecho a la
Bonificación Especial que ascenderá, en todos los casos, a S/. 164,00
(Ciento sesenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) mensuales”.
b) El artículo 1° del Decreto Supremo N° 143-99-EF; estableció que: “En
aplicación de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº
011-99, los pensionistas del Banco de la Nación sujetos al régimen de
nivelación normado por la Ley Nº 23495 y quienes perciben pensiones
no nivelables, tendrán derecho a la Bonificación Especial que de
conformidad con el Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 040-96,
asciende, en todos los casos, a S/.174,00 (Ciento Setenta y Cuatro y
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Expediente N° 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
00/100 Nuevos Soles) a ser cancelados mensualmente y en los pagos
adicionales de julio y diciembre.”
c) Por Decreto Supremo N° 010-2002-EF; se aprobó la Política
Remunerativa del Banco de la Nación de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo de Directorio de FONAFE Nº 024-2001/020-
FONAFE; en cuya virtud se extendió a favor de los trabajadores en
actividad de los trabajadores del Banco de la Nación las bonificaciones
especiales previstas en los Decretos Supremos 117-98-EF y 143-99-
EF; reconociéndole su carácter remunerativo, al estimarse que también
debían ser incluidos en el pago de las gratificaciones por fiestas patrias
y navidad; conforme así fue ratificado también con la Política
Remunerativa del Banco de la Nación aprobada mediante Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 047-2003-/DE-FONAFE (publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 02.DIC.2003); en cuyo anexo 01, se ratifica
dicho carácter remunerativo.
4.4. Estando a que dichas bonificaciones especiales, fueron extendidas a los
servidores en actividad con carácter remunerativo, a partir del 16 de enero del
2002, y en cuya virtud, fue percibido por el actor, como se desprende de sus
boletas de pago que obran en autos a fojas 201 (CD); por lo que queda claro
entonces, que dichos importes, debían ser incluidos en el cálculo de todos los
demás beneficios que percibiera el actor con carácter remunerativo, sea que
su origen sea legal o convencional; y no sólo en las dos gratificaciones por
Fiestas Patrias y Navidad, como previó expresamente dicha disposición, sino
también en las dos gratificaciones por vacaciones y la gratificación por
escolaridad; por ser beneficios de origen convencional (cinco gratificaciones
anuales), cuyo cálculo como se desprende de lo previsto en el punto 4) del
convenio colectivo de 1998, debían ser equivalentes a una remuneración
ordinaria mensual y sólo con deducción de los conceptos de movilidad y
refrigerio; en tal sentido, no le resulta aplicable al actor la no inclusión expresa
de dichas bonificaciones especiales, en la base de cálculo de las tres
gratificaciones anuales referidas; en consecuencia, y no habiendo la parte
apelante cuestionado el monto otorgado por el A quo, se confirma dicho
extremo, y se desestima el agravio invocado por la demandada.
4.5. Sobre el segundo agravio de la demandada, referido a la exoneración del
pago de costos procesales. Si bien la demandada sostiene que se encuentra
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exonerada de costos, conforme al artículo 413° del Código Procesal Civil; Si
bien, dicho artículo exonera del pago de costas y costos del proceso al Poder
Ejecutivo, entre otros, por lo que la A quo ha exonerado a la demandada del
pago de costas del proceso; sin embargo, respeto a los costos, la Séptima
Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N°
29497, prescribe que: “En los procesos laborales el Estado puede ser
condenado al pago de costos.” (sic.), norma especial que es aplicable al caso de
autos; por lo que considerando a que el demandante, se vio precisado a litigar
para que recién la demandada le reconozca los beneficios amparados, y en
atención a la disposición de la norma procesal laboral, corresponde confirmar el
extremo que condena a la demandada al pago de los costos personales,
desestimándose los agravios expresados por la demandada en dicho extremo.
4.6. Asimismo, cabe señalar, que en el presente caso, el cuestionamiento del
apelante se circunscribe a establecer si la bonificación extraordinaria por
productividad gerencial es o no un concepto remunerativo, es decir, si tiene el
carácter regular y permanente para ser considerado en el reintegro de las cinco
gratificaciones anuales y compensación por tiempo de servicios, o si por el
contrario se trata de una bonificación extraordinaria percibida en forma
ocasional, debiendo tenerse en cuenta que la pretensión discutida en éste
proceso es reiterativa y existen pronunciamientos uniformes al respecto.
4.7. Al respecto, debe tomarse en consideración, que el artículo 6° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala
que: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la
forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición.
(…)”. (sic.); De acuerdo a lo señalado en el considerando precedente,
constituyen características que tipifican per se el carácter remunerativo de lo
percibido por el trabajador en dinero o en especie, a) Que, lo percibido sea
como contraprestación de su labor, cualquiera que sea la denominación que se
le dé; b) Que, sea percibida en forma regular; y c) Que, sea de su libre
disposición, esto es, que el trabajador dentro de su ámbito de libertad pueda
decidir el destino que le otorga. Por su parte el artículo 19 del Decreto Supremo
N° 001-97-TR, establece que no se consideran remuneraciones computables,
entre otras, las siguientes: “a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que
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perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que
hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos
de conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la
bonificación por cierre de pliego; (…)”. (sic.), el subrayado es nuestro. En ese
sentido, no constituyen conceptos remunerativos aquellas sumas que el
empleador entrega al trabajador en forma ocasional, como un acto de
liberalidad, o como una condición de trabajo.
4.8. Sobre la base legal referida, y según el contexto en que se otorga este
beneficio, a fin de establecer su carácter remunerativo o no; Primero, se debe
entender, que para que constituya la bonificación extraordinaria propiamente
dicha un concepto no remunerativo, debe tener ciertas características, tales
como; que el mismo sea otorgado ocasionalmente, se otorgue a título de
liberalidad por parte del empleador, o que haya sido otorgada como
consecuencia de convención colectiva, u otorgado en un procedimiento de
conciliación o mediación, o en todo caso, por la Autoridad Administrativa de
Trabajo.
4.9. En cuanto al primer, tercer, cuarto y quinto agravio de la demandante.
Cabe señalar, que en el presente caso, se tiene que la entidad demandada,
para el otorgamiento de la Productividad Gerencial emitió diversas disposiciones
legales, que se mencionan a continuación:
a) Por Resolución Suprema N° 104-94-EF, (acompañada por la
demandada a su escrito de contestación), se aprobó la política
remunerativa del Banco de la Nación, en concordancia con la Ley del
Presupuesto Público del año 1994; y en su Anexo 2, se estableció el
otorgamiento de una Asignación Extraordinaria por Productividad,
precisando que dicha ella constituye un pago extraordinario que no
incrementa ni incide en la remuneración básica ni en los niveles
remunerativos, haciendo hincapié en el sexto párrafo que no es
computable ni base de cálculo para ningún tipo de remuneración,
pensión o beneficio.
b) Por Resolución Suprema N° 121-95-EF, de octubre de 1995,
(acompañada por la demandada a su escrito de contestación) se
autorizó a la demandada, para que a partir del 01 de agosto de 1995,
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otorgue (adicionalmente a lo establecido en la Resolución Suprema N°
104-94-EF) una bonificación por productividad previa evaluación
específica y personal de cada trabajador, en función al trabajo efectivo
realizado. Dicha Bonificación, de acuerdo a la propia Resolución
Suprema constituiría un pago extraordinario, de carácter excepcional,
condicionado, eventual y aleatorio en su percepción, no computable
para ninguna remuneración o beneficio, estableciéndose también que la
bonificación se mantendría y serviría de base para el establecimiento de
una nueva política en su oportunidad.
c) Luego, por Resolución Suprema N° 009-97-EF, de enero de 1997,
(acompañada por la demandada a su escrito de contestación), en el
marco de la Ley del Presupuesto Público de 1997, se aprobó la política
remunerativa de la demandada autorizándosele a otorgar a sus
trabajadores a partir del 01 de noviembre de 1996, una bonificación por
productividad bajo los mismos requisitos y condiciones previstas por la
Resolución Suprema N° 121-95-EF.
d) Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 010-2002-EF, se
modificó la política remunerativa del Banco de la Nación para el año
2002; y
e) Finalmente, por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-
FONAFE, publicada el 02 de diciembre del 2003, se aprobó la Política y
Escala Remunerativas vigentes del Banco de la Nación; en la que en su
Anexo N° 1, punto 2) se estableció como conceptos remunerativos
tanto a la Productividad Gerencial y a la Productividad por Convenio
(Sindical), esto es, a partir de diciembre del 2003, se reconoció
expresamente por el FONAFE, a ambos conceptos su naturaleza
remunerativa.
4.10. Si bien, el demandante, refiere en su escrito de demanda, que desde
1994 a la fecha de interposición de la demanda, ha sido otorgada de forma
permanente en el tiempo y regular en su monto; sin embargo, las disposiciones
legales referidas, acreditan, que la productividad gerencial fue otorgada
unilateralmente por el Banco, inicialmente hasta el año 1999, mediante abonos
anuales; y a partir del año 2000 en forma continua en períodos mensuales,
abonadas conjuntamente con las remuneraciones mensuales percibidas por el
actor. Asimismo, cabe referir que el carácter extraordinario de la bonificación, no
lo da el solo hecho de asignarle tal título, sino cuando su abono responde a un
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pago ocasional, eventual y no repetitivo, lo cual no ha sucedido con el concepto
de Productividad Gerencial al ser abonado por la demandada al actor de
manera permanente. Asimismo, se desvirtúa su carácter excepcional, con las
boletas de pago digitalizadas -contenidas en el CD obrante en autos- de la que
se aprecia, que éste concepto fue otorgado desde el año 2000, bajo la
percepción de “Abono por regularizar-A”, como “Préstamo A” o “Abono concepto
no remunerativo A”, en el año 2001, 2002 y 2003, y como “concepto variable 1”
en el año 2004 y como Ingreso no remunerativo” de 2005, corroborándose que
era un concepto pagado de manera regular.
4.11. Habiendo determinado, que la Bonificación Extraordinaria de
Productividad Gerencial, tiene carácter remunerativo, queda claro que la
pretensión del actor es procedente, máxime si en autos, la emplazada no ha
acreditado el carácter no remunerativo del concepto reclamado, conforme a la
normatividad que la regula, ya que no ha probado que a partir del año 2000,
para el otorgamiento del referido bono se hayan efectuado evaluaciones previas
a cada uno de los trabajadores; además tampoco acredita la existencia de los
parámetros evaluados ni las metas
que se hubieren considerado para el pago. Siendo esto así, en aplicación del
Principio de Primacía de la Realidad, pese a la denominación que la demandada
le otorgó a la bonificación por productividad gerencial, y, al haberse otorgado en
forma regular y al no estar condicionada a ninguna rendición de cuenta, sino
más bien era de libre disposición de el demandante, se debe reconocer el
carácter remunerativo de dicho concepto, por lo que este extremo debe ser
confirmado, en tanto resulta razonable que el monto liquidado con la incidencia
de este concepto en las gratificaciones anuales y la compensación por tiempo
de servicios, sea calculado desde el año 2000 al 2005, conforme así se verifica
de las boletas de pago contenidas en el CD adjuntado por la emplazada.
4.12. De otro lado, también cabe señalar, que si bien, la Resolución Suprema
121-95-EF, se dictó en el marco del Decreto de Urgencia N° 09-94; que declaró
en reorganización al Banco de la Nación, para que adecue su organización a lo
dispuesto en su nuevo Estatuto ejecutando un programa de Reestructuración y
Racionalización Administrativa Financiera y de Personal; y en su artículo 14°,
dispuso que el Directorio de la misma, reciba del organismo competente la
delegación de facultades para aplicar el proceso presupuestario y dictar normas
de austeridad y remuneraciones aplicables al Banco, con sujeción a lo dispuesto
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por el Decreto Ley N° 25926, que dispone que las políticas remunerativas de las
entidades financieras, en el que se incluye el Banco de la Nación, debe ser
aprobada por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y
Finanzas, en cuya virtud formaría parte del bloque de legalidad, y por ende
rango de ley, y que dicha disposición además estableció que dicha
productividad gerencial, constituiría un pago extraordinario, de carácter
excepcional, condicionado, eventual y aleatorio en su percepción, no
computable para ninguna remuneración o beneficio; también es cierto, que la
misma disposición estableció que la bonificación sería otorgada previa
evaluación específica y personal de cada trabajador, en función al trabajo
efectivo realizado y que ella se mantendría y serviría de base para el
establecimiento de una nueva política en su oportunidad; es decir, su
percepción estuvo condicionada al trabajo efectivo realizado y a la evaluación
específica de cada trabajador; esto es, estuvo vinculado a la prestación efectiva
de servicios y tiene naturaleza contraprestativa; en ese sentido, se concluye que
el beneficio otorgado por la demandada denominado Bonificación por
Productividad Gerencial tiene naturaleza remunerativa, por lo que corresponde
considerarlo dentro de la base de cálculo de las cinco gratificaciones anuales
pagadas a la demandante por lo que los importes abonados por tal concepto
serán tomados en cuenta para el cálculo de los reintegros respectivos, siendo
ello así corresponde amparar lo agravios del demandante, debiendo efectuarse
el cálculo respectivo por reintegros de la productividad gerencial en las cinco
gratificaciones anuales, se muestra en el siguiente cuadro:
BONO POR PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
PAGADO PAGADO
TOTAL TOTAL Gratific. Importe
AÑO EN EN C.T.S
ANUAL MENSUAL Al año Total
JUNIO DICIEMBRE
2000 5 1,053.90
15,176.76 15,176.76 30,353.52 2,529.46 12,647.30
2001 5 1,053.90
15,176.76 15,176.76 30,353.52 2,529.46 12,647.30
2002 5 1,053.90
15,176.76 15,176.76 30,353.52 2,529.46 12,647.30
2003 5 1,053.90
15,176.76 15,176.76 30,353.52 2,529.46 12,647.30
2004 5 1,053.90
15,176.76 15,176.76 30,353.52 2,529.46 12,647.30
2005 3 632.34
15,176.76 - 15,176.76 2,529.46 7,588.38
Total Reintegro por Productividad Gerencial S/ 70,824.88
Total Incidencia en la C.T.S S/
5,901.84
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Asimismo por reintegros en la compensación por tiempo de servicios, por la
incidencia de la productividad gerencial, le correspondería en el equivalente al
8.33 %, del importe total reconocido como reintegros remunerativos, es decir
dicho concepto asciende al importe S/. 5,901.84 Soles.
4.13. Sobre el quinto agravio del demandante, referido a la Productividad
Sindical. Cabe señalar, que ésta tiene su origen en los sucesivos Convenios
Colectivos de Trabajo, suscritos anualmente entre el Sindicato de Trabajadores
del Banco de la Nación - SINATBAN y la demandada6, desde el año 1993. Así
tenemos:
a) En el Acta de Reunión de Trato Directo, de fecha 10 de marzo de 1993,
en su cláusula adicional se estableció que el Banco de la Nación
otorgará por única vez, una suma extraordinaria de productividad por
puntualidad y asistencia a todos los trabajadores activos, incluidos los
dirigentes con licencia sindical, y además precisó que no tendrá
incidencia alguna en los niveles remunerativos de la Institución;
asimismo, estableció en su párrafo tercero que dicha bonificación se
encuentra condicionada a la prestación de trabajo efectivo durante el
año 1993 con arreglo a los requerimientos que la motivan.
b) En el Convenio Colectivo 1993, vigente para dicho año, estableció en
su punto 4) como una de las condiciones en el otorgamiento de la
productividad por puntualidad y asistencia y su No incidencia en los
niveles remunerativos de la Institución.
c) En el Laudo Arbitral del 09 de septiembre de 1994, en su artículo
primero se se estableció que el Banco de la Nación por única vez
otorgará una Bonificación Extraordinaria por Productividad en base a la
Puntualidad y Asistencia de los Trabajadores con contrato de trabajo
vigente al 31 de julio de 1994; sin precisarse en ella, como en los
convenios anteriores que dicha bonificación no tenga naturaleza
remunerativa.
d) En el Acta de Reunión de Trato Directo del 30 de octubre de 1995; se
acordó en su cláusula primera que el Banco de la Nación otorgará por
única vez una Bonificación Extraordinaria por Productividad en base a
la Puntualidad, Asistencia y Eficiencia de los Trabajadores con contrato
6 Ver de fojas 3 a 42
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de trabajo vigente al 01 de octubre de 1995, precisando que por su
naturaleza extraordinaria se encuentra condicionada a la prestación de
trabajo efectivo durante el año 1995; sin precisarse que ella no tenga
naturaleza remunerativa.
e) En el Convenio Colectivo del 27 de junio de 1996; se estableció en su
cláusula tercera que el Banco continuará abonando la Bonificación
Extraordinaria por Productividad con arreglo a las condiciones
establecidas en el punto Primero del Acta del 30 de octubre de 1995; es
decir, sin precisarse tampoco que no tenga naturaleza remunerativa.
f) En el Convenio Colectivo del 26 de junio de 1997; se acordó en su
cláusula primera que se mantendrán las condiciones de trabajo vigentes
en los montos y condiciones que se vienen otorgando; sin precisarse
tampoco que dicha bonificación no tenga naturaleza remunerativa.
g) En el Convenio Colectivo del 29 de octubre de 1998; se acordó en su
cláusula primera punto 21), que se mantendrá el beneficio con arreglo a
los términos y condiciones que rigen su otorgamiento, precisándose que
su monto se mantendrá en S/. 4,531.00 al año (importe fijado por
Resolución Suprema N° 009-97-EF), con lo que se evidencia que su
pago era una sola vez al año y sin precisarse tampoco que dicha
bonificación no tenga naturaleza remunerativa.
Del análisis y revisión de los citados convenios colectivos, podemos expresar
las siguientes consideraciones:
a) Que, la productividad sindical, inicialmente le fue abonada a la actora
en un importe fijado en el convenio y en un solo pago hasta el año
1999; sin embargo, como se aprecia de los otros procesos seguidos
contra la demandada, posteriormente fue abonado bajo la
denominación de “Abono por regularizar-B”, desde el año 2000 y bajo
las denominaciones de “Préstamo-B” y “Concepto no remunerativo-B”
en el año 2001, en forma periódica y mensual y en importe fijos;
abonado conjuntamente con las remuneraciones mensuales.
b) Que, la productividad sindical le fue otorgada a los trabajadores,
siempre que se cumplan con las exigencias de puntualidad, asistencia y
eficiencia, lo que supone indudablemente la prestación de servicios
efectivos, lo que evidencia pues que en la realidad constituía una
contraprestación a dichos servicios efectivos, aunque bajo
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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denominaciones especiales, como se ha referido precedentemente;
circunstancia que desvirtúa de plano el supuesto carácter excepcional,
que le fuera asignado en la celebración de dichos convenios colectivos.
c) Que, únicamente fue en el convenio colectivo del año 1993, en el que
se estipuló expresamente el carácter no remunerativo de la
productividad sindical, dado que en los demás convenios no se aludió
dicha precisión y menos aún en el convenio de 1995, y siguientes en
los que no se hace ninguna alusión a dicho carácter no remunerativo.
4.14. La Casación N° 69-2005-LIMA, expedida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, respecto a la Productividad Sindical, estableció lo siguiente: “Quinto.-
Que en el caso de autos la Bonificación Extraordinaria por Puntualidad y
Asistencia (Productividad Sindical) ha sido entregada en forma habitual desde
mil novecientos noventitrés hasta mil novecientos noventiocho; esto es, por un
lapso de cinco años, conforme se aprecia de fojas (…), desvirtuando el hecho
que haya sido en forma ocasional, asimismo la citada bonificación constituye
una ventaja patrimonial para el trabajador, concluyéndose que era percibido por
los servicios prestados; consiguientemente tiene el carácter remunerativo”,
reconociéndole a dicha bonificación, constituir una ventaja patrimonial y una
contraprestación a los servicios efectivos, al estar condicionado a la puntualidad
y asistencia; por lo que, este Colegiado estima que dicha bonificación al haber
sido percibido mensu |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : DERECHOS LABORALES
ESPECIALISTA : ROJAS QUIÑONES ANGELLO CARLO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : TORRES PINEDO, JOSE PASCUAL
RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE
Lima, Veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis.-
I. AUTOS Y VISTOS:
Visto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha ocho de junio
del año en curso (recepcionado por secretaría el 15 de junio último); dando cuenta en la
fecha por la carga procesal y la carencia del personal, a lo que solicita: AL PRINCIPAL Y
PRIMER OTROSÍ DIGO:
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional
Superior examine, a solicitud de parte, la resolución que le produce agravio con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo establece el
artículo 364° del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente al caso de autos,
con arreglo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
SEGUNDO: De la revisión efectuada al recurso de apelación materia de providencia, se
aprecia que el acto procesal materia de impugnación es la Sentencia contenida en la
Resolución Número Cinco de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, mediante la
cual se declaró fundada en parte la demanda interpuesta en autos, resolución contra la cual
procede el recurso de apelación regulado en el artículo 32° de la NLPT, Ley N° 294971.
TERCERO: Asimismo, estando a la verificación de los requisitos legales, se tiene que la
parte apelante ha cumplido con fundamentar el medio impugnatorio interpuesto, indicando
la existencia del error de hecho y de derecho en la resolución apelada, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, dentro del término
previsto en el precitado artículo 32° de la Ley N° 29497; consideraciones por las cuales;
III. SE RESUELVE:
1° CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación
interpuesto por la demandante JOSE PASCUAL TORRES PINEDO contra la
Sentencia contenida en la Resolución Número Cinco de fecha veinticuatro de mayo del dos
mil dieciséis.
1 LEY N° 29497: ARTÍCULO 32: APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO, ABREVIADO Y DE
IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS: “El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles
y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación.” 2° ELÉVENSE los actuados al Superior Jerárquico en Grado con la debida nota de
atención; AMONESTÁNDOSE VERBALMENTE al especialista legal por la demora
incurrida; NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE.-
AL SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : DERECHOS LABORALES
ESPECIALISTA : ROJAS QUIÑONES ANGELLO CARLO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : TORRES PINEDO, JOSE PASCUAL
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO
Lima, Veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis.-
I. AUTOS Y VISTOS:
Visto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha siete de junio
del año en curso (recepcionado por secretaría el 14 de junio último); dando cuenta en la
fecha por la carga procesal y la carencia del personal, a lo que solicita: AL PRINCIPAL Y
SEGUNDO OTROSÍ DIGO:
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional
Superior examine, a solicitud de parte, la resolución que le produce agravio con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo establece el
artículo 364° del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente al caso de autos,
con arreglo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
SEGUNDO: De la revisión efectuada al recurso de apelación materia de providencia, se
aprecia que el acto procesal materia de impugnación es la Sentencia contenida en la
Resolución Número Cinco de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, mediante la
cual se declaró fundada en parte la demanda interpuesta en autos, resolución contra la cual
procede el recurso de apelación regulado en el artículo 32° de la NLPT, Ley N° 294971.
TERCERO: Asimismo, estando a la verificación de los requisitos legales, se tiene que la
parte apelante ha cumplido con fundamentar el medio impugnatorio interpuesto, indicando
la existencia del error de hecho y de derecho en la resolución apelada, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, dentro del término
previsto en el precitado artículo 32° de la Ley N° 29497; consideraciones por las cuales;
III. SE RESUELVE:
1° CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación
interpuesto por la demandada BANCO DE LA NACION contra la Sentencia contenida
en la Resolución Número Cinco de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis.
1 LEY N° 29497: ARTÍCULO 32: APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO, ABREVIADO Y DE
IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS: “El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles
y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación.” 2° ELÉVENSE los actuados al Superior Jerárquico en Grado con la debida nota de
atención; NOTIFÍQUESE.-
AL PRIMER OTROSÍ DIGO: Téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
Edificio Alzamora Valdez, 5° Piso
(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
EXPEDIENTE N° : 25651-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDANTE : JOSE PASCUAL TORRES PINEDO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : PAGO DE REINTEGROS DE LAS GRATIFICACIONES
ANUALES Y OTROS
JUEZ : YSABEL JURADO MONTEAGUDO
SENTENCIA N° 070-2016-17°JETP-CSJL-YJM
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
Lima, veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento de fecha seis
de mayo de 2016, con la asistencia de las partes se procedió al
Juzgamiento del proceso, en el que se reservó el fallo para el día trece
de mayo del presente año, emitiéndolo en la fecha debido al
incremento de la carga procesal del Juzgado por falta de personal así
como por la alternancia de la Juzgadora con el despacho del Décimo
Quinto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima durante
los días cinco y seis de mayo últimos que conllevaron a realizar
audiencias y emitir sentencias en dicho Juzgado.
I. ANTECEDENTES:
1. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
1.1. DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
La Señora Juez, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497,
Nueva Ley Procesal de Trabajo - NLPT al no lograr la conciliación, fijó las
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pretensiones materia de juicio formuladas por el actor, mencionándose
los siguientes:
a) PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: El pago de los reintegros de las 05
gratificaciones anuales por incidencia de la productividad
gerencial en el período del año 1994 al año 2005.
b) SEGUNDA PRETENSIÓN: El pago de los reintegros de las 05
gratificaciones anuales por incidencia de la productividad sindical
por el período año 1993 al año 2001.
c) TERCERA PRETENSIÓN: El reintegro de las gratificaciones anuales por
vacaciones y gratificaciones por escolaridad desde el año 2002 al
año 2005.
d) CUARTA PRETENSIÓN: El pago de los intereses legales así como los
costos del proceso.
1.2. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE:
El actor, en su demanda invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) En la vía del proceso ordinario laboral, mediante demanda
obrante en autos de fojas 02 a 131, don JOSE PASCUAL TORRES PINEDO,
interpone demanda contra el BANCO DE LA NACIÓN, peticionando el
pago de S/. 123,245.31 soles, por el concepto de reintegro de las cinco
gratificaciones anuales por incidencia de la Productividad Gerencial y
Sindical, y el reintegro de las dos gratificaciones vacacionales anuales y
de la gratificación anual por escolaridad, por incidencia del Decreto
Supremo N° 010-2002-EF.
b) Refiere que la productividad gerencial surgió en el año 1994 con
la expedición de la Resolución Suprema N° 104-97-EF, en función al
rendimiento por el trabajo efectivo y en montos mensuales de acuerdo
a las diversas categorías laborales existentes, y que por la celebración
del Convenio de Modificación de la Jornada de Trabajo y
Simplificación de la Estructura Remunerativa, el monto mensual de la
productividad gerencial pasó a incrementar la remuneración básica.
c) Indica que el carácter remunerativo de la productividad
gerencial está ratificado por el FONAFE, de acuerdo con el anexo 1 del
acuerdo de directorio N° 015-2003/008-FONAFE, siendo que el numeral
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2. Conceptos Remunerativos se señala a la productividad gerencial,
asimismo, en el lapso del 2000 al 2005 la demandada, dentro de
diferentes nombres, tales como: abono por regularizar A, préstamo A,
concepto no remunerativo A, concepto variable 1, ingreso no
remunerativo y product. R.S. N° 009-97-EF, así como en los montos
demandados correspondientes a la categoría de apoderado y con el
carácter de libre disponibilidad e integrantes de la remuneración
asegurable, agregado que bajo el principio de primacía de la realidad
de la realidad se concluye que la productividad gerencia, se trata de
un concepto remunerativo, por lo que debió integrar en su momento
en el sueldo mensual o la remuneración mensual ordinaria para
efectos de determinar el monto que correspondía abonar por cada
una de las cinco gratificaciones anuales.
d) Así también, refiere que la Productividad Sindical se remonta al
año 1993 en virtud del Convenio Colectivo de 1993, siendo que a partir
de enero de 2000 a diciembre de 2001 tal productividad es abonada
en forman mensual e interrumpida a todos los trabajadores del Banco
de la Nación bajo los conceptos “abono por regularizar B, préstamo B,
concepto no remunerativo B y BONIF. EXTR. PROD. CONV. COLEC” y
con carácter de libre disponibilidad e integrante de la remuneración
asegurable, y que de igual forma bajo el principio de primacía de la
realidad, se concluye categórica que la productividad sindical se trata
de un concepto remunerativo, se trata de un concepto remunerativo,
por lo que debió integrar en su momento en el sueldo mensual o la
remuneración mensual ordinaria para efectos de determinar el monto
que correspondía abonar por cada una de las cinco gratificaciones
anuales.
e) Asimismo, respecto de la inclusión de los montos percibidos por
concepto del Decreto Supremo N° 010-2002-EF en la remuneración
mensual ordinaria el pago de las 02 gratificaciones vacacionales
anuales y la gratificación anual por escolaridad, que de los boletas de
enero de 2002 a junio de 2005, las sumas de S/. 164.00 y S/. 174.00
provenientes de los Decretos Supremos N° 117-98-EF y 143-99-EF, y que
se hicieron extensivos a todos los trabajadores activos del Banco de la
Nación con el Decreto Supremo N° 010-2002-EF, integraron la
remuneración mensual ordinaria, dichas sumas integraron únicamente
para el abono de las gratificaciones de fiestas patrias y navidad, pero
no ocurrió lo mismo en el pago de las 2 gratificaciones anuales por
vacaciones y de la gratificación anual por escolaridad, por lo que al
no ser procedente distinguir donde la ley no distingue, es totalmente
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amparable que se integren tales sumas por las indicadas
gratificaciones; peticionando que la demanda se declara fundada en
todos los extremos.
1.3. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA:
a) La demandada contesta la demanda mediante escrito de
fojas140 al 190, negando y contradiciendo la demanda en todos los
extremos, señalando que dichas bonificaciones son de carácter
excepcional y sin ninguna incidencia en las remuneraciones ni en las
pensiones, a dichas bonificaciones se les llamo(dependiendo de las
condiciones para su otorgamiento), productividad sindical y
productividad gerencial.
b) Refiere que la productividad sindical, fue un concepto
remunerativo pactado inicialmente en el convenio colectivo de 1993, el
cual, para su otorgamiento se establecieron determinados requisitos,
relacionados con la prestación de trabajo, puntualidad y asistencia,
condiciones que hicieron que su monto fuera variable.
c) Asimismo, que la productividad gerencial, fue también un
concepto no remunerativo materializado en sus inicios por la Resolución
Suprema N° 121-95-EF, para lo cual se estableció un patrón de
evaluación del desempeño laboral de cada trabajador, condición que
hizo que su monto fuera variable, agregando que tales bonificaciones
fueron otorgados solamente en los meses de mayo y octubre de cada
año, previa evaluación de la asistencia y puntualidad del trabajo y de
su desempeño laboral.
d) Señala que la asignación extraordinaria por productividad
gerencial proviene de la decisión voluntaria y unilateral del empleador,
como estímulo a las labores realizadas por sus trabajadores, a título de la
liberalidad, previa evaluación y calificación semestral del empleador,
quien ostenta la potestad de suprimirla en caso de no cumplirse con
ellas.
e) Por otro lado, refiere la productividad sindical tiene su origen en
los convenios colectivos de 1993, 1995, 1996 y 1997, es decir que las
partes intervinieron en ellas de manera autónoma, establecieron los
alcances y limitaciones en que se otorgaba la bonificación
extraordinaria por productividad sindica, encontrándose obligados a
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observarlas en sus propios términos y en atención a la fuerza vinculante
que otorga los mencionados acuerdos conforme lo establece el artículo
42° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Ley N°
25593; respecto al año 1994, esta bonificación fue otorgada por laudo
arbitral, por lo que debe respetarse de acuerdo a los lineamientos del
mismo, en atención al carácter imperativo del que goza un laudo
arbitral, conforme a lo dispuesto en el artículo 66° de la Ley de
Relaciones Colectivas]. En consecuencia, al encontrarse la bonificación
incursa dentro de la exclusión prevista en el literal a) del artículo 19° TOU
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, no constituye
remuneración, motivo por el cual no resulta posible que se considere en
el pago de los reintegros reclamados.
f) Respecto al reintegro de las 2 gratificaciones por gratificaciones
por vacaciones y 1 de escolaridad por incidencia del D.S. N° 010-2002-
EF, por el período de 2002 – 2005, dicho beneficio fue otorgado
primigeniamente a todos los trabajadores del sector público, como
bonificación especial, que luego se hizo extensivo a los trabajadores del
Banco de la Nación y cuyo cálculo fue distinto del otorgado por la
naturaleza de las remuneraciones diferentes a la del sector público;
asimismo, que el artículo 1 parte in fine de los Decretos Supremos N° 117-
98-EF y N° 143-99-EF, estableció expresamente que las citadas
bonificaciones serían canceladas mensualmente y en las gratificaciones
de julio y diciembre, recién a partir del primero enero de 2002, por
Decreto Supremo N° 010-2002-EF, estas bonificaciones especiales se
hicieron extensivas a los trabajadores activos del Banco de la Nación, es
decir, las bonificaciones otorgadas mensualmente y en las
gratificaciones de julio y diciembre a los pensionistas del Banco de la
Nación, se entregaron a título de liberalidad a los trabajadores activos
de la Entidad, entre ellos el demandante, razón por la cual no se puede
pretender sostener que dichas bonificaciones constituyen un concepto
remunerativo; peticionado que la demanda sea declara infundada en
todos los extremos.
2. DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
2.1 Se llevó a cabo la confrontación oral de las posiciones de las
partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación probatoria,
enunciándose los hechos que no necesitan de actuación probatoria y
los hechos necesitados de actuación probatoria, procediéndose a la
admisión y posterior actuación de los medios probatorios, requiriéndose
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los alegatos finales a la parte, por lo que, la causa se encuentra
expedita para sentenciar.
II. PARTE CONSIDERATIVA
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA:
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,
para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a
un debido proceso y las garantías y principios propios del derecho
laboral; empero, observando que el proceso laboral se inspira entre
otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT) y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el
fondo sobre la forma y observando el debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes
procesales únicamente en la demanda y en la contestación; la
inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan
acreditados (artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla
general que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o, a quien los contradice alegando
hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio que, por ley, se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que
cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo
paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones y del estado del vínculo laboral y la
causa del despido (artículo 23.4.a y c).
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VINCULADAS AL PAGO DE DICHOS
BENEFICIOS:
3. La Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, en su
artículo 57°, establece que: “En concordancia con el artículo 55° de la
presente ley corresponde a CONADE: a) Establecer y definir las políticas
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de mejoramiento de los recursos humanos de la Actividad Empresarial del
Estado, en lo relativo a sistemas y criterios de selección y promoción del
personal; desarrollo de: la capacidad gerencial, racionalización y
competitividad de las escalas salariales y de remuneraciones, escalas de
incentivos, beneficios y de movilidad del mercado interno de trabajo”; en
tanto que el artículo 62° señala que: “El régimen económico financiero de
la Actividad Empresarial del Estado se rige por los siguientes principios: a)
Los recursos financieros de la Actividad Empresarial del Estado son
aplicados para el logro de los objetivos aprobados en los planes de largo
y mediano plazo, y de las metas establecidas en los programas y
presupuesto anuales de las empresas”.
4. El artículo 49° del Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE señala que:
“CONADE y CONAFI como órgano rectores tienen la responsabilidad de
conducir el proceso presupuestal de las empresas del Estado, no
financieras y financieras respectivamente, ciñéndose a las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 513, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
de la Actividad Empresarial del Estado, su Reglamento y demás normas
que le sean aplicables. En uso de sus facultades emitirán las directivas que
sean necesarias para la formulación, ejecución y evaluación de los
presupuestos de las empresas bajo su ámbito”.
5. El artículo 1° del Decreto Supremo N° 07-94-EF, que aprobó el
Estatuto del Banco de la Nación; precisa que el Banco de la Nación es
una empresa de derecho público, integrante del sector Economía y
Finanzas; en tanto que según el inciso o) del artículo 26°, constituye
atribución de su Directorio establecer la política general de
remuneraciones del personal del Banco, dentro de las normas legales
vigentes.
6. Por Decreto de Urgencia N° 09-94 de fecha 19 de abril de 1994; se
declaró en reorganización al Banco de la Nación, para que adecue su
organización a lo dispuesto en su nuevo Estatuto ejecutando un
programa de Reestructuración y Racionalización Administrativa
Financiera y de Personal; y mediante su artículo 14° dispuso que el
Directorio de la misma, reciba del organismo competente la delegación
de facultades para aplicar el proceso presupuestario y dictar normas de
austeridad y remuneraciones aplicables al Banco, con sujeción a lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 25926; que dispone que la política
remunerativas de las entidades financieras, en el que se incluye el
Banco de la Nación, debe ser aprobada por Resolución Suprema
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refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas (resaltado del
Juzgado).
7. Por Resolución Suprema 104-94-EF de fecha 07 de setiembre de
1994, se aprobó la política remunerativa del Banco de la Nación y sus
Subsidiarias; de conformidad con lo establecido por el artículo 25° de la
Ley del Presupuesto del Sector Público para 1994, Ley Nº 26268 y lo
dispuesto por el Decreto Ley Nº 25926; así como lo establecido por el
Decreto de Urgencia Nº 09-94; y en su Anexo 1, establece que el
Directorio podrá acordar como negociación colectiva en dicho año: 1)
El otorgamiento, por una sola vez, de una bonificación extraordinaria
ascendente a S/ 1,200.00 nuevos soles para todos los trabajadores, con
contrato vigente al 31 de julio de 1994. Esta cifra será abonada en tres
armadas. La primera de 40% en el mes de setiembre; la segunda de 30%
en el mes de Octubre; la tercera de 30% en el mes de Noviembre; 2)
Adicionalmente, el Banco incrementará la Prima de Caja a los
trabajadores que desempeñan la función de Recibidor-Pagador de S/
17.00 a S/ 34.00 mensual; en su Anexo 2, establece la facultad del Banco
para otorgar a sus funcionarios y trabajadores activos una Asignación
Extraordinaria por Productividad en base a la evaluación semestral del
rendimiento en el desempeño efectivo del trabajo, con el carácter de
extraordinario, que no incrementa ni incide en la remuneración básica,
ni en los niveles remunerativos de las diferentes categorías de la
Institución. Dicha asignación será otorgada bajo las características y
sujeta a las condiciones que fije el Directorio, dentro de los que deberá
tomarse en consideración la asistencia y puntualidad, así como el
rendimiento y responsabilidad en el desempeño efectivo de las
obligaciones encomendadas y será fijada por el Directorio a partir de
Julio de 1994, y se mantendrá mientras no se disponga lo contrario. El
monto de la asignación se adecuará a la categoría, nivel y
responsabilidad de los respectivos cargos y no podrá sobrepasar, los
porcentajes establecidos por el Directorio. Asimismo en el numeral 4) se
establece que dada su naturaleza excepcional y condicionada y el
carácter eventual y aleatorio de su percepción, la Asignación no es
computable ni base de cálculo para ningún otro tipo de remuneración,
pensión o beneficio.
8. Por Resolución Suprema N° 121-95-EF de fecha 20 de octubre de
1995, se aprobó la Política Remunerativa del Banco de la Nación; en
cuyo anexo se determinan los topes máximos establecidos según la
categoría de cada servidor, así para la categoría de Apoderados se fijó
en S/ 859.00 por bonificación de productividad, a ser otorgada previa
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evaluación específica y personal de cada trabajador en función al
rendimiento por el trabajo efectivo que realice y que condicionará su
pago.
9. Por Resolución Suprema N° 009-97-EF de fecha 30 de enero de
1997, se aprobó la Política Remunerativa del Banco de la Nación, en
cuyo anexo se determina los topes a pagarse por bonificación por
productividad que en el caso de la categoría de Apoderado equivale a
S/ 892.89 nuevos soles, a ser otorgada previa evaluación específica y
personal de cada trabajador en función a su rendimiento por el trabajo
efectivo que realice y que condicionará su pago.
10. Por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-FONAFE de
fecha 28 de noviembre de 2003; se aprobó la política remunerativa del
Banco de la Nación; en cuyo anexo se hace referencia a todos los
conceptos que se perciben en dicha entidad, entre los que se
menciona la Productividad Gerencial, que se otorga desde 1994, en
función a la asistencia, permanencia y puntualidad y a la evaluación
del desempeño laboral, según escala proveniente de la aplicación de
las Resoluciones Supremas N° 104-94-EF, 121-95-EF y 09-97-EF.
11. El artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°
728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral - LPCL; establece que: “Constituye remuneración
para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus
servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o
denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.”
12. El artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°
650 Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-97-TR -LCTS, establece que: “Son remuneración
computable la remuneración básica y todas las cantidades que
regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les
dé, siempre que sean de su libre disposición. (…) y se excluyen los
conceptos contemplados en los Artículos 19 y 20”. Por su parte el artículo
16° señala que: “Se considera remuneración regular aquélla percibida
habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en
razón de incrementos u otros motivos. Por excepción, tratándose de
remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se
considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha
percibido cuando menos tres meses en cada período de seis, a efectos de
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los depósitos a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley. Para su
incorporación a la remuneración computable se suman los montos
percibidos y su resultado se divide entre seis”. A su vez el artículo 18° prevé
que: “(…). Las remuneraciones que se abonan por un período mayor se
incorporan a la remuneración computable a razón de un dozavo de lo
percibido en el semestre respectivo”. Finalmente el artículo 19° establece
que: “No se consideran remuneraciones computables las siguientes: a)
Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido
materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de
conciliación o mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto
a la bonificación por cierre de pliego”. (subrayado y resaltado agregado
por el Juzgado)
RESPECTO DEL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA
PRODUCTIVIDAD GERENCIAL:
13. En el presente caso, el actor sostiene que la gratificación por
productividad gerencial reviste naturaleza remunerativa, en tanto que
la demandada niega dicho carácter; en tal sentido debe efectuarse el
análisis para determinar si en efecto dicha gratificación tiene o no
naturaleza remunerativa, teniendo en cuenta las boletas de pago de
remuneraciones del actor que obran el Soporte Magnético presentado
por la parte demandada.
14. Para dicha valoración cabe señalar en primer término que por su
naturaleza y régimen legal, la entidad demandada constituye una
empresa de derecho público; cuyo desenvolvimiento está sujeto a las
normas y disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas
y el CONADE; así como el hecho de que a raíz del proceso de
reestructuración a que fue sometida la demandada, en virtud al
Decreto de Urgencia N° 09-94; se emitieron la Resolución Suprema N°
104-94-EF (07 de setiembre de 1994), la Resolución Suprema N° 121-95-EF
(20 de octubre de 1995), la Resolución Suprema N° 009-97-EF (30 de
enero de 1997) y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-
FONAFE (28 de noviembre de 2003); por los que se otorgó dicha
gratificación extraordinaria; y si bien el actor el actor en el referido
Decreto de Urgencia, no se mencionó a la Productividad Gerencial, ni
se estableció el contenido de la remuneración, ni las facultades para
determinar o restringir los efectos de las leyes y que por tanto las
Resoluciones Supremas aludidas serían contrarias a la ley; debe
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precisarse que al constituir una norma de carácter general sólo
estableció los lineamientos en los que debía enmarcarse la
reorganización del Banco de la Nación, ejecutando un programa de
Reestructuración y Racionalización Administrativa Financiera y de
Personal; delegando al Directorio facultades para aplicar el proceso
presupuestario y dictar normas de austeridad y remuneraciones
aplicables al Banco, con sujeción a lo dispuesto por el Decreto Ley N°
25926; que dispone que la política remunerativas de las entidades
financieras, en el que se incluye el Banco de la Nación y precisando
que ellas debían ser precisamente contenidas en Resolución Suprema,
exigencia que fue cumplida en éste caso, con lo que se desvirtúa dicha
alegación.
15. De lo anterior, se desprende que según el principio de jerarquía
normativa; el otorgamiento de la gratificación por productividad
gerencial, tiene su origen en dicho Decreto de Urgencia 09-94; que
autorizó de modo general la emisión de disposiciones legales, que
regulen las remuneraciones de sus trabajadores o los incentivos que
pudieran otorgárseles y aprueben las políticas remunerativas; y cuyo
desarrollo reglamentario se materializó y efectivizó con la dación de las
disposiciones reglamentarias señaladas; en los que uniformemente en
forma expresa se precisó su carácter no remunerativo, lo que significa
que no incrementa, ni tiene incide alguna en la remuneración básica, ni
en los niveles remunerativos de las diversas categorías ocupacionales;
por ende tampoco es computable, ni base de cálculo para ningún otro
tipo de remuneración, pensión o beneficio y cuyo monto debía ser
determinado mediante dichas disposiciones legales, en los que además
se fijó los topes máximos según la categoría de cada servidor y debía ser
otorgado previa evaluación específica y personal de cada trabajador
en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice como
condición para su pago.
16. Dicha Asignación Extraordinaria por Productividad “Productividad
Gerencial” (en adelante Productividad Gerencial) proviene pues de la
decisión voluntaria y unilateral de la Empleadora, como estímulo a las
labores realizadas por sus trabajadores; a título de liberalidad, previa
evaluación y calificación semestral del empleador, quien ostenta la
potestad plena de suprimirla en caso de no cumplirse con ellas.
17. Lo antes señalado, debe confrontarse con la regulación legal
contenida tanto en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
Edificio Alzamora Valdez, 5° Piso
(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
Competitividad Laboral – LPCL, que alude al concepto general de los
conceptos que revisten carácter remunerativo, la misma que es
concordante con el inciso a) del artículo 19° del Decreto Supremo N° 001-
97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 Ley de la
Compensación por Tiempo de Servicios-LCTS; cuya estructura semántica,
permite inferir que por un lado se refiere a varios tipos de gratificaciones u
otros pagos, como son: i) aquellas que perciba el trabajador
ocasionalmente; ii) aquellas que perciba a título de liberalidad del
empleador; iii) aquellas que hayan sido materia de convención colectiva;
iv) aquellas que hayan sido aceptadas en los procedimientos de
conciliación o mediación; v) aquellas que hayan sido establecidas por
resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo o por laudo arbitral; y
por otro lado que tal alusión no reviste carácter taxativo, sino meramente
enunciativo; dado que ella hace referencia o mención expresa a las
gratificaciones u otros pagos, sin precisar cuáles comprende dicho
concepto; con la única condición esencial prevista en la norma, que se
traduce en que tales gratificaciones tengan su origen: a) ya sea en un
acto unilateral del empleador; o b) en un procedimiento de negociación
colectiva; o c) en una disposición contenida en un acto administrativo o
laudo arbitral; en los cuales además se señale taxativamente su
característica no remunerativa.
18. Igualmente debe tenerse presente, que si bien es cierto el artículo 9°
de la LCTS; señala que son remuneración computable la remuneración
básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en
dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición;
cierto es también, que dicha disposición legal debe ser interpretada en
concordancia con el inciso a) del artículo 19° de la LCTS; en tal sentido,
esta Judicatura, entiende que las gratificaciones referidas en éste último
dispositivo están excluidas de modo expreso y categórico de la
calificación conferida por el artículo 9° mencionado y por tanto no
pueden ser consideradas como remuneración computable; por cuanto
que la Productividad Gerencial, se subsume en el supuesto previsto en el
literal c) del numeral 19 del referido articulado, dado que dicho concepto
fue otorgado y determinado en su monto mediante una disposición legal
contenida en una Resolución Suprema; en el que además se determinó
también imperativamente su carácter y naturaleza no remunerativa; lo
que significa que existe una exclusión normativa expresa de su carácter
no remunerativo.
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
Edificio Alzamora Valdez, 5° Piso
(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
19. En ese sentido, se debe desvirtuar los argumentos de defensa del
demandante en relación a la aplicación del principio de primacía de la
realidad, en razón que no cabe la invocación ni la aplicación del referido
principio para determinar el carácter remunerativo de la citada
gratificación de productividad gerencial; dado que, la invocación o
aplicación de un principio, sola cabe en ausencia de norma o en todo
caso jamás puede ser aplicado en contra de una norma expresa; en tal
sentido teniendo además en cuenta que el principio de primacía de la
realidad, solamente está ligado a aquellas calificaciones indebidas que
se le otorgue a una determinada situación jurídica contractual, es decir a
través del contrato de trabajo; tal situación no se da en el supuesto de la
gratificación por productividad gerencial, toda vez que dicha calificación
no remunerativa fue establecida a través de una disposición legal.
20. A mayor abundamiento, cabe también señalar que la regulación
normativa de la Productividad Gerencial, dado a través de las
Resoluciones Supremas antes referidas; tampoco afecta al principio de
jerarquía normativa, por su eventual contraposición a las normas
contenidas en el Decreto Supremo N° 003-97-TR o el Decreto Supremo
001-97-TR, dado que dichas disposiciones, se sustentan en su origen en el
Decreto de Urgencia N° 09-94, que implementó el proceso de
reestructuración, reorganización y racionalización administrativa del
Banco de la Nación; y tenían como finalidad regular el nuevo marco de
la política remunerativa; dentro de los que se previó el otorgamiento de
dicha Asignación Extraordinaria de Productividad Gerencial;
estableciéndose una categorización según los niveles o categorías
ocupacionales y esencialmente determinándose de modo imperativo su
naturaleza no remunerativa; en el entendido de que al formar parte de la
organización estructural del Estado; la entidad demandada, está sujeta a
una serie de disposiciones de orden legal y presupuestal, que si bien es
cierto que le autorizaron a otorgar determinadas concesiones o
gratificaciones (que revisten la naturaleza de liberalidad); cierto es
también, que establecieron su carácter no remunerativo; su otorgamiento
en forma anual; como así se desprende de las boletas de pago de
remuneraciones aparejadas por la demandada en el soporte magnético
obrante en autos; no desvirtuándose tal naturaleza, por el simple hecho
de haberse abonado fraccionadamente en los meses de junio y
diciembre (semestralmente); |
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EXPEDIENTE : 25651-2015-12-1801-JR-LA-01
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : CUYA BARRERA, ROXANNA ELIZABETH
ESPECIALISTA : DEUDOR LIBERATO CHRISTIAN OMAR
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : TORRES PINEDO, JOSE PASCUAL
RESOLUCIÒN NRO. UNO
Lima; siete de mayo
del año dos mil dieciocho.-
Dado cuenta al oficio de fecha 10 de noviembre de 2018
remitido por el Octava Sala Laboral de Lima, y ATENDIENDO:
Primero: Que por el Oficio de la referencia, se remite a éste Despacho la sentencia de
vista de fecha 09 de octubre del 2017, que resuelve:
•••• REVOCAR la Sentencia N° 070-2016-17°JETP-CSJL-YJM, contenido en la
resolución N° 05, de fecha 24 de mayo de 2016, en el extremo que declara
Infundada el pago de reintegro de 05 Gratificaciones anuales, por la no inclusión
en su cálculo de la Asignación Extraordinario por productividad gerencial y de
la productividad Sindical, y REFORMANDOLA se declara FUNDADA EN
PARTE, debiendo pagar por el reintegro de las 05 gratificaciones anuales, y por
la CTS, por incidencia de la productividad gerencial por el periodo 2000 a 2005;
y por el reintegro de las 05 gratificaciones anuales y la CTS por incidencia de la
productividad sindical, por el período 2000 y 2001; confirmándose los demás
períodos reclamados que se declara infundada.
•••• CONFIRMAR la Sentencia, en el extremo que declara Fundada en parte la
demanda, sobre el reintegro de las gratificaciones anuales por vacaciones y
gratificaciones por escolaridad desde el año 2002 al año 2005, por la no
inclusión de su cálculo de la bonificación prevista en el Decreto Supremo N°
010-2002-EF; y MODIFICANDO el monto de abono, por todos los conceptos
se ordena pagar a la demandada la suma de SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 SOLES - S/ 79,156.99 -. por
reintegro por incidencia de las Bonificaciones por Productividad Gerencial y
Productividad Sindical, y su incidencia en las gratificaciones, y por el reintegro
de la vacaciones anuales y gratificación por escolaridad por el Decreto
Supremo N° 010-2002-EF; más los intereses legales de conformidad con el Decreto Ley N° 25920, que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas y
con costos procesales, que se liquidarán en ejecución de sentencia.
•••• Asimismo deberá efectuar los depósitos del reintegro de Compensación por
Tiempo de Servicios, ascendente a SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO CON 17/100 SOLES - S/ 6,258.17-, así como los intereses legales y
financieros, que se liquidarán en ejecución de sentencia, con lo demás que
contiene.
Segundo: Que, conforme al Oficio Nº25651-2015-0-1801-JR-LA-01, se dispuso la
remisión de las copias de la sentencia de vista, a fin de que continúe el trámite que
corresponda y que para ello se forme el cuaderno correspondiente.
Tercero: Por lo que, la secretaria cursora ha procedido a crear el incidente “cuaderno de
ejecución de sentencia”, opción que ha sido implementada por el Área de Informática,
la misma que se generó con el incidente N° 12; igualmente se agregó al mismo copias
simples de la Sentencia de fecha 24 de mayo de 2016 emitida por el presente juzgado, la
cual ha sido descargada del sistema de expedientes judiciales – SIJ.
Cuarto: Que el Artículo 38° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que la
interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias; por lo
que corresponde disponer la ejecución de la referida sentencia conforme a lo resuelto en
autos.
Por lo antes señalado este despacho RESUELVE:
1).- CÚMPLASE lo resuelto por el superior jerárquico; en consecuencia;
2).- REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN a fin de que dentro del
término de TRES DÍAS cumpla con pagar la suma de S/ 79,156.99 (SETENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 SOLES), por reintegro
por incidencia de las Bonificaciones por Productividad Gerencial y Productividad
Sindical, y su incidencia en las gratificaciones, y por el reintegro de la vacaciones
anuales y gratificación por escolaridad por el Decreto Supremo N° 010-2002-EF; más
los intereses legales de conformidad con el Decreto Ley N° 25920; bajo apercibimiento
de ejecución forzada en caso de incumplimiento. 3).- REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN a fin de que dentro del
término de CINCO DÍAS cumpla con efectuar los depósitos del reintegro de
Compensación por Tiempo de Servicios, ascendente a la suma de S/ 6,258.17 (SEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 17/100 SOLES), en la entidad
financiera elegida por el actor, así como los intereses legales y financieros.
4).- FÓRMESE el cuaderno de ejecución, sin perjuicio de lo anterior DISPÓNGASE que el
perito adscrito al Juzgado, proceda al cálculo de los intereses determinados en la sentencia, a
cuyo efecto hágase entrega de los autos, bajo constancia.
5).- En cuanto al pago de COSTOS cumpla la parte demandante con liquidarla,
acompañando documentación sustentatoria conforme así lo exige el artículo 418º del
Código Procesal Civil3, una vez que sean cancelados los conceptos precedentes. Sin
perjuicio de ello, la parte demandada deberá consignar un monto prudencial por ese
concepto, hasta que se determine el monto definitivo por resolución judicial.
Notifíquese.- |
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PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE DE LIMA
EXP. N°25674-2015-0-1801-JR-LA-01
SEÑORES
MONTES MINAYA
SERPA VERGARA
GONZALEZ SALCEDO
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE
Lima, 23 de enero del 2019
VISTOS
En Audiencia Pública de Oralidad del 14 de marzo, 26 de octubre, 19 de noviembre
del 2018 y 07 de enero del 2019, e interviniendo como Juez Superior Ponente la
señora Juez Superior (P) Adriana Serpa Vergara, con voto en discordia del Señor
Juez Superior (P) Julio Heyner Canales Vidal, voto en discordia del Señor Juez
Superior (P) Maximo Barboza Ludeña y voto en discordia del Señor Juez (P) Percy
Valencia Carrera, se expide la siguiente resolución
RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN
La sentencia N° 195-2016-17 JETP-CSJL-YJM, contenida en la Resolución número
cinco, de fecha 31 de octubre del 2016, de folio 218-253, que resuelve:
1.- DECLARAR INFUNDADA la demanda en el extremo referido al reintegro de la
remuneración básica por el periodo del 12 de noviembre de 2009 al 23 de marzo del
2012, asignación por refrigerio y pago por movilidad derivados del Convenio
Colectivo 2013, cono de desempeño grupal, al amparo de los fundamentos
expuestos en la presente resolución.
2.- DECLARAR FUNDADA en parte la demanda interpuesta por MARLENE
YUPANQUI TELLO contra el BANCO DE LA NACION, en el extremo de la nivelación de la remuneración básica mensual, reintegro de la remuneración básica
por el periodo del 03 de marzo al 31 de octubre de 2015, pago por los incrementos
remunerativos al básico provenientes del convenio colectivo 2010 y 2012, y laudo
arbitral 2011, pago de asignación por refrigerio proveniente del convenio colectivo
del 2010 y laudo arbitral del 2011, pago por la asignación por movilidad proveniente
del convenio colectivo 2010, bonificación extraordinaria por el cierre de pliego, pago
de uniformes, pago de utilidades, compensación por tiempo de servicios,
remuneración e indemnización vacacional, vacaciones truncas, gratificaciones e
indemnización por daños y perjuicios por el concepto de lucro cesante y daño
moral; en consecuencia, SE ORDENA LA NIVELACION de la remuneración
básica mensual de la actora a partir del 01 de noviembre del 2015, en el importe de
S/4,553.00 soles.
ORDENAR a la demandada que cumpla con abonar a la actora la suma de
S/.119,764.66 (CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 66/100SOLES) por los conceptos expuestos en el párrafo anterior,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON 82/100 SOLES) en custodia derivados de la compensación por tiempo
de servicios, más los intereses legales, sin costas y con costos del proceso a
liquidarse en ejecución de sentencia.
AGRAVIOS
La demandada, en su recurso de impugnación que obra de folio 257 a 276, expresa
como agravios:
1.- El extremo de reintegro de remuneraciones por escala FONAFE, el demandante
sustenta su pretensión en la Política remunerativa dada por FONAFE en el año
2006, donde existen nueve categorías cada una de ellas con su respectiva
remuneración básica, sostiene que al haber ingresado a laborar como Profesional I
nivel más bajo de profesionales, debe percibir un sueldo mayor a la categoría
inmediata inferior que es la de Técnico VI cuyo sueldo máximo es S/4,002.00 nuevos
2 soles, es decir, solicita que su remuneración básica mensual desde 2009 sea de
S/.4,003.00
2.- Lo que hizo FONAFE con el Acuerdo de Directorio N~ 005- 2006/007
FGONAFE, fue establecer el monto máximo del cuan no se puede exceder dentro de
cada categoría ocupacional, en la que se señaló taxativamente, para la categoría de
profesionales el tope máximo de S/.4,735.00, lo que debía concordarse con la escala
remunerativa del Banco de la Nación, en la que se establece que para cada grupo
ocupacional categoría remunerativa, en este caso el de Profesional existen entre
ellas, cuatro niveles.
3.- Para que un trabajador asuma una Categoría determinada debe previamente ser
evaluado por el área de Selección de Personal de la entidad, en virtud a cuestiones
objetivas (experiencia, profesionalización, capacitaciones, perfil) para luego ser
merecedor a una de las nueve categorías.
4.- El extremo que otorga indemnización por daños y perjuicios, por la inexistencia
de los elementos de la responsabilidad civil; además, el demandante no cumplió con
acreditar el lucro cesante ni el daño moral.
5.- El extremo que otorga los beneficios económicos cierre de pliego, incrementos
por convenio colectivo y/o laudo arbitral; el demandante no ha sabido sustentar
adecuadamente el otorgamiento de los incrementos remunerativos por convenio
colectivo, máximo si no ha establecido de que SINDICATO deviene dicho pago,
teniendo en cuenta que existen cuatro sindicatos y ninguno tiene mayoría absoluta.
6.- El extremo de asignación por refrigerio, movilidad y uniforme, por ser
condiciones de trabajo no pueden ser reclamados pues se desnaturalizaría su
condición no remunerativa; y,
7.- Asimismo, pide que se revoque el extremo de pago de costos del proceso, por
cuanto el Banco de la Nación se encuentra exonerado del pago de costos del
proceso, por ser un Organismo Público Descentralizado del Sector de Economía y
Finanzas.
3 La demandante, en su recurso de impugnación de folio 278 a 282, expone como
agravios:
1.- La sentencia le causa agravio al desestimar el pago del Bono por Desempeño
Grupal, así como cuantifica en un importe mínimo el monto indemnizatorio por
lucro cesante.
2.- Para efectos de cuantificar el monto indemnizatorio por lucro cesante el juzgado
calcula la misma sobre la base de la diferencia remunerativa de lo percibido como
trabajadora del Poder Judicial y de lo que debió percibir en el Banco de la Nación
por el periodo comprendido del 23 de marzo del 2012 al 02 de marzo del 2015.
3.- Considerar, tal como se efectúa en la sentencia impugnada, que para cuantificar
el lucro cesante se debe descontar otros ingresos percibidos permitiría estimular la
violación impune de los derechos constitucionales del trabajador, premiando al
empleador con la posibilidad de no asumir o asumir en forma diminuta el pago de
las remuneraciones que dejó de otorgar durante el periodo de cese del trabajador.
4.- La sentencia impugnada ampara el reintegro de remuneraciones en aplicación de
la Escala Remunerativa del Banco de la Nación solo desde el 02 de marzo del 2015,
desestimando el referido reintegro por el periodo comprendido del 12 de noviembre
del 2009 al 02 de marzo del 2015, al considerar que por dicho periodo el
reconocimiento del cargo de Profesional I no ha sido materia de pretensión; el cargo
correspondiente a la demandante desde su ingreso en Noviembre del 2009 fue el de
Profesional, correspondiendo por tanto ser remunerada como Profesional, estando a
ello corresponde se ordene el reintegro de remuneraciones por el pago diminuto
considerando la remuneración mínima fijada para su categoría; ha negado sin
mayor sustento el reintegro de remuneraciones por el periodo del 12 de noviembre
del 2009 al 02 de marzo del 2015.
5.- En cuanto al bono por desempeño grupal, el Juzgado ha determinado que
correspondía ser percibido a los trabajadores con contrato vigente en los periodos
que correspondió percibirlo y además era necesario la condición de ser evaluado en
su área en forma favorable, requisitos que dice no cumplió con acreditar, cuando es
a la demandada que le corresponde acreditar que los trabajadores del área en la que
desempeñaba servicios el actor fue evaluado y cuál fue el criterio de evaluación
aplicado para otorgar el bono reclamado.
4 CONSIDERANDO:
PRIMERO. - Que, ambas partes apelan el extremo de la sentencia referida a la
pretensión de la nivelación de la remuneración básica, ya que se ha determinado la
nivelación de la remuneración básicas de la actora a partir del 01 de noviembre del
2015, en el importe de S/. 4,553.00; e infundada con respecto al periodo del 12 de
noviembre del 2009 al 23 de marzo del 2012.
SEGUNDO. – La demandante, argumento en su demanda, parte pertinente de fojas
83, que le corresponde que se le nivele su remuneración básica a partir de
noviembre del 2015, en la suma de S/4,553.00 “que es la que me corresponde percibir
considerando la remuneración básica mínima otorgada a un profesional y los incrementos de
remuneraciones otorgados por convenio colectivo y/o laudo arbitral”; del mismo modo,
solicita el reintegro de remuneración básica por los periodos del 12 de noviembre del 2009
al 23 de marzo del 2012 y del 03 de marzo al 31 de octubre del 2015 al haberse efectuado
un pago diminuto en relación a la remuneración básica percibida por quien ocupa cargo y
categoría profesional.”
TERCERO. - Que, el 30 de marzo del 2015, el Banco de la Nación por mandato
judicial, ha procedido a registrarle en planillas, reconociendo con ello la
CATEGORIA de PROFESIONAL, que desde su fecha de ingreso en noviembre del
2009 le correspondería.
CUARTO.- Como bien se sabe el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado – FONAFE, es la entidad encargada de normar y dirigir la
actividad empresarial del Estado; es así que aprueba las Escalas Remunerativas de
las empresas del Estado que se encuentran bajo su ámbito, entre ellos, el del Banco
de la Nación, es por ello, que mediante el Acuerdo de Directorio N 005-2006/007-
FONAFE , que obra a fojas 26 y 27, se aprueba la modificación de la Política
Remunerativa del Banco de la Nación, vigente desde 01 de febrero del 2006; fijando
5 la remuneración básica mensual máxima, lo que significa que las remuneraciones
de los trabajadores del Banco de la Nación no pueden superar el tope máximo
asignado a cada categoría; sin embargo, estando a que FONAFE únicamente ha
fijado el tope máximo, el Banco de la Nación en su calidad de empleador con las
facultades para organizar económica y administrativamente puede determinar el
valor de cada puesto o cargo siempre y cuando no supere el máximo para cada
categoría.
QUINTO.- Además, debe tenerse en cuenta que a remuneración es fijada en virtud
a diversos factores, como la experiencia, antigüedad, méritos, capacitación, entre
otros, por lo tanto, puede existir remuneración diferenciada entre uno y otro
trabajador de una misma categoría, es así que en los casos que se solicita
homologación a fin de verificar si se ha infringido el principio de igualdad
remunerativa, debe tomarse en cuenta los criterios mínimos señalados en Casación
N 208-2005, PASCO, precedente de observancia que deben ser tomados en cuenta
por los Jueces al momento de comparar la situación de los trabajadores.
SEXTO.- En el presente caso, no se pretendió una homologación con otros
trabajadores de la misma categoría, tal es así que no indicó el nombre de los
trabajadores con los que debería hacerse la comparación del básico, por el contrario,
en el numeral 9 de su ofertorio de pruebas, cuando ofrece las planillas de algunos
trabajadores, fundamenta la finalidad de ellas, indicando que es para acreditar los
incrementos por convenios colectivos y los laudos, tal es así que tratándose de
abogados, en el año 2008, tienen entre ellos básicos distintos, y menores al máximo.
SETIMO.- El argumento sustancial del demandante, es que no puede percibir un
monto menor al monto máximo de la categoría menor inmediata, no teniendo dicho
argumento ningún sustento legal ni fáctico, pues como se ha señalado
precedentemente el Acuerdo de Directorio N 005-2006/007-FONAFE (fojas 26 y 27),
fija montos máximos y no mínimos, por lo tanto, no hay norma alguna, que
justifique la fijación del básico que peticiona la actora, siendo un razonamiento
6 subjetivo, considerar que su remuneración no puede ser menor al máximo de la
categoría anterior a la que ostenta, por lo que debe revocarse la recurrida en este
extremo, admitiendo el agravio de la demandada y desestimando la apelación de la
demandante.
OCTAVO.- En cuanto a los beneficios económicos por convenio colectivo y/o
laudo arbitral, cierre de pliego, asignación por refrigerio, movilidad y uniforme; no
es exigible que la demandante acredite estar acreditada a uno de los sindicatos o que
los beneficios reclamados provenga del Sindicato mayoritario, ya que resulta
evidente que la actora estaba imposibilitada de incorporarse al Sindicato Nacional
de Trabajadores del Banco de la Nación, dado que estaba contratada bajo Contratos
de Locación de Servicios; es decir, la demandada la mantuvo en una situación de
precariedad laboral que impedía que pudiera ejercer sus derechos sindicales, como
es el de escoger afiliarse a uno u otro sindicato, siendo dicha circunstancia que
obedece a la inconducta laboral de la demandada no puede ser utilizada para
desconocer beneficios otorgados mediante los convenios colectivos o laudos
arbitrales, ya que nadie puede beneficiarse por sus propios actos en perjuicio de
otros.
NOVENO.- En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en la Casación N
16995-2016-Lima, en un caso similar seguido contra la demandada, determinando
que si bien el convenio colectivo cuando no es celebrado por la organización sindical
que goza de la representatividad laboral de la mayoría, solo alcanza a sus afiliados;
sin embargo, en los casos que el mismo convenio lo disponga o cuando el trabajador
ha estado limitado en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad sindical,
es decir, no poder afiliarse al sindicato, se le debe otorgar los incrementos y demás
beneficios del sindicato que indique.
DECIMO.- En consecuencia, conforme se ha determinado precedentemente el
vínculo contractual del actor configura una relación laboral a tiempo indeterminado,
por ello al haber estado sometido a una modalidad contractual que no le
correspondía, esto es, de locación de servicios, dicha situación contractual no le
7 permitía acceder a los beneficios económicos otorgados mediante Convenios
Colectivos y Laudos entre la demandada y las organizaciones sindicales de ésta, por
ello, le corresponde al actor los beneficios económicos, tal como lo ha establecido el
Aquo, debiendo precisarse respecto a las condiciones de trabajo, si bien estas, no
tienen carácter compensable, pero considerando que se ha determinado por cada
uno de los conceptos un monto dinerario para cubrir los gastos en los que incurre el
trabajador con motivo de su labor efectiva, tanto la movilidad y refrigerio, gasto en
el que también incurrió la demandante, lo que justifica que se le reintegre, tal como
lo ha liquidado la Aquo, considerando solo el tiempo que laboro efectivamente la
demandante; y en cuanto al uniforme, en el caso concreto de autos, para los periodos
del 2010 y 2013, se sustituyó la entrega de uniformes que realizaba el Banco
cuantificando el costo de los mismos, es decir, los trabajadores recibieron el monto
de S/814 y S/800.00, respectivamente, por ello debe desestimarse el agravio de la
demandada.
DECIMO PRIMERO.- En cuanto a los costos, la Sétima Disposición
Complementaria de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, señala: «En los
procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos», así, el artículo III del
Título Preliminar de la nueva norma procesal laboral, establece como uno de sus
fundamentos el alcanzar la igualdad real de las partes, en ese sentido, el Estado es la
única parte que tiene la exoneración en el pago de costas y costos del proceso, hoy
esta modificación, que da la posibilidad del pago de costos por parte del Estado,
coloca en paridad a las partes en el proceso laboral; más aún, se justifica la condena
al pago de costos, por la situación de precariedad laboral que se ha tenido a la
demandante, lo que le ha obligado contratar a un abogado para recurrir al órgano
jurisdiccional, es por ello que se desestima el agravio formulado por la parte
demandada.
DECIMO SEGUNDO. - Sobre Bono por Desempeño Grupal, mediante Acuerdo de
Directorio N° 005-2006/007-FONAFE (transcrito a fojas 25), se establece el Bono
Extraordinario por Desempeño Grupal, estará sujeto a evaluación de desempeño
aprobado por el Banco de la Nación y acorde a las escalas remunerativas que
8 establece el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE. En ese sentido, considerándose que el Bono Extraordinario por
Desempeño Grupal es un concepto cuyo pago se encontraba condicionado a las
evaluaciones de desempeño, sin embargo, dichas evaluaciones no fueron efectuadas
al actor por responsabilidad de la demandada conforme a lo expuesto
precedentemente, entonces, considerando que equivale a un básico en mayo y
octubre de cada año, siendo los periodos 2010 y 2011, debe considerarse con los
incrementos amparados, siendo así, le corresponde la suma de S/.11,700.00 de
acuerdo al siguiente detalle:
Bono
Años Desempeño
Grupal
may-10 2,870.00
oct-10 2,870.00
may-11 2,980.00
oct-11 2,980.00
TOTAL 11,700.00
El Bono incluye el básico percibido mas
los incrementos de fojas 233 por laudo
DECIMO TERCERO.- Que, en cuanto al extremo de indemnización por daños y
perjuicios, si bien es cierto la ponente ha tenido un pronunciamiento distinto, en las
demandas de indemnización por daños y perjuicios, en casos de despido arbitrario,
incausado o fraudulento; sin embargo, estando a los reiterados pronunciamientos a
nivel nacional, y de la Corte Suprema de Justicia de la República, como las
Casaciones números 2677-2012-Lima, 139-2014 – La Libertad, 4977-2015- Callao,
13529-2015 Callao, 13319-2015-Callao, 7658-2016 Lima, entre otros, en la que se ha
establecido que procede el pago de indemnización por daños y perjuicios, y si bien
es cierto, que estas sentencias no constituyen precedentes vinculantes, si forma parte
9 de la línea jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia de la República ha
adoptado, por lo tanto, observando el principio de predictibilidad que resulta
fundamental para crear un clima de seguridad jurídica, evitando que ante un mismo
problema jurídico se den soluciones diferentes, pues, la expectativa razonable de
todo ciudadano que acude al órgano jurisdiccional es que su causa sea resuelta en el
mismo sentido que se han estado pronunciando en causas similares los Órganos
Superiores, en aplicación a lo previsto por el artículo 22° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, me aparto de criterios vertidos en decisiones
adoptadas en causas análogas o similares.
DECIMO CUARTO. - En cuanto a este extremo es apelado por la demandada y la
demandante, mientras el primero sostiene que no se verifica ninguno de los
elementos de la responsabilidad civil, al no existir el daño, que tampoco se daría el
lucro cesante, y que no ha acreditado el daño moral que alega, por su parte la
demandante sostiene que el Aquo incurre en error al determinar el quantum de
lucro cesante.
DECIMO QUINTO.- Se aprecia de la demanda, en cuanto al extremo de
indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral, parte pertinente
de folio 106, sostiene que su persona fue cesada como trabajadora, sin expresión de
causado o motivo que justifique la decisión comunicada verbalmente el día 23 de
marzo del 2012, ante lo sucedió interpuso una demanda de Acción de Amparo la
que culmino declarando fundada en parte la demanda, ordenando que la
demandada le reponga como trabajadora, así con fecha 03 de marzo de 2015 ha sido
repuesta, pero hasta la fecha no se le ha abonado las remuneraciones devengadas
gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios; hecho que además le ha
ocasionado un gran dolor y aflicción personal y familiar .
DECIMO SEXTO. – Que, el Código Civil, establece en sus artículos:
Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.
10 El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en
cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.
Indemnización por daño moral
Artículo 1322.- El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es
susceptible de resarcimiento.
Artículo 1331.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también
corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
Artículo 1332.- Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto
preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.
DÉCIMO SÉTIMO. - Que, como se ha señalado en la recurrida, al tratarse de una
responsabilidad contractual, la antijuricidad está manifestada en el incumplimiento
de sus obligaciones, y ello ha quedado demostrado con la sentencia emitida en la
acción de amparo seguida entre las mismas partes, que obra de folio 4 a 11, que
tiene la calidad de cosa juzgada en la que se determinó que se vulneró el derecho de
trabajo de la demandante y se estimó la reposición demandada, por lo tanto, se
amparó el pago de lucro cesante y daño moral.
DÉCIMO OCTAVO. – Que, si bien es cierto, el lucro cesante se sustenta en no
haber percibido ingresos y demás beneficios sociales por el tiempo que duro el
despido hasta su reincorporación en virtud al mandato judicial, sin embargo, el
monto no debe determinarse en lo equivalente a dichos derechos dejados de
percibir, pues así, se estaría encubriendo el pago de remuneraciones devengadas y
demás derecho por un trabajo no efectivo; que si bien es cierto, no corresponde
tampoco hacer la deducción de lo que pudiera haber percibido la demandante por
el trabajo realizado para otro empleador, mientras estaba despedido, sin embargo es
una referencia para el momento de establecer el Quantum, considerando además,
que en el caso de los servidores públicos existe la prohibición de percibir dos
11 remuneraciones del Estado, en éste caso no obstante, no coincidir con el Juez en la
forma que se liquidó pero en virtud a lo dispuesto en el artículo 1332° del Código
Civil, se debe confirmar el monto establecido por la Aquo, con respecto al lucro
cesante.
DÉCIMO NOVENO. - En cuanto al daño moral, es evidente que la demandante ha
sufrido una aflicción al ser privado de su trabajo y quedarse sin el sustento para
cubrir sus necesidades y las de su familia, en consecuencia, procede el pago de la
indemnización para resarcir el daño moral causado a la demandante, confirmando
la establecida en autos.
VIGESIMO. - Que, siendo así en virtud al extremo revocado y la confirmación de
otros extremos corresponde que la demandada abone a la demandante los
siguientes conceptos.
BENEFICIOS
Incrementos de Convenio 8,121.67
Reintegro de refrigerio 1,421.20
Reintegro de Movilidad 2,081.20
Cierre de Pliego 12,300.00
Uniforme 1,614.00
Utilidades 7,004.89
Vacaciones 10,506.67
Gratificaciones 12,141.67
Lucro Cesante 41,065.27
Daño Moral 5,000.00
Bono por Desempeño Grupal 11,700.00
12 TOTAL BENEFICIOS 112,956.57
CTS 7,773.82
Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con del literal a) del artículo 4. 2º
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, la Primera Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima y administrando Justicia a
nombre de la Nación:
HA RESUELTO
REVOCAR La sentencia N° 195-2016-17 JETP-CSJL-YJM, contenida en la
Resolución número cinco, de fecha 31 de octubre del 2016, de folio 218-253, en el
extremo que declara fundada la nivelación de la remuneración básica mensual y
reintegro de la remuneración básica por el periodo del 03 de marzo al 31 de octubre
de 2015, REFORMANDOLA se declara INFUNDADA.
REVOCAR la sentencia, en el extremo que deniega el pago de la bonificación por
desempeño grupal REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA.
CONFIRMAR en lo demás que contiene, y se MODIFICA el monto de abono,
DISPONIENDO que la demandada que cumpla con abonar a la actora la suma de
S/.112,956.57 (CIENTO DOCEMIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS E MIL CON
57/100 SOLES) por los conceptos expuestos en la parte considerativa dela sentencia,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON 82/100 SOLES) en custodia derivados de la compensación por tiempo
de servicios, más los intereses legales, sin costas y con costos del proceso.
En los seguidos por YUPANQUI TELLO MARLENE contra el BANCO DE LA
NACION; sobre incumplimiento de normas y disposiciones laborales; y los
devolvieron a su Juzgado de Origen. -
SS.
13 VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR (P) JULIO HEYNER
CANALES VIDAL ES COMO SIGUE:
ASUNTO
Viene en revisión la Sentencia N°195-2016-17° JETP-CSJL-YJM contenida en la
resolución N°05 de fecha 31 de octubre de 2016 de fojas 218 a 253, que declara
fundada en parte la demanda interpuesta por Doña Marlene Yupanqui Tello; y en
consecuencia ordenar a la demandada banco de la Nación cumpla con nivelar la
remuneración básica mensual del demandante desde el 01 de noviembre de 2015 en
el importe de S/. 4,553.00 y le pague la suma ascendente a S/. 119,764.66 por
reintegro de remuneración básica del 03 de marzo al 31 de octubre de 2015,
incrementos remunerativos por convenios del colectivos del 2010 y 2012 y laudo
arbitral de 2011, asignación por refrigerio del convenio colectivo de 2010 y laudo
arbitral 2011, asignación por movilidad por convenio colectivo de 2010, bonificación
extraordinaria por cierre de pliego, uniformes, utilidades, compensación por tiempo
e servicios, remuneración e indemnización vacacional, gratificaciones e
indemnización por daños y perjuicios en los aspectos de lucro cesante y daño moral,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 en custodia por compensación por tiempo de
servicios, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la demandada de fojas
257 a 276 e interpuesto por el demandante de fojas 278 a 282.
AGRAVIOS
1.- La demandada señala que:
a.- No le corresponde al demandante la nivelación remunerativa correspondiente a
la categoría de Profesional que reclama pues en la entidad la remuneración se
asigna en razón a los requisitos y competencias exigidas para cada labor y nivel
profesional, tanto más si ello significaría un ascenso que debe cumplir con los
requisitos fijados en la Directiva BN-DIR-2300 N°040-03 “asensos y Promociones”.
asimismo, el banco de la Nación cada categoría cuenta con diferentes niveles
14 remunerativos, por lo que para poder el demandante ubicarse en alguna en
especifica debe previamente ser evaluado por el área de Selección de Personal.
b.- No corresponde al demandante el pago de indemnización por daños y
perjuicios, pues
- No se configura lucro cesante al no existir derecho al pago de
remuneraciones por labores no desempeñadas, pues la remuneración tiene
naturaleza contraprestativa, sin importar el motivo por el cual dejó de prestar
servicios para la entidad. Además, no puede tomarse por cierto que hubiera tenido
continuidad en la entidad puesto que pudo haber renunciado o haber sido
destituido.
- No se ha acreditado el daño moral sufrido.
c.- No corresponde al demandante el pago de incrementos remunerativos y
bonificación extraordinaria por cierre de pliego, pues estos son otorgados
únicamente a los trabajadores afiliados al sindicato que los negoció, en la medida
que ninguna de la organización sindicales de la entidad ostenta la condición de
mayoritaria.
d.- No corresponde al demandante el pago por refrigerio, movilidad y uniforme,
pues constituyen propiamente condiciones de trabajo.
e.- El banco se encuentra exonerado del pago de costos procesales.
2.- Por su lado, el demandante señala que:
a.- El A quo no debió calcular el monto por lucro cesante como diferencia de lo
percibido como trabajadora del poder judicial con lo que debió percibir en el Banco
de la Nación desde el 23 de marzo de 2012 al 02 de marzo de 2015 al haber sido
declarado nulo el despido mediante acción de amparo se restituye las cosas a su
estado anterior, debiendo aplicarse extensivamente el artículo 40 de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral que establece el pago de remuneraciones
devengadas, sin considerar los ingresos que hubiera percibido por otra parte ya
además es un supuesto de suspensión imperfecta fijado en el artículo 54 del Decreto
Supremo N°001-96-tr.
15 b.- Le corresponde el pago de reintegro de remuneraciones por inaplicación de la
escala remunerativa por desde 12 de noviembre de 2009 y no recién desde el 02 de
marzo de 2015, al ya haber venido desempeñándose como Profesional I.
c.- Le corresponde el pago de bono por desempeño grupal, pues le correspondía a la
demandada acreditar que los trabajadores del área en que se desempeñaba fueron
efectivamente evaluados y bajo qué criterios, de modo que se acredite que fue
evaluado negativamente.
FUNDAMENTOS
Nivelación Remunerativa y Reintegro de Remuneraciones
1. El Juez de Primera instancia ha determinado el derecho de la demandante a la
nivelación remunerativa desde el 03 de marzo de 2015 con la remuneración de S/.
4,003.00 soles al considerar que desde esa fecha se encuentra acreditada su
condición de Profesional I y que del acuerdo de Directorio N°005-2006/2006/007-
FONAFE se desprende que tal es la remuneración mínima para la categoría de
profesional.
2. No obstante, de revisión del mismo Memorándum a fojas 22, que valora el A quo
para tener por acreditada la categoría de Profesional I desde el 03 de marzo de 2015,
se advierte también que esta fue emitida en cumplimiento del mandato judicial de
reposición provisional que, acorde a las sentencias de primera instancia y de vista
emitidas en el proceso de amparo de fojas 04 a 11, correspondía que sea en el mismo
puesto que venía desempeñando hasta antes del despido el 23 de marzo de 2012.
3. En tal sentido, se advierte que la propia demandada, al ejecutar la reposición
provisional en la categoría de Profesional I, reconoce que las labores desempeñadas
por la demandante desde el 12 de noviembre de 2009 hasta antes su despido el 23 de
marzo de 2012 eran propias de la categoría de Profesional.
4. Los artículos 23 y 24 de la Constitución Política del Estado establecen
respectivamente “Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre
consentimiento” y “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente,
16 que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…) El pago de la
remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra
obligación del empleador”, disposiciones con las cuales se reconoce expresamente el
Derecho Fundamental de todo trabajador al pago de la remuneración con exigencias
de equidad y suficiencia y carácter prioritario para el empleador frente a otras
obligaciones.
5. La parte demandante pretende el pago de reintegro de remuneraciones en razón a
haberle correspondido durante su record laboral del 12 de noviembre de 2009 al 23
de mayo del 2012 y del 03 de marzo en adelante el atributo remunerativo
establecido por FONAFE para la Categoría de Profesional; ante lo cual la parte
demandada ha sostenido en su escrito de contestación que el Acuerdo de Directorio
N°015-2003/008-FONAFE y Acuerdo de Directorio N°005-2006/007-FONAFE que
establecieron las escalas remunerativas para los trabajadores del Banco de la Nación
durante el periodo reclamado solo han fijado el máximo que pueda corresponder a
cada categoría, concluyendo que no le asiste al derecho al pago referido al no haber
concursado ni calificado para ascensos.
6. Ciertamente, el Acuerdo de Directorio N°005-2006/007-FONAFE obrante a fojas 130
establecen como remuneración para la categoría de Profesional la cantidad de
S/.4.735.00 nuevos soles y para la de Técnico la cantidad de S/. 4,002.00; mientras
que el accionante durante su record de servicios ha venido percibiendo montos
menores conforme se verifica de revisión de contratos de locación de servicios
suscritos y el propio dicho del demandante que no ha sido negado por la
emplazada.
7. La noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el primero
aparece como un principio rector de la organización y actuación del Estado
Democrático de Derecho. En el segundo, se presenta como un derecho fundamental
de la persona. Como principio implica un postulado o proposición con sentido y
proyección normativa o deontológico, que, por tal, constituye parte del núcleo del
sistema constitucional de fundamento democrático. Como derecho fundamental
comporta el reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución
conformante del patrimonio jurídico de una persona, derivada de su naturaleza, que
17 consiste en ser tratada igual que los demás en relación a hechos, situaciones o
acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el derecho subjetivo de
obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias.
8. En ese sentido, la igualdad es un –principio– derecho que instala a las personas
situadas en idéntica condición, en un plano de eq |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
SEÑORES
ESPINOZA MONTOYA
SERPA VERGARA
CANALES VIDAL
RESOLUCIÓN Nro. 18
Lima, tres de diciembre
del año dos mil dieciocho.-
Subsistiendo surgido Discordia en el presente proceso con los votos emitidos por los
señores magistrados Canales Vidal respecto a Revocar la Sentencia contenida en la
resolución N°05 de fecha 31 de octubre de 2016 en los extremos que desestiman las
pretensiones de pago de reintegro de remuneraciones por el periodo de 12 de
noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012 y el pago de bonificación por desempeño
grupal; y la reforma la declara fundada. Confirma la Sentencia, que declara fundada en
parte la demanda; y en consecuencia, Ordena a la demandada cumpla con nivelar la
remuneración básica mensual del demandante desde el 01 de noviembre de 2015 en
el importe de S/. 4,553.00. modifica en su monto respecto a lucro cesante, ordena que
la demandada pague a la demandante la suma ascendente a S/.258,263.04
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
04/100 SOLES) por reintegro de remuneraciones, incrementos remunerativos,
asignación por refrigerio, asignación por movilidad, bonificación extraordinaria por
cierre de pliego, uniformes, utilidades, compensación por tiempo e servicios,
remuneración e indemnización vacacional, gratificaciones e indemnización por daños y
perjuicios en los aspectos de lucro cesante y daño moral, incluyéndose el monto de S/.
7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 82/100 SOLES) en
CUSTODIA por compensación por tiempo de servicios, con costos del proceso, con lo
demás que contiene.
Con el voto de la Dra. Serpa Vergara con la adhesión del Dr. Montes Minaya respecto
a Revocar la sentencia contenida en la Resolución número cinco, de fecha 31 de
octubre del 2016, en el extremo que declara fundada la nivelación de la remuneración
básica mensual y reintegro de la remuneración básica por el periodo del 03 de marzo
al 31 de octubre de 2015, la reforman y se declara infundada. Revocan la sentencia, 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
en el extremo que deniega el pago de la bonificación por desempeño grupal la reforma
y declaran fundada. Confirman en lo demás que contiene, y modifican el monto de
abono, disponiendo que la demandada que cumpla con abonar a la actora la suma de
S/.112,956.57 (CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS E MIL CON
57/100 SOLES) por los conceptos expuestos en la parte considerativa dela sentencia,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
CON 82/100 SOLES) en custodia derivados de la compensación por tiempo de
servicios, más los intereses legales, sin costas y con costos del proceso.
Con el voto emitido por el Dr, Barboza Ludeña respecto a Revocar la sentencia del 31
de Octubre de 2016 en el extremo que declara fundada la nivelación de la
remuneración básica mensual y reintegro de remuneraciones, refrigerio, movilidad
cierre de pliego, uniforme, la reforma y declara infundado. Confirma la misma en el
extremo que declara infundada el pago de bonificación por desempeño grupal.
Confirma la misma en el extremo que declara fundada en parte la demanda y modifica
el cuanto al monto de pago; consecuentemente, ordena que la demandada pague a
favor del demandante la suma ascendente a S/.75,718.50 por los conceptos
amparados y con respecto a la compensación de tiempo de servicios debe constituirse
la demandada en depositaria o depositar en la endiñad bancaria /financiera
correspondiente por el monto de S/.7,773.82 soles mas el pago de intereses legales y
financieros que se liquidara en ejecución de sentencia pago de costos del proceso sin
costas.
Con el voto en discordia del Dr. Valencia Carrera respecto a Revocar la Sentencia
contenida en la resolución N°05 de fecha 31 de octubre de 2016 en los extremos que
desestiman las pretensiones de pago de reintegro de remuneraciones por el periodo de
12 de noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012 y el pago de bonificación por
desempeño grupal; y la reforma la declara fundada. Confirma la Sentencia, que declara
fundada en parte la demanda; y en consecuencia, Ordena a la demandada cumpla con
nivelar la remuneración básica mensual del demandante desde el 01 de noviembre de
2015 en el importe de S/. 4,553.00. modifica en su monto respecto a lucro cesante,
ordena que la demandada pague a la demandante la suma ascendente a
S/.146,051.67 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UNO CON 67/100
SOLES) por reintegro de remuneraciones, incrementos remunerativos, asignación por
refrigerio, asignación por movilidad, bonificación extraordinaria por cierre de pliego,
uniformes, utilidades, compensación por tiempo e servicios, remuneración e 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
indemnización vacacional, gratificaciones e indemnización por daños y perjuicios en los
aspectos de lucro cesante y daño moral, incluyéndose el monto de S/. 7,773.82 (SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 82/100 SOLES) en CUSTODIA por
compensación por tiempo de servicios, con costos del proceso, con lo demás que
contiene.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; LLAMARON al Señor Juez Superior designado por ley; y
SEÑALARON fecha para la vista de la causa en discordia, para el día SIETE DE
ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE a horas TRES de la TARDE Habiéndose
numerado erróneamente la resolución del 19 de noviembre último, entiéndase que le
corresponde el número diecisiete NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
SEÑORES
ESPINOZA MONTOYA
SERPA VERGARA
CANALES VIDAL
RESOLUCIÓN Nro. 16
Lima, treinta de Octubre
del año dos mil dieciocho.-
Subsistiendo surgido Discordia en el presente proceso con los votos emitidos por los
señores magistrados Canales Vidal respecto a Revocar la Sentencia contenida en la
resolución N°05 de fecha 31 de octubre de 2016 en los extremos que desestiman las
pretensiones de pago de reintegro de remuneraciones por el periodo de 12 de
noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012 y el pago de bonificación por desempeño
grupal; y la reforma la declara fundada. Confirma la Sentencia, que declara fundada en
parte la demanda; y en consecuencia, Ordena a la demandada cumpla con nivelar la
remuneración básica mensual del demandante desde el 01 de noviembre de 2015 en
el importe de S/. 4,553.00. modifica en su monto respecto a lucro cesante, ordena que
la demandada pague a la demandante la suma ascendente a S/.258,263.04
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
04/100 SOLES) por reintegro de remuneraciones, incrementos remunerativos,
asignación por refrigerio, asignación por movilidad, bonificación extraordinaria por
cierre de pliego, uniformes, utilidades, compensación por tiempo e servicios,
remuneración e indemnización vacacional, gratificaciones e indemnización por daños y
perjuicios en los aspectos de lucro cesante y daño moral, incluyéndose el monto de S/.
7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 82/100 SOLES) en
CUSTODIA por compensación por tiempo de servicios, con costos del proceso, con lo
demás que contiene.
Con el voto de la Dra. Serpa Vergara con la adhesión del Dr. Montes Minaya respecto
a Revocar la sentencia contenida en la Resolución número cinco, de fecha 31 de
octubre del 2016, en el extremo que declara fundada la nivelación de la remuneración
básica mensual y reintegro de la remuneración básica por el periodo del 03 de marzo
al 31 de octubre de 2015, la reforman y se declara infundada. Revocan la sentencia, 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
en el extremo que deniega el pago de la bonificación por desempeño grupal la reforma
y declaran fundada. Confirman en lo demás que contiene, y modifican el monto de
abono, disponiendo que la demandada que cumpla con abonar a la actora la suma de
S/.112,956.57 (CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS E MIL CON
57/100 SOLES) por los conceptos expuestos en la parte considerativa dela sentencia,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
CON 82/100 SOLES) en custodia derivados de la compensación por tiempo de
servicios, más los intereses legales, sin costas y con costos del proceso.
Con el voto emitido por el Dr, Barboza Ludeña respecto a Revocar la sentencia del 31
de Octubre de 2016 en el extremo que declara fundada la nivelación de la
remuneración básica mensual y reintegro de remuneraciones, refrigerio, movilidad
cierre de pliego, uniforme, la reforma y declara infundado. Confirma la misma en el
extremo que declara infundada el pago de bonificación por desempeño grupal.
Confirma la misma en el extremo que declara fundada en parte la demanda y modifica
el cuanto al monto de pago; consecuentemente, ordena que la demandada pague a
favor del demandante la suma ascendente a S/.75,718.50 por los conceptos
amparados y con respecto a la compensación de tiempo de servicios debe constituirse
la demandada en depositaria o depositar en la endiñad bancaria /financiera
correspondiente por el monto de S/.7,773.82 soles mas el pago de intereses legales y
financieros que se liquidara en ejecución de sentencia pago de costos del proceso sin
costas.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; LLAMARON al Señor Juez Superior designado por ley; y
SEÑALARON fecha para la vista de la causa en discordia, para el día DIECINUEVE
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas TRES Y CUARENTA de la
TARDE NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
SEÑORES
ESPINOZA MONTOYA
SERPA VERGARA
CANALES VIDAL
RESOLUCIÓN Nro. 13
Lima, Veintiocho de setiembre
del año dos mil dieciocho.-
Habiendo surgido Discordia en el presente proceso con los votos emitidos por los
señores magistrados Canales Vidal respecto a Revocar la Sentencia contenida en la
resolución N°05 de fecha 31 de octubre de 2016 en los extremos que desestiman las
pretensiones de pago de reintegro de remuneraciones por el periodo de 12 de noviembre de
2009 al 23 de marzo de 2012 y el pago de bonificación por desempeño grupal; y la reforma la
declara fundada. Confirma la Sentencia, que declara fundada en parte la demanda; y en
consecuencia, Ordena a la demandada cumpla con nivelar la remuneración básica mensual del
demandante desde el 01 de noviembre de 2015 en el importe de S/. 4,553.00. modifica en su
monto respecto a lucro cesante, ordena que la demandada pague a la demandante la suma
ascendente a S/.258,263.04 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 04/100 SOLES) por reintegro de remuneraciones, incrementos
remunerativos, asignación por refrigerio, asignación por movilidad, bonificación extraordinaria por
cierre de pliego, uniformes, utilidades, compensación por tiempo e servicios, remuneración e
indemnización vacacional, gratificaciones e indemnización por daños y perjuicios en los aspectos
de lucro cesante y daño moral, incluyéndose el monto de S/. 7,773.82 (SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 82/100 SOLES) en CUSTODIA por compensación por
tiempo de servicios, con costos del proceso, con lo demás que contiene.
Con el voto de la Dra. Serpa Vergara con la adhesión del Dr. Montes Minaya respecto
a Revocar la sentencia contenida en la Resolución número cinco, de fecha 31 de
octubre del 2016, en el extremo que declara fundada la nivelación de la remuneración
básica mensual y reintegro de la remuneración básica por el periodo del 03 de marzo
al 31 de octubre de 2015, la reforman y se declara infundada. Revocan la sentencia, 1° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: YUPANQUI TELLO, MARLENE
en el extremo que deniega el pago de la bonificación por desempeño grupal la reforma
y declaran fundada. Confirman en lo demás que contiene, y modifican el monto de
abono, disponiendo que la demandada que cumpla con abonar a la actora la suma de
S/.112,956.57 (CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS E MIL CON
57/100 SOLES) por los conceptos expuestos en la parte considerativa dela sentencia,
incluyéndose el monto de S/.7,773.82 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
CON 82/100 SOLES) en custodia derivados de la compensación por tiempo de
servicios, más los intereses legales, sin costas y con costos del proceso.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; LLAMARON al Señor Juez Superior designado por ley; y
SEÑALARON fecha para la vista de la causa en discordia, para el día VEINTISEIS
DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas NUEVE Y TREINTA de la
MAÑANA. AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la señora magistrada
Espinoza Montoya por disposición superior. NOTIFÍQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
Edificio Alzamora Valdez, 5° Piso
(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
EXPEDIENTE N° : 25674-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDANTE : MARLENE YUPANQUI TELLO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
JUEZ : YSABEL JURADO MONTEAGUDO
SENTENCIA N° 195-2016-17°JETP-CSJL-YJM
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
Lima, treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento de fecha
veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, con la asistencia de ambas
partes procesales, se procedió al Juzgamiento del proceso, en el que se
reservó el fallo para el día treinta y uno de octubre del presente año.
I. ANTECEDENTES:
1. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
1.1. DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
La Señora Juez, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497,
Nueva Ley Procesal de Trabajo - NLPT al no lograr la conciliación, fijó las
pretensiones materia de juicio formuladas por la actora,
mencionándose los siguientes:
(cid:1) Se ordene la nivelación de la remuneración básica a partir de
noviembre de 2015 al importe de S/. 4,553.00 soles, monto que
corresponde a la categoría de un Profesional y los incrementos
otorgados por convenios colectivos y laudo arbitral.
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(cid:1) El reintegro de la remuneración básica por el período del 12 de
noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012 y del 03 de marzo al 31 de
octubre de 2015, al haberse efectuado un pago diminuto.
(cid:1) El pago por los incrementos remunerativos al básico mensual
otorgado por convenio colectivo de los años 2010 y 2012, y por laudo
arbitral del año 2011, por los períodos del 12 de noviembre de 2009 al 23
de marzo de 2012 y del 03 de marzo al 31 de octubre de 2015.
(cid:1) El pago de asignación por refrigerio otorgada por convenio
colectivo del año 2010 y 2013, y laudo arbitral del año 2011, por el
período del 01 de enero de 2010 al 23 de marzo de 2012.
(cid:1) El pago de la asignación por movilidad otorgada por convenio
colectivo de los años 2010 y 2013, por el período del 01 de enero de
2010 al 03 de marzo de 2015.
(cid:1) El pago de la bonificación extraordinaria por el cierre de pliego
otorgado por convenio colectivo del año 2010, que se suscribió con la
organización sindical SINATBAN.
(cid:1) El pago de la bonificación extraordinaria por el cierre de pliego
otorgado por laudo arbitral del año 2011 seguido por la coalición
sindical.
(cid:1) El pago de la bonificación extraordinaria por el cierre de pliego
otorgado por convenio colectivo del año 2012 que se suscribió con las
organizaciones sindicales SINATBAN Y SUTBAN.
(cid:1) El pago de uniformes al personal otorgado por convenio
colectivo del año 2010 que se suscribió con la organización sindical
SINATBAN.
(cid:1) El pago de uniformes al personal otorgado por convenio
colectivo del año 2013 que se suscribió con la organización sindical
SINATBAN.
(cid:1) El pago del bono de desempeño grupal que debió ser otorgado
en el mes de mayo y octubre del año 2010 y 2011 a razón de una
remuneración básica en cada oportunidad.
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(cid:1) El pago de las utilidades correspondientes a los ejercicios
económicos 2010, 2011 y 2012 a razón de una remuneración básica en
cada oportunidad.
(cid:1) El pago de la compensación por tiempo de servicios devengados
por el período del 12 de noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012.
(cid:1) El pago de la remuneración e indemnización vacaciones por el
período de 2009-2010 y 2010-2011.
(cid:1) El pago de las vacaciones truncas por el período 2012-2013.
(cid:1) El pago de las gratificaciones legales correspondientes al período
de julio y diciembre de 2010 y julio y diciembre 2011 incluyendo la
bonificación extraordinaria del 9%.
(cid:1) El pago de una indemnización por daños y perjuicios por el
concepto de lucro cesante.
(cid:1) El pago de una indemnización por daños y perjuicios por el
concepto de daño moral.
(cid:1) El pago de los intereses legales y costos del proceso.
1.2. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE:
La actora, en su demanda y en la confrontación de posiciones invocó
los siguientes fundamentos de hecho:
a) En la vía del proceso ordinario laboral, mediante demanda
obrante en autos de fojas 02 a 122, la accionante MARLENE YUPANQUI
TELLO interpone demanda contra el BANCO DE LA NACIÓN,
peticionando la nivelación de su remuneración básica en la suma de
S/. 4,553.00 soles, reintegro de remuneraciones, considerando la escala
remunerativa y los convenios colectivos; el cobro de todos los beneficios
por concepto de los convenios colectivos y laudo arbitral por los
periodos señalados, se le otorgue a la parte demandante el bono por el
desempeño grupal por los periodos, el pago de utilidades; reintegro de
la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones
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no gozadas y por último el pago de la indemnización por lucro cesante,
más intereses legales y costos procesales.
b) Sostiene que ingreso a laboral para la demandada con fecha 12
de noviembre del año 2009, manteniendo vínculo laboral vigente,
siendo su actual situación el de trabajadora de la demandada
desempeñándose como Analista, con Categoría PROFESIONAL I en la
Sección Adquisición de Bienes, División de Abastecimiento en el
Departamento de Logística y con una remuneración básica percibida
es de S/. 2,650.00 soles.
c) Así también refiere que desde la fecha de ingreso fue
contratada bajo supuesta modalidad de locación de servicios,
situación que genero su cese el 23 de marzo del 2012, obligándole a
interponer una demanda de amparo en la vía del proceso
constitucional la cual fue tramitada ante el Noveno Juzgado
Constitucional mediante proceso signado con la numeración 8356-
2012-0-1801-JR-CI-09, en donde se emite la sentencia declarando
fundada en parte ordenando la reposición, la cual fue confirmada por
la Primera Sala Especializada Civil de Lima; y siendo respuesta a su
centro de labores con fecha 03 de marzo del 2015.
d) Asimismo, respecto a la categoría y de nivelación de su
remuneración básica mensual, indica que mediante Memo
N°EF/92.2335 de fecha 30 de marzo de 2015, el Banco de la Nación por
mandato judicial ha procedido a registrarlo en planillas, con ello la
categoría de profesional; teniendo una remuneración básica máxima
de S/. 4,735.00 soles, siendo la remuneración básica máxima para la
categoría inmediata inferior (TECNICO) de S/. 4,002.00, por lo que la
remuneración básica mínima percibida por un profesional debe
resultar superior a la remuneración básica máxima de la categoría
inmediata inferior; adicionalmente que a la remuneración básica
mínimo mensual debe agregarse los aumentos realizados mediante
convenios colectivos y laudos arbitrales; el pago del bono por
desempeño grupal, utilidades, Compensación por Tiempo de Servicios,
Remuneración e indemnización vacacional y Gratificaciones.
e) Por Ultimo respecto a la indemnización por daños y perjuicios;
indica que su persona fue cesada como trabajadora sin expresión de
causa o motivo que justique la decisión comunicada verbalmente el
23 de marzo del 2012, siendo que por acción de amparo ha sido
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repuesta con fecha 03 de marzo del 20015; correspondiéndole que el
demandado deba abonar como indemnización por daños y perjuicios
por lucro cesante como resarcimiento al haber dejado de percibir sus
remuneraciones y demás beneficios; y respecto al daño moral expresa
que el despido arbitrario sufrido le ha causado que se vea dañado su
imagen como sujeto de crédito y patrimonio al no poder cumplir en
forma oportuna con las obligaciones contraídas con las entidades
bancarias; así como otros daños adicionales; peticionando que la
demanda sea declarada fundada en todos los extremos.
1.3. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA:
La emplazada, en su contestación y en la confrontación de posiciones
invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) Contesta la demanda mediante escrito de fojas 130 al 178,
negando y contradiciendo la demanda en todos los extremos,
señalando respecto al reintegro de remuneraciones por nivelación de
remuneraciones por la incidencia en la Escala del FONAFE del 2009 al
2012, que si bien es cierto la parte demandante fue incorporada en la
empresa demandada el contenido de la sentencia de primera y
segunda instancia en ninguno de los extremos se ordenó el
reconocimiento del cargo de la categoría.
b) Asimismo, señala sobre el pago de conceptos pactados
mediante convenios colectivos es improcedencia , por cuanto se ha
establecido como condición sine qua non, que su aplicación es sólo
para trabajadores con vínculo laboral vigente a la fecha de su
suscripción, eso quiere decir que, los beneficiados de dicho acuerdo
convencional, debían tener a la fecha de la suscripción del convenio
colectivo un vínculo laboral vigente, debiendo estar inscritos en las
planillas, siendo que en el presente caso la demandante en todo el
período reclamado no prestó servicios para la entidad.
c) Así respecto al pago de las utilidades y al pago de la
bonificación por desempeño grupal, sólo le correspondía otorgar a los
trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, que en la
oportunidad de su otorgamiento hayan estado inscritos en el libro de
planillas de la institución, la misma condición que no cumplió la
demandante.
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d) Agregando que respecto al pago de la indemnización por
daños y perjuicios, no se ha verificado elemento alguno de la
responsabilidad civil que se pretende ilegalmente imputar, por lo que
no resulta amparable la demanda planteado, peticionado que se
declare infundada en todos los extremos.
2. DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
2.1 Se llevó a cabo la confrontación oral de las posiciones de las
partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación probatoria,
enunciándose los hechos que no necesitan de actuación probatoria y
los hechos necesitados de actuación probatoria, procediéndose a la
admisión y posterior actuación de los medios probatorios, requiriéndose
los alegatos finales a la parte asistente, por lo que, la causa se
encuentra expedita para sentenciar.
II. PARTE CONSIDERATIVA
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA:
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,
para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a
un debido proceso y las garantías y principios propios del derecho
laboral; empero, observando que el proceso laboral se inspira entre
otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT) y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el
fondo sobre la forma y observando el debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes
procesales únicamente en la demanda y en la contestación; la
inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan
acreditados (artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla
general que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o, a quien los contradice alegando
hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de
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distribución de la carga probatoria, sin perjuicio que, por ley, se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que
cuando la demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo
paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones y del estado del vínculo laboral y la
causa del despido (artículo 23.4.a y c).
MATERIA DE CONTROVERSIA:
3. El problema se circunscribe en determinar la categoría de
profesional de la demandante desde el 12 de noviembre de 2009 al 23
de marzo de 2012, si corresponde el reintegro de remuneraciones en la
categoría de profesional, si corresponde otorgar los beneficios sociales y
convencionales, la producción de daños en la parte demandante
generados por el despido, la conducta antijurídica de la emplazada y
su factor de atribución y nexo causal entre los daños y la conducta de
la emplazada.
DEL CARGO Y CATEGORÍA
4. Respecto al período reclamado, se advierte de los medios
probatorios obrante a fojas 21 y 22, que la actora ostenta la categoría
de Profesional I, con el cargo de Analista, desde el 03 de marzo de 2015
en adelante, siendo éste su categoría y cargo actual conforme refiere
en su escrito de demanda y el cual no ha sido contradicho por la parte
contraria; sin embargo, respecto al período del 12 de noviembre de
2009 hasta el 23 de marzo de 2012, no se evidencia medio de prueba o
sucedáneo probatorio que acredite que la actora haya ejercido el
cargo de Profesional I; asimismo, cabe precisar que si bien la Sentencia
emitida por el Noveno Juzgado Constitucional, a través del Expediente
N° 08356-2012, declaró fundada la demanda interpuesta por la actora
ordenando su reincorporación, en ella no se evidencia de manera
alguna que el cargo de Profesional I, se le haya reconocido.
ANÁLISIS DE LA PRIMERA PRETENSIÓN
5. Respecto a la nivelación de la remuneración básica a partir de
noviembre de 2015 al importe de S/. 4,553.00 soles, monto que
corresponde a la categoría de un Profesional y los incrementos
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otorgados por convenios colectivos y laudo arbitral; en ese sentido,
primeramente vamos a dilucidar si le corresponde la nivelación
correspondiente a la categoría peticionada.
6. En caso sub examine la parte demandante señala que debería
percibir el importe de S/. 4,003.00 soles, ello a raíz que de conformidad
con la Escala Remunerativa aprobada por FONAFE, mediante Acuerdo
de Directorio N° 005-2006/007, obrante a fojas 27, le correspondía
percibir una remuneración mínima de un Profesional, lo cual resulta de
un monto superior de la remuneración máxima percibida por un
Técnico, (mayor de S/. 4,002.00 soles), por lo que, la remuneración sería
de S/. 4,003.00, además de los aumentos de los convenio colectivos y
laudos arbitrales (el cual se desarrollará más delante); asimismo, la
demandada señaló que dentro de la Escala Remunerativa referida,
existen varias sub categorías de Profesional, y la remuneración señalada
en la Escala Remunerativa de FONAFE se tratarían de remuneraciones
máximas, lo que resultaría imposible su otorgamiento.
7. En tal sentido, debemos referir que el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE, es quien
aprueba mediante acuerdo de su Directorio, la política remunerativa de
las empresas y entidades bajo su ámbito; como así lo precisa el artículo
1° del Decreto Supremo Nº 043-2002-EF1.
8. Asimismo, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 07-94-EF, que
aprobó el Estatuto del Banco de la Nación; precisa que el Banco de la
Nación es una empresa de derecho público, integrante del sector
Economía y Finanzas; en tanto que según el inciso o) del artículo 26°,
constituye atribución de su Directorio establecer la política general de
remuneraciones del personal del Banco, dentro de las normas legales
vigentes.
9. El Decreto de Urgencia N° 09-94; que declaró en reorganización al
Banco de la Nación, para que adecue su organización a lo dispuesto
en su nuevo Estatuto ejecutando un programa de Reestructuración y
Racionalización Administrativa Financiera y de Personal; mediante su
artículo 14° dispuso que el Directorio de la misma, reciba del organismo
competente la delegación de facultades para aplicar el proceso
1 Artículo 1.- El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
aprobará mediante acuerdo de su Directorio, la política remunerativa de las empresas y
entidades bajo su ámbito.
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presupuestario y dictar normas de austeridad y remuneraciones
aplicables al Banco, con sujeción a lo dispuesto por el Decreto Ley N°
25926, el mismo que dispone que la política remunerativas de las
entidades financieras del Estado, en el que se incluye el Banco de la
Nación, debe ser aprobada por Resolución Suprema refrendada por el
Ministro de Economía y Finanzas.
10. De lo anterior, se desprende que la política remuneración y por
ende las escalas remunerativas, o en su caso las bandas salariales y por
ende los niveles remunerativos que se establezca en el Banco de la
Nación, deben ser aprobadas conforme a las disposiciones señaladas,
ya sea mediante Resolución Suprema o mediante Acuerdo del
Directorio del FONAFE, ello en atención a la naturaleza de Empresa
Pública que ostenta la entidad demandada.
11. En el presente caso, mediante Acuerdo de Directorio N° 005-
2006/007-FONAFE, de fecha 23 de febrero del 2006, obrante a fojas 27;
se aprobó la modificación de la política remunerativa del Banco de la
Nación, que contiene la Escala Remunerativa, vigente a partir del 01 de
febrero del 2006, estableciéndose el siguiente cuadro:
Categoría Remuneración básica
mensual máxima
Gerente 16,265.00
General
Gerente 13,796.00
Sub Gerente 8,817.00
Apoderado 7,798.00
Funcionario 4,601.00
Profesional 4,735.00
Técnico 4,002.00
Oficinista 3,339.00
Servicio 2,927.00
12. De ello se desprende la existencia de distintas categorías, así
como sus remuneraciones básicas mensuales máximas,
correspondiendo como remuneración máxima para el TÉCNICO la suma
de S/. 4,002.00 soles y PROFESIONAL la suma de S/. 4,735.00, siendo lo
pretendido por la actora la remuneración mínima del Profesional, el cual
se deduce a un monto superior a la remuneración máxima de la
remuneración de Técnico, el cual equivale S/. 4,003.00 soles.
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13. Ahora bien, la parte demandada, refiere que al interior del Grupo
Ocupacional de Profesional de la institución demandada, existen 4
categorías, las cuáles son las siguientes: a) Profesional IV (categoría
máxima), b) Profesional III, c) Profesional II, d) Profesional I (categoría
mínima), sin embargo, no ha cumplido con acreditar lo alegado con
ningún medio de prueba.
14. A fin de dilucidar la presente controversia, debemos tener en
cuenta lo previsto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución
Política del Estado, el cual señala que: “Ninguna relación laboral puede
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o
rebajar la dignidad del trabajador”, lo que implica que los trabajadores
deben conservar sus derechos reconocidos por el Estado, entre ellos, el
derecho a la igualdad y no discriminación, por lo que, trayendo a
colación este derecho, cabe mencionar que el primer párrafo del
artículo 24 de nuestra Constitución Política, refiere que: “El trabajador
tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure,
para él y su familia, el bienestar material y espiritual”; en tal sentido, y a
la luz del principio de igual, todo trabajador tienen derecho a una
remuneración justa por un trabajo justo, denominación que también se
conoce como “a igual trabajo, igual remuneración.”
15. En esa línea, en el plano internacional este derecho fundamental
guarda igual coherencia y relación con lo recogido en:
(cid:2) El numeral 2 y 3 del artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos donde se establece que “Toda persona
tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social”.
(cid:2) En el Pacto Internacional de Derechos, Económicos,
Sociales y Culturales cuyo artículo 7 señala que “(…) Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración
que proporcione como mínimo a todos los trabajadores (…) un
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
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condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con
salario igual por trabajo igual…(sic)” y
(cid:2) En el artículo 2.1 del Convenio OIT Nº 100, sobre la igualdad
de remuneración que delimita que “(…) Todo Miembro deberá,
empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación
de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos
los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor…(sic)”.
16. En tal sentido de estos Tratados de Derechos Humanos se infiere
que la remuneración como retribución que percibe el trabajador por el
trabajo prestado a su empleador no debe ser sometido a ningún acto
de discriminación, ni ser objeto de recorte, ni de diferenciación dicho de
otro modo propende la cautela e ineludible observancia del Principio
de Igualdad en el desenvolvimiento de la relación laboral.
17. Bajo estas consideraciones, en caso sub examine, la Escala
Remunerativa establecida por FONAFE, no establece ninguna sub
categoría respecto a las categorías ya establecidas, sin embargo la
demandada, ha referido que la diferencia en la remuneración de la
demandante, se debe a la existencia de sub categorías de Profesional
(I; II; III; IV), habida en su institución; en ese sentido, la demandada debe
acreditar que tales diferencias remunerativas respecto a las distintas sub
categorías de Profesional, se deba a un criterio objetivo y razonable,
contrario sensu, estaríamos hablando de una desigual remunerativa.
18. Para ello, la demandada, ha referido en el minuto 25’ con 35”
segundos de la grabación, que: “La categoría de Profesional tiene su
respectiva remuneración máxima, pero como sub categorías, como
también lo dice el referido oficio de FONADE2, se desprende de la
categoría de Profesional VI; III; II y I”, sin embargo, no ha podido
acreditar con medio de prueba o sucedáneo probatorio idóneo, como
es que se constituye la remuneración por cada sub categoría, por lo
que, no basta con sólo referir que existe una diferenciación en las
remuneraciones de los trabajadores que ostentan la misma categoría,
sino que es imprescindible que esto sea acreditado, máxime cuando, es
2 Se refiere al oficio N° 717-2015/DE-FONAFE, obrante a fojas 143 y 144
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la parte que ha señalado la existencia de varios sub categorías dentro
de la categoría de Profesional.
19. De este modo debemos precisar que de la página web de la
demandada www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos.asp;
se advierte que si bien existen categorías de Profesional I, II, III y IV, sin
embargo, no existe ni se ha acreditado en caso de autos una
justificación objetiva y razonable, respecto de establecer las
remuneraciones de éstas sub categorías, puesto que, se señala una
diferenciación en las remuneraciones en las cuatro categorías, sin
indicar cuales serían los parámetros o la forma de calificar las
remuneraciones de cada sub categoría de Profesional, lo que conlleva
a una clara discriminación en la dación de las remuneraciones; por lo
que, bajo estas consideraciones, es que debe reconocer a la
demandante la remuneración mínima peticionada de S/. 4,003.00 soles,
establecida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2006/2006/007-FONAFE,
ello a partir del 01 de noviembre del año 2015 en adelante; ahora bien
corresponde dilucidar si corresponde el incremento remunerativo como
consecuencia de los incrementos de los convenios colectivos y laudo
arbitral.
RESPECTO A LOS INCREMENTOS REMUNERATIVOS POR CONVENIO
COLECTIVO Y LAUDO ARBITRAL
20. La demandante solicita el incremento a su remuneración básica
la suma de S/. 220.00 soles, desde el 01 de enero de 2010, beneficios
proveniente del Convenio Colectivo 2010, obrante 29 al 32, asimismo,
solicita el incremento de S/. 110.00 soles a su remuneración básica,
desde el 01 de enero de 2011, beneficio proveniente del Laudo Arbitral
de fecha 23 de marzo de 2012, nacida del Pliego de Reclamo del
período de 2011, obrantes a fojas 33 al 55, así también, está peticionado
el monto de S/. 220.00 soles a su remuneración básica, desde el período
del 01 de enero de 2012, beneficio proveniente del Convenio Colectivo
de 2012, suscrita el 25 de agosto de 2012, obrante a fojas 56 al 59.
21. Estando a lo antes expuesto, se debe mencionar que respecto al
alcance de los beneficios nacidos del Laudo Arbitral derivado del Pliego
de Reclamos del período de 2011, éste acuerdo tiene que ser analizado
conjuntamente con el comunicado de fecha 29 de marzo de 2012,
obrante a fojas 66, el cual no fue cuestionado por la demandada, la
misma que refiere, que los beneficios derivados del mencionado este
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Laudo Arbitral, serán extensivos a los trabajadores no sindicalizados,
dicho entonces, no cabe mayor análisis respecto al alcances de los
beneficios derivados del Laudo Arbitral de fecha 23 de marzo de 2012;
por lo que, el aumento de remuneraciones de S/. 110.00 soles, referido
en el punto dos del Laudo Arbitral, si le corresponde percibir a la
demandante, puesto que así fue autorizado por la propia entidad
demandada.
22. Respecto al alcance del Convenio Colectivo 2010 y 2012, si bien
la parte demandada, ha referido que no le son alcanzables a la parte
demandante dichos incremento remunerativos, por cuento éstos
beneficios convencionales solo eran para los trabajadores que se
encontraban afiliados al sindicato que suscribió dicho convenio
colectivo; en ese sentido, debemos tener en cuenta, que si bien la
demandante no estuvo afiliada a ninguna organización sindical, esto
fue por cuanto su vínculo era de naturaleza civil y no de naturaleza
laboral, por lo que estuvo imposibilitada a afiliarse a un sindicato; siendo
que recién mediante la sentencia expedida por el Noveno Juzgado
Constitucional de Lima, obrante a fojas 4 al 7, la misma que fue
confirmada por la Primera Sala Especializada en lo Civil de Lima, en el
expediente N° 8356-2012, obrante a fojas 9 al 11, se consideró que la
actora si mantenía una relación de naturaleza laboral con la
demandada, el cual era encubierto mediante los contratos de
locación, siendo dicha contratación fraudulenta e ilegal que imposibilitó
la afiliación de la demandante a una organización sindical; teniendo en
cuenta ello, no podríamos dejar de amparar a la demandante el
beneficio convencional reclamado, toda vez que, no resulta
responsable de la fraudulenta contratación que tuvo; máxime, cuando
de la revisión de las planillas adjuntadas por la accionante a fojas 68 al
70, se observa que los beneficios derivados de los convenios colectivos
les fueron alcanzados a los trabajadores Guillermo Alfonso del Castillo
Valle, Carmen Rosa Medina Falen y Yolanda Gamonal Wenzell
(abogados de la División de Asuntos Laborales), a quienes no se les
descuenta ningún porcentaje respecto alguna afiliación sindical, y sin
embargo, han venido percibiendo los incrementos remunerativos;
conllevando así a un acto de discriminación salarial y la vulneración a
un derecho de igualdad y la no discriminación.
23. De lo antes expuesto, se debe mencionar que respecto a la
discriminación, el artículo 2º de nuestra Constitución Política del Estado,
establece que: “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,
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raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole”.
24. Asimismo, el Convenio 111° de la Organización Internacional del
Trabajo - OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y
ocupación, adoptado en junio de 1958 y ratificado por Decreto Ley N°
17687 (06/06/1969), denomina discriminación a: “cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación…”.
25. En ese sentido, y, atendiendo al criterio de igualdad ante la ley,
no se puede pretender otorgar beneficios convencionales, sólo algunos
trabajadores no afiliados a una organización sindical y no a otros
trabajadores que tienen la misma condición, como es el caso de la
demandante, por lo que, habiendo la actora acreditado que los
beneficios otorgados a través de Convenios Colectivos 2010 y 2012,
también fueron de alcance total a los trabajadores que no estaban
afiliados a una organización sindical, y, siendo que estos tipos de actos
contrarios a la seguridad jurídica contravienen al criterio de
razonabilidad e igualdad ante la ley en un estado derecho
democrático y social, es que, corresponde reconocer el alcance del
Convenio Colectivo 2010, Laudo Arbitral de fecha 23 de marzo de 2012,
nacida del Pliego de Reclamo del período de 2011 y Convenio
Colectivo 2012; por lo tanto, corresponde nivelar la remuneración
básica mensual de la demandante a partir del 01 de noviembre de
2015, en el importe de S/. 4,553.00 soles, monto que se encuentra
incluido como remuneración básica la suma de S/. 4,003.00 soles,
correspondientes a la Escala Remunerativa de FONAFE, contenido en el
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE.
ANÁLISIS RESPECTO DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN
26. Respecto al reintegro de la remuneración básica por el período
del 12 de noviembre de 2009 al 23 de marzo de 2012 y del 03 de marzo
al 31 de octubre de 2015, al haberse efectuado un pago diminuto; cabe
señalar que dicho incremento, deriva de la Escala Remunerativa
expedida por FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio N° 005-
2006/007-FONAFE, vigente desde el 01 de febrero de 2006.
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27. En el presente caso, si bien se ha reconocido el incremento de la
remuneración de la actora en la suma de S/. 4,003.00 soles, sin
embargo, ello fue a partir del 01 de noviembre de 2015.
28. Asimismo, debemos precisar que en el considerando 4) de la
presente resolución, esta Judicatura ha referido que el cargo Profesional
I que ostenta la actora, recién ha sido reconocido po |
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QUINTA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA LABORAL PREVISIONAL
Expediente N° 25871-2015
Demandante : CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL – CPMP.
Demandado : Procuraduría del Ejército del Perú y Otro.
Materia : Acción Contenciosa Administrativa.
(cid:1)
Sumilla.- Corresponde declarar la Nulidad de la Resolución al haber
incurrido el A quo en la causal de nulidad prevista en el artículo 171°
del Código Procesal Civil.
Resolución Número Siete
Lima, 22 de noviembre de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En audiencia pública de fecha 21 de noviembre del presente año, puestos los autos
para resolver; con lo opinado por el Fiscal Superior; interviniendo como Juez Superior
ponente el Señor Cueva Chauca; y producida la votación con arreglo a Ley, se emite
la siguiente Resolución de Vista:
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Viene en grado de apelación ante esta instancia la Resolución N° 011 de
fecha 06 de junio de 2016; que declara IMPROCEDENTE la demanda; en
consecuencia, Consentida y/o Ejecutoriada que sea la presente remítase los autos al
archivo definitivo.
SEGUNDO.- Mediante escrito2, con fecha de recepción 14 de junio de 2016, la
demandante interpone recurso de apelación señalando que el A quo ha incurrido en
errores de Hecho y de Derecho porque:
2.1. No ha considerado lo establecido en el artículo 13° del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 24584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo;
asimismo, se tiene que no ha considerado los argumentos expuestos en el escrito
de demanda, en el que claramente se indica que ésta parte es una persona
jurídica de derecho público, encargada de administrar el régimen de pago de
Pensiones y Compensaciones de sus miembros, dentro de los cuales se
encuentra comprendido el Personal Militar y Policial; siendo el Ejército del Perú el
que mediante Resoluciones Directorales fija el monto a percibir por concepto de
Pensiones y ésta parte es quien los hace efectivos; ello de conformidad con lo
1
Obrante a folios 36/41.
2
Obrante a folios 49/55.
1/5 establecido en el Inciso b) del artículo 52° del Decreto Supremo N° 005-75-CCFA
– Reglamento del Decreto Ley N° 21021; y
2.2. No ha analizado que se ha solicitado la nulidad de la Resolución Administrativa
expedida por la demandada, en virtud, de que ordena el pago de una pensión de
jubilación por un periodo que conforme a Ley ha caducado, referido al pago de los
devengados; además, que se ha cumplido con agotar la vía administrativa; no
siendo dable el rechazo de la demanda, apreciándose falta de motivación en la
recurrida, vulnerando lo establecido en el Inciso 5) de la constitución Política del
Estado, así como el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Inciso 3)
del artículo 122° del Código Procesal Civil; por lo que la recurrida debe ser
revocada.
TERCERO.- El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 382° del Código Procesal Civil, por lo que
corresponde al Colegiado revisar los actuados, por cuanto ello, es presupuesto
necesario para la validez del proceso; en tanto que las resoluciones judiciales deben
sustentarse en el mérito del proceso y de la ley.
CUARTO.- El Inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al caso de autos, impone al Juez la obligación de fundamentar los autos y
las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de
normas y los de congruencia, el mismo que se encuentra recogido en el Artículo VII del
Título Preliminar del Código acotado, que exige que en toda resolución judicial exista
conexión lógica y jurídica entre las motivaciones del juzgador y el resultado al que arriba.
Asimismo, el inciso 3) del artículo 122° de la acotada norma adjetiva señala que toda
resolución contiene “La mención sucesiva de los puntos los que versa la resolución con las
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo
actuado.” (Subrayado agregado).
QUINTO.- Es de precisar que, el artículo 139° de la Constitución Política del Estado
enumera los Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional y su inciso 5)
considera como tal, la motivación escrita de las resoluciones en todas las instancias,
con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho que la
sustentan, excepto en las resoluciones de mero trámite; principio éste que es
fundamental, ya que constituye la forma como se explican las razones del juzgador,
quien con la correspondiente argumentación debe impartir justicia, impedir
arbitrariedades y permitir a quien se considere agraviado fundamentar adecuadamente
su derecho de impugnación, esto es, motivación que implica que cualquier decisión
cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de
2/5 manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y derecho que la justifican,
constituyendo éste un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional
ejercicio del derecho a la Tutela Procesal Efectiva.
SEXTO.- Asimismo, el Tribunal Constitucional, órgano de control de la Constitución,
afirma en su sentencia de fecha 12 de setiembre del 2006, expedida en el Expediente
N° 4228-2005-PHC/TC señala que: “El “contenido esencial” del derecho a la debida motivación de
las resoluciones, reconocido en el artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco, de la Constitución Política,
se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí
mismo, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se
presenta el supuesto de motivación por remisión”3; correspondiendo entonces a esta instancia
revisora, verificar si la resolución venida en grado cumple con la motivación prevista en
la citada norma constitucional y reúne así los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, por cuanto lo contrario constituye causal de nulidad como
establece el artículo 171° del Código Procesal Civil.
SÉPTIMO.- Por su parte, la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”
adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1979 y suscrita por el
Gobierno del Perú el 27 de julio de 1997 y aprobada mediante Decreto Ley N° 22231,
establece en su artículo 8° inciso 1) que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”; y la Constitución Política del Estado establece en el Inciso 14)
de su artículo 139° que: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del
proceso” , así como, en su Cuarta Disposición Final y Transitoria que: “Las normas relativas
a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú.”; aunado a ello, se tiene que la garantía del Debido
Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva es reconocida como principio y derecho de
la función jurisdiccional en el inciso 3) del referido artículo, el cual exige que las
decisiones del Órgano Jurisdiccional que rechazan las demandas interpuestas por
los justiciables deben necesariamente encontrarse fundadas en una causa legal
aplicada razonablemente, de tal manera que no se lesione ese derecho por la
negación de acceso a la justicia en forma arbitraria.
OCTAVO.- En ese sentido, si bien es cierto, corresponde al Juez de la causa al
calificar la demanda, verificar los requisitos de admisibilidad, también es cierto que el
Juzgador debe velar por el Favorecimiento del Proceso en aplicación del Principio Pro
3
Fundamento número uno.
3/5 Actione, pues, se considera que el rechazo In Limine en la litis constituye una forma
de indefensión, afectando asimismo el derecho a la tutela jurisdiccional en caso de
rechazar una demanda en forma indebida, puesto que, toda persona tiene derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos con sujeción a un
debido proceso.
NOVENO.- En atención a ello, si bien es cierto, que el A quo ha invocado para
declarar la improcedencia de la demanda el supuesto de la condición de la acción
referido a la Legitimidad para Obrar básicamente señalando que el actor que emitió la
resolución materia de cuestionamiento es distinta del órgano que interpone la
demanda, aplicando lo regulado en el artículo 202° de la Ley N° 27444 referido a la
nulidad de oficio y señala expresamente los supuestos en los cuales el ente
administrativo y/o funcionario jerárquico superior, y/o los emitidos por los Consejos o
Tribunales pueden declarar su nulidad de oficio4; es decir, si bien el acto ha sido
emitido por la administración, y aún cuando quede firme, siempre que sus subsistencia
agravie el interés público, se puede declara la nulidad ex officio; y solo puede ser
declarada de oficio por el Superior Jerárquico que expidió el acto que se invalida, salvo
que no estuviera sometido a subordinación jerárquica, en cuyo caso será declarada
por resolución del mismo funcionario. Efectivamente, “La potestad anulatoria de oficio recae
no en el mismo funcionario que emitió el acto, sino en el Superior Jerárquico inmediato como un
5
mecanismo de control de las actuaciones de los subalternos. ”; no ha advertido que en el artículo
13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – L ey que regula el Proceso
Contencioso Administrativo se establece respecto a la legitimidad para obrar activa lo
siguiente: “Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial
protegida que haya sido o éste siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del
proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por Ley para impugnar
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución
motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés
público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de
oficio en sede administrativa”. Situación por la cual, se debe analizar si el actor se adecua a
la legitimidad para obrar ordinaria o legitimidad para obrar extraordinaria previstas en
4
Artículo 202°.- Nulidad de Oficio:
202.1 En cualquiera de los casos enumerado en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien
el interés público.
202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalidad. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver el fondo del asunto de
contarse con los elementos suficientes para ello- en este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se
dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.
202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.
202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo, siempre que la
demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.
202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser
objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del
plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad demanda su nulidad en la vía de proceso contencioso
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal.
5
MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica S.A., 2004 Tercera
Edición revisada y actualizada, pág. 530.
4/5 la norma legal acotada, ello tomando en cuenta que ha cumplido con la declaración de
lesividad.
DÉCIMO.- Dentro de dicho contexto, en el caso de autos se aprecia que el
demandante si tiene personería y Legitimidad para Obrar, por consiguiente, la
conclusión arribada por el A quo es prematura y errada, debiendo cumplir con calificar
la demanda, verificando los requisitos de admisibilidad, así como velar por el
favorecimiento del proceso en aplicación del principio pro actione, pues, se considera
que el rechazo in limine en la litis constituye una forma de indefensión, afectando
asimismo el derecho a la tutela jurisdiccional en caso de rechazar una demanda en
forma indebida, debido a que toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional
Efectiva para el ejercicio de sus derechos con sujeción a un debido proceso
DÉCIMO PRIMERO.- De lo expuesto se advierte que la recurrida contiene vicios de
nulidad insubsanable que a este Colegiado corresponde declarar, por lo que resulta
acorde a derecho anular la resolución materia de grado, ya que el Juez de la causa al
emitir pronunciamiento, lo ha hecho sin la debida evaluación y análisis, aplicando
indebidamente argumentos; incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo
171° del Código Procesal Civil, es así que, a efectos de garantizar la existencia de un
debido proceso y la correcta administración de justicia, en atención al Principio de
Doble Instancia contenido en el inciso 6) del artículo 139° de la Constitución Política
del estado, resulta acorde a derecho anular la resolución materia de grado.
Por estos fundamentos:
DECLARARON NULA la Resolución N° 01 de fecha 06 de junio de 2016; que
declara IMPROCEDENTE la demanda y lo demás que contiene; y DISPUSIERON
que el A quo emita nuevo pronunciamiento conforme a las considerativas precedentes.
En los seguidos por la CALA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL CPMP contra la
Procuraduría del Ejercito del Perú y Otro sobre Acción Contenciosa
Administrativa.-
GALLARDO NEYRA CUEVA CHAUCA
NUE BOBBIO
LBCCH/glp
5/5 |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
SENTENCIA DE VISTA
EXPEDIENTE N° : 26212-2015-0-1801-JR-LA-09
DEMANDANTE : OSCAR SALCEDO TAIPE
DEMANDADO : SOLDEX S.A
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS.
22° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE
JUZGADO :
LIMA
VISTA DE LA CAUSA : 11.06.2019
Sumilla : "Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen,
quien los acusa debe probarlos."
RESOLUCIÓN S/N
Lima, once de junio de 2019.
Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista
de la causa, e interviniendo como Jueza Superior ponente la señora
Nora Almeida Cárdenas, este Colegiado Superior emite resolución con
base en lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1. Pretensiones demandadas:
a. Se ordene el pago de una indemnización por despido arbitrario.
b. Si ordene la entrega del certificado de trabajo
c. Solicita el pago de intereses legales, costas y costos.
1.2. Sentencia apelada: Viene en revisión la Sentencia N° 0181-2018,
emitida mediante Resolución número seis, de fecha 28 de Junio de dos
mil dieciocho, obrante a fojas 177 a 183, que declara fundada la
demanda, apelada por la demandada (fojas 186 a 192) y concedido el
recurso, mediante Resolución número siete, de fecha treinta de julio de
2018, corriente de fojas 193.
1.3. Recurso de apelación: La parte demandada alega como argumentos en
su recurso de apelación de fecha 05 de julio de 2018, los siguientes
agravios:
a. Falta de motivación y valoración incorrecta de los medios
probatorios en la sentencia. El juez de la causa asume una
serie de presunciones en contra de la empresa, y pierde por
completo la objetividad al momento de analizar la carga
probatoria.
b. El despido del demandante se encontró motivado por la
comisión de faltas graves. El actor en el cargo de asistente de
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seguridad tenía como obligaciones el de ejecutar y controlar el
cumplimiento de procedimientos y reglamentos internos de
seguridad y salud en el trabajo, garantizando la salud física de
los integrantes de la organización.
El demandante contrató el servicio de transportes por encima de
los valores permitidos y de las cotizaciones vigentes de la
empresa, incumpliendo obligaciones propias de su puesto de
trabajo por favorecer a otra empresa llamada Mañuco, empresa
en la cual también el actor trabajó.
El demandante se ha beneficiado indebidamente con los
rembolsos de dinero que efectúo a su favor el transportista
Transporte Mañuco. Es decir, obtuvo sin justificación, ni
autorización algunos beneficios económicos que no le
correspondía, utilizando indebidamente su posición en la
compañía y un servicio de transporte prestado a favor de la
compañía.
II. FUNDAMENTOS:
• De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso
de apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los
principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor al resolver, deberá
pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el
impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión
de la otra parte.
Del Principio de motivación de las resoluciones:
2.3. El inciso 5° del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,
reconoce como derecho y principio de la función jurisdiccional al Principio
de Motivación de las Resoluciones Judiciales, que impone a los Magistrados
el deber de fundamentar tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los justiciables tengan acceso al
razonamiento lógico jurídico empleado en la solución de la controversia de
la que forman parte, disipando cualquier matiz de arbitrariedad o
subjetividad en su resolución.
2.4. La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo
139° de la Constitución Política, norma constitucional que ha sido recogida
en el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo
50° e inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil, cuya
contravención origina la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las
dos últimas normas adjetivas señaladas. Es esencial en los fallos, ya que
los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o
desestima su pedido, ya que a través de su aplicación efectiva se llega a
una recta administración de justicia.
2.5. Tal como prevé el inciso 4 del artículo 122° del Código Procesal Civil1, la
sentencia debe contener la expresión clara y precisa de lo que se decide u
ordena respecto de todos los puntos controvertidos, sancionando con
nulidad si así no fuera2.
2.6. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171° del mismo
cuerpo adjetivo, la nulidad se sanciona por causa establecida en la ley,
pudiendo declararse también cuando el acto procesal careciera de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
2.7. Finalmente, “los Jueces sólo declararán de oficio las nulidades
insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso
al estado que corresponda”, de conformidad con lo señalado en el artículo
176° del Código Procesal Civil.
• Sobre la Falta de motivación y valoración de medios probatorios:
2.8. El inciso 5° del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,
reconoce como derecho y principio de la función jurisdiccional al Principio
de Motivación de las Resoluciones Judiciales, que impone a los Magistrados
el deber de fundamentar tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones
1 "4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos
controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la
norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma
correspondiente;"
2 La resolución que no cumpliera con los requisitos antes señalados será nula, salvo los decretos que no
requerirán de los signados en los incisos 3., 5. y 6., y los autos del expresado en el inciso 6.
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los justiciables tengan acceso al
razonamiento lógico jurídico empleado en la solución de la controversia de
la que forman parte, disipando cualquier matiz de arbitrariedad o
subjetividad en su resolución.
2.9. La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo
139° de la Constitución Política, norma constitucional que ha sido recogida
en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo
50° e inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil, cuya
contravención origina la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las
dos últimas normas adjetivas señaladas. Es esencial en los fallos, ya que
los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o
desestima su pedido, ya que a través de su aplicación efectiva se llega a
una correcta administración de justicia.
2.10. Al respecto, de la revisión de la sentencia se aprecia que la Jueza de
Primera Instancia desde el considerando 4) al 18) fundamenta su decisión
analizando cada una de las causales del despido imputados al actor,
para luego determinar si efectivamente existió o no un despido
arbitrario, no existiendo para este Colegiado falta de motivación en
este extremo, tampoco se aprecia argumentos subjetivos, por el
contrario es de verse que la fundamentación expuesta por la juez de la
causa es de hecho y de derecho, por lo que no se advierte afectación al
debido proceso ni al derecho a la debida motivación como alega la parte
apelante.
2.11. Por otro lado, en relación al hecho alegado por la apelante de que la Juez
no ha valorado de manera correcta los medios probatorios ofrecidos, cita la
declaración jurada del señor Manuel Retes Arias, quién señaló
expresamente que el demandante solicitaba incremento de los precios en
las facturas.
2.12. Corresponde indicar que dicho medio probatorio sí fue citado por la juez de
la causa en el considerando número trece de la referida sentencia, se
entiende que dicho medio probatorio no fue valorado como pretende la
emplazada, debido a que el mismo declararante Manuel Retes Arias a fojas
25 certificó su firma notarialmente, declarando la nulidad de su
declaración jurada presentada por la parte demandada como anexo 5 de la
carta de pre-aviso (fojas 17), señalando que firmó bajo presión. Siendo ello
así, el alegato formulado por la parte emplazada no resulta
amparable.
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
SENTENCIA DE VISTA
• Sobre el despido de la parte demandante y la supuesta comisión de
faltas graves.
2.13. Es conveniente precisar que el despido se conceptúa como la decisión
unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral con su
trabajador; siendo que, para ser legítima causa de resolución del
contrato de trabajo, debe estar sustentada en una causa señalada en
la ley; además en su ejecución debe observarse la forma prescrita por la
ley, respetándose las garantías del debido proceso sancionador, tales
como el principio de legalidad (que incluye el de tipicidad)
proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez, etc. y comprobarse en
juicio la causal que se imputa; tal como se desprende de lo dispuesto en el
inciso g) del artículo 16º, y artículos3°, 24°, 25°, 31° y 32° del TUO del
Decreto Legislativo 728- Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por D.S. N° 003-97-TR; ya que al ser el contrato de trabajo un
negocio jurídico bilateral, exige que su cumplimiento y ejecución no pueda
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (el empleador); por lo que, al
no observarse dichos requisitos, el despido deviene en ilegítimo,
improcedente o arbitrario que da lugar a la protección que previene nuestra
norma constitucional.
2.14. Debe tenerse presente que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
37º del TUO del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR, ni el despido ni
el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe
probarlos.
2.15. El artículo 22° del Decreto Supremo N° 003-97-TR establece que:
“Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada,
que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada. La causa justa puede estar relacionada con la
capacidad o con la conducta del trabajador. La demostración de la causa
corresponde al empleador dentro del proceso Judicial que el trabajador
pudiera interponer para impugnar su despido”.
2.16. Respecto al procedimiento de despido establecido por ley, es importante
señalar que, el empleador no podrá despedir al trabajador por causa
relacionada con su conducta o con su capacidad sin antes iniciar el
procedimiento de despido establecido en el artículo 31° de la LPCL. En ese
sentido, dicho procedimiento es de suma importancia, puesto que de no
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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SENTENCIA DE VISTA
seguirse correctamente, el despedido devendría en arbitrario. Así, el
empleador debe seguir el siguiente procedimiento:
a) El emplazamiento del trabajador
El procedimiento del despido se inicia con una carta de imputación de cargos que
tiene como finalidad que el trabajador conozca de la imputación de la falta y, por
consiguiente, ejercer su derecho de defensa, realizando su descargo respecto de la
falta imputada (Fundamento 4 de la sentencia recaída en el Exp. N° 2458-2003-
AA/TC)
b) Los descargos del trabajador
Una vez notificado con la carta de imputación de falta grave, el trabajador está
facultado para ejercer su derecho de defensa, teniendo un plazo mínimo de seis días
para defenderse de los cargos que se imputan en su contra, si la falta está
relacionada con su conducta, o de 30 días para que demuestre su capacidad o
corrija su deficiencia, si la falta está relacionada con su capacidad. Asimismo el
empleador puede exonerar al trabajador de asistir al centro de trabajo, mientras
dure el trámite previo vinculado al despido, siempre que ello no perjudique su
derecho de defensa. Debiendo dicha exoneración constar por escrito.
c) La remisión de la carta de despido
Finalmente, luego de producido el descargo o vencido el plazo de seis días sin que el
trabajador haya presentado su descargo, el empleador podrá despedir al trabajador,
para lo cual deberá comunicarle el despido por escrito, a través de una carta, en la
cual se indique de modo preciso la causa del despido y la fecha de cese.
2.17. Cabe precisar al respecto que, uno de los derechos fundamentales que debe
respetarse al despedirse a un trabajador es el derecho de defensa,
precisado como tal por nuestro Tribunal Constitucional en el Exp. N° 976-
2001-AA/TC; el mismo que forma parte de la denominada “protección
preventiva” consagrada en la Constitución Política del Estado, en su
artículo 27°3 y que se materializa en el artículo 31° del TUO del Decreto
Legislativo 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por D.S. N° 003-97-TR.4
2.18. En el caso en concreto, no existe cuestionamiento respecto al cumplimiento
del procedimiento formal de despido, sino únicamente respecto a las
causales imputadas al trabajador como falta grave, extremo que será
materia de revisión por este Colegiado Superior. Es así, que se advierte que
al demandante se le imputó en la carta de pre aviso específicamente a fojas
3 Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario
La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
4 Artículo 31.- El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo
razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que
no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.
Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su
obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que
pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito.
Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el Artículo 32, debe observarse el principio de inmediatez.
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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SENTENCIA DE VISTA
06 las causas justas de despido establecido en los literales a), c) y d) del
artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante LPCL), consistentes en:
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el
quebrantamiento de la buena fe laboral.
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del
empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la
retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio
o de terceros, con prescindencia de su valor.
d) La entrega de información falsa al empleador con la intención de
obtener ventaja.
2.19. Siendo ello así, corresponde analizar cada una de las faltas imputadas al
actor, para ello previamente debe entenderse como falta grave a toda
infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del
contrato de trabajo, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de
la relación laboral; lo que permite afirmar que para la configuración de una
falta grave se requiere la concurrencia de tres elementos: i) La infracción
de los deberes esenciales del trabajador, establecidos en el contrato de
trabajo, el cual así como concede derechos, también impone obligaciones y
deberes que deben ser cumplidos por el trabajador durante la relación
laboral; ii) La gravedad de la falta del trabajador; la cual desprenderse
de sus consecuencias; así una falta puede ser grave por su trascendencia,
y por ende puede ser suficiente para afectar la relación laboral de modo
sustancial e irreversible (p. ej. : la apropiación de bienes o servicios del
empleador, el uso o entrega a terceros de información reservada, la
sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, los
actos de violencia, etc.) o puede derivarse de su continuidad o prolongada
reiteración en el tiempo, motivando el deterioro progresivo de la relación
laboral, hasta el momento en que su continuación se torna insoportable
(p.ej. la “reiterada” resistencia a las órdenes relativas a las labores, la
disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores, la
inasistencias e impuntualidad reiteradas, etc.); y iii) La culpabilidad del
trabajador, que puede ser atribuida a título de dolo (disminución
“deliberada” del rendimiento proporcionar “intencionalmente” información
falsa, causar “intencionalmente” graves daños), o negligencia inexcusable
del trabajador (incumplimiento “injustificado” de sus labores, inobservancia
del reglamento de seguridad industrial, descuido o dejadez imperdonable en
el cumplimiento de sus labores).
2.20. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad, constituyen garantías
del debido proceso sustantivo; que obligan a que las decisiones
sancionatorias, aun cuando ellas provengan de los particulares deben estar
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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exentas de arbitrariedad, lo que supone la necesidad de una adecuada
correspondencia entre los hechos imputados como falta grave y la sanción
a imponerse; de manera que al ser el despido la máxima y más grave
sanción; deberá requerir necesariamente que el hecho cometido sea
realmente grave y de tal magnitud que haga irrazonable la subsistencia del
vínculo laboral.
2.21. La “buena fe laboral”, no debe confundirse con el supuesto deber de
“fidelidad” del trabajador hacia el empleador; pues al provenir su exigencia
de la ley, reviste un contenido netamente jurídico que comprende tanto el
incumplimiento de las prestaciones específicas del trabajador, así como la
violación del deber de secreto, dar información falsa (o no dar la
información) o la competencia desleal; por ende toda conducta del
trabajador renuente a cumplir cabalmente sus obligaciones o a no realizar
las prestaciones a su cargo, vulnera la buena fe laboral y cuando adquiere
ribetes de gravedad merece ser sancionada de modo irremediable con el
despido. El deber de buena fe laboral, constituye uno de los deberes más
trascedentes y relevantes que deben ser observados en el marco de una
relación laboral, dado que éste le impone especialmente al trabajador la
observancia del adecuado esfuerzo volitivo y técnico para realizar o
ejecutar el interés del empleador y para no lesionar derechos ajenos;
como así lo definió la Corte Suprema de Justicia en la CASACION
LABORAL N° 9483-2012-CUSCO5.
2.22. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el
quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las
órdenes relacionadas con las labores y la inobservancia del
Reglamento Interno de Trabajo, prevista en el inciso a) del artículo 25° de
la LPCL, si bien puede ser conceptuada como una de carácter genérico
5 Casación Laboral N° 9483-2012-CUSCO.
SEGUNDO: Respecto de la infracción normativa del artículo 25° literal a) del Decreto Supremo N° 003-97-TR, invocada por la parte
demandante.
(…)
2.7 En ese sentido, si bien la principal obligación de los trabajadores en el marco de una relación laboral, se circunscribe a la prestación
personal del servicio, en la normatividad laboral se establecen exigencias mínimas que dicha prestación de servicio debe satisfacer, a
efectos de un desenvolvimiento regular del vínculo laboral. (…).
Dichos deberes están presentes en nuestra legislación laboral y por tanto son exigibles en el desenvolvimiento de la relación de trabajo, (…).
Por su parte, el deber de buena fe, encontramos que su acepción objetiva (La acepción objetiva de la buena fe, referido a que la conducta
del sujeto deba desarrollarse acorde con determinados valores como la honradez, la lealtad, la fidelidad y el respeto a la confianza que la
relación laboral hace surgir entre el trabajador y el empleador, ostenta especial sentido en el ámbito laboral) es la que adquiere mayor
relevancia es la que adquiere mayor relevancia en la ejecución del contrato de trabajo al tratarse de una relación jurídica personal y de
duración continuada que exige de los sujetos intervinientes (empleador y trabajador), un comportamiento adecuado para el cumplimiento de
los deberes de cada uno posee. En función de este principio, se impone la observancia del adecuado esfuerzo volitivo y técnico para realizar
el interés del acreedor del trabajo (empleador), así como para no lesionar derechos ajenos, pues como señala el extinto profesor Plá
Rodríguez: “El contrato de trabajo no crea sólo derechos y obligaciones de orden exclusivamente patrimonial sino también personal. Crea,
por otra parte, una relación estable y continuada, en la cual se exige la confianza recíproca en múltiples planos, en encontradas direcciones
y sobre todo por un período prolongado de tiempo. Para el debido cumplimiento de esas obligaciones y el adecuado mantenimiento de esas
relaciones, resulta importantísimo que ambas partes actúen de buena fe”. Manifestándose la importancia de dicho principio en las faltas
graves contenidas en el artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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SENTENCIA DE VISTA
(pues englobaría a todas las demás); sin embargo en su verdadero alcance,
se refiere a la forma concreta en que el trabajador debe cumplir su
prestación, o dicho de otro modo, al cumplimiento de las obligaciones
específicas de la función, puesto, categoría o calificación profesional del
trabajador; por ende bajo dicha perspectiva la tipificación del
incumplimiento de obligaciones como falta grave en stricto sensu debe ser
entendida como aquellos incumplimientos vinculados a las labores
específicas o concretas que le corresponde ejecutar al trabajador,
excluyéndose por tanto al conjunto de aquellas otras obligaciones que
impone la relación de trabajo, las cuales quedaran subsumidas en las
demás infracciones o faltas previstas normativamente; requiriéndose por
ende que dichas obligaciones específicas estén preestablecidas de modo
fehacientemente y documentado; conforme así también lo ha señalado el
Supremo Tribunal Constitucional en numeras sentencias constitucionales,
imponiendo la exigencia de que la falta debe ser precisa y concreta y no
genérica, es decir, debe indicarse específicamente cual ha sido la obligación
laboral incumplida; en forma compatible con las labores y funciones
desarrolladas por el trabajador conforme al contrato de trabajo u otras
disposiciones normativas o reglamentarias; de lo que se infiere que dichas
obligaciones concretas pueden ser establecidas por el empleador ya sea a
través de un reglamento interno de trabajo, en el manual de organización y
funciones, en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo o en cualquier
disposición escrita que emita directamente, en cuyo caso; sólo una vez que
individualice la obligación concreta incumplida, podrá ser posible verificar si
tal incumplimiento supone o no el quebrantamiento de la buena fe laboral.
2.23. Sobre la falta grave prevista en el inciso c) del artículo 25° de la LPCL
regula diversos supuestos, apropiación consumada o frustrada de
bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su
custodia, así como la retención o utilización indebidas de los
mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su
valor; para cuya configuración se requiere la concurrencia de elementos
objetivos como son: el uso indebido de los bienes y servicios confiados
por la empresa al trabajador en atención a las funciones que le
corresponde desempeñar; y el elemento subjetivo constituido por el dolo o
la intención con voluntad de usar dichos bienes; los que configuran un
comportamiento que transgrede evidentemente el principio de la buena fe
laboral y que tornan en irreversible la continuidad de la relación laboral.
2.24. Sobre el inciso d) del artículo 25° del T.U.O de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, que señala: “…Son faltas graves: (…) d) (…) la
información falsa al empleador con la intención de causarle
perjuicio u obtener una ventaja…”. Sobre dicha falta grave, la Corte
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Suprema se ha pronunciado en la Casación N° 2147-2004-LIMA, de fecha
23 de noviembre de 2005, en cuyo fundamento octavo refiere: “Que, bajo
este marco jurídico es indudable que se ha incurrido en una errónea
interpretación del literal d) del artículo veinticinco del Decreto Supremo
número cero cero tres - noventisiete -TR pues para la configuración de la
falta referida a "proporcionar información falsa al empleador" no
basta la acreditación del hecho objetivo de la información falsa sino
que también se requiere para la configuración de tal falta que la
falsedad obedezca a la voluntad del trabajador de causar perjuicio
al empleador, lo que no se ha demostrado en el caso de autos. También
debe concluirse que el Aquem yerra al interpretar el literal a) del artículo
veinticinco aludido cuando entiende que por la información falsa
proporcionada por el demandante se ha configurado falta grave por
"incumplimiento de condiciones de trabajo que supone el quebrantamiento de
la buena fe laboral" dado que como se ha dicho ésta se encuentra vinculada
al cumplimiento de las obligaciones específicas de la función o puesto que
desempeña el trabajador.
2.25. Ahora bien, es pertinente mencionar que de conformidad con el Artículo
37° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral: "Ni
el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los
acusa debe probarlos.", por lo que, siendo que el demandante alega que
se le ha despedido arbitrariamente, en tal sentido debe de probarlo en el
proceso.
2.26. Por otro lado, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de "El estado del
vínculo laboral", de conformidad con el literal c) del inciso 23.4 del Art. 23
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497.
2.27. Asimismo, "En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba
actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho
lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado
haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias
en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los
antecedentes de la conducta de ambas partes.", de conformidad con el
inciso 23.5 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497.
2.28. En el caso materia de revisión, de la carta de pre aviso, se advierte que la
emplazada imputa al actor las faltas graves tipificadas en los incisos a), c) y
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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d) del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N°003-97-TR consistente en: "El incumplimiento de las obligaciones de
trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral"; "apropiación
consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se
encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de
los mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor"
y "La entrega de información falsa al empleador con la intención de obtener
ventaja". Sustentado en los siguientes hechos:
" (...)En el mes de octubre del 2015, el Área de Recursos Humanos
tomo conocimiento que una serie de facturas emitidas por Transportes
Mañuco se cobraron a la empresa por montos superiores a las tarifas
acordadas y preestablecidas adjuntando las facturas 286, 289, 344,
319.
Es de mencionar que usted contrató a la Empresa Mañuco para un
servicio desde la ruta de PUENTE NUEVO, PUENTE SANTA ANITA,
PUENTE BENAVIDES, ATOCONGO, ELECTRO, CHORRILLOS, KM 40
HASTA LA PLANTA LURIN, aceptando y tramitando los pagos de las
facturas costo de S/ 550.00 soles, lo cual no es la tarifa que nos
brinda el proveedor, porque en la factura N° 280 de fecha
01/06/2015, por el mismo recorrido nos factura S/ 440.00 soles,
adjuntando factura N° 280 como anexo (...)”.
2.29. Dichas imputaciones fueron absueltas, mediante carta de descargos de
fecha 04 de noviembre del 2015, sustentado en los siguientes hechos:
"Que las facturas emitidas por el proveedor de transportes eran
entregadas al Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA) en sobre cerrado a nombre del Supervisor de
Seguridad Ing. Alain Hinostroza Barrientos, las cuales eran revisadas
y verificadas por el mismo, para posteriormente generar la orden de
compra, por orden del mismo jefe inmediato.(..) además su función no
era contratar, en referencia a las variaciones de precios pactados
entre la empresa y Transportes Mañuco, no tenía ninguna
participación en decidir, ni facultad para aprobar alguna modificación
del contrato; por lo tanto, no se demuestra la acreditación de los
supuestos que corresponde a dicha falta.
2.30. En relación a la primera falta, como es de verse en el caso en concreto
la demandada no ha cumplido con acreditar de manera objetiva que dentro
de las funciones del actor, se encontraba la obligación de contratar,
negociar y/o pagar el costo de la movilidad, por el contrario del contenido
del manual de organización y funciones que obrante a fojas 22, documento
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
SENTENCIA DE VISTA
que no ha sido materia de cuestionamiento por ninguna de las partes, se
advierte que el actor tenía el cargo de asistente de seguridad y que sus
funciones eran de: Apoyo en la supervisión de los programas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente en la empresa, apoyo en la organización
de talleres y charlas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
dirigidas al personal de la empresa, identificar situaciones de impacto
ambientales en la planta, siendo que dependía jerárquicamente del
supervisor de seguridad. No encontrándose acreditado en autos que era
responsabilidad y/u obligación del actor contratar servicios de transporte y
que debía respetar tarifas prestablecidas (cotizaciones) con los proveedores,
como lo señala la emplazada en su carta de pre aviso (específicamente a
fojas 06).
2.31. Además cabe referir que de la revisión de autos, se aprecia que no obra
medio probatorio alguno que acredite fehacientemente que fue el actor
quien negoció el monto supuestamente elevado del transporte, ya que el
medio probatorio que acreditaría ello, según la demandada, era la
declaración jurada, de fecha 28 de octubre de 2015, efectuada por el señor
Manuel Retes Arias obrante a fojas 17; empero, dicha manifestación fue
declarada nula por la misma persona que lo suscribió conforme se puede
advertir del documento denominado "nulidad de declaración jurada" de
fecha 03 de noviembre de 2015 a fojas 53. Por lo que debe concluirse que
no resulta posible configurarse la falta de incumplimiento de las
obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral, invocada en el procedimiento de despido, por lo que, este
Colegiado concluye que dicha falta no fue comprobada
objetivamente.
2.32. Respecto a la segunda y tercera falta imputadas, cabe |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXPEDIENTE : 26212–2015–0-1801-JR-LA-09
DEMANDANTE : OSCAR SALCEDO TAIPE
DEMANDADO : SOLDEX S.A.
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : VÁSQUEZ ALVARADO MILAGROS
SECRETARIO : LEVANO CONTRERAS SILVIA
SENTENCIA N° 0181 - 2018
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, Veintiocho de Junio del dos mil dieciocho.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública de Juzgamiento, con la concurrencia de ambas partes,
se reservó la emisión del fallo oral y se programó la notificación de la sentencia para ésta fecha.
I.- PARTES:
1) EL demandante OSCAR SALCEDO TAIPE (en adelante la actora).
2) Demandada SOLDEX S.A. (en adelante demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
La Juzgadora, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de
Trabajo - NLPT, al no lograr la conciliación, fijó las pretensiones materia de juicio, formulados por
el actor, mencionándose las siguientes:
Primera Pretensión: Si corresponde ordenar el pago de una indemnización por despido
arbitrario.
Segunda Pretensión: Si corresponde ordenar la entrega del certificado de trabajo
Segunda Pretensión: Solicita el pago de intereses legales, costas y costos.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
III.- DE LA CONFRONTACIÓN DE LAS POSICIONES:
La demandante, en su demanda y en la confrontación de posiciones, expresó los siguientes
hechos:
a) El demandante ingreso a laborar para la demandada el día 27 de mayo del 2002,
desempeñándose en el cargo de asistente de seguridad, teniendo como fecha de cese
el día 29 de octubre del 2015.
b) Que, con fecha de cese 29 de octubre del 2015, el Jefe de Recursos Humanos
manifestó al demandante que estaba despedido, con fecha 30 de octubre del 2015
recibió la carta notarial de pre-aviso de despido, en dicha carta se le imputa la comisión
de falta graves laborales, establecidas en los literales a, c,d, del artículo 25° de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, las mismas que señalan causas objetivas de
despido. Las imputaciones fueron notificadas con fecha posterior a mi despido, de esa
manera la demandada ha incumplido con otorgar un plazo para defenderse de las
imputaciones.
c) Además, el 04 de noviembre del 2015 presento sus descargos, señalando que nunca
adultero facturas, ni coordino con el proveedor de Servicios Transportes Mañuco, para facturar un monto mayor al que cobraba por ese servicio.
d) Que la demandada despide de forma injusta e ilegal, de acuerdo a las presunciones.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación y en la confrontación de posiciones, manifestó lo siguiente:
e) La demandada, alega, que, el demandante ingreso a laborar desde el 27 de junio del
2002 hasta el 09 de noviembre del 2015 fecha en que se dio el término el vínculo
laboral.
f) Respecto al despido el demandante, señala la demandada que se cumplió con el
procedimiento de despido justificado por falta grave (inciso a, b, y d) del artículo 25° de
la LPCL conforme a lo regulado en el artículo 31 de la ley de productividad y
competitividad laboral, Decreto Supremo n° 003-97-TR.
g) Sin embargo, las faltas imputadas y no es desvirtuado por el demandante es: i)
Incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral, ii) La utilización indebida de los bienes o servicios del empleador en
beneficio propio, con prescindencia en su valor y, iii) La entrega de información falsa del
empleador con la intención de obtener una ventaja. Por ello la demandada no levanta las
faltas graves, generando el quebrantamiento de la confianza y credibilidad que concluye
como despido justificado.
IV.- DE LA ADMISIÓN Y ACTUACIÓN PROBATORIA:
4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE PRUEBAS:
Concluido los alegatos de apertura, se fijó los hechos no requeridos de prueba siguientes:
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Fecha de inicio: 27 de junio 2002.
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Cargo : Asistente de Seguridad
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Ultima remuneración: S/ 2,557.68 soles
4.2.- DE LOS HECHOS REQUERIDOS DE PRUEBAS:
Seguidamente, se fijó los hechos requeridos de prueba siguientes:
a) Determinar si la fecha real del cese del actor se produjo el 29/10/15 o el 09/11/15.
b) Determinar si la extinción del vinculo laboral entre las partes se produjo o no por causa
establecida por ley o en su defecto por un despido arbitrario y si le corresponde la
indemnización por dicho concepto.
c) Determinar si la demandada está obligada a la entrega del certificado de trabajo
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
La Magistrada admitió los medios probatorios documentales pertinentes ofrecidos por la actora y
la demandada, conforme consta del audio y video.
Ninguna de las partes ofreció pruebas nuevas o extemporáneas, las partes no deducen ninguna
cuestión probatoria contra los medios admitidos, conforme consta en audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) La Juzgadora requirió a los abogados de ambas partes formulen sus alegatos finales, los
que fueron expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) La Juzgadora se reservó la emisión del fallo oral y programó la notificación de la
sentencia escrita, la cual se procede a emitir a continuación.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA: DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa
de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y
principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el
debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones
procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
ANALISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA
Para determinar si la fecha real del cese del actor se produjo el 29/10/15 o el 09/11/15; se
tiene en cuenta:
2. Que, el actor alega que su despido fue el 29 de octubre del 2015, el Jefe de Recursos
Humanos manifestó al demandante que estaba despedido; pero de los medio
probatorios ofrecidos en el proceso no ha demostrado que esa fecha se haya producido
el despido, pues del acta de verificación realizado por la SUNAFIL no se comprobado la
fecha del cese; por el contrario con la Carta Notarial de fecha 30 de octubre del 2015
que contiene las imputaciones por la comisión de falta graves laborales, establecidas en
los literales a, c,d, del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral;
se le exonera al demandante de concurrir a prestar servicios otorgándole un plazo de
seis (6) días naturales, computados a partir del día siguiente de la recepción de la
presente comunicación; esto es que a partir del 31 de noviembre del 2015 el actor no
podía concurrir a trabajar.
3. Siendo finalmente que con la Carta notarial de fecha 09 de noviembre del 2015 (fojas
26), donde indican que “Debemos señalar que con fecha 04 de noviembre del 2015 fuimos
notificados con sus descargos a las imputaciones formuladas mediante comunicación de fecha 29 de
octubre del 2015 y notificada el 30 de octubre del 2015”. Sin embargo luego de analizar sus descargos,
estos no desvirtúan las faltas graves verificadas de i) Incumplimiento de las obligaciones de trabajo que
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, ii) La utilización indebida de los bienes o servicios del
empleador en beneficio propio, con prescindencia en su valor y, iii) La entrega de información falsa del
empleador con la intención de obtener una ventaja.(…). En virtud de lo señalado y de los medios de prueba
actuados, demostraremos que usted incurrió en las faltas graves que se le imputaron, lo que ha generado que se
quiebre la relación de confianza y credibilidad que se constituyó con su contratación, de manera que se ha
decidido despedirlo. Con la que pone fin al vínculo laboral con el demandante el dia 09 de
noviembre del 2015; Con la que queda demostrado que el día 09 de noviembre del
2015 se produjo su despido imputándole al actor faltas grave.
Esta judicatura concluye que el actor no ha demostrado que haya cesado el 29 de octubre
del 2015, por el contrario, está demostrado que la demandada inicio el procedimiento del
despido con la carta notarial de fecha 30 de octubre del 2015 donde le imputa imputación
de falta grave previstas en los literales a,c,d, del artículo 25° de la LCPL , que culmino con
la Carta Notarial de fecha 09 de noviembre del 2015, en que se le despido al demandante
por causal de falta grave; fecha que se constituye como último día de trabajo.
ANALISIS DEL SEGUNDO HECHO REQUERIDO DE PRUEBA
Para determinar si la extinción del vinculo laboral entre las partes se produjo o no por
causa establecida por ley o en su defecto por un despido arbitrario y si le corresponde la indemnización por dicho concepto; se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
4. Que, señalar que la protección adecuada contra el despido, es la protección que brinda la
Constitución Política del Perú, contra cualquier posibilidad de terminar la relación laboral
sin causa justificada prevista en la ley, después de haber superado el período de prueba;
en tal sentido nuestra sistemática sustantiva laboral, contenida en la LPCL, en sus
artículos 16°, 22°, 24° y 25°; hacen referencia a las causas de extinción del contrato de
trabajo así como al procedimiento formal de despido que debe ser implementado,
correspondiendo en consecuencia evaluar la concurrencia de ambos requisitos
sustanciales para establecer la validez o no del despido, es decir: i) verificar la
acreditación del hecho del despido; ii) que el despido, se haya ajustado al procedimiento
formal previsto; y iii) verificar la concurrencia y la acreditación de la causa justa de despido
de modo objetivo sea en el procedimiento de despido o en el proceso judicial de
impugnación del despido.
5. En el presente caso, ésta acreditado el hecho del despido y la implementación del
procedimiento formal del despido; imputándole las siguientes faltas:
a. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de
la buena fe laboral.
b. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se
encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los
mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor.
c. La entrega de información falsa al empleador con la intención de obtener ventaja.
Resultando por ende viable ingresar al análisis sobre la acreditación fehaciente y objetiva
de las faltas imputadas y la observancia del principio de razonabilidad y proporcionalidad
en la imposición de la sanción disciplinaria.
Respecto de la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o
que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los
mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor.
6. Falta prevista en el inciso c) del artículo 25° de la LPCL, tienen como elementos objetivos
la conducta dolosa de apropiarse de los bienes de la empresa por el trabajador o la
retención o el uso indebido de los bienes confiados por la empresa al trabajador en
atención a las funciones que le corresponde desempeñar; conductas que transgreden
evidentemente el principio de la buena fe laboral y que tornan en irreversible la continuidad
de la relación laboral.
7. Que, de lo anterior se desprende pues que la apropiación consumada supone la negativa
del trabajador a la devolución de un bien que le fue entregado, para un fin específico y que
origine el deber o la obligación de su devolución; lo que requiere de la concurrencia de dos
situaciones; de un lado el fin específico a asignársele al bien y de otro lado la obligación
de devolución.
En el presente caso, se le imputó al actor, la comisión de las faltas graves, referidas que
se hallan previstas en los literales a) y c) del artículo 25° de la LPCL, sustentado en los
siguientes hechos
8. En éste caso, en el mes de octubre del 2015, el Área de Recursos Humanos tomo
conocimiento que una serie de facturas emitidas por Transportes Mañuco se cobraron a la
empresa por montos superiores a las tarifas acordadas y preestablecidas adjuntando las
facturas 286, 289,344,319. Es de mencionar que usted contrato a la Empresa Mañuco
para un servicio desde la ruta de PUENTE NUEVO, PUENTE SANTA ANITA, PUENTE BENAVIDES, ATOCONGO, ELECTRO, CHORRILLOS, KM 40 HASTA LA PLANTA
LURIN, aceptando y tramitando los pagos de las facturas costo de S/ 550.00 soles, lo cual
no es la tarifa que nos brinda el proveedor, porque en la factura N° 280 de fecha
01/06/2015, por el mismo recorrido nos factura S/ 440.00 soles, adjuntando factura 280
como anexo”.
9. El demandante señala que las facturas emitidas por el proveedor de transportes eran
entregadas al Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en
sobre cerrado a nombre del Supervisor de Seguridad Ing. Alain Hinostroza Barrientos, las
cuales eran revisadas y verificadas por el mismo, para posteriormente generar la orden de
compra, por orden del mismo jefe inmediato.(..) además su función no era contratar, en
referencia a las variaciones de precios pactados entre la empresa y Transportes Mañuco,
no tenía ninguna participación en decidir, ni facultad para aprobar alguna modificación; por
tanto no se demuestra la acreditación de los supuestos que corresponde a dicha falta.
Respecto a la entrega de información falsa al empleador con la intención de obtener
ventaja
10. Que, la falta grave, prevista en el inciso d) del artículo 25° de la LPCL; requiere de la
concurrencia del elemento material u objetivo consistente en el dato falso que el
trabajador suministra al empleador; y del elemento subjetivo consistente en la intención
del trabajador de actuar con el ánimo de engañar al empleador o con el propósito de
causarle un perjuicio al empleador u obtener una ventaja para sí, lo que además suponga
la evidente trasgresión del principio de la buena fe que debe existir en toda relación
laboral.
11. Al respecto, como lo señala Carlos Blancas Bustamante1; el engaño en el caso de la falta
referida, puede estar motivado por el deseo de procurarse un beneficio al que no tiene
derecho el trabajador o por el propósito de causarle perjuicio al empleador; por ello, lo que
se sanciona en éste caso es la intención de emitir información falsa; motivada en la
voluntad de obtener una ventaja o un beneficio o causar un perjuicio al empleador, aunque
aquél no llegue a concretarse, es decir con independencia de que el trabajador pudiera
obtener o no algún beneficio con dicha conducta; es decir, resulta irrelevante la obtención
del resultado (intención); pues lo que en resumen se sanciona es dicha intencionalidad,
que torna irrazonable la subsistencia del vínculo laboral.
12. Lasdemandada alega “Usted proporcionaba información falsa a la empresa a fin de
sustentar gastos declarados que no fueron ciertos, pues los servicios contratados poseían
un menor costo al que usted reportaba y ordenar facturar, buscando con ello obtener una
ventaja económica propia y egoísta, desconociendo la fe y confianza que depositamos en
usted”.
13. El demandante precisa que la declaración del señor Edgar Manuel Retes Arias de fecha
28 de octubre del 2015, imputándole responsabilidades, dicha Declaración Jurada fue
declarada nula por el manifestante, al retratarse en el contenido total de su contenido,
además alega el demandante que no trabaja para la Empresa Mañuco, no ha manejado
combi de propiedad de la empresa, siendo responsabilidad de Transportes Mañuco de
asumir y explicar la variación de precios de dichas supuestas facturas; por ende no se
evidencia que el actor haya tenido la intención de brindar información falsa para su
provecho y sobre todo causar con su conducta al trabajador.
Respecto del incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el
1
Carlos Blancas Bustamante. “El despido en el derecho laboral peruano”. Ara Editores. Primera Edición 2002. Lima. Pág. 193. quebrantamiento de la buena fe laboral.
14. Que, esta falta, si bien puede ser conceptuada como una de carácter genérico (pues
englobaría a todas las demás); sin embargo en su verdadero alcance, se refiere a la forma
concreta en que el trabajador debe cumplir su prestación, o dicho de otro modo, al
cumplimiento de las obligaciones específicas de la función, puesto, categoría o calificación
profesional del trabajador; por ende bajo dicha perspectiva la tipificación del
incumplimiento de obligaciones como falta grave en stricto sensu debe ser entendida
como aquellos incumplimientos vinculados a las labores específicas o concretas que le
corresponde ejecutar al trabajador, excluyéndose por tanto al conjunto de aquellas otras
obligaciones que impone la relación de trabajo, las cuales quedaran subsumidas en las
demás infracciones o faltas previstas normativamente; requiriéndose por ende que dichas
obligaciones específicas estén preestablecidas de modo fehacientemente y documentado;
conforme así también lo ha señalado el Supremo Tribunal Constitucional en numeras
sentencias constitucionales, imponiendo la exigencia de que la falta debe ser precisa y
concreta y no genérica, es decir, debe indicarse específicamente cual ha sido la obligación
laboral incumplida; en forma compatible con las labores y funciones desarrolladas por el
trabajador conforme al contrato de trabajo u otras disposiciones normativas o
reglamentarias; de lo que se infiere que dichas obligaciones concretas pueden ser
establecidas por el empleador ya sea a través de un reglamento interno de trabajo, en el
manual de organización y funciones, en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo o en
cualquier disposición escrita que emita directamente, en cuyo caso; sólo una vez que
individualice la obligación concreta incumplida, podrá ser posible verificar si tal
incumplimiento supone o no el quebrantamiento de la buena fe laboral
15. En el caso de autos, de acuerdo consta en autos, la carta notarial de fecha 29 de
octubre del 2015 y notificada el 30 de octubre del 2015 (fojas 69), señala que “En Junio
del 2014 usted asumió el cargo de asistente de seguridad poseyendo como obligaciones las de ejecutar y
controlar el cumplimiento de los procedimientos y reglamentos internos de Seguridad y Salud social,(…) Es
importante señalar que dentro de sus funciones está la de contratar cuando se requieren los servicios de
transporte optando por los proveedores habituales de la empresa, debiendo respetar las tarifas pre
establecidas (cotizaciones) con nuestros proveedores y que le son de perfecto conocimiento”.
16. El demandante en el escrito de descargos, precisa que ingreso a laborar para la
demandada en junio del 2014, desempeñando el cargo de Asistente de Seguridad,
teniendo como Jefe Inmediato al Ing. Alain Hinostroza Barrientos, Supervisor De
Seguridad, “Al Área de Seguridad se le había encargado de coordinar la movilidad de
transportes de todo el personal, sin embargo hay que recordar que estas labores las
realizaba antes el área de recursos humanos; y no era de mi competencia realizar este
tipo de actividades, y mucho menos realizar este tipo de contratos de transporte.
Concordante con el Reglamento de la ley N° 29783 ley de Seguridad y salud en el trabajo
y el Decreto Supremo N° 005-2012-Tr”.
17. EN CONCLUSIÓN se tiene que la parte demandada no ha demostrado objetivamente que
el actor haya incurrido en las faltas graves imputadas; por ende el despido realizado por el
demandante ha sido arbitrario; consecuencia le corresponde la indemnización por despido
arbitrario.
18. Conforme al artículo 38° de la LPCL, dicha indemnización está tasada en el equivalente a
una remuneración y media por cada año de servicios, calculado sobre la remuneración
habitual percibida y si ella fuera variable como ocurre en el presente caso, debe calcularse
sobre la base del promedio de lo percibido en el último semestre, habiéndose en éste caso
reconocido por ambas partes que dicho importe percibido por el demandante es de
S/2,557.68, y dado que el record del demandante es desde el 27 de junio del 2002 al 099 de noviembre del 2015; esto es 13 año, 04 meses y 12 días; en virtud de la norma acotada
corresponde otorgar el tope establecido en la norma acotada; correspondiendo por ende la
indemnización por despido arbitrario por el importe total de TREINTA MIL SEIS CIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 16/100 SOLES (S/ 30,692.16).
ANALISIS DEL TERCER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA
Para determinar si la demandada está obligada a la entrega del certificado de trabajo; se
tiene en cuenta lo siguiente:
19. La Tercera Disposición Transitoria, Complementaria, Derogatoria y Final del Reglamento
de la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Supremo Nº 001-96-TR) señala que “extinguido
el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas,
un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de
las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o
rendimiento“.
20. De la norma acotada, se aprecia entonces que hay una obligación legal del empleador de
extender al trabajador un certificado de trabajo dentro de las 48 horas de terminada la
relación laboral; por tanto, la demandada debe otorgar al demandante el certificado de
trabajo con indicación de la fecha de ingreso y cargo desempeñado.
DE LOS INTERESES LEGALES:
21. La indemnización por despido arbitrario, conforme al artículo 56° del Decreto Supremo 01-
96-TR, devenga intereses legales a partir de transcurrido las 48 horas de cese del trabajo,
hasta la fecha de su pago efectivo
22. DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO:
23. Las costas y costos procesales conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren ser
demandados; sin embargo sí deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la
sentencia, precisándose su cuantía o modo de liquidación; en concordancia con lo previsto
en el artículo 14° de la misma ley que señala que la condena en costas y costos se regula
conforme a la norma procesal civil.
24. En el presente caso, si bien es cierto que la demandada tiene la condición de parte
vencida; y que por tanto debiera ser condenado al pago de las costas y costos del
proceso, además que la pretensión demandada es inapreciable en dinero.
VII.- DECISIÓN:
Por las razones expuestas la Señora Juez del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado de
Trabajo de Lima, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por OSCAR SALCEDO TAIPE, contra
SOLDEX S.A. Sobre INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO y OTRO.
2) ORDENAR a la demandada que pague a favor del demandante la suma de TREINTA MIL
SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS CON 16/100 SOLES (S/ 30,692.16), mas intereses
legales, costos y costas.
3) ORDENAR a la demandada que entregue el certificado de Trabajo del demandante.
Tómese Razón y Hágase Saber.- |
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EXPEDIENTE N° 26273-2015-0-1801-JR-LA-07 (S)
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
Lima, 01 de diciembre de 2017
VISTOS:
En Audiencia de Vista; e interviniendo como ponente el
señor Juez Superior Urbano Menacho, se emite la presente resolución conforme
los siguientes fundamentos.
I. ASUNTO:
Resolución materia de apelación.- Es materia de impugnación:
La Sentencia Nº 255-2016 (Resolución N°03), de fecha 28 de octubre de 2016,
corriente de fojas 330 a 340, que declara FUNDADA en parte la demanda y
ordena que la demandada pague a favor del demandante la suma de S/
10,000.00 soles, con costas y costos del proceso.
Expresión de los agravios de la apelación de sentencia.-
-Que, de fojas 347 a 364, obra el escrito de apelación interpuesto por el
demandante, donde expresa como agravios:
1.- Respecto del daño moral, el juzgado ha considerado un monto diminuto sin
tomar en cuenta el detrimento que impidió su reinserción en el mercado laboral
y en el truncamiento de su proyecto de vida, el mismo que está probado con el
examen sicológico que obra en autos de fecha mayo-junio de 2015 y al fijar la
cuantía por daño moral no ha realizado una valoración del caudal probatorio
actuado en el juicio, pues no tiene fuerza ni destreza para realizar sus
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actividades normalmente, generando angustia en su familia pues es el sustento
para la canasta familiar y un detrimento en su capacidad económica y no podrá
continuar realizando especializaciones para crecer profesionalmente en la
carrera que estudió.
2.- Se ha desestimado el extremo referido al lucro cesante sin tomar en cuenta
las razones por las cuales se vio truncado su proyecto de vida y luego con
mucho esfuerzo reinsertarse laboralmente después de un año
aproximadamente.
3.- El juzgado asimismo no ha tomado en cuenta el daño emergente conforme a
los gastos que ha venido incurriendo después que fue desvinculado de la
empresa para costear el tratamiento del daño causado y que a la fecha continua
en rehabilitación.
4.- Respecto de las tachas contra las fotografías y audios presentados por la
demandada en los puntos 5.7 y 5.8 del ofertorio de pruebas, comete error el Juez
al desestimar las cuestiones probatorios propuestas resolviendo que no se ha
cumplido con precisar el motivo de la tacha si esta fue por nulidad o falsedad,
lo cual es incorrecto pues una de las fotografías exhibidas por parte de la
demandada se encontraba adulterada, pues era bajada de su red social
Facebook, por lo que en la audiencia de Juzgamiento se hizo notar ello; sin
embargo, el Juzgado no se ha pronunciado por dicho extremo y respecto del
audio, se tachó de nulidad dicho audio puesto que se escuchaba a dos personas
conversando, ninguna de ellas se identifica durante la conversación ni se indica
de que paciente o caso se encuentran conversando, resultando lógico que
judicialmente dicho audio no cuenta con ninguna credibilidad, deviniendo en
nulo.
5.- El juzgado no ha tenido en cuenta las cuatro operaciones desde la fecha del
accidente y que las lesiones le han impedido insertarse en el mercado laboral
durante un año y realizando ahora labores para las que no estudió, truncando
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su proyecto de vida y de su familia, las lesiones le provocan dolor que alteran
su salud.
6.- Respecto del lucro cesante, el hecho que no le permite trabajar nunca
ejerciendo su profesión para la cual se preparó en SENATI como técnico de
mantenimiento, es el daño ocasionado por un accidente de trabajo y fue
responsabilidad de la demandada.
7.- Si no hubiese sufrido dicho daño irreversible, como consecuencia del
incumplimiento del deber de seguridad de la demandada hubiera podido
buscar un ascenso un UNIQUE, o hubiera conseguido otro trabajo que le
hubiera permitido mejoras económicas y desarrollarse profesionalmente.
8.- La razón por la cual quedó incapacitado para trabajar y ejercer su profesión
fue como consecuencia de un accidente de trabajo de íntegra responsabilidad de
la demandada, quien a sabiendas de su condición lo cesó por supuesto
vencimiento de contrato y que durante un año no pudo trabajar.
9.- El A quo ha omitido tener en cuenta la última remuneración que tuvo
cuando trabajó en UNIQUE para determinar la cuantía del lucro cesante, como
referente razonable de cuál era su valor en el mercado de trabajo.
10.- La sentencia confunde lo que es el lucro cesante actual relativo a los
perjuicios derivados de la imposibilidad de la víctima para trabajar en su puesto
de trabajo y lo que es el lucro cesante futuro; es decir, las ganancias que se
dejaron de percibir, que aunque lo ha señalado en la sentencia no la ha aplicado
contradictoriamente a lo sostenido por el propio juzgador como consecuencia
de la incapacidad de su brazo y mano derecha.
11.- Sobre el daño emergente, éste se encuentra debidamente probado en autos,
y lo que se está pidiendo es que se pueda mantener las mismas condiciones que
tenía cuando trabajaba y que aun se encuentra sometido a tratamientos de
rehabilitación, habiéndose adjuntado los pagos que viene realizando de manera
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particular en el centro de rehabilitación y los gastos se encuentran demostrados
con las boletas de pago, que tampoco han sido merituados por el Juzgador.
- Que, de fojas 368 a 381, obra el escrito de apelación interpuesto por la
demandada, donde expresa como agravios:
1.- El razonamiento del Juez resulta ser inocuo porque no contiene una
fundamentación jurídica no fáctica que la sustente, más aún cuando UNIQUE
en el escrito de contestación ofreció un documento suscrito por un trabajador
de UNIQUE , que reafirma que el demandante estaba al tanto de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, lo que no ha sido valorado por el Juez.
2.- El demandante fue irresponsable y actuó con negligencia al efectuar las
labores de mantenimiento en la maquina transportadora, las labores de
mantenimiento debían ser prestadas de dos (en compañía de otro trabajador) y
con la máquina apagada (objeto de reparación y/o mantenimiento), entonces la
conducta antijurídica en este caso de responsabilidad contractual no deviene en
UNIQUE sino del demandante.
3.- No se ha tomado en cuenta la calidad de experiencia profesional del
demandante, habiéndose adjuntado distintos documentos que no fueron
valorados ni tomados en cuenta en la sentencia impugnada, donde se puede
apreciar la experiencia personal que tiene, más aun, en el tiempo que estudio en
SENATI tuvo sendos cursos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4.- En el presente caso, el nexo causal se estaría quebrantando porque fue un
accidente ocasionado únicamente por la negligencia del demandante, conforme
se ha demostrado.
5.- Sobre el indebido valor probatorio otorgado por la Juez, al Acta de
Infracción al momento de sentenciar, el razonamiento en la sentencia genera
que se vincule a la recurrente a un accidente de trabajo del cual no fue
responsable en ningún grado, y no debió tomarse en consideración la misma,
porque no tiene la calidad de cosa decidida.
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6.- Sobre la indemnización dispuesta por la Juez, equivalente a S/10,000.00
soles, con respecto al daño moral ha quedado demostrado que el único
responsable del accidente fue el propio demandante, quedando sin sustento
legal el nexo causal y el factor de atribución que atañe al daño ocasionado ese
día.
7.- El demandante al día de hoy se encuentra laborando en una empresa, lo
cual desvirtúa el hecho esbozado por el Juez, respecto a que el actor tendría un
grado de afectación en su vida personal.
8.- No se ha tenido en cuenta que al momento de contestar la demanda se
aportó un examen médico expedido por el centro médico especializado en
medicinal ocupacional, donde se puede apreciar que el demandante se
encontraba en perfecto estado emocional para realizar sus labores cotidianas
con plena normalidad, el cual debió haber tenido mayor importancia y mejor
valor probatorio que el examen aportado por el demandante.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Conforme al artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso laboral, ante una apelación, la competencia del
Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste
órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios
invocados en el recurso de apelación respecto a la resolución impugnada.
SEGUNDO.- Respecto de las tachas formuladas por la parte demandante
contra los medios probatorios ofrecidos por la demandada en el punto 5.7.
consistente en un Audio y contra el punto 5.8. referido a dos fotografías; y, a fin
de resolver debemos indicar que según el numeral 3) del artículo 46° de la
NLPT, las partes pueden proponer cuestiones probatorias sólo respecto de las
pruebas admitidas, luego de que el Juez enunció las pruebas admitidas,
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respecto a los hechos necesitados de actuación probatoria, asimismo, conforme
al artículo 300° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso
laboral, se puede interponer tacha contra los testigos y documentos; y que el
artículo 301°, señala que al formularse la tacha u oposición contra los medios
probatorios debe precisarse con claridad los fundamentos en que se sustentan y
acompañarse la prueba que pueda ser actuada en la misma audiencia; y la
absolución debe hacerse de la misma manera anexándose los medios
probatorios que igualmente puedan ser actuadas en la misma audiencia. La
tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos
indicados, serán declarados inadmisibles de plano por el Juez en decisión
inimpugnable.
TERCERO.- En tal sentido, la tacha tiene por finalidad enervar la eficacia
probatoria del documento sustentado en su apreciación meramente formal u
objetiva; no pudiendo extenderse a la valoración del acto jurídico contenido en
él, a fin de que dicho documento no sea considerado como prueba,
cuestionamiento que puede sustentarse en: a) Su falsedad, cuando el
documento no concuerda con la realidad o cuando el documento contiene
datos inexactos o falsificados; y, b) Su nulidad, cuando existe la ausencia en el
documento de una formalidad esencial prescrita por la ley, bajo sanción de
nulidad; lo que no supone la nulidad del acto jurídico contenido en él, sino sólo
del documento.
CUARTO.- Si bien el demandante precisa que el motivo de la tacha es que una
de las fotografías exhibidas por la parte demandada se encontraba adulterada y
que convenientemente fue cortada de la mitad hacia abajo donde aparecía la
fecha 03 de diciembre de 2011 y que respecto del audio se escuchaba a dos
personas conversar pero ninguna de ellas se identifica durante toda la
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conversación, ni tampoco se indica de que paciente o caso se encuentran
conversando, por lo que dicho audio no cuenta con ninguna credibilidad; al
respecto, los fundamentos fácticos invocados no se adecuan a ninguna de las
causales referidas, es decir a la nulidad o falsedad del documento y del audio;
lo que determina la ausencia de fundamento fáctico idóneo para sustentar las
cuestiones probatorias formuladas, razones por las cuales se debe confirmar lo
determinado en la sentencia apelada respecto de este extremo; por lo que se
debe desestimar el agravio invocado; debiéndose agregar además que, en la
sentencia, la Juez de Fallo al declarar fundada la demanda de indemnización de
daños y perjuicios ha realizado las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión, mediante la cual se acredita que la demandada ha
incumplido con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, expresando las
pruebas que han resultado determinantes en su decisión, por lo que no se
advierte perjuicio alguno respecto a que dichos medios de prueba hayan sido
admitidos al proceso.
QUINTO.-Que, el actor interpone la presente demanda de indemnización por
daños y perjuicios contra su ex empleadora UNIQUE, a fin de que cumpla con
pagarle la suma de S/1'170,000.00 soles, petitorio que fue modificado en la
suma de S/369,200.00 soles, en Audiencia de Juzgamiento y que comprende por
daño emergente, S/20,000.00 soles; daño moral, el monto de S/150,000.00 soles;
y, por lucro cesante, la suma S/199,200.00 soles, daños y perjuicios de orden
económico que ha causado durante su relación laboral, mas intereses legales,
costas y costos, precisa que el petitorio debe ser entendido por Daño Moral,
Lucro Cesante y Daño Moral. Manifiesta como hechos:
- Que, fue trabajador de la demandada por el periodo del 23 de marzo de 2012 hasta el
31 de diciembre de 2014 (2 años y 09 meses), siendo cesado por supuesto vencimiento de
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contrato (Contrato de Trabajo por Incremento de Actividad), siendo su último cargo, el
de Técnico de Mantenimiento.
- Cuando se encontraba laborando el día 26 de mayo de 2012, procedió a efectuar el
cambio de polines en la máquina faja transportadoras N° 11, junto con su compañero
Daniel Ramírez, siendo que colocados todos los EPPS o implementos de seguridad
(casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad), procedieron a efectuar el cambio de polín
de la máquina, y una vez efectuado el mencionado cambio se escuchó un sonido,
procediéndose a verificar, siendo que en ese momento su compañero se dirige a otra área
a apagar los compensadores, y procede el recurrente a meterse debajo de la máquina para
detectar el sonido, que es como regularmente se le ordenada en la planta realizar las
verificaciones, cuando existía una falla de esa naturaleza, hecho esto, al salir debajo de la
faja sale agarrándose de la estructura de la máquina; sin embargo, el guante de
protección que llevaba puesto fue atrapado jalando su mano y brazo hacia los polines de
la máquina, la cual quedó atrapada puesto que no llevaba guardas de seguridad en esa
zona, y en su desesperación y dolor optó por gritar para que la apagasen, acción que fue
realizada por el personal de operaciones.
- Que, debido a la conmoción perdió el conocimiento, perdió el conocimiento, cuando
volvió en sí, continuaba atrapado en la faja, tratando de ser auxiliado por el personal
del área de picking (área de piqueo de producto) y su compañero Daniel Ramírez fue
quien lo liberó cortando la faja para liberar su brazo y mano, siendo atendida la
emergencia por la enfermera de turno de la planta, y fue conducido al tópico.
- Posteriormente fue trasladado a la clínica Ricardo Palma, cuando ya habían
transcurrido más de dos horas de ocurrido el accidente.
- Luego de realizar un diagnóstico exhaustivo de su caso, como consecuencia de su
accidente sufrió aplastamiento de antebrazo derecho con fractura de radio y cubido distal
derecho, daño en nervio cubital, en tendón cubital y en la dermis del antebrazo derecho,
motivo por el cual fue sometido desde el día del accidente en adelante a múltiples
operaciones, el día 27 de mayo de 2012, el 02 de junio de 2012, el 23 de marzo de 2013 y
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el 24 de febrero de 2015, habiendo perdido la sensibilidad y sufrieron adormecimiento en
los dedos de su mano (Anexo 1 E)
- La empresa aún teniendo conocimiento de las consecuencias y secuelas del accidente,
insistió en que continuara realizando las mismas labores a las que se dedicaba antes de
sufrir el accidente.
SEXTO.- La demandada contradice la demanda, señalando que:
- El demandante ingresó a laborar para la empresa el 23 de marzo de 2012, bajo un
contrato de naturaleza temporal sujeto a modalidad por incremento de actividades
ocupando el puesto de Técnico de Mantenimiento y la desvinculación con el
demandante se debió porque el termino contractual había finalizado, no se tuvo cuenta
el accidente sufrido o la condición física del actor.
- El demandante era un trabajador que había realizado labores de mantenimiento en
otras empresas no era inexperto.
- Los trabajadores de UNIQUE (incluyendo el demandante) estaban informados y
capacitados en cuanto a las normas y procedimientos en seguridad y salud en el trabajo,
ellos sabían inclusive que labores tenía que ver con la manipulación de instrumentos y
máquinas debían hacerlos: i) Siempre en compañía de un trabajador mas; y, ii) Con la
máquina apagada; sin embargo, el actor decidió ir unilateralmente en contra de estas dos
valiosas normas de seguridad.
- La empresa en aras de garantizar la seguridad de sus trabajadores contrató el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, el mismo que se activó durante todo el periodo
que el demandante estuvo exhibiendo atenciones médicas, estos es, durante el año 2012.
- El demandante se reincorpora a sus labores en el mes de noviembre de 2012, debido a
que tendría la autorización del médico que lo trató, y que en la historia Clínica que
adjunta en su demanda, se puede evidenciar que el actor se encontraba en condiciones
óptimas.
- El demandante en ningún momento solicitó el cambio del puesto de trabajo que venía
desempeñando, no existe ningún documento que manifieste su disconformidad con
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respecto al puesto en que se reincorpora, sin ningún inconveniente después del
accidente, puesto a que logró superar la lesión de su antebrazo derecho.
- A través de los medios probatorios adjuntados (fotografías) quedaría sin sustento que
el demandante no se encontraría impedido de tener normal movimiento de sus brazo y
mano derecha.
SETIMO.- Cabe señalar que en la sentencia apelada, se concluyó determinando
la existencia de los elementos de la responsabilidad civil (daño, antijuridicidad,
nexo causal y factor de atribución), ordenándose pagar a la demandada el
importe total de S/ 10,000.00 nuevos soles, como indemnización por daño
moral.
OCTAVO.- La demandada ha señalado en su escrito de contestación y
ratificado en su escrito de apelación, que el demandante fue irresponsable y
actúo con negligencia al efectuar las labores de mantenimiento en la maquina
trasportadora N° 11 y que los trabajadores de UNIQUE, estaban informados y
capacitados en cuanto a las normas de procedimientos en seguridad y salud en
el trabajo, y que sabían que al momento de realizar labores que tenían que ver
con la manipulación de instrumentos o máquinas, debían hacerlo i) Siempre en
compañía de un trabajador; y, ii) con la maquina apagada; y que, el demandante
posee una experiencia profesional y con basta capacidad y responsabilidad en
temas relacionados con seguridad industrial.
NOVENO.- Atendiendo a las reglas de la carga probatoria previstas en el
artículo 23° de la Ley N° 29497, corresponde acreditar a las partes los hechos
alegados; y aplicación a las reglas especiales atribuidas a cada parte, en tal
sentido, según el numeral 23.4) corresponde al demandando acreditar el pago y
el cumplimiento de normas legales y obligaciones contractuales.
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DECIMO.- El demandante ingresó a laboral para la demandada el 23 de marzo
de 2012 finalizando su vinculo laboral el 31 de diciembre de 2014,
desempeñándose como Técnico de Mantenimiento, sufriendo el 26 de mayo de
2012 un accidente de trabajo, cuando se encontraba laborando para la
demandada, por responsabilidad de ésta.
DECIMO PRIMERO.- Al respecto, debemos tener en cuenta, que la empresa
demandada, no ha ofrecido medio probatorio alguno, que acredite una
capacitación adecuada del demandante en el desarrollo de sus labores en la
empresa, ni respecto a los estándares de seguridad y salud en el área de trabajo,
obligaciones que corresponde a los empleadores, en las actividades de riesgo
que efectuaba el actor; por tanto la empresa demandada no cumplió con las
normas vigentes, cuando ocurrió el accidente de trabajo que sufrió el
demandante, evidenciándose una incorrecta implementación de las medidas de
seguridad, y una inexistente capacitación, incumpliendo así lo dispuesto en los
artículos 49° y 50° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.
DECIMO SEGUNDO.- En el Acta de Audiencia de Juzgamiento, del cinco
de octubre de 2016, parte pertinente de fojas 309, numeral 4.7., la Juez
comunica que en aplicación del artículo 22° de la Ley N° 29497, a fin de
resolver la presente causa, dispone ADMITIR como medio probatorio de
oficio, entre otros, d) Acta de Infracción N° 1894-2015 expedido por SUNAFIL
presentado por la parte demandante, prueba documental respecto de la cual
la demandada tampoco ha formulado cuestionamientos en torno a su
eficacia probatoria.
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DECIMO TERCERO.- Conforme al artículo 16° de la Ley N° 28806, que
señala: "(…). Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen
en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen
ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e
intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán
los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes
así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se
adopten."; se presumen ciertos los hechos constatados por los inspectores.
DECIMO CUARTO.- Dicho, lo anterior, en el Acta de Infracción N° 1894-2015
de fojas 228 a 237, las actuaciones inspectivas se originan a solicitud de Luis
Alberto Sarria Casquino (demandante), quien solicita la investigación del
accidente de trabajo ocurrido el 26 de mayo de 2012, acreditándose que la
demandada no cumplió con las obligaciones en materia de Formación e
Información (Capacitación) suficiente y adecuada a favor del trabajador, acerca
de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables
antes de la fecha del accidente (26 de mayo de 2012) y del cual fue víctima. Que,
el incumplimiento de mantener actualizado el Registro de Inducción,
Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia, es subsumido por el
incumplimiento sustantivo (Formación e Información en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo). Que la empresa inspeccionada no evidencia haber
contado con un Procedimiento de Trabajo de la actividad que realizaba el señor
Luis Alberto Sarria Casquino el 26 de mayo de 2012 (Mantenimiento de Faja
Trasportadora) y que le provocara el accidente de trabajo, materia de
investigación. Que, siendo la causa básica del accidente el factor de trabajo: No
evidenciar mediante documento, las instrucciones que fueran dictadas como
entrenamiento en el puesto; tal hecho configura un incumplimiento que causó
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daño en la salud del trabajador. Con arreglo al Decreto Supremo N° 004-2011-
TR es una infracción muy grave de Seguridad y Salud en el trabajo; y, que los
hechos comprobados vulneran lo dispuesto en las disposiciones legales respecto
a: Formación e Información sobre Seguridad Social en el Trabajo (Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), Decreto Supremo N° 005-2012 TR
(Reglamento de la Ley N° 29783) y la sanción propuesta, fue de una multa total
de S/38,5000.00 soles
DECIMO QUINTO.- Que, estando a lo precedentemente expuesto y a la norma
precedentemente citada, se presume la veracidad parcial de los hechos alegados
en la demanda y sustancialmente en los hechos verificados por la autoridad
inspectiva de trabajo, que determinó que la empresa demandada UNIQUE, es
plenamente responsable del incumplimiento a las normas legales infringidas,
no resultando atendible el argumento expuesto por ésta, a que el demandante
no era un trabajador improvisado que no conocía las normas en seguridad y
salud en el trabajo, por lo que se configura la conducta antijurídica de la
empresa demandada, más aún, cuando tampoco se acredita en autos, que la
demandada cumplió con su deber de informar al Ministerio de Trabajo sobre el
accidente de trabajo, tal como dispone el artículo 82° de la Ley N°29783.
DECIMO SEXTO.- Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución del
treinta de setiembre de dos mil dieciséis emitida en la Casación Laboral N°
4258-2016 LIMA, VISTA; en su Noveno considerando, el cual ha sido
considerado como precedente de cumplimiento obligatorio para las instancias
inferiores, precisa lo siguiente:
"De conformidad con los Principios de Prevención y de Responsabilidad,
contemplados en los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 29783,
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, establece que la interpretación correcta del artículo 53° de la Ley
antes mencionada es la siguiente;
“Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente
de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de
prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus
derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo
1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o
periciales sobre el valor del mismo”.
DECIMO SETIMO.- En consecuencia, la conducta antijurídica del demandado
ha quedado acreditada con los incumplimientos al deber de protección
señalados en Fundamentos precedentes y el Nexo de Causalidad, así como el
Factor de Atribución también se acreditan según lo señalado en el precedente
judicial y si bien de acuerdo a la visualización del video del accidente adjuntado
como medio de prueba, se advierte también una conducta imprudente del
trabajador que ha contribuido a la materialización del accidente, tal hecho no
libera de responsabilidad al empleador, en su defecto el resarcimiento se
reducirá al monto peticionado, conforme lo establecido en el artículo 1326° del
Código Civil.
DECIMO OCTAVO.- Que, el daño emergente comprende el detrimento o la
pérdida sufrida en el patrimonio por una persona, como consecuencia de la
conducta antijurídica; los hechos que incidan en su cuantificación deben ser
acreditados objetiva y fehacientemente, como así lo impone el artículo 196° del
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral y el numeral
23.1) del artículo 23° de la NLPT.
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DECIMO NOVENO.- En el caso de autos, en el fundamento 23, b) en la
sentencia recurrida, se desestima este extremo al no haberse acreditado algún
empobrecimiento en el patrimonio del demandante.
VIGESIMO.- En su escrito de demanda, el demandante señala que el daño le
ha causado un perjuicio directo hacia su persona y con la finalidad de obtener
una mejoría debe ser sometido a tratamiento de rehabilitación ante el Instituto
Especializado de Rehabilitación, el mismo que presenta gastos directos a su
persona: "Terapias de Rehabilitación que deberá realizar por los siguientes años
a razón de S/5.55 soles por sesión y S/166.66 soles por sesiones mensuales y
S/2,000.00 soles por año, dando un total de S/20,000.00 soles, y con la finalidad
de obtener una mejoría en su estado de salud psíquico-social, debe ser
sometidos a tratamiento sicológicos ante el Instituto Policlínico Parroquial.
VIGESIMO PRIMERO.- En el caso de autos, se tiene que el accidente de
trabajo se produjo el 26 de mayo del 2012, habiendo el actor continuado
laborando para la empresa realizando las mismas labores a las que se dedicaba
antes de sufrir el accidente, y cesó el 31 de diciembre de 2014 por vencimiento
de contrato, siendo que en la actualidad, se encuentra laborando para la
empresa CONFIPETROL, desde el 16 de diciembre de 2015; advirtiéndose en
autos que, en el periodo de abril, mayo y agosto de 2015 (fojas 98 a 107), el
demandante ha acreditado con las boletas respectivas haber incurrido en gastos
a fin de obtener una mejoría en su estado de salud, por lo que ha cumplido con
acreditar el daño emergente demandado, gastos que ascienden a la suma de
S/230.00 soles, y que respecto a las terapias de rehabilitación que debe realizar y
que ascenderían a la suma de S/20,000.00 por aproximado de diez años, el actor
no ha acreditado de modo alguno y con medio probatorio alguno estos
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supuestos gastos a realizar como lo exige el artículo 1331° del Código Civil; por
consiguiente, se debe estimarse parcialmente la demanda en este extremo.
VIGESIMO SEGUNDO.- Que, el lucro cesante, es aquél que comprende las
ganancias o ingresos dejados de percibir, como consecuencia del acto dañoso; en
el fundamento 23, c) y d) de la sentencia apelada, se expresa como sustento que,
en autos y de lo expuesto por el Abogado del actor en el audiencia de
Juzgamiento y del propio escrito de demanda, el actor luego del accidente de
trabajo, esto es 26 de mayo de 2012, continuo laborando para la demandada
hasta su fecha de cese, esto es 31 de diciembre de 2014, más aun, según lo
expuesto por la demandada, el actor se encuentra a la fecha laborando para otra
empresa, lo que se encuentra corroborado en autos, por lo que este extremo de
la demanda no resulta amparable.
VIGESIMO TERCERO.- El demandante en su escrito de demanda, señala que
con la boleta de pago que adjunta, demuestra que su remuneración mensual era
de S/1,975.00 soles y que el accidente de trabajo ha producido un desmedro en
su ingreso mensual, resultándole imposible insertarse laboralmente de manera
efectiva tal como lo realizaba antes del accidente de trabajo, y que el lucro
cesante se ve constituido por el ingreso mensual que debía percibir si hubiera
continuado con una vida normal y saludable y hubiera percibido la cantidad
antes mencionada hasta la edad de su jubilación; en resumen, el lucro cesante,
se ve constituido por las remuneraciones y derechos que hubiera percibido.
VIGESIMO CUARTO.- El mismo actor señala que estudió la carrera de
Técnico Electricista Industrial en el Instituto Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial SENATI, advirtiéndose de las boletas de fojas 238 a 240, que
ha sido contratado por CONFIPETROL, CONFIPETROL ANDINA S.A., con
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fecha 16 de diciembre de 2015, en el puesto de Técnico Electricista; es decir, es
contratado en un puesto de trabajo para lo cual se encuentra preparado, por lo
que no se puede considerar que como consecuencia directa del accidente laboral
le haya causado un grave perjuicio al no poder conseguir trabajo acorde a sus
conocimiento y experiencia, debido al detrimento físico irreparable.
VIGESIMO QUINTO.- Que, el demandante señala que estando en UNIQUE
tenía un ingreso mensual de S/ 1,975.00 y que si no hubiese sufrido el daño
ocasionado por el accidente de trabajo hubiere podido buscar un ascenso en
UNIQUE o haber conseguido otro trabajo que le hubiera permitido mejoras
económicas y desarrollarse profesionalmente, se debe tener en cuenta que si
bien el accidente de trabajo le produjo al demandante la disminución de sus
capacidades físicas, no ha cumplido el demandante con probar con medio
probatorio alguno que la remuneración que actualmente percibe de S/1,560.00
soles es a consecuencia del accidente de trabajo, y que se haya producido una
disminución de su valor en el mercado laboral, más aún cuando el término de
la relación laboral no se ha producido a consecuencia del accidente de trabajo
sino por vencimiento del plazo del contrato modal celebrado entre las partes,
cuya validez no ha sido |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 20° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 26273-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA GRAVE
DEL TRABAJADOR
ESPECIALISTA : GARRO VASQUEZ, YNGRIT HERMELINDA
DEMANDADO : UNIQUE SA ,
DEMANDANTE : SARRIA CASQUINO, LUIS ALBERTO
Razón:
Señor Juez
En cumplimiento de mis funciones y deberes cumplo con
informar a Ud., lo siguiente:
1. Debo precisar Señor Juez, que la suscrita al asumir el
cargo procedí con las calificaciones de demandada en el 17° Juzgado,
luego pase al área de trámite y ejecución de cuatro Juzgados,
obviamente ya de por sí existía un retraso, además la atención de todo
el día a los litigantes por Mesa de Partes, así como compaginar escritos,
así como entregar consignaciones, anexos y demás propios de la labor,
fue casi imposible.
2. Pues bien, la suscrita, solicitó licencia sin goce de haber el
día 16 de noviembre del 2017, y mi incorporación a éste Despacho, tuvo
lugar el 01 de los corrientes.
3. de modo que a la recargada carga procesal que
soporta esta judicatura. En razón de lo expuesto, y a fin de no originar
mayor retardo en la secuela del proceso en la fecha se provee
conforme a Ley.
Lima, 23 de febrero del 2017.
RESOLUCION NÚMERO TRES.
Lima, veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete.-
Dado cuenta; El escrito número 334614-2016 presentado
por el demandante su fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis; y ;
El escrito número 335276-2016 presentado por la demandada su fecha
siete de noviembre del dos mil dieciséis; y Atendiendo:
I. AUTOS Y VISTOS
Vistos de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes
procesales, entidad demandada y el accionante con fechas siete de
noviembre del año dos mil dieciséis. y, teniéndose presente el
incremento de la carga procesal debido a la carencia y rotación de
personal del Juzgado; y, II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano
Jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte, la resolución que le
produce agravio con el propósito de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, conforme lo establece el artículo 364° del Código
Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente al caso de autos, con
arreglo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
SEGUNDO: De la revisión efectuada a los recursos de apelación
materia de providencia, se aprecia que el acto procesal materia de
impugnación es la Sentencia N° 255-2016. contenida en la Resolución
Número Tres de fecha veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis,
mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda interpuesta
en autos, resolución contra la cual procede el recurso de apelación
regulado en el artículo 32° de la NLPT, Ley N° 294971.
TERCERO: Asimismo, atendiendo a la verificación de los requisitos
legales, se tiene que las partes apelantes han cumplido con
fundamentar sus medios impugnatorios interpuestos, indicando la
existencia del error de hecho y de derecho en la resolución apelada,
precisando la naturaleza de sus agravios y sustentando sus pretensiones
impugnatorias, dentro del término previsto en el precitado artículo 32°
de la Ley N° 29497, acompañando el arancel judicial correspondiente
en el caso de la parte demandante; consideraciones por las cuales
corresponde admitir los recursos planteados.
III. SE RESUELVE:
1° CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO los recursos de apelación
interpuestos por la demandada UNIQUE S.A y por el accionante LUIS
ALBERTO SARRIA CASQUINO contra la Sentencia N° 255-2016, contenida
en la Resolución Número Tres de fecha veintiocho de octubre del año
del dos mil dieciséis, por el que se declaró fundada en parte la
demanda.
2° ELÉVENSE los actuados al Superior Jerárquico en Grado con la
debida nota de atención; Interviniendo la Secretaria que da cuenta
por disposición superior; NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE.-
1 LEY N° 29497: ARTÍCULO 32: APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO,
ABREVIADO Y DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS: “El plazo de apelación
de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la
audiencia o de citadas las partes para su notificación.” |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGESIMO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 5 - Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 2627-2015–0-1801-JR-LA-07
DEMANDANTE : LUIS ALBERTO SARRIA CASQUINO
DEMANDADO : UNIQUE S.A.
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
JUEZ : YADIRA ELENA AYALA HIDALGO
SECRETARIO : ERIKA CCOYLLO PINO
SENTENCIA N° 255- 2016
RESOLUCIÓN N° 03
Lima, 28 de Octubre del 2016.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública Juzgamiento de fecha 05 de octubre del 2016
y continuada el 19 de octubre del presente año, con la concurrencia de ambas partes, se
procedió al Juzgamiento del proceso.
I.- PARTES:
a) El demandante LUIS ALBERTO SARRIA CASQUINO (en adelante el actor).
b) La demandada UNIQUE S.A. (demandada).
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
Pretensión Principal: Se ordene a la demandada el pago de una Indemnización por
Daños y Perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) en la suma de
S/.1'170.000.00 soles, derivados de un accidente de trabajo sufrido por el actor como
consecuencia de sus labores realizadas en la empresa demandada
Pretensión Accesoria: Se ordene el pago de los intereses legales, costas y costos del
proceso.
III.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE.
El actor, en su demanda y en la confrontación de posiciones invocó los siguientes
hechos:
a) Fue trabajador de la demandada por el período del 23 de marzo del año 2012
hasta el 31 de diciembre del 2014, es decir por 02 años y 09 meses, siendo cesado
por supuesto vencimiento de contrato, siendo su último cargo el de Técnico de
Mantenimiento, habiendo percibido como última remuneración la suma de S/.
1,975.00 soles mensuales.
b) El día 26 de mayo del 2012 cuando se encontraba desempeñando sus labores
dentro de las instalaciones de la planta industrial de la empresa demandada,
ubicado en Lurín, ejecutando las órdenes indicadas por el supervisor del área
Edgardo Gómez procedió a efectuar el cambio de polines en la máquina faja
transportadoras N° 11, junto con su compañero de trabajo Sr. Daniel Ramírez,
siendo el caso que una vez colocados todos los EPPS o implementos de seguro(
casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad), los mismos que siempre se
utilizaban para la labor que se me encomendaba ejecutar, procedimos a efectuar
el cambio de polín de la máquina, y una vez efectuado el mencionado cambio de
polín de la máquina y una vez efectuado el mencionado cambio, se escuchó un
sonido, el cual procedimos a verificar, siendo que en ese momento mi
compañero se dirige a otra área apagar los comprensores, y procede a meterme
debajo de la máquina para detectar el sonido, que es como regularmente se le PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGESIMO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 5 - Teléfono: 4101818
ordenaba en la planta realizar las verificaciones, cuando existía una falla de esa
naturaleza, hecho esto, al salir debajo de la faja sale agarrándose de la estructura
de la máquina; sin embargo, el guante de protección que llevaba puesto, fue
atrapado jalando su mano y brazo hacia los polines de la máquina, la cual quedó
atrapada puesto que no llevaba guardas de seguridad en esa zona, y en su
desesperación y dolor optó por gritar para que apagasen, acción que fie
realizada por el personal de operaciones.
c) Fue trasladado a la Clínica Ricardo Palma quien luego de ser atendido por el
traumatólogo determinó que existía aplastamiento de rodillo con sangrado
profundo más deformidad, lesión en tendones y nervios, con fractura expuesta
del antebrazo, motivo por el cual fue sometido desde el día del accidente a
múltiples operaciones quirúrgicas, la última intervención fue el 24 de febrero del
2015, habiendo quedado sin sensibilidad y sufriendo adormecimiento en los
dedos de la mano.
IV.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA EMPRESA MINERA DEL CENTRO
DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION
La demandada, en su escrito de contestación y en la confrontación de posiciones,
mencionó los siguientes hechos:
a) El demandante ingreso a laborar para la empresa el 23 de marzo del 2012 bajo
un concepto de naturaleza temporal sujeto a modalidad por incremento de
actividades ocupando el puesto de Técnico de Mantenimiento, dicha relación
laboral fue renovada hasta el 31 de diciembre del 2014, debido a que ese
momento, la Empresa tuvo la necesidad de cubrir un incremento coyuntural en
la demanda tanto en el ámbito nacional como internacional, por lo que, lo
señalado por el demandante es falso de que la empresa no habría optado por
renovar la relación laboral por las secuelas sufridas por el accidente laboral, sin
embargo esto no ocurrió ya que el accidente fue en mayo del 2012 y el actor
continuo laborando hasta diciembre del 2014.
b) Que el demandante en varios puntos de su demanda ha establecido una serie de
hechos que en definitiva se alejan de la realidad y le causan un perjuicio a la
Empresa porque se les atribuye una responsabilidad que no le corresponde,
apreciándose de la demanda la aptitud temeraria al tergiversar hechos que no
sucedieron como el demandante lo ha detallado, ya que el actor no era un
trabajador que realizaba ese tipo de trabajos de mantenimiento por primera vez,
al contrario ya en anteriores trabajos habría realizado labores de mantenimiento
de maquinarias en otras empresas, como en Coat Cadena S.A.A, Global
Alimentos S.A.C., Pesquera Diamante S.A. entre otras, lo que quiere decir que el
actor no era inexperto, ni un novato en las labores de mantenimiento, conforme
se advierte de su Curriculum Vitae.
c) Los trabajadores de UNIQUE, incluyendo el trabajador, estaban informados y
capacitados en cuanto a normas y procedimientos en seguridad y salud en el
trabajo, inclusive ellos sabías que al momento de realizar labores que tenía que
ver con manipulación de instrumentos o máquinas, debían hacerlo siempre en
compañía de un trabajador más y con la máquina apagada, sin embargo el actor
aun sabiendo estas normas de seguridad inició las labores con la máquina
prendida.
VI.- HECHOS NECESITADOS DE ACTUACION PROBATORIA: PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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• Determinar si corresponde el pago de una indemnización por daños y perjuicios
por responsabilidad contractual derivado por daño emergente, lucro cesante y
daño moral.
VII.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y
defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las
garantías y principios propios del derecho laboral; empero observando que el
proceso laboral se inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía
procesal y veracidad (artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral,
asumen el rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el
fondo sobre la forma y observar el debido proceso, la tutela judicial y el principio
de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT); y teniendo presente que las
exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas,
sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia
sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Esta Judicatura considera que la Indemnización de Daños y Perjuicios por
Responsabilidad Contractual invocada en el presente proceso, indudablemente
está ligado al instituto jurídico civil sustantivo de la Responsabilidad Civil en su
esfera contractual, es decir constituye en esencia una pretensión regulada
normativamente por las reglas del Código Civil, y es distinta a la responsabilidad
laboral, que obliga normativamente al empleador a través de la Seguridad Social a
realizar aportes para el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -SCTR, o de
la AFP a realizar aportes para el Sistema Privado de Pensiones; en virtud a los
cuales el trabajador que sufra un accidente de trabajo o pierda la vida o adquiera
una enfermedad profesional, pueda obtener una suma de dinero con carácter
indemnizatorio por el simple o mero hecho de ser trabajador accidentado (como
es el caso de la renta vitalicia) o la pensión de sobrevivencia; en tanto que por la
responsabilidad civil, se obliga al causante del daño (que puede ser el empleador)
a repararlo, siempre que se demuestre la concurrencia de los elementos de la
responsabilidad; de manera que aún concurriera el hecho de que la víctima
(trabajador) hubiera obtenido con cargo al Sistema de Seguridad Social, una
determina suma, no excluye, en absoluto la posibilidad de obtener la
indemnización que corresponda al amparo de las normas civiles, así como
tampoco impide que sea la Judicatura Laboral la competente para conocer ella, en
razón a que el hecho determinante de la responsabilidad del empleador
(incumplimiento de obligaciones laborales), no puede ser apartado del contrato de
trabajo o de la rama social del Derecho Laboral; y en tal sentido está en mejor
aptitud de conocer con detalle y precisión los temas vinculados al incumplimiento
de obligaciones laborales, lo que se ratifica con lo previsto por literal b) del
numeral 1° del artículo 2° de la Ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, que
señala que los juzgados especializados de trabajo conocen, en proceso ordinario
laboral, las pretensiones relacionadas con la responsabilidad por daño patrimonial
o extra patrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la
prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el
servicio.
3. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la
demanda y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta
de presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan
acreditados (artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla general que la
carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT);
así como las reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio
de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan
que cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo paralelo,
cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la
carga de la prueba de haber cumplido con sus obligaciones derivadas de las
normas legales, o con sus obligaciones contractuales (artículo 23.4.a) y finalmente
que en aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan
indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe
darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes
para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas
adoptadas y de su proporcionalidad, como se desprende del artículo 23.5 de la
NLPT.
RESOLVIENDO LA TACHA.
4. La parte demandante en la Audiencia de Juzgamiento la parte demandante
formula Tacha contra el medio probatorio ofrecido por la demandada en el punto
5.7, consistente en un Audio de 3:00 minutos y contra el punto 5.8, dos fotografías.
5. Al respecto cabe señalar que la tacha, constituye un instituto de derecho procesal,
que tiene por finalidad enervar el valor probatorio de un documento ya sea por
falsedad o nulidad, derivada de su apreciación meramente objetiva o formal; no
pudiendo extenderse a la verificación real sobre la veracidad o falsedad del hecho
o acontecimiento contenido en el documento; pues ello solamente será posible a
través de su discusión respecto al fondo de una controversia o a la propia nulidad
del acto o documento instado en vía de acción. Así el artículo 42° de la Ley
Procesal de Trabajo establece que: “Puede interponerse tacha contra los testigos y
documentos (…), debiendo indicarse con claridad los fundamentos que la sustenta,
ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según el caso”.
6. En el caso de autos, si bien la demandada, formuló cuestión probatoria de tacha,
sin embargo no precisó si ella es por nulidad o falsedad de dichos documentos y
tampoco de los fundamentos fácticos referidos no puede inferirse a cuál de los
supuestos referidos se contrae la cuestión probatoria propuesta; por lo que ésta
Judicatura considerando que dichas cuestiones son eminentemente formales, por
lo que debe declararse INFUNDADA la Tacha.
ANALISIS DEL HECHO NECESITADO DE ACTUACION PROBATORIA
7. Respecto si corresponde el pago de una indemnización por daños y perjuicios
por responsabilidad contractual derivado por daño emergente, lucro cesante y
daño moral; cabe señalar: que se denomina accidente de trabajo aquel que se
produce dentro del ámbito laboral o por el hecho o en ocasión del trabajo,
tratándose normalmente de un hecho súbito y violento que produce un daño
psíquico o físico verificable, en la salud del trabajador, que lo incapacita para
cumplir con su trabajo habitual. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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8. Asimismo, la Decisión 584 de la Comunidad Andina, define el accidente de
trabajo a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también, accidente de trabajo, aquel que
se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar de trabajo1.
9. Por tanto, debe entenderse al accidente de trabajo como toda lesión corporal
producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha
sido contratado el trabajador causadas por acción imprevista fortuita u ocasional
de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la
persona, independientemente de su voluntad y que puede ser determinada por
los médicos de una manera cierta.
10. En el presente caso, resulta evidente que la materia controvertida versa sobre
responsabilidad contractual llamada también inejecución de obligaciones. Por
tanto, corresponde en primer término establecer cuáles son los requisitos
generales de la responsabilidad civil, a los efectos de determinar si en el caso de
autos se han configurado los mismos. Así, según la doctrina prevalente nacional
los requisitos generales de la responsabilidad civil son el daño causado, la
antijuricidad, la relación de causalidad y los factores de atribución. 2
11. ANTIJURICIDAD.- Seguidamente corresponde determinar si el daño invocado por el
actor se ha producido como consecuencia de la conducta antijurídica de la
demandada; a cuyo efecto debe tenerse presente que el Jurista Lizardo Taboada
Córdova3, ha señalado que la antijuricidad, desde la óptica legal supone que “una conducta
es antijurídica, no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el
sistema jurídico en su totalidad, es decir, afecta los valores o principios sobre los cuales se ha construido el
sistema jurídico”; y desde la óptica contractual; la antijuricidad es siempre típica y no típica, pues ella
resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso o del
cumplimiento tardío o moroso”. Por otro lado el tratadista Manuel Alonso Olea4 señala que: “… del
contrato de trabajo se desprenden obligaciones recíprocas para el trabajador (quien debe prestar el servicio en el
lugar y la forma determinada por el empleador) y el empleador (quien además de pagar la remuneración, está
obligado a brindar un lugar adecuado conforme a las normas sobre higiene y seguridad e higiene acordes con la
actividad que desarrolla, teniendo la obligación de reducir al mínimo la insalubridad (higiene) y la peligrosidad
(seguridad) del medio, acordes a los medios tecnológicos que ofrece la civilización y cultura, reduciendo los
riesgos del trabajo a los mínimos “aceptables”, según estos criterios y adaptando su conducta a la del
“empresario prudente”, que comparativamente es más exigente que el de la persona media o “normal”.
12. De lo anterior se advierte que el análisis de la antijuricidad, en el caso de los accidentes de
trabajo, cuando se trata de establecer la responsabilidad contractual, está vinculado a la
observancia o cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el centro de trabajo; en
tal contexto, debe tenerse presente que en el caso de la responsabilidad contractual; la
Seguridad Industrial está conformado por un conjunto de conocimientos, técnicas, normas y
procedimientos, tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador con
1 Decisión 854. Sustitución de la Decisión 547- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
2 En: «Responsabilidad Civil Extracontractual». Lizardo Taboada Córdova: Curso a Distancia para Magistrados.
Academia de la Magistratura. Lima, 2000. Páginas 17-23].
3
Lizardo Taboada Córdova. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Editorial Jurídica Grijley E.I.R.L. 2da. Edición. 2003. Pág. 28.
4 MANUEL ALONSO OLEA Y MARIA E. CASAS BAAMONDE. DERECHO DEL TRABAJO. Décimo Novena Edición.
Civitas Ediciones, S.L. 2001. Págs. 227 y 229 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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carácter preventivo; cuyos objetivos son: i) Prevenir los riesgos de la ocurrencia de
accidentes de trabajo, evaluando, controlando y eliminando de ser el caso los factores que
pudieran ser generadores o causantes de accidentes de trabajo; ii) Reducir los riegos
potenciales de accidentes de trabajo, en atención a la naturaleza de las actividades
desarrolladas; etc. etc. Asimismo debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento
jurídico, contiene un vasto conjunto de disposiciones legales que regulan expresamente las
obligaciones que deben cumplir los empleadores en materia de protección y seguridad
ocupacional; entre ellas: la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud
267905; el Decreto Supremo 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 267906; el
Decreto Supremo 003-98-SA que Aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo7;
13. En el caso de autos, el actor alega que, la demandada, ha omitido en todo momento con su
deber de garantizar la seguridad ocupacional de los trabajadores, pues al tener este deber
se encontraba obligado a controlar el riesgo generado, pues la labor de todo empleador es
mantener en los límites de riesgos permitidos, no habiendo la demandada demostrado el
cumplimiento cabal de las normas de seguridad e higiene ocupacional. Por su parte la
demandada alega que si cumplió con las medidas de seguridad y protección de sus
trabajadores y que el accidente de trabajo se debió a la negligencia del actor; en tal sentido
corresponde analizar si en efecto la demandada cumplió o no con sus obligaciones de
prevención antes señaladas y por ende si su conducta deviene en antijurídica y además
verificar si el actor incurrió en conducta negligente para causar su propio accidente, como así
argumenta la demandada.
14. Del análisis de lo actuado, se tiene que está acreditado que el actor en su condición de
Técnico en Mantenimiento en el Area de Producción, realizaba el mantenimiento de la faja
transportadora para hacer el cambio de polines de metal, labor que resulta riesgosa, ya que
el 12 de mayo del 2012 mientras realizaba sus labores diarias de mantenimiento quedo
atrapada su mano derecha provocándole ruptura de huesos y quemadura en la piel; lo que
evidencia pues una inadecuada o incorrecta implementación de dichas medidas de
5 La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 26790, que regula el Seguro Social de Salud también se extiende en el caso de las
enfermedades profesionales al régimen legal del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para las actividades de alto riesgo otorgando en los
casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a los asegurados, prestaciones de salud o pensiones de invalidez temporal o permanente
y de sobrevivientes y gastos de sepelio.
6 El Decreto Supremo 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 26790, (artículos 82º, 83º y 84º), ratifica las coberturas en salud y en invalidez
que brinda el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, imponiendo la obligatoriedad del
seguro para los empleadores que desarrollan actividades de alto riegos y considera como asegurados obligatorios a la totalidad de los trabajadores del
centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades previstas en el Anexo 5, así como todos los demás trabajadores de la empresa, que no
perteneciendo a dicho centro de trabajo se encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional por razón de
sus funciones.
7 El Decreto Supremo 003-98-SA que Aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, regulan: i) las coberturas
otorgadas por el SCTR, ii) el concepto de accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con
ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del
trabajador o debida al esfuerzo del mismo; concepto en el cual también se incluyen a los accidente que: a) El que sobrevenga al trabajador
ASEGURADO durante la ejecución de órdenes de la Entidad Empleadora o bajo su autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro y de las horas
de trabajo; b) El que se produce antes, durante después de la jornada laboral o en las interrupciones del trabajo; si el trabajador ASEGURADO se
hallara por razón de sus obligaciones laborales, en cualquier centro de trabajo de la Entidad Empleadora, aunque no se trate de un centro de trabajo de
riesgo ni se encuentre realizando las actividades propias del riesgo contratado; c) El que sobrevenga por acción de la Entidad Empleadora o sus
representantes o de tercera persona, durante la ejecución del trabajo.; iii) la obligatoriedad de la contratación del SCTR por las empresas que
desarrollan actividades de riesgo; iv) el alcance del SCTR, a todos los trabajadores del centro de trabajo que desarrolla actividades riesgosas, sean
empleados u obreros, eventuales, temporales o permanentes; definiendo al “Centro de Trabajo”, como el lugar donde se ubican las unidades de
producción. Incluye a las unidades administrativas y de servicios que por su proximidad a las unidades de producción, expone al personal al
riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva; v) el deber del Empleador de procurar el cuidado
integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; vi) la responsabilidad del empleador en caso de que el accidente de trabajo se produzcan
como consecuencia directa del incumplimiento de las normas de salud ocupacional o de seguridad industrial o por su negligencia grave o por
agravación de riesgo o incumplimiento de las medidas de protección o prevención para responder ante la entidad prestadora de salud y la ONP o
Aseguradora por las prestaciones que hubieren otorgado (Artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 11º, 12º) PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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seguridad; así como la ausencia de capacitación adecuada al personal tanto en dichas
materias de seguridad y protección; así como el entrenamiento necesario para asumir
situaciones de emergencia como la sufrida por el actor; la no asignación de un Supervisor de
prevención de riesgos, puesto que si bien el actor fue auxiliado oportunamente, sin embargo
cuando ocurrió el accidente se advierte que los trabajadores que se encontraban en el
momento del hecho se aglomeraron sin saber cómo auxiliar al actor, conforme se advierte del
video ofrecido por la demandada, visualizado en la Audiencia de Juzgamiento (registrado en
Audio y Video), hecho que genera una negligencia por parte de la demandada.
15. Asimismo, si bien la demandada manifiesta que: "el accidente de trabajo se debió a la
negligencia del actor, ya que tenía conocimiento que para realizar sus labores, debía hacerlo
bajo dos premisas: i) siempre en compañía de un trabajador, ii) con la máquina apagada, sin
embargo, el demandante decidió el día del accidente ir contra estas dos valiosas normas de
seguridad y salud e inició sus labores de mantenimiento con la máquina prendida y sin un
compañero", hecho que se corrobora con la declaración de testigo de accidente de trabajo el
26/05/12 que obra a fojas 188; sin embargo, a lo expuesto se advierte que la demandada no
cumplió con sus obligaciones conforme se acredita con lo establecido por la superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral en el Acta de Infracción N° 1894-2015 obrante a fojas 228
a 237, en el procedimiento aperturado a raíz del accidente de trabajo sufrido por el actor, el
que se le impuso al empleador demandado la multa de S/38,500.00 soles, por infracciones
consistentes en: i) no haber cumplido con las obligaciones en materia de Formación e
Información (capacitación) suficiente y adecuada a favor del trabajador Luis Alberto Sarria
Casquino, acerca de los riesgos en el puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables antes de la fecha del accidente (26 de mayo del 2012); ii) no evidenciar haber
contado con un Procedimiento de Trabajo respecto de la actividad que realizaba el señor Luis
Alberto Sarria Casquin el 26 de mayo del 2012 (Mantenimiento de Faja Transportadora) y que
le provocará el accidente de trabajo materia de investigación; medio probatorio que corrobora
los incumplimientos en los que incurrió el empleador demandado; de lo que se infiere que
dichos incumplimientos (en materia de higiene y seguridad ocupacional), permiten
concluir a ésta Judicatura que el empleador demandado incurrió injustificadamente en
una conducta antijurídica, es decir contraria a dichas normas legales y
convencionales; las cuales por tener carácter imperativo debían ser de obligatorio e
ineludible cumplimiento, contribuyendo con dicho incumplimiento a la realización del
accidente del causante.
16. En torno a la existencia del nexo causal entre los daños que alega el actor sufrió y el hecho
del accidente de trabajo que ocasionó las lesiones generando una incapacidad parcial
permanente; LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD, debe entenderse en sentido abstracto como
la relación de causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica
antijurídica del autor y el daño causado a la víctima; es decir, como lo señalaba Lizardo
Taboada Córdova (Elementos de la Responsabilidad Civil; Pág. 76), “el daño causado al acreedor
debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación debida por
parte del deudor”.
17. El artículo 1321º del C.C., consagra la teoría de la causa inmediata y directa (“in iure non
remota causa, sed próxima spectatur”), por el cual, para que el daño pueda ser imputado
causalmente al agente, lo único que se exige es que el nexo causal no haya sido roto por la
interferencia de otra serie causal ajena a la anterior. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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18. A su vez, el Jurista nacional Juan Espinoza Espinoza (8), al referirse a la Teoría de la causa
próxima, señala que: “según esta teoría, se llama causa solamente a “aquella de las diversas condiciones
necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a éste; las otras son simplemente
“condiciones”. Para una autorizada doctrina del análisis económico del Derecho, la causa próxima “comprenderá,
por lo general (si bien no siempre), aquellas causas sine qua non, presumiblemente vinculadas causalmente, a
las que, en ausencia de ciertas defensas específicas, un sistema legal desea asignar, al menos, responsabilidad
parcial por un accidente”.
19. Conforme a lo anterior debe tenerse presente que el nexo de causalidad supone la
vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (no cumplir con sus
obligaciones legales o convencionales en materia de seguridad y protección) y el daño sufrido
por el trabajador (accidente de trabajo) y que éste sea consecuencia además de la situación
laboral o las labores realizadas habitualmente en el centro de trabajo y que además no
concurra ninguna de las causales de fractura del nexo causal, conforme lo prevé el artículo
1327° del Código Civil9; por cuanto en el presente caso el actor por su situación de
dependencia y subordinación se encontraba obligado a prestar los servicios requeridos por el
demandado; no teniendo la posibilidad de oponerse a su cumplimiento; por ende en el caso
de autos se llegó a acreditar la concurrencia del nexo de causalidad entre el daño
causado referido a atricción- trauma por aplastamiento antebrazo derecho, conforme al
Informe Médico de fecha 13 de mayo de 2015, de fojas 12 y 13 como consecuencia del
accidente de trabajo del actor de fecha 26 de mayo de 201210 y su labor cumplida
(Técnico de Mantenimiento), y que fue como consecuencia del incumplimiento de
obligaciones de la demandada en materia de seguridad y protección.
20. Respecto al FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Al respecto el artículo
1319º del Código Civil establece que: ”Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave, no
ejecuta la obligación”. Juan Espinoza Espinoza11 señala: “… debemos distinguir la Culpa Objetiva y
Culpa Subjetiva. La primera se denomina también culpa in abstracto, es la culpa por violación de las leyes, es
decir el ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y si el agente no lo cumple, éste es
responsable. Esta culpa objetiva se basa en parámetros determinados por la ley (es por ello que recibe dicha
calificación), en efecto, “una cosa es exigir la responsabilidad del autor de un daño negando todo examen de su
conducta (teoría del riesgo), y otra cosa es no declararlo responsable, sino en los casos en que otra persona
habría obrado de manera distinta (apreciación de la culpa in abstracto)”. La segunda denominada también culpa
in concreto, es aquella que se basa en las “características personales del agente”. Este tipo de culpa engloba a
la imprudencia y la negligencia”. El mismo autor agrega que: “Igualmente debe tenerse presente que la
culpa tiene diversos grados: Culpa grave, que es el no uso de la diligencia que es propia de la absoluta mayoría
de los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal no ha hecho lo que todos los hombres hacen
comúnmente y Culpa Leve, es el no uso de la diligencia propia de las personas de capacidad media”.
21. En tal sentido, debemos entender que la culpa es toda violación de un deber jurídico,
derivado de la falta de diligencia (negligencia) en el cumplimiento de las obligaciones
provenientes de la ley o un convenio. A su vez la negligencia, puede derivar de: una falta de
previsión del resultado (in omittiendo) o una previsión errónea (in faciendo). En el primer
caso el responsable no previó las consecuencias, pudiendo y debiendo hacerlo; y en esto
está su falta. En el segundo caso sí previó las consecuencias; pero confió con imprudencia o
ligereza en que no se producirían. En ambos casos la culpa debe ser perjudicial al acreedor,
para que por ella se responsabilice al deudor, pues no hay acción sin interés.
8 Juan Espinoza Espinoza. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Páginas 146-147.
9 Artículo 1327.- Liberación del resarcimiento
El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
17° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez - Av. Abancay Cdra. 5 Esquina con Nicolás de Piérola
_______________________________________________________
EXPEDIENTE : 26314-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
JUEZ : CUYA BARRERA, ROXANNA ELIZABETH
ESPECIALISTA : CCOYLLO PINO, ERIKA PILAR
DEMANDADO : HELINKA SAC ,
DEMANDANTE : LLAGUNO BOJORQUEZ, DELFINA FLOR DE ZULEMA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, 18 de Abril del 2018.-
Por devuelto los actuados provenientes de la Cuarta Sala Laboral
Permanente de Lima, ingresado por CDG con fecha 31 de Enero del 2018. A lo Expuesto: Que,
habiendo el Superior Jerárquico, CONFIRMADO la Resolución Nº 04 de fecha 28 de Octubre
del 2016 contenida la Sentencia Nº 188-2016-17º- JETP-CSJL-YJM de fojas 262 a 279, mediante
el cual se declara:
1) INFUNDADA en el extremo referido al pago de indemnización por despido arbitrario
2) FUNDADA el pago de Beneficios Sociales, MODIFICARON el monto a pagar; en
consecuencia y 3) ORDENARON pagar la suma de S/98,592.41 soles (NOVENTIOCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTIDOS CON 41/ 100 SOLES) por los conceptos de compensación por
tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones no gozadas e indemnización vacaciones y el
período trunco y asignación familiar, y bonificación por escolaridad, más intereses legales,
costos y costas procesales que se liquidarán en ejecución de sentencia.
En consecuencia, CÚMPLASE lo ejecutoriado y:
1) Requiérase a la demandada HELINKA S.A.C. a fin de que dentro del QUINTO DÍA de
notificado abone a favor del actor la suma de S/98,592.41 soles (Noventiocho Mil
Quinientos Noventidós con 41/100 soles), bajo apercibimiento de Ley en caso de
incumplimiento.
Al escrito presentado por la parte demandante, recepcionado por CDG con fecha 28 de Febrero
del 2018. Al Principal: Estese a lo dispuesto en autos. Al Primer Otrosí: Téngase por variado el
domicilio electrónico de esta parte, en CASILLA ELECTRONICA Nº 22104. Al Segundo Otrosí:
Téngase presente. Avócase al conocimiento de la presente causa, a la señorita Juez que
suscribe, en merito a la Resolución Administrativa N° 576-2017-P-CSJLI/PJ de fecha 11 de
Octubre del 2017 publicada el 13 de Octubre de los presentes, en el diario oficial "El Peruano".- |
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(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
EXPEDIENTE N° : 26314-2015-0-1801-JR-LA-01
DEMANDANTE : DELFINA FLOR DE ZULEMA LLAGUNO BOJORQUEZ
DEMANDADO : HELINKA, S.A.C.
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y
OTROS
JUEZ : YSABEL JURADO MONTEAGUDO
SENTENCIA N° 188-2016-17°JETP-CSJL-YJM
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento de fecha
diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, con la concurrencia de
ambas partes procesales se procedió al Juzgamiento del proceso, en el
que se reservó el fallo para el día veinticinco de octubre del presente
año, el cual se emite en la fecha debido a las recargadas labores del
Juzgado, y, alternancia de la suscrita durante los días once y doce de
octubre del año en curso, con el Décimo Octavo Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima.
I. ANTECEDENTES:
1. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
1.1. DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
La Señora Juez, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497,
Nueva Ley Procesal de Trabajo - NLPT al no lograr la conciliación, fijó las
pretensiones materia de juicio formuladas por la actora,
mencionándose los siguientes:
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(cid:1) Se declare su despido como arbitrario, y como consecuencia, se le
pague una indemnización por despido.
(cid:1) Pago de beneficios sociales por concepto de compensación por
tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones adquiridas y no
gozadas, indemnización vacacional y truncas.
(cid:1) Pago de intereses legales, costas y costos del proceso.
1.2. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE:
La actora, en su demanda y en la confrontación de posiciones invocó
los siguientes fundamentos de hecho:
a) En la vía del proceso ordinario laboral, mediante demanda
obrante en autos de fojas 02 a 44, y escrito de subsanación de
demanda de fojas 49 a 55 doña DELFINA FLOR DE ZULEMA LLAGUNO
BOJORQUEZ, interpone demanda contra HELINKA, S.A.C., peticionando
se declare la arbitrariedad de su despido y el pago de la indemnización
del mismo, así como el pago de beneficios sociales y el pago de los
intereses legales, costos y costas del proceso.
b) Sostiene que con fecha 01 de junio del 2008 empezó a laborar
para la demandada ocupando el cargo de asistente de gerencia,
relación laboral que se dio bajo los parámetros del Decreto Legislativo
N° 728 y que se mantuvo vigente hasta el 10 de noviembre del 2015,
fecha en la que fue despedida por su empleador.
c) Indica que ante el retraso del pago de sus remuneraciones es
que solicita en primer lugar el pago de los montos adeudado de
manera verbal, recibiendo evasivas por los encargados de la empresa;
siendo que en el ínterin solicitó a su Jefe Directo, Sr. Guy Mogica, una
semana a cuenta de vacaciones, en razón que se encontraba
mudándose de domicilio; a lo que le dan como respuesta que si podía
tomarse una semana de vacaciones previo abono de sus
remuneraciones impagas, lo cual le fue indicado por correo
electrónico y ratificado en la entrevista personal que la suscrita
mantuvo con el Sr. Mogica; asimismo, refiere que valiéndose de la
buena fe le hicieron tomar su vacaciones, para que luego le imputaran
una causal de despido
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d) Alega que si bien se liquidaron algunos conceptos, los mismos
fueron cuantificado de forma diminuta, ello por cuanto parte de su
remuneración fue otorgada en la planilla de pago y la otra parte fue
abonada en efectivo, mediante la denominación de bonificación
extraordinaria, cuyo monto ascendía a S/. 3.000.00 soles mensuales,
peticionando que la demanda sea declarada fundada en todos los
extremos.
1.3. FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA:
La emplazada, en su contestación y en la confrontación de posiciones
invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) La emplazada contesta la demanda mediante escrito de fojas 67
al 237, negando y contradiciendo la demanda en todos los extremos,
señalando que la parte demandante injustificadamente no asistió a
laborar los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2015, por lo que, se le
despidió por falta grave; además señala que la actora introdujo un
hecho falso, referido al supuesto pago de S/. 3,000.00 soles mensuales
adicionales a su remuneración mensual, tal como consta en su carta de
descargo.
b) Asimismo, respecto al pago de sus beneficios sociales
peticionado, ello se encuentra íntegramente cancelados, refiriendo
que su última remuneración de S/. 4,482.00 soles más S/. 75.00 soles por
asignación familiar.
c) Respecto a la supuesta bonificación extraordinaria mensual de
S/. 3,000.00 soles mensuales, la misma que se encuentra en copia, por
lo que resulta falsa; solicitando que la demanda sea declarada
infundada en todos los extremos.
2. DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
2.1 Se llevó a cabo la confrontación oral de las posiciones de las
partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación probatoria,
enunciándose los hechos que no necesitan de actuación probatoria y
los hechos necesitados de actuación probatoria, procediéndose a la
admisión y posterior actuación de los medios probatorios, requiriéndose
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los alegatos finales a las partes asistentes, por lo que, la causa se
encuentra expedita para sentenciar.
II. PARTE CONSIDERATIVA
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA:
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,
para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a
un debido proceso y las garantías y principios propios del derecho
laboral; empero, observando que el proceso laboral se inspira entre
otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT) y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el
fondo sobre la forma y observando el debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes
procesales únicamente en la demanda y en la contestación; la
inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de
documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan
acreditados (artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla
general que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o, a quien los contradice alegando
hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio que, por ley, se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que
cuando la demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo
paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones y del estado del vínculo laboral y la
causa del despido (artículo 23.4.a y c).
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DE LAS CUESTIONES PROBATORIAS
3. La demandante formula tacha contra los medios de prueba
adjuntados por la demandada, referidos como en los numerales 4.19 y
4.20, argumentando que no obra la firma en las boletas de pago
adjuntadas por la demandada respecto de los períodos diciembre de
2011, julio de 2012, julio 2013, diciembre de 2013, marzo de 2012, marzo
de 2013 y febrero de 2014, evidenciando la falta de un requisito de
formalidad en las boletas, adjuntado como medio de prueba los mismos
documentos.1
4. La demandada, absuelve la tacha formulada, argumentando
que, no se ha indicado que la tacha formulada es nula o falsa,
indicando que las boletas están respaldadas en mérito de las planillas,
las cuales fueron todos los documentos tachados por la actora.2
5. La tacha tiene por finalidad atacar la eficacia probatoria del
documento mismo, mas no el acto jurídico contenido en él, a fin de que
el documento no sea tenido en cuenta para probar la materia
controvertida las cuales son: a) La falsedad que implica que el
documento no concuerda con la realidad, ello sucede cuando el
documento contiene datos inexactos o falsificados; y, b) La nulidad por
ausencia de una formalidad esencial para el documento que la ley
prescribe bajo sanción de nulidad. La nulidad está referida
expresamente al documento más no al negocio que constituye su
contenido.
6. En éste caso, el abogado de la demandante formuló la tacha sin
indicar su tipología (falsedad o nulidad), sin embargo, señaló que dichos
documentos tachados, no cuenta con la firma de la demandante,
evidenciando un requisito de formalidad, por lo que, se tomará en
cuenta lo expuesto y se adecuará la tacha formulada por la de
NULIDAD; siendo ello así, debemos precisar que si bien manifestó la falta
de firma en las boletas, sin embargo no precisó ni acreditó que la causal
de nulidad invocada esté prevista taxativamente en una norma o
disposición legal expresa que establezca la sanción de nulidad; cuando
se incurra en inobservancia de dicha previsión, no teniendo sustento
alguno; por lo que debe desestimarse dicha cuestión probatoria.
1 Argumentos expuesto en el minuto 15’ con 11” segundos de la primera parte de la grabación.
2
Argumentos expuesto en el minuto 17’ con 58” segundos de la primera parte de la grabación.
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7. En esa misma línea la parte demandada también formula tacha
por falsedad contra el medio de prueba número siete de los medios
probatorios ofrecidos por la demandante (constancia de ingresos
adicionales), alegando que el documentos tacha se trata de una copia
simple, exigiendo que se presente el original, además de refiere que el
firmando de dicho niega haberlo firmado, asimismo, señala que de una
mera revisión del medio probatorio número siete y número nueve, se
puede ver que han fotocopia la firma y el sello; adjunta como medio de
prueba la exhibición que deberá efectuar la parte demandante del
original del medio probatorio número siete y la declaración del Gerente
General Guy Frank Mogica.
8. Al respecto la parte demandante, señala que se quedaron
documentos originales en su oficina, entre ellas la constancia de
ingresos adicionales, sin embargo, la demandada no le dejó ingresar a
su centro de trabajo, no pudiendo entregar el original solicitado.
9. La Judicatura, para efectos de mejor resolver, realizó medio
probatorio de oficio (la declaración de parte del Gerente General Guy
Frank Mogica), al encontrarse presente conforme a lo informado en ese
acto pro la emplazada.
10. En el presente caso, la controversia versa respecto a la veracidad
del medio probatorio ofrecido por la parte demandante, en el medio
de prueba N° 7 (Constancia de Ingresos Adicionales); siendo ello así
debemos tener en cuenta que si bien es cierto la parte demandante no
cumple con adjuntar el originar del documentos referido, al indicar no
tenerlo en ese momento, lo que hace imposible verificar o validar si la
copia de la constancia de ingreso adicional obrante a fojas 24,
proviene de un original, sin embargo, debemos tener en cuenta que el
artículo 250 del Código Procesal Civil3, refiere que los documentos
otorgados por personas jurídicas, serán reconocidos por sus
representantes, asimismo, el artículo 249 del mismo cuerpo normativo,
señala que el citado a reconocer un documento escrito debe expresar
si la firma que se le muestra es suya; en ese sentido, podemos llevar a la
conclusión que si bien el Gerente General Guy Frank Mogica, no
reconoce el contenido del documento cuestionado, sin embargo, si ha
reconocido su firma4, en tal sentido, y siendo que el artículo 234 del
3 Norma de aplicación supletoria al caso materia de autos, conforme a lo previsto en la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4 Manifestación dada en el minuto 8’ con 10”.
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Código Adjetivo, señala que puede ser documentos públicos o privados
las fotocopias; esta Judicatura considera declarar infundada la tacha
formulada por la parte demandada, ello además en concordancia con
lo previsto en el artículo 246 del precitado código adjetivo, el cual
refiere que el documento privado reconocido tiene para las partes el
valor que el Juez le asigne; por lo que, dicho medio de prueba
corresponde estimarse como válido.
MATERIA DE CONTROVERSIA
11. El problema se circunscribe en determinar la configuración de falta
grave imputada, la causa de extinción del vínculo laboral, la
remuneración percibida por la demandante y si corresponde el pago
de los beneficios sociales peticionado.
ANÁLISIS RESPECTO DE LA PRIMERA PRETENSIÓN:
12. En torno a la pretensión de Indemnización por Despido Arbitrario,
cabe señalar que la actora gozaba del derecho a la protección contra
el Despido Arbitrario, fijado por el artículo 27° de la Constitución Política
del Perú, por haber superado el período de prueba, en virtud a lo cual
la extinción del vínculo laboral, sólo podía ser ejecutada con sujeción a
la normatividad sustantiva laboral contenida en el TUO del Decreto
Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97- TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral – LPCL, que prevé como causas
de extinción entre otras el Despido en los casos y forma permitidos por
ley (artículo 16° inciso g); siempre que se sustente en una causa justa
contemplada en la ley y debidamente comprobada por el empleador
(artículo 22°) y que esté relacionada con la capacidad o conducta del
trabajador; y en éste último caso, cuando esté referido a la comisión de
cualquiera de las faltas graves descritas en el artículo 25° de la citada
LPCL.
13. En éste caso el hecho del despido se acreditó con las cartas de
pre aviso de despido obrante a fojas 7 al 12 y de despido obrante a
fojas 19 al 21, ambas cursadas por la demandada a la actora y la carta
de descargo obrante a fojas 13 al 18; correspondiendo por ende
ingresar al análisis si las faltas imputadas a la actora se han acreditado
objetivamente.
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14. Previamente cabe precisar que la falta grave se califica como la
infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del
contrato de trabajo, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia
de la relación laboral y para su configuración se requiere la
concurrencia de tres (3) elementos: i) La infracción de los deberes
esenciales del trabajador, establecidos en el contrato de trabajo; el
cual por su naturaleza reconoce derechos, como también imponer
obligaciones que deben ser cumplidos por el trabajador; y en éste
último caso debe tratarse de deberes esenciales establecidas respecto
del empleador; ii) La gravedad de la falta del trabajador; que según el
artículo 25º de la LPCL, debe ser “de tal índole, que haga irrazonable la
subsistencia de la relación”. En éste caso, si bien resulta difícil definir en
qué consiste la gravedad de un hecho o una conducta, sin embargo
de ella desprenderse de sus consecuencias; así una falta puede ser
grave por su trascendencia, y por ende puede ser suficiente para
afectar la relación laboral de modo sustancial e irreversible (p. ej. : la
apropiación de bienes o servicios del empleador, el uso o entrega a
terceros de información reservada, la sustracción o utilización no
autorizada de documentos de la empresa, los actos de violencia, etc.)
o puede derivarse de su continuidad o prolongada reiteración en el
tiempo, motivando el deterioro progresivo de la relación laboral, hasta
el momento en que su continuación se torna insoportable (p.ej. la
“reiterada” resistencia a las órdenes relativas a las labores, la
disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores, la
inasistencias e impuntualidad reiteradas, etc.); y iii) La culpabilidad del
trabajador, que está referido a la imputabilidad de la conducta o su
atribución que puede ser a título de dolo (disminución “deliberada” del
rendimiento proporcionar “intencionalmente” información falsa, causar
“intencionalmente” graves daños), o negligencia inexcusable del
trabajador (incumplimiento “injustificado” de sus labores, inobservancia
del reglamento de seguridad industrial, descuido o dejadez
imperdonable en el cumplimiento de sus labores).
15. En el presente caso, se le imputa a la demandante una falta
grave prevista en el literal h) del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, la cual está referida al abandono de trabajo por más de tres días
consecutivos.
16. Respecto al abandono de trabajo e inasistencia injustificada, nos
refiere Blancas Bustamante, Carlos, que: “Esta falta entraña el
incumplimiento de la obligación principal del trabajo: prestar el servicio
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a que se ha comprometido”5; siendo ello así, se desprende que la falta
está conformada por dos requisitos: 1.- La reiteración y 2.- La
injustificación de las inasistencias al trabajo.
17. En ese contexto, cabe analizar que en el presente caso, a efectos
de desvirtuar los hechos imputados como faltas graves, la demandante,
ha referido en su escrito de descargo (sétimo considerando) obrante a
fojas 17, que: “(…) la semana de vacaciones otorgada por ustedes fue
validad por el Sr. Mogica, con quien se coordinó lo referente a dichos
días de uso de vacaciones, para lo cual remití correo y converse él día
23 de octubre último, dándome su aprobación para el uso de dichos
días de vacaciones.”; argumentos que fue reiterado por la propia
demandante en audiencia de juzgamiento, en el minuto 29’ con 19”
segundos de la primera parte de la grabación, quien indicó: “Del 18 al
23 estuve de vacaciones, el 23 me acerco a mi oficina, para hablar con
el dueño que era mi jefe directo, hablo con él y me indica, que por no
tener liquidez tome una semana más de vacaciones.”
18. De lo antes expuesto, debemos tener en cuenta lo precisado por
el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 713, el cual refiere que: “La
oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades
de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador.
A falta de acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad
directriz.”; siendo esta última facultad conforme al Ius Variandi del
empleador.
19. En tal sentido, se desprende del medio probatorio obrante a fojas
6 y 23, que la actora le envía un correo electrónico al Sr. Guy Mogica
Sophie Brognaux, indicándole lo siguiente: “Buenas tarde conforme lo
conversado el día de hoy favor les agradeceré se me indique si a partir
del día lunes 26 según lo requerido haré uso de una semana de mis
vacaciones previo abono de mis haberes. Hasta el día de mañana
termina el uso de los días concedidos x la empresa a raíz de la falta de
pago en nuestros haberes según se acordó. El día lunes me encuentro
disponible a la espera de sus disposiciones.”; de lo expuesto se advierte
que la actora, solicita a la demandada una vacaciones a partir del 26
de octubre de 2015, lo cual no fue respondido por su empleadora,
puesto no existe ningún otro medio de prueba que acredite que la
5 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El Despido en el Derecho Laboral Peruano”, JURISTA EDITORES
E.I.R.L. Edición Marzo 2013. Pag. 264.
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demandada haya dado el “visto bueno” o la conformidad a efectos
que la demandante puede gozar de su descanso vacaciones por los
días 26 al 29 de octubre de 2015; máxime cuando obra en autos una
planilla electrónica respecto al pago del mes de octubre de 2015, a
fojas 131, en la cual se indica 6 días de faltas no justificadas, la misma
que no ha sido cuestionada por la actora.
20. Bajo las consideraciones precedentemente expuestas, se advierte
que la actora a cometido una falta grave prevista en el literal h) del
artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, TUO del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; por lo
tanto, dicho despido se encuentra justificado, y en consecuencia resulta
inamparable el pago de la indemnización por despido arbitrario
peticionado.
ANÁLISIS RESPECTO DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN
21. En el presente caso, la parte demandante reclama el pago de
las gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones
no gozadas e indemnización vacaciones y las truncas; en ese sentido,
pasamos a verificar el cumpliendo de estos beneficios sociales por
parte de la demandada, en razón a su carga probatoria.
22. Previamente, debemos precisar que para efectos de realizar los
cálculos de los beneficios sociales peticionados, se debe tener en
cuenta el monto mensual percibido por la actora de S/. 3,000.00 soles,
monto que era consignado de forma mensual por la demandada,
conforme la constancia de ingresos adicionales, obrante a fojas 24, la
cual contiene el sello y firma de Gerente General de la parte
demandada, el mismo que si bien no está consignado en sus boletas,
sin embargo de conformidad con lo previsto por el artículo 6 del
Decreto Legislativo N° 003-97-TR6, debe ser considerado para el cálculo
de la remuneración computable, a efectos del pago de sus beneficios
sociales reclamados, dada su permanencia y de su libre disponibilidad.
23. RESPECTO AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS: De conformidad con el artículo 2° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por
6 "Artículo 6.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador
recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que
tenga, siempre que sean de su libre disposición.
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Decreto Supremo Nº 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios
se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido
este requisito toda fracción se computa por treintavos. La
compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en
la institución elegida por el trabajador. Efectuado el depósito queda
cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que
deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o que resultare
diminuto; asimismo, la compensación por tiempo de servicios se calcula
en forma semestral, siendo la remuneración computable, la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba
el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su
labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sea
de su libre disposición, a la cual se incluye las remuneraciones de
periodicidad semestral a razón de un sexto de lo percibido en el
semestre respectivo.
24. En tal sentido, siendo que es un beneficio social de fuente legal
supone para la demandada una obligación, respecto de la cual no ha
acreditado su cumplimiento conforme a la carga probatoria que le
asigna el literal a) del numeral 23.4 del artículo 23° de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo-NLPT; por tanto, corresponde amparar al
demandante el reconocimiento de este concepto por el período
comprendido desde el 01 de junio de 2008 al 10 de noviembre de 2015,
debiendo tenerse en cuenta los depósitos consignados por la
demandada; los cuales se deducen conforme al siguiente cuadro:
DETALLA DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA
FECHA IMPORTE IMPORTE EN
DEPOSITO FOJAS DOLARES $ T. C SOLES
24/11/2008 76 584.72 3.094 1,809.12
12/06/2009 77 818.67 2.977 2,437.18
17/12/2009 78 863.40 2.874 2,481.41
28/08/2010 79 878.57 2.799 2,459.12
11/03/2011 80 893.38 2.769 2,473.77
28/12/2012 83 977.16 2.551 2,492.74
28/12/2012 85 987.92 2.551 2,520.18
28/11/2014 86 928.32 2.598 2,411.78
28/11/2014 88 924.05 2.598 2,400.68
28/11/2014 91 918.30 2.598 2,385.74
28/11/2014 93 900.66 2.598 2,339.91
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(Av. Abancay con Nicolás de Piérola S/N - Cercado de Lima)
28/11/2014 95 945.96 2.598 2,457.60
28/11/2014 97 911.39 2.598 2,367.79
16/07/2015 98 850.00 3.179 2,702.15
10/11/2015 25 2,569.64
TOTAL ABONADO POR CTS EN SOLES 36,308.82
PERIODO
ASIGN. OTRAS PROME. TOTAL REMU.
DEL AL BASICO FAMIL REMUNERA GRATIF. COMPUTABLE TOTAL CTS
01/06/2008 31/10/2008 4,160.00 55.00 3,000.00 200.42 7,415.42 3,089.76
01/11/2008 30/04/2009 4,177.00 55.00 3,000.00 1,205.33 8,437.33 4,218.67
01/05/2009 31/10/2009 4,177.00 55.00 3,000.00 1,205.33 8,437.33 4,218.67
01/11/2009 30/04/2010 4,177.00 55.00 3,000.00 1,205.33 8,437.33 4,218.67
01/05/2010 31/10/2010 4,177.00 55.00 3,000.00 1,205.33 8,437.33 4,218.67
01/11/2010 30/04/2011 4,177.00 60.00 3,000.00 1,205.33 8,442.33 4,221.17
01/05/2011 31/10/2011 4,177.00 67.00 3,000.00 1,206.17 8,450.17 4,225.08
01/11/2011 30/04/2012 4,242.00 67.50 3,000.00 1,206.17 8,515.67 4,257.83
01/05/2012 31/10/2012 4,242.00 75.00 3,000.00 1,219.50 8,536.50 4,268.25
01/11/2012 30/04/2013 4,242.00 75.00 3,000.00 1,219.50 8,536.50 4,268.25
01/05/2013 31/10/2013 4,482.00 75.00 3,000.00 1,219.50 8,776.50 4,388.25
01/11/2013 30/04/2014 4,482.00 75.00 3,000.00 1,219.50 8,776.50 4,388.25
01/05/2014 31/10/2014 4,482.00 75.00 3,000.00 1,259.50 8,816.50 4,408.25
01/11/2014 30/04/2015 4,482.00 75.00 3,000.00 1,259.50 8,816.50 4,408.25
01/05/2015 31/10/2015 4,482.00 75.00 3,000.00 1,259.50 8,816.50 4,408.25
01/11/2015 10/11/2015 4,482.00 75.00 3,000.00 7,557.00 209.92
TOTAL CTS S/ 54,389.76
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MENOS ABONADO POR DEMANDADA S/ 36,308.82
SALDO A REINTEGRAR POR CTS S/ 18,080.93
25. RESPECTO AL PAGO DE LAS VACACIONES E INDEMNIZACIÓN
VACACIONAL: El artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713 dispone
que los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional
dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho,
percibirán: a) una remuneración por el trabajo realizado; b) una
remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c)
una indemnización equivalente a una remuneración por no haber
disfrutado del descanso. Asimismo el artículo 23° del Reglamento7 del
mismo cuerpo normativo precisa que se procederá el abono del récord
trunco vacacional siempre que el trabajador acredite un mes de
servicios a su empleador, y, cumplido el referido requisito el récord
trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la
remuneración como meses y días computables hubiera laborado,
respectivamente.
26. En tal sentido, siendo que también es un beneficio social de
fuente legal supone para la demandada una obligación, respecto de la
cual no ha acreditado su cumplimiento conforme a la carga probatoria
que le asigna el literal a) del numeral 23.4 del artículo 23° de la Ley N°
29497 - NLPT; por tanto, corresponde amparar al demandante el
reconocimiento de este concepto por el período comprendido desde el
período comprendido desde el 01 de junio de 2008 al 10 de noviembre
de 2015, debiendo tenerse en cuenta los períodos gozados conforme a
las boletas adjuntadas por la demandada; los cuales se deducen
conforme al siguiente cuadro:
DESCANSOS FÍSICOS
DIAS DE PERIODO
MES/AÑO DESCANSO FOJAS VACACIONAL
mar-13 15 117
feb-14 5 118 2012-2013
mar-14 11 119
7 Aprobado por Decreto Supremo N° 012-92-TR.
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ago-14 2 120
sep-14 1 121
oct-14 9 122 2013-2014
nov-14 1 123
dic-14 17 124
ene-15 5 125
feb-15 10 126
mar-15 8 127 2014-2015
jun-15 2 128
jul-15 8 129
ago-15 1 130
2015-2016
oct-15 1 131
TOTAL
DIAS 96
PERIODO
DIAS DE REMUNERACION INDEMNIZACION
DEL AL DESCANSO VACACIONAL VACACIONAL TOTAL
01/06/2008 31/05/2009 0 7,557.00 7,557.00 15,114.00
01/06/2009 31/05/2010 0 7,557.00 7,557.00 15,114.00
01/06/2010 31/05/2011 0 7,557.00 7,557.00 15,114.00
01/06/2011 31/05/2012 0 7,557.00 3,778.50 11,335.50
01/06/2012 31/05/2013 30 -
01/06/2013 31/05/2014 30 -
01/06/2014 31/05/2015 30 -
01/06/2015 10/11/2015 TRUNCAS 3,358.67 5 MY 10 DIAS 3,358.67
TOTAL VACACIONES E INDEMNIZACION Y TRUNCAS 60,036.17
MENOS 6 DIAS DE DESCANSO 1,511.40
MENOS ABONADO POR EMPRESA VACACIONES TRUNCAS FS. 25 Y 99 4190.27
SALDO A REINTEGRAR POR VACACIONES E INDEMNIZACION Y TRUNCAS S/ 54,334.50
27. RESPECTO AL PAGO DE GRATIFICACIONES: De conformidad con la
Ley N° 27735, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada, tienen derecho a percibir dos gratificaciones al año, una con
motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de Navidad. El monto de
cada una de ellas equivale a una remuneración que perciba el
trabajador en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio,
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esto es, al 15 de julio y al 15 de diciembre de cada año. Asimismo, en
caso que un trabajador cuente con menos de seis meses, percibirá la
gratificación en forma proporcional a los meses laborados.
28. En virtud, y siendo que también es un beneficio social de fuente
legal supone para la demandada una obligación, respecto de la cual
no ha acreditado su cumplimiento conforme a la carga probatoria que
le asigna el literal a) del numeral 23.4 del artículo 23° de la Ley N° 29497 -
NLPT; por tanto, corresponde amparar al demandante el
reconocimiento de este concepto por el período comprendido desde el
01 de junio de 2008 al 10 de noviembre de 2015, debiendo tenerse en
cuenta los depósitos consignados por la demandada; los cuales se
deducen conforme al siguiente cuadro:
CONCEPTOS jul-08 dic-08 jul-09 dic-09 jul-10 dic-10
REMUNERA. BASICA 4,160.00 4,177.00 4,177.00 4,177.00 4,177.00 4,177.00
OTRO CONCEPTO REMU 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ASIGNA. FAMILIAR 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
TOTAL REMU COMPUT 7,215.00 7,232.00 7,232.00 7,232.00 7,232.00 7,232.00
GRATIFICACION
CALCULADA 1,202.50 7,232.00 7,232.00 7,232.00 7,232.00 7,232.00
ABONADO POR EMPRESA 702.50 4,232.00 4,232.00 4,232.00 4,232.00 4,232.00
SALDO A REINTEGRAR 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DUB TOTAL S/ 15,500.00
CONCEPTOS jul-11 dic-11 jul-12 dic-12 jul-13 dic-13
REMUNERA. BASICA 4,177.00 4,177.00 4,242.00 4,242.00 4,242.00 4,242.00
OTRO CONCEPTO REMU 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
ASIGNA. FAMILIAR 60.00 67.50 75.00 75.00 75.00 75.00
TOTAL REMU COMPUT 7,237.00 7,244.50 7,317.00 7,317.00 7,317.00 7,317.00
GRATIFICACION
CALCULADA 7,237.00 7,244.50 7,317.00 7,317.00 7,317.00 7,317.00
ABONADO POR EMPRESA 4,302.00 4,309.50 4,317.00 4,317.00 4,317.00 4,317.00
SALDO A REINTEGRAR 2,935.00 2,935.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DUB TOTAL S/ 17,870.00
CONCEPTOS jul-14 dic-14 jul-15 dic-15
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EXPEDIENTE : 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : DEUDOR LIBERATO CHRISTIAN OMAR
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : RAMIREZ GOYENECHE, VANESSA VIVIANA
RESOLUCIÒN NRO. OCHO
Lima; veintiuno de enero
del año dos mil enero.-
Dando cuenta al escrito de fecha 15 de enero de 2020
presentado por la parte demandante.- Estando a lo solicitado, y ATENDIENDO:
Primero: Que, mediante el presente escrito la parte demandante solicita hacer efectivo
el apercibimiento decretado en autos, iniciando la ejecución forzada, disponiendo trabar
embargo en atención a lo señalado en el artículo 657° y 658º del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria para el caso de autos; Segundo: Que, las medidas de embargo
son aquellas dirigidas a asegurar el cumplimiento de la obligación a que se le ha
condenado al vencido mediante un fallo jurisdiccional; Tercero: Que, en el presente
caso ha sido amparada la pretensión del actor mediante sentencia N°115-2016-
19°JETP-NLPT contenida en la resolución N°03 de fecha 19 de mayo de 2016 que
corre a fojas 207/228 de autos, por el cual se resuelve declarar fundada en parte la
demanda y ordena a la demandada cumpla con el pago de S/ 63,148.99 soles por
concepto de obligación principal; sentencia que fuera confirmada por la Octava Sala
Laboral mediante sentencia de vista de fecha 14 de diciembre de 2017 que corre a fojas
268/276, asimismo se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación
presentado por la parte demandada ha sido declarado improcedente; Cuarto: Que, se
advierte del estudio de autos que pese a que se ha realizado el requerimiento de pago
mediante resolución N°02 de fecha 06 de mayo de 2019 (incidente 7), y reiterado
mediante resolución N°06 de fecha 23 de diciembre de 2019, la parte demandada no ha
dado cumplimiento a lo ordenado, pese a estar debidamente notificada conforme se
acredita de la constancia de notificación que obra a fojas 331 y fojas 348/vuelta, por lo
que el recurrente en vista del referido incumplimiento solicita hacer efectivo los
apercibimientos decretados en autos iniciándose la etapa de ejecución forzada,
disponiéndose trabar embargo en forma de retención conforme a lo establecido en el
artículo 657° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos; Quinto: Que, siendo atendible el pedido del actor y haciendo efectivo el apercibimiento
decretado mediante resolución N°06 de fecha 23 de diciembre de 2019, por cuenta,
costo y responsabilidad del solicitante, este despacho dispone TRABAR EMBARGO
EN FORMA DE RETENCION sobre las cuentas que pudiese tener la demandada
BANCO DE LA NACIÓN con RUC N°20100030595 en el BANCO DE CREDITO
DEL PERU, BBVA BANCO CONTINENTAL, BANCO DE COMERCIO,
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, SCOTIABANK, BANCO
FINANCIERO y BANCO DE LA NACIÓN hasta por la suma de S/ 63,148.99
(SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 99/100 SOLES) por
concepto de obligación principal; debiendo consignarlos a este juzgado mediante
depósito judicial del Banco de la Nación, trámite que deberá realizarse de acuerdo al
embargo electrónico que se instauró para los Juzgados Laborales pertenecientes a la
Nueva Ley Procesal de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Notifíquese.- |
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OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
SEÑORES:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
Lima, 14 de diciembre del 2017.
VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa de fecha 14 de diciembre del 2017, e
interviniendo como Juez Superior Ponente el Señor Urbano Menacho.
ASUNTO:
1. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada mediante escrito
de fojas 231 a 242 en contra de la Sentencia N° 115-2016-19°JLPL-NLPT
contenida en la resolución número tres de fecha 19 de mayo del 2016,
obrante de fojas 207 a 228, que declara fundada la demanda.
AGRAVIOS:
La parte demandada, argumenta:
1. El Juez, incurre en un grave error al considerar que entre la demandante y
el Banco de la Nación existió una vinculación de carácter laboral, el
juzgado no ha considerado que los contratos de locación de servicios que
la demandante adjunta a su demanda solo demuestra la existencia de una
relación civil y de un nivel de "coordinación" en el despliegue de sus
actividades específicamente señaladas en sus contratos que eran realizaos
de forma autónoma; estos documentos, solo contienen coordinaciones, en
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OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
los que no se evidencia fehaciente una fiscalización por mi representada.
2. El juzgado no se ha acreditado que la demandante haya tenido un horario
de trabajo establecido, elemento esencial para determinar si hay
subordinación, no basta con acreditar la existencia de subordinación en la
prestación de servicios, sino es necesario demostrar el cumplimiento de
una jornada ordinaria mínima de 4 horas diarias.
3. El a quo no ha motivado la razón por la cual le reconoce el pago del bono
de desempeño grupal a la demandante , la demandante debía no solo tener
vinculo de naturaleza laboral al momento en que debía ser percibido, sino
que además, debía pasar por determinadas evaluaciones las cuales no se
realizaron a la actora por tener con la demandada en la oportunidad que se
otorgó dicha bonificación, vinculo contractual de naturaleza civil, siendo
relevante señalar que el bono antes indicado fue de naturaleza
extraordinaria con carácter no remunerativo, los cuales no podría hacerse
efectivo en la actualidad, toda vez que la repartición del monto otorgado
anualmente se encontraba sujeto a la ley del presupuesto.
4. En cuanto a las costos sentenciados por el juzgado, no ha tenido en cuenta
que el banco de la nación se encuentra exonerado del pago de los mismos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal
Civil, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a éste y a su
tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito, ya que se considera que la
expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
SEGUNDO: En relación al primer y segundo agravio expresados por la
demandada referidos al periodo por el cual la demandante estuvo vinculado
mediante contratos de locación servicios no personales, debe determinarse si en
la relación jurídica habida entre las partes lo que ha existido es una relación de
naturaleza civil, tesis que defiende la demandada; o si, por el contrario lo que
realmente ha existido es una relación de naturaleza laboral, lo que constituye el
fundamento central de la demanda. Para ello, es necesario aplicar el principio
de primacía de la realidad, a los efectos de determinar si se han configurado los
tres elementos esenciales del contrato de trabajo, como es la prestación personal,
la subordinación y la remuneración.
TERCERO: Para ello, es necesario recurrir al principio de primacía de la
realidad. Con relación a su concepto el Tribunal Constitucional peruano ha
señalado lo siguiente: «El principio de primacía de la realidad es un elemento
implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza
tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto este como un deber y un
derecho, base del bienestar social, y medio de la realización de la persona (artículo 22°) y,
además, como un objeto de atención prioritaria del estado (artículo 23°). Dicho de otro
modo, el tratamiento constitucional de una relación laboral impone que sea enfocado
precisamente en estos términos» (Expediente N° 991-2000-AA/TC). Además
agrega el Alto Tribunal: «(…) así como en el principio de primacía de la realidad,
según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que
apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a los que sucede y
se aprecia en los hechos» (Expediente N° 2132-2003-AA/TC-Piura).
CUARTO: En relación a la noción de los elementos esenciales del contrato de
trabajo, conviene señalar en primer término que La prestación personal, es un
elemento esencial del contrato de trabajo que se traduce en el hecho de que el
servicio será dado en forma personal y directa sólo por el trabajador como
persona natural. Al respecto, resulta ilustrativa la definición que da sobre este
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
elemento el autor nacional Wilfredo Sanguineti, citado por Jorge Toyama,
cuando señala lo siguiente: «es la obligación del trabajador de poner a disposición del
empleador su propia actividad laborativa (operae) la cual es inseparable de su
personalidad, y no un resultado de su aplicación (opus) que se independice de la
misma». Y completa la idea el mismo Toyama señalando: «Es decir, la prestación
de servicios que fluye de un contrato de trabajo es persona –‘intuito personae’ y no
puede ser delegada a un tercero[…]Los servicios que presta el trabajador son directos y
concretos, no cupiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de terceros –salvo
el caso del trabajo familiar-. Este requisito, como hemos anotado, no es exigible al
contrato de servicios no personales». TOYAMA, Jorge. «El principio de primacía de
la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional». En: Estudios de la
Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Previsional. Academia de
la Magistratura, octubre de 2004, pp. 36.
QUINTO: La remuneración, viene a constituir de acuerdo al artículo 6° del
Decreto Supremo 003-97-TR, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sea la
forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.
SEXTO: La subordinación, viene a ser otro elemento esencial del contrato de
trabajo que se encuentra claramente previsto en el artículo 9 del Decreto
Supremo 003-97-TR, entendiéndose por ella que «el trabajador presta sus servicios
bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente
las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar
disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o
incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador».
SEPTIMO: En este orden de ideas, es necesario precisar que el artículo 23.2 de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, establece que acreditada la
prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Es decir, en el nuevo modelo
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
procesal laboral al demandante la ley le asigna solamente la carga de acreditar
la prestación personal de servicios; correspondiéndole por tanto al demandado
probar lo contrario, esto es, que no existió tal prestación personal y tampoco que
se han presentado los otros elementos esenciales (subordinación y
remuneración).
OCTAVO: De los Contratos de Locación de Servicios que obran en autos (fojas
3-6, 10-13,16-19, 22-25,28-31,34-37,40-43,46-49,53-56, 59-61, 64-65,66-68, 70-71) se
corrobora que los servicios prestados por la demandante fueron de carácter
personal, toda vez que en la sexta cláusula de los referidos contratos se estipuló
«El locador se compromete a no delegar a otra persona la conducción de la
ejecución parcial o total del servicio, salvo que el Banco lo autorice
expresamente por escrito », del cual se colige que la actora no podía delegar sus
funciones a un tercero pues ello supondría afectar la confidencialidad. En ese
sentido, demostrada la prestación personal de servicios por la parte accionante
de acuerdo a las instrumentales que se han indicado previamente y de
conformidad con el inciso 23.2 de la norma precitada se presume la existencia
de vínculo laboral a plazo indeterminado entre las partes.
NOVENO: No obstante que de acuerdo al nuevo sistema normativo procesal
laboral, la carga de la prueba establecida en el citado artículo 23.2 de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo N° 29497, le impone al actor solo la acreditación de la
prestación personal de servicios, lo que definitivamente ha sido acreditado en
autos, no obstante, el Colegiado considera adecuado además analizar
adicionalmente si en dicha relación se han presentado los demás elementos
esenciales del contrato de trabajo: la subordinación y la remuneración.
DECIMO: Asimismo, se verifica la concurrencia del elemento subordinación,
las labores desarrolladas por la actora estaban sujetas a fiscalización según se
advierte de lo señalado en la novena cláusula "El Banco podrá supervisar
directamente o través de terceros que el banco designe la adecuada ejecución
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
y/o cumplimiento de los contratos, para lo cual el locador deberá ofrecer las
facilidades necesarias; recibiendo a cambio de dichas labores una
contraprestación dineraria (remuneración) pactada en el Anexo 001 de cada
contrato específicamente en el numeral cuatro de los contratos de locación de
servicios (fojas 7-8, 14-15, 20-21, 26-27, 32-33,38-39,44-45, 50-51,57-58, 62, 69,71
vuelta ), además se advierte en los anexos de contratos de locación de servicios
de fojas 7, 14 y 20 que se consignan labores de la actora que son propias de la
actividad ordinaria de la demandada según MOF de fojas 109 a 127 e incluso de
los anexos obrantes de fojas 32, 38, 44, 50, 57, 62 y 69 se consigna la misma labor
para todos los contratos de locación de servicios, cual es " Servicio de
elaboración de información sustentatoria para el pago de la facturación por la
atención de los servicios de pagaduría de los programas sociales Juntos y
Pensión 65, en los puntos de pago del canal transportador (ETV) a nivel
nacional".
DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, en la relación habida entre las partes se
presentaron los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. De este modo,
teniendo en cuenta lo glosado en los fundamentos precedentes en relación a los
elementos que configuran una relación laboral y en estricta observancia del
Principio de Primacía de la Realidad, resulta fehacientemente comprobada la
relación laboral de naturaleza indeterminada existente entre las partes, debido a
que la demandante se encontró sujeto a las disposiciones y órdenes de su
empleador (subordinación), percibió una remuneración mensual y realizó sus
labores en forma personal, sin delegación (prestación personal), muy a pesar
que formalmente suscribió contratos de locación de servicios.
DECIMO SEGUNDO: En relación a lo afirmado por la demandada de que la
actora no habría cumplido una jornada superior a 4 horas diarias para tener
derecho al pago de los beneficios sociales demandadas, debe tenerse en cuenta
que conforme a las reglas generales de carga de prueba prevista en el artículo
23.1, quien contradice una afirmación alegando hechos nuevos debe acreditarlo,
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
por lo tanto corresponde al demandado acreditar que la prestación de servicios
de la actora no supero las 4 horas diarias, hecho que no ha sido probado. Por
ello, se tiene por cierto que el demandante ingresó a laborar bajo un contrato de
naturaleza laboral a plazo indeterminado del 28 de agosto del 2012 al 15 de
febrero del 2016, conforme ha sido expuesto por la a quo en la sentencia
recurrida, no resultando amparables el primer y segundo agravio expuestos por
la demandada.
DECIMO TERCERO: En relación al tercer agravio, con respecto a lo sostenido
por la emplazada referente al Bono por Desempeño Grupal, se tiene que lo
alegado por la apelante en el sentido de que la naturaleza de dicho bono
consiste en pasar por determinadas evaluaciones, las cuales no se realizaron a la
actora por tener vínculo de naturaleza civil, si bien es cierto que la actora estaba
bajo los contratos de locación de servicios y no podía ser evaluado, es dado por
que la demandada le impuso de manera unilateral una relación de locación de
servicios, la cual encubría en la realidad una relación laboral, tal como ha sido
detallado en forma precedente, en consecuencia resulta de aplicación lo
establecido en el artículo 176° del Código Civil señala lo siguiente "Si se impidiese
de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo detrimento habría de
realizarse, se considerará cumplida. Al contrario, se considerará no cumplida, si se ha
llevado a efecto de mala fe por la parte a quien aproveche tal cumplimiento", por tanto,
habiéndose confirmado la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios, le corresponde dicho beneficio, pues la condición requerida no se
cumplió debido a la mala fe en la contratación de la demandante, más aún
cuando no se ha cuestionado los montos otorgados, siendo ello así, se desestima
el presente agravio.
DECIMO CUARTO: En relación al cuarto agravio expresado por la
demandada, referida al abono de costos debe señalarse que de acuerdo al
artículo 412° del Código Procesal Civil a la parte vencida le corresponde el pago
de costas y costos a liquidarse en ejecución de sentencia. En tal sentido, respecto
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OCTAVA SALA LABORAL DE LIMA
EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
de los COSTOS se tiene que de conformidad con lo previsto en la Sétima
Disposición Complementaria de la Ley Procesal de Trabajo - Ley 29497 (norma
especial al proceso laboral, que por lo tanto prima sobre la general), en los
procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos, y en mérito a
ello, al resultado del proceso, y a la conducta procesal de la demandada,
corresponde ordenarse el pago de los costos, los mismos que se liquidarán en
ejecución de sentencia, en consecuencia no se ampara el agravio de la demandada
referido a los costos.
Por estos fundamentos, y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del
artículo 4º de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, la Octava Sala
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a
nombre de la Nación:
HA RESUELTO
1.-CONFIRMAR la Sentencia N° 115-2016-19°-JETPL, contenida en la
resolución N° 03, de fecha 19 de mayo del 2016, obrante de fojas 207 a 228,
que declara FUNDADA la oposición deducida por la demandada contra la
exhibición de boletas de pago del concepto BDG del trabajador.
2. FUNDADA la demanda, sobre pago de beneficios sociales y otros; en
consecuencia, se reconoce la existencia de vínculo laboral entre las partes del
periodo comprendido entre el 28 de agosto del 2012 al 15 de febrero del
2016.
3. ORDENESE a la demandada pagar a la demandante el monto de
S/.63,148.99 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
CON 99/100 SOLES), por los conceptos de gratificaciones, compensación
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EXP N° 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
por tiempo de servicios, vacaciones e indemnización vacacional, bono por
desempeño grupal y utilidades, más los respectivos intereses promedio del
sistema financiero respecto a la CTS intereses legales respecto a los demás
beneficios amparados, como lo prevé el Decreto Ley N° 25920, más costos
del proceso, sin costas.
En los seguidos por VANESSA VIVIANA RAMIREZ GOYENECHE contra el
BANCO DE LA NACION, sobre desnaturalización de contratos; y, los
devolvieron al Décimo Noveno Especializado de Trabajo Permanente de
Lima. Notifíquese.-
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19° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Es. Av. Abancay y Colmena S/N Edificio Alzamora Valdez - Piso 05 - Lima
EXPEDIENTE : 26400-2015-0-1801- JR-LA-03
DEMANDANTE : VANESSA VIVIANA RAMIREZ GOYONECHE
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
JUEZ : DRA. YULIANA CONTRERAS PORTUGAL
ESPECIALISTA : JOSÉ LUIS TEJEDA SUAREZ
AUTO NÚMERO: 04
Lima, seis de setiembre
del dos mil Dieciséis.
El demandante mediante escrito ingresado con fecha 23/05/16 interpone
recurso de apelación contra la sentencia de fecha diecinueve de mayo del 2016
contenida en la Resolución 03, a través del cual se declaró Fundada la demanda.
Primero: Que el recurrente en el término de ley cumple con formular apelación
cumpliendo con A que toda persona goza de plena tutela jurisdiccional con las
garantías de un debido proceso, siendo las resoluciones judiciales susceptibles de
revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior;
Segundo: La nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497- en su artículo 32,
concordado con los artículos 365, 366 y siguientes del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria, establece los requisitos para la concesión del recurso de
apelación consistentes en aportar la debida fundamentación indicando el error de
hecho o de derecho incurrido en la resolución impugnada, precisar la naturaleza
del agravio, dentro del plazo legal, ante el Juez que expidió dicha resolución y
acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible.
Tercero: Que, conforme se advierte del cargo de notificación de la sentencia
resolución tres obrante en autos, la apelante cumple con todos los requisitos
señalados en la norma procesal laboral vigente, en consecuencia, En este
escenario la apelación interpuesta resulta procedente.; por lo que se dispone:
CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO, la apelación interpuesta por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de mayo contenida en la
Resolución 03, que declara Fundada la demanda.
Avocándose la Juez que suscribe en reemplazo del titular en mérito a la
Resolución Administrativa N° 439-2016-P-CSJLI/PJ.
NOTIFÍQUESE.-
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DECIMO NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL PERMANENTE
Av. Abancay Cdra. 5, esquina con Nicolas de Pierola, frente al Parque
Universitario – Edificio “Alzamora Valdez”, Modulo III Piso 5
EXPEDIENTE : 26400-2015-0-1801-JR-LA-03
DEMANDANTE : VANESSA RAMIREZ GOYONECHE
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
JUEZ : MARIA DEL PILAR ZAMORA QUISPE
SECRETARIO : JOSE TEJEDA SUAREZ
SENTENCIA N°115- 2016-19°JLPL-NLPT
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, 19 de mayo de 2016
I.- PARTE EXPOSITIVA
En Audiencia Pública llevada a cabo el día 10 de mayo de 2016, con la
dirección de la Señora Juez y con la concurrencia de ambas partes, se
procedió con el desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento del proceso, en el
que se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la
sentencia escrita.
1.- Partes:
(cid:1)
la demandante VANESSA VIVIANA RAMIREZ GOYENECHE (en
adelante la actora).
(cid:1)
La demandada BANCO DE LA NACION (en adelante la
demandada).
2.- De las pretensiones que son materia de Juicio:
La Juzgadora, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva
Ley Procesal de Trabajo - NLPT, al no lograr la conciliación, fijó las
pretensiones materia del juicio formuladas por el actor, mencionándose los
siguientes:
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(cid:1)
Primera Pretensión: Se declare la desnaturalización de los contratos
de locación de servicios y reconocimiento de vínculo laboral a plazo
indeterminado por el periodo del 28 de agosto de 2012 hasta el 15 de
febrero de 2016, fecha en la cual cesa la demandante (véase audio y
video el minuto 2:14).
(cid:1)
Segunda Pretensión: Pago de beneficios sociales legales y
convencionales, debiendo incrementarse a la remuneración percibida
los incrementos remunerativos convencionales, razón por la cual
solicita:
••••
S/.18,000.00 soles por concepto de 02 gratificaciones anuales,
devengadas durante el periodo trabajado.
••••
S/.16,800.00 soles por concepto de descanso vacacional adquirido
pero no gozado e indemnización por no haber disfrutado de
descanso vacacional respectivamente.
••••
S/.12,000.00 soles por concepto de compensación de tiempo de
servicios, devengados durante el periodo trabajado.
••••
S/.7,100.00 soles por concepto de utilidades, devengados durante
el periodo trabajado.
••••
S/.18,000.00 soles por concepto de bono de desempeño grupal
(BDG), concepto que le corresponde percibir desde la fecha de
ingreso hasta el despido.
3.- Fundamentos de la demandante:
La actora, en su demanda expresa los siguientes fundamentos de hecho:
(cid:1)
Haber ingresado a laborar al servicio de la demandada el 28 de agosto
de 2012, con una remuneración mensual de S/.2,800.00 soles,
ostentando el cargo de Analista de Programas sociales de la Sub
Gerencia de Caja Valores de la Gerencia de operaciones del Banco de
la Nación.
(cid:1)
Que viene laborando para la demandada bajo contratos de locación
de servicios, los cuales por si solo acreditan los elementos que
configuran un contrato de trabajo a plazo indeterminado, razón por la
cual corresponde que la emplazada pague los beneficios sociales.
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(cid:1)
Las funciones que ha desarrollado se ajustan a las establecidas a las
funciones del puesto especifico de Analista Caja Valores en Custodia,
Técnico Caja de valores en custodia, Analista de Programa sociales y
Técnico de Programa sociales, los cuales se encuentran contemplados
en el Manual de Organización de Funciones de la Gerencia de
Operaciones, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°
054-2015 de fecha 26 de junio de 2015, documento que describen las
funciones de los precitadas dependencias.
(cid:1)
Las labores realizadas forman parte de la organización y
administración y en general toda actividad sin cuya ejecución se
afectaría el funcionamiento y desarrollo de la empresa demandada.
(cid:1)
En cuanto al Bono por Desempeño Grupal (BDG), le corresponde su
percepción conforme a los lineamientos previstos en la Sesión N° 1593
del 28 de diciembre de 2005.
4.- Audiencia de Conciliación:
La audiencia de conciliación se llevó a cabo con la asistencia de ambas partes,
oportunidad en la cual no se pudo arribar una conciliación por mantener
cada una su punto de vista, por lo que se fijaron las pretensiones materia de
juicio, asimismo se recibió el escrito de contestación de demanda y se
requirió a la demandada presente entre otros, la información referida al
concepto del Bono por Desempeño Grupal (BDG), señalándose fecha para la
audiencia de juzgamiento.
5.- Fundamentos de la demandada:
(cid:1)
De la revisión de los medios probatorios ofrecidos por el demandante
se comprueba que ésta prestó servicios ella bajo los términos de los
contratos de locación de servicios celebrados válidamente.
(cid:1)
Contrató los servicios de la actora con la finalidad que ejecute
servicios de naturaleza independiente de forma autónoma y no
subordinada, en distintos periodos de tiempo, por labores específicas
en cada uno de ellos.
(cid:1)
En la relación contractual no ha existido poder de dirección alguno
sobre la accionante, por el contrario ella disponía la ejecución de sus
obligaciones como proveedor, informando de manera especializada al
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área usuaria sobre los problemas detectados y resueltos en relación a
la prestación de sus servicios.
(cid:1)
Ha demostrado que: i) no hubo continuidad en la prestación de los
servicios ejecutados, ii) el objeto de contratación es específico y
diferente respecto de los demás contratos, además de ser prestado a
distintas áreas de la entidad, y iii) la retribución pactada es por todo
el servicio contratado. Que las partes hayan acordado que el pago se
realice en armadas no genera relación de trabajo.
(cid:1)
De ninguno de los documentos presentados por la accionante se
aprecia que se ha venido coordinando la ejecución de diversos asuntos
relacionados a su especialidad, no de forma imperativa sino a manera
de solicitud, como ocurre con cualquier locador de obra o de servicios,
conforme se puede apreciar del contenido y los anexos de cada
contrato.
(cid:1)
La periodicidad en la entrega de la contraprestación tampoco
configura un elemento determinante para calificar un contrato como
laboral o civil. Así, el hecho que las contraprestaciones dinerarias
hayas sido pactadas y pagadas con periodicidad mensual, dentro del
periodo de prestación de servicios, resulta irrelevante para determinar
la naturaleza del contrato.
(cid:1)
Indica que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema fijó una nueva directriz jurisprudencial para la
constatación de las relaciones laborales. En consecuencia cuando el
juez detecte indicios de actividad independiente a cargo del
trabajador, que alteren la aplicación del principio de presunción de
laboralidad, deberá verificar la presencia de la prestación personal,
remuneración y subordinación como presupuestos del contrato
laboral, por lo que en estos casos no deberá presumir la existencia de
un contrato de trabajo.
(cid:1)
La accionante no ha acreditado haber tenido un horario de trabajo
establecido.
(cid:1)
No le adeuda monto alguno por concepto de Bono por Desempeño
Grupal (BDG), por cuanto la demandante no ha tenido vínculo de
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naturaleza laboral con ella, y además no ha pasado por determinadas
evaluaciones, siendo que además dicho concepto se encuentra sujeto
a la Ley del Presupuesto y no tiene la calidad de remunerativo.
(cid:1)
La accionante no ha demostrado haberse sometido a la regulación
establecida para el ascenso y/o promoción a efectos se le reconozca en
el cargo de “Analista de Programas Sociales”.
(cid:1)
Que se encuentra exonerado del pago de costos y costas del proceso, al
ser un Organismo Público Descentralizado del Sector Economía y
Finanzas, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 183, Ley N°
27231, que modificó el literal g) del artículo 24 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y el artículo 413 del Código Procesal Civil.
(cid:1)
Se opone a la exhibición solicitada en el punto 14 de los medios
probatorios de la demandante, puesto que el pago del Bono por
Desempeño Grupal (BDG), se encontraba sujeto a determinados
parámetros y respecto a las remuneraciones básicas de los
trabajadores del Banco, esto es, sujeto a evaluaciones, ascensos y
promociones para percibir los montos consignados en la directiva,
situación no demostrada por la accionante. Además la exhibición de
las boletas de pago de otro trabajador resulta improcedente, porque
este beneficio no es similar para todos los trabajadores, ni siquiera
para los que pertenecen a una misma División.
6.- Audiencia de Juzgamiento:
De la grabación de audio y video de la audiencia de juzgamiento como del
acta respectiva, fluye que esta se realizó con concurrencia de ambas partes,
las mismas que expresaron los fundamentos de hecho que sustentan sus
posiciones de defensa de fondo y de forma, se enunciaron las pruebas
admitidas respecto de los hechos necesitados de prueba, dejándose
constancia que la demandada exhibió ante esta judicatura, entre otros, las
boletas de pago del señor Juan Carlos Carrasco Alarcón, para verificar su
percepción del Bono por Desempeño Grupal (BDG), procediéndose luego a
la actuación de los medios probatorios y recibidos que fueron los alegatos se
expide sentencia, en mérito a las consideraciones que se pasan a exponer.
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II.- PARTE CONSIDERATIVA
Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva
1. Que, en armonía con los artículos I y II del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con
sujeción a un debido proceso, teniéndose que la finalidad concreta de éste
es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas
con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales.
2. Que, la finalidad del esquema de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley
N° 29497 es aportar inmediación, concentración, celeridad y publicidad la
misma que ejerce un control sobre la imparcialidad y acierto del
magistrado; y, que nos llevará a una justicia laboral no solo expeditiva,
sino fundamentalmente eficaz; que quedará registrado en imagen y
palabra en el nuevo sistema de la dinámica procesal.
3. El trabajo es un medio de realización personal ya que nos permite ser
útiles, creativos y nos permite los ingresos fundamentales para vivir y
sobrevivir, asimismo el pago de la remuneración y de los beneficios
sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del
empleador, conforme lo establece el artículo 24° de la Constitución
Política del Perú.
De las cuestiones probatorias (oposición formulada por la demandada)
4. Conforme se observa del audio y video de la audiencia de juzgamiento el
cual forma parte del expediente, la demandada deduce oposición a la
exhibición del medio probatorio 14, ofrecido por la demandante,
indicando: “ esta oposición la he formulado toda vez que la parte demandante ha
solicitado la exhibición es especifico del señor Felipe Córdova Santiago y este
trabajador tuvo como fecha de ingreso el 9 de enero de 2006 y se encuentra en la
categoría de Profesional IV, que es una de las categorías más elevadas dentro de
las categoría de profesional (...); por ello han tenido a bien formular la oposición
toda vez que en la practica la parte demandante pretende que se homologue
(…)este trabajador y aplicársele a la demandante con lo cual nosotros
discrepamos” (véase audio y video del minuto 15:11 a 16:00); asimismo, el
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abogado de la parte demandante absuelve manifestando: “lo que sucede es
que el trabajador que hemos puesto como parámetro si bien es cierto tendría la
categoría profesional pero tiene un cargo entiendo que de Analista también
entonces básicamente la demanda nuestra vamos a acreditar que la demandante
hacia las labores de Analista, sin perjuicio de ello su judicatura de oficio ha
solicitado boletas de pago del bono por desempeño grupal. Ellos mismos han
propuesto un homólogo Juan Carlos Carrasco Alarcón, no hay problema nosotros
aceptamos las pruebas (véase audio y video minutos 16:05 a 16:37); precisando
la demandada que ella no lo considera un trabajador homologo y que solo
han cumplido con el mandato de la judicatura, presentando las boletas de
pago de otro trabajador (00:16:45).
5. Al respecto, que las cuestiones probatorias, son mecanismos de defensa
procesal destinados a dejar sin eficacia legal los medios de prueba
aportados por la contraparte; esta cuestión probatoria puede ser
entendida como las objeciones que los litigantes o terceros tienen de las
pruebas aportadas u ofrecidas en el juicio, siempre que sean deducidas en
el término procesal con las formalidades y cuestiones de fondo exigidos
por la norma y apoyados, además, de los medios probatorios requeridos
para cada caso, y que, una vez deducidos, obligan al juzgador a su
valoración y ulterior resolución judicial; a los documentos ofrecidos como
prueba corresponde cuestionarlo solo a través de la tacha; a las
exhibiciones solicitadas corresponde la oposición; así, tacha y oposición
son las cuestiones probatorias simplificadas que ha adoptado nuestro
ordenamiento.
6. La oposición constituye el acto procesal según el cual el obligado a la
exhibición de un documento o actuación de una prueba, indica, con su
articulación cuestionadora, que está imposibilitado para actuarla o solicita
su no actuación, sea porque no tienen la prueba en su poder o es
inexistente, simplemente no tiene porqué actuarse, el termino para
actuarla ha vencido, o está en poder de un tercero, que tendrá a bien
indicar, para los fines subsiguientes; se trata entonces, de una articulación
procesal dirigida a imposibilitar la actuación de la prueba ofrecida, como
una reacción natural con el acto, dirigido a eliminar su eficacia; son claros
de medios de defensa en el Derecho probatorio.
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7. Respecto a la oposición formulada por la demandante contra la
exhibición de boletas de pago del BDG del trabajador Córdova Santiago
Felipe solicitada en el medio probatorio 14 por la demandante,
apreciando que en la audiencia la demandada presenta boletas de otro
trabajador señor Juan Carlos Carrasco Alarcón, presentando el abogado
de la demandante su conformidad; por lo que bajo esta consideración
deviene en fundada la oposición formulada por la demandada, como así
se estableció en la audiencia de juzgamiento (véase audio y video
00:17:27).
Análisis de la controversia
8. En el caso de autos, el primer punto controvertido a determinar es si
corresponde: i) se declare la desnaturalización de los contratos de
locación de servicios y reconocimiento de vínculo laboral a plazo
indeterminado por el periodo del 28 de agosto de 2012 hasta el 15 de
febrero de 2016.
9. Los artículos 4°, 5°, y 9° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, establecen que para la
configuración de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia
ineludible de sus elementos esenciales consistentes en: 1) la prestación
personal de servicios, en forma directa y personal por el trabajador como
persona natural; 2) la remuneración, traducido en el íntegro de lo que
recibe el trabajador por sus servicios, sea en dinero o en especie y
cualquiera sea su denominación, siempre que sea de su libre disposición;
y 3) la subordinación o la dependencia del trabajador, que supone la
obligación de acatar las órdenes del empleador, quien tiene la facultad de
reglamentar las labores, dictar órdenes para su ejecución, supervisar su
cumplimiento y de imponer las sanciones en los casos de incumplimiento.
10. La doctrina, adicionalmente reconoce como elementos típicos que
permiten también configurar un contrato de trabajo; los que cumplen una
doble función: sea como indicios para determinar la existencia de vínculo
laboral (ejm. contratación preferente de duración indeterminada; el lugar
donde se presta el servicios; la jornada de trabajo; la exclusividad del
servicio para un empleador, el régimen laboral establecido para el
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empleador, etc.); o como elementos para graduar el disfrute de los
beneficios laborales (ejm. jornada superior a las 4 horas para CTS,
jornadas superiores a las 8 horas, para horas extras, etc.).
11. El contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764º del
Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por
cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una
retribución”, de lo que se infiere que el elemento esencial del contrato de
locación de servicios es la independencia del locador frente al comitente
en la prestación de sus servicios, de lo expuesto se aprecia que el
elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de
locación de servicios es la subordinación o dependencia del trabajador a
su empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes,
instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo para el
que se les contrata (ejercicio del poder de dirección), así como la de
imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de
trabajo (poder sancionador o disciplinario).Los contratos de locación de
servicios o los contratos de servicios no personales; si bien guardan
similitud con los contratos de trabajo, por la concurrencia de los
elementos de la prestación personal del servicio y la retribución por
dichos servicios.
12. Cuando, se den situaciones en los que los empleadores impongan la
celebración de contratos de naturaleza civil, con el fin de aparentar la
ausencia de vínculo laboral, pese a que en la realidad los servicios son
subordinados o dependientes, la controversia debe ser resuelta aplicando
el Principio de Primacía de la Realidad, que según Américo Plá
Rodríguez1 define: “(…) que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”, es decir; si en los
hechos se verifica la concurrencia de la subordinación y por ende
existencia del vínculo laboral, debe otorgarse preferencia a tales hechos,
frente a lo que esté estipulado en los contratos o documentos y conforme
a ello concluirse que en la realidad la vinculación establecida es de
1 Plá Rodríguez, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial
Depalma Bs.As. 1998, pág. 313
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naturaleza laboral, tal como así también lo estableció el Tribunal
Constitucional en reiterada jurisprudencia (STC N° 1944-2002-AA/TC,
fundamento 3), por lo que en el presente caso se procede a analizar si
concurren los elementos del contrato de trabajo en la prestación de
servicios efectuada por la demandante.
Elemento prestación personal
13. Examinado el mérito de las pruebas actuadas consistentes en los contratos
de locación de servicios, se aprecia que a fojas 3, obra el documento
denominado “Contrato de Locación de servicios N° 13838-2012-BN”, en el
cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente, anexo N° 001-
Condiciones particulares del contrato de locación de servicios clausula 3,
por el periodo de 28 de agosto de 2012 hasta el 27 de enero de 2013, de
fojas 10 a 15 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 14938-2013-BN”,
en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente, anexo N°
001- Condiciones particulares del contrato de locación de servicios
clausula 3, por el periodo de 29 de enero de 2013 hasta el 28 de mayo de
2013, de fojas 16 a 21 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 15888-
2013-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente,
anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de locación de
servicios clausula 3 por el periodo de 30 de mayo de 2013 hasta el 29 de
septiembre de 2013, de fojas 22 a 27 obra el “Contrato de Locación de
servicios N° 16811-2013-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios
de la recurrente, anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de
locación de servicios clausula 3, por el periodo de 01 de octubre de 2013
hasta el 31 de enero de 2014, de fojas 28 a 33 obra el “Contrato de Locación
de servicios N° 17841-2014-BN”, en el cual se pactó la prestación de
servicios de la recurrente, anexo N° 001- Condiciones particulares del
contrato de locación de servicios clausula 3, por el periodo de 04 de
febrero de 2014 hasta el 03 de mayo de 2014, de fojas 34 a 39 obra el
“Contrato de Locación de servicios N° 18546-2014-BN”, en el cual se pactó la
prestación de servicios de la recurrente, anexo N° 001- Condiciones
particulares del contrato de locación de servicios clausula 3 por el periodo
de 06 de mayo de 2014 al 05 de agosto de 2014, de fojas 40 a 45 obra el:
“Contrato de Locación de servicios N° 19215-2014-BN”, en el cual se pactó la
prestación de servicios de la recurrente, anexo N° 001- Condiciones
particulares del contrato de locación de servicios clausula 3, por el
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periodo de 07 de agosto de 2014 a 06 de noviembre de 2014, de fojas 46 a
51 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 19787-2014-BN”, en el cual
se pactó la prestación de servicios de la recurrente, anexo N° 001-
Condiciones particulares del contrato de locación de servicios clausula 3,
por el periodo de 10 de noviembre de 2014 hasta el 09 de febrero de 2015,
de fojas 53 a 58 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 20495-2015-
BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente, anexo
N° 001- Condiciones particulares del contrato de locación de servicios
clausula 3, por el periodo de 11 de febrero de 2015 hasta el 10 de mayo de
2015, de fojas 59 a 62 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 21148-
2015-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente,
anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de locación de
servicios clausula 3, por el periodo de 12 de mayo de 2015 al 11 de agosto
de 2015, de fojas 64 a 65 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 21148-
2015-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente,
anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de locación de
servicios clausula 3, por el periodo de 12 de mayo de 2015 al 11 de agosto
de 2015, de fojas 66 a 69 obra el “Contrato de Locación de servicios N° 21631-
2015-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios de la recurrente,
anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de locación de
servicios clausula 3, por el periodo de 13 de agosto de 2015 al 12 de
noviembre de 2015, de fojas 70 a 71 obra el “Contrato de Locación de
servicios N° 22152-2015-BN”, en el cual se pactó la prestación de servicios
de la recurrente, anexo N° 001- Condiciones particulares del contrato de
locación de servicios clausula 3, por el periodo de 16 de noviembre de
2015 hasta el 15 de febrero de 2016. Documentos con los cuales se acredita
que la demandante prestó sus servicios para la demandada desde el 28 de
agosto de 2012 al 15 de febrero de 2016, mediante contratos de locación de
servicios.
14. En cuanto al carácter personal de la prestación de servicios, se aprecia de
los contratos mencionados anteriormente, a fojas 3 a 71 (parte pertinente)
en su cláusula sexta establecen la obligación de la demandante de prestar
sus servicios de manera personal: “El locador se compromete a no delegar a
otra persona la conducción de la ejecución parcial o total del servicio, salvo que el
Banco lo autorice expresamente por escrito”, así mismo del documento
denominado Anexo 001- Condiciones particulares contrato de locación
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de servicios, específicamente en el tercer punto se establece que el pago
de los honorarios se efectiviza previa conformidad del servicio por parte
de la empleadora, así como la presentación de factura o recibo por
honorarios. De tal manera, que la prestación personal de servicios de la
actora se encuentra acreditada con los documentos en referencia.
15. Establecida la prestación personal de servicios, opera la inversión de la
carga de la prueba en los términos definidos en el artículo 23° inciso 23.2
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que estipula que “acreditada la
prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; por tanto, corresponde a la
demandada acreditar que la prestación de servicios se generó en un
régimen de independencia y autonomía.
Elemento subordinación
16. En cuanto a las condiciones de la prestación de servicios, efectuada la
revisión y análisis de los contratos de locación de servicios se advierten
rasgos de laboralidad, por cuanto se reservó para la demandada la
potestad de dirigir la prestación de servicios de la actora, esto es, de
impartirle órdenes para la prestación de sus servicios; así se aprecia de la
cláusula novena que indica: “El Banco podrá supervisar directamente o a
través de terceros que el BANCO designe la adecuada ejecución y/o
cumplimiento del contratos, para lo cual el locador deberá ofrecer las facilidades
necesarias.(…)”; en los subsiguientes contratos de locación de servicios se
repiten las mismas cláusulas; por lo que las condiciones en que se
prestaron los servicios de la demandante fueron idénticas, por lo que
también se aprecia la concurrencia del elemento subordinación en la
prestación del servicio.
Elemento remuneración
17. En lo que se refiere a su contraprestación, en los contratos de locación de
servicios y sus respectivas adendas de fojas 3 a 71, se advierte que se
pactaron los mismos, lo que acredita una remuneración mensual, lo cual
está plasmado en el Anexo 001 de cada contrato específicamente en el
numeral 4: “(…) El pago se efectuara al locador en forma periódica a razón de
S/. 1,800.00 soles mensuales por la prestación del servicio, en adelante la
retribución el locador reconoce que el monto de la retribución incluye todos los
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costos por concepto de honorarios, organización técnica y administrativa,
tributos y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestación de el servicio.
(…)”; que resulta permanente en el tiempo, lo cual denota el carácter de
una remuneración.
Aplicación del principio de primacía de la realidad
18. En virtud a los considerandos precedentes, el servicio que ha prestado la
demandante cumple los tres elementos del contrato de trabajo; lo que
impone la aplicación del principio de primacía de la realidad, en cuya
virtud dicha vinculación civil se desnaturalizó y deviene en ineficaz;
convirtiéndose conforme al artículo 4° de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, en un contrato de trabajo de duración
indeterminada a partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 15 de febrero de
2016.
19. En ese sentido, se tiene que la demandada no ha acreditado que los
servicios de la actora se hayan efectuado de modo autónomo; por tanto,
estando a la presunción establecida en el artículo 23° inciso 23.2 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta Judicatura determina que por el
periodo que va del 28 de agosto de 2012 al 15 de febrero de 2016, entre las
partes existió un contrato de trabajo de duración indeterminada.
20. Siendo así, al reconocerse la relación laboral entre las partes por el
periodo antes citado, debe reconocerse también todos los derechos
inherente a una relación laboral, masa aún, si el inciso 2 del artículo 26°
de la Constitución del Estado establece que: "En la relación laboral se
respetan los siguientes principios: (...) 2. Carácter irrenunciable de los derechos
reconocidos por la Constitución y la Ley. (...)"; por lo cual debe entenderse
que los derechos otorgados a los trabajadores por la Constitución y la ley
son irrenunciables, este carácter irrenunciable protege al trabajador aún
respecto de sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los derechos y
beneficios que por mandato constitucional y legal le corresponden,
evitando que, por desconocimiento y sobre todo en los casos de amenaza,
coacción o violencia se perjudique; este principio se fundamenta en el
carácter protector del Derecho Laboral en la medida que presume la
nulidad de todo acto del trabajador que disponga de un derecho
reconocido en una norma imperativa. Del mismo modo, el principio de
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irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos
de disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre
normas taxativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta
pauta basilar, por lo tanto debe reconocerse aquellos beneficios que se
encuentran establecido expresamente en la Constitución y normas
especiales.
21. Respecto a las gratificaciones julio–diciembre; este concepto se
encuentra regulado por las Leyes N°s. 25139 y 27735; siendo que en esta
última en forma similar a la primera, se reconoce el derecho de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir
dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad
(artículo 1°); y su importe que será equivalente a la remuneración que
perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el
beneficio (artículo 2°); y que ellas deben ser abonadas en la primera
quincena de los meses de julio y de diciembre, según el caso (artículo 5°);
que para tener derecho a la gratificación es requisito que el trabajador se
encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el
beneficio y en caso que el trabajador cuente con menos de seis mes,
percibirá la gratificación en forma proporcional a los mese |
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EXPEDIENTE : 26400-2015-7-1801-JR-LA-03
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : DEUDOR LIBERATO CHRISTIAN OMAR
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : RAMIREZ GOYENECHE, VANESSA VIVIANA
RESOLUCIÓN NRO. DOS
Lima; seis de mayo
del año dos mil diecinueve.-
Dado cuenta al escrito de fecha 28 de diciembre de 2018
presentado por la parte demandante, y ATENDIENDO:
Primero: Que por el Oficio de fecha 09 de febrero de 2018 se remite a éste Despacho la
sentencia de vista de fecha 14 de diciembre del 2017, que resuelve:
1.-CONFIRMAR la Sentencia N° 115-2016-19°-JETPL, contenida en la resolución N° 03, de fecha
19 de mayo del 2016, obrante de fojas 207 a 228, que declara FUNDADA la oposición deducida
por la demandada contra la exhibición de boletas de pago del concepto BDG del trabajador.
2. FUNDADA la demanda, sobre pago de beneficios sociales y otros; en consecuencia, se reconoce la
existencia de vínculo laboral entre las partes del periodo comprendido entre el 28 de agosto del 2012
al 15 de febrero del 2016.
3. ORDENESE a la demandada pagar a la demandante el monto de S/.63,148.99 (SESENTA Y TRES
MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES), por los conceptos de
gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones e indemnización vacacional,
bono por desempeño grupal y utilidades, más los respectivos intereses promedio del sistema
financiero respecto a la CTS intereses legales respecto a los demás beneficios amparados, como lo
prevé el Decreto Ley N° 25920, más costos del proceso, sin costas.
Segundo: Que, conforme al Oficio Nº26400-2015-19° (3°)-8°SLP-NLPT-
CSJLI/NVVP, se dispuso la remisión de las copias de la sentencia de vista, a fin de que
continúe el trámite que corresponda y que para ello se forme el cuaderno
correspondiente.
Tercero: Por lo que, el secretario cursor ha procedido a crear el incidente “cuaderno de
ejecución de sentencia”, opción que ha sido implementada por el Área de Informática,
la misma que se generó con el incidente N°7; igualmente se agregó al mismo copias simples de la Sentencia de fecha 19 de mayo de 2016 emitida por el presente juzgado, la
cual ha sido descargada del sistema de expedientes judiciales – SIJ.
Cuarto: Que el Artículo 38° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que la
interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias; por lo
que corresponde disponer la ejecución de la referida sentencia conforme a lo resuelto en
autos.
Por lo antes señalado este despacho RESUELVE:
1).- REQUIÉRASE a la parte demandada BANCO DE LA NACIÓN para que en el
plazo de CINCO DIAS cumpla con RECONOCER a la actora la existencia de un
vinculo laboral por el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2012 hasta el 15 de
febrero de 2016; debiendo presentar documentación idónea que acredite lo ordenado,
bajo apercibimiento de imponerse multa compulsiva, sucesiva y progresiva en caso de
incumplimiento
2).- REQUIRIR a la demandada BANCO DE LA NACIÓN a fin de que dentro del
término de CINCO DÍAS cumpla con pagar al actor la suma de S/63,148.99
(SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 99/100 SOLES), por
concepto de obligación principal, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de
incumplimiento.
3).- FÓRMESE el cuaderno de ejecución; sin perjuicio de lo anterior
DISPÓNGASE que el perito adscrito al Juzgado, proceda al cálculo de los intereses
determinados en la sentencia, a cuyo efecto hágase entrega de los autos, bajo constancia.
4).- En cuanto al pago de COSTOS cumpla la parte demandante con liquidarla,
acompañando documentación sustentatoria conforme así lo exige el artículo 418º del
Código Procesal Civil, una vez que sean cancelados los conceptos precedentes. Sin
perjuicio de ello, la parte demandada deberá consignar un monto prudencial por ese
concepto, hasta que se determine el monto definitivo por resolución judicial.
Notifíquese.- |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 26624-2015-0-1801-JR-LA-03
SENTENCIA DE VISTA
EXPEDIENTE N° : 26624-2015-0-1801-JR-LA-03
DEMANDANTE : NATALIE SUSAN HOPKINS ZARATE
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : DESANTURALIZACION DE CONTRATOS Y OTROS
JUZGADO DE ORIGEN : 19° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE
LIMA
VISTA DE CAUSA : 11.1.2019
Sumilla: Es de tenerse en cuenta que la naturaleza civil o laboral de una
contratación está determinada por lo que ocurrió en la realidad;
esto es, se rige por el principio de primacía de la realidad, que
significa que, en materia laboral, se da preferencia a lo que ocurra
en la realidad y no a lo que los documentos o las partes digan que
ocurre.
RESOLUCIÓN S/N.
Lima, once de enero de dos mil diecinueve.-
Habiendo analizado la causa, conforme lo prescriben los Artículos 131° y 133° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, este colegiado integrado por los señores Jueces
Superiores: Yangali Iparraguirre, Váscones Ruiz, y, Almeida Cárdenas, quien
interviene como ponente, emite la siguiente decisión judicial:
I. ANTECEDENTES.
1.1. PRETENSIÓN DEMANDADA:
(cid:1) Declarar la desnaturalización de contratos de locación de servicios por el
periodo del 19 de setiembre de 2011 al 29 de julio de 2012.
(cid:1) El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, Gratificaciones,
Vacaciones, Utilidades y Bono por Desempeño Grupal.
1.2. RESOLUCIÓN APELADA:
(cid:2) Vino en revisión:
Por apelación de la parte demandada1, concedidas mediante Resolución N° 52, de
fecha 4 de setiembre de 2017, contra:
La Sentencia N° 176-2017-19°JETP-NLPT, contenida en la Resolución N° 4, de
fecha 12 de julio del 20173 que declara FUNDADA la demanda.
1 Escrito de fecha 14 de julio de 2017 ( fs. 125 a 129)
2 Obrante de folios 130 a 131.
3 Obrante de folios 101 a 114.
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Exp. N° 26624-2015-0-1801-JR-LA-03
SENTENCIA DE VISTA
1.3. ARGUMENTOS DE LA APELANTE:
(cid:2) Alega que:
1) Se incurre en error al desnaturalizar los contratos de locación de servicios, toda
vez que no se ha acreditado los elementos configurativos de un contrato de trabajo;
precisando, que el desarrollo de los servicios de la actora no se ha efectuado bajo
directivas y normas de control de asistencia; es así que los contratos de locación de
servicios únicamente acreditan que la demandante fue contratada para la
realización de un servicio detallado en cada uno de los contratos.
2) El Bono por Desempeño Grupal se encuentra sujeto a la evaluación de desempeño
por parte del Banco de la Nación y en merito al factor de valoración por categoría,
en tal sentido, no resulta amparable que la demandante pretenda el pago de dicho
concepto por cuanto no cumple con los presupuestos para su otorgamiento;
además, al no haberse evaluado las calificaciones de la actora no podría
reconocérsele monto alguno.
3) La relación contractual que mantuvo el accionante fue de naturaleza civil y no
de naturaleza laboral por tanto no le corresponde el pago de la CTS, Gratificaciones,
Vacaciones y Utilidades.
4) Se encuentra exonerada de los costos e intereses atendiendo que dichas
pretensiones son accesoria; precisando, que por ser un Organismo Público
Descentralizado se encuentra exonerado del pago de costos del proceso.
II. FUNDAMENTOS:
• De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso de
apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o
tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2.2. Los principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la apelación, deberá
pronunciarse sólo sobre aquellas alegaciones (pretensiones o agravios) invocados por
el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra
parte.
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• Respecto a la desnaturalización de los contratos:
2.3. En efecto, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar si, pese a
la existencia de un contrato civil de locación de servicios, éste ha sido
desnaturalizado, por lo que resulta necesario determinar, en primer lugar, qué tipo
de relación hubo entre la demandante y la emplazada; es decir, verificar, a través de
las pruebas ofrecidas por las partes, si se trata de una relación de naturaleza laboral
o civil, de forma que, si se comprobase que a través de contratos civiles se encubrió
una prestación de labores personales, subordinadas y remuneradas, propias de una
relación laboral, debe darse preferencia a éste en resguardo de los derechos
irrenunciables del trabajador.
2.4. Cabe precisar que respecto al periodo reclamado por la actora no existe controversia
que la demandante prestó servicios para la demandada en el periodo reclamado.
2.5. Ahora bien, toda relación laboral se constituye por la existencia de tres elementos
esenciales:
a. Prestación personal de servicios.
b. Subordinación.
c. Remuneración.
2.6. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios, definido por el artículo
1764° del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual:
“El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de
una retribución”,
Se caracteriza por la independencia del locador frente al comitente en la prestación
de sus servicios.
2.7. En ese sentido, podemos aseverar que el elemento diferenciador entre el contrato de
trabajo y el contrato de locación de servicios es la subordinación del trabajador
respecto de su empleador, encontrándose facultado este último para dar órdenes,
instrucciones o directrices a los trabajadores (poder de dirección), así como la de
imponer sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder
sancionador o disciplinario).
2.8. Según lo expuesto, es posible que, en la práctica, el empleador pretenda encubrir
una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios.
Ante dichas situaciones, en reiterada jurisprudencia, la judicatura, concordante con
lo resuelto por el Tribunal Constitucional ha hecho uso del principio de primacía de
la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que:
3 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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SENTENCIA DE VISTA
“(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que
fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC Nº 1944-2002-AA/TC; FJ 3).
2.9. Al respecto, hay que considerar también que la Constitución Política del Perú,
reconoce como principio el respeto por el carácter irrenunciable de los derechos
laborales del trabajador4.
2.10. A efectos de proceder a determinar la naturaleza real de los servicios prestados por el
reclamante por todo el tiempo laborado, debe precisarse que, el contrato de trabajo,
supone el establecimiento de una relación de carácter duradero entre empleador y
trabajador, en virtud de la cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios en
beneficio del empleador de manera continua, mediante su asistencia diaria al centro
de trabajo, durante una jornada que, en su caso, no puede ser inferior a cuatro
horas de labor y a dedicación exclusiva durante dicho lapso.
2.11. En ese sentido, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, el contrato de trabajo
ha sido definido de manera uniforme y constante bajo parámetros preestablecidos,
como son la prestación personal, la subordinación, la dependencia, y pago de una
remuneración como contraprestación por la labor realizada; siendo elementos típicos
de este contrato la sujeción a un horario predeterminado por el principal, la
exclusividad en la prestación del servicio y que éste se desarrolle principalmente en
el domicilio del empleador.
2.12. Asimismo, debe señalarse que la legislación laboral establece, en el artículo 4º del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- aprobado por D.S. N° 003-97-TR. que:
“…en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados
se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado”.
Dispositivo que debe concordarse necesariamente con el numeral 9º del referido
texto legal, el cual señala:
“Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo la dirección
de su empleador, el cual tiene facultades para normar
reglamentariamente las labores y dictar las órdenes necesarias para la
ejecución de las mismas”.
2.13. Debe observarse que los elementos precisados no siempre van unidos o son iguales y
existentes en toda relación interpartes, lo cual refuerza la opinión mayoritaria de que
el contrato de trabajo es genuino y especial respecto de cualquier otro, puesto que
4 Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral
En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
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solamente el ser humano es libre para decidir lo que hace con su fuerza de trabajo y
que sólo cuando él lo decide se dispone a ejecutar una labor bajo las condiciones
descritas, lo cual permite, luego del correspondiente análisis, determinar si nos
encontramos ante una contratación de índole laboral o no y la modalidad de la
misma, la cual debe ser objeto de protección preferente.
2.14. De otro lado, el artículo 1764º del Código Civil establece cuando nos encontramos
ante un contrato de naturaleza civil, denominado en la norma acotada como
“Prestación de Servicios”, entre los cuales se halla la “Locación de Servicios”;
contrato que, por su naturaleza, se caracteriza por la ausencia total de la
subordinación, realizándose el mismo en forma independiente, encargándosele al
locador el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y sin que ello
implique dependencia alguna frente a quien lo ha contratado; es decir, el locador de
servicios no se encuentra sujeto a horario o a observar normas o directivas que
emanen de su comitente; en pocas palabras, es libre para decidir la forma como
realiza su trabajo, lo cual no es propio de un contrato de trabajo.
2.15. Según lo expuesto, es posible que, en la práctica, el empleador pretenda encubrir
una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios o
negar la relación existente. Ante dichas situaciones, en reiterada jurisprudencia, la
judicatura, concordante con lo resuelto por el Tribunal Constitucional ha hecho uso
del principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia
que:
“(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que
fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC Nº 1944-2002-AA/TC; FJ
3).
2.16. En este sentido, se puede establecer que las instituciones jurídicas se definen por su
contenido y no por su denominación, de tal forma que el hecho de llamarse locación
de servicios, a un contrato de trabajo propiamente dicho, no altera su esencia y por
lo tanto se origina una serie de obligaciones por parte del empleador. Siendo ello así,
podemos concluir que si una persona ha sido contratada indebidamente bajo la
modalidad de locación de servicios, siendo su calidad jurídica la de trabajador
subordinado, entonces tiene derecho a reclamar todos los beneficios que le
corresponden como trabajador.
2.17. De este modo se procederá a analizar cada uno de los elementos antes acotados,
para lo cual resulta imperioso reflexionar sobre los rasgos de laboralidad en una
relación jurídica civil encubierta, establecidos por el Tribunal Constitucional en el
expediente N° 03015-2010-PA/TC, fundamento 5, que señala lo siguiente:
“Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes
encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos
se presentaron, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes
5 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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SENTENCIA DE VISTA
rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en
que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura
organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario
determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro
de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f)
pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales,
tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los
sistemas de pensiones y de salud”. (subrayado nuestro).
2.18. Bajo éste parámetro es de señalar que el Nuevo Proceso Laboral, en un afán tuitivo y
atendiendo a la desigualdad propia de las partes en las relaciones laborales, ha
establecido la presunción de laboralidad con fines procesales solamente en base a la
verificación de la existencia de una prestación personal de servicios, afirmación que
se ubica en el artículo 23.2 de la citada ley procesal, que a la letra refiere:
"acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario". Lo cual
complementa al clásico enunciado del primer parágrafo del artículo 4 del T.U.O.
del .D.L. N° 728 cuando menciona que: "En toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo
a plazo indeterminado." (subrayado nuestro).
2.19. Como se advierte, el artículo 23.2. de la NLPT requiere únicamente "acreditar la
prestación personal de servicios" para presumir un vinculo laboral indeterminado,
mientras el artículo 4° del T.U.O. del .D.L. N° 728 anuncia que es necesario que esta
prestación personal de servicios sea remunerada y subordinada para efectuar tal
presunción. Sin embargo, en una interpretación sistemática de la ley tenemos que la
primera es una norma adjetiva de derecho procesal laboral, mientras la segunda es
una norma sustantiva de las relaciones laborales en el régimen privado. Por lo cual,
estando inmersos en el marco de un proceso judicial de reconocimiento de
desnaturalización de contrato corresponde atender preferentemente a la norma
procesal mencionada, sin que ello sea óbice para soslayar los criterios de la norma
sustantiva, ya que esta tiene concordancia plena con los elementos propios de la
relación laboral que son reconocidos por la ley, la jurisprudencia y la doctrina
uniforme.
2.20. Con las aclaraciones previas, éste Colegiado puede adentrarse en el análisis de los
agravios planteados por el demandado, para lo cual se procederá a valorar
nuevamente las pruebas actuadas en primera instancia a fin de eliminar cualquier
elemento que vaya en contra del ordenamiento jurídico, atendiendo al derecho de
defensa del apelante y, sobre todo, a la justicia y orden social en el ámbito laboral.
(cid:3) EN CUANTO A LA PRESTACIÓN PERSONAL:
2.21. Es de tenerse en cuenta que, este requisito exige que la prestación del servicio se
efectúe por el propio trabajador, en forma personal y directa, empleando su fuerza
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física o actividad intelectual, como persona natural, permitiéndose únicamente el
que sea ayudado por familiares directos que dependen de él, siempre que ello sea
usual dada la naturaleza de las labores, tal como se desprende de lo expuesto por el
artículo 5° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, denominado Ley
de Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por el Decreto Supremo N°
003-97-TR.5
2.22. En el caso de autos, ha quedado acreditado con los contratos de locación de servicios
y anexos celebrados entre la accionante y el Banco6, la efectiva prestación personal
de servicios.
2.23. Además, se advierte de los contratos de locación de servicios celebrados entre las
partes, que en su clausula sexta, se estipula:
"EL LOCADOR se compromete a no delegar a otra persona la conducción de la
ejecución parcial o total de EL SERVICIO, salvo que EL BANCO lo autorice
expresamente por escrito." (subrayado nuestro).
Esta cláusula utiliza una formula lingüística imperativa prohibitiva respecto a la
delegación de funciones, configurando una excepción a la regla prohibitiva la
autorización expresa del empleador, ello es muy distinto al tenor del artículo 1766°
del Código Civil que se vale de una formula lingüística imperativa permisiva respecto
a la siempre abierta posibilidad de valerse de otros no como excepción sino como
característica propia de la prestación personal de servicios a la luz del contrato de
locación de servicios.
2.24. Entonces, acreditada la prestación personal de servicios y no habiendo prueba
en contrario, procesalmente se reconoce el vínculo laboral a plazo
indeterminado conforme el artículo 23.2 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo;
sin embargo, no se puede evitar el análisis de los demás elementos del contrato de
trabajo a la luz de las leyes sustantivas, la jurisprudencia y la doctrina. Así, tenemos
que la prestación personal del servicios es un elemento presente tanto en los
contratos de trabajo, como en los de locación de servicio, debiendo analizarse si
concurren los demás elementos propios del contrato de trabajo en el presente caso.
(cid:3) EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA:
2.25. Es de apreciarse que no se encuentra en controversia que estas se estipularon en
determinadas sumas mensuales de dinero, las cuales tienen naturaleza
remunerativa pues constituyen contraprestación por un servicio personal; más aún,
que se le abonaba en forma periódica y constante, conforme se aprecia en la
5 Artículo 5.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa
sólo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser
ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las
labores.
6 Obrante de folios 2 a 25.
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Cláusula Cuarta de los contratos de locación de servicios como en cada Anexo N°
001 de los referidos contratos.
2.26. Además, si se tiene en cuenta la “presunción remunerativa” que se encuentra
implícita en el concepto de remuneración contenida en el artículo 6º del TUO del
Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por
D.S. N° 003-97-TR., que se aplica sobre todos los conceptos e ingresos que percibe el
trabajador, ya sea en dinero o en especie; independiente de la denominación que se le
dé, siempre que sea de su libre disponibilidad, podemos concluir que el segundo
elemento esencial del contrato de trabajo se encuentra debidamente
acreditado.
(cid:3) EN CUANTO A LA SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA:
2.27. Es de tenerse en cuenta que esta implica la presencia de facultades de dirección,
normativa y disciplinaria del empleador frente a un trabajador, las mismas que se
manifiestan en el cumplimiento de un horario y una jornada de trabajo uniformes,
impuesta por el empleador, así como la sumisión o sujeción del trabajador a las
directrices que se dicten en la empresa, la imposición de sanciones, el sometimiento
del trabajador a los procesos disciplinarios aplicables al personal dependiente,
comunicaciones indicando el lugar y el horario de trabajo o las nuevas funciones;
etc.
2.28. En efecto, por la subordinación del trabajador respecto de su empleador, este último
se encuentra facultado para dar órdenes, instrucciones o directrices a los
trabajadores (poder de dirección), así como la de imponer sanciones ante el
incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).
2.29. En el caso de autos, la demandada manifiesta que el Juzgado se equivoca al
acreditar la existencia del elemento subordinación.
2.30. Cabe mencionar, que el análisis del elemento subordinación se debe efectuar a la luz
del artículo 9 del T.U.O. el D.L. N° 728 el cual establece que:
“Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las
labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y
sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad,
cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del
trabajador. (…)”
2.31. Ahora, en atención al pedido del apelante de determinar claramente el elemento
subordinación en este caso, de las pruebas presentadas por la demandante tenemos:
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(cid:1) El literal c) de la Cláusula Quinta de los Contratos de Locación de Servicios,
se señala que:
"EL LOCADOR se obliga a facilitar a EL BANCO, o a la persona que este
designe, una adecuada revisión de la prestación de servicios materia
de EL CONTRATO".
Asimismo, en la Cláusula Novena precisa que:
"EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de terceros que
EL BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento de EL
CONTRATO, para cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades
necesarias".
De lo antes mencionado se aprecia que la entidad demandada hacía una
revisión de la prestación de los servicios de la demandante, lo cual denota el
rasgo de fiscalización.
Finalmente, la Cuarta Cláusula de los contratos acotados, que señala:
"(…) El pago de la retribución en cualquier caso, está condicionado a la
experiencia de un "Acta de Conformidad de Servicio" por parte del área
usuaria de EL BANCO que solicita de EL SERVICIO".
De lo que se deduce que el actor estuvo obligado a la presentación de
informes sobre todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del
servicio.
(cid:1) En cada Anexo N° 001 que se adjunta a los Contratos de Locación de
Servicios, que detalla los servicios realizado por la actora, tales como:
i. Servicios de actualización de la base de datos de bienes muebles de
propiedad del Banco y alquilados de terceros así como en el cierre
mensual de aplicativo SAI;
ii. Servicio profesional de actualización e ingreso de los siniestros
ocurridos así como la asistencia en el trámite de documentos para
el reclamo de siniestros ante la seguradora;
iii. Ingreso de operaciones en aplicativo trader live y verificación de
saldos y verificación de operaciones ingresadas en el sistema LBTR.
Verificación de saldos y obligaciones de las cuentas ME del BN;
iv. Servicio profesional de asesoría para la elaboración de informes de
operaciones significativas reportadas por oficinas de provincia.
Así también, se señalan las obligaciones y/o responsabilidades especificas de
la actora, entre ellas: Participar como miembro de comité especial,
verificación de la ejecución de las pólizas de seguro, así como realizar otras
funciones asignadas por la Jefatura de la División.
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Los correos electrónicos7, apreciándose que la actora prestaba servicios en el
Departamento de Oficialía de Cumplimiento, además se encuentra referidos a
la solicitud del Usuario (120007@bn.com.pe) y clave de la actora,
designación de la actora para la participación del curso "Gestión de Riesgo de
Lavado de Activos".
2.32. Entonces, atendiendo al valor probatorio de los documentos válidamente
presentadas por la demandante, los mismos han formado convicción a éste
Colegiado; por cuanto se colige que prestaba sus servicios en las instalaciones de la
demandada encontrándose sujeta bajo el control y supervisión de la demandada, lo
que evidencia que las actividades que realizó fueron efectuadas bajo subordinación;
es decir, con sujeción al poder de dirección ejercido por la demandada.
2.33. En ese orden de ideas, advirtiéndose que la demandada no ha demostrado la
autonomía de las prestaciones de la demandante que justifique una
contratación civil, se llega a la conclusión de que, en la relación contractual habida
entre las partes, existió relación de subordinación y dependencia; tanto más que, por
prescripción del artículo 23.2° de la Ley N°29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; dispositivo
del que se desprende que corresponde al empleador, acreditar la temporalidad y la
autonomía de la prestación de los servicios de la actora, lo cual no ha ocurrido en el
presente caso.
2.34. Cabe señalar que las normas laborales, por su naturaleza, son de orden público; es
decir, no se puede pactar contra ellas, por lo que cualquier pacto en contrario
adolece de nulidad virtual; vale decir, incurre en la causal de nulidad virtual prevista
en el artículo V del Título Preliminar, en concordancia con lo preceptuado por el
inciso 8 del artículo 219° del Código Civil, tal como lo ha considerado la Sentencia
Casatoria N° 1739-2003-Puno, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de
enero del 2005.
2.35. Por lo tanto, resulta aplicable el principio de primacía de la realidad, según el cual
debe preferirse lo que ocurra en los hechos y no lo que las formas o documentos
señalen o que las partes dicen que ocurre; por lo que, apreciándose la existencia de
una prestación personal de servicios, la percepción de una remuneración periódica,
así como la subordinación y dependencia en la prestación de dichos servicios; que
son los elementos esenciales del contrato de trabajo, se llega a la convicción y
certeza, que el vínculo contractual habido entre la actora y la demandada, durante el
período examinado, resulta evidentemente de naturaleza laboral; tanto más si la
demandada no ha desvirtuado con prueba alguna la presunción contractual laboral,
juris tantum, de carácter permanente, establecida en el artículo 4º del Texto Único
7 Obrante de folios 26 a 48.
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Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, denominado Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. y la
presunción de laboralidad a plazo indeterminado contemplada en el artículo 23.2 de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
2.36. En consecuencia, advirtiéndose que en la realidad, la demandante desempeñaba
funciones de carácter laboral; se deduce que la demandada ha transgredido la
vocación de permanencia del contrato de trabajo, que es un derecho fundamental
específico laboral que se encuentra implícito en el artículo 22 de la Constitución
Política del Estado; por lo que, se debe entender que las partes mantuvieron una
relación laboral bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado desde el 19 de
setiembre de 2011 al 29 de julio de 2012.
• Con relación al Bono por Desempeño Grupal:
2.37. Al respecto, es de precisar que si bien los lineamientos para la aplicación de dicho
bono, este se debía pagar en dos partes, el primero en la quincena de mayo y el
segundo en la quincena de octubre de cada año y que sólo correspondía a los
trabajadores con vínculo laboral vigente en dichos períodos; también lo es, que no
resulta admisible la alegación de la demandada de que no le corresponde a la actora
por haberse encontrado sujeto a un contrato de locación de servicios, dado que tal
situación constituye un hecho exclusivamente imputable a la propia demandada; por
tanto resulta inaceptable que ella se beneficie de sus propios actos irregulares o
ilícitos, dado que al habérsele reconocido a la actora vínculo laboral indeterminado,
reúne el requisito o presupuesto básico para la percepción de dicho bono; en
consecuencia, le corresponde percibir el bono solicitado en el monto fijado por el
Juez de Primera Instancia en el vigésimo octavo considerando de la venida en grado,
puesto que, la demandada en su escrito de apelación no cuestiona ni precisa cuales
serian los montos correspondiente; por lo que se desestima el agravio de la
demandada.
• Respecto a los Beneficios Sociales:
2.38. Al haberse discernido que se ha desnaturalizado los contratos civiles suscritos entre
las partes, esto es, que se debe de entender que la prestación habida entre la actora
y la entidad demandada es del régimen laboral a plazo indeterminado; en tal sentido,
le corresponde a la accionante el pago de la CTS, Gratificaciones, Vacaciones y
Utilidades, de conformidad con el régimen laboral de la actividad privada.
2.39. En cuanto a los montos liquidados en las Utilidades, la demandada alega que
desconoce dichos montos; sin embargo, no ha precisado con exactitud porque su
desconocimiento, en todo caso debió señalar el error en que incurre el Juez de
Primera Instancia al efectuar el cálculo de las Utilidades, adviértase que en la
Audiencia de Juzgamiento la demandada cumplió con exhibir la Declaración Jurada
y Distribución de utilidades correspondiente al período 2011 y 2012 (Video
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1355.wnv: Minuto 0032 a 00:44); por lo que, se debe desestimar el agravio planteado
por la demandada.
• Respecto de los Intereses:
2.40. Al respecto debe tenerse en cuenta que al haberse amparado en la sentencia
recurrida el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, Gratificaciones,
Vacaciones, Utilidades y Bono de Desempeño Grupal es procedente el pago de
intereses, tal como así lo ha resuelto el Juez de Primera Instancia en su numeral 29
y 30 de su parte considerativa; por lo que, se desestima el agravio de la
demandada.
• Con relación a los costos:
2.41. En cuanto a los costos, al respecto, si bien el artículo 47° de la Constitución
establece que:
“El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales”, dicha norma
es de carácter general y, por tanto, requiere de desarrollo legislativo.
2.42. Por un lado, es desarrollado en el artículo 413° del Código Procesal Civil que dispone:
“Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos
constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales”.
2.43. Sin embargo, la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29497 –
Nueva Ley Procesal del Trabajo establece:
“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de
costos”.
2.44. En consecuencia, el artículo 47° de la Constitución debe ser aplicado de acuerdo a
su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el Estado sí puede ser
condenado al pago de costos. No obstante, nótese que la norma señala que puede
ser condenado al pago de costos. El verbo rector es distinto al regulado en el artículo
412° del Código Procesal Civil. Dicho artículo dispone que:
“La imposición de la condena en costas y costos […] es de cargo de la parte
vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración”.
2.45. Con alcance general la parte vencida en un proceso debe pagar las costas y costos
del proceso; en cambio el Estado en algunos casos sí y en otros no será condenado a
dicho pago. ¿A qué obedece el hecho de si se condena o no al pago de costos al
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Estado?. La respuesta hay que buscarla vía interpretación finalista del dispositivo:
“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos”.
2.46. Este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo es: (i)
Que el Estado, como empleador, se vincule y actúe respetand |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 19° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 26624-2015-0-1801-JR-LA-03
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : ABARCA SUMARI SHEYLA GEORGINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : HOPKINS ZARATE, NATALIE SUSAN
Resolución Nro. Cinco
Lima, Cuatro de Setiembre
Del Dos Mil Diecisiete.-
Dando cuenta en la fecha por recarga procesal.- A dos
escritos de la parte demandada de fecha 12 y 14 de Julio o de los corrientes que
antecede.- Téngase presente y
I. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional
Superior examine, a solicitud de parte, la resolución que le produce agravio con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo establece el
artículo 364° del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente al caso de
autos, con arreglo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
SEGUNDO: De la revisión efectuada a recurso de apelación materia de providencia,
se aprecia que el acto procesal materia de impugnación es la Sentencia N° 176-2017-19°
JETP-NLPT contenida en la Resolución Número Cuatro de fecha doce de Julio del
presente año, mediante la cual se declaró fundada la demanda interpuesta en autos,
resolución contra la cual procede el recurso de apelación regulado en el artículo 32° de
la NLPT, Ley N° 294971.
TERCERO: Asimismo, atendiendo a la verificación de los requisitos legales, se tiene
que la parte apelante han cumplido con fundamentar sus medios impugnatorios
interpuestos, indicando la existencia del error de hecho y de derecho en la resolución
apelada, precisando la naturaleza de sus agravios y sustentando sus pretensiones
impugnatorias, dentro del término previsto en el precitado artículo 32° de la Ley N°
29497; consideraciones por las cuales corresponde admitir el recurso planteado.
II. SE RESUELVE:
1° CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación
interpuestos por la demandada BANCO DE LA NACION contra la Sentencia N°
1 LEY N° 29497: ARTÍCULO 32: APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO,
ABREVIADO Y DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS: “El plazo de apelación
de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la
audiencia o de citadas las partes para su notificación.” 176-2017-19° JETP-NLPT contenida en la Resolución Número Cuatro de fecha doce
de julio del presente año en curso al amparo de los fundamentos expuestos en la
presente resolución.
2° ELÉVENSE los actuados al Superior Jerárquico en Grado con la debida nota de
atención. Al Primer, Segundo y Tercer Otrosi.- Téngase presente. NOTIFÍQUESE Y
OFICIESE .- |
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DECIMO NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL PERMANENTE
Av. Abancay Cdra. 5, esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque
Universitario – Edificio “Alzamora Valdez”, Modulo III Piso 5
EXPEDIENTE : 26624-2015-0-1801-JR-LA-03
DEMANDANTE : NATALIE SUSAN HOPKINS ZARATE
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS
JUEZ : MARIO ELOY SULCA QUISPE
SECRETARIO : JONATAN CUETO MAURICIO
SENTENCIA N° 176 - 2017-19°JETP-NLPT
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 12 de julio del 2017.
I.- PARTE EXPOSITIVA
1.- Partes:
(cid:1)
el demandante NATALIE SUSAN HOPKINS ZARATE (en adelante la actora).
(cid:1)
La demandada BANCO DE LA NACION (en adelante la demandada).
2.- De las pretensiones que son materia de Juicio:
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de
Trabajo - NLPT, al no lograr la conciliación, fijó las pretensiones materia del juicio
formuladas por el actor, mencionándose los siguientes:
(cid:1)
Primera Pretensión: Se declare la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios y reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado del 19 de
setiembre del 2011 al 29 de julio del 2012, y en consecuencia se determine si
correspondería o no el pago de beneficios sociales como son: CTS, vacaciones no
gozadas, indemnización vacacional, vacaciones truncas y gratificaciones legales;
utilidades 2011-2012 y el Bono por Desempeño Grupal.
3.- Fundamentos del demandante:
El actor, en su demanda expresa los siguientes fundamentos de hecho:
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(cid:1)
Indica que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 19 de setiembre
del 2011 bajo contratos de locación de servicios y bajo esta modalidad hasta el 29 de
julio del 2012; así mismo desarrolla que realizaba labores para la demandada bajo
contratos desnaturalizados de locación de servicios suscritos por el demandante y
demandado lo cuales por si solo acreditan los elemento que configuran un contrato
de trabajo a plazo indeterminado;
(cid:1)
Respecto al elemento de prestación personal indica que se configura debido a que el
demandante ejecuta la prestación personal comprometida sin asistirse por
dependientes a su cargo, ni menos transferirla en todo o en parte a un tercero; en la
referida cláusula sexta del contrato de locación se establece que las prestaciones van
a ser de índole personal por lo que quedaría acreditado este elemento; respecto al
elemento de subordinación indica que está probado en lo estipulado en la cláusula
tercera del primer contrato de locación y en cuanto al elemento de remuneración se
configura de lo establecido en el pago que se fijó en los contratos de locación de
servicios que fueron de manera mensual.
(cid:1)
Así mismo indica que resulta insoslayable precisar que las funciones que su persona
ha desarrollado para la demandada se ajustan al cargo de Técnico de control
patrimonial y el de analista de control patrimonial el que se encuentra contemplado
en el Manual de Organización y Funciones; dichas funciones ha desarrollado
durante todo el tiempo que ha mantenido vínculo bajo la modalidad de locación de
servicios es decir del 19 de setiembre del 2011 al 29 de julio del 2012, conforme lo
puede acreditar con los servicios que su persona tenía que ejecutar y que se
encuentran establecidas en los mismos contratos de locación de servicios.
(cid:1)
Por lo que solicita el pago de los beneficios sociales que no pudo percibir durante el
periodo que estaba contratado como locador de servicios, es decir CTS, vacaciones,
gratificaciones, utilidades y beneficios convencionales como BDG.
4.- Audiencia de Conciliación:
La audiencia de conciliación se llevó a cabo con la asistencia de ambas partes, oportunidad
en la cual no se pudo arribar una conciliación por mantener cada una su punto de vista, por
lo que se fijaron las pretensiones materia de juicio, señalándose fecha para la audiencia de
juzgamiento.
5.- Fundamentos de la demandada:
(cid:1)
La demandada contesta la demanda indicando que el demandante mantenía una
relación contractual de naturaleza civil, pese a ello solicita que se declare como
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vínculo laboral a pesar que conocía perfectamente el tipo de contrato que suscribió el
mismo que corresponde estrictamente a uno de servicios no personales prestados a
una entidad del Estado; prueba de ello son los recibos por honorarios que ha girado
donde se aprecia que brindó servicios al Banco, sin subordinación y a cambio de una
contraprestación dineraria denominada retribución en razón al tiempo y forma de
los servicios prestados, características que no son acordes con los elementos
constitutivos de un contrato de trabajo.
(cid:1)
En cuanto a los conceptos demandados solicita como vacaciones, gratificaciones, y
CTS por el periodo antes reclamados, los mismos no corresponden pagársele ya que
al no existir una relación laboral sino una relación contractual estrictamente civil la
actora no tuvo derecho a gozarlos, por lo que dichas pretensiones devienen en
infundados.
(cid:1)
Respecto al pago de la Bonificación por Desempeño Grupal manifiesta que la
condición para obtener este beneficios es ser trabajador, situación que no ha gozado
la actora, en razón a que la relación que mantuvo con su representada durante el
periodo reclamado fue de naturaleza civil y no de naturaleza laboral.
6.- Audiencia de Juzgamiento:
De la grabación de audio y video de la audiencia de juzgamiento como del acta respectiva,
fluye que esta se realizó con concurrencia de ambas partes, las mismas que expresaron los
fundamentos de hecho que sustentan sus posiciones de defensa de fondo y de forma, se
enunciaron las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de prueba, dejándose
constancia que la demandada exhibió ante esta judicatura, procediéndose luego a la
actuación de los medios probatorios y recibidos que fueron los alegatos se expide sentencia,
en mérito a las consideraciones que se pasan a exponer.
II.- PARTE CONSIDERATIVA
Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva
1. Que, en armonía con los artículos I y II del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, teniéndose que la
finalidad concreta de éste es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos
sustanciales.
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2. Que, la finalidad del esquema de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley N° 29497 es
aportar inmediación, concentración, celeridad y publicidad la misma que ejerce un
control sobre la imparcialidad y acierto del magistrado; y, que nos llevará a una justicia
laboral no solo expeditiva, sino fundamentalmente eficaz; que quedará registrado en
imagen y palabra en el nuevo sistema de la dinámica procesal.
3. El trabajo es un medio de realización personal ya que nos permite ser útiles, creativos y
nos permite los ingresos fundamentales para vivir y sobrevivir, asimismo el pago de la
remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier
otra obligación del empleador, conforme lo establece el artículo 24° de la Constitución
Política del Perú.
Análisis de la controversia
4. En el caso de autos, el primer punto controvertido a determinar es si corresponde: i) se
declare la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y
reconocimiento de vínculo laboral a plazo indeterminado por el periodo del 19 de
setiembre del 2011 al 29 de julio del 2012.
5. Los artículos 4°, 5°, y 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR,
establecen que para la configuración de un contrato de trabajo se requiere la
concurrencia ineludible de sus elementos esenciales consistentes en: 1) la prestación
personal de servicios, en forma directa y personal por el trabajador como persona
natural; 2) la remuneración, traducido en el íntegro de lo que recibe el trabajador por
sus servicios, sea en dinero o en especie y cualquiera sea su denominación, siempre que
sea de su libre disposición; y 3) la subordinación o la dependencia del trabajador, que
supone la obligación de acatar las órdenes del empleador, quien tiene la facultad de
reglamentar las labores, dictar órdenes para su ejecución, supervisar su cumplimiento y
de imponer las sanciones en los casos de incumplimiento.
6. La doctrina, adicionalmente reconoce como elementos típicos que permiten también
configurar un contrato de trabajo; los que cumplen una doble función: sea como indicios
para determinar la existencia de vínculo laboral (ejm. contratación preferente de
duración indeterminada; el lugar donde se presta el servicios; la jornada de trabajo; la
exclusividad del servicio para un empleador, el régimen laboral establecido para el
empleador, etc.); o como elementos para graduar el disfrute de los beneficios laborales
(ejm. jornada superior a las 4 horas para CTS, jornadas superiores a las 8 horas, para
horas extras, etc.).
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7. El contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764º del Código Civil
como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado
al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a
cambio de una retribución”, de lo que se infiere que el elemento esencial del contrato de
locación de servicios es la independencia del locador frente al comitente en la prestación
de sus servicios, de lo expuesto se aprecia que el elemento diferenciador del contrato de
trabajo respecto al contrato de locación de servicios es la subordinación o dependencia
del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes,
instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo para el que se les
contrata (ejercicio del poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el
incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).Los
contratos de locación de servicios o los contratos de servicios no personales; si bien
guardan similitud con los contratos de trabajo, por la concurrencia de los elementos de
la prestación personal del servicio y la retribución por dichos servicios.
8. Cuando se den situaciones en los que los empleadores impongan la celebración de
contratos de naturaleza civil, con el fin de aparentar la ausencia de vínculo laboral, pese
a que en la realidad los servicios son subordinados o dependientes, la controversia debe
ser resuelta aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, que según Américo Plá
Rodríguez1 define: “(…) que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que
surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede
en el terreno de los hechos”, es decir; si en los hechos se verifica la concurrencia de la
subordinación y por ende existencia del vínculo laboral, debe otorgarse preferencia a
tales hechos, frente a lo que esté estipulado en los contratos o documentos y conforme a
ello concluirse que en la realidad la vinculación establecida es de naturaleza laboral, tal
como así también lo estableció el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia
(STC N° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3), por lo que en el presente caso se procede a
analizar si concurren los elementos del contrato de trabajo en la prestación de servicios
efectuada por la demandante.
9. ELEMENTO PRESTACIÓN PERSONAL: Examinado el mérito de las pruebas
actuadas consistentes en los contratos de locación de servicios, se aprecia que de fojas 02
a 07 obra el documento denominado “Contrato de locación de servicios CO-11-1828-BN”,
en el cual se pactó la prestación de servicios de la demandante (cláusula tercera) por el
periodo del 19 de setiembre del 2011 al 18 de diciembre del 2011 y en el cual se indica:
"Por el presente documento EL BANCO contrata al EL LOCADOR para que ejecute en forma
autónoma e independiente a favor del BANCO el(los) servicio(s) que se señala(n) en el ANEXO
001, en adelante EL SERVICIO." ; así mismo siendo que la parte demandada no ha
negado expresamente que el servidor tenía una obligación de carácter personal con el
BANCO; así mismo de la cláusula sexta del contrato de trabajo se advierte; "EL
1 Plá Rodríguez, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma Bs.As.
1998, pág. 313
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LOCADOR se obliga a no delegar a otra persona la conducción de la ejecución parcial o total de
EL SERVICIOS, salvo que el BANCO lo autorice expresamente por escrito" ; de lo que se
advierte que la prestación personal del servicio era propia de la demandante por lo que
no podía ni estaba autorizado a trasladar esa función a un tercero que es propio de una
relación civil en consecuencia; se advierte que la prestación personal de servicios de la
demandante se encuentra acreditada con los documentos en referencia;
10. ELEMENTO SUBORDINACIÓN: En cuanto a las condiciones de la prestación de
servicios, efectuada la revisión y análisis de los contratos de locación de servicios se
advierten rasgos de laboralidad, por cuanto se reservó para la demandada la potestad
de dirigir la prestación de servicios del causante, esto es, de impartirle órdenes para la
prestación de sus servicios; así se aprecia de la cláusula quinta (véase fojas 09 parte
pertinente) lo siguiente “[…] 9.1. EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de
terceros que EL BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del CONTRATO, para
lo cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades necesarias.[…]”; en consecuencia, se
advierte de lo anterior que la demandante estaba subordinada a órdenes para realizar
diferentes actividades encomendadas por sus jefes directos; a su vez del literal 5.c del
contrato se advierte: "EL LOCADOR se obliga a facilitar a EL BANCO o a la persona que este
designe una adecuada revisión de la prestación de servicios materia de EL CONTRATO", por lo
que se concluye que la demandante estaba bajo la supervisión de su jefe directo o de la
persona que este designe para la constante revisión de su desempeño laboral.
11. Se observa también de los correos electrónicos de fecha 26 de julio del 2012, en donde la
demandante remite diversos documentos a otra trabajadora, que a la acora se le asigna
el área de labor de Departamento de Oficialía de Cumplimiento, lo mismo sucede con
los correos de fojas 27 y 29; en consecuencia se deduce que las labores desempeñadas
por la demandada era propias de la entidad de la empresa demandada debido a que la
adscripción a una determinada área funcional de la demandada no es característico de
un contrato civil de locación de servicios sino de un contrato de trabajo; por lo que las
condiciones en que se prestaron los servicios se advierte la concurrencia del elemento
subordinación en la prestación del servicio.
12. ELEMENTO REMUNERACIÓN: En lo que se refiere a su contraprestación, en los
contratos de locación de servicios y sus respectivas adendas de fojas 02 a 25, se advierte
que se pactaron los mismos, lo que acredita una remuneración mensual, la cual resulta
permanente en el tiempo, lo cual denota el carácter de una remuneración. Cabe hacer la
precisión que en los contratos de locación se fijaron en montos mensuales como se
advierte de los mismo contratos es decir se pactó la suma S/. 2,500.00 soles mensuales
por lo que está acreditado la existencia de este elemento trascendental del contrato de
trabajo.
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13. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: En virtud a los
considerandos precedentes, el servicio que ha prestado el causante cumple los tres
elementos del contrato de trabajo; lo que impone la aplicación del principio de primacía
de la realidad, en cuya virtud dicha vinculación civil se desnaturalizó y deviene en
ineficaz; convirtiéndose conforme al artículo 4° de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, en un contrato de trabajo de duración indeterminada a partir
del 1 de febrero de 2011, conforme lo peticiona la actora en su demanda, parte
pertinente a fojas 198.
14. Por otro lado, se tiene que la demandada no ha acreditado que los servicios de la
demandante se hayan efectuado de modo autónomo; y, estando a la presunción
establecida en el artículo 23°, inciso 23.2, de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta
Judicatura determina que por el periodo que va del 19 de setiembre del 2011 al 29 de
julio del 2012, entre las partes existió un contrato de trabajo de duración indeterminada.
15. Respecto a las gratificaciones julio–diciembre; este concepto se encuentra regulado por
las Leyes N°s. 25139 y 27735; siendo que en esta última en forma similar a la primera, se
reconoce el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada, a percibir dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad
(artículo 1°), fijando su importe que será equivalente a la remuneración que perciba el
trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio (artículo 2°), y
estableciendo que ellas deben ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio
y de diciembre, según el caso (artículo 5°), a su vez precisa que para tener derecho a la
gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en
que corresponda percibir el beneficio y en caso que el trabajador cuente con menos de
seis mes, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborados (artículo
6°); y cuando el trabajador no tenga vínculo laboral vigente en la fecha en que
corresponda percibir el beneficio, pero hubiera laborado como mínimo un mes en el
semestre correspondiente, percibirá la gratificación respectiva en forma proporcional a
los meses efectivamente trabajados (artículo 7°); por lo que habiéndose acreditado en
autos el vínculo laboral de la actora corresponde otorgar este concepto por el periodo
reclamado, de acuerdo a la siguiente liquidación:
PERIODO TIEMPO HABER IMPORTE TOTAL
EFECTIVO BASICO GRATIF. REINTEGRO
dic-11 03M 2,500.00 1,250.00 1,250.00
jul-12 06M 2,700.00 2,700.00 2,700.00
TOTAL GRATIFICACIONES S/. 3,950.00
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16. Respecto a las vacaciones e indemnización vacacional; este concepto se encuentra
regulada en el Decreto Legislativo 713; en ella se establece que el trabajador tiene
derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de
servicios (artículo 10°), el cual se computará desde la fecha de ingresó al servicio del
empleador (artículo 11°) y sólo respecto a los días efectivos de trabajo (artículo 12°); se
establece también que la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador
hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando (artículo 15°); además,
señala que los trabajadores, que no disfruten del descanso vacacional dentro del año
siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán: una remuneración por el
trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado,
y, una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del
descanso (triple remuneración); y que el monto de las remuneraciones indicadas será el
que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago
(artículo 23°); por último, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley aprobado
por Decreto Supremo N° 012-92-TR, tienen derecho al descanso vacacional el trabajador
que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas; por lo que en caso de
autos corresponde otorgar este concepto al actor por el periodo reclamado, esto es, del
19 de setiembre del 2011 al 29 de julio del 2012 conforme lo solicita en su demanda,
según la siguiente liquidación:
PERIODO TIEMPO HABER MONTO TOTAL
EFECTIVO BASICO VACACIONES VACACIONES
Truncas 10M/11D 2,700.00 2,332.50 2,332.50
TOTAL VACACIONES S/. 2,332.50
17. Con respecto a la compensación por tiempo de servicios; este concepto está regulada
en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 aprobado por el Decreto
Supremo 001-97-TR; en ella se establece que dicho beneficio se devenga desde el primer
mes de iniciado el vínculo laboral, y que debe depositarse semestralmente en la
institución elegida por el trabajador (artículo 2°), estando comprendidos los
trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan,
cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas (artículo 4°)
siendo computables los días de trabajo efectivo (artículo 8°) y siendo base de cálculo la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en
dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación
que se les dé, siempre que sean de su libre disposición (artículo 9°); debiendo
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incorporarse en la base de cálculo las remuneraciones de periodicidad semestral a razón
de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo.
18. Se incluye en este concepto las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (artículo
18°); estando el empleador obligado a depositar la CTS en los meses de mayo y
noviembre de cada año tantos dozavos de la remuneración computable percibida por el
trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya
laborado en el semestre respectivo (artículo 21°); debiendo el trabajador que ingrese a
prestar servicios comunicar a su empleador, por escrito y bajo cargo, hasta el 30 de abril
o 31 de octubre según su fecha de ingreso, el nombre de la entidad depositaria y el tipo
de cuenta y moneda en que se realice depósito, y en caso de omisión el empleador
efectuará el depósito en cualquiera entidad financiera (artículo 23°); y si el empleador
deba efectuar directamente el pago de la compensación por tiempo de servicios o no
cumpla con realizar los depósitos que le corresponda, está obligado al pago de los
intereses financieros y en su caso, a asumir la diferencia de cambio, si éste hubiera sido
solicitado en moneda extranjera (artículo 56°).
19. En tal sentido, siendo que es un beneficio social de fuente legal supone para la
demandada una obligación, respecto de la cual no ha acreditado su cumplimiento;
asimismo se advierte que el accionante ya no tiene vínculo laboral vigente por lo que
corresponde otorgar el pago del mismo por el periodo laboralmente reconocido y
reclamado conforme al siguiente detalle:
DEPOSITOS PERIODO TIEMPO HABER PROM. REMUN. MONTO
SEMESTRALES DEL AL EFECTIVO BASICO GRATIF. INDEM. CTS
oct-11 19/09/11 31/10/11 01M/12 2,500.00 - 2,500.00 291.67
abr-12 01/11/11 30/04/12 06M 2,700.00 208.33 2,908.33 1,454.17
Al cese 01/05/12 29/07/12 02M/29D 2,700.00 450.00 3,150.00 778.75
TOTAL CTS S/. 2,524.58
20. Con respecto al pago de utilidades, resulta pertinente señalar que el artículo 29 de la
Constitución Política del Estado establece que el Estado reconoce el derecho de los
trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de
participación. En cumplimiento de tal mandato constitucional y por permisión de la
Ley, se ha expedido el Decreto Legislativo Nº 677, el Decreto Legislativo N° 892 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-98-TR, que consolida la
legislación sobre el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las
empresas que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría y que están sujetos
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al régimen laboral de la actividad privada, estableciendo en su artículo 2 que “Los
trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en la
utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta
anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue: (…) Empresa de
Telecomunicaciones 10% (…) Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: a) 50% será
distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días
real y efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días
laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número
de días laborados por cada trabajador. b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones
de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las
remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se
multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio.
(sic)”. Asimismo, en su artículo 4 precisa que “La participación en las utilidades a que se
refiere el Artículo 2 del presente Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta Imponible del
ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de
acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta”.
21. Bajo este marco normativo constitucional y legal, y conforme se observa de la
documentación brindada por la demandada, corresponde otorgar este concepto
conforme a la siguiente liquidación:
BANCO DE LA NACION DEMANDANTE
PERIODO PART. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
UTILIDADES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES
2011 15,723,127.52 1,464,068 250,331,042.86 102 8,750.00
2012 25,375,634.53 1,467,313 266,857,581.47 209 21,400.00
A.- DISTRIBU CION DEL 50 % DE PARTICIPACION DE UTILI DADES EN FUNCION A LOS D IAS LABORADOS
PERIODO 50% TOTAL FACTOR DE DIAS LABORADOS PART.
UTILIDADES DIAS LABORADOS DISTRIBUCIÓN DEMANDANTE UTILIDADES
2011 7,861,563.76 1,464,170 5.3692971 102 547.67
2012 12,687,817.27 1,467,522 8.6457425 209 1,806.96
PARTICIPACION DE UTILIDADES EN FUNCION A DIAS LABORADOS S/. 2,354.63
B.- DISTRIBU CION DEL 50% DE P ARTICIPACION DE UTILID ADES EN FUNCION DE LAS R EMUNERACIONES
PERIODO 50% TOTAL FACTOR DE REMUNERACIONES PART.
UTILIDADES REMUNERACIONES DISTRIBUCIÓN DEMANDANTE UTILIDADES
2011 7,861,563.76 250,339,792.86 0.0314036 8,750.00 274.78
2012 12,687,817.27 266,878,981.47 0.0475415 21,400.00 1,017.39
PARTICIPACION DE UTILIDADES EN FUNCION A REMUNERACIONES S/. 1,292.17
C.- RESUME N TOTAL PARTICIPA CION DE UTILIDADES
PERIODO PART. POR PART. POR TOTAL PART. MONTO TOTAL
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DIAS
LABORADOS REMUNERACIONES DE UTILIDADES ABONADO UTILIDADES
2011 547.67 274.78 822.45 0.00 822.45
2012 1,806.96 1,017.39 2,824.35 0.00 2,824.35
TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES S/. 3,646.80
22. En cuanto al Bono por Desempeño Grupal (BDG), es preciso señalar que mediante
Sesión de Directorio N° 1593 de fecha 22 de diciembre de 2005, se acordó aplicar los
criterios de distribución del otorgamiento del Bono por Desempeño Grupal – BDG,
aprobados en el anexo 2 del Acuerdo de Sesión de Directorio N° 1564 del 30 de mayo
del 2005, estableciendo lo siguiente: “2. El Bono por Desempeño Grupal será abonado en dos
partes, en la primera quincena de mayo y octubre de cada ejercicio, conforme se indica a
continuación: a. La primera parte correspondiente al 50% del Monto será distribuido entre los
trabajadores activos a la fecha de pago, con contrato de trabajo vigente al 31 de marzo de cada
ejercicio. Este pago tendrá carácter cancelatorio. B. El 50% restante, correspondiente a la
segunda parte será distribuido entre los trabajadores activos a la fecha de pago, con contrato de
trabajo vigente al 30 de setiembre de cada ejercicio. Este pago tendrá igualmente carácter
cancelatorio”.
23. Siendo que en la Sesión de Directorio N° 1564 del 30 de mayo del 2005, se estableció que
el "Bono por Desempeño Grupal considerando la necesidad de introducir modificaciones en los
conceptos de pago relacionados a la evaluación por desempeño, así como otorgar mejores
elementos de equidad e incentivar a los colaboradores a alcanzar mejores niveles de desempeño y
fomentar el trabajo en equipo, buscando que los esfuerzos individuales se orientan a cumplir con
los objetivos del equipo o área y por consiguiente los de la institución".
24. Siendo así, debe entenderse que este Bono Extraordinario por Desempeño Grupal
depende de la suma de evaluaciones del trabajador dadas a su vez por las categorías
que cada uno de los colaboradores ostenta, y en virtud también de las metas y objetivos
que cada jefatura establece, siendo que el espíritu y la naturaleza del Bono
Extraordinario por Desempeño Grupal es la de evaluar el desempeño individual del
trabajador conjugado con la evaluación grupal del área o sección a la cual pertenece; es
decir, este Bono Extraordinario por Desempeño Grupal es un concepto cuyo pago se
encontraba condicionado al resultado de las evaluaciones individuales y grupales que
efectuaba en proporción a las metas y objetivos establecidos por cada una de sus áreas.
25. En el caso de autos, si bien la actora no pudo ser evaluada tanto individualmente como
en forma grupal, esto es debido a que se encontraba bajo los contratos de locación de
servicios, es decir no tenía aún reconocida la condición de trabajadora; sin embargo, esto
no puede ser óbice para que la demandada cumpla con reconocer y otorgar todos los
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beneficios remunerativos que otorgó a sus trabajadores dado que la condición
desnaturalizada del actor (locador), fue impuesta de manera unilateral por la
demandada, por lo que no se puede desconocer los beneficios económicos que pudo
haber percibido si desde el inicio de su relación hubiese suscrito los contratos de trabajo
y no los contratos de locación de servicios; por lo que habiéndose declarado el contrato
de locación desnaturalizado, por tanto corresponde también que se le reconozca los
beneficios económicos durante dicho periodo como es la Bonificación por Desempeño
Grupal.
26. Ahora, para determinar cuánto le correspondería a la actora por este concepto, se debe
tener en cuenta que en la Sesión de Directorio N° 1564 del 30 de mayo del 2005, se
estableció en el numeral 3.1 lo siguiente:
El BDG se pagara en función a los siguientes criterios de valoración:
CRITERIO DE VALORACIÓN PONDERACIÓN
Factor de Desempeño Grupal, basado en el último
resultado de la |
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de Trabajo Permanente de Lima
EXPEDIENTE N° : 26728-2015-0-1801-JR-LA-18
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
ESPECIALISTA : HUAMAN SANCHEZ, LUZ ELENA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : DELGADO MARRUFFO, JOSUE ELIAS
Resolución número cuatro:
Lima, quince de julio de
dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha al escrito de fecha 01 de julio de 2016,
recepcionado con fecha 13 de julio de 2016:
Al principal y otrosí: Con las tasas judiciales que se adjunta, téngase por cumplido el
mandato ordenado en la resolución que antecede; y proveyendo con arreglo a ley el
escrito de fecha 06 de junio de 2016:
Al principal y segundo otrosí: Con la instrumental que se adjunta; y, Atendiendo:
Primero.- El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
Segundo.- El artículo 32° de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497 establece que el plazo
de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
Tercero.- Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida
fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la
resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión
impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de
apelación, requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la
Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497; y conforme a lo reseñado y
de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los requisitos exigidos en la Décimo Octavo Juzgado Especializado
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legislación vigente y ha sido presentado dentro del plazo establecido por Ley (ver cargo
de entrega de cedula de notificación).
Por estas razones; SE RESUELVE:
CONCÉDASE CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la parte
demandante contra la resolución número dos de fecha veinte de mayo de dos mil
dieciséis (Sentencia N° 112-2016), que resuelve declarar fundada en parte la demanda,
debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención.-
Al primer otrosí: Téngase presente.- Avocándose al conocimiento de la presente causa
la Señora Juez Titular que suscribe por retorno de licencia.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE N° : 26728-2015-0-1801-JR-LA-18
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
ESPECIALISTA : HUAMAN SANCHEZ, LUZ ELENA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : DELGADO MARRUFFO, JOSUE ELIAS
Resolución número tres:
Lima, veintiocho de junio de
dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha a los escritos de fecha 06
de junio de 2016, recepcionado con fecha 17 de junio de 2016:
Al escrito del demandante: Atendiendo.- Primero: Que, de autos se observa
que la parte demandante ha formulado apelación contra la sentencia de fecha
veinte de mayo de dos mil dieciséis.
Segundo.- El artículo Art. 367° del Código Procesal Civil establece: “La
apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la
resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa respectiva cuando
esta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la
tasa, se interpongan fuera del plazo, no tengan fundamento o no precisen el
agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el
caso(…)”.
Tercero: Que, conforme se observa del recurso impugnatorio presentado, el
demandante si bien es cierto ha fundamentado su recurso de apelación, sin
embargo se advierte que el petitorio de la demanda comprende la suma de S/.
134,102.76 nuevos soles, habiendo omitido adjuntar el pago del Arancel
Judicial por concepto de apelación de sentencia de acuerdo a lo dispuesto en
la Resolución Administrativa N° 001-2016-CE-PJ; por lo que siendo ello así, se
declara: INADMISIBLE su recurso de apelación, concediéndole un plazo de
cinco días de notificada a fin de que cumpla con adjuntar tasa judicial por
apelación de sentencia, bajo apercibimiento de rechazarse su recurso de
apelación.-
Al escrito de la demandada: Al principal y otrosí: ATENDIENDO: Primero.-
El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
Segundo.- El artículo 32° de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497 establece
que el plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza
a correr desde el día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes
para su notificación. Décimo Octavo Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de Lima
Tercero.- Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida
fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la
resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su
pretensión impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial
por recurso de apelación, requisitos que se encuentran establecidos en los
artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a los
procesos laborales conforme a la Primera Disposición Complementaria de la
Ley N° 29497; y conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte
que el mismo reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente y ha sido
presentado dentro del plazo establecido por Ley (ver cargo de entrega de
cedula de notificación).
Cuarto.- Por estas razones; se resuelve: CONCÉDASE CON EFECTO
SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la parte demandada contra la
resolución número dos de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis (Sentencia
N° 112-2016), que resuelve declarar fundada en parte la demanda, debiendo
elevarse los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención.- Avocándose
al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que suscribe e interviene la
Especialista Legal que autoriza por disposición Superior.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | DECIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
EXPEDIENTE : 26728-2015-0-1801-JR-LA-18
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTROS
DEMANDANTE : JOSUE ELIAS DELGADO MARRUFO
DEMANDADA : BANCO DE LA NACION
JUEZ : YULIANA CONTRERAS PORTUGAL
ESPECIALISTA : NOELIA ROXANA GUTIERREZ VILLEGAS
SENTENCIA Nº 112 – 2016 - 18º JETL
RESOLUCIÓN N° 02
Lima, veinte de mayo del dos mil dieciséis
I.- EXPOSICION DEL CASO:
De acuerdo con la demanda de fojas 130 a 147, así como de los hechos
expuestos en audiencia de conciliación y juzgamiento la demandante señala
haber laborado para la demandada desempeñándose como Analista y
Desarrollador de Sistemas, y solicita el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral desde el 14 de febrero del 2011 hasta el 01 de abril del 2016,
beneficios sociales, y beneficios sociales derivados de convenios colectivos,
más el pago de intereses legales laborales y bancarios, costas y costos del
proceso. Asimismo, señala la demandante haber trabajado para la demandada
a partir del 14 de febrero del 2011 hasta el 01 de abril del 2016, agrega que
prestó servicios en condiciones de subordinación en un horario de trabajo de
8:30 a.m a 5:30 p.m, en el horario que se le asignó, ingresó como practicante
profesional y habría desarrollado sus prácticas profesionales siendo titulado
de ingeniería de sistemas y computación, y luego laboró como locador de
servicios, asimismo se le otorgan herramientas y demás implementos para
desarrollar su trabajo. Invoca la aplicación del principio de la primacía de
realidad durante el periodo laborado, al haberse simulado una relación civil
para ocultar la existencia del vínculo laboral y por efecto de ello el pago de los
beneficios sociales que no le fueron abonados por la demandada tales como
vacaciones, gratificaciones, depósitos de CTS, utilidades y los beneficios
derivados de convenios colectivos gratificaciones extraordinarias anuales
establecidas por el Convenio Colectivo 1998, beneficios derivados del laudo
arbitral del 2011, beneficios derivados de los convenios colectivos 2012 y
2013. Ampara su demanda en Constitución Política de Perú, la Ley 29497,
Decreto Supremo 003-97-TR y en la Ley N° 25593.
Audiencia de Conciliación y fijación de pretensiones materia de juicio:
Promovida la conciliación entre las partes y en vista que no fue posible arribar
a ningún acuerdo por mantener sus puntos de vista, es que se procedió a
precisar como pretensiones materia de juicio las siguientes: El reconocimiento
de una relación de naturaleza laboral entre el recurrente y la demandada desde el periodo 14 de febrero del 2011 hasta la actualidad, pago de los
beneficios sociales que por ley y convenciones colectivas corresponde al actor
del 2011, intereses legales, costos y costas del proceso.
Contestación de la demanda: La demandada, contesta la demanda en los
términos de su escrito ingresado con fecha 28 de marzo del 2016 (fojas 188-
215), negando y contradiciendo la demandada en todos sus extremos, señala
que el demandante no ha señalado cual sería la causal por la cual su convenio
de prácticas se habría desnaturalizado, asimismo el demandante declaró en la
declaración jurada ser egresado de ingeniería de sistemas y no manifestó en
ningún momento ser titulado, que los contratos de locación de servicios se
encuentran formalizados entre una empresa pública y una persona natural,
por lo que lo acordado se regula esencialmente por el Código Civil, sostiene
que el actor nunca ha tenido la condición de trabajador, fue requerido para
atender de forma autónoma y no subordinada el servicio de implementación
del sistema cliente entre otros servicios, no acreditando en modo alguno la
existencia de una relación laboral, que intenta sustentar sus pretensiones
basándose en el principio de la primacía de la realidad, sin demostrar
fehacientemente que los servicios prestados estaban sujetos a subordinación,
y al cumplimiento de un horario de trabajo. Refiere, además que no le
corresponde que el accionante perciba los beneficios legales y convencionales
solicitados, en la medida que este no cuenta con vínculo laboral vigente al
momento de su otorgamiento, asimismo no se encuentra sindicalizado..
Fundamenta jurídicamente su contestación en las Leyes 29497, 26850,
Decreto Supremo 083 y 084-2004-PCM y en el Código Civil.
Audiencia de Juzgamiento: Se llevó a cabo la confrontación oral de las
posiciones de las partes, luego de lo cual se pasó a la etapa de actuación
probatoria, enunciándose los hechos que no necesitan de actuación
probatoria, procediéndose a la admisión y posterior actuación de los medios
probatorios, se requirió los alegatos finales a las partes, por lo que la causa se
encuentra expedita para sentenciar.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.-
PRIMERO: Tutela Jurisdiccional.- Todo justiciable tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos, con sujeción
a un debido proceso1; éste derecho no comporta seguir todo el proceso hasta
obtener una sentencia final, sino que persigue que esta última refleje una
resolución motivada, congruente y justa, que dé respuesta al justiciable sobre
sus pretensiones presentadas al órgano jurisdiccional…”2; además el Juez
debe atender que la finalidad concreta del proceso, es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivo los derechos sustanciales.
SEGUNDO: Fundamentos del proceso laboral.- En el proceso laboral
corresponde al juez evitar que la desigualdad entre las partes afecte su
desarrollo o resultado, por lo que, en ejercicio de su rol protagónico, procura
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma,
1 Nuestro Código Procesal Civil consagra este derecho en el Título Preliminar (artículo. I) en concordancia con el inciso
3 de la Constitución Política.
2 CASACION Nº 4406 – 2006 / LIMA interpretando los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a
la continuidad del proceso, observando el debido proceso, la tutela
jurisdiccional y el principio de razonabilidad, conforme ha sido previsto en el
artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del
Trabajo.
TERCERO: De la carga de la prueba: Conforme lo dispone el artículo 21° de
la Nueva Ley Procesal de Trabajo los medios probatorios deben ser ofrecidos
por las partes únicamente en la demanda y contestación; así mismo el artículo
23.1° NLPT la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos,
sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga
probatoria, sin perjuicio de que por Ley se dispongan otras adicionales. El
artículo 23.2 precisa que acreditada la prestación personal de servicios se
presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba
en contrario.
CUARTO: Pretensiones que son materia de juicio.- El problema se
circunscribe en determinar:
a) Si existe una relación de naturaleza laboral entre el recurrente y la
demandada, desde el período 14 de febrero del 2011 hasta el 01 de
abril del 2016.
b) Si corresponde pagar los beneficios sociales que por ley y
convenciones colectivas corresponde al actor del 14 de febrero del
2011 hasta el 01 de abril del 2016.
QUINTO: Del contrato de trabajo: el contrato de trabajo es un acuerdo de
voluntades destinado a producir efectos jurídicos entre dos partes: trabajador
y empleador, caracterizado por el suministro de la fuerza de trabajo de una
parte, mientras que el pago de una remuneración y las facultades de dirigir,
fiscalizar y sancionar corresponden a la otra. La existencia de una relación de
carácter laboral presupone asimismo, la existencia de una prestación personal
de servicios subordinados, conforme se desprende del artículo 4° del Decreto
Supremo 003-97-TR, Ley de Competitividad y Productividad Laboral.
SEXTO: Del contrato de locación de servicios: el contrato de locación de
servicios, en cambio, es la prestación de servicios que se realiza en forma
independiente, sin presencia de subordinación, mediante el cual el locador se
encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones pactadas exclusivamente
en el contrato y sin que ello implique una situación de dependencia frente a
quien lo contrata, es decir, no puede estar sujeto a horario, a seguir normas o
directrices emanadas de su comitente, mucho menos ser pasible de sanciones
disciplinarias por parte del comitente.
SETIMO: Del principio de primacía de la realidad: El principio de la
primacía de la realidad enuncia que, en caso de discordancia entre lo que
ocurre en la práctica y lo que consta en los documentos o acuerdos, debe
otorgarse preferencia a lo primero, es decir, que aún cuando exista un
contrato de naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una relación
contractual entre las partes es la forma como en la práctica se ejecuta
dicho contrato, esto es, la preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en
el contrato. OCTAVO: De la desnaturalización del convenio de prácticas profesionales:
En los presentes actuados, la parte demandante señaló en el audio y video que
ingresó a laborar en calidad de practicante desde 14 de febrero del 2011
suscribiendo un convenio de prácticas profesionales que se extendió hasta el
13 de febrero del 2012, señalando que ya contaba con el título de Ingeniero de
Sistemas y computación, sin embargo es preciso tener presente conforme al
artículo 1 del Decreto Supremo N° 011-2001 se señala en qué casos se
desnaturaliza dichos contratos, no encontrándose el supuesto señalado por el
actor, sin perjuicio el juzgador valorara los medios probatorios.
Que, evaluados los medios probatorios ofrecidos en forma conjunta, se verifica
que la demandada ha cumplido con el requisito para la validez de los
convenios que éstos hayan sido presentados a la Autoridad Administrativa de
Trabajo. De otro lado, el actor señala que a la fecha de celebración de los
convenios ya había concluido sus estudios superiores, y ya tenía el título de
Ingeniero de Sistemas, sin embargo, el actor solicito las practicas pre
profesionales como egresado de la universidad, tal circunstancia no excluye la
posibilidad de su configuración ya que el artículo 8° de la norma antes
invocada, prevé la posibilidad de prácticas preprofesionales en el caso de
egresados, pero por un plazo no mayor al exigido por el centro de estudios
como requisito para obtener el grado o título respectivo, y advirtiéndose de la
carta obrante a fojas 186 de autos , emitido por la Directora de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación quien solicita
autorización para la realización de Prácticas Pre profesionales por el periodo
de 12 meses; siendo que el actor no acredita que dichos convenios hubieren
infringido tal dispositivo, asimismo la declaración jurada firmada por el
accionante con fecha 10 de febrero del 2011 conforme es de verse a fojas 187,
documento que no obstante, no haber sido materia de tacha, del citado
documento se desprende aparentemente de los requisitos de validez, que
establece el artículo 140° del Código Civil, cuanto más si del análisis de los
medios probatorios en su conjunto y de lo dicho en la audiencia, en la cual el
mismo actor refiere que utilizo este medio para poder ingresar a la entidad
demandada, no se aprecia que el accionante haya acreditado su condición de
titulado en ingeniería de sistemas y computación en la renovación del
convenio de prácticas profesionales, tal como se desprende de la declaración
jurada en consecuencia, al no haberse acreditado la simulación de los
convenios de prácticas pre profesionales, debe desestimarse este extremo de la
demanda.
NOVENO: De la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios y el reconocimiento de la existencia de una relación laboral:
Estando a las alegaciones de ambas partes, debe analizarse la calidad de los
servicios prestados de la demandante, esto es, si la relación contractual que
existe entre ambas es una de naturaleza laboral o civil, al respecto el Decreto
Supremo N° 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 “Ley
de Productividad y Competitividad Laboral”, establece en su artículo 4° cuales
son los elementos esenciales de una relación laboral: 1) prestación laboral; 2)
servicios remunerados y 3) subordinación, a diferencia de los contratos de
naturaleza civil en los que no se presentan estos elementos.
9.1.- De los medios probatorios aportados por el demandante, se advierte la
concurrencia de los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo; así la
prestación personal como elemento esencial de la relación laboral, mediante
la cual el trabajador debe ejecutar la prestación en forma personal, sin dependientes a su cargo o de terceros y ello ha quedado acreditado en el
contrato de servicios donde se establece en su tal como se advierte de las
“Condiciones Particulares contrato de locación de servicios”, en el punto 5) del
contrato de fojas 5,6,7,8,9,10,12, 13, 14, 16, 18,19, y en la cláusula segunda
de los contratos de fojas 20 y 21 mediante las cuales se estableció como una
de las obligaciones del actor utilización de los estándares de diseño y
desarrollo establecidos por el banco, realización de las pruebas integrales y
validación de funcionalidad con los usuarios, implementación de nuevos
servicios para los usuarios bajo entorno web, servicio profesional certificación
de pagos entidades SUNAT, lo cual implicaba que la prestación tenía que ser
ejercida únicamente por el demandante, sin que exista la posibilidad de
efectuar delegaciones o realizarlo mediante terceros; Remuneración: según la
propia aseveración de las partes y los contratos de prestación de servicios
obrantes en autos, con los mismos recibos por honorarios (fojas 120 al 126) se
acredita que las labores se realizaron a título oneroso; la Subordinación
considerado como el elemento determinante para establecer la existencia de
un vínculo laboral, se verifica la presencia de facultades directrices y
normativas,: i) correos electrónicos (fojas 28 al 72) donde remitía informes de
producción, absolver consultas, y se le indica las reuniones para definir el
alcances, mantenimiento y los requerimientos de la demandada, incluso se le
dio materiales para realizar sus programas y el cumplimiento de sus
funciones, como es la orden de compensar el tiempo no laborado a razón de
una hora diaria,(obrante a fojas 41) lo que denota su subordinación y
dependencia; por lo tanto, se comprueba la facultad directriz ejercida sobre el
demandante lo que trae como consecuencia la desnaturalización del supuesto
contrato de locación de servicios, en aplicación del principio de primacía de la
realidad etc;
9.2.- Siendo así, del análisis de las pruebas aportadas se aprecia que el
contrato de servicios no personales, carece de validez y no surte sus efectos al
haberse demostrado que el accionante presta servicios para la demandada en
forma continua e ininterrumpida, ejerciendo funciones permanentes sujeto a
subordinación y dependencia, esto es, que realmente fue un Contrato de
Trabajo revestido de términos de naturaleza civil a efectos de darle esta
apariencia con el ánimo de eximirse del pago de los Beneficios Sociales del
trabajador, es decir, se disimuló un Contrato de Trabajo real sustituyéndolo
por un contrato distinto, por lo que resulta de aplicación para este efecto el
Principio de la Primacía de la Realidad, que señala que en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o
de acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, esto es, lo que sucede en el
terreno de los hechos, por cuanto no es el acuerdo de voluntades lo que hace
que el trabajador se encuentre amparado por el derecho del trabajo, ya que
una relación laboral se identifica no por lo que las partes hayan pactado sino
de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, esto es, en la
realidad la prestación efectiva de la tarea y que es esta la que determina su
existencia, debiendo primar siempre la verdad de los hechos por encima de los
acuerdos formales ya que si las estipulaciones consignadas no corresponden a
la realidad carecerán de todo valor, como es el caso de autos, siendo ello así
por los argumentos expuestos se concluye que la relación entre las partes
tiene connotación laboral de carácter indeterminado.
DÉCIMO: De la relación laboral: 10.1.-Habiéndose acreditado la
desnaturalización del contrato de locación de servicios y a efecto de establecer
los datos remunerativos y tiempo de servicios se toma la información de los recibos de honorarios, la cual coincide con los datos consignados en la
demanda, así se determina que el actor ingresó a laborar el 07 de marzo del
2012 con contrato vigente a la actualidad, en el cargo de analista.
10.2 Con respecto a la última remuneración percibida esta se encuentra
reflejada en los recibos de honorarios, cuyo ingreso registra el importe de
mensuales.
DÉCIMO PRIMERO: De las vacaciones:
11.1: Las vacaciones constituye el derecho que tiene el trabajador, luego de
cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios
durante un cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración
habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y entregarse a ocupaciones personales
o a la distracción. Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que
cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro horas, siempre que haya
cumplido dentro del año de servicios, el récord vacacional respectivo. El
artículo 10 del Decreto Legislativo 713 prescribe que el trabajador tiene
derecho a treinta días de descanso vacacional por cada año completo de
servicios; el artículo 22 de la norma citada establece que en caso del récord
trunco, será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la
remuneración como meses y días computables hubiere laborado,
respectivamente.
11.2 El artículo 23 de la referida norma precisa que los trabajadores, en caso
de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el
que adquieren el derecho, percibirán una remuneración por el trabajo
realizado, una por el descanso vacacional adquirido y no gozado más una
indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del
descanso. El monto de dichas remuneraciones será el que se encuentre
percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.
11.3 En el presente caso, la demandada no acredita el pago de las
remuneraciones por el descanso vacacional adquirido, ni tampoco el
otorgamiento del descanso físico dentro del año siguiente, por lo que resulta
procedente disponer el pago de las vacaciones reclamadas durante el periodo
laborado.
11.4 Se liquidan las remuneraciones vacacionales considerando como
remuneración computable la última remuneración mensual percibida así:
Vacaciones Dobles, Vacaciones Simples y
Truncas
Tiempo Ultimo Remunerac Indemn Vac Total
Periodo Ingreso Vacacional Vacacional Truncas
2012-2013 01A 3.500,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00
2013-2014 01A 3.500,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00
DÉCIMO 2014-2015 01A 3.500,00 3.500,00 3.500,00
2015-2016 08M,23D 3.500,00 2.556,94 2.556,94
20.056,94 SEGUNDO: De las Gratificaciones por Fiestas Patrias y de Navidad.
12.1 De conformidad con lo dispuesto por la Ley 27735, corresponde al
trabajador una remuneración mensual en los meses de julio y diciembre por
concepto de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, respectivamente,
para tener derecho a la gratificación es requisito indispensable que el
trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda
percibir el beneficio y en caso su vínculo culminará antes de la oportunidad de
percibir dicho beneficio, tendrá derecho a recibirlo en forma trunca,
proporcionalmente a los meses laborados.
12.2 Que, dado que la entidad demandada no acredita el pago de este
beneficio en los periodos laborados bajo contratos de locación de servicios, es
que corresponde atender el extremo demandado en función de las
remuneraciones históricas percibidas por el actor, así:
Gratificaciones Semestrales
Mes-Año Tiempo Rem Gratif Bonif Total
Servicios Mensual Extraord
julio-2012 3 meses 2.000,00 1.000,00 90,00 1.090,00
diciembre-2012 6 meses 2.000,00 2.000,00 180,00 2.180,00
julio-2013 6 meses 2.500,00 2.500,00 225,00 2.725,00
diciembre-2013 6 meses 2.500,00 2.500,00 225,00 2.725,00
julio-2014 6 meses 2.500,00 2.500,00 225,00 2.725,00
diciembre-2014 6 meses 2.500,00 2.500,00 225,00 2.725,00
julio-2015 6 meses 3.500,00 3.500,00 315,00 3.815,00
diciembre-2015 5 meses 3.500,00 2.916,67 262,50 3.179,17
21.164,17
DÉCIMO TERCERO: De la Compensación por tiempo de servicios.
13.1 De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 001-97-TR, la
compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de
previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción
del trabajador y su familia. Tienen derecho a este beneficio aquellos
trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que
cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro
horas. Constituye remuneración computable para el cálculo de la
compensación por tiempo de servicios, la remuneración básica y todas las
cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie
como contraprestación por la labor realizada, cualquiera que sea la
denominación que se les dé y siempre que sean de su libre disposición.
13.2 En cuanto CTS, siendo que la demandada es una entidad del estado,
esta se constituye en depositaria de la misma. 13.3 La demandada no ha acreditado el pago de la compensación por tiempo
de servicios por el periodo laborado, por lo que debe atenderse este extremo,
considerando para el efecto, la remuneración pactada y las gratificaciones
proyectadas precedentemente, así:
Compensación por Tiempo de Servicios
Periodo Rem Tiempo Rem Prom Rem Total
Liquidado al mes Mensual Gratif Computable C.T.S.
08-03-12 AL 30-04-12 abr-12 1M,23D 2.000,00 - 2.000,00 294,44
01-05-11 AL 31-10-12 oct-12 6 M. 2.000,00 166,67 2.166,67 1.083,33
01-11-12 AL 30-04-13 abr-13 6 M. 2.500,00 333,33 2.833,33 1.416,67
01-05-13 AL 31-10-13 oct-13 6 M. 2.500,00 416,67 2.916,67 1.458,33
01-11-13 AL 30-04-14 abr-14 6 M. 2.500,00 416,67 2.916,67 1.458,33
01-05-14 AL 31-10-14 oct-14 6 M. 2.500,00 416,67 2.916,67 1.458,33
01-11-14 AL 30-04-15 abr-15 6 M. 3.500,00 416,67 3.916,67 1.958,33
01-05-15 AL 31-10-15 oct-15 6 M. 3.500,00 583,33 4.083,33 2.041,67
01-111-15 AL 30-11-15 nov-05 1 M. 3.500,00 3.500,00 291,67
11.461,11
DECIMO CUARTO: De las Utilidades: 14.1 Este beneficio reconocido
constitucionalmente, consiste en la asignación a los trabajadores de una parte
de la renta que produce la empresa, en reconocimiento al esfuerzo compartido
con ésta, en el éxito del negocio al obtener beneficios económicos denominados
“utilidades”.
14.2 Los Decretos Legislativos 677 y 892 establecen qué empleadores se
encuentran obligados a repartir utilidades, siendo aquellas empresas
generadoras de rentas de tercera categoría, que cuenten con más de veinte
trabajadores y hayan obtenido renta anual neta antes de impuestos; de otra
parte, señala que los trabajadores con derecho a su percepción, son aquellos
que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, no interesando la
modalidad de contratación y que hayan laborado en el ejercicio a ser
distribuido.
14.3 La participación de utilidades de los trabajadores sujetos a la actividad
privada, se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo N° 677 y por el
Decreto Legislativo N° 892, así, uno de los preceptos de dichas normas,
establece la forma como se deben distribuir las utilidades señalándose para tal
efecto dos criterios: i) en función a los días laborados (50%), los cuales
comprenden los días “real y efectivamente trabajados” y ii) en proporción a la
remuneración de cada trabajador (50%). El artículo 4° del Decreto Legislativo
N° 892 establece “la participación en las utilidades a que se refiere el artículo
2°, se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que
resulta después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores, de
acuerdo a las normas del impuesto a la renta” (sic). Participación de Utilidades de los trabajadores
CONCEPTO 2012 2013 2014
A Renta antes de Impuesto 507.512.700,00 507.512.700,00 507.512.700,00
B 5% Participación de Trabajadores 25.375.635,00 25.375.635,00 25.375.635,00
B.1 50% de B 12.687.817,50 12.687.817,50 12.687.817,50
C Numero dias Laborados todos trabajadores 1.467.313 1.431.827 1.431.827
C.1 FactorAplicac:B.1/C 8,64697 8,86128 8,86128
D Remuneraciones Percibidas todos trabaj. 266.857.581,47 237.163.076,65 237.163.076,65
D.1 Factor Aplicac: B.1/D 0,047545277 0,053498283 0,053498283
Liquidación de Utilidades del demandante
CONCEPTO 2012 2013 2014
A Dias Laborados por el trabajador 293 360 360
A.1 Factor Aplicable 8,64697 8,86128 8,86128
A.2 Participación por dias trabajados 2.533,56 3.190,06 3.190,06
B Remuneraciones Percibidas por trabaj 22.533,33 34.000,00 35.000,00
B.1 Factor Aplicable 0,047545277 0,053498283 0,053498283
B.2 Participación por remunerac percib 1.071,35 1.818,94 1.872,44
C Total Participac. Utilidad Trabaj (A.2+B.2) 3.604,92 5.009,00 5.062,50
13.676,42
DÉCIMO QUINTO: De los beneficios provenientes de convenios colectivos.
15.1 El actor peticiona se le hagan extensivos los beneficios obtenidos por los
trabajadores de la demandada mediante convenios colectivos y laudo arbitral
de los ejercicios 1998, 2011, 2012 y 2013.
15.2. Según el artículo 41º del Texto Único Ordenado del Decreto Ley 25593
“Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las
remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás,
concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de
una parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en
ausencia de éstas, por representantes de los trabajadores interesados,
expresamente elegidos y autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo
de empleadores, o varias organizaciones de empleadores.” El convenio
colectivo tiene un efecto normativo, entendido como regla obligatoria para las
personas naturales o jurídicas, grupos ú organizaciones firmantes, mismo que
se encuentra recogido por la Constitución Política del Perú, artículo 28º
numeral 2°, al establecer que: “… La convención colectiva tiene fuerza
vinculante en el ámbito de lo concertado”, concordante con el artículo 42º del
T.U.O. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2003-TR3.
3 Decreto Supremo 010-2003-TR Artículo 42.- “La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante
para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes
les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan
cargos de confianza.” 15.3 De acuerdo con las instrumentales de fojas 77-80, 82-92, 93-95,96-98 se
aprecia que vía negociación colectiva, se reconocieron determinados beneficios
económicos en favor de los trabajadores de la emplazada, así:
CONVENIO COLECTIVO 1998:
(cid:1) Se pactaron en el numeral 14 el pago de cinco gratificaciones anuales,
equivalente cada una de ellas a una remuneración mensual.
LAUDO ARBITRAL DEL 2011
(cid:1) Aplicable para todos los trabajadores del Banco de la Nación afiliados al
Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (SUTBAN) y
el Sindicato Nacional Amplio de Trabajadores del Banco de la Nación
(SINATRABAN) que tengan relación vigente.
(cid:1) A partir del 1° de enero del 2011 un aumento de remuneraciones de S/.
110.00 mensuales.
(cid:1) A partir del 1° de diciembre del 2011 un incremento en la Asignación
por Refrigerio de S/. 2.00 por día efectivo de trabajo.
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/.
4000.00.
CONVENIO COLECTIVO 2012
(cid:1) Aplicable para todos los trabajadores del Banco de la Nación afiliados al
SINATBAN que tengan relación vigente a la fecha de suscripción del
convenio.
(cid:1) A partir del 01 de enero del 2012 un aumento de remuneraciones de
S/.220.00
(cid:1) Bonificación extraordinaria por cierre de pliego por el valor de S/.
4,500..00
(cid:1) A partir del 01 de diciembre del 2010 por incremento por asignación de
refrigerio S/.7.00
(cid:1) Por asignación por movilidad S/.7.00
(cid:1) Por uniforme no asigna monto.
CONVENIO COLECTIVO 2013
(cid:1) Aplicable para todos los trabajadores del Banco de la Nación afiliados
al Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación
(SINATBAN) que tengan relación vigente a la fecha de suscripción del
convenio.
(cid:1) por asignación de refrigerio S/.11.00
(cid:1) Por uniforme S/. 800.00
15.5 De la negociación colectiva: En su artículo 41 Convención colectiva de
trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones
de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre
trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias
organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por
representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y
autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o
varias organizaciones de empleadores. Sólo estarán obligadas a negociar
colectivamente las empresas que hubieren cumplido por lo menos un (01) año
de funcionamiento.
15.6 Asimismo es preciso señalar que el artículo 9° de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, regula los supuestos de representación que se le reconoce al Sindicato en materia de negociación colectiva en su primer párrafo
señala "Que, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores
comprendidos dentro de su ámbito asume la representación total de los mismos,
aunque no se encuentren afiliados". Del mismo modo el artículo 46° de la
misma norma señala: «Para que el producto de una negociación colectiva por
rama de actividad o gremio tenga efectos generales para todos los trabajadores
del ámbito, se requiere que la organización sindical u organizaciones sindicales
representen a la mayoría de las empresas y trabajadores de la actividad o
gremio respectivo, en el ámbito local, regional o nacional, y que sean
convocadas, directa o indirectamente, todas las empresas respectivas. En caso
no se cumplan los requisitos de mayoría señalados en el párrafo anterior, el
producto de la negociación colectiva, sea convenio o laudo arbitral, o
excepcional por resolución administrativa, tiene una eficacia limitada a
los trabajadores afiliados a la organización u organizaciones sindicales
correspondientes. De existir un nivel de negociación en determinada rama de
actividad ésta mantendrá su vigencia» (lo resaltado en negrita es del juzgado).
15.7 A mayor abundamiento se debe tener en cuenta en casos similares la OIT
se pronunció señalando que cuando un convenio colectivo se extiende a los
trabajadores no sindicalizados, ello vulneraría el derecho a la libertad sindical,
siempre que dicho convenio haya sido celebrado por la organización sindical
más representativa. Caso contrario, cuando el convenio colectivo ha sido
celebrado por una organización sindical de representación limitada (como el
caso de autos), pues la misma no goza de representatividad de los
trabajadores, por ello, una decisión como tal, desincentivaría la afiliación en
tanto los trabajadores preferirán no afiliarse a la misma, pues de igual modo
gozaran de los beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre
dicho sindicato.
15.8 De lo expuesto, siendo que el propio demandante señala que a la fecha
existen cuatro agrupaciones sindicales, esta judicatura asume que dichos
sindicatos son minoritarios, por lo que los beneficios señalados en los mismos
solo correspondería a los afiliados del sindicato que suscribió los mencionados
laudos arbitrales, más aún si el demandante en el presente proceso no ha
demostrado documentalmente que el Sindicato Nacional de Trabajadores del
Banco de la Nación - SINATBAN (sindicato que suscribe los laudos arbitrales),
es el sindicato que tiene la mayoría representativa a fin de que puedan
otorgarse dichos beneficios a todos los trabajadores del Banco de la Nación;
aunado a eso también se tiene presente que el demandante por el periodo que
viene laborando para el banco demandado no se encontraba sindicalizado en
ningún sindicato; por estos motivos corresponde desestimar este extremo de la
pretensión solicitada por el demandante.
DÉCIMO SEXTO: De los Intereses.- Conforme a lo dispuesto por el artículo
tercero de la Le |
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EXPEDIENTE : 26895-2015-0-1801-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : DEUDOR LIBERATO CHRISTIAN OMAR
DEMANDADO : EMPRESA TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL,
EMPRESA CAPLINA TRANSPORTES TURISTICOS
INTERNACIONAL SRLTDA CETUR,
DEMANDANTE : LUDEÑA CORZO, JULIO ALEJANDRO
RESOLUCIÓN NRO. TRECE
Lima; diecisiete de abril
del año dos mil diecinueve. -
Dando cuenta al escrito de fecha 12 de noviembre de 2018
presentado por la parte demandante, y ATENDIENDO; Primero: Que, mediante el
presente escrito la parte demandante solicita hacer efectivo el apercibimiento decretado
en autos, iniciando la ejecución forzada, disponiendo trabar embargo en atención a lo
señalado en el artículo 657° y 658º del Código Procesal Civil de aplicación supletoria
para el caso de autos; Segundo: Que, las medidas de embargo son aquellas dirigidas a
asegurar el cumplimiento de la obligación a que se le ha condenado al vencido mediante
un fallo jurisdiccional; Tercero: Que, en el presente caso ha sido amparada la pretensión
de la actora mediante sentencia N°078-2017 contenida en la resolución N°07 de fecha 17
de enero de 2017 que corre a fojas 402/419 de autos, por el cual se resuelve declarar
fundada en parte la demanda, fallo que ha sido confirmado por la Octava Sala Laboral de
Lima mediante sentencia de vista de fecha 18 de abril de 2018, ordenando a la
codemandada CETUR SRL cumpla con pagar la suma de S/ 1,974.56 soles y la
codemandada Empresa de Transportes Flores Hermanos SRL cumpla con pagar la suma
de S/ 990.03 soles; por concepto de pago de beneficios sociales; Cuarto: Que, se
advierte del estudio de autos que pese a que se ha realizado el requerimiento de pago por
parte de esta judicatura mediante resolución ONCE, las demandadas no han dado
cumplimiento a lo ordenado, pese a estar debidamente notificadas conforme se acredita
de la constancia de notificación que obra a fojas 472/vuelta, por lo que, el recurrente en
vista del referido incumplimiento, solicita hacer efectivo los apercibimientos decretados
en autos, iniciándose la etapa de ejecución forzada, disponiéndose trabar embargo en
forma de retención conforme a lo establecido en el artículo 657° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos; Quinto: Que, siendo atendible el pedido
del actor y haciendo efectivo el apercibimiento decretado mediante resolución N° 11 de
fecha 03 de julio de 2018, por cuenta, costo y responsabilidad del solicitante, este
despacho dispone TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCION sobre las
cuentas que pudiese tener las empresas demandadas: i). CETUR SRL con RUC
N°20219774207 por la suma de S/ 1,974.56 SOLES y ii). EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL con RUC N°20119407738 por la
suma de S/ 990.03 SOLES; en el BANCO DE CREDITO DEL PERU, BBVA
BANCO CONTINENTAL, SCOTIABANK e INTERBANK; debiendo consignarlos a
este juzgado mediante depósito judicial del Banco de la Nación, trámite que deberá
realizarse de acuerdo al embargo electrónico que se instauró para los Juzgados Laborales
pertenecientes a la Nueva Ley Procesal de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de
Lima. Notifíquese.- |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP. N° 26895-2015-0-1801-JR-LA-03
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
Lima, 18 de abril de 2018
VISTO en Audiencia de Vista, e interviniendo como Juez Superior ponente el
Señor Urbano Menacho.
ASUNTO:
Resolución materia de apelación.- Es materia de impugnación:
La Sentencia N°078-2017-19°JETPL-NLPT, de fecha 17 de enero de 2017,
corriente de fojas 402 a 419, que declara:
1. INFUNDADA la oposición interpuesta por el demandante.
2. FUNDADA en parte la demanda interpuesta por JULIO ALEJANDRO
LUDEÑA CORZO contra el CETUR SRL. Y EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL., en consecuencia:
2.1. ORDENA que la demandada CETUR S.R.L. cumpla con pagar al
demandante la suma de S/. 443.11 soles por concepto de reintegro de
compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y
utilidades, más los respectivos intereses promedio del sistema
financiero respecto a la CTS e intereses legales respecto a los demás
beneficios amparados, como lo prevé el Decreto Ley N° 25920.
2.2. ORDENA que la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES
HERMANOS SRL. cumpla con pagar al demandante la suma de S/.
990.03 soles por concepto de reintegro de compensación por tiempo
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades, más los
respectivos intereses promedio del sistema financiero respecto a la CTS
e intereses legales respecto a los demás beneficios amparados, como lo
prevé el Decreto Ley N° 25920.
2.3. ORDENA que la empresa CETUR S.R.L. cumpla con la entrega del
certificado de trabajo.
2.4. De igual modo, condeno a la demandada al pago de los costos y costas
procesales, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia,.
3. INFUNDADA en el extremo de vinculación laboral con las codemandadas y
del pago solidario de estas de reintegros por concepto de reintegro de
compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades
en el periodo del 01 de setiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007.
Expresión de Agravios.-
- De fojas 424 a 436, obra el escrito de apelación interpuesto por la parte
demandante, donde expresa como agravios:
1.-La sentencia no ha valorado los medios probatorios ofrecidos en el escrito de
demanda en la cual se encuentra acreditado que el vinculo laboral del
demandante es del 01 de setiembre de 2006 al 29 de mayo de 2014, cargo de
chofer y ultima remuneración de S/ 1,968.91 soles.
2.- La demandada Cetur SRL no ha cumplido con acreditar el abono de la CTS,
vacaciones, gratificaciones y utilidades del 01 de setiembre de 2006 al junio de
2008 así como la entrega de la constancia de trabajo y la empresa Flores
Hermanos SRL no ha acreditado haber abonado los reintegros de vacaciones, de
gratificaciones, CTS y Constancia de Trabajo.
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3.- Ambas demandadas Cetur SRL y Empresa Flores Hermanos SRL deben
abonar el periodo del 01 de setiembre del 2006 al 31 de agosto de 2007,
debiendo asumir el pago de los beneficios sociales.
4.- Si bien es cierto no hay boletas de pago es porque la demandada nunca las
extendieron por el periodo del 01 de setiembre de 2006 al mes de junio de 2008;
sin embargo, le cursó la Carta Notarial de fecha 19 de mayo de 2014 en la cual
se manifestó que ingresó a laborar en el año 2006.
5.- La oposición es a la entrega del certificado de trabajo de fecha 27 de octubre
de 2016, por cuanto dicho certificado indica que el actor ingresó a laborar el 01
de setiembre de 2007 y no el 01 de setiembre de 2006. No ha cesado el 31 de
julio de 2008 como pretende hacer valer la empresa demandada sin documento
probatorio alguno.
6.- Si corresponde el pago de reintegro de gratificaciones, CTS, vacaciones y
pago de utilidades no percibidas por el periodo del 01 de setiembre de 2007 al
31 de julio de 2008 por la empresa Cetur SRL . Jamás ha cobrado suma alguna,
que de los documentos ofrecidos por la propia demandada Cetur SRL,
liquidación de beneficios sociales de fecha 27 de octubre de 2016, nunca le
pusieron en conocimiento y no consta la firma y huella del recurrente, al igual
que la liquidación de la distribución de utilidades del ejercicio 2007 y 2008.
7.- Respecto del depósito judicial expedido por el Banco de la Nación de fecha
28 de octubre de 2016, jamás le pusieron en conocimiento, la demandada lo ha
presentado en Tacna cuando vive en la cuidad de Lima.
8.- Al liquidarse con respecto de la empresa Cetur SRL se comete una serie de
errores como en su liquidación ha tenido en cuenta que se le abonó la CTS
mediante certificado de depósito judicial cuando esto no fue así. No se ha
tomado en cuenta que ingresó a laborar el 01 de setiembre de 2006 y que se ha
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debido de abonar promediando la bonificación extraordinaria así como el
promedio de horas extras, que le fueron abonadas.
9.- Con respecto a la liquidación de beneficios sociales de Transportes Flores
Hermanos SRL, no se ha tenido en cuenta al realizar el cálculo de la
compensación por tiempo de servicios el concepto de la bonificación (vales por
alimento) y bonificación extraordinaria y promedio de gratificación
julio/diciembre de los años 2006-2007 y 2008.
10.- Con respecto al concepto de gratificaciones respecto a lo abonado por
Cetur SRL si bien es cierto obra una boleta de pago de gratificaciones del año
2008, el actor no reconoce su firma por cuanto nunca le abonaron por dicho
concepto.
11.- Con respecto a la gratificación trunca, en la liquidación de beneficios
sociales adjuntada por Cetur SRL, no consta ni la firma ni huella de haber sido
recepcionado y que jamás le pagaron gratificación de los años diciembre del
2006, julio de 2007, diciembre de 2007, julio de 2008.
12.- Con respecto al periodo relacionado con el pago de reintegro de
gratificaciones de la Empresa Flores Hermanos SRL, existe errores al realizar el
cálculo, no se ha tenido en cuenta el concepto de la bonificación (vales por
alimentos) y bonificación extraordinaria.
13.- Respecto a los reintegros por el periodo vacacional de la Empresa Cetur
SRL, nunca le abonaron la liquidación de vacaciones truncas que aparece
liquidadas en la Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales de fecha 27 de
octubre de 2016, en el cual aparece el monto de S/554.58 soles.
14.- Con respecto al periodo de reintegro por el periodo Vacacional de los años
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012- 2013 y el periodo vacacional
trunco ha faltado el periodo 2013-2014. No se ha tenido en cuenta al realizar el
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cálculo de reintegro de gratificaciones el concepto de la bonificación (Vales por
alimentos) y bonificación extraordinaria.
15.- Respecto a las utilidades que no le abonaron por parte de la Empresa de
Transporte Flores Hermanos SRL de los 2008 al 2011 y 2013 al 2015, que la firma
que aparece en la liquidación no es suya. La Empresa Flores Hermanos SRL no
presenta medio probatorio que le hayan abonado la suma utilidades del
periodo 2008.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-De conformidad con el artículo 370°del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del Superior solo
alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada. Asimismo, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia.
SEGUNDO.- Que, el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - NLTP,
en su numeral 23.1) señala que: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos,
(…).”; es decir, es decir, que el demandante tiene la carga de probar los hechos
alegados respecto a que la fecha de ingreso, para lo cual debe cumplir con
aportar el caudal probatorio necesario e idóneo para resolver la controversia.
TERCERO.- Cabe señalar que, la Carta Notarial del 19 de mayo de 2014, (fojas
59) es dirigida por el actor a la Empresa de Transportes Flores Hermanos SRL,
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requiriéndole completar todos los abonos pendientes desde el año 2006, es un
documento elaborado por el propio demandante, y que valorado en forma
razonada no genera convicción ni certeza en este Colegiado, respecto a que la
real fecha de ingreso del actor fue el 01 de setiembre de 2006, no habiendo
además el demandante adjuntado pruebas adicionales en los cuales se aprecie
que su fecha de ingreso haya sido en la antes mencionada. Además como bien
la ha considerado el Juez de Fallo con las boletas de pago de fojas 02 a 06 de la
empresa Cetur SRL se consigna como fecha de ingreso el 01 de setiembre de
2007, por lo que se desestima el primer agravio.
CUARTO.- Como se ha señalado precedentemente, ha quedado establecido que
el actor no ingresó a laborar desde el 01 de setiembre de 2006, de manera que no
le corresponde ningún beneficio desde la mencionada fecha, y habiéndose
fijado como punto controvertido determinar si corresponde el pago de la CTS,
vacaciones, gratificaciones y utilidades no percibidas por el periodo del 01 de
setiembre de 2007 al 31 de julio de 2008 por le empresa Cetur SRL y si
corresponde el pago de reintegros de gratificaciones, CTS, vacaciones y pago
de utilidades no percibidas por el periodo 01 de agosto de 2008 al 31 de mayo
de 2014 por la empresa Flores Hermanos SRL, en la sentencia se ha dilucidado
los beneficios sociales que se reclaman, de acuerdo a las pruebas aportadas por
las partes. Además en la sentencia recurrida se ha ordenado que la empresa
Cetur SRL cumpla con la entrega del certificado de trabajo, y en los que
respecto al certificado de trabajo de la Empresa de Transporte Flores Hermanos
SRL, a fojas 211, se puede advertir que al actor se le hizo entrega del mismo,
quien en señal de conformidad firmó, por lo que se desestima el segundo y
cuarto agravio del demandante.
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QUINTO.- Que, en el presente caso se fijaron entre otros, como pretensiones
materia de juicio: (i) Determinar si el actor prestó servicios para la empresa
Cetur SRL y para la Empresa Flores SRL por el periodo del 01 de setiembre del
2006 al 31 de agosto del 2007 y si fuera así ser asumidas solidariamente por
ambas empresas demandadas los eventuales adeudos laborales; (ii) Determinar
si corresponde el pago de reintegro de gratificaciones, CTS, vacaciones y pago
de utilidades no percibidas por el periodo 01 de setiembre del 2007 al 31 de julio
del 2008 por la empresa Cetur SRL; y (iii) Determinar si corresponde el pago de
reintegro de gratificaciones, CTS, vacaciones y pago de utilidades no percibidas
por el periodo 01 de agosto del 2008 al 31 de mayo del 2014 por la empresa
Flores Hermanos SRL; iv) Determinar si debe estimarse el pago de los intereses
legales, costos y costas del proceso.
SEXTO.- El trabajador debe cumplir su carga probatoria, conforme a lo previsto
en el numeral 23.1) del artículo 23° de la NLPT, de acreditar los hechos alegados
en el proceso, ya sea con los medios probatorios típicos o a través de los
indicios, conforme así lo establece el numeral 23.5); así en relación a la
invocación que la Empresa Cetur SRL y Empresa de Transporte Flores
Hermanos SRL por el periodo del 01 de setiembre de 2006 al 31 de agosto de
2007, deben asumir el pago de los beneficios sociales, no se ha cumplido con
demostrar con documento alguno la relación laboral con ambas empresas.
SETIMO.- Asimismo debe tomarse en cuenta que en la audiencia de
Juzgamiento luego de los alegatos de apertura y principalmente lo afirmado por
el abogado del demandante, se determinó como hechos que no necesitan
actuación probatoria entre otros los siguientes: El vínculo laboral entre el
demandante y Cetur SRL por el periodo del 01 de julio de 2007 al 31 de julio de
2008 y el vinculo laboral entre el demandante y la Empresa Flores SRL por el
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periodo 01 de agosto de 2008 al 31 de mayo de 2014, además solo se determinó
como hecho de actuación probatoria, si hubo vínculo laboral y las co
demandadas del periodo 01 de setiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 y pago
solidario solo por ese periodo, actuaciones procesales que no fueron objeto de
impugnación por el abogado de la parte demandante y habiéndose
determinado que no se ha acreditado el vínculo laboral de 01 de setiembre de
2006 al 31 de agosto de 2007, carece de objeto hacer análisis alguno sobre
solidaridad o vinculación económica, desestimando así el tercer agravio
formulados.
OCTAVO.- Conforme al artículo 300° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso laboral, se puede interponer tacha contra los testigos
y documentos. Asimismo, se puede formular oposición a la actuación de una
declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial;
y que el artículo 301°, señala que al formularse la tacha u oposición contra los
medios probatorios debe precisarse con claridad los fundamentos en que se
sustentan y acompañarse la prueba que pueda ser actuada en la misma
audiencia; y la absolución debe hacerse de la misma manera anexándose los
medios probatorios que igualmente puedan ser actuadas en la misma
audiencia. La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los
requisitos indicados, serán declarados inadmisibles de plano por el Juez en
decisión inimpugnable.
NOVENO.- Que, el demandante formula oposición al medio probatorios de la
Empresa Centur SRL, Certificado de Trabajo, no resultando procedente la
oposición propuesta, por cuanto la norma procesal señala que ésta procede
contra la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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o a una inspección judicial, por lo que se desestima el quinto agravio de la
demandada.
DECIMO.- El demandante señala respecto de las utilidades por parte de la
Empresa Transporte Flores Hermanos SRL de los años 2008 al 2011 y 2013 al
2015, la firma que aparece en la liquidación no es suya; al respecto debemos
indicar que el demandante no ha enervado la eficacia probatoria de los
documentos mencionados con cuestión probatoria alguna, incluso en Audiencia
de Juzgamiento se desistió de las tachas deducidas contra los documentos de
las codemandadas, manteniendo por lo tanto su presunción de veracidad, no
resultando amparable el decimo quinto agravio formulado.
DECIMO PRIMERO.- Que, el juzgado ha tomado en cuenta con respecto a la
Empresa Cetur SRL, las gratificaciones trucas, compensación por tiempo de
servicios que aparece en la liquidación de fojas 285 y las utilidades del ejercicio
2007 y 2008, según copias de fojas 286 y 287; sin embargo, en las mismas no
parece la firma del demandante por lo que debe de reintegrarse dichos montos
a favor del actor por los conceptos mencionados en la suma de S/ 976.87 soles,
amparándose en parte el sexto , decimo y decimo primer agravio invocado.
DECIMO SEGUNDO.- En la liquidación insertada en la sentencia recurrida,
respecto de la empresa Cetur SRL, no se han tomado en cuenta las horas extras
y otros ingresos, por cuanto los mismos no se han acreditado que el actor los
percibía, y que con respecto a la liquidación de la Empresa Flores Hermanos
SRL, siendo la remuneración computable, la remuneración básica y todas las
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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cantidades que regularmente percibía el trabajador, en dinero o en especie
como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les
dé, siempre que sea de su libre disposición, a las cuales se le incluye las
remuneraciones de periodicidad semestral a razón de un sexto de lo percibido
en el semestre respectivo, de conformidad con el artículo 2° del TUO de la Ley
de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo
N° 001-97-TR, se ha cumplido con liquidar conforme a lo fijado como puntos
controvertidos en los referente a dicha empresa; es decir, del periodo 01 de
agosto de 2008 al 31 de mayo de 2014, desestimándose el octavo agravio
invocado .
DECIMO TERCERO.- En cuanto a la no inclusión de los denominados vales de
alimentos como parte de la remuneración computable cuyo monto aparece
percibido desde mayo de 2010 a enero de 2014, según boletas de fojas 17 a 39, la
misma no tiene naturaleza remunerativa y no forman parte de la remuneración
computable según el artículo 3° de la Ley N° 28051, los mismo ocurre con la
bonificación extraordinaria abonada en las gratificaciones de julio y diciembre,
que no tienen naturaleza remunerativa según lo dispuesto por la Ley N° 29351
y N° 30334, no estimándose el noveno, decimo segundo y decimo cuarto
agravio.
DECIMO CUARTO.- El demandante señala que por el periodo vacacional de
la empresa Cetur SRL, nunca le abonaron el monto de S/ 554.58 soles que
aparece en la hoja de hoja de liquidación de fecha 27 de octubre de 2016, al
respecto es preciso señalar que, en la hoja de liquidación de fojas 285, no
aparece la firma del demandante, por lo que no puede considerarse que se le
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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haya cumplido con abonar dicho monto, por lo que se estima el sexto y decimo
tercer agravio invocado, debiéndosele reconocer al actor por vacaciones truncas
del periodo 2007- 2008 la suma de S/ 554.58 soles; asimismo en cuanto a las
vacaciones 2013- 2014, éstas han sido debidamente calculadas en la sentencia
pero consideradas como record trunco, por lo que se desestima el decimo
cuarto agravio.
DECIMO QUINTO.- En las liquidaciones de distribución de utilidades de la
Empresa de Transportes Flores Hermanos SRL, de fojas 213 a 219,
correspondiente a los años 2008 al 2014, en el que figura la firma del
demandante, se acredita que al trabajador se le han abonado la suma de
utilidades por dichos periodos, no siendo atendible su manifiesto cuando indica
que la firma que figura en las mismas no es suya, en todo caso, debió hacer uso
de los mecanismos de defensa que la Ley le proporciona para realizar algún
cuestionamiento, por lo que se desestima el decimo quinto agravio.
DECIMO SEXTO.- Si bien en autos a fojas 279, obra la consignación judicial
realizada por el Empresa CETUR SRL por el importe de S/1,470.21 soles que
correspondería a la CTS de mayo a julio de 2008, gratificaciones truncas de julio
de 2008 y vacaciones truncas 2007-2008 así como utilidades del 2007 y 2008, no
obra medio de prueba por el cual se acredite que dicha consignación haya sido
cobrada por el demandante, hecho que ha sido negado por dicha parte en el
transcurso del proceso, motivos por los cuales no se ha validado las
liquidaciones presentadas por dicha parte y que no cuentan con la firma del
demandante, sin perjuicio de ello se deja a salvo el derecho de la co demandada
CETUR SRL para que en ejecución de sentencia acredite el cobro de dicha
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consignación o en su defecto la presente al juzgado a efectos que se haga la
deducción correspondiente, amparándose el sétimo agravio formulado
Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con del literal a) del
artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, la Octava Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima y administrando
Justicia a nombre de la Nación.
HA RESUELTO
CONFIRMARON La Sentencia N°078-2017-19°JETPL-NLPT, de fecha 17 de
enero de 2017, corriente de fojas 402 a 419, que declara:
1.-INFUNDADA la oposición interpuesta por el demandante.
2.- FUNDADA en parte la demanda interpuesta por JULIO ALEJANDRO
LUDEÑA CORZO contra el CETUR SRL. Y EMPRESA DE TRANSPORTES
FLORES HERMANOS SRL., en consecuencia:
2.1 MODIFICARON la suma a pagar, ORDENARON que la demandada
CETUR S.R.L. cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 1,974.56 soles
por concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios,
vacaciones, gratificaciones y utilidades, más los respectivos intereses
promedio del sistema financiero respecto a la CTS e intereses legales respecto a
los demás beneficios amparados, como lo prevé el Decreto Ley N° 25920.
2.2. ORDENA que la demandada EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES
HERMANOS SRL. cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 990.03
soles por concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios,
vacaciones, gratificaciones y utilidades, más los respectivos intereses
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EXP. N° 26895-2015-0-1801-JR-LA-03
promedio del sistema financiero respecto a la CTS e intereses legales respecto a
los demás beneficios amparados, como lo prevé el Decreto Ley N° 25920.
2.3 ORDENA que la empresa CETUR S.R.L. cumpla con la entrega del
certificado de trabajo.
2.4. De igual modo, condeno a la demandada al pago de los costos y costas
procesales, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia,.
3. INFUNDADA en el extremo de vinculación laboral con las codemandadas y
del pago solidario de estas de reintegros por concepto de reintegro de
compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades
en el periodo del 01 de setiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007.
En los seguidos por JULIO ALEJANDRO LUDEÑA CORZO contra
EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES HERMANOS SRL y otro sobre pago
de beneficios sociales; y, los devolvieron.
Notifíquese.-
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EXPEDIENTE : 26895-2015-0-1801-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : SULCA QUISPE MARIO ELOY
ESPECIALISTA : LOZANO OLIVARES, MONICA ESSY
DEMANDADO : EMPRESA TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL ,
DEMANDANTE : LUDEÑA CORZO, JULIO ALEJANDRO
Resolución Nro. 09
Lima, diecinueve de mayo del dos mil diecisiete.-
DANDO CUENTA en la fecha por retorno del periodo
vacacional. Al escrito de la parte demandante de fecha 21 de Abril del dos mil
diecisiete que antecede, Téngase presente y Al Principal.-
I. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional
Superior examine, a solicitud de parte, la resolución que le produce agravio con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo establece el
artículo 364° del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente al caso de
autos, con arreglo a lo previsto en la Primera Disposición Complementaria de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.
SEGUNDO: De la revisión efectuada a recurso de apelación materia de providencia,
se aprecia que el acto procesal materia de impugnación es la Sentencia N° 078-2017-19°
JETPL-NLPT de fecha diecisiete de enero del presente año, (corregido mediante
Resolución Número Ocho debiendo ser la fecha de la sentencia el diecisiete de abril del
2017) mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda interpuesta en autos,
resolución contra la cual procede el recurso de apelación regulado en el artículo 32° de
la NLPT, Ley N° 294971.
TERCERO: Asimismo, atendiendo a la verificación de los requisitos legales, se tiene
que la parte apelante han cumplido con fundamentar sus medios impugnatorios
interpuestos, indicando la existencia del error de hecho y de derecho en la resolución
apelada, precisando la naturaleza de sus agravios y sustentando sus pretensiones
impugnatorias, dentro del término previsto en el precitado artículo 32° de la Ley N°
29497; consideraciones por las cuales corresponde admitir el recurso planteado.
II. SE RESUELVE:
1° CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación
interpuestos por la demandante JULIO ALEJANDRO LUDEÑA CORZO contra
la Sentencia N° 078-2017-19°JETPL-NLPT de fecha diecisiete de enero del presente
año en curso (corregido mediante Resolución Número Ocho debiendo ser la fecha de
1 LEY N° 29497: ARTÍCULO 32: APELACIÓN DE LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS ORDINARIO,
ABREVIADO Y DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS: “El plazo de apelación
de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la
audiencia o de citadas las partes para su notificación.” la sentencia el diecisiete de abril del 2017) al amparo de los fundamentos expuestos en
la presente resolución.
2° ELÉVENSE los actuados al Superior Jerárquico en Grado con la debida nota de
atención.
Al Primer, Segundo y Tercer Otrosí.- Téngase presente.
NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE.- |
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19° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 5, intersección Av. Abancay y
Av. Nicolás de Piérola S/N, Lima
EXPEDIENTE : 26895-2015-0-1801-JR-LA-03
MATERIA : REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES
ESPECIALISTA : JONATAN CUETO MAURICIO
DEMANDANTE : JULIO ALEJANDRO LUDEÑA CORZO
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES
HERMANOS SRL.
SENTENCIA N° 078-2017-19°JETPL-NLPT
RESOLUCIÓN N° 07
Lima, 17 de enero de 2017.-
I. ANTECEDENTES:
Demanda: Aparece de autos que de fojas 109 a 128, JULIO ALEJANDRO
LUDEÑA CORZO interpone demanda contra la EMPRESA
TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L. Y CETUR S.R.L., a fin de
que se le pague la suma de S/. 23,660.88 soles por concepto de beneficios
sociales originados con ocasión de la prestación personal de servicios,
integrado por el reintegro de vacaciones, CTS, vacaciones, utilidades no
percibidas y entrega de certificado de trabajo; refiere que ingresó a laborar
bajo subordinación y dependencia en la calidad de chofer-conductor para la
empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. el 01 de septiembre del 2006
en diversos ómnibus de transportes de pasajeros que la empresa posee; así
mismo indica que por la naturaleza de la actividad que realizaba laboró por
más de 8 horas diarias, sin un día de descanso semanal, en turnos rotativos,
siempre teniendo como punto de partida la ciudad de Lima con destino a
distintas ciudades.
Manifiesta que las labores de jornada extraordinaria se encuentran
acreditadas mediantes boletas de pago, actas de control de SUTRAN y los
manifiestos de pasajeros, de todo su récord laboral es decir desde su fecha
de ingreso 01 de septiembre del 2006 hasta su fecha de cese 29 de mayo del
2014; asimismo, mediante los mismos documentos se acredita el pago de
una remuneración mensual de S/. 1,968.91 soles;
Respecto a su cese y último día laborado indica que la empresa demandada
le cursa carta notarial de fecha 29 de abril del 2014 en la cual le comunican
que ha hecho abandono de trabajo por más de tres días consecutivos desde el
1 15 de abril del 2014; por lo que se habría configurado falta grave y le
conceden un plazo de 03 días naturales para que presente su descargo por
escrito o se reintegre a sus labores de forma inmediata, así mismo mediante
carta del 13 de mayo del 2014 le indican que se encuentra despedido.
Audiencia de Conciliación: La audiencia de conciliación se llevó a cabo con
la asistencia de ambas partes, oportunidad en la cual no se pudo arribar una
conciliación por mantener cada una su punto de vista, por lo que se fijaron
las pretensiones materia de juicio, asimismo se recibió el escrito de
contestación de demanda y se integró como Litisconsorte necesario a la
empresa CETUR S.R.L., se señalándose fecha para la audiencia de
juzgamiento.
Contestación:
Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L.: De fojas 220 a 231 la
demandada presenta su escrito de contestación de demanda negando y
contradiciendo todos sus extremos por lo que solicita que se declare
infundada la demanda; manifiesta que es falso que el demandante ha
empezado a laborar el 01 de setiembre del 2006 en calidad de chofer
conductor realizando viajes interprovinciales en las rutas de Lima-Tacana,
Lima -Arequipa, Cuzco; debido a que la relación que tuvo con su
representada fue desde el día 01 de agosto del 2008 hasta el 31 de mayo del
2014 y prueba de ello es que el demandante ofrece como medio probatorio
las boletas de pago en donde claramente se aprecia que las labores iniciaron
en la fecha indicada; así mismo aclara que el actor ha laborado para la
empresa CETUR S.R.L. persona jurídica totalmente distinta a su
representada; por lo que cualquier reclamo por ese periodo tendría que
efectuarlo a esa empresa.
Respecto al pedido de pago de reintegro rechaza totalmente lo señalado por
cuanto la relación laboral con su representada data del 01 de agosto del 2008
al 31 de mayo del 2014 y que dicho periodo se le ha cancelado todos los
beneficios que por ley le corresponde, no existiendo ningún reintegro; así
mismo niega totalmente la entrega de certificado de trabajo, por cuanto el
periodo que se indica no ha laborado para su representada.
Empresa Caplina Transportes Turísticos Internacional S.R.Ltda. - CETUR
S.R.L.: De fojas 290 a 298 la demandada presenta su escrito de contestación
de demanda negando y contradiciendo todos sus extremos por lo que solicita
que se declare infundada la demanda; respecto al periodo laborado para su
representada fue desde el 01 de septiembre del 2007 hasta el 31 de julio del
2008; prueba de ello acompaña copias de boletas de pago que corresponde al
2 actor por el mes de julio de 2008; así mismo precisa que el demandante ha
renunciado voluntariamente el 31 de julio del 2008 ya que a partir del 01 de
agosto ha empezado a laborar para la Empresa Flores por tal motivo la
demandada debe ser declarada infundada.
Así mismo rechaza que le corresponda al demandante algún monto por
reintegro en primer lugar por cuanto la relación laboral con su presentada
data del 01 de setiembre del 2007 al 31 de julio del 2008 y que dicho periodo
se ha cancelado todos los beneficios que por ley le corresponde, el cálculo
efectuado es totalmente ilegal, unilateral y arbitrario, además debo niega
totalmente la entrega del certificado de trabajo, por cuanto el periodo que se
indica no ha laborado para su representada.
Audiencia de Juzgamiento: De la grabación de audio y video de la audiencia
de juzgamiento como del acta respectiva, fluye que esta se realizó con
concurrencia de ambas partes, las mismas que expresaron los fundamentos
de hecho que sustentan sus posiciones de defensa de fondo, se enunciaron
las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de prueba,
procediéndose luego a su actuación y recibidos que fueron los alegatos se
expide sentencia, en mérito a las consideraciones que se pasan a exponer.
II. FUNDAMENTOS
PRIMERO: CONSIDERACIONES PROCESALES
1.1. En armonía con los artículos primero y segundo del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a
un debido proceso, teniéndose que la finalidad concreta de éste es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales.
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA
2.1. Analizado en ese contexto el derecho probatorio tiene una marcada
connotación procesal ya que en función de todo medio de prueba se genera
la certidumbre acerca de la verdad de las afirmaciones sobre los hechos en
conflicto de intereses expresados en los actos postulatorios y en la audiencia
de juzgamiento en su acepción amplia es entendida como aquel medio útil
para dar a conocer algún hecho o circunstancia, adquiriéndose el
conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la prueba puede ser
definida como aquellas razones extraídas de los medios ofrecidos, actuados y
3 oralizados algunos en el alegato del juzgamiento anticipado que en conjunto
dan a conocer los hechos o la realidad a efecto de resolver la cuestión
controvertida de relevancia jurídica.
2.2. Por mandato de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, el
artículo 23, numeral 23°.2 establece lo siguiente: “Acreditada la prestación
personal de servicios se presume la existencia de vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario”, asimismo el numeral 23.4 a)
determina que incumbe al demandado que sea señalado como empleador la
carga de la prueba de: “El pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
TERCERO: MATERIA DE CONTROVERSIA:
3.1. De la revisión de los autos y de la reproducción del registro de video, se
aprecia que este proceso tiene por objeto resolver el conflicto jurídico
existente entre las partes relativo a: (i) Determinar si el actor prestó servicios
para la empresa Cetur y para la empresa Flores por el periodo del 01 de
setiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007 y si fuera así ser asumidas
solidariamente por ambas empresas demandadas los eventuales adeudos
laborales; (ii) Determinar si corresponde el pago de reintegro de
gratificaciones, CTS, vacaciones y pago de utilidades no percibidas por el
periodo 01 de setiembre del 2007 al 31 de julio del 2008 por la empresa
CETUR; y (iii) Determinar si corresponde el pago de reintegro de
gratificaciones, CTS, vacaciones y pago de utilidades no percibidas por el
periodo 01 de agosto del 2008 al 31 de mayo del 2014 por la empresa Flores
Hermanos; iv) Determinar si debe estimarse el pago de los intereses legales,
costos y costas del proceso.
QUINTO: DEFENSAS PREVIAS
5.1. Respecto a la oposición presentada al certificado de trabajo expedido
por CETUR.- Las cuestiones probatorias, son mecanismos de defensa
procesal destinados a dejar sin eficacia legal los medios de prueba aportados
por la contraparte; esta cuestión probatoria puede ser entendida como las
objeciones que los litigantes o terceros tienen de las pruebas aportadas u
ofrecidas en el juicio, siempre que sean deducidas en el término procesal con
las formalidades y cuestiones de fondo exigidos por la norma y apoyados,
además, de los medios probatorios requeridos para cada caso, y que, una vez
deducidos, obligan al juzgador a su valoración y ulterior resolución judicial;
a los documentos ofrecidos como prueba corresponde cuestionarlo solo a
4 través de la tacha; a las exhibiciones solicitadas corresponde la oposición; así,
tacha y oposición son las cuestiones probatorias simplificadas que ha
adoptado nuestro ordenamiento.
5.2 La oposición constituye el acto procesal según el cual el obligado a la
exhibición de un documento o actuación de una prueba, indica, con su
articulación cuestionadora, que está imposibilitado para actuarla o solicita su
no actuación, sea porque no tienen la prueba en su poder o es inexistente,
simplemente no tiene porqué actuarse, el término para actuarla ha vencido, o
está en poder de un tercero, que tendrá a bien indicar, para los fines
subsiguientes; se trata entonces, de una articulación procesal dirigida a
imposibilitar la actuación de la prueba ofrecida, como una reacción natural
con el acto, dirigido a eliminar su eficacia.
5.3 Respecto a la oposición formulada por el demandante respecto al medio
probatorio que obra a fojas 288 (certificado de trabajo expedido por CETUR)
se establece que solo procede oposición contra la actuación de una
declaración de parte, una exhibición, a una pericia o a una inspección
judicial; por ello correspondería declarar la improcedencia de la oposición
formulada.
SEXTO: ANÁLISIS RESPECTO AL PERIODO DEL 01 DE SETIEMBRE
DEL 2006 AL 31 DE AGOSTO DEL 2007
6.1. Que respecto al reconocimiento de vínculo laboral del periodo
comprendido entre el 01 de setiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007, la
Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, en su artículo 23, numeral
23°.2 establece lo siguiente: “Acreditada la prestación personal de servicios se
presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en
contrario”, asimismo el numeral 23.4 a) determina que incumbe al
demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: “El
pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad.”
6.2. A su vez el artículo 188° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al proceso laboral, prevé que la finalidad de los medios
probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones. Siendo que en el caso de autos, el actor alega acreditar su fecha
de ingreso el 01 de setiembre del 2006 sin embargo no presenta medios
probatorios que acrediten tal hecho; por el contrario de fojas 02 a 06 obran
boletas de pago de la empresa CETUR S.R.L.; en donde se consigna como
fecha de ingreso el 01 de setiembre del 2007; en consecuencia el demandante
5 no ha podido acreditar que haya laborado para las empresas en este
periodo; por lo que no corresponde amparar este extremo de la demanda..
SETIMO: Respecto al pago de los reintegro de los beneficios sociales por la
incidencia de las horas extras:
7.1. Se debe de tener en cuenta en la audiencia de juzgamiento el magistrado
pregunto al abogado del demandante lo siguiente: "Considera que respecto al
periodo del 01 de setiembre del 2007 al 31 de julio del 2008 el cual fue reconocido por
la misma empresa; fue trabajador de la empresa Flores, todavía sostiene eso? a lo que
el abogado responde:- Creo que en aras de tener en claro las partes procesales
consideramos que ahora sí, verificado sí existe el vínculo laboral con Cetur del 01 de
septiembre del 2007 al 31 de julio del 2008; -A lo que el Magistrado ponente indica
como hechos que no necesitan de actuación probatoria: a) las funciones de chofer que
habría desempeñado el actor en vehículo de transporte interprovincial para 02
empresas; b) El vínculo laboral entre el demandante y CETUR SRL. por el periodo
del 01 de julio del 2007 al 31 de julio del 2008; y, c) El vínculo laboral entre el
demandante y la Empresa de Transportes Flores Hermanos desde el 01 de agosto del
2008 al 31 de mayo del 2014"(minuto 20:50 al 23 del audio y video).
7.2. En consecuencia a lo referido anteriormente se establece que cada
empresa demandada responderá individualmente por el reintegro de
beneficios sociales solicitados si es que los hubiese; en el caso de CETUR SRL.
del periodo del 01 de setiembre de 2007 al 31 de julio del 2008; y la empresa
de Transportes Flores Hermanos del periodo 01 de agosto del 2008 al 31 de
mayo del 2014.
7.3. Respecto a lo solicitado como se ha establecido anteriormente que se
está peticionando los reintegros de los beneficios sociales por las incidencia
de las horas extras pagadas en las boletas; sin embargo, de la revisión del
escrito de demanda fs. (115) se advierte que se está solicitando también la
incidencia de la asignación familiar, feriados laborados, otros ingresos y
bonificaciones extraordinarias; por lo que al no ser punto controvertido el
vínculo laboral con las 02 empresas se procederá al recálculo de los
beneficios sociales con el descuento respecto de los montos ya abonados; que
se explicaran consecuentemente.
OCTAVO: ANÁLISIS RESPECTO AL PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES
6 8.1. Los Beneficios Sociales laborales son una de las instituciones claves de las
relaciones individuales de trabajo y se constituyen en la prestación más
recurrente en los procesos laborales, toda vez que los beneficios sociales son
todos aquellos conceptos que perciben, los trabajadores por o con ocasión del
trabajo dependiente, no importa su origen legal, heterónomo, convencional o
autónomo; el monto o la oportunidad de pago, la naturaleza remunerativa
del beneficio, la relación de genero especie, la obligatoriedad o voluntad, etc.,
lo percibe el trabajador con ocasión de sus labores prestadas de manera
dependiente, por lo que al haberse acreditado relación laboral le
corresponden los beneficios sociales que reclama, los que serán detallados en
los siguientes considerandos.
8.2. Respecto al Reintegro de la Compensación por el tiempo de servicios de
conformidad con el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios se devenga desde el
primer mes de iniciado el vínculo laboral; cumplido este requisito toda
fracción se computa por treintavos. La compensación por tiempo de servicios
se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador.
Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio
de los reintegros que deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o que
resultare diminuto; asimismo, la compensación por tiempo de servicios se
calcula en forma semestral, siendo la remuneración computable, la
remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el
trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor,
cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sea de su libre
disposición, a la cual se incluye las remuneraciones de periodicidad
semestral a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo; en tal
sentido, siendo que es un beneficio social de fuente legal supone para la
demandada una obligación; por tanto, corresponde verificar si el demandado
ha cumplido con el cálculo correspondiente respecto a este beneficio
verificando respecto a la empresa CETUR S.R.L. lo siguiente: 1) Se ha
procedido a recalcular los depósitos semestrales de CTS del periodo del
01/09/07 al 31/07/08 (periodo CETUR S.R.L.), estableciéndose un reintegro
de S/. 25.21 Soles por concepto de CTS trunca; 2) En Boletas de Pago
emitidas por la Empresa CETUR S.R.L. (fs. 2-6), se verifica que el
demandante no percibía remuneración por Horas Extras, Feriados Laborados
u Otros Ingresos; 3) Los montos por concepto de CTS depositados a favor del
actor en cuenta de CTS Moneda Nacional del Scotiabank, se acreditan con
las Liquidaciones de Depósitos de CTS y Planillas de Depósitos de CTS (fs.
7 281-284); 4) La demandada consignó mediante Depósito Judicial de fs. 279. la
suma de S/. 151.25 Soles a favor del actor por concepto de CTS trunca.
Respecto al periodo del 01 de agosto del 2008 al 31 de mayo del
2014(Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L.): 1) Se ha procedido a
recalcular los depósitos semestrales de CTS del periodo del 01/08/08 al
31/05/14, con la inclusión de los promedios semestrales de los conceptos
colaterales de Horas Extras, Feriados Laborados y Otros Ingresos, de acuerdo
con lo establecido por el Art. 16 del Decreto Legislativo N° 650; 2) Los
montos por concepto de CTS depositados a favor del actor en cuenta de CTS
Moneda Nacional del Scotiabank, se acreditan con las Liquidaciones de
Depósitos de CTS (fs. 51-56) y Planillas de Depósitos de CTS (fs. 174-209); 3)
Monto de CTS al cese (del 01/02/14 al 31/05/14) se abonó en la Liquidación
de BB.SS. del actor (fs. 210); conforme lo explicado en la siguiente liquidación
preparada por el Perito Judicial del Módulo Corporativo:
Periodo relacionado con la empresa CETUR SRL.
oct-07 abr-08 Al cese
CONCEPTOS 01-sep-07 01-nov-07 01-may-08
31-oct-07 30-abr-08 31-jul-08
02M 06M 03M
SUELDO BASICO 530.00 550.00 550.00
ASIG. FAMILIAR 53.00 55.00 55.00
FERIADO LABORADO 0.00 0.00 0.00
HRAS. EXTS. 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00
PROM. GRATIFICACION - 64.78 100.83
REMUN. INDEMNIZABLE 583.00 669.78 705.83
DEPOSITO DE CTS 97.17 334.89 176.46
MONTO ABONADO 145.75 339.32 151.25
REINTEGRO DE CTS 0.00 0.00 25.21
TOTAL REINTEGRO S/. 25.21
Periodo relacionado con la empresa Hermanos Flores S.R.L.:
oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10
CONCEPTOS 01-ago-08 01-nov-08 01-may-09 01-nov-09 01-may-10
31-oct-08 30-abr-09 31-oct-09 30-abr-10 31-oct-10
03M 06M 06M 06M 06M
SUELDO BASICO 786.98 786.98 786.98 786.98 786.98
ASIG. FAMILIAR 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
FERIADO LABORADO 0.00 0.00 0.00 0.00 28.07
HRAS. EXTS. 190.49 189.88 157.95 190.16 158.73
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROM. GRATIFICACION - 171.92 172.08 190.12 237.50
REMUN.
INDEMNIZABLE 1,032.47 1,203.78 1,172.01 1,222.26 1,266.28
DEPOSITO DE CTS 258.12 601.89 586.00 611.13 633.14
MONTO ABONADO 258.12 587.22 601.72 602.43 602.44
REINTEGRO DE CTS 0.00 14.67 0.00 8.70 30.70
SUB TOTAL 54.07
abr-11 oct-11 abr-12 oct-12 abr-13 oct-13
8 CONCEPTOS 01-nov-10 01-may-11 01-nov-11 01-may-12 01-nov-12 01-may-13
30-abr-11 31-oct-11 30-abr-12 31-oct-12 30-abr-13 31-oct-13
06M 06M 06M 06M 06M 06M
SUELDO BASICO 836.98 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 60.00 67.50 67.50 75.00 75.00 75.00
FERIADO LABORADO 14.02 32.68 22.04 27.06 43.19 54.12
HRAS. EXTS. 204.42 200.73 350.00 288.03 309.17 284.17
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 423.23 348.29 373.94 357.48
PROM. GRATIFICACION 173.09 187.38 285.85 311.71 302.22 309.32
REMUN.
INDEMNIZABLE 1,288.51 1,488.29 2,148.62 2,050.10 2,103.51 2,080.09
DEPOSITO DE CTS 644.26 744.14 1,074.31 1,025.05 1,051.76 1,040.04
MONTO ABONADO 646.96 1,024.09 1,085.33 1,107.91 1,092.63 1,102.17
REINTEGRO DE CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
abr-14 Al cese
CONCEPTOS 01-nov-13 01-may-14
30-abr-14 31-may-14
06M 01M
SUELDO BASICO 1,000.00 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 75.00 75.00
FERIADO LABORADO 43.73 -
HRAS. EXTS. 231.95 250.00
OTROS INGRESOS 169.44 -
PROM. GRATIFICACION 299.43 -
REMUN.
INDEMNIZABLE 1,819.55 1,325.00
DEPOSITO DE CTS 909.77 110.42
MONTO ABONADO 945.03 128.82
REINTEGRO DE CTS 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
TOTAL REINTEGRO S/. 54.07
Por consiguiente, la empresa CETUR S.R.L. debe de reintegrar la suma de
S/. 25.21 soles; y la empresa de Transportes Flores Hermanos SRL. debe de
reintegrar S/. 54.07 soles.
8.3. Gratificaciones: De conformidad con la Ley N° 27735, los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho a percibir
dos gratificaciones al año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con
ocasión de Navidad. El monto de cada una de ellas equivale a una
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que
corresponda otorgar el beneficio, esto es, al 15 de julio y al 15 de diciembre
de cada año. Asimismo, que en caso de que un trabajador cuente con menos
de seis meses, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses
laborados; en virtud a la norma en referencia, y atendiendo que el actor
solicita las Gratificaciones Legales de julio y diciembre se debe de advertir
9 respecto al periodo que estuvo relacionado con la empresa CETUR SRL.: 1)
En Boletas de Pago emitidas por la Empresa CETUR S.R.L. (fs. 2-6), se
verifica que el actor no percibía remuneración por Horas Extras, Feriados
Laborados u Otros Ingresos. 2) El monto abonado a favor del actor por la
Gratificación de Jul-08, se acredita con la Boleta de Pago de fs. 280. 3) La
Gratificación Trunca se abonó en la Liquidación de BB.SS. y se consignó la
suma de S/. 100.83 Soles a favor del demandante mediante Depósito Judicial
de fs. 279.
Respecto a la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. se advierte: 1)
Se ha procedido a recalcular las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad
del periodo del 01/08/08 al 31/05/14, con la inclusión de los promedios
semestrales de los conceptos colaterales de Horas Extras, Feriados Laborados
y Otros Ingresos, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del
Artículo 3° de la Ley N° 27735 (Ley que Regula el Otorgamiento de las
Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada
por Fiestas Patrias y Navidad), que señala lo siguiente: "Tratándose de
remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito
de regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos, en alguna
oportunidad en tres meses durante el semestre correspondiente. Para su
incorporación a la gratificación se suman los montos percibidos y el resultado se
divide entre seis."; 2) Los montos abonados a favor del demandante por las
Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad del periodo del 01/08/08 al
31/05/14, se acreditan con las Boletas de Pago de fs. 42-47. 3) El monto
abonado por Gratificación Trunca se verifica en la Liquidación de BB.SS. del
demandante (fs. 210), en consecuencia corresponde amparar este extremo
descontando los periodos abonados por las demandadas, conforme al
siguiente detalle:
Periodo relacionado con la empresa CETUR SRL.
GRATIF. GRATIF. GRATIF.
CONCEPTOS dic-2007 jul-2008 TRUNCA
04M 06M 01M
SUELDO BASICO 530.00 550.00 550.00
ASIG. FAMILIAR 53.00 55.00 55.00
FERIADO LABORADO 0.00 0.00 0.00
HRAS. EXTS. 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL GRATIFICACION 388.67 605.00 100.83
MONTO ABONADO 0.00 605.00 100.83
REINT. GRATIFICACION 388.67 0.00 0.00
TOTAL REINTEGRO S/. 388.67
Periodo relacionado con la empresa Hermanos Flores SRL.:
GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
10 CONCEPTOS dic-2008 jul-2009 dic-2009 jul-2010
05M 06M 06M 06M
SUELDO BASICO 786.98 786.98 786.98 786.98
ASIG. FAMILIAR 55.00 55.00 55.00 55.00
FERIADO LABORADO 0.00 0.00 0.00 0.00
HRAS. EXTS. 126.99 189.56 157.95 190.47
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GRATIFICACION 807.48 1,031.54 999.93 1,032.45
MONTO ABONADO 857.57 1,031.52 1,034.48 1,034.48
REINT. GRATIFICACION 0.00 0.02 0.00 0.00
BONIF. EXT. - 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRATIF. 0.02
SUB TOTAL BONIF. EXT. 0.00
GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
CONCEPTOS dic-2010 jul-2011 dic-2011 jul-2012
06M 06M 06M 06M
SUELDO BASICO 786.98 836.98 1,000.00 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 58.00 60.00 67.50 75.00
FERIADO LABORADO 32.76 18.45 29.81 22.04
HRAS. EXTS. 160.82 208.83 247.40 350.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 211.63 423.23
TOTAL GRATIFICACION 1,038.56 1,124.26 1,556.34 1,870.27
MONTO ABONADO 1,037.48 1,107.00 1,715.10 1,870.00
REINT. GRATIFICACION 1.08 17.26 0.00 0.27
BONIF. EXT. 0.10 1.55 0.00 0.02
SUB TOTAL GRATIF. 18.62
SUB TOTAL BONIF. EXT. 1.68
GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
CONCEPTOS dic-2012 jul-2013 dic-2013 TRUNCA
06M 06M 06M 05M
SUELDO BASICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 75.00 75.00 75.00 75.00
FERIADO LABORADO 32.44 37.99 75.63 0.00
HRAS. EXTS. 288.03 309.17 284.17 250.00
OTROS INGRESOS 348.33 373.94 357.48 0.00
TOTAL GRATIFICACION 1,743.79 1,796.10 1,792.27 1,104.17
MONTO ABONADO 1,813.30 1,855.90 1,796.57 1,104.17
REINT. GRATIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
BONIF. EXT. 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL GRATIF. 0.00
SUB TOTAL BONIF. EXT. 0.00
TOTAL REINT. GRATIF. S/. 18.64
TOTAL REINT. BONIF. EXT. S/. 1.68
TOTAL REINTEGRO S/. 20.32
Por consiguiente, la empresa CETUR S.R.L. debe de reintegrar la suma de
S/. 388.67 soles; y la empresa de Transportes Flores Hermanos SRL. debe de
reintegrar S/. 20.32 soles.
11 8.4. Vacaciones: El artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que
los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del
año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán: a) una
remuneración por el trabajador realizado; b) una remuneración por el
descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) una indemnización
equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso.
Asimismo el artículo 22 del mismo cuerpo normativo precisa que se
procederá el abono del récord trunco vacacional siempre que el trabajador
acredite un mes de servicios a su empleador, y cumplido el referido requisito
el récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de
la remuneración como meses y días computables hubiera laborado,
respectivamente.
Respecto al periodo de relación con CETUR S.R.L. se advierte: 1) Las
Vacaciones Truncas se abonaron en la Liquidación de BB.SS. y se consignó el
monto de S/. 554.58 Soles a favor del demandante mediante Depósito
Judicial de fs. 279.
Respecto al periodo relacionado con la Empresa de Transporte Flores
Hermanos SRL. se advierte: 1) Se ha procedido a recalcular los periodos
vacacionales 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 y trunco, con la
inclusión de los promedios semestrales de los conceptos colaterales de Horas
Extras, Feriados Laborados y Otros Ingresos. 2) Los montos abonados a favor
del demandante por los periodos vacacionales 2008-09, 2009-10, 2010-11,
2011-12, 2012-13, se acreditan con las Boletas de Pago de fs. 49-50. 3) El monto
abonado por Vacaciones Truncas se verifica en la Liquidación de BB.SS. del
demandante (fs. 210); por tanto, corresponde al actor el reintegro de este
concepto de la siguiente manera:.
Periodo relacionado con la empresa CETUR SRL.
PERIODO
CONCEPTOS VACACIONAL
TRUNCO
11M
SUELDO BASICO 550.00
ASIG. FAMILIAR 55.00
FERIADO LABORADO 0.00
HRAS. EXTS. 0.00
OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL VACACIONES 554.58
MONTO ABONADO 554.58
TOTAL REINTEGRO S/. 0.00
Periodo relacionado con la empresa Hermanos Flores SRL.:
PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
CONCEPTOS VACACIONAL VACACIONAL VACACIONAL VACACIONAL
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
sep-09 sep-10 sep-11 sep-12
12 SUELDO BASICO 786.98 786.98 836.98 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 55.00 55.00 67.50 75.00
FERIADO LABORADO 18.71 32.74 31.95 32.80
HRAS. EXTS. 189.54 190.47 212.40 350.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 423.23
TOTAL VACACIONES 1,050.23 1,065.19 1,148.83 1,881.03
MONTO ABONADO 1,031.52 1,032.45 1,140.73 1,425.00
REINT. VACACIONES 18.71 32.74 8.10 456.03
SUB TOTAL 515.58
CONCEPTOS PERIODO PERIODO
VACACIONAL VACACIONAL
2012-13 TRUNCO
sep-13 10M
SUELDO BASICO 1,000.00 1,000.00
ASIG. FAMILIAR 75.00 75.00
FERIADO LABORADO 64.88 0.00
HRAS. EXTS. 301.67 250.00
OTROS INGRESOS 373.94 0.00
TOTAL VACACIONES 1,815.48 1,104.17
MONTO ABONADO 1,425.00 1,104.17
REINT. VACACIONES 390.48 0.00
SUB TOTAL 390.48
TOTAL REINTEGRO S/. 906.06
Por consiguiente, la empresa CETUR S.R.L. no debe de reintegrar ningún
monto por este concepto; y la empresa de Transportes Flores Hermanos SRL.
debe de reintegrar S/. 906.06 soles.
8.5. Utilidades: La participación de utilidades de los trabajadores sujetos a la
actividad privada, se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo N° 677 y por
el Decreto Legislativo N° 892, así, uno de los preceptos de dichas normas, establece
la forma como se deben distribuir las utilidades señalándose para tal efecto dos
criterios: i) en función a los días laborados (50%), los cuales comprenden los días
“real y efectivamente trabajados” y ii) en proporción a la remuneración de cada
trabajador (50%). El artículo 4° del Decreto Legislativo N° 892 establece “la
participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2°, se calculará sobre el
saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulta después de haber
compensado pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo a las normas del impuesto
a la renta” (sic). En el caso de autos, se ha verificado lo siguiente respecto a la
empresa CETUR S.R.L.: 1) Se ha procedido a recalcular la distribución de
utilidades de los años 2007 y 2008, estableciéndose un reintegro de S/. 29.23 Soles
por Participación de Utilidades del año 2007. 2) La demandada consignó mediante
Depósito Judicial de fs. 279 a favor del actor la suma S/. 724.79 Soles por utilidades
de los años 2007 y 2008.
Respecto a la empresa de Transportes Flores Hermanos SRL. : 1) Se ha procedido a
recalcular la participación de utilidades de los años 2008 al 2014, por incidencia de
los reintegros de vacaciones y gratificaciones calculados para el periodo del
13 01/08/08 al 31/05/14. 2) Los montos abonados a favor del demandante por
participación de utilidades de los años 2008 al 2014, se acreditan con las
Liquidaciones de Distribución de Utilidades de fs. 213-219.
Periodo relacionado con la empresa CETUR SRL.:
CAPLINA TRANSPORTES TURISTICOS SRL. DEMANDANTE
PERIODO PART. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
UTILIDADES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES
2007 56,964.75 13,190 375,231.55 126 3,334.83
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 388.67
375,620.22 3,723.50
2008 23,387.18 18,959 625,985.11 177 4,840.00
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 0.00
625,985.11 4,840.00
A.- DISTRIBUCION DEL 50 % DE PARTICIPACION DE UTILIDADES EN FUNCION A LOS DIAS LABORADOS
PERIODO 50% TOTAL FACTOR DE DIAS LABORADOS PART.
UTILIDADES DIAS LABORADOS DISTRIBUCIÓN DEMANDANTE UTILIDADES
2007 28,482.38 13,190 2.1593916 126 272.08
2008 11,693.59 18,959 0.6167831 177 109.17
B.- DISTRIBUCION DEL 50% DE PARTICIPACION DE UTILIDADES EN FUNCION DE LAS
REMUNERACIONES
PERIODO 50% TOTAL FACTOR DE REMUNERACIONES PART.
UTILIDADES REMUNERACIONES DISTRIBUCIÓN DEMANDANTE UTILIDADES
2007 28,482.38 375,620.22 0.0758276 3,723.50 282.34
2008 11,693.59 625,985.11 0.0186803 4,840.00 90.41
C.- TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES
PERIODO PART. UTILIDA. PART. UTILIDA. TOTAL PART. TOTAL TOTAL
DIAS
LABORADOS REMUNERACIONES DE UTILIDADES PAGADO REINTEGRO
2007 272.08 282.34 554.42 525.19 29.23
2008 109.17 90.41 199.58 199.60 0.00
TOTAL REINTEGRO S/. 29.23
Periodo relacionado con la empresa Hermanos Flores SRL.:
TRANSPORTES FLORES HNOS. SRL. DEMANDANTE
PERIODO PART. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
UTILIDADES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES DIAS LABORADOS REMUNERACIONES
2008 918,619.00 232,399 8,056,084.00 116 5,592.45
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 0.00
8,056,084.00 5,592.45
2009 651,895.90 292,755 11,175,479.08 282 13,977.94
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 18.73
11,175,497.81 13,996.67
2010 775,860.45 292,272 10,953,816.98 284 14,149.70
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 33.82
10,953,850.80 14,183.52
2011 374,756.92 366,866 13,515,695.45 335 17,905.31
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 25.36
13,515,720.81 17,930.67
14 2012 227,636.84 331,459 17,342,573.07 285 24,830.13
REINTEGRO DE REMUNERACIONES 456.30
17,343,029.37 25,286.43
2013 420,869.35 341,830 18,223,512.86 273 24,137.87
REINTEGRO DE REMUNERACIONES |