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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N.° 16246-2015-0-1801-JR-LA-11
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
Lima, 05 de diciembre del 2017.-
VISTOS:
En Audiencia de Vista de fecha 05 de diciembre del año en curso e interviniendo
como magistrado ponente el señor Juez Superior Urbano Menacho.
ASUNTO:
Resolución materia de apelación:
Es materia de impugnación:
La Sentencia N° 218-2016-11°-JETL, contenida en la Resolución N° 08, de fecha 10
de agosto del año 2016, obrante de 386 a 397, que declara:
1. INFUNDADA la Excepción de Prescripción Extintiva, deducidas por las
demandadas y la denunciada civil.
2. FUNDADA la oposición deducida por el demandante contra la pericia médica
ofrecida por las demandadas e INFUNDADA la tacha deducida por la demandada
contra el informe de evaluación médica de incapacidad.
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3. INFUNDADA la demanda interpuesta a fojas 17 a 49 contra VOLCAN
COMPAÑIA MINERA S.A.A. Y EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO
S.A.C. y la denunciada civil EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A.
EN LIQUIDACION; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que se la presente
resolución ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE todo lo actuado en la forma y
modo de ley.
4. EXONERESE al demandante del pago de las costas y costos del proceso.
Expresión de agravios:
Que, de fojas 401 a 415 obra el escrito de apelación de la parte demandante donde
expresa como agravios los siguientes:
1. Que, no está de acuerdo con lo señalado en el Considerando 7.8 y 7.9 de la
recurrida, por cuanto el Juez incurre en error al no tomar en cuenta que una vez
que aparece la enfermedad de neumoconiosis, esta es incurable y se desarrolla con
el tiempo y la exposición al polvo del mineral.
2. Que, no está de acuerdo con el Fundamento 7.13 de la recurrida, por cuanto el Juez
pese a que señala que el demandante sólo posee 2% de discapacidad por
hipoacusia y concluye que tiene hipoacusia leve, declara infundada la demanda.
3. Que, no está de acuerdo con lo señalado en los Fundamentos 7.11 y 7.14 de la
recurrida por cuanto genera contradicción, dado que para declarar infundada la
demanda señala que no se debe tener en cuenta la Ley N° 26790 ni Decreto
Supremo N° 003-98-SA; sin embargo, para concluir que no debe ser indemnizado
se fundamenta en el artículo 18.2.4 del Decreto Supremo N° 003-98-SA "Normas
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo"; sin tomar en consideración que
la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual está
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regulada por el Código Civil y que obliga al causante del daño a repararlo siempre
que se demuestre la concurrencia de sus elementos configurativos; que es distinta
a la responsabilidad laboral que obliga a través de la Seguridad Social a contratar y
realizar aportes al Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
regulado por el Decreto Ley N° 18846, derogado por la Ley N° 26790 y sustituido
por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR, regulado por el D.S. N°
003-98-SA, en cuya virtud el trabajador puede obtener una renta vitalicia por
enfermedad profesional o pensión de invalidez vitalicia por enfermedad
profesional; de manera que el hecho de que la víctima haya obtenido, con cargo al
Sistema de Seguridad Social, una determinada prestación o suma de dinero, no
excluye en absoluto la posibilidad de obtener una indemnización al amparo de los
artículos 1321°, 1322° del Código Civil.
4. Que, no está de acuerdo con el Fundamento 7.15 de la recurrida, puesto que al
actor le corresponde ser indemnizado sólo por el hecho de padecer la enfermedad,
la cual se encuentra debidamente acreditada, independientemente del grado de
discapacidad que posea, teniéndose en cuenta además que la hipoacusia es
incurable, degenerativa y progresiva disminuyendo la calidad de vida del
demandante.
5. Que, no está de acuerdo con la conclusión a la que se arriba en el fundamento 7.16
en el sentido que no se encuentra acreditado que el demandante padezca la
neumoconiosis, dado a que el Certificado Médico de Invalidez de fojas 03 no
resulta verosímil, ni que padezca la hipoacusia, dado al grado de menoscabo 2%,
lo cual no le produce incapacidad alguna al actor.
6. Que, la sentencia apelada ha vulnerado el principio de motivación de las
resoluciones, puesto que el Juez no se ha pronunciado sobre el daño moral, daño a
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la persona, daño al proyecto de vida, lucro cesante, daño emergente y sobre la
responsabilidad solidaria de las demandadas.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza
a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada.
Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a
los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la
expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera,
según el caso) instancia.
SEGUNDO.- En todo análisis de responsabilidad contractual o como lo denomina
nuestra normativa, inejecución de obligaciones, se debe tener en consideración la
verificación de sus elementos, tanto desde el punto de vista del análisis material
como del análisis de imputabilidad; esto es, la antijuridicidad, el daño causado, la
relación causal o nexo de causalidad (análisis material) y los factores atributivos de
responsabilidad (análisis de imputabilidad).
TERCERO.- Siendo así, debe considerarse que la actividad minera es una labor
productiva de alto riesgo y está sujeta a leyes especiales de protección y seguridad
de cumplimiento obligatorio por las empresas a fin de evitar las enfermedades
profesionales, las mismas que son progresivas e irreversibles; razón por lo cual la
emplazada se encuentra obligada a acreditar haber cumplido con las obligaciones y
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disposiciones legales de protección y seguridad ocupacionales, esto es, que bajo un
principio de razonabilidad, dada la naturaleza de la actividad minera, debe probar
haber proporcionado a sus trabajadores implementos de seguridad y éstos a su vez
tienen la obligación de usarlos en forma adecuada durante sus labores.
CUARTO.- Para determinar si una enfermedad es producto de la actividad
laboral se requiere establecer una relación de causa-efecto entre las condiciones de
trabajo y la enfermedad, puesto que toda enfermedad profesional genera una
lesión a la salud del trabajador. En efecto, la enfermedad profesional; según el
artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, se define como: “(...) todo estado
patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de
la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar; en
tanto que el Tribunal Constitucional en la STC 1008-2004-AA/TC ha precisado que por
enfermedad profesional “se entiende aquella contraída por la exposición a factores de riesgo
inherentes a la actividad laboral, y que causa incapacidad para realizar las tareas habituales
del trabajo.”; por lo que, en resumen, pueden definirse las enfermedades
profesionales, como aquellos estados patológicos permanentes o temporales que
sobrevienen a consecuencia directa del desempeño de una determinada actividad,
profesión u oficio o del ambiente en que labora el trabajador habitualmente y que
pueden ocasionar una incapacidad temporal, permanente o la muerte.
QUINTO.- En torno a la relación de causa-efecto, es de tenerse en cuenta que la
Neumoconiosis -Silicosis, en el caso de los trabajadores mineros es una
enfermedad profesional, que se deriva del hecho de haber estado expuestos al
polvo de sílice. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 26 de la STC 02513-
2007-PA/TC, ha dejado sentado que: “En el caso de las enfermedades profesionales
originadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos, ha de precisarse su ámbito de
aplicación y reiterarse como precedente vinculante que: en el caso de la neumoconiosis
(silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los
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trabajadores mineros que si laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se
presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de
trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son
enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales
esclerógenos” (Lo resaltado es nuestro); de lo que se infiere que la presunción
relativa al nexo de causalidad contenida en la regla precitada, opera únicamente
cuando los trabajadores mineros trabajan en minas subterráneas o de tajo abierto
desempeñando las actividades de riesgo previstas en el anexo 5 del Reglamento de
la Ley 26790.
SEXTO.- Asimismo, cabe mencionar que, en los términos del Tribunal
Constitucional, en la sentencia expedida el 18 de Marzo de 2010, en el Expediente
N° 01923-2009-PA/TC, en su fundamento 6 establece que: “… a efectos de
determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral se requiere de la existencia
de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad”. Asimismo,
en su fundamento 7 indica que: “…Para ello se deberá tener en cuenta las
funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de
cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones
inherentes al propio lugar de trabajo; es decir, que la relación de causalidad en esta
enfermedad no se presume, sino que se tiene que probar,…”.
SÉPTIMO.- De igual forma, debemos señalar que respecto de la enfermedad de
Hipoacusia, se debe tener en cuenta los fundamentos de la STC, emitida el 27 de
marzo del 2007, en el Expediente N° 02692-2005-PA/TC, que señala, en el
considerando 9): “…En cuanto a la enfermedad de hipoacusia debemos precisar que
cualquier persona expuesta a ruido de forma repetida puede desarrollar hipoacusia. Por
ende la hipoacusia puede ser tanto una enfermedad común, ya que se genera como
consecuencia de la exposición continua al ruido, como una enfermedad profesional. 10)
De ahí tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 00549-2005-PA/TC,
8390-2005-PA/TC, 4513-2005-PA/TC, 3639-2004-AA/TC y 3697-2005-PA/TC para
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establecer el origen laboral de la hipoacusia sea necesario acreditar la relación de
causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se tendrá en
cuenta cuáles funciones desempeña el demandante en su puesto de trabajo, el
tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la
enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo”.
OCTAVO.- Que, el presente proceso versa sobre indemnización por daños y
perjuicios, sustentando el actor que padece de la enfermedad profesional de
Neumoconiosis-Silicosis e Hipoacusia Neurosensorial Moderada con 53% de
incapacidad parcial e irreversible para el trabajo, conforme se colige del escrito de
demanda de fojas 17 a 49. Asimismo, se advierte de la demanda que el actor alega
haber adquirido dicha enfermedad como consecuencia de que las demandadas
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. y VOLCAN COMPAÑIA
MINERA S.A.A., no habrían cumplido las normas preventivas de Higiene y
Seguridad Minera, no habiéndole proporcionado adecuadamente los implementos
protectores contra la acción nociva de los polvos de metales y metaloides, gases, y
ruidos. Así mismo, no realizó acción de implementación de equipos
imprescindibles para evitar los daños a su persona, ello durante el desempeño de
su labor a partir del 02 de junio de 1988 hasta el 10 de junio de 1989 en el
Departamento de Agua Mina-Lixiviación Plata, Unidad: Cerro de Pasco -
Centromin Perú SA - Ocupación: Peón; del 15 de junio de 1989 al 10 de marzo de
1996 en el Departamento de Agua Mina-Lixiviación Plata, Unidad: Cerro de Pasco-
Centromin Perú SA- Ocupación: Operario; del 11 de marzo de 1996 al 01 de
noviembre de 1998 en el Departamento de de Agua Mina-Lixiviación Plata,
Unidad: Cerro de Pasco- Centromin Perú SA- Ocupación: Operario; del 02 de
noviembre de 1998 al 02 de setiembre de 1999 en el Departamento de Agua Mina-
Lixiviación Plata, Unidad: Cerro de Pasco- Centromin Perú SA- Ocupación:
Oficial; del 03 de setiembre de 1999 al 22 de diciembre del 2003 en el Departamento
de Agua Mina-Lixiviación Plata, Unidad : Cerro de Pasco- Volcan Compañía
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Minera S.A.A. - Ocupación: Oficial; del 23 de diciembre del 2005 al 31 de enero del
2011 en el Departamento de Mina Sunterránea, Unidad : Cerro de Pasco- Volcan
Compañía Mienra S.A.A. - Ocupación: Minero; del 01 de febrero del 2011 al 02 de
julio del 2013 en el Departamento de Mina Subterránea, Unidad : Cerro de Pasco-
Empresa Administradora Cerro S.A.C. - Ocupación: Minero, conforme es de verse
del Certificado de Trabajo obrante a fojas 04.
NOVENO.- Por su parte, la demandada Volcan Compañía Minera S.A.,
mediante escrito de contestación de fojas 171 a 189, señala que la enfermedad
profesional del actor se habría producido durante la vigencia del vínculo laboral
con la empresa Centromin Perú S.A, del 02 de junio de 1988 al 03 de setiembre de
1999, estando a que en el examen médico se señala que la enfermedad fue
adquirida el 15 de noviembre de 1997 - y es por ello que plantea una denuncia civil
contra dicha empresa- y es recién el 03 de setiembre de 1999 que Volcán Compañía
Minera S.A.A adquirió las acciones y derechos de Centromin Perú S.A., siendo en
esa fecha que el demandante empezó a laborar para ellos, es decir, desde el 03 de
setiembre de 1999 hasta el 01 de febrero del 2011; sosteniendo lo mismo la
emplazada Empresa Administradora Cerro S.A.C. en su escrito de contestación
obrante de fojas 299 a 317, agregando que el actor empezó a laborar en dicha
empresa desde el 01 de febrero del 2011.
DÉCIMO.- De otro lado, la demandada Centromin Perú S.A. en su escrito de
contestación, de fojas 349 a 367, manifiesta que al no tener la calidad de último
empleador del demandante, no le corresponde asumir algún tipo de pago a favor
del actor. Señala además que cumplió siempre con el ordenamiento legal y,
especialmente, aquellas disposiciones en materia de seguridad, así como que los
implementos de seguridad fueron entregados oportunamente; asimismo, señala
que por Escritura Pública de Compra -Venta de Acciones, el 02 de setiembre de
1999 cede a favor de la Volcan Compañía Minera S.A.A., la totalidad de las
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acciones de su propiedad, asumiendo los activos y pasivos, por lo tanto le
corresponde la responsabilidad de las obligaciones que provengan de los contratos
de trabajo.
UNDÉCIMO.- Que, con respecto a las enfermedades profesionales del actor,
Neumoconiosis e Hipoacusia, éstas se encuentran debidamente corroboradas con el
Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, de fecha 21 de febrero del 2008
obrante a fojas 03, del cual se desprende que el actor adolece de Neumoconiosis
"debido a otros polvos que contienen sílice" (Código J62.8) e Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral (Código H90.3), informe que se encuentra ratificado con
la Historia Clínica Ocupacional del Hospital II Pasco emitida por Essalud Pasco
obrante a fojas 369 a 376, en la cual se diagnostica el padecimiento de las
enfermedades aludidas con menoscabo de un 52% y 02% respectivamente de
incapacidad, grado parcial, e irreversible; corroborándose además la Hipoacusia,
con la Ficha Médica Ocupacional de obrante a fojas 246 a 247, practicada por su
última empleadora, Empresa Administradora Cerro S.A.C., con fecha 02 de julio
del 2013, de la que se desprende que se le diagnosticó la enfermedad:
"Hipoacusia Neurosensorial, Bilateral Leve" (fojas 247). Motivo por el cual se
considera acreditado que el actor adolece de las enfermedades profesionales que
indica en su demanda, debiéndose tener en cuenta que aunado a ello, se debe
valorar las funciones que realizó, el ambiente de trabajo, así como el tiempo que
laboró, para ello tenemos que a fojas 05 obra el Perfil Ocupacional emitido por la
demandada Empresa Administradora Cerro S.A.C. a favor del demandante en el
cual se indica que éste prestó servicios desde el 02 de junio de 1988 al 02 de julio
del 2013, es decir tuvo un record laboral de 25 años, 01 mes, en la Unidad de Cerro
de Pasco conforme al siguiente detalle:
Área Titular Desde Hasta Ocupación Riesgos Potenciales
Agua Mina
No se consigna
Lixiviación Plata CENTROMIN 02/06/1988 10/06/1989 Peón
información
Unidad:
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Cerro de Pasco
(Centromin Perú S.A.)
Agua Mina
Lixiviación Plata
Unidad: No se consigna
CENTROMIN 15/06/1989 10/03/1996 Operario
Cerro de Pasco información
(Centromin Perú S.A.)
Agua Mina
Lixiviación Plata
No se consigna
Unidad: CENTROMIN 11/03/1996 01/11/1998 Operario
información
Cerro de Pasco
(Centromin Perú S.A.)
Agua Mina
Lixiviación Plata
No se consigna
Unidad: CENTROMIN 02/11/1998 02/09/1999 Oficial
información
Cerro de Pasco
(Centromin Perú S.A.)
Agua Mina
Ruido, iluminación,
Lixiviación Plata
gases, vapores, posturas
Unidad:
VOLCAN 03/09/1999 22/12/2003 Oficial forzadas, polvos,
Cerro de Pasco
vibración, temperatura,
(Volcan Compañía
humedad
Minera S.A.A.)
Mina Subterránea Ruido, iluminación,
Unidad: gases, vapores, posturas
Cerro de Pasco VOLCAN 23/12/2003 31/01/2011 Minero forzadas, polvos,
(Volcán Compañía vibración, temperatura,
Minera S.A.A) humedad
Mina Subterránea Ruido, iluminación,
Unidad: gases, vapores, posturas
Cerro de Pasco CERRO 01/02/2011 02/07/2013 Minero forzadas, polvos,
(Volcán Compañía vibración, temperatura,
Minera S.A.A.) humedad
Siendo ello así, se comprueba que la relación de causalidad respecto a las
enfermedades demandadas ha quedado debidamente probada también con la
Declaración Jurada del Empleador, obrante de fojas 06 en donde se detalla
específicamente los tipos de labores que desempeñó el actor, los cuales son: A)
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Minas metálicas subterráneas, y C) En centros de producción minera,
metalúrgicos, expuestos a riesgo de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
DUODÉCIMO.- Que, siendo así, corresponde ahora establecer si dichas
enfermedades se pudieron prevenir o en todo caso, si las demandadas cumplieron
con todas sus obligaciones de prevención que la ley y convenios colectivos le exigía
referente a seguridad e higiene ocupacional; teniendo en cuenta que la vida
humana es un bien supremo, por ende, preservar la salud y seguridad de los
trabajadores constituye una de las obligaciones principales que debe asumir todo
empleador para lo cual debe dotarlos de los mecanismos e implementos de
seguridad necesarios (calzado, guantes, zapatos, cascos, mascarilla, ropa especial,
ventilación, tapones para oídos, etc.) que les garantice condiciones laborales
exentas de todo tipo de peligro o riesgo. Su inobservancia configura un claro caso
de culpa grave.
DECIMOTERCERO.- Que, siendo que la carga de la prueba recae en el
demandado de aportar medios probatorios suficientes que acrediten haber
cumplido con sus obligaciones de proporcionar los implementos de seguridad e
higiene ocupacional; se advierte de los actuados, que si bien existe la relación de
consumo de equipos de seguridad proporcionados al actor por parte de la
codemandada Volcan Compañía Minera S.A.A. y Empresa Administradora Cerro
S.A.C. , conforme es de verse de la Constancia y record de entrega de equipos de
seguridad debidamente suscritos por el demandante, obrante a fojas 120 a 141 y de
fojas 277 a 298, respectivamente; también lo es que no existe medio probatorio
alguno que acredite que dicha empresa haya supervisado que los trabajadores usen
adecuadamente los equipos de protección y de esa forma se evite la inhalación de
los minerales que circulan en la superficie de los campamentos mineros o la
exposición a ruidos estridentes a los que están expuestos por su labor diaria.
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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DECIMOCUARTO.- Que, tampoco existe documento alguno en el que se
haya dejado constancia que el demandante haya hecho mal uso de los implementos
de seguridad otorgados pese a las recomendaciones dadas o no los haya usado,
por negligencia; siendo así, si las emplazadas hubieran supervisado el buen uso
de los implementos de seguridad e higiene minera, se hubiese podido prevenir o
disminuir la posibilidad de que el actor adquiera alguna enfermedad profesional
propia de las condiciones de donde se labora, por lo que se concluye que la
Empresa Administradora Cerro S.A.C. y Volcan Compañía Minera S.A.A. actuaron
con evidente negligencia, contraviniendo con ello lo señalado en el inc. c) del
artículo 33° del Decreto Supremo 046-01-ME. Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera.1
DECIMOQUINTO.- Que, por otro lado, estando al tiempo que el actor
laboró para la codemandada Centromin Perú S.A., desde el 02 de junio de 1988 al
02 de setiembre de 1999, 11 años y 03 meses, se puede concluir que la enfermedad
de Neumoconiosis e Hipoacusia ha sido contraída como consecuencia de las
labores realizadas para dicha empresa y por incumplimiento de ésta en sus
obligaciones relacionadas a la seguridad e higiene minera. En consecuencia, se ha
podido establecer que las enfermedades profesionales antes descritas han surgido
en el periodo en el que el actor laboró para Centromín Perú S.A., versión que es
corroborada con el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad obrante a fojas
214 en donde se señala como inicio de enfermedad: el 15 de noviembre de 1997; y
por su parte la Empresa Administradora Cerro S.A.C. y Volcan Compañía Minera
S.A.A, al no tomar las medidas de seguridad e higiene propias de la actividad
desarrollada por el actor, quien efectuaba su función en el departamento de Mina
Subterránea en dichas empresas, conforme es de verse del Certificado de Trabajo
de fojas 04, también contribuyó a que dicha enfermedad vaya en ascenso; razón
1 Articulo 33° del Decreto Supremo N° 046-01-MEM- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera: “Es obligaci6n del
supervisor:… c. Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos escritos y prácticos de
trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de protecci6n personal apropiado.
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por la cual en principio les correspondería a las tres empresas asumir dicha
responsabilidad.
DECIMOSEXTO.- Que, respecto a establecer si la codemandadas en atención a la
naturaleza de su actividad, incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales derivadas de las normas legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cabe analizar el FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD. Al respecto el artículo 1319º del Código Civil establece
que: “Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave, no ejecuta la obligación”.
Juan Espinoza Espinoza en su texto “DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL”. Gaceta Jurídica. Tercera Edición. 2005. Página 108, señala: “(…) debemos
distinguir la Culpa Objetiva y Culpa Subjetiva. La primera se denomina también culpa in
abstracto, es la culpa por violación de las leyes, es decir el ordenamiento determina el
parámetro del comportamiento y si el agente no lo cumple, éste es responsable. Esta culpa
objetiva se basa en parámetros determinados por la ley (es por ello que recibe dicha
calificación), en efecto, “una cosa es exigir la responsabilidad del autor de un daño negando
todo examen de su conducta (teoría del riesgo), y otra cosa es no declararlo responsable, sino
en los casos en que otra persona habría obrado de manera distinta (apreciación de la culpa in
abstracto)”. La segunda denominada también culpa in concreto, es aquella que se basa en las
“características personales del agente”. Este tipo de culpa engloba a la imprudencia y la
negligencia”. El mismo autor agrega que: “Igualmente debe tenerse presente que la culpa
tiene diversos grados: Culpa grave, que es el no uso de la diligencia que es propia de la
absoluta mayoría de los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal, no ha hecho lo
que todos los hombres hacen comúnmente y Culpa Leve, es el no uso de la diligencia propia
de las personas de capacidad media”.
DECIMOSÉPTIMO.- En tal sentido, debemos entender que la culpa es toda
violación de un deber jurídico, derivado de la falta de diligencia (negligencia) en el
cumplimiento de las obligaciones provenientes de la ley o un convenio. A su vez la
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negligencia, puede derivar de: una falta de revisión del resultado o una previsión
errónea. En el primer caso el responsable no previó las consecuencias, pudiendo y
debiendo hacerlo; y en esto está su falta. En el segundo caso sí previó las
consecuencias, pero confió con imprudencia o ligereza en que no se producirían. En
ambos casos la culpa debe ser perjudicial al acreedor, para que por ella se
responsabilice al deudor, pues no hay acción sin interés. En el presente caso las
demandadas cometieron negligencia grave en tanto, conociendo del riesgo a la
exposición a polvos minerales y ruidos estridentes no tomaron las previsiones para
disminuirlo, por ende la imputación de la responsabilidad a las demandadas se
sustenta en la culpa inexcusable, prevista en el artículo 1319° del Código Civil, por
lo que debe revocarse lo resuelto por el juez de fallo respecto a la no existencia de
responsabilidad en la enfermedad profesional y ampararse los agravios del
demandante.
DECIMOCTAVO.- Que, en cuanto a la responsabilidad en el pago, pese a que se
ha determinado que el actor adquirió la enfermedad de Neumoconiosis e
Hipoacusia cuando prestó sus servicios para la codemandada Centromin Perú
S.A., puesto que conforme se ha referido, en el documento de fojas 03, se ha
establecido como fecha de inicio de la enfermedad el 15 de noviembre de 1997 y
dado además a que se trata de enfermedades progresivas, se puede concluir que
éstas deben haber ido desarrollándose paulatinamente en el organismo del actor;
pero, sin embargo, estando a que la Empresa Volcán Compañía Minera S.A.A.
asumió los activos y pasivos de Centromin Perú al adquirir el 100% de las acciones
mediante la Escritura Pública de Compra Venta de Acciones de fojas 72 a 100,
empresa que a su vez por medio de un proceso de reorganización simple segregó el
bloque patrimonial de la Unidad de Cerro de Pasco a favor de la Empresa
Administradora Cerro S.A.C. , según documento de fojas 229 a 242; y estando
además a la despersonalización del empleador y al principio de continuidad, por
cuanto el cambio de empleador no interrumpe la relación laboral, la que siempre
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
será considerada como permanente y continua, ésto es, que desde su inicio hasta el
02 de julio del 2013 corresponde a la empresa adquiriente asumir en este tiempo el
activo y pasivo del vínculo laboral del demandante, por lo tanto la responsabilidad
de las obligaciones que provengan como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de trabajo del actor, debe ser asumida por la
empresa adquiriente, en este caso la Empresa Administradora Cerro S.A.C.;
razones por las cuales le corresponde a ésta, asumir la responsabilidad en el pago.
DECIMONOVENO.- Que, en cuanto al daño a la persona, entendiendo que
el daño moral, es el menoscabo del estado de ánimo que subsigue a la comisión de
un hecho antijurídico generador de responsabilidad civil2; y, en palabras de Renato
Scognamiglio: “deben considerarse daños morales (…) aquellos que se concretan (…) en la
lesión, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la
persona tiene que soportar por cierto evento dañoso”3; la Jurisprudencia Nacional a
través de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, en
la CASACIÓN N° 1070-95-AREQUIPA, ha precisado que, “Si bien no existe un
concepto unívoco del daño moral, es menester considerar que este es el daño no patrimonial
inferido en derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la
afectividad que al de la realidad económica (…)”.
VIGÉSIMO.- Que, del mismo modo, debe referirse que históricamente el daño
moral ha abarcado siempre dos significados: “En sentido estricto y propio, daño
moral es un daño que no recae sobre ninguna cosa material perteneciente al perjudicado,
que no se advierte con los sentimientos externos, sino que se siente interiormente, ya
consista en la disminución de algo no material, ya consista en impedir la adquisición de
bienes de índole material, ya en la ofensa de efectos del alma internos, naturales y lícitos
(…) En sentido lato e impropio, es daño moral todo daño injustamente causado a otro,
2 LEON, Leysser L. “Funcionabilidad del “daño” e inutilidad del “daño a la persona” en el derecho peruano”. Artículo publicado en Revista
Peruana de Jurisprudencia 2003 N° 23. http:// dike.pucp.edu.pe. Consultado el octubre del 2014.
3 R. Sconamiglio, Voz Danno morale, en Novissimo italiano, vol V, Turín, Utet, 1990, p.147. Citado por Leisser León en el artículo mencionado.
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que no toque en su patrimonio ni lo disminuya, sino el que recae en cosas materiales,
pertenecientes al individuo, fuera de los bienes patrimoniales, como son la integridad
corporal y la salud física. Las lesiones, las heridas, contusiones, como son la integridad
corporal y la salud física. Las lesiones, las heridas, contusiones, son daños morales, porque
no son patrimoniales, prescindiendo de las consecuencias patrimoniales y de las aflicciones o
padecimientos morales que además pueden sobrevenir, sea en la persona misma lesionada en
su cuerpo, sea en otras que le pertenezcan”4. Por tanto, el denominado daño a la
persona no es sino el detrimento de un derecho fundamental del individuo, debido
a un hecho antijurídico, cuya consecuencia de su lesión se reconduce finalmente en
la aflicción del afectado, retornando al original concepto de daño moral; esto es, se
trata de un solo daño, que forma parte de la responsabilidad extrapatrimonial; y
siendo que el daño a la persona está englobado en el daño moral, es decir, la
indemnización reclamada por daño a la persona está inmersa en la indemnización
por daño moral, por consiguiente, le corresponde al juzgador conocer del daño a la
persona, sin embargo, ello debe darse dentro del daño moral, que también ha sido
peticionado por el actor, sucediendo lo mismo con el daño al proyecto de vida.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, este Colegiado sostiene que el daño moral incluye
al correspondiente a la persona, como una faceta más de éste; aún cuando el daño
a la persona normativamente en nuestro país es una categoría que se halla regulada
para el daño inmaterial comprendido dentro de la Responsabilidad
Extracontractual (artículo 1985º del Código Civil), tal hecho no impide en modo
alguno su reconocimiento igualmente dentro del ámbito de la responsabilidad
contractual; ello en el entendido de que el ordenamiento jurídico nacional debe ser
interpretado concordante y sistemáticamente y no en forma aislada, máxime si el
centro principal está constituido por la persona humana, en este caso el trabajador,
que conforme al artículo 1° de la Constitución, su defensa y el respecto de su
dignidad, constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado; y que el
4 GABBA, Carlos Francesco. “indemnización de los daños morales”. Cuestiones prácticas de derecho civil moderno, vol. II trad. Del italiano por
A. G Posada, Madrid, La España Moderna, S.A., pp. 241-242.J.
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tratamiento y regulación normativa de la persona y de sus derechos, al encontrarse
en el Libro Primero del Código Civil, se extiende ineludiblemente a todo el sistema
normativo civil de modo pleno, es decir tanto a la responsabilidad civil contractual
como extracontractual; por lo que se desestima el agravio invocado en este
extremo.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, en ese sentido, es evidente que la inejecución de
las obligaciones por parte de las emplazadas, es la causa inmediata p |
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DECIMO PRIMER JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
PODER JUDICIAL
Av. Abancay N° 800, Piso 18 - Cercado de Lima (Edificio Javier Alzamora Valdez)
DEL PERU
Expediente N° : 16246-2015-0-1801-JR-LA-11
Demandante : LUIS FERNANDO COLLAZOS QUISPE
Demandado : VOLCAN COMPAÑÍA MINERA Y OTROS
Materia : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Juez : ÁNGEL RAMOS RIVERA
Secretario : GERALDINE EULOGIO NUÑEZ
SENTENCIA N° 218-2016-11°JETL
RESOLUCIÓN NUMERO OCHO.-
Lima, Diez de Agosto
Del año dos mil dieciséis.-
I. ANTECEDENTES.-
Mediante escrito de fojas 17 a 49 de autos, el señor LUIS FERNANDO COLLAZOS QUISPE
interpone demanda contra VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. y EMPRESA
ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. y la denunciada civil EMPRESA MINERA DEL CENTRO
DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION,, a fin de que éstas le paguen en forma solidaria la suma
de S/. 339,881.44 por concepto de indemnización por daños y perjuicios, consistente en daño a
la persona, moral, emergente, lucro cesante y daño al proyecto de vida.
II. CUESTIONES FÁCTICAS DE LAS PARTES.-
1. Hechos de la demanda: El demandante señala como fundamentos de hecho de su
demanda los siguientes:
a. Ingresó a laborar para las demandadas desde el 2 de Junio de 1988 hasta el 2 de Julio del
2013 en actividades mineras de alto riesgo como operario, oficial y Minero en centro de
producción minera, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad puesto
que laboró en minas subterráneas.
b. Se sometió a un examen médico en el que se le detectó que padecía de neumoconiosis e
hipoacusia neurosensorial bilateral con un menoscabo del 53%, la misma que lo adquirió
debido a que las demandadas no le entregaron suficientes equipos de protección personal
úes no le proveyó de las máscaras respiradoras o éstas eran deficientes por ser de mala
calidad.
c. Las enfermedades le causan daño moral debido a que se le ha privado su tranquilidad de
espíritu pues la neumoconiosis es una enfermedad degenerativa, irreversible y progresiva,
así como un lucro cesante pues en el futuro ya no podrá percibir ganancias, además de un
daño emergente por los gastos incurridos.
2. Hechos de la Contestación de Demanda VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.:
Mediante escrito de fojas 171 a 189 de autos, la demandada VOLCAN COMPAÑÍA
MINERA S.A.A. (en adelante VOLCAN), deduce la Excepción de Prescripción Extintiva y
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contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada, alegando los
siguientes hechos:
a. Cumplió con hacer entrega al demandante de las máscaras respiratorias así como los
demás implementos de seguridad y protección que correspondían a su labor, los que eran
de calidad adecuada.
b. El demandante no acredita que padece las enfermedades que alega, pues el certificado
médico no adjunta los exámenes que lo sustentan, ni cumple con los requisitos exigidos
por ley, más aún cuando la hipoacusia es una enfermedad que puede tener muchas
causas.
c. El actor no prueba los daños que indica ya que cuenta con la cobertura del seguro, tiene la
condición de jubilado.
3. Hechos de la Contestación de Demanda EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO
S.A.C.: Mediante escrito de fojas 299 a 317 de autos, la demandada EMPRESA
ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. (en adelante CERRO), deduce la Excepción de
Prescripción Extintiva y contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada
infundada, alegando los siguientes hechos:
a. Cumplió con hacer entrega al demandante de las máscaras respiratorias así como los
demás implementos de seguridad y protección que correspondían a su labor, los que eran
de calidad adecuada.
b. El demandante no acredita que padece las enfermedades que alega, pues el certificado
médico no adjunta los exámenes que lo sustentan, ni cumple con los requisitos exigidos
por ley, más aún cuando la hipoacusia es una enfermedad que puede tener muchas
causas.
c. El actor no prueba los daños que indica ya que cuenta con la cobertura del seguro, tiene la
condición de jubilado.
4. Hechos de la Contestación de Demanda EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL
PERU S.A. EN LIQUIDACION: Mediante escrito de fojas 349 a 367 de autos, la
demandada EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION (en
adelante CENTROMIN), deduce la Excepción de Prescripción Extintiva, contesta la
demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada, alegando los siguientes
hechos:
a. El demandante cesó en sus labores para CENTROMIN en Setiembre 1999, iniciando sus
labores con VOLCAN y posteriormente con CERRO hasta el 2 de Julio del 2014, habiendo
dado cumplimiento a todas las normas de seguridad e higiene ocupacional, entregándole
los implementos de protección, además que se le practicó exámenes anuales y no existía
manifestación de ninguna enfermedad.
b. El porcentaje de menoscabo que corresponde a cada enfermedad no resulta significativo,
más aún cuando no se prueba el nexo causal entre éstas y el trabajo realizado, siendo que
el actor no estuvo expuesto a ruidos intensos, tampoco acredita los daños demandados.
Por Resolución N° 1 de fecha 14 de Setiembre del 2015, se admitió a trámite la demanda en la
vía del proceso ordinario laboral, se corrió traslado a la demandada, la Audiencia de
Conciliación se llevó a cabo el 23 de Marzo del 2016, la Audiencia de Juzgamiento se realizó el
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3 de Agosto del 2016, luego de escuchados los alegatos finales de los abogados de las partes,
se procede a emitir la siguiente sentencia, conforme a los términos siguientes:
III.- FUNDAMENTOS:
1. Consideraciones Previas.-
1.1. Según lo señalado en el Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, un
proceso judicial tiene una doble finalidad: Finalidad Concreta, esto es, resolver un conflicto
de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos
los derechos sustanciales, y una Finalidad Abstracta, lograr la paz social en justicia.
1.2. Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Procesal del Trabajo, la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos; sin embargo, se establecen reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, por lo que acreditada la prestación personal de
servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo
prueba en contrario; asimismo, corresponde al demandante acreditar la existencia de la
fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal, el
motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido y la existencia del daño
alegado, mientras que corresponde al empleador probar el pago, el cumplimiento de las
normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad, la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado y el
estado del vínculo laboral y la causa del despido, en tal sentido, la valoración de las
pruebas admitidas y actuadas en este proceso se circunscribirán a los hechos
controvertidos y a aquellos que han sido determinantes para el a quo en la solución del
thema decidendi, relevándonos de aquellas que no tenga esa finalidad.
2. Delimitación de la Controversia.-
2.1. Lo que solicita el demandante LUIS FERNANDO COLLAZOS QUISPE es que las
demandadas VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. y EMPRESA ADMINISTRADORA
CERRO S.A.C. y la denunciada civil EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU
S.A. EN LIQUIDACION, le paguen en forma solidaria la suma de S/. 339,881.44 por
concepto de indemnización por daños y perjuicios, consistente en daño a la persona,
moral, daño al proyecto de vida, daño emergente y lucro cesante, ocasionados por las
enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral.
2.2. Conforme se desprende del contenido de la audiencia de juzgamiento, los hechos que
requieren de actuación probatoria son los siguientes: a) Si el demandante adolece de la
enfermedad profesional de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral; b) Si el
demandante laboró expuestos a riesgos de contraer enfermedades profesionales; c) Si
las demandadas cumplieron con entregar al demandante los equipos de protección
personal necesarios para la labor desarrollada: d) Si las enfermedades profesionales que
indica el demandante le originan daños por concepto de lucro cesante, daño emergente,
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daño moral, daño a la persona y daño al proyecto de vida; y e) Si las demandadas deben
pagar al demandante en forma solidaria una indemnización por daños y perjuicios
ascendente a un total de S/. 339,881.44.
3. Excepción de Prescripción Extintiva.-
3.1. Conforme a lo señalado en el artículo 446 del Código Procesal Civil, el demandado
puede proponer la excepciones, las cuales constituyen “… medios formales de defensa a
través de los cuales las partes denuncian la inexistencia o presencia defectuosa de un
presupuesto procesal de la acción o de una condición de la acción que determinan una
relación procesal inválida o la imposibilidad de pronunciamiento válido sobre el
fondo…”1.
3.2. Las demandadas deducen esta excepción, apreciándose que VOLCAN y CERRO
argumenta que el actor conocía la enfermedad al 15 de Mayo de 1998, y siendo que la
demanda ha sido presentada en el año 2015, motivo por el cual la presente acción ha
prescrito de pleno derecho. Por su parte CENTROMIN deduce esta excepción
argumentando que conforme al dictamen médico adjuntado por el actor tuvo, éste tuvo
conocimiento de su enfermedad el 15 de Noviembre de 1997, por lo cual ha prescrito su
pretensión.
3.3. En el presente caso, no existe controversia alguna respecto de la naturaleza contractual
de la indemnización reclamada, puesto que según los términos de la demanda se imputa
a la emplazada el incumplimiento de sus obligaciones nacidas de la relación contractual
laboral, ya que el actor señala haber contraído la enfermedad durante y por efecto de la
relación laboral, por lo que esta situación se enmarca dentro de los alcances de la
responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, correspondiendo aplicarse el plazo
prescriptorio de diez años establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, el
mismo que debe ser computado a partir de la fecha en que el demandante ha tomado
conocimiento de su enfermedad.
3.4. A fin de arribar a una conclusión certera, esta Judicatura solicitó los informes respectivos
al Hospital II Pasco y a la Oficina de Normalización Previsional, siendo que en el caso
del Hospital mencionado, a fojas 370-377 obra el informe mediante el cual se remite
copia certificada del Informe de Evaluación Médica de fecha 21 de Febrero del 2008, el
cual indica que la fecha probable de inicio de la enfermedad fue el 15 de Noviembre de
1997, por lo tanto, corresponde a esta Judicatura establecer la fecha en la que el
demandante tomó conocimiento de su enfermedad a fin de computar el plazo de
prescripción antes indicado.
3.5. Siendo así, se tiene que el demandante tomó conocimiento de su enfermedad de
neumoconiosis e hipoacusia el 21 de Febrero del 2008 fecha en que se emitió el Informe
de Evaluación Médica por el Hospital II de Pasco, fecha a partir de la cual debe
computarse el plazo de caducidad de 10 años contemplado en el inciso 1 del artículo
2001 del Código Civil, pues si bien en el informe médico de fojas 3, repetido a fojas 370
1 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 795-98-LIMA,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de Marzo del 2001, pág. 7082.
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se señala que la enfermedad se inició el 15 de Noviembre de 1997, no se encuentra
acreditado que desde ese entonces el actor tenía conocimiento de su enfermedad pues
ésta solo manifiesta una posibilidad de que hubiere padecido de la enfermedad más no
se indica con grado de certeza que esa fecha constituye el inicio de la incapacidad, por
lo que no puede acogerse el argumento de las emplazadas.
3.6. Consecuentemente, estando a que la demanda fue presentada el 14 de Julio del 2015,
se advierte que aún no transcurre el plazo de prescripción de 10 años, por lo que la
excepción propuesta por las codemandadas debe ser desestimada.
4. Cuestiones Probatorias.-
4.1. La oposición es aquella cuestión probatoria que se interpone contra la actuación de
una declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial,
conforme a lo señalado en el artículo 300 del Código Procesal Civil, la misma que debe
fundamentarse en la imposibilidad de su actuación o en la inexistencia del medio de
prueba que se trata de incorporar al proceso.
4.2. La parte demandante se opone a la realización de una Pericia Médica o examen
médico dirigido por el Hospital Daniel Alcides Carrión argumentando que ya existe un
certificado médico emitido por una Comisión Médica que ya tuvo eficacia probatoria
ante la ONP para el otorgamiento de renta vitalicia.
4.3. Al respecto, se tiene que uno de los derechos que forman parte del núcleo esencial del
derecho a la defensa, es el derecho que tienen las partes a ofrecer sus medios de
prueba y a que éstos sean admitidos y actuados conforme a ley, siendo que en el
presente caso, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional estableció como
precedente vinculante que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una
renta vitalicia, la enfermedad profesional únicamente debía ser acreditada con un
examen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad del
Ministerio de Salud, ESSALUD o de una EPS, por lo que estando a que en el presente
caso, el demandante presenta un informe de evaluación médica de incapacidad emitida
por el Hospital II de Pasco con el que pretende acreditar que adolece de las
enfermedades profesionales que alega, además que la práctica de la pericia solicitada
por las emplazadas requiere de una intervención corporal sobre el actor, pues éste
tiene que ser sometido a pruebas médicas de espirometría, radriográficas y otras, y
estando a que con la oposición planteada éste pone de manifiesto su negativa a
someterse a dichos exámenes, esta Judicatura no puede compeler al demandante a
que participe en dichas evaluaciones, por lo que estando ante la imposibilidad de
actuación de la prueba solicitada, debe ampararse la oposición del actor.
4.4. Asimismo, las demandadas interponen tacha contra el Informe de Evaluación Médica
de fojas 3 argumentando que éste no acredita la enfermedad ni la relación de
causalidad, además que no cumple con los requisitos exigidos por la Directiva Sanitaria
N° 003-MINSA, ya que dentro de la Comisión Médica no hay personal idóneo para
realizar dicha pericia.
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4.5. La tacha es aquella cuestión probatoria que tiene por finalidad cuestionar la validez de
los documentos ofrecidos por la otra parte y debe fundamentarse en la falsedad o
nulidad de los mismos, conforme a lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Código
Procesal Civil, es decir, cuando se pruebe la falsedad del documento en un proceso
civil o ésta ha sido declarada en un proceso penal, cuando el documento adolezca de
una manifiesta ausencia de una formalidad esencial prescrita por ley bajo sanción de
nulidad y cuando se comprueba la falsedad o inexistencia de la copia de un documento
público; asimismo, debe tenerse en cuenta que la tacha no tiene como finalidad
cuestionar el contenido del documento que se ofrece como medio de prueba, es decir,
que esta cuestión probatoria no está destinada a declarar la nulidad del acto que
contiene dicho documento, pues este aspecto deberá de hacerse valer vía acción y no
como incidente.
4.6. En el presente caso, se advierte que a fojas 3 corre el Informe de Evaluación Médico
de Incapacidad de fecha 21 de Febrero del 2008 emitido por la Comisión Evaluadora
del Hospital II de Pasco de ESSALUD mediante el cual se señala que el demandante
adolece de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial bilateral, siendo que como
se ha indicado anteriormente, el Tribunal Constitucional ha establecido con criterio
vinculante que este documento es idóneo para acreditar la existencia de una
enfermedad profesional, por lo que la tacha deducida debe ser desestimada, más aún
cuando pese al tiempo transcurrido la parte demandada no ha acreditado que en sede
administrativa se hubiere anulado o dejado sin efecto el citado documento.
5. La Enfermedad Profesional.-
5.1. Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, concordado con el literal n)
del artículo 1 del Decreto Supremo N° 009-97-SA “Reglamento de la Ley de Seguridad e
Higiene en el Trabajo”, la enfermedad profesional es todo estado patológico que
ocasione incapacidad temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en
que se ha visto obligado a trabajar, esto es, es aquella enfermedad “… contraída por la
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, y que causa
incapacidad para realizar las tareas habituales del trabajo”2.
5.2. Por su parte, la silicosis es “…una enfermedad profesional definida como una afección
respiratoria crónica, progresiva, degenerativa e incurable, que tiene cuatro estadios de
evolución y es producida por la inhalación, retención y reacción pulmonar al polvo de
diversas sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por períodos
prolongados. El trastorno funcional más frecuente de la dolencia es la alteración
ventilatoria producida por la formación permanente de tejido cicatricial en los pulmones,
que provoca la pérdida de su elasticidad, requiriéndose de un mayor esfuerzo para
respirar. Se diagnostica con una radiografía de tórax que muestra el patrón típico de
cicatrices y nódulos característicos. En atención a lo descrito, tanto la Organización
2 Fundamento Jurídico N° 10 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 15 de Marzo del 2005 en el
expediente N° 1008-2004-AA/TC.
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Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud han dictado
directivas para su diagnóstico, prevención y tratamiento (…) La Clasificación
Radiográfica Internacional de la Neumoconiosis de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Edición 1980, establece el diagnóstico de la enfermedad en cuatro
categorías o estadios de evolución, a partir de la lectura de las radiografías de tórax:
UNO (1/1 y 1/ 2), DOS (2/1, 2/2 y 2/3), TRES (3/2, 3/3 y 3+) y CUATRO (A, B y C).
Paralelamente a esta clasificación y de acuerdo con los signos clínicos, la
neumoconiosis (silicosis) se clasifica, a su vez, en simple (primer estadio), acelerada
(segundo estadio), avanzada (tercer estadio) y aguda (cuarto estadio)” 3.
5.3. Asimismo debe señalarse que respecto de esta enfermedad es imposible predecir su
manifestación, desarrollo y evolución, “…pues puede presentarse luego de un corto
tiempo de exposición a los polvos inorgánicos, o muchos años después de ello, su origen
(contingencia) sí está determinado de manera única y directa, en todos los casos, en el
ejercicio de la actividad laboral, así como la irreversibilidad y degeneración progresiva de
la salud de quien padece esta enfermedad (…) Por consiguiente, se concluye que la
enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis) produce incapacidad permanente,
por ser irreversible y degenerativa, y que, al momento de su manifestación y diagnóstico,
la incapacidad puede ser parcial o total, dependiendo del grado de evolución
diagnosticado en la evaluación médica ocupacional”4.
5.4. Frente a esta y otras enfermedades profesionales, una de las obligaciones emanadas del
contrato de trabajo por parte del empleador es el “deber de seguridad” concebido como
la obligación de garantizar la seguridad y salubridad de sus trabajadores así como sus
ambientes de trabajo; obligación que se acentúa en las empresas que desarrollan
actividades peligrosas, por tal motivo, nuestro ordenamiento jurídico asumiendo la Teoría
del Riesgo Profesional estableció el seguro complementario de trabajo de riesgo a través
de la Ley 26790 y su reglamento Decreto Supremo N° 009-97-SA y en forma
complementaria el Decreto Supremo N° 003-98-SA, siendo su antecedente el Decreto
Ley 18846; dispositivos normativos a través de los cuales se otorgan coberturas por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores que prestan
servicios en un centro de trabajo que realiza actividades de riesgo y que comprende
tanto las prestaciones asistenciales como las económicas (pensión de sobrevivencia,
pensión de invalidez y gastos de sepelio), de esta manera se garantiza que el trabajador
ante la eventualidad de sufrir un accidente de trabajo o adquirir una enfermedad
profesional, se encuentre debidamente protegido contra estos riesgos.
6. La Indemnización por Daños y Perjuicios.-
6.1. Conforme a los términos de la demanda se tiene que el demandante señala que los
supuestos daños que reclama se habrían originado como consecuencia de la ejecución
del contrato de trabajo que existió entre las partes, por lo tanto, en el presente caso
estamos frente a un responsabilidad contractual pues se denuncia el incumplimiento de
las obligaciones de parte de la demandada respecto de sus obligaciones de seguridad y
3 Ibidem. Fundamentos Jurídicos N° 11 y 12.
4 Ibidem. Fundamentos Jurídicos N° 13 y 14.
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salud en el trabajo, lo que según el actor le originó un daño emergente, lucro cesante y
daño a la persona, por lo tanto, la pretensión del demandante debe ser analizada a la luz
de las disposiciones establecidas en nuestra normatividad civil sobre inejecución de
obligaciones, teniendo en cuenta que “La responsabilidad contractual es aquella que
deriva de un contrato celebrado entre las partes, donde uno de los intervinientes produce
daño por dolo, al no cumplir con la prestación a su cargo o por culpa, por la inejecución
de la obligación, por cumplimiento parcial tardío o defectuoso, la cual debe ser
indemnizada”5, es decir, el daño a indemnizar debe provenir por el no cumplimiento de
una obligación contenida en el contrato, haberla cumplido de manera imperfecta o haber
retardado su cumplimiento por causa imputables al causante del daño.
6.2. Conforme a lo indicado por la Corte Suprema, “… en nuestro sistema de responsabilidad
civil, rige la regla según el cual el daño, definido como el menoscabo que sufre el sujeto
dentro de su esfera jurídico patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o
indemnizado, teniendo como daños patrimoniales al daño emergente y el lucro cesante y
daños extrapatrimoniales al daño moral y al daño a la persona…”6, pero para determinar
la existencia de un supuesto de responsabilidad civil contractual se requiere verificar la
existencia de un contrato válido, de un daño o perjuicio, la relación de causalidad y la
existencia de dolo o culpa.
7. La Existencia del Daño.-
7.1. El daño es entendido como el menoscabo o detrimento patrimonial o extrapatrimonial
que sufre la víctima y puede ser clasificado en daño emergente, lucro cesante, daño
moral y daño a la persona, siendo que en el presente caso, el demandante alega que la
demandada le ha ocasionado un daño al haber contraído las enfermedades de
neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial bilateral, por lo que en primer lugar debe
determinarse si el actor adolece de tales enfermedades.
7.2. Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en calidad de precedente vinculante,
“… la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26.º del
Decreto Ley N.º 19990. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación
posterior se comprobara que el examen o dictamen médico de incapacidad o invalidez
es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y
administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de
las Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante”7.
7.3. En el presente caso, se advierte que a fojas 3 y 370 corre el Informe de Evaluación
Médico de Incapacidad de fecha 21 de Febrero del 2008 emitido por la Comisión
5 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 507-99-
LAMBAYEQUE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Setiembre de 1999, página 3403.
6 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 12-2000-
CONO NORTE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Agosto del 2000, página 6095.
7 Fundamento Jurídico N° 14 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 13 de Octubre del 2008 en el
expediente N°02513-2007-PA/TC.
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Evaluadora del Hospital II de Pasco de ESSALUD mediante el cual se señala que el
demandante adolece de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial bilateral con un
menoscabo del 53%, siendo que las demandadas alegan que dicho certificado médico
carece de validez debido a que no cuentan con el respaldo de los exámenes médicos
correspondientes.
7.4. De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la Ley N° 26842 “Ley General de la Salud”,
todo acto médico “… debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que
contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema
de salud diagnosticado”; asimismo, se tiene que el artículo 92 del Código de Etica y
Deontología del Colegio Médico del Perú señala que “La historia clínica es el documento
médico con valor legal en el que se registra el acto médico. Debe ser veraz y completa.
El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o
juicios de valor o información ajenos a su propósito”8.
7.5. Si bien es cierto el Tribunal Constitucional ha determinado que la existencia de una
enfermedad profesional sólo puede ser acreditada con el examen médico de una
comisión médica del Ministerio de Salud, Essalud o EPS, éste también ha indicado que
la inexistencia de una historia clínica que brinde verosimilitud al informe médico desvirtúa
el diagnóstico de la enfermedad profesional, pues ha señalado que como la historia
clínica “… cuenta con tres folios, advirtiéndose que consigna los datos personales del
demandante pero no registra ningún tipo de exámenes clínicos, por lo que el diagnóstico
de las enfermedades que padecería el demandante carece de verosimilitud, pues no
existe –como corresponde- una historia clínica que respalde el informe de la Comisión
Médica presentada en autos”, concluyendo que “… el diagnóstico de las enfermedades
profesionales de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial bilateral queda desvirtuado,
por no existir historia clínica que respalde el certificado médico de invalidez obrante en
autos”9.
7.6. En el presente caso, se tiene que en el acto de la Audiencia de Conciliación de fecha 23
de Marzo del 2016, esta Judicatura solicitó al Hospital II Pasco de Essalud que remita
copias de la historia clínica del actor que dio mérito a la emisión del certificado médico de
invalidez de fojas 3, advirtiéndose que a fojas 370-377 el Director de dicho Centro
Médico remite a este Despacho el Oficio N° 162-RAPA-EsEsalid-2016 en el que adjunta
la copia autenticada del expediente que obra en los archivos de la Comisión Médica
Evaluadora, el mismo que consta de 8 folios, verificándose que sólo obran el certificado
médico, la historia clínica, la solicitud de evaluación médica presentada por el actor, la
copia de su DNI, una constancia de trabajo, una declaración jurada y el recibo de pago,
no existe copia de los exámenes médicos practicados al demandante ni las conclusiones
arribadas en los mismos.
7.7. A fojas 371 corre la copia de la copia de la historia clínica del actor en el Hospital II de
Pasco, la misma que data del 20 de Febrero del 2008, en donde se aprecian anotaciones
sobre los antecedentes laborales del actor, antecedentes familiares, antecedentes
personales, labores realizadas, enfermedades que presentaba, siendo que en la parte
pertinente a “Exámenes Auxiliares” se indica lo siguiente:
8 En http://www.cmp.org.pe/doc_norm/codigo_etica_cmp_OCT-2007.pdf
9 Fundamentos Jurídicos N° 2.3.6 y 2.3.8 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 31 de Octubre del
2012 en el expediente N° 00045-2012-PA/TC.
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7.8. Como se observa, no se indica si el demandante fue sometido a una espirometría o si se
le tomó una placa radiográfica cuya lectura permita establecer que el demandante
padece de la enfermedad de neumoconiosis, pues en el rubro correspondiente a los
exámenes radiológico y espirometría no se consigna información alguna sino que dichos
rubros aparecen en blanco, además que en el archivo de la Comisión Evaluadora no
existen las placas radiográficas o los resultados de éstas y de los exámenes de
espirometría a los que se hubiere sometido el demandante, pues conforme a lo
informado por el propio Director del nosocomio, sólo existen los 8 folios remitidos a esta
Judicatura, por lo tanto, debe concluirse que en la historia clínica del actor no existe
examen médico que permita determinar que el diagnóstico de neumoconiosis se
encuentra respaldado por los exámenes médicos requeridos para que pueda tener por
acreditado que el demandante efectivamente padece de esta enfermedad profesional.
7.9. Y es que a fojas 142-170 y 244-272 de autos, corren los exámenes médicos realizados
por las demandadas al actor en donde aparece consignado que éste no adolece de
neumoconiosis, y si bien es cierto que en la Ficha Médica Ocupacional del 13 de Abril
del 2007 se consigna que hay sospecha de neumoconiosis debido a polvo de sílice, en
los posteriores informes ya no aparece ningún diagnóstico similar o alguna alteración en
los pulmones, por lo que tampoco este examen puede servir de sustento para evidenciar
que el demandante padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis.
7.10. Además se tiene que conforme a lo señalado por el propio actor en el acto de la
audiencia de juzgamiento, éste indicó que no recibe tratamiento médico alguno ante
Essalud por las enfermedades que indica, además que no efectuó gasto alguno por
estas enfermedades ni consume ningún medicamento, es decir, pese a que según la
historia clínica de fojas 371 se indica que por la neumoconiosis adolece de un
menoscabo del 52% no presenta problemas médicos que requiera de asistencia médica,
lo que no resulta razonable estando que conforme a lo que indica el actor en su
demanda, esta enfermedad es de carácter irreversible y degenerativa.
7.11. Si bien la ONP informa a esta Judicatura que otorgó al demandante el g |
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Sumilla: Para los casos de desnaturalización de los
contratos de servicios no personales, debe aplicarse el
Principio de Primacía de la Realidad, en observancia de los
rasgos de laboralidad, a fin de determinar la concurrencia
de los elementos constitutivos del contrato de trabajo
(prestación personal de servicios, remuneración y
subordinación); y de ser este el caso, los contratos civiles
se desnaturalizarían.
S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
SENTENCIA DE VISTA
Lima, 14 de mayo de 2018
VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gino Yangali Iparraguirre; esta
Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente:
I. PARTE EXPOSITIVA:
I.1. Objeto de la revisión
Viene en revisión a esta instancia la Sentencia N° 108-2017 contenida en la
Resolución N° 06 de fecha 05 de mayo de 2017, de folios 453 a 473, que resuelve
declarar Fundada en parte la demanda sobre Desnaturalización de Contratos de
Locación de Servicios y otros;
I.2. Del recurso de apelación (pretensión y fundamentos)
La parte demandada, mediante escrito de fojas 476 a 487, impugna la
sentencia solicitando que se revoque y funda sus agravios en los siguientes términos:
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• La sentencia apelada ha incurrido en error al amparar la reposición y el pago
de beneficios sociales solicitado por el actor, sin haberse demostrado la
existencia de un contrato de trabajo; en tanto el A quo no ha cumplido con
establecer la existencia del elemento de subordinación, por cuanto los
contratos suscritos por el actor con la entidad demandada han cumplido con las
formalidades exigidas por la normatividad aplicable a la contratación civil. .
• El Juzgado omite analizar que el demandante no ha cumplido la jornada
mínima legal diaria para tener derecho al pago de la Compensación por Tiempo
de Servicios y al goce del descanso vacacional anual;
• La inexistencia de una relación laboral da lugar a que no se le abone al actor
monto alguno por concepto de beneficios sociales; en razón a que la relación
que mantuvo con su representada fue de naturaleza civil.
• El motivo de la extinción del vinculo contractual entre las partes fue el termino
de la ejecución del último contrato de locación de servicios, razón por la cual no
ha existido despido alguno que genere la reposición del demandante;
• El Juzgado no ha tenido en cuenta que el Banco de la Nación se encuentra
exonerado del pago de costos procesales.
I.3. Pretensiones del proceso
Como antecedente, se señala que en Audiencia de Conciliación de fojas 441 a
442, se precisaron las pretensiones materia de juicio, conforme se señalan a
continuación:
• La desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos con la
emplazada por el periodo comprendido del 25 de abril del 2008 hasta el 06 de
julio del 2015 y como consecuencia de ello se declare la existencia de un
contrato de naturaleza laboral a plazo indeterminado.
• Se disponga la reposición del demandante a su centro de labores en el mismo
cargo que venía desempeñando como analista de control patrimonial o un
cargo similar en la sección de control patrimonial por haber sido cesado si
expresión de causa.
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• El pago de beneficios sociales que comprende: la compensación por tiempo de
servicios por el mismo periodo demandado, remuneración e indemnización
vacacional por no descanso oportuno por el periodo 2008 hasta el 2014, el
pago de vacaciones simples por el periodo 2014/2015, el pago de vacaciones
truncas 2015/2016, gratificaciones correspondiente del 2009 al 2015 debiendo
incluirse el pago de la bonificaciones extraordinaria del 9% correspondiente de
los años 2009 al 2015
• El pago de remuneración, gratificación y CTS, dejadas de percibir desde la
fecha que se produjo el cese hasta la fecha que se produzca la reposición
• El pago de una indemnización de despido arbitrario en la suma ascendente de
s/.37.800.00
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: Que, los artículos 364° y 370º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso de autos por mandato expreso de la Primera Disposición
Complementaria de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497, delimitan la competencia de
Superior Jerárquico respecto a la apelación de Sentencia; siendo así, corresponde al
Colegiado como órgano jurisdiccional revisor circunscribirse solamente al análisis de la
resolución venida en grado;
§ Respecto de la desnaturalización de los contratos de locación de servicios
SEGUNDO: En el presente caso, la materia se delimita si corresponde declarar la
desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos entre las partes,
por el periodo comprendido desde el 25 de abril de 2008 hasta el 06 de julio de 2015.
TERCERO: Así, debe partirse indicando que, el contrato de trabajo es entendido
como un acuerdo de voluntades por el cual una de las partes llamada trabajador, se
compromete a prestar personalmente sus servicios en relación de subordinación a
favor de la otra llamada empleador, quien a su vez está obligado a pagar a favor de
aquél una remuneración por los servicios prestados. En ese sentido, lo tiene expuesto
DE FERRARI, quien al referirse al respecto manifiesta que, el contrato de trabajo “es
aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo la
dependencia de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como
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compensación una retribución en dinero”1. En igual línea de ideas se ha expresado
GOMEZ VALDÉZ, al señalar que “El contrato de trabajo es el convenio elevado a
protección fundamental, según el cual, un trabajador bajo dependencia se
coloca a disposición de uno o más empleadores a cambio de una retribución,
elevada, también, a idéntica protección fundamental.”2
CUARTO: De las definiciones dadas, puede afirmarse que los elementos
constitutivos de esta clase de contrato son: a) la prestación personal de servicios, b) la
remuneración; y, c) la subordinación. Cabe hacer énfasis, que estos elementos son
esenciales de todo contrato de trabajo, vale decir, que necesariamente tienen que
concurrir para considerar a una ocupación dentro del objeto de regulación del derecho
del trabajo; pues la falta de uno de ellos daría lugar a una relación jurídica diferente a
la que es materia de protección de la rama laboral. En los contratos de trabajo se tiene
como elemento diferenciador la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le
otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los
trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del poder de
dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus
obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)
QUINTO: En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es
definido por el artículo 1764º del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el
cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una
retribución”, de lo que se infiere que el elemento esencial del contrato de locación de
servicios es la independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus
servicios. En ese sentido, como lo afirma TOYAMA MIYAGUSUKU, en este tipo de
contratos “la prestación de servicios se realiza en forma independiente, sin
presencia de subordinación o dependencia del contratado. El locador se
encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato,
pero sin llegar a una situación de dependencia jurídica frente a quien lo
contrata”3.
1 DE FERRARI, Francisco. “Derecho del Trabajo”, Segunda Edición, Depalma, Buenos Aires, 1969, Volumen II, p.
73.
2 GÓMEZ VALDEZ, Francisco. “El contrato de Trabajo”. Parte General. Tomo I. Lima, Editorial San Marcos, p.
109.
3 Opus. cit.
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SEXTO: Estando a lo antes expuesto, se aprecia que el elemento tipificante del
contrato de trabajo y, el cual permite diferenciarlo de otro tipo de contratos, es la
subordinación, el cual es entendido como el poder jurídico existente entre el
trabajador y el empleador, por el cual el primero ofrece su trabajo al segundo y le
confiere el poder de conducirla; siendo la sujeción y la dirección aspectos que se
encuentran manifestados en la capacidad del empleador de dirigir, fiscalizar y
sancionar al trabajador y en la actitud del trabajador de acatar las órdenes impartidas
por este; como así ha tenido oportunidad de recalcar el Tribunal Constitucional en la
Sentencia N° 01846-2005-PA/TC4, cuando señala: “Se aprecia que el elemento
determinante, característico y diferenciador del contrato de trabajo en relación
con el contrato de locación de servicios es el de la subordinación del trabajador
con respecto al empleador; lo cual le otorga a este último la facultad de dar
órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo
por el que se les contrató (poder de dirección), así como la de imponerle
sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder
sancionador o disciplinario). Así, en caso de que se acredite la existencia de un
trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte del comitente de
impartir órdenes a quien presta el servicio, o en la fijación de un horario de trabajo
para la prestación del servicio, entre otros supuestos, indudablemente se estará ante
un contrato de trabajo, así se le haya dado la denominación de contrato de locación de
servicios. Es decir que si en la relación civil se encuentran los tres elementos citados,
estaríamos indefectiblemente en presencia de una relación laboral; más aún, si se
aprecia que el comitente ha ejercido los poderes que le son inherentes al empleador,
como son el poder de dirección y el poder sancionador, se estará ante una relación
laboral que ha sido encubierta como un contrato de naturaleza civil, por lo que en este
caso es de aplicación el principio de primacía de la realidad”.
SÉPTIMO: Por tanto, es posible que en la práctica el empleador pretenda encubrir
una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios;
por lo que corresponde tener presente que el Tribunal Constitucional, en reiterada
jurisprudencia, ha establecido que ante dichas situaciones debe aplicarse el Principio
de Primacía de la Realidad, el cual tiene como consecuencia que “(...) en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe
4 De fecha 20 de febrero de 2006.
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darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos5”;
y de comprobarse la concurrencia los tres elementos constitutivos del contrato de
trabajo, los contratos de locación de servicios se desnaturalizarían.
OCTAVO: Que, “el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el
trabajador y el empleador para la prestación de servicios personales y subordinados
bajo una relación de ajenidad (servicios subordinados prestados para otra persona).
El acuerdo podrá ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por las
partes”6, y que “Se configura cuando se presentan, conjuntamente, los tres elementos
esenciales: prestación personal, remuneración y subordinación. Estos elementos se
encuentran reconocidos no sólo por la jurisprudencia y la doctrina laboral, sino por el
ordenamiento positivo”7, siendo que en el régimen laboral de la actividad privada, el
artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto
Supremo N° 003-97-TR8 establece que en toda prestación de servicios remunerados
y subordinados se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato de
trabajo por tiempo indeterminado; asimismo, se deberán de añadir las características
básicas de dicho contrato, tales como: jornada de trabajo, lugar de prestación, entre
otros; mientras que en un contrato civil de locación de servicios no hay dependencia.
El locatario del servicio, o comitente, contrata para el desarrollo de una actividad o
servicio que el locador puede hacer como desee, dentro de ciertos marcos de
profesionalidad, usos o experiencia.
NOVENO: Por lo tanto, la principal característica que diferencia un contrato de
trabajo de cualquier otra relación jurídica, es la subordinación o dependencia,
entendida por el profesor Javier Neves Mujica como aquel "(…) vínculo jurídico entre
el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad
5 STC N.° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3.
6 Toyama Miyagusuku, Jorge.-Los Contratos de Trabajo. Gaceta Jurídica. Primera Edición, Lima-Perú, 2008, pág.
47.
7 Academia de la Magistratura. Estudios sobre la jurisprudencia constitucional en materia laboral y previsional.
Editora Perú S.A. Primera Edición, Lima-Perú, 2004, Págs. 35-36.
8 Artículo 4.- En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un
contrato de trabajo a plazo indeterminado.
El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El
primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley
establece.
También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna.
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al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción, de un lado, y dirección del
otro, son los dos aspectos centrales del concepto"9
DÉCIMO: De otro lado, debemos tener en cuenta que los contratos de locación de
servicios se encuentran diseñados para labores de “orden técnico y especialización se
prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen
ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza inclusive presta su concurso
especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una
característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se
laborales”, añadiendo que “en estas modalidades no hay sujeción a un horario,
pues existe autonomía de quien presta el servicio y también la alternativa de no
ser exigible prestar personalmente el servicio”. (Sentencia recaída en el Expediente
Nº 5513-2009, de fecha 30 de marzo del 2011, Sala Constitucional de Lambayeque)
UNDÉCIMO: Que, en materia laboral para establecer la existencia de un
contrato de locación de servicios o de un contrato de trabajo, resulta imprescindible
analizar el principio fundamental que distingue al contrato de trabajo, el Principio de
la Primacía de la Realidad, al decir, del juslaboralista Américo Plá Rodríguez, “El
significado que se atribuye a este principio es el de la primacía de los hechos sobre
las formas, las formalidades o las apariencias. Esto significa que en materia laboral
importa lo que ocurre en la práctica más que los que las partes hayan pactado en
forma más o menos solemne o expresa”10; ahora bien, este desajuste entre los
hechos y la forma puede tener varias procedencias, tales como: a) resultar de una
intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica distinta de la real; b)
provenir de un error; c) derivar de una falta de actualización de los datos; d) originarse
en la falta de cumplimiento de requisitos formales. En este sentido, se puede
establecer que las instituciones jurídicas se definen por su contenido y no por su
denominación. De tal manera que el hecho de llamarse locación de servicios, a un
contrato de trabajo propiamente dicho, no altera su esencia y, por lo tanto, se origina
una serie de obligaciones por parte del empleador; por lo que si una persona que ha
sido contratada indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, siendo su
calidad jurídica la de trabajador subordinado, tiene derecho a reclamar todos los
beneficios que le hubiere correspondido en esa calidad.
9
NEVES MUJICA, Javier. "Introducción al Derecho Laboral" Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica,
página 31
10 Plá Rodríguez, “Los Principios del Derecho del Trabajo”, p. 256
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DUODÉCIMO: Asimismo, resulta necesario tener presente, lo resuelto por el
Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 03015-2010-PA/TC, donde se establece los
rasgos de laboralidad en una relación jurídica civil encubierta al señalar en su
fundamento 5 lo siguiente: “Pues bien, para determinar si existió una relación de
trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe
evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente, alguno
de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación desarrollada o la
forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura
organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario
determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de
herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de
remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como
las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de
pensiones y de salud”.
DECIMOTERCERO: Bajo éste parámetro, cabe señalar que el A quo ha efectuado
una debida valoración conjunta de todas las pruebas aportadas al presente proceso;
así como de los indicios derivados de los medios probatorios actuados, llegando a la
convicción y certeza de que los servicios no se ejecutaron bajo una relación de
naturaleza civil de locación de servicios como alega la parte demandada, sino una
relación de naturaleza laboral; vinculación que en efecto puede concluirse en el
proceso, en razón de haberse dado los elementos constitutivos del contrato de
trabajo.
DECIMOCUARTO: Prestación de servicios: Para la configuración de este
elemento esencial del contrato de trabajo, se debe entender que es una obligación del
trabajador de poner a disposición del empleador su actividad laboral, es de carácter
personal, significando este último que no puede delegarse a un tercero para su
ejecución. De la revisión de los actuados, se acredita este elemento esencial con los
contratos de locación de servicios que corren de fojas 24 a 196, con lo que queda
determinado que el demandante prestó servicios para la demandada por el periodo
del 25 de abril de 2008 al 06 de julio de 2015;
DECIMOQUINTO: Remuneración: Para la configuración de este elemento
esencial del contrato de trabajo, debe entiende como la obligación del empleador de
pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la
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actividad que este pone a su disposición. De igual modo, verificamos que de los
contratos de locación de servicios que el demandante ha percibido como concepto de
retribución por los servicios prestados por los periodos a la cual estuvo sujeto a la
contratación de naturaleza civil.
DECIMOSEXTO: Subordinación: Se ha establecido en el artículo 9° del Decreto
Supremo Nº 003-97-TR, que se debe entender que por la subordinación, el trabajador
presta sus servicios bajo la dirección del empleador, quien tiene las facultades para
normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la
ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de
razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones recaídas en el
trabajador; aspecto que no debe presentarse bajo ninguna circunstancia en el marco
de un contrato de locación de servicios, pues una de las características distintivas de
esta relación contractual es que el locador de servicios no se encuentra subordinado
al comitente, tal como lo dispone el artículo 1764° del Código Civil. A modo de
conclusión, debe entenderse que este elemento implica la presencia de las facultades
de dirección, fiscalización y sanción que tiene el empleador frente a un trabajador, lo
cual no existe tratándose de otros contratos de prestación de servicios, como es el
caso de la locación de servicios que, al no contemplar en su regulación jurídica el
factor de la subordinación.
DECIMOSÉPTIMO: Cabe señalar, que del contenido de cada contrato de locación
de servicios, se corrobora que el demandante estuvo sujeto a control respecto de las
labores que realizaba, lo que se demuestra que el actor era supervisado en forma
directa por la demandada en la ejecución del servicio prestado; así como también, que
al prestar el servicio de apoyo el demandante, se presume que dependía de alguien;
asimismo, advertimos que la parte demandada no ha refutado la posición del
demandante con medios probatorios idóneos; por lo que con todo esto, queda
acreditada la subordinación por la naturaleza misma de las funciones desempeñadas
por el demandante, ya que el brindar apoyo denota cuando menos estar bajo las
órdenes, dirección y coordinación del personal a quien se apoya; es decir, que las
tareas propias del actor debieron ser ejecutadas en cumplimiento de pautas y
directrices impartidas por un jefe inmediato.
DECIMOCTAVO: Es así que determinada la subordinación y demás elementos
esenciales de un contrato de trabajo, debe aplicarse el Principio de Primacía de la
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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Realidad, por el cual, conforme lo tiene expuesto Plá Rodríguez “en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o
acuerdos, debe darse preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos”11. De
igual forma conviene traer a colación lo manifestado por De la Cueva, en el sentido
que “La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que
las partes hubieran pactado, sino de la situación real en que el trabajador se
encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo
depende cada vez menos de una relación subjetiva, cuanto de una situación objetiva,
cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde
resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que
las partes hubieran pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato
no corresponden a la realidad carecerán de todo valor”12.
DECIMONOVENO: Cabe precisar además, que dicho principio ha sido recogido, por
nuestra jurisprudencia nacional, en la Casación N° 2298-2004-Lima13 en los siguientes
términos: “Los órganos de instancia han tenido en cuenta que son elementos que
configuran el contrato de trabajo: la remuneración, la prestación personal y la
subordinación, y privilegiando lo ocurrido en el terreno de los hechos, a partir del
mérito de la prueba actuada en el proceso que acredita la configuración de tales
elementos, arriban a la conclusión que entre las partes existió una relación laboral de
naturaleza indeterminada, de allí que no pueda pretenderse la aplicación de normas
de naturaleza civil para definir formalmente la existencia de una relación de similar
naturaleza como así se postula en la denuncia descrita en el numeral VIII, cuando es
precisamente por valoración probatoria que se ha constatado la existencia de un
contrato de trabajo a partir de la presencia, de entre otros elementos, de la
subordinación, que se constituye en el elemento que viene finalmente a tipificarlo
(…)”.
VIGÉSIMO: Es desde esta óptica y dentro de este marco doctrinal y legal que se
debe concluir que en el caso de autos se ha presentado una discordancia entre lo que
obra en documentos y lo que ocurrió efectivamente, siendo que la calificación de una
situación o relación jurídica de una manera que no guarda conformidad con su
naturaleza provoca el sometimiento de un régimen jurídico que no es el pertinente y
11 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Segunda Edición, Depalma, Buenos
Aires, 1978, pág. 243.
12 DE LA CUEVA, Mario. “Derecho Mexicano del Trabajo”, Segunda Edición, México 1943, Tomo I, pág. 381.
13 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 31 de agosto de 2007.
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
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que para resolver casos como el planteado, el Derecho del Trabajo ha construido el
Principio de la Primacía de la Realidad por el que como reza un clásico aforismo del
Derecho Civil “las cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina” y
que el Juzgador debe hacer prevalecer la realidad sobre la apariencia y considerar el
acto como inválido.
VIGÉSIMO PRIMERO: Por tanto, estando a las consideraciones expuestas
precedentemente, nos permite concluir que la prestación personal por parte del
demandante a favor de la entidad demandada se ha dado de manera subordinada,
para tal efecto se determina que entre las partes existió una relación contractual de
naturaleza laboral y no civil como alega la demandada; siendo ello así, se tiene por
desnaturalizados los contratos de locación de servicios suscritos entre las partes del
25 de abril de 2008 al 06 de julio de 2015 y, en consecuencia, se reconoce la
existencia de una relación laboral a plazo indeterminado.
§ Beneficios Sociales otorgados en la recurrida
VIGÉSIMO SEGUNDO: . Siendo que en los considerandos precedentes se ha
discernido que se ha desnaturalizado los contratos civiles suscritos entre las partes,
esto es, que se debe de entender que la prestación habida entre el actor y la entidad
demandada es del régimen laboral a plazo indeterminado, desde el 25 de abril de
2008 al 06 de julio de 2015, en tal sentido le corresponde al actor el pago de los
beneficios sociales, por lo que se debe de desestimar el agravio planteado por la
demandada.
VIGÉSIMO TERCERO: Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, en cuanto al pago
de la Compensación por Tiempo de Servicios, el Banco de la Nación se convierte
en agente retenedor, no obstante la Juzgadora ordena el pago de este concepto.
Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que el Decreto Ley N° 25807 que sustituyó el
artículo 12° del Decreto Ley N° 25572, estableció q ue: “las entidades del Gobierno
Central y Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de la Ley
N° 4916 (entiéndase régimen laboral de la actividad privada), no están comprendidas
en la aplicación del Decreto Legislativo N° 650 y del Decreto Ley N° 25460
únicamente para efectos de los depósitos correspondientes a la compensación por
tiempo de servicios en las instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro
y crédito, mutuales y cajas municipales de ahorro y crédito, constituyéndose en
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depositarios obligatorios de dichos fondos y asumiendo las cargas financieras
respectivas ...”, por lo que el pago de este beneficio deberá ser efectuado al momento
de extinguirse la relación de trabajo entre las ahora partes procesales,
correspondiendo a la emplazada constituirse en depositaria del importe de S/.
24,688.67, señalado en la Sentencia apelad |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Expediente N° : 16784-2015-0-1801-JR-LA-10
Demandante : NICANOR FERNANDO LARA YONG
Demandada : BANCO DE LA NACIÓN
SENTENCIA N° 108-2017
RESOLUCIÓN: SEIS
Lima, cinco de mayo del dos mil diecisiete.
I. PARTE EXPOSITIVA:
SÍNTESIS DE LA DEMANDA:
Por escrito que obra de fojas 375 a 404 y subsanada a fojas 409 a 412, NICANOR
FERNANDO LARA YONG, interpone demanda contra el BANCO DE LA
NACIÓN; solicitando:
Pretensión Principal:
•
Desnaturalización de los contratos de locación de servicios, por el periodo del
25 de abril del 2008 al 06 de julio del 2015 y como consecuencia de ello se
declare la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado.
•
La reposición a su centro de trabajo en el cargo que venía desempeñado como
Analista de Control Patrimonial o uno similar en la Sección de Control
Patrimonial, División de Servicios en el Departamento de Logística como
consecuencia del despido incausado sufrido.
•
El pago de Compensación por Tiempo de Servicios por el periodo del 25 de
abril del 2008 al 06 de julio del 2015.
•
El pago de remuneración e indemnización por el no descanso oportuno por el
periodo del 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
•
El pago de vacaciones simples por el periodo del 2014-2015.
•
El pago de Vacaciones Truncas por el periodo del 2015-2016.
•
El pago de las Gratificaciones Legales de Julio y Diciembre de los años 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2004 y julio del 2015, más el 9% por Bonificación
Extraordinaria.
Página 1 de 21 Como Pretensión Accesoria:
•
El pago de remuneraciones, gratificaciones y compensación por tiempo de
servicios dejadas de percibir desde la fecha en que se produce el hecho lesivo;
es decir, 06 de julio del 2015 hasta la fecha de reposición.
•
El pago de los intereses bancarios por el concepto de compensación por tiempo
de servicios.
•
El pago de intereses Legales devengados desde la fecha en que correspondía el
pago.
•
El pago de los costos del proceso.
Como Pretensión Subordinada:
•
El pago de la indemnización por despido arbitrario en caso se desestime la
reposición reclamada como pretensión principal.
Refiere el demandante, que:
- Ingresó a laborar para la emplazada el 25 de abril del 2008 hasta el 06 de julio
del 2015 habiéndose desempeñado como Analista de Control Patrimonial en
la Sección de Control Patrimonial de la División de Servicios en el
Departamento de Logística, realizando labores de carácter permanente,
cumpliendo un horario y jornal de trabajo bajo las ordenes de su jefe
inmediato.
- Que mediante la contratación de locación de servicios la emplazada ha
tratado de encubrir su verdadera relación de trabajo a plazo indeterminado;
ya que, la condición de sus funciones se encontraban previstas dentro de la
estructura orgánica de la institución demandada, la misma que se desarrolló
en forma ininterrumpida.
- Finalmente, señala que la emplazada procedió a despedirlo sin expresión de
causa por lo que procedió a dejar constancia del hecho a través de un efectivo
policial y posteriormente ante la autoridad de trabajo, siendo que ambas
ocasiones la demandada negó su calidad de trabajador y señalando que el
cese fue por el término del contrato; motivo por lo que, solicita la reposición
a su centro de trabajo.
AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN
Página 2 de 21 De la grabación de audio y video que corresponde a la audiencia de conciliación
y del acta que obra inserto de folios 447 a 448, se aprecia que no prosperó la
conciliación por mantener cada una de las partes sus propios puntos de vista,
recibiéndose el escrito de contestación.
ESCRITO DE CONTESTACIÓN
La demandada ejercita su derecho defensa manifestando sobre el fondo lo
siguiente:
- Manifiesta que la relación contractual que mantuvo con el demandante
fue una de naturaleza civil, para que preste sus servicios en forma
independiente, los cuales variaban según las necesidades del Banco y por
lo que se le pagaba una retribución distinta según la dificultad del
servicio.
- Que, no ha operado el poder de dirección ni de fiscalización ante el
accionante pues no se dispuso o exteriorizó la ejecución del servicio;
además que ello no ha sido acreditado por el actor.
- Que, los servicios prestados fueron discontinuos y distintos entre sí,
además que el demandante no ha acreditado haber cumplido un horario
de trabajo estable; ya que, para el pago de los beneficios sociales que se
reclama indica que es necesario acreditar el cumplimiento de una
jornada mínima de 04 horas diarias.
- En ese sentido, manifiesta que siendo que el demandante no ha tenido un
vínculo laboral con el Banco de la Nación no le corresponde el pago de
los beneficios reclamados.
- Por otro lado, el accionante sólo ha desempeñado funciones como apoyo
técnico en el control de los bienes del Banco de forma autónoma e
independiente pues la actividad que cumplía no era principal ni directa
del Banco de la Nación.
- Finalmente, el accionante no ha demostrado la existencia de un despido
incausado o arbitrario y por tanto no le corresponde el pago de
remuneraciones y beneficios que reclama; así como tampoco, la
reposición que se pretende.
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
Página 3 de 21 Se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento con la asistencia de ambas partes;
acto seguido, se realizó la confrontación de posiciones, se establecieron los
hechos que no necesitan de actuación probatoria, no se dejó de lado ningún
medio probatorio, se admitieron y actuaron los medios probatorios ofrecidos
por las partes; después, se recibieron los alegatos de cierre y finalmente, el
Magistrado comunicó que se reservaba el fallo de la sentencia, la misma que se
sustenta en los siguientes fundamentos:
II. PARTE CONSIDERATIVA:
1. HECHOS QUE NO NECESITAN DE ACTUACION PROBATORIA: En esa línea,
se determinó que los hechos que no ameritan actuación probatoria es que el
accionante ingresó a laborar el 25 de abril del 2008, teniendo como última
remuneración la suma de S/ 3.500.00 y siendo su fecha de cese el 06 de julio del 2015.
2. HECHOS QUE NECESITAN DE ACTUACION PROBATORIA: Asimismo,
se determinó que los hechos que sí ameritan actuación probatoria son los
siguientes:
i) Determinar si procede la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios suscritos con la emplazada por el periodo comprendido del 25 de
abril del 2008 hasta el 06 de julio del 2015 y como consecuencia de ello se
declare la existencia de un contrato de naturaleza laboral a plazo
indeterminado;
ii) Determinar si procede disponer la reposición del demandante a su centro
de labores en el mismo cargo que venía desempeñando como analista de
control patrimonial o un cargo similar en la sección de control patrimonial
por haber sido cesado si expresión de causa;
iii) Determinar si procede el pago de beneficios sociales que comprende: la
compensación por tiempo de servicios por el mismo periodo demandado,
remuneración e indemnización vacacional por no descanso oportuno por el
periodo 2008 hasta el 2014, el pago de vacaciones simples por el periodo
2014/2015, el pago de vacaciones truncas 2015/2016, gratificaciones
correspondiente del 2009 al 2015 debiendo incluirse el pago de la
bonificaciones extraordinaria del 9% correspondiente de los años 2009 al
2015;
iv) Determinar si procede el pago de remuneración, gratificación y CTS,
dejadas de percibir desde la fecha que se produjo el cese hasta la fecha que se
produzca la reposición; y,
Página 4 de 21 v) Determinar si procede subordinadamente el pago de una indemnización
por despido arbitrario en la suma ascendente de S/ 37.800.00.
3. CARGA DE LA PRUEBA: Conforme lo establece el artículo 23° de la Ley N°
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: “23.1 La carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a
las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales. 23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 23.3 Cuando
corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la
prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al
constitucional o legal. b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c) La
existencia del daño alegado. 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que
sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas
legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La
existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo laboral y la
causa del despido”.
4. PRECEDENTE VINCULANTE. El artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, establece que: “Las sentencias del Tribunal
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando
así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente” (sic.).
5. PRECEDENTE DEL CASO HUATUCO HUATUCO. El 05 de junio de 2015,
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la sentencia del Tribunal
Constitucional, recaída en el expediente N° 05057-2013-PA/TC, cuyos
fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 constituyen precedente vinculante.
6. Para determinar si este precedente es aplicable al presente caso, debe
verificarse si los hechos que dieron lugar al precedente mencionado y los
hechos que son materia de controversia en el presente caso, son idénticos o
similares, como para que se determine la obligatoriedad de su observancia.
7. En ese sentido, del caso que dio lugar a la expedición del precedente
vinculante se aprecia, que fue un proceso de amparo sobre reposición por
despido incausado, iniciado por una ex trabajadora del Poder Judicial, quien
alegó que los contratos sujetos a modalidad por servicio específico suscritos
se encontraban desnaturalizados, al haber realizado labores de naturaleza
permanente y debían considerarse como un contrato a plazo indeterminado,
Página 5 de 21 verificándose que la demandada en ese proceso fue el Poder Judicial, cuyo
personal jurisdiccional se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad
privada y, a su vez, se encuentra dentro del marco del régimen del servicio
civil en aplicación de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.
8. Sin embargo, en el presente proceso, nos encontramos frente a una demanda
formulada por un trabajador que alega que sus contratos se han
desnaturalizados y tener en ese sentido la condición de trabajador del Banco
de la Nación, al haber laborado en el cargo de Analista; y, si bien es cierto
que una de sus pretensiones se encuentra dirigida a que se reponga en las
mismas funciones que se encontraba laborando; también lo es, que el Banco
de la Nación se constituye en ser una empresa del estado.
9. Siendo así, es de recordar que la Casación Laboral Nº 12475-2014-
Moquegua de fecha 17 de diciembre del 2015, que fuera expedida como
doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento respecto de la
interpretación del precedente vinculante del TC recaído en el expediente N°
50507-2013-PA/TC, ha señalado que este último no resulta aplicable a los
trabajadores estatales excluidos del ámbito de la Ley del Servicio Civil,
señalados en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30057;
es decir, no aplica el Precedente Huatuco y también conservan el derecho a la
reposición los siguientes grupos de trabajadores estatales:
(cid:1) Empresas del Estado: Banco de la Nación, Petroperú, Sedapal, Corpac,
Etc.
(cid:1) Banco Central de Reserva.
(cid:1) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
(cid:1) Congreso de la República.
(cid:1) Superintendencia de Banca y Seguros – SBS.
(cid:1) Contraloría General de la República.
(cid:1) Obreros regionales y obreros municipales.
(cid:1) Miembros del Servicio Diplomático – Ley 28091.
(cid:1) Profesionales de la Salud (Ley 23536): Médicos, odontólogos, químicos
farmacéuticos, tecnólogos médicos, enfermeros, obstetras, sicólogos,
biólogos, nutricionistas, ingeniero sanitario y asistentes sociales.
(cid:1) Miembros de las FFAA y PNP.
(cid:1) Docentes universitarios – Ley 23733.
(cid:1) Docentes del magisterio – Ley 29944.
(cid:1) Carrera especial pública penitenciaria (INPE) – Ley 29709.
(cid:1) Jueces y fiscales.
Página 6 de 21 10. Por tanto, debe concluirse que no es aplicable al caso de autos, el precedente
vinculante expedido por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente
N° 05057-2013-PA/TC, caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco, en cuanto a la
aplicación de la Ley del Servicio Civil, dado que conforme al
pronunciamiento del mismo Tribunal Constitucional, en el Exp N° 06681-
2013-PA/TC LAMBAYEQUE, ha aclarado incluso en su numeral 11 que los
trabajadores de las empresas del estado, no le es aplicable el precedente
Huatuco; dado que, las funciones desempeñadas por un trabajador de una
empresa del estado no se encuentra dentro de la carrera pública.
11. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS CIVILES: El artículo I del
Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo prescribe que el
proceso laboral se inspira, entre otros principios, en el Principio de
Veracidad, regulación que guarda armonía con la aplicación del Principio de
Primacía de la Realidad que en palabras del maestro latinoamericano
AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, implica “[…] la primacía de los hechos sobre las
formas, las formalidades o las apariencias. Esto significa que en materia laboral
importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma
más o menos solemne o expresa, o lo que luzca en documentos, formularios o
instrumentos de control”1 (sic.).
12. En ese sentido, si bien el ordenamiento positivo vigente concede tanto a los
particulares como a las entidades públicas, la posibilidad de vincularse bajo
la modalidad del contrato de servicios no personales, o propiamente de
locación de servicios, también lo es que al constituir el contrato de trabajo, un
contrato realidad, su denominación de manera distinta a la común intención
de las partes, no altera la naturaleza jurídica que su propia naturaleza le da,
la cual debe ser determinada en autos a la luz del principio de la primacía de
la realidad. Por ésta razón, al haberse denunciado la existencia de una
relación de trabajo encubierta bajo la apariencia de un contrato de naturaleza
civil, corresponde verificarse si en la relación habida entre las partes existió o
no vínculo laboral.
1 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Trabajo, Ediciones DEPALMA, 2° Edición, Bs. As.1990,
Pág. 256.
Página 7 de 21 13. Para ello, se debe tener presente que el contrato de locación de servicios tiene
por objeto la realización de un servicio o actividad sin que exista
dependencia, a través del cual el ejecutante presta los servicios según sus
conocimientos, experiencia y habilidades, sin estar sujeto a control o
fiscalización de su labor.
14. De otro lado, el contrato de trabajo es el acto jurídico que genera dos
situaciones jurídicas correlativas, la de trabajador (necesariamente persona
natural) y la de empleador (persona natural o jurídica); razón por la cual, el
primero queda obligado a prestar sus servicios en condiciones de
subordinación en favor del segundo, a cambio de una contraprestación
denominada de modo especial remuneración, en virtud del artículo 4° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°
003-97-TR, “En toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado” (sic.) [el sombreado es nuestro]; de los cuales, la
subordinación es el más resaltante e importante por constituir el rasgo
diferenciador para distinguir el contrato de trabajo de otro tipo de contratos
como es el caso de la locación de servicios
15. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el elemento de la subordinación es
el más resaltante e importante por constituir el rasgo diferenciador para
distinguir el contrato de trabajo del contrato de locación de servicios, en
mérito a cual, el empleador respecto del trabajador se encuentra facultado
para dirigir (dar órdenes, instrucciones o directrices acerca del servicio
contratado), fiscalizar (verificar si se cumplen adecuadamente los servicios
pactados), y sancionar (imponer medidas ante el incumplimiento de las
obligaciones de trabajo); rasgo éste que no se presenta en lo absoluto en un
contrato de prestación de servicios no personales.
16. Más aún, el Dr. CARLOS BLANCAS BUSTAMENTE refiere que el “…El
elemento decisivo en la noción de subordinación es, por consiguiente, el hecho de que el trabajador
pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, independientemente de la mayor o menor
subordinación técnica o del grado de fiscalización a que esté sometido en el desempeño de sus labores,
situación está que se verifica plenamente cuando el primero realiza su trabajo dentro del marco de la
organización empresarial de la que es titular el segundo, lo cual, precisamente por ello, permite
Página 8 de 21 distinguir en última instancia el trabajo subordinado del trabajador autónomo o por cuenta propia.”2
(sic.).
17. En ese sentido, se puede apreciar que en la segunda cláusula del contrato de
locación de servicio que obran a fojas 24 a 28 y los sucesivas addendas que
corren a fojas 30 y 32, se indica que “…EL BANCO ha otorgado la Buena Pro
a EL CONTRATISTA para la contratación del “Servicios de Apoyo en el
seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles del BN”…(sic.) [el subrayado
es nuestro].
18. Asimismo, en la tercera cláusula del contrato primigenio se menciona “EL
CONTRATISTA se compromete a realizar los servicios que se precisan a
continuación: Apoyo en el Control de los bienes muebles e inmuebles del BN,
Apoyo en la tramitación y saneamiento de inmuebles del BN y Apoyo en el
levantamiento y control de inventarios” (sic.) [el subrayado es nuestro]; y, en
el numeral 6) de la sexta cláusula se estipula “EL CONTRATISTA se obliga a
facilitar una adecuada revisión de las prestaciones de servicios materia del
presente contrato, por porte de EL BANCO, la Unidad de Auditoria Interna,
Sociedad de Auditoria Externa, y así como por parte de la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFPs o la persona que esta designe.” (sic.) [el
subrayado es nuestro].
19. De igual manera se puede observar que en el literal c) de la cláusula quinta
del contrato de locación de servicios que corre a fojas 33 a 36 de autos, se
indica que “EL LOCADOR se obliga a facilitar a EL BANCO, o a la persona
que este designe, una adecuada revisión de la prestación de servicios materia
de EL CONTRATO” (sic.) [el subrayado es nuestro] y en el numeral 9.1 de la
novena cláusula “EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de
terceros que EL BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento de
EL CONTRATO…” (sic.) [el subrayado es nuestro], el mismo que se hace
extensivo con las addendas que corren a fojas 37 de autos y que se repite en
el contrato a fojas 37 a 42, 45 a 49 de autos.
20. Texto del cual se infiere que el demandante realizaba en forma personal el
servicio, lo que además se corrobora con los recibos por honorarios que
corren a fojas 02 a 03, 05 a 06, 08 a 12, 14, 17 a 21, de autos y el Informe de
2 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos Fundamentales de la Persona y Relación de Trabajo, 2da
Edición, Lima – Perú. 2013. P 94.
Página 9 de 21 Resultados de Pruebas Funcionales que corre a fojas 236 a 258 y los diversos
correos electrónicos que obran a fojas 305 a 363, los cuales además muestran
que al accionante se le brindó un correo institucional; así como también que
éste brindaba un reporte periódico de sus servicios; es decir, ponía en
conocimiento de los avances y procedimientos del trabajo; siendo que, en un
contrato civil se pacta el resultado o producto de lo acordado, más no del
procedimiento del mismo.
21. Además, es importante resaltar que en los recibos por honorarios (fojas 02,
03, 05, 06, 08 a 12, 14, 17 a 21), se aprecia que estos fueron emitidos a favor
del demandante por los servicios de “Apoyo” en el mantenimiento de
equipos y sistemas eléctricos del Banco de la Nación; denotándose así, que en
la realidad el demandante realizaba función distinta a la establecida en los
contratos suscritos; al mismo tiempo, la función de “Apoyo” en el
mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos son funciones
complementarias y/o de auxilio respecto a las desarrolladas por otro
trabajador; viéndose así, supeditada sus funciones a las necesidades o
requerimiento de otro trabajador; es decir, que se encontraba bajo
subordinación, lo que por sí conllevaría a la desnaturalización del vínculo
civil.
22. En virtud a todo lo expuesto, se infiere que la emplazada controlaba y
supervisaba las labores del accionante a través de sus representantes,
dirigiendo y disponiendo de sus actividades; inclusive, se ha observado que
la demandada lo identificaba como trabajador y como parte de un grupo de
trabajo que forma parte de la organización de la institución (Departamento
de Logística, División Servicios, Sección Control Patrimonial, conforme al
Anexo 1 de los contrato que corren a fojas 119 a 196); estando por tanto,
supeditado a las directivas que este le requiriera; lo que determina la
existencia de la subordinación en la prestación del servicio.
23. Por consiguiente, se concluye – en virtud del Principio de Primacía de la
Realidad - que las partes mantenían una relación laboral, el mismo que
conforme al literal d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR,
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, el cual establece que
“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración
indeterminada...Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude
a las normas establecidas en la presente ley.” (sic.), debe ser considerado como
Página 10 de 21 una relación laboral a tiempo indeterminado, asistiéndole al demandante el
derecho a percibir los conceptos laborales que otorga la Constitución y la ley
a los trabajadores del régimen laboral común.
24. Ahora bien, en cuanto al cargo que el demandante refiere haber
desempeñado como Analista de Control Patrimonial; es de acotar, que
conforme a las especificaciones señalas en el Anexo N° 01 de los contratos de
locación de servicios, citados anteriormente, el actor realizaba las siguientes
funciones:
•
“revisión, análisis y procedimiento del activo fijo de máquina y equipos electromecánicos”,
“asesoría en los procede” “servicios de asesoría”, “servicios de análisis, actualización en el
SAI y en conciliación”, “análisis, actualización en el SAI y conciliación de las cuentas
consolidades de equipos y maquinarias del activo fijo del Banco de la nación”, “evaluación,
análisis de cuentas de máquinas y equipos y equipos del activo fijo para su posterior
conciliación”, “servicios de actualización y procesamiento de cuentas de máquinas y equipos
del activo fijo del aplicativo SAI del Banco de la Nación”, “Servicios de Procesamiento y
Registro de Incidentes en las Cuentas de Equipos y Máquinas del Activo Fijo del Banco de la
Nación”, “Servicios de Análisis y registro conciliado de las Cuentas de Equipos y Máquinas
del Activo Fijo del Banco de la Nación”, “Servicios de Reportes Estadísticos y Situacionales
de las Cuentas de Equipos y Máquinas del Activo Fijo”, “Servicios de Procesamiento de
Datos para la Elaboración de Reportes de Interpretación y Simplificación de Resultados de las
Cuentas de Equipos y Máquinas del Activo Fijo”, “Registro de Análisis, Registro y
Evaluación Técnica de las Cuentas de Equipos y Máquinas del Activo Fijo”, “Servicio de
Procesado e Ingreso Analítico de las Cuentas de Equipo y Máquinas del Activo Fijo”; y,
“Servicios de Procesamiento y Actualización de datos en la cuenta de equipo y Máquinas del
Activo Fijo”.
25. Por otro lado, en la Carta EF/92.2633 N° 2528-2008 (fojas 23) se indica “Me
dirijo a usted, para remitirle un ejemplar original del contrato de locación de servicios del
proceso AC N° 1031-2008-DS-BN) “Servicios de apoyo técnico en el seguimiento y control de
los bienes muebles e inmuebles del BN” para su conocimiento y fines pertinentes.” (sic.) [el
subrayado es nuestro]; en la Carta EF/92.2633 N° 0615-2009 y en la Carta
EF/92.2633 N° 1139-2009 (fojas 29 y 31) señala “Me dirijo a usted, para remitirle un
ejemplar original de la addenda de la locación de servicios del proceso AMC N° 1031-2008-DS-BN)
“Servicios de apoyo técnico en el seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles
del BN”, para su conocimiento y fines pertinentes.”(sic.) [el subrayado es nuestro]
y del correo electrónico de fecha 04/12/2008 (fojas 232) “Me es grato dirigirme a
usted, de acuerdo a lo conversado a fin de comentarle lo sucedido en relación al pago retrasado del Sr.
Fernando Lara Yong…4.El referido trabajador fue enviado a la Sede Javier Prado a fin de prestar
apoyo técnico al supervisor de la Sede, siendo enviado posteriormente a la Sede Elizalde a prestar las
mismas funciones laborales…” (sic.).
Página 11 de 21 26. Por otro lado, en la Carta EF/92.2624 N° 1687-2009, Carta EF/92.2624 N° 2182-
2009 (fojas 38 y 44) “Me dirijo a usted, para remitirle un ejemplar original del contrato de
locación de servicios N° CO-09-1037-BN “Servicios Profesionales para el análisis de las cuentas
compensatorias del control del activo fijo y proceso de trámite de altas y bajas de los muebles e
inmuebles y seguro de la división servicios del departamento de logística”…” (sic.) y de similar
forma en las cartas que obran a fojas 50, 56, 62, 69, 76, 82, 89, 96, 103, 105, 107,
114, 116, 129 y 136; mientras que, en los Cartas EF/92.2626 N° 1670-2012 (fojas
118, 127), “Me dirijo a usted, para remitirle un ejemplar de la Addenda N° 1…”Servicios de
asesoría en la revisión de Procesos de las Cuentas de Maquinarias del Activo Fijo del Banco
de la Nación, así como asesoría en la elaboración de estadísticas para entidades
externas”…” (sic.).
27. No obstante, de la revisión del Manual de Organización y Funciones del
Departamento de Logística (fojas 198 a 203), se aprecia que las funciones
específicas de un Analista de Control Patrimonial son:
• “Elaborar cuadros para la programación presupuestal de alquileres de inmuebles, servicios
públicos y otros referidos a inmuebles”, “Efectuar el trámite de los pagos por concepto de
alquileres de oficinas, viviendas, cocheras, llevando el control correspondiente”, “Gestionar
y llevar el control de los contratos de arrendamientos de inmuebles con terceros; así como
los contratos de comodato de inmuebles del Banco, cedidos a entidades estatales”, “Elaborar
expedientes de contratación de los procesos de selección de arrendamiento de inmuebles por
apertura de agencias, adquisición de terrenos e inmuebles”, “Gestionar y tramitar las
cobranzas de arrendamiento de inmuebles de propiedad del Banco, efectuando el control
correspondiente”, “Realizar la búsqueda, efectuar indagaciones y estudios de mercado,
respecto a alquileres y adquisiciones de inmuebles”, “Mantener actualizados los planos y
fichas técnicas de bienes inmuebles propios y arrendados”, “Tramitar las licencias de
funcionamiento de la Oficina Principal, Red de Oficinas y los espacios donde se ubicación
los medios electrónicos de autoservicios”, “Gestionar la baja de los bienes muebles que ya no
son necesarios para la operatividad del Banco, así como proponer su subasta, permuta, o
destino final”, “Efectuar la conciliación anual del inventario de bienes muebles registrados
con el inventario físico reportado por las unidades orgánicas del Banco”, “Mantener
actualizada la valuación y depreciación de los bienes de activos fijos, en coordinación con el
Departamento de Contabilidad”, “Realizar las coordinaciones necesarias para interrumpir
las coberturas de los seguros de aquellos bienes dados de baja”; y “Realizar otras funciones
asignadas por el jefe de sección”
28. Finalmente, en el Informe de Resultados de pruebas funcionales que corre a
fojas 236 a 258 de autos, de fecha 29 de agosto del 2014, se aprecia que el
demandante se encuentra reconocido dentro de los usuarios avanzados y no
Página 12 de 21 en el Cargo de Analista que si aparecen en los dos siguientes cuadros de
personal.
29. Siendo así, se verifica que el demandante no ha realizado las funciones
señalados en el MOF como Analista de Control Patrimonial; dado que las
funciones específicas del cargo de Analista de Control Patrimonial son
funciones distintas a las ejecutadas por el demandante, en base a los
argumentos expuestos y a las funciones descritas tanto en los contratos
mencionados y desnaturalizados; así como, de las labores desarrolladas,
conforme a los recibos por honorarios, los mismos que han sido citadas en
los puntos anteriores de esta resolución.
30. Por esto, no se puede concluir que el accionante haya desarrollado las
funciones de Analista; sino más bien, de apoyo y/o auxiliar a las funciones
del cargo de Analista; lo que incluso, ha conllevado a determinar que las
labores que desempeñaba –por su naturaleza– se encuentran bajo
subordinación; máxime, si en el caso de autos, el actor no ha demostrado
mediante documento alguno cumplir con los requisitos requeridos para
ostentar ese perfil; por tanto, esta judicatura considera que al demandante no
le corresponde el cargo de Analista Control Patrimonial que reclama.
31. VACACIONES: El artículo 23° del Decreto Legislativo N° 713, dispone que
los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del
año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán: a) una
remuneración por el trabajador realizado; b) una remuneración por el
descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) una indemnización
equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso.
32. Asimismo el artículo 22° del mismo cuerpo normativo precisa que se
procederá el abono del récord trunco vacacional siempre que el trabajador
acredite un mes de servicios a su empleador, y cumplido el referido requisito
el récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de
la remuneración como meses y días computables hubiera laborado,
respectivamente.
33. Atendiendo a que, el actor no ha gozado del descanso vacacional durante el
periodo en el que se suscribió los contratos de locación de servicios, lo cual
no ha sido negado por la demandada; es que, este juzgado declara que al
Página 13 de 21 demandante le asiste el pago de las vacaciones no gozadas e indemnización
vacacional de dicho periodo, asimismo del periodo trunco; motivo por lo
que, este extremo se declara fundado, por tanto, al actor le corresponde el
pago de este concepto conforme al siguiente cuadro:
DETERMINACION DE LAS VACACIONES
Fecha que Fecha que Remune Indemn Total Tiempo Total
se se por
Periodo Computa adquiere ración Desc. Vaca Me Dí Reinte
el derecho el derecho Vacac. Vacac. ciones ses as gro
Vacaciones Legales (Art. 22°)
2008-
2009 25/04/2008 24/04/2009 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2009-
2010 25/04/2009 24/04/2010 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2010-
2011 25/04/2010 24/04/2011 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2011-
2012 25/04/2011 24/04/2012 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2012-
2013 25/04/2012 24/04/2013 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2013-
2014 25/04/2013 24/04/2014 3,500.00 3,500.00 7,000.00 7,000.00
2014-
2015 25/04/2014 24/04/2015 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00
Periodo Trunco
(Art.22°)
2 m y 11
d 25/04/2015 06/07/2015 3,500.00 0.00 3,500.00 2 11 690.28
Total Vacaciones 46,190.28
34. GRATIFICACIONES. Que conforme a lo establecido en la Ley N° 25139 y
luego por disposición de la Ley N° 27735, los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada, tienen derecho a percibir dos gratificaciones
al año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de Navidad,
siendo el monto de cada una de las gratificaciones equivalente a una
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que
corresponda otorgar el beneficio. Asimismo, el artículo 6° de la Ley Nº 27735,
señala que en caso de que un trabajador cuente con menos de seis meses,
percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborados.
35. Siendo que en el presente caso, se ha determinado la existencia de un vínculo
laboral de carácter indeterminado entre las |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 16784-2015-24-1801-JR-LA-10
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
VASCONES RUIZ
ALMEIDA CARDENAS
RESOLUCION S/N
Lima, 25 de julio de 2019
I. VISTOS:
Puesto a Despacho para resolver el presente incidente de
apelación e interviniendo como ponente la señora Juez Superior Almeida Cárdenas;
ASUNTO:
Resolución materia de apelación.- Es materia de impugnación:
La Resolución N° 03, de fecha 18 de octubre de 2017, corriente a fojas 116 a 120, que
declara INFUNDADA la oposición de la demandada a la medida de reposición
provisional.
Expresión de agravios:
-De folio 122 a 128, obra el escrito de apelación de la parte demandada, donde
expresa como agravios los siguientes:
1.- El juzgado no cumple con analizar en el caso concreto cada uno de los requisitos
establecidos para la procedencia de la medida cautelar de acuerdo a la establecido
por el Código Procesal Civil.
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El juzgado concedió la medida cautelar sobre la base de la emisión de la sentencia
que declara fundada en parte la demanda, sin considerar que la misma fue
impugnada por el Banco de la Nación.
2.- En la solicitud de medida cautelar el accionante no acredita en forma alguna el
peligro en la demora, requisito indispensable para la procedencia de la medida
cautelar. No se ha considerado que el peligro en la demora ocurriría cuando una
sentencia se convierte en inejecutable por razones evidentemente inimputables al
accionante, como sería el caso de la liquidación del Banco de la Nación y otro factor
por el cual la recurrente no pueda cumplir con un mandato judicial con calidad de
cosa juzgada.
Asimismo, no se ha señalado cual sería el daño irreparable que se le causaría al
demandante u otro razón justificable que traiga como consecuencia que la decisión
judicial no pueda reintegrar a la parte vencedora del juicio la totalidad de su derecho,
como se ha referido.
3.- La medida cautelar concedida resulta ser manifiestamente improcedente el
juzgado ha soslayado la aplicación del artículo 616° del Código Procesal Civil, (Casos
Especiales de Improcedencia) que resulta aplicable plenamente al caso concreto del
Banco de la Nación; en consecuencia, por tratarse de una entidad sujeta a la Ley N°
24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado, no resulta factible aplicarse medidas
cautelares más aún de reposición cuando el ingreso a esta institución es por concurso
público.
4.- Se ha atentado contra el régimen económico y presupuestal del Banco de la
Nación, que constituye una empresa pública de derecho privado, su gestión no es
manejada bajo los criterios de libertad económica propios de la actividad privada
sino que se encuentra sujeta a las regulaciones establecidas en la propia Ley N° 24948
y las demás normas de orden público que para tales efectos dicta el Estado, como son
las normas presupuestarias y que reincorporar al demandante, vía medida cautelar,
de un proceso ordinario, en el cual se encuentra en discusión el vínculo contractual
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que unía al demandante con la recurrente se estaría en el supuesto que a través del
Poder Judicial se estarían creando plazas por encima de las normas de la Ley del
Presupuesto General de la República, soslayándose diversos dispositivos sobre la
materia presupuestal.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO.-De conformidad con el artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, en la apelación la competencia del Superior solo alcanza a ésta y a
su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, el
órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su
propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción
(pretensión) de la segunda instancia.
SEGUNDO.- A través del Sistema de Seguimiento de Expedientes, sobre el estado
del expediente principal signado con el N° 16784-2015-0-1801-JR-LA-10, se tiene que:
a.- Por sentencia N°108-2017 (Resolución N°06) de fecha 05 de mayo de 2017 (en el
presente cuaderno a fojas 66 a 85) se declara fundada en parte la demanda
interpuesta por NICANOR FERNANDO LARA YONG contra el BANCO DE LA
NACION; en consecuencia:
- Se declara que las partes se encontraron vinculadas mediante un contrato de
trabajo a tiempo indeterminado desde el 25 de abril del 2008 hasta el 06 de julio
del 2015, por la desnaturalización de los contratos de locación de servicios
suscritos entre las partes.
- Se declara INFUNDADO el extremo sobre reconocimiento del cargo de
Analista de Control Patrimonial del Departamento de Logística.
- Se ORDENA que la demandada CUMPLA con pagar a favor del accionante la
suma de S/ 117,267.28 (CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA
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Y SIETE CON 28/100 SOLES) por los conceptos de compensación por tiempo
de servicios, gratificaciones legales, vacaciones dobles, simples y truncas.
- Se declara INFUNDADO el pago de remuneraciones y beneficios sociales
devengados, desde la fecha de cese hasta la fecha de reposición.
- Se declara que el actor ha sido objeto de un despido incausado por parte de su
empleador; por lo que, se ORDENA que al BANCO DE LA NACIÓN, cumpla
con REPONER al demandante en su último puesto de trabajo, respetando su
remuneración, categoría y cargo habitual hasta antes del cese ilegal.
- Asimismo cumpla la demandada con abonar por concepto de costos, el
importe del 20% de la suma total (capital e intereses) más el 5% de dicho monto
correspondiente al Colegio de Abogados de Lima, que se liquidarán en
ejecución de sentencia.
- Sin costas.
b.- Por sentencia de Vista, de fecha 14 de mayo de 2018, la Octava Sala Laboral
Permanente, revocó y confirmó la sentencia N°108-2017 (Resolución N°06) de fecha
05 de mayo de 2017.
c.- El Banco demandado, interpuso Recurso de Casación, y mediante Resolución de
fecha 11 de abril de 2019, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República, ha declarado improcedente el recuro de
casación.
TERCERO.- Estando a lo expuesto y a lo determinado en el expediente principal, es
que debemos concluir que carece de objeto emitir pronunciamiento en este cuaderno
de medida cautelar, habida cuenta que corresponde en el principal la ejecución
definitiva de los derechos reconocidos, conforme el artículo 619° del Código Procesal
Civil, señala: "Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la
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medida cautelar, éste requerirá el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento
de proceder a su ejecución judicial."
III. DECISIÓN:
Por estos fundamentos, y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4º
de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, HA
RESUELTO:
1.-CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento respecto a la apelación contra la
Resolución N° 03, de fecha 18 de octubre de 2017, corriente a fojas 116 a 120, que
declara INFUNDADA la oposición de la demandada a la medida de reposición
provisional, estando a lo resuelto en el expediente principal N° 16784-2015-0-1801-JR-
LA-10.
2.- Comuníquese por secretaría al Juzgado de Origen, conforme a lo ordenado por
el artículo 383° segundo párrafo del Código Procesal Civil.
En los autos seguidos por NICANOR FERNANDO LARA YONG con BANCO DE
LA NACION sobre Medida Cautelar.
Notifíquese.-
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10° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola S/N, Lima
EXPEDIENTE : 16784-2015-55-1801-JR-LA-10
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : ANAYA BORDA CARLOS CLAUDIO
ESPECIALISTA : ZEVALLOS ARIAS MELISSA LIZBET
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : LARA YONG, NICANOR FERNANDO
RESOLUCIÓN No. UNO
Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS: Por recibido las Copias Certificadas de la Octava Sala Laboral Permanente,
con fecha 06 de agosto del presente año, y por retorno de las vacaciones judiciales se
da cuenta en la fecha: Atendiendo que el Superior Jerárquico, mediante Sentencia de
vista de fecha 14 de mayo de 2018, han revocado la Sentencia Nº 108-2017 contenida
en la resolución número 06 de fecha 05 de mayo de 2017, en el extremo que ordenaron
a la demandada el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y reformándose;
se ordena que la demandada custodie la Compensación por Tiempo de Servicios del
demandante por el monto de S/. 24,688.67, por el periodo liquidado hasta su fecha de
cese.
Asimismo, confirmaron la sentencia, en los demás extremos, en los que declara
fundada en parte la demanda y se determina:
a. La existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada entre partes
desde el 25 de abril de 2008 hasta el 06 de julio de 2015, por la desnaturalización
de los contratos de locación de servicios suscritos entre las partes;
b. Se declara Infundado el extremo sobre reconocimiento del cargo de Analista de
Control Patrimonial del Departamento de Logística.
c. Se declara Infundado el pago de remuneraciones y beneficios sociales
devengados, desde la fecha de cese hasta la fecha de reposición.
d. Se declara que el actor ha sido objeto de un despido incausado por parte de su
empleador; por lo que, se ordena que, la demandada, cumpla con reponer al
demandante en su último puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual hasta antes del cese ilegal. e. Asimismo, cumpla la demandada con abonar por concepto de costos, el importe
del 20% de la suma total (capital e intereses) más el 5% de dicho monto
correspondiente al Colegio de Abogados de Lima, que se liquidarán en
ejecución de sentencia. Sin costas
f. Y se ordena que la demandada pague al accionante la suma de S/. 92,578.61, por
concepto de pago de beneficios sociales (vacaciones y gratificaciones), más
intereses legales que serán liquidados en etapa de ejecución de sentencia;
Por lo que, corresponde que se CUMPLA LO EJECUTORIADO y se proceda al
requerimiento respectivo:
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN, a efectos de que se
CONSTITUYA en depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios,
ascendente a la suma de S/. 24,688.67, por el periodo liquidado hasta su fecha de
cese.
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION, a efectos de que
CUMPLA con reconocer la existencia de un contrato de trabajo de duración
indeterminada entre partes desde el 25 de abril de 2008 hasta el 06 de julio de 2015,
por la desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos entre las
partes; bajo apercibimiento de MULTA de 2URP.
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACION a fin de que CUMPLA
con REPONER al actor en su último puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual hasta antes del cese ilegal, bajo apercibimiento de
imponerse MULTA de 2 URP, en caso de incumplimiento. Para tal efecto,
HABILÍTESE a la Especialista Legal de Actos Externos, para el cumplimiento de
dicho mandato, debiéndose levantar el acta respectiva, REQUIRIÉNDOSE a la
parte demandada que brinde las facilidades del caso para dicho acto. CUMPLA el
demandante con apersonarse al Módulo Laboral II, a fin de programar la fecha y
hora, de la diligencia indicada.
• REQUIÉRASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN, a efectos de que, en el
término de CINCO DÍAS, cumpla con pagar, en favor del accionante la suma de la
suma de S/. 92,578.61, por concepto de pago de beneficios sociales (vacaciones y
gratificaciones); bajo apercibimiento de ejecución forzada.
Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta, por disposición superior. |
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EXPEDIENTE : 16784-2015-74-1801-JR-LA-10
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : ANAYA BORDA CARLOS CLAUDIO
ESPECIALISTA : EVIA VELASQUEZ, MIGUEL ANGEL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : LARA YONG, NICANOR FERNANDO
Resolución Nro. : TRES
Lima, dieciocho de octubre del dos mil diecisiete.-
Dado cuenta con autos en la fecha, por las recargadas labores en dos juzgados, y
proveyendo en la fecha el escrito presentado por la parte demandante el día 31 de
agosto del 2017; estando lo expuesto: Téngase presente; y,
ATENDIENDO:
1. Conforme lo establece el artículo 637 del Código Procesal Civil, una vez dictada la
medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro del plazo de
cinco días, a fin de que pueda formular su defensa pertinente, defensa que ha sido
formulada oportunamente por la emplazada y sobre la cual se debe emitir
pronunciamiento.
2. La demandada formula oposición a la medida de reposición provisional emitida
por esta Judicatura mediante Resolución N° 01 de fecha 22 de mayo del 2017,
argumentando lo siguiente: i) El Juzgado no ha analizado cada uno de los
requisitos establecidos para la procedencia de la medida cautelar; ii) señala que el
accionante no ha acreditado la apariencia del derecho ni el peligro en la demora;
iii) la medida se basa en la sentencia que declara fundada sin considerar que ha
sido impugnada mediante escrito de fecha 12 de mayo del 2017; iv) el juzgado no
ha hecho el análisis si el derecho reconocido ha quedado consentido o
ejecutoriado; v)considera que no existe circunstancia que permitan advertir que el
vínculo contractual civil con el demandante se haya desnaturalizado, máxime si ha
apelado la sentencia; vi) sostiene que el peligro en la demora ocurriría cuando una
sentencia se convierta en inejecutable por razones inimputable al accionante
como sería el caso de la liquidación del Banco de la Nación; vii) no ha demostrado
el daño irreparable; no se ha considerado que constituye requisito específico de la
pretensión cautelar, junto con la verosimilitud del derecho, el peligro probable de
que la tutela jurídica definitiva a dictarse en el proceso principal no pueda, en los
hechos, hacerse efectiva; viii) no se ha motivado como no podría hacerse efectivo
el cumplimiento de la sentencia emitida, en caso llegue a confirmarse por el
órgano jurisdiccional superior; ix) resulta excesivo la medida porque se le impone
reponer a un trabajador donde no es necesaria la prestación de sus servicios; x) la
medida contraviene el artículo 616 del Código Procesal Civil, al señalar que no
proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada contra el Poder
Ejecutivo, ya que el Banco de la Nación es parte integrante del Poder Ejecutivo; xi)
que el ingreso a dicha institución es por concurso público y que no resulta factible
que se le aplique la medida cautelar de reposición; xii) que se ha atentado contra
el régimen económico y presupuestal del Banco de la Nación al no tenerse en cuenta que realiza una actividad empresarial del Estado regulada por la ley N°
24948 ya que su gestión no es manejada bajo los criterios de libertad económica
propios de la actividad privada, sino que se encuentra sujeta a las regulaciones
establecidas en la propia Ley acotada y normas de presupuesto; xiii) que le resulta
imposible incorporar al demandante vía medida cautelar a través de un proceso
ordinario, en el cual se encuentra en discusión el vínculo contractual que unía a
éste con su representada soslayándose normas de la Ley del Presupuesto General
de la República.
3. Del estudio de autos, se advierte que mediante Resolución N° 01 de fecha 22 de
mayo del 2017, esta Judicatura concede a la demandante la medida cautelar
innovativa; en consecuencia, se ordena que la demandada proceda a la inmediata
reposición provisional del actor en el puesto de trabajo que tenía antes del cese.
4. Respecto a los argumentos de la oposición puntualizados en i),ii),iii),iv),vi),vii),
viii),ix),x),xii y xiii), debe tenerse en cuenta que el accionante ha solicitado la
medida cautelar de reposición provisional, en mérito a la sentencia obtenida a su
favor, por tanto nos hemos remitido al artículo 55° de la Ley 29497, NLPT que se
encuentra prevista la siguiente disposición:
Artículo 55.- Medida especial de reposición provisional
El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del
proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos
ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los
siguientes requisitos:
a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de
edad, madre gestante o persona con discapacidad;
b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y
c) el fundamento de la demanda es verosímil.
Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de
la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.
5. En ese sentido, como se ha señalado en el fundamento 3 del concesorio de la
medida cautelar, la NLPT, habilita al Juez de Trabajo dictar una medida cautelar de
reposición provisional, por tanto, le resulta aplicable al oponente y no la
prohibición contenida en el artículo 616 del Código Procesal Civil, por ser ésta una
norma adjetiva civil supletoria, además en ninguna de dichas normas señalan la
prohibición de dictar medidas cautelares de reposición cuando se haya impugnado
la sentencia, por tanto menos se debe requerir que el derecho reconocido tenga
que quedar consentido o firme, por lo que carecen de fundamento las alegaciones
en dichos extremos. 6. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 611° del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria, para que bajo la NLPT se dicte una medida cautelar, se ha
verificado la presencia de los tres elementos que consisten en: (i) peligro en la
demora; (ii) verosimilitud en el derecho y (iii) adecuación.
7. El primer presupuesto referente al peligro en la demora, se refiere al temor de
que la necesaria demora del proceso genere que la sentencia por dictarse no sea
efectiva; la verosimilitud en el derecho, consiste en que el Juez, sobre la base de
los medios de prueba ofrecidos por el demandante y atendiendo a los
fundamentos expuestos en la demanda, aprecie si es probable que al término del
proceso dicte una sentencia que declare fundada la pretensión, y por último, la
adecuación o razonabilidad, que supone que la relación entre medida cautelar y
pretensión planteada en la demanda es de idoneidad. Esa relación de idoneidad
determina la necesidad de que se otorguen medidas cautelares que sean
congruentes y proporcionales con, precisamente, el objeto que es materia de esta
tutela de aseguración1.
8. La verosimilitud o apariencia del derecho invocado, significa que el Juez debe
realizar una estimación o cálculo de probabilidad que le permita persuadirse que
el derecho cuya cautela se pide, existe en principio. El peligro en la demora es la
constatación por parte del Juez, que si no concede de inmediato la medida
cautelar a través de la cual garantice el cumplimiento del fallo definitivo es factible
que este jamás se ejecute con eficacia. Por otro lado, se pretende evitar que la
demora del proceso acarree perjuicios al solicitante.
9. Respecto a la verosimilitud o apariencia del derecho invocado el profesor Juan
José Monroy Palacios se refiere en los siguientes términos: «El solicitante de la
medida cautelar deberá demostrar al juez que la pretensión principal –que se
intenta garantizar- tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al
pronunciarse la sentencia. Por tratarse de un mecanismo solicitado durante el
transcurso del proceso –mientras se lleva a cabo la discusión procesal (litis)-
resulta humanamente imposible que el juez pueda tener certeza de que la medida
solicitada garantizará el futuro derecho a ser considerado por la sentencia
(contingencia)»2.
10. Asimismo, con relación a ello, el artículo 615 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso de autos, establece: “Es procedente el pedido de medida
cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El
pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la
demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso
cumplir los requisitos exigidos en los incisos 1 y 4 del artículo 610.”
11. En ese sentido, en el fundamento 9 de la resolución cautelar opuesta se encuentra
debidamente motivada respecto de la verosimilitud del derecho invocado, al
señalar la existencia de la sentencia favorable al actor expedida en el proceso
principal y cuya copia se ha anexado a la solicitud, por lo cual se desvirtúa las
1 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ara Editores. Pág. 267 y 268.
2 MONROY PALACIOS, Juan José, en Bases para la formación de una Teoría Cautelar, Industrial Gráfica, Chavín 45, Lima, 2002, pág. 170 alegaciones de la demandada al señalar que no se encuentra acreditada ni
motivada la verosimilitud.
12. En cuanto al peligro en la demora, debe señalarse que en el punto décimo de la
resolución cuestionada se advierte que se indicó taxativamente que "... que por
efecto del despido del actor se encuentra sin ingresos económicos generando un
detrimento económico considerable en los ingresos de su hogar, por lo que,
teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de la remuneración es que se debe
dar una atención inmediata ya que puede generar un daño irreparable"; por cuya
razón si se ha cumplido con precisar el peligro en la demora, teniendo en cuenta
además que conforme se advierte del Sistema informático judicial, el expediente
principal aún no ha sido elevado a una Sala Superior, por lo que resulta evidente
que la demora de dicho proceso vulneraría el derecho a percibir ingresos del actor
y con ello afectaría sus propios alimentos, situación que no requiere mayor
probanza de su estado necesidad que la propia solicitud cautelar por lo que esta
Judicatura ha considerado la existencia de un peligro en la demora.
13. Asimismo, se enfatiza que dado el carácter alimentario que tienen las
remuneraciones y beneficios sociales derivados de una relación laboral, los
mismos que no puede acceder un trabajador cuando es despedido en forma
injustificada, estamos frente a un peligro de perjuicio irreparable que puede ser
evitado con una providencia cautelar de reposición provisional pues ésta permite
que el trabajador preste sus servicios y que a cambio perciba su remuneración,
por lo que resulta ilógico que este hecho recién pueda ser verificado en ejecución
de sentencia cuando se tiene elementos preliminares que permitan establecer la
posibilidad de que el actor fue despedido por la emplazada.
14. En ese sentido, se ha cumplido con expresar y motivar la configuración del peligro
en la demora, precisando además que la no adopción de una decisión podría
causar al peticionante graves perjuicios por cuanto se estaría vulnerando su
derecho constitucional al trabajo, afectando con ello sus derechos alimentarios y
de subsistencia. Asimismo, la adecuación o razonabilidad, entre medida cautelar y
pretensión a plantearse en la demanda es idónea, pues determina la necesidad de
que se otorguen medidas cautelares que sean congruentes y proporcionales con el
objeto que es materia de esta tutela de preservación.
15. Con relación a los argumentos v), se pretende cuestionar sobre el fondo del
asunto que ha sido ya resuelto por este Juzgado en el proceso principal y se
encuentra en grado de apelación, siendo que en la presente solicitud cautelar
presentada no se busca discutir sobre el fondo sino que versa sobre la reposición
provisional en mérito a la verosimilitud contenida en la sentencia a favor del
actor, por lo que deviene en infundada este extremo de la oposición.
16. Respecto al punto xi), al emitirse la medida cautelar no se puede pronunciar sobre
el concurso público para el ingreso de servidores a la entidad emplazada ya que la
solicitud versa sobre reposición provisional en mérito a una sentencia favorable al
actor, por tanto no cabe alegaciones que no se encuentran contempladas dentro
de los requisitos para conceder medida cautelar de reposición. Por estas consideraciones, se resuelve declarar:
INFUNDADA la oposición a la medida de reposición provisional deducida por la
demandada.
NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 10° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 16784-2015-74-1801-JR-LA-10
MATERIA : REPOSICIÓN PROVISIONAL
JUEZ : ANAYA BORDA CARLOS CLAUDIO
ESPECIALISTA : EVIA VELASQUEZ, MIGUEL ANGEL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : NICANOR FERNANDO LARA YONG
RESOLUCIÓN N° : UNO
Lima, veintidós de mayo del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; con la solicitud cautelar y anexos; y, CONSIDERANDO:
1. Del escrito que antecede, la parte actora solicita que el Juzgado dicte la medida
especial de reposición provisional, disponiéndose la suspensión del pretendido
cese del actor y se disponga su reposición a su centro de labores Banco de la
Nación, haciéndose efectiva en el cargo que venía desempeñando a la fecha de
su cese o en su defecto en uno de similar nivel y jerarquía, al haberse declarado
fundada la demanda de reposición.
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el accionante ha solicitado la medida
cautelar de reposición provisional, en mérito a la sentencia obtenida a su favor,
por tanto se debe tener presente lo señalado en el artículo 55° de la Ley 29497,
NLPT que se encuentra prevista la siguiente disposición:
Artículo 55.- Medida especial de reposición provisional
El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una
medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin
embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos:
a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre
gestante o persona con discapacidad;
b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y
c) el fundamento de la demanda es verosímil.
Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida
de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.
3. En ese sentido, la NLPT, habilita al Juez de Trabajo dictar una medida cautelar
de reposición provisional, por tanto resulta de aplicación dicha norma y no la
prohibición contenida en el artículo 616 del Código Procesal Civil, por ser ésta
una norma adjetiva civil supletoria, además en ninguna de dichas normas
señalan la prohibición de dictar medidas cautelares de reposición cuando se
haya impugnado la sentencia, por tanto menos se debe requerir que el derecho
reconocido tenga que quedar consentido o firme.
4. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 611° del Código Procesal
Civil de aplicación supletoria, para que bajo la NLPT se dicte una medida
Página 1 de 4 cautelar, se debe verificar la presencia de los tres elementos que consisten en: (i)
peligro en la demora; (ii) verosimilitud en el derecho y (iii) adecuación.
5. El primer presupuesto referente al peligro en la demora, se refiere al temor de
que la necesaria demora del proceso genere que la sentencia por dictarse no sea
efectiva; la verosimilitud en el derecho, consiste en que el Juez, sobre la base
de los medios de prueba ofrecidos por el demandante y atendiendo a los
fundamentos expuestos en la demanda, aprecie si es probable que al término del
proceso dicte una sentencia que declare fundada la pretensión, y por último, la
adecuación o razonabilidad, que supone que la relación entre medida cautelar y
pretensión planteada en la demanda es de idoneidad. Esa relación de idoneidad
determina la necesidad de que se otorguen medidas cautelares que sean
congruentes y proporcionales con, precisamente, el objeto que es materia de
esta tutela de aseguración1.
6. La verosimilitud o apariencia del derecho invocado, significa que el Juez
debe realizar una estimación o cálculo de probabilidad que le permita
persuadirse que el derecho cuya cautela se pide, existe en principio. El peligro
en la demora es la constatación por parte del Juez, que si no concede de
inmediato la medida cautelar a través de la cual garantice el cumplimiento del
fallo definitivo es factible que este jamás se ejecute con eficacia. Por otro lado,
se pretende evitar que la demora del proceso acarree perjuicios al solicitante.
7. Respecto a la verosimilitud o apariencia del derecho invocado el profesor
Juan José Monroy Palacios se refiere en los siguientes términos: «El solicitante de
la medida cautelar deberá demostrar al juez que la pretensión principal –que se intenta
garantizar- tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la
sentencia. Por tratarse de un mecanismo solicitado durante el transcurso del proceso –mientras
se lleva a cabo la discusión procesal (litis)- resulta humanamente imposible que el juez pueda
tener certeza de que la medida solicitada garantizará el futuro derecho a ser considerado por
la sentencia (contingencia)»2.
8. Asimismo, con relación a ello, el artículo 615 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, establece: “Es procedente el pedido
de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera
impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el
Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que
sea preciso cumplir los requisitos exigidos en los incisos 1 y 4 del artículo
610.”
9. En ese sentido, respecto de la verosimilitud del derecho invocado, se debe tener
presente la existencia de la sentencia favorable al actor expedida en el proceso
principal y cuya copia se ha anexado a la presente solicitud, por lo cual es
suficiente para acreditar la verosimilitud del derecho invocado.
10. En cuanto al peligro en la demora, se debe tener presente que por efecto del
despido del actor se encuentra sin ingresos económicos generando un
1 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ara Editores. Pág. 267 y 268.
2 MONROY PALACIOS, Juan José, en Bases para la formación de una Teoría Cautelar, Industrial Gráfica, Chavín 45, Lima, 2002, pág. 170
Página 2 de 4 detrimento económico considerable en los ingresos de su hogar, por lo que,
teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de la remuneración es que se debe
dar una atención inmediata ya que puede generar un daño irreparable, teniendo
en cuenta además que conforme se advierte del Sistema informático judicial la
parte demandada ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia
emitida en el proceso principal, siendo así, cabe mencionar que la vista de la
causa de procesos principales similares se viene fijando para fines del año 2018
(Exp. N° 1335-2015), es decir, más de dos años desde la fecha de presentación
de la solicitud cautelar, por lo que resulta evidente que la demora del proceso
principal vulneraría el derecho a percibir ingresos del actor y con ello afectaría
sus propios alimentos, situación que no requiere mayor probanza de su estado
necesidad que la propia solicitud cautelar por lo que esta Judicatura considera la
existencia de un peligro en la demora.
11. Asimismo, se enfatiza que dado el carácter alimentario que tienen las
remuneraciones y beneficios sociales derivados de una relación laboral, los
mismos que no puede acceder un trabajador cuando es despedido en forma
injustificada, estamos frente a un peligro de perjuicio irreparable que puede ser
evitado con una providencia cautelar de reposición provisional pues ésta
permite que el trabajador preste sus servicios y que a cambio perciba su
remuneración, por lo que resulta ilógico que este hecho recién pueda ser
verificado en ejecución de sentencia cuando se tiene elementos preliminares que
permitan establecer la posibilidad de que el actor fue despedido por la
emplazada.
12. En ese sentido, se debe precisar además que la no adopción de una decisión
podría causar al peticionante graves perjuicios por cuanto se estaría vulnerando
su derecho constitucional al trabajo, afectando con ello sus derechos
alimentarios y de subsistencia. Asimismo, la adecuación o razonabilidad, entre
medida cautelar y pretensión a plantearse en la demanda es idónea, pues
determina la necesidad de que se otorguen medidas cautelares que sean
congruentes y proporcionales con el objeto que es materia de esta tutela de
preservación.
13. Cabe destacar además que en la presente solicitud cautelar presentada no se
busca discutir sobre el fondo sino que versa sobre la reposición provisional en
mérito a la verosimilitud contenida en la sentencia a favor del actor.
Por estas consideraciones, se resuelve declarar:
1) CONCEDER LA MEDIDA ESPECIAL DE REPOSICION
PROVISIONAL a favor del demandante NICANOR FERNANDO
LARA YONG, en consecuencia, cumpla la demandada BANCO DE LA
NACIÓN con reponerlo a su centro de trabajo en su puesto habitual de
labores que ostentaba antes de su despido, o en su defecto en otro de similar
nivel y jerarquía, bajo apercibimiento de imponerse una multa de 3 URP, con
tal objeto habilítese al Especialista de Actos Externos para la ejecución del
Página 3 de 4 mandato, debiendo de acercarse la parte demandante a la Mesa de Partes del
Módulo del Juzgado a efectos de coordinar la fecha de la diligencia.
Notifíquese solo a la parte demandante
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 17645-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VELASQUEZ JIMENEZ, HECTOR MANUEL
RESOLUCION N° TRECE
Lima, ocho de enero del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 04-2019-CAS del perito adscrito al
Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan conforme a su
derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el artículo 63 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las formalidades de ley. –
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - Lima, 4 de Enero del 2019
INFORME PERICIAL No. 004-2019-CAS
Demandante : HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ
Demandado : BANCO DE LA NACION
Motivo : Intereses Legales Financieros y Laborales
Referencia : Exp. No. 17645-2015
Especialista Legal : Diana Hinostroza Huaccachi
SEÑORA JUEZ DEL 8º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NVA. LEY PROCESAL DEL
TRABAJO
1. ANTECEDENTES
Obra a fojas 138 vuelta la cedula de notificación de fecha 10/12/2015, con la cual se le
notifica a la parte demandada de la demanda interpuesta en su contra.
Mediante Sentencia No. 099-2016 de fecha 13/05/2016, a fojas 190-199 en autos,
confirmada con sentencia de vista emitida por la 8ª Sala Laboral Permanente de Lima (fjs
263-275), se declara fundada la demanda ordenando que la parte demandada, cumpla
con abonar al actor la suma de S/ 44,119.14 más intereses legales y financieros a
liquidarse en ejecución de sentencia, respectivamente.
A través del Depósito Judicial / Administrativo No. 2018321215232 de fecha 27 de
Setiembre del 2018, por la suma de S/ 42,893.03, la parte demandada consigna pago a
cuenta de la obligación principal menos los descuentos de Ley.
Con Resolución No. 12 de fecha 30/10/2018, vuestro despacho dispone que se deriven
los autos al suscrito con el propósito de que se liquiden los Intereses Legales que
corresponden al actor. 2. EXAMEN PERICIAL
Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por su Despacho, se procedió a liquidar los
intereses legales por concepto de beneficios sociales, de conformidad al Decreto Ley
25920, dispositivo legal que señala que los intereses legales se devengan a partir del día
siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo.
Según se desprende en autos, el actor cesó el 12 de junio del 2015, siendo en
consecuencia su fecha de origen el 15 de Junio del 2015 (48 horas después del cese
teniendo en cuenta lo establecido en el art. 3 D. Leg. 650), practicándose la liquidación
con respecto a los beneficios sociales hasta el 27 de Setiembre del 2018, fecha de
cancelación de la obligación principal.
Asimismo, conforme lo dispone el artículo 56 del TUO de la Ley de CTS, se han
liquidado los intereses financieros generados por el incumplimiento de los depósitos, al no
efectuarlos oportunamente, desde el momento en que se origina la obligación hasta el 27
de Setiembre del 2018.
Del mismo modo, de acuerdo con lo previsto en la quinta disposición final del decreto
Supremo No. 004-97-TR, Reglamento de la Ley de CTS, D.S. 001-97-TR, sino hubiera
elegido el trabajador la entidad financiera, se liquida con la tasa promedio del sistema
financiero, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros.
PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES
De conformidad con lo dispuesto en el D. Leg No. 677, el monto de las utilidades que le
corresponde a cada trabajador será distribuido dentro de los 30 días naturales, siguientes
al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales pertinentes, para la
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.
Asimismo cabe indicar que los artículos 6º del D.Leg No. 892 que regula la distribución
de la participación de utilidades al trabajador y el 15º del D.S. No. 009-98-TR (REGLAMENTO), señalan que vencido el plazo, y previo requerimiento de pago por
escrito de los trabajadores, la participación de utilidades que no se haya entregado,
genera intereses moratorios equivalentes al interés legal fijado por el BCR, tal como lo
señala el D.L. 25920.
“Cuando el trabajador exija el pago de las utilidades en un procedimiento judicial el
empleador se entenderá requerido con la citación de la demanda.”
En tal sentido, el cálculo de los Intereses Legales se liquida de acuerdo con lo previsto
en el D.L. 25920; a partir del día siguiente de la citación con la demanda (D. LEG 892 y
art. 15 DS 0009-98-TR), esto es 11/12/2015.
2.1. - FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuente de
información las circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado Diario relativas
a la Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920
referido, en las que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92 fecha
de vigencia de dicho Decreto Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal
en Moneda Nacional.
Además, informo a usted que durante el período a liquidar las tasas de interés legal se
encuentran fijadas en función a la Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional (TIPMN),
determinándose el Factor aplicable para cada periodo y cuyo detalle se muestra en el
anexo adjunto al presente informe.
2.2. - LIQUIDACION DE INTERESES FINANCIEROS Y LEGALES
El detalle de liquidación de los intereses financieros y legales se muestra en los anexos
adjuntos al presente informe. CONCLUSION De lo expuesto se desprende que los intereses legales laborales y bancarios a
favor del actor ascienden a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
28/100 Soles, según el siguiente detalle:
INTERESES LEGALES M NACIONAL AL 27/09/2018 S/
INTERESES FINANCIEROS CTS – PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO 1,035.42
INTERES LEGAL D.L. 25920 – CTS AL CESE – GRATIFICACION – VACACIONES –
UTILIDADES 3,228.86
TOTAL 4,264.28
Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines a que hubiere lugar. Exp. 17645-2015 Pag. 1 de 1
004-2019-CAS
04/01/2019 09:14:39
Anexo
Liquidación de Intereses Bancarios - CTS
PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO - MN
Periodo Días Factor Obligación Interés Legal
del al S/. S/.
Oct-12 Semestral 16/11/2012 27/09/2018 2142 0.20700 464.44 96.14
Abr-13 Semestral 16/05/2013 27/09/2018 1961 0.18748 1,222.22 229.14
Oct-13 Semestral 16/11/2013 27/09/2018 1777 0.16624 1,283.33 213.34
Abr-14 Semestral 16/05/2014 27/09/2018 1596 0.14927 1,283.33 191.56
Oct-14 Semestral 18/11/2014 27/09/2018 1410 0.12844 1,283.33 164.83
Abr-15 Semestral 16/05/2015 27/09/2018 1231 0.10941 1,283.33 140.41
Total Obligación S/. 6,819.98
Total Interés Legal S/. 1,035.42
Exp. 17645-2015 Pag. 1 de 1
004-2019-CAS
04/01/2019 09:12:21
Anexo
Liquidación de Intereses Legales - MN
Según Decreto Ley 25920
Periodo Días Factor Obligación Interés Legal
del al S/. S/.
Gratif. Dic-2012 16/12/2012 27/09/2018 2112 0.14050 1,466.67 206.07
Gratif. Jul-2013 16/07/2013 27/09/2018 1900 0.12694 2,200.00 279.27
Gratif. Dic-2013 16/12/2013 27/09/2018 1747 0.11716 2,200.00 257.75
Gratif. Jul-2014 16/07/2014 27/09/2018 1535 0.10372 2,200.00 228.18
Gratif. Dic-2014 16/12/2014 27/09/2018 1382 0.09399 2,200.00 206.78
VACACIONES 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 8,421.11 697.69
Gratif. Jul-2015 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 1,833.33 151.89
CTS AL CESE 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 256.67 21.27
UTILIDADES 11/12/2015 27/09/2018 1022 0.07142 16,521.38 1,179.96
Total Obligación S/. 37,299.16
Total Interés Legal S/. 3,228.86 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 17645-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VELASQUEZ JIMENEZ, HECTOR MANUEL
RESOLUCION N° ONCE
Lima, cinco de setiembre del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: con fecha 11 de junio de 2018, la Octava Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el expediente signado N° 17645-2015-0-1801-JR-LA-08, que contiene la Sentencia
de Vista de fecha 08 de mayo de 2018, que resolvió:
(cid:1) CONFIRMAR la sentencia N° 099-2015-08° de fecha 13 de mayo del 2017, que declara
FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición e indemnización por
despido arbitrario e INFUNDADA EN PARTE la demanda en los extremos referidos al
pago de las tres gratificaciones adicionales provenientes del Convenio Colectivo de 1998
y el pago de bono por desempeño grupal, declara FUNDADA en parte la demanda
interpuesta por HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ contra el BANCO DE LA
NACIÓN sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios reconocimiento
de vínculo laboral y pago de beneficios sociales, en consecuencia, se DECLARA la
desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre el actor y la
demandada en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de
2015 reconociéndosele por ende vínculo laboral sujeto a un contrato de trabajo de
duración indeterminada por dicho periodo; y ORDENARON que la demandada le pague
a favor del actor el importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE
CON 14/100 SOLES (S/. 44, 119.14 Soles), por los conceptos de compensación por
tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades más intereses
legales y bancarios, con costas y costos del proceso que se liquidaran en ejecución de
sentencia DISPONIENDOSE que una vez consentida o ejecutoriada que sea la recurrida
sentencia, se curse comunicación a las entidades que tengan a su cargo la
administración y/o fiscalización de las aportaciones previsionales, sean del Sistema
Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones por el periodo de servicios
del 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, FACULTA a la entidad demandada a
realizar las deducciones previstas expresamente en la ley en su condición de agente de
retención
En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin SE RESUELVE; (cid:2) CUMPLA la demandada con reconocer la existencia de un contrato de trabajo sujeto a
plazo indeterminado por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de
junio de 2015.
(cid:2) REQUERIR a la demandada BANCO DE LA NACION a fin que cumpla con pagarle a
favor del actor el importe de S/. 44, 119.14 Soles (CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECINUEVE CON 14/100 SOLES) por los conceptos de compensación por
tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades, dentro del plazo de
TRES DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
Al escrito de fecha 12 de junio del 2018, presentado por la parte demandante. – A lo
solicitado por esta parte, estese a lo resuelto en líneas precedentes.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - |
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EXPEDIENTE N.° 17645-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
VALENZUELA BARRETO
Lima, 08 de mayo del 2018
En Audiencia Pública de fecha 08 de mayo de 2018;
interviniendo como magistrado ponente el señor Juez Superior Urbano Menacho;
ASUNTO:
Resolución materia de apelación.- Es materia de impugnación:
1. La sentencia N° 099-2016 de fecha 13 de mayo del 2016, corriente de fojas 190 a
199, que declara FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición
e indemnización por despido arbitrario deducida por la demandada.
FUNDADA EN PARTE la demanda, por consiguiente se reconoce la existencia
de una relación laboral entre las partes en el periodo comprendido entre el 16 de
agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, desnaturalizados de los contratos de
locación de servicios; ordena que la demandada cumpla con pagare al actor la
suma de S/. 44, 119.14 soles por concepto de beneficios sociales,; más los
intereses legales y financieros, los mismos que se liquidarán en ejecución de
sentencia, con costos y costas de conformidad con el artículo 413° del Código
Procesal Civil e Infundada en el extremo referido al pago de las 3 gratificaciones
anuales previstas en los Convenios Colectivos de 1998 y el pago de bono por
desempeño grupal.-
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Que, de fojas 240 A 254, obra el escrito de apelación de la parte demandada en contra
de la sentencia de autos, donde expresa como agravios:
1. El Juzgado no ha tomado en cuenta, que el vínculo que mantuvo el
demandante con el Banco de la Nación, fue uno de naturaleza civil, al haber suscrito
diversos Contratos de Locación de Servicios, los mismos que se han encontrado al
amparo del Código Civil, y de acuerdo a la necesidad del servicio, los mismos que
fueron celebrados por plazos específicos por lo que la contratación celebrada con el
actor obedece a una orden temporal, sin vínculo laboral.
2.- El juez, para determinar los elementos que configuran una relación laboral como
son la prestación de servicios personalísima, la prestación de servicios remunerada y
la subordinación, se sustenta en supuestos meramente subjetivos que no se
encuentran acreditados ni corroborados en los actuados, con los cuales no puede
determinarse válidamente la existencia de los elementos esenciales del contrato de
trabajo, si no por el contrario no ha valorado los contratos firmados por el
demandante son por locación de servicios de naturaleza civil.
3.- El A quo ha errado al amparar el pago de beneficios sociales entre los cuales se
encuentra comprendido el pago por concepto de la CTS, Gratificaciones y Vacaciones
sin tener en cuenta que no sólo basta con acreditar judicialmente la existencia de
subordinación en la prestación de los servicios, sino que además es necesario
demostrar el cumplimiento de una jornada ordinaria mínima de 04 horas diarias.
4.- El A quo, no ha tenido en cuenta que el Banco de la Nación se encuentra
exonerado del pago de costas y costos del proceso, por ser un Organismo Público
Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, conforme con el Decreto
Legislativo N°183, Ley 27231 que modificó el literal g) del artículo 24° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 413° del Código Procesal Civil deviniendo en
consecuencia en improcedente este extremo de la demanda.
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CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el
aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, en la apelación la
competencia del Superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que
corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis
de la resolución impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se
pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
SEGUNDO.- Estando a los agravios de la demandada referidos a la inexistencia de
un contrato de trabajo, argumentando que los servicios prestados por el actor fueron
efectuados bajo las normas del Código Civil; al respecto es importante tener presente
que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, en el artículo 23.2, establece:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; es decir, que sólo está a cargo de la
parte demandante acreditar la prestación personal de servicios, correspondiendo a la
parte demandada probar que no ha existido el elemento de subordinación; Por otra
parte, el Artículo 4° del Decreto Supremo 003-97-TR, TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, establece la siguiente presunción: “En toda
prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de
un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Por lo que la inexistencia de un contrato
formal de trabajo no enerva la naturaleza laboral que se ha configurado a partir de la
presencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
TERCERO.- Es pertinente señalar que toda relación laboral se caracteriza por la
existencia de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación
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personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraposición a
ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764° del Código
Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue que el elemento esencial
del contrato de locación de servicios es la independencia del locador frente al
comitente en la prestación de sus servicios. De lo expuesto se aprecia que el elemento
diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de locación de servicios es
la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a este último la
facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al
trabajo para el que se les contrata (ejercicio del poder de dirección), así como la de
imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder
sancionador o disciplinario).
CUARTO.- Según lo manifestado es posible que en la práctica el empleador
pretenda encubrir una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de
locación de servicios. Ante dichas situaciones la doctrina señala: “Lo que no puede
hacerse es invocar un texto escrito para pretender que él predomine sobre los hechos. Si la
práctica demuestra que en ella se actuó de determinada manera, eso es lo que debe tenerse en
cuenta, y no las estipulaciones que hayan podido hacerse para disimular u ocultar la verdad o
para programar una actividad según ciertas normas que luego las mismas partes, con su
propio comportamiento, modificaron en forma práctica, pero inequívocamente clara. En la
oposición entre el mundo real de los hechos efectivos y el mundo formal de los documentos, no
cabe duda de que debe preferirse el mundo de la realidad” (Plá Rodríguez, Américo. Los
principios del Derecho del Trabajo. 3a edición. Depalma, Buenos Aires, 1998: 262-263).
En este mismo sentido el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
hecho uso del Principio de Primacía de la Realidad cuya aplicación tiene como
consecuencia que “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que
fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el
terreno de los hechos” (STC N.° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3) (subrayado
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agregado). Además, el Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de
Tarapoto en el año 2000 ha acordado que “si el Juez constata la existencia de una relación
laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la
aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el de
buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que
correspondan”.
QUINTO.- Que, cabe señalar que el artículo 23° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal
de Trabajo – NLPL, en su numeral 23.1) señala que: “La carga de la prueba corresponde a
quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin
perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.”; en tanto que el numeral 23.2),
señala que: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.”; de lo que se infiere que
al trabajador demandante le corresponde acreditar la prestación personal de
servicios, en tanto que a la demandada, acreditar que dichos servicios fueron
autónomos o independientes; de manera que si las partes no cumplen con dicha
carga probatoria, corresponderá aplicar la presunción de laboralidad mencionado
en el numeral 23.2), antes referido.
SEXTO.- Que, en el caso de autos, en cuanto al primer elemento del contrato de
trabajo, prestación personal: se tiene que el demandante ha señalado que durante el
periodo comprendido del 16 de agosto de 2012 al 16 de junio de 2015, prestó sus
servicios a la emplazada lo cual se encuentra debidamente acreditado no sólo con
los Contratos de Locación de Servicios y sus respectivos Anexos de fojas 03, 08 y 18
sino también con el correo de fojas 28 al 34, de los Recibos por Honorarios
Electrónicos de fojas 20 al 27 y de las copias totales de cajero diarios de fojas 38 al 69,
entre otros, que acredita la hora de jornada de labor del demandante, en donde se
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designa al actor dar atención inmediata a los requerimientos allí contenidos; de lo
que se desprende que el accionante se desempeñó en labores propias de la accionada
de manera continua, percibiendo una retribución por sus servicios de manera
constante. Que dichos documentos no han sido cuestionados por la demandada ni ha
formulado contradicción alguna; así mismo no se ha contradicho que el demandante
prestó servicios de naturaleza personal, pues no se ha probado durante toda la
secuela del proceso que el actor tenía la posibilidad de delegar dicha función en
terceros bajo su dirección y riesgo; en consecuencia se concluye que la prestación del
servicio por el demandante fue de naturaleza personal, habiendo dado cumplimiento
la accionante con su carga probatoria señalada en el artículo 23.2 de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo inicialmente acotada.
SEPTIMO.- Que, en cuanto al segundo elemento del contrato de trabajo,
remuneración: Con los contrato antes aludidos de fojas 04 a 18 y específicamente
con los Recibos por Honorarios obrantes de fojas 20 a 27, se acredita que el
demandante percibió mensualmente montos económicos durante todo el periodo
demandado, los cuales evidentemente tienen naturaleza remunerativa pues
constituyen contraprestación por un servicio personal, cuyos montos durante el
periodo 2015 son los mismos (2,200 soles), pese aque la emplazada alega que fueron
pagados como contraprestación a los distintos servicios prestados; con lo que se
encuentra probado el segundo elemento esencial del contrato de trabajo.
OCTAVO.- Que, con respecto al tercer elemento del contrato de trabajo,
subordinación: se debe tener en cuenta que ésta implica la presencia de facultades
de dirección, normativa y disciplinaria del empleador frente al trabajador. Es decir,
que el empleador tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de dichas labores y sancionar
disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad cualquier infracción o
incumplimiento de las obligaciones recaídas en el trabajador.
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NOVENO.- Que, estando a las funciones realizadas por el accionante, las cuales han
sido detalladas en los Anexos N° 1 de los Contratos de Locación de Servicios,
obrantes de fojas 04 al 18, los Contratos antes citados, donde es de verse a fojas 06, lo
siguiente: "(...) SUPERVISIÓN El BANCO podrá supervisar directamente o a través
de terceros que el BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del
CONTRATO, para lo cual el LOCADOR se obliga a subsanar las deficiencias que
pudieran presentarse durante la ejecución del SERVICIO en el plazo máximo de 48
horas (...)" (la negrita es nuestra) a fojas 09, lo siguiente: "(...) DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR. EL LOCADOR se
compromete y se obliga bajo responsabilidad a cumplir con las obligaciones y/o
responsabilidades pactadas en el CONTRATO (...)" y a fojas 16, lo siguiente:"(...)
SUPERVISIÓN. 9.1 EL BANCO podrá supervisar o a través de terceros que el
BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del CONTRATO, para lo
cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades necearías.... El locador se obliga a
subsanar las deficiencias que pudieran presentarse durante la ejecución de EL
SERVICIO en el plazo máximo de 48 horas de requerido por el BANCO (...)" de las
cláusulas de los contratos antes citados que obran en autos, por lo que, se evidencia
que corresponden a una actividad principal y permanente de la demandada,
pruebas que no han sido contradichas por la parte demandada.
DECIMO.- Asimismo, se advierte a fojas 28, la dependencia de la labor del actor
mediante el envió de correo electrónicos de parte de la demandada, al indicarse que
el mismo se encontraba contratado en calidad de Locador y que se disponía el
traslado del actor a partir del 01 de octubre de 2014 a la AGENCIA 1, OFICINA
PRINCIPAL para las Funciones de Técnico Operativo, más aún, si los correos
electrónicos tienen la misma calidad de "documentación de uso interno" al señalarse
lo siguiente: "(...) La documentación de uso interno del Banco enviada a través del
correo electrónico institucional por los empleados del Banco, tiene el mismo valor
que un documento físico remitido bajo el procedimiento regular, inclusive para las
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acciones de control (...)". Por otro lado, por este mismo medio de comunicación a
fojas 29, se dispone que se crea el buzón de correo del actor, y a fojas 30 la clave del
mismo, por lo que, se desprende, que dichos actos conllevaría el logro de su
desempeño del actor y así sucesivamente en la ejecución de los mismos se demuestra
la subordinación con la demandada.
DECIMOPRIMERO.- Que, en relación al periodo del 16 de agosto de 2012 al 19 de
enero de 2014, el cual según la contratación de prestación de servicio de fojas 03,
había realizado el actor labores de transporte y reparto de los bienes de la entidad
demandada, no obra en autos medios de prueba que acrediten en qué consistían las
labores del actor para distinguirlas de un relación civil o laboral, más bien, obra en
autos a fojas 149 la "Consulta por Proveedor" en la que se acreditan los pagos fijos y
mensuales realizados al actor desde agosto del 2012 a enero de 2014 por diversos
servicios (especializado, técnico, de distribución, de planificación), lo cual constituye
propiamente un rasgo de laboralidad al efectuarse pagos fijos al margen del tiempo
que le dedique a la labor encomendada, estando a ello, no habiendo la demandada
demostrado la autonomía de las prestaciones del demandante que justifique una
contratación civil, se llega a la conclusión de que la relación desarrollada entre ambas
partes, es una de naturaleza laboral; en aplicación de la presunción de laboralidad
señalada en el artículo 23.2° de la Ley 29497 "Nueva ley Procesal de Trabajo".
DECIMOSEGUNDO.- En ese contexto, el Juez de la causa ha discernido
correctamente y ha concluido que entre las partes existió una relación laboral de
naturaleza indeterminada, en razón de haberse dado los elementos constitutivos del
Contrato de Trabajo, como son, la prestación personal del servicio, el pago de una
remuneración y la dependencia y subordinación, tal como así fluye no sólo de los
elementos de prueba adecuadamente evaluados por el juez de fallo en la recurrida,
sino por las propias funciones desempeñadas por el accionante de realizar labores
de: Servicio de Precalificación y otorgamiento de tarjetas de Crédito y otros
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productos financieros en la Agencia 02 Zárate del Banco de la Nación de fojas 08,
Servicio de Análisis y Evaluación de Mercado Potencial para productos de
Créditos y Seguros en la Agencia 1 Oficina Principal del Banco de la Nación de
fojas 13, y de Servicio de elaboración de valoraciones crediticias, revisión de
información y requisitos para otorgamiento de tarjetas de crédito y otros productos
comerciales en la Agencia 1 Oficina Principal de fojas 18, claramente a la necesidad
permanente de la entidad, los cuales han sido de naturaleza personal, dependiente,
subordinada, ordinaria y permanente para el cumplimiento de sus fines designados
por ley, conforme se aprecia de los sucesivos Contratos de Locación de Servicios con
sus Anexos, recibiendo a cambio un monto dinerario constante ascendente a S/. 6,
600.00 Soles por cada tres meses, entendiéndose que el sueldo básico por cada mes es
la suma de S/. 2,200.00 Soles conforme es de verse a fojas 08, 13, y 18, que no estaba
condicionado a un resultado concreto, asumiendo la demandada el riesgo de la
prestación de servicios realizada por el actor, aunado al hecho de que la demandada
se ha limitado a señalar que la contratación del actor ha obedecido a una relación de
naturaleza civil, advirtiéndose lo contrario en autos, pues se ha evidenciado la
dependencia de la labor realizada y que por su propia naturaleza ha sido
desempeñada de manera subordinada, siendo éste el elemento tipificante de la
relación de trabajo.
DECIMOTERCERO.- Finalmente, advirtiéndose que se ha contratado bajo la
modalidad de locación de servicios a un trabajador que en realidad desempeñaba
funciones de carácter laboral, muy a pesar que formalmente se haya suscrito contrato
de locación de servicios, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad,
según el cual, debe preferirse lo que ocurra en los hechos y no lo que las formas o
documentos señalen o lo que las partes dicen que ocurre; en tal sentido todas esas
circunstancias descritas en los considerandos que anteceden en lineas precedentes
evidencian objetivamente los rasgos de laboralidad fijados en las sentencias emitidas
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por el Tribunal Constitucional en los expedientes N° 03015-2010-PA/TC1 y N°
01193-2011-PA/TC2; por lo que se concluye que el Juez analizó los elementos
constitutivos de un contrato de trabajo, en especial la concurrencia de la
subordinación; por lo que, se desprende que las partes mantuvieron una relación
contractual laboral a plazo indeterminado desde el 16 de agosto de 2012 al 12 de
junio de 2015.
DECIMOCUARTO.- Que, siendo así, habiéndose acreditado que el actor brindó
servicios para la demandada demostrado mediante los contratos suscritos entre las
partes, correos electrónicos han sido desnaturalizados por la presencia de
simulación o fraude a la ley, convirtiéndose por ende en un contrato de trabajo de
duración indeterminada, en aplicación de lo previsto por el inciso d), del artículo 77°
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por ende, corresponde
desestimar el agravio formulado por la parte demandada.
DECIMOQUINTO.- En ese sentido, al haberse determinado la existencia de una
relación laboral indeterminada entre las partes, más aún, si conforme se establece en
el numeral 2) del artículo 23° de la NLPT, "se presume la existencia de un contrato
de trabajo de duración indeterminada, salvo prueba en contrario" teniendo la carga
de la prueba de demostrar que los servicios fueron autónomos o independientes le
corresponde exclusivamente a la parte emplazada, hecho que no ha cumplido la
parte demandada, por cuanto se desprende que al actor le corresponde el pago de los
1 STC Expediente N° 03015-2010-PA/TC, en su quinto considerando señaló que: “…Para determinar si existió una relación de trabajo entre las
partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente,
alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del
demandante en la estructura organizacional de la sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario determinado; d) la prestación fue de
cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al
demandante; y g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas
de pensiones y de salud, (el resaltado es nuestro).
2 STC Expediente 01193-2011-PA/TC, precisa como rasgos de laboralidad los siguientes: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se
ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario
determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación del
servicio ;f) pago de remuneración al demandante; y g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones
y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud.
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beneficios laborales, siendo ello así, es menester señalar que para el cálculo de pago
de un derecho laboral, en el presente caso se ha teniendo cuenta los periodos, horario
de trabajo que señala el actor en su escrito de demanda de fojas 123, quien ha
señalado que ha prestado sus servicios desde el lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
y sábado de 9:00 am a 1:00pm y la remuneración que haya percibido el actor, esto es,
por la suma de S/. 2, 200.00 Soles conforme se señala en los Anexos de los Contratos
de Locación de Servicio que obra a fojas 08, 13 y 18 respectivamente, por tanto, se
determina que la liquidación de los beneficios sociales que asciende a la suma total
de S/. 44, 119.14 Soles por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios,
Gratificaciones y Vacaciones, han sido amparados y otorgados conforme a ley
valorándose en forma conjunta todos los medios probatorios que obran en autos,
corresponde desestimar el agravio formulado por la parte demandada.
DECIMOSEXTO.- En cuanto al cuarto agravio referido a la condena de costos del
proceso; al respecto, el artículo 411° del Código Procesal Civil establece que los
costos está constituido por el honorario del Abogado de la parte vencedora más un
cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo
para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de
Auxilio Judicial. Por otra parte el artículo 413° del referido Código adjetivo exonera,
las entidades públicas del pago de dicho concepto, sin embargo, dicha norma sólo se
aplica en forma supletoria, pues la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 en
su Séptima Disposición Complementaria, establece expresamente, que en los
procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos; lo que
constituye norma especial aplicable a los procesos laborales. Por tanto, se condena a
la demandada al pago de costos, se confirma en este extremo lo resuelto por el Juez
de instancia debiendo desestimar el agravio formulada por la parte demandada.
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Por estas consideraciones antes expuestas, administrando Justicia en nombre de la
Nación, de conformidad con los artículos II y IV de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve:
HA RESUELTO
CONFIRMAR la sentencia N° 099-2015-08° de fecha 13 de mayo del 2017, que
declara FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición e
indemnización por despido arbitrario e INFUNDADA EN PARTE la demanda en
los extremos referidos al pago de las tres gratificaciones adicionales provenientes del
Convenio Colectivo de 1998 y el pago de bono por desempeño grupal, declara
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por HECTOR MANUEL VELASQUEZ
JIMENEZ contra el BANCO DE LA NACIÓN sobre desnaturalización de contratos
de locación de servicios reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios
sociales, en consecuencia, se DECLARA la desnaturalización de los contratos de
locación de servicios celebrados entre el actor y la demandada en el periodo
comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015 reconociéndosele
por ende vínculo laboral sujeto a un contrato de trabajo de duración indeterminada
por dicho periodo; y ORDENARON que la demandada le pague a favor del actor el
importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 14/100
SOLES (S/. 44, 119.14 Soles), por los conceptos de compensación por tiempo de
Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades más intereses legales y
bancarios, con costas y costos del proceso que se liquidaran en ejecución de sentencia
DISPONIENDOSE que una vez consentida o ejecutoriada que sea la recurrida
sentencia, se curse comunicación a las entidades que tengan a su cargo la
administración y/o fiscalización de las aportaciones previsionales, sean del Sistema
Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones por el periodo de
servicios del 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, FACULTA a la entidad
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demandada a realizar las deducciones previstas expresamente en la ley en su
condición de agente de retención.
En los seguidos por HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ contra el BANCO
DE LA NACIÓN, desnaturalización de contratos y pago de beneficios sociales; y lo
devolvieron al 08° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.
Notifíquese.-
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 17645- 2015 – 0 -1801- JR-LA-08
DEMANDANTE : HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO
JUEZ : MARCO ANTONIO VELA TINTA
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCARCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO DIEZ
Lima, veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete.
Dando cuenta al escrito presentado por la demandada con fecha 13-10-2017. Al principal.
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, el demandado interpone recurso de apelación contra la
Sentencia N°099-2016 de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis que declara fundada en parte
la demanda.
FUNDAMENTOS
1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine,
a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo de
apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo
adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se
encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera Disposición
Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los
requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN (cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por el Banco de la Nación contra la Sentencia
N°099-2016 de fecha trece de mayo del dos mil dieciséis que declara fundada en parte
la demanda, la misma que se concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse
los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención.
(cid:1) Al primer, segundo y tercer otrosí: Téngase presente.
Avocándose al conocimiento de la causa el Magistrado que suscribe e Interviniendo la especialista legal
que da cuenta por disposición superior. |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
.S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
QUILCA MOLINA
SENTENCIA DE VISTA
Lima, veintiuno de julio del dos mil diecisiete.-
VISTOS.- Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gino Yangali Iparraguirre; esta
Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente:
PRIMERO.- En principio debemos anotar que es materia de impugnación en esta
instancia, la Sentencia Nº 099-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, corriente de fojas
190 a 199, que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE a demanda interpuesta por
Héctor Manuel Velásquez Jimenez contra Banco de la Nación sobre
Desnaturalización de Contratos y Reintegro de Beneficios Sociales y reposición.
SEGUNDO.- Conforme a las atribuciones conferidas por ley, y siendo esta una
instancia revisora del debido proceso, debe señalarse que el Artículo 47° de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497, prevé lo siguiente:
"Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus
alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no
mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su
sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la
complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco
(5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para
que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados,
bajo responsabilidad".
TERCERO.- Ahora bien, de la revisión de actuados se advierte que no obra
constancia alguna de asistencia o inasistencia de las partes para el acto de
notificación de la sentencia, en la fecha antes señalada y en la que el Secretario de
Juzgado haya dado fe de dicha diligencia. En tal sentido, corresponde precisar que si
bien a fojas 200 obran los cargos de notificación de la sentencia a la partes, vía casilla
electrónica; sin embargo este acto no cubre las garantías que establece la Ley
Procesal del Trabajo, la que ordena que se realice la notificación de la sentencia por
estrado.
CUARTO.- Con relación a lo anterior, precisamos que el último párrafo del artículo
367° del Código Procesal Civil prevé que “El superior también puede declarar
inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los
requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.”;
por lo que corresponde a esta instancia verificar si al conceder la apelación el A Quo
cumplió con revisar todos los requisitos para poder conceder los medios
impugnatorios de acuerdo a Ley; pues de no ser así, le corresponde a este Colegiado
declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la apelación; así como, la nulidad de la
resolución que concede la misma.
QUINTO.- Asimismo, es necesario tener presente que la apelación presentada por la
demandada con fecha 06 de junio del 2016, estarían dentro del término de ley; no
obstante, siendo que la notificación de la sentencia está regulada en forma expresa en
la Ley Procesal del Trabajo, pues tanto el artículo 32° como el artículo 47° de la Ley
29497 precisan que la notificación de la sentencia tiene que hacerse de manera física
en el despacho del órgano jurisdiccional, lo que implica que se debe dejar constancia
de dicho acto con plena identificación de la partes, hecho que no se ha suscitado en el
presente proceso. Por ende, la resolución número cuatro de fecha 15 de julio del
2016, que concede el recurso de apelación, corresponde ser declarada nula debiendo
el Juez de Fallo citar a las partes nuevamente para que concurran al local del Juzgado
para la entrega física de la sentencia conforme a los lineamiento aquí expuestos.
SEXTO: A fin de evitar posteriores nulidades y emitir un pronunciamiento de fondo en
los de la materia, resulta necesario devolver los actuados al Juzgado de origen a fin
de que cumpla con subsanar la omisión advertida.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4° de
la Ley 29497 Nueva Ley procesal del Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia conforme a la Constitución Política
del Estado:
RESUELVE:
1.- DECLARAR NULA la resolución número cuatro de fecha 15 de julio del 2016, con
la cual se concede la apelación con efecto suspensivo contra la sentencia expedida,
debiendo el A Quo resolver conforme a las directivas expuestas en la presente
resolución.
2.- RECOMENDAR al Juez de fallo dar estricto cumplimiento a lo señalado en la
presente resolución, y en observancia del artículo 47° de la Ley N° 29497 bajo
responsabilidad funcional; así como RECOMENDAR al Secretario asignada al
despacho para que cumpla con insertar en el expediente la constancia de asistencia o
inasistencia de notificación de sentencia a las partes.-
En los seguidos por HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ contra BANCO DE
LA NACIÓN sobre Desnaturalización de Contratos y Reintegro de Beneficios Sociales
y reposición; y los devolvieron al Octavo Juzgado Especializado de Trabajo
Permanente de Lima.-
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Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 410-1818
EXPEDIENTE : 17645–2015–0-1801-JR-LA-08
DEMANDANTE : HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ.
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
SECRETARIO : LADY GONZALES PÉREZ.
SENTENCIA N° 099 - 2016
RESOLUCION NUMERO DOS
Lima, trece de mayo de dos mil dieciseis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública de Conciliación con Juzgamiento Anticipado de
fecha 03.MAY.2016, en el que se emitió el fallo oral y la notificación de la sentencia escrita se
difirió para ésta fecha.
I.- DE LAS PARTES:
a) El demandante HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ (en adelante el actor).
b) La demandada BANCO DE LA NACION (en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del
Trabajo - NLPT, al no lograr la conciliación, fijó las pretensiones materia de juicio, formulados
por el actor, mencionándose los siguientes:
Primera Pretensión: Se declare la desnaturalización y existencia de un contrato de
trabajo de duración indeterminada en el régimen laboral de la actividad privada, del
16 de agosto del 2012 al 12 de junio del 2015, y como consecuencia la inclusión en
planillas, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de junio del 2015.
Segunda Pretensión: Como consecuencia de dicha desnaturalización e inclusión al
libro de planillas de contratos, se ordene su reposición del accionante a su mismo
lugar de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los demás
beneficios que le corresponden.
Tercera Pretensión: En el supuesto de haberse denegado la primera pretensión o
los puntos precedentes, se le pague el importe de S/. 77,218.00 soles, por concepto
de indemnización por despido arbitrario, descanso vacacional, indemnización,
gratificación, CTS, utilidades, bono por el desempeño grupal.
Cuarta Pretensión: Se le paguen los intereses legales, las costas judiciales y costos
del proceso.
III.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE:
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El actor, en su demandada invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) Que, ingresó a prestar servicios a favor de la demandada el 16 de agosto del 2012,
sujeto a contratos de locación de servicios, siendo sus últimas labores la de Técnico
Operativo de Préstamos de Agencia, indicando que en lugar de registrarlo como
trabajador, le hicieron emitir recibos por honorarios y suscribir contratos civiles.
b) Que, en fecha 12 de junio del 2015, fue despedido de manera incausada,
impidiéndosele el ingreso a su centro de laborales, bajo el sustento de vencimiento de
su contrato de trabajo.
c) Que, prestó servicios de manera personal, y para probar la existencia del vínculo
laboral debido al carácter personalísimo, pues la vinculación laboral es intransferible,
pues no podía delegar su prestación de servicios a un tercero, ya que la
contraprestación que brinda el empleador no está sujeta a la entrega de un resultado
exitoso de la prestación del empleador y de tracto sucesivo, en la medida que como
trabajador está obligado a cumplir con una jornada laboral u horario de trabajo de lunes
a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m., y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. Asimismo,
durante su prestación de servicios, percibió una remuneración mensual, tal como se
demuestra con los recibos por honorarios obrantes en autos. Y, en cuanto a la
subordinación, refiere que laboró con productos, herramientas, y demás implementos
de la demandada, pues su parte no presta servicios con recursos propios como para
afirmar que se ejerce una labor civil, habiendo laborado en el local de la demandada,
con escritorio y computadora de la demandada, en donde emitió y recibió correos
institucionales.
d) Que, corresponde ordenar su reposición por despido incausado a su mismo puesto de
trabajo, y en caso de que dicha pretensión sea desestimada, solicita que en forma
subordinada se disponga el pago de la indemnización por despido arbitrario, en la
suma de S/. 9,350.00 soles, con un tiempo de servicios de 02 años, 10 meses; así
como el pago de los beneficios sociales correspondientes.
IV.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación de demanda invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) Dedujo la excepción de caducidad, alegando que la pretensión de reposición ha
caducado por efecto de lo dispuesto en el artículo 36° del TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR (en
adelante LPCL), toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días
naturales que exige la norma para accionar judicialmente en la nulidad de despido
pretendida; pues el último día de labores del actor fue el 12 de junio del 2015, y la
demanda fue presentada el 03 de agosto del 2015; habiendo vencido en exceso el
plazo para presentar la demanda por reposición y/o indemnización por despido
arbitrario.
b) Absolviendo la demanda, señala que mantuvieron una relación contractual de
naturaleza civil con el actor por el periodo del 16 de agosto del 2012 al 12 de junio del
2015, conforme se advierte de los contratos de locación que obran en autos.
c) Que, contrataron los servicios del actor con la finalidad de que se ejecute servicios de
naturaleza independiente a favor del Banco de la Nación, los mismos que fueron
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requeridos para atender venta de productos financieros y otros; así pues, a partir de
la copia de los contratos simples que éste presentó, surgió para que atienda
“diversos servicios, en periodos distintos” para su representada, conforme consta de
lo que constituye el objeto de contratación de cada servicio prestado.
d) Que, suscribió contratos de locación de servicios por los periodos del 11 de setiembre
del 2014 al 10 de diciembre del 2014, del 12 de diciembre del 2014 al 11 de marzo
del 2015, y, del 13 de marzo del 2015 al 12 de junio del 2015; de los contratos se
aprecia que la relación laboral no se desarrolló de manera continua, sino que existió
entre cada contratación “días” en los cuales no había relación contractual alguna
entre las partes.
e) Que, es el propio demandante quien disponía la ejecución de sus obligaciones como
“proveedor” en relación a la prestación de sus servicios; en tal sentido, este hecho no
puede generar por sí solo un rasgo de laboralidad en la relación contractual
mantenida con el demandante, sobretodo si se ha demostrado que no hubo
continuidad en la prestación de servicios ejecutados, el objeto de la contratación es
específico y diferente respecto de los demás contratos, y la retribución pactada es
por “todo” el servicio contratado; y que las partes hayan acordado que el pago se
realice en armadas no genera una relación de trabajo.
f) Que, no se le adeuda al actor monto alguno por concepto de beneficios sociales,
mucho menos por beneficios de naturaleza convencional, así como tampoco le
corresponde el pago de las cinco gratificaciones del Convenio Colectivo de 1998, ni
el bono por desempeño grupal.
g) Que, el motivo de la extinción del vínculo contractual entre las partes fue el término
de la ejecución del último contrato de liquidación de servicios, razón por la cual no ha
existido despido alguno que genere la reposición de la demandante o en su defecto
el pago de una indemnización por despido arbitrario.
h) Finalmente, refiere que el ingreso de los trabajadores al Banco de la Nación es
mediante concurso público, pues el actor durante todo el tiempo que venía siendo
contratado, sus servicios, sólo eran para un servicio determinado y no para ejercer un
cargo específico. El personal que labora en la División de Prevención y Tratamiento
de Fraude – Departamento de Operaciones ejercen un cargo específico, acorde a lo
previsto en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, habiendo sido
asignados como consecuencia de haber ganado un concurso público realizado por la
demandada, y por el cual se le asignó un cargo y categoría dentro de la institución.
V.- DE LA DECISIÓN DEL JUZGAMIENTO ANTICIPADO:
El Juzgador, luego de recepcionado el escrito de contestación a la demanda; conforme a lo
previsto en el último párrafo del artículo 43° de la Ley Procesal de Trabajo; atendiendo a la
condición de rebelde de la demanda y considerando que la cuestión debatida en el presente
proceso aun cuando versa sobre hechos, no era necesario la actuación de medio probatorio
alguno; en atención a la admisión tácita de los hechos referidos al tiempo de servicios, labor
desarrollada, remuneración percibida; tanto más si todos los medios probatorios ofrecidos por
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el actor son pruebas documentales que no requiere de actuación probatoria y que además
generan convicción y certeza para emitir pronunciamiento de fondo; en tal virtud se dispuso
pasar al Juzgamiento Anticipado del proceso; requiriendo a los Abogados de ambas partes
para que exponga sus alegatos finales; los que fueron expresados como consta de la
grabación del audio y video; emitiéndose a continuación el fallo oral con la breve sustentación
de sus fundamentos, señalándose fecha para la notificación de la sentencia escrita, la cual se
procede a emitir a continuación.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y
defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías
y principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar
el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las
actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda
y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de
presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo
21° NLPT); debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas
especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que acreditada la
prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo 23.2); es decir que la acreditación
de la ausencia del vínculo laboral alegado o la autonomía o independencia en la
prestación del servicio (sin subordinación), corresponde exclusivamente al demandado;
en tanto que cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen
distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de modo paralelo, cuando
corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la
prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones derivadas de las normas
legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (artículo
23.4.a)
ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD:
3. Los artículos 2003° y 2006° del código civil, señalan que la caducidad extingue el
derecho y la acción correspondiente y puede ser declarada de oficio o a petición de
parte.
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4. La caducidad opera como consecuencia jurídica derivado del transcurso del plazo
previsto en la ley para la interposición de la demanda judicial reclamando un
determinado derecho como es el caso de la nulidad del despido; el cual según el
artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el
Decreto Supremo 03-97-TR. - LPCL, está fijado en treinta días naturales de producido
el hecho; plazo que no está sujeto a interrupción o pacto que lo enerve; pues una vez
transcurrido impide el ejercicio del derecho; previéndose como única excepción la
imposibilidad material de accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el
trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por la falta de
funcionamiento del Poder Judicial, en cuyos casos el plazo se suspende mientras dure
el impedimento; teniendo a dicho efecto presente que el artículo 58° del Decreto
Supremo 001-96-TR Reglamento de la LPCL, establece como supuesto de falta de
funcionamiento del Poder Judicial: i) Los días de suspensión del Despacho Judicial
conforme al artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sábados, domingos,
feriados no laborales y los de duelo nacional y judicial, el día del inicio del año judicial y
el día del Juez); y ii) Aquellas situaciones que por caso fortuito o fuerza mayor, impidan
su funcionamiento; y adicionalmente iii) el inicio del procedimiento de conciliación
administrativa, mientras dure éste conforme al artículo 28° del Decreto Legislativo 910.
5. En el presente caso, resulta imperativo señalar que la pretensión de reposición por
despido incausado, está sujeto al plazo de caducidad referido, dado que dicha
pretensión se asimila a las situaciones de despido arbitrario despido nulo, al constituir
especies que integran el derecho constitucional a la protección contra el despido
arbitrario, como resultado de la construcción jurisprudencial desarrollada por el Tribunal
Constitucional.
6. En tal sentido, es conocida la doctrina que dicho Supremo Tribunal ha efectuado sobre
la protección de los derechos laborales constitucionales, así como respecto de los
alcances del derecho al trabajo consagrado en el artículo 22° de la Constitución y que
se encuentra plasmadas en las sentencias emitidas en las demandas de amparo
tramitadas en los expedientes N° 1124-2001-AA/TT, N° 976-2001-AA/TC y N° 206-
2005-PA/TC, constituyendo en los dos primeros casos: doctrina jurisprudencial, en
virtud de lo previsto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, y en el último: precedente vinculante de observancia obligatoria, de
conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del código citado.
7. En la sentencia recaída en el expediente N° 206-2005-PA/TC, de fecha 28 de
noviembre de 2005, en el fundamento sétimo, el Tribunal Constitucional ha señalado,
que: “(…) los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos
Huasco, Exp. N° 976-2004-AA/TC, los casos de despidos incausados (en los cuales no
existía imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos se mantendrán en esencia.
En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una
protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la
reposición según corresponda, a elección del trabajador (Sic).” (El subrayado es del
suscrito).
8. Al respecto, de la sentencia expedida en el proceso de amparo iniciado por Eusebio
Llanos Huasco (Exp. 976-2001-AA/TC) contra Telefónica del Perú S.A.A., de fecha 13
de marzo de 2003, se desprende que el Tribunal Constitucional ha establecido una
tipología de los despidos que merecen tutela constitucional a través del efecto
restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el
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despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido
arbitrario, reconocida en el artículo 27° de la Constitución permitía dos formas de
protección, una con eficacia restitutoria y otra resarcitoria. Así, señala en el fundamento
diecisiete de su sentencia que “(…) cuando el artículo 27° de la Constitución
establece que, contra el despido arbitrario, la ley dispensará una "protección
adecuada", tal disposición no puede entenderse en el sentido de que con ella se está
constitucionalizando el derecho del empleador de despedir arbitrariamente, como
parece entenderlo la demandante. Al amparo de un acto arbitrario, como el despido
inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de derecho constitucional alguno.
Simplemente el ordenamiento sanciona la realización de actos arbitrarios, aunque,
como se ha visto, esa sanción al despido arbitrario pueda tener, en determinadas
circunstancias, tanto una protección de eficacia restitutoria como de eficacia
resarcitoria.”.
9. Por su parte el artículo 27° de la Constitución al respecto prescribe: “La Ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. De las sentencias antes
indicadas y del artículo citado, se desprende que, de acuerdo al Tribunal Constitucional
existen dos formas de protección ante un despido arbitrario, la protección restitutoria y
la protección resarcitoria. En consecuencia, dicho análisis, nos sirve para enfatizar que
la tipología de despidos que hace el Tribunal Constitucional respecto a la existencia de
despido nulo, fraudulento, e incausado, es para establecer que en determinados
supuestos de hecho, la protección será de reposición; más dicha tipología no niega
de modo alguno que todos los casos estamos ante un despido arbitrario. Esta
conclusión concuerda con lo establecido por el Tribunal Constitucional en el último
párrafo de su fundamento 19 de la sentencia recaída en el Expediente N° 976-2001-
AA/TC, en el que señala, que: “El Tribunal Constitucional estima que frente al
despido arbitrario, en función a sus competencias y responsabilidades, le cabe
determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden constitucional. Y en
esa perspectiva –ya sea por defecto de las normas infraconstitucionales o por las
conductas de los sujetos de una relación laboral-, si se ha producido el respeto o la
afectación de los derechos fundamentales allí consagrados”. (Énfasis agregado por la
suscrita).
10. De lo antes expuesto se desprende que la tipología de los despidos desarrollados
por el Tribunal Constitucional, a efecto de establecer una forma de protección
distinta, resultan ser el contenido del despido arbitrario, pues como se ha señalado,
el despido fraudulento, incausado, o nulo, por violar un derecho constitucional,
devienen todos finalmente a englobarse dentro de la categoría del despido arbitrario,
mencionada en el artículo 27° de la Constitución.
11. Ahora bien, conforme al análisis desarrollado precedentemente, debe entenderse que
cualquier acción judicial de cualquier naturaleza que esté orientado a cuestionar o
impugnar un despido arbitrario está ineludiblemente sujeto a un plazo de caducidad,
cuyo cuantum se diferencia según que la acción se ventile en la jurisdicción
constitucional prevista en sesenta (30) días hábiles o en la jurisdicción ordinaria
prevista en treinta (30) días; y aun cuando ello no estuviera expresamente establecido
en una disposición legal, corresponde a la Jurisprudencia realizar dotarle de dicho
contenido, pues lo contrario supondría que una pretensión de Reposición por despido
incausado o por despido fraudulento podría hacerse valer en cualquier tiempo, sin
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estar sujeto a ningún plazo que lo limite, lo que jurídica y procesalmente resulta
inadmisible.
12. Lo anterior permite a ésta Judicatura concluir que el plazo de caducidad aplicable a los
despidos incausados y a los despidos fraudulentos, es el mismo que se halla previsto
por el artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado
por el Decreto Supremo 003-97-TR, que señala: “El plazo para accionar
judicialmente en los casos de Nulidad de despido, Despido Arbitrario y
Hostilidad caduca a los 30 días naturales de producido el hecho”; entendiéndose
que ambos supuestos se enmarcan en el concepto de despido arbitrario; criterio que
además fue adoptado por uno de los acuerdos del Pleno Nacional Laboral del Año
Judicial 2012.
13. Que, en el presente caso, se tiene que ambas partes están plenamente de acuerdo
que la extinción o presunto despido ocurrió el 12 de junio de 2015; fecha desde la cual
se computa el plazo de los treinta días hábiles; sin embargo la demanda recién fue
interpuesta en fecha 03 de agosto del 2015, como así se desprende de la hoja cargo
de ingreso de expediente (fojas 01); es decir luego de haber operado, en exceso, la
caducidad del derecho, habiendo vencido el plazo para demandar el día 27 de julio del
2015.
14. Lo señalado no puede ser desvirtuado con la alegación de la parte actora de que han
presentado la demanda dentro de los treinta días hábiles determinados por la Corte
Suprema, habiéndose hecho el conteo teniendo en consideración que en el mes de
junio hay varios feriados, y en realidad no se cuentan esos días como días hábiles; por
lo que ésta Judicatura concluye que en éste caso amparar la excepción formulada por
la demandada, correspondiendo declarar la caducidad del derecho para impugnar
el despido incausado, del cual habría sido objeto la actora; por ende, no
corresponde pronunciarse respecto a la reposición.
ANÁLISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
15. Respecto a que se declare la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios a un contrato de duración indeterminada, bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo 728, y como consecuencia de esa desnaturalización se
ordene la inclusión en planillas, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de junio del
2015; cabe señalar que los artículos 4°, 5°, 6° y 9°1; del T.U.O. del Decreto Legislativo
1
TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR
Artículo 4°.- En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato
de trabajo a plazo
indeterminado.
El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero
podrá celebrarse en
forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece.
Artículo 5°.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el
trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que
dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.
Artículo 6°.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las
sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno,
almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para
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728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo
003-97-TR, (en adelante LPCL), establecen que para la configuración de un contrato
de trabajo se requiere la concurrencia ineludible de sus elementos esenciales
consistentes en: 1) la prestación personal de servicios, en forma directa y personal
por el trabajador como persona natural; 2) la remuneración, traducido en el íntegro de
lo que recibe el trabajador por sus servicios, sea en dinero o en especie y cualquiera
sea su denominación, siempre que sea de su libre disposición; y 3) la subordinación o
la dependencia del trabajador, que supone la obligación de acatar las órdenes del
empleador, quien tiene la facultad de reglamentar las labores, dictar órdenes para su
ejecución, supervisar su cumplimiento y de imponer las sanciones en los casos de
incumplimiento.
16. La doctrina, adicionalmente reconoce como elementos típicos que permiten también
configurar un contrato de trabajo; los que cumplen una doble función: sea como
indicios para determinar la existencia de vínculo laboral (ejm. contratación preferente
de duración indeterminada; el lugar donde se presta el servicios; la jornada de trabajo;
la exclusividad del servicio para un empleador, el régimen laboral establecido para el
empleador, etc.); o como elementos para graduar el disfrute de los beneficios laborales
(ejm. jornada superior a las 4 horas para CTS, jornadas superiores a las 8 horas, para
horas extras, etc.).
17. Los contratos de locación de servicios o los contratos de servicios no personales; si
bien guardan similitud con los contratos de trabajo, por la concurrencia de los
elementos de la prestación personal del servicio y la retribución por dichos servicios;
sin embargo se diferencian de éste por la ausencia de la subordinación o
dependencia; pues en aquellos contratos, los servicios son prestados con autonomía
o independencia, con los conocimientos y habilidades propias del locador sin
obligación de acatar las órdenes del comitente, ni ser pasible de sanciones
disciplinarias por los incumplimientos en que incurriera.
18. Cuando, se den situaciones en los que los empleadores impongan la celebración de
contratos de naturaleza civil, con el fin de aparentar la ausencia de vínculo laboral,
pese a que en la realidad los servicios son subordinados o dependientes, la
controversia debe ser resuelta aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, que
según Américo Plá Rodríguez2 significa: “… que en caso de discordancia entre lo que ocurre en
la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos”, es decir; si en los hechos se verifica la
concurrencia de la subordinación y por ende existencia del vínculo laboral, debe
otorgarse preferencia a tales hechos, frente a lo que esté estipulado en los contratos o
documentos y conforme a ello concluirse que en la realidad la vinculación establecida
es de naturaleza laboral, tal como así también lo estableció el Acuerdo3 adoptado por
efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de
naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”
Artículo 9°.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades
para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar
disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo
del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la
forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades
del centro de trabajo.
2
Plá Rodríguez, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma Bs.As. 1998, pág. 313.
3
Acuerdo del Pleno:
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el Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de Tarapoto en el año 2000; y la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 03015-2010-
PA/TC4.
19. En el presente caso, está acreditada la prestación personal del servicios del actor, en
el período desde el 16 de agosto del 2012, hasta el 12 de junio del 2015, fecha en que
cesó en sus servicios por vencimiento del contrato de trabajo, como así lo señaló
expresamente el representante de la demandada; lo que se corrobora con los contratos
de locación de servicios aparejados por el actor (Anexo 1-D del escrito de demanda),
de los que se desprende que fue contratado para ejecutar los siguientes servicios en
los siguientes períodos: i) servicio especializado de transporte y reparto de los
diversos bienes de propiedad del Banco de la Nación, correspondiente al sector
6, del 16.AGO.2012 al 15.DIC.2012; ii) servicio especializado de transporte y
reparto de los bienes de propiedad del Banco de la Nación, correspondiente al
sector 15, del 18.DIC.2012 al 17.MAR.2013; iii) servicio de distribución de bienes a
dependencias del Banco de la Nación – Pool de Transporte – Zona 3, del
19.MAR.2013 al 18.AGO.2013; iv) servicio de planificación y revisión para el
traslado de bienes muebles a dependencias, así como la verificación de las guías
con los bienes a trasladar; del 20.AGO.2013 al 19.ENE.2014; v) servicio de
precalificación y otorgamiento de Tarjetas de Crédito y otros productos
financieros en la Agencia 2 – Zárate del Banco de la Nación, del 11.SET.2014 y
hasta el 10.DIC.2014; vi) servicio de análisis y evaluación de mercado potencial
para productos de créditos y seguros en la Agencia 1, Oficina Principal del
Banco de la Nación, del 12.DIC.2014 al 11.MAR.2015; y vii) servicio de evaluación
de la actividad transaccional visa para la automatización contable del rol
adquiriente, del 15.SET.2010 al 14.DIC.2010; vii) servicio de Evaluación de
Operaciones Visa de Cobranza Dudosa para su recuperación, del 16.DIC.2010 al
15.MAR.2011; viii) servicio de servicio de elaboración de valoraciones crediticias,
revisión de información y requisitos para otorgamiento de tarjetas de crédito y
otros productos comerciales en la Agencia 1 Oficina Principal, del 13.MAR.2015 al
12.JUN.2015; todos dichos servicios brindados como Técnico Operativo de Préstamos
Multired.
20. Igualmente, ha quedado acreditado que el actor percibió el importe de S/.2,200.00
soles, como remuneraciones, desde su fecha de ingreso hasta su fecha de cese; los
que se corroboran con los contratos de locación de servicios obrantes en autos y los
recibos por honorarios electrónicos del demandante, y que si bien es cierto no existen
documentos en donde consten los importes percibidos por el actor desde el 16 de
agosto del 2012 hasta setiembre del 2014; sin embargo, la demandada no ha negado,
ni mucho menos cuestionado la remuneración del actor, por lo que debe considerarse
"Si el Juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o
mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el de buena
fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que correspondan”.
4
STC Expediente N° 03015-2010-PA/TC, en su quinto considerando señaló que: “…Para determinar si existió una relación
de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron,
en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la presta |
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Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 17645-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VELASQUEZ JIMENEZ, HECTOR MANUEL
RESOLUCION N° TRECE
Lima, ocho de enero del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 04-2019-CAS del perito adscrito al
Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan conforme a su
derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el artículo 63 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las formalidades de ley. –
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - Lima, 4 de Enero del 2019
INFORME PERICIAL No. 004-2019-CAS
Demandante : HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ
Demandado : BANCO DE LA NACION
Motivo : Intereses Legales Financieros y Laborales
Referencia : Exp. No. 17645-2015
Especialista Legal : Diana Hinostroza Huaccachi
SEÑORA JUEZ DEL 8º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NVA. LEY PROCESAL DEL
TRABAJO
1. ANTECEDENTES
Obra a fojas 138 vuelta la cedula de notificación de fecha 10/12/2015, con la cual se le
notifica a la parte demandada de la demanda interpuesta en su contra.
Mediante Sentencia No. 099-2016 de fecha 13/05/2016, a fojas 190-199 en autos,
confirmada con sentencia de vista emitida por la 8ª Sala Laboral Permanente de Lima (fjs
263-275), se declara fundada la demanda ordenando que la parte demandada, cumpla
con abonar al actor la suma de S/ 44,119.14 más intereses legales y financieros a
liquidarse en ejecución de sentencia, respectivamente.
A través del Depósito Judicial / Administrativo No. 2018321215232 de fecha 27 de
Setiembre del 2018, por la suma de S/ 42,893.03, la parte demandada consigna pago a
cuenta de la obligación principal menos los descuentos de Ley.
Con Resolución No. 12 de fecha 30/10/2018, vuestro despacho dispone que se deriven
los autos al suscrito con el propósito de que se liquiden los Intereses Legales que
corresponden al actor. 2. EXAMEN PERICIAL
Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por su Despacho, se procedió a liquidar los
intereses legales por concepto de beneficios sociales, de conformidad al Decreto Ley
25920, dispositivo legal que señala que los intereses legales se devengan a partir del día
siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo.
Según se desprende en autos, el actor cesó el 12 de junio del 2015, siendo en
consecuencia su fecha de origen el 15 de Junio del 2015 (48 horas después del cese
teniendo en cuenta lo establecido en el art. 3 D. Leg. 650), practicándose la liquidación
con respecto a los beneficios sociales hasta el 27 de Setiembre del 2018, fecha de
cancelación de la obligación principal.
Asimismo, conforme lo dispone el artículo 56 del TUO de la Ley de CTS, se han
liquidado los intereses financieros generados por el incumplimiento de los depósitos, al no
efectuarlos oportunamente, desde el momento en que se origina la obligación hasta el 27
de Setiembre del 2018.
Del mismo modo, de acuerdo con lo previsto en la quinta disposición final del decreto
Supremo No. 004-97-TR, Reglamento de la Ley de CTS, D.S. 001-97-TR, sino hubiera
elegido el trabajador la entidad financiera, se liquida con la tasa promedio del sistema
financiero, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros.
PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES
De conformidad con lo dispuesto en el D. Leg No. 677, el monto de las utilidades que le
corresponde a cada trabajador será distribuido dentro de los 30 días naturales, siguientes
al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales pertinentes, para la
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.
Asimismo cabe indicar que los artículos 6º del D.Leg No. 892 que regula la distribución
de la participación de utilidades al trabajador y el 15º del D.S. No. 009-98-TR (REGLAMENTO), señalan que vencido el plazo, y previo requerimiento de pago por
escrito de los trabajadores, la participación de utilidades que no se haya entregado,
genera intereses moratorios equivalentes al interés legal fijado por el BCR, tal como lo
señala el D.L. 25920.
“Cuando el trabajador exija el pago de las utilidades en un procedimiento judicial el
empleador se entenderá requerido con la citación de la demanda.”
En tal sentido, el cálculo de los Intereses Legales se liquida de acuerdo con lo previsto
en el D.L. 25920; a partir del día siguiente de la citación con la demanda (D. LEG 892 y
art. 15 DS 0009-98-TR), esto es 11/12/2015.
2.1. - FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuente de
información las circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado Diario relativas
a la Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920
referido, en las que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92 fecha
de vigencia de dicho Decreto Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal
en Moneda Nacional.
Además, informo a usted que durante el período a liquidar las tasas de interés legal se
encuentran fijadas en función a la Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional (TIPMN),
determinándose el Factor aplicable para cada periodo y cuyo detalle se muestra en el
anexo adjunto al presente informe.
2.2. - LIQUIDACION DE INTERESES FINANCIEROS Y LEGALES
El detalle de liquidación de los intereses financieros y legales se muestra en los anexos
adjuntos al presente informe. CONCLUSION De lo expuesto se desprende que los intereses legales laborales y bancarios a
favor del actor ascienden a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
28/100 Soles, según el siguiente detalle:
INTERESES LEGALES M NACIONAL AL 27/09/2018 S/
INTERESES FINANCIEROS CTS – PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO 1,035.42
INTERES LEGAL D.L. 25920 – CTS AL CESE – GRATIFICACION – VACACIONES –
UTILIDADES 3,228.86
TOTAL 4,264.28
Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines a que hubiere lugar. Exp. 17645-2015 Pag. 1 de 1
004-2019-CAS
04/01/2019 09:14:39
Anexo
Liquidación de Intereses Bancarios - CTS
PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO - MN
Periodo Días Factor Obligación Interés Legal
del al S/. S/.
Oct-12 Semestral 16/11/2012 27/09/2018 2142 0.20700 464.44 96.14
Abr-13 Semestral 16/05/2013 27/09/2018 1961 0.18748 1,222.22 229.14
Oct-13 Semestral 16/11/2013 27/09/2018 1777 0.16624 1,283.33 213.34
Abr-14 Semestral 16/05/2014 27/09/2018 1596 0.14927 1,283.33 191.56
Oct-14 Semestral 18/11/2014 27/09/2018 1410 0.12844 1,283.33 164.83
Abr-15 Semestral 16/05/2015 27/09/2018 1231 0.10941 1,283.33 140.41
Total Obligación S/. 6,819.98
Total Interés Legal S/. 1,035.42
Exp. 17645-2015 Pag. 1 de 1
004-2019-CAS
04/01/2019 09:12:21
Anexo
Liquidación de Intereses Legales - MN
Según Decreto Ley 25920
Periodo Días Factor Obligación Interés Legal
del al S/. S/.
Gratif. Dic-2012 16/12/2012 27/09/2018 2112 0.14050 1,466.67 206.07
Gratif. Jul-2013 16/07/2013 27/09/2018 1900 0.12694 2,200.00 279.27
Gratif. Dic-2013 16/12/2013 27/09/2018 1747 0.11716 2,200.00 257.75
Gratif. Jul-2014 16/07/2014 27/09/2018 1535 0.10372 2,200.00 228.18
Gratif. Dic-2014 16/12/2014 27/09/2018 1382 0.09399 2,200.00 206.78
VACACIONES 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 8,421.11 697.69
Gratif. Jul-2015 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 1,833.33 151.89
CTS AL CESE 15/06/2015 27/09/2018 1201 0.08285 256.67 21.27
UTILIDADES 11/12/2015 27/09/2018 1022 0.07142 16,521.38 1,179.96
Total Obligación S/. 37,299.16
Total Interés Legal S/. 3,228.86 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 17645-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VELASQUEZ JIMENEZ, HECTOR MANUEL
RESOLUCION N° ONCE
Lima, cinco de setiembre del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: con fecha 11 de junio de 2018, la Octava Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el expediente signado N° 17645-2015-0-1801-JR-LA-08, que contiene la Sentencia
de Vista de fecha 08 de mayo de 2018, que resolvió:
(cid:1) CONFIRMAR la sentencia N° 099-2015-08° de fecha 13 de mayo del 2017, que declara
FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición e indemnización por
despido arbitrario e INFUNDADA EN PARTE la demanda en los extremos referidos al
pago de las tres gratificaciones adicionales provenientes del Convenio Colectivo de 1998
y el pago de bono por desempeño grupal, declara FUNDADA en parte la demanda
interpuesta por HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ contra el BANCO DE LA
NACIÓN sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios reconocimiento
de vínculo laboral y pago de beneficios sociales, en consecuencia, se DECLARA la
desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre el actor y la
demandada en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de
2015 reconociéndosele por ende vínculo laboral sujeto a un contrato de trabajo de
duración indeterminada por dicho periodo; y ORDENARON que la demandada le pague
a favor del actor el importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE
CON 14/100 SOLES (S/. 44, 119.14 Soles), por los conceptos de compensación por
tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades más intereses
legales y bancarios, con costas y costos del proceso que se liquidaran en ejecución de
sentencia DISPONIENDOSE que una vez consentida o ejecutoriada que sea la recurrida
sentencia, se curse comunicación a las entidades que tengan a su cargo la
administración y/o fiscalización de las aportaciones previsionales, sean del Sistema
Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones por el periodo de servicios
del 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, FACULTA a la entidad demandada a
realizar las deducciones previstas expresamente en la ley en su condición de agente de
retención
En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin SE RESUELVE; (cid:2) CUMPLA la demandada con reconocer la existencia de un contrato de trabajo sujeto a
plazo indeterminado por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de
junio de 2015.
(cid:2) REQUERIR a la demandada BANCO DE LA NACION a fin que cumpla con pagarle a
favor del actor el importe de S/. 44, 119.14 Soles (CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECINUEVE CON 14/100 SOLES) por los conceptos de compensación por
tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades, dentro del plazo de
TRES DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
Al escrito de fecha 12 de junio del 2018, presentado por la parte demandante. – A lo
solicitado por esta parte, estese a lo resuelto en líneas precedentes.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N.° 17645-2015-0-1801-JR-LA-08 (S)
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
VALENZUELA BARRETO
Lima, 08 de mayo del 2018
En Audiencia Pública de fecha 08 de mayo de 2018;
interviniendo como magistrado ponente el señor Juez Superior Urbano Menacho;
ASUNTO:
Resolución materia de apelación.- Es materia de impugnación:
1. La sentencia N° 099-2016 de fecha 13 de mayo del 2016, corriente de fojas 190 a
199, que declara FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición
e indemnización por despido arbitrario deducida por la demandada.
FUNDADA EN PARTE la demanda, por consiguiente se reconoce la existencia
de una relación laboral entre las partes en el periodo comprendido entre el 16 de
agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, desnaturalizados de los contratos de
locación de servicios; ordena que la demandada cumpla con pagare al actor la
suma de S/. 44, 119.14 soles por concepto de beneficios sociales,; más los
intereses legales y financieros, los mismos que se liquidarán en ejecución de
sentencia, con costos y costas de conformidad con el artículo 413° del Código
Procesal Civil e Infundada en el extremo referido al pago de las 3 gratificaciones
anuales previstas en los Convenios Colectivos de 1998 y el pago de bono por
desempeño grupal.-
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Que, de fojas 240 A 254, obra el escrito de apelación de la parte demandada en contra
de la sentencia de autos, donde expresa como agravios:
1. El Juzgado no ha tomado en cuenta, que el vínculo que mantuvo el
demandante con el Banco de la Nación, fue uno de naturaleza civil, al haber suscrito
diversos Contratos de Locación de Servicios, los mismos que se han encontrado al
amparo del Código Civil, y de acuerdo a la necesidad del servicio, los mismos que
fueron celebrados por plazos específicos por lo que la contratación celebrada con el
actor obedece a una orden temporal, sin vínculo laboral.
2.- El juez, para determinar los elementos que configuran una relación laboral como
son la prestación de servicios personalísima, la prestación de servicios remunerada y
la subordinación, se sustenta en supuestos meramente subjetivos que no se
encuentran acreditados ni corroborados en los actuados, con los cuales no puede
determinarse válidamente la existencia de los elementos esenciales del contrato de
trabajo, si no por el contrario no ha valorado los contratos firmados por el
demandante son por locación de servicios de naturaleza civil.
3.- El A quo ha errado al amparar el pago de beneficios sociales entre los cuales se
encuentra comprendido el pago por concepto de la CTS, Gratificaciones y Vacaciones
sin tener en cuenta que no sólo basta con acreditar judicialmente la existencia de
subordinación en la prestación de los servicios, sino que además es necesario
demostrar el cumplimiento de una jornada ordinaria mínima de 04 horas diarias.
4.- El A quo, no ha tenido en cuenta que el Banco de la Nación se encuentra
exonerado del pago de costas y costos del proceso, por ser un Organismo Público
Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, conforme con el Decreto
Legislativo N°183, Ley 27231 que modificó el literal g) del artículo 24° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y artículo 413° del Código Procesal Civil deviniendo en
consecuencia en improcedente este extremo de la demanda.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el
aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, en la apelación la
competencia del Superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que
corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis
de la resolución impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se
pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
SEGUNDO.- Estando a los agravios de la demandada referidos a la inexistencia de
un contrato de trabajo, argumentando que los servicios prestados por el actor fueron
efectuados bajo las normas del Código Civil; al respecto es importante tener presente
que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, en el artículo 23.2, establece:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; es decir, que sólo está a cargo de la
parte demandante acreditar la prestación personal de servicios, correspondiendo a la
parte demandada probar que no ha existido el elemento de subordinación; Por otra
parte, el Artículo 4° del Decreto Supremo 003-97-TR, TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, establece la siguiente presunción: “En toda
prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de
un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Por lo que la inexistencia de un contrato
formal de trabajo no enerva la naturaleza laboral que se ha configurado a partir de la
presencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo.
TERCERO.- Es pertinente señalar que toda relación laboral se caracteriza por la
existencia de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraposición a
ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764° del Código
Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo
determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue que el elemento esencial
del contrato de locación de servicios es la independencia del locador frente al
comitente en la prestación de sus servicios. De lo expuesto se aprecia que el elemento
diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de locación de servicios es
la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a este último la
facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al
trabajo para el que se les contrata (ejercicio del poder de dirección), así como la de
imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder
sancionador o disciplinario).
CUARTO.- Según lo manifestado es posible que en la práctica el empleador
pretenda encubrir una relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de
locación de servicios. Ante dichas situaciones la doctrina señala: “Lo que no puede
hacerse es invocar un texto escrito para pretender que él predomine sobre los hechos. Si la
práctica demuestra que en ella se actuó de determinada manera, eso es lo que debe tenerse en
cuenta, y no las estipulaciones que hayan podido hacerse para disimular u ocultar la verdad o
para programar una actividad según ciertas normas que luego las mismas partes, con su
propio comportamiento, modificaron en forma práctica, pero inequívocamente clara. En la
oposición entre el mundo real de los hechos efectivos y el mundo formal de los documentos, no
cabe duda de que debe preferirse el mundo de la realidad” (Plá Rodríguez, Américo. Los
principios del Derecho del Trabajo. 3a edición. Depalma, Buenos Aires, 1998: 262-263).
En este mismo sentido el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
hecho uso del Principio de Primacía de la Realidad cuya aplicación tiene como
consecuencia que “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que
fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el
terreno de los hechos” (STC N.° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3) (subrayado
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
agregado). Además, el Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de
Tarapoto en el año 2000 ha acordado que “si el Juez constata la existencia de una relación
laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la
aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el de
buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que
correspondan”.
QUINTO.- Que, cabe señalar que el artículo 23° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal
de Trabajo – NLPL, en su numeral 23.1) señala que: “La carga de la prueba corresponde a
quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin
perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.”; en tanto que el numeral 23.2),
señala que: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.”; de lo que se infiere que
al trabajador demandante le corresponde acreditar la prestación personal de
servicios, en tanto que a la demandada, acreditar que dichos servicios fueron
autónomos o independientes; de manera que si las partes no cumplen con dicha
carga probatoria, corresponderá aplicar la presunción de laboralidad mencionado
en el numeral 23.2), antes referido.
SEXTO.- Que, en el caso de autos, en cuanto al primer elemento del contrato de
trabajo, prestación personal: se tiene que el demandante ha señalado que durante el
periodo comprendido del 16 de agosto de 2012 al 16 de junio de 2015, prestó sus
servicios a la emplazada lo cual se encuentra debidamente acreditado no sólo con
los Contratos de Locación de Servicios y sus respectivos Anexos de fojas 03, 08 y 18
sino también con el correo de fojas 28 al 34, de los Recibos por Honorarios
Electrónicos de fojas 20 al 27 y de las copias totales de cajero diarios de fojas 38 al 69,
entre otros, que acredita la hora de jornada de labor del demandante, en donde se
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
designa al actor dar atención inmediata a los requerimientos allí contenidos; de lo
que se desprende que el accionante se desempeñó en labores propias de la accionada
de manera continua, percibiendo una retribución por sus servicios de manera
constante. Que dichos documentos no han sido cuestionados por la demandada ni ha
formulado contradicción alguna; así mismo no se ha contradicho que el demandante
prestó servicios de naturaleza personal, pues no se ha probado durante toda la
secuela del proceso que el actor tenía la posibilidad de delegar dicha función en
terceros bajo su dirección y riesgo; en consecuencia se concluye que la prestación del
servicio por el demandante fue de naturaleza personal, habiendo dado cumplimiento
la accionante con su carga probatoria señalada en el artículo 23.2 de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo inicialmente acotada.
SEPTIMO.- Que, en cuanto al segundo elemento del contrato de trabajo,
remuneración: Con los contrato antes aludidos de fojas 04 a 18 y específicamente
con los Recibos por Honorarios obrantes de fojas 20 a 27, se acredita que el
demandante percibió mensualmente montos económicos durante todo el periodo
demandado, los cuales evidentemente tienen naturaleza remunerativa pues
constituyen contraprestación por un servicio personal, cuyos montos durante el
periodo 2015 son los mismos (2,200 soles), pese aque la emplazada alega que fueron
pagados como contraprestación a los distintos servicios prestados; con lo que se
encuentra probado el segundo elemento esencial del contrato de trabajo.
OCTAVO.- Que, con respecto al tercer elemento del contrato de trabajo,
subordinación: se debe tener en cuenta que ésta implica la presencia de facultades
de dirección, normativa y disciplinaria del empleador frente al trabajador. Es decir,
que el empleador tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de dichas labores y sancionar
disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad cualquier infracción o
incumplimiento de las obligaciones recaídas en el trabajador.
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
NOVENO.- Que, estando a las funciones realizadas por el accionante, las cuales han
sido detalladas en los Anexos N° 1 de los Contratos de Locación de Servicios,
obrantes de fojas 04 al 18, los Contratos antes citados, donde es de verse a fojas 06, lo
siguiente: "(...) SUPERVISIÓN El BANCO podrá supervisar directamente o a través
de terceros que el BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del
CONTRATO, para lo cual el LOCADOR se obliga a subsanar las deficiencias que
pudieran presentarse durante la ejecución del SERVICIO en el plazo máximo de 48
horas (...)" (la negrita es nuestra) a fojas 09, lo siguiente: "(...) DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LOCADOR. EL LOCADOR se
compromete y se obliga bajo responsabilidad a cumplir con las obligaciones y/o
responsabilidades pactadas en el CONTRATO (...)" y a fojas 16, lo siguiente:"(...)
SUPERVISIÓN. 9.1 EL BANCO podrá supervisar o a través de terceros que el
BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del CONTRATO, para lo
cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades necearías.... El locador se obliga a
subsanar las deficiencias que pudieran presentarse durante la ejecución de EL
SERVICIO en el plazo máximo de 48 horas de requerido por el BANCO (...)" de las
cláusulas de los contratos antes citados que obran en autos, por lo que, se evidencia
que corresponden a una actividad principal y permanente de la demandada,
pruebas que no han sido contradichas por la parte demandada.
DECIMO.- Asimismo, se advierte a fojas 28, la dependencia de la labor del actor
mediante el envió de correo electrónicos de parte de la demandada, al indicarse que
el mismo se encontraba contratado en calidad de Locador y que se disponía el
traslado del actor a partir del 01 de octubre de 2014 a la AGENCIA 1, OFICINA
PRINCIPAL para las Funciones de Técnico Operativo, más aún, si los correos
electrónicos tienen la misma calidad de "documentación de uso interno" al señalarse
lo siguiente: "(...) La documentación de uso interno del Banco enviada a través del
correo electrónico institucional por los empleados del Banco, tiene el mismo valor
que un documento físico remitido bajo el procedimiento regular, inclusive para las
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
acciones de control (...)". Por otro lado, por este mismo medio de comunicación a
fojas 29, se dispone que se crea el buzón de correo del actor, y a fojas 30 la clave del
mismo, por lo que, se desprende, que dichos actos conllevaría el logro de su
desempeño del actor y así sucesivamente en la ejecución de los mismos se demuestra
la subordinación con la demandada.
DECIMOPRIMERO.- Que, en relación al periodo del 16 de agosto de 2012 al 19 de
enero de 2014, el cual según la contratación de prestación de servicio de fojas 03,
había realizado el actor labores de transporte y reparto de los bienes de la entidad
demandada, no obra en autos medios de prueba que acrediten en qué consistían las
labores del actor para distinguirlas de un relación civil o laboral, más bien, obra en
autos a fojas 149 la "Consulta por Proveedor" en la que se acreditan los pagos fijos y
mensuales realizados al actor desde agosto del 2012 a enero de 2014 por diversos
servicios (especializado, técnico, de distribución, de planificación), lo cual constituye
propiamente un rasgo de laboralidad al efectuarse pagos fijos al margen del tiempo
que le dedique a la labor encomendada, estando a ello, no habiendo la demandada
demostrado la autonomía de las prestaciones del demandante que justifique una
contratación civil, se llega a la conclusión de que la relación desarrollada entre ambas
partes, es una de naturaleza laboral; en aplicación de la presunción de laboralidad
señalada en el artículo 23.2° de la Ley 29497 "Nueva ley Procesal de Trabajo".
DECIMOSEGUNDO.- En ese contexto, el Juez de la causa ha discernido
correctamente y ha concluido que entre las partes existió una relación laboral de
naturaleza indeterminada, en razón de haberse dado los elementos constitutivos del
Contrato de Trabajo, como son, la prestación personal del servicio, el pago de una
remuneración y la dependencia y subordinación, tal como así fluye no sólo de los
elementos de prueba adecuadamente evaluados por el juez de fallo en la recurrida,
sino por las propias funciones desempeñadas por el accionante de realizar labores
de: Servicio de Precalificación y otorgamiento de tarjetas de Crédito y otros
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
productos financieros en la Agencia 02 Zárate del Banco de la Nación de fojas 08,
Servicio de Análisis y Evaluación de Mercado Potencial para productos de
Créditos y Seguros en la Agencia 1 Oficina Principal del Banco de la Nación de
fojas 13, y de Servicio de elaboración de valoraciones crediticias, revisión de
información y requisitos para otorgamiento de tarjetas de crédito y otros productos
comerciales en la Agencia 1 Oficina Principal de fojas 18, claramente a la necesidad
permanente de la entidad, los cuales han sido de naturaleza personal, dependiente,
subordinada, ordinaria y permanente para el cumplimiento de sus fines designados
por ley, conforme se aprecia de los sucesivos Contratos de Locación de Servicios con
sus Anexos, recibiendo a cambio un monto dinerario constante ascendente a S/. 6,
600.00 Soles por cada tres meses, entendiéndose que el sueldo básico por cada mes es
la suma de S/. 2,200.00 Soles conforme es de verse a fojas 08, 13, y 18, que no estaba
condicionado a un resultado concreto, asumiendo la demandada el riesgo de la
prestación de servicios realizada por el actor, aunado al hecho de que la demandada
se ha limitado a señalar que la contratación del actor ha obedecido a una relación de
naturaleza civil, advirtiéndose lo contrario en autos, pues se ha evidenciado la
dependencia de la labor realizada y que por su propia naturaleza ha sido
desempeñada de manera subordinada, siendo éste el elemento tipificante de la
relación de trabajo.
DECIMOTERCERO.- Finalmente, advirtiéndose que se ha contratado bajo la
modalidad de locación de servicios a un trabajador que en realidad desempeñaba
funciones de carácter laboral, muy a pesar que formalmente se haya suscrito contrato
de locación de servicios, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad,
según el cual, debe preferirse lo que ocurra en los hechos y no lo que las formas o
documentos señalen o lo que las partes dicen que ocurre; en tal sentido todas esas
circunstancias descritas en los considerandos que anteceden en lineas precedentes
evidencian objetivamente los rasgos de laboralidad fijados en las sentencias emitidas
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
por el Tribunal Constitucional en los expedientes N° 03015-2010-PA/TC1 y N°
01193-2011-PA/TC2; por lo que se concluye que el Juez analizó los elementos
constitutivos de un contrato de trabajo, en especial la concurrencia de la
subordinación; por lo que, se desprende que las partes mantuvieron una relación
contractual laboral a plazo indeterminado desde el 16 de agosto de 2012 al 12 de
junio de 2015.
DECIMOCUARTO.- Que, siendo así, habiéndose acreditado que el actor brindó
servicios para la demandada demostrado mediante los contratos suscritos entre las
partes, correos electrónicos han sido desnaturalizados por la presencia de
simulación o fraude a la ley, convirtiéndose por ende en un contrato de trabajo de
duración indeterminada, en aplicación de lo previsto por el inciso d), del artículo 77°
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por ende, corresponde
desestimar el agravio formulado por la parte demandada.
DECIMOQUINTO.- En ese sentido, al haberse determinado la existencia de una
relación laboral indeterminada entre las partes, más aún, si conforme se establece en
el numeral 2) del artículo 23° de la NLPT, "se presume la existencia de un contrato
de trabajo de duración indeterminada, salvo prueba en contrario" teniendo la carga
de la prueba de demostrar que los servicios fueron autónomos o independientes le
corresponde exclusivamente a la parte emplazada, hecho que no ha cumplido la
parte demandada, por cuanto se desprende que al actor le corresponde el pago de los
1 STC Expediente N° 03015-2010-PA/TC, en su quinto considerando señaló que: “…Para determinar si existió una relación de trabajo entre las
partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente,
alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del
demandante en la estructura organizacional de la sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario determinado; d) la prestación fue de
cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al
demandante; y g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas
de pensiones y de salud, (el resaltado es nuestro).
2 STC Expediente 01193-2011-PA/TC, precisa como rasgos de laboralidad los siguientes: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se
ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario
determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación del
servicio ;f) pago de remuneración al demandante; y g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones
y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud.
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
beneficios laborales, siendo ello así, es menester señalar que para el cálculo de pago
de un derecho laboral, en el presente caso se ha teniendo cuenta los periodos, horario
de trabajo que señala el actor en su escrito de demanda de fojas 123, quien ha
señalado que ha prestado sus servicios desde el lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
y sábado de 9:00 am a 1:00pm y la remuneración que haya percibido el actor, esto es,
por la suma de S/. 2, 200.00 Soles conforme se señala en los Anexos de los Contratos
de Locación de Servicio que obra a fojas 08, 13 y 18 respectivamente, por tanto, se
determina que la liquidación de los beneficios sociales que asciende a la suma total
de S/. 44, 119.14 Soles por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios,
Gratificaciones y Vacaciones, han sido amparados y otorgados conforme a ley
valorándose en forma conjunta todos los medios probatorios que obran en autos,
corresponde desestimar el agravio formulado por la parte demandada.
DECIMOSEXTO.- En cuanto al cuarto agravio referido a la condena de costos del
proceso; al respecto, el artículo 411° del Código Procesal Civil establece que los
costos está constituido por el honorario del Abogado de la parte vencedora más un
cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo
para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de
Auxilio Judicial. Por otra parte el artículo 413° del referido Código adjetivo exonera,
las entidades públicas del pago de dicho concepto, sin embargo, dicha norma sólo se
aplica en forma supletoria, pues la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 en
su Séptima Disposición Complementaria, establece expresamente, que en los
procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos; lo que
constituye norma especial aplicable a los procesos laborales. Por tanto, se condena a
la demandada al pago de costos, se confirma en este extremo lo resuelto por el Juez
de instancia debiendo desestimar el agravio formulada por la parte demandada.
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Por estas consideraciones antes expuestas, administrando Justicia en nombre de la
Nación, de conformidad con los artículos II y IV de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve:
HA RESUELTO
CONFIRMAR la sentencia N° 099-2015-08° de fecha 13 de mayo del 2017, que
declara FUNDADA la excepción de caducidad respecto a la reposición e
indemnización por despido arbitrario e INFUNDADA EN PARTE la demanda en
los extremos referidos al pago de las tres gratificaciones adicionales provenientes del
Convenio Colectivo de 1998 y el pago de bono por desempeño grupal, declara
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por HECTOR MANUEL VELASQUEZ
JIMENEZ contra el BANCO DE LA NACIÓN sobre desnaturalización de contratos
de locación de servicios reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios
sociales, en consecuencia, se DECLARA la desnaturalización de los contratos de
locación de servicios celebrados entre el actor y la demandada en el periodo
comprendido entre el 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015 reconociéndosele
por ende vínculo laboral sujeto a un contrato de trabajo de duración indeterminada
por dicho periodo; y ORDENARON que la demandada le pague a favor del actor el
importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 14/100
SOLES (S/. 44, 119.14 Soles), por los conceptos de compensación por tiempo de
Servicios, vacaciones, gratificaciones legales, y utilidades más intereses legales y
bancarios, con costas y costos del proceso que se liquidaran en ejecución de sentencia
DISPONIENDOSE que una vez consentida o ejecutoriada que sea la recurrida
sentencia, se curse comunicación a las entidades que tengan a su cargo la
administración y/o fiscalización de las aportaciones previsionales, sean del Sistema
Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones por el periodo de
servicios del 16 de agosto de 2012 al 12 de junio de 2015, FACULTA a la entidad
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
demandada a realizar las deducciones previstas expresamente en la ley en su
condición de agente de retención.
En los seguidos por HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ contra el BANCO
DE LA NACIÓN, desnaturalización de contratos y pago de beneficios sociales; y lo
devolvieron al 08° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.
Notifíquese.-
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 17645- 2015 – 0 -1801- JR-LA-08
DEMANDANTE : HECTOR MANUEL VELASQUEZ JIMENEZ
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DESNATURALIZACION DE CONTRATO
JUEZ : MARCO ANTONIO VELA TINTA
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCARCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO DIEZ
Lima, veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete.
Dando cuenta al escrito presentado por la demandada con fecha 13-10-2017. Al principal.
ANTECEDENTES
A través del escrito que se presenta, el demandado interpone recurso de apelación contra la
Sentencia N°099-2016 de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis que declara fundada en parte
la demanda.
FUNDAMENTOS
1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine,
a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo de
apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la
indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de
precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo
adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se
encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera Disposición
Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los
requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo
solicitado.
RESOLUCIÓN (cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por el Banco de la Nación contra la Sentencia
N°099-2016 de fecha trece de mayo del dos mil dieciséis que declara fundada en parte
la demanda, la misma que se concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse
los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención.
(cid:1) Al primer, segundo y tercer otrosí: Téngase presente.
Avocándose al conocimiento de la causa el Magistrado que suscribe e Interviniendo la especialista legal
que da cuenta por disposición superior. |
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_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
.S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
QUILCA MOLINA
SENTENCIA DE VISTA
Lima, veintiuno de julio del dos mil diecisiete.-
VISTOS.- Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gino Yangali Iparraguirre; esta
Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente:
PRIMERO.- En principio debemos anotar que es materia de impugnación en esta
instancia, la Sentencia Nº 099-2016 de fecha 13 de mayo de 2016, corriente de fojas
190 a 199, que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE a demanda interpuesta por
Héctor Manuel Velásquez Jimenez contra Banco de la Nación sobre
Desnaturalización de Contratos y Reintegro de Beneficios Sociales y reposición.
SEGUNDO.- Conforme a las atribuciones conferidas por ley, y siendo esta una
instancia revisora del debido proceso, debe señalarse que el Artículo 47° de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497, prevé lo siguiente:
"Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus
alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no
mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su
sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la
complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco
(5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para
que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados,
bajo responsabilidad".
TERCERO.- Ahora bien, de la revisión de actuados se advierte que no obra
constancia alguna de asistencia o inasistencia de las partes para el acto de
notificación de la sentencia, en la fecha antes señalada y en la que el Secretario de
Juzgado haya dado fe de dicha diligencia. En tal sentido, corresponde precisar que si
bien a fojas 200 obran los cargos de notificación de la sentencia a la partes, vía casilla
electrónica; sin embargo este acto no cubre las garantías que establece la Ley
Procesal del Trabajo, la que ordena que se realice la notificación de la sentencia por
estrado.
CUARTO.- Con relación a lo anterior, precisamos que el último párrafo del artículo
367° del Código Procesal Civil prevé que “El superior también puede declarar
inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los
requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.”;
por lo que corresponde a esta instancia verificar si al conceder la apelación el A Quo
cumplió con revisar todos los requisitos para poder conceder los medios
impugnatorios de acuerdo a Ley; pues de no ser así, le corresponde a este Colegiado
declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la apelación; así como, la nulidad de la
resolución que concede la misma.
QUINTO.- Asimismo, es necesario tener presente que la apelación presentada por la
demandada con fecha 06 de junio del 2016, estarían dentro del término de ley; no
obstante, siendo que la notificación de la sentencia está regulada en forma expresa en
la Ley Procesal del Trabajo, pues tanto el artículo 32° como el artículo 47° de la Ley
29497 precisan que la notificación de la sentencia tiene que hacerse de manera física
en el despacho del órgano jurisdiccional, lo que implica que se debe dejar constancia
de dicho acto con plena identificación de la partes, hecho que no se ha suscitado en el
presente proceso. Por ende, la resolución número cuatro de fecha 15 de julio del
2016, que concede el recurso de apelación, corresponde ser declarada nula debiendo
el Juez de Fallo citar a las partes nuevamente para que concurran al local del Juzgado
para la entrega física de la sentencia conforme a los lineamiento aquí expuestos.
SEXTO: A fin de evitar posteriores nulidades y emitir un pronunciamiento de fondo en
los de la materia, resulta necesario devolver los actuados al Juzgado de origen a fin
de que cumpla con subsanar la omisión advertida.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
_E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______1___________7___________6____________4___________5___________-_______2___________0___________1____________5___________-______0____________-_______1___________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8___________ ____
Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4° de
la Ley 29497 Nueva Ley procesal del Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima, impartiendo justicia conforme a la Constitución Política
del Estado:
RESUELVE:
1.- DECLARAR NULA la resolución número cuatro de fecha 15 de julio del 2016, con
la cual se concede la apelación con efecto suspensivo contra la sentencia expedida,
debiendo el A Quo resolver conforme a las directivas expuestas en la presente
resolución.
2.- RECOMENDAR al Juez de fallo dar estricto cumplimiento a lo señalado en la
presente resolución, y en observancia del artículo 47° de la Ley N° 29497 bajo
responsabilidad funcional; así como RECOMENDAR al Secretario asignada al
despacho para que cumpla con insertar en el expediente la constancia de asistencia o
inasistencia de notificación de sentencia a las partes.-
En los seguidos por HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ contra BANCO DE
LA NACIÓN sobre Desnaturalización de Contratos y Reintegro de Beneficios Sociales
y reposición; y los devolvieron al Octavo Juzgado Especializado de Trabajo
Permanente de Lima.-
3 |
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OCTAVO JUZGADO PERMANANTE ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 410-1818
EXPEDIENTE : 17645–2015–0-1801-JR-LA-08
DEMANDANTE : HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ.
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
SECRETARIO : LADY GONZALES PÉREZ.
SENTENCIA N° 099 - 2016
RESOLUCION NUMERO DOS
Lima, trece de mayo de dos mil dieciseis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia Pública de Conciliación con Juzgamiento Anticipado de
fecha 03.MAY.2016, en el que se emitió el fallo oral y la notificación de la sentencia escrita se
difirió para ésta fecha.
I.- DE LAS PARTES:
a) El demandante HÉCTOR MANUEL VELÁSQUEZ JIMENEZ (en adelante el actor).
b) La demandada BANCO DE LA NACION (en adelante la demandada).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del
Trabajo - NLPT, al no lograr la conciliación, fijó las pretensiones materia de juicio, formulados
por el actor, mencionándose los siguientes:
Primera Pretensión: Se declare la desnaturalización y existencia de un contrato de
trabajo de duración indeterminada en el régimen laboral de la actividad privada, del
16 de agosto del 2012 al 12 de junio del 2015, y como consecuencia la inclusión en
planillas, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de junio del 2015.
Segunda Pretensión: Como consecuencia de dicha desnaturalización e inclusión al
libro de planillas de contratos, se ordene su reposición del accionante a su mismo
lugar de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los demás
beneficios que le corresponden.
Tercera Pretensión: En el supuesto de haberse denegado la primera pretensión o
los puntos precedentes, se le pague el importe de S/. 77,218.00 soles, por concepto
de indemnización por despido arbitrario, descanso vacacional, indemnización,
gratificación, CTS, utilidades, bono por el desempeño grupal.
Cuarta Pretensión: Se le paguen los intereses legales, las costas judiciales y costos
del proceso.
III.- FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE:
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El actor, en su demandada invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) Que, ingresó a prestar servicios a favor de la demandada el 16 de agosto del 2012,
sujeto a contratos de locación de servicios, siendo sus últimas labores la de Técnico
Operativo de Préstamos de Agencia, indicando que en lugar de registrarlo como
trabajador, le hicieron emitir recibos por honorarios y suscribir contratos civiles.
b) Que, en fecha 12 de junio del 2015, fue despedido de manera incausada,
impidiéndosele el ingreso a su centro de laborales, bajo el sustento de vencimiento de
su contrato de trabajo.
c) Que, prestó servicios de manera personal, y para probar la existencia del vínculo
laboral debido al carácter personalísimo, pues la vinculación laboral es intransferible,
pues no podía delegar su prestación de servicios a un tercero, ya que la
contraprestación que brinda el empleador no está sujeta a la entrega de un resultado
exitoso de la prestación del empleador y de tracto sucesivo, en la medida que como
trabajador está obligado a cumplir con una jornada laboral u horario de trabajo de lunes
a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m., y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. Asimismo,
durante su prestación de servicios, percibió una remuneración mensual, tal como se
demuestra con los recibos por honorarios obrantes en autos. Y, en cuanto a la
subordinación, refiere que laboró con productos, herramientas, y demás implementos
de la demandada, pues su parte no presta servicios con recursos propios como para
afirmar que se ejerce una labor civil, habiendo laborado en el local de la demandada,
con escritorio y computadora de la demandada, en donde emitió y recibió correos
institucionales.
d) Que, corresponde ordenar su reposición por despido incausado a su mismo puesto de
trabajo, y en caso de que dicha pretensión sea desestimada, solicita que en forma
subordinada se disponga el pago de la indemnización por despido arbitrario, en la
suma de S/. 9,350.00 soles, con un tiempo de servicios de 02 años, 10 meses; así
como el pago de los beneficios sociales correspondientes.
IV.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su contestación de demanda invocó los siguientes fundamentos de hecho:
a) Dedujo la excepción de caducidad, alegando que la pretensión de reposición ha
caducado por efecto de lo dispuesto en el artículo 36° del TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR (en
adelante LPCL), toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días
naturales que exige la norma para accionar judicialmente en la nulidad de despido
pretendida; pues el último día de labores del actor fue el 12 de junio del 2015, y la
demanda fue presentada el 03 de agosto del 2015; habiendo vencido en exceso el
plazo para presentar la demanda por reposición y/o indemnización por despido
arbitrario.
b) Absolviendo la demanda, señala que mantuvieron una relación contractual de
naturaleza civil con el actor por el periodo del 16 de agosto del 2012 al 12 de junio del
2015, conforme se advierte de los contratos de locación que obran en autos.
c) Que, contrataron los servicios del actor con la finalidad de que se ejecute servicios de
naturaleza independiente a favor del Banco de la Nación, los mismos que fueron
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requeridos para atender venta de productos financieros y otros; así pues, a partir de
la copia de los contratos simples que éste presentó, surgió para que atienda
“diversos servicios, en periodos distintos” para su representada, conforme consta de
lo que constituye el objeto de contratación de cada servicio prestado.
d) Que, suscribió contratos de locación de servicios por los periodos del 11 de setiembre
del 2014 al 10 de diciembre del 2014, del 12 de diciembre del 2014 al 11 de marzo
del 2015, y, del 13 de marzo del 2015 al 12 de junio del 2015; de los contratos se
aprecia que la relación laboral no se desarrolló de manera continua, sino que existió
entre cada contratación “días” en los cuales no había relación contractual alguna
entre las partes.
e) Que, es el propio demandante quien disponía la ejecución de sus obligaciones como
“proveedor” en relación a la prestación de sus servicios; en tal sentido, este hecho no
puede generar por sí solo un rasgo de laboralidad en la relación contractual
mantenida con el demandante, sobretodo si se ha demostrado que no hubo
continuidad en la prestación de servicios ejecutados, el objeto de la contratación es
específico y diferente respecto de los demás contratos, y la retribución pactada es
por “todo” el servicio contratado; y que las partes hayan acordado que el pago se
realice en armadas no genera una relación de trabajo.
f) Que, no se le adeuda al actor monto alguno por concepto de beneficios sociales,
mucho menos por beneficios de naturaleza convencional, así como tampoco le
corresponde el pago de las cinco gratificaciones del Convenio Colectivo de 1998, ni
el bono por desempeño grupal.
g) Que, el motivo de la extinción del vínculo contractual entre las partes fue el término
de la ejecución del último contrato de liquidación de servicios, razón por la cual no ha
existido despido alguno que genere la reposición de la demandante o en su defecto
el pago de una indemnización por despido arbitrario.
h) Finalmente, refiere que el ingreso de los trabajadores al Banco de la Nación es
mediante concurso público, pues el actor durante todo el tiempo que venía siendo
contratado, sus servicios, sólo eran para un servicio determinado y no para ejercer un
cargo específico. El personal que labora en la División de Prevención y Tratamiento
de Fraude – Departamento de Operaciones ejercen un cargo específico, acorde a lo
previsto en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, habiendo sido
asignados como consecuencia de haber ganado un concurso público realizado por la
demandada, y por el cual se le asignó un cargo y categoría dentro de la institución.
V.- DE LA DECISIÓN DEL JUZGAMIENTO ANTICIPADO:
El Juzgador, luego de recepcionado el escrito de contestación a la demanda; conforme a lo
previsto en el último párrafo del artículo 43° de la Ley Procesal de Trabajo; atendiendo a la
condición de rebelde de la demanda y considerando que la cuestión debatida en el presente
proceso aun cuando versa sobre hechos, no era necesario la actuación de medio probatorio
alguno; en atención a la admisión tácita de los hechos referidos al tiempo de servicios, labor
desarrollada, remuneración percibida; tanto más si todos los medios probatorios ofrecidos por
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el actor son pruebas documentales que no requiere de actuación probatoria y que además
generan convicción y certeza para emitir pronunciamiento de fondo; en tal virtud se dispuso
pasar al Juzgamiento Anticipado del proceso; requiriendo a los Abogados de ambas partes
para que exponga sus alegatos finales; los que fueron expresados como consta de la
grabación del audio y video; emitiéndose a continuación el fallo oral con la breve sustentación
de sus fundamentos, señalándose fecha para la notificación de la sentencia escrita, la cual se
procede a emitir a continuación.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y
defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías
y principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar
el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las
actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda
y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de
presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo
21° NLPT); debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas
especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que acreditada la
prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo 23.2); es decir que la acreditación
de la ausencia del vínculo laboral alegado o la autonomía o independencia en la
prestación del servicio (sin subordinación), corresponde exclusivamente al demandado;
en tanto que cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde
acreditar la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen
distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de modo paralelo, cuando
corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la
prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones derivadas de las normas
legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (artículo
23.4.a)
ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD:
3. Los artículos 2003° y 2006° del código civil, señalan que la caducidad extingue el
derecho y la acción correspondiente y puede ser declarada de oficio o a petición de
parte.
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4. La caducidad opera como consecuencia jurídica derivado del transcurso del plazo
previsto en la ley para la interposición de la demanda judicial reclamando un
determinado derecho como es el caso de la nulidad del despido; el cual según el
artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el
Decreto Supremo 03-97-TR. - LPCL, está fijado en treinta días naturales de producido
el hecho; plazo que no está sujeto a interrupción o pacto que lo enerve; pues una vez
transcurrido impide el ejercicio del derecho; previéndose como única excepción la
imposibilidad material de accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el
trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por la falta de
funcionamiento del Poder Judicial, en cuyos casos el plazo se suspende mientras dure
el impedimento; teniendo a dicho efecto presente que el artículo 58° del Decreto
Supremo 001-96-TR Reglamento de la LPCL, establece como supuesto de falta de
funcionamiento del Poder Judicial: i) Los días de suspensión del Despacho Judicial
conforme al artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial (sábados, domingos,
feriados no laborales y los de duelo nacional y judicial, el día del inicio del año judicial y
el día del Juez); y ii) Aquellas situaciones que por caso fortuito o fuerza mayor, impidan
su funcionamiento; y adicionalmente iii) el inicio del procedimiento de conciliación
administrativa, mientras dure éste conforme al artículo 28° del Decreto Legislativo 910.
5. En el presente caso, resulta imperativo señalar que la pretensión de reposición por
despido incausado, está sujeto al plazo de caducidad referido, dado que dicha
pretensión se asimila a las situaciones de despido arbitrario despido nulo, al constituir
especies que integran el derecho constitucional a la protección contra el despido
arbitrario, como resultado de la construcción jurisprudencial desarrollada por el Tribunal
Constitucional.
6. En tal sentido, es conocida la doctrina que dicho Supremo Tribunal ha efectuado sobre
la protección de los derechos laborales constitucionales, así como respecto de los
alcances del derecho al trabajo consagrado en el artículo 22° de la Constitución y que
se encuentra plasmadas en las sentencias emitidas en las demandas de amparo
tramitadas en los expedientes N° 1124-2001-AA/TT, N° 976-2001-AA/TC y N° 206-
2005-PA/TC, constituyendo en los dos primeros casos: doctrina jurisprudencial, en
virtud de lo previsto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, y en el último: precedente vinculante de observancia obligatoria, de
conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del código citado.
7. En la sentencia recaída en el expediente N° 206-2005-PA/TC, de fecha 28 de
noviembre de 2005, en el fundamento sétimo, el Tribunal Constitucional ha señalado,
que: “(…) los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos
Huasco, Exp. N° 976-2004-AA/TC, los casos de despidos incausados (en los cuales no
existía imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos se mantendrán en esencia.
En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una
protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la
reposición según corresponda, a elección del trabajador (Sic).” (El subrayado es del
suscrito).
8. Al respecto, de la sentencia expedida en el proceso de amparo iniciado por Eusebio
Llanos Huasco (Exp. 976-2001-AA/TC) contra Telefónica del Perú S.A.A., de fecha 13
de marzo de 2003, se desprende que el Tribunal Constitucional ha establecido una
tipología de los despidos que merecen tutela constitucional a través del efecto
restitutorio o reposición en el empleo: el despido nulo, el despido incausado, y el
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despido fraudulento, concluyendo que la protección adecuada contra el despido
arbitrario, reconocida en el artículo 27° de la Constitución permitía dos formas de
protección, una con eficacia restitutoria y otra resarcitoria. Así, señala en el fundamento
diecisiete de su sentencia que “(…) cuando el artículo 27° de la Constitución
establece que, contra el despido arbitrario, la ley dispensará una "protección
adecuada", tal disposición no puede entenderse en el sentido de que con ella se está
constitucionalizando el derecho del empleador de despedir arbitrariamente, como
parece entenderlo la demandante. Al amparo de un acto arbitrario, como el despido
inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de derecho constitucional alguno.
Simplemente el ordenamiento sanciona la realización de actos arbitrarios, aunque,
como se ha visto, esa sanción al despido arbitrario pueda tener, en determinadas
circunstancias, tanto una protección de eficacia restitutoria como de eficacia
resarcitoria.”.
9. Por su parte el artículo 27° de la Constitución al respecto prescribe: “La Ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. De las sentencias antes
indicadas y del artículo citado, se desprende que, de acuerdo al Tribunal Constitucional
existen dos formas de protección ante un despido arbitrario, la protección restitutoria y
la protección resarcitoria. En consecuencia, dicho análisis, nos sirve para enfatizar que
la tipología de despidos que hace el Tribunal Constitucional respecto a la existencia de
despido nulo, fraudulento, e incausado, es para establecer que en determinados
supuestos de hecho, la protección será de reposición; más dicha tipología no niega
de modo alguno que todos los casos estamos ante un despido arbitrario. Esta
conclusión concuerda con lo establecido por el Tribunal Constitucional en el último
párrafo de su fundamento 19 de la sentencia recaída en el Expediente N° 976-2001-
AA/TC, en el que señala, que: “El Tribunal Constitucional estima que frente al
despido arbitrario, en función a sus competencias y responsabilidades, le cabe
determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden constitucional. Y en
esa perspectiva –ya sea por defecto de las normas infraconstitucionales o por las
conductas de los sujetos de una relación laboral-, si se ha producido el respeto o la
afectación de los derechos fundamentales allí consagrados”. (Énfasis agregado por la
suscrita).
10. De lo antes expuesto se desprende que la tipología de los despidos desarrollados
por el Tribunal Constitucional, a efecto de establecer una forma de protección
distinta, resultan ser el contenido del despido arbitrario, pues como se ha señalado,
el despido fraudulento, incausado, o nulo, por violar un derecho constitucional,
devienen todos finalmente a englobarse dentro de la categoría del despido arbitrario,
mencionada en el artículo 27° de la Constitución.
11. Ahora bien, conforme al análisis desarrollado precedentemente, debe entenderse que
cualquier acción judicial de cualquier naturaleza que esté orientado a cuestionar o
impugnar un despido arbitrario está ineludiblemente sujeto a un plazo de caducidad,
cuyo cuantum se diferencia según que la acción se ventile en la jurisdicción
constitucional prevista en sesenta (30) días hábiles o en la jurisdicción ordinaria
prevista en treinta (30) días; y aun cuando ello no estuviera expresamente establecido
en una disposición legal, corresponde a la Jurisprudencia realizar dotarle de dicho
contenido, pues lo contrario supondría que una pretensión de Reposición por despido
incausado o por despido fraudulento podría hacerse valer en cualquier tiempo, sin
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estar sujeto a ningún plazo que lo limite, lo que jurídica y procesalmente resulta
inadmisible.
12. Lo anterior permite a ésta Judicatura concluir que el plazo de caducidad aplicable a los
despidos incausados y a los despidos fraudulentos, es el mismo que se halla previsto
por el artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado
por el Decreto Supremo 003-97-TR, que señala: “El plazo para accionar
judicialmente en los casos de Nulidad de despido, Despido Arbitrario y
Hostilidad caduca a los 30 días naturales de producido el hecho”; entendiéndose
que ambos supuestos se enmarcan en el concepto de despido arbitrario; criterio que
además fue adoptado por uno de los acuerdos del Pleno Nacional Laboral del Año
Judicial 2012.
13. Que, en el presente caso, se tiene que ambas partes están plenamente de acuerdo
que la extinción o presunto despido ocurrió el 12 de junio de 2015; fecha desde la cual
se computa el plazo de los treinta días hábiles; sin embargo la demanda recién fue
interpuesta en fecha 03 de agosto del 2015, como así se desprende de la hoja cargo
de ingreso de expediente (fojas 01); es decir luego de haber operado, en exceso, la
caducidad del derecho, habiendo vencido el plazo para demandar el día 27 de julio del
2015.
14. Lo señalado no puede ser desvirtuado con la alegación de la parte actora de que han
presentado la demanda dentro de los treinta días hábiles determinados por la Corte
Suprema, habiéndose hecho el conteo teniendo en consideración que en el mes de
junio hay varios feriados, y en realidad no se cuentan esos días como días hábiles; por
lo que ésta Judicatura concluye que en éste caso amparar la excepción formulada por
la demandada, correspondiendo declarar la caducidad del derecho para impugnar
el despido incausado, del cual habría sido objeto la actora; por ende, no
corresponde pronunciarse respecto a la reposición.
ANÁLISIS DEL PRIMER HECHO REQUERIDO DE PRUEBA:
15. Respecto a que se declare la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios a un contrato de duración indeterminada, bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo 728, y como consecuencia de esa desnaturalización se
ordene la inclusión en planillas, desde el 16 de agosto del 2012 al 16 de junio del
2015; cabe señalar que los artículos 4°, 5°, 6° y 9°1; del T.U.O. del Decreto Legislativo
1
TUO del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D.S. N° 003-97-TR
Artículo 4°.- En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato
de trabajo a plazo
indeterminado.
El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero
podrá celebrarse en
forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece.
Artículo 5°.- Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el
trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que
dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.
Artículo 6°.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las
sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno,
almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para
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728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo
003-97-TR, (en adelante LPCL), establecen que para la configuración de un contrato
de trabajo se requiere la concurrencia ineludible de sus elementos esenciales
consistentes en: 1) la prestación personal de servicios, en forma directa y personal
por el trabajador como persona natural; 2) la remuneración, traducido en el íntegro de
lo que recibe el trabajador por sus servicios, sea en dinero o en especie y cualquiera
sea su denominación, siempre que sea de su libre disposición; y 3) la subordinación o
la dependencia del trabajador, que supone la obligación de acatar las órdenes del
empleador, quien tiene la facultad de reglamentar las labores, dictar órdenes para su
ejecución, supervisar su cumplimiento y de imponer las sanciones en los casos de
incumplimiento.
16. La doctrina, adicionalmente reconoce como elementos típicos que permiten también
configurar un contrato de trabajo; los que cumplen una doble función: sea como
indicios para determinar la existencia de vínculo laboral (ejm. contratación preferente
de duración indeterminada; el lugar donde se presta el servicios; la jornada de trabajo;
la exclusividad del servicio para un empleador, el régimen laboral establecido para el
empleador, etc.); o como elementos para graduar el disfrute de los beneficios laborales
(ejm. jornada superior a las 4 horas para CTS, jornadas superiores a las 8 horas, para
horas extras, etc.).
17. Los contratos de locación de servicios o los contratos de servicios no personales; si
bien guardan similitud con los contratos de trabajo, por la concurrencia de los
elementos de la prestación personal del servicio y la retribución por dichos servicios;
sin embargo se diferencian de éste por la ausencia de la subordinación o
dependencia; pues en aquellos contratos, los servicios son prestados con autonomía
o independencia, con los conocimientos y habilidades propias del locador sin
obligación de acatar las órdenes del comitente, ni ser pasible de sanciones
disciplinarias por los incumplimientos en que incurriera.
18. Cuando, se den situaciones en los que los empleadores impongan la celebración de
contratos de naturaleza civil, con el fin de aparentar la ausencia de vínculo laboral,
pese a que en la realidad los servicios son subordinados o dependientes, la
controversia debe ser resuelta aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, que
según Américo Plá Rodríguez2 significa: “… que en caso de discordancia entre lo que ocurre en
la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos”, es decir; si en los hechos se verifica la
concurrencia de la subordinación y por ende existencia del vínculo laboral, debe
otorgarse preferencia a tales hechos, frente a lo que esté estipulado en los contratos o
documentos y conforme a ello concluirse que en la realidad la vinculación establecida
es de naturaleza laboral, tal como así también lo estableció el Acuerdo3 adoptado por
efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de
naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”
Artículo 9°.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades
para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar
disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo
del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la
forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades
del centro de trabajo.
2
Plá Rodríguez, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma Bs.As. 1998, pág. 313.
3
Acuerdo del Pleno:
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el Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de Tarapoto en el año 2000; y la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 03015-2010-
PA/TC4.
19. En el presente caso, está acreditada la prestación personal del servicios del actor, en
el período desde el 16 de agosto del 2012, hasta el 12 de junio del 2015, fecha en que
cesó en sus servicios por vencimiento del contrato de trabajo, como así lo señaló
expresamente el representante de la demandada; lo que se corrobora con los contratos
de locación de servicios aparejados por el actor (Anexo 1-D del escrito de demanda),
de los que se desprende que fue contratado para ejecutar los siguientes servicios en
los siguientes períodos: i) servicio especializado de transporte y reparto de los
diversos bienes de propiedad del Banco de la Nación, correspondiente al sector
6, del 16.AGO.2012 al 15.DIC.2012; ii) servicio especializado de transporte y
reparto de los bienes de propiedad del Banco de la Nación, correspondiente al
sector 15, del 18.DIC.2012 al 17.MAR.2013; iii) servicio de distribución de bienes a
dependencias del Banco de la Nación – Pool de Transporte – Zona 3, del
19.MAR.2013 al 18.AGO.2013; iv) servicio de planificación y revisión para el
traslado de bienes muebles a dependencias, así como la verificación de las guías
con los bienes a trasladar; del 20.AGO.2013 al 19.ENE.2014; v) servicio de
precalificación y otorgamiento de Tarjetas de Crédito y otros productos
financieros en la Agencia 2 – Zárate del Banco de la Nación, del 11.SET.2014 y
hasta el 10.DIC.2014; vi) servicio de análisis y evaluación de mercado potencial
para productos de créditos y seguros en la Agencia 1, Oficina Principal del
Banco de la Nación, del 12.DIC.2014 al 11.MAR.2015; y vii) servicio de evaluación
de la actividad transaccional visa para la automatización contable del rol
adquiriente, del 15.SET.2010 al 14.DIC.2010; vii) servicio de Evaluación de
Operaciones Visa de Cobranza Dudosa para su recuperación, del 16.DIC.2010 al
15.MAR.2011; viii) servicio de servicio de elaboración de valoraciones crediticias,
revisión de información y requisitos para otorgamiento de tarjetas de crédito y
otros productos comerciales en la Agencia 1 Oficina Principal, del 13.MAR.2015 al
12.JUN.2015; todos dichos servicios brindados como Técnico Operativo de Préstamos
Multired.
20. Igualmente, ha quedado acreditado que el actor percibió el importe de S/.2,200.00
soles, como remuneraciones, desde su fecha de ingreso hasta su fecha de cese; los
que se corroboran con los contratos de locación de servicios obrantes en autos y los
recibos por honorarios electrónicos del demandante, y que si bien es cierto no existen
documentos en donde consten los importes percibidos por el actor desde el 16 de
agosto del 2012 hasta setiembre del 2014; sin embargo, la demandada no ha negado,
ni mucho menos cuestionado la remuneración del actor, por lo que debe considerarse
"Si el Juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o
mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre el de buena
fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que correspondan”.
4
STC Expediente N° 03015-2010-PA/TC, en su quinto considerando señaló que: “…Para determinar si existió una relación
de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron,
en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la presta |
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EXPEDIENTE : 18346-2015-0-1801-JR-CI-27
MATERIA : DESALOJO
JUEZ : DÍAZ ROJAS, MARCIAL
ESPECIALISTA : CORTES ROSSI, HERNÁN
DEMANDADO : CANEPA ALFARO, AGUSTÍN
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ,
Resolución Nro.15
Lima, cinco de junio
Del dos mil diecinueve.-
Puesto a despacho en la fecha, con el escrito signado
con el número 29741 que antecede: Al principal: Estando a lo expuesto por la parte
recurrente: Que conforme se aprecia del estudio de autos mediante sentencia
contenida en la resolución número nueve de fecha veintiséis de octubre del dos mil
dieciséis la demanda ha sido declarada fundada, sentencia que ha sido confirmada
mediante sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo del dos mil dieciocho ha
sido confirmada por la quinta Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia; No
siendo en consecuencia factible admitir a la parte recurrente al proceso al haber
precluido la etapa en que podía haberse apersonado en calidad de tercero con
interés, por lo que no siendo el recurrente parte de la relación jurídico procesal:
Téngase por no presentado el escrito que antecede; Dejando a salvo el derecho de
la parte recurrente para que lo haga valer en vía de acción.- |
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EXPEDIENTE : 18346-2015-0-1801-JR-CI-27
MATERIA : DESALOJO
JUEZ : DIAZ ROJAS, MARCIAL
ESPECIALISTA : CORTES ROSSI, HERNAN
DEMANDADO : CANEPA ALFARO, AGUSTIN
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 13
Lima, veinticuatro de octubre +
Del dos mil dieciocho.-
Puesto a despacho en la fecha, con los autos
procedentes de la sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República los mismos que contienen la Casación N° 2242-2018 que declara
improcedente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista de
fecha veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, que confirma el auto contenido en
la resolución número tres de fecha treinta de setiembre del dos mil dieciséis, que
declara improcedente la nulidad deducida por el demandado Agustín Canepa
Alfaro, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en vía de acción,
debiendo de continuar el proceso conforme a su estado; confirma el auto emitido
mediante la resolución número cuatro de fecha tres de octubre del dos mil
dieciséis, expedido en la audiencia única, que declara infundada la Excepción de
Falta de Legitimidad Para Obrar del Demandado, debiendo continuar la causa
conforme a su estado, y confirma la sentencia contenida en la resolución número
nueve de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciséis que declara fundada la
demanda; Téngase presente y cúmplase lo ejecutoriado En consecuencia y siendo
el estado del proceso, se dispone: CUMPLA el demandado AGUSTÍN CANEPA
ALFARO, cumpla dentro del término del sexto día, con desocupar y restituir al
demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, el inmueble ubicado en la
Avenida Don Diego de Día, Manzana “B”, Lote 17, Urbanización Laderas de Las
Casuarinas, del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima,
inscrito en la Ficha N° 193952 que continúa en las Partida Electrónica N°
44815915 de la Oficina Registral de Lima y Callao, bajo apercibimiento de
procederse al lanzamiento del inmueble que es materia de desalojo.
NOTIFICÁNDOSE.- |
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QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL
Expediente N° : 18346-2015-0 (Ref. Sala N° 01885-2 017-0)
Demandante : Banco de Crédito del Perú
Demandado : Agustín Cánepa Alfaro
Materia : Desalojo por ocupación precaria
Resolución N° Cinco
Lima, veintisiete de marzo
del dos mil dieciocho.-
VISTOS; por sus propios fundamentos; e, interviniendo como
ponente señor el Juez Superior Aguirre Salinas; y,
CONSIDERANDO además:
I.- Resolución materia de grado
Son materia de apelación, las siguientes resoluciones:
i) el auto pronunciado por Resolución N° 03 de fecha 30 de setiembre del 2016,
obrante de fojas 77 a 78, que declaró improcedente la nulidad deducida por el
demandado Agustín Canepa Alfaro, dejando a salvo su derecho para que lo
haga valer en vía de acción, debiendo de continuar el proceso conforme a su
estado;
ii) el auto emitido mediante Resolución N° 04 de fecha 03 de octubre del 2016,
expedida en audiencia única, obrante de fojas 79 a 81, que declaró infundada
la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, debiendo
continuar la causa conforme a su estado; y,
iii) la sentencia pronunciada mediante Resolución N° 09 de fecha 26 de octubre
del 2016, obrante de fojas 109 a 114, que declaró fundada la demanda, en
consecuencia, dispone que el demandado, Agustín Cánepa Alfaro, cumpla
dentro del término del sexto día, con desocupar y restituir a la institución
bancaria demandante, Banco de Crédito del Perú, el inmueble ubicado en la
Av. Don Diego de Día, Manzana “B”, Lote 17, Urbanización Laderas de Las
Casuarinas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima,
inscrito en la Ficha N° 193952 que continúa en las Partida Electrónica N°
44815915 de la Oficina Registral de Lima y Callao, con costas y costos.
1 II.- Fundamento del recurso interpuesto
Sobre el auto emitido mediante resolución N° 03
En su recurso de apelación1, el demandado precisó que, la apelada le causa
agravio por cuanto no ha sido debidamente motivada, toda vez que sólo se ha
pronunciado respecto a un fundamentos en el cual basa su recurso de nulidad,
habiéndose omitido emitir pronunciamiento respecto a que no se cumplió con lo
establecido en el artículo 589° del Código Procesal Civil2, esto es notificar tanto al
domicilio del demandado como al predio materia de la pretensión.
En relación al auto emitido mediante resolución N° 04
En su recurso3, el demandado precisó que, la apelada le causa agravio por cuanto:
1. no se ha considerado que el emplazado no posee el inmueble materia de la lite;
2. asimismo estando a la edad avanzada del demandado (70 años) no esta
obligado a actualizar los datos de su ficha de RENIEC, por lo que no se puede
calificar a su DNI como declaración jurada.
Sobre la sentencia emitida mediante resolución N° 09
En su recurso4, el demandado precisó que, la alzada le causa agravio por cuanto:
a. no se consideró que la dirección consignada en la conciliación y en la demanda
son distintas;
b. solo se ha requerido al demandando como si éste fuera el titular del predio y no
a los terceros que lo ocupan, prueba de ello es que se ha notificado a inmuebles
distintos al que se pretende desalojar.
III.- De lo actuado en autos
De una revisión de autos se aprecia que:
• el emplazante pretende que la parte demandada cumpla con desocupar y
restituirle el inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Don Diego de Día, Mz
“B” Lote 17, Urbanización Laderas de Las Casuarinas, distrito de Santiago de
Surco, Provincia y Departamento de Lima;
• por resolución N° 01 de fecha 24 de diciembre del 2015, se dispuso admitir a
trámite la demanda, decretándose a la vez el respectivo traslado por el término
de ley;
• por resolución N!° 03 de fecha 30 de setiembre del 2016 -fojas 77 a 78-, el
Juzgado declaró improcedente la nulidad promovida por el emplazado contra el
acta de conciliación extrajudicial;
• durante la audiencia única que obra de fojas 79 a 81, el Juzgado de la causa
declaró infundada la excepción deducida de falta de legitimidad para obrar del
demandado, por el emplazado;
• mediante sentencia emitida por resolución N° 09, de fecha 26 de octubre de
2016, obrante de fojas 109 a 114, se declaró fundada la demanda, disponiendo
que el demandado, Agustín Cánepa Alfaro, cumpla dentro del término del sexto
día, con desocupar y restituir a la institución bancaria demandante, Banco de
Crédito del Perú, el inmueble ubicado en la Av. Don Diego de Día, Manzana “B”,
Lote 17, Urbanización Laderas de Las Casuarinas, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Ficha N° 193952 que continúa
en las Partida Electrónica N° 44815915 de la Oficina Registral de Lima y Callao,
con costas y costos.
IV.- Aspectos Generales
1 Fojas 103 a 107.
2 Código Procesal Civil,
Artículo 589.- Además de la dirección domiciliaria indicada en la demanda, ésta debe ser notificada en el predio
materia de la pretensión, si fuera distinta.
3 Fojas 87 a 92.
4 Fojas 119 a 130.
2 Primero: Para ejercitar una acción judicial, es necesario tener legítimo interés
económico o moral; el interés moral autoriza la acción solamente cuando se refiere
directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley, conforme
a lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil.
Segundo: El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es la de
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos procesales y substanciales de
las partes, y que su finalidad abstracta, es la de lograr la paz social en justicia.
Tercero: Es principio elemental de lógica jurídica, el que las partes deben acreditar
los hechos que exponen o contradicen, salvo aquellos expresamente aceptados por
la contraparte, o aquellos que no hayan sido negados, observados, ni contradichos,
y en atención además a las presunciones legales, siendo que todos los medios
probatorios
Cuarto: Asimismo, el artículo 365° del citado cuerpo legal, señala que, el recurso
de apelación procede:
• contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las
excluidas por convenio entre las partes;
• contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación
y los que este Código excluya; y
• en los casos expresamente establecidos en el referido Código.
Quinto: Conforme lo prevén los artículos 3555, 3586, 3647 y 3668 del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente a la presente causa, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud
de parte o tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el
propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente, debiendo el apelante
precisar en su recurso, el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución,
indicando la naturaleza del agravio.
Sexto: Este recurso se encuentra basado en el Principio de la Doble Instancia
consagrado en el inciso 6° del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado;
en concordancia con el literal “h”, numeral 2°, del artículo 8° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pues constituye una de las manifestaciones
del principio fundamental al debido proceso en virtud del cual se reconoce -a las
partes de un proceso-, el derecho de poder impugnar las decisiones con las cuales
no se encuentre conforme, con la finalidad de que el órgano superior jerárquico
revise lo actuado y resuelto en primera instancia.
5 Código Procesal Civil.-
Artículo 355.- Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o
revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error.
6 Código Procesal Civil.-
Artículo 358.- El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el
agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que
impugna.
7 Código Procesal Civil.-
Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud
de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente.
8 Código Procesal Civil.-
Artículo 366.- El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho
incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria
3 Sétimo: Estando a lo señalado precedentemente, el Juez Superior tiene plenitud
para revisar, conocer y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas
por el Juez inferior; sin embargo, cabe precisar que la extensión de los poderes de
la instancia de alzada está presidida por un postulado que delimita el conocimiento
del superior a favor del apelante, conocido históricamente en el aforismo tantum
appellatun quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada puede
conocer mediante la apelación de los agravios precisados que afectan al
impugnante, lo que debe concordarse con lo normado por el Artículo 370° del
Código Procesal Civil9, -también de aplicación supletoria-, que prohíbe la reforma
en peor contra el apelante.
V.- Consideraciones de la Sala
Octavo: Como se aprecia del escrito de demanda, el accionante pretende que el
demandado cumpla con desocupar y restituirle el inmueble de su propiedad,
ubicado en la Av. Don Diego de Día, Mz: “B” Lote 17, Urbanización Laderas de Las
Casuarinas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, por
tener la calidad de ocupante precario; en tanto que, la parte emplazada señaló que
no posee el inmueble sublite; asimismo, durante el proceso, el emplazado promovió
un incidente de nulidad y dedujo una excepción; de esta manera, el Juzgado
declaró la improcedentcia de la nulidad deducida así como declaró infundada la
excepción deducida, y en la sentencia venida en grado ha declarado fundada la
demanda, por considerar que el demandado no ha acreditado que no posea el
inmueble materia del presente proceso.
Respecto de la resolución N° 03
Noveno: En principio se debe tener en consideración lo establecido por el artículo
300° del Código Procesal Civil, que señala:
“Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. Asimismo, se puede
formular oposición a la actuación de una declaración de parte, a una exhibición, a
una pericia o a una inspección judicial ”.
(Resaltado agregado)
Décimo: Siendo ello así, y advirtiéndose que la parte demandada deduce la nulidad
del acta de conciliación aparejada al escrito de demanda, se advierte que la misma
se trata de un medio probatorio documental ofrecido por la parte demandante,
debiendo realizarse su cuestionamiento mediante una tacha, mas no mediante una
nulidad, toda vez que lo que se pretende es que dicho documento no sea valorado
al momento de emitir sentencia.
Undécimo: Asimismo debe precisarse que conforme a lo establecido en el artículo
171° del Código Adjetivo, la nulidad se sanciona solo por causal establecida en la
ley y cuando el acto procesal carece de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, situación que no se ha verificado en el caso de autos,
toda vez que el acta de conciliación no es un acto procesal y tiene como finalidad
poner en conocimiento de la demandada lo solicitado por el accionante, lo cual no
ha sido negado por la parte demandada en su escrito de contestación, puesto que
solo se limita a señalar que no se precisó la causal por la que seria demandado en
caso de desacuerdo o inasistencia; razón por la cual, su nulidad no puede hacerse
valer vía incidental sino en vía de acción. (Subrayado agregado).
9 Código Procesal Civil.-
Artículo 370.- Competencia del Juez Superior.- El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de
edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece
en la parte considerativa.
Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación.”
4 Duodécimo: Por otro lado la parte demandada sostiene que el auto apelado no se
ha pronunciado respecto a que no se cumplió con lo establecido en el articulo 589°
del Código Procesal Civil, sin embargo se advierte que antes de que la demandante
adquiera el dominio del inmueble sub litis, éste pertenecía al demandado y su
esposa, siendo que el referido emplazado actualmente tiene como dirección
domiciliaria consignada en su DNI, la siguiente: Av. Uno N° 445, Huertos de San
Antonio, Monterrico del distrito de Santiago de Surco, domicilio que también fue
consignado en la referida acta de conciliación, por lo que corresponde confirmar la
apelada.
Respecto de la resolución N° 04
Decimotercero: Respecto a la excepción de Falta de Legitimidad para Obrar,
llamada también legitimidad sustantiva o “legitimatio ad causam”, es pertinente
señalar que:
“dicha excepción, regulada en el artículo 446° inciso 6) del Código Procesal Civil,
comprende un concepto lógico de relación, en tanto que, consiste precisamente en que las
personas que tienen su lugar respectivo en la relación jurídica sustantiva, sean
exactamente las mismas que ocupan su lugar respectivo en la relación jurídica procesal. Si
él o los titulares en la relación jurídica sustantiva no son los mismos en la relación jurídica
procesal, no hay legitimidad para obrar”10.
(Resaltado agregado).
Decimocuarto: Asimismo, se debe considerar la ejecutoria Suprema expedida en
la Sentencia Casatoria N° 2870-2007-Cajamarca, en la cual se ha determinado lo
siguiente:
“(…) debe tenerse en cuenta que la legitimidad para obrar es una de las condiciones
del ejercicio válido de la acción y que en la doctrina ha sido conceptuada de
distintos modos: i)como la relación lógica de correspondencia que existe o debe
existir entre el demandante concretamente considerado y la persona a quien en
abstracto la norma jurídica confiere el derecho (legitimidad activa), o entre el
demandado concretamente considerado y la persona que en abstracto debe cumplir
una obligación (legitimidad pasiva); ii) también como la posición habilitante para
formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la afirmación de ser
titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una obligación o
deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el Juez examina si el
demandante tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa relación
formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona habilitada para
formular la pretensión. Por lo tanto, en general, al resolver una excepción de falta de
legitimidad para obrar no se debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la
litis, ni mucho menos si el demandante es el titular en la relación sustantiva
controvertida en el proceso, ya que estos aspectos de la pretensión deben ser objeto
de pronunciamiento en la sentencia, mediante el respectivo juicio de fundabilidad y
luego de haberse desarrollado la actividad probatoria sobre los hechos
controvertidos en el principal (…)”.
(Resaltado agregado).
Decimoquinto: En tal sentido, y advirtiéndose de autos que la pretensión del
presente proceso es la desocupación y restitución del inmueble submateria,
advirtiéndose que el demandante adquirió el dominio del referido inmueble en un
proceso de ejecución de garantías seguido con el demandado y siendo éste el
titular anterior al demandante, conforme se advierte de los asientos registrales
C00001 y C00002 de la Partida N° 44815915, obrantes a fojas 07 y 08, se verifica
que la parte demandada está correctamente comprendida en la relación jurídica
procesal, por lo que se infiere que en el presente caso si existe legitimidad para
obrar activa y pasiva.
10 Juan Monroy Gálvez; “La Formación del Proceso Civil Peruano”. Escritos Reunidos. Comunidad.
Segunda Edición Diciembre 2004.
5 Decimosexto: Por otro lado, se advierte que el demandado en su escrito de
contestación obrante de fojas 63 a 72, ha señalado que el inmueble colindante al
inmueble sublite, no es de su propiedad, toda vez que habría sido adjudicado a su
hermano Luís Cánepa Alfaro, conforme se advierte de la resolución N° 103 de
fecha 25 de setiembre del 2015, emitida por el 17 Juzgado Civil Comercial sobre
obligación de dar suma de dinero; sin embargo dicho documento no acredita que no
exista la posibilidad de que el demandado posea el inmueble, no siendo suficiente
para demostrar dicha situación el sólo dicho del demandado.
Decimosétimo: Asimismo respecto a que el demandado no esta obligado a
actualizar sus datos en su documento nacional de identidad por su avanzada edad,
la información consignada en el DNI es considerada vigente y veraz, siendo
responsabilidad exclusiva del titular el cambio o modificación de algún dato
consignado en el referido documento, por lo que se infiere que el demandado ha
sido correctamente notificado tanto con el acta de conciliación como con las piezas
procesales emitidas en el presente proceso, lo cual tal como se precisó en el
considerando anterior, tampoco excluye la posibilidad de que el emplazado posea
el inmueble sublite, motivo por el cual corresponde confirmar la alzada.
Respecto a la sentencia
Decimoctavo: Conforme con lo dispuesto por el artículo 923º del Código Civil la
propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un
bien, el cual se transmite consensualmente en caso de los bienes inmuebles, pero
que, para seguridad y protección jurídica, la ley autoriza a los contratantes a elevar
a escritura pública y a inscribir registralmente dicha transmisión de dominio, con lo
cual se necesita título similar para poder oponer derechos reales similares por parte
de terceros.
Decimonoveno: En principio, resulta necesario tener en consideración lo
establecido en el artículo 911° del Código Civil, que señala:
“La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía
ha fenecido”.
Es decir, nuestro ordenamiento civil sustantivo, contempla expresamente la
institución de la ocupación precaria como una forma ocupación o posesión sin
título.(Resaltado agregado).
Vigésimo: De esta manera, los presupuestos procesales de esta acción son:
a) que el actor sea propietario, arrendador, administrador o todo aquel que salvo lo
dispuesto en el artículo 598º del Código Civil, considere tener derecho a la
restitución de su predio;
b) que el accionante alegue encontrarse privado de la posesión de su propiedad
por la posesión de otro;
c) que el demandado sea un poseedor sin título alguno, o que este se encuentre
fenecido.
Vigésimo Primero: Por ello, y afectos de que prospere la acción de desalojo por la
causal de ocupación precaria, debe darse la ausencia absoluta de cualquier
circunstancia que justifique el uso y el disfrute del bien por parte del demandado; de
lo contrario, desaparecería el requisito de la precariedad, para pasar a ser otra
figura jurídica distinta. (Subrayado agregado).
Vigésimo Segundo: En ese orden de ideas, se advierte de autos que a fojas 08
obra la copia literal de la Partida N° 44815915, que acredita el demandante Banco
de Crédito del Perú tiene la condición de propietario del inmueble submateria, al
6 haber adquirido el dominio del inmueble en mérito al auto de adjudicación contenido
en la Resolución consentida N° 43 de fecha 09 de febrero del 2004 y su aclaratoria
de fecha 24 de junio del 2004, expedidas por el Dr. Víctor Andrés Quinte Pillaca,
Juez titular del 47° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en el proceso
seguido por el Banco de Crédito del Perú contra Cerámica Santa Bárbara S.A. y
Agustín Cánepa Alfaro sobre ejecución de garantías, advirtiéndose que dicha
condición faculta al demandante a solicitar la restitución del referido inmueble.
Vigésimo Tercero: Asimismo se advierte que si bien la parte demandada ha
alegado que no posee el inmueble sublitis, señalando que dicha situación se
acredita con la adjudicación a favor de su hermano, esto tal como se ha señalado
en la decimosexta consideración de la presente sentencia, no excluye la posibilidad
de que el demandado posea el inmueble sub litis, situación que no ha sido
acreditada por el mismo durante el trámite del proceso.
Vigésimo Cuarto: Respecto a que la invitación a conciliar se refiere al domicilio
ubicado en Avenida Diego de Día N° 445, Urbanización Las Laderas de las
Casuarinas, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, mientras que en la
demanda se solicita la restitución del inmueble ubicado en Avenida Don Diego de
Día Manzana “B” Lote 17, Urbanización las Laderas de las Casuarinas, distrito
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; se advierte que
efectivamente en el acta de inasistencia de una de las partes N° 233-2015 del
Centro de Conciliación Romani & López, de fecha 06 de octubre del 2015, se
consignó en el apartado de hechos expuestos en la solicitud, que el señor Agustín
Canepa Alfaro cumpla con restituir la posesión del inmueble ubicado en Av. Don
Diego de Día N° 445, Urbanización Las Laderas de las Casuarinas, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; sin embargo se advierte que
dicha información ha sido consignada por un error material, toda vez que en el
apartado de descripción de la controversia del mismo documento, se precisa que la
conciliación versa sobre el inmueble ubicado en Av. Don Diego de Día Manzana
“B” Lote 17, Urbanización Las Laderas de Las Casuarinas, distrito Santiago
de Surco, Lima, el mismo que es propiedad del Banco de Crédito del Perú y se
encuentra inscrito en la Ficha N° 193952, que continua en la partida electrónica N°
44815915 de la Oficina Registral de Lima y Callao, lo cual coincide con el petitorio
de la demanda, por lo que se advierte que no existe contradicción respecto al
inmueble sub litis.
Vigésimo Quinto: Siendo ello así, se advierte que la sentencia venida en grado, ha
sido expedida conforme con lo previsto en el inciso 3° del artículo 122 del Código
Adjetivo Civil, es decir, en mérito de lo actuado y el derecho, por consiguiente, los
agravios expresados por la parte demandada en su recurso de apelación deben
desestimarse, pues en nada enervan lo resuelto por el A quo.
Por estas consideraciones:
Confirmaron el auto emitido mediante la Resolución N° 03 de fecha 30 de
setiembre del 2016, obrante de fojas 77 a 78, que resuelve declarar improcedente
la nulidad deducida por el demandado Agustín Canepa Alfaro, dejando a salvo su
derecho para que lo haga valer en vía de acción, debiendo de continuar el proceso
conforme a su estado; Confirmaron el auto pronunciado mediante la Resolución
N° 04 de fecha 03 de octubre del 2016, expedida en audiencia única, obrante de
fojas 79 a 81, que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar
del demandado, debiendo continuar la causa conforme a su estado; Confirmaron
la sentencia apelada pronunciada mediante la Resolución N° 09 de fecha 26 de
octubre del 2016, obrante de fojas 109 a 114, que declaró fundada la demanda, en
7 consecuencia, dispone que el demandado, Agustín Canepa Alfaro, cumpla dentro
del término del sexto día, con desocupar y restituir a la institución bancaria
demandante, Banco de Crédito del Perú, el inmueble ubicado en la Av. Don Diego
de Día, Manzana “B”, Lote 17, Urbanización Laderas de Las Casuarinas, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Ficha N°
193952 que continúa en las Partida Electrónica N° 44815915 de la Oficina Registral
de Lima y Callao, con costas y costos.
En los seguidos por Banco de Crédito del Perú, contra Agustín Canepa Alfaro sobre
proceso de desalojo por ocupación precaria. Notificándose.-
SS:
BUSTAMANTE OYAGUE GALLARDO NEYRA
AGUIRRE SALINAS
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 27º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LIMA
EXPEDIENTE : 18346-2015-0-1801-JR-CI-27
MATERIA : DESALOJO
ESPECIALISTA : HERNAN CORTES ROSSI
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
DEMANDADO : AGUSTIN CANEPA ALFARO
RESOLUCION NUMERO NUEVE
Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis
VISTOS:
Petitorio.-
Por escrito de fojas cuarenta a cuarentitrés, el BANCO DE CREDITO
DEL PERU, interpone demanda de Desalojo por Ocupación Precaria,
contra AGUSTIN CANEPA ALFARO, a fin de que cumplan con
desocupar y restituirle el inmueble de su propiedad, ubicado en
avenida Don Diego de Día, manzana "B", lote 17, urbanización
Laderas de Las Casuarinas - distrito de Santiago de Surco, provincia
y departamento de Lima, inscrito en la Ficha número 193952 que
continúa en la Partida Electrónica número 44815915 de la Oficina
Registral de Lima y Callao, en razón de venir ocupándolo sin título
alguno que lo ampare al haber fenecido el que tenía con anterioridad.
Fundamentación fáctica.-
Refiere la institución bancaria demandante, por intermedio de su
representante, que el bien sub materia lo adquirieron mediante
proceso judicial de Ejecución de Garantías, expediente 11437-2001
por ante el 47° Juzgado Civil de Lima, seguido contra Agustín Canepa
Alfaro y Cerámica Santa Bárbara S.A., lo que tuvo lugar a
consecuencia de remate judicial, inscribiéndose su titularidad,
tomando posesión física del mismo.
Agrega, que el demandado ha aperturado ilegalmente y sin su
autorización dos puertas de ingreso que conectan el bien con el
inmueble colindante de su propiedad, constituyéndose dicho actuar
en una turbación en todo o en parte de la propiedad y posesión que
ejercen conforme a ley; y a fin de que se les restituya el inmueble le
ha cursado una comunicación notarial y pese al tiempo transcurrido
no ha cumplido con la restitución solicitada, siendo que a la fecha se
encuentran imposibilitados de tomar posesión de su inmueble, por lo
que se han visto en la necesidad de iniciar un procedimiento de
conciliación extrajudicial al que no ha concurrido el demandado. Fundamentación jurídica.-
Funda legalmente su demanda en los artículos 907 y siguientes del
Código Civil; I, III y IV del Título Preliminar y 424, 546 inciso 4 y 586
inciso 4 del Código Procesal Civil; Ley número 26872 que regula la
Conciliación Extrajudicial y el Decreto Supremo número 004-2005-
JUS., Reglamento de Conciliación Extrajudicial.
Trámite.-
Admitida a trámite la demanda y corrido traslado de la misma por el
plazo de ley, por escrito de fojas sesentidós a setentiuno, es absuelta
por el demandado, quien, además de formular la excepción de Falta
de Legitimidad para Obrar del Demandado, formula contradicción,
manifestando, fundamentalmente, que es falso que su persona haya
perturbado la posesión de la accionante, no habiendo presentado
medio probatorio alguno que sustente su afirmación; agregando, que
el inmueble colindante al predio que es objeto de demanda no es de
su propiedad, por lo que resulta falso que su persona haya
aperturado dos puertas al inmueble objeto de litis, pues, dicho
inmueble le pertenece a Luis Canepa Alfaro, quien se adjudicó
mediante Acta de Adjudicación de fecha trece de diciembre de dos mil
dos, lo que motivó que su persona no asista a la audiencia de
conciliación extrajudicial, por cuanto, al no ser poseedor del inmueble
objeto del proceso, mal harían en conciliar sobre un objeto del cual no
tienen relación.
Llevada a cabo la audiencia única conforme al acta que corre en
autos a fojas setentiocho a ochenta, por resolución número cuatro, se
declara infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar
del demandado deducida; entre tanto, por resolución número cinco,
se declara saneado el proceso por existir una relación jurídico
procesal válida; para, seguidamente, fijarse los puntos controvertidos
y admitirse los medios probatorios ofrecidos por ambas partes.
Seguido el proceso conforme a su naturaleza, la causa se encuentra
expedita para ser sentenciada, por lo que se procede a ello; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, en atención a la pretensión demandada y
contradicción formulada, se ha establecido como punto controvertido:
Determinar si procede que el demandado, Agustín Canepa Alfaro,
desocupe y restituya a favor de la institución demandante, Banco de
Crédito del Perú, el inmueble de su propiedad, ubicado en avenida
Don Diego de Día, manzana "B", lote 17, urbanización Laderas de Las Casuarinas - distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, en razón de venir ocupándolo de modo
precario, esto es, sin título o derecho alguno que ampare su
posesión.
SEGUNDO.- Que, conforme el artículo 586º del Código Procesal Civil,
pueden demandar el desalojo, el propietario, el arrendador, el
administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598º
de dicho código, considere tener derecho a la restitución de un
predio. Agrega el citado dispositivo legal, que pueden ser
demandados el arrendatario, el sub-arrendatario, el precario o
cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. La citada
normativa es concordante con el artículo 911º del Código Civil, que
establece, la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o
cuando el que se tenía ha fenecido.
TERCERO.- Que, sobre el particular, es de tener en cuenta lo
manifestado por la Corte Suprema de la República en la Sentencia
Casatoria número 2195-2011-Ucayali, publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha catorce de agosto de dos mil trece, en cuyo
fundamento 59, se expone: “(…) en cuanto al artículo 586° del
Código Procesal Civil, que el sujeto que goza de legitimación
para obrar activo no sólo puede ser el propietario, sino también,
el administrador y todo aquel que considere tener derecho a la
restitución de un predio, con lo cual se colige que el desalojo por
ocupación precaria no exige de modo alguno que deba ser
incoado únicamente por quien ostenta la propiedad del bien,
dado que además de éste, se encuentran legitimados los otros
sujetos mencionados, quienes resultan tener calidad para
solicitar la entrega en posesión del inmueble, con lo cual cobra
fuerza lo dicho respecto al artículo 585°, en cuanto a que el
término “restitución” se debe entender en un sentido amplio y no
restringido. Quedando entendido que la probanza de la
legitimidad para obrar activa estará referida al supuesto que
alegue la parte actora (propietario, administrador o que
idóneamente considere tener derecho a la restitución del bien)”.
Señalando, además, en el fundamento 60, que, “En esa misma línea
de ideas, en lo que atañe a la legitimación para obrar pasiva;
para mantener la sistematicidad, resulta concordante interpretar
conjuntamente el citado artículo 586° con el artículo 911° del
Código Civil; por lo que se debe comprender dentro de esa
situación a todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho
a permanecer en el disfrute de la posesión inmediata o que, en
todo caso, en la realidad se haya producido la desaparición de
los actos o hechos, jurídicamente regulados y protegidos,
generando como efecto la pérdida del derecho a poseer”. CUARTO.- Que, merituando la prueba aportada, tenemos, que
mediante el asiento C00002 de la Partida número 44815915 del
Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral número IX –
Sede Lima, que en copia literal corre en autos a fojas siete, la
Institución bancaria demandante acredita ser propietaria del inmueble
constituido por el lote 17, frente a la avenida "C", urbanización Las
Laderas de Las Casuarinas, distrito de Santiago de Surco, al haber
adquirido su dominio a mérito al auto de adjudicación contenido en la
resolución consentida número 43 de fecha nueve de febrero de dos
mil cuatro expedida por el Cuadragésimo Séptimo Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, en el proceso seguido por el Banco
de Crédito del Perú contra Cerámica Santa Bárbara S.A. y Agustín
Canepa Alfaro, sobre Ejecución de Garantías, expediente número
11437-2001. En tal sentido, habiéndose acreditado la calidad de
propietaria de la demandante sobre el inmueble que nos ocupa, se
concluye que ésta cuenta con legitimidad para accionar en defensa
de su propiedad y de los derechos que de ésta se deriven.
QUINTO.- Que, estando a lo expuesto en el considerando
precedente, queda evidenciada, como se dijo, la condición de
propietaria de la institución bancaria demandante respecto del
inmueble sub materia, con lo cual se concluye que dicha parte cuenta
con legitimidad e interés para obrar en defensa de su derecho de
propiedad que ostenta sobre el citado bien, ello en aplicación,
además, del artículo 70° de la Constitución Política del Perú1. Sin
embargo, para que la pretensión de desalojo pueda prosperar es
necesario se llegue a establecer, como ya se ha manifestado, que el
demandado tenga la posesión del bien, y, de ser así, que no cuente
con título alguno que ampara la posesión que mantienen sobre el
referido bien, lo que así se entenderá si éste no justifica su posesión
con medio de prueba suficiente y pertinente, por cuanto, corresponde
al demandado la carga de la prueba del derecho que ostenta sobre el
citado bien.
SEXTO.- Que, el demandado al contestar la demanda formula
contradicción manifestando, fundamentalmente, que es falso que su
persona haya perturbado la posesión de la accionante, no habiendo
presentado medio probatorio alguno que sustente dicha afirmación;
agrega, que el inmueble colindante al predio que es objeto de
demanda no es de su propiedad por lo que resulta falso que su
1 Inviolabilidad del derecho de propiedad
Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad
sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y
previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado
haya señalado en el procedimiento expropiatorio. persona haya aperturado dos puertas al inmueble objeto de litis, pues
el referido inmueble le pertenece a Luis Canepa Alfaro, quien lo
adquirió mediante Acta de Adjudicación de fecha trece de diciembre
de dos mil dos, hecho éste que motivó no asista a la audiencia de
conciliación extrajudicial, pues, al no ser poseedor del inmueble
objeto del proceso, mal harían de conciliar sobre un objeto del cual no
tiene relación.
SEPTIMO.- Que, según es de verse del asiento c) 2 de la Ficha
número 193952, Partida número 44815915 del Registro de la
Propiedad Inmueble de la Zona Registral número IX - Sede Lima, que
en copia literal obra en autos a fojas uno a once, el inmueble sub
materia, ubicado en avenida Don Diego de Día, manzana "B", lote 17,
urbanización Laderas de Las Casuarinas - distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, tenía como titular registral
al demandado Agustín Canepa Alfaro y luego fue adjudicado a favor
de la demandante, Banco de Crédito del Perú, a mérito de un remate
en el proceso de ejecución de garantías seguido por dicho Banco
contra Cerámica Santa Bárbara S.A. y el demandado Agustín Canepa
Alfaro. Es de señalar que por versión del propio demandado,
expresada en su escrito de contestación a la demanda, el inmueble
colindante al predio sub litis (ubicado en avenida número Uno, lote
16, urbanización Huerta San Antonio, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima, conforme es de verse de fojas 48
de autos), es de propiedad de Luis Canepa Alfaro, su hermano, por
lo que bien cabe la posibilidad de que el demandado haya accedido al
inmueble que nos ocupa por el interior del inmueble de aquel, lo que
le habría permitido tomar posesión del bien de propiedad del Banco
de Crédito del Perú.
OCTAVO.- Que, como es de advertir de fojas veinte, el demandante
cursó una comunicación notarial al demandado requiriéndole la
devolución del inmueble objeto de demanda en el plazo de setentidós
horas, manifestándole, que terceros [debemos entender que se
refiere al demandado] han ingresado indebidamente al inmueble de
su propiedad [predio objeto de demanda], aperturando ilegalmente y
sin su autorización dos puertas de ingreso que conectan el bien con
el inmueble colindante de su propiedad, inscrito en la Ficha número
191412, continuado en la Partida número 44420902. Sin embargo, el
demando, no obstante haberse enterado de dicha misiva, no ha dado
respuesta alguna a la misma, sino, ahora manifiesta en su escrito de
contestación a la demanda, que no contestaron dicha carta notarial
por no ser poseedores del inmueble sub litis, argumento éste que
también es utilizado para justificar su inasistencia a la audiencia de
conciliación extrajudicial al que fue citado por la institución bancaria
demandante, tal como es de verse de fojas veinticinco a veintiséis. NOVENO.- Que, debe tenerse presente que el demando se ha
limitado a señalar en su escrito de contestación a la demanda que no
ocupa el inmueble objeto de demanda, más no ha efectuado objeción
alguna contestando la carta notarial que le fue cursada, a efecto de
desvirtuar los hechos alegados en la misma, e, incluso no ha acudido
a la audiencia de conciliación extrajudicial al que fuera citado, hecho
esto que otorga presunción legal relativa de la verdad de los hechos
expuestos en el Acta de Conciliación reproducidas en la demanda de
conformidad con el artículo 15, último párrafo, de la Ley de
Conciliación número 26872, presunción esta que invierte la carga de
la prueba en contra del demandado, quien es el que debe cumplir con
acreditar que no posee realmente el bien y que, en su caso, cuenta
con título o derecho que ampare la posesión que tiene sobre el
inmueble que nos ocupa; razones por las cuales esta Judicatura es
de la opinión que la presente demanda debe ser amparada; con
expresa condena de costas y costos del proceso.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con los
dispositivos legales antes citados y al amparo de los artículos 546º y
555º del Código Procesal Civil, el señor Juez del Vigésimo Séptimo
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, administrando Justicia a
nombre de la Nación; FALLA, Declarando: FUNDADA, la demanda
de fojas cuarenta a cuarentitrés; en consecuencia, DISPONE que el
demandado, AGUSTIN CANEPA ALFARO, cumplan, dentro del
término del sexto día, con desocupar y restituir a la institución
bancaria demandante, BANCO DE CREDITO DEL PERU, el
inmueble ubicado en avenida Don Diego de Día, manzana "B", lote
17, urbanización Laderas de Las Casuarinas - distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Ficha número
193952 que continúa en la Partida Electrónica número 44815915 de
la Oficina Registral de Lima y Callao; con costas y costos del
proceso.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 18586-2015-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : CORDERO ESPINO EDGAR NANY
DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL,
VIGESIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE
LA CSJL,
MACEDO FIGUEREDO VIRGINIA JESUS
DEMANDANTE : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU
Resolución Nro.-07.
Lima, veintiséis de octubre
del dos mil dieciocho.-
Estando a lo solicitado por el accionante,
téngase presente en cuanto fuera de ley; y ATENDIENDO:
Primero.- La acción de autos sobre Acción de Amparo consiste en
que se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución número
quinientos cinco, de fecha veintitrés de setiembre del 2015,
emitida en el Expediente N° 10251-1997-0-1801-JR-CI-13;
Segundo.- Por escrito de fecha once de noviembre del dos mil
diecisiete, la parte accionante solicita se declare la conclusión del
proceso por haber operado la sustracción de la materia, y se
disponga la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo,
al haberse sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional;
sustentando su pedido refiriendo que mediante Resolución
número diez, de fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis,
emitida en el Expediente N° 10251-1997-0-1801-JR-CI-13, la
Quinta Sala Especializada en lo Civil, ha resuelto REVOCAR la
Resolución número quinientos dieciocho, y REFORMANDOLA
declaró fundada la oposición planteada en consecuencia,
declaró la IMPROCEDENCIA de la medida de ejecución
solicitada y la nulidad de las resoluciones expedidas bajo su
vigencia; Tercero.- La parte demandante ha acompañado a su
escrito copias de la Resolución antes mencionada, mediante la cual
deja constancia que "... la demanda interpuesta por Southern Perú
Copper Corporation, Sucursal Perú, de fecha tres de noviembre
del dos mil quince, para declarar la nulidad e ineficacia de la
Resolución número quinientos cinco, de fecha veintitrés de
setiembre del 2015, emitida en el Expediente N° 10251-1997-0-
1801-JR-CI-13", ya fue resuelta en su oportunidad, conforme se
verifica en los documentos que acompaña; Cuarto.- El artículo
trescientos veintiuno inciso primero del Código Procesal Civil, establece que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo
cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; Quinto.-
La sustracción de la materia es una situación de hecho derivada de
la naturaleza de las cosas. Consiste en la inexistencia de un
elemento esencial del proceso constitucional, el cual causa que
carezca de objeto pronunciarse por parte del juzgador sobre el
fondo de la materia controvertida; Sexto.- Existe sustracción de la
materia en casos en los que el petitorio ha devenido en
insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha
desaparecido, en tal sentido, resulta fácilmente entendible que al
haberse planteado dejar sin efecto una resolución judicial, que es
materia de nulidad y durante el trámite del proceso ésta se declara
nula por la misma autoridad que lo expidió o por otra, el Juez ya no
tiene posibilidad de pronunciarse respecto de dicho acto que ya no
existe, ello es una simple lógica; Sétimo.- Por ello, se advierte que
con la emisión de la Resolución antes citada, la pretensión materia
de demanda se ha sustraído del ámbito jurisdiccional, debiendo
declararse la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo,
conforme así mismo lo peticiona la parte accionante; por cuyas
razones y de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del
artículo trescientos veintiuno del Código adjetivo acotado, aplicable
supletoriamente al presente proceso, SE DECLARA: CONCLUÍDO
EL PROCESO por Sustracción de la Materia sin declaración
sobre el fondo; en consecuencia, devuélvase los anexos
presentados por las partes, dejándose debida constancia en autos;
y archívense definitivamente los de la materia, remitiéndose para
tal fin al Archivo Central.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 6° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 18758-2015-0-1801-JR-LA-06
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : CORTEZ MORENO, ALAN VLADIMIR
ESPECIALISTA : VASQUEZ BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL
DEMANDADO : GLORIA SA ,
DEMANDANTE : EGUSQUIZA OCAÑA, LUIS FERNANDO
Resolución Nro. once
Lima, 27 de noviembre de 2018
Dando cuenta del escrito del demandante de
fecha veintiséis de septiembre del 2018: En lo principal y otrosí: precise su
solicitud; y dando cuenta del escrito del demandante de fecha veintisiete de
septiembre del 2018: Por absuelto el trámite correspondiente; y atendiendo:
PRIMERO: Que por resolución número nueve de fecha cuatro de abril del
2018, se ordena proceder a liquidar las remuneraciones devengadas, desde el
momento que fue despedido hasta su efectiva reposición.
SEGUNDO: Que evacuado el informe pericial y puesto en conocimiento de las
partes, la demandada solicita rectificación únicamente en lo referente a la
inclusión de la gratificación del periodo del 02 de julio del 2015, que especifica
como monto la suma de S/.2,307.50 soles monto que ya ha sido incluido en la
liquidación de beneficios sociales al momento del cese del trabajador (02 de
julio del 2015) y debidamente cancelada según constancia bancaria de
depósito, adicionalmente 2 días de julio cuyas remuneraciones devengadas ya
han sido canceladas en la liquidación y se ordene la rectificación.
TERCERO: Que respecto al demandante, observo el informe pericial
mencionando que no se había incluido los aumentos generales, las
gratificaciones con los aumentos generales, bonificación por cierre de pliego de
reclamos de los convenios colectivos anuales del 01 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de cada año, el pago de horas extras y bonificación por turnos.
CUARTO: Al respecto, el Artículo 40° del Decreto Supremo 003-97-TR, señala
textualmente: “ Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el
juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los períodos de inactividad procesal
no imputables a las partes ”.
QUINTO: Que en dicha situación, el argumento del actor, no puede ser
amparado, dado que en la sentencia de vista de fecha en el considerando 32)
se señalo de manera clara y precisa lo siguiente: "(...) y conforme a lo previsto
por el artículo 40° de la LPCL, surge también la consecuencia jurídica de que le
corresponde el derecho al pago de las remuneraciones dejadas de percibir,
debiendo además incluirse los conceptos de gratificaciones ordinarias y la
compensación por tiempo de servicios, por constituir beneficios de percepción
automática derivada de la simple percepción de las remuneraciones como así se
desprende de lo previsto por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 005-2002-TR
y el inciso e) del artículo 8° del Decreto Supremo N° 001-97-TR y con deducción
de los periodos de inactividad procesal y cuya determinación cuantitativa deberá
efectuarse en la etapa procesal de ejecución de sentencia; teniendo como base de
cálculo la remuneración mensual última total percibida, desde la fecha de
despido hasta la fecha efectiva de reposición en ejecución de sentencia, con
deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes";
de manera que por mandato judicial con calidad de cosa juzgada corresponde
el pago de remuneraciones devengadas en basa a la remuneración mensual,
gratificaciones ordinarias y compensación por tiempo de servicios por
constituir beneficios de percepción automática derivada de la simple
percepción de las remuneraciones; por lo que la observación formulada por el
demandante debe desestimarse, y dejar ejercer su derecho en vía de acción
para la reclamación de algún beneficio laboral derivados de convenios
colectivos.
Por estas consideraciones Se declara:
1. FUNDADA en parte la observación, formulada por la demandada
debiendo de remitir los actuados al perito contable a fin de que emita
un nuevo informe pericial.
2. INFUNDADA la observación formulada por el demandante. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 18758-2015-0-1801-JR-LA-06 (S)
SEÑORES:
GOMEZ CARBAJAL
HUATUCO SOTO
CHAVEZ PAUCAR
SENTENCIA
Resolución número dos.
Lima, veintiocho de noviembre
Del dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa, del 21 de noviembre del 2017, interviniendo como
ponente el Juez Superior Chávez Paucar, en la que se emitió la siguiente sentencia.
ASUNTO:
Viene en revisión a esta instancia, el recurso de apelación interpuesto por la
demandada, contra la Sentencia N° 238-2016-6°JETL , contenida en la resolución
número tres de fecha 27 de julio del 2016, que corre de fojas 111 a 123, que declaró
infundadas las oposiciones deducidas por la demandada; fundada la demanda
reconociendo que el actor está sujeto a un contrato de trabajo de duración
indeterminada desde el 03 de junio del 2013 en adelante; fundada la nulidad de
despido y ordenó que la demandada reponga al demandante en su puesto de trabajo
o en otro similar, que no implique rebaja de categoría o remuneración, con el pago de
devengados, que serán liquidados en ejecución de sentencia, con costos sin costas.
AGRAVIOS:
La demandada, invoca como agravios en su recurso de apelación, que la sentencia
incurrió en error:
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 18758-2015-0-1801-JR-LA-06 (S)
i) Al adolecer de una indebida motivación, al no señalarse las razones por los que
se concluyó que los contratos a plazo fijo se han desnaturalizado, sin tener en
cuenta que el demandante fue contratado a plazo fijo por incremento de
producción, a efectos de cumplir con los objetivos comerciales de ese año, por
tanto la celebración de dicho contrato se sustentó en una causa objetiva
determinante de la contratación temporal .
ii) Al concluir indebidamente que el actor sufrió un despido nulo, por haber sido
consecuencia de su afiliación al Sindicato, sin que exista probatorio o indicio
alguno que demuestre tal conclusión, incurriendo en una interpretación
antojadiza y ligera, desconociendo que el vencimiento del plazo del contrato
modal es una causa justa para la extinción del vinculo laboral y que la supuesta
afiliación recién se produjo pocos días antes del vencimiento del plazo del
contrato, evidenciándose un propósito de creación falsa de pruebas para alegar
una conducta antisindical en su contra.
iii) Al amparar el pago de remuneraciones devengadas, sin tener en cuenta lo
establecido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema, que no existe derecho a remuneraciones por el periodo no
laborado.
PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:
La demandada, pretende que la sentencia sea revocada.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
1. Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso laboral, ante una apelación, la competencia del Superior sólo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor, circunscribirse únicamente a los agravios invocados por la demandada
en su recurso de apelación respecto a la resolución impugnada.
2. Respecto al primer agravio invocado, referido a que se vulneró y contravino el
contenido de los principios de motivación de las resoluciones judiciales y
congruencia procesal y concluir en sus fundamentos cuarto, que los contratos
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 18758-2015-0-1801-JR-LA-06 (S)
modales por inicio o incremento de actividad se desnaturalizaron reconociéndole
indebidamente un contrato a tiempo indeterminado; sin tener en cuenta que
dichos contratos contaron con causa objetiva determinante de la contratación
temporal precisadas en los respectivos contratos; cabe señalar en principio que
el Tribunal Constitucional, expresa que la motivación de las resoluciones
judiciales y la observancia al debido proceso constituyen garantías y principios
de la función jurisdiccional, conforme así lo disponen los incisos 3) y 5) del
artículo 139° de la Constitución Política; que por un lado le imponen una
obligación a los Magistrados de fundamentar sus decisiones, es decir, justificar y
explicitar las razones que sirvieron de sustento de la resolución emitida, sea que
esta se trate de un auto o una sentencia; y de otro lado cumplen una función
basilar al interior de un proceso, pues al permitir conocer las razones de una
decisión, evita la arbitrariedad en las decisiones y posibilita el ejercicio del
derecho de defensa a las partes de un litigio, en el momento de su impugnación.
3. En torno al Principio de Congruencia Procesal, el Tribunal Constitucional1, ha
señalado que “uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es
acorde con el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución"; es decir se constituye en un
límite de la decisión en relación a las peticiones formuladas en la demanda; lo
que significa que el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión
en hechos diversos de los que no han sido alegados por las partes.
4. La demandada en su apelación, no precisa de manera clara, concreta y
específica, de qué modo se habría incurrido en la indebida motivación y la
incongruencia procesal alegada, limitándose expresar una argumentación vaga y
genérica sin vinculación fáctica alguna, lo que resulta inadmisible máxime si esta
Sala aprecia que en la sentencia apelada, se han expresado los fundamentos de
hecho y jurídicos, así como las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan la decisión, por lo que mal podría ahora alegar –la apelante- que
contiene vicio de motivación, que es incongruente, pues luego de describir las
pretensiones y los fundamentos de hecho contenidos en la demanda, en la
1 STC N° 00896-2009-HC/TC
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 18758-2015-0-1801-JR-LA-06 (S)
sentencia el Juzgador los absolvió como se aprecia de los fundamentos
expuestos en los fundamentos 4.1) al 4.11) de la sentencia; de cuyo tenor no
se evidencia el vicio de motivación alegado, tanto más si tampoco la apelante no
precisa en qué consiste la incongruencia alegada.
5. Sin perjuicio de lo anterior, cabe referir en el ámbito del régimen laboral privado;
el principio de causalidad, impone como regla general que los contratos de
trabajo son de duración indeterminada, conforme así lo prevé el artículo 4° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto
Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral - LPCL; y
con carácter excepcional permite la contratación temporal o de duración
determinada, cuando concurra alguna de las causas objetivas determinantes.
6. El artículo 72° de la LPCL, precisa los requisitos formales de validez de los
contratos sujetos a modalidad: a) Que deben constar por escrito y por triplicado;
b) Que debe consignarse en forma expresa su duración; c) Que debe
consignarse las causas objetivas determinantes de la contratación temporal y
las demás condiciones de la relación laboral.
7. Por su parte el artículo 57° de la LPCL2; señala que el contrato temporal por
incremento de actividades; tiene por objeto atender el incremento de las
actividades ya existentes dentro de la misma empresa, aún cuando se trate de
labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa y que
no pueden ser satisfechas con personal permanente; requiriéndose sin
embargo que la causa objetiva que justifique dicha contratación temporal
debe sustentarse en el incremento de sus actividades habituales y que ella
sea consignada de modo expreso.
8. A su vez, el inciso d) del artículo 77° de la LPCL, prescribe que los contratos de
trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada,
cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las
normas establecidas en dicha ley.
2 Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el
inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años.
Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos
establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.
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9. Al respecto, el Supremo Tribunal Constitucional en numerosas sentencias en
forma uniforme ha precisado la necesidad de que la causa objetiva determinante
de la contratación temporal debe ser mencionada en forma clara, precisa,
concreta, identificando o brindado la información real y total sobre el hecho o
hechos que configuran la causal invocada, en este caso el incremento de las
actividades, sin que quede ningún margen de duda; y que además tal causa sea
demostrada y acreditada fehacientemente. Así se desprende de las siguientes
sentencias:
Sentencia recaída en el expediente N° 06165-2008-PA/TC (Caso Del Rosario
Paredes), ha señalado que:
FUNDAMENTOS:
5. En efecto, como se desprende de la cláusula segunda, el empleador ha pretendido
justificar la celebración de esa modalidad contractual señalando que se acoge a la
modalidad contractual de inicio o incremento de actividad? En atención al incremento
de sus actividades (...)?; sin embargo, esta es una afirmación genérica, una mera
mención del nomen iuris de la modalidad contractual, pero se omite precisar en qué
consiste el supuesto incremento de las actividades; se ha utilizado, pues, una fórmula
vacía, que en modo alguno puede servir de causa objetiva justificante.
Sentencia recaída en el expediente N° 01807-2008-PA/TC (Caso Melitón Ochoa
Torres), ha señalado que:
FUNDAMENTOS:
4. El último contrato suscrito entre las partes es el que obra a fojas 21, en el que se
consigna que se contrata bajo la modalidad de? incremento de actividad empresarial?,
esto es, un contrato temporal, no obstante que la labor del recurrente era de
naturaleza permanente y además, no cumple con señalar, conforme el artículo 72° del
Decreto Supremo 003-97-TR, la causa objetiva determinante de la contratación que
justifique su temporalidad; por tanto, se configuró el supuesto de desnaturalización
previsto en el inciso d) del artículo 77 º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, puesto
que se simuló un vínculo laboral temporal para encubrir uno que en realidad era
permanente?.
Sentencia recaída en el expediente N° 04025-2011-PA/TC, ha señalado que:
FUNDAMENTOS:
8. En el contrato por incremento de actividades, de fojas 7, se ha obviado
especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal del
demandante, pues no se señala en forma clara y precisa qué actividad de la
emplazada ha sido incrementada para que se justifique su contratación
temporal. La referencia consignada en el texto de la cláusula segunda del referido
contrato es vaga y sólo menciona la existencia de un “periodo de incremento de
carga administrativa”, sin proporcionar información relevante que permita
establecer que en efecto existió una causa objetiva en el presente caso que podría
justificar una contratación modal y no una a plazo indeterminado. Además, por el
contrario, se contrata al actor para el servicio de limpieza. (La cursiva y negrita es
nuestro)
Sentencia recaída en el expediente N° 03872-2010.AA/TC, ha señalado que:
4. A este respecto, en el contrato por incremento de actividades, de fojas 3, se ha
obviado especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal
del demandante, es decir, que en dicho contrato la causa se encuentra expresada
de modo ambiguo. Así en la cláusula segunda se ha expresado que "con el objeto de
atender las necesidades de nuevo personal derivadas del incremento de sus
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Exp. N° 18758-2015-0-1801-JR-LA-06 (S)
actividades referido en la cláusula primera, La Empresa" contrata bajo modalidad al
trabajador para que ocupe el Cargo de Técnico ejecutando las funciones de Técnico
de Almacén y Distribución Física. Asimismo, en la cláusula primera se ha limitado a
expresar que requiere contratar personal temporal “a fin de atender el incremento de
actividades producido del incremento de las actividades de la Dirección de Logística y
Gestión inmobiliaria” (sic). A ello, la emplazada en la contestación de la demanda,
recién ha manifestado que la causa objetiva que justificó la contratación del
demandante es el incremento de volúmenes de los equipos de un cliente de nuestra
empresa, la Compañía Telefónica Móviles SAC, lo que obligó a que las labores del
área de Control de Calidad del Centro de Distribución también se incrementen de
manera considerable.
10. De las normas y jurisprudencia citadas, se desprende que el elemento fáctico
esencial para la existencia válida de un contrato de trabajo por incremento de
actividades es que se haya establecido con claridad el nexo de vinculación tanto
entre las actividades que se incrementaron y la actividad concreta que
desarrollará el contratado; pues solo así podrá distinguirse un contrato temporal
de un contrato indeterminado; como en la vinculación entre su no renovación y la
desaparición de la causa que motivo el contrato temporal; lo que implica que la
duración de esta modalidad de contrato temporal no puede estar sujeta al arbitrio
o la voluntad del empleador, sino esencialmente estar vinculada a la subsistencia
de la causa objetiva.
11. En el presente caso, el actor refiere que prestó servicios a favor de la
demandada desde el 03 de junio del 2013 al 02 de julio del 2015; realizando
labores de Mecánico en el área de mantenimiento, sujeto a contratos de
trabajo por incremento de actividades de fecha 03 de junio del 2013 (fojas 32 a
33), 03 de enero del 2014 (fojas 34 a 35), 03 de julio del 2014 (fojas 36 a 37), 03
de enero del 2015 (fojas 38 a 39); de cuyo contenido se aprecia a criterio del
Colegiado, que los contratos no cumplieron con la exigencia prevista en el
artículo 72° de la LPCL, respecto a la mención de la causa objetiva determinante
de la contratación temporal, al no haberse consignado expresamente la causa
objetiva determinante de la contratación temporal; dado a que en ninguna de sus
cláusulas se prevé que la causa determinante de la contratación del actor sea el
incremento de actividades o de la producción, siendo que esta se coloco en la
parte introductoria de los contratos antes referidos, y se señalo en el literal c)
únicamente lo siguiente: “(…) Causas objetivas de contratación: Debido al incremento de
líneas de producción y a una mayor frecuencia de mantenimientos preventivos se requiere
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de personal adicional a fin de poder cumplir con los planes de manteamientos preventivos y
correctivos"
12. El apartado referido, a criterio de este Colegiado, no se adecúa a la exigencia
prevista en ley, respecto a la mención de la causa objetiva determinante de la
contratación temporal, pues si bien refiere que requería personal debido al
incremento de las actividades relacionadas con las labores de Mecánico en
el área de mantenimiento''; tal mención resulta evidentemente vaga y genérica,
dado que no precisa en forma concreta: ¿cuál es la producción que se incremento en
el área de envases?, ni ¿cuáles son los programas de producción que se deben cumplir?; y
si bien acompaña como medio probatorio la Memoria Anual del año 2012,
corriente de fojas 76 93, con la cual pretende acreditar el incremento de
producción; ella está vinculada esencialmente al crecimiento de las ventas en los
citados ejercicios; sin embargo ello no explica adecuadamente que tal hecho
constituya el sustento para el incremento de las actividades para las que fue
contratado el demandante; más aún si lo que se reclama es la desnaturalización
de los contratos suscritos con fecha 03 de junio del 2013, y no así los del año
2012, lo que corrobora la ausencia de la causa justificante del contrato temporal;
y por otro lado la demandada tampoco acreditó que en el año 2015, haya
ocurrido el fenómeno contrario que haya determinado una baja de su producción
para justificar la no renovación del contrato.
13. En tal sentido, éste Colegiado considera que la mera mención enunciativa o
formal del “incremento de actividades” o la mención ambigua, vaga o genérica
del incremento de actividades; no satisface la exigencia imperativa prevista en el
artículo 72° de la LPCL; pues tal denotación es sólo aparente incurriéndose por
ende en la causal de desnaturalización prevista en el inciso d) del artículo 77° de
la LPCL, convirtiéndose por ende en un contrato de trabajo de duración
indeterminada; como así lo determinó la sentencia apelada; por lo que debe
desestimarse el agravio invocado y confirmarse la sentencia apelada.
14. Respecto al segundo y tercer agravio invocado; referido a la nulidad del
despido; cabe señalar en principio que existen diversas definiciones del
despido; sin embargo, todas ellas centran su esencia en que el despido traduce
una manifestación de voluntad unilateral que expresa la decisión de dar por
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extinguida la relación laboral por causas atribuidas a la conducta o la capacidad
del trabajador en unos casos, o el incumplimiento del empleador, en otros.
15. Así, podemos citar al Dr. Mario Pasco, quien expresó que: “(…) despido en sentido
propio es un acto unilateral y recepticio: Unilateral porque consiste en acción de una sola de las
partes –el empleador-, autorizada por ley para poner término al contrato; recepticio porque el acto
se completa con la recepción –la simple recepción, sin que se requiera aquiescencia- de la
comunicación respectiva por el trabajador. El despido –acto unilateral- puede tener una causa
objetiva o una simple motivación subjetiva. Cuando esa causa es una falta grave del trabajador, el
despido asume carácter de sanción, naturaleza
disciplinaria”3.
16. En la misma línea de pensamiento, Alonso Olea lo describe como “(…) la
resolución del contrato de trabajo por voluntad del empresario”, sin dejar de mencionar la
definición de Alonso García quien se refiere al despido como “(…) el acto unilateral
de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin a la relación de trabajo”,
concepto que al decir de Carlos Blancas Bustamante4, destaca por su sentido
estricto y rigurosamente técnico, pues el concepto de despido ha de referirse a la
extinción que se produce por voluntad unilateral del empresario exista o no
causa justificada.
17. Por su parte, el Tribunal Constitucional al referirse al contenido del Derecho al
Trabajo, ha señalado que forma parte de este, el derecho a no ser despedido
sino por causa justa, razón por la cual a pesar de que el despido depende de la
voluntad del empleador, el mismo debe respetar los derechos fundamentales
del trabajador; es decir, como límites a la facultad sancionadora del empleador
señala la concurrencia de una causa justa y que no se afecten derechos
fundamentales del trabajador.
18. Es pues de singular importancia, para el derecho laboral que los contratos de
trabajo sean estables, a fin de que los trabajadores gocen de una mínima
permanencia en sus empleos, que les permita disfrutar de cierta seguridad y
tranquilidad en su vida; por ello se ha fomentado y promocionado
normativamente el contrato de trabajo de duración indefinida y con jornada
3
PASCO COSMÓPOLIS, Mario. “Extinción de la relación Laboral en el Perú”. En: Aa.Vv. PLA RODRIGUEZ, Américo y otra (Coordinación de
Mario Pasco Cosmópolis). La Extinción de la Relación Laboral. Lima: Aele Editorial, 1987, p. 245-248.
4 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El Despido en el Derecho Laboral Peruano (1º ed.) Lima: Ara Editores, 2002, p.48
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laboral completa, siendo uno de los principios más importantes del derecho
laboral el de continuidad, permanencia o estabilidad5.
19. En tal sentido, si bien el contenido esencial del despido está constituido por la
voluntad unilateral del empleador de dar por finalizada la relación laboral,
sea que concurran o no motivos justificatorios; los cuales sólo tendrá relevancia
cuando surja la necesidad de identificar y determinar las consecuencias válidas o
inválidas del ejercicio de dicha potestad de extinguir el vínculo laboral de un
trabajador
De la Protección del trabajador:
20. La Constitución Política del Perú, si bien en modo específico brinda protección
del trabajador frente al despido arbitrario, en su artículo 27º al señalar que: “La
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”; también es
cierto, que en diversas disposiciones constitucionales prevé una serie de
derechos y garantías constitucionales; los cuales deben ser interpretados en
forma sistemática: Así se tiene que:
(cid:1) El artículo 1° señala que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado.”
(cid:1) El artículo 2°, previene que: “Toda persona tiene derecho: (…) 2) A la igualdad ante la ley.
Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole”
(cid:1) El artículo 26°, preceptúa que: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
(…). 3) Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de
una norma”.
(cid:1) El artículo 23° en su tercer párrafo señala que: “Ninguna relación laboral puede limitar el
ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”
(cid:1) El artículo 103° en su última parte señala: “La Constitución no ampara el abuso del
derecho.”
(cid:1) La Cuarta Disposición Final y Complementaria, señala que: “Las normas relativas a los
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
5 Gamonal Contreras, Sergio. “Introducción al derecho del trabajo”, Editorial Jurídica Conosur, 1998, pp. 157
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21. El Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el
Perú, contiene la siguiente regulación específica en torno al caso materia de
análisis. Así se tiene que:
(cid:1) El artículo 8°, en sus dos incisos señala que: “1) Al ejercer los derechos que se les
reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones
respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades
organizadas, a respetar la legalidad; y 2) La legislación nacional no menoscabará ni será
aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.”
(cid:1) El artículo 11°, referido a la Protección del Derecho de Sindicación, señala que: “Todo
Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente
Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a
los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.
22. El Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el
Perú; contiene la siguiente regulación específica en torno al caso materia de
análisis. Así se tiene que:
(cid:1) El artículo 1°, en sus dos incisos señala que: “1) Los trabajadores deberán gozar de
adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical en relación con su empleo; y 2) Dicha protección deberá ejercerse especialmente
contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de
que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a
un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su
participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento
del empleador, durante las horas de trabajo”.
(cid:1) El artículo 2°, en sus dos incisos señala que: “1) Las organizaciones de trabajadores y de
empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en
su constitución, funcionamiento o administración; 2) Se consideran actos de injerencia, en el
sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la
constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una
organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones
de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador
o de una organización de empleadores”.
(cid:1) El artículo 5°, en sus dos incisos señala que: “1) La legislación nacional deberá determinar
el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su
aplicación a las fuerzas armadas y a la policía; 2) De acuerdo con los principios establecidos
en el párrafo 8) del artículo 19° de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que
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menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en
este Convenio.”
23. El Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo; que si bien no
fue ratificado por el Perú, constituye normativa internacional que contiene
normas que pueden contribuir a orientar la interpretación de disposiciones
nacionales que regulan el despido. Así se tiene que:
(cid:1) El artículo 4°, señala que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a
menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta
o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.”
(cid:1) El artículo 5°, señala que: “Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la
terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes: (a) la afiliación a un sindicato o
la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo; (b) ser candidato a
representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad”.
(cid:1) El artículo 8°, señala que: “1) El trabajador que considere injustificada la terminación de su
relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como
un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro”.
(cid:1) El artículo 9°, en sus dos incisos señala que: “1) Los organismos mencionados en el artículo
8 del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar
la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el
caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada; 2) A fin de que el
trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su
terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del
presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas: (a)
incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la
terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio; (b) los
organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para
decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida cuenta de las
pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la
legislación y la práctica nacionales”.
(cid:1) El artículo 10°, señala que: “Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada
y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no
consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar
o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una
indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada”.
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24. Conforme a lo anterior, si bien el sistema jurídico nacional, brinda protección
plena al trabajador para no ser pasible de un despido nulo o un despido
incausado; por lo que en base a ello cabe señalar en principio que el artículo
23° de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo – NLPL, en su numeral
23.1) señala que: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran
su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas
especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales.”; en tanto que el numeral 23.3), señala que: “Cuando corresponda, si el
demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: (...), b)
El motivo de nulidad invocado (...); y c) La existencia del daño alegado."; y el numeral 23.4)
señala que: "De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado
como empleador la carga de la prueba de: (...); b) La existencia de un motivo razonable distinto al
hecho lesivo alegado; y c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido"; y finalmente el
numeral 23.5) señala que: "En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada
aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo
por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios
puede ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la
controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes."; de cuya interpretación se
desprende que es carga probatoria del demandante acreditar el hecho del
despido y la causal de la nulidad del despido alegada y contrariamente al
empleador le corresponde acreditar el estado del vínculo laboral y la causa del
despido, así como la existencia del motivo razonable distinto al hecho lesivo
alegado.
25. En el presente caso, el demandante pretende se declare nulo su despido por las
causales previstas en el inciso a) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-
97-TR; por lo que, cabe mencionar que el citado artículo en relación al despido
nulo, señala: "Es nulo el despido que tenga por motivo: a) La afiliación a un sindicato o la
participación en actividades sindicales, (…)"; en tal sentido, debe procederse a
efectuar el análisis de si en efecto el cese del actor estuvo motivado en tales
hechos.
26. En relación a la causal comprendida en el inciso a) del artículo 29° de la LPCL,
que establece: “Es nulo el despido que tenga por motivo: a) La afiliación a un sindicato o la
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participación en actividades sindicales”. Dicha causal, se inspira en la necesidad de
proteger y garantizar eficazmente el ejercicio del derecho constitucional de la
“libertad sindical”, consagrada en el inciso 1) del artículo 28° de la Constitución
Política del Perú, el cual por su reconocimiento internacional reviste la
características de un derecho humano laboral, frente a los actos discriminatorios
o antisindicales que pudiera ejercer el empleador contra un trabajador o los
trabajadores como consecuencia del ejercicio de tal derecho; reconocimiento
que se trasunta en lo establecido en el artículo 1° del Convenio 98 de la OIT y el
Convenio 158.
27. Igualmente, cabe señalar que el “fuero sindical”, contemporáneamente |
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SEXTO JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL Av. Abancay N° 800, Piso 17 - Cercado de Lima (Edificio Javier Alzamora Valdez)
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Expediente N°: 18758-2014-0-1801-JP-LA-06
Demandante: LUIS FERNANDO EGUSQUIZA OCAÑA
Demandado: GLORIA S.A.
Materia: DESNATURALIZACIO CONTRATO Y OTRO
Juez: NORA ALMEIDA CARDENAS
Secretario: SILVIA VERONICA GONZALEZ
SENTENCIA N° 238-2016-6°JETL
RESOLUCION NUMERO TRES.-
Lima, 27 de julio de 2016.-
I.- PARTE EXPOSITIVA:
De la demanda: Mediante escrito de demanda de fojas 4 a 16,
ampliada de fojas 62 a 66, el demandante LUIS FERNANDO
EGUSQUIZA OCAÑA interpone demanda contra GLORIA S.A. a fin de
que se desnaturalice su Contrato de Trabajo y se califique su despido
como nulo o incausado al habérsele despedido en forma verbal sin
cursarle carta. Sostiene que en aplicación del artículo 2° inciso 2) literal
a) de la Ley N° 29497 y al amparo del inciso d) del artículo 77° del D.S
003-97-TR, se declare la desnaturalización de los cuatro contratos de
trabajo suscritos desde el 03 de Julio de 2013, bajo la modalidad de
incremento de actividad y se declare de duración indeterminada debido
a que las labores que realiza son de duración permanente, habiendo
sido contratado para desempeñar las funciones de Operador, que son
las mismas que realiza el personal obrero estable, existiendo más de
220 trabajadores con contrato modal por incremento de actividad a
quienes se le despide y los reemplazan con otros con el mismo sistema
de contrato modal. Agrega que suscribió contratos a plazo fijo bajo la
modalidad de temporales conforme se señalada en el artículo 57° del
D.S. 003-97-TR (T.U.O. del D. Leg. 728) y que las causas objetivas para
la contratación son inexistentes porque no se señaló en que consiste el
incremento de actividad mensual, bimensual, trimestral, semestral o
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SEXTO JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL Av. Abancay N° 800, Piso 17 - Cercado de Lima (Edificio Javier Alzamora Valdez)
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anual, solo señala que el motivo que origina la contratación es por
incremento de actividades existentes y que los fundamentos para
establecer la “causas objetivas” de la contratación es debido al
incremento de líneas de producción y debido a una mayor frecuencia de
mantenimientos preventivos se requería personal adicional a fin de
poder cumplir con los planes de mantenimiento preventivos y
correctivos” lo cual es falso y fraudulento estando a que en los contratos
no señala en forma clara y precisa que actividad se incrementa para
justificar su supuesta contratación temporal; además, en ninguno de
los contratos se consigna o señala el lugar y el puesto de trabajo que
efectuaría la prestación de sus servicios objeto de su contratación.
Asimismo pretende que se le reponga a su puesto y labor habitual de
mecánico debido a que su despido ha sido nulo conforme lo establece
el inciso a) del artículo 29° del D.S. 003-97-TR, hecho que se dio por
haberse afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de
Gloria S.A. – SINATOG el 25 de Junio de 2015 lo que comunicó a la
demandada el 26 de Junio de 2015 quien hizo efectivo su despido el 02
de Julio de 2015; en forma subordinada pretende que se califique su
despido como incausado al encontrarse sus contratos desnaturalizados.
Por último pretende que se le pague las remuneraciones devengadas si
se resuelve su despido nulo o incausado y los incrementos que se
hubieren producido, más costas y costos del proceso.
De la Audiencia de Conciliación: Se llevó a cabo el día 17 de Marzo de
2015 con la asistencia de las partes oportunidad en la que, al no haber
arribado las partes a una conciliación se fijaron las pretensiones
materia de juicio, luego recibido el escrito de contestación se corrió
traslado a la parte demandante, señalándose fecha para audiencia de
juzgamiento.
Contestación de la demanda: La demandada contesta la demanda en
los términos de su escrito entregado en la audiencia de conciliación,
que obra a fojas 94 a 104, alegando que los contratos de trabajo y sus
PPPPáááággggiiiinnnnaaaa |||| 2222 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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prórrogas no se encuentran desnaturalizados, debido a que tienen como
causa objetiva el incremento de producción señalados en los contratos
de trabajo a plazo fijo y debido a una mayor frecuencia en los
mantenimiento preventivos que conllevaron a requerir de un mecánico
para que pueda cumplir con los planes de mantenimiento preventivos y
correctivos, es así, que el actor no laboró más del plazo máximo legal
establecido, habiendo sido su cese por vencimiento del plazo de
contrato el que fue completamente legal, los que fueron presentado a la
Autoridad de Trabajo. Agrega que el demandante fue contrato por su
representada como mecánico en el área de mantenimiento y que
además en la página 16 de la memoria anual descriptiva del año 2012
se aprecia un cuadro de ventas por líneas de productos, la que respecto
al año 2011 se incrementó en miles de soles en el año 2012, generando
un mayor desgaste de la maquinaria y por tanto una mayor necesidad
de mantenimientos correctivos y preventivos que requerían ser
realizados por un especialista como el demandante en su condición de
mecánico, por lo que, el incremento de actividades no podía ser
satisfecho por el personal permanente de su representada, siendo
necesaria la contratación del actor. Además señala que el contrato no
supero el vencimiento de plazo máximo establecido en la LPCL para la
modalidad del incremento de actividades que es de 3 años, por lo que,
la causa de extinción del contrato de trabajo del demandante fue por el
vencimiento del plazo previamente pactado por ambas partes, por lo
que, no es cierto que el demandante haya sido sujeto de un despido
nulo fruto por su afiliación sindical o por un despido incausado.
De la Audiencia de juzgamiento: Se llevó a cabo la audiencia el 19 de
julio de 2016, con audiencia de partes, oportunidad en la que se
escucharon los alegatos de apertura, se admitieron y actuaron las
pruebas, habiendo la demandada planteado sus cuestiones probatorias,
al haber formulado oposición a las exhibiciones de los puntos 1.4 y 1.5
del ofertorio de pruebas del demandante. Luego se tomó la declaración
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de la demandada y se escucharon los alegatos finales de las partes,
encontrándose la causa expedita para sentencia, que se emite conforme
a los siguientes fundamentos:
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: Consideraciones previas:
1.1 De la finalidad del proceso:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras
que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
1.2 De la carga de la prueba:
Conforme dispone el artículo 23° de la Ley 29497 Nueva Ley
Procesal del Trabajo, la carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, esto es, corresponde a las
partes probar sus afirmaciones y, esencialmente al trabajador
probar la prestación personal de los servicios, la fuente normativa
de los derechos distintos a los legales, la causal de nulidad, el
acto hostil o el daño alegado; mientras que corresponde al
empleador probar el pago, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y las contenidas en las normas legales, el motivo
razonable distinto al hecho lesivo alegado, el estado del vínculo
laboral y la causa del despido.
SEGUNDO: Delimitación de la Controversia:
Estando a la demanda y contradicción de la misma por parte de la
demandada, constituyen puntos controvertidos determinar: 1) Si
procede la desnaturalización de los contratos modales; 2) Si el despido
del actor es nulo y procede su reposición; y en forma subordinada si
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procede la reposición del actor por despido incausado; 3) Si le
corresponde el pago de remuneraciones devengadas.
TERCERO: Cuestiones probatorias.
3.1 La demandada formula oposición contra las exhibiciones
solicitadas por la parte demandante, el numeral 1.4) Exhibición
de la relación de personal contratado con contrato modal desde el
2010 a la fecha de la audiencia y 1.5) Exhibición de la planillas y
boleta del pago del 03.06.2013 al 02.06.2015. Es sustento de la
cuestiones probatorias formuladas por la demandada, que los
documentos cuya exhibición se solicitan no probarían la finalidad
para la cual, el demandante pretende su exhibición.
3.2 Al respecto se debe señalar que del fundamento expuesto por la
demandada, fluye que pretende calificar la admisión o no de los
medios probatorios cuya facultad es de la juzgadora; siendo así,
no resulta atendible las oposiciones formuladas por la
demandada.
CUARTO: De la Desnaturalización de los Contratos Modales.-
4.1 Por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, en el caso
de que exista discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo
que consta en los documentos o acuerdos, debe otorgarse
preferencia a lo primero, es decir, que aún cuando existan
nomenclaturas y términos contractuales pactados entre las
partes, lo que determina la verdadera naturaleza de una relación
contractual es la forma como en la práctica se ejecuta dicho
contrato, esto es, la preeminencia de la realidad sobre lo
estipulado en el contrato, pues "... lo más frecuente es el caso de
las simulaciones relativas, en las cuales se disimula un contrato
real sustituyéndole fictamente por un contrato distinto. Las
diferencias entre el contrato simulado y el efectivo pueden versar
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sobre todos los aspectos: las partes, las tareas, los horarios, las
retribuciones, la naturaleza del contrato, etc"1.
4.2 Tal como se desprende del mencionado artículo 4 del Decreto
Supremo N° 003-97-TR, nuestro régimen laboral "... se rige, entre
otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la
duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras
subsista la fuente que le dio origen. En tal sentido, hay una
preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido
respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter
excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato
sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo,
sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar.
Como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece
formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este
tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos,
utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la
contratación por tiempo indeterminado. Dentro de estos
contratos, a los que el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N.° 728 denomina Contratos de Trabajo Sujetos a
Modalidad, se encuentra el llamado contrato temporal y el
accidental-ocasional. El primero corresponde cuando deben
realizarse actividades que no pueden ser satisfechas por el
personal permanente de la entidad, y el segundo, cuando se
requiera la atención de necesidades transitorias distintas a las
actividades habituales de la empresa. Para ambos, la ley establece
plazos máximos de duración, así como la exigencia de que las
causas objetivas determinantes de la contratación consten por
escrito (...) La misma ley, en su artículo 77°, precisa que los
contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán de
1 PLA RODRIGUEZ, Américo (1998): Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones De Plama, Buenos Aires, pág. 326.
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duración indeterminada si el trabajador contratado
temporalmente demuestra que el contrato se fundamentó en la
existencia de simulación o fraude a las normas laborales. Esta
situación se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de
los servicios que se requieren contratar corresponden a
actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el
cumplimiento de normas laborales que obligarían a la
contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o
simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de
contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal
característica es la temporalidad. En tal sentido, un contrato
suscrito bajo estos supuestos se debe considerar de duración
indeterminada..."2
4.3 Siendo así, el contrato individual de trabajo puede ser celebrado
libremente por las partes por tiempo indeterminado o sujeto a
modalidad, advirtiéndose que el primero puede celebrarse ya sea
en forma verbal o por escrito, mientras que el segundo tiene que
ser celebrado por escrito y en los casos y con los requisitos
contemplados en la ley, puesto que el Principio de Continuidad
previsto en el mencionado artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-
97-TR opera como un límite a la contratación laboral por tiempo
determinado, la cual es de carácter excepcional y procede sólo
cuando las labores que son objeto del contrato son de naturaleza
temporal o accidental, además el artículo 72 del mismo cuerpo de
leyes establece como requisitos formales de los contratos modales
que "... deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo
consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas
determinantes de la contratación, así como las demás condiciones
de la relación laboral".
2 Fundamentos Jurídicos 3 y 4 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 19 de Diciembre del 2003 en el
expediente N° 1874-2002-AA/TC.
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4.4 La demandada basa su defensa en que los contratos suscritos por
el actor fueron debidamente presentados a la Autoridad de
Trabajo, siendo que no superó el plazo máximo de contratación a
plazo fijo. Además señala que la causal es válida y objetiva,
debido a que la causa real existió, la que fue por incremento de
producción señalados en los contratos de trabajo a plazo fijo y a
una mayor frecuencia de mantenimiento preventivos que
conllevaron a requerir un mecánico a fin de poder cumplir con los
planes de mantenimiento preventivos y correctivos, motivo por el
cual el actor fue contratado como mecánico en el área de
mantenimiento, ya que en el cuadro de ventas por línea de
productos (fojas 98) se incrementaron en miles de soles en el año
2012 respecto del año 2011, generando un mayor desgaste de la
maquinaria y por lo tanto un mayor necesidad de mantenimientos
correctivos y preventivos que requerían ser realizados por un
especialista como el demandante lo que no podía ser satisfecho
por el personal permanente de su representada.
4.5 En el presente caso, se debe señalar que el demandante se
encontraba sujeto a un contrato de trabajo temporal por
incremento de actividad. Frente a ello resulta necesario verificarse
si éste cumple con los requisito de ley para considerarse
válidamente celebrado, pues el artículo 23° de nuestra
Constitución Política señala que “Ninguna relación laboral puede
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer
o rebajar la dignidad del trabajador”, es decir, “Se impone, así,
una cláusula de salvaguarda de los derechos del trabajador, en
concordancia con el artículo 1° de la Constitución, que estatuye
que la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Con ello, además,
se permite que el principio de igualdad surta efectos, justamente
en una relación asimétrica, como la que se produce entre una
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empresa y un trabajador”3, por lo que “La Constitución protege,
pues, al trabajador, aun respecto de sus actos propios, cuando
pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandato
constitucional y legal le corresponde, evitando que, por
desconocimiento o ignorancia y sobre todo, en los casos de
amenaza, coacción o violencia, se perjudique”4, por lo que
teniendo en cuenta que el derecho que tiene todo trabajador que
se le reconozca la real naturaleza de su relación laboral, como
una de las manifestaciones del derecho al trabajo, se encuentra
previstos en nuestra Constitución, la suscripción de contratos
desnaturalizados no puede ser aceptada por contravenir lo
dispuesto en el mencionado artículo 23 y en el inciso 2 del
artículo 26 de la Constitución, puesto que como lo ha señalado el
Tribunal Constitucional, cuando el trabajador pacta con su
empleador condiciones contrarias al carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos en la Constitución y en la ley.
4.6 Para resolver la controversia debe tenerse presente que el artículo
57º del Decreto Supremo Nº003-97-TR, establece que “[el contrato
temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado
entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de
una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres
años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la
actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de
nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas
actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la
misma empresa”.
4.7 Asimismo el artículo 72º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR
dispone que “[los contratos de trabajo a que se refiere este Título
necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado,
3 Fundamento N° 3 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 2906-2002-AA/TC de fecha 20 de
Enero del 2004.
4 Fundamento N° 4 de la Sentencia citada.
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debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas
objetivas determinantes de la contratación, así como las demás
condiciones de la relación laboral”.
4.8 En el presente caso en la cláusula del contrato individual de
trabajo temporal por incremento de actividades existente, que
obra a fojas 32 a 39, en el literal c) señala que el motivo que
origina la contratación es por “incremento de actividades
existentes” y que la causa objetiva de la contratación es debido al
incrementos de líneas de producción y a una mayor frecuencia de
mantenimientos preventivos, por lo que, requería de personal
adicional a fin de poder cumplir con los planes de mantenimiento
preventivos y correctivos. Las partes dejan constancia en
consecuencia que la contratación en forma temporal del personal
que requiere LA EMPRESA tiene por objeto exclusivamente la
atención de las necesidades derivadas del incremento de sus
actividades por las razones expuestas en el literal c) de la
presente cláusula, siendo además, que se establece que se
contrata al recurrente “(…) para que ocupe el puesto de
MECANICO.
4.9 Al respecto se debe señalar que, la demandada refiere que hubo
incremento de líneas de ventas, en cada una de las líneas de
producción lo que se dio el 2012, lo que hizo necesario mayor
personal mecánico por lo que, se contrató al demandante para
cubrir la necesidad de mantenimiento correctivo y preventivo de
las maquinarias que trabajan para una mayor producción. Para
dichos efectos ha presentado la Memoria Anual 2012 que obra a
fojas 76 a 93, específicamente en el Anexo I, obra las ventas por
líneas de productos efectuada por la demandada.
4.10 Al respecto resulta necesario señalar que en el contrato suscrito
por las partes no se especificó el tiempo que duraría y que
resultaba necesario para lograr el mantenimiento óptimo en las
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maquinarias de las demandada, debido a la mayor utilización que
dio a estas en el año 2012, por las ventas en líneas de sus
productos a comparación del año 2011. Además debe señalarse
que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada el 03
de Julio de 2013, fecha posterior a la que se dio el incremento en
su producción habiendo trabajado hasta el año 2015, de lo que se
infiere que su incremento de producción de un año requirió el
mantenimiento de sus maquinarias por 3 años, lo que permite
concluir que no se encuentra establecido en el contrato la
justificación del contrato temporal del actor. Además, la
referencia consignada en el citado texto del contrato es vaga y
sólo hace alusión a la existencia un “incremento de líneas de
producción y mayor secuencia de procedimientos preventivos, sin
proporcionar información relevante que permita establecer que en
efecto existió una causa objetiva en el presente caso que podría
justificar una contratación temporal.
4.11 Estando a lo señalado precedentemente, al no haberse
especificado con detalle la causa objetiva de contratación en el
contrato por incremento de actividad, el contrato de trabajo se ha
desnaturalizado, por haberse producido el supuesto previsto en el
inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR; por
lo que, se concluye que el contrato suscrito entre las partes es a
tiempo indeterminado, conforme prevé el artículo 4° de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral.
QUINTO: DEL DESPIDO NULO INVOCADO POR LA PARTE ACTORA,
LA REPOSICIÓN y PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS:
5.1 Teniendo en cuenta el marco normativo se debe señalar que el
artículo 29° establece dentro de sus incisos el literal a) que es
nulo el despido que tenga por motivo a) La afiliación a un
sindicato o la participación en actividades sindicales.
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5.2 Al respecto se debe señalar que el actor fue contratado por la
demandada desde el 03.07.2013, contrato que fue renovado hasta
el 02.07.2015 en forma sucesiva; sin embargo, esta situación no
se repitió a raíz de que la demandada tomo conocimiento de la
afiliación del actor al Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros
de Gloria S.A., lo que fue comunicado al Jefe de Relaciones
Laborales de Gloria S.A., de la demandada conforme al
documento que obra a fojas 52 el 26.06.2015. Además obra a
fojas 53 y 54, la solicitud de afiliación al Sindicato del
demandante y la carta de autorización del descuento sindical
cursada por el actor a la demandada que data del 25.06.2015 y
que fue recibida en la misma fecha por la demandada,
instrumentales que se debe tener en cuenta no han sido
cuestionadas por esta parte; es así que tratándose de hechos
coetáneos y al no haber acreditado la demanda la causa que
motivó la no renovación de los contratos, es que convencen que el
cese se debió a la filiación del actor al Sindicato Nacional de
Trabajadores Obreros Gloria S.A. lo que se encuentra proscrito
por el inciso a) del artículo 29 de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral; y estando a que la demandada no ha
acreditado la causa justa del cese del actor, es que se debe
concluir que fue despedido por su afiliación al sindicato,
deviniendo en nulo el despido;, por lo que corresponde ordenar
su reposición y el pago de remuneraciones devengadas, por el
período en que estuvo despedido y hasta su efectiva
reposición; en tal sentido, carece de objeto pronunciarse
respecto a la reposición por despido incausado.
SEXTO: DE LAS COSTAS Y COSTOS
Se debe tener presente que el artículo 412 del Código Procesal Civil
establece que el reembolso de los costos y costas del proceso son de
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cargo de la parte vencida, salvo declaración expresa y motivada de
exoneración. En el presente caso el actor no ha realizado pagos por
aranceles y derechos de notificación, por lo que no corresponde el pago
de costas; sin embargo, fue asesorado por un abogado de su libre
elección, por lo que debe reembolsársele los costos del proceso.
III. PARTE RESOLUTIVA:
Por las consideraciones expuestas, con las facultades contempladas en
la Ley Procesal de Trabajo y administrando justicia a nombre de la
Nación, fallo declarando:
1. INFUNDADAS las oposiciones de la demandada.
2. FUNDADA la demanda de fojas 4 a 16, ampliada de fojas 62 a 66,
interpuesta por el demandante LUIS FERNANDO EGUSQUIZA
OCAÑA contra GLORIA S.A.; en consecuencia:
a. Se declara desnaturalizados sus contratos modales de
trabajo y se le reconoce un contrato de trabajo a plazo
indeterminado a partir del 03 de junio de 2013 en
adelante.
b. FUNDADA la Nulidad de Despido; en consecuencia ORDENO
que la demandada GLORIA S.A. cumpla con reponer al actor
en su puesto de trabajo o en otro similar, que no implique
rebaja de categoría o remuneración, con el pago de
devengados, que serán liquidados en ejecución de sentencia.
3. CONDÉNESE a la demandada al pago de costos, sin costas.
Hágase saber.-
PPPPáááággggiiiinnnnaaaa |||| 11113333 |
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EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11118888777777771111----2222000011115555----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----LLLLAAAA----11115555
MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: DDDDEEEERRRREEEECCCCHHHHOOOOSSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS
MMMMAAAAGGGGIIIISSSSTTTTRRRRAAAADDDDAAAA :::: JJJJOOOORRRRGGGGEEEE RRRRAAAAUUUULLLL HHHHUUUUAAAARRRRIIIINNNNGGGGAAAA SSSSAAAALLLLVVVVAAAATTTTIIIIEEEERRRRRRRRAAAA
SSSSEEEECCCCRRRREEEETTTTAAAARRRRIIIIOOOO :::: FFFFRRRREEEEDDDDDDDDYYYY VVVVAAAASSSSQQQQUUUUEEEEZZZZ CCCCAAAARRRRQQQQUUUUIIIINNNN
DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE LLLLAAAA NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNN
DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: AAAAVVVVEEEENNNNDDDDAAAAÑÑÑÑOOOO GGGGUUUUAAAABBBBLLLLOOOOCCCCHHHHEEEE JJJJOOOORRRRGGGGEEEE AAAAUUUUGGGGUUUUSSSSTTTTOOOO
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSIIIIEEEETTTTEEEE
LLLLiiiimmmmaaaa,,,, ddddiiiieeeecccciiiissssééééiiiissss ddddeeee jjjjuuuulllliiiioooo ddddeeeellll aaaaññññoooo ddddoooossss mmmmiiiillll ddddiiiieeeecccciiiioooocccchhhhoooo.... ----
VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS::::
Por recibido los autos provenientes de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en mérito al auto calificatorio del
recurso de casación emitido en la Casación Laboral N° 18462-2017; y,
CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO:
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.... ---- De autos se aprecia que mediante auto calificatorio del recurso de casación
expedido en la Casación Laboral N° 18462-2017, la Segunda Sala de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente
recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de Vista de fecha
27 de abril de 2017.
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO.... ---- De autos se aprecia que mediante sentencia de vista de fecha 27 de abril de
2017, la Tercera Sala Laboral de Lima resuelve:
1. REVOCAR la Sentencia N° 162-2016, contenida en la Resolución N° 02 de
fecha 28 de junio de 2016, obrante de fojas 535 a 541, en el extremo que
declara fundado el pago de las remuneraciones devengadas y costas del
proceso, las que REFORMANDOLAS declararon Infundados dichos extremos;
2. CONFIRMARON la Sentencia en cuanto declara fundada la demanda en el
extremo que declara desnaturalizados los contratos de servicios no personales
por el período del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015,
determinándose que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado,
debiendo registrarlo en la planilla de pago de remuneraciones; y ORDENARON
que la demandada abone a favor del demandante la suma ascendente a S/.72,168.89 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON
89/100 SOLES), por los conceptos de gratificaciones y vacaciones; más los
intereses legales respectivos; con costos;
3. DISPUSIERON que la demandada custodie la compensación por tiempo de
servicios del demandante por la suma de S/. 18,158.31 (DIECIOCHO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES) por el periodo del 17 de
octubre de 2006 al 24 de julio de 2015
4. DECLARARON el cese del demandante como un despido incausado, en
consecuencia ORDENARON que la entidad demandada REPONGA al
demandante en su puesto habitual de labores EXONERANDO a la demandada
del pago de las costas procesales
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO.... ---- Devueltos los presentes autos por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República corresponde dar
cumplimiento a lo ejecutoriado mediante la Resolución de Vista de fecha 27 de abril de
2017, y atendiendo que en su oportunidad el Superior en Grado remitió las copias
certificadas a fin de formarse el incidente de ejecución de sentencia con número 11118888777777771111----
2222000011115555----99994444----1111888800001111----JJJJRRRR----LLLLAAAA----11115555,,,, el mismo que su estado se encuentra ejecutando la sentencia, por
lo que se deberá incorporar a los presentes autos y seguir con la prosecución del proceso
conforme a su estado.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO.... –––– Así tenemos que la parte demandada mediante escrito N° 166394-2018 de
fecha 04 de junio del 2018, remite a esta Judicatura un depósito judicial N° 2018321208272
por la suma de S/.61,856.39 soles, por concepto de pago de la obligación principal; así como
un memorando N° 891-2018 y una liquidación de devengados por mandato judicial mes d
abril del 2018; siendo ello así, corresponderá hacer entrega del citado depósito judicial a la
parte demandante. En tal sentido atendiendo al principio Juez y Derecho, señalando por el
artículo sétimo del título Preliminar de Código Procesal Civil, el Juzgador con la facultad
que tiene de aplicar el derecho que corresponda, debe disponer la estricta aplicación y
además por el imperativo del artículo 50 inciso 1 del Código Adjetivo.
Por estas consideraciones
SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE::::
1111.... TTTTEEEENNNNGGGGAAAASSSSEEEE por devueltos los presentes autos por la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
por lo que corresponde dar cumplimiento a lo ejecutoriado mediante la Resolución
de Vista de fecha 27 de abril de 2017, debiéndose continuar con la prosecución de la
ejecución de sentencia conforme a su estado en el incidente de ejecución de
sentencia con número 11118888777777771111----2222000011115555----99994444----1111888800001111----JJJJRRRR----LLLLAAAA----11115555....
2222.... EEEENNNNTTTTRRRREEEEGGGGUUUUEEEESSSSEEEE el certificado de depósito judicial un ddddeeeeppppóóóóssssiiiittttoooo jjjjuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll NNNN°°°°
2222000011118888333322221111222200008888222277772222 ppppoooorrrr llllaaaa ssssuuuummmmaaaa ddddeeee SSSS////....66661111,,,,888855556666....33339999 ssssoooolllleeeessss,,,, debidamente endosado al
demandante, dejándose constancia de su entrega en autos. 3333.... AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIICCCCEEEESSSSEEEE al servidor judicial Luis Benjamín Rivera Ramón encargado de la
notificación y cosidos de expedientes, incorporar a los presentes autos el incidente de
ejecución de sentencia 11118888777777771111----2222000011115555----99994444----1111888800001111----JJJJRRRR----LLLLAAAA----11115555; bajo responsabilidad.
AAAAvvvvooooccccáááánnnnddddoooosssseeee aaaallll ccccoooonnnnoooocccciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccaaaauuuussssaaaa eeeellll sssseeeeññññoooorrrr MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddoooo qqqquuuueeee ssssuuuussssccccrrrriiiibbbbeeee eeeennnn
mmmméééérrrriiiittttoooo aaaa llllaaaa RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttiiiivvvvaaaa NNNN°°°° 000000002222----2222000011118888----PPPP----CCCCSSSSJJJJLLLL////PPPPJJJJ.... ---- IIIInnnntttteeeerrrrvvvviiiinnnniiiieeeennnnddddoooo eeeellll
sssseeeeccccrrrreeeettttaaaarrrriiiioooo jjjjuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll qqqquuuueeee ddddaaaa ccccuuuueeeennnnttttaaaa ppppoooorrrr ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr.... ----
NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFIIIIQQQQUUUUEEEESSSSEEEE.... ---- |
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EXPEDIENTE: N° 18771-2015-0-1801-JR-LA-15 (S)
Señores:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
Lima, veintisiete de abril de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En Audiencia Pública de la fecha; con la asistencia del demandante y de su Abogada la
señora Itala Claudett Caparo Jarufe; e interviniendo como ponente la señora Juez
Superior Eliana Araujo Sánchez;
MATERIA DEL RECURSO:
Que, es materia de grado de apelación la Sentencia N° 162-2016, contendida en la
Resolución N° 02 de fecha 28 de junio de 2016, de fojas 535 a 541, que declaró fundada
en parte la demanda, reconociendo la existencia de una relación laboral a plazo
indeterminado entre las partes desde el 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015,
incausado el despido y ordenando la reposición del actor en sus labores habituales, y
abonar al demandante la suma total de S/.90,327.20 soles más intereses legales, con
costos y sin costas;
AGRAVIOS:
La demandada, mediante escrito de apelación de Sentencia de fecha 01 de julio de
2016, obrante de fojas 544 a 563 expresa los siguientes agravios:
i. La sentencia apelada ha incurrido en error al amparar la desnaturalización de
los contratos y el pago de beneficios sociales pretendidos por el demandante;
en tanto de los contratos de locación de servicios se observa que, el actor
prestaba servicios de naturaleza independiente, los que fueron puntuales y
diferentes entre sí dada la naturaleza de su contrato el cual era de servicios no
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personales, sin subordinación y a cambio de una contraprestación dineraria en
razón al tiempo y la forma de los servicios prestados;
ii. El Juzgado no ha determinado que el actor haya realizado sus actividades
dentro de un horario de trabajo superior a las 4 horas diarias para tener
derecho al pago de los beneficios propios del régimen laboral de la actividad
privada ni mucho menos realizado una liquidación acorde de Ley;
iii. El motivo de la extinción del vinculo contractual entre las partes fue el termino
de la ejecución del último contrato de locación de servicios, razón por la cual no
existió despido alguno que genere la reposición del demandante;
iv. No se puede reconocer el pago de remuneraciones devengadas sin existir
prestación principal exigible;
v. Respecto al mandato de reposición del demandante en su puesto de trabajo, o
en un puesto de similar nivel y categoría al que venía ocupando hasta la fecha
de despido; señala que el mismo no procede por cuanto en la administración
pública y sector público en general, se exige un concurso de méritos respecto a
una plaza presupuestada y vacante del Estado para poderse ordenar una
reposición del demandante, conforme lo ha establecido el Tribunal
Constitucional en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC; debiendo por tanto
declararse improcedente la demanda y reconducir el proceso a la vía ordinaria
laboral para que el demandante solicite la indemnización que corresponde.
vi. Sobre el pago de costas y costos, el Banco como integrante del Poder
Ejecutivo se encuentra exonerado de dicho pago;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, los artículos 364° y 370º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso de autos por mandato expreso de la Primera Disposición
Complementaria de la Ley Procesal del Trabajo N° 29497, delimita la competencia de
Superior Jerárquico respecto a la apelación de Sentencia; siendo así, corresponde al
Colegiado como órgano jurisdiccional revisor circunscribirse solamente al análisis de la
resolución venida en grado;
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SEGUNDO: Que, en materia laboral la carga de la prueba se encuentra tipificada en el
artículo 23° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497, en los siguientes
términos: "23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran
su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes
reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales”.(sic); evidenciándose que existen reglas especiales que
distribuyen la carga de la prueba de manera específica respecto a quien corresponde
probar, así en el artículo 23.4° se indica que cuando corresponda, incumbe al
demandando que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el
cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
su extinción o inexigibilidad, b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho
lesivo alegado, y c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido; correspondiendo
en todo caso a la demandada la carga de la prueba de la causa del despido; debiendo
para ello considerarse que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes y fundamentar las decisiones del juez previa valoración conjunta y
razonada de los mismos;
TERCERO: Que, respecto del primer y segundo agravio de la demandada, es
menester precisar que el Principio de Primacía de la Realidad constituye un elemento
implícito en nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza
tuitiva de la Constitución Política del Perú, que ha visto al trabajo como un deber y un
derecho base del bienestar social y medio de realización de la persona; y además como
un objetivo de atención prioritaria del Estado, que delimita al juez en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de
acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de
los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato real, esto
se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con
prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación;
CUARTO: Que, de otro lado, conforme lo establece el artículo 1764º del Código Civil por
el Contrato de Locación de Servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a
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cambio de una retribución; consecuentemente el objeto de éste contrato es la realización
de un servicio, es decir, de una actividad, sin sujetarse a las órdenes de quién la encarga,
en tanto que el ejecutante del servicio debe efectuarlo según sus conocimientos,
experiencia y habilidades; de lo que se verifica que el Contrato de Trabajo, no tiene por
objeto la promesa de un resultado determinado en que el ejecutor del trabajo correría con
el riesgo, sino sólo la prestación de servicios, “un obrar”, no una obra como en el caso de
la locación de servicios;
QUINTO: Que, asimismo el Contrato de Trabajo constituye un contrato realidad, esto se
tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con
prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación;
congruentemente con el citado principio, el primer párrafo del artículo 4° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala que en toda prestación personal
de servicios, remunerados y subordinados se presume la existencia de un Contrato de
Trabajo a plazo Indeterminado; que, siendo así habiéndose demostrado, con prueba
suficiente, como señalaremos en los considerandos siguientes la existencia de una
relación laboral, resulta arreglado a derecho aplicar al caso de autos el Principio de la
Primacía de la Realidad, conforme así lo ha establecido el A quo en la recurrida;
SEXTO: Que, se verifica del análisis del proceso que de los medios de prueba ofrecidos
por el demandante se acredita la presencia de los elementos esenciales de un contrato
de trabajo como son: el primero la prestación personal de servicios, al respecto se
tienen: los Contratos de locación de servicios de fojas 08 a 138, los cuales en la sexta
clausula se señala: “EL LOCADOR se compromete a no delegar a otra persona la
conducción de la ejecución parcial o total de EL SERVICIO, salvo que EL BANCO lo
autorice expresamente por escrito.”, documentos que merecen valor probatorio toda vez
que no han sido materia de objeción con alguna cuestión probatoria deducida y/o
interpuesta por la demandada, evidenciándose la prestación personal de forma continua,
funciones que han denotado el carácter personal a favor de la emplazada conforme a lo
razonado por el A quo, cuanto más si el demandante cumplió con acreditar la prestación
personal de los servicios, aplicándose la presunción de laboralidad contenida en el
artículo 23.2° de la Ley N° 29497; asimismo respect o a la jornada laboral desarrollada por
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el demandante, debe señalarse que en atención a las propias funciones desarrolladas
por el actor como Analista de Control Patrimonial en la División de Servicios de la
demandada, su labor no podía ser inferior a las 8 horas diarias para tener derecho a los
beneficios laborales que pretende; ello en aplicación del principio de la primacía de la
realidad;
SÉTIMO: Que, respecto al segundo requisito, la remuneración, por cuanto el monto que
mensualmente se otorgaba al actor (característica de una remuneración regular),
constituye una remuneración, que el demandante percibía como contraprestación de su
labor, conforme se corrobora de los propios Contratos de locación de servicios de fojas
08 a 138; lo que acredita el cumplimiento del referido requisito;
OCTAVO: Que, igualmente se acredita el tercer elemento esencial del Contrato de
Trabajo, que es la subordinación, cabe puntualizar que no solo significa que el
trabajador está obligado a prestar el servicio por el cual se le contrató, sino que debe
prestarlo con sujeción personal al poder directivo del empleador, lo cual crea un
sometimiento jerárquico de la persona del trabajador que no se produce en los contratos
civiles o mercantiles; ello se advierte de los Contratos de Locación de Servicios de fojas
08 a 138, la Cláusula Cuarta (fojas 46) se señala que: “(…) El pago de la retribución en
cualquier caso, está condicionada a la expedición de un “Acta de Conformidad de
Servicio” por parte del área usuaria del EL BANCO que solicita la contratación del EL
SERVICIO”, observándose que la retribución estaba condicionada a la expedición de “la
Conformidad de Servicio”; asimismo, de los Contratos de Locación de Servicios se
advierte en la Cláusula Novena.- Supervisión, 9.1, en la cual se señala: “El Banco
podrá supervisar directamente o a través de terceros que el Banco designe la adecuación
ejecución y/o cumplimiento del Contrato, para lo cual el Locador deberá ofrecer las
facilidades necesarias”, es decir el demandante en la ejecución de sus servicios los
prestó con sujeción al poder directivo del empleador. Asimismo, se desprende del usuario
y clave de acceso al sistema interno de navegación de la demandada otorgada al
demandante: USUARIO 2637005 y password, a fin de que el mismo pueda acceder a la
información interna de la institución demandada así como a los aplicativos necesarios
para el desempeño de sus funciones en el Área de Control Patrimonial de la División de
Servicios de la demandada, a fojas 159 a 166; verificándose con ello, que el demandante
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cumplió sus funciones sujeto a las órdenes e indicaciones de sus superiores para la
ejecución de sus servicios, por lo que se determina que existe elementos suficientes para
arribar a la conclusión de la existencia de la configuración de la subordinación.
NOVENO: Que, los medios de prueba antes mencionados no han sido desvirtuados por
la emplazada según el artículo 23.2° de la Ley N° 2 9497 generando la prueba en
contrario en la etapa del proceso correspondiente, lo que evidentemente denota que se
ha ejercido control sobre la forma como se ejecuta la prestación, por lo que no podría
inferirse que la labor se desarrolló de forma autónoma; lo que evidentemente genera
convencimiento que en los hechos el demandante no fue contratado como locador de
servicios para realizar labores independientes, sino que sus funciones eran de
dependencia bajo subordinación como es de verse la entrega de usuario y clave para el
uso del sistema informático del banco para ser usado por el demandante a fojas 159 a
166, así como los diversos correos electrónicos de autorización de ingreso para los días
sábados o domingos e incluso el propio empleador lo señala como su trabajador, según
acredita a fojas 168 a 244;, por lo que sus labores no podrían entenderse como
autónomas en la institución demandada, con lo que se prueba que los servicios del actor
se encontraban sujetos a supervisión y fiscalización en la ejecución de los servicios, es
decir, atendiendo a las pautas y directrices para la realización de sus tareas, no pudiendo
autónoma e independientemente decidir en qué momento y de qué forma desarrollarlas;
lo que revela la subordinación del demandante; tanto más si no se ha demostrado que
estas labores se realizaron por cuenta propia. En ese sentido, se tiene que el
demandante prestó servicios para la demandada en forma personal, remunerada y
subordinada quedando acreditada plenamente la relación laboral entre las partes;
DÉCIMO: Que, de lo antes señalado se acredita la existencia de una relación laboral de
carácter indeterminado, por lo que se ha producido la desnaturalización de los contratos
de naturaleza civil, y de conformidad con el artículo 4° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003–97–TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, se determina que el periodo laborado por el actor
es a partir del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015, en que se extinguió la
relación laboral;
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DÉCIMO PRIMERO: Que, sobre el tercer agravio de la demandada, respecto a la
reposición del actor, por haberse producido su despido de manera incausada, es de
señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 976-
2001-AA/TC, caso Llanos Huasco, define a los diferentes tipos de despido y en cuanto al
Despido Incausado, señala: “Despido Incausado”. Se produce el denominado despido
incausado, cuando: “Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante
comunicación escrita, sin expresar causa alguna derivada de su conducta o la labor que
la justifique.” Por consiguiente al haberse encontrado el actor durante el periodo del 17
de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015, prestando servicios bajo un contrato a plazo
indeterminado sólo podía ser objeto de despido siempre que hubiere existido causa justa
y con sujeción al procedimiento que prevé la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, es decir, supuestos que no se han producido en el caso de autos. Por tanto,
teniendo en cuenta que la demandada sostiene que la relación culminó por vencimiento
de contrato de locación de servicios; no obstante se ha producido infracción a los
artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Perú, al otorgar la ley adecuada
protección contra el despido arbitrario, ya que resulta ser así desde el momento en que
no se le cesó por causa justa contemplada en la Ley y en la Constitución, al no haberse
motivado el cese, motivo por el cual resulta procedente su reposición.
DÉCIMO SEGUNDO: Analizando el cuarto agravio de la demandada, respecto a las
remuneraciones devengadas solicitadas por el demandante como pretensión accesoria
de su demanda; resulta necesario explicar la evolución jurisprudencial de la pretensión de
pago de las remuneraciones devengadas en caso de reposición del trabajador. En primer
término, debe señalarse que, el Tribunal Constitucional, inicialmente, adoptó el criterio de
que, la pretensión de remuneraciones dejadas de percibir por el trabajador despedido en
forma arbitraria, no procedía, argumentando para dicho efecto que, la remuneración
constituye la contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, como así lo ha
expuesto en las Sentencias N°s 482-1999-AA/TC, 555-1999-AA/TC, 712-1999-AA/TC, y,
159-2000-AA/TC, en las cuales ha señalado: “Que la remuneración constituye una
contraprestación por el trabajo realmente efectuado, lo que no ha ocurrido en el presente
caso durante el período no laborado”.
DÉCIMO TERCERO: Posteriormente, dicho Colegiado cambia el criterio vertido en la
jurisprudencia antes reseñada, y apartándose de él, reconoce el derecho del trabajador
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despedido, a reclamar el pago de las remuneraciones devengadas en la vía judicial a
título de indemnización; así lo expuso en la Sentencia recaída en el expediente N° 1450-
2001-AA/TC fundamento 1: “aunque es inobjetable que a un trabajador cesado
indebidamente en sus funciones se le ocasionaba un perjuicio durante todo el periodo
que no laboró, ello no puede suponer el reconocimiento de haberes, sino exclusivamente
el de una indemnización por el daño generado (…) por consiguiente y aunque debe
entenderse que a cualquier trabajador indebidamente cesado le asiste el derecho de
reclamar indemnización por el daño del cual fue objeto, queda claro que la pretensión de
reconocimiento de haberes por un trabajo no realizado, resulta, por lo menos para casos
como el presente, totalmente infundada”; criterio reiterado en las sentencias recaídas en
los expedientes N°s 264-2001-AA/TC y 2040-2004-AA/TC, en los cuales menciona “el
reclamo correspondiente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir tiene
naturaleza indemnizatoria, y no evidentemente restitutoria, razón por la cual conviene
dejar a salvo el derecho del demandante a reclamar la respectiva indemnización en la
forma legal que corresponda”.
DÉCIMO CUARTO: Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República,
contrariamente a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, adoptó
inicialmente una postura favorable al pago de remuneraciones devengadas en caso de
reposición del trabajador, ordenada mediante un proceso de amparo, criterio recogido en
las Casaciones N°s 044-2002-LIMA y 2001-2004-LIMA, señalando en esta última lo
siguiente: “Octavo: Que como aparece la decisión de la accionada de reincorporar al
accionante fue adoptada en cumplimiento de lo resuelto en la acción de amparo
interpuesta para cuestionar su cese, por lo que efectivamente el lapso transcurrido entre
el cese y su reposición debe examinarse a partir de los alcances y efectos del artículo
primero de la Ley número veintitrés mil quinientos seis –bajo la cual se tramitó dicha
acción- que señala que el objeto de la acción de garantía es reponer las cosas al estado
anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional. Noveno: Que, es bajo
este contexto que se debe analizar la pretensión de pago de remuneraciones y beneficios
devengados que reclama el demandante por todo el periodo que duró su cese indebido,
pues al haberse restituido su derecho conculcado y repuestas las cosas al estado
anterior al cese significa que se ha restablecido para todos los efectos automáticamente
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la relación laboral entre las partes, dado que el acto lesivo sobre el cual ha recaído
pronunciamiento jurisdiccional es el despido mismo, en consecuencia el lapso que el
demandante estuvo fuera del empleo debe reconocerse como tiempo de servicios
efectivamente prestados a la emplazada con el correspondiente pago de sus derechos y
beneficios dejados de percibir”. Posteriormente este criterio ha sido objeto de cambio por
la Corte Suprema de la Justicia de la República, a través de la Casación N° 2712-2009-
LIMA, decantándose a favor de la tesis de improcedencia del pago de remuneraciones
devengadas en los casos de reposición del trabajador, ordenada por sentencia de
amparo, bajo los siguientes argumentos: (i) que los procesos de amparo y de nulidad de
despido tienen naturaleza jurídica distinta, toda vez que el primer se encuentra referido a
la restitución de un derecho subjetivo específico, en tanto que el segundo se refiere, a la
nulidad de un acto de despido; (ii) que el proceso de amparo no conlleva la declaración
de nulidad del despido, puesto que, en los casos que la sentencia de amparo repone al
trabajador, restaura el estado de cosas anterior y satisface la pretensión referida a la
tutela de un derecho constitucional específico, pero no tiene eficacia más allá de lo
ordenado en la propia sentencia, de manera que no puede ser interpretada como una
declaración de nulidad del acto que puso fin al vínculo laboral; (iii) que la reposición del
trabajador dispuesta en un proceso de amparo no implica restaurar la continuidad de la
relación laboral, toda vez que, la naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica
que, en adelante, las cosas vuelvan a un estado idéntico al que existía antes de la
afectación del derecho, por tanto no es finalidad del proceso de amparo negar la
existencia de los actos pasados sino impedir que la afectación continúe en el futuro;
DÉCIMO QUINTO: Debe mencionarse también, que en la Casación Laboral N° 5192-
2012-JUNIN, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema se precisó que no corresponde el pago de remuneraciones devengadas luego
de que se ordene la reposición del trabajador a través de un proceso de amparo, así, en
aplicación del principio de legalidad, no es viable aplicar el artículo 40° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR –que prevé la posibilidad de ordenar el pago de remuneraciones
devengadas en el caso de despidos nulos en la vía ordinaria- para supuestos en los
cuales el trabajador haya sido repuesto como consecuencia de un proceso de amparo, ya
que “de acogerse al argumento expuesto por la parte recurrente, el presente proceso
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laboral seria propiamente una vía de ejecución de la sentencia de amparo respecto de un
extremo que no fue resuelto ni discutido en el proceso de amparo”; bajo estas
consideraciones, las remuneraciones devengadas, deberán reclamarse a través de un
proceso por indemnización por daños y perjuicios, conforme lo prevé expresamente el
inciso b) del artículo 2° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
DÉCIMO SEXTO: En ese sentido, si bien de autos se aprecia que de acuerdo a los
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, -los cuales forman parte de una
consolidada doctrina jurisprudencial- así como el criterio más reciente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, no corresponde amparar este extremo de la
demanda, toda vez que como ya se indicó las remuneraciones de todo trabajador
representan una contraprestación por las labores efectivamente realizadas, que en el
caso de autos no se ha evidenciado; sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del
demandante para que lo haga valer con sujeción a Ley, por estos fundamentos,
corresponde amparar el agravio de la demandada, revocando este extremo de la
sentencia respecto del pago de remuneraciones devengadas, declarándola infundada.
DÉCIMO SEPTIMO: Respecto al quinto agravio de la demandada, sobre la reposición,
cabe indicar que en principio debe de tenerse en cuenta lo expuesto en el numeral 2.3.
de la sentencia recaída en el expediente Nº 5057-2013-PA/TC, caso Huatuco, de fecha
16 de abril de 2015, expedido por el Tribunal Constitucional que señala: “…en el presente
caso ese aprecia que existen divergencias en asuntos de relevancia constitucional
relacionados con la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función
pública, y que a nivel legal se manifiestan en la interpretación de los artículos 4 y 77 del
TUO del Decreto Legislativo Nº 728- cuyo ámbito de aplicación comprende a las
empresas u trabajadores de la actividad privada- respecto de su aplicación a las
instituciones y trabajadores de la actividad pública, específicamente si la
desnaturalización del contrato temporal o civil genera, a) convertirlo automáticamente en
un contrato de duración indeterminada , sin que sea necesario el requisito de ingreso por
concurso público o b) si tratándose de empleo público se exige el requisito de ingreso
por concurso público tal como lo prevé el artículo 5 de la Ley Nº 28175 “Marco del
Empleo Público…”.(sic).
DÉCIMO OCTAVO: De lo expuesto se colige que resulta necesario discernir
primeramente – para la aplicación del citado precedente vinculante al caso sub examine-
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si los trabajadores del Banco de la Nación pueden considerarse pertenecientes a la
actividad pública y por ende desempeñan función pública. Sobre lo primero, debe de
tenerse en cuenta que el artículo 40° de la Constitución Política del Estado establece lo
siguiente: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera
los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con
excepción de uno más por función docente. No están comprendidos en la función pública
los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. A su
vez la ley del Servicio Civil N° 30057, publicada el 4 de julio de 2013, en su Primera
Disposición Complementaria Final dispone lo siguiente: “No están comprendidos en la
presente Ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto
en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los
servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República ni
los servidores sujetos a carreras especiales Tampoco se encuentran comprendidos los
obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales”. Si bien la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del
Servicio Civil prescribe: “(…) Respecto a las empresas del Estado sujetas al ámbito de
competencia del Fondo de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, la Autoridad
ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con el citado organismo, con
sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes especiales.”. Esto
no significa que para el caso de las empresas del Estado, el organismo público
denominado SERVIR deberá de ejercer sus funciones previa coordinación con el
FONAFE, lo cual no implica la aplicación de dicho régimen a los trabajadores de tales
empresas, por no estar incluidos dentro de la carrera administrativa. Adicionalmente, el
Estatuto del Banco de la Nación (Aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF, de fecha
26/01/94, publicado el 29/01/94), establece en su artículo 1º que “…el Banco de la
Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y
Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa…” e
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igualmente teniendo en cuenta las labores que realiza proclama en el artículo 3º que
“…El Banco se rige por este Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y
supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de
Seguros…·”.
DÉCIMO NOVENO: Lo antes mencionado se complementa con el Reglamento de
Organización y Funciones del citado Banco (Aprobado en Sesión de Directorio N° 2018
de fecha 03 de Setiembre 2014), que describe su naturaleza como una empresa de
derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía
económica, financiera y administrativa, además se precisa en dicho dispositivo que el
Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y,
supletoriamente, por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por último la ley Nº 24948 Ley de
la Actividad Empresarial del Estado, establece de forma contundente en su artículo 4º,
apartado “c” (que regula las diversas modalidades empresariales con que interviene el
Estado en las diferentes actividades), que este lo hace en la actividad financiera y de
seguros, (caso del Banco de la Nación), de lo que se puede establecer con meridiana
claridad, que el citado ente financiero resulta ser un Empresa del Estado de derecho
público, que participa en actividades financieras y de seguro y que además como reza el
artículo 53º de la ley Nº 24948, sus trabajadores se rigen por el régimen laboral común de
la actividad privada, eso significa que la demandada no se configura como una Institución
Pública, sus trabajadores no están comprendidos dentro de la carrera pública, como lo
establece de forma principista el artículo 40° de la Constitución Política del Perú. Por
último la propia sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº
05057-2013-PA/TC, numeral 4 acápite “a” parte in fine, concluye en lo siguiente:
“conforme a lo expuesto la condición de funcionario o servidor público no se identifica por
ejemplo, con un tipo de contrato o vínculo de un trabajador con la administración pública,
sino por el desempeño de funciones públicas en las entidades del Estado…” por lo
que resulta inexorable concluir que los trabajadores del Banco del Nación no realizan
función pública, pues estas son entendidas como el desempeño de funciones en las
entidades públicas del Estado, del cual la demandada no es parte.
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VIGÉSIMO: En consecuencia, este colegiado concluye estableciendo que, al caso de
autos, no le resulta aplicable el precedente vinculante expedido por el Tribunal
Constitucional recaído en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC, caso Rosalía Beatriz
Huatuco Huatuco, publicado el 2 de junio de 2015, sobre reposición laboral de servidores
públicos de la actividad privada, en la medida que los trabajadores del Banco de la
Nación no se encuentran comprendidos en la función pública al laborar para una
empresa del Estado, sino que les resulta aplicable el régimen laboral del sector privado,
regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR”; no procediendo
amparar el agravio alegado por la demandada en relación a este extremo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, ante el sexto agravio de la demandada, respecto al pago
de costas y costos cabe tener presente lo normado por el artículo 14° de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, así también el artículo 412° del Código Procesal Civil que establece
la imposición de la condena en costas y costos es de cargo de la parte vencida. En el
caso de autos si bien la demandada es un ente estatal, la norma especial, Nueva Ley
Procesal de Trabajo, establece en su Sétima Disposición Complementaria que el Estado
puede ser condenado al pago de costos, resultando esta norma aplicable frente al
supuesto general establecido por el artículo 413° del Código Procesal Civil no siendo
extensible la condena a las costas al no estar contemplado de manera taxativa, siendo
ello así al ampararse en parte la pretensión del actor, corresponde su condena en costos
efectuándose su liquidación en ejecución de sentencia y con estricta observancia de los
conceptos señalados en el artículo 411° del código procesal acotado, procediéndose
confirmar dicho extremo; más no en el extremo que condena al pago de costas a la
entidad emplazada en atención a las normas señaladas, por lo que procede revocarse lo
resuelto en este extremo; deviniendo en fundado en parte el agravio vertido por la
demandada. en cuanto a lo determinado en la apelada respecto al pago de los beneficios
sociales (Vacaciones S/.39,430.56, Gratificacione |
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EXPEDIENTE : 18771-2015-0-1801-JR-LA-15
DEMANDANTE : JORGE AUGUSTO AVENDAÑO GUABLOCHE
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : YULIANA CONTRERAS PORTUGAL
SECRETARIO : EDGARDO CIRIACO SALINAS
SENTENCIA N° 162-2016
RESOLUCION NUMERO DOS
Lima, veintiocho de junio del dos mil dieciséis.-
I.- PARTE EXPOSITIVA
I.1 DEMANDA.- Resulta de autos que de fojas 469 a 497, JORGE AUGUSTO
AVENDAÑO GUABLOCHE, interpone demanda de desnaturalización de
contratos y otros, y la dirige contra BANCO DE LA NACIÓN. Fundamenta sus
pretensiones manifestando que ingresó a laborar para la demandada con fecha
17 de octubre del 2006 hasta el 24 de julio de 2015, en el Departamento de
Operaciones, enel Departamento de Control Patrimonial del Banco de la
Nación desempeñándose como Analista de Control Patrimonial, señala que la
labor que realiza implica el cumplir con una jornada y horario de trabajo y estar
sujeto a las órdenes e indicaciones de sus superiores quienes le indican las
labores que debe realizar. Manifiesta además, que su persona debe
permanecer físicamente en su ambiente de trabajo, el cual se encuentra
especialmente acondicionado y equipado por la demandada, siendo que como
parte de sus funciones efectúa es gestionar la baja de los bienes muebles que
ya no son necesarios para la operatividad del banco así como proponer
subastas, permuta o destino final, gestionar la legalización de los libros y
registros. Señala que a pesar de las labores realizadas no ha sido registrado en
el Libro de Planillas correspondiente, pretendiéndose configurar una variación
de la relación laboral al requerírsele suscribir contratos de locación de servicios
desde el inicio de la relación laboral, sin embargo, debido a la naturaleza del
cargo que ocupa, corresponde a un cargo dependiente y permanente, por lo
que se desempeña en la práctica como trabajador a plazo indeterminado.
Finalmente indica, que al haberse desnaturalizado dichos contratos como
locador de servicios, le correspondería el pago de beneficios sociales tales
como compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, pago de
vacaciones dobles y simples, todo ello ascendente a la suma de S/. 91,749.28
soles, debido a que la demandada ha incumplido sus obligaciones legales,
puesto que no asume el pago de los conceptos señalados. En cuanto al
despido, a pesar de haber mantenido un vínculo laboral en forma continua y
ocupar un cargo de naturaleza permanente y al vencimiento de mi último
contrato no se procedió al requerimiento y se prescindía me mis servicios y el
día 30 de julio concurra con un efectivo policial a fin de que se constate el PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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despido del cual fui objeto y con fecha 10 de agosto me constituí con un
inspector de trabajo y la demandada en ambas diligencias negó el vínculo
laboral mantenido y que mi cese fue debido al término de contrato de locación
de servicios. Sin embargo no se trataba del vencimiento del contrato sino de un
despido incausado, es por ello que solicito que ordene a la demandada mi
reposición al centro de trabajo en el cargo desempeñado. Asimismo solicito el
pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde el cese hasta la
reincorporación efectiva asi como el pago de la compensación por tiempo de
servicios, vacaciones y gratificaciones, también solicito que si no se ampara mi
pretensión de reposición solicito la indemnización por despido arbitrario.
I.2 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.- Admitida la demanda, mediante
resolución número uno, de fecha 28 de abril del 2015, se citó a las partes a la
audiencia de conciliación. En dicha audiencia, las partes no han arribado a
conciliación alguna, por lo que se tuvo por contestada la demanda y por
ofrecidos los medios probatorios y se fijó fecha para la audiencia de
juzgamiento.
I.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- Se requirió a la demandada a fin de
que presente su escrito de contestación, documento que corre de fojas 507 a
528 en la cual refiere, que su representada es una entidad financiera
demandada que siempre ha actuado ciñéndose estrictamente a las
disposiciones legales y administrativas que regulan los contratos de locación de
servicios, afirmando que el demandante nunca ha tenido la condición de
trabajador, y que no ha ejercido un cargo específico durante la prestación de
servicios, que las labores desarrolladas fueron autónomas y no subordinadas y
que los servicios prestados no fueron continuos, pues estos fueron
discontinuos, los mismos que se puede verificar con los contratos adjuntos;
tampoco ha operado poder de dirección ni muchos menos haber desarrollado
las actividades como Analista de Control patrimonial. Manifiesta que los
Contratos de Locación de Servicios suscritos con el actor fueron a plazo
determinado, bajo las normas que señala el Código Civil, es decir de orden
temporal y sin vínculo laboral, no existiendo continuidad, al advertirse que los
mismos tienen interrupciones. En ese sentido, establece que el demandante
solo fue un locador de servicios, por cuya contraprestación se le retribuía con la
suma de S/. 3, 000.00 soles, previo giro del respectivo recibo por honorarios.
Así también, señala que los documentos que acompaña el demandante, no
acreditan la existencia de relación laboral ni existen suficientes elementos que
configuren la relación laboral de trabajo personal, remunerado y subordinado.
Que el motivo de la extinción del vínculo contractual entre las partes fue el
término de la ejecución del último contrato de locación de servicios razón por la
cual no ha existido despido. Asimismo el precedente vinculante del Tribunal
Constitucional establece que no procede la reposición de trabajadores que no
hayan ingresado mediante concurso público a una plaza vacante y que al ser
su representada una empresa de propiedad del Estado, es un integrante del
poder ejecutivo y se entiende que se encuentra adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas.- PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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I.4 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.- A la audiencia de juzgamiento,
concurrieron ambas partes, se procedió al informe oral de las pretensiones
demandadas y sus fundamentos. En la etapa de actuación probatoria, se
determinaron los hechos que requieren y los que no requieren de actuación
probatoria, se admitieron y se actuaron los medios probatorios ofrecidos; por lo
que realizado el alegato final o de salida de la parte demandante, el juzgador,
hizo saber a la parte que difería el fallo, y citó a las partes para que
comparezcan el día 28 de junio de 2016, a horas cuatro y treinta de la tarde,
por lo que corresponde emitir la sentencia respectiva, en los términos
siguientes.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.-
II.1 Que, conforme al artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
corresponde a las partes probar los hechos que configuran su pretensión; y
esencialmente al trabajador probar la existencia de la prestación personal del
servicio; cuando corresponda; asimismo, si el demandante invoca la calidad de
trabajador o ex trabajador, le corresponde probar la existencia de la fuente
normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal,
el motivo de nulidad invocado, el acto de hostilidad padecido, y la existencia de
daño alegado. Al empleador, probar el pago, el cumplimiento de las normas, de
sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad, la existencia de un
motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado, el estado del vínculo laboral
y la causa del despido.
II.2 Materia de la Controversia: Que, la existencia de la relación laboral, ha
sido negado y contradicho por la emplazada, lo que es menester, en primer
lugar, determinar la naturaleza de la relación jurídica entre las partes, es decir
si ha existido relación laboral, con contrato de trabajo como refiere el actor; o
de una relación de naturaleza civil sin la existencia de subordinación o
dependencia, como refiere la demandada; y a consecuencia de ello, establecer
si resultan amparables o no los beneficios sociales que reclama el actor.
II.3 Del principio de primacía de la realidad: El principio de la primacía de la
realidad enuncia que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que consta en los documentos o acuerdos, debe otorgarse
preferencia a lo primero, es decir, que aun cuando exista un contrato de
naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una relación contractual
entre las partes es la forma como en la práctica se ejecuta dicho contrato,
esto es, la preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato.-
II.4 Presunción de laboralidad: Que, a fin de establecer la existencia de
vínculo laboral, se debe tener en cuenta que el artículo 23° de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, en el numeral 23.2 del artículo 23°
establece expresamente lo siguiente: "Acreditada la prestación personal de
servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado,
salvo prueba en contrario." (sic); lo que significa que la norma procesal laboral
vigente ha introducido una nueva forma de presunción de laboralidad. En el PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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presente caso, el actor ha manifestado que su labor en el periodo aludido, ha
efectuado en forma personal como Analista de Control Patrimonial, división de
Servicios en el departamento de Logística, lo que no ha sido negado ni
contradicho, hecho que además se encuentra acreditado con los contratos de
locación de servicios y sus respectivas adendas que corren a fojas 08 a 138 de
autos, en cuya cláusula tercera se ha establecido que: “Es objeto de EL
CONTRATO la prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA,
atendiendo a los términos contenidos en LAS BASES, las mismas que forman
parte integrante de EL CONTRATO.” Asimismo, en dicha cláusula se ha
precisado los servicios a realizarse por el actor conforme: “En ese sentido, por
el presente instrumento EL CONTRATISTA se compromete a realizar los
servicios que se precisan a continuación:
Toma de inventario físico como apoyo en las dependencias Oficina principal y
sede Javier Prado.
Búsqueda de datos en archivos para conciliación de onformación aplicativo
ABAF y COAF por factura.
Apoyo en conteo y conciliación de información de sucursales y agencias de
Lima.
Reconteo diferencias dependencias de la oficina principal.
Reconteo diferencias dependencias de la sede Javier Prado.
Otras labores encomendadas por la jefatura
En otros contratos de locación de servicios, la descripción de los servicios a
prestar por parte de la demandante se encuentra descritas en el Anexo N° I -
Condiciones Particulares que corren a fojas 22, 36, 42, 50, 57, 79, 92, 99, 105,
111, 117 y 129 estableciendo: “OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES
ESPECÍFICAS DE EL LOCADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE EL
SERVICIO.
Entre otros, y si bien se aprecia que se ha establecido varios servicios a prestar
por el actor, sin embargo no es menos cierto que dichos servicios fueron
brindados siempre para el Departamento de Logística, hecho que no ha sido
negado por la demandada, y que se encuentra plasmados en los Anexos N° 01
referidos: “7. AREA USUARIA: Departamento de Logística, División Servicios,
Sección Control Patrimonial y Seguros”.
En el mismo sentido, en la cláusula quinta de los contratos referidos, se ha
establecido las obligaciones y responsabilidades del demandante; obligaciones
descritas, se establece que no pueden ser delegadas total o parcial a otra
persona conforme lo establece en la cláusula sexta “ el Locador se
compromete a no delegar a otra persona la conducción de la ejecución parcial
o total el servicio, salvo que el banco lo autorice expresamente por escrito”.
Además se tiene los correos electrónicos que recibía el demandante, cuyo
usuario y password le fueron facilitados por la demandada, documentos con los
que se acredita que los servicios prestados por la accionante eran otorgados
de manera personal, y en situación de dependencia; medios probatorios, que
llevan al convencimiento del juzgador, de que las labores efectuados por el
demandante eran realizadas en forma personal, y siendo que la demandada no
ha desvirtuado la prestación personal del servicio del actor; ni menos
desvirtúan la presunción de existencia del vínculo laboral establecida en la
norma citada; más aún si correspondía a la demandada, la carga de probar lo PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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contrario; lo que no ha efectuado, de conformidad a lo dispuesto por el numeral
23.2 del artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
II.5 De la Desnaturalización de los contratos de locación de servicios:
Que, sin perjuicio de lo determinado en el considerando precedente, respecto a
los otros elementos, que lo estipulan los artículos 4°, 5°, 6° y 9° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que
señalan que en toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado; y que se considera a la subordinación, a la prestación de un
servicio bajo la dirección de otro, en virtud del cual, el primero pone a
disposición del segundo su fuerza de trabajo y le confiere simultáneamente el
poder de dirigirla. Y la Remuneración, que viene a ser el pago o
contraprestación por la labor realizada; al que se deberá de añadir otras
características de dicho contrato, tales como: jornada de trabajo, entre otros;
mientras que en un contrato civil de locación de servicios no existe
dependencia; sino que el locatario del servicio, o comitente, contrata para el
desarrollo de una actividad o servicio que el locador puede hacer como desee,
dentro de ciertos marcos de profesionalidad, usos o experiencia.
Siendo así, y estando a que el considerando precedente se ha determinado la
prestación personal de los servicios realizados por el actor para la accionada,
lo que no ha sido desvirtuado por la demandada, incluso en los contratos se
establece que no puede delegar a terceros. Respecto al segundo elemento
referido al trabajo remunerado, se puede ver de los contratos de locación de
servicios que el accionante acuerda pagar al actor la suma de S/. 1,900.00
soles mensuales por la prestación del servicio, hecho que ha sido reafirmado
por el demandante en su escrito de demanda y que la emplazada no ha
negado ni contradicho, al establecer en su contestación que: “(…) se le
“retribuía” con la suma de S/. 1,900.00 soles previo giro del respectivo recibo
por honorarios”.
Y respecto al tercer elemento, referido a la subordinación, se debe tener en
cuenta que, conforme a los propios contratos de locación de servicios antes
referidos, el demandante prestó servicios para la emplazada como Analista de
Control Patrimonial, para gestionar la baja de los bienes muebles que ya no
son necesarios para la operatividad del banco, así como proponer la subasta,
permuta o destino final, gestionar la legalización de los libros y registros
vinculados a los asuntos tributarios de los bienes patrimoniales del Banco,
efectuada la conciliación anual del inventario de bienes muebles registrados
con el inventario físico reportado por las unidades orgánicas del banco ,
mantener la actualización la valuación y depreciación de los bienes activo fijo,
en coordinación con el departamento de contabilidad , entre otros o cualquier
otra función que se le encargaba mediante correo, y que no necesariamente se
encontraba descrita en el contrato; y estando a que todas estas funciones lo
realizaba a favor de la sección del Departamento de Logística del Banco de la
Nación conforme consta de los anexos 001 antes referidos, hecho que tampoco
ha sido contradicho por la emplazada; labores de Apoyo que por su naturaleza
son prestados en subordinación y no en forma independiente, por cuanto existe
supervisión de la persona a quien se auxilia o se apoya, máxime cuando en la PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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cláusula novena, de los contratos de locación de servicios, se señala:
“Supervición.- EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de terceros
que el banco designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento del contrato”.
En atención a ello, la demandada procedía a controlar y efectuar el seguimiento
de la prestación del servicio del actor, con lo que queda acreditado que la
emplazada podía disponer del actor, para diferentes actividades; disposición de
personal que es característica común en los contratos de trabajo, y no en los
contratos autónomos; además se le asignaba al demandante usuario 2637005
(medio probatorio 4 de la demanda) y contraseña para el mejor
desenvolvimiento de sus funciones. Por tanto, de las pruebas glosadas y
detalladas líneas antes, se ha podido determinar que en la realización de las
labores por el actor a favor del banco demandado, hechos que también se
acredita con los correos electrónicos obrantes en autos, en consecuencia ha
existido los elementos de trabajo personal, remunerado y subordinado,
situación que no ha podido ser desvirtuado por la demandada a lo largo del
proceso. En tal sentido, en el presente caso, corresponde la aplicación del
principio de primacía de la realidad, que constituye un elemento implícito de
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia
naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, como ha sido precisado por el
Tribunal Constitucional el fundamento 3 de la STC N° 1944-2002-AA/TC, que: “
(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de
los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que ha
sucede en el terreno de los hechos”; por lo que en el presente caso, no
correspondía contratos civiles, como los denominados "contrato de servicios no
personales", sino más bien contrato de naturaleza laboral, por lo que esta
Judicatura valorando los medios probatorios actuados en forma conjunta, y
apreciando razonadamente, concluye que la naturaleza de la prestación del
trabajador para la demandada fue la de un contrato de trabajo indeterminado,
por ende, sin valor legal alguno los supuestos contratos de servicios no
personales, por haberse desnaturalizado los mismos conforme a lo establecido
por el literal d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ya que ha quedado acreditado, que la
emplazada ha simulado la existencia de contratos de naturaleza civil, cuando
en realidad se trataban de contratos de trabajo, dada las condiciones en que
eran prestadas; por lo que se tiene que el actor por el período 17 de octubre del
2006 hasta el 24 de julio del 2015, la misma que al haberse desnaturalizado
constituye un contrato de trabajo a plazo indeterminado, deviniendo, en
consecuencia, fundado este extremo.
II.6 Del despido incausado: Que, respecto a la Reposición por Despido
Incausado, es de necesario precisar, que el derecho al trabajo está reconocido
por el artículo 22º de la Constitución Política del Perú, cuyo contenido esencial
de este derecho constitucional, implica dos aspectos: el de acceder a un puesto
de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por
causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por
parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un
puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto
de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es el que resulta
relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Asimismo, se debe
tener en cuenta, que la figura del despido incausado, fue definido por el
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1124-2002-
AA/TC de fecha 11 de julio de 2002, considerando que el despido incausado se
produce cuando se despide a un trabajador, ya sea de manera verbal o
mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la
conducta o la labor que la justifique.
En el presente caso, conforme fue determinado en el considerando cuarto de
esta sentencia, se encuentra acreditado que el actor desde el inicio de la
relación laboral se encontraba sujeta al régimen de la actividad privada a plazo
indeterminado, por lo tanto, al demandante sólo podía ser despedido por una
causa justa relacionada con la capacidad o con la conducta, como lo
establecen los artículos 22° y 24° del TUO del Decr eto Legislativo N° 728,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; Y de lo expuesto, se advierte
que la demandada no ha cumplido con detallar el motivo de cese del actor, y
tampoco, ha cumplido con el procedimiento que establece la norma, esto es,
poner en conocimiento mediante carta de pre aviso de despido, y con la
absolución del actor, resolver mediante carta de despido, las consideraciones
que conlleven el cese definitivo, siempre y cuando, estén dentro del marco
legal, que también guarda semejanza con el artículo 32° del Decreto Legislativo
N° 728 que textualmente señala: “El empleador no podrá despedir por causa
relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes
otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para
que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo
aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal
posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o
corrija su deficiencia”; lo que en el caso concreto nunca sucedió, lo que si
pretende la demandada en su defensa sin embargo, en el presente caso, que
el actor fue despedido por vencimiento de contrato en el cual por decisión
unilateral la demandada determina el cese del actor, hecho que se encuentra
acreditado con la constatación policial y la verificación de despido arbitrario
obrantes a fojas 457 y 458 respectivamente donde señalan “que no tiene
contrato, no tiene fecha de ingreso, cese ni remuneración ni horario de trabajo”;
con lo cual se demuestra la intención, interés de despedir al actor. Asimismo es
de tener presente que fue un despido de hecho y este despido de hecho se
encuentra contemplado en el artículo 45º del Decreto Supremo 001-96-TR1
estrechamente vinculado al despido incausado o despido Ad Nutum, es decir,
aquel despido que no se ajusta al principio de causalidad, basado en la
voluntad discrecional del empleador y que lesiona el derecho del trabajador,
pues al desconocer la motivación del mismo se priva a éste de ejercer el
derecho a su defensa, lo que en la práctica, constituye un despido de hecho; y
como ha sido determinado, la demandada ha despedido al demandante, sin
expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, por
lo que la ruptura del vínculo laboral sustentada en la decisión unilateral y sin
expresión de causa tiene el carácter de un despido incausado, a que se refiere
el artículo 34º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral el mismo
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que fue declarado lesivo al derecho del trabajo, por el Tribunal Constitucional,
mediante sentencia recaída en el Expediente N° 1124-2011-AA/TC de fecha 11
de julio del dos mil dos; lo que trae como consecuencia que se ordene la
reposición de la demandante en su puesto habitual de labores, conforme a la
protección que para estos casos prevé, por lo que este extremo resulta ser
fundado.
Sin perjuicio a lo determinado, se debe tener en cuenta que la emplazada ha
argumentado en su escrito de contestación a la demanda (fs. 542 a 547) que la
judicatura debe tener presente la aplicación del precedente Huatuco, señalando
que en virtud de ésta, se estableció de manera expresa que no resulta
jurídicamente viable ordenar la reposición en el sector público, de aquellos
trabajadores que no acrediten haber ingresado por concurso público a una
plaza debidamente presupuestada y vacante de duración indeterminada pues
en el presente caso ha quedado acreditado que el ingreso del accionante fue
como locador de servicios y no como resultado de haber ganado un concurso
público.
Al respecto, cabe señalar que el Banco de la Nación, está constituido como una
empresa de derecho público que opera con autonomía económica, financiera y
administrativa, conforme lo disponen los artículos 48° y 49° del Decreto
Legislativo N° 183 - Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas,
concordado con el artículo 1 del Estatuto del Banco de la Nación, aprobado por
el Decreto Supremo N° 07-94-EF, norma que establece en su artículo 3° que el
Banco se rige por el Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado
y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y
de Seguros." (sic), lo que significa que los trabajadores del Banco de la Nación,
no se encuentran comprendidos en la función pública, al ser una empresa del
Estado, como así lo establecen en forma expresa el artículo 40° de la
Constitución Política del Perú, por consiguiente, no es aplicable, al presente
caso, el precedente vinculante expedido por el Tribunal Constitucional recaído
en el expediente N° 05057-2013-PA/TC; por lo que el argumento de la
demandada no es procedente. En cuanto al pago de la indemnización por
despido arbitrario al haberse estimado la reposición por despido incausado,
resulta innecesario pronunciarse por esta pretensión subordinada.
II.7 De las Remuneraciones Devengadas: Se debe tener en cuenta, que en
los considerandos precedentes se ha establecido que la demandada ha
despedido al actor sin causa justa relacionada a su conducta o su capacidad,
configurándose el despido incausado. En ese sentido, en los casos en que se
dispone la reposición por nulidad de despido, la norma hace una excepción
respecto al pago de remuneraciones cuando no se ha realizado labores
efectivas, lo que constituye una sanción para el empleador por su actuar al
margen de la ley, y contra la protección constitucional del derecho al trabajo, de
igual manera ante el despido incausado, efectuado a la demandante,
corresponde la misma sanción establecida, por cuanto, al haber dispuesto el
Tribunal Constitucional, que en los despidos "incausado" y "fraudulento"
procede la Reposición en su empleo, también resulta procedente la sanción de
pago de las remuneraciones devengadas, por lo que este extremo de la
demanda, también deviene en fundada, por lo que la demandada deberá
abonar las remuneraciones devengadas desde la fecha de despido hasta su PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
Av.Abancay Cdra. 5, Esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque Universitario - Edificio
“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
reposición efectiva, con deducción de los periodos de inactividad procesal no
imputables a las partes, cuyo monto será determinado en ejecución de
sentencia.
Que es siendo así, corresponde determinar los demás pretensiones
reclamadas siguientes: a) si corresponde el pago de la compensación por
tiempo de servicios que reclama; b) si corresponde el pago de las vacaciones
adquiridas y no gozadas e indemnización vacacional, vacaciones dobles y
simples que reclama; y, c) si corresponde el pago de las gratificaciones legales,
más 9% por concepto de bonificación extraordinaria que reclama;
II.8 De la Compensación por tiempo de servicios: Que, el artículo 1º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, aplicable a los trabajadores
sujetos al régimen laboral común de la actividad privada, establece que
corresponde a los trabajadores que cumplan, cuando menos en promedio, una
jornada mínima diaria de cuatro horas; asimismo, la Compensación por Tiempo
de Servicios, tiene la calidad de beneficio social de previsión de las
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y
su familia; y conforme al segundo párrafo del artículo segundo de la norma
citada, la Compensación por Tiempo de Servicios se deposita semestralmente
en la institución elegida por el trabajador, y que efectuado el depósito queda
cumplida y pagada la obligación, por lo que teniendo en cuenta a lo dispuesto
por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente a los procesos Laborales, se debe tener en cuenta que el
artículo 12° del Decreto Ley N° 25572, modificado p or el artículo 1° de la Ley
N° 25807, establece expresamente: “Precisase que las Entidades del Gobierno
Central y Organismos cuyo personal se encuentra sujeto al régimen laboral de
la Ley Nº 4916, no están comprendidas en la aplicación del Decreto Legislativo
Nº 650 y el Decreto Ley Nº 25460 únicamente para efectos de los depósitos
correspondientes a la compensación por tiempo de servicios en las
instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales
y cajas municipales de ahorro y crédito, constituyéndose en depositarios
obligatorios de dichos fondos y asumiendo las cargas financieras respectivas.
No están comprendidos en la presente norma las empresas y organismos
señalados en la Ley Nº 24948."; (sic.), lo que significa que el demandante al
impugnar su cese y habiéndose dispuesto su reposición, la emplazada por
imperio de la ley se ha convertido en depositario obligatorio de la
Compensación por Tiempo de Servicios de la accionante; siendo la suma a
custodiarse por el periodo reclamado la suma de 08 a 138, se ha determinado
la existencia de relación laboral desde el 17 de octubre de 2006 hasta la fecha,
sin embargo, la emplazada, no ha cumplido con acreditar haber efectuado los
depósitos respectivos por todo período reclamado, por lo que el extremo
reclamado es fundado. A fin determinar los montos que correspondería por
este concepto, se tendrá en cuenta los montos que en forma efectiva a
percibido el actor conforme a los contratos de locación de servicios que corren
a fojas 02 a 120 de autos, montos establecidos en el cuadro siguiente:
Compensación por Tiempo de Servicios PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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Tiempo Remuneración
Periodo Remuneración Deposito CTS
Efectivo Promed.Gratificación Computable
17/10/06 31/10/06 15D 1,000.00 1,000.00 41.67
01/11/06 30/04/07 06M 1,200.00 55.56 1,255.56 627.78
01/05/07 31/10/07 06M 1,500.00 200.00 1,700.00 850.00
01/11/07 30/04/08 06M 1,500.00 250.00 1,750.00 875.00
01/05/08 31/10/08 06M 1,500.00 250.00 1,750.00 875.00
01/11/08 30/04/09 06M 1,500.00 250.00 1,750.00 875.00
01/05/09 3 |
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EXPEDIENTE : 18771-2015-94-1801-JR-LA-15
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
MAGISTRADO : JORGE RAUL HUARINGA SALVATIERRA
SECRETARIO : FREDDY VASQUEZ CARQUIN
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
DEMANDANTE : JORGE AUGUSTO AVENDAÑO GUABLOCHE
RAZÓN
Señorita Magistrado:
Informo a usted que en la fecha
se viene a dar cuenta de un oficio pendiente de proveer, para lo cual se deberá
tener en cuenta que el suscrito viene asumiendo a la fecha la secretaria en
etapa de ejecución de sentencia de dos juzgados como son el 15° y 16°
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente. En tal razón se ha generado
una gran carga procesal la cual se viene superando dentro de lo humanamente
posible. Es todo lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima, 09 de noviembre del 2017.
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS.-
Lima, diez de noviembre del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Por recibido el OFICIO Nº 18771-2015-0-1801-JR-LA-15 proveniente de la
Tercera Sala Laboral de Lima con copias certificadas de la sentencia de
segunda Instancia; generado el incidente N° 18771-2015-94-1801-JR-LA-15; y
estando a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima
mediante la Sentencia de Vista S/N de fecha 27 de Abril del 2017,
RESUELVE:
1. REVOCAR la Sentencia N° 162-2016, contenida en la Resolución N° 02
de fecha 28 de junio de 2016, obrante de fojas 535 a 541, en el extremo
que declara fundado el pago de las remuneraciones devengadas y costas del proceso, las que REFORMANDOLAS declararon Infundados
dichos extremos;
2. CONFIRMARON la Sentencia en cuanto declara fundada la demanda
en el extremo que declara desnaturalizados los contratos de servicios no
personales por el período del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de
2015, determinándose que existe un contrato de trabajo a plazo
indeterminado, debiendo registrarlo en la planilla de pago de
remuneraciones; y ORDENARON que la demandada abone a favor del
demandante la suma ascendente a S/.72,168.89 (SETENTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO CON 89/100 SOLES), por los conceptos
de gratificaciones y vacaciones; más los intereses legales respectivos;
con costos;
3. DISPUSIERON que la demandada custodie la compensación por
tiempo de servicios del demandante por la suma de S/. 18,158.31
(DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES)
por el periodo del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015.
4. DECLARARON el cese del demandante como un despido incausado, en
consecuencia ORDENARON que la entidad demandada REPONGA al
demandante en su puesto habitual de labores. EXONERANDO a la
demandada del pago de las costas procesales.
SEGUNDO.- Mediante Resolución N° 05 de fecha 13 de junio del 2017, se ha
concedido recurso de casación a la demandada contra la Sentencia de Vista,
citada en el considerando anterior, remitiendo a este juzgado copia de la
Sentencia de Vista para la formación del cuaderno correspondiente.
TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 38° de la Ley N°
29497, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la
sentencia impugnada, salvo las excepciones que allí se indican, por lo que no
advirtiéndose ninguna, corresponde requerir a la emplazada a efectos de que
cumpla con el pago determinado por el superior Jerárquico.
CUARTO: Que si bien es cierto la demandada es una Institución Pública y el
cumplimiento de las obligaciones dinerarias dispuestas por mandato judicial, se encuentran sujetas a un procedimiento especial, regulado por el artículo 47° de
la Ley del Proceso Contencioso Administrativo de la Ley 27584.
QUINTO: En este orden, y a efecto de disponer la ejecución forzada para que
la ejecutada cumpla con el pago de la suma adeudada, debe observarse
previamente los pasos, y/o procedimientos especiales establecidos en el pre
citado artículo 47° de la Ley 27584 cuyo precepto refiere que las sentencias
en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán
atendidas por el pliego presupuestario en donde se genera la deuda, bajo
responsabilidad del Titular del pliego, y su cumplimiento se hará de
acuerdo a los procedimientos que se señalen en sus numerales 47.1, 47.2,
47.3. y 47.4.
Por estas Consideraciones:
SE RESUELVE
1. FORMESE EL CUADERNO del presente incidente adhiriéndose copias
de la sentencia de primera instancia expedida por este juzgado;
prosiguiendo con la numeración de las resoluciones, conforme el
expediente Principal.
2. REQUERIR a la demandada BANCO DE LA NACIÓN a efectos de que
cumpla con reconocer al actor con contrato de trabajo a plazo
indeterminado por el período del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de
2015, debiendo registrarlo en la planilla de pago de remuneraciones.-
Debiendo precisar lo conveniente respecto del cumplimiento del
mandato dentro del plazo de cinco (5) días.- Bajo apercibimiento de
imponérsele multas sucesivas, acumulativas y crecientes hasta el
cumplimiento del presente mandato.
3. NOTIFICAR a la demandada BANCO DE LA NACIÓN por intermedio
de su Procurador Publico, a fin que CUMPLA en el plazo de CINCO (5)
DÍAS con el pago de S/.72,168.89 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON 89/100 SOLES), por los conceptos de
gratificaciones y vacaciones; a favor del actor Ó en su defecto
proceda en el plazo de QUINCE (15) días a dar inicio al
procedimiento previsto en el artículo 47° de la Ley 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo, y en el mismo plazo, cumpla
con presentar documento indubitable y de fecha cierta que dicha
suma ha sido considerada en una partida especial para el siguiente
ejercicio presupuestario. Debiendo la entidad ejecutada tomar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución, bajo
apercibimiento de responsabilidad del titular del pliego y de hacerse
efectivo lo dispuesto por el artículo 47.4 de la Ley 27584; debiendo el Procurador Publico de la entidad demandada realizar las gestiones
administrativas a fin de poner en conocimiento del Titular del Pliego y de
la Oficina General de Administración la sentencia emitida por esta
Judicatura con la finalidad de cumpla con el mandato ordenado en
autos.
4. NOTIFICAR a la demandada BANCO DE LA NACIÓN por intermedio de
su Procurador Público, custodie la compensación por tiempo de
servicios del demandante por la suma de S/. 18,158.31 (DIECIOCHO
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES) por el periodo
del 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015.- Bajo apercibimiento
de imponérsele multas sucesivas, acumulativas y crecientes hasta el
cumplimiento del presente mandato.
5. REQUIERASE a la demandada BANCO DE LA NACIÓN a fin de que
CUMPLA REPONER a la demandante en su puesto habitual de labores,
para lo cual la demandada deberá brindar todas las facilidades del caso
a la Secretaria de Actos Externos a fin de que cumpla con lo
comisionado dejando constancia en el acta respectiva la reposición del
demandante u cualquier otra incidencia.- Bajo apercibimiento de
imponérsele multas sucesivas, acumulativas y crecientes hasta el
cumplimiento del presente mandato.
6. HABILITESE a la Secretaria de Actos Externos a fin de que CUMPLA
con lo comisionado en cumplimiento de la presente al mandato judicial
de la presente resolución.
7. CUMPLA previamente la parte demandante con apersonarse a este
Modulo Laboral II – Modulo Corporativo – Piso.18 del Edificio Alzamora
Valdez a fin de programar día, fecha y hora para hacerse efectivo el
mandato judicial comisionado.
A la vista de un escrito presentado por el actor de fecha 01 de setiembre del
2017. Al principal y otrosí es: Téngase presente, y estese a lo dispuesto por
la presente resolución.-
Avocándose de la presente causa el Magistrado que suscribe, designado
mediante Resolución Administrativa N° 149-2017- P-CSJL/PJ.-
Interviniendo el secretario judicial cursor que da cuenta por Disposición
Superior.-
NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
Señores:
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
TAXA MARCOS
Lima, ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
AUTOS Y VISTOS: Traídos para resolver el cuaderno de apelación; e
interviniendo como ponente el Señor Juez Superior Enrique Taxa Marcos;
MATERIA DEL RECURSO:
Que, es materia de apelación la Resolución N° 03, de fecha 11 de abril de 2016,
obrante de fojas 485 a 486 que declara infundada la oposición formulada por la
demandada Banco de la Nación;
AGRAVIOS:
Que, la demandada en su recurso de apelación de fecha 20 de abril de 2016,
obrante de fojas 489 a 504, señala como agravios los siguientes:
I. Que, la recurrida vulnera el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú así como el contenido al debido proceso.
II. Que, el Juzgado en ningún momento tomó en cuenta lo señalado en el
escrito de oposición cautelar, así también el Juez al conceder la medida
cautelar está en realidad ejecutando la sentencia, lo cual no constituye
materia de una medida cautelar;
III. Que, el A quo no cumplió con analizar los requisitos establecidos para la
procedencia de la medida cautelar como la verosimilitud en el derecho no
ha tomado en cuenta que contra dicho pronunciamiento se ha interpuesto
el recurso de apelación, así como tampoco se acreditó la existencia del
peligro en la demora.
IV. Que, no proceden medidas cautelares contra las entidades conformantes
del Poder Ejecutivo, de conformidad al artículo 616 del Código Procesal
Civil, teniendo en cuenta que el Banco de la Nación conforme los alcances
del Título IV de la Ley N° 29158- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
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EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
Banco de la Nación es una entidad pública del Estado por ser empresa del
mismo, en consecuencia parte del Poder Ejecutivo, así también existe
obligatoriedad en la aplicación del Precedente vinculante recaído en el
expediente N° 5057-2013-PA/TC caso Huatuco Huatuco en el cual se ha
establecido que no resulta viable la reposición del demandante que alega
ser empleado de cualquier ente del sector público si es que no obtuvo el
puesto luego de haber participado en un concurso público de méritos;
CONSIDERANDO:
Primero: Que, de conformidad con el artículo 370°, in fine, del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente -que recoge, en parte, el principio contenido en el
aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum-cuando la apelación es de
un auto, la competencia del superior sólo alcanza a este y a su tramitación, por
lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
contenidos en el escrito de su propósito;
Segundo: En cuanto al agravio i) planteado por la demandada en contra de la
resolución recurrida alegando que existe error debido a una indebida motivación;
al respecto es vital señalar que para una correcta administración de justicia el
Tribunal Constitucional ha definido los alcances de la motivación en el
Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, como: “(…) una garantía del justiciable
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.
Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales.”; así como también, en los fundamentos 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4 de la STC
N° 3433-2013-PA/TC, de fecha 18 de marzo de 2014 y en los fundamentos
2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 de la STC N° 01858-2014-PA/TC, de fecha 10 de diciembre
de 2015; consecuentemente la motivación está orientada a que el Juez proceda
a enunciar los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a adoptar una
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determinada decisión, haciendo un análisis de los medios probatorios aportados
en el proceso; por lo que, si una decisión le es adversa a una de las partes no
implica en absoluto que la resolución no se encuentre debidamente motivada;
Siendo ello así y analizada la recurrida se infiere que cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 122° del Código Procesal Civil, por tanto contiene
razonamiento lógico, cumpliendo así con la motivación exigida, razón por la que
no se advierte el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139°
de la Constitución Política del Perú, como infiere la demandada; resultando por
ende infundado el agravio i) formulado;
Tercero: En cuanto a los agravios ii), iii) y iv) formulados por la demandada
Al respecto, el segundo párrafo del artículo 54° de la Ley N° 29497 Nueva Ley
Procesal del Trabajo señala respectivamente: “(...) Cumplidos los requisitos, el
juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más
adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal (…)”; Asimismo el
artículo 637° del Código Procesal Civil señala: “La solicitud cautelar es
concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los
fundamentos y prueba de la solicitud.(…). Una vez dictada la medida cautelar, la
parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días,
contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que
pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no
suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin
efecto la medida cautelar. (…).”;
Cuarto: Que, la medida cautelar se caracteriza por ser provisoria, instrumental y
variable atendiendo a que solo tiene vigencia hasta que se resuelva en definitiva
y con el carácter de ejecutoria la cuestión de fondo a que se contrae el petitorio
de la demanda u objeto del proceso; siendo así el recurrente solicitó la medida
cautelar de innovar- reposición, que es aquella mediante la cual ante la
inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas
a reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el
sustento de la demanda. Esta medida es excepcional por lo que sólo se
concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley, conforme lo
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EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
establece el artículo 682° del Código Procesal Civil aplicable de manera
supletoria;
Quinto: Que, en el caso de las medidas cautelares innovativas señala el jurista
argentino Jorge Peyrano: “El Juez debe extremar su celo en verificar si el
peticionante goza de una apariencia de derecho a fin de acreditar la verosimilitud
del derecho invocado, debiendo en estos casos el interesado emprender una
actividad probatoria elemental pero no por eso menos sería que la razón le
asiste prima facie”1;
Sexto: Que, así también cabe precisar que toda solicitud de medida cautelar,
exige el cumplimiento de ciertos requisitos y/o presupuestos generales como: a)
La apariencia del derecho invocado “fumus boni iuris”, es decir el rasgo o
aspecto exterior de derecho que debe contener el pedido constituyendo en si un
hecho verosímil, es decir basta que aparezca como muy probable, así en la
Ejecutoria de la Sala de Derecho Social y Constitucional Permanente en la
Medida Cautelar 582-2003 de fecha 10 de junio de 2003 indica que el derecho
es verosímil cuando revista apariencia de verdadero, dependiendo la concesión
de la medida cautelar de la apreciación de las probabilidades por parte del juez,
lo que no debe confundirse con la certeza del derecho invocado, respecto de lo
cual recién se emitirá pronunciamiento al expedirse la correspondiente
sentencia; b) El peligro en la demora conocido como “periculum in mora”, Daño
marginal que puede producir el retraso, pues es el que impone al juez la
atribución de decidir con anterioridad si el fallo a dictarse podrá ejecutarse con
eficacia, es una necesidad de dictar la decisión preventiva por constituir peligro
en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable, c) La
adecuación de la medida para asegurar la eficacia de la pretensión; y d) La
contracautela llamada también por la doctrina Fianza, remedio legal para
asegurar la indemnización ante posibles perjuicios al afectado; tendiente a evitar
los perjuicios que la medida cautelar pudiera producir; presupuestos establecidos
en el artículo 611° del Código Procesal Civil;
1 Peyrano Jorge W: “Medida Cautelar Innovativa” Ed. Pepalma Bs. As. 1981
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
Séptimo: Que, siendo ello así, el demandante se encuentra en la obligación de
acreditar que la pretensión principal que se intenta asegurar o garantizar, tiene
una posibilidad razonable de ser declarada fundada al pronunciarse la sentencia,
pues la urgencia que es el verdadero fundamento para legitimar la jurisdicción
cautelar, impone que el juzgador provea basado en cognición sumaria y
superficial carente de seguridad de juzgamiento fundado en prueba plena capaz
de conducir a un juicio de certeza;
Octavo: Que, en el presente caso el accionante solicita al Juzgado se sirva
dictar Medida Cautelar de reposición contra el Banco de la Nación como es de
verse de fojas 444 a 456, indicando que mantuvo vinculo laboral con la
demandada por más de ocho años y nueve meses como Analista de Control
Patrimonial en la Sección de Control Patrimonial de la División de Servicios en el
departamento de Logística, siendo los contratos de locación de servicios
desnaturalizados, considerando que existe verosimilitud del derecho al haber
demandado el reconocimiento del vínculo laboral a través de la desnaturalización
de contratos, debiéndose hacerse a la idea de cuan probable es la existencia de
una vulneración de los derechos laborales, teniéndose en cuenta la
jurisprudencia y la doctrina que han desarrollado el tema, alegando también que
existe peligro en la demora ya que mientras se desarrollaba el proceso de
desnaturalización de contrato la demandada había decidido no renovarle
contrato por lo que quedó sin empleo lo que le causa un perjuicio económico y
moral ya que tiene la necesidad de alimentar a su familia, asimismo el
demandante señala que para tal efecto, cumple con los requisitos para que sea
concedida la medida cautelar, esto es verosimilitud del derecho invocado, peligro
en la demora y contracautela;
Noveno: Que, es de advertirse que la actuación de la medida cautelar debe
estar orientada a asegurar la eficacia de la pretensión o pretensiones, por tanto,
para su procedencia no es suficiente lo alegado por el solicitante, siendo
necesario que el juzgador observe los hechos y aprecie sus posibles
consecuencias, debiéndose aportar los elementos pertinentes que conduzcan a
dicha conclusión y de esta manera puedan causar convicción en el Juzgador;
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL DE LIMA
EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
Décimo: Que, acorde con lo expresado en el párrafo precedente, es menester
verificar la verosimilitud en el presente proceso y habiendo verificado el Sistema
Integrado Judicial – SIJ, que es de conocimiento público, advertimos que la
demandada incoada por el recurrente respecto al reconocimiento de vinculo
laboral, pago de beneficios sociales y reposición fue declarada fundada la que
fue confirmada mediante Sentencia de Vista de fecha 27 de abril de 2017, por la
Tercera Sala Laboral, proceso que fue signado con el N° 18771-2015-01801-JR-
LA-15; siendo ello así, es que contrastadas las pretensiones de la demanda, con
la medida cautelar que tiene como pretensión principal la reposición se hace
evidente que tienen las mismas connotaciones y siendo que la medida cautelar
debe estar orientada a asegurar la eficacia de la pretensión o pretensiones es
que se encuentra plenamente acreditada la verosimilitud del derecho;
Décimo Primero: Que, en cuanto al peligro en la demora, el accionante señala
que está configurado por dos elementos que son la demora en la obtención de
una sentencia definitiva y el daño marginal que se produce a causa del retraso
pues se encuentra delicado de salud a causa de una Diabetes Mellitus Insupilo
dependiente y además que producto de que falleciera de quien en vida fuera su
cónyuge Carmen Rosa Zevallos Cisneros se hizo cargo única y exclusivamente
de sus hijos menores de edad, por su parte el Aquo señaló que debiendo a que
el demandante es el unido sostén de sus menores hijos y que la exigencia de la
manutención es exclusiva del demandante y la falta de ello afectaría más aun la
salud y bienestar de su familia. Al respecto cabe señalar que si bien lo
mencionado no se encontraría relacionado con el probable incumplimiento del
mandato judicial toda vez que del análisis de autos no es suficiente señalar que
existe una demora en el proceso, teniendo en cuenta la celeridad en la que
predomina la Ley N° 29497; si debe ser considerado la afectación al derecho al
trabajo así como a las remuneraciones los cuales tendrían el carácter alimentario
y mayor aun sí conforme al artículo 38° de la Ley N° 29497 – Ley Procesal de
Trabajo “el recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias”, y lo
establecido en el artículo 615 del Código Procesal Civil; razones por las que
queda acreditado el peligro en la demora.
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EXPEDIENTE N° 18771-2015-96-1801-JR-LA-15 (A)
Décimo Segundo: Ahora bien alega la demandada que corresponde la
aplicación del precedente Huatuco Huatuco recaído en el Expediente N° 5057-
2013-PA/T; al respecto resulta necesario discernir en principio - para la
aplicación del citado precedente vinculante al caso sub examine- si los
trabajadores del Banco de la Nación pueden considerarse pertenecientes a la
actividad pública y por ende desempeñan función pública. Sobre lo primero,
debe de tenerse en cuenta que el artículo 40° de la Constitución Política del
Estado establece lo siguiente: “La ley regula el ingreso a la carrera
administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores
públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que
desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor
público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con
excepción de uno más por función docente. No están comprendidos en la
función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de
economía mixta. A su vez la ley del Servicio Civil N° 30057, publicada el 4 de
julio de 2013, en su Primera Disposición Complementaria Final dispone lo
siguiente: “No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las
empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición
complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores
civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la
República ni los servidores sujetos a carreras especiales Tampoco se
encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos
locales”. Si bien la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil prescribe:
“(…) Respecto a las empresas del Estado sujetas al ámbito de competencia del
Fondo de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, la Autoridad ejercerá
sus funciones y atribuciones en coordinación con el citado organismo, con
sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes
especiales.”. Esto no significa que para el caso de las empresas del Estado, el
organismo público denominado SERVIR deberá de ejercer sus funciones previa
coordinación con el FONAFE, lo cual no implica la aplicación de dicho régimen a
los trabajadores de tales empresas, por no estar incluidos dentro de la carrera
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administrativa. Adicionalmente, el Estatuto del Banco de la Nación (Aprobado por
Decreto Supremo N° 07-94-EF, de fecha 26/01/94, publicado el 29/01/94),
establece en su artículo 1º que “…el Banco de la Nación es una empresa de
derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con
autonomía económica, financiera y administrativa…” e igualmente teniendo en
cuenta las labores que realiza proclama en el artículo 3º que “…El Banco se rige
por este Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y
supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de
Seguros…·”.
Décimo Tercero: Lo señalado en el considerando precedente se complementa
con el Reglamento de Organización y Funciones del citado Banco (Aprobado en
Sesión de Directorio N° 2018 de fecha 03 de Setiembre 2014), que describe su
naturaleza como una empresa de derecho público, integrante del Sector
Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y
administrativa, además se precisa en dicho dispositivo que el Banco se rige por
su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y, supletoriamente,
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por último la ley Nº 24948 Ley de la
Actividad Empresarial del Estado, establece de forma contundente en su artículo
4º, apartado “c” (que regula las diversas modalidades empresariales con que
interviene el Estado en las diferentes actividades), que este lo hace en la
actividad financiera y de seguros, (caso del Banco de la Nación), de lo que se
puede establecer con meridiana claridad, que el citado ente financiero resulta ser
un Empresa del Estado de derecho público, que participa en actividades
financieras y de seguro y que además como reza el artículo 53º de la ley Nº
24948, sus trabajadores se rigen por el régimen laboral común de la actividad
privada, eso significa que la demandada no se configura como una Institución
Pública, sus trabajadores no están comprendidos dentro de la carrera pública,
como lo establece de forma principista el artículo 40° de la Constitución Política
del Perú. Por último la propia sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en
el expediente Nº 05057-2013-PA/TC, numeral 4 acápite “a” parte in fine,
concluye en lo siguiente: “conforme a lo expuesto la condición de funcionario o
servidor público no se identifica por ejemplo, con un tipo de contrato o vínculo de
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un trabajador con la administración pública, sino por el desempeño de
funciones públicas en las entidades del Estado…” por lo que resulta
inexorable concluir que los trabajadores del Banco del Nación no realizan
función pública, pues estas son entendidas como el desempeño de funciones en
las entidades públicas del Estado, del cual la demandada no es parte.
Décimo Cuarto: Siendo así, se concluye que no resulta aplicable el precedente
vinculante expedido por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N°
05057-2013-PA/TC, caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco, publicado el 2 de
junio de 2015, sobre reposición laboral de servidores públicos de la actividad
privada, en la medida que los trabajadores del Banco de la Nación no se
encuentran comprendidos en la función pública al laborar para una empresa del
Estado, sino que les resulta aplicable el régimen laboral del sector privado,
regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR”; razones por las que procede desestimarse los agravios ii), iii) y iv)
formulados por la demandada, debiendo por ende confirmase la recurrida.
Por estos fundamentos, y con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú;
SE RESUELVE:
CONFIRMAR la Resolución N° 03, de fecha 11 de abril de 2016, obrante de
fojas 485 a 486, que declara INFUNDADA la oposición de la demandada; en los
seguidos por JORGE AUGUSTO AVENDAÑO GUABLOCHE con BANCO DE
LA NACIÓN sobre oposición a Medida Cautelar; y lo DEVOLVIERON al Décimo
Quinto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima,
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DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
Av.Abancay Cdra. 5, Esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque Universitario - Edificio
“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
Expediente : 18711-2015-96-1801-JR-LA-15
Demandante : Avendaño Guabloche, Jorge Augusto
Demandado : Banco de la Nación.
Materia : Medida Cautelar - Reposición Provisional
Juez : Rolando José Huatuco Soto
Secretaria : Edgardo Ciriaco Salinas.
RESOLUCIÓN NUMERO TRES
Lima, once de abril del dos mil dieciséis.-
DE OFICIO:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° 01, se declaró fundada la medida
cautelar de Reposición Provisional solicitada por el demandante por lo que
se requirió al Banco de la Nación, cumpla con reponer al demandante en el
puesto que venía desempeñando antes del cese, en el cargo de Analista de
Control Patrimonial en la Sección de Control Patrimonial de la División de
Servicios en el Departamento de Logística, funciones y remuneración,
respetándose su remuneración. La resolución acotada fue notificada al
Banco aludido con fecha 14 de septiembre del año 2015, y dentro del
término de ley formuló oposición a la medida cautelar concedida, mediante
escrito corriente a fojas 468/482, de autos, corriéndose traslado de la citada
articulación a la parte demandante sin embargo el actor no ha cumplido con
absolver el trámite, quedando expedito el proceso para resolver.
SEGUNDO: Que, la demandada al fundamentar su oposición, refiere que no
existe verosimilitud del derecho, por cuanto, afirma, que el vínculo que lo
unió con el demandante es de naturaleza civil, que por ello no se ha
acreditado la verosimilitud del derecho, por eso considera que no hay una
debida motivación. Asimismo, refiere la demandada, que el actor no ha
cumplido con acreditar fehacientemente el peligro en la demora, por cuya
razón afirma que la medida cautelar es improcedente. También manifiesta,
que la medida cautelar es improcedente por cuanto el artículo 616° del
Código Procesal Civil, señala que no proceden medidas cautelares para
futura ejecución forzada contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
el Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos
Regionales y Locales y las universidades; y que es de derecho público y
forma parte del sector Economía y Finanzas, por consiguiente del Ejecutivo;
y por último, afirma que el acceso a la institución se efectúa por concurso
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público por ser una empresa del Estado y como así se ha establecido en el
precedente vinculante N° 05057-2013-PA/TC.
TERCERO: Que, en el caso de autos, al declarar fundada la medida cautelar
solicitada, ésta Judicatura efectuó una valoración de lo expuesto por el
solicitante y de los medios probatorios anexados, emitiendo pronunciamiento
respecto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, emitiendo
pronunciamiento además sobre la contracautela, todo dentro de una debida
motivación; es así, que en cuanto a la verosimilitud del derecho, la judicatura
señaló que con los medios probatorios aportados por el actor, existen fuertes
elementos para presumir que los contratos de locación de servicios
celebrados podrían encontrarse desnaturalizados, por tanto se habría
simulado la existencia de contratos civiles; ya que conforme a lo dispuesto
por el artículo 612° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso
de autos, conforme a la Primera Disposición Complementaria de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, a los procesos laborales, toda
medida cautelar importa un prejuzgamiento; Y respecto al peligro en la
demora, se ha considerado que existe circunstancias de índole familiar, de
salud y alimentaria que deben ser protegidas frente al grave riesgo que
significa el retardo en el trámite del proceso, por lo que en este caso se
resolvió a favor de la protección al bienestar familiar y a su derecho a la
salud íntimamente relacionado con el derecho alimentario del solicitante y de
la familia a su cargo. Y finalmente, respecto a la contracautela, la judicatura
ha considerado que la caución juratoria es razonable para conceder la
medida cautelar, por lo que se consideró suficiente atendiendo a que las
actividades que el actor realizará son labores habituales; por lo que ésta
judicatura considera que los cuestionamientos expuestos por la demanda
respecto a la valoración del juzgado al analizar la presencia de los requisitos
de verosimilitud del derecho y peligro en la demora en la solicitud cautelar,
no resulta amparables, máxime cuando, de conformidad con el propio
articulo 612° acotado, la medida cautelar es provisoria, vale decir, su
vigencia está sujeta a los cambios que puedan sufrir las circunstancias que
examinadas inicialmente, dieron lugar a la expedición de una resolución
favorable, por consiguiente la vigencia o no estaría condicionada al resultado
de la decisión definitiva a expedirse en el expediente principal.
CUARTO: Asimismo, refiere la demandada que "no se puede dictar
medidas cautelares contra entidades del Estado", para sustentar esta
aseveración, invoca el artículo N° 616° del Código Procesal Civil, en la cual
se señala que no proceden medidas cautelares para futura ejecución
forzada contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio
Público, etc. refiriendo así mismo, que forma parte integrante del Poder
Ejecutivo, por lo que, refiere, se encontraría dentro del los supuestos de
improcedencia de medidas cautelares, y que no se ha tomado en cuenta el
consideración el precedente vinculante N° 05057-2013-PA/TC, respecto a
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que el acceso, es solo por concurso público, plaza vacante y
presupuestada. Al respecto cabe precisar, si bien el Banco de la Nación,
forma parte del sector economía y finanzas, sin embargo, conforme a su ley
de creación Ley N° 16000, constituye una empresa de derecho público;
calidad de empresa, que incluso fue ratificado por la Decimoquinta
Disposición Final de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras
y de Seguros, aprobada por Decreto Legislativo N° 7701, que también se
establece que el Banco de la Nación es una empresa de derecho público,
norma que si bien fue derogada, sin embargo la nueva Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702, en su Décima
Tercera Disposición Final y Complementaria, cuando se refiere al Banco de
la Nación, refiere que en su calidad de persona jurídica de derecho público
se rige por su estatuto; y su Estatuto en su artículo 1° establece que el
Banco de la Nación es una empresa de derecho público; es en ese sentido
incluso, al examinar la aplicación o no del precedente vinculado invocado
por la demandada se precisó que no resultaba aplicable por que la entidad
demandada no efectúa función pública, sino empresarial y que el
precedente estaba dirigida a las entidades públicas, vale decir funcionarios y
servidores público, que tiene como actividad ejercer actividad pública; por
tanto no existe la improcedencia de medidas cautelares contra la
demandada.
En atención a lo expuesto;
SE RESUELVE:
1) INFUNDADA LA OPOSICIÓN formulada por el BANCO DE LA
NACION, contra la medida cautelar ordenada, y prosiga la causa
según su estado.
NOTIFÍQUESE.-
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Juez: HUATUCO SOTO ROLANDO
Fecha: 01/09/2015 16:51:30
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
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CORTE SUPERIOR DE LIMA Expediente : 18711-2015-96-1801-JR-LA-15
Secretario: CIRIACO SALINAS,
E FeD cG hA aR : 0D 2O /0 C 9/I 2C 0E 1R 5O 1N 0: 34:04 Demandante : Avendaño Guabloche, Jorge Augusto
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA Demandado : Banco de la Nación.
FIRMA DIGITAL
Materia : Medida Cautelar - Reposición Provisional
Juez : Rolando José Huatuco Soto
Secretaria : Edgardo Ciriaco Salinas.
RESOLUCIÓN NUMERO UNO
Lima, primero de septiembre del dos mil quince.-
Dado cuenta en la fecha a un escrito de solicitud de medida cautelar
ingresado el 26 de agosto del 2015, recibido en Secretaría el 26 de los
corrientes: Con lo expuesto, documentación adjunta; y,
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 54° de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, establece que a pedido de parte todo
juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado el proceso o dentro de
este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal, y que las
Medidas Cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte; y que
cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida
cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de
la pretensión principal, lo que debe ser concordado con el artículo 608° del
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, conforme a
la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, Ley N° 29497, a los procesos laborales.
SEGUNDO: Que, el artículo 55° de la referida ley, dispone, que el juez
puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso,
una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios.
Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los
siguientes requisitos: a) Haber sido al momento del despido dirigente
sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad; b)
estar gestionando la conformación de una organización sindical; y c) el
fundamento de la demanda es verosímil
TERCERO: Que, en el presente caso, el demandante pretende la reposición
provisional en el puesto que venía desempeñando antes del cese, en el
cargo de Analista de Control Patrimonial en la Sección de Control
Patrimonial de la División de Servicios en el Departamento de Logística.
Como sustento de ésta pretensión cautelar, refiere que mantuvo vínculo
laboral con la demandada por más de ocho años y nueve meses,
desempeñándose como Analista de Control Patrimonial en la Sección de
Control Patrimonial de la División de Servicios en el Departamento de
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Logística, dependiendo directamente del Jefe de Sección, cumpliendo una
jornada y horario de trabajo, encontrándose sujeto a las órdenes de sus
superiores, quienes, refiere, le indicaban las labores a realizar, y que la
demandada ha pretendido encubrir el vínculo laboral, durante el periodo
comprendido entre 17 de octubre de 2006 al 24 de julio de 2015, mediante
los contratos de locación de servicios que suscribió con la demandada, y que
con fecha 25 de julio de 2015 pretendió su cese laboral justificándose en el
término contrato; sin embargo, refiere, que los contratos de locación de
servicios, se encuentran desnaturalizados, y que así ha sido apreciado en
otros juzgados, donde además se ha ordenado la reposición de sus
compañeros de trabajo, y que se debe tener en cuenta, que de conformidad
con el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se señala que en
aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan
indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez
debe darlo por cierto, y refiere acreditar, esa afirmación con las copias de los
contratos de locación de servicios que acompaña como Anexo 1-A y otros;
Asimismo, refiere, que pese a que la demandada ha negado la existencia de
vínculo laboral, ante la autoridad policial encargada de constatar el despido,
sin embargo la realidad de los hechos, refieren que no se trata de un
vencimiento de contrato, sino de un despido incausado, el cual debe ser
reparado con su reposición al centro de trabajo; Además refiere, que el
precedente vinculante expedido por el Tribunal Constitucional en el
expediente N° 05057-2013-PA/TC, publicado el 05 de junio de 2015 no le es
aplicable, en tanto que el Banco de la Nación es una empresa del Estado,
siéndole de aplicación las normas de la actividad empresarial del Estado.
CUARTO: Que, la regla general para la procedencia de las medidas
cautelares, incluidas la presente medida cautelar, es que a pedido de parte,
el juez puede dictar medida cautelar dentro de un proceso, destinada a
asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; sin embargo existen
algunos presupuestos que la solicitante debe acreditar: i) la apariencia del
derecho, denominado fumus bonis juris, que consiste en la existencia de un
derecho evidente del peticionario, ii) el peligro en la demora, denominado
periculum in mora, que es el peligro eminente de sufrir daño por la demora
en la resolución del proceso; y, iii) la contracautela; asimismo que la medida
sea la adecuada; Dichos presupuestos que deben de ser concomitantes;
QUINTO: Corresponde entonces previamente verificar el cumplimiento de
los requisitos antes citados:
Respecto a la verosimilitud del derecho, resulta que en el expediente
principal, el demandante sustenta su pretensión de reposición por despido
incausado, en la desnaturalización de los contratos de locación de servicios
suscritos con la emplazada; asimismo, refiere que no le es aplicable el
precedente vinculante contenido en la Sentencia N° 05057-2013-PA/TC, en
efecto, sin perjuicio de un mayor análisis en el tema de fondo que se discute
en el expediente principal, ésta considera, que en este caso concreto, el
precedente referido no resulta aplicable, por cuanto la entidad demandada,
no efectúa función pública, sino empresarial, como ha sido explicado el
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actor, en su solicitud de medida cautelar; considerando, que el precedente,
está dirigida a las entidades públicas, vale decir a los servidores y
funcionarios públicos, que tiene como actividad ejercer función pública. Por
otro lado, tiene relevancia la presencia los elementos del contrato de trabajo
en los fundamentos de hecho expuesto por el actor, por ello es importante
tener en cuenta los documentos aportados. Sobre el punto cabe señalar que
con las instrumentales acotadas, el demandante ha aportado fuertes
elementos para presumir que los contratos de locación de servicios
celebrados con la demandada, podrían encontrarse desnaturalizados, como
son por ejemplo, la presencia de una jornada y horario de trabajo y la
existencia de órdenes e indicaciones para el desarrollo de sus actividades;
por lo que existe la posibilidad de que la demanda en el proceso principal
pueda ser declarada fundada, por lo que se concluye que se ha acreditado,
verosimilitud del derecho del actor.
Respecto al peligro en la demora, el actos, la sustenta en el retardo que se
va a producir en la obtención de la sentencia definitiva, así como del daño
marginal que se produce a consecuencia de ésta demora, en tano que la
actitud inconstitucional de la demandada viene vulnerando sus derechos
constitucionales, y tratándose el derecho del trabajo un derecho de
naturaleza alimentaria se pone en grave riesgo la subsistencia de quienes
dependen de él, y de su propia persona; asimismo, refiere que los
padecimiento que lo aquejan son de pleno conocimiento de la demandada,
por cuanto solicitaba permisos durante la jornada de trabajo para su atención
en el Seguro, haciendo entrega de las Constancias de Consulta y Atención,
se infiere de la diabetes mellitus y del pioderma gangrenoso que afirma
padecer, y que se hace cargo de los gastos de atención de sus dos menores
hijos, debido a que quien fuera su cónyuge, falleció trágicamente en un
incendio en diciembre del año próximo pasado; y en efecto, como se verifica,
de las copias de los documentos que ha anexado, que efectivamente se
encuentra en tratamiento médico, y que el único sostén de sus menores
debido al sensible fallecimiento de su cónyuge; por lo que el recurrente ha
aportado suficientes elementos para inferir la existencia gastos que se deben
ser afrontados para conservar su salud, y la manutención de sus menores
hijos; al respecto cabe acotar que ésta judicatura infiere que la falta de
atención oportuna de las necesidades de salud y alimentos anotados
afectaría aún más el entorno familiar, y con ello el bienestar personal del
recurrente, quien como ya lo ha expresado solventa los gastos del devenir
diario, por consiguiente la falta de recursos económicos que ocasiona el
haber dejado de laborar, puede poner en grave riesgo su salud, integridad
física y conservación de su propia existencia, así como pone en riesgo su
derecho a gozar de un entorno familiar saludable, por lo que debe
protegerse su derecho al trabajo, máxime cuando el sólo hecho de
encontrarse cesado ya ha ocasionado que su situación económica sea
endeble, lo que se debe evitar a fin de que no quede económicamente
vulnerable, en tanto que no podría cubrir sus necesidades básicas y de su
familia. En este sentido, se debe apreciar los riesgos que efectivamente trae
consigo no contar con ingresos económicos para afrontar aún cuando sea
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mínimamente, los gastos que ocasiona la carga familiar; que asimismo,
teniendo en cuenta que la valoración del peligro en la demora provoca una
decisión de contenido subjetivo, y considerando además la característica de
temporalidad de la medida cautelar, esta judicatura considera que debe
tomarse una decisión favorable, no tanto, porque se pueda convertir en
ilusoria la ejecución de sentencia futura, sino porque, decidir lo contrario
pondría en peligro el bienestar familiar en tanto que el derecho a la salud,
indudablemente tiene íntima relación con el derecho alimentario, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del numeral 2) del artículo
611°, del Código Procesal Civil, corresponde apreciar favorablemente la
exposición del actor respecto al peligro en la demora.
Contracautela; respecto a este requisito, el actor ha ofrecido caución
juratoria y ha cumplido con la legalización de su firma, conforme a lo
dispuesto por el artículo 613° del Código Procesal Civil, aplicable al caso de
autos, en forma supletoria, por lo que ésta judicatura acepta la referida
contracautela personal, considerando que es razonable, en tanto que la
reposición del trabajador ocasionaría una relación de prestaciones
recíprocas, donde al solicitante se la abonaría una remuneración por la
prestación de su servicio, lo que no ocasionaría perjuicio a la demandada,
máxime si se tiene en cuenta que la medida cautelar es temporal, provisoria;
por lo que aprecia que se han cumplido con los requisitos de ley en la
presente solicitud cautelar de Reposición, siendo así, esta judicatura estima
que es razonable amparar la solicitud.
En atención a lo expuesto;
SE RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA la Medida Cautelar, en la forma de Reposición
temporal solicitado por la demandante.
2) Se ORDENA a la demandada, Banco de la Nación, cumpla con reponer
al demandante en el puesto que venía desempeñando antes del cese,
en el cargo de Analista de Control Patrimonial en la Sección de Control
Patrimonial de la División de Servicios en el Departamento de Logística,
funciones y remuneración, respetándose su remuneración.
3) NOTIFÍQUESE a la demandada en su domicilio sito en la Av. República
de Panamá N° 3664 - San Isidro.
4) Notifíquese al demandante en su dirección electrónica: Casilla
Electrónica N° 2181, con arreglo a ley.
NOTIFIQUESE.-
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“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
Expediente : 19134-2015-11-1801-JR-LA-15
Demandante : Telefónica del Perú S.A.
Demandado : Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de
Barranco -
Miraflores
Materia : Queja de Derecho
Juez : Rolando José Huatuco Soto
Secretario : Jimmy Eduardo Villanueva Solano
RESOLUCION NÚMERO DOS
Lima, treinta de octubre del dos mil quince.-
A los escritos presentados por Telefónica del Perú S.A., y dando cuenta el
recurso de queja; Al principal y otrosíes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que, la parte recurrente Telefónica del Perú S.A.A. interpone
recurso de queja, contra la Resolución N° 08, de fecha 24 de julio de 2015,
expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco - Miraflores, en
el proceso de obligación de dar suma de dinero, seguido entre la recurrente y la
AFP INTEGRA, tramitado en el Expediente N° 2483-2014-0-1809-JP-LA-02; a
efecto que sea reexaminado por este juzgado, y se proceda a conceder el
recurso de apelación contra la Resolución N° 05, de fecha 22 de abril del 2015,
que fuera declarado improcedente. En sus fundamentos, refiere que la
Resolución N° 05, se le notificó de forma irregular en un domicilio distinto al de
su representada; y que al interponer recurso de apelación, el 16 de julio de
2015; se le negó la concesión del recurso, mediante resolución N° 08,
sustentándose en que fue extemporánea; alegando la supuesta falta de un
requisito de admisibilidad y no de procedencia, y que según su posición refiere
que ha cumplido con el requisito de admisibilidad que exige todo recurso de
apelación.
SEGUNDO: Que, conforme al artículo 401° del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria al proceso laboral, conforme a la Primera Disposición
Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497,
establece que el recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución
que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación; también
procede contra la resolución que concede apelación en efecto distinto, a lo es
solicitado; y en el artículo 402° del Código Procesal Civil, se establece que para
su admisibilidad y procedencia, se debe tener en cuenta que al escrito que PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
Av.Abancay Cdra. 5, Esquina con Nicolás de Pierola, frente al Parque Universitario - Edificio
“Alzamora Valdez, Piso 18, Telf : 4101818 - Anexo 13266
contiene el recurso, se acompaña el pago de la tasa correspondiente, copia
simple con el sello y la firma del Abogado del recurrente en cada una, y bajo la
responsabilidad de su autenticidad, y de los siguientes actuados: i) Escrito que
motivó la resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación; ii)
Resolución recurrida; iii) Escrito en que se recurre; iv) Resolución denegatoria;
y que también debe de contener los fundamentos para la concesión del recurso
denegado, y además, de ello, precisar las fechas en que se notificó la
resolución recurrida, se interpuso el recurso y quedó notificada la denegatoria
de éste. De la revisión del contenido del presente recurso de queja de derecho,
se aprecia que se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y
procedencia, tal y como lo establece el artículo 402° del Código Procesal Civil.
TERCERO: Que, asimismo, se puede verificar, que la entidad recurrente
SUNAT, presentado su recurso de queja dentro del término previsto en el
artículo 403° del Código Procesal Civil, por cuanto, fue notificado con la
resolución número 08 el 18 de agosto de 2015, conforme al cargo que corre en
autos, y el recurso de queja ha sido interpuesta el día 21 de agosto de 2015;
por lo que, corresponde resolver si efectivamente ha existido error en la
denegatoria del recurso de apelación.
CUARTO: Que, mediante resolución número ocho, de fecha 24 de julio del
2015, se resolvió declarar improcedente el recurso de apelación por
extemporáneo interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A., contra la sentencia
de fecha 22 de abril del 2015, contenida en la resolución número cinco, de
fecha 22 de abril del 2015. Según el texto de la resolución cuestionada, se
puede ver que el A quo, se basa en que la empresa Telefónica del Perú S.A.A.
ha tomado conocimiento del proceso por intermedio de la Empresa Telefónica
Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.; sin embargo, se advierte que
dicha empresa no es parte del proceso, por cuanto las partes en el proceso de
Obligación de De Dar Suma de Dinero, son la AFP INTEGRA como
demandante, y Telefónica del Perú S.A.A. como demandada; y conforme a lo
referido, y como se puede advertir de Carta que le remite la empresa
Telefónica Gestión de Servicios que corre a fojas 17, se dirigió la notificación
con la sentencia a la Calle Shell N° 310 Miraflores, cuando el domicilio de
Telefónica del Perú S.A.A, como se ha acreditado es en la Av. Arequipa N°
1155, Santa Beatríz, Lima; lo que significa que la empresa Telefónica del Perú
SAA, tuvo conocimiento, recién del proceso el día 30 de junio de 2015, y que
interpone su recurso de apelación de sentencia y formulación de nulidad el 16
de julio de 2015, en este caso, que habiendo tenido conocimiento interpuso su
recurso de impugnatorio y/o nulidad a fin de que se garantice un debido
proceso; por lo tanto, por lo que, resulta procedente estimar la presente queja PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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por denegatoria de apelación, por lo que el expediente principal deberá ser
elevado en vía de apelación.
En atención a lo expuesto;
SE RESUELVE:
1) DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA por denegatoria de
apelación, interpuesta por la TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., contra
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco – Miraflores, en los
seguidos por AFP INTEGRA; en consecuencia CONCÉDASE CON
EFECTO SUSPENSIVO el recurso de apelación interpuesta por la
quejosa contra la Sentencia emitida, mediante Resolución N° 08.
2) OFICIESE al Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco y
Miraflores, a efectos que cumpla con remitir en la brevedad el
expediente principal signado con el N° 02483-2014-0-1809-JP-LA-02; y
cumplido sea su finalidad archívese el presente cuaderno.
NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 19332-2015-0-1801-JR-LA-46
MATERIA : PENSIONES
JUEZ : PADILLA VELA, YESSICA LILIANA
ESPECIALISTA : ALBURQUEQUE MONTES MARYORI BRIGGITTE
DEMANDADO : DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
PROCURADURIA PUBLICA ENCARGDA DE ASUNTOS
JURIDICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ,
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ,
DEMANDANTE : VILLACORTA VASQUEZ, CARLOS LUIS
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRÉS
Lima, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. –
DANDO CUENTA: A los ingresos de fecha 23 de
setiembre y 01 de octubre de 2021: Téngase por recibido el expediente proveniente por la
Tercera Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
conteniendo la Casación N° 17516-2019-LIMA, mediante la cual declara IMPROCEDENTE el
recurso de casación interpuesto por la demandante contra la Sentencia de Vista; y estando a
que, la Sexta Sala Laboral Permanente de Lima emitió la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N° Veinte de fecha 12 de marzo de 2019 que resolvió: A) REVOCAR el Auto
contenido en la Resolución N° Nueve de fecha 6.06.2017 que declaró infundada la excepción de
falta de legitimidad para obrar pasiva e infundada la extromisión deducida por la Caja de
Pensiones Militar Policial; REFORMANDO declaró FUNDADA la excepción de falta de
legitimidad para obrar pasiva y FUNDADA la Extromisión del Proceso de la la Caja de Pensiones
Militar Policial. B) REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución N° 14, de fecha 28 de
marzo de 2018, que declaró fundada en parte la demanda; y REFORMÁNDO declaró
INFUNDADA la demanda; en consecuencia, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, y de acuerdo al
estado del proceso, SE DISPONE: LA EXTROMISIÓN DEL PROCESO DE LA LA CAJA DE
PENSIONES MILITAR POLICIAL EN EL PRESENTE PROCESO y SE ORDENA LA
CONCLUSIÓN DEL PROCESO y El ARCHIVO DEFINITIVO de la causa; en consecuencia,
REMÍTASE los presentes al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Notifíquese.- |
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MATERIA : PENSIONES
JUEZ : PADILLA VELA, YESSICA LILIANA
ESPECIALISTA : ALBURQUEQUE MONTES MARYORI BRIGGITTE
DEMANDADO : DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
PROCURADURIA PUBLICA ENCARGDA DE ASUNTOS
JURIDICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ,
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ,
DEMANDANTE : VILLACORTA VASQUEZ, CARLOS LUIS
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRÉS
Lima, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. –
DANDO CUENTA: Al ingreso de fecha 23 de
setiembre de 2021: Téngase por recibido el expediente proveniente por la Tercera Sala De
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, conteniendo la
Casación N° 17516-2019-LIMA, mediante la cual declara IMPROCEDENTE el recurso de
casación interpuesto por la demandante contra la Sentencia de Vista; y estando a que, la Sexta
Sala Laboral Permanente de Lima emitió la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N°
Veinte de fecha 12 de marzo de 2019 que resolvió: A) REVOCAR el Auto contenido en la
Resolución N° Nueve de fecha 6.06.2017 que declaró infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar pasiva e infundada la extromisión deducida por la Caja de Pensiones
Militar Policial; REFORMANDO declaró FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para
obrar pasiva y FUNDADA la Extromisión del Proceso de la la Caja de Pensiones Militar Policial.
B) REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución N° 14, de fecha 28 de marzo de 2018,
que declaró fundada en parte la demanda; y REFORMÁNDO declaró INFUNDADA la demanda;
en consecuencia, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, y de acuerdo al estado del proceso, SE
DISPONE: LA EXTROMISIÓN DEL PROCESO DE LA LA CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL EN EL PRESENTE PROCESO y SE ORDENA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO y
El ARCHIVO DEFINITIVO de la causa; en consecuencia, REMÍTASE los presentes al Archivo
Central de la Corte Superior de Justicia de Lima. Notifíquese.- |
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SEXTA SALA LABORAL PERMANENTE
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
S.S. TAVARA MARTINEZ
TOVAR BUENDIA
NUE BOBBIO
Expediente N. º : 19332-2015-0-1801-JR-LA-46
Demandante : Carlos Luis Villacorta Vásquez
Demandado : Ministerio del Interior
Materia : Nulidad de Acto y/o Resolución Administrativa
RESOLUCIÓN N.° 20
Lima, doce de marzo
Del año dos mil diecinueve.-
VISTOS: Puesto los autos a Despacho para resolver; con
Dictamen Fiscal Superior obrante a fojas 424 a 434, e interviniendo como ponente la
señora Juez Superior Távara Martínez,
I. MATERIA DE APELACIÓN:
Viene en grado de apelación:
1. El Auto contenido en la Resolución N° 09, de fecha 06 de junio de 2017, que
resuelve declarar INFUNDADA la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar
Pasiva e INFUNDADA la Extromisión deducida por la co-demandada Caja de
Pensiones Militar Policial y declara Saneado el Proceso.
2. La Sentencia contenida en la Resolución N° 14, de fecha 28 de marzo de 2018,
obrante a fojas 382 a 393, que resolvió declarar FUNDADA EN PARTE la
demanda interpuesta por Carlos Luis Villacorta Vásquez contra la Dirección
General de la Policía Nacional del Perú - Ministerio del Interior y la Caja de
Pensiones Militar - Policial; en consecuencia, CUMPLA la Dirección General de
la Policía Nacional del Perú con expedir nueva resolución otorgando Pensión de
Retiro en virtud del Decreto Ley N° 18081, desde la fecha de producida la
contingencia, mas el reintegro de las pensiones devengadas e intereses legales a
liquidar en ejecución de sentencia; e INFUNDADA la demanda respecto al pago
de los demás conceptos correspondientes a su derecho solicitados por el actor.
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SEXTA SALA LABORAL PERMANENTE
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La parte demandada, Caja de Pensiones Militar - Policial, mediante recurso de
apelación de Auto, a fojas 374 a 377, expone como agravios los siguientes:
1. Que, en relación a la Extromisión del proceso, el demandante en su escrito
de demanda refiere que prestó servicios reales y efectivos a la Policía de
Investigación del Perú por el periodo comprendido del 01.01.1971 hasta el
13.10.1980, es decir, 09 años, 09 meses y 13 días, acreditando que se
encuentra bajo los alcances de la Ley de Montepío; por lo que resulta
inverosímil lo señalado por el Procurador Público del Ministerio de Interior
quien no toma en cuenta los argumentos del mismo demandante y
desconoce que pertenece al régimen Montepío y no al régimen de la Caja de
Pensiones Militar - Policial.
2. Argumenta que de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 21021, Ley de
Creación de la CPMP, el demandante no puede ser reconocido como tal y
mucho menos que la pretensión del actor sea abonada por la Caja de
Pensiones Militar - Policial, por nunca haber sido miembro de la Institución y
pertenecer al régimen Montepío; por lo tanto, la Procuraduría lleva a su
despacho a error al pretender incluir al su representada en un proceso que
no le corresponde por no tener ninguna vinculación con el demandante y no
son responsables del cumplimiento de obligación alguna y mucho menos del
pago de devengados o intereses legales.
3. Respecto de la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del
demandado, señala que la Caja de Pensiones Militar - Policial, es creada
mediante Decreto Ley N° 21021, y que conforme al artículo 1° está
destinada a administrar el régimen de pago de pensiones y compensaciones
de sus miembros de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley N° 19846; y
considerando que el demandante no es pensionista de la Caja carece de
fundamento que la demanda esté dirigida contra su representada.
4. Precisa que ello se corrobora con la Constancia de Notificación y Enterado
emitida por la Policía Nacional del Perú, de fecha 06 de julio de 2015, la
misma que fue presentada como medio probatorio con la demanda, en la
que se señala que el demandante pertenece al sistema de pensiones
Montepío que se encuentra a cargo del Estad, y que no pertenece al
régimen administrativo por la Caja de Pensiones Militar - Policial; por lo que
la entidad encargada de regularizar la pensión del demandante es
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
directamente la Dirección Previsional del Ministerio de Defensa y no la Caja
de Pensiones Militar - Policial.
La parte demandada, Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, en
representación de la Policía Nacional del Perú, mediante recurso de apelación de
Sentencia, a fojas 403 a 409, expone como agravios los siguientes:
1. Que, la resolución apelada le causa agravio a los intereses del Estado, al
haberse vulnerado el derecho a la Debida Motivación de las resoluciones
judiciales por una errónea valoración de los hechos e interpretación del
derecho.
2. Señala que, debe tenerse en cuenta que para efectos pensionarios se
computa la prestación de servicios reales y efectivos conforme lo establece
el artículo 3° del Decreto Ley N° 19846, en consecu encia el tiempo como
alumno o cadete no se computa; así mismo, la fecha de contingencia
pensionaria no se produce con el ingreso al trabajo sino con la fecha de cese
y por otra parte una pensión será de Montepío si tiene la característica de
ser renovable o nivelable en relación a los sueldos o remuneraciones del
personal en actividad, así como transferible a los sobrevivientes, tal y como
lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente
N° 06268-2005-PA/TC.
3. Advierte que, en el escrito de demanda no se han ofrecido medios
probatorios que sustenten los hechos alegados, lo que el A-quo no ha
tomado en cuenta, por lo que la demanda debió ser desestimarla por
improbanza de la pretensión; así mismo, al recurrir a la vía contencioso
administrativa, no ha señalado la causal de nulidad que supuestamente
estaría afectando los actos administrativos materia del proceso conforme al
artículo 10° de la Ley N° 27444, por lo que debe de clararse infundada la
demanda.
4. Señala como naturaleza del agravio, uno de naturaleza procesal, en razón
de haber incurrido en indebida interpretación y aplicación del derecho,
transgrediendo principios constitucionales procesales de orden público y de
cumplimiento obligatorio, motivos por los que solicita que la resolución sea
revocada.
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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La Litisconsorte necesario pasivo, Caja de Pensiones Militar - Policial, en
representación de la Policía Nacional del Perú, mediante recurso de apelación de
Sentencia, a fojas 403 a 409, expone como agravios los siguientes:
1. Que, mediante resolución N° 14, de fecha 28 de marzo de 2018, el A-quo
emitiendo Sentencia señalando en su considerando Décimo Segundo que se
puede acreditar que el accionante pertenece al Sistema de Fondo de
Montepío; es decir, ha quedado demostrado que el actor no es miembro ni
pensionista de la Caja de Pensiones Militar - Policial, por lo que su
representada nunca debió ser considerada ni mucho menos incluida como
parte en el presente proceso, como pretendía la Policía Nacional del Perú,
accionar que resulta malicioso pues reitera que no existe vinculación alguna
con el demandante.
2. Señala que, la resolución materia de impugnación le causa grave perjuicio el
incluir a su representada como parte obligada al cumplimiento del fallo
ordenado por su despacho a pesar de haber acreditado con medios
probatorios que no existe vinculación entre la Caja de Pensiones Militar -
Policial y el demandante.
III. CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo, establece que: “El proceso contencioso administrativo previsto en el
artículo 148°1 de la Constitución Política del Perú tiene por finalidad el control jurídico
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”; por
lo que, estando a la norma antes acotada, son los poderes públicos, entre los que se
encuentran incluidos la Administración, como la judicatura quienes tienen un deber
especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, deber patente
en hacer valer los derechos fundamentales frente a agresiones o posibles
agresiones de los órganos administrativos.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Final del
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
1 Artículo 148°.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción
contencioso-administrativa.
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Ley N.° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo -, resultan de
aplicación supletoria las normas previstas en el Código Procesal Civil. En tal sentido,
el artículo 364° del Código Procesal Civil, establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte, o
de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente; asimismo, el artículo 370° del Código
Adjetivo citado, prescribe que la competencia del Juez Superior, está limitada a
resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más
allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados.
TERCERO.- Del estudio de autos se aprecia que la demandante mediante su escrito
de demanda corriente a fojas 67 a 91, subsanada a fojas 94, solicita como
pretensión principal el reconocimiento de su derecho a la Pensión y se le otorgue la
cédula de Pensión de Retiro, en virtud del Decreto Ley N° 18081, Ley de Montepío
Policial; así mismo, solicita como pretensión accesoria, el pago de las pensiones
devengadas correspondientes, mas el pago de los intereses legales y moratorios de
conformidad con el artículo 1244° del Código Civil, concordado con el Decreto Ley
N° 25920, desde la fecha que pasó a la Situación de Retiro, de acuerdo a la
Resolución Suprema N° 0306-80-IN/PI, de fecha 13 de octubre de 1980; Siendo ello
así, mediante Resolución N° 042 y Resolución N° 093, de fecha 11 de agosto de
2016 y de fecha 06 de junio de 2017 correspondientemente, , se declaró la
existencia de una relación Jurídico – Procesal válida, en consecuencia por Saneado
el Proceso, fijándose como puntos controvertidos: “(...) i) Si corresponde ordenar el
otorgamiento de Cédula de Pensión de Retiro en virtud del Decreto Ley N° 18081, Ley
de Montepío Policial; ii) Si corresponde el pago de las pensiones devengadas y demás
conceptos correspondientes a su derecho, más los intereses legales y moratorios, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1244° y siguientes del Código Procesal Civil,
mas las pensiones devengadas e intereses legales, en concordancia con el Decreto Ley
N° 25920, desde la fecha de su pase a la Situación de Retiro (…)”.
CUARTO.- Respecto a la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del
demandado, debe tenerse en cuenta que estar legitimado en la causa significa tener
derecho a exigir que se resuelva sobre la o las pretensiones propuestas en la
2
Véase a fojas 148 a 150 del Expediente Principal.
3
Véase a fojas 331 a 332 del Expediente Principal.
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demanda, por lo que la legitimidad para obrar supone la identidad entre las personas
integrantes de la relación jurídica sustantiva y las partes que conforman la relación
jurídica procesal, lo que no es equivalente a la titularidad efectiva del derecho, en
tanto ello se determinará con pronunciamiento de fondo en la sentencia. Así mismo,
el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso
Contencioso Administrativo, Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, señala que “Tiene
legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial
protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa
impugnable materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad
pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare
derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el
agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre
que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de
oficio en sede administrativa.”
QUINTO.- De los agravios expuestos en relación a la Resolución N° 09, debe
señalarse que mediante el Decreto Ley N° 210214, se creó la Caja de Pensiones
Militar - Policial, con la finalidad de administrar el régimen de pago de las pensiones
y compensaciones de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ley N° 19846; así mismo, dicho Decreto Ley estableció en su artículo 3°
que: "(...) Son miembros de la Caja de Pensiones Millitar-Policial: a) El personal
egresado a partir del 1 de Enero de 1974, de las Escuelas de Formación de Oficiales, de
Personal Subalterno y de Personal Auxiliar de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales; b)
Los que se incorporen a partir del 1 de Enero de 1974 a la Fuerza Armada y Fuerzas
Policiales y que perciban remuneraciones sujetas al descuento para el Fondo de
Pensiones; (...)". En ese sentido, de las documentales obrantes en autos como son la
Constancia de Enterado, de fecha 06 de julio de 2015; los Reportes de Personal de
fechas 05 de junio de 2015 y 03 de junio de 2015; la consulta de Maestro de
Personal - MASPOL, de fecha junio de 2015; se observa que el demandante ingreso
a la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional del Perú con fecha 07
de abril de 1967; así mismo, se aprecia que por Resolución Suprema N° 0281-70-
IN/PI, de fecha 16 de diciembre de 1970, se resuelve otorgarle la jerarquía de Sub-
Comisario de la Policía de Investigaciones pasando al servicio activo a partir del 01
de enero de 1971, es decir que egreso de la Escuela de Formación de Oficiales de
4 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el miércoles 18 de diciembre de 1974.
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la PNP antes de la vigencia del Decreto Ley, esto el 18 de diciembre de 1974;
siendo ello así, se determina que el actor no sería miembro del régimen
administrado por la Caja de Pensiones Militar - Policial, evidenciando entonces su
Falta de Legitimidad para Obrar respecto al cumplimiento del otorgamiento de la
Cédula de Pensión de Retiro del demandante; por lo tanto corresponde estimar los
agravios expuestos por la Caja de Pensiones Militar - Policial y revocar la resolución
apelada declarando fundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del
demandado y por lo tanto declarar la Extromisión de dicha parte en el proceso.
SEXTO.- Respecto a los agravios señalados por la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior, cabe precisar conforme a lo expuesto anteriormente que
mediante Resolución Suprema N° 0281-70-IN/PI, de fecha 16 de diciembre de 1970,
el demandante pasa al servicio activo a partir del 01 de enero de 1971; ello se
corrobora con la Resolución Directoral N° 0286-AD-SG5, de fecha 24 de febrero de
82, en la cual se resuelve abonar por una sola vez por concepto de "compensación"
la suma equivalente a 09 remuneraciones pensionables de su jerarquía por acreditar
haber prestado nueve (09) años, (09) meses y trece (13) días de servicios reales y
efectivos a favor del Estado en la Policía de Investigaciones del Perú, en el periodo
correspondiente del 01 de enero de 1971 al 13 de octubre de 1980, por lo tanto los
agravios expuestos por el Ministerio de Interior respecto al computó del periodo
durante el cual el demandante fue alumno de la Escuela, así como la falta de medios
probatorios ofrecidos, debe ser desestimada.
SÉPTIMO.- Respecto a los agravios señalados por la Litisconsorte necesario pasivo,
Caja de Pensiones Militar - Policial, es menester señalar que el Decreto Ley N°
180816, Estatuto Policial que define y garantiza los derechos y obligaciones del
Personal de las Fuerzas Policiales, estableció en su artículo 45° que: "(...) El
Personal Policial que pase a la Situación de Cesación Definitiva tiene derecho a los
siguientes goces: a) Si tiene menos de siete años, de servicio reconocidos, percibirá,
por una sola vez el importe de tantos sueldos básicos de su jerarquía como años de
servicios tenga; b) Si tiene más de siete años de servicios y menos de treinta
reconocidos, percibirá como pensión mensual el importe de tantas treintavas parles del
5
Véase a fojas 26 del Expediente Principal.
6 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 31 de diciembre de 1969.
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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sueldo básico y demás remuneraciones y derechos que le acuerden las leyes
respectivas como años de servicios tenga (...)".
OCTAVO.- Así mismo, mediante la dación del Decreto Ley N° 198467, que unifica el
régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas
Policiales, estableció en su artículo 3° que: "Para que el servidor tenga derecho a
pensión, deberá acreditar un mínimo de quince años de servicios reales y efectivos para
el personal masculino y doce y medio años para el personal femenino, con las
excepciones contempladas en el presente Decreto-Ley". En ese mismo sentido, el
artículo 10° estableció que:
"(...) El personal masculino, que por cualquier motivo, pase a la Situación
de retiro o Cesación Definitiva, tiene derecho a los goces siguientes:
a. Si tiene quince o más años de servicios y menos de treinta, percibirá
como pensión mensual tantas treinta avas partes de las remuneraciones
pensionables de su grado o jerarquía, correspondientes al último haber
percibido en la Situación de Actividad, como años de servicios
reconocidos tenga (...)".
NOVENO.- Conforme a la normatividad antes expuesta, y habiéndose determinado
que la fecha de egreso del actor de la Escuela de Oficiales del Centro de Instrucción
de la Policía de Investigaciones del Perú, pasando al servicio activo, fue el 01 de
enero de 1971, se concluye que no es miembro de la Caja de Pensiones Militar -
Policial conforme lo establece el artículo 3° de la citada norma; Siendo ello así, la
norma que le resultaría aplicable como bien lo ha señalado en su demanda y que la
demandado Ministerio del Interior no ha negado, es el Decreto Ley N° 18081. Sin
embargo, es necesario resaltar que a fin de determinar cuáles son los requisitos que
el actor debe cumplir para el otorgamiento de la pensión, debe tenerse en cuenta la
Ley que se encontraba vigente al momento de producida la contingencia, es decir, la
fecha de cese del actor; en tal sentido, habiéndose determinado que el actor cesó
con fecha 26 de octubre de 1981, la ley que le resultaría aplicable es el Decreto Ley
N° 19846, toda vez que este entró en vigencia a partir del 01 de enero de 1973, y
que derogó en lo pertinente a materia pensionaria al Decreto Ley N° 18081,
conforme lo establece en su Segunda Disposición Final.
DÉCIMO.- Finalmente, habiéndose determinado que al demandante le es de
aplicación el Decreto Ley N° 19846, y que conforme a la Resolución Directoral N°
7 Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 27 de diciembre de 1972, vigente a partir del 01 de enero de 1973.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEXTA SALA LABORAL PERMANENTE
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
0286-AD-SG, de fecha 24 de febrero de 1982, se le reconoció un total de nueve (09)
años, (09) meses y trece (13) días de servicios reales y efectivos a favor del Estado
en la Policía de Investigaciones del Perú, se concluye que el demandante no cumple
con lo estipulado en el artículo 3° y 10° del Decre to Ley N° 19846; por lo tanto, no
corresponde amparar la pretensión del demandante, debiéndose revocar la
resolución venida en grado.
Por los argumentos precedentemente establecidos y en mérito a las prerrogativas
conferidas por ley e impartiendo justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución, este Colegiado Superior:
RESUELVE:
1. REVOCAR el Auto contenido en la Resolución N° 09, de fecha 06 de junio de
2017, que resuelve declarar INFUNDADA la Excepción de Falta de Legitimidad
para Obrar Pasiva e INFUNDADA la Extromisión deducida por la co-demandada
Caja de Pensiones Militar Policial; y REFORMÁNDOLA DECLARA FUNDADA la
Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar Pasiva de la Caja de Pensiones
Militar - Policial, y por lo tanto FUNDADA la Extromisión del Proceso.
2. REVOCAR la Sentencia contenida en la Resolución N° 14, de fecha 28 de marzo
de 2018, obrante a fojas 382 a 393, que resolvió declarar FUNDADA EN PARTE
la demanda; y REFORMÁNDOLA DECLARA INFUNDADA la demanda por los
fundamentos Ut Supra expuestos; en los seguidos por Carlos Luis Villacorta
Vásquez contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú -
Ministerio del Interior; Sobre Acción Contencioso Administrativa; y los
devolvieron.-
_______________________ ______________________
TÁVARA MARTINEZ TOVAR BUENDIA
TM/ss
____________________
NUE BOBBIO
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SEXTA SALA LABORAL PERMANENTE
S.S. TÁVARA MARTINEZ
TOVAR BUENDIA
NUÉ BOBBIO
Expediente N.º : 19332-2015-0-1801-JR-LA-73
Demandante : Carlos Luis Villacorta Vásquez
Demandado : Ministerio del Interior
Materia : Nulidad de Acto y/o Resolución Administrativa
RESOLUCIÓN N.° 04
Lima, diecisiete de abril
Del año dos mil diecinueve.-
VISTOS: Puesto a despacho en la fecha para resolver el presente
cuaderno cautelar, e interviniendo como ponente la Señora Juez Superior Távara
Martínez; y,
I. MATERIA DE APELACIÓN
Viene en grado de apelación la Resolución N° UNO, de fecha 06 de junio del 2018,
obrante a fojas 110 a 112, que declara Rechaza la Medida Cautelar solicitada por el
recurrente.
II. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN:
El solicitante Carlos Luis Villacorta Vásquez, mediante escrito de apelación obrante
a fojas 116 a 120, expone los siguientes agravios:
1. Señala que se debe proceder conforme lo previsto en el artículo 615° del
Código Procesal Civil, por que se tiene por cumplido los requisitos exigidos en
los incisos 1 y 4 del artículo 610 de la mencionada normativa. Además de
contar con sentencia fundada en primera instancia.
2. Señala que como consecuencia del transcurso del tiempo de duración del
proceso principal puede resultar ineficaz el derecho del accionante, además
señala que atendiendo el artículo 39°, inciso 2, del T.U.O. de la Ley N° 27584
prescribe que no es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones
relacionadas con el contenido esencial de la pensión.
3. Señala que su pedido cautelar sea ordenar el pago provisorio hasta que se
determine en sentencia definitiva su pedido de pensión. III. CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, de conformidad con el Principio Dispositivo “(…) Juez no puede
arrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por (…) [las
partes] a través de los recursos que les franquea la ley”1. Bajo este mismo contexto, el
artículo 370° del Código Procesal Civil, “regula la limitación de la competencia del juez
superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios
que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación
(…)”2 (resaltado agregado). Por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el
órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución
impugnada y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito.
SEGUNDO: Antecedentes del caso:
2.1. Del escrito de solicitud cautelar obrante, a fojas 101 a 107, se verifica que el
demandante solicitó MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR a fin que la entidad
demandada cumpla con otorgar a favor del recurrente la pensión de jubilación
conforme al régimen montepio policial Decreto Ley N° 18081, sin perjuicio de los
devengados e intereses que serán liquidados en ejecución de sentencia hasta el
momento de la dación de la pensión provisional.
2.2. En relación al fundamento factico y jurídico que sustenta es qué tiene sentencia
de primera instancia que declara fundada la demanda, por tanto en mérito al artículo
615° del T.U.O. del Código Procesal Civil se encuentra exonerado de acreditar el
requisito de verosimilitud, respecto al peligro en la demora el fundamento principal
radica en que dicho requisito no es exigible cuando el contenido del derecho versa
sobre un derecho pensionable.
TERCERO: Delimitación jurídica del caso:
3.1. Previo al análisis de los agravios, cabe acotar que el demandante solicitó medida
cautelar de no innovar, la misma que se sustenta en mérito a lo regulado en el artículo
38° y 39° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (T.U. O. de la Ley que regula el
Proceso Contencioso Administrativo), concordado con el artículo 687° del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que señala procede medida cautelar de no
innovar "ante la inminencia de un perjuicio irreparable puede el Juez dictar medidas
destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea
1 Casación N° 2935-98 Apurímac, Sala Civil de la Corte Suprema, 26 abr. 1998.
2 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.“Comentarios al Código Procesal Civil”. Gaceta Jurídica. Tomo II. Pág. 176. invocada en la demanda y, se encuentre en relación a las personas y bienes comprendidos en el
proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de
aplicación otra prevista en la ley".
3.2. En relación a la procedencia de toda medida cautelar, es indispensable para dicho
fin contar con los requisitos o presupuestos constitutivos establecidos por ley, los
mismos que se encuentran regulados en el artículo 39° del Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo, señala: "(…) 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto,
se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés
público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia
inmediata de la actuación impugnable. 2. Se considere necesaria la emisión de una decisión
preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable.
No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido
esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia
de la pretensión (…)", concordado con el Artículo 611° del Código Procesal Civil, que de
forma similar establece que para la admisión de toda medida cautelar es de
observancia indispensable cumplir con los requisitos o presupuestos procesales de
verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida (o
contracautela en éste ultimo).
CUARTO: El artículo 615° del Código Procesal Civil, prescribe: "Es procedente el pedido
de medida cautelar de quién ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada el
pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuaderno separado ante el Juez de la demanda, con
copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir los requisitos
exigidos en los incisos 1 y 4 del artículo 610"; dicha regulación no excluye que el trámite
de todo proceso cautelar deba ser admitida de manera inmediata, o sin la valoración
de los requisitos o presupuestos procesales de la medida cautelar, regulados en el
artículo 39° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Por el contrario, la interpretación
del artículo 615°, debe ser preservando el debido proceso y la tutela procesal efectiva
consagrada en el inciso tercero del artículo 139° de la Constitución. Máxime si bajo el
imperio de dicha normativa, en caso del supuesto jurídico regulado, los únicos
requisitos que no son necesario de cumplimiento es la fundamentación de la
pretensión cautelar y la contracautela3.
3 Código Procesal Civil QUINTO.- En esa línea, la pertinencia del pronunciamiento debe ser precisamente en
base a la forma de la medida cautelar solicitada. Sobre la solicitada en autos, es
menester acotar que tanto la medida cautelar innovativa, como de no innovar se
sustenta en mérito a lo regulado en el artículo 38° y 39° del Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS (T.U.O. de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). Ahora,
siendo que dicha norma procesal no regula su contenido normativo, corresponde
concordar con el artículo 682° (innovativa) del Código Procesal Civil.
SEXTO.- Análisis del caso:
4.1. Por la verosimilitud del derecho, quiere decir probabilidad de que el resultado del
proceso sea favorable al actor, no se trata de establecer la certeza de la existencia del
derecho que es propiamente el objeto del proceso principal, sino, de formular un juicio
de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria y superficial4,
acerca de la existencia futura de una sentencia favorable en el proceso principal5. A
manera de conclusión, y verificar el cumplimiento del referido requisito, "el derecho
será verosímil si es probable, y lo probable es lo que se puede demostrar mediante la
comprobación de los hechos"6.
4.2. Sobre la actuación probatoria del proceso cautelar, esta no difiere de la realizada
en el proceso principal ya que como recuerda la doctrina, la prueba general tiene como
fin concordar las apariencias y las afirmaciones con los hechos realmente ocurridos,
siendo esta la proyección que posibilita al órgano decisorio la obtención de un
determinado grado de convicción sobre las mismas7. En ese orden de ideas, el
artículo 637° del Código Procesal Civil, prescribe que "La solicitud es concedida o
rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la
solicitud (…)"; en base a ello, el juzgador debe examinar además de lo alegado la
prueba adjuntada por el peticionante, que acredite la probabilidad, verosimilitud
o apariencia del derecho invocado en la solicitud cautelar, examinando de forma
exhaustiva dicha prueba de verosimilitud, sin que ello signifique adelantar opinión
Artículo 610.- Requisitos de la solicitud:
1) Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar; (…)
4) Ofrecer contracautela (…)"
4 LIEBMAN, Enrico. Citado por LEDEZMA NARVÁEZ, Marianella. (2008). Los Nuevos Procesos de Ejecución y Cautelar. Lima,
Gaceta Jurídica, p. 27.
5 MONROY PALACIOS. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas y Editores,
p.105.
6 RIVAS, Adolfo. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas y Editores, p.106.
7 ALEMAÑ CANO, Jaime. Citado por MENDOZA LEGOAS, Luis. Las Medidas Cautelares Laborales. Lima, Juristas y Editores,
p.108. alguna sobre el fondo del problema8 y, como consecuencia de ello, advertir la alta
probabilidad que el derecho invocado le correspondería al demandante.
4.3. De la solicitud cautelar obrante a fojas 101 a 107, así como del escrito de
apelación obrante a fojas 116 a 120, se verifica que el sustento para acreditar dicho
presupuesto, es porque cuenta con sentencia favorable emitida en sentencia de
primera instancia, pidiendo se aplique a su caso el artículo 615° del Código Procesal
Civil.
4.4. De las instrumentales que corren a fojas 92 a 99 (Anexo 1-E), se verifica que
efectivamente el recurrente obtuvo sentencia favorable por el juzgado de primera
instancia, sin embargo al ser elevado en grado de apelación, por el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada, éste colegiado resolvió la causa en
segunda instancia mediante Sentencia de Vista de fecha 12 de marzo del 2019, donde
revoco el extremo que declaraba fundada en parte la demanda, y reformándola
declaro infundada la demanda. En consecuencia con ello se puede acreditar que los
argumentos que el demandante alega en su pedido cautelar, a la fecha han
cambiado, por el contrario corresponde desestimar su pedido, en primer lugar porque
no corresponde la aplicación del artículo 615° del Código Procesal Civil, no obstante
de no encontrarse a la fecha en el supuesto que regula dicha normativa, y segundo
porque no se acredita cumplir con el requisito de verosimilitud del derecho invocado
SEXTO.- Finalmente, a pesar que la norma prevé que el peligro en la demora en
pretensiones que versan sobre derecho de pensión no es requisito de procedibilidad
para la admisión de las medidas cautelares, es indispensable acreditar el
cumplimiento de los demás requisitos, como es la verosimilitud del derecho invocado,
por constituir requisitos constitutivos de admisibilidad, careciendo por ello analizar el
último requisito de razonabilidad (o adecuación, o contracautela), regulados en el
artículo 39° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concordado con el artículo 611° del
Código Procesal Civil, por las consideraciones expuestas, habiéndose efectuado un
análisis factico y jurídico respectivo en el auto materia de grado, corresponde
confirmar lo resuelto por el juzgado de primera instancia, desestimando los agravios
alegados.
8 HINOSTROZA, Alberto. El Embargo y Otras Medidas Cautelares. Editorial San Marcos, Lima 2002, p. 38. Por los argumentos precedentemente establecidos y en mérito a las prerrogativas
conferidas por ley, este Colegiado superior.
SE RESUELVE:
CONFIRMAR la Resolución N° UNO, de fecha 06 de junio del 2018, obrante a fojas
110 a 112, que declara Rechaza la Medida Cautelar solicitada por el recurrente. En los
seguidos por CARLOS LUIS VILLACORTA VASQUEZ contra MINISTERIO DEL
INTERIOR sobre MEDIDA CAUTELAR. Notifíquese.-
TM/dg
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TÁVARA MARTINEZ TOVAR BUENDIA
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Juez: APARI CHILQUILLO SEMIRA NALINI
Fecha: 18/09/2015 10:08:46
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
5° JUZGADO PAZ LETRADO DE ESPECIALIDAD LABORAL
EXPEDIENTE : 19471-2015-0-1801-JP-LA-05
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: DE LA CRUZ ESPECIALISTA : DE LA CRUZ HONORES CATHERINE
HONORES CATHERINE
Fecha: 18/09/2015 10:16:34 DEMANDADO : CC CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL GENERALES SRL
DEMANDANTE : GOMEZ QUISPE, CARLOS NICANOR
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO
Lima, once de Septiembre
del dos mil quince.-
DADO CUENTA en la fecha por las
recargadas labores originadas por la Resolución Administrativa N° 407-2014-
CE-PJ, con el escrito N° 17426-2015 presentado por la parte demandante;
ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, del estudio de autos mediante Sentencia N° 080-2015-5°-
JPLL-SNACH contenida en la resolución tres de fecha veintiuno de Julio del
dos mil quince, se declara fundada la demanda presentada por el actor, siendo
citadas las partes para su notificación como lo establece el artículo 47° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo.
SEGUNDO: Que, se advierte que no se ha interpuesto recurso impugnatorio
contra la sentencia recaída en autos dentro del plazo previsto por el articulo
número 32° de la acotada Ley, por lo que habiendo transcurrido el plazo legal
para hacerlo, dicha resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada
conforme a lo dispuesto por el articulo 123° del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria a este proceso, en mérito a lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria de dicha ley. En consecuencia:
TÉNGASE POR CONSENTIDA la Sentencia N° 080-2015-5°-JPLL-SNACH
contenida en la resolución tres de fecha veintiuno de Julio del dos mil quince y
REQUIÉRASE a la demandada C&C CONSULTORES EJECUTORES
CONTRATISTAS GENERALES SRL para que dentro del tercer día cumpla con
pagar al actor la suma de S/. 2,857.63 (DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE Y 63/100 NUEVOS SOLES), bajo apercibimiento de
iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento. Asimismo, CUMPLA
la demandada en el plazo de TRES DÍAS con expedir y presentar a ésta
judicatura el Certificado de Trabajo del actor, teniendo en cuenta lo dispuesto
por la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria, Derogatoria y Final
del Decreto Supremo N° 001-96-TR1, bajo apercibimiento de MULTA en caso
de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.-
1 Tercera.- Extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la
naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su
conducta o rendimiento. |
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VARGAS ALVA, MANUEL AGUSTIN
RESOLUCION N° DOCE
Lima, primero de octubre del
año dos mil dieciocho. -
Dando cuenta al escrito ingresado por la parte demandada con fecha 12 y 19 de setiembre
del 2018 presentado por la parte demandada: Al principal; Téngase por cumplido el mandato
y por consignado el certificado de Depósito Judicial N° 2018321214145 por el importe de S/.
15,969.82 Soles, correspondiente a los intereses legales; en consecuencia: ENDOSESE Y
ENTRÉGUESE a la parte demandante dejándose constancia en autos de su entrega.
Al primer otrosí (29-08-18). - Téngase presente.
Al primer y segundo otrosí (12-09-18). - Téngase presente y agréguese a los autos.
Dando cuenta al escrito de fecha 14-09-18 presentado por la parte demandante. – téngase
por absuelto en los términos que indica y CONSIDERANDO:
1. Conforme a lo resuelto mediante Sentencia N° 239-2016 de fecha 19 de setiembre del
2016, que resolvió fundada la demanda, la misma que fue confirmada por la Tercera
sala Laboral mediante Sentencia de Vista de fecha 19 de diciembre del 2017.
2. El artículo 14° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, prevé que "La
condena en costas y costos se regula conforme a la forma procesal civil...". Acudiendo a
las normas procesales pertinentes, se tiene que el artículo 410° del Código Procesal
Civil señala que "las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de
los órganos de auxilio judicial y de los demás gastos judiciales realizados en el proceso";
asimismo, el artículo 411° señala que "son costos del proceso el honorario del abogado
de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los
abogados en los casos de auxilio judicial"; los que serán fijados teniendo en cuenta lo
prescrito en el artículo 414° del Código Adjetivo.
3. Nuestro sistema procesal adopta el principio de condena en costas y costos, en este
sentido, está a cargo del reembolso la parte vencida en el proceso, constituyendo este
supuesto una regla general. Sin embargo, esta regla no es absoluta, considerando
además que el artículo 414° del Código Procesal Civil, determina que el Juez regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto al monto, a los
obligados y beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso y fundamentando
debidamente su decisión; dándole la potestad en algunos casos, de exonerar el pago de
los mismos, de conformidad al artículo 412 del mismo cuerpo normativo. Entonces para
establecer el monto de los costos procesales, importa reembolsar el gasto que demanda
pagar los servicios de un abogado que la parte vencedora se vio obligada a contratar
para hacer prevalecer en un proceso judicial sus derechos y para las costas verificar en
autos los pagos realizados por conceptos de aranceles judiciales.
4. Por su parte, el Tribunal Constitucional a efecto de prevenir que se produzcan
arbitrariedades al momento de determinar el pago de los costos…1 emite un
pronunciamiento al respecto, en el expediente signado con el número 00052-2010-AA,
precisando que además de los criterios empleados por los órganos jurisdiccionales, esto
es, el esfuerzo intelectual empleado por el abogado, las incidencias acaecidas en el
trámite de la causa, a efecto de justificar la proporcionalidad o razonabilidad del monto
otorgado en forma objetiva, “…existen otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes…2”
(El énfasis es agregado); en tal virtud, corresponde aprobar los costos procesales,
tomando en cuenta los criterios establecidos en la norma legal, así como los
establecidos por el Tribunal Constitucional, así tenemos:
5. Sobre los costos
5.1 Respecto a la proporcionalidad de los costos; la proporcionalidad estará ligada
estrechamente a las incidencias del proceso, como establece el artículo 414 del
Código Procesal Civil, referidas a las actuaciones procesales y al tiempo de duración
del proceso, así en la presente causa se observa que la defensa del demandante
realizó:
a) Escrito que interpone la demanda de fecha 01 de setiembre del 2015, firmado
por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
b) Escrito de subsanación de fecha 05 de octubre del 2015, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
c) Escrito que solicita señalar audiencia de fecha 04 de mayo del 2016, firmado por
el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
d) Participación de Audiencia de Conciliación de fecha 02 de agosto del 2016, con
la participación del letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
e) Participación de Audiencia de Juzgamiento de fecha 08 de setiembre del 2016,
con la participación del letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
f) Escrito que solicita requerir el pago y se remita a pericias de fecha 12 de abril
del 2018, firmado por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
g) Escrito que solicita requerimiento de pago de fecha 26 de julio del 2018, firmado
por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
1 Fundamento Jurídico 3.
2 Fundamento Jurídico 5. 5.2 Duración del Proceso: La demanda fue interpuesta el 010 de setiembre de 2015,
y se emitió sentencia declarando fundada la demanda con fecha 19 de setiembre del
2016.
6. Siendo así, teniendo en cuenta las incidencias del proceso antes indicadas, esto, el
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, la participación del abogado y
el asesoramiento permanente del abogado, y el tema en debate, la que ha estado
circunscrita a primera y segunda instancia; con el criterio de conciencia que la ley faculta
y en mérito a lo dispuesto en la parte in fine del artículo 418° del Código Procesal Civil y
14° de la Ley N° 29497, se deberá proceder a fijar los costos; siendo que las costas
deberán ser liquidadas por la parte actora.
Por las consideraciones antes expuestas se resuelve:
(cid:1) FIJAR la suma de s/ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) por
concepto de COSTOS PROCESALES, más un 5% destinado al Colegio de Abogados
de Lima en la suma de s/ 425.00 soles
(cid:1) REQUERIR cumpla la demandante adjuntar documento indubitable y de fecha cierta que
acredite su pago, así como de los tributos que correspondan, en estricto cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 418 del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta lo
resuelto en la Sentencia de Vista.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - |
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 19807-2015-0-1801-JR-LA-08
JUEZ : REATEGUI MEZA XUANY
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VARGAS ALVA MANUEL AGUSTIN
RESOLUCION N° NUEVE
Lima, treinta de mayo del
año dos mil dieciocho. -
DANDO CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 041-2018-08°JENLPT-MTR del perito
adscrito al Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan
conforme a su derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el
artículo 63 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las
formalidades de ley. - INFORME PERICIAL Nº 041-2018-08ºJENLPT-MTR
REFERENCIA : EXP. Nº 19809-2015 .
DEMANDANTE : MANUEL AGUSTIN VARGAS ALVA.
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MOTIVO : INTERESES BANCARIOS
______________________________________________________________________
_______
SEÑOR JUEZ DEL 08º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY
PROCESAL DE TRABAJO.
Tengo a bien dirigirme a Ud. a fin de presentar a su consideración
el Informe Pericial Contable ordenado por su Despacho, mediante Resolución N° 08 de fecha
24 de Abril del 2018 que corre en autos.
1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.
Según Resolución 08 del 24 de abril del 2018, se ordena se proceda
efectuar el cálculo de los Intereses Legales ordenados en la Sentencia.
2.- EXAMEN PERICIAL :
Con la finalidad de cumplir con
el cálculo de los Intereses, se efectuó el estudio de autos determinándose que mediante
Sentencia 239-2016 aprobada con Resolución Cuatro del 09 de Septiembre del 2016,
que declaro fundada la demanda interpuesta por Don MANUEL AGUSTIN VARGAS
ALVA contra el Banco de la Nación, en consecuencia ordenaron que la demandada
pague al demandante la suma de S/ 74,853.29 soles, sobre pago de la Bonificación
por productividad Sindical y Gerencial y el Reintegro de las Gratificaciones y la
Compensación por Tiempo de Servicios, Sentencia que fue revocada por Resolución de
Sala de fecha 19 de Diciembre del 2017, en el extremo que declara fundada la
demanda de reintegro de las cinco gratificaciones anuales y Compensación por
Tiempo de Servicios por incidencia en la productividad Gerencial por el periodo de
1194 a Diciembre de 1999 y reformándola la declararon infundada y la confirmaron en
el extremo de Reintegro de las Cinco Gratificaciones Anuales por incidencia de la
Productividad Sindical por el periodo de 1993 a 2001 y el reintegro de las
Gratificaciones anuales por incidencia en la productividad Gerencial por el periodo
2000 al 2005 y modificándola en cuanto al monto ordenado a pagar en S/ 37,503.02
soles, más Intereses Legales.
Asimismo, dispusieron que la demandada se constituya como depositaria del reintegro
de la Compensación por Tiempo de Servicios por la Suma de S/ 2,645.85 soles por
incidencia de la Productividad Gerencial del periodo del 2000 al 2005 e incidencia de
la productividad Sindical del año 1993 a 2001, más Intereses Financieros.
2.1- Fuentes de Información y Metodología:
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuentes
información las Circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en el diario Oficial “ El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado diario relativas a la
Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920 referido, en las
que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92, fecha de vigencia de dicho
Decreto Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal en moneda Nacional desde
sus respectivas fechas de origen, hasta la fecha de cancelación de la deuda, y no habiendo
cumplido la demandada con la Cancelación de la Deuda, se liquidan los Intereses Legales al
26 de Mayo del 2018.
LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL Y
SINDICAL:
Al efecto, se tuvo en consideración los siguientes elementos de juicio.
- Fecha de Origen del interés : 01-01-1993
- Fecha a Liquidar : 02-01-1993 al 26-05-2018
- Obligación : S/. 37,503.02
descripción f_origen f_liquid días factor monto interés
Ene-1993 01/02/1993 26/05/2018 9246 1.86821 62.50 116.76
Feb-1993 01/03/1993 26/05/2018 9218 1.84235 62.50 115.15
Jul-1993 01/08/1993 26/05/2018 9065 1.70575 62.50 106.61
Oct-1993 01/11/1993 26/05/2018 8973 1.63174 62.50 101.98
Dic-1993 01/01/1994 26/05/2018 8912 1.58702 62.50 99.19
Ene-1995 01/02/1995 26/05/2018 8516 1.37608 328.33 451.81
Feb-1995 01/03/1995 26/05/2018 8488 1.36321 328.33 447.58
Jul-1995 01/08/1995 26/05/2018 8335 1.28996 328.33 423.53
Oct-1995 01/11/1995 26/05/2018 8243 1.24135 328.33 407.57
Dic-1995 01/01/1996 26/05/2018 8182 1.21024 328.33 397.36
Ene-1997 01/02/1997 26/05/2018 7785 1.03232 75.52 77.96
Feb-1997 01/03/1997 26/05/2018 7757 1.02185 75.52 77.17
Jul-1997 01/08/1997 26/05/2018 7604 0.96453 75.52 72.84
Oct-1997 01/11/1997 26/05/2018 7512 0.93013 75.52 70.24
Dic-1997 01/01/1998 26/05/2018 7451 0.90808 75.52 68.58
Ene-1999 01/02/1999 26/05/2018 7055 0.74972 149.87 112.36
Feb-1999 01/03/1999 26/05/2018 7027 0.73699 149.87 110.45
Jul-1999 01/08/1999 26/05/2018 6874 0.67455 149.87 101.09
Oct-1999 01/11/1999 26/05/2018 6782 0.64509 149.87 96.68
Dic-1999 01/01/2000 26/05/2018 6721 0.62503 149.87 93.67
Ene-2000 01/02/2000 26/05/2018 6690 0.61473 1,574.27 967.75
Feb-2000 01/03/2000 26/05/2018 6661 0.60502 1,574.27 952.46
Jul-2000 01/08/2000 26/05/2018 6508 0.56098 1,574.27 883.13
Oct-2000 01/11/2000 26/05/2018 6416 0.53611 1,574.27 843.98
Dic-2000 01/01/2001 26/05/2018 6355 0.51946 1,574.27 817.77
Ene-2001 01/02/2001 26/05/2018 6324 0.5115 1,574.27 805.24 Feb-2001 01/03/2001 26/05/2018 6296 0.50442 1,574.27 794.09
Jul-2001 01/08/2001 26/05/2018 6143 0.46735 1,574.27 735.74
Oct-2001 01/11/2001 26/05/2018 6051 0.44861 1,354.27 607.54
Dic-2001 01/01/2002 26/05/2018 5990 0.43931 1,354.27 594.94
Ene-2002 01/02/2002 26/05/2018 5959 0.43549 1,124.66 489.78
Feb-2002 01/03/2002 26/05/2018 5931 0.43242 1,124.66 486.33
Jul-2002 01/08/2002 26/05/2018 5778 0.41872 1,124.66 470.92
Oct-2002 01/11/2002 26/05/2018 5686 0.41023 1,124.66 461.37
Dic-2002 01/01/2003 26/05/2018 5625 0.4041 1,124.66 454.48
Ene-2003 01/02/2003 26/05/2018 5594 0.4011 1,124.66 451.10
Feb-2003 01/03/2003 26/05/2018 5566 0.39844 1,124.66 448.11
Jul-2003 01/08/2003 26/05/2018 5413 0.38467 1,124.66 432.62
Oct-2003 01/11/2003 26/05/2018 5321 0.37735 1,124.66 424.39
Dic-2003 01/01/2004 26/05/2018 5260 0.37296 1,124.66 419.45
Ene-2004 01/02/2004 26/05/2018 5229 0.37086 1,124.66 417.09
Feb-2004 01/03/2004 26/05/2018 5200 0.36893 1,124.66 414.92
Jul-2004 01/08/2004 26/05/2018 5047 0.35902 1,124.66 403.78
Oct-2004 01/11/2004 26/05/2018 4955 0.35285 1,124.66 396.84
Dic-2004 01/01/2005 26/05/2018 4894 0.34868 1,124.66 392.15
Ene-2005 01/02/2005 26/05/2018 4863 0.34654 1,124.66 389.74
Feb-2005 01/03/2005 26/05/2018 4835 0.3446 1,124.66 387.56
Deuda S/. 37,503.02
Intereses Leg. 18,891.85
LIQUIDACIÓN DE INTERESES FINANCIEROS GENERADOS POR EL
MONTO DE S/. 2,645.85 SOLES.
En cuanto a los Intereses Financieros Dispusieron que la demandada se constituya como
depositaria del Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por la Suma de S/
2,645.85 soles por la incidencia de la Productividad Gerencial del Periodo 2000 a 2005 e
incidencia de la productividad sindical del año del Año 1993 al 2001, más Intereses
Financieros que se liquidaran al momento de la cancelación de la deuda.
3.- CONCLUSIONES:
1.-Los intereses legales liquidados conforme establece el D.L. 25920 asciende
a la suma de S/ 18,891.85 Soles al 26 de Mayo del 2017.
Es todo cuanto informo a Ud., para los fines que estime convenientes.
Lima, 29 de Mayo del 2018. _________________________________
CPC. Josefa María Tejada Rospigliosi
Perito Judicial |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 198097-2015-0-1801-JR-LA-08
JUEZ : REATEGUI MEZA XUANY
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : VARGAS ALVA MANUEL AGUSTIN
RESOLUCION N° OCHO
Lima, veinticuatro de abril del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: con fecha 14 de abril de 2018, la Tercera Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el Expediente N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08, que contiene la Sentencia de Vista
de fecha 19 de diciembre de 2017, que resolvió:
REVOCAR la Sentencia N° 239-2016, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 19 de
setiembre de 2016, de fojas 120 a 124, en cuanto declara Fundada la demanda de
Reintegro de las cinco gratificaciones anuales y Reintegro de la Compensación por
Tiempo de Servicios por incidencia en la productividad sindical del período 2002 a 2005
y REFORMÁNDOLA, la declararon Infundada;
REVOCARON la sentencia en el extremo que declara fundada la demanda de reintegro
de las cinco gratificaciones anuales y Compensación por Tiempo de Servicios por
incidencia de la productividad gerencial por el período 1994 a diciembre de 1999 y
REFORMÁNDOLA la declararon Infundada;
REVOCARON la sentencia en cuanto a la condena de costas, REFORMÁNDOLA, la
declararon Improcedente;
CONFIRMARON la sentencia que declara FUNDADA en parte la demanda por concepto
de:
Reintegro de las cinco Gratificaciones Anuales por Incidencia de la Productividad
Sindical del período 1993 a 2001;
Reintegro de las cinco Gratificaciones anuales por incidencia de la Productividad
Gerencial del período 2000 al año 2005;
MODIFICÁNDOLA en cuanto al monto a pagar, ordenaron el pago por la suma de S/.
37,503.02 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES Y 02/100 SOLES) más intereses
legales;
DISPUSIERON que la demandada se constituya en depositaria del Reintegro de la
Compensación por Tiempo de Servicios; por la suma de S/. 2,645.85 (DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 85/100 SOLES); por incidencia de la
productividad Gerencial del período 2000 a 2005 e incidencia de productividad sindical
del año 1993 a 2001; más intereses financieros; con costos y sin costas. En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin SE RESUELVE;
(cid:1) REQUERIR a la demandada, a fin que cumpla con pagarle al demandante el importe de
S/. 37,503.02 soles por concepto de beneficios sociales amparados; la misma que
deberá CUMPLIR con pagarle en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, bajo
apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento.
(cid:1) CUMPLA la demandada se constituya en depositaria del reintegro de Compensación por
Tiempo de Servicios; por la suma de S/. 2,645.85 soles.
(cid:1) DISPÓNGASE que el perito designado, proceda al cálculo de los intereses ordenados
en la sentencia, a cuyo efecto hágase entrega de los autos, bajo constancia.
Al escrito de fecha 12 de abril de 2015 presentado por la demandante; Al principal,
ESTESE a lo resuelto en líneas que antecede.
Avocándose al conocimiento de la causa la magistrada que suscribe e Interviniendo la
especialista legal que suscribe por Disposición Superior. |
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TERCERA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
Señores:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
Lima, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En audiencia pública de la fecha; con la asistencia de la Abogada de la parte
demandada Karen Rocío Huamaní Martínez; e interviniendo como ponente la
Señora Juez Superior Begazo Villegas;
ANTECEDENTES:
Viene en grado de apelación la Sentencia N° 239-2016 contenida en la
Resolución N° 04 de fecha 19 de setiembre de 2016, que obra de fojas 120 a
124, que declara Fundada la demanda, en consecuencia, Ordena que la
demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 74,853.29 soles,
por los conceptos de reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de
servicios, más intereses legales y financieros; con costos y costas;
AGRAVIOS:
Que, la demandada, mediante escrito de apelación de sentencia de fecha 06
de octubre de 2016, corriente de fojas 129 a 147, señala como agravios:
a) Que, la apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del
debido proceso, toda vez que no efectuado una valoración conjunta y
razonada de los medios prueba actuados y aportados al proceso;
b) Que, el A quo interpreta de forma incorrecta en cuanto brinda carácter
remunerativo a las bonificaciones entregadas al actor, puesto que dicho
concepto no cumple con las características necesarias para ser
considerado así;
c) Que, en lo que respecta a la productividad sindical, dicho concepto no
tienen carácter remunerativo, ya que era otorgada una sola vez al año
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
pero fraccionada en algunos años conforme a las boletas de pago, en
base a la puntualidad y asistencia del trabajador, conforme lo señalado
por las Resoluciones Supremas N° 104-94-EF, 121-95-EF y 009-97-EF;
además, la A quo considera que la productividad sindical corresponde al
concepto Préstamo B, lo cual es incorrecto pues este concepto
corresponde a los préstamos realizados a los trabajadores;
d) Que, la productividad gerencial no tiene carácter remunerativo razón por
la cual, no proceden los reintegros amparados en las gratificaciones y
compensación por tiempo de servicios, puesto que conforme el Decreto
Supremo N° 010-2002-EF, 121-95-EF, Resolución Suprema N° 104-94-
EF, la bonificación se otorgará únicamente a los trabajadores en
actividad sujetos a evaluación personal, manteniendo su carácter
extraordinario y no remunerativo;
e) Respecto al pago de reintegro de compensación por tiempo de servicios
por incidencia de la productividad sindical y gerencial, el Banco no le
adeuda suma alguna, toda vez que ha cumplido con liquidar conforme a
ley en su oportunidad;
f) Que, en cuanto a los costos no ha tenido en cuenta que el Banco de la
Nación se encuentra exonerado del pago de los mismos por ser un
organismo público descentralizado del Sector Economía y Finanzas. Y
se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales;
g) Asimismo también se encuentra exonerado de costas, conforme lo
dispone el artículo 47° de la Constitución Política del Estado;
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, se establece que el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte, la
resolución que la produzca agravio; por otro lado el artículo 370° de la misma
norma recoge en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum
devolutum quantum apellatum, conforme al cual, el órgano revisor se pronuncia
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la
segunda instancia; por lo mismo, la presente se pronuncia respecto de los
agravios contenidos en el recurso de apelación;
SEGUNDO: Que, según el acta de registro de Audiencia de Conciliación, de
fecha 02 de agosto de 2016, obrante a fojas 118, se procedió a fijar las
pretensiones que son materia de juicio que son las siguientes:
• El pago de reintegro de la bonificación de productividad sindical en las
cinco gratificaciones;
• El pago de reintegro de la bonificación de productividad gerencial en las
cinco gratificaciones;
• El pago del Reintegro de la Bonificación de Productividad Sindical en la
Compensación por Tiempo de Servicios;
• El pago de Reintegro de la Bonificación de Productividad Gerencial en la
Compensación por Tiempo de Servicios;
• El pago de Intereses legales, costas y costos del proceso.
TERCERO: Respecto al agravio a), referido a que el A quo no ha valorado los
medios probatorios de forma conjunta, afectando el derecho al debido proceso,
es menester señalar que, el Artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo
N° 29497, señala “Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de
trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: a) La existencia de la
fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o
legal. (…); de modo paralelo cuando corresponda, incumbe al demandado que
sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el
cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad.(…)” y en el presente caso, de la
revisión de la sentencia, se verifica que el A quo, ha señalado en la sentencia,
todos los argumentos de hecho y de derecho, valorando los medios de prueba
que lo conducen a arribar de forma razonada, al fallo contenido en la sentencia
recurrida, por lo cual, se desestima dicho agravio;
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
CUARTO: Que, en cuanto a los agravios, referidos al carácter remunerativo
de la Productividad Gerencial, es de precisar que el artículo 9° del Texto
Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo N° 001–97–TR., en consonancia con lo
delimitado en el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo N° 100
sobre Igualdad de Remuneración - ratificado por Resolución Legislativa N°
13284 - del 15 de Diciembre de 1959, señala que son remuneración
computable: la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su
labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su
libre disposición;
QUINTO: De acuerdo al artículo 7° de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 001–97–TR., dispone que no
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en
los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado de l Decreto Legislativo N°
650, considerando entre aquellos el inciso a) del citado artículo 19°, las
gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia
de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de conciliación o
mediación, o establecida por resolución de Autoridad Administrativa de Trabajo
o por Laudo;
SEXTO: Que, de acuerdo a la normatividad acotada, se verifica que
constituyen características que tipifican perse el carácter remunerativo de lo
percibido por el trabajador en dinero o en especie: a) que, lo percibido sea
como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se le
dé; b) que, sea percibida en forma regular; y c) que, sea de su libre disposición,
esto es, que el trabajador dentro de su ámbito de libertad pueda decidir el
destino que le otorga; establecidas las características que tipifican el carácter
remunerativo de lo percibido por el trabajador, corresponde verificar si debe
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
atribuirse dicho carácter a lo percibido por Bonificación Extraordinaria por
Productividad Gerencial;
SÉPTIMO: Que, en el caso de la Bonificación Extraordinaria de Productividad,
proviene de la Resolución Suprema N°104-94-EF, que aprueba el otorgamiento
a los funcionarios y trabajadores activos una asignación extraordinaria por
concepto de productividad; y de la Resolución Suprema N° 121-95-EF, norma
del sector economía dado el 20 de octubre de 1995, mediante el cual se
autoriza al Banco de la Nación otorgar a partir del 01 de agosto de 1995 a sus
trabajadores, adicionalmente a lo establecido en el Resolución Suprema N°
009-97-EF de fecha 30 de enero de 1997, que autoriza al banco otorgar a partir
de 01 de noviembre de 1996 adicionalmente a lo establecido en la Resolución
Suprema N° 104-94-EF y Resolución Suprema N° 121-95 -EF, norma del sector
economía dado el 20 de octubre de 1995, mediante el cual se autoriza al banco
otorgar a partir del 01 de noviembre de 1996 adicionalmente a lo establecido en
la Resolución Suprema N° 104-94-EF y la Resolución Suprema N° 121-95-EF,
la bonificación por productividad en los montos allí establecidos y finalmente la
Resolución Suprema N° 224-98-EF y la Resolución Ministerial N° 075-99-EF,
las cuales refieren que se otorgaba tal beneficio previa evaluación del
empleador;
OCTAVO: Sin embargo, debe precisarse que no obstante la regulación
mencionada precedentemente, el carácter extraordinario no lo da el solo hecho
de no asignarle tal título, sino cuando su abono responde a un pago ocasional,
eventual y no repetitivo, lo cual no ha sucedido con el concepto de
Productividad Gerencial al ser abonado por la demandada a favor del actor de
manera permanente, bajo la percepción del “abono por regularizar-A”, como
“préstamo A” o “concepto no remunerativo A”, en el año 2001 y 2002, y como
“concepto variable 1” en el año 2003 e “ingreso no remunerativo” del 2004 al
2005; es por esta razón que se desvirtúa el carácter excepcional, por
corroborarse que era un concepto pagado de manera regular y de libre
disposición, conforme a las boletas de pago que obran en soporte digital y las
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
acompañadas al proceso. Siendo que la demandada con los medios
probatorios ofrecidos, no ha desvirtuado su carácter remunerativo;
NOVENO: Que, habiendo determinado que la Bonificación Extraordinaria de
Productividad Gerencial, tiene carácter remunerativo, queda claro que la
pretensión del actor es amparable; y, es que además en aplicación del Principio
de Primacía de la Realidad, pese a la denominación que la demandada le
otorgó a la bonificación por productividad gerencial, y, al haberse acreditado en
el caso de autos que se otorgó de forma regular desde el año 2000 y al no
estar condicionada a ninguna rendición de cuenta, sino más bien era de libre
disposición de la demandante, por lo que, se determina el carácter
remunerativo de la productividad gerencial, siendo así, corresponde reconocer
el carácter remunerativo de la Productividad Gerencial y su incidencia para el
Reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia de la
Productividad Gerencial desde el año 2000 al año 2005; desestimándose los
agravios de la demandada en este extremo y se amparan sus agravios en
parte, respecto del período 1994 a 1999; en consecuencia:
9.1. Se revoca la sentencia en cuanto ordena el reintegro de las cinco
gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios, por incidencia de la
productividad Gerencial por el período 1994 a 1999, reformando se declara
infundada la demanda por dicho período;
9.2. Se confirma en cuanto declara fundado el reintegro por dichos conceptos
en el período 2000 a 2005;
DÉCIMO: Respecto al concepto por Bonificación por Productividad Sindical,
deriva de los Convenios Colectivos que fueron suscritos anualmente entre el
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación SINATBAN y la emplazada
desde el año 1993. Cabe resaltar que la calificación de la asignación por
Productividad Sindical, se encuentra inmersa en el artículo 6º del Decreto
Legislativo Nº 728, esto es que constituye concepto remunerativo, al ser
abonado por la demandada al actor, bajo la denominación de “abono por
regularizar-B”, “préstamo-B” y “concepto no remunerativo-B”, luego en enero de
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
2002, pasó al básico, lo mismo que se corrobora con las boletas de pago que
obra en autos; constituyendo así un concepto pagado de manera regular,
habiendo pasado al básico en el año 2002; habiendo reconocido en la
Sentencia, el reintegro de las cinco gratificaciones anuales por incidencia en la
productividad sindical, desde el año 1993 a 2001; corresponde desestimar los
agravios en dicho extremo; sin embargo corresponde revocar la sentencia
respecto del período comprendido entre el 2002 al 2005; fundamento por el
cual corresponde confirmar la sentencia en cuanto otorga carácter
remunerativo a dichos conceptos por el período de 1993 a 2001, para efectos
de los reintegros peticionados; en consecuencia:
10.1. Se Confirma la sentencia en cuanto dispone el Reintegro de las cinco
gratificaciones anuales y el Reintegro de la Compensación por Tiempo de
Servicios por incidencia de la productividad sindical del período comprendido
entre el año 1993 al 2001;
10.2. Se Revoca la sentencia, en cuanto dispone el reintegro de las cinco
gratificaciones anuales y de la Compensación por Tiempo de Servicios, por
incidencia de la productividad sindical del período comprendido entre el año
2002 a 2005;
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así, se tiene que lo reconocido en la sentencia
por los conceptos reclamados de Reintegro de las cinco gratificaciones anuales
y de la Compensación por Tiempo de Servicios, por incidencia de la
Bonificación por Productividad Gerencial del periodo 2000 - 2005 y reintegro
de las cinco gratificaciones y de la Compensación por Tiempo de Servicios, por
incidencia de la Bonificación por Productividad Sindical del año 1993 a 2001,
fueron abonados en la realidad de forma regular; y, habiendo constituido las
citadas bonificaciones una ventaja patrimonial para el trabajador, se concluye
que era percibido por los servicios prestados; consiguientemente, tienen el
carácter remunerativo por el periodo mencionado, por ende genera que se
ampare su incidencia en las gratificaciones y en la compensación por tiempo de
servicios, en dichos periodos. Lo contrario implicaría contravenir lo instituido
por el inciso 2) del artículo 26° de la Carta Magna, que reconoce el carácter
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TERCERA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
irrenunciable de los derechos y beneficios sociales reconocidos en la
Constitución y la Ley, máxime cuando el carácter remunerativo o no de un
derecho no se determina únicamente a partir de su sola denominación sino en
función a su naturaleza jurídica; y, al haberse determinado que en la realidad
los conceptos de Bonificación por Productividad Gerencial y Bonificación por
Productividad Sindical, fueron percibidos con carácter permanente en el tiempo
y regular en su monto en los periodos mencionados;
DECIMO SEGUNDO: En consecuencia, conforme a los fundamentos antes
mencionados, corresponde que la demandada pague a favor del demandante
la suma de S/. 37,503.02 soles, por los conceptos de reintegro de las cinco
gratificaciones anuales por incidencia de la Productividad Sindical (1993 a
2001) y Gerencial (2000 a 2005); y verificando de la demanda que el actor tiene
vínculo laboral vigente, se dispone que la demandada se constituya en
depositaria de la Compensación por Tiempo de Servicios en la suma de S/.
2,645.85; por incidencia de la Bonificación por Productividad Sindical (abril de
1993 a diciembre de 2001) y Gerencial del (abril de 2000 a abril de 2005). Más
intereses legales y financieros respecto del reintegro de la compensación por
tiempo de servicios;
REINTEGRO DE LAS GRATIFICACIONES POR PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
CONCEPTOS GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
VACACIONES ESCOLARIDAD FIESTAS PATRIAS VACACIONES NAVIDAD TOTAL
MES - AÑO ENERO FEBRERO JULIO OCTUBRE DICIEMBRE
2000 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 5,623.30
2001 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 5,623.30
2002 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 5,623.30
2003 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 5,623.30
2004 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 1,124.66 5,623.30
2005 1,124.66 1,124.66 0.00 0.00 0.00 2,249.32
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TOTAL REINTEGRO 30,365.82
REINTEGRO DE LAS GRATIFICACIONES POR PRODUCTIVIDAD SINDICAL
GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF. GRATIF.
CONCEPTOS VACACIONES ESCOLARIDAD FIESTAS PATRIAS VACACIONES NAVIDAD TOTAL
AÑOS ENERO FEBRERO JULIO OCTUBRE DICIEMBRE
1993 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 312.50
1995 328.33 328.33 328.33 328.33 328.33 1,641.67
1997 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 377.58
1999 149.87 149.87 149.87 149.87 149.87 749.35
2000 449.61 449.61 449.61 449.61 449.61 2,248.05
2001 449.61 449.61 449.61 229.61 229.61 1,808.05
TOTAL REINTEGRO 7,137.20
TOTAL BONF. GERENCIAL Y SIND. 37,503.02
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COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR INCIDENCIA DE PRODUCTIVIDAD - SINDICAL
PERIODOS RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. REMUN. N° DE DEPOSITO
VACAC. ESCOLARIDAD F. PATRIAS VACACIONES-OCT NAVIDAD COMPUTABLE MESES DE C.T.S.
abr-93 5.21 5.21 10.42 4 3.47
oct-93 10.42 5.21 15.63 6 7.81
abr-94 10.42 10.42 6 5.21
abr-95 27.36 27.36 54.72 6 27.36
oct-95 54.72 27.36 82.08 6 41.04
abr-96 54.72 54.72 6 27.36
abr-97 6.29 6.29 12.59 6 6.29
oct-97 12.59 6.29 18.88 6 9.44
abr-98 12.59 12.59 6 6.29
abr-99 12.49 12.49 24.98 6 12.49
oct-99 24.98 12.49 37.47 6 18.73
abr-00 37.47 37.47 24.98 99.91 6 49.96
oct-00 74.94 37.47 112.40 6 56.20
dic-00 449.61 449.61 1 37.45
ene-01 449.61 449.61 1 37.45
feb-01 449.61 449.61 1 37.45
jul-01 449.61 449.61 1 37.45
oct-01 229.61 229.61 1 19.13
dic-01 229.61 229.61 1 19.13
TOTAL CTS 459.73
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR INCIDENCIA DE PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
PERIODOS RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. RTG. GRATIF. REMUN. N° DE DEPOSITO
VACAC. ESCOLARIDAD F. PATRIAS VACACIONES-OCT NAVIDAD COMPUTABLE MESES DE C.T.S.
abr-00 93.72 93.72 187.44 4 62.48
oct-00 187.44 93.72 281.17 6 140.58
dic-00 187.44 187.44 1 15.61
ene-01 1,124.66 1,124.66 1 93.68
feb-01 1,124.66 1,124.66 1 93.68
jul-01 1,124.66 1,124.66 1 93.68
oct-01 1,124.66 1,124.66 1 93.68
dic-01 1,124.66 1,124.66 1 93.68
ene-02 1,124.66 1,124.66 1 93.68
feb-02 1,124.66 1,124.66 1 93.68
jul-02 1,124.66 1,124.66 1 93.68
oct-02 1,124.66 1,124.66 1 93.68
dic-02 1,124.66 1,124.66 1 93.68
ene-03 1,124.66 1,124.66 1 93.68
feb-03 1,124.66 1,124.66 1 93.68
jul-03 1,124.66 1,124.66 1 93.68
oct-03 1,124.66 1,124.66 1 93.68
dic-03 1,124.66 1,124.66 1 93.68
ene-04 1,124.66 1,124.66 1 93.68
feb-04 1,124.66 1,124.66 1 93.68
jul-04 1,124.66 1,124.66 1 93.68
oct-04 1,124.66 1,124.66 1 93.68
abr-05 93.72 93.72 187.44 374.89 6 187.44
CTS POR DEPOSITAR 2,186.12
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS: S/. 2,645.85
DECIMO TERCERO: En relación a la condena de costos del proceso, es de
señalar que si bien la demandada es un ente estatal, la norma especial, Ley N°
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29497, establece en su Sétima Disposición Complementaria que el Estado
puede ser condenado al pago de costos, resultando esta norma aplicable frente
al supuesto general establecido por el artículo 413° del Código Procesal Civil;
siendo ello así y al ampararse en parte la pretensión del actor, corresponde la
condena en costos efectuándose su liquidación en ejecución de sentencia y
con estricta observancia de los conceptos señalados en el artículo 411° del
código procesal acotado; en consecuencia se desestiman los agravios de la
demandada en dicho extremo;
DÉCIMO CUARTO: En relación a las costas, por disposición del artículo 413°
del Código Procesal Civil, la demandada se encuentra exonerada del pago de
costas, y siendo que la Ley N° 29497, no contiene disposición específica en
cuanto al pago de costas, no corresponde ordenar el pago de costas;
revocándose la sentencia en dicho extremo;
Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Estado:
HA RESUELTO:
1. REVOCAR la Sentencia N° 239-2016, contenida en la Resolución N° 04
de fecha 19 de setiembre de 2016, de fojas 120 a 124, en cuanto
declara Fundada la demanda de Reintegro de las cinco gratificaciones
anuales y Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por
incidencia en la productividad sindical del período 2002 a 2005 y
REFORMÁNDOLA, la declararon Infundada;
2. REVOCARON la sentencia en el extremo que declara fundada la
demanda de reintegro de las cinco gratificaciones anuales y
Compensación por Tiempo de Servicios por incidencia de la
productividad gerencial por el período 1994 a diciembre de 1999 y
REFORMÁNDOLA la declararon Infundada;
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EXPEDIENTE N° 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
3. REVOCARON la sentencia en cuanto a la condena de costas,
REFORMÁNDOLA, la declararon Improcedente;
4. CONFIRMARON la sentencia que declara FUNDADA en parte la
demanda por concepto de:
4.1. Reintegro de las cinco Gratificaciones Anuales por Incidencia de
la Productividad Sindical del período 1993 a 2001;
4.2. Reintegro de las cinco Gratificaciones anuales por incidencia de la
Productividad Gerencial del período 2000 al año 2005;
MODIFICÁNDOLA en cuanto al monto a pagar, ordenaron el pago por la
suma de S/. 37,503.02 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES Y
02/100 SOLES) más intereses legales;
5. DISPUSIERON que la demandada se constituya en depositaria del
Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios; por la suma de
S/. 2,645.85 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 85/100
SOLES); por incidencia de la productividad Gerencial del período 2000 a
2005 e incidencia de productividad sindical del año 1993 a 2001; más
intereses financieros; con costos y sin costas;
En los seguidos por MANUEL AGUSTÍN VARGAS ALVA con BANCO DE LA
NACION; sobre reintegro de gratificaciones anuales y otros; y lo devolvieron al
Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
12 |
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 19809–2015–0-1801-JR-LA-08
DEMANDANTE : MANUEL AGUSTIN VARGAS ALVA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCÁRCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO CINCO
Lima, catorce de noviembre del dos mil dieciséis.
A la vista el escrito de apelación de la parte demandada, ingresado al CDG con fecha 06 de octubre del
2016; y, CONSIDERANDO:
Primero.- Que, la parte fue notificada con la resolución N° 04 (sentencia) la cual declara fundada la
demanda de fecha 19 de setiembre del 2016, y el recurso de apelación de la parte demandada fue
interpuesto el 06 de octubre del 2016, de lo que se infiere que el recurso ha sido interpuesto en el plazo
previsto en la ley, evidenciándose la observancia de los requisitos de admisibilidad.
Segundo.- Que igualmente, el demandado, en su recurso expuso los fundamentos de hecho y derecho,
la naturaleza del agravio, así como las pretensiones impugnatorias; acreditándose con ello los requisitos
de procedibilidad.
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en los Artículos 32º y 33º de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo Nº 29497; ADMÍTASE el recurso de apelación interpuesto por el
BANCO DE LA NACION, contra la resolución N° 04 (sentencia), de fecha 19 de setiembre del 2016;
CON EFECTO SUSPENSIVO, disponiéndose por ende se remitan los actuados a la Sala Laboral de
Turno de Lima, con la debida nota de atención. Asimismo se da cuenta al escrito de fecha 27 de
setiembre del 2016 presentado por el demandado, estese a lo resuelto en la presente resolución.
Interviniendo al conocimiento de la causa la especialista legal que da cuenta por disposición superior. |
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OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17 - Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 19809-2015-0-1801-JR-LA-08
DEMANDANTE : MANUEL AGUSTIN VARGAS ALVA.
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES.
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
ESPECIALISTA : MARTIN RUIDIAZ AGURTO.
SENTENCIA N° 239 - 2016
RESOLUCIÓN UMERO CUATRO
Lima, diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: en Audiencia de Juzgamiento de fecha 08 de setiembre de 2016, con la
concurrencia de ambas partes, en la que se dispuso diferir la sentencia para el día.
I.- PARTES EXPOSITIVA:
1. DEMANDA.
1.1 PRETENSIÓN:
Mediante escrito de demanda de fojas 66 a 73, don MANUEL AGUSTIN VARGAS
ALVA, solicita:
Pretensiones:
1) El reintegro de la bonificación por productividad sindical en las 5 gratificaciones
S/.26,858.62.
2) El reintegro de la bonificación por productividad gerencial en las 5 gratificaciones
S/.34,292.75.
3) El pago de reintegro de la bonificación por productividad sindical en la CTS S/.6,843.42.
4) El pago de reintegro de la bonificación por productividad gerencial en la CTS S/.6,858.50.
5) El pago de los intereses legales, costas y costos del proceso.
1.2 SITUACIÓN LABORAL:
a. Fecha de ingreso : 06.11.1989.
b. Fecha de cese : vínculo vigente.
c. Categoría : Funcionario.
d. Cargo : Administrador Agencia “C”
e. Última Remuneración : S/.5,314.61 soles
1.3 ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE:
1 Alega que:
1. En relación al pago de la Bonificación Extraordinaria de Productividad, por
Puntualidad y Asistencia (Productividad Sindical) señala que, a través del
Convenio Colectivo celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del
Banco de la Nación SINATBAN y la emplazada, con fecha 10 de marzo de 1993,
se otorgó una suma extraordinaria por puntualidad y asistencia, conforme se
estipula en la Cláusula Cuarta, segundo párrafo, cuyo importe fue fijado en la
suma de S/ 750.00 soles anuales, monto fijo para todos los trabajadores.
2. Esta bonificación asumió posteriormente la denominación común de
Productividad Sindical.
3. A partir de esa fecha se comenzó a estipular anualmente en los Convenios
Colectivos, siendo su importe variable para cada convenio, de fijación anual y
con un monto igual para todos los trabajadores, conforme se corrobora del Laudo
Arbitral de fecha 09 de setiembre de 1994, primera cláusula; Reunión de Trato
Directo de fecha 30 de octubre de 1995, primer acuerdo; Convenio Colectivo de
fecha 27 de junio de 1996, tercer acuerdo; Convenio Colectivo de fecha 26 de
junio de 1997, segundo acuerdo; Convenio Colectivo de fecha 29 de octubre de
1998, primer acuerdo, punto 21; y la Ampliación del Convenio de 1998, literal b).
4. Del último Convenio se aprecia con mayor claridad el carácter remunerativo,
puesto que incluye la Bonificación Extraordinaria por Productividad
(Productividad Sindical), dentro de un conjunto de conceptos remunerativos de
pago mensual, como son: el incremento Decreto Ley N° 26504 y la Asignación
Familiar, conceptos que integran la Bonificación Unificada.
5. Queda acreditado que desde 1993 hasta diciembre de 2001, la Bonificación
Sindical ha sido otorgada de forma permanente en el tiempo regular en su monto,
dos condiciones que señala su carácter de remuneración, por lo cual debió ser
considerada válida por el cómputo de la CTS, aplicándose las reglas establecidas
en el artículo 18º, segundo párrafo del Decreto Supremo N° 001-97-TR, esto es,
que su aplicación debió incluirse en un doceavo en cada periodo semestral, en el
que se otorgó el pago, atendiendo a que su otorgamiento fue anual.
6. Asimismo este concepto debió ser incluido dentro de las 5 gratificaciones que
otorga la demandada durante el año por convenio, esto es, una por año más de
servicio, por adelanto de descanso de vacaciones, por escolaridad, por fiestas
patrias, por navidad. Puesto que conforme al artículo 1º de la Ley N° 25139, el
monto de cada una de ella es equivalente a la remuneración básica que perciba
el trabajador en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio,
entendiéndose como remuneración básica aquellas integradas por las cantidades
fijas y permanentes que percibe el trabajador y que son de su libre disposición.
Esto es que para efectos del cálculo de gratificaciones es de aplicación el mismo
criterio que para los efectos de CTS; atendiendo a ello, y siendo el concepto de
Productividad Sindical de carácter regular y de permanencia anual, su inclusión
debió de aplicarse en un dozavo, según el periodo al que correspondiere.
7. En cuanto a la Asignación Extraordinaria por Productividad (Productividad
Gerencial), desde el año 1994, la demandada otorgó de manera unilateral, a
sus trabajadores activos, una asignación Extraordinaria por Productividad
(Productividad Gerencial) sobre la base de una “Evaluación Extraordinaria por
2 Productividad”, la misma que se realiza semestralmente y a la que están sujetos
todos los trabajadores. Esta asignación es otra simulación, a la que ha recurrida
la demandada, para otorgar incremento de haberse de carácter remunerativo.
Puesto que la evaluación de rendimientos de haberes de cada trabajador, su
calificación para proceder al aumento semestral es simplemente una formalidad a
fin de proceder a realizar pagos mayores a los funcionarios de mayor jerarquía
del banco. Así la evaluación resulta subjetiva, puesto que el Banco no produce
bienes manufacturaos si no servicios, por lo que no es posible cuantificar ni
calificar el rendimiento real del trabajador.
8. Este pago también debe ser incluido dentro del cómputo de la remuneración
computable de la CTS y las gratificaciones, por cuanto el mismo es de libre
disponibilidad, sujeto a evaluación semestral y pagada mensualmente.
9. Esta productividad también fue incorporada en la Bonificación Unificada y
siguiendo el mismo criterio anteriormente expuesto debió ser incluida dentro del
cálculo de las 5 gratificaciones especificadas en los convenios colectivos y la
compensación por tiempo de servicios conforme a ley.
2. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA.
Por resolución número 02, de fecha 23 de setiembre de 2015, obrante de folios 78,
se resolvió:
a. Admitir a trámite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
b. Emplazar al demandado.
c. Programar la Audiencia de Conciliación.
3. AUDIENCIA DE CONCILIACION.
3.1 El juzgador deja constancia que no se logró la conciliación, por lo que se procede a la
fijación de las pretensiones.
3.2 PRETENSIONES MATERIA DEL PROCESO.
El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley
Procesal de Trabajo – NLPT; al no lograr la conciliación fijó las pretensiones materia
del juicio, mencionándose las siguientes:
Primera Pretensión: El pago de Reintegro de la Bonificación de Productividad
Sindical en las 05 Gratificaciones S/. 26,858.62.
Segunda Pretensión: El pago de Reintegro de la Bonificación de Productividad
Gerencial en las 05 Gratificaciones S/. 34,292.75.
Tercera Pretensión: El pago de Reintegro de la Bonificación de Productividad
Sindical en la CTS S/. 6,843.42.
Cuarta Pretensión: El pago de Reintegro de la Bonificación de Productividad
Gerencial en la CTS S/. 6,858.50.
Quinta Pretensión: El pago de intereses legales, costos y costas del proceso.
3 4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El demandado BANCO DE LA NACIÓN al contestar la demanda refiere:
1) Es una empresa de Derecho Público cuyas funciones y estructura orgánica se
encuentran normadas por su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-
EF, en el cual se establece, entre otras cosas, que es integrante del sector
Economía y Finanzas, lo que concuerda con lo establecido por el artículo 48º del
Decreto Legislativo N° 183 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía y
Finanzas, asimismo el inciso o) del artículo 26º del Decreto Supremo N° 07-94-
EF establece que constituye atribución de su directorio establecer la política
general de remuneraciones del personal del Banco dentro de las normas legales
vigentes. Asimismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17º del Decreto
Legislativo N° 183, corresponde a la Dirección Nacional de Presupuesto Público,
planear, dirigir y controlar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto
público.
2) De lo expuesto se colige que es una entidad sujeta a la Ley General del
Presupuesto y por tanto, no le es factible gastar más de lo presupuestado, sin
que sus funcionarios que procedan indebidamente, estén sujetos a
responsabilidades civiles y/o penales, en caso de incumplimiento de las normas
dictadas sobre el particular.
3) En cuanto a política de remuneraciones a su personal, está sujeto a las
limitaciones que impone el Supremo Gobierno a través de la Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado (OIOE). Actualmente es el FONAFE,
cuyas normas de austeridad, especialmente en el ámbito de la política
remunerativa de personal, son de obligatorio cumplimiento, debiendo limitar su
política salarial a los parámetros que el Estado dispone, de conformidad con los
lineamientos macro-económicos que le son aplicables.
4) En relación a la Bonificación Extraordinaria de Productividad refiere que a
partir del año 1993 se formalizaron negociaciones entre la Alta Dirección del
Banco y sus trabajadores algunas de manera colectiva y otras individuales, en
las que se pactaron, el otorgamiento de bonificaciones con carácter de
excepcionales y sin ninguna incidencia en las remuneraciones ni en las
pensiones, a dichas bonificaciones se les llamó (dependiendo de las condiciones
para su otorgamiento), Productividad Sindical y Productividad Gerencial.
5) La llamada Bonificación Sindical tiene su origen en el Convenio Colectivo de
1993 y su aplicación en la Directiva N° 001-94-EF/92.4910-5100, siendo su
actual fundamento el Decreto Supremo N° 010-2002-EF, concordante con el
acuerdo del Directorio del FONAFE N° 024-2001/020-FONAFE. Asimismo, la
llamada Bonificación por Productividad Gerencial tiene su origen en la
Resolución Suprema N° 121-85-EF, la misma que aprobó la política
remunerativa del Banco de la Nación para el año 1995.
6) La llamada Productividad Sindical fue un concepto no remunerativo pactado
inicialmente en el Convenio Colectivo de 1993, el mismo que fue suscrito entre
los representantes de los trabajadores y los representantes de la Administración
de Banco de la Nación. Para su otorgamiento se establecieron determinados
4 requisitos, relacionados con la prestación de trabajo y la puntualidad y asistencia,
condiciones que hicieron que su monto fuera variable.
7) Asimismo, la llamada Productividad Gerencial fue un concepto no remunerativo
dispuesto en sus inicios por la Resolución Suprema N° 121-95-EF, para lo cual
se estableció un patrón de evaluación del desempeño laboral de cada trabajador,
condición que hizo que su monto fuera variable.
8) Las referidas bonificaciones fueron otorgadas solamente en los meses de mayo y
octubre de cada año, previa evaluación de la asistencia y puntualidad del
trabajador y de su desempeño laboral, de allí su carácter de excepcional.
5. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:
Con la concurrencia de ambas partes se dio inicio a la etapa de confrontación de
posiciones por lo que se concede al abogado del demandante el uso de la palabra a
fin que exponga de manera breve, clara, precisa y objetiva las pretensiones
demandadas.
En este estado de la audiencia de juzgamiento, se fijó los hechos que no requieren
prueba, así como los hechos que si requieren actuación probatoria.
Luego de la admisión de los medios probatorios, se concedió el uso de la palabra al
abogado del demandante para que exprese su alegato final, procediéndose a diferir
el fallo para la fecha.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y
defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las
garantías y principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso
laboral se inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y
veracidad (artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la
forma y observar el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad
(artículo II del T.P. NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las
partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el
Juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda
y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de
presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la
base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados
(artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla general que la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas
especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que cuando el
demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde acreditar la existencia del
daño alegado (artículo 23.3.c); y de modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al
5 demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de haber
cumplido con sus obligaciones derivadas de las normas legales, o con sus
obligaciones contractuales (artículo 23.4.a) y finalmente que en aquellos casos en
que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir
la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el
demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad,
como se desprende del artículo 23.5 de la NLPT.
ANÁLISIS DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA PRETENSIÓN:
3. Bonificación por Productividad Sindical: Conforme lo señala el artículo 24º de la
Constitución Política del Estado, el trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente que procuré, para él y su familia, el bienestar material y
espiritual, así también el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales tienen
prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. A su vez el artículo 6º del
Decreto Supremo N° 003-97-TR señala que constituye para todo efecto legal el
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre
disposición, así también el artículo 9º del Decreto Supremo N° 001-97-TR establece
que la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades
regularmente percibida por el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación
de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sea de su libre
disposición.
4. Estando a lo señalado, es válido concluir que para que un monto dinerario percibido
por el trabajador sea remunerativo debe reunir las siguientes características: a) Que
sea entregada como contraprestación por los servicios del Trabajador, cualquiera sea
la denominación que reciba; 2) que sea de libre disposición; y, 3) Que sea percibida en
forma regular.
5. Al respecto la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, en las sentencias emitidos en los Expedientes N° 1190-
2004-Lima, N° 069-2005-LIMA y N° 2083-2004-LIMA ha señalado que: “Quinto; Que
en el caso de autos la Bonificación Extraordinaria por Puntualidad y Asistencia
“Productividad Sindical” ha sido entregada en forma habitual desde 1993 hasta 1998,
esto es, por un lapso de 5 años (…) desvirtuando el hecho que haya sido en forma
ocasional, asimismo la citada bonificación constituye una ventaja patrimonial para el
trabajador, concluyéndose que era percibido por los servicios prestados
consiguientemente tiene el carácter remunerativo, resultando de aplicación lo dispuesto
por el artículo 9 y el primer párrafo del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 650 (…)
Sexto.- Que, en consecuencia la Bonificación Extraordinaria por Puntualidad y
Asistencia “Productividad Sindical” al tener la calidad de regular deberá formar parte de
la remuneración computable y base de cálculo para la compensación por tiempo de
servicios (…)”.
6. En consecuencia, la bonificación demandada ha sido otorgada en forma permanente
en el tiempo y regular en su monto, condiciones que le otorgan carácter remunerativo.
7. Bonificación por Productividad Gerencial: Conforme a lo señalado en autos, la
Bonificación por Productividad Gerencial fue otorgada mediante Resolución Suprema
6 N° 104-94-EF, con la que se aprueba el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores
activos una asignación extraordinaria por concepto de productividad, otorgándose en
base a la puntualidad y asistencia de los trabajadores.
8. Igualmente, la Resolución Suprema N° 121-95-EF, norma del Sector Economía dada el
20 de octubre de 1995, mediante la cual se autoriza al Banco a otorgar a partir del 01
de agosto de 1995 a sus trabajadores, adicionalmente a lo establecido en la
Resolución Suprema 104-94-EF, una bonificación por concepto de productividad,
estableciendo los montos máximos a otorgarse. Se establece además que tal
bonificación se otorgará previa evaluación específica y personal de cada trabajador, en
función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice y que condicionará su pago.
9. Finalmente, según Resolución Suprema N° 009-97-EF de fecha 30 de enero de 1997,
se autoriza al Banco a otorgar a partir del 01 de noviembre de 1996, adicionalmente a
lo establecido en las Resoluciones Supremas N° 104-94-EF y N° 121-95-EF, la
bonificación por productividad en los montos ahí señalados. Se prevé además que la
referida bonificación se continuará otorgando previa evaluación específica y personal
de cada trabajador, en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice y que
condicionará su pago.
10. Mediante Resolución Suprema N° 224-98-EF dada el 06 de noviembre de 1998, por
medio de la cual se aprobó la política remunerativa del personal sujeto a negociación
colectiva de las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la OIOE (Oficina de
Instituciones y Organismos del Estado), en su artículo 2 inciso d) estableció que en
virtud de la política remunerativa aprobada, la negociación colectiva iniciada durante
1998 deberá considerar, entre otros, lo siguiente: «d. Se podrán mantener el monto de
las bonificaciones extraordinarias, asignaciones especiales u otros pagos que perciba
el trabajador periódicamente. Alternativamente, las entidades podrán acordar la
sustitución del importe de todos estos beneficios por una Bonificación Única Mensual».
11. Como se aprecia de las disposiciones legales mencionadas, las mismas aprobaron la
política remunerativa del Banco de la Nación, fundamentándola que el artículo 9° de la
Ley del Presupuesto del Sector Público y que las normas sobre remuneraciones que se
aprobaran para la las Entidades Financieras del Estado, se aprueban con sujeción a lo
dispuesto por el Decreto Ley N° 25926.
12. Si bien toda esta normativa glosada y que ha sido invocada por el Banco fue dada con
la clara intención de delimitar la naturaleza de esta bonificación y además la fuente de
su financiamiento, las que se dieron en el marco de la negociación colectiva y
presupuestario; debe, no obstante, analizarse si en el presente caso el otorgamiento de
este concepto tuvo el carácter, como lo alega el Banco, de extraordinario, especial o
periódico; o, por el contrario, fue ordinario y por ende de naturaleza remunerativa. A tal
efecto, debe efectuarse un contraste entre lo que sucedió en las formas con lo que
ocurrió realmente en los hechos, a la luz del principio de primacía de la realidad.
13. El alcance conceptual de este principio, nos lo da la doctrina laboral. Por ejemplo,
Toyama, citando a Plá Rodríguez dice que este principio importa que, «en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o
acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos». Toyama Miyagusuku, Jorge. “El principio
de primacía de la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional«. En: «Estudios
sobre la jurisprudencia constitucional en materia laboral y provisional» Academia de la
7 Magistratura- Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Octubre 2004, pp. 40.”
14. Recogiendo este concepto el Tribunal Constitucional en la sentencia de 31 de enero de
2006 emitida en el Expediente N.° 03710-2005-PA/TC, ha señalado lo siguiente: “Con
relación al principio de primacía de la realidad que, es un elemento implícito en nuestro
ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de
nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito de este principio «(...)
en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el
terreno de los hechos». (Fundamento 3 de la STC N.° 1944-2002-AA/TC).”56 Con
base entonces a este principio, resulta necesario identificar la realidad de los
conceptos reclamados.
15. Por otro lado, en la reciente Casación N°11048-2014, del 18 de julio de 2016, expedido
por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica a establecido en su sétimo considerando: “En
relación a la bonificación por productividad gerencial que se otorgaba a la demandante,
como es de verse de fojas 245 a 302, esta parte percibió dicho bono en forma regular,
ordinaria, fija y permanente, a partir del año 2000, bajo diferentes denominaciones:
“Produ. Resu. Sup. 009-97-EF”, “DS. 224-98-EF”, “abono por regularizar – A”,
“concepto no remunerativo A”, “concepto variable 1” e “ingreso no remunerativo”;
siendo que, carecería de efecto legal para determinar el sentido de esta decisión, la
calificación que en forma reiterada se le ha venido otorgando a esta bonificación, al
contravenir lo instituido por el inciso 2) del artículo 26° de la Constitución Poltica del
Perú, que reconoce el carácter irrenunciable a los derechos y beneficios sociales
reconocidos en a Constitución y la ley, máxime aún, cuando el carácter remunerativo o
no de un derecho no se determina únicamente a partir de su sola denominación, sino
en función a su naturaleza jurídica; por lo que al no reconocer la demandada el
carácter remunerativo de la bonificación por productividad gerencial no lo consideró
dentro de la base de cálculo de las cinco gratificaciones anuales pagadas a la
demandante desde enero de dos mil hasta mayo de dos mil cinco; en ese sentido,
corresponde abonar a favor de la accionante el reintegro de las cinco gratificaciones
anuales por incidencia de la Bonificación por Productividad Gerencial… sic”
16. A este propósito, se aprecia que la demandada no ha negado la percepción de esta
concepto, por lo que corresponde amparar la demanda; por lo que teniendo en cuenta
que el demandado no ha negado ni contradicho la percepción de la bonificación por
productividad gerencial en los montos detallados en la liquidación contenida en la
demanda, sino que dichos conceptos no tienen el carácter remunerativo. Por tanto, la
frecuencia y montos alegados por el actor se tienen por admitidos por parte de la
demandada. Entonces puede apreciarse que el otorgamiento del concepto de
Bonificación por Productividad Gerencial se inserta en los términos de regularidad
establecida en el artículo 16° del Decreto Supremo 001-97-TR, el mismo que establece
que «se considera remuneración regular aquélla percibida habitualmente por el
trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros
motivos».
17. En consecuencia, la Bonificación por Productividad Gerencial tiene las características
de haber sido percibida como contraprestación de la labor; es decir, por los servicios
prestados por el trabajador, dado que la ha recibió en forma regular y ha tenido las
características de libre disposición; es decir, el trabajador no ha estado condicionado
8 en el plano fenoménico por el Banco para los efectos de decidir el destino o uso de
tales ingresos. Por tanto, se inscribe en los términos del concepto de remuneración que
la ley nacional establece según el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, el
que señala que “constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o
denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición (…)”.
Incidencia de la Bonificación Sindical y Bonificación Gerencial en las Gratificaciones
Anuales y la Compensación por tiempo de Servicios.
18. Mediante Acta de 29 de octubre de 1998 celebrado entre la representación del
Sindicato General de Trabajadores del Banco de la Nación y la representación del
Banco demandado, que se pactó el derecho de los trabajadores de percibir al año
cinco gratificaciones, equivalente a una remuneración ordinaria mensual con deducción
de las asignaciones aplicables a un gasto determinado, tales como movilidad y
refrigerio. Señala además como oportunidad de pago de este beneficio una
gratificación ordinaria mensual con el adelanto de la gratificación por descanso
vacacional, en enero; una segunda por escolaridad en febrero; por Fiestas Patrias; en
Navidad y una última al cumplir un año más de servicios.
19. En tal sentido, si bien el artículo 19 inciso a) del Decreto Supremo 001-97-TR establece
que no se consideran remuneraciones computables (para los efectos de la CTS) las
gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente,
a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva,
en este particular caso las Bonificación por Productividad Sindical y Productividad
Gerencial no han tenido tal naturaleza ocasional sino, al contrario, ha sido permanente.
Al tener el carácter remunerativo el citado concepto, corresponde considerarlo dentro
de la base del cálculo de las cinco gratificaciones anualmente pagadas al demandante.
20. En consecuencia, siendo que el demandado no ha contradicho ni observado los
montos liquidados por el actor y estando a lo dispuesto en el artículo 19° de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo y en el numeral 2 del artículo 442 del Código Procesal Civil,
se tienen por ciertos los montos liquidados por el actor en su escrito de demanda; por
tanto, le corresponde percibir este derecho al accionante en la suma demandada,
debiendo otorgarse el monto ascendente a S/ 26,858.62 soles por reintegro de la
Bonificación Sindical por las 5 Gratificaciones Anuales por el periodo enero 1993 a
diciembre 2005; y S/ 34,292.75 soles por reintegro de la Bonificación Gerencial en las 5
Gratificaciones Anuales por el periodo enero 1994 a diciembre 2005, que totalizan S/
61,151.37 soles.
21. En relación al reintegro de la compensación por tiempo de servicios resulta de
aplicación el segundo párrafo del artículo 18º del Decreto Supremo N° 001-97-TR, que
señala: “Las remuneraciones que se abonan por un periodo mayor se incorporan a la
remuneración computable a razón de un doceavo de lo percibido en el semestre
respectivo.”; por tanto, debe ordenarse el respectivo reintegro, por lo que el no haber
contradicho y observado las liquidaciones propuestas debe disponerse su pago, esto
es, S/ 6,843.42 soles por reintegro de la CTS por Productividad Sindical por el periodo
enero 1993 a diciembre de 2005; y S/ 6,858.50 soles por reintegro de la CTS por
Productividad Gerencial por el periodo enero 1994 a diciembre 2005, que totalizan S/
13,701.92 soles.
Siendo así, se ha reconocido a favor del actor el pago de S/ 74,853.29 soles.
9 ANALISIS DE LA QUINTA PRETENSIÓN:
22. Intereses legales: Conforme a lo señalado por el artículo 3º del Decreto Ley N° 25920,
sanciona con el pago de intereses sobre los montos adeudados por el empleador, al haberse
amparado la pretensión principal, corresponde disponer que se calcule en ejecución de
sentencia.
23. En cuanto a los intereses financieros conforme lo establece la Sétima Disposición
Derogatoria y Final del Decreto Supremo N° 001-97-TR; por tanto, al haberse
amparado el reintegro de la compensación por tiempo de servicios por incidencia en la
bonificación por productividad gerencial y en la bonificación extraordinaria por
productividad sindical corresponde disponer que en ejecución de sentencia se calcule
este derecho accesorio.,
24. Las costas y costos del proceso, conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren
ser demandados; sin embargo sí deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la
sentencia, debiendo además precisarse su cuantía o modo de liquidación; en
concordancia con lo previsto en el artículo 14° de la misma ley que señala que la
condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. Habiéndose
establecido la obligación de pagos de diversos conceptos y beneficios sociales,
corresponde su pago en ejecución de sentencia.
III. PARTE RESOLUTIVA:
Por las razones expuestas el Juez del Octavo Juzgado Laboral Permanente de Lima,
Administrando Justicia a Nombre de la Nación: RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por MANUEL AGUSTIN VARGAS
ALVA contra el BANCO DE LA NACIÓN sobre pago de la Bonificación de
Productividad Sindical y Productividad Gerencial.
2) ORDENA que la demandada, le pague a favor de la actora el importe de
S/.74,853.29 soles, por el concepto de reintegro de de gratificaciones y
compensación por tiempo de servicios, con el pago de intereses legales y financieros,
así como costas y costos del proceso.
Tómese Razón y Hágase Saber.-
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
SEÑORES:
HUATUCO SOTO
CHAVEZ PAUCAR.
VALENCIA CARRERA
Resolución Nº CUATRO
Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho
VISTOS: En Audiencia Pública del 15 de marzo del presente año,
interviniendo como ponente el señor Juez Superior Valencia Carrera,
ASUNTO:
Es materia de apelación: La SENTENCIA N° 172-2017 de fecha 31 de
agosto del 2017 corriente a fojas 318 a 331, que declaró; INFUNDADA en
todos sus extremos la demanda de fojas doscientos treinta y ocho a
doscientos cincuenta y nueve, interpuesto por don PEDRO SANTA MARIA
SANDOVAL contra EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO
S.A –OLTURSA S.A, sobre PAGO DE REMUNERACIONES Y HORA
EXTRAS derivadas del Convenio OIT Nº 67 sobre Reintegro de la CTS,
vacaciones y gratificaciones, sin costas y costos del proceso.
AGRAVIOS:
La parte demandante al interponer su recurso de apelación mediante
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Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
escrito de fecha 05 de setiembre de 2017 obrante a fojas 345 a 350, señala
como agravio el siguiente:
I. La recurrida ignora el convenio N° 67 de la OIT el cual en su numeral
III inciso a) del articulo 4° que la expresión horas de trabajo, significa
el tiempo durante el cual las personas interesadas estén a disposición
del empleador o de otras personas que puedan reclamar sus servicios
y comprende los periodos de tiempo y presencia; y siendo que se ha
demostrado con medios probatorios, boletas y hojas de ruta los
derechos alegados no se ha tomado en cuenta que un conductor
trabaja 30 días al mes y que la jornada es por turnos siendo que al
terminarla sigue a su disposición de su empleador y no está a su libre
albedrio.
II. La demandada no presenta documento alguno donde se consigne a
cantidad de horas mensuales que labora los conductores, así como el
hecho de que no ha podido probar el pago de los derechos
reclamados, precisando que durante el descanso intercalado el
trabajador no disfruta en modo alguno del derecho al tiempo libre del
que gozan todos los trabajadores que tiene una jornada ordinaria de
trabajo y que sustenta la jornada máxima de ocho horas.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: En virtud del artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, el cual recoge, en parte, el principio contenido en el
aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum; en la apelación la
competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que
corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al
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Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio
descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos
en el escrito de su propósito.
SEGUNDO: En materia laboral la carga de la prueba se encuentra tipificada
en el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497, en
los siguientes términos: "23.1 La carga de la prueba corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice
alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan
otras adicionales”.(sic); evidenciándose que existen reglas especiales que
distribuyen la carga de la prueba de manera específica respecto a quien
corresponde probar, así en el artículo 23.4° se indica que cuando
corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la
carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad,
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado, y c)
El estado del vínculo laboral y la causa del despido; correspondiendo en
todo caso a la demandada la carga de la prueba de la causa del despido;
debiendo para ello considerarse que los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y fundamentar las
decisiones del juez previa valoración conjunta y razonada de los mismos;
TERCERO: Es menester tener en consideración que no existe controversia
respecto a la existencia de la relación laboral entre las partes, por cuanto la
vinculación jurídica laboral del actor con la demandada, quien tiene la
condición de Chofer de pasajeros en ómnibus interprovinciales de la Empresa
de Transporte Turístico Olano S.A, data desde el 14 de noviembre de 1994
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hasta la actualidad, según la constancia de trabajo a fojas 02; por lo que
resulta en esta instancia emitir pronunciamiento, respecto los agravios
formulados por la parte demandada quien cuestiona la conclusión arribada
por el A quo en los términos que alega, por lo que en relación a ello se
procede a analizar los medios de prueba que obrantes en autos.
CUARTO: Respecto al primer y segundo agravio. 4.1. Cabe señalar que
el artículo 25º de la Constitución Política del Perú de 1993, establece que: “La
jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales,
como máximo”; y en igual sentido respecto a dicha jornada de trabajo, se reguló
en el Decreto Ley 26136, el Decreto Legislativo 854 y el TUO del Decreto
Legislativo 854.
4.2. El TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR - LJTHTS, en
su artículo el artículo 9° señala que: “El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto
en su otorgamiento como en su prestación, no pudiendo obligarse a nadie a trabajar horas
extras salvo en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de
un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes
del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva. En caso de acreditarse una
prestación de servicios en calidad de sobretiempo aun cuando no hubiera disposición
expresa del empleador, se entenderá que ésta ha sido otorgada tácitamente, por lo que
procede el pago de la remuneración correspondiente por el sobretiempo trabajado.”; por
su parte el artículo 10°, señala que: “El tiempo trabajado que exceda a la jornada
diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para
las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora
calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora
correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes. El sobretiempo
puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida establecida. Cuando el
sobretiempo es menor a una hora se pagará la parte proporcional del recargo horario.”; en
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tanto que el artículo 10-A, prescribe que: “El empleador está obligado a registrar el
trabajo prestado en sobretiempo mediante la utilización de medios técnicos o manuales
seguros y confiables. La deficiencia en el sistema de registro no impedirá el pago del trabajo
realizado en sobretiempo, si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva
realización.”; y finalmente en el artículo 5°, se señala: “No se encuentran
comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no se encuentran
sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera,
vigilancia o custodia.”
4.3. El Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-TR (en
adelante el Reglamento de la LJTHTS y publicado el 04.JUL.2002), en su
artículo 18°, señala que: “El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva de
servicios en beneficio del empleador. En consecuencia, los tiempos que puedan dedicar los
trabajadores fuera de la jornada ordinaria en actividades distintas, no serán consideradas
como sobretiempo”. Igualmente el artículo 20° señala que: “Se considera trabajo en
sobretiempo a aquel que exceda de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun
cuando se trate de una jornada reducida.”; a su turno el segundo párrafo del
artículo 22° señala que: “La prestación efectiva de servicios en sobretiempo, deberá ser
acreditada por los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo, con los medios técnicos o
manuales a que hace referencia el Artículo 10-A de la Ley y con los demás medios
probatorios previstos en la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo.”
4.4. Conforme a dicha regulación legal por un lado se considera trabajo en
sobretiempo, aquella labor llevada a cabo por el trabajador en forma
efectiva a favor de su empleador fuera de la jornada diaria o semanal
máxima establecida por ley; y por otro lado que los trabajadores que
prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, son aquellos
que regularmente prestan servicios efectivos de manera alternada
con lapsos de inactividad. En el caso de los trabajadores de vigilancia o
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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custodia, representan claros ejemplos aquellas personas que realizan labores
que tienen por finalidad resguardar personas, objetos o instalaciones y
durante la ejecución de su labor existen periodos de inactividad producto de
su no necesaria intervención.
4.5. Para el caso, del servicio brindado por Choferes Interprovinciales, se
tiene el Convenio de la OIT N° 67, sobre “Horas de trabajo y el descanso en
el transporte por carretera”, ratificado por el Perú mediante Resolución
Legislativa N° 14033, del 08 de marzo de 1962; disposición que forma parte
del bloque de constitucionalidad respecto a las jornadas máximas de trabajo,
dada la naturaleza de dicho Convenio.
4.6. Dicho dispositivo regula en su artículo 4°1 el significado de las
expresiones vinculadas a la jornada y horario de trabajo, como son las
“horas de trabajo”; “período de circulación del vehículo”, “trabajos
auxiliares” y “períodos de simple presencia”; de los cuales deben
destacarse las dos últimas expresiones que se refieren a todo trabajo
1
Convenio OIT 67.
Artículo 4°.- A los efectos del presente Convenio:
a) La expresión horas de trabajo significa el tiempo durante el cual las personas interesadas estén a disposición del empleador o de otras
personas que puedan reclamar sus servicios, o durante el cual los propietarios de los vehículos y los miembros de sus familias estén
ocupados, por su propia cuenta, en trabajos relacionados con un vehículo utilizado en el transporte por carretera, con los pasajeros o
con la carga, y comprende:
i) el tiempo consagrado al trabajo que se efectúe durante el período de circulación del vehículo;
ii) el tiempo consagrado a los trabajos auxiliares;
iii) los períodos de simple presencia;
iv) los descansos intercalados y las interrupciones del trabajo cuando no excedan de la duración que determine la autoridad
competente;
b) La expresión período de circulación del vehículo comprende el tiempo transcurrido desde la salida del vehículo, al empezar la
jornada de trabajo, hasta su parada, al terminar dicha jornada, con exclusión del tiempo que esté interrumpida la circulación del vehículo
por un período que exceda de la duración que determine la autoridad competente, y durante el cual los conductores o las personas que
viajen en el vehículo dispongan libremente de su tiempo o efectúen trabajos auxiliares;
c) la expresión trabajos auxiliares significa todo trabajo relacionado con el vehículo, sus pasajeros o su carga, efectuado fuera del
período de circulación del vehículo, y comprende especialmente:
i) Los trabajos relacionados con la contabilidad, entrega de ingresos, firma de registros, entrega de hojas de servicio, control de
billetes y demás trabajos similares;
ii) la recepción y entrega del vehículo;
iii) el trayecto, desde el lugar donde el trabajador firme el registro de presencia, antes de empezar el servicio, hasta el lugar donde
se haga cargo del vehículo, y el trayecto, desde el lugar donde entregue el vehículo, hasta el lugar donde firme el registro de
presencia, al terminar el servicio;
iv) los trabajos para la conservación y reparación del vehículo;
v) la carga y descarga del vehículo;
d) la expresión períodos de simple presencia significa los períodos durante los cuales una persona permanece en su puesto únicamente
para atender a posibles llamadas o para reanudar su actividad en el momento fijado por el horario.
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
relacionado con el vehículo, sus pasajeros o su carga, efectuado fuera del
período de circulación del vehículo; y a los períodos durante los cuales el
trabajador permanece en su puesto únicamente para atender a posibles
llamadas o para reanudar su actividad; y en sus artículos 5°, 7° y 8°2,
regulan la posibilidad de que las jornadas puedan exceder de los límites
máximos para determinadas actividades, siempre y cuando se cuente con la
autorización expresa de la autoridad para fijar jornadas superiores a la
máxima legal, cumpliendo los requisitos pertinentes, es decir que si bien
cabe la posibilidad de determinarse la existencia de servicios intermitentes
que deben prestarse en jornadas superiores a la máxima legal, deben
requerir de autorización expresa de la autoridad administrativa.
4.7. Asimismo, se tiene el Convenio de la OIT N° 153, sobre “Duración del
Trabajo y Períodos de Descanso en los Transportes por Carretera de
1979”, que si bien no fue ratificado por el Perú, sin embargo pueden ser
considerados como parámetros normativos que pueden guiar la actividad
interpretativa del Juzgador; en tal sentido cabe referir que en su artículo 4°3,
se alude a las mismas expresiones antes mencionadas, entre ellas a los
2
Artículo 5
1. Las horas de trabajo de las personas a quienes se aplique el presente Convenio no deberán exceder de cuarenta y ocho por semana.
2. La autoridad competente podrá autorizar límites semanales más elevados a las personas que efectúen habitualmente y en gran
proporción trabajos auxiliares o cuyo trabajo sea interrumpido frecuentemente por períodos de simple presencia.
Artículo 7
(…)
3. La autoridad competente podrá autorizar límites diarios más elevados:
a) para las personas cuyas horas semanales de trabajo no excedan de cuarenta y ocho, en ninguna semana, tal como se prevé en el párrafo
1 del artículo 5, o de un promedio de cuarenta y ocho, tal como se prevé en el artículo 6;
b) para las personas que efectúen habitualmente y en gran proporción trabajos auxiliares o cuyo trabajo sea interrumpido frecuentemente
por períodos de simple presencia.
Artículo 8
La autoridad competente deberá fijar el número máximo de horas que puedan transcurrir desde el principio hasta el fin de la jornada de
trabajo.
3
Artículo 4°.
1. A los fines del presente Convenio, la expresión duración del trabajo significa el tiempo dedicado por los conductores asalariados:
a) A la conducción y a otros trabajos durante el tiempo de circulación del vehículo;
b) A los trabajos auxiliares que se efectúen en relación con el vehículo, sus pasajeros o su carga.
2. Los períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad pasados en el vehículo o en el lugar de trabajo y durante los
cuales los conductores no disponen libremente de su tiempo, pueden considerarse parte de la duración del trabajo en la
proporción que se determinará en cada país por la autoridad o el organismo competente, por medio de contratos colectivos o
por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional.
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad; los cuales se
considera que también forman parte de la duración del trabajo.
4.8. Finalmente, cabe precisar que se aludió que el Convenio 67, habría
perdido vigencia con la aprobación del Convenio 153; sin embargo cabe
referir que el artículo 27° el Convenio 67, al regular el marco normativo para
su revisión, en su numeral 2) estipuló que: "Este Convenio continuará en
vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que
lo hayan ratificado y no ratiguen el convenio revisor"; de lo que se infiere
que al no haber el Estado Peruano ratificado el Convenio 153, mantiene vigor
el Convenio 67.
4.9. Lo anterior, se corrobora con el hecho que es recién en la 76°
Conferencia General de la OIT, realizada el 05 de junio del 2017, en que se
acordó la derogación del Convenio 67; con lo cual se concluye que dicho
convenio habría tenido vigencia plena hasta dicha fecha.
4.10. La Corte Suprema de Justicia de la República, en las CASACIONES
LABORALES N° 3780-2014-LA LIBERTAD y N° 15103-2015-LA
LIBERTAD, si bien establecieron que: "Los conductores de vehículos de
transporte público que presten servicios intermitentes no están
comprendidos en la jornada máxima de trabajo, por lo que no les
corresponde el abono de horas extras."; sin embargo en su análisis jurídico
del voto ganador, no se hace alusión alguna a la aplicabilidad o no de los
citados Convenios de la OIT; omisión que permite a éste Colegiado apartarse
del criterio jurisdiccional asumido por la instancia máxima, en el caso de los
Choferes de Transporte de Servicio Interprovincial; expresándose a dicho
efecto las consideraciones y fundamentos pertinentes; máxime si el voto en
discordia en minoría si alude a dicho instrumento normativo internacional y
su aplicabilidad al caso en controversia.
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
4.11. En el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2016, realizado en
la ciudad de Trujillo; en el Tema IV, sobre "Los choferes de vehículos de
transporte interprovincial público y el pago de horas extras"; ante
la pregunta: ¿Los choferes de vehículos de transporte interprovincial
público de pasajeros tienen derecho al pago de horas extras?; se adoptó el
acuerdo por mayoría siguiente: «Los choferes de vehículos de transporte
interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes de conformidad con lo
prescrito en el art. 5º del D.S 007-2002-TR, si les corresponde el pago de horas extras
cuando están a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio
diarios/semanal, según el precepto Constitucional consagrado en los art. 23º y 25º de la
Constitución Política del Estado»; es decir si se reconoció el derecho de dichos
trabajadores al pago de las horas extras.
4.12. Si bien es cierto que con carácter general debe entenderse que los
servicios intermitentes, supone la prestación de servicios con lapsos o períodos
de espera, en los que no existe prestación efectiva de servicios; y que el
trabajo en sobretiempo supone ineludiblemente la prestación efectiva de
servicios en beneficio del empleador; por ende los tiempos dedicados a
actividades distintas no serán considerados como sobretiempo; lo que resulta
de aplicación general; también es cierto que dicha premisa normativa en el
caso de los Choferes dedicados al servicios público de transporte de pasajeros
a nivel interprovincial; debe ser confrontado por un lado con la regulación
estatal contenida en el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC que aprobó el
Reglamento Nacional de Administración de Transportes; que en su artículo
30° dispuso que los servicios efectivos dedicados a la conducción de vehículos
no podían ser efectuados en períodos mayores a 04 horas durante la noche; y
por otro lado con lo regulado por el Convenio de la OIT N° 67, que para dicha
actividad incluye dentro del concepto de horas de trabajo implica el tiempo
durante el cual está a disposición del empleador y dentro ello el tiempo
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
consagrado al trabajo que se efectúe durante el período de circulación del
vehículo (desde la salida hasta su parada); el tiempo dedicado a los trabajos
auxiliares (trabajos relacionados con la contabilidad, entrega de ingresos, firma de registros,
entrega de horas de servicios, recepción y entrega del vehículo; trabajos para la conservación
y reparación del vehículo; carga y descarga del vehículo); los períodos de simple presencia
(permanencia en su puesto sólo para atender a posibles llamadas o para reanudar su
actividad en el momento fijado por el horario) y los descansos intercalados y las
interrupciones del trabajo, cuando excedan de la duración que determine la
autoridad competente.
4.13. La confrontación de las normas citadas, en observancia del principio
de jerarquía normativa contenida en el artículo 51° de la Constitución Política
del Estado, determina la prevalencia a la normativa contenida en el convenio
de la OIT citado, que forma parte del bloque de constitucionalidad sobre la
materia de horas extras; respecto al artículo 5° del Decreto Supremo 007-
2002-TR y el artículo 18° del Decreto Supremo N° 008-2002-TR; en el caso
de los Choferes que brindan servicios en las empresas de Transporte Público
de Pasajeros en carreteras a nivel interprovincial o nacional.
4.14. La sentencia apelada en su fundamento 6.5 al 6.7, alude como
argumento: " 6.5. No obstante ello, siendo materia de la acción, el pago de las horas
extras por descanso intercalado, encontramos también el I Pleno Jurisdiccional Supremo en
Materia Laboral llevado a cabo el 04 y 14 de mayo del 2012 , el Tema N°03 sobre
tratamiento de la Horas extras en el sector Privado y en el sector Publico, en el que se
acordó “Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos
en la jornada máxima sólo si es que su prestación de servicios se realiza de
manera intermitente". 6.6. A partir de este acuerdo plenario, podemos afirmar que el
criterio jurisprudencial existente actualmente sería que no basta con que el trabajador haya
ocupado el puesto de chofer o vigilante para que se le deniegue el derecho al pago de horas
extras, sino que “deberá tenerse en cuenta, además del puesto, que sus labores sean o no
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Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
intermitentes en la realidad, es decir, que mezclen lapsos de actividad e inactividad durante
la prestación de sus servicios”4. Ahora, si el trabajador tiene la condición de chofer, vigilante,
etc., o cualquier puesto que pueda considerarse como “intermitente”, podrá reclamar y
obtener el pago de sus horas extras siempre que pruebe que su jornada de trabajo no era
en realidad intermitente, esto es, deberá demostrar que no tenía lapsos de inactividad en su
jornada de trabajo sino que todo su jornada era una jornada continua de trabajo. Como
podemos ver, la carga de la prueba recaerá en el trabajador, de acuerdo con el inciso 23.1
del artículo 23 de la Ley 29497. 6.7. En ese orden, con las boletas de pago de fojas 34 a
234, solo acredita la vinculación laboral alegada, como la prestación efectiva y conceptos
reconocidos en su pago como contraprestación de esta."
4.15. La defensa técnica de la parte demandante en audiencia de
Juzgamiento señala durante los minutos 02:58:00 y 07:50:00 (del audio y
video), que el actor como chofer de bus interprovincial, en los periodos de
descanso, se encontraba a disposición de la demandada ya sea al estar en
taller, así como cuando se presentaba algún accidente o desperfecto con el
vehículo.
4.16. La demandada por su parte, sostiene que según el artículo 30° del
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se estableció jornadas máximas de
conducción para los conductores de las empresas de transporte de
pasajeros, siendo ésta las de no más de 05 horas continuas en el servicio
diurno o más de 04 horas en el servicio nocturno, siendo que la labor
acumulada de conducción no debe exceder de más de diez horas en un
período de 24 horas.
4.17. No obstante conforme a lo regulado por el Convenio de la OIT N° 67,
que para la actividad de conducción de vehículos se incluye dentro del
concepto de horas de trabajo el tiempo durante el cual está a disposición
del empleador y dentro ello el tiempo consagrado al trabajo que se efectúe
4 HUAMÁN ESTRADA, Elmer. “Comentarios y críticas al Primer Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo”. En:
Soluciones Laborales. N° 56, Gaceta Jurídica, Lima, agosto, 2012, p. 84.
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durante el período de circulación del vehículo; el tiempo dedicado a “trabajos
auxiliares” y “períodos de simple presencia” y los descansos
intercalados y las interrupciones del trabajo, cuando excedan de la duración
que determine la autoridad competente; resulta razonable que se reconozca al
demandante el pago de horas extras, aplicando el referido Convenio de la
OIT; motivo por los cuales se ampara los agravios alegados por el
demandante, revocando la recurrida y reformando la declara
Fundada la demanda.
4.18. De la revisión de las hojas de ruta adjuntadas al proceso por el actor
de fojas 90 a 235, si bien es cierto se observa que las adjuntadas de fojas
90, 92, 94, 97, 98, 101, 104, 109, 120, 122,125, 127, 129,132,134, 136,
227, 229,231, 233, y 235, solo señalan fecha de la partida de Lima y el lugar
del destino, sin precisar la hora de la salida y llegada, mientras que las
obrante de folios 112, 115, 117, 140, 142, 144, 145,147, 149, 152, 154, 157,
160, 162, 164, 167,169, 171, 173, 175, 177, 180, 182, 184, 185, 188,
189,190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 207, 209, 211, 213, 215, 217,
219, 221, 223, 225, señala tan solo la fecha, hora y lugar de la partida,
también lo es que para determinar las horas extras que le corresponde al
demandante, se ha procedido a calcular las horas extras conforme a una
proyección promedio estimado, considerando como referencia de cálculo, las
hojas de rutas obrante de folios 90 - 92 (Ruta hacia el Norte) y de folios 180
- 182 (Ruta Norte y Sur), así como la información proporcionada por la
propia demandada obrante a folios 294, donde informa el tiempo
aproximado de trabajo de los servicios que brinda y se aprecia las horas
mínimas y máximas de viaje.
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
Asimismo de las instrumentales antes mencionadas se colige que el
demandante ha realizado rutas de ida y vuelta, en cada destino que al ser
cotejadas con la información proporcionada por la propia demandada, se
advierte que hay horas viaje en exceso tal como se aprecia del siguiente
cuadro;
HOJAS DE RUTA 90 - 92
HORA
CIUDAD CIUDAD HORA TOTAL HORAS DE VIAJE
FECHA NORMAL DE
SALIDA DESTINO DE TRABAJO Aprox.
TRABAJO
01/10/2009
02/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
03/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
04/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
05/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
06/10/2009
07/10/2009 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
08/10/2009 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
09/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
10/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
11/10/2009
12/10/2009 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
13/10/2009 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
14/10/2009
15/10/2009
16/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
17/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
18/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
19/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
20/10/2009
21/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
22/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
23/10/2009
24/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
25/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
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26/10/2009 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
27/10/2009 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
28/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
29/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
30/10/2009 LIMA SULLANA 08:00 14:00 06:00
31/10/2009 SULLANA LIMA 08:00 14:00 06:00
sub-total de Horas 132
HOJAS DE RUTA DE FOLIOS 180 - 182
HORA
CIUDAD CIUDAD HORA TOTAL HORAS DE VIAJE
FECHA NORMAL DE
SALIDA DESTINO DE TRABAJO Aprox.
TRABAJO
01/04/2012
02/04/2012 LIMA TACNA 08:00 20:00 12:00
03/04/2012 TACNA LIMA 08:00 20:00 12:00
04/04/2012 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
05/04/2012 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
06/04/2012 LIMA TACNA 08:00 20:00 12:00
07/04/2012 TACNA LIMA 08:00 20:00 12:00
08/04/2012 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
09/04/2012 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
10/04/2012 LIMA TACNA 08:00 20:00 12:00
11/04/2012 TACNA LIMA 08:00 20:00 12:00
12/04/2012 LIMA AREQUIPA 08:00 12:00 04:00
13/04/2012 AREQUIPA LIMA 08:00 12:00 04:00
14/04/2012 LIMA TUMBES 08:00 18:00 10:00
15/04/2012 TUMBES LIMA 08:00 18:00 10:00
16/04/2012 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
17/04/2012 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
18/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
21/04/2012
22/04/2012 LIMA TACNA 08:00 20:00 12:00
23/04/2012 TACNA LIMA 08:00 20:00 12:00
24/04/2012 LIMA CHICLAYO 08:00 12:00 04:00
25/04/2012 CHICLAYO LIMA 08:00 12:00 04:00
26/04/2012 LIMA TACNA 08:00 20:00 12:00
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SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
27/04/2012 TACNA LIMA 08:00 20:00 12:00
28/04/2012
29/04/2012 LIMA TUMBES 08:00 18:00 10:00
30/04/2012 TUMBES LIMA 08:00 18:00 10:00
sub-total de Horas 200
Total Horas 332
Promedio de Horas por días 07:00
Por consiguiente; después de determinar el promedio de horas extras por
día, se procede a calcular las horas extras por el periodo de enero de 1996 a
setiembre de 2015. Conforme al siguiente cuadro:
A) HORAS EXTRAS
Valor H.E 25% Valor H.E 35%
Horas IMPORTE
Días Remun. Asig. Remun. Remun. Remun.
PERIODO Extras al HORAS
Efectivos Basica Familiar Mensual Diaria Hora
Mes Horas Horas EXTRAS
S/. S/.
Extras Extras
ene-96 26 182 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 52.00 0.76 130.00 0.82 145.50
feb-96 25 175 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 50.00 0.76 125.00 0.82 139.91
mar-96 26 182 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 52.00 0.76 130.00 0.82 145.50
abr-96 24 168 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 48.00 0.76 120.00 0.82 134.31
may-96 26 182 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 52.00 0.76 130.00 0.82 145.50
jun-96 24 168 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 48.00 0.76 120.00 0.82 134.31
jul-96 26 182 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 52.00 0.76 130.00 0.82 145.50
ago-96 26 182 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 52.00 0.76 130.00 0.82 145.50
sep-96 25 175 132.00 13.20 145.20 4.84 0.61 50.00 0.76 125.00 0.82 139.91
oct-96 26 182 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 52.00 1.23 130.00 1.33 236.99
nov-96 25 175 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 50.00 1.23 125.00 1.33 227.88
dic-96 25 175 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 50.00 1.23 125.00 1.33 227.88
ene-97 26 182 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 52.00 1.23 130.00 1.33 236.99
feb-97 24 168 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 48.00 1.23 120.00 1.33 218.76
mar-97 24 168 215.00 21.50 236.50 7.88 0.99 48.00 1.23 120.00 1.33 218.76
abr-97 26 182 265.00 26.50 291.50 9.72 1.21 52.00 1.52 130.00 1.64 292.11
may-97 26 182 300.00 30.00 330.00 11.00 1.38 52.00 1.72 130.00 1.86 330.69
jun-97 25 175 300.00 30.00 330.00 11.00 1.38 50.00 1.72 125.00 1.86 317.97
jul-97 25 175 300.00 30.00 330.00 11.00 1.38 50.00 1.72 125.00 1.86 317.97
ago-97 25 175 300.00 30.00 330.00 11.00 1.38 50.00 1.72 125.00 1.86 317.97
sep-97 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
oct-97 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
nov-97 24 168 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 48.00 1.98 120.00 2.13 351.04
15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMA SALA LABORAL
Exp. N° 19995-2015-0-1801-JR-LA-04
dic-97 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
ene-98 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
feb-98 24 168 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 48.00 1.98 120.00 2.13 351.04
mar-98 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
abr-98 24 168 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 48.00 1.98 120.00 2.13 351.04
may-98 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
jun-98 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
jul-98 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
ago-98 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
sep-98 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
oct-98 26 182 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 52.00 1.98 130.00 2.13 380.29
nov-98 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
dic-98 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
ene-99 25 175 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 50.00 1.98 125.00 2.13 365.66
feb-99 24 168 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 48.00 1.98 120.00 2.13 351.04
mar-99 27 189 345.00 34.50 379.50 12.65 1.58 54.00 1.98 135.00 2.13 394.92
abr-99 24 168 345.00 34.50 379.50 12.65 |
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EXPEDIENTE : 20013-2015-0-1801-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CANALES VIDAL, JULIO HEYNER
ESPECIALISTA : SANCHEZ VIOLETA, JOSE
DEMANDADO : COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO
GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES LTDA INTERMEDIACION
LABORAL ,
EMPRESA UNION DE CONCRETERAS S A USUARIA ,
DEMANDANTE : CURAGUA LAIME, AURELIO
Resolución Nro. 18
Lima, treinta de setiembre del dos mil diecinueve
ANTECEDENTES
El demandante mediante escrito ingresado por la parte demandante de fecha 19 setiembre de
los corrientes, solicita su liquidación de costos.
FUNDAMENTOS
Primero: Lo contemplado en el artículo 414° y el segundo párrafo del artículo 418° del Código
Procesal Civil, la condena de costos procesales no tiene por objeto delimitar el monto que por
concepto de Honorarios Profesionales debe abonar el vencido en juicio al abogado patrocinante
de la parte vencedora, sino que su objeto es establecer el monto que debe abonar el vencido en
vía de repetición a la parte vencedora, en virtud de los honorarios profesionales pagados por ésta
al letrado que la asistió en juicio.
Segundo: Así a la luz de las normas procesales invocadas, que al tener carácter imperativo,
resultan de ineludible cumplimiento como así las tipifica el artículo IX del Título Preliminar del
mismo Código Adjetivo, la determinación de los costos procesales por el Juzgador no ésta sujeta
únicamente al monto de los honorarios profesional pactados en cada caso concreto, sino que
además en su fijación debe tener en cuenta las circunstancias objetivas propias de cada proceso
(entre ellas, la cuantía del asunto decidido, el grado del éxito obtenido, la dificultad de las
cuestiones debatidas, el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del
asunto del abogado patrocinante) esto con el fin de cautelar la escrupulosa observancia y respeto de normas de carácter imperativo, el orden público y las buenas costumbres, de allí que resulte
perfectamente posible que el monto por costos procesales pueda ser fijado por el Juez en cantidad
igual a la propuesta por el demandante.
Tercero: El artículo 411 del Código Procesal Civil delimita que son costos del proceso el honorario
del abogado de la parte vencedora a más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados
del Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados
en casos de auxilio judicial.
Cuarto: Aun cuando bajo cánones clásicos de interpretación podría afirmarse que el supuesto de
hecho de dicha norma tiene como premisa sólo a la prestación de servicios profesionales de
defensa por parte de un tercero (abogado) a favor de quien es parte demandante o demandada en
un proceso judicial, así también he de considerarse la premisa contenida en el último párrafo del
artículo 23° de la Constitución Política del Estado que indica que nadie está obligado a prestar
trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento así como transgredir el principio de igualdad
contenido en el artículo 2° inciso 2 de la constitución Política del Estado de 1993 que instala a las
personas situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia configurándose como un
derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna esto es, a no ser
tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentran en una misma situación.
Quinto: Entonces interpretando las normas constitucionales y ordinarias reseñadas bajo el marco
de los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales ante diferentes soluciones se debe
optar por aquella que se conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales debe
incluirse que corresponde también al accionante el derecho al pago de los costos procesales como
una forma ya no de repetir contra el vencido los honorarios profesionales pagados por el vencedor
en juicio al letrado que lo asistió en el proceso, sino de resarcir los servicios profesionales
prestados y desplegados por el accionante en calidad de abogado de sus propios intereses
prestación que como tal obviamente merece una contraprestación por parte de quien al negar el
reconocimiento del derecho e interés alcanzado determino la configuración del litigio donde actuó
el actor en tanto defensor de su propia causa.
Sexto: En este proceso se ha declarado fundada en parte la demanda ordenando que la
demandada, cumpla con reponer a la demandante en el mismo cargo y condiciones de trabajo o
en otro de similar condición. Sétimo: Siendo ello así y teniendo en cuenta del asunto decidido, el grado de participación en el
estudio, planteamiento y desarrollo del asunto del abogado patrocinante, dentro de un marco de
razonabilidad y proporcionalidad fijarse el monto por costos procesales a criterio del juzgado y con
los parámetros ya establecidos y con los recibos honorarios profesionales electrónicos adjuntados
según Ley ordenado.
DECISION:
1. ORDENAR a la demandada, Pague al actor por COSTOS PROCESALES la suma de
S/,10,000.00 Soles, más el 5% destinado al colegio de Abogados de Lima, para lo cual
se le concede un plazo de tres días, y córrase traslado la liquidación de costas a la
demandada, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, y adjúntese el
cuaderno de ejecución de sentencia N° 20013-2015-27 al estar devuelta el expediente
principal. |
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Tercera Sala Laboral Permanente
Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
Señores:
BEGAZO VILLEGAS
FARFAN OSORIO
BARBOZA LUDEÑA
Lima, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 06 de diciembre último, con la concurrencia del
demandante y su abogado Ignacio Merma Vilca, y el apoderado de la Empresa
Unión de Concreteras S.A. Gino Renzo Alarcón Mauricio y su abogado Luis
Gilberto Robles Delgado; e interviniendo como ponente el señor Juez Superior
Barboza Ludeña.
ASUNTO:
Es materia de apelación: La Sentencia N° 292, contenida en la Resolución N° 04,
de fecha 27 de julio del 2016, obrante de fojas 197 a 204, que Declara: Infundada
la excepción de falta de legitimidad parar obrar deducida por la demandada.
Infundada la demanda de fojas 44 a 57, precisada de fojas 91 a 99, sobre
Desnaturalización de los contratos de intermediación laboral de locación de
servicios, Reposición y pago de Reintegros salariales, devengados pago de
utilidades. Absolviéndose de la instancia a la Cooperativa de Trabajo y Fomento
del Empleo Global Bussines and Human Resources Ltda., y la empresa Unión de
Concreteras S. A., sin costas ni costos.
AGRAVIOS:
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
El demandante mediante el recurso de apelación de fecha 30 de setiembre de
2016, que corre de fojas 213 a 218, expresa los siguientes agravios:
1) Lo que se tienen revisar, es que si la Cooperativa “Virgen María Auxiliadora
Limitada comprendida desde el 01 de setiembre de 2005 a 16 de julio del
2006, la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Global Bussines
and Human Resources Ltda., a partir del 17 de julio de 2006 al 03 de
agosto del 2015 y quienes desarrollaban su administración en las
instalaciones de la empresa Unión de Concreteras S. A., cumplían con los
requisitos esencial y obligatorio para el desarrollo como empresas de
intermediación laboral, sobre el cumplimiento de la Ley N° 27626 y su
Reglamento Decreto Supremo N° 003-2002-TR y el Decreto Supremo N°
008-2007-TR, si dentro de su registro de intermediación laboral vigente
durante el período de trabajo del recurrente, se encuentra consignado la
actividad del servicio complementario a que se le autoriza, teniéndose en
cuenta que el objeto social de las Cooperativas y de la empresa usuaria y
la manifestación del apoderado de la empresa Unión de Concretera S.A.,
en la audiencia de conciliación, manifiesta que son aproximadamente 700
choferes mixer que laboran en la empresa.
2) Que, en el numeral 12 de su sentencia, califica que el servicio
complementario de conducción de vehículos, es una actividad de carácter
auxiliar y que la incidencia en la actividad económica de la empresa es
conexa, desconociendo que dicha actividad es principal y así está
debidamente reconocida ante el Ministerio de Trabajo, dicho criterio es
equivocado, por cuanto no se está reconociendo que la prestación de los
choferes Mixer es una prestación principal, así lo ha reconocido el
Ministerio de Trabajo, Institución tutelar de los derechos de los
trabajadores, que en su oportunidad multó a la empresa Unión de
Concreteras S.A;
3) Su magistratura, asumió un criterio equivocado asumiendo la defensa que
las empresas no sustentaron en su oportunidad, una por encontrarse en
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
rebeldía (cooperativa) y la otra parte Unión de Concreteras S.A., por
negarse a presentar el Registro de Intermediación Laboral de las
Cooperativas, Contrato de Intermediación Laboral con la empresa usuaria,
declarar la descripción de las labores realizadas por el actor, su horario de
trabajo, tiempo de destaque, los convenios colectivos de trabajo desde el
año 2001 hasta el 2015 y Declaraciones Juradas Anuales de Impuesto a la
Renta, declaradas ante SUNAT desde la fecha de ingresó del actor,
durante el presente proceso no se ha registrado los medios probatorios
admitidos y la conducta procesal de las codemandadas.
4) Con los medios probatorios se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado de acuerdo a la Ley N° 728 y la Ley Procesal de
Trabajo N° 29497, en el numeral 04 y 07 de su sentencia condición que
ratifica el Certificado de Trabajo de fojas 04 extendido por el Gerente
reconociendo que le ha prestado servicio desde el 01 de setiembre de 2005
y que laboró hasta el 16 de julio del 2016, que ostentan un contrato de
naturaleza laboral , la misma que se encuentra comprendido en la
Cooperativa Virgen María Auxiliadora Ltda., desde el 01 de setiembre del
2005 hasta el 16 de julio de 2006, y la Cooperativa de Trabajo y Fomento
del empleo Global Business and Human Resources Ltda. del 17 de julio del
2006 al 03 de agosto del 2015, lo cual lo demostraran con los medios
probatorios que obra en su demanda;
5) Las Cooperativas no han aportado los documentos solicitados en dicho
proceso por lo que se presume que se han desnaturalizado la
intermediación laboral en aplicación de los artículos 4°, 5, 6 y 9 del Decreto
Supremo N° 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral y se
corrobora con lo señalado en la Sentencia en los numerales 1,2, y 3, el
Tribunal Constitucional en el expediente N° 6000-2009-AA ha establecido
que la intermediación laboral se desnaturaliza cuando en trabajador de la
empresa de intermediación realiza servicios relacionados con actividades
permanentes, circunstancia que en aplicación del principio de primacía de
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
la realidad evidencia la existencia de un vínculo laboral directo y a plazo
indeterminado entre el trabajador y la empresa usuaria y que busca su
reincorporación a esta última;
6) Que con relación al numeral 5 de su sentencia donde indica de un principio
de prueba mínimo existiendo una contradicción con el numeral 2 de su
sentencia, al respecto en el contrato de intermediación laboral presentado
por Unión de Concreteras S.A., precisa bajo el titulo décimo quinta
remuneraciones jornada y horario de trabajo (…) La jornada de trabajo de
los socios trabajadores destacados a prestar servicio en la USUARIA no
podrá exceder en promedio la jornada legal de 48 horas, sin embargo en su
demandad a fojas 18 Anexo 1-H- corre la boleta de pago donde acredita
era más de 48 horas semanales donde se desnaturaliza dicho contrato;
7) En relación al punto 13 de su sentencia si bien es cierto que la acción
administrativa se encuentra subordinada a la acción judicial, a la que
finalmente le corresponde el control de su corrección con la conformidad y
valores, principios y derechos que constituyen la base sobre la que reposa
la Constitución, sin embargo en la contestación de su demanda de Unión
Concreteras S. A., solamente refiere que contra dicha resolución es nula
ante el Poder Judicial sin exhibir las resoluciones de primera y segunda
instancia;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: 1.1. De conformidad con el Principio Dispositivo “…el Juez no puede a
irrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por
[(…) las partes] a través de los recursos que les franquea la ley”1. Bajo este
mismo contexto, comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, se señala:
“El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del juez superior
1 Casación N° 2935-98 Apurímac, Sala Civil de la Corte Suprema, 26 abr. 1998.
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los
agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la
medida de la apelación…”2 (el resaltado es agregado).
1.2. Es menester mencionar la Casación N° 3758-2013 – Puno - que establece:
“El artículo 364 del Código Procesal Civil establece que el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte
o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de
que sea anulada o revocada total o parcialmente; por consiguiente, el contenido
del recurso de apelación establece la competencia de la función jurisdiccional del
Juez Superior, toda vez que aquello que se denuncie como agravio comportará la
materia que el impugnante desea que le Ad quem revise, dando así a entender
que se encuentra conforme con los demás puntos o extremos no denunciados
que contenga la resolución impugnada”3. Por consiguiente, en virtud de los
mismos el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de
la resolución impugnada y absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de
su propósito y teniendo en cuenta lo resuelto por el A quo en relación a ello.
SEGUNDO: Delimitación de la controversia
2.1. Conforme a la demanda y la precisión de pretensiones que pasan a
juzgamiento, expresados en la Audiencia de Conciliación4, se puede advertir que
las pretensiones materia de juzgamiento son lo siguiente:
• Determinar si corresponde reconocer la desnaturalización de los contratos
de intermediación laboral de Locación de Servicios.
• Determinar si corresponde ordenar la reposición al centro de trabajo del
actor.
2 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.“Comentarios al Código Procesal Civil”. Gaceta Jurídica. Tomo II. Pág. 176.
3Publicado en “El Peruano” 01-06-201015.
4 Cuya acta corre de fojas 112 a 113.
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• Determinar si corresponde ordenar el pago de reintegros salariales y
devengados.
• Determinar si corresponde ordenar el pago de utilidades desde la fecha de
ingreso a la actualidad.
2.2. Con la sentencia materia de apelación se declaró Infundada la demanda, que
viene siendo materia grado de apelación por parte del demandante, por lo que
serán analizados teniendo en cuenta los agravios esgrimidos, el mérito de los
actuados y las normas legales del caso en concreto.
TERCERO: 3.1. El presente proceso se tramita de acuerdo a la Nueva Ley
Procesal de Trabajo - Ley Nº 29497 -, siendo así la carga de la prueba establece
las siguientes reglas: 3.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando
nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la
carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. (…);
3.2. Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex
trabajador, tiene la carga de la prueba de: La existencia de la fuente normativa de
los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. El motivo de
nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. La existencia del daño alegado;
3.3. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de: El pago, el cumplimiento de
las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su
extinción o inexigibilidad. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho
lesivo alegado. El estado del vínculo laboral y la causa del despido. Los indicios
pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos
materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
CUARTO: Análisis jurídico de los alcances y límites de la Ley N° 27626, su
Reglamento y normas conexas
4.1. La Ley N° 27626 - Ley regula la actividad de las empresas especiales de
servicios y de las cooperativas de trabajadores –para evitar fraudes en el uso de
las mismas por parte de los empresarios, ha establecido los alcances y límites de
su procedencia, en ese sentido el artículo 3 ha precisado los supuestos de
procedencia señalando que: “La intermediación laboral que involucra a personal
que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo
procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o
especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden
prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad
principal de dicha empresa.”, asimismo el a artículo 6 ha dispuesto que el número
de trabajadores de empresas de servicios o cooperativas que pueden prestar
servicios en las empresas usuarias, bajo modalidad temporal, no podrá
exceder del (20%) veinte por ciento del total de trabajadores de la empresa
usuaria;
4.2. El artículo 5 del mismo cuerpo normativo ha establecido, señalando que la
infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la
presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la
Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que en aplicación del principio
de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de
sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo
con la empresa usuaria la que debemos corroborar con la Tercera Disposición
Transitoria, Complementaria y Finales – que dispone en los casos en que
mediante contratos o subcontratos de naturaleza civil se provean trabajadores
para desarrollar labores que correspondan a la actividad principal de la
empresa usuaria, se entenderá que tales trabajadores han tenido contrato de
trabajo con la empresa usuaria desde su respectiva fecha de iniciación de labores
en dicha empresa;
7 Corte Superior de Justicia de Lima
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
4.3. De otro lado el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR – que regula
las Disposiciones para la aplicación de las Leyes N° 27626 y 27696 – sobre las
actividades de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas y
Trabajadores – modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2007-
TR- ha señalado el marco conceptual de:
"Actividad principal: Constituye actividad principal de la empresa usuaria
aquélla que es consustancial al giro del negocio. Son actividad principal las
diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios:
exploración, explotación, transformación, producción, organización,
administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya
ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la
empresa.".
"Actividad complementaria: Constituye actividad complementaria de la empresa
usuaria aquella que es de carácter auxiliar, no vinculada a la actividad
principal, y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad
empresarial, tal como las actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones,
mensajería externa y limpieza. La actividad complementaria no es indispensable
para la continuidad y ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria."
“Intermediación de servicios complementarios o altamente especializados.-
Consiste en prestar servicios complementarios o especializados por una persona
jurídica, que destaca a su personal a una empresa usuaria, para desarrollar
labores complementarias o altamente especializadas, en las que esta última no
determina ni supervisa sustancialmente las tareas del trabajador destacado.”.
QUINTO: Análisis de los agravio 1), 2), 4), 5), 6) y 7) del demandante
respecto a la desnaturalización de los contratos y la relación jurídica laboral
del actor
8 Corte Superior de Justicia de Lima
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
5.1. Del mérito de las pruebas actuadas por las partes, las que por el principio de
adquisición procesal y comunidad probatoria corresponden al proceso, se advierte
que entre las empresas demandadas Cooperativa de Trabajo y Fomento del
Empleo Global Bussines and Human Resources Ltda. (Intermediaria), y la
empresa Unión de Concreteras S. A. (Usuaria), han celebrado el “Contrato Civil
de Locación de Servicios Complementarios” (ver fs.134 a 157), entre otros, lo
califican en la Quinta Cláusula como servicio complementario el Servicio de
Conducción de Vehículos de propiedad de la empresa Usuaria, con tiempo de
duración del 01 de octubre del 2008 al 30 de setiembre del 2011, luego celebran
un Addendum N° 01-2011-Global/Unión al Contrato de Locación de Servicios
Suscrito el 20 de octubre del 2008- (ver fs.154), en cuya cláusula primera señalan
que desde 17 de julio del 2006 vienen celebrando los referidos contratos y siendo
el último probado en autos la que corre de fojas 156 con plazo de duración al 30
de septiembre del 2016;
5.2. En atención al artículo 47 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección
del Trabajo – que señala que: “Los hechos constatados por los servidores de la
Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando
los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan
aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e
intereses.”, en concordancia con el artículo 237 del Código Procesal Civil que
señala que: “Son distintos el documento y su contenido. Puede subsistir éste
aunque el primero sea declarado nulo.”, esto es, que aunque el documento fuese
declarado nulo le contenido subsiste, en este caso si bien hubiere sido declarado
nulo el Acta de Infracción N° 733 – 2014-SUNAFIL/ILM- por afectación al debido
proceso (formal) que corre fojas 29 a 41, sin embargo lo constatado en la Orden
de Inspección concreta N° 1833-2014-MTPE/1/20.4 de fecha 14 de abril del 2014
de la Intendencia de Lima Metropolitana – subsisten los hechos verificados
respecto a las materias socio laborales como son: Empresas de intermediación
laboral (intermediación laboral prohibida, desnaturalización, límites porcentuales y
cualitativos aplicables a la intermediación laboral), a solicitud del “Sindicato Único
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
de Trabajadores Unión de Concreteras – SUTUNICON – en la que la Autoridad
Administrativa de Trabajo tuvo como hechos verificados en el punto Tercero que
según la escritura de constitución del sujeto inspeccionado determinó que la hoy
demandada como sociedad anónima tiene por objeto dedicarse a la fabricación de
todo tipo y toda clase de CONCRETO, incluida su comercialización y venta, a las
actividades minerales, a la producción y comercialización de materiales de
construcción en general, incluso fabricación y/o prefabricados, así como a la
operación de sus bienes o instalaciones en general entre otros y la Cooperativa
de Trabajo y Fomento del Empleo Global Business And Human Resources Ltda.,
tiene por objeto dedicarse mediante sus socios trabajadores destacados, a prestar
servicios especializados o complementarios, en ese contexto fue verificado entre
otros que el hoy demandante AURELIO CURAGUA LAIME fue destacado en su
condición de CONDUCTOR DE VEHÍCULO para el manejo de camiones
concreteros (ver fs.33/vuelta), con respecto a la cual, además no hay
controversia, sino, en la naturaleza del servicio prestado y la actividad principal de
la empresa usuaria;
5.3. La demandada al contestar la demanda señala que el actor no fue su
trabajador sino socio trabajador de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del
Empleo Global Business And Human Resources Ltda.- por haber celebrado un
Contrato Civil de Locación de Servicios Complementarios con fecha 20 de octubre
del 2008 y diversos addendums, y el demandante básicamente sostiene que
desde el inicio de la relación laboral se desempeñó como CHOFER –
OPERADOR – MIXER – Manejo de Mescladoras de concreto – Transporte de
Concreto – Prueba de Concreto – la cual sería actividad principal de la empresa
usuaria y bajo supervisión de la Empresa Unión Concreteras S.A., lo cual conlleva
a interpretar el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR – que regula las
Disposiciones para la aplicación de las Leyes N° 27626 y 27696 – sobre las
actividades de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas y
Trabajadores – modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2007-
TR-, la que establece y esclarece el marco conceptual de la Actividad principal
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
señalando que constituye actividad principal las diferentes etapas del proceso
productivo de bienes y de prestación de servicios: exploración, explotación,
transformación, producción, organización, administración, comercialización y en
general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y/o interrumpiría el
funcionamiento y desarrollo de la empresa;
5.4. En caso de autos la codemandada UNION DE CONCRETERAS S.A., es
fabricante de todo tipo y toda clase de concreto, pero no solo su actividad no se
limitaba al proceso productivo de dichos bienes sino para la productividad,
funcionamiento y desarrollo de la empresa era necesario la COMERCIALIZACION
y para efectos de la misma era imprescindible el transporte directo a los
CLIENTES que requerían de dichos bienes y que por ello contaban con
VEHICULOS concreteras especiales, de lo cual podemos concluir con toda
certeza de que el transporte es una cadena necesaria y directamente vinculada
para el desarrollo de la empresa y cuya ausencia o falta de ejecución interrumpiría
la actividad empresarial si hipotéticamente se cortara dicha cadena de
productividad, situación que fue ratificado en la segunda cláusula de la Escritura
de Modificación Parcial del Estatuto Social que corre de fojas 159 a 167 de autos,
en tanto que la labor desarrollada por el actor no fue complementaria como son
de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza, por lo que
en aplicación del artículo 5 de la Ley N° 27626 - Ley regula la actividad de las
empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores – y en
estricta aplicación del principio de primacía de la realidad5 debe entenderse que el
actor tuvo contrato de trabajo a plazo indeterminado con la empresa usuaria,
corroborado con la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Finales –
de la misma norma;
5En cuanto al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y,
concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha precisado,
en la STC N.° 1944-2002-AA/TC, que “[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los
documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.
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5.5. Debemos dejar establecido de que en este tipo de pretensiones no se trata
de establecer la existencia el presunto poder de subordinación directa del
trabajador ejercida por la empresa usuaria, como parece entender el A quo en los
considerandos 6 y siguientes de la sentencia apelada, sino, si la labor prestada
corresponde a la actividad principal de la empresa usuaria, en el marco
conceptual señalada en la ley, desde la contratación existente con de la
Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Global Business And Human
Resources Ltda., no existiendo otro documento idóneo que analizar con respecto
a la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo “Virgen María Auxiliadora
Ltda., tanto más si la misma no fue emplazado ni considerado en la demanda
como demandado por el demandante;
5.6. En el presente caso, debe entenderse que el actor prestó servicios desde el
17 de julio del 2006 hasta el 03 de agosto del 2015, de manera directa para la
empresa usuaria, lo cual está probado con el mérito del convenio denominado
Addendum N° 01-2011-Global/Unión al Contrato de Locación de Servicios
Suscrito el 20 de octubre del 2008- (ver fs.154), en la cual se precisa en la
cláusula primera que desde 17 de julio del 2006 vienen celebrando los referidos
contratos el contrato de intermediación laboral y otro Addendum que corre de
fojas 156 con plazo de duración al 30 de septiembre del 2016.
SEXTO: 6.1. Al haber quedado establecido de que el actor está considerado con
contrato de trabajo a plazo indeterminado con la empresa usuaria en estricta
aplicación de los principios de continuidad e irrenunciabilidad de los derechos
laborales el cese del trabajador debió estar sustentada en causa justa, y en caso
de autos al haberse determinado judicialmente que la relación laboral fue a plazo
indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada, no aparece probado
en autos que se haya seguido el procedimiento de despido establecido en el
artículo 31° del Decreto Supremo N° 003-97-TR - Tex to Único Ordenado de la Ley
de Productividad y Competitividad Laboral - de lo que podemos concluir que el
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cese fue incausado, por ende debe ordenarse su reposición al centro laboral de la
empresa usuaria, en su mismo cargo y función u otro de similar categoría, en esa
línea jurisprudencial se advierte del considerando 18 de la sentencia recaída en el
expediente N° 06371-2008-PA/TC- de fecha 19 de diciembre de 2011- que
señala: “Por consiguiente, atendiendo a que los servicios que ha venido prestando
la demandante no obedecían a una necesidad complementaria de la entidad
usuaria; y existiendo suficientes elementos para concluir que…, ha contratado a la
demandante para prestar servicios de…; labores que constituyen actividad
principal y permanente de la empresa requirente, y están comprendidas en el …;
de conformidad con el artículo 5º de la Ley Nº 27626, debe entenderse que la
demandante mantenía una relación laboral con la entidad usuaria…, de modo que
no podía ser despedida sino por causa justa motivada en su conducta o
capacidad laboral, razones por las que, en este caso, se ha acreditado la
vulneración del derecho fundamental al trabajo, por lo que corresponde estimar la
demanda y ordenar la reposición de la demandante en el cargo que venía
ocupando.”.
SEPTIMO: A todo ello, debemos agregar que la codemandada Cooperativa de
Trabajo y Fomento del Empleo “Global Business And Human Resources” Ltda.,
tiene la condición de rebelde y no se ha incorporado en ninguna instancia al
proceso, condición jurídica que le es desfavorable al codemandado Empresa
Unión de Concreteras S.A., pero refuerza la teoría del caso del demandante.
OCTAVO: Confirmatoria de los extremos no apelados
8.1. Conforme a lo señalado en el primer considerando, en aplicación del Principio
Dispositivo “…el Juez no puede a irrogarse la calidad de parte y aducir
argumentos que no fueron hechos valer por [(…) las partes] a través de los
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
recursos que les franquea la ley”6. Bajo este mismo contexto, comentando el
artículo 370° del Código Procesal Civil, se señala: “El artículo en comentario
regula la limitación de la competencia del juez superior frente a la apelación. Esta
limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia
recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación…”7
(el resaltado es agregado). Dicha posición doctrinaria y legal se sustenta también
en la Casación N° 3758-2013 – Puno -, por lo que el contenido del recurso de
apelación establece la competencia de la función jurisdiccional del Juez Superior,
toda vez que aquello que se denuncie como agravio comportará la materia que el
impugnante desea que le Ad quem revise, dando así a entender que se encuentra
conforme con los demás puntos o extremos no denunciados que contenga la
resolución impugnada, marco que es de aplicación para ambas partes, esto es
tanto para el demandado como para el demandante;
8.2. En caso de autos, la demanda fue declarada infundada en todos sus
extremos, incluido el pago de reintegros salariales y devengados y el pago de
utilidades, sin embargo no existe un rasgo de agravio deducido contra estos
extremos en el recurso de apelación, de lo que se concluye que se conformó con
la decisión del A quo en estos extremos;
8.3. Tampoco fue apelado por el demandado el extremo de la sentencia que
declara Infundada la excepción de falta de legitimidad parar obrar deducida por
dicha parte, por lo que debemos concluir que se conformó con la decisión del A
quo en estos extremos.
NOVENO: Respecto a la condena de costos y costas del proceso
9.1. Conforme al artículo 412 del Código Procesal Civil, la condena de costas y
costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida y la misma
6 Casación N° 2935-98 Apurímac, Sala Civil de la Corte Suprema, 26 abr. 1998.
7 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.“Comentarios al Código Procesal Civil”. Gaceta Jurídica. Tomo II. Pág. 176.
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Expediente N° 20013-2015-0-1801-JR-LA-02° BE/S
se establece por cada instancia y tiene incidencia únicamente sobre las pretensiones
que han sido acogidas para el vencedor;
4.2. En caso de autos, viene revocándose en parte la sentencia venida en grado y el
vencido es el demandado, por ende corresponde que asuma los costos y costas del
proceso.
Por estos considerandos, la Tercera Sala Laboral de Lima, con la autoridad que
confiere la Constitución Política del Perú;
SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR la Sentencia N° 292, contenida en la Resolución N° 04, de fecha 27
de julio del 2016, obrante de fojas 197 a 204, que Declara: Infundada la excepción
de falta de legitimidad parar obrar deducida por la demandada.
2. REVOCAR en parte la misma sentencia que declara Infundada la demanda de
fojas 44 a 57, precisada de fojas 91 a 99, sobre desnaturalización de los contratos de
intermediación laboral de locación de servicios y reposición, REFORAMANDOLA lo
declararon fundada en parte la demanda, y ORDENARON la existencia de una
relación laboral a plazo indeterminado del actor para la codemandada Empresa Unión
de Concreteras S.A., debiendo entenderse que prestó servicios desde el 17 de julio
del 2006 hasta el 03 de agosto del 2015, de manera directa para dicha empresa
usuaria; consecuentemente DISPUSIERON que la referida empresa cumpla con
REPONER al demandante en el mismo cargo y condiciones de trabajo o en otro de
similar condición, en el plazo que debe establecerse en ejecución de sentencia; con
costos y costas.
3. CONFIRMAR la misma demanda en el extremo que es declarado INFUNDADA
las pretensiones referidos a reintegros salariales, devengados, pago de utilidades.
En los seguidos por AURELIO CURAGUA LAIME con la EMPRESA UNION DE
CONCRETERAS S.A, y la COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL
EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES LTDA., sobre
Desnaturalización de contratos, reposición y otros; y los DEVOLVIERON al Segundo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
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EXPEDIENTE 20013-2015-52-1801-JR-LA-02
Señores:
ARAUJO SÁNCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
CÁRDENAS ALVARADO
Lima, 24 de junio del dos mil veinte.
AUTOS y VISTOS:
Puesto a despacho para resolver e interviniendo en calidad de ponente la
Señora Juez Superior Begazo Villegas;
ASUNTO:
Es materia de apelación, la Resolución Nº 02, de fecha 06 de setiembre de
2018, obrante de fojas 54 a 56, en el extremo que resuelve declarar
Improcedente la nulidad planteada por la demandada;
AGRAVIOS:
La parte demandada mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2018,
obrante de fojas 61 a 64, expresa los siguientes agravios:
a) Que, lo resuelto ha vulnerado diversos dispositivos legales, sobre todo
los previstos como obligación y principio de función jurisdiccional que
establecen los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política
del Perú; referidos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y
a la observancia irrestricta del debido proceso;
b) El Juzgador no ha valorado detenidamente los argumentos expuestos en
el escrito de nulidad, pues es de verse que en el mismo argumentamos
que aun a la fecha no existe un pronunciamiento definitivo en el
expediente principal pues aún sigue en trámite y evaluación en la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia;
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c) En el escrito de nulidad también denunciamos que el A-quo con la
expedición de la Resolución N° 01, había incurrido en una falta de
motivación teniendo en cuenta que solo se limita a ordenar la reposición
del actor sin esbozar los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales
determina la reposición;
d) Que, el Juzgador con la Resolución N° 02 busca reponer al actor el cual
nunca tuvo una relación laboral con la demandada que el mismo nunca
fue un trabajador de Unisón;
CONSIDERANDO:
Primero. - Que, de conformidad con el artículo 370°, in fine, del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que recoge en parte, el principio
contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apélateme, en la
apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación,
por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Conforme al principio
descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en
el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es
como la acción (pretensión) de la segunda instancia;
Segundo.- En relación a los agravios formulados por la parte demandada;
conforme se aprecia del cuadernillo de apelación, que mediante Sentencia de
Vista de fecha 14 de diciembre de 2017, de fojas 02 a 14, del presente
cuadernillo, contenida en la Resolución N° 04, de fecha 27 de julio de 2016,
Confirmó la Sentencia en cuanto declara Infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar, deducida por la demandada; Revoca en parte la misma
Sentencia, en cuanto declara Infundada la demanda, sobre desnaturalización
de los contratos de intermediación laboral de Locación de Servicios y
Reposición y Reformándola la declararon fundada en parte; y Ordenaron la
existencia de una relación laboral a plazo indeterminado del actor para con la
demandada Empresa Unión de Concreteras S.A. debiendo entenderse que
prestó servicios desde el 17 de julio de 2006 hasta el 03 de agosto de 2015, de
manera directa para dicha empresa usuaria; consecuentemente dispusieron
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que la referida empresa cumpla con reponer al demandante en el mismo cargo
y condiciones de trabajo o en otro de similar condición, en el plazo de que
establecerse en ejecución de sentencia con costos y costas; asimismo
Confirmaron la misma Sentencia, en el extremo que declara infundadas las
pretensiones referidas a reintegros salariales, devengados, pago de utilidades;
en atención a ello el Juez expedido la Resolución N° 01, de fecha 20 de junio
de 2018, de fojas 16 del presente cuadernillo y requirió a la demandada
Empresa Unión de Concreteras S.A.A cumpla con reponer a la demandante en
el mismo cargo laboral y condiciones de trabajo o en otro de similar condición,
para lo cual le concede un plazo de tres días bajo apercibimiento de iniciarse
ejecución forzada y una multa de 3 URP sucesivas y progresivas en caso de
incumplimiento;
Tercero.- Que, la parte demandada deduce la Nulidad de la Resolución N° 01
de fecha 20 de junio de 2018; señalando que el A-quo no ha tenido en cuenta
que lo resuelto por la Tercera Laboral Permanente de Lima fue cuestionado al
haberse interpuesto el Recurso de Casación el día 16 de enero de 2018,
encontrándose actualmente el expediente principal en discusión ante la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de República; no existiendo aun pronunciamiento
definitivo;
Cuarto. - Que, corresponde señalar previamente que con vista del Sistema de
Expedientes Judiciales se advierte que el Expediente principal se encuentra en
Casación; al respecto es de señalar que la Ley Procesal de Trabajo N° 29497,
establece el efecto del recurso de Casación en donde establece que: “La
interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las
sentencias. (…)”
Quinto. - Que, estando a los agravios formulados por la parte demandada cabe
señalar que con relación a la motivación; se desprende que el A-quo en la
resolución materia de apelación, ha efectuado un análisis de los hechos y de
las normas que considera que son de aplicación, verificándose una
congruencia interna entre los considerandos y la parte resolutiva, existiendo un
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nexo entre lo peticionado y lo resuelto, siendo así, se determina que la
resolución en grado no carece de motivación o motivación aparente;
Sexto.- Que, debe considerarse; que si bien, como se ha señalado
precedentemente el expediente principal se encuentra pendiente resolver el
recurso de Casación, el cual ha sido corroborado en la revisión del SIJ; no
obstante ello, es de aplicación el artículo 38° de la Ley 29497, determinándose
que la Casación es un recurso extraordinario y no suspende la ejecución de
Sentencia de Vista, siendo además que el artículo III del Título Preliminar de la
Ley N° 29497, señala que : “ (…) Los Jueces laborales tiene un rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso (…)”;asimismo se establece en el
artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil que “La dirección del
proceso esta cargo del Juez (…) El Juez debe impulsar el proceso por sí
mismo, siendo responsable de cualquier demorar (…)” fundamento por el cual
el agravio formulado por la parte demandada corresponde ser desestimado y
confirmar la apelada;
Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral de Lima, con la autoridad
que confiere la Constitución Política del Perú;
SE RESUELVE
CONFIRMARON la Resolución Nº 02, de fecha 06 de setiembre de 2018,
obrante de fojas 54 a 56, en el extremo que resuelve declarar Improcedente la
nulidad planteada por la demandada;
En los seguidos por AURELIO CURAGUA LAIME contra EMPRESA UNION
DE CONCRETERAS S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO
DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES LTDA; y,
ORDENARON que, por Secretaría de Sala, se remita copia de lo resuelto al
Juez al Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, conforme lo prevé
el segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al caso de autos. Notificándose
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EXPEDIENTE : 20017-2015-0-1801-JR-LA-11
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : SIALER NIETO BELLA MARUJA
DEMANDADO : COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND
HUMAN RESOURCES LTDA INTERMEDIACION LABORAL , EMPRESA UNION DE CONCRETERAS S A
DEMANDANTE : SANDOVAL TABOADA, FREDY MARTIN
RESOLUCION N° VEINTISIETE
Lima, 31 de marzo del año 2022.-
Al escrito de apelación de fecha 24 de agosto, presentado por la demandada: y
ATENDIENDO:
PRIMERO: En el presente escrito, la parte demandada interpone apelación contra la
Resolución N° 23 de fecha 24 de junio del 2021.
SEGUNDO: De la revisión del escrito de apelación, se advierte que el recurso cumple
los requisitos exigidos por el artículo 367º del Código Procesal Civil: precisando los
errores incurridos, expresando los agravios respectivos y sustentando la pretensión
impugnatoria, además de encontrarse dentro del término de ley, siendo interpuesto
en el término de tres días que establece el artículo 376° del código procesal civil,
contándose el plazo desde el segundo día hábil siguiente de la notificación de la
resolución N° 23, conforme se establece en el Artículo 155-C del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial1.
Por las razones antes señaladas, deviene en procedente el recurso de apelación
formulado por la parte demandada.
Por lo expuesto se resuelve: CONCEDER SIN EFECTO SUSPENSIVO la apelación
interpuesta por la parte demandada contra la Resolución N° 23 de fecha 24 de junio de
2021, y FÓRMESE el cuaderno de apelación con las copias certificadas pertinentes, con
sus respectivos escritos y cedulas de notificaciones y ELÉVESE los mismos a la Octava
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima por prevención, con
la debida nota de atención. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por
disposición superior.
Al escrito de fecha 23 de agosto, 15 de noviembre, 25 de enero y 15 de febrero,
presentados por el demandante: Téngase presente lo señalado por el demandante,
respecto a los costos; Y ATENDIENDO:
1. Que la Octava Sala Laboral de Lima, resuelve revocar la Sentencia N° 299-2016
contenida en la resolución número ocho de fecha tres de noviembre de dos mis
1 Artículo 155-C: La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a
la casilla electrónica, con excepción de las que son expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales y a
las referidas en los artículos 155-E y 155-G. ” (Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 julio 2014) dieciséis, que declara INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA la DECLARAN
FUNDADA EN PARTE; ordenando:
RECONOCER que el actor mantuvo una relación laboral a tiempo indeterminado con la
empresa usuaria Unión de Concreteras S.A. -UNICON a partir del 19 de enero de 2009.
ORDENA a la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/.50,672.97, por los
conceptos de incremento de básico, prestación alimenticia, cierre de pliego, reintegro de
vacaciones, reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más los
intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia.
DECLARA que el actor ha sido objeto de un despido incausado por parte de su empleador; por
lo que, se ORDENA a la demandada Unión de Concreteras S.A. -UNICON cumpla con
REPONERLO en su último puesto de trabajo, respetando su remuneración, categoría y cargo
habitual hasta antes del cese ilegal.
CONDENA a la demandada al pago de costos y costas del proceso
2. El demandante solicita que se cumpla lo ejecutoriado, y que la demandada
reconozca al actor como un contrato a plazo indeterminado desde el 19 de enero
del 2009, que se cumpla la ejecución forzada en cuanto a los interese legales,
resolucion N° 22 consentida y se cumpla con el pago de los costos procesales,
fijada en la resolucion N° 23; señala que en la audiencia del día 14 de mayo del
2021, la demandada se comprometió a la reposición en forma efectiva del
demandante, hasta la fecha no ha cumplido a pesar que la sala laboral ha
confirmado la resolucion N° 10; el pago de su remuneración a partir del 12 de
setiembre 2019, hasta el 30 de marzo del 2020 (incluye aumentos de negociación
colectiva hasta la fecha no ha cumplido.
3. De la revisión del Sistema integrado Judicial SIJ, con 14 de mayo del 2021, se llevó
a cabo la audiencia de conciliación, en donde se advierte que la demandada
concedió al actor una licencia con goce de haber debido a su condición de persona
vulnerable a contraer la enfermedad del Covid-19 al tener 65 años de edad, siendo
que realizada la consulta al propio actor respecto a que si pretendía realizar labor
presencial pese a su edad, indicó que no (minuto 09.15 a 09.20), pero que
peticionaba el pago anterior a abril 2020, asimismo, su abogado señaló que el
actor debía continuar con dicha licencia (minuto 11.50 a 12.00), por lo tanto, se
tiene que la emplazada cumplió con la reposición del actor pero que dada su
condición de persona vulnerable, se le concedió una licencia con goce de haberes.
4. Sin embargo, se tiene que mediante Resolución Ministerial N° 15275-2021-MINS,
se aprobó la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, permite que los
trabajadores que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo realicen labores
presenciales o semipresenciales, de acuerdo a las indicaciones del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta su estado de vacunación y el
nivel de alerta de la región, por lo que dadas las actuales circunstancias en que se
encuentra la emergencia sanitaria en nuestra ciudad, debe requerirse a la
emplazada cuál es el estado actual de la relación laboral del actor y si éste puede
realizar labores presenciales.
5. Respecto del pago de remuneraciones del 12 de setiembre del 2019 al 30 de marzo
de 2020, se advierte que dicha extremo no se encuentra comprendido dentro de
los alcances de la sentencia emitida en autos, por lo que estando a que ésta debe ser ejecutada en sus propios términos, no corresponde que en este proceso se
requiere a la emplazada el pago de dichos conceptos, debiendo el actor hacer valer
su derecho en la forma y modo de ley a través de otro proceso judicial.
6. En cuanto al pago de los costos, se tiene que se ha concedido apelación a la parte
demandante, por lo que la Resolución N° 23 del 24 de junio del 2021 no tiene aún
la condición de resolución firme, siendo que de acuerdo a lo indicado en el artículo
419 del Código Procesal Civil, "El reembolso de las costas y costos se exige ante el
Juez de la ejecución y se efectúa dentro del tercer día de quedar firme la resolución
que las aprueba. Vencido el plazo, la falta de pago genera intereses legales.”, por
lo que una vez que sea resuelta la apelación por el superior en grado, se
continuará con la ejecución de este extremo.
Por estas consideraciones, se resuelve declarar IMPROCEDENTE lo peticionado por el
demandante; sin perjuicio de REQUERIR a la demandada a fin de que en el plazo de
TRES DIAS HABILES informe a esta Judicatura sobre el estado del vínculo laboral del
demandante y si éste puede realizar labores presenciales, bajo apercibimiento de sacar
conclusiones en su contra. NOTIFIQUESE.- |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Av. Arnaldo Márquez N° 1065, Jesús María - Piso 03 - Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE: 20017-2015-0-1801-JR-LA-11
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE.
ALMEIDA CÁRDENAS.
CASTRO HIDA LGO.
Resolución Nro. CINCO
Lima, 26 de septiembre del 2018
Visto: El expediente, y, dando cuenta, al escritos N° 83482-2018 de fecha 12
de septiembre de 2018, presentado por la parte demandada: A lo expuesto,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Con fecha 28 de agosto del año en curso, este Órgano Superior
expidió la Sentencia de Vista, que resuelve Revocar la Sentencia N° 299-2016
contenida en la resolución N° 08 de fecha 3 de noviembre de dos mil dieciséis,
corriente de fojas 469 a 482, que declara Infundada la demanda, reformándola
la declararon Fundada en Parte; en consecuencia: Declarar la
desnaturalización de los contratos de intermediación laboral suscritos entre
las codemandada Cooperativa de de Trabajo y Fomento del Empleo Global
Business And Huaman Resources Llda., y Unión de Concreteras S.A -
UNICON; Se Reconoce al autor mantuvo una relación laboral a tiempo
indeterminado con la empresa usuaria Unión de Concreteras S.A - UNICON a
partir del 19 de enero de 2009; Se ordena a la demandada cumpla con pagar
al demandante la suma de S/. 50,672.97 (Cincuenta mil seiscientos setenta y
dos con 97/100 soles) por los conceptos de incremento de básico, prestación
alimenticia, cierre de pliego, reintegro de vacaciones, reintegro de
gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más los intereses
legales que se liquidarán en ejecución de sentencia; Se declara que el actor ha
sido objeto de un despido incausado por parte de su empleador; por lo que se
ordena a la demandada Unión de Concreteras S.A.- UNICON cumpla con
reponerlo en su último puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual hasta antes del cese ilegal; Se declara infundado el
pago de Asignación Escolar y pago de bonificaciones; Se condena a la
demandada al pago de costos y costas del proceso; expedida en grado de
apelación por el Décimo Primer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima. No conforme con lo resuelto por este Colegiado, la parte demandada
mediante el escrito de la referencia, interpone recurso extraordinario de
casación contra la Sentencia de Vista.
SEGUNDO: El numeral 2) del artículo 35° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo
N° 29497 establece que el recurso de casación se interpone ante el órgano
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, debiendo la Sala Superior
correspondiente, remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite,
dentro del plazo de tres (3) días hábiles. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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TERCERO: Que, la interposición del recurso de casación no suspende la
ejecución de las sentencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
38° de la citada Ley Procesal; en consecuencia, este COLEGIADO DISPONE:
I) ELEVAR los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República con la debida nota de
atención.
Que Secretaría de Sala cumpla con remitir al juzgado de origen, las
copias certificadas de las principales piezas procesales, a fin de que
continúe con el trámite que corresponda. Notifíquese.- |
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EXP. 20017-2015
Expediente N° : 20017-2015-0-1801-JR-LA-11
Demandante : FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA
Demandado : UNIÓN DE CONCRETERAS S.A. Y OTRO
Materia : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE
INTERMEDIACIÓN Y OTROS
11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
Juzgado :
PERMANENTE DE LIMA
Sumilla : La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el
centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo
procede cuando medien supuestos de temporalidad,
complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados
a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen
la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 28 de agosto de 2018.-
Observando las formalidades previstas por el artículo
131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de
la causa, e interviniendo como Juez Superior ponente la señora Almeida Cárdenas, este
Colegiado emite resolución con base en lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1. Pretensiones demandadas:
(cid:1) Desnaturalización de los contratos de intermediación laboral de
locación de servicios de parte de las codemandadas Cooperativa de
Fomento del Empleo GLOBLAL BUSINESS AND HUMAN RESOURCES
LTDA. y UNIÓN DE CONCRETERAS S.A. - UNICON; y como
consecuencia de ello el reconocimiento de la relación laboral con la
empresa usuaria UNIÓN DE CONCRETERAS S.A. - UNICON.
(cid:1) Reposición por Despido Incausado.
(cid:1) Pago de Horas Extras
(cid:1) Pago de Compensación por Tiempo de Servicios
(cid:1) Pago de Vacaciones
(cid:1) Pago de gratificaciones
(cid:1) Pago de Utilidades
(cid:1) Pago de Horas Extras
(cid:1) Pago por convenio colectivo (aumento de remuneración, escolaridad,
prestación alimenticia, bonificaciones especiales y cierre de pliego).
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1.2. Sentencia apelada: Viene en revisión la Sentencia N° 299-2016 contenida en
la resolución número ocho de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis1,
que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del
demandado deducida por la demandada UNICON, FUNDADA las oposiciones
formuladas por la demandada COOPERATIVA e INFUNDADA las oposiciones
formuladas por UNICON e IMPONGÁSE a la demanda UNICON una multa de
2URP e INFUNDADA la demanda.
1.3. Recurso de apelación: La parte demandante alega como argumento en su
escrito de apelación de fecha 22 de enero de 20182, los siguientes:
1. El Juzgado no ha tenido en consideración, cuestiones fundamentales,
en su sentencia y no ha cumplido con valorar los medios probatorios
que corren en autos, y que según el artículo 197° del Código Procesal
Civil, deben ser valorados en forma conjunta utilizando su apreciación
razonada.
2. La Autoridad Administrativa de Trabajo a través de los servicios
inspectivos ha determinado, en el centro de trabajo que la labor de
chofer mixer (transporte de concreto - mezcladora de concreto - prueba
del concreto), es parte de la actividad principal de la empresa Unión de
Concreteras.
3. No se ha dejado constancia sobre la conducta procesal de las
codemandadas, al no presentar documentos requeridos en la
demandada, durante todo el tiempo de servicios del actor.
4. La remuneración de un chofer operador de Cooperativa versus
Empresa Unión de Concreteras S.A., se ha ido incrementando por los
convenios colectivos, así como también las condiciones de trabajo.
5. En cuanto a las utilidades, el actor prestó servicios desde su fecha de
ingreso, con un promedio de doce horas diarias, en los últimos años ha
habido reparto de utilidades solamente a los trabajadores de UNICON a
pesar de haber tenido el mismo cargo de chofer operador mixer.
6. En la Audiencia de Juzgamiento se dejó constancia, que en las
nóminas presentadas por las codemandadas, no se encuentra
registrado el actor y al no haber aportado documentos, se presume que
se ha desnaturalizado la intermediación laboral.
7. El Tribunal Constitucional ha establecido que la intermediación laboral
se desnaturaliza cuando el trabajador de la empresa de intermediación
laboral, realiza servicios relacionados a actividades permanentes,
1
Ver de fojas 469 a 482
2
Ver de fojas 643 a 655
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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circunstancia que en aplicación del Principio de Primacía de la
Realidad, evidencia la existencia de un vínculo laboral directo y a plazo
indeterminado entre el trabajador y la empresa usuaria y que busca su
reincorporación a la Empresa Unión de Concreteras S.A.- UNICON.
8. Unión de Concreteras S.A. es fabricante de todo tipo y clase de
concreto, en el proceso productivo, funcionamiento y el desarrollo de la
empresa es necesario la comercialización y para efectos de la misma
era imprescindible el transporte directo, a los clientes que requerían de
dichos bienes y por ello contaban con vehículos concreteros especiales,
por lo que se concluye que el transporte es una cadena necesaria y
directamente vinculada para el desarrollo de la empresa.
9. La labor desarrollada por el actor no fue complementaria como lo son la
vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza, sino
que está relacionado con la actividad principal de la empresa UNICON,
por lo que el actor deberá tener un contrato a plazo indeterminado con
la empresa usuaria, en aplicación del artículo 5° de la Ley N° 27626.
10. Sobre el despido incausado, señala que según nuestro ordenamiento el
despido por causa justa solo puede estar relacionado con la conducta o
con la capacidad del trabajador; y habiendo sido despedido
arbitrariamente le corresponde su reposición a la empresa Unión
Concreteras S.A. desde el inicio de su relación laboral.
II. FUNDAMENTOS:
• De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso de
apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio,
con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los
principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver, deberá
pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el
impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de
la otra parte.
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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• Desnaturalización de los contratos de intermediación laboral:
2.3. En ámbito de la doctrina, la intermediación laboral se caracteriza por
proporcionar trabajadores cuya actividad va a ser dirigida y controlada por el
empresario que se hace cargo de ellos, configurándose relaciones triangulares
en las que una empresa celebra un contrato civil con otra para proporcionarle
trabajadores vinculados a la primera, pero que prestarían sus servicios bajo el
control y la dirección de la segunda.3
2.4. La Corte Suprema en la CAS. LAB. N° 1693-2012-MOQUEGUA ha establecido
en su quinto y sexto fundamento que:
3 Villaviciencio Ríos, Alfredo. La Flexibilidad y los Mecanismos de Subcontratación Laboral: El caso de la Intermediación.
En: Estudios sobre la flexibilidad en el Perú. Lima, 2000, pg. 87 y 88.
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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2.5. En el ámbito normativo, la intermediación laboral se encuentra regulada en
nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley N° 27626, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 09 de enero del 2002, la cual contiene una
regulación específica y detallada para esta figura en la medida que establece
que solamente puede ser presentada por personas jurídicas constituidas de
acuerdo a la Ley General de Sociedades o en todo caso Cooperativas conforme
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a la Ley General de Cooperativas (artículo 2°), que a su vez se encuentren
inscritas en el Registro de Entidades de Intermediación Laboral a cargo de la
Autoridad Administrativa de Trabajo (artículos 10° y 13°), y cuyo objeto
exclusivo, sea la prestación de servicios de intermediación laboral (artículo
2°), implicando sus servicios, en sus tres modalidades de temporalidad,
complementariedad o especialización, necesariamente el destaque a una
empresa usuaria, conforme al artículo 3° de la Ley y las definiciones de
Intermediación de Servicios Temporales e Intermediación de Servicios
Complementarios o Altamente Especializados contenidas en el artículo 1° de
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2002-TR.
2.6. La normatividad de la materia contempla también aspectos tales como los
supuestos de procedencia de la intermediación laboral, los supuestos que no
la constituyen, los casos prohibidos, las consecuencias de la infracción de los
supuestos permitidos, los porcentajes limitativos en cuanto al número de
trabajadores que pueden ser destacados, así como las obligaciones
administrativas para con la Autoridad de Trabajo y las Facultades
Fiscalizadoras de esta. Es de destacar que el artículo 4° del acotado Decreto
Supremo, precisa que no constituye intermediación laboral los contratos de
gerencia, conforme al Artículo 193° de la Ley General de Sociedades, los
contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los contratos que
tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del
proceso productivo de una empresa y los servicios prestados por empresas
contratistas o sub contratistas, siempre que asuman las tareas contratadas
por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros,
técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén bajo su exclusiva
subordinación.
2.7. Así, ha indicado el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias4: “La
intermediación laboral es una figura que tiene como finalidad exclusiva la
prestación de servicios por parte de una tercera persona destacada para que
preste servicios temporales, complementarios o de alta especialización en otra
empresa llamada usuaria; para tal efecto, la entidad intermediadora y la
empresa usuaria suscriben un contrato de naturaleza civil denominado Locación
de Servicios, no importando dicho destaque vínculo laboral con la empresa
usuaria. Como puede observarse, en la intermediación laboral se establece una
relación jurídica en la que participan tres sujetos de derecho: una empresa
usuaria, una empresa intermediaria y un trabajador destacado (…) toda
trasgresión a los supuestos de intermediación laboral determina la existencia de
una relación laboral entre los trabajadores destacados y la empresa
usuaria. Por ende, y de conformidad con el artículo 3º de la Ley 27626, se
4
EXP. Nº 06371-2008-PA/TC de fecha 19 de diciembre de 2011
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juzgará la existencia de relación laboral entre la empresa usuaria y el
trabajador destacado, en aquellos casos en que se haya pactado la
intermediación de servicios que no se caracterice por ser temporal,
complementaria o de alta especialización, y, por el contrario,
corresponda a un servicio que implique una actividad principal y
permanente de la empresa usuaria.” (la negrita es nuestro).
2.8. Analizando la norma antes acotada, se tiene que el artículo 3° de la Ley 27626-
“Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las
Cooperativas de Trabajadores”; señala los supuestos de procedencia de la
intermediación laboral; y precisa que: “La intermediación laboral que involucra a
personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria
sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o
especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no
pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la
actividad principal de dicha empresa”. (la negrita es nuestra). De la norma
invocada, se tiene la prohibición clara de encargar la ejecución de labores
permanentes de la entidad usuaria a través de la intermediación laboral;
pues tal modalidad sólo permite la intermediación en servicios complementarios
como sería por dar ejemplo el caso de la limpieza o vigilancia; pero para ser
realizada sólo en las instalaciones de la entidad usuaria como una actividad
complementaria o periférica y no como una actividad propia y principal de ella.
2.9. En ese contexto, según el Decreto Supremo N° 008-2007-TR que modifica el
artículo 1° del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR, establece: "Actividad
complementaria: Constituye actividad complementaria de la empresa usuaria
aquella que es de carácter auxiliar, no vinculada a la actividad principal, y cuya
ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad empresarial, tal como las
actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y
limpieza. " (la negrita es nuestra).
2.10. Ahora bien, en el presente caso, revisado los medios probatorios que corren en
autos, se advierte que las empresas demandadas UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
- UNICON y COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO "GLOBAL
BUSINESS AND HUMAN RESOURCES" LTDA. suscribieron contrato civil de
locación de servicios complementarios y addedum (fojas 107 a 123 y 128 a 132),
mediante el cual la empresa usuaria (UNICON) contrata los servicios de la
COOPERATIVA con la finalidad de que los socios trabajadores de esta última
ejecuten las labores especificas de naturaleza complementaria, secundaria y
auxiliar consistente en: i) el servicio de conducción de vehículos (manejo de
toda clase de vehículos de la usuaria y los que pudiera adquirir); ii) servicio de
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control de entrada y salida de vehículos; iii) servicios de digitación; iv) servicio de
procesamiento de datos; v) servicio de limpieza de oficinas y planta industrial, por
el periodo comprendido desde 01 de octubre de 2008 al 30 de setiembre de 2015,
advirtiéndose que mediante Carta Notarial de fecha 15 de junio de 2015 (fojas
133) UNICON decide resolver unilateralmente el contrato.
2.11. El demandante sostiene en su escrito de demanda y Audiencia de Juzgamiento,
que los contratos de intermediación laboral suscritos por las empresas
demandadas se desnaturalizan puestos que los servicios prestados no tienen el
carácter de complementario sino que se vinculan a la actividad principal de la
empresa usuaria.
2.12. Del Registro Nacional de Empresas que realizan actividades de Intermediación
Laboral, se advierte que la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo
Global Business And Human Resources Ltda., es una empresa que se dedica a
la intermediación laboral realizando actividades económicas de servicios
complementarios y especializados (fojas 134 a 145). De igual modo, de la Ficha
Registral de Unión de Concreteras S.A. -UNICON, que corre de fojas 351 a 357,
se observa que la actividad económica principal de esta codemandada es la
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, quien cuenta con sus
propias mezcladoras que eran manejadas por el demandante a fin de llevar el
producto (colocación de pedidos), pues cuenta con una amplia flota de camiones
asignados a su personal, tal como así fue constatado por la Autoridad
Administrativa, conforme es de verse del Acta de Infracción N° 733-2014-
SUNAFIL/ILM (parte pertinente fojas 31/vuelta a 39), documento que si bien ha
sido declarado nulo, los hechos verificados respecto a las materias socio
laborales subsisten como son los señalados en el numeral seis, donde se
verifica que la Cooperativa destacó a la empresa usuaria un total de (490)
trabajadores que realizan la función de conductor de vehículo y ayudante de
conductor.
2.13. En ese sentido, la conducción de vehículos mixer se encuentra constituida
también como una actividad principal de la codemandada UNICON S.A. pues
el concreto premezclado producido por la codemandada es transportado a
través de estos vehículos mixer de su propiedad, para la comercialización a la
que se dedica tal como puede advertirse de la Pagina Web Oficial de UNICON
SA http://www.unicon.com.pe/principal5 en el que publicita la entrega de sus
productos de la siguiente forma: “nuestro compromiso: Entrega rápida y
oportuna de concreto premezclado a nuestro clientes; Flota de camiones
UNICON: 370 camiones de marcas reconocidas, como Mack, Volkswagen,
5
http://www.unicon.com.pe/principal/categoría/mixers/19/c-19
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Mercedes Benz, Iveco, Volvo, Scania, Freightliner, Samsung, King Long y Ford;
Personal: Todos los choferes cuenta con la capacitación requerida y se
les otorga además certificaciones PEC, como profesionales en la entrega
de concreto, debidamente certificado por la FIHP (Federación
Internacional de Hormigón Premezclado); Cobertura: Lima y Callao: 280
Camiones atendiendo plantas fijas y dedicadas; provincias: 90 camiones;
Atención: Planta fijas de provincias dedicadas a proyectos especiales, tales
como fuerabamba, antamina, morococha, toromocho, entre otras; Equipamiento:
Todos los camiones están equipados con mixer de concreto y
debidamente identificados con los colores corporativos amarrillo y azul;
Sistema AUTOSTATUSING: Todos los camiones cuentan con un sistema de
seguimiento y control satelital (GPS) y además, cuentan con diversos sensores
de actividad marca trimble. Este sistema actualiza cada 30 segundos la data de
ubicación y los diferentes estados de cada una de las unidades: sí está
cargando. En tránsito a una obra determinada, en proceso de descarga,
retornando a la planta o si se encuentra disponible. Asimismo, este sistema
indica la velocidad a la que está circulando la unidad, si se detiene en el camino
y la ruta de viaje (…)" (la negrita es nuestra).
2.14. De lo expuesto, se llega a la conclusión que el servicio de conducción de
vehículos no es una función complementaria, en atención a que
necesariamente se tendría que transportar el material (concreto, yeso y
hormigón) a sus clientes encontrándose estrechamente vinculada al giro
principal de la actividad de la codemandada; en consecuencia, al haber
realizado el demandante funciones de chofer de mixer, que es una actividad
principal de la demandada, corresponde la desnaturalización de dicha
contratación, en aplicación del artículo 14° del Decreto Supremo N° 003-2002-
TR; por lo que se reconoce la existencia de una relación laboral a plazo
indeterminado entre el demandante y la empresa UNION DE CONCRETERAS
S.A. -UNICON por el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2009 al
03 de agosto de 2015, por desnaturalización de contrato de intermediación
suscritos entre las demandadas; por lo que, merece ampararse el primer,
segundo, sexto, sétimo, octavo y noveno agravio invocado; revocando la
sentencia que declara infundada el extremo de desnaturalización de los
contratos de intermediación laboral, reformándola corresponde declarar
fundado este extremo demandado.
• De los beneficios otorgados por Convenio Colectivo por parte de la
empresa UNION DE CONCRETERAS S.A.
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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2.15. La parte demandante expresa como agravio que la remuneración de un chofer
operador de Cooperativa versus UNICON, se ha ido incrementando por los
convenios colectivos, así también las condiciones de trabajo.
2.16. Al respecto, es de tener presente que el artículo 23.1° de la Ley N° 29497 – Ley
Procesal de Trabajo, tipifica que “la carga de la prueba...corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice
alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan
otras adicionales.” (sic) (la negrita es nuestra).
2.17. Asimismo, el literal a) del artículo 23.3° señala que: “Cuando corresponda, si el
demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la
prueba de…La existencia de la fuente normativa de los derechos
alegados de origen distinto al constitucional o legal.” (la negrita es
nuestra).
2.18. En ese sentido, cabe referir que el derecho a la Negociación Colectiva en el
ámbito constitucional, está regulado en el artículo 28°, numeral 2) de la
Constitución de 1993, que señala: “El Estado reconoce los derechos de
sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: (…)
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de
los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en
el ámbito de lo concertado...”.
2.19. El Tribunal Constitucional en la sentencia, emitida en el Expediente N° 008-
2005-AI/TC, en su fundamento N° 29 señala que el convenio colectivo
“…permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a
remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos
concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una autonomía
relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales
entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores (…) permite la
facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de
reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la
negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de
empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y
regular las relaciones laborales (…) La convención colectiva –y, más
precisamente, su producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas-
constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía
laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de
los trabajadores y la realidad económica de la empresa”.
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. 20017-2015
2.20. Doctrinariamente, Raquel Quintanilla Navarro en su Artículo “La Negociación
Colectiva y Los Convenios Colectivos6 señala que: “Un amplio sector doctrina se
decanta por establecer una equivalencia entre la expresión “fuerza vinculante” y
la eficacia normativa, entendiendo que la misma es utilizada con idéntico
sentido en el art. 53 CE, y que significa que el convenio colectivo es norma
creadora del Derecho objetivo, de obligatoriedad automática por ser fuente de
Derecho, y sin que se requiera ningún acto de incorporación contractual. (…) En
nuestra opinión, sin embargo, la fórmula “fuerza vinculante de los convenios
colectivos” es muy amplia y garantiza un respaldo jurídico a los convenios
colectivos como fuente de producción de derecho con rango jerárquico superior a
los contratos individuales y a las costumbres laborales. Pero dicho respaldo
jurídico es algo que la Constitución deja a la regulación que se haga por ley...”.
2.21. Dicho derecho constitucional, se desarrolló legislativamente mediante el
Decreto Ley N° 25593 y sus modificaciones, que conllevaron a la emisión de su
Texto Único Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-
TR, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo – LRCT, que en su artículo 41°
señala que la convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular
las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás,
concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado, de
una parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en
ausencia de éstas, por representantes de los trabajadores interesados,
expresamente elegidos y autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo
de empleadores, o varias organizaciones de empleadores; es decir dichos
convenios tendrán eficacia jurídica y por tanto obligan a todos los empresarios
y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el
tiempo de su vigencia; asimismo el artículo 42° de la acotada norma señala
que la convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes
que la adoptaron y obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró, y
a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con
posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de
quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza.
2.22. Ahora bien en el caso de autos, de la revisión del Acta Final de Trato Directo
entre la empresa Unión de Concreteras S.A. y el Sindicato Único de
Trabajadores de Unión Concreteras del 17 de marzo del año 2009,
correspondiente a los años 2009-2010 (59 a 60), se estableció:
8 Toyama Miyagusuku, Jorge. “Derecho Individual del Trabajo”. Gaceta Jurídica S.A. 1º Edición. Lima, 2011, p.210
9 Rodríguez Sañudo, F. en la mención de Quintanilla Navarro, Raquel. “La Negociación Colectiva y los Convenios
Colectivos”. Temas Actuales de Derecho Laboral – Obra Colectiva. Editorial Normas Legales. Lima- Perú 2005.
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. 20017-2015
• En el Acta Final de Trato Directo entre la empresa Unión de Concreteras S.A. y el
Sindicato Único de Trabajadores de Unión Concreteras del 24 de febrero de
2010 (fojas 61 a 63), correspondiente al Pliego de Recalamos 2010-2011 se
estableció:
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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EXP. 20017-2015
• Del Convenio Colectivo de Trabajo entre la empresa Unión de Concreteras S.A.
y el Sindicato Único de Trabajadores de Unión Concreteras del 17 de febrero
de 2012 (fojas 64 a 68), se estableció:
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• En el Convenio Colectivo entre la empresa Unión de Concreteras S.A. y el
Sindicato Único de Trabajadores de Unión Concreteras del 07 de marzo de
2015 (fojas 69 a 73), se estableció:
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• Del Anexo 1 del Convenio Colectivo de Trabajo entre la empresa Unión de
Concreteras S.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de Unión Concreteras del 07
de marzo de 2015 (fojas 74 a 75, se estableció:
2.23. En ese sentido, habiéndose determinado en líneas precedentes que entre el
actor y la demandada UNION DE CONCRETERAS S.A. ha existido una relación
laboral indeterminada del periodo 19 de enero de 2009 al 03 de agosto de
2015, por desnaturalización del contrato de intermediación, le corresponde los
beneficios otorgados por las Actas Finales de Trato Directo y los Convenios
Colectivos antes acotados como son: Aumento General, Alimentación
Gratificación Extraordinaria por Cierre de Pliego (desayuno y almuerzo) por
cuanto está condición de trabajo se otorga durante el horario de trabajo del
actor, esto es de 06:30 am a 06:00 pm, según lo señalado por el actor en su
escrito de demanda y que no fue cuestionado por las empresas demandadas,
beneficios que se otorga por el periodo de vigencia que se contempla y que han
sido acreditados por el actor.
2.24. Ahora bien con respecto al beneficio Asignación Escolar es de verse que esté
beneficio contempla una condición, que está contenida en el Acta de Trato
Directo 1998-1999 ampliada en acta de 2005-2006, documento que no ha sido
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acompañado por el actor. Asimismo en los años 2012 y 2015 se precisó que
para que se otorgue este beneficio será requisito que el trabajador acredite con
las constancias aprobatorias respectivas la calidad de estudiante de sus hijos,
situación que tampoco el actor ha acreditado con documentación fehaciente,
correspondiéndole de conformidad con el numeral 23.2 al actor la carga de la
prueba, esto es la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de
origen distinto al constitucional o legal. De igual manera no se ampara el pago
de bonificaciones por cuanto del contenido de las Actas Finales y Convenios
Colectivos, no se advierte que figure el pago de bonificaciones especiales (cliente
y productividad); por lo que, merece ampararse en parte el cuarto agravio
invocado, revocando la sentencia que declara infundado estos extremos
demandados, reformándolo declarar fundado el pago por convenio colectivo
(aumento de remuneración y prestación alimenticia de desayuno y almuerzo),
procediéndose a efectuar la liquidación de los beneficios convencionales que le
corresponden, conforme al siguiente cuadro:
REINTEGRO CONVENIO COLECTIVOS
INCREMENTO INCREMENTO TOTAL
C.COLECTIVO DIARIO MENSUAL MESES REINTEGRO
2009-2010 2.30 69.00 12 828.00
2010-2011 2.40 72.00 12 864.00
2011-2012 2.80 84.00 12 1,008.00
2012-2013 2.80 84.00 12 1,008.00
2013-2014 2.90 87.00 12 1,044.00
2014-2015 3.00 90.00 12 1,080.00
2015-2016 4.00 120.00 7 840.00
S/. 6,672.00
PRESTACION ALIMENTICIA
VIGENCIA DESAYUNO ALMUERZO TOTAL
CONVENIO
COLECTIVO DEL AL DIARIO DIARIO DIARIO MENSUAL MESES TOTAL
2011 01/02/2010 31/01/2012 4.00 5.50 9.50 247.00 24 5,928.00
2012 01/02/2012 31/01/2015 4.00 5.50 9.50 247.00 36 8,892.00
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2015 01/02/2015 4.00 7.50 11.50 299.00 6m 3d 1,828.50
S/. 16,648.50
CIERRE DE PLIEGO Y PAZ LABORAL
CONVENIO COLECTIVO 2015 S/. 4,680.00
• Respecto al pago de beneficios sociales:
2.25. El actor reclama en su demanda el pago de gratificaciones, compensación por
tiempo de servicios y vacaciones; al respecto es de acotar que en torno al
otorgamiento de los beneficios sociales, al haberse determinado que el
recurrente mantuvo relación laboral a plazo indeterminado desde el 19 de enero
de 2009 al 03 de agosto de 2008 con la empresa Unión de Concreteras S.A. -
UNICON, bajo el régimen laboral de la actividad privada, también le asiste el
derecho a percibir los derechos beneficios sociales, por constituir derechos de
origen legal y automáticos, vinculados estrictamente a la existencia de vínculo
laboral, el mismo que se liquidará con los incrementos remunerativos que
han sido reconocidos en líneas precedentes. Así tenemos:
REINTEGRO GRATIFICACIONES
PERIODO MONTO
jul-09 69.00
dic-09 69.00
jul-10 141.00
dic-10 141.00
jul-11 225.00
dic-11 225.00
jul-12 309.00
dic-12 309.00
jul-13 396.00
dic-13 396.00
jul-14 486.00
dic-14 486.00
jul-15 606.00
S/ 3,858.00
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REINTEGRO CTS
REMUNERACIÓN REINTEGRO
PERIODO TIEMPO REINT.BASICO PROM.GRATIF. COMPUTABLE CTS
abr-09 3M 11D 69.00 69.00 19.36
oct-09 6M 69.00 11.50 80.50 40.25
abr-10 6M 141.00 11.50 152.50 76.25
oct-10 6M 141.00 23.50 164.50 82.25
abr-11 6M 225.00 23.50 248.50 124.25
oct-11 6M 225.00 37.50 262.50 131.25
abr-12 6M 225.00 37.50 262.50 131.25
oct-12 6M 309.00 51.50 360.50 180.25
abr-13 6M 309.00 51.50 360.50 180.25
oct-13 6M 396.00 66.00 462.00 231.00
abr-14 6M 396.00 66.00 462.00 231.00
oct-14 6M 486.00 81.00 567.00 283.50
abr-15 6M 606.00 81.00 687.00 343.50
oct-15 3M 3D 606.00 101.00 707.00 178.22
S/. 2,232.58
REINTEGRO VACACIONES
PERIODO TIEMPO REINT. VACACIONES
2009-2010 1 AÑO 69.00
2010-2011 1 AÑO 141.00
2011-2012 1 AÑO 225.00
2012-2013 1 AÑO 309.00
2013-2014 1 AÑO 396.00
2014-2015 1 AÑO 486.00
S/. 1,626.00
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• Pago de Horas Extras:
2.26. El artículo 25° de la Constitución Política del Estado establece que la jornada
ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas
semanales como máximo y en caso de jornadas acumulativas y atípicas el
promedio de horas trabajadas no puede superar dicho máximo en el periodo
correspondiente.
2.27. El Convenio Nº 1 de la OIT (Convenio sobre las horas de trabajo (industria),
1919), aprobado por Resolución Legislativa Nº 10195 ratificado por el Perú el
ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, ha establecido: “(…)
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Expediente N° : 20017-2015-0-1801-JR-LA-11
Demandante : FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA
Demandado : UNIÓN DE CONCRETERAS Y OTRA
Materia : REPOSICION
Juez : ANGEL TOMÁS RAMOS RIVERA
Secretario : DORA MARÍA APAZA CHUPA
SENTENCIA N° 299-2016-11°JETPL
RESOLUCION NUMERO OCHO.-
Lima, Tres de Noviembre
Del año dos mil dieciséis.-
I. ANTECEDENTES:
Mediante escrito de fojas 42 a 55, ampliado a fojas 80 a 87 y subsanado a fojas 90 a 91 de
autos, el señor FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA interpone demanda en contra de la
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND
HUMAN RESOURCES LTDA. y UNIÓN DE CONCRETERAS S.A., a fin de que se declare la
desnaturalización de los contratos de intermediación laboral suscrito entre las emplazadas, se
ordene su reposición, así como el pago de S/. 257,032.60 por concepto de aumentos de
remuneraciones, escolaridad, horas extras, prestación alimentaria, bonificaciones especiales,
cierre de pliego, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades.
II. CUESTIONES FACTICAS DE LAS PARTES:
1. Hechos de la Demanda: El demandante señala como fundamentos de hecho de su
demanda los siguientes:
a. Ingresó a laborar para la demandada UNION DE CONCRETERAS el 19 de Enero del
2009, desempeñándose como Chofer Operador Mixer, teniendo como jefe inmediato a un
trabajador de esta empresa, siendo despedido el 3 de Agosto del 2015.
b. Desconoce a la Cooperativa emplazada pues sus directivos no se hicieron presentes en el
lugar de trabajo pues no tuvo un contrato escrito, el control de asistencia era realizado por
la empresa usuaria, las máquinas y camiones eran de ésta, los reclamos lo hacía a la
oficina de recursos humanos de ésta, los implementos de seguridad eran entregados por
la misma, así como los cursos de capacitación, las boletas de pago y ésta intervenía en
los accidentes de tránsito.
c. Las demandadas no cumplieron con los requisitos formales relativos a la intermediación
laboral, siendo despedido por negarse a firmar una carta de renuncia y un contrato de
trabajo por 6 meses con la empresa usuaria.
2. Hechos de la Contestación de la Demanda de la COOPERATIVA DE TRABAJO Y
FOMENTO DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES LTDA.:
Mediante escrito de fojas 332 a 339 de autos, la demandada COOPERATIVA DE
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TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES
LTDA. (en adelante la COOPERATIVA), contesta la demanda, negándola y
contradiciéndola, argumentando los siguientes hechos:
a. Desde el año 2008 celebró un contrato de locación de servicios complementarios con la
otra demandada para realizar labores específicas de naturaleza complementaria,
secundaria y auxiliar como la conducción de vehículos, siendo que el 19 de Enero del
2009 el demandante se asoció por lo que fue destacado a la usuaria con el cargo de
conductor de vehículo, y en Julio 2015 está resolvió unilateralmente el contrato de locación
existente, lo que motivó la desvinculación de sus trabajadores destacados.
b. Contaba con una oficina en las instalaciones de la planta principal de la usuaria, el
demandante marcaba su asistencia en los marcadores que tenía, contaba con un
fotocheck con el logo de la COOPERATIVA, realizaba la declaración jurada mensual de la
nómina de sus trabajadores, se encargaba de los pago de sus trabajadores y otorgaba
implementos de seguridad y capacitaciones y si bien la maquinaria era de la usuaria no
existe contravención a las normas sobre intermediación.
c. Cumplió con el pago oportuno de las horas extras, CTS, vacaciones y gratificaciones de
manera mensual, en lo relativo a las utilidades y cierre de pliego no se encuentra sujeto al
ser una cooperativa.
3. Hechos de la Contestación de la Demanda de UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.:
Mediante escrito de fojas 394 a 417 de autos, la demandada UNIÓN DE CONCRETERAS
S.A., (en adelante UNICON), deduce la Excepción de Falta de Legitimidad para obrar y
contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada, argumentando los
siguientes hechos:
a. El 20 de Octubre del 2008 suscribió con la COOPERATIVA un contrato de locación de
servicios complementarios que fue aprobado y presentado a la autoridad administrativa de
trabajo, en mérito del cual el demandante fue destacado como chofer especializado de
camiones mezcladores.
b. No existió una relación laboral directa con el demandante, pues éste fue socio trabajador
de la COOPERATIVA, la misma que fue su real empleador, además no estuvo
subordinado al personal de la emplazada, además la intermediaria era quien le entregaba
sus boletas de pago, registraba su asistencia con un fotocheck entregado por ésta, quien
controlaba su asistencia y le pagaba sus remuneraciones, asimismo era ésta quien
entregaba los implementos de seguridad, y si bien brindaba capacitaciones lo era en
aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, razón por la cual también
intervenía en los accidentes de trabajo.
c. Ambas emplazadas cumplieron con los requisitos formales y de fondo para la ejecución
del contrato de intermediación laboral, pues la COOPERATIVA se encuentra inscrita, el
contrato fue presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo, se precisaron los
servicios a prestar, por lo que no le corresponde al actor los beneficios reclamados.
La demanda fue admitida por Resolución N° 3 de fecha 21 de Octubre del 2015, la Audiencia
de Conciliación se llevó a cabo el 4 de Mayo del 2016, continuada el 15 de Junio del 2016 y la
Audiencia de Juzgamiento se realizó el 26 de Octubre del 2016, habiéndose escuchado los
alegatos finales de los abogados de las partes, se procede a emitir la sentencia
correspondiente de acuerdo a los siguientes fundamentos:
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III. FUNDAMENTOS:
1. Consideraciones Previas.-
1.1. En el proceso laboral corresponde al juez evitar que la desigualdad entre las partes no
afecte su desarrollo o resultado, por lo que, en ejercicio de su rol protagónico, procura
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma,
interpretando los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la
continuidad del proceso, observando el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el
principio de razonabilidad, conforme ha sido previsto en el artículo III del Título Preliminar
de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo.
1.2. Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Procesal del Trabajo, la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos; sin embargo, se establecen reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, por lo que acreditada la prestación personal de
servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo
prueba en contrario; asimismo, corresponde al demandante acreditar la existencia de la
fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal, el
motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido y la existencia del daño
alegado, mientras que corresponde al empleador probar el pago, el cumplimiento de las
normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad, la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado y el
estado del vínculo laboral y la causa del despido, en tal sentido, la valoración de las
pruebas admitidas y actuadas en este proceso se circunscribirán a los hechos
controvertidos y a aquellos que han sido determinantes para el a quo en la solución del
thema decidendi, relevándonos de aquellas que no tenga esa finalidad.
2. Delimitación de la Controversia.-
2.1. Lo que solicita el demandante FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA es que la
demandada UNION DE CONCRETERAS S.A., le reconozca como trabajador por la
desnaturalización del contrato de intermediación laboral suscrito entre ésta y la
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND
HUMAN RESOURCES LTDA, se ordene su reposición en sus labores especificas en el
centro de trabajo de la primera demandada, además que ésta le pague la suma de S/.
257,032.60 por concepto de aumentos de remuneraciones, escolaridad, horas extras,
prestación alimentaria, bonificaciones especiales, cierre de pliego, Compensación por
Tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades.
2.2. Conforme a lo señalado en el acto de la Audiencia de Juzgamiento, los hechos que
requieren de acreditación probatoria son los siguientes: a) Si la demandada UNICON se
dedica a la distribución y comercialización del concreto pre mezclado, en su caso, si
ésta constituye una actividad principal o complementaria; b) Si las labores realizadas por
el demandante como Chofer Mixer tienen relación con la actividad principal o
complementaria de la demandada UNICOM; c) Si la parte demandada cumplió con
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registrar los contratos de intermediación laboral ante la autoridad administrativa de
trabajo, en su caso si su incumplimiento conlleva la desnaturalización de los mismos; d)
Si la COOPERATIVA demandada contaba con la autorización administrativa para prestar
el servicio complementario relacionado con la labor de Chofer Mixer; e) Si los Contratos
de Intermediación Laboral suscrito entre las demandadas se desnaturalizaron, en su
caso, si debe reconocerse la existencia de una relación laboral directa entre el
demandante y la demandada UNICON en el periodo 19 de Enero del 2009 al 3 de
Agosto del 2015; f) Si el demandante fue despedido, en su caso, si corresponde ordenar
su reposición a sus labores efectivas en el centro de trabajo de la demandada UNICON.
g) Si corresponde al demandante que la demandada UNICON le pague los beneficios
obtenidos a través de la negociación colectiva por el sindicato de trabajadores de
UNICON, relacionados con el incremento de remuneraciones, pago de escolaridad,
sobretasa de horas extras, prestación alimentista, bonificaciones especiales y cierre de
pliego; h) Si corresponde al demandante el reintegro de los beneficios de CTS,
vacaciones y gratificaciones; e i) Si corresponde que la demandada UNICON pague al
demandante la participación de las utilidades generadas por ésta del periodo 2009 al
2015.
3. Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado.-
3.1. Conforme a lo señalado en el artículo 446 del Código Procesal Civil, el demandado
puede proponer la excepciones, las cuales constituyen “… medios formales de defensa a
través de los cuales las partes denuncian la inexistencia o presencia defectuosa de un
presupuesto procesal de la acción o de una condición de la acción que determinan una
relación procesal inválida o la imposibilidad de pronunciamiento válido sobre el
fondo…”1.
3.2. De acuerdo al acta de la Audiencia de Juzgamiento la demandada UNICON, deduce
esta excepción argumentando que el actor mantuvo una relación de trabajo con una
persona jurídica distinta a su representada, ya que su real empleadora fue la
COOPERATIVA, no existiendo vinculo real y directo con el demandante.
3.3. La falta de legitimidad para obrar “Es aquel instituto procesal dirigido a denunciar la
carencia de identidad entre los sujetos que integran la relación jurídica sustantiva y
quienes forman parte de la relación jurídica procesal; con dicho instituto se pone de
manifiesto la carencia de identidad entre las personas inmersas en una y otra relación y
no la falta de titularidad del derecho, porque ésta se resolverá al final del juicio con la
sentencia”2, por lo tanto, esta legitimación para obrar es entendida como aquella aptitud
que tiene una persona para acudir ante un Juez solicitando tutela jurisdiccional efectiva,
independientemente de que sea el titular o no del derecho invocado, es decir, que no
siempre será exigible la coincidencia entre las partes que conforman la relación jurídico
sustantiva y las que conforman la relación jurídica procesal, puesto que por imperio de la
ley se permite que una persona que no es titular del derecho invocado, pueda intervenir
1 Sentencia en Casación emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 795-98-LIMA,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de Marzo del 2001, pág. 7082.
2 Sentencia PA 2481-2010 Piura (publicado el 05/12/12).
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válidamente en un proceso, lo que en doctrina se conoce como legitimación
extraordinaria que se contrapone a la legitimación ordinaria en la que si se presente la
coincidencia antes mencionada3.
3.4. A fin de establecer una relación jurídica procesal valida, el Juzgador debe verificar la
existencia de un demandante, con capacidad para comparecer en el proceso y la
imputación que éste hace a otra persona como responsable de satisfacer la pretensión
que demanda, es decir, la existencia de un demandado plenamente identificado contra
quien se dirige la demanda, pues la efectiva existencia o no de esa responsabilidad o la
titularidad o no de la relación sustantiva, son aspectos que deben determinarse en la
sentencia que ponga fin al proceso y no vía excepción, pues emitir pronunciamiento en
esta etapa sobre estos aspectos resulta prematuro y atentatorio contra el derecho a la
tutela Judicial efectiva del que gozan los sujetos procesales.
3.5. En el presente caso, conforme a los términos de la demanda, se advierte que la parte
actora pretende la desnaturalización del contrato de intermediación laboral suscrito entre
las demandadas y se considere un vinculo laboral directo con UNICON, siendo que al
respecto no existe controversia entre las partes de que el demandante fue destacado a
la usuaria por la intermediadora, siendo que lo que se debe resolver en el presente
proceso es si dicha relación de intermediación se desnaturalizó y si el actor mantuvo una
relación laboral directa con UNICOM, por lo que apreciándose que éste laboró en las
instalaciones de esta emplazada, quien formó parte de la relación sustantiva entablada
entre las partes, goza de legitimidad ordinaria para intervenir en el presente proceso,
siendo un hecho que requiere de actuación probatoria determinar si los contratos de
intermediación laboral suscritos entre las demandadas se desnaturalizaron y en su caso
si se debe considerarse como único empleador de la demandante a la demandada
UNICON, extremo que deberá ser dilucidado en el fondo de la sentencia y luego de
actuados los medios probatorios pertinentes, por lo que resulta prematura cualquier
decisión que se adopte al respecto vía un incidente de excepción pues tiene relación
directa con el derecho reclamado por la actora, por lo que la excepción propuesta debe
ser desestimada.
4. Cuestiones Probatorias.-
4.1. La demandada COOPERATIVA formula oposición contra la exhibición de los contratos
de trabajo celebrado con el demandante y del porcentaje limitativo del 20%,
argumentando que se encuentra exonerada de la presentación de contratos de trabajo al
ser una cooperativa pero tiene un convenio de capacitación y realizaba declaraciones
juradas mensuales donde se encontraba el trabajador; asimismo, que no prestó servicios
temporales sino complementarios por lo que no tiene documento respecto del porcentaje
limitativo del 20%.
3 MONTERO AROCA, Juan (1994). La Legitimación en el Código Procesal Civil del Perú, IUS ET PRAXIS. Revista de la
Universidad de Lima. Nº 24.
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4.2. Por su parte la demandada UNICON formula oposición contra la exhibición de los
Convenios Colectivos y Declaraciones Juradas Anuales presentados ante la SUNAT,
argumentando que son documentos confidenciales de la empresa.
4.3. La oposición es aquella cuestión probatoria que se interpone contra la actuación de una
declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial,
conforme a lo señalado en el artículo 300 del Código Procesal Civil, la misma que debe
fundamentarse en la imposibilidad de su actuación o en la inexistencia del medio de
prueba que se trata de incorporar al proceso.
4.4. En cuanto a la oposición formulada por la COOPERATIVA demandada, se tiene que el
mismo demandante refiere que no suscribió contrato alguno con esta emplazada, lo que
implica que dicho documento no existe; asimismo, se tiene que conforme al contrato de
intermediación laboral celebrado entre las demandadas a fojas 105-132 se establece
que los servicios que debía prestar la COOPERATIVA a UNICON eran de naturaleza
complementaria y no temporal, siendo que de conformidad con lo señalado en el artículo
6 de la Ley N° 27626 “El número de trabajadores de empresas de servicios o
cooperativas que pueden prestar servicios en las empresas usuarias, bajo modalidad
temporal, no podrá exceder del veinte por ciento del total de trabajadores de la empresa
usuaria”, es decir, dicho límite resulta aplicable sólo a los servicios temporales objeto de
intermediación mas no para aquellas que brindan servicios complementarios, motivo por
el cual, la emplazada no se encuentra obligada a contar con la documentación relativa a
dicho límite porcentual, por lo que estando a que nadie se encuentra obligada a exhibir
aquello que no tiene, en aplicación de lo señalado en el artículo 190 del Código Procesal
Civil, debe declararse fundadas las oposiciones propuestas por esta emplazada.
4.5. En cuanto a las oposiciones planteadas por la demandada UNICON, se tiene que éstas
no se sustentan en alguna causal válida pues los argumentos expuestos no se
encuentran dirigidos a denunciar la inexistencia del documento o en la imposibilidad de
su exhibición, por lo que ésta no puede ser estimada, por lo que verificándose que esta
emplazada no alega la inexistencia del documento ni la imposibilidad de su exhibición, la
oposición propuesta deviene en infundada.
4.6. Conforme se advierte del acto de la audiencia de juzgamiento, esta Judicatura admitió
como medios probatorios la exhibición que debía efectuar la demandada UNICON de los
convenios colectivos suscritos con su sindicato en los años 2009-2015, así como sus
declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta del mismo periodo, documentales
que tienen plena relación con los hechos que requieren de acreditación probatoria,
teniendo en cuenta que el actor reclama que éste le pague los beneficios económicos
pactados en los convenios colectivos así como la participación en las utilidades
generadas por ésta.
4.7. De acuerdo a lo señalado anteriormente, se tiene que la demandada no cumplió con
exhibir los convenios colectivos suscritos con su sindicato y sus declaraciones juradas
anuales del impuesto a la renta del periodo 2009-2015, no existiendo justificación para
esta omisión pues el artículo 21 de la Ley Procesal del Trabajo señala que las partes
deben concurrir a la audiencia de juzgamiento son todos sus medios de prueba que en
dicho momento corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las
cuestiones probatorias.
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4.8. Al respecto, se tiene que el artículo 11 de la Ley Procesal del Trabajo señala que una de
las reglas de conducta que las partes debe observar dentro del desarrollo de las
audiencias es el deber de colaboración con la labor de impartición de justicia, por lo que
merece sanción la obstrucción de la actuación de las pruebas, entendiéndose como tal
cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, tal como lo establece el artículo
29 del mismo cuerpo normativo, siendo que en esto casos el artículo 15 de la misma ley
señala que la multa a imponerse por infracción a las reglas de conducta en las
audiencias es no menor de ½ ni mayor de 5 URP, por lo que el incumplimiento
injustificado de la demandada de exhibir los mencionados documentos que le fue
ordenado en el acto de la audiencia de juzgamiento constituye una falta a su deber de
colaboración para con el proceso y una infracción a las reglas de conducta, que debe ser
sancionado con una multa de 2 URP.
5. El Contrato de Trabajo.-
5.1. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídico
entre dos partes: trabajador y empleador, caracterizado por el suministro de la fuerza de
trabajo de una parte, mientras que el pago de una remuneración y las facultades de
dirigir, fiscalizar y sancionar corresponden a la otra. La existencia de una relación de
carácter laboral presupone asimismo, la existencia de una prestación personal de
servicios subordinados, conforme se desprende del artículo 4° del Decreto Supremo Nº
003-97-TR “Ley de Competitividad y Productividad Laboral”, siendo que los elementos
básicos del contrato de trabajo son los siguientes: prestación personal, remuneración y
subordinación.
5.2. En el presente caso, se advierte que no existe controversia entre las partes respecto de
los siguientes puntos: a) La existencia de una relación laboral directa entre el
demandante y la COOPERATIVA demandada en el periodo 19 de Enero del 2009 al 3 de
Agosto del 2015; b) El demandante desempeñaba la labor de Chofer Mixer; c) Que entre
las demandadas existía una relación de intermediación laboral mediante la celebración
de Contratos de Locación de Servicios complementarios; yd) Que el demandante fue
destacado por la COOPERATIVA a la demandada UNICON.
6. La Intermediación Laboral.-
6.1. La figura de la intermediación laboral se encuentra regulada en la Ley N° 27626, la cual
tiene por objeto la provisión de trabajadores desde una empresa denominada “de
servicios” hacia empresas denominadas “usuaria”, a efecto de que desarrollen labores
complementarias, temporales o de especialización de la usuaria, para lo cual éstas
deben constituirse como personas jurídicas o como cooperativas, con el objeto exclusivo
de prestar servicios de intermediación laboral (artículo 1), además cuando esta
intermediación involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones
de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad,
complementariedad o especialización (artículo 2), estando prohibido que los trabajadores
destacados presten servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad
principal de la usuaria.
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6.2. Así las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas que contratan
con terceras denominadas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de
sus actividades, mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar las labores
bajo el poder de dirección de la empresa usuaria correspondientes a los contratos de
naturaleza ocasional y de suplencia, por su parte, las empresas de servicios
complementarios son aquellas personas jurídicas que destacan su personal a terceras
empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas
al giro del negocio de éstas, mientras que las empresas de servicios especializados son
aquellas personas jurídicas que brindan servicios de alta especialización en relación a la
empresa usuaria que las contrata, siendo que en este último caso la empresa usuaria
carece de facultad de dirección respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado
por la empresa de servicios especializados (artículo 11).
6.3. Por otro lado, el artículo 5 de la misma Ley N° 27626 señala que la infracción a los
supuestos de intermediación laboral, debidamente comprobada en un procedimiento
inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del
principio de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de
sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa
usuaria; asimismo, el artículo 14 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR indica que se
considera desnaturalizada la intermediación laboral, y en consecuencia configurada una
relación laboral directa con el trabajador y la empresa usuaria, cuando se produzcan
cualesquiera de los siguientes supuestos:
a. El exceso de los porcentajes limitativos establecidos para la intermediación de
servicios temporales.
b. La intermediación para servicios temporales distintos de los que pueden ser cubiertos
por los contratos de naturaleza ocasional o de suplencia.
c. La intermediación para labores distintas de las reguladas en los Artículos 11 y 12 de
la Ley.
6.4. Al respecto se tiene que a fojas 107-118 y 358-369 corre el Contrato de Locación de
Servicios Complementarios suscrito entre las demandadas el 20 de Octubre del 2008
mediante el cual la UNICON contrata a la COOPERATIVA a fin de que a través de sus
socios trabajadores de ésta última ejecuten las labores específicas de naturaleza
complementaria, secundaria y auxiliar consistentes en el servicio de conducción de
vehículos (manejo de toda clase de vehículos de UNICON y los que pueda adquirir),
control y salida de vehículos, digitación, procesamiento de datos y limpieza de oficinas y
planta industrial por un periodo de 3 años del 1 de Octubre del 2008 al 30 de Setiembre
del 2011, el mismo que fue prorrogado hasta el 30 de Setiembre del 2014 mediante
adenda de fecha 16 de Junio del 2011 (fojas 378-379) y nuevamente prorrogado hasta el
30 de Setiembre del 2016 por Adenda del 26 de Setiembre del 2014 (fojas 380-381),
advirtiéndose que mediante carta notarial de fecha 15 de Junio del 2015 (fojas 393)
UNICON decide resolver unilateralmente este contrato.
6.5. El demandante refiere que los contratos de intermediación laboral suscritos entre las
codemandadas se desnaturalizaron puesto que los servicios prestados no tienen
carácter complementario sino que se vinculan a la actividad principal de la demandada
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UNICON, situación que se encuentra prohibida a tenor de lo señalado en el referido
artículo 2 de la Ley N° 27626.
6.6. Al respecto, se tiene que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR define a la
actividad principal de la empresa usuaria aquélla que es consustancial al giro del
negocio, tales como las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y prestación
de servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización,
administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya ejecución se
afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa, mientras que la
actividad complementaria es aquélla que es de carácter auxiliar, no vinculada a la
actividad principal y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad
empresarial, tal como las actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería
externa y limpieza, de tal manera que ésta no es indispensable para la continuidad y
ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria, es decir, “… la norma se refiere
a las labores que no son inherentes al objeto social de la empresa usuaria. Es decir, se
refiere a las labores que no son estrictamente necesarias al giro del negocio y, por ende,
no se relacionan directamente con el ciclo productivo. Entiéndase, si fueran tan
transcendentales, seguramente afectarían de forma sustancias la actividad productiva
central de la empresa…”4.
6.7. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR,
la intermediación laboral queda desnaturalizada, y en consecuencia configurada una
relación laboral directa con el trabajador y la empresa usuaria, cuando es utilizada para
labores distintas de las actividades temporales, complementarias y especializadas,
apreciándose que el artículo 12 de la Ley N° 27626 señala que las cooperativas de
trabajo y fomento del empleado se dedican exclusivamente a prestar servicios de
carácter complementario o especializado.
6.8. De acuerdo al Testimonio de Escritura de Modificación del Estatuto Social de UNICON
que obra a fojas 382-391, se advierte que el 15 de Mayo del 2009 esta emplazada
procedió a modificar el artículo segundo de su estatuto atendiendo a que “…los servicios
de conducción de camiones concreteros, así como de bombas vienen siendo prestados
por una tercera entidad especializada en la prestación de dichos servicios y otras
actividades complementarias a las de producción de concreto…“, razón por la cual
modificó el objeto social con la finalidad de excluir el transporte del concreto y sus
derivados, proponiendo como nuevo texto el siguiente: “… La sociedad tiene por objeto
dedicarse a la fabricación de todo tipo y toda clase de concreto, incluida su
comercialización y venta; a las actividades mineras, a la producción y comercialización
de materiales de construcción en general, incluso fabricación y/o prefabricados, así como
a la operación de sus bienes o instalaciones en general. La sociedad podrá efectuar
todas las operaciones, actos o contratos y desarrollar las actividades necesarias y
convenientes para la producción y comercialización de todo tipo y toda clase de
concretos y materiales de construcción”, la misma que fue inscrita en el asiento B-6 de
la Partida Registral N° 00010960 del Registro de Personas Jurídicas.
4 ARCE ORTIZ. Elmer (2006): La Subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el Perú. En Palestra Editores. Lima.
Pág. 48.
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6.9. Asimismo de conformidad con el contrato de fojas 107-118 dicha contratación de los
servicios, tiene como finalidad: “… de que los socios trabajadores de ésta última ejecuten
las labores específicas de naturaleza complementaria, segundaria y auxiliar, que se
detalla en la Cláusula Quinta del presente contrato, a favor de LA USUARIA, en sus
instalaciones en la ciudad de Lima y Callao…”, a su vez el artículo 5 del citado contrato
establece los servicios complementarios, segundarios y auxiliares que fueron prestados
por los socios trabajadores que la COOPERATIVA destacados a UNICON, siendo estos:
“- Servicio de conducción de vehículos. Manejo de toda clase de vehículos de LA USUARIA y
los que pudiera adquirir requiriéndose para ellos personal calificado y con experiencia, que cubra
con los requisitos mínimos del perfil como son: Licencia de conducir A3, Segundaria completa
(preferentemente), no mayores de 50 años ni menores de 25 años de edad, no registrar
antecedentes en el record del conductor, no registrar antecedentes penales ni policiales.”
6.10. Conforme a lo señalado, se tiene que la actividad principal de la demandada UNICON es
la producción, comercialización y venta de todo tipo y clase de concreto, precisándose
en la modificación del estatuto antes citada, la exclusión de las actividades de transporte
de concreto y de sus derivados en tanto que dicha función era desarrollada por
empresas de servicios complementarios; en ese sentido, teniendo en cuenta que la labor
que el actor desempeñaba era de chofer Mixer, la cual consistía en la conducción de
vehículos que transportan el concreto premezclado a las instalaciones de los clientes de
la usuaria que adquirían estos productos, se aprecia que dicha actividad es |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
20017-2015-49-1801-JR-LA-11
AUTO DE VISTA
EXPEDIENTE N° : 20017-2015-49-1801-JR-LA-11
DEMANDANTE : FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA
DEMANDADO : UNIÓN DE CONCRETERAS S.A. - UNICON Y OTRO.
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS.
JUZGADO DE ORIGEN : 11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Sumilla: La interposición del recurso de casación no
suspende la ejecución de las sentencias.
Excepcionalmente, sólo cuando se trate de obligaciones
de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo
depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza
renovable por el importe total reconocido, el juez de la
demanda suspende la ejecución en resolución
fundamentada e inimpugnable.
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
VÁSCONES RUIZ
ALMEIDA CÁRDENAS
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
Lima, diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve.-
I. VISTOS:
Habiendo analizado la causa, conforme lo prescriben los Artículos 131° y 133° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Jueces
Superiores: Yangali Iparraguirre, Váscones Ruiz, quien interviene como ponente, y
Almeida Cárdenas emiten la siguiente decisión judicial:
II. FUNDAMENTOS.
2.1. RESOLUCIÓN APELADA:
Vino en revisión, lo siguiente:
Por apelación de la demandada1, concedida mediante Resolución N° 52, de fecha 21
de agosto de 2019, contra:
La Resolución N° 33, que resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida por la demandada UNICON contra
la Resolución N° 2 de fecha 31 de enero del 2019.
1 Con fecha 26 de junio de 2019 (fs.69 a 73), donde expresa sus agravios la demandada.
2 Obrante a folios 74.
3 Obrante a folios 65 a 67.
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AUTO DE VISTA
2. IMPONER a la demandada UNICON una MULTA DE 2 URP por no haber dado
cumplimiento a la Resolución N° 2.
3. HABILÍTESE a la Especialista Legal de Actos Externos, para que realice la
diligencia de reposición del demandante, debiéndose levantar el acta respectiva,
REQUIRIÉNDOSE UNA VEZ MAS a la parte demandada que en dicho acto cumpla
con el mandato de reposición del demandante, en su último puesto de trabajo o
uno similar, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual hasta antes
del cese ilegal, bajo apercibimiento de imponérsele multa ascendente a 2.6
URP en caso de incumplimiento.
4. Para tal efecto, CUMPLA el DEMANDANTE con apersonarse al Módulo Laboral II
piso 18 del Edificio Alzamora, a fin de programar la fecha y hora de diligencia
indicada. NOTIFIQUESE.-
2.2. ARGUMENTOS DE LA APELANTE:
Alega que:
1. Sobre la evidencia de motivación en la Resolución N° 3, afectando de esa
manera, el derecho de defensa y al debido proceso:
Lo resuelto por el Juez ha vulnerado diversos dispositivos legales, sobre todo, los
previstos como obligación y principio de función jurisdiccional que establecen los
incisos 3 y 5 del Art. 139° de la Constitución Política del Perú, referidos a la debida
motivación de las resoluciones judiciales y a la observancia irrestricta del debido
proceso, principios que el Juzgado de Primera Instancia ha vulnerado con su
resolución.
La Resolución N° 3, no encuentra fundamento alguno que sirva para justificar tal
decisión (improcedencia del escrito de nulidad), por el contrario, sin pronunciarse
por los hechos informados en el escrito de nulidad, resuelve de plano declarla
improcedente, y a su vez causando un mayor perjuicio determinada comisionar al
especialista judicial de actos externos para que se apersone a las instalaciones de la
empresa a fin de llevar a cabo la diligencia de reposición del actor.
Se verifica de manera indubitable que el Juzgador no ha valorado detenidamente los
argumentos expuestos en el escrito de nulidad, pues es de verse que en el mismo, se
argumentó que aún a la fecha no existe un pronunciamiento definitivo en el
expediente principal pues aún sigue en trámite y evaluación en la Segunda Sala de
derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia por la
evidente infracción normativa en que incurrió la Sentencia de Vista, de fecha 28 de
agosto de 2018.
En el escrito de nulidad también se denunció que el Juez con la expedición de la
Resolución N° 2, había incurrido en una falta de motivación, teniendo en cuenta que
sólo se limita a ordenar la reposición del actor, sin esbozar los fundamentos fácticos
y jurídicos por los cuales determina la reposición, pese a que se ha acreditado en el
proceso que no existió una desnaturalización de la intermediación laboral, ni mucho
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menos de un despido nulo como infundadamente sostuvo el actor en el desarrollo del
proceso, sin embargo con la resolución recurrida, el Juez sólo se limitó a declarar
improcedencia y nuevamente incurrido en la misma transgresión del artículo Art.
139° inciso 5° referido a la motivación que debe tener toda resolución judicial.
Cabe señalar que pese a denunciar que la Resolución N° 2, carecía de una
motivación, el juzgador incurre en una nueva afectación al deber de motivación de
las resoluciones judiciales, pues como podrá observar el superior jerárquico la
Resolución N° 3 adolece la motivación necesaria que justifique la declaratoria de
improcedencia de la nulidad deducida contra la Res N° 2, en ese sentido, se
evidencia que el Juzgador incurre en dos oportunidades mediante la expedición de
las resoluciones N° 2 y 3 en una afectación al debido proceso, en su vertiente de
falta de motivación.
2. Sobre el extremo de la multa impuesta de 2 URP.
El Juez resuelve imponer una multa de 2 URP ascendente a la suma de S/840.00
Soles, por no haber dado cumplimiento a la Resolución N° 2 que disponía la
reposición del actor.
En ese extremo, debemos de verificar que la decisión del Juez resulta
desproporcional y a todas luces constituye una decisión que afecta el derecho de
defensa, teniendo en cuenta que bajo la defensa al considerar que la Resolución N° 2
adolece de nulidad por afectar y contravenir los incisos 3 y 5 del Art. 139 de la
Constitución Política del Perú, se interpuso nulidad contra la citada resolución, a fin
que el juzgador resuelva conforme al ordenamiento jurídico y el debido proceso.
Pese a que la decisión de interponer la nulidad contra la Resolución N° 2, resultó
justificado y autorizado por autorizado por el Código Procesal Civil, ahora el Juez
determina imponer una multa de 2 URP, lo cual afecta directamente el derecho al
debido proceso, y el derecho a la defensa conforme a la facultad otorgada por la
Constitución Política del Perú y el Código Procesal Civil.
El Juzgado obviando las garantías del debido proceso, en la Resolución N° 2, no
dispuso comisionar al especialista legal de actos externos del Juzgado para que
realice la diligencia de reposición, recién dispone tal decisión en la Resolución N° 3,
por lo cual, no resulta justificado que resuelva imponer una multa sin verificar que
el Juez incumplió el debido proceso.
III. ANÁLISIS DEL CASO:
• De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso de
apelación:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o
tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente.
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3.2 Los principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la apelación, deberá
pronunciarse sólo sobre aquellas alegaciones (pretensiones o agravios) invocados por
el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra
parte.
3.3 Antecedentes:
1. Mediante Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto 2018,4 se dispuso:
REVOCAR la Sentencia N° 299-2016 contenida en la resolución número ocho de
fecha tres de noviembre de dos mis dieciséis, corriente de fojas 469 a 482, que
declara INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA la DECLARAN FUNDADA EN
PARTE; en consecuencia:
1. Se DECLARA la desnaturalización de los contratos de intermediación
laboral suscritos entre las codemandadas Cooperativa de Trabajo y
Fomento del Empleo Global Business And Human Resources Ltda., y Unión
de Concreteras S.A. -UNICON.
2. Se RECONOCE que el actor mantuvo una relación laboral a tiempo
indeterminado con la empresa usuaria Unión de Concreteras S.A. UNICON
a partir del 19 de enero de 2009.
3. Se ORDENA a la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de
S/ 50,672.97 (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
97/100 SOLES) por los conceptos de incremento de básico, prestación
alimenticia, cierre de pliego, reintegro de vacaciones, reintegro de
gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más los intereses
legales que se liquidarán en ejecución de sentencia.
4. Se DECLARA que el actor ha sido objeto de un despido incausado por parte
de su empleador; por lo que, se ORDENA a la demandada Unión de
Concreteras S.A. -UNICON cumpla con REPONERLO en su último puesto
de trabajo, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual hasta
antes del cese ilegal.
5. Se DECLARA INFUNDADO el pago de Asignación Escolar y pago de
bonificaciones.
6. Se CONDENA a la demandada al pago de costos y costas del proceso.
2. Mediante Resolución N° 1, de fecha 16 de noviembre 2018,5 se dispuso:
4 Página 1 a 33 del Cuaderno de Apelación..
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Atendiendo el oficio remitido por el Superior en Grado con copia certificada de la
sentencia de vista: PONGASE A CONOCIMIENTO DE LAS PARTES la creación
del presente incidente, a efectos que absuelvan lo correspondiente a su derecho.
3. Mediante Resolución N° 2, de fecha 31 de enero 2018,6 se dispuso:
Dado cuenta con el presente cuaderno y conforme al estado del proceso,
CUMPLASE LO EJECUTORIADO y en aplicación de lo señalado en el artículo
38 de la Ley Procesal del Trabajo:
1. REQUIERASE a la parte demandada UNION DE CONCRETERAS S.A., a
fin de que en el plazo de CINCO DIAS HABILES cumpla con reponer al
demandante en su puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual, bajo apercibimiento de imponérsele una
MULTA de 3 URP, en caso de incumplimiento.
2. REQUIERASE a la parte demandada a fin de que en el plazo de CINCO
DIAS HABILES cumpla con pagar al demandante la suma de S/.
50,672.97, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de
incumplimiento. NOTIFIQUESE.-
La citada resolución fue notificada electrónicamente a ambas partes el
15 de marzo de 2019.
4. Escrito de fecha 22 de marzo 2019,7 la demandada presenta escrito de
sumilla “Garantizo el monto ordenado a pagar y solicito la suspensión de
Ejecución de Sentencia hasta que se resuelva definitivamente la presente Litis”
5. Escrito de fecha 22 de marzo 2019,8 la demandada presenta escrito de
sumilla “Apersonamiento – Formulo nulidad de auto”
6. Mediante Resolución N° 3, de fecha 11 de junio del 20199, se resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida por la demandada UNICON
contra la Resolución N° 2 de fecha 31 de enero del 2019.
2. IMPONER a la demandada UNICON una MULTA DE 2 URP por no haber
dado cumplimiento a la Resolución N° 2.
3. HABILÍTESE a la Especialista Legal de Actos Externos, para que realice la
diligencia de reposición del demandante, debiéndose levantar el acta respectiva,
5 Según la Consulta de Expediente Virtual de Sistema Integrado Judicial.
6 Página 34 a 35 del Expediente Judicial.
7 Obrante a folios 36 y 37.
8 Obrante a folios 42 y 47.
9 Obrante a folios 65 a 67.
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REQUIRIÉNDOSE UNA VEZ MÁS a la parte demandada que en dicho acto
cumpla con el mandato de reposición del demandante, en su último puesto de
trabajo o uno similar, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual
hasta antes del cese ilegal, bajo apercibimiento de imponérsele multa
ascendente a 2.6 URP en caso de incumplimiento.
4. Para tal efecto, CUMPLA el DEMANDANTE con apersonarse al Módulo
Laboral II piso 18 del Edificio Alzamora, a fin de programar la fecha y hora de
la diligencia indicada.
La citada resolución fue notificada electrónicamente a ambas partes el
22 de junio de 2019.
7. La parte demandada apela la Resolución N° 3, con el escrito de fecha 26 de
junio de 2019.10
Del aspecto controvertido en apelación.
3.4 Como se desprende del recurso de apelación11, debe verificar si se ha incurrido falta
de motivación al emitir la Res Nº 3 y si la multa impuesta es acorde a Ley.
• CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO RESPECTO DE LO ALEGADO EN
APELACIÓN.
RESPECTO A LA MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIÓN N° 3:
3.5 Es de tenerse en cuenta que el inciso 5° del artículo 139° de la Constitución Política
del Estado, reconoce como derecho y principio de la función jurisdiccional al
Principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales, que impone a los Magistrados
el deber de fundamentar tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones
jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los justiciables tengan acceso al
razonamiento lógico jurídico empleado en la solución de la controversia de la que
forman parte, disipando cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su
resolución.
3.6 La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de la
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución
Política, norma constitucional que ha sido recogida en el artículo 12° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo 50° e inciso 3 del artículo 122° del
Código Procesal Civil, cuya contravención origina la nulidad de la resolución,
conforme lo disponen las dos últimas normas adjetivas señaladas. Es esencial en los
fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o
10 Obrante a folios 69 a 73.
11 Obrante de 69 a 73.
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desestima su pedido, ya que a través de su aplicación efectiva se llega a una recta
Administración de Justicia.
Antecedentes:
3.7 De la revisión del SIJ del Expediente Principal, se aprecia:
El Juzgado de Primera Instancia, expidió la SENTENCIA N° 299-2016-11°JETPL, de
fecha Tres de Noviembre del año dos mil dieciséis, que declaró:
INFUNDADA la demanda de fojas 42 a 55, detallada a fojas 80 a 87 y
subsanada a fojas 90 a 91 de autos, interpuesta por FREDY MARTIN
SANDOVAL TABOADA contra la COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO
DEL EMPLEO GLOBAL BUSSINES AND HUMAN RESOURCES LTDA. y UNIÓN
DE CONCRETERAS S.A.,; en consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea
la presente resolución, ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE todo lo actuado en la
forma y modo de ley.
En tanto. esta Sala emitió la Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto de 2018, que dispuso:
REVOCAR la Sentencia N° 299-2016 contenida en la resolución número ocho de
fecha tres de noviembre de dos mis dieciséis, corriente de fojas 469 a 482, que
declara INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA la DECLARAN FUNDADA EN
PARTE; en consecuencia:
1. Se DECLARA la desnaturalización de los contratos de intermediación
laboral suscritos entre las codemandadas Cooperativa de Trabajo y
Fomento del Empleo Global Business And Human Resources Ltda., y Unión
de Concreteras S.A. -UNICON.
2. Se RECONOCE que el actor mantuvo una relación laboral a tiempo
indeterminado con la empresa usuaria Unión de Concreteras S.A. UNICON
a partir del 19 de enero de 2009.
3. Se ORDENA a la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de
S/ 50,672.97 (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
97/100 SOLES) por los conceptos de incremento de básico, prestación
alimenticia, cierre de pliego, reintegro de vacaciones, reintegro de
gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, más los intereses
legales que se liquidarán en ejecución de sentencia.
4. Se DECLARA que el actor ha sido objeto de un despido incausado por parte
de su empleador; por lo que, se ORDENA a la demandada Unión de
Concreteras S.A. -UNICON cumpla con REPONERLO en su último puesto
de trabajo, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual hasta
antes del cese ilegal.
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5. Se DECLARA INFUNDADO el pago de Asignación Escolar y pago de
bonificaciones.
6. Se CONDENA a la demandada al pago de costos y costas del proceso.
El Expediente Principal fue remitido a la Corte Suprema, conforme se aprecia del
Seguimiento de Expediente, conforme se aprecia de la Captura de pantalla para
mayor ilustración:
Siendo así, el Juez de Primera Instancia emite la resolución N° 1, de fecha 16 de
noviembre 2018,12 se dispuso:
Atendiendo el oficio remitido por el Superior en Grado con copia certificada de la
sentencia de vista: PONGASE A CONOCIMIENTO DE LAS PARTES la creación
del presente incidente, a efectos que absuelvan lo correspondiente a su derecho.
Mediante Resolución N° 2, de fecha 31 de enero 2018,13 se dispuso:
Dado cuenta con el presente cuaderno y conforme al estado del proceso,
CUMPLASE LO EJECUTORIADO y en aplicación de lo señalado en el artículo
38 de la Ley Procesal del Trabajo:
1. REQUIERASE a la parte demandada UNION DE CONCRETERAS S.A., a
fin de que en el plazo de CINCO DIAS HABILES cumpla con reponer al
demandante en su puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual, bajo apercibimiento de imponérsele una
MULTA de 3 URP, en caso de incumplimiento.
2. REQUIERASE a la parte demandada a fin de que en el plazo de CINCO
DIAS HABILES cumpla con pagar al demandante la suma de S/.
12 Según la Consulta de Expediente Virtual de Sistema Integrado Judicial.
13 Página 34 a 35 del Expediente Judicial.
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50,672.97, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de
incumplimiento. NOTIFIQUESE.-
3.8 De lo antes señalado se desprende que el requerimiento, fue conforme a lo previsto
en el artículo 38 de la Ley Procesal de Trabajo - Ley N° 29497, establece que:
"La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias.
Excepcionalmente, sólo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de
parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el
importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución
fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el capital, los intereses
del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y las costas, así como de los
intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de
interpuesto el recurso. La liquidación importe total reconocido es efectuada por un perito
contable. En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cautelar,
debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, elija entre conservar la
medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. Si el
demandante no señala su elección en el plazo concedido, se entiende que sustituye la
medida cautelar por el depósito o la carta fianza. En cualquiera de los casos, el juez de la
demanda dispone la suspensión de la ejecución"
(El resaltado es nuestro)
3.9 En tal sentido, la nulidad planteada por la demandada contra la Res N° 2 carecía de
sustento, por lo que la improcedencia de la nulidad resuelta mediante Resolución N°
3 es acorde a Ley.
3.10 De lo antes señalado se desprende que la resolución materia de apelación se
encuentra debidamente motivada.
3.11 Por lo que se debe desestimar el agravio del apelante, por lo cual se debe de
confirmar la improcedencia de la nulidad deducida por la demandada.
RESPECTO A LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA DE 2 URP:
3.12 Las multas constituyen sanciones pecuniarias previamente establecidas, que se
imponen por mandato legal, judicial o administrativo a aquella persona que no
cumple en forma oportuna una obligación, mandato o requerimiento legal o
administrativo.
3.13 Asimismo, el artículo 146° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
presente Proceso Laboral, establece que, los plazos son perentorios. No pueden ser
prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales,
aplicándose esta misma regla al plazo Judicial.
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3.14 Asimismo, el artículo 53° del mismo cuerpo legal citado,14 establece que, el Juez
puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien
corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión.
Asimismo, dispone que, la multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro
de los límites que fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si
considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación.
3.15 De la verificación de los actuados, se tiene que, por Resolución N° 2, de fecha 31 de
enero del 201815, se le requirió a la demandada, entre otros puntos:
1. REQUIERASE a la parte demandada UNION DE CONCRETERAS S.A., a
fin de que en el plazo de CINCO DIAS HABILES cumpla con reponer al
demandante en su puesto de trabajo, respetando su remuneración,
categoría y cargo habitual, bajo apercibimiento de imponérsele una
MULTA de 3 URP, en caso de incumplimiento.
3.16 La citada resolución fue notificado a la demandada con fecha 15 de marzo de 2019, y
a la fecha de la expedición de la Res N° 3, esto es 11 de junio de 2019, había
excedido el plazo de 5 días hábiles para reponer al demandante en su puesto de
trabajo, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual.
3.17 En ese sentido, ante la renuencia de la demandada de cumplir con reponer al
demandante, esto es una obligación de hacer, era correcto hacer efectivo el
apercibimiento de multa ascendente a 2 URP, como lo realizó el Juez de la Causa.
3.18 Siendo ello así, este Colegiado considera que la multa impuesta se encuentra
debidamente establecida en el Resolución N° 3.
3.19 Razones por las que se desestima lo alegado por la emplazada como agravios y
se confirma la recurrida en todos sus extremos.
14 Facultades coercitivas del Juez.-
Artículo 53.- En atención al fin promovido y buscado en el Artículo 52, el Juez puede:
1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo
al contenido de su decisión.
La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo reajustarla o
dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación; y
2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciendo agravio a
la parte o a la majestad del servicio de justicia.
En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la aplicación sucesiva, individual o conjunta de las
sanciones reguladas en este Artículo.
Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato.
15 Obrante a fojas 34.
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3.20 Por los fundamentos expuestos, éste Colegiado, con la autoridad que le confiere el
artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, impartiendo justicia en
nombre del Pueblo, resuelve:
IV. DECISIÓN:
1. CONFIRMAR la Resolución N° 3, de fecha 11 de junio del 201916, que resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida por la demandada UNICON contra
la Resolución N° 2 de fecha 31 de enero del 2019.
2. IMPONER a la demandada UNICON una MULTA DE 2 URP por no haber dado
cumplimiento a la Resolución N° 2.
3. HABILÍTESE a la Especialista Legal de Actos Externos, para que realice la
diligencia de reposición del demandante, debiéndose levantar el acta respectiva,
REQUIRIÉNDOSE UNA VEZ MAS a la parte demandada que en dicho acto cumpla
con el mandato de reposición del demandante, en su último puesto de trabajo o
uno similar, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual hasta antes
del cese ilegal, bajo apercibimiento de imponérsele multa ascendente a 2.6
URP en caso de incumplimiento.
4. Para tal efecto, CUMPLA el DEMANDANTE con apersonarse al Módulo Laboral II
piso 18 del Edificio Alzamora, a fin de programar la fecha y hora de diligencia
indicada..-
2. COMUNÍQUESE por Secretaria al Décimo Primer Juzgado Especializado de Trabajo
Permanente de Lima, conforme a lo ordenado en el artículo 383° del Código Procesal
Civil.
En los seguidos por FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA contra UNIÓN DE
CONCRETERAS S.A. - UNICON Y OTRO; sobre DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS.
SNVR/hpld
16 Obrante de folios 65 a 67.
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11° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola
S/N, Lima
_______________________________________________________
11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 20017-2015-64-1801-JR-LA-11
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, 11 de junio del 2019.-
Al escrito presentado por la demandada UNICON con fecha 22.03.2018 (N°
75860): y
ATENDIENDO:
1. La demandada deduce la nulidad de la Resolución N° 2 de fecha 31 de enero de
2019, emitida por esta Judicatura argumentando que se ha ordenado la reposición
del demandante cuando no existe un pronunciamiento definitivo pues ha
interpuesto recurso de casación que se encuentra pendiente.
2. Al respecto, se tiene que mediante Sentencia de Vista emitida por la Octava Sala
Laboral de Lima con fecha 28 de agosto del 2018, se declaró fundada en parte la
demanda y se ordenó que la demandada UNICON reponga al demandante en su
último puesto de trabajo o uno similar, apreciándose que se remitió a esta
Judicatura copia certificada de dicho pronunciamiento, procediéndose a formar el
cuaderno de ejecución correspondiente, en donde se emitió la cuestionada
Resolución N° 2 con fecha 31 de enero del 2019 requiriéndose a la emplazada la
reposición del actor.
3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 38 de la Ley Procesal del Trabajo, la
interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias,
por lo que si bien la emplazada indica haber formulado esta recurso contra el
pronunciamiento de la segunda instancia, dicha articulación no suspende la
ejecución de lo decidido en dicha sede.
4. Siendo así, estando a que la Resolución N° 2 fue emitida en aplicación del
mencionado artículo 38 de la Ley Procesal del Trabajo, no se evidencia que se
hubiere incurrido en nulidad alguna, por el contrario, ésta fue emitida teniendo en
cuenta lo actuado en el proceso.
5. Tal como se indica en el artículo 175 del Código Procesal Civil, la nulidad será
declarada improcedente cuando se sustente en causal no prevista en el referido
dispositivo legal, siendo que en el presente caso, la nulidad deducida por la
emplazada incurre en este supuesto de improcedencia estando a que no existe
norma alguna que sustente su pedido. 6. Por otro lado, se tiene que la demandada no dio cumplimiento al mandato emitido
por esta Judicatura, por lo que debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado
en autos e imponerse la multa en forma reducida a como se apercibió, es decir
multa ascendente a 2 URP, además debe de habilitarse al especialista de actos
externos a fin de que realice la diligencia.
Por estas consideraciones, se resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida por la demandada UNICON contra
la Resolución N° 2 de fecha 31 de enero del 2019.
2. IMPONER a la demandada UNICON una MULTA DE 2 URP por no haber dado
cumplimiento a la Resolución N° 2.
3. HABILÍTESE a la Especialista Legal de Actos Externos, para que realice la
diligencia de reposición del demandante, debiéndose levantar el acta respectiva,
REQUIRIÉNDOSE UNA VEZ MÁS a la parte demandada que en dicho acto cumpla
con el mandato de reposición del demandante, en su último puesto de trabajo o
uno similar, respetando su remuneración, categoría y cargo habitual hasta antes
del cese ilegal, bajo apercibimiento de imponérsele multa ascendente a 2.6
URP en caso de incumplimiento.
4. Para tal efecto, CUMPLA el DEMANDANTE con apersonarse al Módulo Laboral II
piso 18 del Edificio Alzamora, a fin de programar la fecha y hora de la diligencia
indicada. NOTIFIQUESE.-
Asimismo, TÉNGASE POR APERSONADOS a los apoderados de la demandada, por
VARIADO SU DOMICILIO PROCESAL Y CASILLA ELECTRÓNICA, y por designados a
los abogados que se indica.
Al escrito de la demandada de fecha 22 de marzo de 2019 (N° 75878-2019):
1. Conforme a lo señalado en el artículo 128 del Código Procesal Civil, el Juez declara la
inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste se
cumple defectuosamente, empero, si la omisión o defecto es de un requisito de fondo
declara su improcedencia.
2. Mediante el presente escrito la demandada solicita la suspensión del presente
proceso y presenta carta fianza N° 10603520-000 de fecha 21 de marzo de 2019, con
vigencia al 20 de marzo de 2019, por el monto de S/.50,672.97;
3. El artículo 37 de la Ley 29497 respecto a los requisitos de solicitud de ejecución de
sentencia, señala:
“Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a
pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza
renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución
en resolución fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el
capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y
costas, así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe
total reconocido es efectuada por un perito contable.”;
4. Estando a lo establecido por la norma antes citada, la parte demandada debe
cumplir con depositar o presentar carta fianza por el importe de los intereses, costos y
costas, adjuntando la liquidación respectiva realizada por perito contable.
Por lo expuesto en la parte considerativa, y atendiendo el estado del proceso, en virtud
de lo dispuesto en las normas precisadas en la parte considerativa, se resuelve
Declarar INADMISIBLE la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia efectuada
por la demandada; en consecuencia, se le concede el plazo de CINCO DIAS HABILES a
efectos de que cumpla con presentar depositar o presentar carta fianza por el importe
total adjuntando la liquidación respectiva realizada por perito contable, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud presentada; |
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EXPEDIENTE N° : 2 0017-2015-91-1801-JR-LA-11
DEMANDANTE : FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA
DEMANDADO : UNION DE CONCRETERAS S.A. Y OTRO
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
11° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
JUZGADO : PERMANENTE DE LIMA
Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE
VASCONES RUIZ
GONZALEZ SALCEDO
AUTO DE VISTA
RESOLUCIÓN S/N:
Lima, 18 de noviembre de 2022.-
Observando las formalidades previstas por el
artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
puesto los autos en despacho para resolver, e interviniendo como Juez Superior
ponente la señora Vascones Ruiz, este Colegiado emite resolución en base a lo
siguiente:
Página 1 de 12 I. ANTECEDENTES:
1.1. Auto apelado: Viene en revisión la Resolución N° Veintisiete de fecha
31 de marzo de 2022, que resuelve declarar IMPROCEDENTE lo
peticionado por la parte demandante.
1.2. Recurso de apelación: La parte demandante alega como argumentos
en su escrito de apelación ingresado con fecha 18 de abril de 2022, los
siguientes:
SOBRE LA EVIDENTE AUSENCIA DE MOTIVACION EN LA
RESOLUCIÓN N° 27, AFECTANDO DE ESTA MANERA NUESTRO
DERECHO A DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO.
1.
2.
3.
Página 2 de 12 4.
5.
II. FUNDAMENTOS:
• De los límites de las facultades de este Colegiado al resolver el
recurso de apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total
o parcialmente.
2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los
principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver, deberá
pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por
el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista
apelación o adhesión de la otra parte.
• Del principio de motivación de las resoluciones:
2.3. El inciso 5° del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,
reconoce como derecho y principio de la función jurisdiccional al
Principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales, que impone a
los Magistrados el deber de fundamentar tanto fáctica como
Página 3 de 12 jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los
justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico empleado en
la solución de la controversia de la que forman parte, disipando
cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su resolución.
2.4. Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en
que se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado-
constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de
manera efectiva su defensa1; pero, también se deberá analizar con
criterio de conciencia que el mismo no garantizará una determinada
extensión de la motivación, pues solamente deberá existir un suficiente
sustento fáctico, jurídico y probatorio en la decisión a asumir, es decir,
una relación entre lo pedido y lo resuelto.
2.5. En la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional –Órgano de
Control Máximo de la Justicia en el Perú- ha establecido que:
"El derecho a la motivación debida constituye una garantía
fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se
afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las
personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación
adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria
y, en consecuencia, será inconstitucional.”2 En ese mismo sentido, el
citado Tribunal ha precisado: "que el contenido constitucionalmente
garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los
siguientes supuestos: Inexistencia de motivación o motivación
aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una
decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o
cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta
de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo
intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en
frases sin ningún sustento fáctico o jurídico."3
2.6. La motivación de las resoluciones judiciales, principio y derecho de la
función jurisdiccional, ha sido también recogida en el artículo 12° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6) del artículo 50° e inciso 3) del
artículo 122° del Código Procesal Civil, cuya contravención origina la
nulidad de la resolución, conforme lo disponen las dos últimas normas
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. PALESTRA, Lima,
2 Sentencia de fecha 27 de junio de 2011, recaída en el Exp. Nº 01807-2011-PA/TC (Fundamento 10).
3 Sentencia de fecha 13 de octubre de 2008, recaída en el Exp. Nº 00728-2008-PHC/TC (Fundamento 7,
inciso a).
Página 4 de 12 adjetivas señaladas. Es esencial en los fallos, ya que los justiciables
deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima su
pedido, ya que a través de su aplicación efectiva se llega a una recta
administración de justicia.
2.7. Cabe precisar que de conformidad con el artículo 31° de la Ley N°
29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, con relación al contenido de la
sentencia, se señala que:
"El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales
para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no
enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho. La
sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de
defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de
que la declare fundada total o parcialmente, indicando los
derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir
el demandado. (…)”
2.8. No obstante, debe de precisarse que no toda omisión ni cualquier error
en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye
automáticamente una violación del Derecho a la Motivación de las
Decisiones Judiciales, pues este derecho fundamental no garantiza una
determinada extensión de la motivación, sino una suficiente
justificación de la decisión adoptada, conforme señala el Tribunal
Constitucional en la STC N°4348-2005-PA/TC:
“…2. (…) Como lo ha precisado este Colegiado en reiterada
jurisprudencia, el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales no garantiza una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta,
prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica,
que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso,
sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra
o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b)
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad
entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas
por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión…”
2.9. En consecuencia, la motivación está orientada a que el Juez proceda a
enunciar los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a adoptar
Página 5 de 12 una determinada decisión, haciendo un análisis de los medios
probatorios aportados en el proceso.
2.10. Siendo ello así, que una decisión le sea adversa a una de las partes o
hayan existido errores y omisiones, no implica que necesariamente la
resolución no se encuentre debidamente motivada; más aún si estos
pueden ser válidamente subsanados en segunda instancia, tal y
conforme lo ha señalado de manera reiterada el Tribunal
Constitucional.
2.11. Ahora bien, en el caso de autos, según se desprende de los
fundamentos vertidos, el Juez de Primera Instancia en la resolución
recurrida ha señalado los motivos por los cuales concluyó que resulta
declarar improcedente lo peticionado por el demandante, exponiendo los
fundamentos de hecho y derecho que amparan su decisión y los medios
probatorios que sustenta su decisión; por lo que, los argumentos
expuestos por el demandante en el sentido de que la sentencia adolece
de una motivación no resulta amparable; por lo que, debe desestimarse
los agravios invocados por la demandada al respecto.
2.12. Sin perjuicio de ello, debemos mencionar que de pretenderse la nulidad
de la sentencia apelada por indebida motivación, como en el presente
caso, es preciso indicar en primer lugar que, la nulidad, es la sanción
por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales,
cuando en su ejercicio no se han guardado las formas previstas por la
ley, en tanto sean garantía para las partes, por cuanto ello resulta
presupuesto necesario para la validez del proceso, debido a que las
resoluciones judiciales deben ser debidamente tramitadas con arreglo a
ley a fin de no causar perjuicio y no producir violaciones al debido
proceso; y en segundo lugar, la nulidad es un instituto cuya aplicación
requiere un análisis bajo la óptica de la conservación del acto
cuestionado. Así, se señala que: “El carácter instrumental de las formas
procesales hace que el legislador, como la jurisprudencia y la doctrina,
consideren, si no con disfavor, al menos con un criterio restrictivo, la
institución de la nulidad, admitiéndola sólo en los casos en que su
declaración sea el único medio de obtener la reparación de un perjuicio y
facilitando en lo posible la subsanación del vicio”4. De ahí que el cuarto
párrafo del artículo 172° del Código Procesal Civil establece que “No hay
nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la
resolución o en las consecuencias del acto procesal”.
4 HUGO ALSINA. Las Nulidades en el Proceso Civil: concepto y función de las formas procesales. Ara
Editores. Lima, Perú; julio de 2006. Pág. 97.
Página 6 de 12 2.13. Este dispositivo comisiona a que en el análisis de la nulidad se evalúen
los efectos de la subsanación del vicio, de manera que sólo proceda la
nulidad si con la enmienda cambia el sentido de la resolución o las
consecuencias del acto procesal; y a contrario si no logra tal
trascendencia no debe estimarse la nulidad; pues no es factible la
declaración de la nulidad por la nulidad. De ese modo, la aplicación del
instituto de la nulidad es de última ratio.
2.14. De otro lado, es menester preciar que el artículo 197º del Código
Procesal Civil, precisa que todos los medios probatorios deben ser
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada; en tal sentido, deben ser estudiadas en sus elementos
comunes, en sus conexiones directas e indirectas, no pueden tomarse
en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto; es
decir, deben integrarse coherentemente para así alcanzar su verdadero
valor demostrativo, permitiendo que las decisiones que se emitan en un
proceso sean adecuadamente motivadas mediante una derivación
razonada de los valores, normas y circunstancias del desarrollo del caso
concreto.
2.15. Del mérito de los actuados se aprecia que el Juez de la causa ha emitido
pronunciamiento respecto a lo pretendido en la demanda, de
conformidad al artículo 31° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la
Ley N° 29497; enunciando los fundamentos de hecho y de derecho que
respaldan su decisión; motivo por el cual, puede que la parte
demandante no esté de acuerdo con dicha decisión; pero ello, de
ninguna manera acarrea la nulidad de la sentencia, conforme se ha
señalado precedentemente. Asimismo, lo decidido se ha basado en la
normativa aplicable al presente proceso; por lo que, se concluye que la
recurrida ha sido expedida con observancia del debido proceso,
debiendo precisarse que este Colegiado puede o no manifestar su
conformidad, luego del análisis de los agravios expuestos, pero de
ninguna manera vulneran los principios procesales como el debido
proceso, tutela jurisdiccional efectiva y congruencia procesal.
• Análisis del caso:
2.16. Que, en el presente Cuaderno de Apelación, se aprecia que mediante
Resolución de Vista de fecha 28 de agosto del 2018, se resolvió lo
siguiente:
Página 7 de 12 2.17. Dicha Sentencia de Vista fue materia de recurso impugnatorio de
Casación, siendo que con fecha 26 de marzo de 2020, la Segunda Sala
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, resolvió declarar improcedente el recurso de
casación interpuesto por la demandada.
2.18. habiéndose remitido el expediente al juzgado de origen para la
prosecución del proceso, conforme se desprende de la Resolución N°
Diecisiete de fecha 30 de setiembre de 2020, que obra en autos.
Página 8 de 12 2.19. Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2021, el demandante solicitó
lo siguiente:
2.20. En razón a lo solicitado, se emitió la Resolución N° Veintisiete de fecha
31 de marzo del 2022, la cual es materia de apelación, en la misma se
señaló y resolvió lo siguiente:
(...)
(...)
Página 9 de 12 2.21. Que, ante ello, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en
los términos que consigna en su escrito de fecha 18 de abril de 2022.
Sobre la garantía de la cosa juzgada.
2.22. Los procesos de tutela de derechos fundamentales, una vez que han
finalizado con un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia,
adquieren la calidad de cosa juzgada.
2.23. Por su parte, el procesalista Eduardo Couture ("Fundamentos del
Derecho Procesal Civil", Cuarta Edición, Euros Editores S.R.L. Argentina
2002, pp. 327 y ss.), señala que la cosa juzgada es el derecho logrado a
través del proceso, la cual reúne los siguientes atributos: la
inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. “La cosa juzgada
es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente
a obtener la revisión de la misma materia: non bis in idem. Si ese
proceso se promoviera, puede ser atendido en su comienzo con la
invocación de la propia cosa juzgada esgrimida como excepción.
También es inmutable o inmodificable (…). La inmodificabilidad de la
sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de
parte, otra autoridad podría alterar los términos de una sentencia
pasada en cosa juzgada. La coercibilidad consiste en la eventualidad de
ejecución forzada (…)”.
2.24. En el mismo sentido, el Tribunal ha considerado que mediante la
garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho de todo justiciable,
en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso
judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha
transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no
pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (STC N.º
4587-2004-AA, Fundamentos 36 al 45).
2.25. En efecto, cuando se señala que un pronunciamiento adquiere la
calidad de cosa juzgada, ello quiere decir que éste debe ser ejecutado en
Página 10 de 12 sus propios términos, y no puede ser dejado sin efecto, ser objeto de
alteraciones o modificaciones posteriores por parte de particulares,
funcionarios públicos e incluso jueces encargados de su ejecución (STC
N.º 02813-2007-PA/TC, Fundamento 8).
2.26. El Tribunal Constitucional, además, ha precisado que la cosa juzgada
proscribe que las autoridades distorsionen el contenido o realicen una
interpretación parcializada de las resoluciones judiciales que hayan
adquirido tal cualidad. Cualquier práctica en ese sentido debe ser
sancionada ejemplarmente, recayendo la sanción respectiva no sólo en
la institución de la que emana la decisión sino también respecto de los
que actúan en su representación (STC N.º 0054-2004-AI, Fundamentos
14 y 15).
2.27. En el caso de autos, se verifica de la Sentencia de Vista de fecha 28 de
agosto de 2018 (fojas 15 a 29), que en la parte resolutiva de la misma
no se ordena a la parte demandada el pago de remuneraciones del 12
de setiembre del 2019 al 30 de marzo del 2020, pues, solamente ordena
se le abone al demandante una determinada suma que corresponde a
los conceptos de incremento básico, prestación alimenticia, cierre de
pliego, reintegro de vacaciones, reintegro de gratificaciones y
compensación por tiempo de servicios, que datan del período
comprendido entre el año 2009 al año 2015, conforme así se desprende
de la lectura de la misma
2.28. De lo señalado precedentemente, se desprende que, la parte demandada
dio cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia de Vista acotada, razón
por la cual lo solicitado por el demandante no resulta amparable; en
consecuencia, la resolución recurrida se encuentra arreglada a ley; por
lo que merece desestimarse los agravios invocados por la parte
demandante y confirmarse el auto recurrido.
III.- DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le
confiere el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley,
impartiendo justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE:
(cid:1) CONFIRMAR el auto contenido en la Resolución N° Veintisiete
de fecha 31 de marzo de 2022, que declaró IMPROCEDENTE lo
peticionado por el demandante; y procédase conforme al segundo
párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil.
Página 11 de 12 En los seguidos por FREDY MARTIN SANDOVAL TABOADA contra UNION
DE CONCRETERAS S.A. Y OTRO sobre Pago de remuneraciones.-
Notifíquese.-
cvm
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 20065-2015-0-1801-JR-LA-13° (S)
SENTENCIA DE VISTA
TRIBUNAL UNIPERSONAL
Expediente N° : 20065-2015-0-1801-JR-LA-13
Demandante : Hugo Rojas Luquillas.
Empresa Administradora Cerro S.A.C.
Demandado :
Volcán Compañía Minera S.A.A.
Materia : Utilidades 2010, 2011 Y 2012.
Juzgado : 13° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima
Vista de la causa : 12.03.2018
Sumilla : Principio de primacía de la realidad, debe preferirse lo que ocurra
en los hechos y no lo que las formas o documentos señalen o que las
partes dicen que ocurre.
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
Lima, 14 de marzo de 2018.
Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa, e interviniendo
como ponente la señora Jueza Superior Rosa Barreda Mazuelos, esta Colegiado
emite resolución con base en lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1. En la demanda, el trabajador pretende el pago de utilidades de los periodo 2010,
2011 y 2012.
1.2. Sentencia apelada: Viene en revisión la Sentencia 325-2016-13° JELPL, de fecha
11 de noviembre del 2016, obrante a fojas 258 a 267, que declara fundada en parte
la demanda, apelada por la EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. (fojas 270
a 273), COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A. (fojas 275 a 279) y el demandante (fojas
285 a 289) y concedida a las codemandada mediante resolución número cuatro, de
fecha 30 de enero de 2017, corriente de fojas 282, y a la parte demandante mediante
resolución seis, de fecha 03 de marzo de 2017.
• Recurso de apelación: La parte demandada EMPRESA ADMINISTRADORA
CERRO S.A.C. alega como argumento en su recurso de apelación de fecha 17 de
enero de 2017, corriente de fojas 270 a 273, los siguientes agravios:
1) La sentencia dictada incurre en error al liquidar un supuesto adeudo de
participación de utilidades de S/.11,184.77 soles por los ejercicios 2010
y 2011.
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Exp. N° 20065-2015-0-1801-JR-LA-13° (S)
SENTENCIA DE VISTA
2) La empresa en el año 2011 no generó utilidades por repartir.
3) Las codemandadas son personas jurídicas distintas, si bien reconoce
que forman parte del mismo grupo económico, eso no significa que una
es dependiente de la otra, por lo que no podrían responder
solidariamente.
• Recurso de apelación: La parte demandada COMPAÑÍA MINERA VOLCAN
S.A.A. alega como argumento en su recurso de apelación de fecha 17 de enero
de 2017, corriente de fojas 275 a 279, los siguientes agravios:
1) La empresa acreditó que se cumplió con pagar al demandante lo que le
correspondía por los ejercicios 2010 y 2011, adicionalmente, habiendo
dejado de pertenecer el demandante a la empresa en el mes de febrero
de 2011, entonces no se tiene la obligación alguna de pagar utilidades
del ejercicio 2012.
2) Las codemandadas son personas jurídicas distintas, si bien se reconoce
que forman parte del mismo grupo económico, eso no significa que una
es dependiente de la otra, ya que cada una de ellas tiene patrimonio
propio.
• Recurso de apelación: La parte demandante alega como argumento en su
recurso de apelación de fecha 17 de enero de 2017, corriente de fojas 285 a
289, los siguientes agravios:
1) La sentencia carece de fundamento motivado, ya que no se ajusta a la
realidad fáctica de los hechos, pues sobre los ejercicios gravables el
juzgador hace una descripción de los años 2010, 2011 y 2012 y del
escrito de contestación de la demanda Volcan Cia Minera S.A.A.
sostiene que no tiene deuda alguna por la participación de utilidades
que le corresponde al actor por los ejercicios 2010 y 2011, y del periodo
2012 está pendiente de pago.
2) La liquidación esta errada, donde si bien es cierto que las
codemandadas se han opuesto a las exhibiciones solicitadas por el
actor, como las declaraciones juradas del impuesto a la renta,
liquidación de participación de utilidades, por los referidos periodos.
También existe un error de cálculo concerniente al ejercicio gravable de
los años 2011 y 2012. De la información proporcionada por la
demandada en otros procesos sobre declaración jurada de impuesto a
la renta, se verifica solo la declaración jurada del impuesto a la renta
del periodo 2011 y 2012 de la Empresa Administradora Cerro S.A.C.
donde se aprecia que dicha empresa obtuvo como utilidad neta antes de
impuesto la suma de S/. 147,641,670.00 soles, del cual realizadas las
deducciones y adiciones de acuerdo a Ley se obtenía como renta neta
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imponible la suma de S/.59,991.100 soles siendo la participación de
utilidades la suma de S/.4,799,288.00 soles. La demandada al no
haber cumplido con exhibir la documentación referida se debe de sacar
conclusiones en su contra conforme al artículo 29 de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, esto es, se toma como verdadero la información
brindada por la demandante, por lo tanto, por concepto de utilidades
2011 corresponde pagar la sume de S/22,000.00 soles. Igual criterio se
debe de tener en cuenta con relación a las utilidades del ejercicio 2012,
por lo que le corresponde la suma de S/25,000.00 soles.
II. FUNDAMENTOS:
• De los límites de las facultades de este Tribunal al resolver el recurso de
apelación:
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud
de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la prohibición de
la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los principios dispositivo y de
congruencia procesal que rigen el recurso de apelación, significa que este órgano
superior revisor, al resolver, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o
agravios invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar
la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
• Con relación al agravio 1 y 2 de Empresa Administradora Cerro S.A.C., primer
agravio de COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A. y agravio de la parte
demandante con relación a las utilidades de los años 2010, 2011 y 2012.
2.3. La parte demandante solicita el pago de sus utilidades de los años 2010, 2011 y
2012.
2.4. Cabe precisar que el demandante trabajó para Volcan Cia Minera S.A.A. desde el
13 de junio de 1968 hasta el 31 de enero de 2011 y para la Empresa
Administradora Cerro S.A.C. desde el 01 de febrero de 2011 hasta el 08 de
setiembre de 2012.
2.5. Siendo que los apelantes están cuestionando la liquidación desarrollada por el Juez
de Primera Instancia en tal sentido se debe de verificar si se han generado y pagado
utilidades de los años:
(cid:1) 2010 y 2011 con relación a Volcan Cia Minera S.A.A.
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(cid:1) 2011 y 2012 con relación a Empresa Administradora Cerro S.A.C.
2.6. Es pertinente mencionar que "...cuando corresponda, incumbe al demandado que
sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento
de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su
extinción o inexigibilidad."1
2.7. Cabe señalarse que, de conformidad con los artículos 2° y 4° del Decreto Legislativo
N° 892 y el artículo 2° de la Ley N° 2873, la participación de las utilidades será
calculada sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable; para ello se
compensará la pérdida de ejercicios anteriores, con la renta neta determinada en el
ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en
las utilidades.
2.8. Con relación a las utilidades del 2010 y 2011, respecto de Volcan:
Haciendo una revisión de las Declaraciones de Pago Anual de Impuesto de los años
2010 y 2011, obrante a fojas 152 a 157, y de las Participación en las Utilidades por
el Ejercicio Gravable 2010 y 2011, que han sido adjuntadas por la codemandada
Volcan en su recurso de apelación, los cuales se deben de tener presente en esta
instancia ya que debe de primar la realidad de los hechos más aún que se
encuentran debidamente suscritas por el demandante, se advierte lo siguiente:
RESULTADOS ECONOMICOS VOLCAN
RENTA
DEDUC NETA RENTA NETA IMPONIBLE
AÑO UTILIDAD ADICIONES CIONES UTILIDAD PERDIDA FOJAS
2010 950,045,469.00 47,770,415.00 514,012,263.00 628,944,707.00 46,545,987.00 152
2011 966,016,927.00 140,675,597.00 549,631,327.00 557,061,197.00 48,440,104.00 155
CALCULO DE UTILIDADES D.L. N° 892
DISTRIBUCIÓN DEL 50 % DE PARTICIPACIÓN UTILIDADES EN FUNCIÓN A LOS DÍAS LABORADOS
AÑOS No DiAS 50% PARTIC FACTOR DE No DIAS LAB. PARTIC. UTILIDADES
LABORADOS UTILIDADES DISTRIBUCIÓN POR ACTOR A FAVOR DEL ACTOR
2010 724,028 23,272,993.50 32.14375687 276 8,871.68
2011 426,985 24,220,052.00 56.72343917 32 1,815.15
TOTAL S/. 10,686.83
DISTRIBUCIÓN DEL 50% DE PARTICIPACIÓN UTILIDADES EN FUNCIÓN DE LAS REMUNERACIONES BASICAS PERCIBIDAS
TOTAL DE
AÑOS REMUN. 50% PARTIC FACTOR DE REMUN.PERCIBIDAS PARTIC. UTILIDADES
PERCIBIDAS UTILIDADES DISTRIBUCIÓN POR EL ACTOR A FAVOR DEL ACTOR
2010 151,002,855.03 23,272,993.50 0.154122871 49,984.21 7,703.71
1 De conformidad con el Artículo 23.4, parte pertinente, de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.
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2011 99,064,274.70 24,220,052.00 0.244488258 4,201.87 1,027.31
TOTAL 8,731.02
RESUMEN
AÑO UTILIDAD CAL PAGADO DDA REINT. UTILIDAD
2010 16,575.39 16,565.38 10.01 FJS 280
2011 2,842.46 2,842.46 - FJS 281
Si bien es cierto que en dichos periodos, esto es 2010 y 2011, se generaron
utilidades a favor del demandante, también es cierto que la codemandada Volcan
pagó al demandante:
(cid:2) Por el periodo 2010 el monto de S/16,565.38 soles, pero lo correcto era
S/16,575.39 soles, siendo así se le adeuda al demandante la suma de S/
10.01 soles.
(cid:2) Por el periodo 2011 el monto de S/2,842.46 soles, monto correcto según la
liquidación antes señalada, por lo que no le corresponde reintegro alguno
por dicho periodo.
2.9. Con relación a las utilidades del 2011 y 2012, respecto de Empresa
Administradora Cerro S.A.C.:
Haciendo una revisión de las Declaraciones de Pago Anual de Impuesto de los años
2011 y 2012, obrante a fojas 63 a 71, se advierte lo siguiente:
RESULTADOS ECONOMICOS CERRO SAC
RENTA
DEDUC NETA RENTA NETA IMPONIBLE
AÑO UTILIDAD ADICIONES CIONES UTILIDAD PERDIDA FOJAS
2011 147,641,570.00 83,238,775.00 170,889,345.00 0.00 0.00 0.00 67
2012 85,693,582.00 13,278,537.00 63,000,619.00 35,971,500.00 2,877,720.00 70-137
CALCULO DE UTILIDADES D.L. N° 892
DISTRIBUCIÓN DEL 50 % DE PARTICIPACIÓN UTILIDADES EN FUNCIÓN A LOS DÍAS LABORADOS
AÑOS No DiAS 50% PARTIC FACTOR DE No DIAS LAB. PARTIC. UTILIDADES
LABORADOS UTILIDADES DISTRIBUCIÓN POR ACTOR A FAVOR DEL ACTOR
2012 211,241 1,438,860.00 6.81146179 111 756.07 FJS 137
TOTAL S/. 756.07
DISTRIBUCIÓN DEL 50% DE PARTICIPACIÓN UTILIDADES EN FUNCIÓN DE LAS REMUNERACIONES BASICAS PERCIBIDAS
TOTAL DE
AÑOS REMUN. 50% PARTIC FACTOR DE REMUN.PERCIBIDAS PARTIC. UTILIDADES
PERCIBIDAS UTILIDADES DISTRIBUCIÓN POR EL ACTOR A FAVOR DEL ACTOR
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SENTENCIA DE VISTA
2012 43,073,592.08 1,438,860.00 0.03340469 30,274.98 1,011.33 FJS 137
TOTAL 1,011.33
TOTAL S/. 1,767.40
De lo antes detallado, se aprecia que por el periodo 2011 la codemandada no tiene
renta neta imponible para repartir, por lo que no se generó utilidades a favor del
demandante.
Por otro lado por el periodo 2012, si hay renta imponible, por lo que le corresponde
al demandante el monto de S/1,767.40 soles.
• CON RELACIÓN A LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO, cuestionado por ambas
codemandadas.
2.10. En cuanto a la responsabilidad en el pago, pese a que se ha determinado que el
actor trabajó para la demandada Volcán Compañía Minera S.A.A. durante el periodo
comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 31 de enero del 2011 y para la
Empresa Administradora Cerro S.A.C desde el 01 de febrero del 2011 hasta el 08 de
setiembre del 2012, fecha en que cesó, pero, sin embargo, estando a que la
Empresa Volcán Compañía Minera S.A.A por medio de un proceso de reorganización
simple segregó el bloque patrimonial a favor de la Empresa Administradora Cerro
S.A.C., incluyendo obligaciones que lo integran, según documento de fojas 92 a 104;
y estando además a la despersonalización del empleador y al principio de
continuidad, por cuanto el cambio de empleador no interrumpe la relación laboral,
la que siempre será considerada como permanente y continua, ésto es, que desde su
inicio hasta el 08 de setiembre del 2012 corresponde a la empresa adquiriente
asumir en este tiempo el activo y pasivo del vínculo laboral del demandante, por lo
tanto la responsabilidad de las obligaciones que provengan como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo del actor, debe
ser asumida por la empresa adquiriente, en este caso la Empresa Administradora
Cerro S.A.C.; razones por las cuales le corresponde a ésta, asumir la
responsabilidad en el pago.
III. DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos, por éste Tribunal Unipersonal, impartiendo
justicia en nombre del pueblo y por mandato constitucional; RESUELVE:
• CONFIRMAR LA SENTENCIA Nº 325-2016-13 JELPL, de fecha
11.11.2016, obrante a fojas 258 a 267, que declara:
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SENTENCIA DE VISTA
1. FUNDADA EN PARTE la demanda, sobre pago de utilidades.
2. MODIFICANDO LA SUMA A PAGAR, ORDENARON a la demandada
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. cumpla con abonar al actor la
suma de S/.1,777.41 soles (MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y
41/100 SOLES) por concepto de utilidades del año 2010 y 2012, más
intereses legales, costos y costas.
En los seguidos por HUGO ROJAS LUQUILLAS contra la EMPRESA
ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. Y VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.; sobre
Pago de Utilidades; y los devolvieron a su Juzgado de origen. Notifíquese.-
BARREDA MAZUELOS
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DE LIMA
EXPEDIENTE : 20065- 2015– 0 -1801- JR-LA-13
DEMANDANTE : HUGO ROJAS LUQUILLAS
DEMANDADO : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Y OTRO
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : KEYSI KALONDY BECERRA ATAUCONCHA
SECRETARIO : MARCO ALVARADO URRUNAGA
Resolución N° SEIS
Lima, tres de marzo del dos mil diecisiete.-
A la vista el escrito N° 52356-2017 de fecha 09.02.2017 y recepcionado por secretaria el
día 17.02.2017 presentados por el actor, con su respectivos aranceles judiciales de
apelación y cédulas de notificación: Téngase por cumplido, procediendo a dar cuenta el
escrito de apelación de sentencia de fecha 17.01.2017; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución N° 3 de fecha 11 de noviembre del 2016 se expide
sentencia, declarando fundada en parte la demanda, habiendo sido notificada las
partes el 10 de enero del 2017, conforme fluye del cargo de notificación electrónica.
SEGUNDO: En razón al medio impugnatorio interpuesto por el actor, es de verse que
este ha sido presentado dentro del quinto día hábil conforme lo normado en el artículo
32° de la Ley 27497, así también se ha fundamentado el error de hecho y derecho,
precisando los agravios y expresado sus pretensiones impugnatorias conforme lo
estipulado en el artículo 366° del Código Procesal Civil.
TERCERO: En base a lo expuesto, corresponde conceder el recurso de apelación
interpuesto, debiendo tenerse en cuenta, que la resolución materia de apelación es una
sentencia, debiendo por tal motivo concederse con efecto suspensivo de acuerdo a lo
regulado en el artículo 371° del Código Procesal Civil.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
1) CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por las dos demandadas, CON
EFECTO SUSPENSIVO contra la sentencia emitida mediante Resolución N° 03 del
11 de noviembre del 2016.-
2) ELEVAR LOS ACTUADOS al superior en grado, con los cargos anexos de la
presente resolución, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Interviniendo
el secretario cursor por disposición superior.
NOTIIFCANDOSE.- |
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LIMA
EXPEDIENTE : 20065- 2015– 0 -1801- JR-LA-13
DEMANDANTE : HUGO ROJAS LUQUILLAS
DEMANDADO : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Y OTRO
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : KEYSI KALONDY BECERRA ATAUCONCHA
SECRETARIO : GILMER COJAL ORTIZ
Resolución N° CUATRO
Lima, treinta de enero del dos mil diecisiete.-
A la vista los dos escritos de las demandadas N° 23722-2017 y 23699-2017 presentados con
su respectivos aranceles judiciales de apelación individual y cédulas de notificación, recibido
del CDM en la fecha: Téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante Resolución N° 3 de fecha 11 de noviembre del 2016 se expide
sentencia, declarando fundada en parte la demanda, habiendo sido notificada las partes el
10 de enero del 2017, conforme fluye del cargo de notificación electrónica.
SEGUNDO: En razón al medio impugnatorio interpuesto por las dos demandada, es de
verse que este ha sido presentado dentro del quinto día hábil conforme lo normado en el
artículo 32° de la Ley 27497, así también se ha fundamentado el error de hecho y derecho,
precisando los agravios y expresado sus pretensiones impugnatorias conforme lo estipulado
en el artículo 366° del Código Procesal Civil.
TERCERO: En base a lo expuesto, corresponde conceder el recurso de apelación interpuesto,
debiendo tenerse en cuenta, que la resolución materia de apelación es una sentencia,
debiendo por tal motivo concederse con efecto suspensivo de acuerdo a lo regulado en el
artículo 371° del Código Procesal Civil.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
1) CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por las dos demandadas, CON
EFECTO SUSPENSIVO contra la sentencia emitida mediante Resolución N° 03 del 11 de
noviembre del 2016.-
2) ELEVAR LOS ACTUADOS al superior en grado, con los cargos anexos de la presente
resolución, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. AVOCÁNDOSE en
conocimiento de la presente causa la señora Juez Titular que suscribe en mérito a la
Resolución Administrativa N° 745-2016-P-CSJLI/PJ. Interviniendo el secretario cursor
por disposición superior, reasignación en aplicación del Nuevo Modelo Corporativo en
Materia Laboral, el cual se está implementando en el Módulo II; habiendo sido reasignado
en la fecha en el presente expediente. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Demandante: Hugo Roja Luquillas
Demandada: Empresa Administradora Cerro S.A.C, y Volcán Compañía Minera SAC
Materia: Pago de Utilidades
Expediente N°20065-2015-0-1801-JR-LA-13.
Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado
Secretario: Cindy Vanessa Pereda Navarro
SENTENCIA N° 325-2016-13°JELPL
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, Once de noviembre del dos mil dieciséis.
I) ANTECEDENTES:
Fundamentos de la Demanda:
De acuerdo con la demanda de fojas 28/40 y de lo expuesto en la audiencia de
juzgamiento sostiene que ha laborado para la empresa Volcán Compañía Minera SA
desempeñándose en el cargo de Operario en mina desde el 13 de junio de 1968 hasta el
31 de enero del 2011 para su ex empleador, acumulando 44 años, 2 meses y 27 días
ininterrumpidos, lo que prueba con el certificado de trabajo, boletas de pago mensual,
liquidación de beneficios sociales que adjunta. La empresa Volcán Compañía Minera
SAA, Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco a partir del 1 de febrero del 2011
y mediante un proceso de reorganización simple, Volcán procedió a la creación de la
empresa Administradora Cerro SAC, en calidad de empresa subsidiaria. La empresa
Cerro SAC fue creada el 29 de diciembre del 2010 con un capital social de S/.10,000.00
soles con acciones por un valor nominal d S/.1.00, de los cuales Volcán suscribió y pagó
el 99.99 % y el 00.01% restante fue suscrito y pagado por Empresa Administradora
Chungar de la cual Volcan es la propietaria del 100% de las acciones. Una vez constituida
Cerro SAC los trabajadores afiliados al Sindicato como es el caso del demandante sin ser
consultados ni mucho menos dar su consentimiento ni aceptación fueron cedidos de
manera ilegal a la empresa CERRO SAC quien hasta el día de hoy actúa en calidad de
“empleador aparente” de los trabajadores, sin embargo su “empleador real” continua
siendo Volcan. Si ambas empresas tienen personería jurídica y razón social diferente en
los hechos Volcan continua siendo “empleador real” de los trabajadores afiliados, en
tanto Cerro SAC es una empresa creada para distorsionar las relaciones laborales. Todo
ello nos permite sostener que la creación de Cerro SAC tiene una finalidad fraudulenta
dirigida a evitar el pago de utilidades, incumplir con el pago oportuno de las
remuneraciones, vulnerar el derecho a la negociación colectiva, incumplir con el pago de
los beneficios laborales y finalmente cesar a los trabajadores.
Fundamentos de la Contestación de la Empresa Administradora Cerro SAC
Sostiene que es falso que hayan participado en algún tipo de fraude puesto que la
constitución de la misma fue plenamente válida y conforme a derecho, como quedará
demostrado a lo largo del presente proceso. Evitar el pago de utilidades al demandante
no puede ser de ninguna manera la justificación de una operación de tal envergadura
como lo fue la reorganización simple efectuada por Volcán, principalmente porque ni
Volcan no Cerro obtuvieron ningún provecho distinto al no ahorrar costos operativos y
de mantenimiento como consta en el Proyecto de Reorganización Simple, al momento de
llevar a cabo la mencionada operación, toda vez que el monto total de utilidades que a
Volcan le correspondería repartir no variaría aunque la empresa contara con 1000 a 5000 trabajadores. los trabajadores de la empresa Administradora Cerro SAC han tenido
oportunidad de ejercer su libertad sindical y constituir una organización en defensa de
sus trabajadores, denominada Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la
Empresa Administradora Cerro SAC de conformidad con el artículo 5 literal a) del texto
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobada por DS N° 010-
2003-TR es un Sindicato de Empresa. La empresa Administradora Cerro SAC ha suscrito
convenios colectivos de trabajo con el Sindicato antes citado, evidenciándose una
autonomía que es reconocida por la propia organización sindical, al momento de celebrar
una convención colectiva de trabajo. El demandante fue trabajador de Cerro SAC entre el
periodo 2011 al 2013 conforme aparece en el Certificado de Trabajo que presenta en su
demanda y reclama el adeudo de su Participación de Utilidades de los ejercicios 2010,
2011 y 2012. Sin embargo con los documentos que presentan como prueba, las
participaciones de las utilidades del ejercicio 2010, no existen porque la empresa recién
tiene existencia legal en el año 2011, en el ejercicio 2011 la empresa no generó utilidades
por repartir y si existieron utilidades en el ejercicio 2012 que están pendientes de pagos.
Fundamentos de la contestación de Volcan Compañía Minera S.A.A
La demandada niega que dicha reorganización empresarial haya tenido una finalidad
fraudulenta como falsamente se afirma en el escrito de demanda, niegan que hayan sido
la empleadora del demandante desde el 1 de febrero del 2011, pues por el contrario el
demandante estuvo subordinado a la Empresa Administradora Cerro SAC codemandada
en este proceso. No es cierto que el traspaso del demandante a la Empresa
Administradora Cerro SAC se haya efectuado de forma ilegal, además de negar que el
personal de dirección de Volcan preste servicios paralelos para la Empresa
Administradora Cerro SAC. Finalmente niegan que tengan deuda alguna por la
participación de utilidades que le correspondió al demandante por los ejercicios 2010 y
2011 las cuales se encuentran pagadas conforme lo demuestran con sus medios
probatorios y que no tienen la obligación de pagar utilidades del ejercicio 2012 si el
demandante no fue trabajador en dicho año.
II). ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO.- La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, en su artículo 1º del Título
Preliminar, prescribe que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de
inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.-
SEGUNDO.- Que, asimismo prevé en el Artículo III del Título Preliminar de la ley 29497,
sobre los fundamentos del proceso laboral que los jueces deben evitar que la desigualdad
entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los
requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso,
observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En
particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la
persona con discapacidad.
TERCERO.- Que, conforme a lo establecido en el Art. 29 de la Ley 29497, en la que se
señala las Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes, en las que el juez
puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su
conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad
probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende
que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o
económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al
material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde
evasivamente.
CUARTO.- Conforme se establece en el Artículo 23.1 de la Ley 29497 la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales; que, asimismo, el artículo 197º del Código Procesal Civil (CPC), de aplicación
supletoria al caso de autos, señala que: “Todos los medios probatorios son valorados por
el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión”. Asimismo, el artículo 188° del CPC, se colige que la finalidad de
los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones; siendo así,
es admisible todo medio probatorio que sirva a la formación de la convicción del Juez,
siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público a la moral
o las buenas costumbres
QUINTO.- Objeto de la controversia:
5.1. La controversia se circunscribe en:
Determinar si es que le corresponde al demandante el pago en forma solidaria por
concepto de utilidades del Ejercicio Económico del 2010, 2011 y 2012 más el pago de los
intereses legales, costas y costos del presente proceso.
SEXTO: De la Solidaridad de las empresas demandadas
6.1. Como se advierte de la demanda interpuesta el actor ha dirigido su acción en contra
de las empresas Volcán Compañía Minera SAA y contra Empresa Administradora
Cerro SAC, advirtiéndose de los actuados que el demandante laboró para Volcán
Minera SAA desde el 13 de junio de 1968 hasta el 31 de enero del 2011, y para la
empresa Administradora Cerro SAC desde el 1 de febrero del 2011 hasta el 8 de
setiembre del 2012.
6.2. Deberá de tenerse en cuenta que en tanto que se alega la vinculación económica entre
las codemandadas, corresponde realizar el análisis doctrinario y jurídico pertinente a
efectos de determinar si la posición de la parte demandante es estimable y si,
eventualmente, en caso de determinarse que así fuese, este solo hecho justificaría que las
codemandadas tengan que pagar solidariamente los beneficios económicos pretendidos.
6.3. La doctrina uniforme considera que en la práctica mercantil, es frecuente que los
empresarios desarrollen sus actividades económicas, a través de varias sociedades
vinculadas entre sí; en unos casos teniendo una sociedad dominante y otras dependientes
de ella y, otros casos, teniendo varias sociedades independientes sin que una sea la
dominante pero que tiene vinculación en diversos aspectos (dirección unitaria,
participación accionarial, unidad de actividad, etc.). Esta diversidad de prácticas
societarias, genera dificultades en el ámbito laboral, en la identificación del empleador
para determinar sus responsabilidades frente a los trabajadores, quienes generalmente
en tales situaciones invocan la responsabilidad solidaria de todas ellas. 6.4. En dichas situaciones se deberá de tener en cuenta que la jurisprudencia ha abordado
esta problemática; aunque inicialmente sin reconocer la relevancia del hecho de la
pertenencia de la Empresa a un Grupo de empresas y actualmente admitiendo la
trascendencia de la vinculación de una empresa a un grupo de empresas y cuando
concurre con otros elementos adicionales, para poder establecer la responsabilidad
solidaria; en tal sentido a establecido como criterio general, que la simple concurrencia de
vínculos accionariales, funcionales o de gestión no modifican por sí mismos la
configuración individual y personalidad de las empresas, es decir no basta el hecho de
que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial, para que surja la
responsabilidad solidaria, sino que es necesario la concurrencia de circunstancias o
requisitos adicionales.
6.5. Las profesoras Erika Valdivieso López y Milagros Olivos Celis, en su artículo titulado
“Los Criterios de Vinculación y la Responsabilidad Solidaria en los Grupos de Empresas.
A Propósito de una Casación en Materia Laboral”, publicado la Revista de Investigación
Jurídica IUS, publicada en el Link: “intranet.usat.edu.pe/usat/ius/.../Erika-Valdivieso-y-
Milagros-Olivos.pdf”, han señalado, entre los elementos o circunstancias adicionales que
determinarían la responsabilidad solidaria del Grupo de empresas, y que justificarían la
aplicación de la teoría del levantamiento del velo -aunque sólo concurra alguno de ellos-,
podemos citar los siguientes:
a) Prestación de servicios para las diferentes empresas que forman parte del Grupo, ya
sea de forma simultánea, alternativa o sucesiva; debiendo sin embargo precisarse, como
regla general, la licitud de los fenómenos de circulación de trabajadores dentro de las
empresas del mismo Grupo, siempre que obedezcan a razones técnicas y organizativas
derivadas de la división del trabajo dentro del Grupo de empresas y no pretendan una
interposición ilícita en el contrato para ocultar el empresario real, pues en éste caso tal
prestación de servicios para diferentes empresas podría motivar el establecimiento de
una responsabilidad solidaria entre ellas.
b) Actuación y dirección unitaria del Grupo o conjunto de empresas, es decir, que exista
una empresa dominante con un poder de dirección y prevalencia sobre las relaciones
económicas, financieras y laborales de las demás empresas, de manera que ninguna de las
otras empresas tenga autonomía económica y jurídica.
c) Confusión de patrimonios. Este requisito concurre en aquellos supuestos en los que
existe la denominada "caja única" entre varias empresas, es decir, cuando los pagos e
ingresos se realizan de modo indistinto en el patrimonio de una u otra sociedad.
d) Apariencia externa unitaria. Las diferentes empresas actúan en el mercado de modo
conjunto, lo que provoca la confusión frente a los terceros que contratan de buena fe con
empresas del Grupo.
e) Utilización fraudulenta de la personalidad jurídica de las empresas del Grupo en
perjuicio de los derechos de los trabajadores (que las empresas tenga el mismo objeto
social).
f) Creación de empresas aparentes sin sustento real (sin patrimonio real), que provoca la
imposibilidad de hacer efectivas las responsabilidades laborales. 6.6. UBILLUS BRACAMONTE (citado por las profesoras antes mencionadas), refiere que
en España los jueces han establecido características específicas para la aparición del
fenómeno empresarial. De esta manera se ha considerado que los elementos esenciales
del grupo como son: pluralidad de empresarios y dirección unitaria; son insuficientes
para identificarlo, exigiendo elementos adicionales alternativos en la búsqueda de un
concepto de grupo a efectos laborales. Dichos elementos adicionales alternativo son: a)
Prestación de servicios a distintas empresas del grupo1[1]; b) Confusión de patrimonios y
plantilla única2[2]; c) Apariencia externa de unidad empresarial y de dirección3[3]; y d)
Creación de empresas aparentes sin sustrato real4[4].
6.7. Conforme a lo señalado, cabe afirmar que la determinación de la responsabilidad
solidaria, en los casos en que se invoque la existencia del grupo de empresas, deberá
sustentarse en la aplicación del primacía de la realidad y de la seguridad jurídica, es decir
más allá de los formalismos jurídicos y con independencia de que concurran uno o varios
de los requisitos referidos, tal determinación dependerá de la estructura del grupo
empresarial, de las notas funcionales de las relaciones labores y de los perjuicios que
pueda suponer para el trabajador la existencia del grupo de empresas; sin embargo
deberá evitarse que la responsabilidad en la averiguación de los aspectos internos de la
empresa que son difíciles de descubrir recaigan exclusivamente en el trabajador; y
teniendo presente la ilicitud que supone la creación de empresas ficticias sobre las que no
se puedan hacer efectivas las responsabilidades laborales.
6.8. Lo anterior supone pues la necesidad de que el trabajador cumpla su carga
probatoria, conforme a lo previsto en el numeral 23.1) del artículo 23° de la NLPT, de
acreditar los hechos alegados en el proceso, ya sea con los medios probatorios típicos o a
través de los indicios, conforme así lo establece el numeral 23.5); así en relación a la
invocación de la responsabilidad solidaria de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA SAA y
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC deberá acreditarse:
- Las empresas signadas como conformantes del grupo de empresas, actúan
conjuntamente en el mercado y con una dirección unitaria (elemento esencial o más
relevante);
- Hay trabajadores que prestan sus servicios de modo indistinto para algunas o varias de
ellas;
- La empresa que tiene a su nombre al trabajador no tiene patrimonio real o no tiene
autonomía en su gestión empresarial;
- El objeto social de las empresas del grupo sea el mismo;
1[1] Inicialmente la Sentencia de la Corte Superior de Trujillo de 24 de febrero de 1982 declaró que existía responsabilidad solidaria de
dos empresas vinculadas en el pago de beneficios sociales cuando la trabajadora había prestado – de manera efectiva- servicios a
empresas o negocios conexos y bajo la gerencia de la misma persona. Sentencia de la Corte Superior de Trujillo de 24 de febrero de
1982. Exp. N°112-82.
2[2] En este sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en lo seguidos por Luis Miguel Medina
Cueva contra Aero continente S.A. y Sistema de Distribución Mundial S.A.C., atribuyó responsabilidad laboral solidaria a ambas
empresas. Para ello se basó en primer lugar en la vinculación vertical entre ellas (Aerocontinente S.A. era la accionista mayoritaria de
Sistema de Distribución Mundial S.A.C.); y, en segundo lugar, en el hecho de que el trabajador prestó servicios para las dos, lo cual se
acreditado con los certificados de trabajo otorgados al demandante. Casación Nº 951- 2005- Lima emitido por la Primera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria. Cfr. UBILLÚS BRACAMONTE, Rolando Enrique. “Problemática sobre la identificación del
empleador y el tipo de Responsabilidad en los grupos de empresas” En Revista IUS de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT. http://www.usat.edu.pe/usat/ius/files/2011/07/IDENTIFICACION-DEL-EMPLEADOR -
UBILLUS.pdf. Último acceso 17.02.12.
3[3] Para configurar este indicio es necesario la presencia de elementos tales como: la igualdad en el objeto social, la publicidad conjunta
y la utilización de las mismas marcas comerciales. Además, se incluyen: la igualdad de domicilio social, infraestructura empresarial
común, elementos que ya hemos mencionado como indicativos de la confusión de patrimonios. Este criterio fue asumido en el Exp. Nº
4388-2004-BE-A del 30 de diciembre de 2004. UBILLÚS BRACAMONTE, Rolando Enrique. Op. Cit. p. 13
4[4] Este es un indicio de abuso de la personalidad. Un tipo de creación de empresas aparente sin sustrato real se configura en el caso
de infra capitalización de empresas, lo cual sucede cuando un empresario crea una empresa sin la provisión de un capital adecuado.
Ídem. 6.9. Tales hechos evidenciarán pues el fraude o la ficción en la utilización de las empresas
del grupo con el propósito de evadir las obligaciones laborales; y cumplido dicha
exigencia probatoria sin necesidad de que concurran todos los requisitos exigidos, se
podrá declarar la responsabilidad patrimonial solidaria de las codemandadas.
6.10. Lo referido resulta compatible con el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008, que adoptó
el acuerdo en relación al Tema N° 02 en los términos siguientes: “Existe solidaridad en las
obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo
1183° del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista vinculación económica, grupo
de empresas o se evidencia la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de
los trabajadores”; de lo que se infiere que la responsabilidad solidaria, no surge por el sólo
hecho de ser parte del grupo de empresas, o estar vinculada económicamente a otra, sino
que cuando se muestre la existencia de fraude o ánimo de ocultarse bajo otra persona
jurídica a fin de evitar cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores, por motivos de
capacidad económica, etc.; pudiendo en tal sentido determinarse a una sola de las
empresas como la única responsable, por sobre las varias empresas que en apariencia
forman parte del grupo.
6.11. Asimismo, se deberá de tener en cuenta que la Resolución CONASEV N° 90-2005-
EF/94.10 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de diciembre del 2005 ha
establecido en su artículo 5° que existe vinculación económica entre personas jurídicas
cuando se producen los siguientes supuestos: “a) Cuando forman parte del mismo grupo
económico, tal como se define en el artículo 75[5]. b) Cuando una misma garantía respalda las
obligaciones de ambas, o cuando más del 50% de las de una de ellas son garantizadas por la otra, y
esta otra no es empresa del sistema financiero. c) Cuando más del 50% de las obligaciones de una
persona jurídica son acreencias de la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero. d)
Cuando una persona jurídica tiene, directa o indirectamente, una participación en el capital social
de otra que le permite tener presencia en su directorio. e) Cuando un tercio o más de los miembros
del directorio o de los gerentes de una de ellas son directores, gerentes o trabajadores de la otra”.
6.12. En el presente caso, el actor alega que las empresas VOLCAN COMPAÑÍA
MINERA SAA y EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO SAC, están vinculadas
económicamente; en este sentido, este juzgado considera recabar e incorporar en este acto
las consultas RUC de ambas empresas codemandadas, de las cuales se advierte que las
codemandadas tienen la misma actividad económica, esto es “Extracción de Otros
Minerales Metalíferos No Ferrosos”, que el domicilio fiscal se encuentra ubicado para
ambas en la dirección: “Av. Manuel Olguín N° 375. Urb. Los Granados Lima – Santiago
de Surco” de dichos medios probatorios se infiere la concurrencia de circunstancias
objetivas que permiten a ésta judicatura concluir que entre las empresas codemandadas si
existió vinculación económica, máxime si las codemandadas no han contradicho lo
alegado por el demandante y asimismo si se advierte que en la audiencia de juzgamiento
han tenido ambas empresas la misma defensa jurídica; habiendo las codemandadas
otorgado poder a favor del Dr. JUAN OBREGU LÓPEZ.
6.13. Respecto que si el hecho que las empresas codemandadas tengan vinculación
económica, implica que debe reconocerse que el vínculo laboral del actor se extendió
desde el 13 de junio de 1968 al 8 de setiembre del 2012 y si las mismas están obligadas
a asumir solidariamente las obligaciones que pudieran reconocerse a favor del actor en
5[5] Dicho artículo señala lo siguiente: Artículo 7°.- “Grupo Económico es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto
social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales (…)” éste proceso; cabe señalar que como consecuencia de la vinculación económica existente
entre las codemandadas debe reconocerse que el vínculo laboral del actor se extendió
hasta el 8 de setiembre del 2012, en aplicación de los Principios de Continuidad y de
Despersonalización del empleador concluyéndose que el demandante mantuvo un
vínculo contractual ininterrumpido con las codemandadas por el período comprendido
desde 13 de junio de 1968 al 8 de setiembre del 2012.
6.14. Finalmente, en lo que respecta a determinar como consecuencia de la vinculación
económica existente entre las codemandadas están obligadas a asumir solidariamente las
obligaciones que pudieran reconocerse a favor del actor en este proceso, es de destacarse
que conforme a lo dispuesto por el Pleno Jurisdiccional Laboral 2008: “Existe solidaridad en
las obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo
1183° del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista vinculación económica, grupo
de empresas o se evidencia la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de
los trabajadores”; de lo que se infiere que la responsabilidad solidaria, no surge por el
sólo hecho de ser parte del grupo de empresas, o estar vinculada económicamente a
otra, sino que cuando se muestre la existencia de fraude o ánimo de ocultarse bajo otra
persona jurídica a fin de evitar cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores, por
motivos de capacidad económica, etc.; pudiendo en tal sentido determinarse a una sola
de las empresas como la única responsable, por sobre las varias empresas que en
apariencia forman parte del grupo.
6.15. En consecuencia esta Judicatura concluye que debe reconocerse la obligación
solidaria de las codemandadas para asumir el pago de las obligaciones que pudieran
reconocerse a al demandante en éste proceso.
SÉTIMO: De las Cuestiones Probatorias
De las Oposición formulada por ambas empresas demandadas Cerro SAC y Volcán
Compañía Minera SAA.
7.1. Con ocasión al desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento (minuto 00:12:52 registro
de audio y video) el representante de la codemandada demandada Cerro SAC formula
oposición a las exhibiciones solicitadas en los numerales 5, 6, 8, 10 y 11 sosteniendo que
en el caso de las 2 primeras 5 y 6 no se indica cuál de las codemandadas debe prestar esta
exhibición, porque son 2 empresas demandadas diferentes. En segundo lugar consideran
pertinente que en el caso de Cerro SAC tiene existencia legal desde el año 2010, no tiene
utilidades del año 2011, siendo imposible presentar estos documentos. Con relación a la
exhibición de las planillas, estando que si son por repartir, en las planillas no aparecen las
remuneraciones que son materia de repartija, siendo imposible solicitar dicha exhibición.
Por esas circunstancias solicita que se declare fundada la oposición.
7.2. Asimismo en el minuto 00:14:51 registro de audio y video, el representante de la
empresa codemandada Volcán Compañía Minera SAC formuló oposición señalando que
es de verse sobre las exhibiciones solicitadas en los puntos 9, 10 y 11, en este caso no se
detalla cuál de las empresas debe realizar estas exhibiciones, se debe tener en cuenta que
son 2 empresas demandadas. Asimismo sostiene que resulta impertinente exhibir la
documentación del año 2012, por cuanto en dicha fecha el demandante ya no laboraba
para la empresa Volcan sino para Cerro SAC. Por tal motivo solicita que se declare
fundada la oposición. 7.3. Por su parte la defensa de la parte demandante sostiene que (minuto 00:16:22 registro
de audio y video) el 29 de diciembre del año 2010 cuando fue creado con la suma de
S/.100,000.00 soles la empresa Administradora Cerro SAC en el cual se crea con ánimo de
vulnerar los derechos de los trabajadores. En el año 2010 justamente cuando ya pretende
subsumir los activos y pasivos de Volcan Compañía Minera, esto no significa que las
empresas no tengan responsabilidad solidaria, la oposición de lo que versa de la
exhibición, está probado que las codemandadas tienen la misma unidad empresarial,
razón por la cual solicita el pago solidario. El abogado y apoderado son de la misma
empresa pero con diferentes razones sociales.
7.4. Es de verse que una de los fundamentos de defensa por parte del representante de las
codemandadas es que el demandante no ha precisado cuál de las empresas demandadas
debían presentar las exhibiciones solicitadas en el escrito de demanda, sin embargo es de
verse que en sexto considerando de la presente resolución se ha establecido que ambas
empresas codemandadas son responsables de manera solidaria, más aún si se advierte
que el abogado que las defiende es el mismo para ambas, en ese sentido NO
CORRESPONDE AMPARAR LA OPOSICIÓN FORMULADA POR EL
REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS.
OCTAVO: Del Pago de Utilidades.
8.1. En relación a la participación en las UTILIDADES generadas por una empresa,
nuestra Constitución señala en su artículo 29° “El Estado reconoce el derecho de los
trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de
participación”; en ese sentido, su aplicación se encuentra regulada por el Decreto
Legislativo N° 892, el cual en su artículo 2° establece que la participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa se realiza en función a un porcentaje de la
renta anual antes de impuestos.
8.2. Debe tenerse presente el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 892 que establece lo
siguiente:
“La participación en las utilidades a que se refiere el artículo 2° del presente Decreto se
calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después
de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del
Impuesto a la Renta”.
8.3. Según las reglas establecidas por los Decretos Legislativos N°s 677 y 892 y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-98-TR, para que los trabajadores
tengan derecho a recibir utilidades, deben presentarse las siguientes situaciones: a) el
empleador debe estar comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, b) el
trabajador debe laborar en una empresa que genere rentas de tercera categoría, c) el
trabajador debe estar incorporado a la empresa mediante un contrato de trabajo, sea a
tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial, así lo establecen los
artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 892, debiendo exceptuarse de sus alcances a
los trabajadores de cooperativas, de empresas autogestionarias, de sociedades civiles y en
general, de todas aquellas empresas que no cuenten con más de 20 trabajadores.
8.4. Es del caso señalar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto
Legislativo N° 892 y en concordancia con el artículo 16° del Decreto Supremo N° 009-98-
TR, es obligación del empleador entregar una hoja de liquidación a los trabajadores y ex
trabajadores que participen en la distribución de las utilidades de un ejercicio gravable, al momento del pago de la participación en las utilidades, que precise el nombre o razón
social del empleador, el nombre completo del trabajador., el número de días laborados
por el trabajador, la remuneración percibida por el trabajador, y considerada para el
cálculo de las utilidades, el número del total de días laborados por todos los trabajadores
de la empresa con derecho a percibir utilidades, la remuneración total pagada a todos los
trabajadores de la empresa, el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el
caso.
8.5. En ese sentido la naturaleza jurídica del derecho a participar en las utilidades consiste
en un beneficio del trabajador que se deriva del hecho de haber contribuido a que la
empresa genere ganancias, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 892.
8.6. En el caso de autos, es del caso señalar que el demandante reclama las
correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012; sin embargo, se advierte que el
demandante laboró para Volcan sólo hasta febrero del 2011, siendo que, partir de febrero
del 2011 fue incorporado a la demandada Empresa Administradora Cerro SAC; por
consiguiente ha prestado servicios para la demandada Volcan Compañía Minera S.A.A,
correspondiendo determinar:
12 Meses 1 Mes 11 Meses
Del 01/02/2011 al
HASTA 31/01/2011 08/09/2011
EMPRESA VOLCAN EMPRESA VOLCAN ADMINSTRADORA
CÍA. MINERA SAA CÍA. MINERA SAA CERRO SAC
CONCEPTO 2010 2011 2012
Renta antes de Impuesto 483,803,621.00 59,991,100.00 35,971,500.00
8% Participación de Trabajadores 38,704,289.68 4,799,288.00 2,877,720.00
B.1 50% de B 19,352,144.84 2,399,644.00 1,438,860.00
Días Laborados todos trabajadores 425,984 426,984 480,732
C.1 Factor Aplicac : B.1/C 45.42927631 5.619985761 2.993060583
Remuneraciones Percibidas todos trabaj. 151,002,855.03 99,064,274.70 99,064,274.70
D.1 Factor Aplicac : B.1/D 0.000000301 0.024223102 0.014524510
CONCEPTO 2010 2011 2012
Días Laborados por el trabajador 240 32 168
A.1 Factor Aplicable 45.42927631 5.619985761 2.993060583
A.2 Participación por días trabajados 10,903.03 179.84 502.83
Remuneraciones Percibidas por trabajador 46,668.16 4,201.87 45,010.42
B.1 Factor Aplicable 0.000000301 0.024223102 0.014524510
Participación por remuneraciones
B.2 percibidos 0.01 101.78 653.75
Total Participación Utilidad Trabajador (A.2+B.2) 10,903.04 281.62 1,156.59
8.7. Del cuadro que antecede se determina que se le debe al demandante la suma de
S/.10,903.04 soles por el periodo del 2010; dicha información se determina a través
de los medios probatorios obrantes en autos de fojas 152/153. Asimismo respecto al periodo 2011 al demandante se le adeuda la suma de S/.281.62 soles, dicho resultado
se obtiene de los documentos obrantes de fojas 63/66 de autos, finalmente respecto
al periodo correspondiente al 2012 se obtiene que la suma que se le adeuda al actor
corresponde a S/.1,156.59 soles conforme se ha obtenido de la documentación
obrante de fojas 68/71 correspondiente a las declaraciones juradas y a las boletas de
pago obrantes de fojas 4/16 de autos. Finalmente se determina que al actor se le
adeuda la suma total de S/.12,341.25 soles.
RESUMEN
Años Importe
2010 10903.04
2011 281.62
2012 1156.59
Total S/. 12,341.25
NOVENO.- De las Costas y Costos:
9.1. A |
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DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO CON
SUB ESPECIALIDAD PROCESOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS LABORALES
EXPEDIENTE : 20412-2015-0-1801-JR-LA-59
ESPECIALISTA : GARCÍA SÁNCHEZ
SENTENCIA N° 482
RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE
Lima, veintiuno de octubre del año dos mil veintidós.-
VISTOS:
La demanda interpuesta por INDUSTRIA HILANDERA S.A.C contra el
MINISTERIO DE TRABAJO PROMOCION Y EMPLEO representado por el
PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO sobre Nulidad de Resolución o Acto
administrativo; pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución Sub
Directoral N° 110-2014-MTPE/1/20.43 de fecha 03.02.2014 y la Directoral N°
226-2015-MTPE/1/20.43 de fecha 26.09.2011 y la nulidad de la.
I. PARTE EXPOSITIVA
1.1 Síntesis de la demanda.
El recurrente indica que el 13 de diciembre del 2002 el sindicato de
trabajadores Textil Industrial Hilandera y su representada suscribieron Convenio
colectivo y pactaron textualmente dejar sin efecto que la empresa otorgue a
sus trabajadores obreros estables y afiliados al Sindicato la Prima Textil (10%)
y conciliaron que la empresa otorgaría a sus trabajadores afiliados al sindicato
una bonificación compensatoria de S/. 8.97 soles por día real y efectivamente
laborado en sustitución de la eliminación de ciertas asignaciones y de la prima
textil (10%). Además, señala que mediante convención colectiva de fecha 03 de
enero de 2012 en el punto cuarto acordaron que a partir del 01 de enero del
2012 se restituiría el pago de la Prima Textil (10%); y en una clausula adicional
convino reducir el monto de la Bonificación Compensatoria pactada el 13 de
1 Diciembre del 2002 de S/. 8.97 a la suma de s/. 5.5. por día real y
efectivamente laborado.
Manifiesta que, la Resolución Sub Directoral N° 110-2014-MTPE/1/20.43 ha sido
emitida con criterios erróneos, ya que en el punto noveno de la resolución
señala que: la Bonificación Compensatoria de S/.8.97 por día real y
efectivamente laborado pactada por acuerdo de partes en la Convención
colectiva de fecha 13.12.2002 en sustitución de la prima textil no se aplica
proporcionalmente a todos los conceptos remunerativos tal como la
remuneración dominical, constituyendo un importe fijo que no podría ser
modificado de acuerdo a convención colectiva, lo cual no ha podido demostrar
que dicha bonificación compensatoria comprende el pago de la prima textil
(10%)", lo cual resulta un argumento que carece de todo fundamento de hecho
y asidero legal.
Asimismo, indica que erróneamente se le exige la presentación de un
documento suscrito entre las partes en la que pueda diferenciar lo que
correspondería al pago de la prima textil y registrar en las boletas de pago la
descomposición compensatoria, resultando a juicio del sub director, el monto
de la bonificación compensatoria es inferior al 10% de la remuneración básica,
efectuando de esta manera una interpretación sesgada Sui Generis y fuera del
alcance de lo estipulado en la convención colectiva de trabajo celebrada el
13.10.2002 que resulta inadmisible e ilegal, vulnerando de esta manera el
principio de legalidad, veracidad, probidad e imparcialidad, mas aun al debido
proceso constitucional.
1.2 Contestación de demanda.
1.2.1. Admitida la demanda por resolución número dos de fojas 145 la
demandada a través de su Procurador Público del Ministerio De Trabajo Y
Promoción Del Empleo, se apersona y contesta la demanda (f. 155 a 160),
absolviendo las alegaciones manifiesta, que la empresa demandante pretende
se declare la nulidad del procedimiento administrativo N° 138-2013-
MTPE/1/20.43, en donde se han expedido en primera instancia la Resolución
Sub Directoral N° 110-2014-MTPE/1/20.43 la misma que fue confirmada por la
Resolución Directoral N° 226-2015-2015-MTPE/1/20.4.
Refiere que, mediante orden de inspección N° 13171-2012-MTPE/1/20.4 se
designo al inspector de trabajo David Robinson Zubiaga Boccolini y Luis Alberto
Villegas Riojas a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
sociolaborales, a cuya virtud se realizaron las investigaciones inspectivas en la
que se detectaron infracciones cometidas por la parte empleadora: 1) No
acredito el pago de la prima textil a favor de 42 trabajadores por el periodo
2 comprendido entre enero de 2008 hasta diciembre de 2011, 2) No acredito el
pago integro de las gratificaciones legales de fiestas patrias y de navidad
conforme a Ley, por el periodo entre enero del 2008 hasta diciembre del 2011;
3) No acredito haber efectuado los depósitos íntegros de la compensación por
tiempo de servicios por el periodo comprendido entre enero del 2008 hasta
diciembre del 2011; y 4) No cumplió oportunamente con la medida inspectiva
de requerimiento de fecha 13 de diciembre del 2012, afectando a un total de 42
trabajadores.
Expresa finalmente, que las resoluciones materia de impugnación han sido
expedidos respetando los principios del procedimiento sancionador y con los
requisitos de validez del acto administrativo y con la debida motivación de
acuerdo la normativa, toda vez que la parte demandante no justifica de modo
alguno las infracciones materia de sanción, siendo que de aplicación la
presunción prevista en el artículo 16° de la Ley, los hechos constatados por los
inspectores de trabajo se presumen ciertos, salvo prueba en contrario.
1.3 Actos Procesales.
Mediante Resolución N° 06 de fojas 359/361 se declaro saneado el
proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios
probatorios, se prescindió de la audiencia de pruebas y teniendo en cuenta el
artículo único de la Ley N° 309141 publicado el 14 de febrero del 2019 que
modifica la Ley N° 27584 se dispuso que ingresen los autos para
sentenciar.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.-
Que, conforme al artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, salvo disposición legal
diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que
sustentan su pretensión, sin embargo, si la actuación administrativa impugnada
establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función
o especialidad, la entidad administrativa está en mejores condiciones de
acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.
1
“(…) Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente queda
expedito para dictar sentencia. Las partes pueden solicitar al juez la realización de informe oral, el que será concedido por el solo
mérito de la solicitud oportuna (…)”
3 SEGUNDO: SOBRE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
SU FINALIDAD.-
2.1. Que, conforme lo dispone el artículo 148º de la Constitución Política del
Estado son susceptibles de impugnación judicial, las resoluciones
administrativas, o más propiamente los actos administrativos que causen
estado; es decir los actos administrativos que hayan sido expedidos en
última instancia administrativa, de tal modo que ya no exista posibilidad
alguna de impugnar administrativamente lo decidido por el funcionario
competente, por lo que sólo queda la posibilidad de acudir ante el poder
judicial a través del proceso contencioso administrativo.
2.2. El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo N°
011-2019-JUS, establece que la acción contencioso administrativa
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad
el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva
tutela de los derechos e intereses de los administrados.
2.3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º del Texto Único
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contenciosos Administrativo
General, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos.
2.4. Que, el artículo 10º de la Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad
de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a
las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de
alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los
actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de
la misma.”
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- De un análisis de la demanda y
de lo actuado, corresponde fijar como puntos controvertidos:
4 1) Determinar si corresponde declarar la Nulidad de la Resolución Sub
Directoral N° 110-2014-MTPE/1/290.43 de fecha 03.02.2014.
2) Determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución
Directoral N° 226- 2015-MTPE/1/20.43 de fecha 23.04.2015.
CUARTO: SOBRE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. -
4.1. De conformidad con el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política
del Perú, todo ciudadano tiene el derecho y la potestad de acudir a los
órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales conforme al tipo de
pretensión a requerir y la eventual legitimidad o validez que pueda
acompañar a su petitorio; asimismo, cada órgano jurisdiccional y las partes
tienen la obligación de observar el Debido Proceso en cualquier tipo de
procedimiento en donde se valore sus pretensiones, se solucione un
conflicto jurídico o se aclare una incertidumbre jurídica.
4.2.Tal como lo ha señalado la doctrina constitucional nacional, el Derecho a la
Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho genérico o complejo que se
descompone en otros diversos derechos enumerados dentro de él, y en
algunos otros implícitos, entre los cuales destacan el derecho de toda
persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la
efectividad de las resoluciones; así, el Tribunal Constitucional, conforme a
lo recaído en el Exp. N° 763-2005-PA/TC, ha referido pues que la misma:
“es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del
cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión
formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no,
acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela
judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido
judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo
se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento
dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión,
sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido,
pueda verse este último materializado con una mínima y sensata
dosis de eficacia (…) En el contexto descrito, considera este
Colegiado que cuando el ordenamiento reconoce el derecho de
todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como
manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que
la judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar
favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente,
5 sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como
razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No
es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo
tentarse un petitorio a través de la demanda, sino tan solo la
posibilidad de que el órgano encargado de la administración de
Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras
a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su
resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu
de lo señalado, la judicatura no asume la elemental
responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello,
desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en
el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio,
tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o
responsabilidad que el ordenamiento le asigna”.
4.3.-Ahora bien, la doctrina procesalista y constitucionalista ha sostenido que el
Debido Proceso es un Derecho Fundamental de toda persona –peruana o
extranjera, natural o jurídica- y no solo un principio o derecho de quienes
ejercen la función jurisdiccional, en donde se comparte el doble carácter de
los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible
por una persona, y es un derecho objetivo, en tanto que asume una
dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva
implícitos los fines sociales y colectivos de la justicia4. Con ello, el referido
colegiado constitucional, conforme a lo señalado en los Exp. N° 00090-
2004-AA/TC, Exp. N° 3421-2005-HC/TC, Exp. N° 1656-2006-PA/TC, N° 562
7-2008-PA/TC, N° 2906-2011-PA/TC y N° 5037-2011-PA/TC.
4.4.-En sentido similar, la Corte Interamericana destacó que todos los órganos
que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean
penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el
respeto pleno a las garantías del debido proceso, establecidas en el artículo
8º de la Convención Americana5, para ello, bastará con precisar que en el
Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011,
la referida corte determinó que cualquiera sea la actuación u omisión de los
órganos estatales o particulares dentro de un proceso o procedimiento, sea
jurisdiccional, administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario, se
debe respetar el derecho al Debido Proceso. Así, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha destacado que todos los órganos que ejerzan
funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no,
tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a
las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la
Convención Americana6; pues las sanciones administrativas, disciplinarias o
de naturaleza análoga son, como las penales, una expresión del poder
punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de
6 éstas (Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de
septiembre de 2011).
4.5. Para ello, en la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, de
fecha 2 de febrero de 2001, la Corte Interamericana enfatizó el respeto del
debido proceso en sede administrativa sancionatoria, al precisar que “no
puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin
otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso”, por cuanto “[e]s
un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar
decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este
deber”.
QUINTO: SOBRE LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES. –
5.1.El inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 "Ley del
Procedimiento Administrativo General" señala que los administrados gozan
de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en
derecho. Asimismo, en el inciso 6.1 del artículo 6° de la indicada Ley, se
dispone que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y
la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia
directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
5.2.La motivación constituye una garantía constitucional del administrado que
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos
administrativos. Ello importa que la Administración exprese las razones o
justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión,
razones que se sustentan en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al
caso, así como en los hechos debidamente acreditados en el trámite del
proceso. Toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente
y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será
inconstitucional.
5.3.No obstante, cabe precisar que "[l]a Constitución no garantiza una
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial
se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre
lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa [...]"
(Fundamento 2 de la STC N° 1291-2000-AA/TC).
5.4.Tal como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia
"respecto al derecho a la motivación este Tribunal ya ha establecido que
7 este no supone un derecho a recibir pronunciamientos explícitos respecto a
cada uno de los puntos que se soliciten. Por el contrario, sus exigencias se
pueden ver satisfechas cuando se reciben pronunciamientos que impliquen,
una resolución desfavorable en lo relacionado a los puntos propuestos, más
aún cuando dichos pronunciamientos no revistan una especial
transcendencia-en-el trámite del proceso y no acarreen en definitiva a
indefensión de la parte reclamante." (Fundamento 4 de la Resolución N°
00728-2007-PA/TC).
5.5.-Así, la debida motivación no garantiza una extensión determinada y tal
como lo ha indicado el Tribunal Constitucional en el fundamento 4 d) de la
STC N° 03943-2006-PA/TC la motivación insuficiente está "referida
básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de
hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se
trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la
insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante
desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o
la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en
sustancia se está decidiendo." Asimismo, respecto a la motivación
sustancialmente incongruente, en el fundamento 4 e) de la STC N° 03943-
2006-PA/TC se ha señalado que: "El derecho a la tutela judicial efectiva y,
en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a
los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo
tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa).
5.6.Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento
genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de
amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del
debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia
(incongruencia omisiva)."
SEXTO: DEL MARCO NORMATIVO.-
6.1 Que, conforme a Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo, en
relación a las infracciones debemos remitirnos a los artículos 33° que
establecen lo siguiente: "Son infracciones administrativas en materia de
relaciones laborales los incumplimientos de las disposiciones legales y
convencionales de trabajo, individuales y colectivas colocación, fomento del
8 empleo y modalidades formativas, mediante acción u omisión de los
distintos sujetos responsables.".
6.2 Respecto a las Actas de Infracción el artículo 16 de la Ley N° 28806, señala
que: Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico
sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor
Inspectiva se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se
determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los
hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las
actas de Infracción observando los requisitos que se establezcan, se
presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus
respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo
valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección
del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en
que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.
SETIMO: MATERIA DE CONTROVERSIA:
7.1. De la revisión de los actuados se aprecia, que mediante Resolución
Directoral N° 226-2015-MTPE/1/20.43 de fecha 23 de abril del 2015 se resuelve
confirmar la Resolución Sub Directoral N° 110-2014-MTPE/1/20.43 de fecha 03
de febrero del 2014, que impone multa ascendente a la suma de S/.16,936.00
soles por haber incurrido en las siguientes infracciones conforme se puede
verificar en el siguiente cuadro:
N NORMA TIPO LEGAL Y
MATERIA CONDUCTA INFRACTORA
° VULNERADA CALIFICACION
Art. 2° del
No acredito el pago de prima
D.S de
textil a favor de 42 trabajadores, Artículo 24.4 del
fecha
Relaciones por el periodo comprendido entre Reglamento
1 10.06.1977-
Laborales enero del 2008 hasta diciembre
D.S. N° 014-
del 2011 de las remuneraciones MUY GRAVE
2012-TR -
respectivas.
Art. 1°
Ley N°
No acredito el pago íntegro de
27735 Artículo 24.4 del
las gratificaciones legales de
Relaciones (Art.3°) - Reglamento
2 fiestas patrias y navidad
Laborales D.S N°005-
conforme ley, por el periodo
2002-TR FALTA GRAVE
comprendido entre enero del
2008 hasta diciembre del 2011 a
9 favor de 42 trabajadores.
No acredito haber efectuado los
depósitos íntegros de la
Compensación por Tiempo de D.S N° 001-
Relaciones Artículo 24.4 del
3 Servicios conforme a Ley, por el 97-TR (art.
Laborales Reglamento
periodo comprendido entre enero 9° y 16°)
del 2008 hasta diciembre del
FALTA GRAVE
2011 a favor de 42 trabajadores.
No cumplió oportunamente con
el requerimiento de fecha
Artículo 46.7 del
4 13.12.2012 sobre adopción de
Ley N° Reglamento
Labor medidas en orden al
28806 (art.
Inspectiva cumplimiento de la normativa de
9° y 14°) FALTA MUY
orden sociolaboral siendo
GRAVE
afectados 42 trabajadores.
MULTA TOTAL EQUIVALENTE: S/ 16,936.00 soles.
7.2.- En el caso de autos, se está demandando la Nulidad de Resolución de
Sub Directoral N° 110-2014 MTPE/1/20.4 de fecha 03.02.2014 (f. 50 a 55) y la
Resolución Directoral N° 226-2015-MTPE/1/20.43 de fecha 23.04.2015 (f.57 a
59), que resuelven imponer multa por la comisión de infracciones en materia
de relaciones labores al no acreditar el pago integro de la prima textil,
gratificaciones legales y compensación por tiempo de servicios; así como
también a la labor inspectiva por no cumplir con el requerimiento de fecha
13.12.2012 sobre la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la
normativa de orden sociolaboral, afectando a 42 trabajadores afiliados al
sindicato.
OCTAVO: RESPECTO A LAS INFRACCIONES IMPUTADAS EN MATERIA
DE RELACIONES LABORALES:
10 8.1. El Decreto Supremo N° 019-2006-TR y su Reglamento de aplicación al
caso concreto, en el artículo 24 numeral 24.4 determina la siguiente infracción
en materia de relaciones laborales:
" Articulo 24 numeral 24.4.- No pagar íntegra y oportunamente las
remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho
los trabajadores por todo concepto, así como la reducción de los
mismos en fraude a la ley", es falta grave."
NOVENO: SOBRE EL PAGO DE LA PRIMA TEXTIL:
9.1. Al respecto, la bonificación denominada prima textil está regulada en el
Decreto Supremo del 10 de julio de 1944; modificado por los Decretos
Supremos del 24 de julio y 14 de setiembre del mismo año, y del 13 de julio de
1951; a fin de dilucidar este extremo se debe previamente delimitarse el ámbito
de aplicación de la normativa pertinente conforme a los miramientos siguientes:
El Decreto Supremo del 10 de julio de 1944, estableció en su artículo
primero que: “Desde el primero de julio en curso, el beneficio denominado
prima, que se abona por razón de asistencia a los trabajadores de la
industria textil de lana y algodón de Lima, será obligatorio para los
empresarios de todos los centros de trabajo de Lima y Callao de dicha
industria en las ramas indicadas.” Mientras que su artículo segundo
señala que: “la prima será adicional al salario del trabajador y
equivalente al diez por ciento de la remuneración recibida.”
Por su parte, el Decreto Supremo del 24 de julio de 1944, en su
artículo único hizo extensivo a todos los centros de trabajo textil de
la República el otorgamiento del beneficio denominado prima para
todo el personal en una misma empresa. Ello en consideración que en
otras ramas de la industria, en las mismas circunscripciones, se ha otorgado
beneficios similares de estímulo a la cantidad o calidad de la producción,
como así lo precisó en su segundo considerando.
Posteriormente, el Decreto Supremo del 14 de septiembre de 1944,
estableció las siguientes reglas: i) que las bonificaciones denominadas
“primas”, en los centros de trabajo en que existiesen, se
considerarían parte integrante del salario mismo; y ii) que en los
mismos centros de trabajo la prima se abonaría
proporcionalmente a los días trabajados y a los salarios percibidos,
11 guardándose los periodos establecidos, pero sin que sea exigible el
cumplimiento de determinado número de asistencias en el mismo período.
Además el Decreto Supremo del 13 de julio de 1951, dispuso que la
prima formaba parte de la indemnización por servicios.
9.2.- El Decreto Supremo N° 014-2012-TR de fecha 20 de agosto del
2012, en su artículo 1°, señala que la bonificación denominada prima
textil, regulada por los decretos supremos del 10 de julio de 1944, 24
de julio de 1944, 14 de setiembre de 1944 y 13 de julio de 1951; se
otorgan bajo las siguientes características:
1.1. Comprende a todos los empleadores, personas naturales o jurídicas,
que realizan actividades propias de la industria textil
correspondientes a las clases 1711 y 1712 de la División 17 de la
sección D de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
(CIIU)Revisión 3.
1.2. Su monto equivale al diez por ciento (10%) de la remuneración del
trabajador, y en ningún caso podrá ser menor al diez por ciento
(10%) de la Remuneración Mínima.
1.3. La prima textil tiene carácter remunerativo y se paga
mensualmente, en función a los días laborados.
9.3. Asimismo, en el citado decreto, en su artículo 3º estableció que los
empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de la presente norma
podrán sustituir el otorgamiento de la bonificación denominada prima textil por
una bonificación acordada a través de un convenio colectivo, precisando en el
artículo 5° que se dejen sin efecto todas las disposiciones legales o
administrativas que se opongan al presente Decreto Supremo.
9.4. En ese sentido, se concluye que estando en vigencia la citada Ley,
los empleadores que realicen actividades propias de la industria
textil, están obligados a otorgar o sustituir la bonificación
denominada prima textil, que su monto equivale al diez por ciento
(10%) de la remuneración del trabajador y en ninguno de los casos
puede ser menor al (10%) de la remuneración mínima, el cual tiene
carácter remunerativo y se paga en función a los días laborados.
DECIMO: SOBRE EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS
DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS POR LEY.-
12 10.1. Al respecto, el artículo 26º, inciso 2) de la Constitución dispone que en
la relación laboral se debe respetar el carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Este principio en
cuestión: Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de
los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley, es preciso
considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos
reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos
constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a
garantizar a sus ciudadanos.
9.3. El tribunal constitucional, en la STC Exp. Nº 0529-2010-PA, ha establecido
que dicho principio hace referencia a la regla de no revocabilidad e
Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley (…),
en ese sentido, de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código
Civil, la renuncia a dichos derechos seria nula y sin efecto legal alguno. No
obstante, la Irrenunciabilidad solo alcanza a los derechos reconocidos por la
Constitución y la ley.
9.3.- La Corte Suprema de la República mediante Casación Nº 6072-2012 Del
Santa, ha determinado que el principio de Irrenunciabilidad, es un principio de
autoprotección normativa, que proscribe la posibilidad de una renuncia
individual de un trabajador particular a un beneficio acordado en convenio
colectivo, pues ello equivaldría que, por necesidad o presión del empleador,
luego de pactarse los beneficios en convenio colectivo, el trabajador admita o
acuerde renunciar al derecho en mención, pues de ser así, la ley sanciona con
nulidad dicha renuncia [...]”.
9.4.-En base lo expuesto, se deduce que este principio refiere a la
imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más
ventajas concedidas por el derecho Laboral en beneficio propio; es
decir se trata de un principio que prohíbe que los actos de disposición
del titular de un derecho recaigan sobre derecho originados en
normas imperativas y sanciona con invalidez la transgresión de esta
regla.
DECIMO PRIMERO: RESPECTO AL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.
11.1. El inciso 3) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú, establece
que en la relación laboral se respeta el principio de interpretación favorable al
trabajador (indubio pro operario) en caso de duda insalvable sobre el sentido
13 de una norma, esto es, cuando una norma tiene diferentes interpretaciones, se
debe elegir entre ellos, el que sea más favorable para el trabajador.
11.2. Pasco Cosmópolis, indica que la aplicación de este principio debe
ajustarse a los siguientes dos requisitos: i) existencia de una duda
insalvable o inexpugnable e ii) respeto a la ratio juris de la norma
objeto de interpretación (para tal efecto, el aplicador del derecho
deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón
de ésta).
11.3. De lo expuesto podemos concluir que el principio de interpretación más
favorable al trabajador será aplicable cuando el juzgador o el intérprete ante
varios sentidos que se desprendan de la interpretación de una norma, la cual
le genere una duda insalvable, entendida esta como aquella incertidumbre
incapaz de ser dirimida mediante el uso de cualquier método interpretativo,
deberá optar por aquella que sea más favorable, ya sea otorgando mayores
beneficios o reduciendo perjuicios para el prestador de servicios.
DECIMO SEGUNDO: ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO:
12.1. En el caso de autos, la parte actora Industrial Hilandera S.A.C alega, que
el Sindicato de trabajadores Textil Hilandera con la denuncia al Ministerio de
Trabajo pretendería desconocer la convención colectiva de fecha 13 de
diciembre del 2002 en la que pactaron dejar sin efecto que la empresa otorgue
a sus trabajadores obreros estables y afiliados al Sindicato la Prima Textil
(10%) y en sustitución de la prima textil conciliaron que la empresa otorgaría
a sus trabajadores afiliados al sindicato una bonificación compensatoria de S/.
8.97 soles por día real y efectivamente laborado, el cual se computaría para
todo efecto laboral, con excepción del cálculo para el descanso semanal: y
además señala que el 03 de enero del 2012 restituye la bonificación Prima
Textil y reduce la bonificación compensatoria. Por otro lado, la parte
demandada sostiene que el pago del 10% de Prima Textil es un importe fijo por
Ley, señalando que dicha Bonificación Compensatoria que se ha venido
otorgando a los trabajadores en sustitución de la Prima Textil no se aplica
proporcionalmente a todos los conceptos remunerativos, tal como la
remuneración dominical y además es inferior a la otorgada por Ley.
12.2. Al respecto, es necesario precisar que, los Decretos supremos 10 y 24
de julio de 1944 que tratan sobre la prima textil vigentes a la fecha de
celebración de la convención colectiva de fecha 13 de diciembre del 2002,
teniendo en cuenta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales;
no podrían eliminar un derecho ya adquirido por los 42 trabajadores; más aun,
si de acuerdo al principio de i |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
RAZON:
Señor Juez:
En cumplimiento a mis funciones informo a Ud., que se encuentra pendiente de dar cuenta
escrito de fecha 21-01-19, debido a la elevada carga procesal, lo que informo a Ud. para los fines
pertinentes.
Lima, 30 de abril del 2019
EXPEDIENTE : 21109-2015-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : MORAN MIGUEL HAROLD CRISTIAN
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA CAROLINA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : REUSCHE MORALES DE MASIAS, KARIM ELISA
RESOLUCION N° QUINCE
Lima, treinta de abril del
año dos mil diecinueve. -
Con la razón que antecede. - Téngase presente y al escrito presentado
por la parte demandante. – téngase por absuelto en los términos que indica y CONSIDERANDO:
1. Conforme a lo resuelto mediante Sentencia N° 040-2017 de fecha 27 de enero del 2017,
que resolvió fundada en parte la demanda, la misma que fue confirmada por la Tercera
sala Laboral mediante Sentencia de Vista de fecha 05 de abril del 2018.
2. El artículo 14° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, prevé que "La
condena en costas y costos se regula conforme a la forma procesal civil...". Acudiendo a
las normas procesales pertinentes, se tiene que el artículo 410° del Código Procesal
Civil señala que "las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de
los órganos de auxilio judicial y de los demás gastos judiciales realizados en el proceso";
asimismo, el artículo 411° señala que "son costos del proceso el honorario del abogado
de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los
abogados en los casos de auxilio judicial"; los que serán fijados teniendo en cuenta lo
prescrito en el artículo 414° del Código Adjetivo.
3. Nuestro sistema procesal adopta el principio de condena en costas y costos, en este
sentido, está a cargo del reembolso la parte vencida en el proceso, constituyendo este
supuesto una regla general. Sin embargo, esta regla no es absoluta, considerando
además que el artículo 414° del Código Procesal Civil, determina que el Juez regulará
los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto al monto, a los
obligados y beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso y fundamentando debidamente su decisión; dándole la potestad en algunos casos, de exonerar el pago de
los mismos, de conformidad al artículo 412 del mismo cuerpo normativo. Entonces para
establecer el monto de los costos procesales, importa reembolsar el gasto que demanda
pagar los servicios de un abogado que la parte vencedora se vio obligada a contratar
para hacer prevalecer en un proceso judicial sus derechos y para las costas verificar en
autos los pagos realizados por conceptos de aranceles judiciales.
4. Por su parte, el Tribunal Constitucional a efecto de prevenir que se produzcan
arbitrariedades al momento de determinar el pago de los costos…1 emite un
pronunciamiento al respecto, en el expediente signado con el número 00052-2010-AA,
precisando que además de los criterios empleados por los órganos jurisdiccionales, esto
es, el esfuerzo intelectual empleado por el abogado, las incidencias acaecidas en el
trámite de la causa, a efecto de justificar la proporcionalidad o razonabilidad del monto
otorgado en forma objetiva, “…existen otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes…2”
(El énfasis es agregado); en tal virtud, corresponde aprobar los costos procesales,
tomando en cuenta los criterios establecidos en la norma legal, así como los
establecidos por el Tribunal Constitucional, así tenemos:
5. Sobre los costos
5.1 Respecto a la proporcionalidad de los costos; la proporcionalidad estará ligada
estrechamente a las incidencias del proceso, como establece el artículo 414 del
Código Procesal Civil, referidas a las actuaciones procesales y al tiempo de duración
del proceso, así en la presente causa se observa que la defensa del demandante
realizó:
a) Escrito que interpone la demanda de fecha 16.09.15, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
b) Escrito de subsanación de fecha 05.10.15, firmado por el letrado Rolando H.
Cruz Ramírez.
c) Participación de Audiencia de Conciliación de fecha 22.07.16, con la
participación del letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
d) Participación de Audiencia de Juzgamiento de fecha 07.01.17, con la
participación del letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
e) Escrito que solicita requerir el pago y se remita a pericias de fecha 23.05.18,
firmado por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez.
f) Escrito de requerimiento de pago de fecha 05.09.18, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
g) Escrito de requerimiento de pago de fecha 14.09.18, firmado por el letrado
Rolando H. Cruz Ramírez.
5.2 Duración del Proceso: La demanda fue interpuesta el 16 de setiembre del 2015, y
se emitió sentencia declarando fundada la demanda con fecha 27 de enero del
2017.
1 Fundamento Jurídico 3.
2 Fundamento Jurídico 5. 6. Siendo así, teniendo en cuenta las incidencias del proceso antes indicadas, esto, el
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, la participación del abogado y
el asesoramiento permanente del abogado, y el tema en debate, la que ha estado
circunscrita a primera y segunda instancia; con el criterio de conciencia que la ley faculta
y en mérito a lo dispuesto en la parte in fine del artículo 418° del Código Procesal Civil y
14° de la Ley N° 29497, se deberá proceder a fijar los costos; siendo que las costas
deberán ser liquidadas por la parte actora.
Por las consideraciones antes expuestas se resuelve:
(cid:1) FIJAR la suma de 4,000.00 (S/ CUATRO MIL CON 00/100 SOLES) por concepto de
COSTOS PROCESALES, más un 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima en la
suma de S/ 200.00 soles
(cid:1) REQUERIR cumpla la demandante adjuntar documento indubitable y de fecha cierta que
acredite su pago, así como de los tributos que correspondan, en estricto cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 418 del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta lo
resuelto en la Sentencia de Vista.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior. -
NOTIFIQUESE. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 21109-2015-0-1801-JR-LA-07
JUEZ : MIRANDA MENDOZA JESSICA
ESPECIALISTA : HINOSTROZA HUACCACHI, DIANA
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : REUSCHE MORALES DE MASIAS KARIM ELISA
RESOLUCION N° ONCE
Lima, dos de agosto del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 052-2018-PJ-CAS del perito adscrito al
Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan conforme a su
derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el artículo 63 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las formalidades de ley. –
Interviniendo la Especialista Legal que suscribe por Disposición Superior. - Lima, 31 de Mayo del 2018
INFORME PERICIAL No. 052-2018-CAS
Demandante : KARIM ELISA REUSCHE MORALES DE MASIAS
Demandado : BANCO DE LA NACION
Motivo : Intereses Legales Laborales
Referencia : Exp. No. 21109-2015
Especialista Legal : Joselyn del Rosario Silva Litano
SEÑORITA JUEZ DEL 7 JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NVA. LEY PROCESAL DEL
TRABAJO
1. ANTECEDENTES
Mediante Sentencia No. 040-2017 del 27/01/2017 a fojas 137-151, confirmada con
Sentencia de Vista emitida por la 3ª Sala Laboral Permanente de Lima, a fojas 179-190,
se declara fundada en parte la demanda ordenando que la demandada cumpla con pagar
a favor del actor la suma de S/ 32,619.14, más los respectivos intereses legales a
liquidarse en ejecución de sentencia.
Con Resolución No. 7, de fecha 25/05/2018, vuestro despacho dispone que se deriven
los autos al suscrito con el propósito de que se liquiden los Intereses Legales que
corresponden al actor.
2. EXAMEN PERICIAL
Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por su Despacho, se procedió a liquidar los
intereses legales por concepto de beneficios sociales, de conformidad al Decreto Ley
25920, dispositivo legal que señala que los intereses legales se devengan a partir del día
siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo. En tal sentido se liquidan los intereses legales generados a partir de que se produjo cada
incumplimiento hasta el 26/05/2018, por cuanto la obligación principal se encuentra
pendiente de liquidación.
2.1. - FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuente de
información las circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado Diario relativas
a la Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920
referido, en las que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92 fecha
de vigencia de dicho Decreto Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal
en Moneda Nacional.
Además informo a usted que durante el período a liquidar las tasas de interés legal se
encuentran fijadas en función a la Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional (TIPMN),
determinándose el Factor aplicable para cada periodo y cuyo detalle se muestra en el
anexo adjunto al presente informe.
2.2. - LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES
El detalle de liquidación de los intereses legales se muestra en el anexo adjunto al
presente informe.
CONCLUSION De lo expuesto se desprende que los intereses legales laborales a favor del actor
ascienden a la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 54/100
Soles, según el siguiente detalle:
INTERESES LEGALES AL 26/05/2018 M NACIONAL S/
INTERÉS LEGAL D.L. 25920 – GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD SINDICAL
Y GERENCIAL 14,458.54
TOTAL 14,458.54 Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines a que hubiere lugar. INTERESES LEGALES LABORALES D.L. 25920 - MN
MES PRODUCT INTERESES LEGALES D.L. 25920
AÑO CONCEPTO GERENC SINDICAL TOTAL F. ORIG F. LIQ DIAS FACTOR INTERESES
ene-00 VACACIONES 985.55 449.61 1,435.16 01/02/2000 26/05/2018 6690 0.61473 882.24
feb-00 ESCOLARIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/03/2000 26/05/2018 6661 0.60502 868.30
jul-00 FIESTAS PATRIAS 985.55 449.61 1,435.16 01/08/2000 26/05/2018 6508 0.56098 805.10
nov-00 AÑOS SERVICIOS 985.55 449.61 1,435.16 01/12/2000 26/05/2018 6386 0.52788 757.59
dic-00 NAVIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/01/2001 26/05/2018 6355 0.51946 745.51
ene-01 VACACIONES 985.55 449.61 1,435.16 01/02/2001 26/05/2018 6324 0.51150 734.08
feb-01 ESCOLARIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/03/2001 26/05/2018 6296 0.50442 723.92
jul-01 FIESTAS PATRIAS 985.55 449.61 1,435.16 01/08/2001 26/05/2018 6143 0.46735 670.72
nov-01 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 449.61 1,526.38 01/12/2001 26/05/2018 6021 0.44356 677.04
dic-01 NAVIDAD 1,076.77 229.61 1,306.38 01/01/2002 26/05/2018 5990 0.43931 573.91
ene-02 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2002 26/05/2018 5959 0.43549 468.92
feb-02 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2002 26/05/2018 5931 0.43242 465.62
jul-02 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2002 26/05/2018 5778 0.41872 450.87
nov-02 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2002 26/05/2018 5656 0.40718 438.44
dic-02 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2003 26/05/2018 5625 0.40410 435.12
ene-03 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2003 26/05/2018 5594 0.40110 431.89
feb-03 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2003 26/05/2018 5566 0.39844 429.03
jul-03 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2003 26/05/2018 5413 0.38467 414.20
nov-03 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2003 26/05/2018 5291 0.37512 403.92
dic-03 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2004 26/05/2018 5260 0.37296 401.59
ene-04 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2004 26/05/2018 5229 0.37086 399.33
feb-04 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2004 26/05/2018 5200 0.36893 397.25
jul-04 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2004 26/05/2018 5047 0.35902 386.58
nov-04 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2004 26/05/2018 4925 0.35079 377.72
dic-04 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2005 26/05/2018 4894 0.34868 375.45
ene-05 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2005 26/05/2018 4863 0.34654 373.14
feb-05 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2005 26/05/2018 4835 0.34460 371.05
TOTAL S/ 14,458.54 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 21109-2015-0-1801-JR-LA-07
JUEZ : MIRANDA MENDOZA JESSICA
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : REUSCHE MORALES DE MASIAS KARIM ELISA
RESOLUCION N° OCHO
Lima, trece de junio del
año dos mil dieciocho. -
DANDO CUENTA: Por recibido el Informe Pericial N° 052-2018-CAS del perito adscrito al
Modulo Laboral I, póngase a conocimiento de las partes, a fin de que absuelvan conforme a su
derecho en el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, conforme a lo expuesto en el artículo 63 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N°29497. NOTIFÍQUESE con a las formalidades de ley. - Lima, 31 de Mayo del 2018
INFORME PERICIAL No. 052-2018-CAS
Demandante : KARIM ELISA REUSCHE MORALES DE MASIAS
Demandado : BANCO DE LA NACION
Motivo : Intereses Legales Laborales
Referencia : Exp. No. 21109-2015
Especialista Legal : Joselyn del Rosario Silva Litano
SEÑORITA JUEZ DEL 7 JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NVA. LEY PROCESAL DEL
TRABAJO
1. ANTECEDENTES
Mediante Sentencia No. 040-2017 del 27/01/2017 a fojas 137-151, confirmada con
Sentencia de Vista emitida por la 3ª Sala Laboral Permanente de Lima, a fojas 179-190,
se declara fundada en parte la demanda ordenando que la demandada cumpla con pagar
a favor del actor la suma de S/ 32,619.14, más los respectivos intereses legales a
liquidarse en ejecución de sentencia.
Con Resolución No. 7, de fecha 25/05/2018, vuestro despacho dispone que se deriven
los autos al suscrito con el propósito de que se liquiden los Intereses Legales que
corresponden al actor.
2. EXAMEN PERICIAL
Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por su Despacho, se procedió a liquidar los
intereses legales por concepto de beneficios sociales, de conformidad al Decreto Ley
25920, dispositivo legal que señala que los intereses legales se devengan a partir del día
siguiente a aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo. En tal sentido se liquidan los intereses legales generados a partir de que se produjo cada
incumplimiento hasta el 26/05/2018, por cuanto la obligación principal se encuentra
pendiente de liquidación.
2.1. - FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuente de
información las circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el mencionado Diario relativas
a la Tasa de Interés Legal Laboral conforme a los alcances del Decreto Ley 25920
referido, en las que aparecen los factores diarios y acumulados desde el 03.12.92 fecha
de vigencia de dicho Decreto Ley, aplicándose al caso de autos las tasas de interés legal
en Moneda Nacional.
Además informo a usted que durante el período a liquidar las tasas de interés legal se
encuentran fijadas en función a la Tasa de Interés Pasiva en Moneda Nacional (TIPMN),
determinándose el Factor aplicable para cada periodo y cuyo detalle se muestra en el
anexo adjunto al presente informe.
2.2. - LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES
El detalle de liquidación de los intereses legales se muestra en el anexo adjunto al
presente informe.
CONCLUSION De lo expuesto se desprende que los intereses legales laborales a favor del actor
ascienden a la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 54/100
Soles, según el siguiente detalle:
INTERESES LEGALES AL 26/05/2018 M NACIONAL S/
INTERÉS LEGAL D.L. 25920 – GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD SINDICAL
Y GERENCIAL 14,458.54 TOTAL 14,458.54
Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines a que hubiere lugar. INTERESES LEGALES LABORALES D.L. 25920 - MN
MES PRODUCT INTERESES LEGALES D.L. 25920
AÑO CONCEPTO GERENC SINDICAL TOTAL F. ORIG F. LIQ DIAS FACTOR INTERESES
ene-00 VACACIONES 985.55 449.61 1,435.16 01/02/2000 26/05/2018 6690 0.61473 882.24
feb-00 ESCOLARIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/03/2000 26/05/2018 6661 0.60502 868.30
jul-00 FIESTAS PATRIAS 985.55 449.61 1,435.16 01/08/2000 26/05/2018 6508 0.56098 805.10
nov-00 AÑOS SERVICIOS 985.55 449.61 1,435.16 01/12/2000 26/05/2018 6386 0.52788 757.59
dic-00 NAVIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/01/2001 26/05/2018 6355 0.51946 745.51
ene-01 VACACIONES 985.55 449.61 1,435.16 01/02/2001 26/05/2018 6324 0.51150 734.08
feb-01 ESCOLARIDAD 985.55 449.61 1,435.16 01/03/2001 26/05/2018 6296 0.50442 723.92
jul-01 FIESTAS PATRIAS 985.55 449.61 1,435.16 01/08/2001 26/05/2018 6143 0.46735 670.72
nov-01 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 449.61 1,526.38 01/12/2001 26/05/2018 6021 0.44356 677.04
dic-01 NAVIDAD 1,076.77 229.61 1,306.38 01/01/2002 26/05/2018 5990 0.43931 573.91
ene-02 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2002 26/05/2018 5959 0.43549 468.92
feb-02 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2002 26/05/2018 5931 0.43242 465.62
jul-02 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2002 26/05/2018 5778 0.41872 450.87
nov-02 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2002 26/05/2018 5656 0.40718 438.44
dic-02 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2003 26/05/2018 5625 0.40410 435.12
ene-03 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2003 26/05/2018 5594 0.40110 431.89
feb-03 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2003 26/05/2018 5566 0.39844 429.03
jul-03 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2003 26/05/2018 5413 0.38467 414.20
nov-03 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2003 26/05/2018 5291 0.37512 403.92
dic-03 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2004 26/05/2018 5260 0.37296 401.59
ene-04 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2004 26/05/2018 5229 0.37086 399.33
feb-04 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2004 26/05/2018 5200 0.36893 397.25
jul-04 FIESTAS PATRIAS 1,076.77 1,076.77 01/08/2004 26/05/2018 5047 0.35902 386.58
nov-04 AÑOS SERVICIOS 1,076.77 1,076.77 01/12/2004 26/05/2018 4925 0.35079 377.72
dic-04 NAVIDAD 1,076.77 1,076.77 01/01/2005 26/05/2018 4894 0.34868 375.45
ene-05 VACACIONES 1,076.77 1,076.77 01/02/2005 26/05/2018 4863 0.34654 373.14
feb-05 ESCOLARIDAD 1,076.77 1,076.77 01/03/2005 26/05/2018 4835 0.34460 371.05
TOTAL S/ 14,458.54 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 21109-2015-0-1801-JR-LA-07
JUEZ : MIRANDA MENDOZA JESSICA
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : REUSCHE MORALES DE MASIAS KARIM ELISA
RESOLUCION N° SIETE
Lima, veinticinco de mayo del
año dos mil dieciocho. -
DANDOSE CUENTA: con fecha 18 de mayo de 2018, la Tercera Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el expediente N° 21109-2015-0-1801-JR-LA-07, que contiene la resolución S/N de
fecha 05 de abril de 2018, que resolvió:
CONFIRMAR la Sentencia N° 040-2017, contenida en la Resolución Tres, de fecha 27
de enero de 2017, obrante a fojas 137 a 151, que Declara: Fundada en parte la demanda
sobre reintegros de las cinco gratificaciones anuales por productividad gerencial y por
productividad sindical; en consecuencia: ORDENARON Y MODIFICARON el monto de
abono que la demandada debe pagar a la accionante por el importe de S/.32,619.14
(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 14/100 SOLES) por reintegros
de las cinco gratificaciones anuales por productividad gerencial (periodo 2000 al 2005) y
por productividad sindical (periodo 2000 al 2001); asimismo DISPUSIERON que la
demandada se constituya en depositaria o efectuar el depósito en la entidad
bancaria/financiera que corresponda por la compensación por tiempo de servicios como
incidencia de las cinco gratificaciones por la suma de S/.6,473.50 Soles (SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 SOLES), más los intereses legales y
financieros, costos procesales que se calcularán en ejecución de sentencia, sin costas.
CONFIRMAR la Sentencia, en el extremo que declara INFUNDADA la demanda respecto
al reintegro de las cinco gratificaciones anuales, así como el reintegro de la compensación
por tiempo de servicios de los años 1994 a 1999 por incidencia de la bonificación por
productividad sindical.
En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de Lima,
y con tal fin SE RESUELVE;
(cid:1) REQUERIR a la demandada BANCO DE LA NACION, a fin que cumpla con pagarle al
demandante el importe de S/. 32,619.14 soles por concepto de obligación principal en el
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de
incumplimiento.
(cid:1) ORDENAR a la demandada se constituya en depositaria o efectuar el depósito en la
entidad bancaria/financiera que corresponda por la compensación por tiempo de servicios
como incidencia de las cinco gratificaciones por la suma de S/. 6,473.50 soles. Al escrito ingresado el 23 de mayo de 2018 presentado por la demandante; Al principal,
ESTESE a lo resuelto en líneas que antecede.
Al primer otrosí, REMÍTANSE los autos al perito adscrito al Modulo Laboral I a efectos de que
cumpla con efectuar la liquidación correspondiente, en el plazo de cinco días, bajo
responsabilidad.
Al segundo otrosí, téngase presente.
Interviniendo la especialista legal que suscribe por Disposición Superior |
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TERCERA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N° 21109-2015-0-1801-JR-LA-07° BE/S
Señores:
ARAUJO SANCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
BARBOZA LUDEÑA
Lima, cinco de abril del dos mil dieciocho.-
VISTOS:
En audiencia pública de la fecha, con la concurrencia de la abogada Mónica Fernández
Wendell por la parte demandada; y, sin la asistencia de la parte demandante, e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Barboza Ludeña;
ASUNTO:
Es materia de apelación: La Sentencia N° 040-2017, contenida en la Resolución Tres,
de fecha 27 de enero de 2017, obrante a fojas 137 a 151, que Declara: Fundada en
parte la demanda sobre reintegros de las cinco gratificaciones anuales, así como el
reintegro de la compensación por tiempo de servicios por incidencia de las
bonificaciones por productividad gerencial y por productividad sindical; en
consecuencia: 1.- ORDENAR que la demandada le pague a la actora el importe de
TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS CON 64/100 SOLES (S/.39,092.64) por
reintegros de las cinco gratificaciones anuales; 2.- ORDENAR que la demandada le
pague a la actora el reintegro de la compensación por tiempo de servicios por los
años 2000 a 2005 por incidencia de la bonificación por productividad gerencial, así
como el reintegro del periodo 2000 a 2001 por incidencia de la bonificación por
productividad sindical; 3.- ORDENAR que la demandada le pague a la actora el
reintegro de las cinco gratificaciones anuales así como el reintegro de la
compensación por tiempo de servicios por el periodo 2000 a 2001 por incidencia de
la bonificación por productividad sindical; 4.- ORDENAR que la demandada le pague
a la actora además los intereses legales y costos procesales, sin costas; 5.-
DECLARAR INFUNDADA la demanda respecto al reintegro de las cinco
gratificaciones anuales, así como el reintegro de la compensación por tiempo de
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servicios de los años 1994 a 1999 por incidencia de la bonificación por productividad
sindical.
AGRAVIOS:
La demandada mediante recurso de apelación de fecha 07 de febrero de 2017, obrante
a fojas 154 a 168, manifiesta los siguientes agravios:
i. La sentencia apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del debido
proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y razonada de
los medios de prueba actuados y aportados al proceso, en el cual se exige que la
sentencia guarde reciprocidad y armonía con todo lo actuado y expuesto en el
proceso, lo que acarrea ineludiblemente su invalidez insubsanable;
ii. Se realiza una interpretación errónea de lo que debe entenderse por
remuneración y la naturaleza de las bonificaciones entregadas a la demandante,
toda vez que, la productividad gerencial no tiene carácter remunerativo, razón
por la cual no proceden los reintegros amparados en las gratificaciones;
iii. Respecto de la productividad sindical sostiene que han sido otorgadas al actor en
forma extraordinaria y por única vez, de acuerdo a los convenios colectivos de
los años 1993, laudo arbitral del año 1994 y convenios colectivos de los años
1995, 1996, 1997 y 1198, en el cual establecía su carácter no remunerativo, y al
haber sido otorgadas mediante Convenio Colectivos, las partes se encuentran
obligadas a observarlas en sus propios términos en atención a la fuerza
vinculante que se le otorga a los acuerdos de conformidad con el artículo 42° de
la Ley N° 25593;
iv. En cuanto a los costos sentenciados por el Juzgado, no ha tenido en cuenta que
el Banco de la Nación se encuentra exonerado del pago de los mismos, ya que
como integrante del Poder Ejecutivo se encuentra exonerado del pago de tasas
judiciales, conforme a lo establecido en el artículo 413° del Código Procesal Civil;
y de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas
aprobada por Decreto Legislativo N° 183, en su Capítulo VII, Art. 48 contempla
como organismo público descentralizado del sector Economía y Finanzas al
Banco de la Nación, la CONASEV, la SUNAT, SUNAD, entre otros organismos, y
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en consecuencia integrantes del Poder Ejecutivo exonerados del pago de tasas
judiciales.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: 1.1 Conforme al artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine a solicitud
de parte, o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el
propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente; por esta razón, el
artículo 366° del Código Adjetivo citado, exige como requisito de fondo para su
interposición, que sea fundamentada, indicando el impugnante el error de hecho o
de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y
sustentando su pretensión impugnatoria;
1.2. Es menester mencionar la Casación N° 3758-2013-Puno establece: “El artículo
364 del Código Procesal Civil establece que el recurso de apelación tiene por objeto que
el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada
total o parcialmente; por consiguiente, el contenido del recurso de apelación establece
la competencia de la función jurisdiccional del Juez Superior, toda vez que aquello que
se denuncie como agravio comportará la materia que el impugnante desea que le Ad
quem revise, dando así a entender que se encuentra conforme con los demás puntos o
extremos no denunciados que contenga la resolución impugnada”1. Es de señalar que
el Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las
cuestiones probatorias y resueltas por el Juez inferior, sin embargo cabe precisar
que la extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida por un
postulado que limita su conocimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum,
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede
conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante2.
1Publicado en “El Peruano” 01-06-201015.
2 Casación N° 626-01-Arequipa, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de noviembre de 2001.
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SEGUNDO: Delimitación de la controversia relacionada con cuestiones de
fondo
2.1. Del contenido de la demanda obrante de fojas 127 a 128 y de la fijación de
pretensiones materia de juicio expuesto en la Audiencia de Conciliación3 se
circunscriben:
(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) Determinar si le corresponde a la actora el pago por concepto de bonificación
por productividad sindical y productividad gerencial, así como también su
incidencia en las gratificaciones y en la compensación por tiempo de servicios
por el periodo del año 1993 al 2005;
2.2. La sentencia emitida en autos ha declarado fundada en parte la demanda, y es
objeto de impugnación por la parte demandada, por lo que el caso debe ser
examinado por esta instancia superior, teniendo en cuenta la Ley y la Constitución y
los reiterados pronunciamientos que se vienen dando en las instancias
jurisdiccionales.
TERCERO: Análisis respecto a los agravios i) referido a la pretensión
impugnatoria de nulidad de la demandada:
3.1. Los agravios aludidos están referidos a que la sentencia sea declarada nula,
bajo el argumento que se encuentra indebidamente motivada al no haber valorado
de manera conjunta los medios de prueba ofrecidos por su parte lo cual habría
conllevado que sea declarada infundada su demanda vulnerando el debido proceso,
no respetando el principio de la razón suficiente y el derecho a la tutela efectiva.
3.2. Con relación a ella debemos indicar que el Tribunal Constitucional en los
fundamentos 4.4.2 y 4.4.3 de su sentencia recaída en el expediente N° 03433-2013-
PA/TC, fecha 18 de marzo del 2014 dejó precisado: “4.4.2) Este Supremo Colegido
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que
3 Audiencia de Conciliación de fecha 16 de setiembre de 2015, obrante de fojas 136 a 138.
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vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación
o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El incumplimiento total de
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia
(incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 4.4.3)
El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos
judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos
debidamente acreditados en el trámite del proceso”.
3.3. En el caso de autos debemos indicar que conforme se advierte de los
considerandos vertidos en la sentencia materia de apelación, el A quo analizó una
serie de normas relacionados con los hechos jurídicos materia de las pretensiones
del actor, por lo que debemos concluir razonablemente que la misma si reúne
regularmente una motivación razonable en la que establece su criterio judicial y
sobre la base de la misma no puede darse la nulidad solicitada, siendo emitido
según el mérito de los actuados que concluye según su criterio que la demanda es
infundada, con lo cual no necesariamente el Colegiado puede compartir; por lo que
la apelada no afecta lo prescrito en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución
Política del Estado, ni el artículo 122° del Código Procesal Civil. Por lo que no amerita
que la apelada sea nulificada, debiendo desestimarse la pretensión impugnatoria de
nulidad de la demandada;
CUARTO: Análisis de la naturaleza de bonificación por productividad gerencial
y sindical.
4.1. Al respecto si la bonificación de productividad gerencial constituye o no
remuneración computable para el trabajador y si le corresponde los reintegros
solicitados, debemos indicar que el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR,
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
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Competitividad Laboral, establece que: “Constituye remuneración para todo efecto
legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre
disposición (…)”, de igual manera el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 650, Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto
Supremo N° 001-97-TR en su artículo 9°, establece q ue la remuneración computable
se encuentra comprendida por la remuneración básica y todas las cantidades que
regularmente percibe el trabajador como contraprestación de su trabajo y que sean
de su libre disposición;
4.2. También el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo N° 100 sobre
Igualdad de Remuneración ratificado por Resolución Legislativa N° 13284 del 15 de
diciembre de 1959 establece: “Son remuneración computable la remuneración básica y
todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie
como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé,
siempre que sean de su libre disposición…”. En ese sentido las disposiciones antes
citadas, establecen algunos rasgos caracterizadores del concepto remuneración,
con lo cual se puede identificar la calidad remunerativa de determinado pago que el
empleador otorga al trabajador, y se caracteriza: a) la contraprestación en su
entrega; b) su regularidad; y c) la libre disponibilidad que el trabajador pueda hacer
con el monto que percibe. Asimismo, existe una presunción de salariedad en el
sentido de que, todo monto que perciba el trabajador es remunerativo, salvo que se
justifique su entrega por otro título distinto al de su puesta a disposición en el
trabajo, es decir, la llamada vis atractiva de la remuneración, como pago principal y
totalizador que se le otorga al trabajador en el seno de una relación laboral; por lo
que en ese contexto todo monto que se otorga al trabajador se debe considerar
como remuneración, salvo que se demuestre que dicho desembolso obedece a un
título distinto al de la prestación de los servicios del trabajador;
4.3. Es menester señalar que el carácter remunerativo por concepto de bonificación
por productividad gerencial y sindical viene siendo establecido también en diversas
Casaciones como la Casación Laboral N° 3241-2009 - Lima de fecha 09 de junio del
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2010, publicada el 02 de julio del 2012 en el Diario Oficial "El Peruano", reafirmado
en la Casación Laboral N° 4907-2009-Lima de fecha 28 de enero del 2011,
publicada el 29 de febrero del 2012 en el Diario Oficial "El Peruano"; emitidos por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
QUINTO: Análisis de los agravios ii) y iii) referido a la naturaleza remunerativa
de la bonificación por productividad gerencial y bonificación por productividad
sindical:
5.1. Examinado en ese marco la bonificación por productividad gerencial
(Bonificación Extraordinaria de Productividad) proviene de la Resolución Suprema
N° 104-94-EF, que aprueba el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores activos
una asignación extraordinaria por concepto de productividad; Resolución Suprema
N° 121-95-EF, norma del sector economía dada el 20 de octubre de 1995, mediante
el cual se autoriza al Banco de la Nación a otorgar a partir del 1 de agosto de 1995 a
sus trabajadores, adicionalmente a lo establecido en la Resolución Suprema N° 104-
94-EF, una bonificación por concepto de productividad; Resolución Suprema N° 009-
97-EF, de fecha 30 de enero de 1997, que autoriza al Banco otorgar a partir del 1 de
noviembre de 1996 adicionalmente a lo establecido en las Resoluciones Supremas
(104-94-EF y 121-95-EF), la bonificación por productividad en los montos allí
señalados; y, finalmente, la Resolución Suprema N° 224-98-EF y la Resolución
Ministerial N° 075-99-EF, las cuales refieren que se otorgaba tal beneficio previa
evaluación del empleador;
5.1.1. Si bien la demandada señala que la bonificación por productividad gerencial
no tiene carácter remunerativo, pero del mérito de los actuados se observa que la
accionante percibió dicho bono de productividad en forma regular, ordinaria, fija y
permanente desde el año 2000 al 2005, EXCEPTO por los años de 1993 a 1999,
conforme consta en las Boletas de Pago de Remuneraciones adjuntadas por la
demandada en el CD, en tanto también la naturaleza jurídica de la misma también
fue establecida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
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Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación Laboral N° 743-2011-
Lima, en cuyo sexto fundamento señala: “…que el concepto de bono por productividad
gerencial, no constituye un pago de naturaleza excepcional, pues del informe pericial N°
001-2005-PJ-VVD se verifica que dicho pago se dio de manera regular con periodicidad
anual, lo que constituye un pago permanente conforme a lo establecido en el artículo 9º
del Decreto Legislativo N° 650”;
5.1.2. Asimismo la bonificación por productividad gerencial, no puede considerarse
como una bonificación extraordinaria por el periodo indicado y que tenga las
características de un concepto no remunerativo según el inciso a) del artículo 19° del
Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°
650, ya que como se ha indicado en los considerandos precedentes, estas sumas se
han venido otorgando, de forma regular, bajo diferentes denominaciones: “Abono
por Regularizar A”, “Préstamo A”, “Concepto No Remunerativo A”, “Concepto
Variable 1” o “Ingreso no remunerativo”, afirmación que no ha sido negada por la
demandada, toda vez que ésta parte no ha desconocido ni contradicho la existencia
de la bonificación por productividad gerencial bajo dichos nombres, sino que ha
dedicado su argumentación, a negarle el carácter remunerativo;
5.1.3. El inciso 2) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú, reconoce el
carácter irrenunciable de derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y
la Ley, y el carácter remunerativo de sumas percibidas de carácter periódico aun
cuando se les denomine de diferentes formas, por lo que todo concepto percibido
conforme al artículo 1° del convenio internacional referido en el considerando
tercero, tienen la naturaleza de tal; por tanto corresponde abonar el concepto de
gratificaciones a la demandante con el monto de la bonificación por productividad
gerencial en parte.
5.2. Respecto a la Bonificación por Productividad Sindical, cabe precisar que si
bien es cierto de manera formal se estableció que dicha bonificación no era
remunerativa, corresponde determinarse si la suma de dinero que fue otorgada fue
en contraprestación al servicio prestado, de manera periódica y si era de libre
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disposición del trabajador, siendo que se observa que la Bonificación por
Productividad Sindical se deriva de los Convenios Colectivos que fueron suscritos
anualmente entre el Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación SINATBAN y
la emplazada desde el año 1993; asimismo se observa de las Boletas de Pago de
Remuneraciones adjuntadas en un CD, que este concepto fue abonado de manera
periódica, y, se acredita con las boletas de pago que la demandante percibió dicha
bonificación bajo las denominaciones de abono por regularizar - B, bajo los
conceptos préstamo B y concepto no remunerativo B, los mismos que se corroboran
en las boletas de pago digitalizadas en el CD, calificativos que no han sido negados
por la demandada;
5.2.1. Asimismo la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República en el considerando Quinto de la Casación
Laboral N° 69-2005-Lima ha establecido: “Que en el caso de autos la Bonificación
Extraordinaria por Puntualidad y Asistencia ‘Productividad Sindical, ha sido entregada
en forma habitual desde mil novecientos noventitrés hasta mil novecientos noventiocho;
esto es, por un lapso de cinco años, conforme se aprecia de fojas(…), desvirtuando el
hecho que haya sido en forma ocasional, asimismo la citada bonificación constituye una
ventaja patrimonial para el trabajador, concluyéndose que era percibido por los servicios
prestados; consiguientemente tiene el carácter remunerativo, resultando de aplicación lo
dispuesto por el artículo nueve y el primer párrafo del artículo dieciséis del Decreto
Legislativo número seiscientos cincuenta”. (sic.).
5.2.2. Con lo antes señalado, se acredita que la Bonificación por Productividad
Sindical tiene naturaleza remunerativa, además se corrobora con el hecho de que la
demandada a partir del año 2002 incorpora este concepto a la remuneración básica
de los trabajadores; en consecuencia, el ii y iii agravio de la demandada respecto
a este extremo debe desestimarse y confirmar lo determinado por el A quo en la
sentencia venida en grado;
SEXTO: 6.1. Conforme a lo analizado es menester dejar precisado que el criterio
establecido por el Colegiado según el mérito de los actuados y al igual que en otros
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procesos, es otorgar con respecto a la productividad gerencial es desde el año 2000 al
año 2005, y con respecto a la productividad sindical del año 1993 al año 2001, y en la
sentencia recurrida se ha amparado por el periodo del mes de enero de 2000 hasta al
2001, como bien se aprecia del 9.4 considerando;
6.2. En ese contexto también le corresponde percibir el reintegro de compensación
por tiempo de servicios como incidencia de las cinco gratificaciones que se ordena
pagar y por los mismos periodos establecidos; por lo que teniendo en cuenta ello, el
Juzgado ha procedido con liquidar por productividad gerencial por el periodo del
año 2000 a febrero de 2005, la suma de S/.28,343.04 Soles; y en cuanto a la
productividad sindical por el periodo del año 2000 al 2001, la suma de S/.4,276.10
Soles, que debe abonar el demandado a favor de la demandante más intereses
legales;
6.3 Al haberse determinado la naturaleza remunerativa de la bonificación por
productividad gerencial y sindical, resulta atendible la compensación por tiempo de
servicios como incidencia de las cinco gratificaciones que se ordena pagar la suma
de S/.6,473.50 Soles, monto que deberá constituirse la demandada en depositaria o
efectuar el depósito en la entidad bancaria/financiera que corresponda; por lo que
este extremo de la sentencia debe modificarse;
SÉPTIMO: Análisis del iv agravio referido a los costos procesales:
7.1. Al respecto debemos indicar que de conformidad al artículo 412° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria, la imposición de la condena de costos no
requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, por tanto en el presente
caso, siendo el demandado el vencido, corresponde el pago de costos, de
conformidad a la Sétima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo N° 29497, que establece que en los procesos laborales el Estado puede ser
condenado al pago de costos;
7.2. Si bien el artículo 47° de la Constitución Política del Perú establece que el
estado está exonerado del pago de los gastos judiciales, así también el artículo 413°
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del Código Procesal Civil establece que están exentos de la condena en costas y
costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos
constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales y de acuerdo a lo
establecido en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; pero no es menos cierto que la norma especial como es
la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, establece que el Estado puede ser
condenado al pago de costos, en tanto que al no haber otorgado la emplazada el
derecho demandado ha tenido que interponer el presente proceso para que le
reconozcan sus derechos lo que le ha generado un perjuicio económico; en tal
sentido el iv agravio debe ser desestimado.
Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral de Lima, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1.- CONFIRMAR la Sentencia N° 040-2017, contenida en la Resolución Tres, de
fecha 27 de enero de 2017, obrante a fojas 137 a 151, que Declara: Fundada en
parte la demanda sobre reintegros de las cinco gratificaciones anuales por
productividad gerencial y por productividad sindical; en consecuencia:
ORDENARON Y MODIFICARON el monto de abono que la demandada debe pagar
a la accionante por el importe de S/.32,619.14 (TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 14/100 SOLES) por reintegros de las cinco
gratificaciones anuales por productividad gerencial (periodo 2000 al 2005) y por
productividad sindical (periodo 2000 al 2001); asimismo DISPUSIERON que la
demandada se constituya en depositaria o efectuar el depósito en la entidad
bancaria/financiera que corresponda por la compensación por tiempo de servicios
como incidencia de las cinco gratificaciones por la suma de S/.6,473.50 Soles (SEIS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 SOLES), más los
intereses legales y financieros, costos procesales que se calcularán en ejecución de
sentencia, sin costas;
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2.- CONFIRMAR la Sentencia, en el extremo que declara INFUNDADA la demanda
respecto al reintegro de las cinco gratificaciones anuales, así como el reintegro de la
compensación por tiempo de servicios de los años 1994 a 1999 por incidencia de la
bonificación por productividad sindical. En los seguidos por KARIM ELISA
REUSCHE MORALES DE MASIAS con el BANCO DE LA NACIÓN sobre
reintegros de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios; y los
DEVOLVIERON al Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
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SETIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818
EXPEDIENTE : 21109–2015–0-1801-JR-LA-07
DEMANDANTE : KARIM ELISA REUSCHE MORALES DE MASIAS
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : JESSICA VERONICA MIRANDA MENDOZA
SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCÁRCEL.
RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO
Lima, dos de marzo del dos mil diecisiete.
VISTO: El escrito de apelación presentado por el demandado, ingresado con fecha 07 de febrero del
2017 y considerando:
PRIMERO: Con fecha 03 de febrero del 2017, se pone a conocimiento de las partes la sentencia
contenida en la resolución número seis expedida en los presentes actuados, la que declaro fundada en
parte la demanda.
SEGUNDO: Y conforme lo estipulado en el artículo 364° del Código Procesal Civil “El recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total
o parcialmente”.
TERCERO: Que, de la revisión del escrito presentado se advierte que este cumple con indicar los
fundamentos de su agravio, lo cual se encuentra concordado con lo establecido en el artículo 366° del
Código Proceso Civil y teniendo en cuenta que la resolución apelada pone fin al proceso, la apelación
debe concederse con efecto suspensivo de acuerdo a lo regulado en el artículo 371° del Código Procesal
Civil.
En atención a lo expuesto:
SE DISPONE:
(cid:1) CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por el demandado Banco de
la Nación contra la sentencia N° 040-2017 de fecha 27 de enero del 2017, en consecuencia
ELEVESE LOS ACTUADOS al superior en grado, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones.
(cid:1) Al primer y segundo otrosí.- Téngase presente.
(cid:1) Avocándose al conocimiento del proceso la magistrada que da cuenta e interviniendo la
especialista legal. |
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SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO - NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
SENTENCIA : 040-2017
EXPEDIENTE : 21109-2015-0-1801-JR-LA-07
JUEZ : CHAVEZ CORNEJO MARCIAL
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ MORENO MARCELA
DEMANDANTE : REUSCHE MORALES DE MASIAS KARIM ELISA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCION NÚMERO TRES
Lima, veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
VISTOS:
Resulta de autos que de fojas 66 a 73, doña KARIM ELISA REUSCHE MORALES DE
MASIAS, interpone demanda y la dirige contra BANCO DE LA NACIÓN, a fin de que
se le reconozca la suma de S/.74,853.29 como pago de la bonificación por
productividad sindical y productividad gerencial y su incidencia en las cinco
gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios; fundamenta su pretensión
en razón de haber laborado a favor de la demandada desde el 07 de noviembre de
1985, siendo su actual categoría de Técnico III. Indica que tras la suscripción de
diversos Convenios Colectivos se aprobó la dación a los trabajadores de 05
gratificaciones anuales las cuales si bien le fueron abonadas, no se consideró al otorgar
las remuneraciones respectivas las bonificaciones por productividad sindical y
productividad gerencial respectivamente, por lo que solicita el reintegro de 05
gratificaciones anuales por productividad sindical por el periodo de 1993 al 2005;
reintegro de 05 gratificaciones anuales por productividad gerencial por el periodo de
1994 a Diciembre de 2005; peticionando además el reintegro en la Compensación por
Tiempo de Servicios por la incidencia de ambos conceptos.
Calificada y admitida a trámite la demanda con arreglo a ley, se citó a las
partes a la Audiencia de Conciliación, la misma que no prosperó; razón por la cual
se procedió a precisar las pretensiones que eran materia de juicio; luego de lo cual se
requirió a la parte demandada BANCO DE LA NACIÓN, que presente su escrito de
contestación el mismo que corre a fojas 99 a 126, negando la demanda en todos sus
extremos, señalando que su entidad se rige por las leyes que regulan la actividad
empresarial del Estado, siendo que en la aplicación de las políticas remunerativas
estuvo supeditada a la Ley General del Presupuesto y las disposiciones dictadas por la
OIOE, actualmente FONAFE, y en tal virtud debía limitar su política salarial a los
parámetros establecidos por ésta; no resultando posible otorgar incrementos
remunerativos que superen los máximos permitidos por normas expresas, así como
tampoco reajustar beneficios sociales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones u
otros beneficios, debiendo sujetarse las negociaciones colectivas a dichos parámetros
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 25593 LRCT, por lo
que si bien otorgó retribuciones extraordinarias entre las que se tienen la Bonificación
por Productividad Gerencial, ella fue dada en virtud a lo expresamente señalado por la
Directiva 001-904-EF/92.4910 y de las Resoluciones Supremas No. 104-94-EF; 121-95-
EF; 09-97-EF y 224-98-EF, la Resolución Ministerial No. 075-99-EF/15 y la Resolución
1 Suprema 010-02-EF, desprendiéndose de las mismas que dicha bonificación no tiene
carácter remunerativo, siendo que la Productividad Sindical tampoco posee carácter
remunerativo; por lo que al no tener ambas bonificaciones carácter remunerativo
motivo por el cual no son consideradas como parte integrante de las gratificaciones
anuales abonadas al accionante, consecuentemente no corresponde el reintegro de 05
Gratificaciones Anuales por productividad gerencial y sindical que el actor peticiona, así
como el reintegro por la incidencia de dichos conceptos en la Compensación por
Tiempo de Servicios que peticiona.
La Audiencia de Juzgamiento, se llevó a cabo en el modo y forma que consta en la
grabación del audio y video respectivo, luego de la confrontación de posiciones,
actuación probatoria y de alegatos, respetando en toda la etapa el debido proceso y
derecho de defensa de las partes; procediendo el señor Juez a señalar fecha para
hacer conocer a las partes el fallo de su sentencia y proceder a su respectiva
notificación; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, en su artículo 1º
del Título Preliminar, prescribe que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los
principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y
veracidad.
SEGUNDO.- Que, asimismo prevé en el Artículo III del Título Preliminar de la ley
29497, sobre los fundamentos del proceso laboral que los jueces deben evitar que la
desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo
efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la
forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la
continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el
principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre
gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.
TERCERO.- Que, conforme a lo establecido en el Art. 29° de la Ley N° 29497, en la
que se señala las Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes, en las
que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes
atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante
cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras
circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se
cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia
de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o
los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre,
se niega a declarar, o responde evasivamente.
CUARTO.- Que, conforme se establece en el Artículo 23.1 de la Ley 29497 la carga de
la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras
adicionales; que, asimismo, el artículo 197º del Código Procesal Civil (CPC), de
aplicación supletoria al caso de autos, señala que: “Todos los medios probatorios son
valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin
embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión”. Asimismo, el artículo 188° del CPC, se
2 colige que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por
las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y
fundamentar sus decisiones; siendo así, es admisible todo medio probatorio que sirva a
la formación de la convicción del Juez, siempre que no esté expresamente prohibido ni
sea contrario al orden público a la moral o las buenas costumbres.
QUINTO.- Que, el artículo 121º del Código Procesal Civil en el tercer párrafo establece
que mediante la sentencia, el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva,
pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión
controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez
de la relación procesal.
SEXTO.- SOBRE LA RELACIÓN LABORAL. Que, este punto no constituye materia
de controversia en el presente proceso, por cuanto ambas partes procesales coinciden
y aceptan la existencia de la misma durante el 07 de noviembre del 1985 a la fecha, en
la categoría de Técnico III, cargo Recibidor Pagador; circunscribiéndose la controversia
en determinar si le corresponde a la actora el pago de la bonificación por productividad
sindical y productividad gerencial y su incidencia en las cinco gratificaciones anuales y
la compensación por tiempo de servicios
SÉPTIMO.- SOBRE LAS REMUNERACIONES.
7.1 Cabe señalar en primer término que la Constitución Política del Perú, en relación a
las remuneraciones, en su artículo 23°, señala que: “Ninguna relación laboral puede limitar el
ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”; en tanto
que en su Artículo 24°, prevé que: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y
suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.”; y finalmente en su
artículo 26°, precisa que: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1) Igualdad de
oportunidades sin discriminación; 2) Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución
y la ley; y 3) Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una
norma.”
7.2. En el ámbito internacional, se tiene el Convenio N° 100 de la Organización
Internacional de Trabajo, aprobado por el Estado Peruano y que por ende forma parte
del bloque de constitucionalidad, que en su artículo primero establece que: “el
término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro
emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en
concepto del empleo de este último.”
7.3. En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 6° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral – LPCL-, establece que “constituye remuneración
para todo efecto legal el integro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie
cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición”;
desprendiéndose de ello, el concepto de carácter de libre disponibilidad que es su falta
de condicionamiento para su gasto, además de requerir para tener naturaleza
computable el carácter de regular, ordinario, fijo y permanente, conforme a lo
dispuesto por el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 650, constituyendo dichos
elementos los que tipifican per se el carácter remunerativo de lo percibido por el
trabajador en dinero o en especie; normatividad concordante con el artículo 16° del
Decreto Supremo N° 001-97-TR, que establece: “se considera remuneración regular aquella
percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos
u otros motivos”.
3 7.4. En restricción a la previsión normativa referida, el artículo 7° de la LPCL, dispone
que no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los
artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650,
considerando entre aquellos en el inciso a) del citado artículo 19°; las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de
liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o
aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecida por
resolución de Autoridad Administrativa de Trabajo o por laudo.
OCTAVO.- DE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
8.1. En el presente caso, se tiene que la entidad demandada emitió diversas
disposiciones legales, vinculadas con la productividad gerencial, que se mencionan
a continuación:
a) Por Resolución Suprema N° 104-94-EF (acompañada por la demandada a su
escrito de contestación), se aprobó la política remunerativa del Banco de la Nación,
en concordancia con la Ley del Presupuesto Público del año 1994; y en su Anexo 2,
se estableció el otorgamiento de una Asignación Extraordinaria por Productividad,
precisando que dicha ella constituye un pago extraordinario que no incrementa ni
incide en la remuneración básica ni en los niveles remunerativos, haciendo hincapié
en el sexto párrafo que no es computable ni base de cálculo para ningún tipo de
remuneración, pensión o beneficio.
b) Por Resolución Suprema N° 121-95-EF, de octubre de 1995, (acompañada por la
demandada a su escrito de contestación) se autorizó a la demandada, para que a
partir del 01 de agosto de 1995, otorgue (adicionalmente a lo establecido en la
Resolución Suprema N° 104-94-EF) una bonificación por productividad previa
evaluación específica y personal de cada trabajador, en función al trabajo efectivo
realizado. Dicha Bonificación, de acuerdo a la propia Resolución Suprema constituiría
un pago extraordinario, de carácter excepcional, condicionado, eventual y aleatorio
en su percepción, no computable para ninguna remuneración o beneficio,
estableciéndose también que la bonificación se mantendría y serviría de base para el
establecimiento de una nueva política en su oportunidad.
c) Luego, por Resolución Suprema N° 009-97-EF, de enero de 1997, (acompañada
por la demandada a su escrito de contestación), en el marco de la Ley del
Presupuesto Público de 1997, se aprobó la política remunerativa de la demandada
autorizándosele a otorgar a sus trabajadores a partir del 01 de noviembre de 1996,
una bonificación por productividad bajo los mismos requisitos y condiciones previstas
por la Resolución Suprema N° 121-95-EF.
d) Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 010-2002-EF, se modificó la
política remunerativa del Banco de la Nación para el año 2002; y
4 e) Finalmente, por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2003/DE-FONAFE,
publicada el 02 de diciembre del 2003, se aprobó la Política y Escala Remunerativas
vigentes del Banco de la Nación; en la que en su Anexo N° 1, punto 2) se estableció
como conceptos remunerativos tanto a la Productividad Gerencial y a la Productividad
por Convenio (Sindical), esto es, a partir de diciembre del 2003, se reconoció
expresamente por el FONAFE, a ambos conceptos su naturaleza remunerativa.
8.2. Si bien es cierto que la demandada, refiere en su escrito de contestación que “a
partir del año 1993 se formalizaron negociaciones entre la Alta Dirección del Banco y sus
trabajadores, algunas de manera colectiva y otras individuales, en las que se pactaron, entre
otro, los abonos de la productividad gerencial”; sin embargo, conforme a las disposiciones
legales referidas, la productividad gerencial fue otorgada de forma unilateral por el
Banco, inicialmente hasta el año 1999, mediante abonos anuales y a partir del año
2000 en forma continua en períodos mensuales, en forma conjunta con las
remuneraciones mensuales percibidas por la actora, lo cual no fue negado ni
contradicho por la demandada.
8.3. De otro lado, también cabe señalar que si bien es cierto, que la Resolución
Suprema 121-95-EF, se dictó en el marco del Decreto de Urgencia N° 09-94; que
declaró en reorganización al Banco de la Nación, para que adecue su organización a lo
dispuesto en su nuevo Estatuto ejecutando un programa de Reestructuración y
Racionalización Administrativa Financiera y de Personal; y en su artículo 14°, dispuso
que el Directorio de la misma, reciba del organismo competente la delegación de
facultades para aplicar el proceso presupuestario y dictar normas de austeridad y
remuneraciones aplicables al Banco, con sujeción a lo dispuesto por el Decreto Ley N°
25926; que dispone que las políticas remunerativas de las entidades financieras, en el
que se incluye el Banco de la Nación, debe ser aprobada por Resolución Suprema
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; en cuya virtud formaría
parte del bloque de legalidad y por ende rango de ley y que dicha disposición además
estableció que dicha productividad gerencial, constituiría un pago extraordinario, de
carácter excepcional, condicionado, eventual y aleatorio en su percepción, no
computable para ninguna remuneración o beneficio; también es cierto, que la misma
disposición estableció que la bonificación sería otorgada previa evaluación específica y
personal de cada trabajador, en función al trabajo efectivo realizado y que ella se
mantendría y serviría de base para el establecimiento de una nueva política en su
oportunidad; es decir, su percepción estuvo condicionada al trabajo efectivo realizado
5 y a la evaluación específica de cada trabajador; esto es, estuvo vinculado a la
prestación efectiva de servicios, es decir, tiene una finalidad
contraprestativa.
8.4. En torno al primer aspecto referido a la jerarquía normativa, resulta pertinente
evaluar si la regulación es compatible con la regulación contenida en Constitución
Política del Estado y en el Convenio de la OIT N° 100, que forma parte del bloque de
constitucionalidad por tratarse de una norma internacional en materia de derechos
humanos y aprobada por el Estado Peruano.
8.5. Dicho Convenio, estipula que el término remuneración comprende el salario o
sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie
pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de
este último; es decir, una contraprestación a la prestación efectiva de sus servicios; en
tal sentido, la regulación normativa contenida en la Resolución Suprema N° 121-95-EF,
resultaría incompatible con dicho precepto, dado que pese a constituir una
contraprestación a servicios efectivos, no se le reconoce su naturaleza remunerativa;
incompatibilidad que debe ser resuelta con aplicación del principio de supremacía de la
constitución y jerarquía normativa contenidos en el artículo 51° de la Constitución, que
señala que: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de
inferior jerarquía, y así sucesivamente.”; y en virtud a dicho precepto debe preferirse la
aplicación del Convenio N° 100 de la OIT.
8.6. Además para la interpretación de la mencionada Resolución Suprema, debe
tenerse en cuenta la prohibición de que cualquier relación laboral limite el ejercicio de
derechos constitucionales o desconozca o rebaje la dignidad del trabajador; así como
el principio del in dubio pro operario que supone la obligación de que se realice la
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de
una norma.
8.7. Sin perjuicio de lo anterior, en torno a la alegación del carácter extraordinario de
dicho concepto, cabe señalar que ello no puede estar ligado únicamente a una
calificación legal o normativa, sino también y esencialmente a su naturaleza ocasional,
eventual y no repetitiva; características que no se dan en el caso de la Productividad
Gerencial, pues éste, como se advierte de las boletas de pago adjuntadas en el CD,
asimismo como se tiene de conocimiento sobre otros procesos seguidos contra el
Banco de la Nación, en las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores,
6 fueron abonados dicho concepto a partir del año 2000 en forma mensual, continua
y periódica, aunque bajo diversas denominaciones como son: “Abono por regularizar A”,
“Préstamo A”, “Concepto no remunerativo A”, “Concepto variable I”, “Ingreso no
remunerativo”, lo cual no fue negado por la demandada; por lo que, debe estimarse
que dicho concepto no constituye una gratificación extraordinaria, sino que
tuvo naturaleza remunerativa; asimismo, no ha probado que a partir del año 2000,
para el otorgamiento del referido bono se hayan efectuado evaluaciones previas a cada
uno de los trabajadores; además tampoco acredita la existencia de los parámetros
evaluados ni las metas que se hubieren considerado para el pago, y tampoco ha
acreditado que dichos pagos hubieran sido esporádicos o eventuales; siendo en dicho
caso de aplicación el Principio de Primacía de la Realidad, en cuya virtud dándose
prevalencia a los hechos frente a las formalidades o calificaciones teóricas brindadas a
las situaciones de hecho como es el caso de la productividad gerencial; debe
reconocerse el carácter remunerativo de dicha productividad y el derecho de
la actora al pago de los reintegros en las cinco gratificaciones anuales.
8.8. Adicionalmente, si bien la demandada acompaña en CD, las evaluaciones de
desempeño laboral realizadas a la actora en los años 1993 al 2005, ello corroboraría
por el contrario la naturaleza retributiva de dicho pago, por estar supeditado a la
ejecución optima de sus labores.
8.9. Sin embargo, el reconocimiento de la naturaleza remunerativa de la productividad
gerencial, no se extiende a todo el período materia de reclamo, dado que como se
aprecia, dicha productividad inicialmente fue abonada en períodos superiores al mes y
que recién a partir de enero del 2000, se les abonó a los trabajadores en períodos
mensuales, bajo las diversas denominaciones antes referidas, en tal virtud, en este
caso debe reconocérsele a la actora el derecho al pago de los reintegros en las cinco
gratificaciones anuales a partir de dicha fecha y hasta el mes de diciembre del 2005
(como ha sido peticionado), asimismo porque a partir de dicha fecha la bonificación
por productividad gerencial se incorpora al básico ; no correspondiendo por ende
reconocerse tal carácter fuera de dichos fechas.
8.10. Para el cálculo de los reintegros reclamados respecto a las cinco gratificaciones
anuales, se tendrá en cuenta los importes señalados en las boletas de pago,
digitalizadas en el CD adjuntado por la demandada; cálculo que se muestra en el
siguiente cuadro:
7 ASIGNACION PRODUCTIVIDAD GERENCIAL
ENERO
ASIGNACION FEBRERO JULIO A Ñ O S DICIEMBRE
PERIODO (AD GRAT TOTAL REINT.
ANUAL (ESCOLARID) (F. PATRIAS) SERVICIOS (NAVIDAD)
VAC)
2000 11,279.31 985.55 985.55 985.55 985.55 985.55 4,927.76
2001 12,373.93 985.55 985.55 985.55 1,076.77 1,076.77 5,110.20
2002 12,921.24 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 5,383.85
2003 12,921.24 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 5,383.85
2004 12,921.24 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 1,076.77 5,383.85
2005 6,460.62 1,076.77 1,076.77 2,153.54
28,343.04
NOVENO.- SOBRE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD SINDICAL.
9.1. Que, la Productividad Sindical, tiene su origen en los sucesivos Convenios
Colectivos de Trabajo, suscritos anualmente entre el Sindicato de Trabajadores del
Banco de la Nación - SINATBAN y la demandada (fojas 3 a 42 del escrito de demanda)
desde el año 1993. Así tenemos:
a) En el Acta de Reunión de Trato Directo, de fecha 10 de marzo de 1993, en
su cláusula adicional se estableció que el Banco de la Nación otorgará por única vez,
una suma extraordinaria de productividad por puntualidad y asistencia a todos los
trabajadores activos, incluidos los dirigentes con licencia sindical, y además precisó
que no tendrá incidencia alguna en los niveles remunerativos de la Institución;
asimismo, estableció en su párrafo tercero que dicha bonificación se encuentra
condicionada a la prestación de trabajo efectivo durante el año 1993 con arreglo a los
requerimientos que la motivan.
b) En el Convenio Colectivo 1993, vigente para dicho año, estableció en su punto 4)
como una de las condiciones en el otorgamiento de la productividad por puntualidad
y asistencia y su No incidencia en los niveles remunerativos de la Institución.
c) En el Laudo Arbitral del 09 de septiembre de 1994; su artículo primero se
estableció que el Banco de la Nación por única vez otorgará una Bonificación
Extraordinaria por Productividad en base a la Puntualidad y Asistencia de los
Trabajadores con contrato de trabajo vigente al 31 de julio de 1994; sin precisarse
8 en ella, como en los convenios anteriores que dicha bonificación no tenga
naturaleza remunerativa.
d) En el Acta de Reunión de Trato Directo del 30 de octubre de 1995; se acordó
en su cláusula primera que el Banco de la Nación otorgará por única vez una
Bonificación Extraordinaria por Productividad en base a la Puntualidad, Asistencia y
Eficiencia de los Trabajadores con contrato de trabajo vigente al 01 de octubre de
1995, precisando que por su naturaleza extraordinaria se encuentra condicionada a la
prestación de trabajo efectivo durante el año 1995; sin precisarse que ella no
tenga naturaleza remunerativa.
e) En el Convenio Colectivo del 27 de julio de 1996; se estableció en su cláusula
tercera que el Banco continuará abonando la Bonificación Extraordinaria por
Productividad con arreglo a las condiciones establecidas en el punto Primero del Acta
del 30 de octubre de 1995; es decir, sin precisarse tampoco que no tenga
naturaleza remunerativa.
f) En el Convenio Colectivo del 26 de junio de 1997; se acordó en su cláusula
primera que se mantendrán las condiciones de trabajo vigentes en los montos y
condiciones que se vienen otorgando; sin precisarse tampoco que dicha
bonificación no tenga naturaleza remunerativa.
g) En el Convenio Colectivo del 29 de octubre de 1998; se acordó en su cláusula
primera punto 21), que se mantendrá el beneficio con arreglo a los términos y
condiciones que rigen su otorgamiento, precisándose que su monto se mantendrá en
S/. 4,531.00 al año (importe fijado por Resolución Suprema N° 009-97-EF), con lo
que se evidencia que su pago era una sola vez al año y sin precisarse tampoco
que dicha bonificación no tenga naturaleza remunerativa.
9.2 Del análisis y revisión de los citados convenios colectivos, podemos expresar las
siguientes consideraciones:
a) Que, la productividad sindical, inicialmente le fue abonada en un importe
fijado en el convenio y en un solo pago hasta el año 1999; sin embargo, la
emplazada posteriormente le fue abonando bajo la denominación de “Abono
por regularizar-B”, desde el año 2000 y bajo las denominaciones de
“Préstamo-B” y “Concepto no remunerativo-B” en el año 2001, en forma
periódica y mensual y en importe fijos; abonado conjuntamente con las
remuneraciones mensuales percibidas por aquellos.
9 b) Que, la productividad sindical le fue otorgada a los trabajadores, siempre que
se cumplan con las exigencias de puntualidad, asistencia y eficiencia, lo que
supone indudablemente la prestación de servicios efectivos, lo que evidencia
pues que en la realidad constituía una contraprestación a dichos servicios
efectivos, aunque bajo denominaciones especiales, como se ha referido
precedentemente; circunstancia que desvirtúa de plano el supuesto carácter
excepcional, que le fuera asignado en la celebración de dichos convenios
colectivos.
c) Que, únicamente fue en el convenio colectivo del año 1993, en el que se
estipuló expresamente el carácter no remunerativo de la productividad
sindical, dado que en los demás convenios no se aludió dicha precisión y
menos aún en el convenio de 1995, y siguientes en los que no se hace
ninguna alusión a dicho carácter no remunerativo.
9.3. La Casación N° 69-2005-LIMA, expedida por la Sala de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la
Productividad Sindical, estableció lo siguiente: “Quinto.- Que en el caso de autos la
Bonificación Extraordinaria por Puntualidad y Asistencia (Productividad Sindical) ha sido entregada en
forma habitual desde mil novecientos noventitrés hasta mil novecientos noventiocho; esto es, por un lapso
de cinco años, conforme se aprecia de fojas (…), desvirtuando el hecho que haya sido en forma ocasional,
asimismo la citada bonificación constituye una ventaja patrimonial para el trabajador, concluyéndose que
era percibido por los servicios prestados; consiguientemente tiene el carácter remunerativo”,
reconociéndole a dicha bonificación, constituir una ventaja patrimonial y una
contraprestación a los servicios efectivos, al estar condicionado a la puntualidad y
asistencia; por lo que, esta Judicatura estima que dicha bonificación al haber
sido percibido mensualmente a partir del año 2000, reviste naturaleza
remunerativa, y en tal virtud, tiene incidencia en el pago de las cinco gratificaciones
anuales percibidas por la actora; es decir, debió ser considerado base de cálculo de
dichas gratificaciones y al no haber sido incluido, le asiste a la actora el derecho al
pago de los reintegros pretendidos.
9.4. Sin embargo, el reconocimiento de la naturaleza remunerativa de la productividad
sindical, no se extiende a todo el período materia de reclamo, dado que ella
inicialmente le fue abonada en períodos superiores al mes y recién a partir de enero
del 2000, se pagó dicha productividad en períodos mensuales, bajo las diversas
denominaciones antes referidas y solo hasta diciembre del 2001, por haber pasado
10 posteriormente a formar parte de la remuneración básica, en tal virtud, en este caso
debe reconocérsele a la actora el derecho al pago de los reintegros en las cinco
gratificaciones anuales a partir de enero del 2000 y hasta el mes de diciembre del
2001, no correspondiendo por ende reconocerse tal carácter a lo percibido por el
mismo concepto en el período anterior o posterior.
9.5. Para el cálculo respectivo por reintegros de la productividad sindical en las cinco
gratificaciones anuales debe tomarse en cuenta las boletas de pago adjuntas en el CD
presentado por emplazada, asimismo lo señalado precedentemente, lo que se muestra
en el siguiente cuadro:
ASIGNACION PRODUCTIVIDAD SINDICAL
ENERO
ASIGNACION FEBRERO JULIO A Ñ O S DICIEMBRE
PERIODO (AD GRAT TOTAL REINT.
ANUAL (ESCOLARID) (F. PATRIAS) SERVICIOS (NAVIDAD)
VAC)
2000 5,395.32 449.61 449.61 449.61 449.61 449.61 2,248.05
2001 449.61 449.61 449.61 449.61 229.61 2,028.05
S/. 4,276.10
DÉCIMO.- SOBRE EL REINTEGRO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS.- Con respecto al reintegro de la compensación por tiempo de servicios
peticionada, se debe mencionar que resulta procedente, en razón a que en la presente
sentencia se ha reconocido el carácter remunerativo de la bonificación por
productividad sindical y gerencial, debiendo considerarse en su cálculo ambas
bonificaciones; sin embargo se debe precisar que los mismos solo se reconocerán en
los periodos en los que esta judicatura ha reconocido la naturaleza remunerativa de
dichas bonificaciones: productividad sindical (2000-2001) y productividad gerencial
(2000 a 2005).
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
CTS PRODUCTIVIDAD REMUN DEPOSIT ABONADO REINTEG
DEL AL MES DIA SINDIC GERENC COMPUT CTS DDA
01/11/1999 30/04/2000 6 449.61 985.55 1,435.16 717.58 0.00 717.58
11 01/05/2000 31/10/2000 6 449.61 985.55 1,435.16 717.58 671.97 45.61
01/11/2000 30/11/2000 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/12/2000 31/12/2000 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
1,002.39
01/01/2001 31/01/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/02/2001 28/02/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/03/2001 31/03/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/04/2001 30/04/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/05/2001 31/05/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/06/2001 30/06/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 0.00 119.60
8,610.97 717.58 0.00 717.58
01/07/2001 31/07/2001 1 449.61 985.55 1,435.16 119.60 119.60
01/08/2001 31/08/2001 1 229.61 985.55 1,215.16 101.26 101.26
01/09/2001 30/09/2001 1 229.61 985.55 1,215.16 101.26 101.26
01/10/2001 31/10/2001 1 229.61 985.55 1,215.16 101.26 101.26
01/11/2001 30/11/2001 1 229.61 985.55 1,215.16 101.26 101.26
01/12/2001 31/12/2001 1 229.61 985.55 1,215.16 101.26 0.00 101.26
7,510.97 625.91 0.00 625.91
01/01/2002 31/01/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/02/2002 28/02/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/03/2002 31/03/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/04/2002 30/04/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/05/2002 31/05/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/06/2002 30/06/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 0.00 89.73
6,460.62 538.39 0.00 538.39
01/07/2002 31/07/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/08/2002 31/08/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/09/2002 30/09/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/10/2002 31/10/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/11/2002 30/11/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/12/2002 31/12/2002 1 1,076.77 1,076.77 89.73 0.00 89.73
6,460.62 538.39 0.00 538.39
01/01/2003 31/01/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/02/2003 28/02/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/03/2003 31/03/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
12 01/04/2003 30/04/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/05/2003 31/05/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/06/2003 30/06/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 0.00 89.73
6,460.62 538.39 0.00 538.39
01/07/2003 31/07/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/08/2003 31/08/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/09/2003 30/09/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/10/2003 31/10/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/11/2003 30/11/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/12/2003 31/12/2003 1 1,076.77 1,076.77 89.73 0.00 89.73
6,460.62 538.39 0.00 1,076.77
01/01/2004 31/01/2004 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/02/2004 29/02/2004 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/03/2004 31/03/2004 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/04/2004 30/04/2004 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/05/2004 31/05/2004 1 1,076.77 1,076.77 89.73 89.73
01/06/2004 30/06/2004 1 1,076.77 1,076.7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA SSSSAAAALLLLAAAA LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL
EXPEDIENTE N.º 21109-2015-89-1801-JR-LA-07°
Señores:
ARAUJO SANCHEZ
BEGAZO VILLEGAS
CÁRDENAS ALVARADO
Lima, trece de julio de dos mil veinte.
AUTOS Y VISTOS:
Traídos para resolver; e interviniendo en calidad de ponente el señor Juez
Superior Cárdenas Alvarado;
ASUNTO:
Viene en grado de apelación: La Resolución N.º QUINCE, de fecha 30 de
abril de 2019, obrante a fojas 46 a 48, que Resuelve: FIJAR los costos
procesales en la suma de S/.4, 000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES),
más un 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima en la suma de S/
200.00 Soles.
AGRAVIOS:
La demandada mediante recurso de apelación de fecha 13 de mayo de
2019, de fojas 51 a 53, señala los siguientes agravios:
i. Que, el presente proceso ha sido tramitado con la Nueva Ley Procesal
de Trabajo y sin que mi representada entorpezca el proceso.
ii. Que, la liquidación de costos efectuada, resulta ser desproporcionada,
puesto que señala más del 15% considerando la sumatoria de la
obligación principal más los intereses legales, fijando un monto
arbitrario.
iii. Que, debe existir proporcionalidad y equidad no sólo con el monto que
fue materia del cobro, sino con las pretensiones que fueron amparadas
que determinan la razonabilidad de la existencia de la controversia.
1 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA SSSSAAAALLLLAAAA LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL
EXPEDIENTE N.º 21109-2015-89-1801-JR-LA-07°
iv. Finalmente, el A quo excede los honorarios referenciales fijados por el
Colegio de Abogados de Lima, puesto que para el caso del patrocinio
judicial en materia laboral ante juzgados de primera instancia el
honorario preferencial es de 10% de la 1 unidad impositiva tributaria
adicionándose una UIT si se interpone apelación;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370° in fine del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido
en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum1, en la
apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación,
por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la
expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
En ese sentido debemos dejar precisado en que, cuando la apelación es de
un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación.
SEGUNDO: Respecto a los costos, debemos señalar que el artículo 411
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, señala
que los costos del proceso son los honorarios del letrado patrocinante de la
parte vencedora más un 5% destinado para el Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios
de los abogados en los casos de Auxilio Judicial, de la misma manera el
artículo 414 del cuerpo legal citado, señala que es el Juzgador de manera
excepcional quien regula los alcances de la condena de costos, tanto en su
1 Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior solo alcanza a éste y a su
tramitación.
2 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
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monto, como en los obligados y beneficiados con el mismo, en atención a las
incidencias del proceso.
TERCERO: Absolviendo los agravios formulados por la demandada
referidos a la fijación del pago de los costos del proceso; es preciso
señalar que la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N.° 29497 Nueva
Ley Procesal del Trabajo establece que “En los procesos laborales el Estado
puede ser condenado al pago de costos (…)”; asimismo, el artículo 411 del
Código Procesal Civil prevé que los costos del proceso son los honorarios del
letrado patrocinante de la parte vencedora más un 5% destinado para el
Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo, para su Fondo Mutual, y
para cubrir los honorarios de los abogados en los casos del Auxilio Judicial, de
la misma manera el artículo 414 del Código Procesal Civil, precisa el alcance
de la condena de costos y establece que el Juez regulará los alcances de la
condena de costos tanto respecto al monto y a los beneficiarios en atención a
las incidencias del proceso fundamentando su decisión, por lo que resulta
razonable que la parte vencida cubra los costos del proceso siempre que
estos pagos sean acreditados debiendo existir proporción y equidad con el
monto que fue materia de la cobranza;
CUARTO: También, el artículo 418 del Código Procesal Civil prescribe que
para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los
tributos que correspondan, atendiendo a los documentos presentados, el Juez
aprobará el monto;
Quinto: Al respecto, el demandante presentó el escrito de fecha 24 de enero
de 2019, obrante de fojas 44 a 45, respecto a los costos procesales,
adjuntando el Recibo por Honorarios Electrónico N.° E001-93 por el monto de
S/ 10,270.00, a fojas 44, del letrado Rolando Humberto Cruz Ramírez; sin
embargo, no adjunta el recibo de pago del tributo, motivo por el cual ha
cumplido en parte, con presentar la documentación a la que se hace
referencia en el artículo 418° del Código Procesal Civil;
3 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
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SEXTO: No obstante ellos, cabe precisar además que, para la regulación de
los costos se debe ceñir a los parámetros que están regulados en el título XV
del Código Procesal Civil, y que se aplican en concordancia con los principios
de discrecionalidad y prudencia con los que se encuentra facultado el
Juzgador; siendo así, el monto debe establecerse teniendo en cuenta: 1) La
cuantía del asunto decidido; 2) La dificultad de las cuestiones debatidas; 3) El
grado del éxito obtenido; 4) La duración del proceso, que implica tener en
cuenta las instancias recurridas; y, 5) Las pretensiones que han sido
amparadas.
SÉPTIMO: Por otra parte, la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados de
Lima; sólo establece honorarios mínimos, aplicándose sobre el monto
ordenado pagar, señalamiento que debe efectuarse en forma prudencial,
teniéndose presente adicionalmente la actividad procesal, las instancias y las
articulaciones que se hubieren suscitado en el proceso.
OCTAVO: Siendo así, es de verse que el presente proceso inició el 16 de
setiembre de 2015, con la presentación de la demanda (obrante de fojas 01 a
08) suscrita por el letrado Rolando H. Cruz Ramírez, así mismo, el referido
letrado participó en la Audiencia de Conciliación de fecha 22 de julio de 2016,
tal y como consta en el Acta de dicha diligencia obrante de fojas 09 a 10 y en
la Audiencia de Juzgamiento de fecha 27 de enero de 2017.
NOVENO: En ese sentido, mediante Sentencia N.° 040-2017, contenida en la
Resolución Número Tres de fecha 27 de enero de 2017, emitida por el
Séptimo Juzgado Especializado Permanente de Trabajo, de fojas 14 a 28, se
declaró fundada en parte la demanda sobre reintegros de gratificaciones y
compensación por tiempo de servicios; en consecuencia, ordenó a la
demandada pagar la suma de S/ 39 092.64, Sentencia que fue Confirmada
por la Tercera Sala Laboral de Lima, mediante Sentencia de Vista de fecha 05
de abril de 2018, de fojas 30 a 41, modificando el monto de abono que la
demandada debe pagar a la accionante por el importe de S/ 32 619.14 por
reintegros de las cinco gratificaciones anuales por productividad gerencial
(periodo 2000 al 2005) y por productividad sindical (periodo 2000 al 2001) y
4 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA SSSSAAAALLLLAAAA LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL
EXPEDIENTE N.º 21109-2015-89-1801-JR-LA-07°
dispusieron que la demandada se constituya en depositaria o efectúe el
depósito en la entidad bancaria/financiera que corresponda por la
compensación por tiempo de servicios como incidencia de las cinco
gratificaciones por la suma de S/ 6 473.50; habiendo transcurrido por todo el
desarrollo del proceso, desde la presentación de la demanda hasta la emisión
de la resolución de la Tercera Sala Laboral, un periodo de 2 años, 6 meses y
5 días.
DÉCIMO: Aunado a ello, es de valorarse igualmente que en el caso de autos,
se otorgó al demandante el monto total de S/ 39,092.64; del mismo modo, se
advierte que mediante Resolución N° 13, de fecha 26 de octubre de 2018, se
ordenó el pago de los intereses legales en la suma de S/ 12,276.93 soles,
haciendo un total de S/ 51,369.57 soles; además, se debe tener en cuenta
que mediante Resolución N° Quince, el A quo ha fijado los costos procesales
por el monto de S/ 4 000.00, más el 5% para el Colegio de Abogados
equivalente a S/ 200.00; advirtiéndose de ello, que si se ha tenido en cuenta
los elementos objetivos que le han servido de parámetro para a la fijación de
los costos, resultando evidente que se han aplicado los criterios de
proporcionalidad y razonabilidad, y estando de acuerdo al marco jurídico que
delimitan los artículos 414° y 418° del Código Proc esal Civil; y, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil se
deberá remitir al A quo la copia de la presente resolución a fin de que se
realice la ejecución del mismo, precisándose que la demandante previo a
realizar el cobro de los costos del proceso, deberá acreditar el pago del
impuesto a la renta o su exoneración.
Por estos fundamentos, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Estado:
RESUELVE:
5 PPPPOOOODDDDEEEERRRR JJJJUUUUDDDDIIIICCCCIIIIAAAALLLL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA SSSSAAAALLLLAAAA LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAALLLL
EXPEDIENTE N.º 21109-2015-89-1801-JR-LA-07°
CONFIRMAR la Resolución N.º Quince de fecha 30 de abril de 2019, obrante
de folios 46 a 48, en el extremo que Resuelve: FIJAR los costos procesales
en la suma S/ 4 000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES), más un 5%
destinado al Colegio de Abogados de Lima en la suma de S/ 200.00
(DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES). REQUERIR cumpla la demandante
con adjuntar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago,
así como de los tributos que correspondan, en estricto cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 418 del Código Procesal Civil.
En los seguidos por KARIM ELISA REUSCHE MORALES DE MASIAS
contra el BANCO DE LA NACIÓN sobre derechos laborales y DISPUSIERON
que por Secretaría de Sala se remita copia certificada de la presente
resolución al Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima;
en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 383 del
Código Procesal Civil, Notificándose.-
6 |
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EXPEDIENTE : 21321-2015-0-1801-JR-LA-12
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE NORMAS LABORAL
JUEZ : PUCHO CARBAJAL, RAQUEL BETTY
ESPECIALISTA : VALLADARES GAGO NATHALY KENNELL
DEMANDADO : PISOPAK PERU SAC
DEMANDANTE : SALAS SUMARAN, JULIO CESAR
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO
Lima, quince de marzo
Del dos mil veintitrés.-
Por recibido el INFORME PERICIAL Nº 0016-2022-JFBM-PJ por el perito judicial adscrito, en tal
sentido, corresponde correr TRASLADO a las partes procesales, por el termino de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES conforme lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 63° de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, a fin de que absuelva lo pertinente a su derecho y en caso de haber
alguna observación sobre aspectos metodológicos del cálculo, la partes procesales deben
necesariamente presentar una liquidación alternativa.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
12° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA Edifício Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola S/N, Lima
______________________________________________________________
INFORME PERICIAL Nº 0016-2022-JFBM-PJ
EXPEDIENTE : N° 21321-2015-91-1801-JR-LA-12
ESPECIALISTA : BELLA MARUJA SIALER NIETO
DEMANDANTE : JULIO CESAR SALAS SUMARAN
DEMANDADO : PISOPACK PERU S.A.C.
MOTIVO : INTERESES LEGALES
Lima, diez y ocho del dos mil veinte y dos.-
Tengo a bien dirigirme a usted a fin de presentar a su consideración el Informe
Pericial ordenado por su Despacho, mediante Resolución N° 2.
1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME
Según Resolución Nº 2 del 05 de agosto del 2020, se dispone remitir los autos al Perito
adscrito al Juzgado a efectos de que proceda a efectuar el cálculo de intereses que
correspondan en este proceso, para proceder a lo requerido se tuvo de conocimiento la
Sentencia de Vista del 17 de julio del 2019 emitido por la Octava Sala Laboral
Permanente de Lima donde HA RESUELTO:
1.- CONFIRMARON la Sentencia Nº 269-2016-12°JETL expedida mediante
Resolución N° 03 de fecha 23 de agosto de 2016 (a fojas 261 a 271), en el cual
infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios
correspondiente al concepto de lucro cesante.
2.- REVOCAR la Sentencia Nº 269-2016-12°JETL expedida mediante Resolución
N° 03 de fecha 23 de agosto de 2016 (a fojas 261 a 271), en el cual infundada la
demanda de indemnización por daños y perjuicios correspondiente al concepto
de daño moral; por lo que, reformándola, la declararon FUNDADA,
ordenándose el pago de una suma de S/. 70,000.00 por la figura del daño moral.
En los seguidos por JULIO CESAR SALAS SUMARAN contra la PISOPAK
PERU S.A.C., sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron al
juzgado de origen.
2.-EXAMEN PERICIAL
Con la finalidad de cumplir con el cálculo de los Intereses Legales, se efectuó
el estudio de autos determinándose que el mismo debe establecerse por el
periodo comprendido del 17 de noviembre del 2015 (fecha de notificación de la
demanda) al 05 de febrero del 2020 (fecha de consignación) sobre el monto de S/
70,000.00 soles, (por Indemnización por Daños y Perjuicios correspondientes al concepto de
daño moral) de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil en sus artículos N° 1244° y 1245°, practicándose la liquidación hasta el 05 de febrero del 2,020 por
cuanto en autos figura el pago de la obligación principal.
Se pone de conocimiento a su despacho que la demandada ha realizado dos pagos a
cuenta realizado al demandante siendo los siguientes; primer depósito en la suma de S/
30,000.00 soles, según Depósito Judicial N° 2018009916578 del 07 de noviembre del
2018, segundo depósito en la suma de S/ 40,000.00 soles, según Depósito Judicial N°
2020000801104 del 05 de febrero del 2020, pongo de conocimiento que estas dos
consignaciones también generan intereses legales, los que se deducirán los intereses de
la obligación principal.
3.- FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA
Para la determinación de los intereses legales se ha considerado como fuentes
información las Circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas en
el diario Oficial “ El Peruano” que fijan las tasas de interés legal, así como las
publicaciones diarias efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el
mencionado diario relativas a la Tasa de Interés Legal Tasa Efectiva conforme a los
alcances por el Código Civil N° 1244° y 1245° referido, en las que aparecen los
factores diarios y acumulados, aplicándose al caso de autos las tasas de interés
legal en Moneda Nacional.
Además informo a Ud. que durante el periodo a liquidar las tasas de interés
legal se encuentran fijadas en función a la Tasa de Interés Pasiva en Moneda
Nacional (TIPMN), determinándose que el factor aplicable para el periodo del 17-
11-2,015 al 05-02-2,020 alcanza a: 0.11101 el mismo que resulta del factor
acumulado a la fecha de 05-02-2020 entre el día anterior de la fecha de origen
siendo 16-11-2015 menos 1, conforme se detalla a continuación:
Forma de determinación de los Intereses Financieros:
FO = FA, día de liquidación (a) - 1
FA, día que se venció. (b)
Donde:
FO = Factor Obtenido
FA = Factor Acumulado
(a) = Se refiere a la fecha de la liquidación o actualización.
(b) = Se refiere a la fecha de origen o inicio de la deuda.
Calculo:
- Factor acumulado al = 05-02-2,020 = 7.68013
- Factor acumulado al = 17-11-2,015 6.91274
= 1.111010973 - 1
= 0.11101 4.- LIQUIDACIÓN
Al efecto, se tuvo en consideración los siguientes elementos de juicio:
- Fecha en que se Devenga el Interés : 17-11-2,015
- Fecha de Cancelación : 05-02-2,020
- Período a Liquidar : 17-11-2,015 al 05-02-2,020
- Obligación : S/ 80,000.00
La determinación del Interés Legales Efectiva que le correspondería al actor se muestra
a continuación.
Conceptos Período N° Obligación Factor Interés
Del Al Días Legal
Indem. por Daños y Perjuicios (Daño Moral) 17/11/2015 05/02/2020 1542 70,000.00 0.11101 7,770.70
Menos: Pagos a Cuenta
08/11/2018 05/02/2020 -30,000.00 0.03003 -900.9
05/02/2020 -40,000.00 0.00000 0.00
Total Intereses Legales 6,869.80
5.- CONCLUSIÓN
De lo expuesto, se deduce la siguiente conclusión, los Intereses Legales liquidados
de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil N° 1244° y 1245° liquidados al
05-02-2,020 ascienden al S/ 6,869.80 soles.
Es cuanto informo a Ud., señor Juez.
Lima, 18 de febrero del 2,022 |
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Señores:
YANGALI IPARRAGUIRRE.
VÁSCONES RUIZ.
ALMEIDA CÁRDENAS.
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, 02 de setiembre de 2019.
Visto: El expediente, y, dando cuenta, a los escritos presentados por el demandado
recurso de casación, de fecha 15 de agosto del año en curso:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Con fecha 17 de julio del año dos mil diecinueve, este Órgano Superior
expidió la Sentencia de Vista, que resuelve: CONFIRMAR la sentencia N° 269-2016-
12° JETL en el cual declara infundada la demanda de indemnización por daños y
perjuicios correspondiente al lucro cesante y REVOCAR el extremo que declararon
infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios correspondiente al
concepto de daño moral; por lo que reformándola, la declararon fundada, ordenándose
el pago de una suma de S/. 70.000 por la figura de daño moral; expedida en grado de
apelación por el Décimo Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Lima. No
conforme con lo resuelto por este Colegiado, el demandado mediante el escrito 15 de
agosto del presente año, interpone recurso extraordinario de casación contra la
Sentencia de Vista.
SEGUNDO: El numeral 2) del artículo 35° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N°
29497, establece que el recurso de casación se interpone ante el órgano jurisdiccional
que emitió la resolución impugnada, debiendo la Sala Superior correspondiente, remitir
el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite, dentro del plazo de tres (3) días
hábiles.
TERCERO: Que, la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de
las sentencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° de la citada Ley
Procesal; en consecuencia, este COLEGIADO DISPONE:
1) COMUNICAR a las partes el Avocamiento a los autos por parte de los
magistrados que suscriben la presente resolución en virtud a lo dispuesto
mediante Resolución Administrativa N° 002-2019-P-CSJL/PJ de fecha 02
de enero del 2019 y publicada el 03 de enero del 2019; se dispuso la re
conformación de las Salas Superiores de la Corte Superior de Justicia de
Lima, y siendo que en la actualidad la Octava Sala Laboral Permanente, ha
sido modificada y re conformada. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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2) ELEVAR los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República con la debida nota de atención.
3) REMITIR copia certificada de las piezas procesales al juzgado de origen, a
fin que continúe el trámite que corresponda, siendo la Secretaria de Sala la
responsable del mismo. y al primer, otrosí: Téngase presente.
Notifíquese.- |
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S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
VASCONES RUIZ
ALMEIDA CARDENAS
Sumilla: Si bien es verdad que inicialmente la jurisprudencia nacional se
inclinaba por la plena probanza, mediante una prueba cierta o
sucedáneo, del daño moral, pero, en la actualidad la misma
jurisprudencia ha variado su criterio, de conformidad a lo regulado en
el inciso 5) del artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N°
29497, mediante la valoración de un daño cuando se aprecie indicios o
elementos subsecuentes que permitan la certeza a la Judicatura sin la
necesidad de recurrir a una prueba directa, el cual haga irrazonable la
finalidad d el tal conducta.
SENTENCIA DE VISTA
Lima, diecisiete de julio del dos mil diecinueve.-
VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre, esta Octava Sala
Laboral emite resolución con base en lo siguiente:
I. PARTE EXPOSITIVA:
I.1. Objeto de la revisión
Vienen en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por la
demandante, JULIO CESAR SALAS SUMARAN, contra la Sentencia Nº 269-
2016-12°JETL expedida mediante Resolución N° 03 de fecha 23 de agosto de
2016 (a fojas 261 a 271), en el cual infundada la demanda de indemnización
por daños y perjuicios, ordenando el archivamiento definitivo del proceso.
I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)
La parte demandante, JULIO CESAR SALAS SUMARAN, en su recurso de
apelación, a fojas 302 a 311, refieren que la resolución impugnada incurrió en
diversos errores, señalado los siguientes agravios:
i. El juzgado ha incurrido en diversos vicios de motivación, conllevando a
su nulidad, pues no ha realizado una valoración de los medios
probatorios presentados, pues es falso que la parte demandante haya
tenido conocimiento del protocolo de la máquina, por cuanto le
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ordenaron que manejara la máquina lijadora sin alguna capacitación
previa. (Agravio N° 01)
ii. Existe un error al momento de señalar alguna imprudencia del
demandante al momento de alegar una ruptura del nexo causal, por
cuanto no se aprecia alguna constancia de capacitación en el manejo de
la referida maquina. (Agravio N° 02)
iii. No existe una motivación suficiente al momento de haber denegado los
conceptos de lucro cesante y daño moral (daño a la persona), por
cuanto el accidente de trabajo sufrido a ocasionado que el demandante
el 01 de junio de 2015 no labore y perciba una remuneración, así como
el daño sicológico sufrido.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO.- En lo que respecta a los límites de las facultades de este
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente.
Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo
alcanzará a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano
jurisdiccional circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito.
CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES
SEGUNDO.- Respecto a la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú prescribe que
toda resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1. Con ello,
la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren motivadas o
fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se está llevando
a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un derecho
fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa2;
pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el mismo no
garantizará una determinada extensión de la motivación, pues solamente
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit.
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532.
2 Ibidem, pág. 532
2 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en la decisión
a asumir, es decir, una relación entre lo pedido y lo resuelto.
Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215-2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegiado constitucional ha
sostenido en reiterada jurisprudencia que ”La jurisprudencia de este Tribunal ha
sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales
sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que
pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables…De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se
revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función
jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los
justiciables” (…) “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido
constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación
jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la
explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los
supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas
por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto
de motivación por remisión”.
Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido del
Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal
colegiado sostiene que:
“El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los
cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia
recaída en el Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal
reconoció las siguientes hipótesis de vulneración:
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente
b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una
doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia
a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su
decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la
postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz
de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la
decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito
constitucional de la debida motivación mediante el control de los
argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya
sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su
coherencia narrativa.
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas,
que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que
3 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su
validez fáctica o jurídica [según corresponda].
d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de
motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho
indispensables para asumir que la decisión está debidamente
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar
respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia,
vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la
“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en
sustancia se está decidiendo.
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela
judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las
sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de
las partes de manera congruente con los términos en que vengan
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan
modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).
Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento
genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de
amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del
debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la
sentencia (incongruencia omisiva).
De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico
o los que se derivan del caso”.
TERCERO.- El derecho a la libertad probatoria y a la prueba.- El principio
de libertad probatoria surge como contrapartida al principio de prueba tasada,
propio del sistema inquisitivo, pues mediante el presente principio se deriva -a
su vez- la obligación de todo magistrado de observar el principio de verdad
material, dado que el mismo constituye uno de los fines del proceso. De ello,
las partes podrán -mediante cualquier medio- constatar la certeza de sus
argumentos dentro del proceso, siempre que no sea ilegal, pues en la
estructura de un Estado Democrático de Derecho, la búsqueda de la verdad
real es un objetivo que no puede estar por encima de los derechos
fundamentales de las partes, de manera que, no se trata de una verdad a
ultranza sino obtenida por vías legítimas, sometida a limitaciones y por ello, se
dice que lo que se alcanza en un proceso garantista es una verdad
eminentemente formalizada. De ello, que en nuestro derecho constitucional, la
doctrina afirma que el derecho a la libertad probatoria se parte del supuesto de
quien acusa o demanda debe probar judicialmente su pretensión mediante la
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paridas de condiciones y oportunidades en función del derecho fundamental a
la igualdad ya descrito3.
Ahora, en estricto, el derecho a la prueba es un derecho complejo conformado
por diversos derechos constituyentes, dentro de los cuales se encuentra el
derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, que los
mismos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la
producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de
los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con
la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la
sentencia; de esta manera, la valoración de la prueba deberá debidamente
motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si
dicho mérito ha sido efectivo o adecuadamente realizado4.
Asimismo, nuestro sistema constitucional ha definido que toda prueba, para
ser valorada en el proceso, deberá reunir las siguientes características: 1)
Veracidad Objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera
exacta lo acontecido en la realidad, ello para asegurar que el elemento
probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado; 2)
Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la obtención,
recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o
transgredan el orden jurídico; 3) La utilidad de la prueba, que verifica la utilidad
de la prueba siempre que esta produzca certeza judicial para la resolución del
caso; y 4) Pertinencia de la prueba, según la cual la prueba se reputará
pertinente si guarda relación directa con el objeto de procedimiento5.
De esta forma, el Tribunal Constitucional ha delimitado el presente derecho, a
través de las sentencias recaídas en los Exp. N° 010-2002-AI/TC y N° 1014-
2007-PHC/TC, al momento de señalar que "(...) En primer término, este
Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho a la prueba goza de
protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al
debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución
Política del Perú (...) Como todo derecho constitucional, el de la prueba
también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de
la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o
bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión.
En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a
determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad
con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen
principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites
inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del
derecho (...) Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan
establecerse otra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de
armonizarse su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre
que con ellos no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios
3
LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit.
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 500.
4
Ibidem, pág. 525
5
Ibidem, pág. 526
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de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad de
justificar válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad de
proteger otros derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita (...)
El Tribunal Constitucional estima que, si bien la realización de un proceso con
las debidas garantías es un derecho que se debe respetar en toda
circunstancia, también lo es que, la limitación de determinados contenidos,
como el de interrogar a los que elaboran el atestado policial, se encuentra
perfectamente justificada si es que, con tal limitación, el legislador persigue
proteger derechos fundamentales tan valiosos como la vida y la integridad
personal(...)";en ese sentido, el tribunal ha reiterado que "(...) Existen
determinados elementos referidos al tema probatorio, y, específicamente, a la
obtención, valoración y actuación de las pruebas en el proceso que deberían
ser analizados en cada caso concreto, por lo que, en principio, no
correspondería analizar tal temática en una sentencia como la presente, cuyo
propósito es realizar un control en abstracto de la constitucionalidad de las
normas impugnadas. Empero, de modo excepcional, y dada la especial
trascendencia que la presente sentencia reviste, este Tribunal considera
pertinente realizar un breve análisis acerca de la validez de las pruebas a la luz
de los casos concretos que pudieran presentarse en el corto plazo (...) Al
respecto es conveniente realizar la diferenciación entre lo que son la fuentes de
prueba y los medios de prueba (....) pues mientras que las primeras son
realidades extra procesales cuya existencia es independiente al proceso, los
segundos son actos procesales y por ende constituyen una realidad interna del
proceso. De este modo las fuentes de prueba ingresan al proceso para dar
lugar a los medios de prueba, pero la nulidad del proceso, dada la
diferenciación recién expuesta, sólo puede acarrear la invalidez de los medios
de prueba, es decir, la proposición, admisión, práctica y valoración de las
pruebas en el proceso, pero no la invalidez de las fuentes de prueba. La validez
o invalidez de una fuente de prueba depende exclusivamente de que su
obtención se haya llevado a cabo con estricto respeto de los derechos
fundamentales.
En base a los fundamentos expuestos, con relación a los derechos
fundamentales descritos, se sujetará a lo descrito precedentemente, conforme
al desarrollo jurídico de cada agravio formulado.
CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECIFICO
CUARTO.- Respecto a la indemnización por daños y perjuicios.- La
responsabilidad civil es una institución jurídica dentro del cual existe la
obligación de indemnizar por daños causados en virtud a un incumplimiento de
las obligaciones asumidas mediante una relación contractual o por el
acontecimiento de un hecho ilícito o riesgo creado (fuente extracontractual), en
donde su reparación deberá consistir en el establecimiento de una situación
anterior o -cuando ello sea imposible- en un pago por concepto de
indemnización. Para ello, en caso que una conducta pueda ocasionar una
lesión o menoscabo, el mismo se deberá analizar dentro de los elementos
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constitutivos propios de la responsabilidad civil, esto es, la antijuridicidad, el
daño, el nexo causal y los factores de atribución.
Ahora bien, sobre la antijurídicidad, tal requisito podrá definirse como aquella
conducta el cual es contrario al ordenamiento jurídico en su integralidad y, en
general, contrario al derecho6, en donde la misma tendrá un carácter
estrictamente típico7, al implicar un incumplimiento de una obligación inherente
a un contrato y -en estricto- a un contrato de trabajo8.
En tal sentido, resultará evidente señalar que la obligación de indemnizar
nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como consecuencia de
haber interrumpido absoluta o relativamente una obligación (en materia
contractual) o en general toda conducta que ocasiones un daño (en materia
extracontractual).
Asimismo, en lo que concierne al daño, la doctrina9 sostiene que la misma será
toda lesión a un derecho subjetivo, en el sentido de un interés jurídicamente
protegido, del individuo dentro de una relación patrimonial o extrapatrimonial,
en donde el perjuicio patrimonial será todo menoscabo en los derechos
materiales de la persona (sustentando de esta forma el lucro cesante y el daño
emergente), mientras que el extrapatrimonial se encontrará referido a las
lesiones sobre los derechos no patrimoniales dentro de los cuales se
6 Para el autor TABOADA CORDOBA LIZARDO en su trabajo denominado "Responsabilidad Civil
Contractual y Extracontractual", Programa de Actualización y Perfeccionamiento - Modalidad de
Distancia, Academia de la Magistratura - AMAG, Pág. 25 a 26, la antijuridicidad se sustenta en la
afectación del sistema jurídico en su totalidad, en tanto que afectan los valores y principios sobre los
cuales se ha constituido el sistema jurídico.
7 Sobre el carácter típico y atípico de la antijuridicidad, el propio TABOADA CORDOBA LIZARDO
sostiene que la antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el artículo 1321° del
Código Civil, mientras que la antijuricidad en sentido amplio y material (en materia extracontractual)
fluye de los artículos 1969° y 1970° del mismo Código Civil, pues en ambos se hace referencia
únicamente a la producción de un daño. sin especificar el origen del mismo o la conducta que lo hubiera
podido ocasionar o causar, entendiéndose que cualquier conducta, con tal que cause un daño, siempre que
sea antijurídica, da lugar a la obligación legal del pago de una indemnización.
8 A nivel jurisdiccional, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, conforme a la
Casación N° 3168-2015-Lima, ha precisado conceptualmente que "La antijuricidad de la conducta, la
cual consiste en determinar que aquel comportamiento ha contravenido una norma prohibitiva, y/o
violado el sistema jurídico en su totalidad; es decir, solo nacerá la obligación de indemnizar, cuando se
haya causado daño a otro u otros, mediante un proceder que no es amparado por el derecho, porque se
incumple una norma imperativa, los principios del orden público, o las reglas de convivencia social,
como las buenas costumbres; y en el caso de los asuntos contractuales, ésta surgirá del incumplimiento
de una conducta pactada de forma previa, lo cual, es considerado como una conducta típica; supuesto
que está regulado en el artículo 1321 del Código Civil; lo que dará lugar a la obligación legal del
resarcimiento. Entonces, cuando se cause daño en el ejercicio regular de un derecho, legítima defensa o
estado de necesidad, no existirá responsabilidad civil, porque estos habrían ocurrido en el ámbito
permitido por el ordenamiento jurídico".
9 Para el autor TABOADA CORDOBA LIZARDO en su trabajo denominado "Responsabilidad Civil
Contractual y Extracontractual", Programa de Actualización y Perfeccionamiento - Modalidad de
Distancia, Academia de la Magistratura - AMAG, Pág. 27, el daño es todo menoscabo a los intereses del
individuo en su vida de relación social que el derecho ha considerado merecedores de tutela; asimismo,
DE TRAZEGNIES GRANDA FERNANDO en su obra "La Responsabilidad Extracontractual", Sétima
Edición, Tomo II, Biblioteca para leer el Código Civil, , Vol. IV, Fondo Editorial 2001 - Pontificia
Universidad Católica del Perú, Pág. 17, al momento de citar al autor Alfredo Orgaz, refiere que será
importante destacar una característica general, en donde el daño, cualquiera que sea su naturaleza, debe
ser reparado si se quiere aspirar a una reparación, presente o futuro, pero cierto. No puede ser eventual o
hipotético: el simple peligro no da lugar a indemnización, pues tiene que materializarse en un daño.
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encontrarán los sentimientos, merecedores de tutela legal, cuya lesión originará
un supuesto de daño moral, dentro del cual (doctrinariamente) se encuentra el
concepto de daño a la persona10.
Respecto al nexo causal, este elemento integrante vendrá a ser la relación
necesaria de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño
causado a la víctima, pues si no existiese tal vinculación, dicho comportamiento
no generaría una obligación legal de indemnizar11; por lo que, en el ámbito
laboral, la relación causal exige (en primer lugar) la existencia del vínculo
laboral y (en segundo lugar) que conducta haga permita determinar la
constitución del daño consecuencia12, tal como el acto de despido. Asimismo,
dentro del factor de atribución, se podrá precisar que este último se encuentra
constituido por aquellos elementos que determinan finalmente la existencia de
una responsabilidad civil, en donde se analizará la constitución13 de una culpa
leve, grave y el dolo (a nivel contractual y extracontractual), mientras que a
nivel extracontractual se analizará la culpa y el riesgo creado; para ello, dentro
de un sistema subjetivo, el autor del daño solamente podrá responder si ha
10 A través de la Casación N° 1762-2013-Lima, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la
República ha precisado que "El daño alude a un menoscabo o detrimento del interés jurídicamente
tutelado de los particulares que se desenvuelven sobre la base de los principios orientadores de una
convivencia pacífica conteniendo éste además la siguiente tipología: El daño emergente, aquél que
genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima; el lucro cesante identificado como aquello que
la víctima deja de percibir por efecto del daño en determinado bien es decir que por efectos del daño no
ha ingresado cierto bien a su patrimonio; el daño moral, constituido por la lesión a los sentimientos de la
víctima y que le produce un gran dolor, aflicción o sufrimiento afectando evidentemente en el daño moral
la esfera subjetiva e íntima de la persona inclusive su honor y reputación; en cuanto a proyecciones de
aquélla hacia la sociedad si es que con tales aflicciones se la desprestigia públicamente; el daño a la
persona, conocido como daño a la libertad o al proyecto de vida es aquél que recae sobre la persona del
sujeto lo que le impide realizar su actividad habitual, que es la que efectuaba para proveerse de los
bienes indispensables para su sustento así como también en la que estaban plasmadas las metas que le
permitirían su realización personal comprendiéndose asimismo dentro de este daño la lesión a la
integridad física y psicológica del afectado".
11 En la obra denominada "Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual", Programa de
Actualización y Perfeccionamiento - Modalidad de Distancia, Academia de la Magistratura - AMAG,
Pág. 28 a 29, (TABOADA CORDOBA LIZARDO) se sostiene que en ambos sistemas de la
responsabilidad civil, las figuras de la concausa (acumulación de dos conductas para la comisión del
daño) y de la fractura causal (conflicto de causas para llegar a la constitución del daño, haciendo
imposible que una de ellas hubiera llegado a producirlo) se sujetarán a los elementos del daño fortuito,
fuerza mayor, hecho de la víctima y el hecho de un tercero. Ahora bien, el autor OSTERLING PARODI
FELIPE en su trabajo titulado "La indemnización por Daños y Perjuicios", Pág. 398 (el cual podrá
visualizarse a través del linck
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf)
sostiene que el daño, para que sea imputable a nivel contractual, se requiere de un nexo causal entre la
acción o la omisión del deudor y la inejecución de la obligación, pues sólo interesará, para los efectos
indemnizatorios, aquel daño que constituye una consecuencia del hecho o de la omisión que obliga a
reparar.
12 De esta conclusión, la Sala Transitoria de la Corte Suprema de la República, Casación N° 1762-2013-
Lima, reitera que "La relación o nexo de causalidad el cual significa que el daño causado debe ser
consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure el supuesto de la
responsabilidad civil extracontractual es decir que la conducta antijurídica debe ser capaz o adecuada
para producir el daño causado"
13 Para estos efectos, la doctrina nacional insiste en señalar que la situación de imputabilidad del deudor
(ámbito contractual) se encontrará vinculada al dolo o la culpa en la determinación de la responsabilidad,
la mora o la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso hace que se
presuman, conforme al artículo 1329 del Código Civil, la culpa del deudor.
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actuado mediante culpa, mientras que en un sistema objetivo solamente se
probará fehacientemente que la conducta que ha causado el daño es peligrosa
y riesgosa y sin la necesidad de acreditar alguna culpabilidad14.
En consecuencia, el artículo 1321° del Código Civil, prescribe que la
indemnización por daños y perjuicios deberá ser abonada por quien no ejecute
una obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve; de esta manera, el
dolo deberá entenderse en el sentido de la conciencia y voluntad del empleador
de no cumplir las disposiciones contractuales y disposiciones prescritas por la
propia Ley. Además, la culpa inexcusable se encontrará sujeto a la negligencia
grave por la cual la parte agraviante no cumpla con las obligaciones
contractuales y conllevando que a la determinación individual del daño
emergente y lucro cesante, en cuanto los mismos son consecuencia inmediata
y directa de la inejecución de una obligación.
QUINTO.- Sobre el concepto de Lucro Cesante.- En relación con lo descrito
en el párrafo precedente, el lucro cesante constituye las ganancias frustradas
(dejadas de percibir) como consecuencia del evento dañoso, y que podría
haber seguido percibiendo de no haberse dado la interrupción unilateral del
vínculo; en donde aquellas ganancias frustradas no podrán ser equivalentes a
las remuneraciones devengadas; por lo que, el juez encargado podrá realizar
una valoración prudente y equitativa, como es el hecho de calcular el lucro
cesante teniendo como criterio para su cuantificación una proporción
aproximada a los 3/4 de los ingresos dejados de percibir por parte del
trabajador, pues la misma no podrá compararse a las remuneraciones no
percibidos a consecuencia de un acto dañoso.
Por tal razón, se concluye que jurisprudencialmente no existe un derecho
propio a las remuneraciones por el periodo no laborado, pues -a nivel
constitucional- el artículo 24° de la Constitución Política del Perú ha reconocido
que el derecho a una remuneración equitativa y suficiente tendrá como
correlato a la fuerza de trabajo brindada por el trabajador al empleador, lo
que se condice con lo previsto en el artículo 6° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, aprobado Decreto Supremo Nº 003-97-TR, pues la
remuneración para todo efecto legal constituye “el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios"; de esta manera -para poder determinar el
quantum indemnizatorio- será posible acudir a lo dispuesto en el artículo 1332°
del Código Civil, en el cual se faculta al juez fijar los parámetros con
valoración equitativa, que le permitan arribar a una decisión que
restablezca, en lo posible, la situación a los límites anteriores al daño,
confrontado ello con los hechos sucedidos.
Tan es cierto lo afirmado que, a través de la Casación N° 5192-2012-Junin, la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
14 De esta conclusión, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, Casación N° 1762-
2013-Lima, reitera que "La relación o nexo de causalidad el cual significa que el daño causado debe ser
consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure el supuesto de la
responsabilidad civil extracontractual es decir que la conducta antijurídica debe ser capaz o adecuada
para producir el daño causado"
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la República ha precisado que "La reposición real en el centro laboral satisface
el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de
labores prestadas durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera
surgir la obligación de pago remunerativo, no resultando aplicable por analogía
el caso de la nulidad de despido, en tanto se trata de una norma excepcional,
tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil";
asimismo, de la revisión de la Casación N° 3499-2015- La Libertad, la propia
Corte Suprema de la República ha referido en forma expresa que "El principio
de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 1985 del Código
Civil, exige que las dificultades que puedan presentarse en la cuantificación del
lucro cesante, por efectos de las circunstancias en la |
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RESOLUCIÓN N° DIECISIETE
Lima, 19 de setiembre de 2018
Al escrito de subsanación de apelación de fecha 30 de julio de la demandada:
PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 13, de fecha 16 de abril de 2018, se dispuso
declarar improcedente la nulidad respecto al acto de notificación de la Resolución N° 7, y
fundada en parte la nulidad respecto al acto de notificación de Resolución N° 8 en adelante
hasta la Resolución N° 12; entre otros.
SEGUNDO: Mediante el escrito de fecha 11 de mayo de 2018. la parte demandada interpone
recurso de apelación contra la Resolución N° 8 y 13, y mediante el que se da cuenta
subsana su escrito conforme se requirió mediante Resolución N° 15.
TERCERO: De la revisión del escrito de apelación se advierte que, el recurso de apelación
interpuesto, cumple los requisitos exigidos por el artículo 367º del Código Procesal Civil:
precisando los errores incurridos, expresando los agravios respectivos y sustentando la pretensión
impugnatoria, además de encontrarse dentro del término de ley, siendo interpuesto en el término
de tres días que establece el artículo 376° del código procesal civil, contándose el plazo desde el
segundo día hábil siguiente de la notificación de la resolución N° 8 y 13, conforme se establece en
el Artículo 155-C del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial1.
Por las razones antes señaladas, deviene en procedente el recurso de apelación formulado por la
parte demandada.
Por lo expuesto se resuelve: CONCEDER SIN EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la
parte demandada contra la N° 8 de fecha 23 de agosto de 2017 y N° 13 de fecha 16 de abril de
2018, por lo que FORMESE el cuaderno con la copia de la Resolución N° 8 en adelante hasta la
Resolución N° 13, escrito de apelación, de subsanación y la presente Resolución, y ELÉVESE los
mismos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención; Oficiándose.
1 Artículo 155-C: La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la
casilla electrónica, con excepción de las que son expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales y a las
referidas en los artículos 155-E y 155-G. ” (Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 julio 2014) |
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RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE
Lima, 28 de junio de 2018.-
Al escrito de la demandada de fecha 11 de mayo de 2018:
1. Que, mediante Resolución N° 13, de fecha 16 de abril de 2018, se dispuso declarar
improcedente la nulidad respecto al acto de notificación de la Resolución N° 7, y
fundada en parte la nulidad respecto al acto de notificación de Resolución N° 8 en
adelante hasta la Resolución N° 12; entre otros.
2. Que, mediante escrito que se da cuenta la parte demandada interpone recurso de
apelación contra la Resolución N° 8 y 13. De la revisión del referido escrito que antecede y
del monto del petitorio que asciende a S/.400,000.00, se advierte que se ha presentado tasa
judicial diminuta por concepto de apelación de auto y al ser dos resoluciones apeladas se
aprecia que falta presentar otra tasa judicial más, por lo que deberá de verificar el monto
correspondiente por recurso de apelación; requisito exigido mediante Resolución
Administrativa Nº 036-2018-CE-PJ, publicada el 9 de febrero de 2018, siendo que en el
presente caso por cada apelación de autos corresponde presentar 2 tasas judiciales
ascendentes a S/. 124.50.
Por tal consideración, se resuelve: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN
interpuesto contra Resolución N° 8 y 13, disponiéndose que la demandada CUMPLA en el
término de tres días con presentar las tasa judiciales por concepto de apelación de autos por el
monto correspondiente, bajo apercibimiento de rechazarse los recursos que anteceden.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 21321-2015-0-1801-JR-LA-12
ESPECIALISTA: CINTHIA GRECE BAQUERIZO ROJAS
RESOLUCION NUMERO TRECE.-
Lima, 16 de abril de 2018.-
Al escrito presentado por la demandada de fecha 01 de marzo de 2018:
ATENDIENDO:
1.- La demandada deduce la nulidad de todo lo actuado desde la Resolución N°
Siete, de fecha 15 de marzo de 2017 emitida por la Sétima Sala Laboral de Lima,
alegando que tomó conocimiento del proceso hasta la Resolución N° Cinco emitida de
la Cuarta Sala Laboral de Lima, conforme lo indica de la forma siguiente:
2.- El artículo 171° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral,
establece: “La nulidad sólo se sanciona por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad.”[resaltado nuestro]. Teniendo en
cuenta que la nulidad procesal tiene por objeto subsanar los defectos o vicios
procesales que se presenten en la tramitación o ejecución de un proceso, a fin de que
cesen las consecuencias o efectos de los actos afectados de nulidad, sin embargo, esta
sanción tiene que encontrarse prevista por ley, es decir, debe atenderse al Principio de
Legalidad de las nulidades procesales, tal como lo indica el artículo 171° del Código
Procesal Civil.
3.- El artículo 176° del cuerpo legal antes citado establece: “El pedido de nulidad se
formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la
sentencia. Sentenciado el proceso en primera instancia, sólo puede ser alegada
expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el primer caso, el
Juez resolverá previo traslado por tres días; en el segundo, la Sala Civil resolverá
oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de absolver
el grado. Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia, serán
formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo,
debiendo la Sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte.” 4.- De la revisión de autos se tiene, que en el escrito de la contestación de demanda y
en el acta de audiencia de conciliación (fojas 258) se señala, como casilla electrónica de
la demandada la N° 8282.
5.- La demandada ha referido que tomó conocimiento del proceso hasta la emisión de
la Resolución N° Cinco emitida por la Cuarta Sala Laboral y que dejó de recibir las
notificaciones a partir de la Resolución N° Siete emitida por el superior jerárquico; lo
cual concuerda con lo manifestado por la demandada respecto a que tenía
conocimiento de la realización de la audiencia de vista programada en un inicio para la
fecha de 14 de marzo de 2018 fijada en la Resolución N° Cinco de la Cuarta Sala
Laboral, conforme se aprecia de lo siguiente:
1.
6.- Estando a ello, se tiene que el error en la notificación de dicha resolución es un acto
procesal de segunda instancia, y que la demandada debió interponer su recurso en
dicha instancia, conforme se señala en el artículo 176° antes citado: “Las nulidades por
vicios ocurridos en segunda instancia, serán formuladas en la primera
oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala resolverlas
de plano u oyendo a la otra parte.”; de ello se tiene que resulta improcedente la
interposición de la nulidad de un acto de segunda instancia; en ese sentido no
corresponde amparar los fundamentos de nulidad deducidos por la demandada.
7.- Ahora bien, de autos también se aprecia que la Resolución N° Ocho, de fecha 23 de
agosto de 2017 emitida en esta instancia, mediante la cual se requiere el pago a la
demandada, ha sido notificada en casilla distinta a la indicada por la demandada, por lo
que corresponde declarar la nulidad del acto de notificación de dicha resolución y nula
la Resolución N° Nueve en adelante, hasta la resolución N° Doce, debiéndose notificar
a la demandada la Resolución N° Ocho en la casilla N° 8282.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE declarar:
1. IMPROCEDENTE la nulidad deducida por la demandada respecto al acto de
notificación de la Resolución de vista N° Siete, de fecha 15 de marzo de 2017 y
otros por ser de segunda instancia.
2. FUNDADA EN PARTE LA NULIDAD respecto al acto de notificación de la
Resolución N° Ocho, de fecha 23 de agosto de 2017 en adelante, hasta la
resolución N° Doce y renovando los actos procesales, NOTIFÍQUESE A LA
DEMANDADA en su CASILLA ELECTRÓNICA N° 8282 la Resolución N° 8, de
fecha 23 de agosto del 2017. |
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12° JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
Edificio Alzamora Valdez, piso 18, intersección Av. Abancay y Av. Nicolás de Piérola
S/N, Lima
___________________________________________________________________________
12° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 21321-2015-0-1801-JR-LA-12
RESOLUCIÓN No. OCHO
Lima, 23 de agosto de 2017.-
Por recibido el expediente, remitido de la Sétima Sala Laboral de Lima el 15 de
agosto de 2017, entregado a la cursora la fecha de 22.08.17:
1. La Sétima Sala Laboral de Lima, ha resuelto en la Sentencia de Vista de fecha 28 de junio
de 2017, REVOCAR la sentencia de primera instancia en el extremo que declara infundada
la demanda por indemnización por daño moral, y reformándola la declaran fundada; en
consecuencia ordenan a la demandada pague a favor del demandante la suma de
S/.30,000.00, más intereses legales con costas y costos; y CONFIRMARON la sentencia en el
extremo que declaró infundada la demanda sobre pago de indemnización por lucro
cesante;
2. De conformidad con el Artículo 123° del Código Procesal Civil, una resolución adquiere
la autoridad de cosa juzgada cuando: No proceden contra ella otros medios impugnatorios
que los ya resueltos; o, Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.
3. Siendo que la Sétima Sala Laboral de Lima, ha resuelto en la Sentencia de Vista de fecha
28 de junio de 2017, REVOCAR la sentencia de primera instancia en el extremo que declara
infundada la demanda por indemnización por daño moral, y reformándola la declaran
fundada; en consecuencia ordenan a la demandada pague a favor del demandante la suma
de S/.30,000.00, más intereses legales con costas y costos, no habiéndose interpuesto
recurso de casación; en tal sentido, dicha sentencia ha adquirido la calidad de cosa
juzgada; por lo cual se debe cumplir lo ejecutoriado por el Superior Jerárquico,
ejecutándose la sentencia.
Por las consideraciones antes señaladas, esta judicatura RESUELVE:
CUMPLASE LO EJECUTORIADO, y ORDÉNESE a la demandada cumpla con PAGAR al
demandante la suma de S/.30,000.00 por obligación principal, en un plazo de CINCO
DÍAS, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada a solicitud de la demandante.
Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición superior.
Notifíquese.- |
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SÉPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE
Exp. N° 21321-2015-0-1801-JR-LA-12 (S)
SEÑORES:
GOMEZ CARBAJAL
HUATUCO SOTO
CHÁVEZ PAUCAR
SENTENCIA
Resolución número ocho.
Lima, veintiocho de junio
Del dos mil diecisiete.-
VISTOS:
En Audiencia de Vista de la Causa de fecha 21 de junio del 2017, interviniendo como
ponente el Juez Superior Chávez Paucar, se emitió la siguiente sentencia:
ASUNTO:
Viene en revisión a esta instancia, el recurso de apelación interpuesta por la
demandada contra la Sentencia N° 269-2016-12°JETL , que corre de fojas 261 a 271,
contenida en la resolución número tres, de fecha 23 de agosto del 2016, que declaró
infundada la demanda y dispuso que los autos sean archivados definitivamente, una
vez consentida o ejecutoriada la presente sentencia.
ANTECEDENTES:
En el presente proceso, ambas partes formularon sus actos postulatorios y su teoría
del caso, invocando las siguientes pretensiones y hechos:
a) El demandante, invocó como pretensiones: i) Se le pague el importe de S/.
400,00.00 soles, como indemnización por daños y perjuicios derivados del
accidente de trabajo de fecha 14 de septiembre del 2012; ii) Se ordene el pago
de intereses legales, costas y costos del proceso.
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Alega como fundamentos: i) que ingreso a laborar el 23 de septiembre del 2015
hasta el 31 de mayo del 2015, desempeñándose como operario de producción,
en una jornada de trabajo de lunes a sábados y percibiendo la remuneración
mensual de S/. 1,243.78 soles; ii) que en fecha 14 de septiembre del 2012, el
encargado del área de formipak le ordenó que reemplace a un trabajador que no
concurrió a laborar, quien se encargaba de la maquina lijadora, siendo que a las
15:20 horas, sufrió un accidente de trabajo, cuando la maquina lijadora le aplastó
la mano izquierda, siendo su diagnóstico según el Informe Médico de fecha 02
de mayo del 2013 y el Informe Médico N° 069, expedido por el departamento de
Medicina y Rehabilitación del Hospital Nacional Guillermo Almenara, "atricción
severa del miembro superior izquierdo fractura mano cubital izquierda y lesión de
fibrocartílago y ulcera en dorso de mano izquierda", por lo que fue intervenido
quirúrgicamente en cuatro oportunidades; iii) que sin embargo, la demandada
no se hizo responsable de brindarle la indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados por el accidente sufrido, teniendo en cuenta que en la fecha del
accidente contaba con contrato vigente, el cual no le renovaron por encontrarse
con discapacidad, conforme se acredita con la Carta N° 536Dpto-Med-Reahab-
RAA-EsSalud-2013 expedida por el Hospital Nacional Guillermo Almenara, por lo
que reclama la indemnización de daños.
b) La demandada, absolvió la demanda alegando: i) que no es cierto que el
demandante únicamente haya laborado en el área de inspección de láminas,
dado que se requería de sus servicios en diferentes actividades y cuando ello
fuere necesario, conforme se observa de sus boletas de pago en las cuales
figura la definición de operario u obrero, estando por ende capacitado para
realizar diferentes actividades; ii) que a raíz del accidente que sufrió el actor, lo
derivaron a Essalud para ser atendido y le otorgaron diferentes descansos
médicos, desde el 14 de septiembre del 2012 al '8 de septiembre del 2013; iii)
que asimismo, en el año 2012 contrataron el seguro complementario de trabajo
de riesgo con la compañía La Positiva S.A., con póliza N° 2767408, por tanto, las
consecuencias del accidente y los posibles daños fueron cubiertos ampliamente
por dicho seguro, haciéndole entrega las prestaciones respectivas así como de
una indemnización; iv) que el seguro que contrataron cubrió el pago de la
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indemnización por el accidente que sufrió el demandante, percibiendo el pago
respectivo el mismo que conto con la conformidad del demandante; v) que en
relación al accidente sufrido por el demandante, refiere que el demandantes es
quien se arrodilló en el suelo y con la mano izquierda trato de sacar remanentes
que quedaron en el rodillo de la máquina; el cual atrapó su mano izquierda
causándole lesiones, sin tener el cuidado de apagar primero la máquina para
realizar dicha operación; con lo cual se produjo la ruptura del nexo causal para la
configuración de la responsabilidad civil, dado que fue el demandante quien
ocasionó el accidente con su falta de cuidado.
AGRAVIOS:
El demandante, en su recurso de apelación invoca como agravios que la sentencia
incurrió en error:
i) Al contener una motivación aparente e inexistente, vulnerándose su derecho al
debido proceso y la tutela jurisdiccional y absolver de responsabilidad civil a la
demandada, sosteniendo que los daños ocasionados fueron resarcidos por el
seguro complementario de trabajo de riesgo contratado por la demandada con la
Compañía La Positiva S.A.; sin tener que cuenta que dicho Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo regulado por la Ley 26790, es un
beneficio reconocido a todo trabajador que sufra un accidente de trabajo,
conforme al Decreto Supremo 003-98-SA; el cual si embargo no excluye el
derecho a reclamar la indemnización de daños y perjuicios al empleador, cuando
el accidente se produce por su responsabilidad.
ii) Al no tener en cuenta que está probado y acreditado la responsabilidad de la
demandada, dado que siempre se desempeñó como inspector de laminas de
formicas y no así como operador de maquinas; función que tuvo que realizar por
orden inmediata de su Jefe inmediato y encargado del área de Formipak Sr.
Teofines Ventura, sin recibir capacitación por lo que no tenía los conocimientos
respecto de las normas internas de seguridad para el uso de la maquina lijadora.
iii) Al señalar que no le corresponde el daño por lucro cesante por haber
demandado dos años después de sufrido el accidente, sin tener en cuenta que
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durante dicho lapso, fue reclamando al área de recursos humanos la
indemnización por el accidente sufrido; sin tener en cuenta que acreditado el
daño sufrido corresponde el pago de la indemnización de lucro cesante y no sólo
por daño moral y daño a la persona que si fue reconocido.
PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:
El demandante, pretende que la sentencia sea Revocada.
FUNDAMENTOS:
1. Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso laboral, ante una apelación, la competencia del Superior sólo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor, circunscribirse únicamente a los agravios invocados por la demandada
en su recurso de apelación respecto a la resolución impugnada.
2. La motivación de las resoluciones judiciales constituye una de las garantías y
principios de la función jurisdiccional, conforme al inciso 5) del artículo 139° de la
Constitución Política; que por un lado le impone a los Magistrados la obligación
de fundamentar sus decisiones, justificando y explicitando las razones que
sustentan una decisión y de otro lado cumple una función basilar pues al
conocerse las razones de la decisión, se permitirá la adecuada impugnación de
ella, para su debida revisión en segunda instancia.
3. En relación al primer y segundo agravios invocados, referidos a que contiene
una motivación aparente e inexistente, vulnerándose su derecho al debido
proceso y la tutela jurisdiccional y absolver de responsabilidad civil a la
demandada, sosteniendo que los daños ocasionados fueron resarcidos por el
seguro complementario de trabajo de riesgo contratado por la demandada con la
Compañía La Positiva S.A.; sin tener que cuenta que dicho Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo regulado por la Ley 26790, es un
beneficio reconocido a todo trabajador que sufra un accidente de trabajo,
conforme al Decreto Supremo 003-98-SA; el cual si embargo no excluye el
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derecho a reclamar la indemnización de daños y perjuicios al empleador, cuando
el accidente se produce por su responsabilidad y que no se tuvo en cuenta que
está probado y acreditado la responsabilidad de la demandada, dado que
siempre se desempeñó como inspector de laminas de formicas y no así como
operador de maquinas; función que tuvo que realizar por orden inmediata de su
Jefe inmediato y encargado del área de Formipak Sr. Teofines Ventura, sin
recibir capacitación por lo que no tenía los conocimientos respecto de las normas
internas de seguridad para el uso de la maquina lijadora; cabe señalar que el
Tribunal Constitucional, expresa que la motivación de las resoluciones
judiciales constituye garantía y principio de la función jurisdiccional, conforme
así lo dispone el inciso 5) del artículo 139° de la constitución política. Dicha
garantía impone una obligación a los Magistrados de fundamentar sus
decisiones, es decir, justificar y explicitar las razones que sirvieron de sustento
de la resolución emitida, sea que esta se trate de un auto o una sentencia;
exigencia que además cumple una función basilar al interior de un proceso, pues
al permitir conocer las razones de una decisión, evita la arbitrariedad en las
decisiones y posibilita el ejercicio del derecho de defensa a las partes de un
litigio, en el momento de su impugnación.
4. La sentencia apelada en su fundamento 7.6), concluyó que se acreditó la
conducta antijurídica de la demandada, al transgredir los principios de
prevención, protección, información y capacitación, al verificar que se causó el
daño con dicha conducta antijurídica; al no haber la demandada acreditado que
capacitó al demandante para operar la máquina lijadora; y pese a ello dispuso
que opere dicha máquina, causando una desprotección de su vida, salud y
bienestar al realizar dichas labores de manera insegura; sin embargo en forma
contradictoria, en los fundamentos 9.8), 9.9) y 9.10) refiere que el actor tenía
conocimiento de las normas internas de seguridad para operar una máquina; y
que sin embargo, imprudentemente contribuyó a la realización del accidente, al
introducir negligentemente la mano en la máquina lijadora, cuando se encontraba
encendida, lo que habría generado la fractura del nexo causal y que la falta de
información y capacitación no es suficiente para determinar objetivamente la
existencia del nexo causal y conforme al artículo 1972° del Código Civil, no tiene
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obligación de reparar daño alguno si existe imprudencia de la víctima; por lo que
estima que la demanda debe ser desestimada.
5. El artículo 1972° del Código Civil, señala que: "En los casos del artículo 1970, el autor no
está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de
hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño."; y el artículo
1970° señala que: "Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una
actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo."; en tanto que el
artículo 1969°, señala que: "Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a
indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor."
6. Por otro lado, el artículo 1326° referido a la reducción de la responsabilidad
señala que: "Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño,
el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que de él
deriven."; y el artículo 1327°, referido a la liberación del resarcimiento, señala que:
"El resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la
diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario."
7. La interpretación sistemática de los dispositivos citados, a criterio de este
Colegiado conlleva a señalar que la figura de la ruptura del nexo causal previsto
en el artículo 1972°, está previsto para la responsabilidad civil extracontractual y
cuando ella se sustente en la ejecución del daño por la realización de actividades
riesgosas o la utilización de bienes riesgosos y no así para el caso de la
responsabilidad subjetiva ya sea por dolo o culpa del causante del daño; en tanto
que los artículos 1326° y 1327°, regulan los supues tos de reducción y de
liberación de la responsabilidad en materia contractual por causa imputable a la
víctima o acreedor.
8. En este caso, la indemnización pretendida, se sustenta en responsabilidad
contractual por imputación a la demandada del incumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad ocupacional; por ende al haberse concluido
que el trabajador no fue capacitado por su empleador para operar la máquina
que le causó la lesión, se infiere que no puede exigírsele la diligencia ordinaria
para evitar la realización del evento dañoso, por ende no cabe la posibilidad de la
liberación de la responsabilidad de resarcimiento para la demandada; y en todo
caso si concurre el supuesto de culpa del trabajador por su comportamiento,
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únicamente cabría la posibilidad de la reducción de la responsabilidad y en modo
alguno la exclusión de la responsabilidad, como erradamente concluyó la
sentencia apelada, incurriendo en aplicación e interpretación errónea de las
disposiciones legales antes citadas; por lo que debe ampararse el agravio
invocado y revocarse la sentencia en dicho extremo, concluyendo que se ha
configurado en éste caso la concurrencia de los elementos de la responsabilidad
civil y entre ellos el nexo causal.
9. Ahora bien, en torno a la determinación en concreto de los daños pretendidos
como son el lucro cesante y daño moral; debe señalarse que el demandante
como fundamento para el lucro cesante alega que su contrato de trabajo no le
fue renovado por encontrarse en discapacidad en la mano izquierda, con lo que
se le impidió percibir sus ingresos económicos equivalente a S/ 50,000.00 soles;
es decir se sustenta en la dejación de la prestación de servicios a causa de la no
renovación del contrato de trabajo por la discapacidad que sufría; sin embargo en
autos no se acredito tales afirmaciones, dado que pese a que el accidente de
trabajo ocurrió el 14 de setiembre del 2012, sin embargo el vínculo laboral se
extendió hasta el 31 de mayo del 2015, es decir por 02 años y 08 meses más,
posteriores a la ocurrencia del accidente referido; sin demostrar con prueba
alguna que en efecto su cese se haya debido a su discapacidad y sin sustentar
de qué modo y en atención a que razones se estimaría como importe de la
indemnización el monto de S/ 50,000.00 soles; circunstancia que conllevó al
Juzgador a desestimar la pretensión indemnizatoria de lucro cesante; máxime si
se tiene en cuenta que el certificado de discapacidad de fecha 06 de mayo del
2013, que corre a fojas 41, determina que el daño afectó músculos esqueléticos,
generando una discapacidad de cuidados personales, de destreza y de situación
leve y moderada y que por ello requiere de terapias y mantenimiento medio
básico y en tal virtud una condición de discapacidad independiente, es decir que
su condición laboral es de poder trabajar previa capacitación y se dispuso
además una revaluación al año; y su vinculación con la demandada se extendió
hasta el 31 de mayo del 2015; por lo que debe desestimarse el agravio
invocado en dicho extremo.
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10. Adicionalmente cabe señalar que está acreditado en autos que el demandante
percibió una pensión por invalidez parcial y permanente desde el 14 de
septiembre del 2012 hasta el 14 de mayo del 2014, conforme se observa de la
Constancia de Pensionista conforme se observa de la Carta de fecha 07 de abril
del 2016 que obra a fojas 234, remitida por Seguros La Positiva Vida.
11. En torno a la alegación de que se denegó la indemnización sustentado en la
contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, previsto en la
Ley N° 26790; la sentencia apelada en su fundamento 7.3), lo que alude es que
con dicha contratación se acreditó que la demandada no incurrió en
incumplimiento en materia administrativa de seguridad y salud en el trabajo y con
ello no incurrió en ninguna violación al principio de responsabilidad previsto en el
artículo II, del Título Preliminar de la Ley N° 29783, lo cual no significa que se
haya excluido la responsabilidad de la demandada.
12. En relación al daño moral, es el menoscabo del estado de ánimo que se deriva
de la comisión de un hecho antijurídico generador de responsabilidad civil ; y, en
1
palabras de Renato Scognamiglio: “deben considerarse daños morales (…) aquellos que se
concretan (…) en la lesión, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el
dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso”2.
13. Asimismo, cabe resaltar, conforme lo tiene expuesto la Corte Suprema en la
Casación N° 1070-95-AREQUIPA, que, “Si bien no existe un concepto unívoco del daño
moral, es menester considerar que este es el daño no patrimonial inferido en derechos de la
personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad
económica (…)”.
14. Históricamente el daño moral, siempre abarcó dos significados: “En sentido estricto
y propio, daño moral es un daño que no recae sobre ninguna cosa material perteneciente al
perjudicado, que no se advierte con los sentimientos externos, sino que se siente interiormente, ya
consista en la disminución de algo no material, ya consista en impedir la adquisición de bienes de
índole material, ya en la ofensa de efectos del alma internos, naturales y lícitos (…) En sentido lato
1 LEON, Leysser L. “Funcionabilidad del “daño” e inutilidad del “daño a la persona” en el derecho peruano”. Artículo publicado en Revista
Peruana de Jurisprudencia 2003 N° 23. http:// dike.pucp.edu.pe. Consultado el octubre del 2014.
2 R. Sconamiglio, Voz Danno morale, en Novissimo italiano, vol V, Turín, Utet, 1990, p.147. Citado por Leisser León en el artículo mencionado.
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e impropio, es daño moral todo daño injustamente causado a otro, que no toque en su patrimonio
ni lo disminuya, sino el que recae en cosas materiales, pertenecientes al individuo, fuera de los
bienes patrimoniales, como son la integridad corporal y la salud física. Las lesiones, las heridas,
contusiones, como son la integridad corporal y la salud física. Las lesiones, las heridas,
contusiones, son daños morales, porque no son patrimoniales, prescindiendo de las
consecuencias patrimoniales y de las aflicciones o padecimientos morales que además pueden
sobrevenir, sea en la persona misma lesionada en su cuerpo, sea en otras que le pertenezcan”3.
Por tanto, el denominado daño a la persona no es sino el detrimento de un
derecho fundamental del individuo, debido a un hecho antijurídico, cuya
consecuencia de su lesión se reconduce finalmente en la aflicción del afectado,
retornando al original concepto de daño moral.
15. Es decir, en el caso de la lesión de un interés inmaterial, inicialmente éste
comprendía sólo el dolor o sufrimiento padecido, como reflejo de una visión
reduccionista del daño moral, perteneciente al pasado y que fue superada en el
ámbito del derecho comparado; dado que en la actualidad, el daño inmaterial
(daño moral) protege más allá del simple dolor o sufrimiento (pretium doloris)
que pasó en consecuencia sólo a ser una especie de aquél. Así cuando la
víctima sufrió un daño corporal o un daño a la dignidad humana, a la libertad o a
otros derechos de la personalidad, tiene el derecho también a ser indemnizada
por daño moral.
16. Bajo esta línea de pensamiento, la doctrina considera que hay dos formas de
entender la categoría de daño moral. En un primer sentido o en sentido
estricto, el daño moral vendría a ser aquel que afecta la esfera interna del
sujeto, que recae sobre cosas no materiales o afectando sentimientos, valores,
etc. En otras palabras, es el sufrimiento ocasionado a un sujeto, que se
manifiesta en dolor, angustia, aflicción, humillación, etc.4; como así lo señala el
Dr. León Hilario, "El daño moral puro o en sentido estricto (en Italia se le denomina
3 GABBA, Carlos Francesco. “indemnización de los daños morales”. Cuestiones prácticas de derecho civil moderno, vol. II trad. Del italiano por
A. G Posada, Madrid, La España Moderna, S.A., pp. 241-242.J.
4
PAZOS HAYASHIDA, Javier. “Comentarios al Código Civil”. Gaceta Jurídica. Lima, 2005. pp.292.
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daño moral "subjetivo) que consiste en el padecimiento anímico y temporal
subsiguiente al evento dañoso"5. (Énfasis añadido).
17. En un segundo sentido o sentido lato, el daño moral sería todo daño
inmaterial (daño moral "objetivo"). Es decir se incluiría, el daño moral en
sentido propio y los demás daños inmateriales, como son el daño a la integridad
física o la salud, el honor, la dignidad y la buena imagen o prestigio. Es este el
sentido que se utiliza en el sistema francés y en la doctrina española.6 Éste, "(…)
consiste en la violación de derechos de la personalidad. El más destacado de estos daños
"morales" es, actualmente, el daño a la integridad física o "daño a la persona" (personal injury,
danno alla persona), pero en perspectiva evolutiva, el protagonismo inicial lo tuvo el daño al honor
(o sea, a la consideración que cada quien tiene de sí mismo) y a la reputación (o sea, a la
consideración que los demás tienen de alguien) en los casos de ofensas públicas, calumnias,
difamaciones"7.
18. De Trazegnies por su parte, señala, que el daño moral viene a ser aquél que no
tiene ningún contenido patrimonial (utiliza la expresión en su sentido lato). Así, al
englobar a todos los daños inmateriales, la inclusión del daño a la persona como
una categoría adicional, resultaría innecesaria por cuanto este último sería una
sub especie del daño moral. Partiendo de esto, se discute la pretendida
distinción entre los dos daños, concluyéndose que, al tener el daño a la persona
un tratamiento similar y pertenecer al mismo campo del daño moral, no se
justifica la subdivisión, debiendo considerarse como una sola figura8.
19. De igual modo, Pazos, citando al Dr. Leysser León, manifiesta que ha realizado
un estudio de las fuentes del daño moral y el daño a la persona, considerando
que este último es el resultado de una importación doctrinaria que, en su
contexto, configuraría una categoría que se utiliza con meros fines descriptivos y,
por ende, sin ningún afán sistematizador. De este modo, en nuestro país se
estaría pretendiendo utilizarla para un fin distinto a aquél para el que fue creado.
5
LEON HILARIO, Leysser. Opus cit. p. 64
6 DE ANGEL YAGUEZ, Ricardo. “Tratado de Responsabilidad Civil”. MADRID, 1993. PP. 172.
7 LEON HILARIO, Leysser. Opus cit. p. 64
8 TRAZEGNIES, Fernando de. “La Responsabilidad Extracontractual”. Biblioteca para leer el código Civil, Vol. IV. Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima, 1990.
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Esta posición concluye que, dado el contenido del daño moral (en su sentido
amplio), la noción de daño a la persona resultaría repetitiva e inútil, más aún
cuando su inclusión en nuestro Código Civil ha sido, más bien, accidental9, a lo
que debe agregarse que el concepto como tal solo ha sido considerado
normativamente dentro de la responsabilidad extra contractual.
Prueba del daño moral
20. Conforme a lo previsto en el artículo 1331° del Código Civil10, la carga de
probar el daño; así como los perjuicios que estos han originado producto del
incumplimiento del deudor, corresponden al perjudicado; norma que debe ser
concordada el inciso c) del numeral 23.3) del artículo 23° de la Ley N° 29497 -
Nueva Ley Procesal del Trabajo11 - NLPT, los cuales imponen al afectado con
los daños, en ése caso el trabajador, la carga de la prueba de la existencia del
daño; por tanto, corresponde a la actora acreditar la existencia del daño moral
como un elemento o presupuesto de su acción resarcitoria por responsabilidad
civil.
21. Tal exigencia resulta a todas luces lógica, si se tiene en cuenta que desde el
punto de vista de la carga de la prueba (onus probandi), ella no se satisface
sólo con la invocación del hecho; sino a la responsabilidad de probar tal hecho
ya sea mediante la aportación o producción directa o apelando a la posibilidad
de producir la prueba que permite el traslado de la carga probatoria hacia la
parte que se encuentra en mejores condiciones de probar; en aplicación de la
carga de la prueba dinámica.
22. VERGARA BEZANILLA en relación a la carga probatoria dinámica, refiere que:
“Ahora bien, si aplicamos el principio de la carga probatoria dinámica al proceso de daños,
especialmente cuando se reclama resarcimiento del perjuicio moral, debemos concluir que le
9 PAZOS HAYASHIDA, Javier. Ob. BIT. 284
10
Artículo 1331°.- La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o
por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
11
Artículo 23.- Carga de la prueba: (…) 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la
carga de la prueba de: (…)
c) La existencia del daño alegado.
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corresponde al actor o demandante la carga de acreditar la existencia de daño moral, cualquiera
sea el hecho que lo genera, toda vez que se encuentra en mejores condiciones de producir y
ofrecer al juez la prueba necesaria o indispensable. Por el contrario, exigir del demandado
actividad probatoria en torno a la no existencia de daño moral implica romper con el principio de
igualdad, enfrentando a una de las partes a una carga en el hecho prácticamente imposible de
satisfacer, por cuanto la prueba de los hechos relevadores o circunstancias objetivas exculpatorias,
se encuentran en la mayoría de los casos en manos del otro litigante. Generalmente el demandado
“no ha tenido vinculación alguna anterior con el actor y, en consecuencia, ignora las condiciones
personales y familiares de éste, haciéndose materialmente imposible controvertir sus pretensiones,
aunque los hechos en que éstas se apoyan carezcan de fundamento en la
realidad”12.
23. En síntesis, si bien acreditar la producción del hecho ilícito, significa cumplir
con probar uno de los elementos de la responsabilidad contractual, ello no
implica de modo alguno la acreditación del daño moral en sí mismo. En igual
sentido se pronuncia HUNTER AMPUERO, Iván al señalar que: “Las circunstancias
en las que se desarrolló el caso concreto y que motivan una pretensión indemnizatoria pueden
servir de parámetros o baremos –entre otros- para la determinación del monto resarcitorio, pero
jamás para configurar la existencia del daño moral. La acción antijurídica y el daño son elementos
heterogéneos dentro de la responsabilidad que no se pueden confundir ni refundir. De la acción
injusta puede resultar daño moral como también puede que no resulte dicho perjuicio. La idoneidad
y aptitud de un determinado hecho ilícito para causar daño moral, no permite presumir su
existencia, sino tan sólo verificar la relación de causalidad o nexo causal entre la acción y el
resultado”13.
24. Así, para que el Juez establezca la existencia de un daño moral, no resulta
suficiente la mención de la angustia, aflicción, dolor, quebranto, miedo,
incertidumbre, etc., provocada por un hecho dañoso; sino que se exige que
tales sentimientos estén suficientemente acreditados en el proceso, con
todos los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, que
demuestren o evidencien hechos, a partir de los cuales el Juez pueda calificar
jurídicamente la existencia del daño moral alegado (ejm. familia afectada, hijos,
cónyuge, padres, etc., estudios truncados de hijos, de la propia víctima, de su cónyuge,
etc.; enfermedades padecidas como consecuencia del daño; obligaciones patrimoniales
incumplidas como consecuencia del daño, etc.); los cuales además servirán o podrán
12 VERGARA BEZANILLA, José Pablo, “Mercantilización del daño moral”, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, N°1,
Chile, 2000. p. 72.
13 HUNTER AMPUERO, Iván. “La Prueba del daño moral” Memoria para optar al Grafo de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Valdivia 2005. pp.28-29
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ser utilizados además como parámetros para la cuantificación de la
indemnización.
25. Sin embargo, dicha exigencia de acreditación del daño moral, que se halla
también contenida en el artículo 1329° del Código Civil, que dispone que la
carga de la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía está a cargo del
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso; tiene su excepción; para los casos en que ella sea
innecesario por la propia naturaleza de las cosas ("ipsa in rei"); es decir cuando
dicho sufrimiento y aflicción se presuman indubitables o ciertos; como son
aquellos casos en los que la víctima sufra una vulneración a uno de los derechos
a la personalidad: salud, dignidad, honor, dignidad, buena reputación, prestigio
profesional, etc., en los cuales basta la acreditación del hecho dañoso, para
presumir el daño moral sin necesidad de prueba.
26. Ello se explica si se tiene en consideración -como se refirió en numerales
precedentes- que el daño moral puede ser enfocado tanto como evento
(ocurrencia) o como consecuencia (secuela, efecto). En el primer enfoque se
incluyen a "los daños a los derechos de la personalidad, como el honor, la
reputación o la integridad física, en los cuales, por tratarse de daños-evento, el
daño se prueba con la sola acreditación del ilícito, sin necesidad de atender a
sus consecuencias en la esfera del damnificado14; precisándose que ello no será
aplicable a cualquier derecho sino, exclusivamente a derechos referidos a bienes
inmateriales, que constituyen derechos inherentes al hombre en su calidad de
persona humana; y por tanto, inherentes a su propio ser; siendo que solo en
estos casos, el juez por el sólo hecho lesivo a los derechos de la personalidad
podrá inferir la existencia del daño.
27. Si bien la doctrina y la jurisprudencia plantearon dos grandes problemas respecto
al daño moral: i) su acreditación, y ii) su cuantificación; en éste caso la actora
alegó haber sufrido daño moral subjetivo que afectó su núcleo familiar cónyuge e
hijos, porque aquél también sufrió el mismo daño a causa del accidente sufrido y
los daños fisiológicos padecidos; que le ocasionó una Secuela de atrición de la
14 LEON HILARIO, Leysser. Opus cit. p. 75
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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mano izquierda, que determinó una invalidez parcial permanente, como se
aprecia del Certificado de Discapacidad de fecha 06 de mayo del 2013 emitida
por la Dra. Yassira Vergaray Oliveros del Departamento de Medicina de
Rehabilitación que obra a fojas 40 a 41.
28. Para la cuantificación debe tenerse en cuenta que el certificado de discapacidad,
no determina el porcentaje de discapacidad que sufre el actor; y contrariamente
se infiere que sobre la base de las terapias de rehabilitación y capacitación
respectivas podrá volver a desarrollar su actividad laboral, en sentido
prudencialmente conforme al artículo 1332° del código civil, éste Colegiado
estima que la indemnización por daño moral debe ser fijado en el importe de S/
30,000.00 soles; por lo que debe ampararse el agravio invocado en dicho
extremo y revocarse la sentencia en parte.
29. Respecto al segundo agravio invocado; referido a la conclusión de que no le
corresponde el daño por lucro cesante por haber demandado dos años después
de sufrido el accidente, sin tener en cuenta que durante dicho lapso, fue
reclamando al área de recursos humanos la indemnización por el accidente
sufrido; sin tener en cuenta que acreditado el daño sufrido corresponde el pago
de la indemnización de lucro cesante y no s |
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SEÑORES:
GOMEZ CARBAJAL.
HUATUCO SOTO.
CHAVEZ PAUCAR.
AUTO
Resolución número dos
Lima, diecisiete de diciembre
Del año dos mil dieciocho.
AUTOS Y VISTOS:
Puestos los autos para resolver en fecha 10 de diciembre del 2018, interviniendo como
ponente el Juez Superior Chávez Paucar, se emitió el siguiente auto.
ASUNTO:
Es materia de revisión, la apelación interpuesta por la demandada contra:
(cid:1) El auto contenido en la resolución número 08, de fecha 23 de agosto del
2017, que corre a fojas 01, que resolvió cumplir con lo ejecutoriado y ordenó
a la demandada cumpla con pagar al demandante el importe de S/ 30,000.00
soles, por obligación principal, en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento
de iniciarse ejecución forzada;
(cid:1) El auto contenido en la resolución número 13, de fecha 16 de abril de 2018,
que corre de fojas 37 a 38, que declaró improcedente la nulidad deducida por
la demandada respecto al acto de notificación de la Resolución de Vista Nº
Siete, de fecha 15 de marzo de 2017 y otros por ser de segunda instancia y
fundada en parte la nulidad respecto al acto de notificación de la Resolución
Nº Ocho de fecha 23 de agosto de 2017 en adelante, hasta la resolución Nº
Doce y renovando los actos procesales, notifíquese a la demandada en su
casilla electrónica Nº 8282 la Resolución Nº 8, de fecha 23 de agosto de 2017. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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AGRAVIOS:
La demandada, en su recurso de apelación invoca como agravios que los autos
impugnados (resoluciones números 8 y 13) incurrieron en error, al vulnerar el debido
proceso, pues se confirmó que no tuvo conocimiento de lo actuado en el proceso
desde la resolución número cinco, siendo privada de ejercer su derecho de defensa,
mientras el proceso seguía su curso, por el error cometido al notificar a otra casilla
distinta; limitándose a ordenar que solamente le sea notificada nuevamente la
resolución número 8, que precisamente es la que ordena el inicio de la ejecución de
sentencia, dejándolo en la misma situación de indefensión; estimando que lo que
debió corresponder es la suspensión de todo acto de cobro o ejecución de la
sentencia, en razón a que ella nunca le fue notificada y si bien el Juzgado no puede
anular actos de su superior jerárquico, no debería tampoco exigir el cumplimiento de
una obligación cuya sentencia, tiene peno conocimiento que no fue debidamente
notificada a la demandada.
PRETENSION IMPUGNATORIA:
La demandada, pretende que las resoluciones apeladas sean revocadas y se declare
la nulidad de lo actuado.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
1. Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso laboral, ante una apelación, la competencia del Superior sólo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor, circunscribirse únicamente a los agravios invocados por el apelante, en
su recurso de apelación respecto a la resolución impugnada; en observancia de
los principios de congruencia procesal y motivación de las resoluciones
judiciales.
2. Respecto al único agravio invocado; referido a que se vulneró su derecho al
debido proceso; cabe señalar que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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según el Tribunal Constitucional1; "es un derecho constitucional de naturaleza
procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los
órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y
de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un
sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido
decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En
otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la
participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que
habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de
pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda
verse este ultimo materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia“.
3. Asimismo, el Tribunal Constitucional, expresa que el debido proceso
contemplado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, es un derecho
fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un haz o
conjunto de derechos esenciales que forman parte de su estándar mínimo (como
el derecho de defensa, el derecho a probar, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad,
interdicción de la arbitrariedad, etc.), es decir está concebido como el cumplimiento
de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos
los casos y procedimientos, que incluye a los actos administrativos, a fin de que
las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos
ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos.
4. Por su parte el principio de contradicción, exige que ambas partes puedan
tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, con la
finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra. El
derecho de contradicción, lo mismo que el de acción, pertenece a toda persona
natural o jurídica por el solo hecho ser demandada y se identifica con el derecho
de defensa frente a las pretensiones del demandante; pero se fundamenta en un
interés general, como el que justifica la acción, porque no sólo mira a la defensa
del demandado o imputado y a la protección de sus derechos sometidos al
proceso, sino que principalmente contempla el interés público en el respeto de
1
STC N° 00763-2005-AA/TC CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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los principios fundamentales para la organización social, que prohíbe juzgar a
nadie sin oírlo y sin darle los medios adecuados para su defensa, en un plano de
igualdad de oportunidades y derechos.
5. Finalmente, el derecho de contradicción, se expresa en el derecho a obtener la
decisión justa del litigio que se le plantea al demandado o acerca de la
imputación que se le formula al imputado o procesado, mediante la sentencia
que debe dictarse en ese proceso, luego de tener oportunidad de ser oído en
igualdad de circunstancias, para defenderse, alegar, probar e interponer los
recursos que la ley procesal consagra. Ni siquiera la ley puede desconocer este
derecho, pues sería inconstitucional.2
6. Además, cabe referir que el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo señala que, el proceso laboral se inspira,
entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad,
economía procesal y veracidad; por su parte el artículo III del Título Preliminar
de la norma en comento establece que en todo proceso laboral los jueces
deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o
resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real
de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y
presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso,
observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de
razonabilidad, señalando además que los jueces laborales tienen un rol
protagónico en el desarrollo e impulso del proceso.
7. En el caso de autos, se tiene que la resolución materia de revisión, declaró
improcedente la nulidad deducida por la demandada respecto al acto de
notificación de la resolución de vista Nº 07, de fecha 15 de marzo de 2017,
invocando como sustento esencial en el fundamentos 5) lo siguiente: "La
demandada ha referido que tomó conocimiento del proceso hasta la emisión de la Resolución N°
Cinco emitida por la Cuarta Sala Laboral y que dejó de recibir las notificaciones a partir de la
Resolución N° Siete emitida por el superior jerárquico; lo cual concuerda con lo manifestado por la
demandada respecto a que tenía conocimiento de la realización de la audiencia de vista
2 Couture: Estudios, ed. cit., t. I, ps. 19, 55 y 193. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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programada en un inicio para la fecha de 14 de marzo de 2018 fijada en la Resolución N° Cinco de
la Cuarta Sala Laboral (...)"; seguidamente en el fundamento 6) concluye: "Estando a
ello, se tiene que el error en la notificación de dicha resolución es un acto procesal de segunda
instancia, y que la demandada debió interponer su recurso en dicha instancia, conforme se señala
en el artículo 176° antes citado: “Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia,
serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo,
debiendo la Sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte.”; de ello se tiene que resulta
improcedente la interposición de la nulidad de un acto de segunda instancia; en ese sentido no
corresponde amparar los fundamentos de nulidad deducidos por la demandada.
8. De los antecedentes del proceso principal y de la revisión efectuada en el listado
de Expedientes del Sistema Integrado Judicial -SIJ, se observa en principio
que mediante Sentencia contenida en la resolución Nº 03 de fecha 23 de agosto
de 2016, se declaró infundada la demanda, la que fue apelada por la parte
demandante y con el concesorio de apelación recaído en la resolución Nº 04 de
fecha 08 de setiembre de 2016, se remitieron los presentes actuados a la Cuarta
Sala Laboral Permanente de Lima; instancia que mediante resolución Nº 05
señaló fecha de Audiencia de Vista de la Causa para el día 14 de marzo de
2018 a horas 10:00 a.m.
9. En mérito a la redistribución de expedientes dispuesto por Resolución
Administrativa Nº 286-2016-CE-PJ, publicada en el diario Oficial El Peruano el
18 de noviembre de 2016; este Colegiado asumió competencia de los actuados,
disponiéndose mediante resolución Nº 07, de fecha 15 de marzo de 2017, la
reprogramación de la Audiencia de Vista de la Causa para el día 21 de junio de
2017, a horas 10:15 a.m. y sin la concurrencia de las partes procesales a la
diligencia programada, se emitió sentencia, contenida en la resolución Nº 08, de
fecha 28 de junio de 2017 que revocó la decisión de primera instancia; y en ese
sentido con fecha 15 de agosto de 2017, fueron devueltos los autos al Décimo
Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima; para
proseguir con la etapa de ejecución del expediente.
10. Frente a lo reseñado, se advierte que los actos procesales emitidos a partir de la
resolución número 07 (que dispone la reprogramación de fecha de la Audiencia
de vista de la Causa) fueron notificados a la parte demandada en la Casilla CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Electrónica Nº 8882, cuando la dirección electrónica señalada en la contestación
de demanda es la Casilla Electrónica Nº 8282; habiéndose incurrido en error en
las notificaciones como denuncia la emplazada; es decir no fue notificada
válidamente con los actuados a partir de la citada resolución, lo que conllevó a
que no pueda participar y hacer uso efectivo de su derecho de defensa en la
audiencia de vista de la causa, en su caso específico a rebatir los agravios
formulados por la parte apelante a fin de ser sometidos a debate para la
decisión; ni tampoco tuvo la posibilidad de poder impugnar la decisión emitida en
segunda instancia, transgresión que sólo cabe ser subsanada por ésta instancia;
dado que formalmente la sentencia de vista habría quedado consentida y con la
calidad de cosa juzgada; sin embargo al evidenciarse la gravedad de los hechos
reseñados que vulneran derechos fundamentales de la demandada, tal
sentencia adolece de un vicio de nulidad insubsanable, al haberse con
vulneración de tales derechos fundamentales; que impedirían la ejecución de la
sentencia en sus propios términos; por lo que corresponde declarar la nulidad
de todo lo actuado hasta el acto de notificación de la resolución número 07
del expediente principal y renovando el acto procesal viciado, se dispone
notificar a la demandada en la Casilla Electrónica Nº 8282; designándose a los
magistrados llamados por ley para la realización de la Audiencia de vista de la
Causa y se prosiga con la tramitación de los actuados; por lo que debe
ampararse el agravio invocado por la demandada y revocarse la resolución
apelada.
11. Conforme a lo anterior, habiendo el Colegiado ya emitido pronunciamiento en el
presente caso, a fin de resguardar el principio de imparcialidad que debe
garantizarse en la emisión de la decisión, corresponderá designar a los
Magistrados llamados por ley, para la realización de la nueva audiencia de vista
que debe reprogramarse en la brevedad posible.
DECISIÓN: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a) del numeral 4.2), del artículo
4° de la NLPT, la Séptima Sala laboral permanente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:
HA RESUELTO:
REVOCAR el Auto contenido en la resolución número trece, de fecha 16 de abril del
2018, corriente de fojas 37 a 38, que declaró improcedente la nulidad deducida por la
demandada respecto al acto de notificación de la Resolución de vista Nº Siete, de
fecha 15 de marzo de 2017 y otros por ser de segunda instancia; en consecuencia,
declararon la nulidad de lo actuado hasta el acto de la notificación de la resolución
número siete, en debiendo fijarse nueva fecha y hora para la audiencia de vista de la
causa y designarse a los magistrados llamados por ley para la realización de la
audiencia de vista de la Causa y se prosiga con la tramitación del proceso.
En los seguidos por JULIO CESAR SALAS SUMARAN contra la empresa PISOPAK
PERÚ S.A.C., sobre Indemnización por daños y perjuicios. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1
Demandante: Marco Antonio Gonzales Rocha
Demandada: Inversiones Nacionales de Turismo S.A.
Materia: Reposición por despido incausado.
Expediente N° 21453-2015-0-1801-JR-LA-13.
Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado
Secretario: Angela Milagros Charaja Aznarán.
SENTENCIA No. 305-2016-13° JELPL
Resolución No. TRES
Lima, Veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.-
ANTECEDENTES:
De acuerdo con la demandada de fojas 42/49 la parte demandante señala haber
ingresado a laborar para la demandada el 28 de marzo de 2011 hasta el 21 de agosto
de 2015 en que indica haber sido despedido.
Respecto a su cese, indica que se produjo el día 21 de agosto de 2015 cuando no se le
permitió el ingreso a su centro de labores, sin expresar razón alguna; habiendo
acudido tanto a la autoridad policial como a la autoridad administrativa de trabajo,
dejándose constancia de tales hechos; por lo que si bien el 02 de setiembre de 2015,
la demandada procedió a cursarle Carta de Preaviso de despido, conforme se
aprecia de los medios de prueba ofrecidos, se inició el procedimiento de despido
luego de haberse materializado el mismo; produciéndose de esta forma un despido
incausado, por lo que solicita se ordene su reposición definitiva en el cargo de
Supervisor de Seguridad que venía desempeñando, debiendo ordenarse el pago de
las remuneraciones dejadas de percibir desde que se produjo su efectiva reposición,
así como el depósito de la CTS a la entidad bancaria y pago de honorarios
profesionales para su abogado patrocinante.
Admitida la demanda en vía de proceso ordinario laboral, se programó el desarrollo
de la audiencia de conciliación, en la que al no existir conciliación alguna, se fijaron
las pretensiones objeto del proceso, citándose a las partes para audiencia de
juzgamiento.
La demandada ha contestado la demanda, y en audiencia de juzgamiento ha
manifestado que el demandante fue despedido el día 09 de setiembre de 2015 por
comisión de falta grave prevista en los literales a), c) y h) del artículo 25 del TUO –
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y conforme el procedimiento previsto por ley para
el mismo, luego de cursarle la carta de preaviso respectiva, la cual no cumplió con
absolver; por lo que si bien el accionante señala que su despido se produjo el día 21
de agosto de 2015 con anterioridad al inicio de procedimiento, sustentando tal dicho
en la Constatación Policial efectuada en dicha fecha, sin embargo este documento no
debe ser considerado como válido pues no se ha cumplido con las formalidades
previstas para su realización, no habiéndose por tanto producido el despido
incausado que manifiesta.
Asimismo señala que no resulta posible ordenar la reposición del actor, por cuanto
era un trabajador de confianza, la que ha perdido por cada una de las faltas graves
cometidas. 2
En la audiencia de juzgamiento, se efectuaron todas las etapas que concentra dicha
diligencia, como la confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia, por lo que se procede a desarrollar la misma en los siguientes términos;
FUNDAMENTOS:
En el presente caso las materias objeto de controversia son:
1. Determinar si corresponde al demandante la reposición a su centro de labores,
por haber sido objeto de un despido incausado.
2. Determinar si corresponde el pago de las remuneraciones devengadas, desde la
fecha en el que sucedió el despido hasta su efectiva reposición.
3. Determinar si corresponde el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio
en una entidad bancaria, así como las costas y costos del proceso.
DEL DERECHO DEL DEMANDANTE A LA REPOSICIÓN POR DESPIDO
INCAUSADO
Antes de resolver la controversia corresponde resolver las articulaciones
deducidas por la demandada.
1.- De la tacha deducida contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015.
1.1. Aproximadamente al minuto 15:50 (Video aud. Juzgamiento); la demandada
interpuso tacha contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 por ser nulo,
pues la constatación se ha entendido con la persona de Ernesto Jesús Tupac
Yupanqui que no ostentaba ninguna facultad de representación de la demandada,
siendo un trabajador que se desempeña como vigilante, ello de conformidad con el
Oficio 136-2010-IN del Ministerio del Interior que establece los requisitos que debe
reunir un acta de verificación policial para acreditar un despido arbitrario,
indicando que ésta debe contar con los datos del representante legal de la empresa
con el que se realice la entrevista o en todo caso precisar las circunstancias que
impidieron que se pudiera entrevistar con el mismo; más aún si el actor mantiene
un vínculo amical con el vigilante; lo que absolviendo el demandante indica que
dichos argumentos sólo buscan dilatar el proceso y no sirven como fundamento
para invalidar el documento.
1.2 En ese sentido, como lo tiene resuelto en forma reiterada la Corte Suprema de
Justicia la tacha sólo procede por aspectos formales, bien sea nulidad por
incumplimiento de una formalidad esencial prevista en la ley o por la falsedad del
mismo conforme se desprende de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil,
en este orden de ideas de la revisión del sustento de la tacha propuesta se advierte
que si bien la persona con la que se entendió la constatación policial del 21 de agosto
de 2015 no ostenta la condición de representante legal de la demandada, es también
cierto que esta diligencia fue realizada en horas de la noche (21:45 pm), por lo que la
misma se realizó con el vigilante, quien procedió a dar cuenta del motivo por el que
no se dejó ingresar al actor a su centro de labores en dicha oportunidad, quien era el
Jefe de Seguridad y si bien la demandada pretende invalidar tal declaración,
indicando que existe vínculo de amistad entre el personal que se entrevistó y el
demandante, sin embargo no ha cumplido con probar tal hecho en su oportunidad,
más aún si con la sola presentación de las fotografías adjuntadas en ocasión de
audiencia de juzgamiento, no se acredita tal dicho; por lo que el contenido o 3
valoración del citado documento, por su naturaleza sólo corresponde al Juzgador al
resolver el fondo de la controversia; por lo que la tacha propuesta debe
desestimarse.-
2. Del cargo de Supervisor de Seguridad desempeñado por el demandante y si
este es o no cargo de personal de confianza.
2.1 El demandante indica haber sido despedido sin mediar causa alguna el día 21 de
agosto de 2015 fecha en la que ostentaba el cargo de Supervisor de Seguridad; sin
embargo la demandada manifiesta que el cese del demandante se produjo el 09 de
setiembre de 2015 y por la comisión de falta grave prevista por ley, y que en todo
caso si bien el actor pretende su reposición, tal derecho no le corresponde por
tratarse de un personal de confianza.
2.2 En atención a tal circunstancia expresada por la demandada en audiencia de
juzgamiento, es que previamente debe proceder a analizarse si el cargo de
Supervisor de Seguridad, es un cargo de confianza, a fin de poder determinar si
asiste o no al demandante el derecho a la reposición.
2.3. Al respecto, es necesario establecer que el artículo 43 del Decreto Supremo No.
003-97-TR señala que los trabajadores de dirección son aquellos que en el ejercicio
de su labor ostentan la representación general del empleador frente a otros
trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con él aquellas
funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de
responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial; mientras que los
trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo
con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter
reservado; son aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.
2.4. La diferencia entre ambos tipos de personal "... radica en que sólo el personal de
dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes
propios de él. En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el
empleador o con el personal de dirección, y tiene acceso a información confidencial,
únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal
de dirección, son sus colaboradores directos. Este Colegiado considera que, por su naturaleza,
la categoría de trabajador de dirección lleva implícita la calificación de confianza, pero un
trabajador de confianza no necesariamente es un trabajador de dirección, en la medida que no
tiene poder de decisión ni de representación (...) Para calificar a un trabajador de dirección o
de confianza conforme a la legislación actual, se procederá de la siguiente manera:
a) Se identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la
empresa de conformidad con la Ley;
b) Se comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de
dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales; y, 4
c) Se consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación
correspondiente"1.
2.5 El artículo 59 del Decreto Supremo N° 001-96-TR “Reglamento del TUO
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral” establece que para la
calificación de los puestos de confianza deberá, entre otros requisitos,
consignarse en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación
correspondiente, además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal
requisito es una formalidad que debe observar el empleador; sin embargo, la
inobservancia de tal formalidad no enerva el hecho de que el trabajador
pueda ser considerado como personal de confianza, si es de naturaleza de
las funciones desempeñadas se desprende alguna de las particularidades
reseñadas en el fundamento precedente, puesto que el trabajador de
confianza tiene particularidades propias que lo distinguen de los
trabajadores comunes, tales como: “…
a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; la relación laboral
especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes,
las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de
la buena fe, como fundamento de esta relación laboral especial.
b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; las
mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa o de
intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena
garantía y seguridad.
c) Dirección y dependencia; es decir que puede ejercer funciones directivas o
administrativas en nombre del empleador, hacerla partícipe de sus secretos o dejarla
que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la misma manera
que el sujeto principal.
d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confianza. La
naturaleza misma de la función es lo que determina la condición laboral del
trabajador.
e) Impedimento de afiliación sindical, conforme al artículo 42° de la Constitución
para los servidores públicos con cargos de dirección o de confianza. El inciso b) de
artículo 12º del Decreto Supremo N.° 010-2003-TR TUO de la Ley de Relacione
Colectivas de Trabajo establece que los trabajadores de dirección y de confianza no
pueden ser miembros de un sindicato, salvo que en forma expresa el estatuto de la
organización sindical lo permita.
1 Ibidem. Fundamentos Jurídicos N° 13 y 15. 5
f) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación
especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los despidos por causa
grave, que son objetivos, ésta en cambio es de naturaleza subjetiva. El retiro del
confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el principio de sus
labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o de dirección, pues de no
ser así, y al haber realizado labores comunes u ordinarias y luego ser promocionado a
este nivel, tendría que regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de
que no se produzca un abuso del derecho (artículo 103º de la Constitución), salvo
que haya cometido una causal objetiva de despido indicada por ley.
g) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se puede
extender hasta por 6 meses, incluyendo el periodo inicial de 3 meses para el personal
de confianza y en caso ser personal de dirección este puede ser extendido hasta por
un (1) año, en ambos casos la ampliación debe constar por escrito en el contrato de
trabajo celebrado con el personal de dirección o de confianza.
h) No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5 del Decreto
Supremo N.° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de dirección se encuentra excluido
de la jornada máxima legal. De igual forma no están sujetos a las disposiciones sobre
el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad
privada, conforme al Decreto Supremo N.° 004-2006-TR en su artículo 1 último
párrafo.
i) No tienen derecho a una indemnización vacacional. El Decreto Supremo N.°
012-92- TR, en su artículo 24, establece: “La indemnización por falta de descanso
vacacional a que se refiere el inciso c) del artículo 23º del Decreto Legislativo N.º
713, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no
hace uso del descanso vacacional. En ningún caso la indemnización incluye a la
bonificación por tiempo de servicios2”.
2.6 Entre sus medios de prueba, la demandada ha ofrecido documento denominado
“Descripción de Puesto” (fojas 75) del cargo de Supervisor de Seguridad, habiendo
además acompañado copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente
de Seguridad (fojas 85/86), sin embargo en estos no se ha indicado que el cargo de
Supervisor de Seguridad sea un cargo de confianza, no existiendo medio de prueba
del que pueda corroborarse en forma expresa tal condición, por lo cual se llega a la
conclusión que la emplazada no cumple con las formalidades legales y/o
administrativas a que se refiere la Ley de Competitividad y Productividad Laboral,
por lo que remitiéndonos a dicho dispositivo, implicaba seguir el trámite a que
alude el artículo 44 y que es desarrollado por los artículos 59 a 61 del Decreto
Supremo 001-96-TR, en este caso.
2 Fundamento Jurídico N° 11 de la sentencia citada. 6
2.7 No obra en autos comunicación escrita al actor del cargo de confianza que
ostenta, ni se adjunta boleta de pago del que se acredite dicha afirmación. Por efecto
de lo anterior, se aprecia por tanto que la empresa no estableció como cargo de
confianza al puesto que desempeñaba el demandante.
2.8 Debe además precisarse que en el Expediente N° 03501-20006-PA/TC, el
Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento respecto a este tema,
señalando que la inobservancia del trámite no enerva la condición de trabajador de
dirección o de confianza, si de la prueba actuada se advierte que las funciones del
trabajador corresponden a la naturaleza de un trabajador de dirección o confianza,
en tal sentido, se hace necesario analizar las labores ejecutadas por el actor, así del
documento denominado “Descripción de Puesto” (fojas 75) se aprecia que sus
labores como Supervisor de Seguridad son las siguientes:
(cid:1)
Organiza la cobertura adecuada del personal y realiza recorridas periódicas de
instalaciones, asegurándose que las áreas del Hotel están en condiciones seguras.
Supervisa un efectivo control de accesos.
(cid:1)
Reporta las novedades al Gerente del Área, Gerente General y Comité Ejecutivo
según corresponda en casos de incidentes mediante reportes completos y detallados.
Realiza investigaciones sobre incidentes.
(cid:1)
Realiza investigaciones detalladas y procura el buen uso y estado del CCTV.
(cid:1)
Controla especialmente las áreas de eventos así como los armados de banquetes para
velar por la seguridad de las personas y de las instalaciones.
(cid:1)
Mantiene informado al personal a su cargo sobre eventos, actividades especiales,
ocupación, entradas y salidas, etc., para garantizar una cobertura eficiente de las
áreas.
(cid:1)
Audita y mantiene un buen control sobre las llaves, radios y equipos a cargo.
(cid:1)
Dar servicio a huéspedes y asociados en actividades técnicas, de soporte, primeros
auxilios básicos, etc.
(cid:1)
Apoyar el cumplimiento de las políticas de Libertador y del Westin Lima Hotel.
2.9 Las labores precisadas eran realizadas bajo la directriz del Gerente de
Seguridad, el cual era su jefe inmediato jerárquica y funcionalmente, según se
aprecia de la copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente de
Seguridad (fojas 85/86), de lo que se desprende que nunca tomo decisiones de
ningún tipo, por encontrarse a cargo de un jefe, con lo cual se puede deducir que
estas actividades no implican el manejo o acceso de secretos industriales,
comerciales o profesionales, además que cumplía un horario de trabajo, daba cuenta
de sus actividades a su superior jerárquico y no emitió opiniones o asesoría a la alta
dirección de dicha entidad.
2.10 Analizando todo el conjunto de documentos, se llega a la conclusión que las
actividades laborales ejecutadas por el demandante no implicaba que su función
fuera la de coadyuvar a la toma de decisiones de su empleador ni que tuviera acceso
a información confidencial. En atención a lo señalado precedentemente, se acredita
que el demandante no fue un trabajador de confianza, sino más bien, un trabajador
común.
3. Del despido del demandante. 7
3.1 Según nuestro ordenamiento jurídico el despido por causa justa sólo puede estar
relacionado con la conducta o con la capacidad del trabajador, así el artículo 25º del
Decreto Supremo 003-97-TR precisa cuáles son las faltas graves en que puede
incurrir el trabajador, mientras que el artículo 22º precisa que para el despido de un
trabajador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada, correspondiendo la demostración de la causa al
empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para
impugnar su despido, finalmente el Artículo 31º de la misma norma precisa el
procedimiento previo que debe hacer el empleador a fin de despedir a su trabajador
por la comisión de falta grave.
3.2 Conforme lo establece el Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 37°, ni el
despido, ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe
probarlos.
4. Del procedimiento de despido del demandante.
4.1. Conforme se ha manifestado en audiencia de juzgamiento, no se encuentra
dentro de los hechos a probar, por no haber sido objetado por la demandada la
existencia de relación laboral a plazo indeterminado del demandante; debiendo así
respecto al despido, indicar que la falta grave es la infracción cometida por el
trabajador de los deberes esenciales que emanan de un contrato de tal magnitud que
haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, para ello requiere la
concurrencia de cuatro elementos calificativos de la falta: objetividad, causalidad,
oportunidad y proporcionalidad. La legitimidad de la imposición de la sanción
podrá ser apreciada entonces, no sólo en base a la causa alegada y a los hechos
invocados, sino también al cumplimiento del procedimiento, a la existencia de una
prueba y a la objetividad de la misma.
4.2. Expuesto lo anterior corresponde en primer lugar analizar si se ha cumplido con
el procedimiento de despido previsto por ley; por lo que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-TR – TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral el cual en su primer párrafo prescribe que
“… El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad
del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo
aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta
días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia”.
4.3 El procedimiento previo al despido constituye un requisito necesario para éste,
del que sólo podrá prescindirse cuando la falta grave sea flagrante, encontrándose
de esta manera prohibido el despido sin las observancias en ley establecidas
conforme al trámite regulado para el mismo; es decir el otorgamiento por escrito
por parte del empleador al trabajador, de un plazo razonable para que pueda ejercer
su defensa por escrito de los cargos que se formulan, conforme se desprende el
artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-tr; pues dicho procedimiento tiene como
sustento el principio fundamental del derecho de defensa; siendo por tanto una 8
formalidad esencial del despido, cuya omisión exime al juzgador de pronunciarse sobre el
fondo del asunto3.
4.4 El efecto lesivo a este derecho será el mismo, si el empleador que se exoneró del
procedimiento previo alegando flagrancia de la falta no acredita tal circunstancia, lo
que hará presumir que se valió de esa argumentación para negar el derecho de
defensa al trabajador.
4.5 Por tanto, la flagrancia entendida como conocimiento de la falta cuando ésta se
está ejecutando, excluye que se pueda obviar el procedimiento previo de defensa
cuando, a juicio del empleador la comisión de falta es evidente. Flagrancia y
evidencia son, por tanto, así conceptos distintos por lo cual confundir ambos
implicaría que a criterio subjetivo de los empleadores, estos podrían cesar a sus
trabajadores sin otorgarles el derecho de defensa cuando supongan que la falta
grave es tan clara que no necesita de pruebas4.
4.6 En ese sentido, la parte demandante manifiesta que conforme es posible
verificar de la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 (fojas 06) así como del
Acta de Verificación de Despido Arbitrario efectuada por la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) el 26 de agosto de 2015, la
demandada lo despidió el 21 de agosto de 2015 al haber impedido su ingreso a
laborar, habiendo iniciado con posterioridad a su cese el procedimiento de despido;
no obstante la demandada señala que el despido del demandante se produce el 09
de setiembre de 2015 por comisión de diversas faltas graves, habiéndose efectuado
el mismo en observancia del procedimiento previsto por ley.
4.7 Así, a fojas 22/24 obra Carta de Pre – Aviso de Despido del 27 de agosto de 2015
en la que se imputa al demandante comisión de falta grave prevista en los literales a,
c y h del artículo 25 del decreto Supremo N° 003-97-TR, cursada a la dirección
“Avenida Brigida Silva 199 Torre 13 Dpto 1001; Urbanización Maranga San Miguel.
4.8 A fojas 19 obra comunicación cursada por la demandada al accionante con fecha
02 de setiembre de 2015, en la que se le indica que “La presente que le remitimos vía
notarial tiene por objeto hacer de su conocimiento que la dirección que nos proporcionó como
válida ante nuestros registros de personal tal como consta de su manuscrito de la ficha de
datos que adjuntamos en copia, evidencia que de mala fe omitió información sobre su
dirección domiciliaria. Tal como podrá apreciar del acta notarial fechada 26 de agosto pasado,
nuestra empresa cumplió con remitirle carta de preaviso que nuevamente adjuntamos para
que pueda ejercer sus descargos como lo impone la ley a fin de presentar su derecho de
defensa.
Por tal motivo, adjuntamos carta de pre aviso de fecha 26 de agosto de 2015, certificación
notarial de fecha 27 de agosto de 2015…(…) ( subrayado es nuestro).
4.9 A fojas 17/18 obra Carta de Despido del 09 de setiembre de 2015, la que el
demandante indica le ha sido notificada el 10 de setiembre de 2015, según consta de
la carta de fecha 15 de setiembre de 2015 (fojas 14), no habiendo la demandada
negado tal dicho o en todo caso acompañado el cargo del diligenciamiento de la
carta de despido en mención a efectos de verificar cuando fue cursada la misma,
3 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 291 –
En referencia a la Casación No 2224-2005-Lima
4 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 289 9
teniéndose así por cierto que la Carta de Despido se cursó al demandante el 10 de
setiembre de 2015.
4.10 Obrante a fojas 06 se encuentra la Constatación Policial efectuada el día 21 de
agosto de 2015, la cual se entendió con Ernesto Jesús Túpac Yupanqui Morón, quien
manifestó que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó
que el recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron
ingresar a laborar”.
4.11 Del Acta de Verificación de Despido Arbitrario de fojas 26/28, realizada por la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), se tiene que la
Gerente de Recursos Humanos de la demandada, manifestó que “ … se encuentra en
trámite el procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado notarialmente la Carta
de Pre-Aviso de despido el día de hoy 26/08/2015 … motivo por el cual el recurrente deberá
presentar sus descargos de ley y se decidirá la continuidad o no del trabajador recurrente.
Actualmente el trabajador continúa en la nómina de la empresa”; habiendo el
representante de SUNAFIL dejado constancia acerca de los hechos y documentos
verificados en relación al despido arbitrario, respecto al empleador “… el envío
notarial de la Carta de Pre- Aviso de despido por comisión de faltas graves, tales como:
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral, apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador y abandono de trabajo
por más de tres días consecutivos”.
4.12 Del análisis en forma conjunta de los medios de prueba ofrecidos por las partes,
es posible determinar que el demandante fue despedido el día 21 de agosto de 2016,
pues no obstante haber cuestionado la demandada la Constatación Policial realizada
el 21 de agosto de 2016, no existe razón debidamente acreditada para que el
Supervisor de Seguridad quien declaró en la constatación policial, haya indicado
que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó que el
recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron ingresar a
laborar”; más aún si la demandada recién inicia el procedimiento de despido el día
26 de agosto de 2015, conforme lo expresado en el Acta de Verificación de Despido
Arbitrario realizado por SUNAFIL, encontrándose precisamente entre las faltas la
inconcurrencia consecutiva a laborar los días 21, 24 y 25, días en los que el actor
indica fue impedido de ingresar a su centro de labores; ello aunado a que los hechos
en que sustenta las otras 2 faltas graves que se le imputan que son el
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral y la apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador
ocurrieron a decir de la demandada los días 18 y 19 de agosto de 2016;
desprendiéndose de ello que la demandada pudo tener por motivo ambos sucesos
para impedir el ingreso al demandante el día 21 de agosto de 2015, no siendo ello lo
correcto, ya que previamente debió dar inicio al procedimiento legal de despido que
prevé la ley, a fin de no vulnerar el derecho de defensa del accionante, por no
tratarse de faltas flagrantes, concluyéndose entonces que el despido del demandante
se produjo el 21 de agosto de 2015 sin existir en esa oportunidad causa debidamente
probada y acreditada para el mismo.
5. Del despido incausado.
5.1 El artículo 27 de la Constitución Política del Estado, establece que “La ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, es decir de manera 10
indubitable la esencia de dicho precepto constitucional es otorgar protección al
trabajador cuando se está frente a un caso de despido.
5.2 Debe tenerse en cuenta que la institución jurídica del despido incausado no se
encuentra regulada en forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto
Supremo No. 003-97-TR – TUO del Decreto Legislativo No 728); no obstante su
reconocimiento y desarrollo ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal
Constitucional. Así, en la Sentencia de fecha 11 de julio de 2005, expedida en el caso
Telefónica del Perú S.A. con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del
Perú (Expediente No 1124-2001-PA/TC), el tribunal señaló:
- Que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del
Perú, el derecho de trabajo implica por una parte el de acceder a un puesto de
trabajo y por otra a no ser despedido sino por causa justa.
- Que forma parte del contenido esencial del Derecho al Trabajo, el derecho de no
ser despedido sino por causa justa, y por lo tanto el despido incausado o
arbitrario cometido por el empleador, vacía totalmente de contenido y atenta
contra este derecho constitucional, en consecuencia al producirse este acto
viciado de inconstitucionalidad, la protección adecuada contemplada en el
artículo 27 de la Constitución Política del Perú no puede ser sino la reposición
del trabajador en el trabajo.
- La indemnización será una forma complementaria o sustitutoria, sólo y
únicamente en el que caso que así lo determine voluntariamente el trabajador,
pero nunca podrá constituir la imposición arbitraria y unilateral del empleador
como reparación de un acto, desde un inicio invalidado por atentar contra un
derecho constitucional.
5.3 Igualmente, el criterio antes expuesto fue confirmado en la sentencia del caso
Eusebio Llanos Huasco (Exp N° 976-2001-AA/TC), en la que quedó establecido que
se produce el denominado despido incausado cuando: Se despide al trabajador, ya sea de
manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la
conducta o la labor que la justifique.
5.4 Expuesto el marco jurídico, así como la jurisprudencia pertinente, debe
establecerse que el actor refiere haber sido cesado incausadamente, pues la
demandada simplemente impidió su ingreso a su centro de labores el día 21 de
agosto de 2015; por lo cual habiéndose determinado que en efecto la demandada
procedió a despedir al demandante en esa fecha, sin previamente someterlo a
procedimiento de despido, en el que pudiera ejercer su derecho de defensa;
configurándose de esta forma un despido incausado; debiendo disponerse la
reposición del demandante a su puesto habitual de labores o a uno de igual
categoría con las mismas remuneraciones que percibía al momento de producirse su
despido.
6. Del pago de remuneraciones dejadas de percibir.
6.1. Tal como se ha señalado en el punto 5.2 del Quinto Considerando de la presente
decisión la institución jurídica del despido incausado no se encuentra regulada en
forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto Supremo N°003-97-TR –
TUO del Decreto Legislativo N° 728), siendo que su reconocimiento y desarrollo ha
sido materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 11
6.2. En virtud a ello, y como quiera que no existe norma legal que sustente el pago
de remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de un despido calificado
como incausado, no resulta posible amparar este extremo, sin embargo debe dejarse
a salvo el derecho del accionante para que vía indemnización por daños y perjuicios
pudiera exigir los eventuales daños patrimoniales o extrapatrimoniales que le
pudieran haber originado la decisión de la demandada de poner fin a su relación
laboral en el periodo de cese hasta su reposición efectiva.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación,
FALLO:
PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por MARCO ANTONIO
GONZALES ROCHA contra INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.,
en consecuencia se declara el cese del demandante como un despido incausado.
SEGUNDO: ORDENO que consentida o ejecutoriada que sea la presente
Resolución, la empresa demandada reponga al demandante en su puesto habitual
de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrita a una relación de
trabajo de naturaleza indeterminada, con idéntica remuneración y condiciones de
trabajo que ostentaba antes de su cese.
TERCERO: IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de abono de
remuneraciones dejadas de percibir durante el período no laborado, dejando a salvo
el derecho del accionante para que lo haga valer conforme a ley, con costas y costos.-
TÓMESE RAZÓN y HÁGASE SABER.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1
Demandante: Marco Antonio Gonzales Rocha
Demandada: Inversiones Nacionales de Turismo S.A.
Materia: Reposición por despido incausado.
Expediente N° 21453-2015-0-1801-JR-LA-13.
Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado
Secretario: Angela Milagros Charaja Aznarán.
SENTENCIA No. 305-2016-13° JELPL
Resolución No. TRES
Lima, Veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.-
ANTECEDENTES:
De acuerdo con la demandada de fojas 42/49 la parte demandante señala haber
ingresado a laborar para la demandada el 28 de marzo de 2011 hasta el 21 de agosto
de 2015 en que indica haber sido despedido.
Respecto a su cese, indica que se produjo el día 21 de agosto de 2015 cuando no se le
permitió el ingreso a su centro de labores, sin expresar razón alguna; habiendo
acudido tanto a la autoridad policial como a la autoridad administrativa de trabajo,
dejándose constancia de tales hechos; por lo que si bien el 02 de setiembre de 2015,
la demandada procedió a cursarle Carta de Preaviso de despido, conforme se
aprecia de los medios de prueba ofrecidos, se inició el procedimiento de despido
luego de haberse materializado el mismo; produciéndose de esta forma un despido
incausado, por lo que solicita se ordene su reposición definitiva en el cargo de
Supervisor de Seguridad que venía desempeñando, debiendo ordenarse el pago de
las remuneraciones dejadas de percibir desde que se produjo su efectiva reposición,
así como el depósito de la CTS a la entidad bancaria y pago de honorarios
profesionales para su abogado patrocinante.
Admitida la demanda en vía de proceso ordinario laboral, se programó el desarrollo
de la audiencia de conciliación, en la que al no existir conciliación alguna, se fijaron
las pretensiones objeto del proceso, citándose a las partes para audiencia de
juzgamiento.
La demandada ha contestado la demanda, y en audiencia de juzgamiento ha
manifestado que el demandante fue despedido el día 09 de setiembre de 2015 por
comisión de falta grave prevista en los literales a), c) y h) del artículo 25 del TUO –
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y conforme el procedimiento previsto por ley para
el mismo, luego de cursarle la carta de preaviso respectiva, la cual no cumplió con
absolver; por lo que si bien el accionante señala que su despido se produjo el día 21
de agosto de 2015 con anterioridad al inicio de procedimiento, sustentando tal dicho
en la Constatación Policial efectuada en dicha fecha, sin embargo este documento no
debe ser considerado como válido pues no se ha cumplido con las formalidades
previstas para su realización, no habiéndose por tanto producido el despido
incausado que manifiesta.
Asimismo señala que no resulta posible ordenar la reposición del actor, por cuanto
era un trabajador de confianza, la que ha perdido por cada una de las faltas graves
cometidas. 2
En la audiencia de juzgamiento, se efectuaron todas las etapas que concentra dicha
diligencia, como la confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia, por lo que se procede a desarrollar la misma en los siguientes términos;
FUNDAMENTOS:
En el presente caso las materias objeto de controversia son:
1. Determinar si corresponde al demandante la reposición a su centro de labores,
por haber sido objeto de un despido incausado.
2. Determinar si corresponde el pago de las remuneraciones devengadas, desde la
fecha en el que sucedió el despido hasta su efectiva reposición.
3. Determinar si corresponde el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio
en una entidad bancaria, así como las costas y costos del proceso.
DEL DERECHO DEL DEMANDANTE A LA REPOSICIÓN POR DESPIDO
INCAUSADO
Antes de resolver la controversia corresponde resolver las articulaciones
deducidas por la demandada.
1.- De la tacha deducida contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015.
1.1. Aproximadamente al minuto 15:50 (Video aud. Juzgamiento); la demandada
interpuso tacha contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 por ser nulo,
pues la constatación se ha entendido con la persona de Ernesto Jesús Tupac
Yupanqui que no ostentaba ninguna facultad de representación de la demandada,
siendo un trabajador que se desempeña como vigilante, ello de conformidad con el
Oficio 136-2010-IN del Ministerio del Interior que establece los requisitos que debe
reunir un acta de verificación policial para acreditar un despido arbitrario,
indicando que ésta debe contar con los datos del representante legal de la empresa
con el que se realice la entrevista o en todo caso precisar las circunstancias que
impidieron que se pudiera entrevistar con el mismo; más aún si el actor mantiene
un vínculo amical con el vigilante; lo que absolviendo el demandante indica que
dichos argumentos sólo buscan dilatar el proceso y no sirven como fundamento
para invalidar el documento.
1.2 En ese sentido, como lo tiene resuelto en forma reiterada la Corte Suprema de
Justicia la tacha sólo procede por aspectos formales, bien sea nulidad por
incumplimiento de una formalidad esencial prevista en la ley o por la falsedad del
mismo conforme se desprende de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil,
en este orden de ideas de la revisión del sustento de la tacha propuesta se advierte
que si bien la persona con la que se entendió la constatación policial del 21 de agosto
de 2015 no ostenta la condición de representante legal de la demandada, es también
cierto que esta diligencia fue realizada en horas de la noche (21:45 pm), por lo que la
misma se realizó con el vigilante, quien procedió a dar cuenta del motivo por el que
no se dejó ingresar al actor a su centro de labores en dicha oportunidad, quien era el
Jefe de Seguridad y si bien la demandada pretende invalidar tal declaración,
indicando que existe vínculo de amistad entre el personal que se entrevistó y el
demandante, sin embargo no ha cumplido con probar tal hecho en su oportunidad,
más aún si con la sola presentación de las fotografías adjuntadas en ocasión de
audiencia de juzgamiento, no se acredita tal dicho; por lo que el contenido o 3
valoración del citado documento, por su naturaleza sólo corresponde al Juzgador al
resolver el fondo de la controversia; por lo que la tacha propuesta debe
desestimarse.-
2. Del cargo de Supervisor de Seguridad desempeñado por el demandante y si
este es o no cargo de personal de confianza.
2.1 El demandante indica haber sido despedido sin mediar causa alguna el día 21 de
agosto de 2015 fecha en la que ostentaba el cargo de Supervisor de Seguridad; sin
embargo la demandada manifiesta que el cese del demandante se produjo el 09 de
setiembre de 2015 y por la comisión de falta grave prevista por ley, y que en todo
caso si bien el actor pretende su reposición, tal derecho no le corresponde por
tratarse de un personal de confianza.
2.2 En atención a tal circunstancia expresada por la demandada en audiencia de
juzgamiento, es que previamente debe proceder a analizarse si el cargo de
Supervisor de Seguridad, es un cargo de confianza, a fin de poder determinar si
asiste o no al demandante el derecho a la reposición.
2.3. Al respecto, es necesario establecer que el artículo 43 del Decreto Supremo No.
003-97-TR señala que los trabajadores de dirección son aquellos que en el ejercicio
de su labor ostentan la representación general del empleador frente a otros
trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con él aquellas
funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de
responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial; mientras que los
trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo
con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter
reservado; son aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.
2.4. La diferencia entre ambos tipos de personal "... radica en que sólo el personal de
dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes
propios de él. En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el
empleador o con el personal de dirección, y tiene acceso a información confidencial,
únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal
de dirección, son sus colaboradores directos. Este Colegiado considera que, por su naturaleza,
la categoría de trabajador de dirección lleva implícita la calificación de confianza, pero un
trabajador de confianza no necesariamente es un trabajador de dirección, en la medida que no
tiene poder de decisión ni de representación (...) Para calificar a un trabajador de dirección o
de confianza conforme a la legislación actual, se procederá de la siguiente manera:
a) Se identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la
empresa de conformidad con la Ley;
b) Se comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de
dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales; y, 4
c) Se consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación
correspondiente"1.
2.5 El artículo 59 del Decreto Supremo N° 001-96-TR “Reglamento del TUO
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral” establece que para la
calificación de los puestos de confianza deberá, entre otros requisitos,
consignarse en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación
correspondiente, además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal
requisito es una formalidad que debe observar el empleador; sin embargo, la
inobservancia de tal formalidad no enerva el hecho de que el trabajador
pueda ser considerado como personal de confianza, si es de naturaleza de
las funciones desempeñadas se desprende alguna de las particularidades
reseñadas en el fundamento precedente, puesto que el trabajador de
confianza tiene particularidades propias que lo distinguen de los
trabajadores comunes, tales como: “…
a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; la relación laboral
especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes,
las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de
la buena fe, como fundamento de esta relación laboral especial.
b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; las
mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa o de
intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena
garantía y seguridad.
c) Dirección y dependencia; es decir que puede ejercer funciones directivas o
administrativas en nombre del empleador, hacerla partícipe de sus secretos o dejarla
que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la misma manera
que el sujeto principal.
d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confianza. La
naturaleza misma de la función es lo que determina la condición laboral del
trabajador.
e) Impedimento de afiliación sindical, conforme al artículo 42° de la Constitución
para los servidores públicos con cargos de dirección o de confianza. El inciso b) de
artículo 12º del Decreto Supremo N.° 010-2003-TR TUO de la Ley de Relacione
Colectivas de Trabajo establece que los trabajadores de dirección y de confianza no
pueden ser miembros de un sindicato, salvo que en forma expresa el estatuto de la
organización sindical lo permita.
1 Ibidem. Fundamentos Jurídicos N° 13 y 15. 5
f) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación
especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los despidos por causa
grave, que son objetivos, ésta en cambio es de naturaleza subjetiva. El retiro del
confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el principio de sus
labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o de dirección, pues de no
ser así, y al haber realizado labores comunes u ordinarias y luego ser promocionado a
este nivel, tendría que regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de
que no se produzca un abuso del derecho (artículo 103º de la Constitución), salvo
que haya cometido una causal objetiva de despido indicada por ley.
g) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se puede
extender hasta por 6 meses, incluyendo el periodo inicial de 3 meses para el personal
de confianza y en caso ser personal de dirección este puede ser extendido hasta por
un (1) año, en ambos casos la ampliación debe constar por escrito en el contrato de
trabajo celebrado con el personal de dirección o de confianza.
h) No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5 del Decreto
Supremo N.° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de dirección se encuentra excluido
de la jornada máxima legal. De igual forma no están sujetos a las disposiciones sobre
el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad
privada, conforme al Decreto Supremo N.° 004-2006-TR en su artículo 1 último
párrafo.
i) No tienen derecho a una indemnización vacacional. El Decreto Supremo N.°
012-92- TR, en su artículo 24, establece: “La indemnización por falta de descanso
vacacional a que se refiere el inciso c) del artículo 23º del Decreto Legislativo N.º
713, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no
hace uso del descanso vacacional. En ningún caso la indemnización incluye a la
bonificación por tiempo de servicios2”.
2.6 Entre sus medios de prueba, la demandada ha ofrecido documento denominado
“Descripción de Puesto” (fojas 75) del cargo de Supervisor de Seguridad, habiendo
además acompañado copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente
de Seguridad (fojas 85/86), sin embargo en estos no se ha indicado que el cargo de
Supervisor de Seguridad sea un cargo de confianza, no existiendo medio de prueba
del que pueda corroborarse en forma expresa tal condición, por lo cual se llega a la
conclusión que la emplazada no cumple con las formalidades legales y/o
administrativas a que se refiere la Ley de Competitividad y Productividad Laboral,
por lo que remitiéndonos a dicho dispositivo, implicaba seguir el trámite a que
alude el artículo 44 y que es desarrollado por los artículos 59 a 61 del Decreto
Supremo 001-96-TR, en este caso.
2 Fundamento Jurídico N° 11 de la sentencia citada. 6
2.7 No obra en autos comunicación escrita al actor del cargo de confianza que
ostenta, ni se adjunta boleta de pago del que se acredite dicha afirmación. Por efecto
de lo anterior, se aprecia por tanto que la empresa no estableció como cargo de
confianza al puesto que desempeñaba el demandante.
2.8 Debe además precisarse que en el Expediente N° 03501-20006-PA/TC, el
Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento respecto a este tema,
señalando que la inobservancia del trámite no enerva la condición de trabajador de
dirección o de confianza, si de la prueba actuada se advierte que las funciones del
trabajador corresponden a la naturaleza de un trabajador de dirección o confianza,
en tal sentido, se hace necesario analizar las labores ejecutadas por el actor, así del
documento denominado “Descripción de Puesto” (fojas 75) se aprecia que sus
labores como Supervisor de Seguridad son las siguientes:
(cid:1)
Organiza la cobertura adecuada del personal y realiza recorridas periódicas de
instalaciones, asegurándose que las áreas del Hotel están en condiciones seguras.
Supervisa un efectivo control de accesos.
(cid:1)
Reporta las novedades al Gerente del Área, Gerente General y Comité Ejecutivo
según corresponda en casos de incidentes mediante reportes completos y detallados.
Realiza investigaciones sobre incidentes.
(cid:1)
Realiza investigaciones detalladas y procura el buen uso y estado del CCTV.
(cid:1)
Controla especialmente las áreas de eventos así como los armados de banquetes para
velar por la seguridad de las personas y de las instalaciones.
(cid:1)
Mantiene informado al personal a su cargo sobre eventos, actividades especiales,
ocupación, entradas y salidas, etc., para garantizar una cobertura eficiente de las
áreas.
(cid:1)
Audita y mantiene un buen control sobre las llaves, radios y equipos a cargo.
(cid:1)
Dar servicio a huéspedes y asociados en actividades técnicas, de soporte, primeros
auxilios básicos, etc.
(cid:1)
Apoyar el cumplimiento de las políticas de Libertador y del Westin Lima Hotel.
2.9 Las labores precisadas eran realizadas bajo la directriz del Gerente de
Seguridad, el cual era su jefe inmediato jerárquica y funcionalmente, según se
aprecia de la copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente de
Seguridad (fojas 85/86), de lo que se desprende que nunca tomo decisiones de
ningún tipo, por encontrarse a cargo de un jefe, con lo cual se puede deducir que
estas actividades no implican el manejo o acceso de secretos industriales,
comerciales o profesionales, además que cumplía un horario de trabajo, daba cuenta
de sus actividades a su superior jerárquico y no emitió opiniones o asesoría a la alta
dirección de dicha entidad.
2.10 Analizando todo el conjunto de documentos, se llega a la conclusión que las
actividades laborales ejecutadas por el demandante no implicaba que su función
fuera la de coadyuvar a la toma de decisiones de su empleador ni que tuviera acceso
a información confidencial. En atención a lo señalado precedentemente, se acredita
que el demandante no fue un trabajador de confianza, sino más bien, un trabajador
común.
3. Del despido del demandante. 7
3.1 Según nuestro ordenamiento jurídico el despido por causa justa sólo puede estar
relacionado con la conducta o con la capacidad del trabajador, así el artículo 25º del
Decreto Supremo 003-97-TR precisa cuáles son las faltas graves en que puede
incurrir el trabajador, mientras que el artículo 22º precisa que para el despido de un
trabajador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada, correspondiendo la demostración de la causa al
empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para
impugnar su despido, finalmente el Artículo 31º de la misma norma precisa el
procedimiento previo que debe hacer el empleador a fin de despedir a su trabajador
por la comisión de falta grave.
3.2 Conforme lo establece el Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 37°, ni el
despido, ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe
probarlos.
4. Del procedimiento de despido del demandante.
4.1. Conforme se ha manifestado en audiencia de juzgamiento, no se encuentra
dentro de los hechos a probar, por no haber sido objetado por la demandada la
existencia de relación laboral a plazo indeterminado del demandante; debiendo así
respecto al despido, indicar que la falta grave es la infracción cometida por el
trabajador de los deberes esenciales que emanan de un contrato de tal magnitud que
haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, para ello requiere la
concurrencia de cuatro elementos calificativos de la falta: objetividad, causalidad,
oportunidad y proporcionalidad. La legitimidad de la imposición de la sanción
podrá ser apreciada entonces, no sólo en base a la causa alegada y a los hechos
invocados, sino también al cumplimiento del procedimiento, a la existencia de una
prueba y a la objetividad de la misma.
4.2. Expuesto lo anterior corresponde en primer lugar analizar si se ha cumplido con
el procedimiento de despido previsto por ley; por lo que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-TR – TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral el cual en su primer párrafo prescribe que
“… El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad
del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo
aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta
días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia”.
4.3 El procedimiento previo al despido constituye un requisito necesario para éste,
del que sólo podrá prescindirse cuando la falta grave sea flagrante, encontrándose
de esta manera prohibido el despido sin las observancias en ley establecidas
conforme al trámite regulado para el mismo; es decir el otorgamiento por escrito
por parte del empleador al trabajador, de un plazo razonable para que pueda ejercer
su defensa por escrito de los cargos que se formulan, conforme se desprende el
artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-tr; pues dicho procedimiento tiene como
sustento el principio fundamental del derecho de defensa; siendo por tanto una 8
formalidad esencial del despido, cuya omisión exime al juzgador de pronunciarse sobre el
fondo del asunto3.
4.4 El efecto lesivo a este derecho será el mismo, si el empleador que se exoneró del
procedimiento previo alegando flagrancia de la falta no acredita tal circunstancia, lo
que hará presumir que se valió de esa argumentación para negar el derecho de
defensa al trabajador.
4.5 Por tanto, la flagrancia entendida como conocimiento de la falta cuando ésta se
está ejecutando, excluye que se pueda obviar el procedimiento previo de defensa
cuando, a juicio del empleador la comisión de falta es evidente. Flagrancia y
evidencia son, por tanto, así conceptos distintos por lo cual confundir ambos
implicaría que a criterio subjetivo de los empleadores, estos podrían cesar a sus
trabajadores sin otorgarles el derecho de defensa cuando supongan que la falta
grave es tan clara que no necesita de pruebas4.
4.6 En ese sentido, la parte demandante manifiesta que conforme es posible
verificar de la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 (fojas 06) así como del
Acta de Verificación de Despido Arbitrario efectuada por la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) el 26 de agosto de 2015, la
demandada lo despidió el 21 de agosto de 2015 al haber impedido su ingreso a
laborar, habiendo iniciado con posterioridad a su cese el procedimiento de despido;
no obstante la demandada señala que el despido del demandante se produce el 09
de setiembre de 2015 por comisión de diversas faltas graves, habiéndose efectuado
el mismo en observancia del procedimiento previsto por ley.
4.7 Así, a fojas 22/24 obra Carta de Pre – Aviso de Despido del 27 de agosto de 2015
en la que se imputa al demandante comisión de falta grave prevista en los literales a,
c y h del artículo 25 del decreto Supremo N° 003-97-TR, cursada a la dirección
“Avenida Brigida Silva 199 Torre 13 Dpto 1001; Urbanización Maranga San Miguel.
4.8 A fojas 19 obra comunicación cursada por la demandada al accionante con fecha
02 de setiembre de 2015, en la que se le indica que “La presente que le remitimos vía
notarial tiene por objeto hacer de su conocimiento que la dirección que nos proporcionó como
válida ante nuestros registros de personal tal como consta de su manuscrito de la ficha de
datos que adjuntamos en copia, evidencia que de mala fe omitió información sobre su
dirección domiciliaria. Tal como podrá apreciar del acta notarial fechada 26 de agosto pasado,
nuestra empresa cumplió con remitirle carta de preaviso que nuevamente adjuntamos para
que pueda ejercer sus descargos como lo impone la ley a fin de presentar su derecho de
defensa.
Por tal motivo, adjuntamos carta de pre aviso de fecha 26 de agosto de 2015, certificación
notarial de fecha 27 de agosto de 2015…(…) ( subrayado es nuestro).
4.9 A fojas 17/18 obra Carta de Despido del 09 de setiembre de 2015, la que el
demandante indica le ha sido notificada el 10 de setiembre de 2015, según consta de
la carta de fecha 15 de setiembre de 2015 (fojas 14), no habiendo la demandada
negado tal dicho o en todo caso acompañado el cargo del diligenciamiento de la
carta de despido en mención a efectos de verificar cuando fue cursada la misma,
3 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 291 –
En referencia a la Casación No 2224-2005-Lima
4 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 289 9
teniéndose así por cierto que la Carta de Despido se cursó al demandante el 10 de
setiembre de 2015.
4.10 Obrante a fojas 06 se encuentra la Constatación Policial efectuada el día 21 de
agosto de 2015, la cual se entendió con Ernesto Jesús Túpac Yupanqui Morón, quien
manifestó que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó
que el recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron
ingresar a laborar”.
4.11 Del Acta de Verificación de Despido Arbitrario de fojas 26/28, realizada por la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), se tiene que la
Gerente de Recursos Humanos de la demandada, manifestó que “ … se encuentra en
trámite el procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado notarialmente la Carta
de Pre-Aviso de despido el día de hoy 26/08/2015 … motivo por el cual el recurrente deberá
presentar sus descargos de ley y se decidirá la continuidad o no del trabajador recurrente.
Actualmente el trabajador continúa en la nómina de la empresa”; habiendo el
representante de SUNAFIL dejado constancia acerca de los hechos y documentos
verificados en relación al despido arbitrario, respecto al empleador “… el envío
notarial de la Carta de Pre- Aviso de despido por comisión de faltas graves, tales como:
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral, apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador y abandono de trabajo
por más de tres días consecutivos”.
4.12 Del análisis en forma conjunta de los medios de prueba ofrecidos por las partes,
es posible determinar que el demandante fue despedido el día 21 de agosto de 2016,
pues no obstante haber cuestionado la demandada la Constatación Policial realizada
el 21 de agosto de 2016, no existe razón debidamente acreditada para que el
Supervisor de Seguridad quien declaró en la constatación policial, haya indicado
que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó que el
recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron ingresar a
laborar”; más aún si la demandada recién inicia el procedimiento de despido el día
26 de agosto de 2015, conforme lo expresado en el Acta de Verificación de Despido
Arbitrario realizado por SUNAFIL, encontrándose precisamente entre las faltas la
inconcurrencia consecutiva a laborar los días 21, 24 y 25, días en los que el actor
indica fue impedido de ingresar a su centro de labores; ello aunado a que los hechos
en que sustenta las otras 2 faltas graves que se le imputan que son el
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral y la apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador
ocurrieron a decir de la demandada los días 18 y 19 de agosto de 2016;
desprendiéndose de ello que la demandada pudo tener por motivo ambos sucesos
para impedir el ingreso al demandante el día 21 de agosto de 2015, no siendo ello lo
correcto, ya que previamente debió dar inicio al procedimiento legal de despido que
prevé la ley, a fin de no vulnerar el derecho de defensa del accionante, por no
tratarse de faltas flagrantes, concluyéndose entonces que el despido del demandante
se produjo el 21 de agosto de 2015 sin existir en esa oportunidad causa debidamente
probada y acreditada para el mismo.
5. Del despido incausado.
5.1 El artículo 27 de la Constitución Política del Estado, establece que “La ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, es decir de manera 10
indubitable la esencia de dicho precepto constitucional es otorgar protección al
trabajador cuando se está frente a un caso de despido.
5.2 Debe tenerse en cuenta que la institución jurídica del despido incausado no se
encuentra regulada en forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto
Supremo No. 003-97-TR – TUO del Decreto Legislativo No 728); no obstante su
reconocimiento y desarrollo ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal
Constitucional. Así, en la Sentencia de fecha 11 de julio de 2005, expedida en el caso
Telefónica del Perú S.A. con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del
Perú (Expediente No 1124-2001-PA/TC), el tribunal señaló:
- Que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del
Perú, el derecho de trabajo implica por una parte el de acceder a un puesto de
trabajo y por otra a no ser despedido sino por causa justa.
- Que forma parte del contenido esencial del Derecho al Trabajo, el derecho de no
ser despedido sino por causa justa, y por lo tanto el despido incausado o
arbitrario cometido por el empleador, vacía totalmente de contenido y atenta
contra este derecho constitucional, en consecuencia al producirse este acto
viciado de inconstitucionalidad, la protección adecuada contemplada en el
artículo 27 de la Constitución Política del Perú no puede ser sino la reposición
del trabajador en el trabajo.
- La indemnización será una forma complementaria o sustitutoria, sólo y
únicamente en el que caso que así lo determine voluntariamente el trabajador,
pero nunca podrá constituir la imposición arbitraria y unilateral del empleador
como reparación de un acto, desde un inicio invalidado por atentar contra un
derecho constitucional.
5.3 Igualmente, el criterio antes expuesto fue confirmado en la sentencia del caso
Eusebio Llanos Huasco (Exp N° 976-2001-AA/TC), en la que quedó establecido que
se produce el denominado despido incausado cuando: Se despide al trabajador, ya sea de
manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la
conducta o la labor que la justifique.
5.4 Expuesto el marco jurídico, así como la jurisprudencia pertinente, debe
establecerse que el actor refiere haber sido cesado incausadamente, pues la
demandada simplemente impidió su ingreso a su centro de labores el día 21 de
agosto de 2015; por lo cual habiéndose determinado que en efecto la demandada
procedió a despedir al demandante en esa fecha, sin previamente someterlo a
procedimiento de despido, en el que pudiera ejercer su derecho de defensa;
configurándose de esta forma un despido incausado; debiendo disponerse la
reposición del demandante a su puesto habitual de labores o a uno de igual
categoría con las mismas remuneraciones que percibía al momento de producirse su
despido.
6. Del pago de remuneraciones dejadas de percibir.
6.1. Tal como se ha señalado en el punto 5.2 del Quinto Considerando de la presente
decisión la institución jurídica del despido incausado no se encuentra regulada en
forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto Supremo N°003-97-TR –
TUO del Decreto Legislativo N° 728), siendo que su reconocimiento y desarrollo ha
sido materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 11
6.2. En virtud a ello, y como quiera que no existe norma legal que sustente el pago
de remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de un despido calificado
como incausado, no resulta posible amparar este extremo, sin embargo debe dejarse
a salvo el derecho del accionante para que vía indemnización por daños y perjuicios
pudiera exigir los eventuales daños patrimoniales o extrapatrimoniales que le
pudieran haber originado la decisión de la demandada de poner fin a su relación
laboral en el periodo de cese hasta su reposición efectiva.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación,
FALLO:
PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por MARCO ANTONIO
GONZALES ROCHA contra INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.,
en consecuencia se declara el cese del demandante como un despido incausado.
SEGUNDO: ORDENO que consentida o ejecutoriada que sea la presente
Resolución, la empresa demandada reponga al demandante en su puesto habitual
de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrita a una relación de
trabajo de naturaleza indeterminada, con idéntica remuneración y condiciones de
trabajo que ostentaba antes de su cese.
TERCERO: IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de abono de
remuneraciones dejadas de percibir durante el período no laborado, dejando a salvo
el derecho del accionante para que lo haga valer conforme a ley, con costas y costos.-
TÓMESE RAZÓN y HÁGASE SABER.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1
Demandante: Marco Antonio Gonzales Rocha
Demandada: Inversiones Nacionales de Turismo S.A.
Materia: Reposición por despido incausado.
Expediente N° 21453-2015-0-1801-JR-LA-13.
Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado
Secretario: Angela Milagros Charaja Aznarán.
SENTENCIA No. 305-2016-13° JELPL
Resolución No. TRES
Lima, Veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.-
ANTECEDENTES:
De acuerdo con la demandada de fojas 42/49 la parte demandante señala haber
ingresado a laborar para la demandada el 28 de marzo de 2011 hasta el 21 de agosto
de 2015 en que indica haber sido despedido.
Respecto a su cese, indica que se produjo el día 21 de agosto de 2015 cuando no se le
permitió el ingreso a su centro de labores, sin expresar razón alguna; habiendo
acudido tanto a la autoridad policial como a la autoridad administrativa de trabajo,
dejándose constancia de tales hechos; por lo que si bien el 02 de setiembre de 2015,
la demandada procedió a cursarle Carta de Preaviso de despido, conforme se
aprecia de los medios de prueba ofrecidos, se inició el procedimiento de despido
luego de haberse materializado el mismo; produciéndose de esta forma un despido
incausado, por lo que solicita se ordene su reposición definitiva en el cargo de
Supervisor de Seguridad que venía desempeñando, debiendo ordenarse el pago de
las remuneraciones dejadas de percibir desde que se produjo su efectiva reposición,
así como el depósito de la CTS a la entidad bancaria y pago de honorarios
profesionales para su abogado patrocinante.
Admitida la demanda en vía de proceso ordinario laboral, se programó el desarrollo
de la audiencia de conciliación, en la que al no existir conciliación alguna, se fijaron
las pretensiones objeto del proceso, citándose a las partes para audiencia de
juzgamiento.
La demandada ha contestado la demanda, y en audiencia de juzgamiento ha
manifestado que el demandante fue despedido el día 09 de setiembre de 2015 por
comisión de falta grave prevista en los literales a), c) y h) del artículo 25 del TUO –
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y conforme el procedimiento previsto por ley para
el mismo, luego de cursarle la carta de preaviso respectiva, la cual no cumplió con
absolver; por lo que si bien el accionante señala que su despido se produjo el día 21
de agosto de 2015 con anterioridad al inicio de procedimiento, sustentando tal dicho
en la Constatación Policial efectuada en dicha fecha, sin embargo este documento no
debe ser considerado como válido pues no se ha cumplido con las formalidades
previstas para su realización, no habiéndose por tanto producido el despido
incausado que manifiesta.
Asimismo señala que no resulta posible ordenar la reposición del actor, por cuanto
era un trabajador de confianza, la que ha perdido por cada una de las faltas graves
cometidas. 2
En la audiencia de juzgamiento, se efectuaron todas las etapas que concentra dicha
diligencia, como la confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia, por lo que se procede a desarrollar la misma en los siguientes términos;
FUNDAMENTOS:
En el presente caso las materias objeto de controversia son:
1. Determinar si corresponde al demandante la reposición a su centro de labores,
por haber sido objeto de un despido incausado.
2. Determinar si corresponde el pago de las remuneraciones devengadas, desde la
fecha en el que sucedió el despido hasta su efectiva reposición.
3. Determinar si corresponde el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio
en una entidad bancaria, así como las costas y costos del proceso.
DEL DERECHO DEL DEMANDANTE A LA REPOSICIÓN POR DESPIDO
INCAUSADO
Antes de resolver la controversia corresponde resolver las articulaciones
deducidas por la demandada.
1.- De la tacha deducida contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015.
1.1. Aproximadamente al minuto 15:50 (Video aud. Juzgamiento); la demandada
interpuso tacha contra la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 por ser nulo,
pues la constatación se ha entendido con la persona de Ernesto Jesús Tupac
Yupanqui que no ostentaba ninguna facultad de representación de la demandada,
siendo un trabajador que se desempeña como vigilante, ello de conformidad con el
Oficio 136-2010-IN del Ministerio del Interior que establece los requisitos que debe
reunir un acta de verificación policial para acreditar un despido arbitrario,
indicando que ésta debe contar con los datos del representante legal de la empresa
con el que se realice la entrevista o en todo caso precisar las circunstancias que
impidieron que se pudiera entrevistar con el mismo; más aún si el actor mantiene
un vínculo amical con el vigilante; lo que absolviendo el demandante indica que
dichos argumentos sólo buscan dilatar el proceso y no sirven como fundamento
para invalidar el documento.
1.2 En ese sentido, como lo tiene resuelto en forma reiterada la Corte Suprema de
Justicia la tacha sólo procede por aspectos formales, bien sea nulidad por
incumplimiento de una formalidad esencial prevista en la ley o por la falsedad del
mismo conforme se desprende de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil,
en este orden de ideas de la revisión del sustento de la tacha propuesta se advierte
que si bien la persona con la que se entendió la constatación policial del 21 de agosto
de 2015 no ostenta la condición de representante legal de la demandada, es también
cierto que esta diligencia fue realizada en horas de la noche (21:45 pm), por lo que la
misma se realizó con el vigilante, quien procedió a dar cuenta del motivo por el que
no se dejó ingresar al actor a su centro de labores en dicha oportunidad, quien era el
Jefe de Seguridad y si bien la demandada pretende invalidar tal declaración,
indicando que existe vínculo de amistad entre el personal que se entrevistó y el
demandante, sin embargo no ha cumplido con probar tal hecho en su oportunidad,
más aún si con la sola presentación de las fotografías adjuntadas en ocasión de
audiencia de juzgamiento, no se acredita tal dicho; por lo que el contenido o 3
valoración del citado documento, por su naturaleza sólo corresponde al Juzgador al
resolver el fondo de la controversia; por lo que la tacha propuesta debe
desestimarse.-
2. Del cargo de Supervisor de Seguridad desempeñado por el demandante y si
este es o no cargo de personal de confianza.
2.1 El demandante indica haber sido despedido sin mediar causa alguna el día 21 de
agosto de 2015 fecha en la que ostentaba el cargo de Supervisor de Seguridad; sin
embargo la demandada manifiesta que el cese del demandante se produjo el 09 de
setiembre de 2015 y por la comisión de falta grave prevista por ley, y que en todo
caso si bien el actor pretende su reposición, tal derecho no le corresponde por
tratarse de un personal de confianza.
2.2 En atención a tal circunstancia expresada por la demandada en audiencia de
juzgamiento, es que previamente debe proceder a analizarse si el cargo de
Supervisor de Seguridad, es un cargo de confianza, a fin de poder determinar si
asiste o no al demandante el derecho a la reposición.
2.3. Al respecto, es necesario establecer que el artículo 43 del Decreto Supremo No.
003-97-TR señala que los trabajadores de dirección son aquellos que en el ejercicio
de su labor ostentan la representación general del empleador frente a otros
trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con él aquellas
funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de
responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial; mientras que los
trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo
con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter
reservado; son aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.
2.4. La diferencia entre ambos tipos de personal "... radica en que sólo el personal de
dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes
propios de él. En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el
empleador o con el personal de dirección, y tiene acceso a información confidencial,
únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal
de dirección, son sus colaboradores directos. Este Colegiado considera que, por su naturaleza,
la categoría de trabajador de dirección lleva implícita la calificación de confianza, pero un
trabajador de confianza no necesariamente es un trabajador de dirección, en la medida que no
tiene poder de decisión ni de representación (...) Para calificar a un trabajador de dirección o
de confianza conforme a la legislación actual, se procederá de la siguiente manera:
a) Se identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la
empresa de conformidad con la Ley;
b) Se comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de
dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tales; y, 4
c) Se consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación
correspondiente"1.
2.5 El artículo 59 del Decreto Supremo N° 001-96-TR “Reglamento del TUO
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral” establece que para la
calificación de los puestos de confianza deberá, entre otros requisitos,
consignarse en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación
correspondiente, además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal
requisito es una formalidad que debe observar el empleador; sin embargo, la
inobservancia de tal formalidad no enerva el hecho de que el trabajador
pueda ser considerado como personal de confianza, si es de naturaleza de
las funciones desempeñadas se desprende alguna de las particularidades
reseñadas en el fundamento precedente, puesto que el trabajador de
confianza tiene particularidades propias que lo distinguen de los
trabajadores comunes, tales como: “…
a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; la relación laboral
especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes,
las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de
la buena fe, como fundamento de esta relación laboral especial.
b) Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; las
mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa o de
intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena
garantía y seguridad.
c) Dirección y dependencia; es decir que puede ejercer funciones directivas o
administrativas en nombre del empleador, hacerla partícipe de sus secretos o dejarla
que ejecute actos de dirección, administración o fiscalización de la misma manera
que el sujeto principal.
d) No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confianza. La
naturaleza misma de la función es lo que determina la condición laboral del
trabajador.
e) Impedimento de afiliación sindical, conforme al artículo 42° de la Constitución
para los servidores públicos con cargos de dirección o de confianza. El inciso b) de
artículo 12º del Decreto Supremo N.° 010-2003-TR TUO de la Ley de Relacione
Colectivas de Trabajo establece que los trabajadores de dirección y de confianza no
pueden ser miembros de un sindicato, salvo que en forma expresa el estatuto de la
organización sindical lo permita.
1 Ibidem. Fundamentos Jurídicos N° 13 y 15. 5
f) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una situación
especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los despidos por causa
grave, que son objetivos, ésta en cambio es de naturaleza subjetiva. El retiro del
confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el principio de sus
labores este trabajador haya ejercido un cargo de confianza o de dirección, pues de no
ser así, y al haber realizado labores comunes u ordinarias y luego ser promocionado a
este nivel, tendría que regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de
que no se produzca un abuso del derecho (artículo 103º de la Constitución), salvo
que haya cometido una causal objetiva de despido indicada por ley.
g) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se puede
extender hasta por 6 meses, incluyendo el periodo inicial de 3 meses para el personal
de confianza y en caso ser personal de dirección este puede ser extendido hasta por
un (1) año, en ambos casos la ampliación debe constar por escrito en el contrato de
trabajo celebrado con el personal de dirección o de confianza.
h) No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5 del Decreto
Supremo N.° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de dirección se encuentra excluido
de la jornada máxima legal. De igual forma no están sujetos a las disposiciones sobre
el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad
privada, conforme al Decreto Supremo N.° 004-2006-TR en su artículo 1 último
párrafo.
i) No tienen derecho a una indemnización vacacional. El Decreto Supremo N.°
012-92- TR, en su artículo 24, establece: “La indemnización por falta de descanso
vacacional a que se refiere el inciso c) del artículo 23º del Decreto Legislativo N.º
713, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no
hace uso del descanso vacacional. En ningún caso la indemnización incluye a la
bonificación por tiempo de servicios2”.
2.6 Entre sus medios de prueba, la demandada ha ofrecido documento denominado
“Descripción de Puesto” (fojas 75) del cargo de Supervisor de Seguridad, habiendo
además acompañado copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente
de Seguridad (fojas 85/86), sin embargo en estos no se ha indicado que el cargo de
Supervisor de Seguridad sea un cargo de confianza, no existiendo medio de prueba
del que pueda corroborarse en forma expresa tal condición, por lo cual se llega a la
conclusión que la emplazada no cumple con las formalidades legales y/o
administrativas a que se refiere la Ley de Competitividad y Productividad Laboral,
por lo que remitiéndonos a dicho dispositivo, implicaba seguir el trámite a que
alude el artículo 44 y que es desarrollado por los artículos 59 a 61 del Decreto
Supremo 001-96-TR, en este caso.
2 Fundamento Jurídico N° 11 de la sentencia citada. 6
2.7 No obra en autos comunicación escrita al actor del cargo de confianza que
ostenta, ni se adjunta boleta de pago del que se acredite dicha afirmación. Por efecto
de lo anterior, se aprecia por tanto que la empresa no estableció como cargo de
confianza al puesto que desempeñaba el demandante.
2.8 Debe además precisarse que en el Expediente N° 03501-20006-PA/TC, el
Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento respecto a este tema,
señalando que la inobservancia del trámite no enerva la condición de trabajador de
dirección o de confianza, si de la prueba actuada se advierte que las funciones del
trabajador corresponden a la naturaleza de un trabajador de dirección o confianza,
en tal sentido, se hace necesario analizar las labores ejecutadas por el actor, así del
documento denominado “Descripción de Puesto” (fojas 75) se aprecia que sus
labores como Supervisor de Seguridad son las siguientes:
(cid:1)
Organiza la cobertura adecuada del personal y realiza recorridas periódicas de
instalaciones, asegurándose que las áreas del Hotel están en condiciones seguras.
Supervisa un efectivo control de accesos.
(cid:1)
Reporta las novedades al Gerente del Área, Gerente General y Comité Ejecutivo
según corresponda en casos de incidentes mediante reportes completos y detallados.
Realiza investigaciones sobre incidentes.
(cid:1)
Realiza investigaciones detalladas y procura el buen uso y estado del CCTV.
(cid:1)
Controla especialmente las áreas de eventos así como los armados de banquetes para
velar por la seguridad de las personas y de las instalaciones.
(cid:1)
Mantiene informado al personal a su cargo sobre eventos, actividades especiales,
ocupación, entradas y salidas, etc., para garantizar una cobertura eficiente de las
áreas.
(cid:1)
Audita y mantiene un buen control sobre las llaves, radios y equipos a cargo.
(cid:1)
Dar servicio a huéspedes y asociados en actividades técnicas, de soporte, primeros
auxilios básicos, etc.
(cid:1)
Apoyar el cumplimiento de las políticas de Libertador y del Westin Lima Hotel.
2.9 Las labores precisadas eran realizadas bajo la directriz del Gerente de
Seguridad, el cual era su jefe inmediato jerárquica y funcionalmente, según se
aprecia de la copia del organigrama de la Gerencia General y del Gerente de
Seguridad (fojas 85/86), de lo que se desprende que nunca tomo decisiones de
ningún tipo, por encontrarse a cargo de un jefe, con lo cual se puede deducir que
estas actividades no implican el manejo o acceso de secretos industriales,
comerciales o profesionales, además que cumplía un horario de trabajo, daba cuenta
de sus actividades a su superior jerárquico y no emitió opiniones o asesoría a la alta
dirección de dicha entidad.
2.10 Analizando todo el conjunto de documentos, se llega a la conclusión que las
actividades laborales ejecutadas por el demandante no implicaba que su función
fuera la de coadyuvar a la toma de decisiones de su empleador ni que tuviera acceso
a información confidencial. En atención a lo señalado precedentemente, se acredita
que el demandante no fue un trabajador de confianza, sino más bien, un trabajador
común.
3. Del despido del demandante. 7
3.1 Según nuestro ordenamiento jurídico el despido por causa justa sólo puede estar
relacionado con la conducta o con la capacidad del trabajador, así el artículo 25º del
Decreto Supremo 003-97-TR precisa cuáles son las faltas graves en que puede
incurrir el trabajador, mientras que el artículo 22º precisa que para el despido de un
trabajador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y
debidamente comprobada, correspondiendo la demostración de la causa al
empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para
impugnar su despido, finalmente el Artículo 31º de la misma norma precisa el
procedimiento previo que debe hacer el empleador a fin de despedir a su trabajador
por la comisión de falta grave.
3.2 Conforme lo establece el Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 37°, ni el
despido, ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe
probarlos.
4. Del procedimiento de despido del demandante.
4.1. Conforme se ha manifestado en audiencia de juzgamiento, no se encuentra
dentro de los hechos a probar, por no haber sido objetado por la demandada la
existencia de relación laboral a plazo indeterminado del demandante; debiendo así
respecto al despido, indicar que la falta grave es la infracción cometida por el
trabajador de los deberes esenciales que emanan de un contrato de tal magnitud que
haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, para ello requiere la
concurrencia de cuatro elementos calificativos de la falta: objetividad, causalidad,
oportunidad y proporcionalidad. La legitimidad de la imposición de la sanción
podrá ser apreciada entonces, no sólo en base a la causa alegada y a los hechos
invocados, sino también al cumplimiento del procedimiento, a la existencia de una
prueba y a la objetividad de la misma.
4.2. Expuesto lo anterior corresponde en primer lugar analizar si se ha cumplido con
el procedimiento de despido previsto por ley; por lo que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-TR – TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral el cual en su primer párrafo prescribe que
“… El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad
del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo
aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta
días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia”.
4.3 El procedimiento previo al despido constituye un requisito necesario para éste,
del que sólo podrá prescindirse cuando la falta grave sea flagrante, encontrándose
de esta manera prohibido el despido sin las observancias en ley establecidas
conforme al trámite regulado para el mismo; es decir el otorgamiento por escrito
por parte del empleador al trabajador, de un plazo razonable para que pueda ejercer
su defensa por escrito de los cargos que se formulan, conforme se desprende el
artículo 31 del Decreto Supremo No 003-97-tr; pues dicho procedimiento tiene como
sustento el principio fundamental del derecho de defensa; siendo por tanto una 8
formalidad esencial del despido, cuya omisión exime al juzgador de pronunciarse sobre el
fondo del asunto3.
4.4 El efecto lesivo a este derecho será el mismo, si el empleador que se exoneró del
procedimiento previo alegando flagrancia de la falta no acredita tal circunstancia, lo
que hará presumir que se valió de esa argumentación para negar el derecho de
defensa al trabajador.
4.5 Por tanto, la flagrancia entendida como conocimiento de la falta cuando ésta se
está ejecutando, excluye que se pueda obviar el procedimiento previo de defensa
cuando, a juicio del empleador la comisión de falta es evidente. Flagrancia y
evidencia son, por tanto, así conceptos distintos por lo cual confundir ambos
implicaría que a criterio subjetivo de los empleadores, estos podrían cesar a sus
trabajadores sin otorgarles el derecho de defensa cuando supongan que la falta
grave es tan clara que no necesita de pruebas4.
4.6 En ese sentido, la parte demandante manifiesta que conforme es posible
verificar de la Constatación Policial del 21 de agosto de 2015 (fojas 06) así como del
Acta de Verificación de Despido Arbitrario efectuada por la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) el 26 de agosto de 2015, la
demandada lo despidió el 21 de agosto de 2015 al haber impedido su ingreso a
laborar, habiendo iniciado con posterioridad a su cese el procedimiento de despido;
no obstante la demandada señala que el despido del demandante se produce el 09
de setiembre de 2015 por comisión de diversas faltas graves, habiéndose efectuado
el mismo en observancia del procedimiento previsto por ley.
4.7 Así, a fojas 22/24 obra Carta de Pre – Aviso de Despido del 27 de agosto de 2015
en la que se imputa al demandante comisión de falta grave prevista en los literales a,
c y h del artículo 25 del decreto Supremo N° 003-97-TR, cursada a la dirección
“Avenida Brigida Silva 199 Torre 13 Dpto 1001; Urbanización Maranga San Miguel.
4.8 A fojas 19 obra comunicación cursada por la demandada al accionante con fecha
02 de setiembre de 2015, en la que se le indica que “La presente que le remitimos vía
notarial tiene por objeto hacer de su conocimiento que la dirección que nos proporcionó como
válida ante nuestros registros de personal tal como consta de su manuscrito de la ficha de
datos que adjuntamos en copia, evidencia que de mala fe omitió información sobre su
dirección domiciliaria. Tal como podrá apreciar del acta notarial fechada 26 de agosto pasado,
nuestra empresa cumplió con remitirle carta de preaviso que nuevamente adjuntamos para
que pueda ejercer sus descargos como lo impone la ley a fin de presentar su derecho de
defensa.
Por tal motivo, adjuntamos carta de pre aviso de fecha 26 de agosto de 2015, certificación
notarial de fecha 27 de agosto de 2015…(…) ( subrayado es nuestro).
4.9 A fojas 17/18 obra Carta de Despido del 09 de setiembre de 2015, la que el
demandante indica le ha sido notificada el 10 de setiembre de 2015, según consta de
la carta de fecha 15 de setiembre de 2015 (fojas 14), no habiendo la demandada
negado tal dicho o en todo caso acompañado el cargo del diligenciamiento de la
carta de despido en mención a efectos de verificar cuando fue cursada la misma,
3 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 291 –
En referencia a la Casación No 2224-2005-Lima
4 Blancas Bustamante, Carlos: El despido en el derecho laboral peruano. Jurista Editores. Lima. 3da. Edición.2013. Pág. 289 9
teniéndose así por cierto que la Carta de Despido se cursó al demandante el 10 de
setiembre de 2015.
4.10 Obrante a fojas 06 se encuentra la Constatación Policial efectuada el día 21 de
agosto de 2015, la cual se entendió con Ernesto Jesús Túpac Yupanqui Morón, quien
manifestó que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó
que el recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron
ingresar a laborar”.
4.11 Del Acta de Verificación de Despido Arbitrario de fojas 26/28, realizada por la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), se tiene que la
Gerente de Recursos Humanos de la demandada, manifestó que “ … se encuentra en
trámite el procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado notarialmente la Carta
de Pre-Aviso de despido el día de hoy 26/08/2015 … motivo por el cual el recurrente deberá
presentar sus descargos de ley y se decidirá la continuidad o no del trabajador recurrente.
Actualmente el trabajador continúa en la nómina de la empresa”; habiendo el
representante de SUNAFIL dejado constancia acerca de los hechos y documentos
verificados en relación al despido arbitrario, respecto al empleador “… el envío
notarial de la Carta de Pre- Aviso de despido por comisión de faltas graves, tales como:
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
laboral, apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador y abandono de trabajo
por más de tres días consecutivos”.
4.12 Del análisis en forma conjunta de los medios de prueba ofrecidos por las partes,
es posible determinar que el demandante fue despedido el día 21 de agosto de 2016,
pues no obstante haber cuestionado la demandada la Constatación Policial realizada
el 21 de agosto de 2016, no existe razón debidamente acreditada para que el
Supervisor de Seguridad quien declaró en la constatación policial, haya indicado
que “… por orden del Gerente de Seguridad el Sr Fernando Martínez me indicó que el
recurrente ya no trabajaba para el hotel Westin motivo por el cual no le dejaron ingresar a
laborar”; más aún si la demandada recién inicia el procedimiento de despido el día
26 de agosto de 2015, conforme lo expresado en el Acta de Verificación de Despido
Arbitrario realizado por SUNAFIL, encontrándose precisamente entre las faltas la
inconcurrencia consecutiva a laborar los días 21, 24 y 25, días en los que el actor
indica fue impedido de ingresar a su centro de labores; ello aunado a que los hechos
en que sustenta las otras 2 faltas graves que se le imputan que son el
incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la
buena fe laboral y la apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador
ocurrieron a decir de la demandada los días 18 y 19 de agosto de 2016;
desprendiéndose de ello que la demandada pudo tener por motivo ambos sucesos
para impedir el ingreso al demandante el día 21 de agosto de 2015, no siendo ello lo
correcto, ya que previamente debió dar inicio al procedimiento legal de despido que
prevé la ley, a fin de no vulnerar el derecho de defensa del accionante, por no
tratarse de faltas flagrantes, concluyéndose entonces que el despido del demandante
se produjo el 21 de agosto de 2015 sin existir en esa oportunidad causa debidamente
probada y acreditada para el mismo.
5. Del despido incausado.
5.1 El artículo 27 de la Constitución Política del Estado, establece que “La ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, es decir de manera 10
indubitable la esencia de dicho precepto constitucional es otorgar protección al
trabajador cuando se está frente a un caso de despido.
5.2 Debe tenerse en cuenta que la institución jurídica del despido incausado no se
encuentra regulada en forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto
Supremo No. 003-97-TR – TUO del Decreto Legislativo No 728); no obstante su
reconocimiento y desarrollo ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal
Constitucional. Así, en la Sentencia de fecha 11 de julio de 2005, expedida en el caso
Telefónica del Perú S.A. con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del
Perú (Expediente No 1124-2001-PA/TC), el tribunal señaló:
- Que conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del
Perú, el derecho de trabajo implica por una parte el de acceder a un puesto de
trabajo y por otra a no ser despedido sino por causa justa.
- Que forma parte del contenido esencial del Derecho al Trabajo, el derecho de no
ser despedido sino por causa justa, y por lo tanto el despido incausado o
arbitrario cometido por el empleador, vacía totalmente de contenido y atenta
contra este derecho constitucional, en consecuencia al producirse este acto
viciado de inconstitucionalidad, la protección adecuada contemplada en el
artículo 27 de la Constitución Política del Perú no puede ser sino la reposición
del trabajador en el trabajo.
- La indemnización será una forma complementaria o sustitutoria, sólo y
únicamente en el que caso que así lo determine voluntariamente el trabajador,
pero nunca podrá constituir la imposición arbitraria y unilateral del empleador
como reparación de un acto, desde un inicio invalidado por atentar contra un
derecho constitucional.
5.3 Igualmente, el criterio antes expuesto fue confirmado en la sentencia del caso
Eusebio Llanos Huasco (Exp N° 976-2001-AA/TC), en la que quedó establecido que
se produce el denominado despido incausado cuando: Se despide al trabajador, ya sea de
manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la
conducta o la labor que la justifique.
5.4 Expuesto el marco jurídico, así como la jurisprudencia pertinente, debe
establecerse que el actor refiere haber sido cesado incausadamente, pues la
demandada simplemente impidió su ingreso a su centro de labores el día 21 de
agosto de 2015; por lo cual habiéndose determinado que en efecto la demandada
procedió a despedir al demandante en esa fecha, sin previamente someterlo a
procedimiento de despido, en el que pudiera ejercer su derecho de defensa;
configurándose de esta forma un despido incausado; debiendo disponerse la
reposición del demandante a su puesto habitual de labores o a uno de igual
categoría con las mismas remuneraciones que percibía al momento de producirse su
despido.
6. Del pago de remuneraciones dejadas de percibir.
6.1. Tal como se ha señalado en el punto 5.2 del Quinto Considerando de la presente
decisión la institución jurídica del despido incausado no se encuentra regulada en
forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto Supremo N°003-97-TR –
TUO del Decreto Legislativo N° 728), siendo que su reconocimiento y desarrollo ha
sido materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 11
6.2. En virtud a ello, y como quiera que no existe norma legal que sustente el pago
de remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de un despido calificado
como incausado, no resulta posible amparar este extremo, sin embargo debe dejarse
a salvo el derecho del accionante para que vía indemnización por daños y perjuicios
pudiera exigir los eventuales daños patrimoniales o extrapatrimoniales que le
pudieran haber originado la decisión de la demandada de poner fin a su relación
laboral en el periodo de cese hasta su reposición efectiva.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación,
FALLO:
PRIMERO: Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por MARCO ANTONIO
GONZALES ROCHA contra INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.,
en consecuencia se declara el cese del demandante como un despido incausado.
SEGUNDO: ORDENO que consentida o ejecutoriada que sea la presente
Resolución, la empresa demandada reponga al demandante en su puesto habitual
de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrita a una relación de
trabajo de naturaleza indeterminada, con idéntica remuneración y condiciones de
trabajo que ostentaba antes de su cese.
TERCERO: IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de abono de
remuneraciones dejadas de percibir durante el período no laborado, dejando a salvo
el derecho del accionante para que lo haga valer conforme a ley, con costas y costos.-
TÓMESE RAZÓN y HÁGASE SABER.- |
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Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
Señores:
CARLOS CASAS
FUENTES LOBATO
HUERTA RODRIGUEZ
Lima, 23 de setiembre de 2015.-
VISTOS:
Puesto a Despacho para resolver e interviniendo como Juez Superior
Ponente la Señora Vilma Carlos Casas.
ASUNTO:
Viene en revisión a esta instancia la Resolución N° 04, de fecha 26 de
abril de 2016, que corre de fojas 112 a 114, que declara infundada la
oposición planteada por la parte demandada; en mérito al recurso de
apelación interpuesto por el demandado, que corre de fojas 117 a 124.
AGRAVIOS:
El demandado señala como agravios los siguientes:
1. En la recurrida no se ha verificado la existencia de los
presupuestos para el otorgamiento de una medida cautelar como lo es el
peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho invocado y la
adecuación o razonabilidad.
2. Lo señalado por el A quo de ninguna manera justifica el
cumplimiento de la apariencia o verosimilitud de derecho, por el contrario CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
es una clara muestra de que sin el mayor análisis se ha aparentado una
motivación para determinar este elemento.
3. El A quo cometió un craso error toda vez que asume que el
accionante ha sido despedido en forma arbitraria, cuando ese es un
hecho controvertido que recién se determinará al emitirse sentencia lo
cual deja en un estado de indefensión integral a la demanda.
CONSIDERANDO:
Primero: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el
principio contenido en el aforismo latino “tantum devolutum
quantum apellatum”, en la apelación la competencia del Superior
solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a
este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al
análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción
(pretensión) de la segunda instancia.
Segundo: En el caso de autos, mediante escrito corriente de fojas 73
a 79, el actor solicita medida cautelar de reposición provisional, a
fin que se ordene a su empleadora lo reponga en su centro de
labores en el último puesto que ocupaba antes de ser cesado.
Tercero: El artículo 55° de la Ley N° 29497, ha establecido respecto
a la medida especial de reposición provisional, que: “El juez
puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del
proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el
demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al
momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre
gestante o persona con discapacidad; b) estar gestionando la
conformación de una organización sindical; y c) el fundamento de
la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la
demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición,
considerándose ejecutada la sentencia.” [El resaltado es nuestro].
Cuarto: La doctrina procesal establece como presupuestos de las
medidas cautelares: la apariencia o verosimilitud del derecho -
fumus bonis iuris–, el peligro en la demora -periculum in mora- y
la contracautela (adicionada por algunos autores), los mismos
que han sido recogidos por nuestra legislación positiva,
entendiéndose, por el primero, que la medida se otorga no en
función de la existencia de un derecho evidente a favor del que lo
solicita, sino porque existe una apariencia que el derecho que se
invoca es fundado o resulta ser verosímil, por el segundo
presupuesto, el de sufrir un daño como consecuencia de la demora
del proceso, y por el tercero, aquella que busca garantizar una
indemnización a favor de quien ha sufrido un perjuicio como
consecuencia del otorgamiento de una determinada medida
cautelar.
Quinto: Al respecto puede señalarse que el derecho de trabajo es
un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política en
el numeral 15 del artículo 2°, pues es el centro de las aspiraciones
de las personas constituyendo el medio para obtener su sustento, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización
personal, esencial para el bienestar de la persona y su familia.
Sexto: En cuanto a la verosimilitud esta se encuentra acreditada
con la copia de Constatación Policial que corre de fojas 27 en
donde se aprecia que el que suscribe deja constancia de que al
presentarse a su centro de trabajo, hotel westin, la persona de
Ernesto Jesús Gustavo Túpac Yupanqui Morón manifestó: “que
por orden del gerente de seguridad el Sr. Fernando Martínez me
indico que el recurrente ya no trabajaba para el hotel westin”.
Asimismo, con el acta de verificación de despido arbitrario de
fecha 26 de agosto de 2015 que corre de fojas 29 a 31 en donde
se pone en manifiesto que: “se encuentra en trámite el
procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado
notarialmente la carta de Pre-aviso de despido el día de hoy
26/08/2015, motivo por el cual el recurrente deberá presentar sus
descargos de Ley” corroborándose con estas manifestaciones que
la carta de pre- aviso de despido fue cursada al demandante 13
días después de el impedimento de ingreso a su centro de labores,
conforme también lo señalo en su escrito de demanda que corre
de fojas 10 a 19.
Séptimo: En alusión al peligro en la demora éste se encuentra
acreditado toda vez que la demandada en forma repentina dio
término al vínculo laboral que sostenía con el demandante
dejándolo sin un puesto de trabajo y sin la percepción de una
remuneración para hacer frente a sus necesidades, los que han
quedado acreditadas con las boletas que corren de fojas 33 a 72 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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en donde se aprecia el pago por conceptos varios como salud,
alimentación, vivienda, educación, asimismo se tiene en cuenta la
carga familiar del demandante acreditadas con las copias del DNI
de su esposa y su hija corrientes de fojas 03 y 04, estando de
esta manera acreditado el requisito en mención.
Octavo: Respecto a la adecuación, se cumple con este requisito
toda vez que la reposición provisional resulta ser una vía idónea
para garantizar un posible derecho conculcado que en el caso
específico se ve reflejado en un despido incausado,
correspondiendo por tanto confirmar la recurrida debiéndose
continuar con el cumplimiento de la medida cautelar de reposición
provisional.
Por las Consideraciones expuestas, la Cuarta Sala Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR el Auto contenido en la Resolución N° 04, de fecha 26
de abril de 2016, obrante de fojas 112 a 114, que declaró infundada la
oposición planteada por la demandada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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En los seguidos por MARCO ANTONIO GONZALES ROCHA contra
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO – THE WESTIN LIMA
HOTEL & CONVENTION CENTER, sobre medida cautelar; y,
dispusieron que la Secretaria de Sala proceda de conformidad con el
segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil.-
Notifíquese.- |
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Señores:
CARLOS CASAS
FUENTES LOBATO
HUERTA RODRIGUEZ
Lima, 23 de setiembre de 2015.-
VISTOS:
Puesto a Despacho para resolver e interviniendo como Juez Superior
Ponente la Señora Vilma Carlos Casas.
ASUNTO:
Viene en revisión a esta instancia la Resolución N° 04, de fecha 26 de
abril de 2016, que corre de fojas 112 a 114, que declara infundada la
oposición planteada por la parte demandada; en mérito al recurso de
apelación interpuesto por el demandado, que corre de fojas 117 a 124.
AGRAVIOS:
El demandado señala como agravios los siguientes:
1. En la recurrida no se ha verificado la existencia de los
presupuestos para el otorgamiento de una medida cautelar como lo es el
peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho invocado y la
adecuación o razonabilidad.
2. Lo señalado por el A quo de ninguna manera justifica el
cumplimiento de la apariencia o verosimilitud de derecho, por el contrario CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
es una clara muestra de que sin el mayor análisis se ha aparentado una
motivación para determinar este elemento.
3. El A quo cometió un craso error toda vez que asume que el
accionante ha sido despedido en forma arbitraria, cuando ese es un
hecho controvertido que recién se determinará al emitirse sentencia lo
cual deja en un estado de indefensión integral a la demanda.
CONSIDERANDO:
Primero: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el
principio contenido en el aforismo latino “tantum devolutum
quantum apellatum”, en la apelación la competencia del Superior
solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a
este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al
análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción
(pretensión) de la segunda instancia.
Segundo: En el caso de autos, mediante escrito corriente de fojas 73
a 79, el actor solicita medida cautelar de reposición provisional, a
fin que se ordene a su empleadora lo reponga en su centro de
labores en el último puesto que ocupaba antes de ser cesado.
Tercero: El artículo 55° de la Ley N° 29497, ha establecido respecto
a la medida especial de reposición provisional, que: “El juez
puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del
proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el
demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al
momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre
gestante o persona con discapacidad; b) estar gestionando la
conformación de una organización sindical; y c) el fundamento de
la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la
demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición,
considerándose ejecutada la sentencia.” [El resaltado es nuestro].
Cuarto: La doctrina procesal establece como presupuestos de las
medidas cautelares: la apariencia o verosimilitud del derecho -
fumus bonis iuris–, el peligro en la demora -periculum in mora- y
la contracautela (adicionada por algunos autores), los mismos
que han sido recogidos por nuestra legislación positiva,
entendiéndose, por el primero, que la medida se otorga no en
función de la existencia de un derecho evidente a favor del que lo
solicita, sino porque existe una apariencia que el derecho que se
invoca es fundado o resulta ser verosímil, por el segundo
presupuesto, el de sufrir un daño como consecuencia de la demora
del proceso, y por el tercero, aquella que busca garantizar una
indemnización a favor de quien ha sufrido un perjuicio como
consecuencia del otorgamiento de una determinada medida
cautelar.
Quinto: Al respecto puede señalarse que el derecho de trabajo es
un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política en
el numeral 15 del artículo 2°, pues es el centro de las aspiraciones
de las personas constituyendo el medio para obtener su sustento, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización
personal, esencial para el bienestar de la persona y su familia.
Sexto: En cuanto a la verosimilitud esta se encuentra acreditada
con la copia de Constatación Policial que corre de fojas 27 en
donde se aprecia que el que suscribe deja constancia de que al
presentarse a su centro de trabajo, hotel westin, la persona de
Ernesto Jesús Gustavo Túpac Yupanqui Morón manifestó: “que
por orden del gerente de seguridad el Sr. Fernando Martínez me
indico que el recurrente ya no trabajaba para el hotel westin”.
Asimismo, con el acta de verificación de despido arbitrario de
fecha 26 de agosto de 2015 que corre de fojas 29 a 31 en donde
se pone en manifiesto que: “se encuentra en trámite el
procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado
notarialmente la carta de Pre-aviso de despido el día de hoy
26/08/2015, motivo por el cual el recurrente deberá presentar sus
descargos de Ley” corroborándose con estas manifestaciones que
la carta de pre- aviso de despido fue cursada al demandante 13
días después de el impedimento de ingreso a su centro de labores,
conforme también lo señalo en su escrito de demanda que corre
de fojas 10 a 19.
Séptimo: En alusión al peligro en la demora éste se encuentra
acreditado toda vez que la demandada en forma repentina dio
término al vínculo laboral que sostenía con el demandante
dejándolo sin un puesto de trabajo y sin la percepción de una
remuneración para hacer frente a sus necesidades, los que han
quedado acreditadas con las boletas que corren de fojas 33 a 72 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
en donde se aprecia el pago por conceptos varios como salud,
alimentación, vivienda, educación, asimismo se tiene en cuenta la
carga familiar del demandante acreditadas con las copias del DNI
de su esposa y su hija corrientes de fojas 03 y 04, estando de
esta manera acreditado el requisito en mención.
Octavo: Respecto a la adecuación, se cumple con este requisito
toda vez que la reposición provisional resulta ser una vía idónea
para garantizar un posible derecho conculcado que en el caso
específico se ve reflejado en un despido incausado,
correspondiendo por tanto confirmar la recurrida debiéndose
continuar con el cumplimiento de la medida cautelar de reposición
provisional.
Por las Consideraciones expuestas, la Cuarta Sala Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR el Auto contenido en la Resolución N° 04, de fecha 26
de abril de 2016, obrante de fojas 112 a 114, que declaró infundada la
oposición planteada por la demandada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
En los seguidos por MARCO ANTONIO GONZALES ROCHA contra
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO – THE WESTIN LIMA
HOTEL & CONVENTION CENTER, sobre medida cautelar; y,
dispusieron que la Secretaria de Sala proceda de conformidad con el
segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil.-
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
Señores:
CARLOS CASAS
FUENTES LOBATO
HUERTA RODRIGUEZ
Lima, 23 de setiembre de 2015.-
VISTOS:
Puesto a Despacho para resolver e interviniendo como Juez Superior
Ponente la Señora Vilma Carlos Casas.
ASUNTO:
Viene en revisión a esta instancia la Resolución N° 04, de fecha 26 de
abril de 2016, que corre de fojas 112 a 114, que declara infundada la
oposición planteada por la parte demandada; en mérito al recurso de
apelación interpuesto por el demandado, que corre de fojas 117 a 124.
AGRAVIOS:
El demandado señala como agravios los siguientes:
1. En la recurrida no se ha verificado la existencia de los
presupuestos para el otorgamiento de una medida cautelar como lo es el
peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho invocado y la
adecuación o razonabilidad.
2. Lo señalado por el A quo de ninguna manera justifica el
cumplimiento de la apariencia o verosimilitud de derecho, por el contrario CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
es una clara muestra de que sin el mayor análisis se ha aparentado una
motivación para determinar este elemento.
3. El A quo cometió un craso error toda vez que asume que el
accionante ha sido despedido en forma arbitraria, cuando ese es un
hecho controvertido que recién se determinará al emitirse sentencia lo
cual deja en un estado de indefensión integral a la demanda.
CONSIDERANDO:
Primero: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el
principio contenido en el aforismo latino “tantum devolutum
quantum apellatum”, en la apelación la competencia del Superior
solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a
este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al
análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al
principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se
considera que la expresión de agravios es como la acción
(pretensión) de la segunda instancia.
Segundo: En el caso de autos, mediante escrito corriente de fojas 73
a 79, el actor solicita medida cautelar de reposición provisional, a
fin que se ordene a su empleadora lo reponga en su centro de
labores en el último puesto que ocupaba antes de ser cesado.
Tercero: El artículo 55° de la Ley N° 29497, ha establecido respecto
a la medida especial de reposición provisional, que: “El juez
puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del
proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
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requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el
demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al
momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre
gestante o persona con discapacidad; b) estar gestionando la
conformación de una organización sindical; y c) el fundamento de
la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la
demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición,
considerándose ejecutada la sentencia.” [El resaltado es nuestro].
Cuarto: La doctrina procesal establece como presupuestos de las
medidas cautelares: la apariencia o verosimilitud del derecho -
fumus bonis iuris–, el peligro en la demora -periculum in mora- y
la contracautela (adicionada por algunos autores), los mismos
que han sido recogidos por nuestra legislación positiva,
entendiéndose, por el primero, que la medida se otorga no en
función de la existencia de un derecho evidente a favor del que lo
solicita, sino porque existe una apariencia que el derecho que se
invoca es fundado o resulta ser verosímil, por el segundo
presupuesto, el de sufrir un daño como consecuencia de la demora
del proceso, y por el tercero, aquella que busca garantizar una
indemnización a favor de quien ha sufrido un perjuicio como
consecuencia del otorgamiento de una determinada medida
cautelar.
Quinto: Al respecto puede señalarse que el derecho de trabajo es
un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política en
el numeral 15 del artículo 2°, pues es el centro de las aspiraciones
de las personas constituyendo el medio para obtener su sustento, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
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el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización
personal, esencial para el bienestar de la persona y su familia.
Sexto: En cuanto a la verosimilitud esta se encuentra acreditada
con la copia de Constatación Policial que corre de fojas 27 en
donde se aprecia que el que suscribe deja constancia de que al
presentarse a su centro de trabajo, hotel westin, la persona de
Ernesto Jesús Gustavo Túpac Yupanqui Morón manifestó: “que
por orden del gerente de seguridad el Sr. Fernando Martínez me
indico que el recurrente ya no trabajaba para el hotel westin”.
Asimismo, con el acta de verificación de despido arbitrario de
fecha 26 de agosto de 2015 que corre de fojas 29 a 31 en donde
se pone en manifiesto que: “se encuentra en trámite el
procedimiento legal de despido causal, habiéndose cursado
notarialmente la carta de Pre-aviso de despido el día de hoy
26/08/2015, motivo por el cual el recurrente deberá presentar sus
descargos de Ley” corroborándose con estas manifestaciones que
la carta de pre- aviso de despido fue cursada al demandante 13
días después de el impedimento de ingreso a su centro de labores,
conforme también lo señalo en su escrito de demanda que corre
de fojas 10 a 19.
Séptimo: En alusión al peligro en la demora éste se encuentra
acreditado toda vez que la demandada en forma repentina dio
término al vínculo laboral que sostenía con el demandante
dejándolo sin un puesto de trabajo y sin la percepción de una
remuneración para hacer frente a sus necesidades, los que han
quedado acreditadas con las boletas que corren de fojas 33 a 72 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
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en donde se aprecia el pago por conceptos varios como salud,
alimentación, vivienda, educación, asimismo se tiene en cuenta la
carga familiar del demandante acreditadas con las copias del DNI
de su esposa y su hija corrientes de fojas 03 y 04, estando de
esta manera acreditado el requisito en mención.
Octavo: Respecto a la adecuación, se cumple con este requisito
toda vez que la reposición provisional resulta ser una vía idónea
para garantizar un posible derecho conculcado que en el caso
específico se ve reflejado en un despido incausado,
correspondiendo por tanto confirmar la recurrida debiéndose
continuar con el cumplimiento de la medida cautelar de reposición
provisional.
Por las Consideraciones expuestas, la Cuarta Sala Laboral de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR el Auto contenido en la Resolución N° 04, de fecha 26
de abril de 2016, obrante de fojas 112 a 114, que declaró infundada la
oposición planteada por la demandada. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
Expediente N° 21453-2015-11-1801-JR-LA-13
En los seguidos por MARCO ANTONIO GONZALES ROCHA contra
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO – THE WESTIN LIMA
HOTEL & CONVENTION CENTER, sobre medida cautelar; y,
dispusieron que la Secretaria de Sala proceda de conformidad con el
segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil.-
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NOVENA SALA LABORAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 21582-2015-0-1801-JR-LA-59
Demandante : AJEPER S.A
Demandado : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Materia : Nulidad de Resolución Administrativa
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE
Lima, veintiocho de junio de dos mil veintiuno.-
VISTOS:
En Audiencia Pública; e interviniendo como ponente la Juez Superior
Magistrada Mercedes Manzanares Campos, y;
ASUNTO:
Es materia de revisión en esta instancia la Sentencia N° 377 contenida en la
Resolución N° 071 de fecha treinta de octubre del dos mil veinte, que declara
fundada en parte la demanda; siendo apelada por la demandada en los
términos expuestos en su escrito de apelación obrante de fojas 490 a 492.
AGRAVIOS:
La parte demandada respecto a la Sentencia, en su recurso de apelación
señala como agravios lo siguiente:
• Que, la obligada no habría acreditado el otorgamiento de dicho beneficio social
(descanso físico vacacional a 28 trabajadores).
1Ver fojas 466 a 485.
1 • Que, si bien la demandante presentó boletas de vacaciones, dicha
documentación no habría acreditado lo solicitado por los comisionados.
• Que el demandante no habría llegado a desvirtuar la infracción por cuanto se
tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 20° del Decreto Legislativo
N° 713
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil que atribuye la
competencia al juez superior, establece que el órgano judicial revisor no puede
apartarse del objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia por
lo que está impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en
hechos distintos a los que han sido invocados por las partes, por tanto está
circunscrito a lo que comprende la expresión de los agravios
correspondientes, solo se puede conocer mediante la apelación los agravios
que afectan al impugnante, se encuentra supeditado por lo que ha sido objeto
de apelación y de agravios no encontrándose facultado para ir más allá de ese
contexto.
SEGUNDO: Respecto a la Sentencia Materia de Apelación
2.1.- Se tiene de la demanda2, subsanación3 contestación de la demanda4 y el
auto de fijación de puntos controvertidos, que es materia de controversia en el
presente proceso: Determinar si corresponde declarar la nulidad de los siguientes
actos administrativos: (1) Resolución Directoral N° 90-2015-MTPE/1/20.4 (2) de la
Resolución Sub Directoral N° 204-2014-MTPE/1/20.41 mediante la cual se le impuso
una multa a la parte demandante.
2 Ver fojas 150 a 166.
3 Ver fojas 177 a 178
4 Ver fojas 411 a 416.
2 Acerca del Procedimiento Administrativo.
2.2.- La demandante, es inspeccionada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del empleo, siguiéndosele un procedimiento sancionador, la que
culmina con la expedición del Acta de Infracción N° 2481-20135 de fecha
25 de julio de del 2013 donde se indica como Sanción Propuesta: " De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 38° y 39° de la Ley N° 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo, concordante con los artículos 47° Y 48 de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y modificado por
Decreto Supremo N° 019-2007-TR se propone la siguiente multa: 6.1 Por registro de
control de asistencia (infracción insubsanable) una multa equivalente a 81% de una
(01) Unidad Impositiva Tributaria equivalente a la suma de S/. 2 997.00 nuevos soles
por 246 trabajadores. 6.2 Por registro de control de asistencia; una multa equivalente
a 81% de una (01) Unidad Impositiva Tributaria equivalente a la suma de S/. 2997.00
nuevos soles por 304 trabajadores afectados, 6.3 Por no acreditar haber otorgado las
vacaciones legales, una multa equivalente a 16% de once(11) Unidades Impositivas
Tributarias equivalente a la suma de S/. 6 512.00 por 28 trabajadores afectados, 6.4
Por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, una multa equivalente a
81% de once(11) Unidades Impositivas Tributarias equivalente a la suma de S/. 32
967.00 nuevos soles por un(01) trabajador afectado”.
2.3.- En mérito a ello el demandante mediante su escrito de fecha catorce
de octubre del dos mil trece6, hace llegar sus descargos respectivos a las
infracciones que se mencionan en el Acta de Infracción 2481-2013, indicando
que habría cumplido con otorgar el descanso vacacional a los supuestos
trabajadores afectados, en ese sentido con la finalidad de acreditar dicha
afirmación adjunta en autos la boletas de pago en las cuales se apreciaría el
pago por concepto de remuneración vacacional a los trabajadores previamente
5 Ver fojas 12 a 33.
6Ver fojas 110 a 113.
3 indicados7. Al respecto en autos se adjunta las Boletas de Pago8 vacacional de
28 trabajadores de AJEPER.
2.4.- Es así que se expide la Resolución Sub Directoral N° 204-2014-
MTPE/1/20.419 de fecha 14 de mayo de 2014, donde se indica que respecto
al extremo de no haber otorgado las vacaciones anuales correspondientes al
último periodo vencido a favor de 28 trabajadores, se indica que la demandada
habría adjuntado los reportes de vacaciones de los trabajadores señalados
como afectados en la respectiva acta de infracción. No obstante, ello, se
resuelve declarar infundada la nulidad deducida multándose a la demandante
con la suma de S/. 42, 476.00 nuevos soles.
2.5.- Al respecto el demandante mediante su escrito de fecha 15 de junio del
201410 presenta su recurso de apelación en contra de la Resolución Sub
Directoral N° 204-2014-MTPE/1/20.41, indicando respecto al otorgamiento
de vacaciones anuales, que en la comparecencia del día 13 de junio de 2013
realizada ante al AAT, habría exhibido las boletas de vacaciones conforme se
aprecia del Acta de Infracción emitida por los propios inspectores de trabajo,
en esa medida considera que está acreditado que sus trabajadores gozaron del
descanso físico vacacional que les correspondía conforme a Ley.
2.6.- La misma que es resuelta con la expedición de la Resolución de
Directoral N° 90-2015-MTPE/1/20.411 de fecha 04 de marzo del 2015 que
7 Ver fojas 45 a 46, parte pertinente
8 Ver fojas 82 a 132.
9 Ver fojas 51 a 58.
10 Ver fojas 61 a 74.
11 Ver fojas 76 a 80.
4 resuelve, confirmar la Resolución Sub Directoral N° 204-2014-
MTPE/1/20.41.
Acerca de la Ley General de Inspecciones y las infracciones a la labor inspectiva
2.7.- Debemos indicar que la Ley Nº 28806- Ley General de Inspección del
Trabajo, en su artículo 1° cuarto párrafo señala: “Inspección del Trabajo, es el
servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades administrativas
que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de
conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo”. La
citada Ley preveía que las inspecciones en materia laboral buscan como
objetivo el cumplimiento de las normas socio laborales y de la seguridad
social, en total compromiso con el Convenio 81 de la OIT, del cual el Estado
Peruano es suscriptor. Lo precedente es concordante con lo indicado en su
artículo 3° donde se indica: “ Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio
de la función de inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el
Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no puede limitar el efectivo
cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de
los inspectores del trabajo. Las finalidades de la inspección son las siguientes: 1. De
vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias,
convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral.
2.8.- Además en virtud del artículo 16° de la Ley N° 28806 se faculta al
inspector de trabajo para expedir acta de infracción, indicando que: “Los
hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de
infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses
.
puedan aportar los interesados.” Siendo esto así, se determina que el inspector
cuenta con la facultad de sancionar a los infractores de las normas laborales
disponiendo a partir de los hechos que han constatado la aplicación directa de
la norma, en mérito de las directivas impartidas por el Ministerio de Trabajo.
5 2.9.- También se tiene que en el Artículo 36° señala: "Infracciones a la labor
inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los
sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito
organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los
sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o
Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales
infracciones pueden consistir en: 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes
hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad
Administrativa de Trabajo y éstas no concurren"; hecho que es concordante con lo
indicado en el Artículo 38° de la citada Ley, el cual prescribe “Las sanciones a
imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones
laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la
presente Ley, se graduarán atendiendo a los siguientes criterios generales: a)
Gravedad de la falta cometida, b) Número de trabajadores afectados. El Reglamento
establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la
graduación”. Y de su artículo 39° se tiene que: “Cuantía y aplicación de las
sanciones: Las infracciones detectadas serán sancionadas con una multa máxima de: a)
Veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, en caso de infracciones muy graves. b)
Diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, en caso de infracciones graves. c) Cinco
(5) Unidades Impositivas Tributarias en caso de infracciones leves. La multa máxima
por el total de infracciones detectadas no podrá superar las treinta (30) Unidades
Impositivas Tributarias vigentes en el año en que se constató la falta. La sanción a
imponerse por las infracciones que se detecten a las empresas calificadas como micro
y/o pequeñas empresas conforme a Ley se reducirán en un cincuenta por ciento
(50%).”12.
12 Artículo modificado con la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981,
publicada el 15 enero 2013, vigente a partir de la aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones de la Sunafil.
6 2.10.- También para resolver la presente debemos tener en consideración la
casación N° 8363-2017-Lima, que en su décimo tercer considerando indica:
“Cuando se invoca el incumplimiento del empleador de otorgar el descanso vacacional
al trabajador, le corresponde como carga probatoria, demostrar que cumplió con las
obligaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 713 y que el trabajador gozó
efectivamente de sus vacaciones pudiendo demostrar la concreción de tal evento
laboral con las planillas de pago, boletas de pago u otro medio idóneo a tal fin”.
Respecto al caso en concreto
2.11.- En el caso de autos si bien la demandada respecto al extremo apelado
sostiene que la obligada no habría acreditado el otorgamiento de dicho
beneficio social (descanso físico vacacional a 28 trabajadores). Que, si bien la
demandante presentó boletas de vacaciones, dicha documentación no habría
acreditado lo solicitado por los comisionados. Que el demandante no habría
llegado a desvirtuar la infracción por cuanto se tiene que cumplir con lo
establecido en el artículo 20° del Decreto Legislativo N° 713.
2.12.- No obstante, ello, tal como se indicó en la sentencia materia de
apelación (ver considerando 12.8) se tiene en consideración la Casación N°
8363-2017-LIMA donde se indica que el empleador para acreditar haber
otorgado el descanso vacacional al trabajador y demostrar que efectivamente
gozo de sus vacaciones, lo puede demostrar adjuntando en autos nos sólo las
planillas de pago, sino que también lo puede acreditar adjuntando las boletas
de pago u otro medio idóneo para tal fin.
2.13.- Siendo así en el caso de autos está acreditado que se adjuntan como
medio de prueba boletas de pago y reporte de vacaciones correspondiente a
los 28 trabajadores. En ese sentido si bien la demandante no adjunta libro de
planilla, con los medios probatorios aludidos precedentemente queda
acreditado que cumplió con otorgar el pago y los descansos por vacaciones a
7 los 28 trabajadores mencionados, máxime si las boletas de pago llevan la firma
de los trabajadores en señal de conformidad. Por todo ello los agravios de
apelación de la entidad demandada deben ser desestimados en su conjunto,
debiéndose confirmar la sentencia materia de apelación.
Por estas consideraciones, esta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR la Sentencia N° 377 contenida en la Resolución N° 0713 de
fecha treinta de octubre del dos mil veinte, que declara fundada en parte la
demanda, con lo demás que contiene. En los seguidos por por AJEPER S.A.
contra EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO – MTPE sobre nulidad de la Resolución. Notifíquese y
Devuélvase.
MMC/paph
MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA
IRRAZABAL NÚÑEZ
13Ver fojas 466 a 485.
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EXPEDIENTE : 21582-2015-0-1801-JR-LA-59
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO
ADMINISTRATIVO
JUEZ : TABOADA ROSAZZA, KATHERYNE ELENA
ESPECIALISTA : CISNEROS VELARDE FLOR DE MARIA
LITIS CONSORTE : EJECUTOR COACTIVO DEL MTPE ,
DEMANDADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO
DEMANDANTE : AJEPER SA EN ADELANTE AJEPER O LA COMPAÑIA ,
RAZON:
Señora Juez, en cumplimiento de mis funciones informo a usted; Que, mediante Decreto Supremo N°
008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020 se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa días calendarios, disponiéndose diversas medidas de prevención y control destinadas a
evitar la propagación del COVID 19; asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 103- 2020-CE-
PJ, de fecha 11 de marzo de 2020 se aprobó el Plan de Prevención del Coronavirus en el Poder Judicial.
Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de
2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, posteriormente, mediante los Decreto Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 83-20-PCM y N° 094-20-PCM, este último disponiendo
prorrogar el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio del 2020; Asimismo mediante
Resolución Administrativa N° 172- 2020-P-CSJLI/PJ “Lineamientos para la Gestión del Trabajo
Remoto en la CSJLI”, se ha dispuesto instrumentos legales que permiten que los trabajadores
jurisdiccionales y administrativos continúen realizando sus funciones a través del mecanismo del trabajo
remoto. Es por ello que recién en la fecha se da cuenta la presente solicitud de Medida Cautelar. Es todo
lo que informo a usted para los fines pertinentes.
RESOLUCIÓN N° 08
Lima, 08 de marzo del 2021
Autos y Vistos: A la razón que antecede: téngase presente.
Al escrito de fecha 17/11/2020: Téngase presente y por variado la
casilla electrónica. Al escrito de fecha 05/11/2020: Mediante el cual la
parte demandada interpuso su recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, a lo expuesto y considerando:
PRIMERO: El artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 -
Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 011-2019-JUS establece lo siguiente: “Los recursos
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en
el Código Procesal Civil. (…)”, es decir, nos remite a la regulación de los
recursos en el proceso civil, al respecto, el artículo 366 del Código
Procesal Civil señala que “El que interpone apelación debe fundamentarla,
indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución,
precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión
impugnatoria”, asimismo, el artículo 371 del Código Procesal Civil
establece que “procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su
continuación, y en los demás casos previstos en este Código”. El artículo
27 inciso 27.2 literal (f) del TÚO de la Ley 27584 establece: “cinco días
para apelar la sentencia, contados desde su notificación”.
SEGUNDO: En el caso en particular se advierte que la parte apelante
ingresó su escrito de apelación dentro del plazo de los cinco días
establecido en el artículo 27 inciso 27.2 literal (f) del TÚO de la Ley
27584. Asimismo se ha cumplido con los demás requisitos de admisibilidad
y procedencia, regulados en el artículo 366 y 367 del Código Procesal
Civil, por lo que corresponde conceder la apelación planteada.
TERCERO: A mayor abundamiento, es pertinente señalar que en el
ACUERDO N° 15-2018-SPS-CSJLL (Trujillo, 19 de octubre del 2018),
referente al tema: Inicio del cómputo del plazo en la notificación
electrónica, se estableció lo siguiente: “El inicio del cómputo de los plazos
procesales de las resoluciones judiciales notificadas vía casilla electrónica
SINOE será desde el segundo día siguiente en que se ingresa su
notificación a la casilla electrónica. A manera de ejemplo, si la notificación
ingresó a la casilla el día lunes (a cualquier hora), entonces el cómputo del
plazo se iniciará desde el día miércoles. Siguiendo con el ejemplo anotado,
si el plazo para interponer algún medio impugnatorio es de 3 días (útiles),
entonces vencerá el día viernes.” 1. Lo que se condice con el cómputo de
plazos efectuado en el presente caso. Por lo antes expuesto se resuelve:
CONCÉDASE EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO
SUSPENSIVO, INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA
CONTRA LA SENTENCIA N° 377 que declaró fundada en parte la
demanda, en consecuencia, remítase los autos a la Sala Laboral de Lima
de Turno. Notifíquese y ofíciese. Debiendo notificarse a las partes a
su Casilla Electrónica2
1 Véase el siguiente enlace web: https://legis.pe/desde-cuando-corre-plazo-resoluciones-
notificadas-via-casilla-electronica-acuerdo-15-2018-sps-csjll/
1. 2 COMUNICAR a las partes que podrán presentar sus escritos de manera digital a
través de la Mesa de Partes Electrónica, debiendo para ello ingresar al Sistema de
Notificación Electrónica - SINOE de la Página Web del Poder Judicial
(https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml).
2. INFORMAR a las partes que pueden acceder al tutorial para el ingreso de documento a
la Mesa de Partes Electrónicas a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=lA20SCoR_8I o en su defecto hacer uso del correo:
modulolaboralventanilla@pj.gob.pe, para cualquier consulta sobre el ingreso de
escritos. |
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DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO CON
SUB ESPECIALIDAD PROCESOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS LABORALES
EXPEDIENTE : 21582-2015-0-1801-JR-LA-59
ESPECIALISTA : VELARDE CISNEROS, FLOR DE MARÍA
SENTENCIA N° 377
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE
Lima, treinta de octubre
Del dos mil veinte.-
VISTOS:
La demanda interpuesta por AJEPER S.A. contra EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – MTPE sobre nulidad de la
Resolución Directoral N° 90-2015-MTPE/1/20.4 de fecha 04 de marzo de 2015
(en adelante la Resolución Directoral) expedida por la Dirección de Inspección
del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que desestima el
recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmando la Resolución
Sub Directoral N° 204-2014-MTPE/1/20.41 de fecha 14 de mayo de 2014 (en
adelante la Resolución Sub Directoral), por la cual, se le impone una multa por
la suma de S/. 42,476.00 soles; por Infracciones Leves y Graves en materia de
normas socio laborales:(i) Infracción leve, por no acreditar contar con el
Registro de Control de Asistencia correspondiente a los meses de marzo y abril
de 2013 (no contiene las horas de salida, ni las horas de trabajo en sobretiempo),
en la suma de S/. 2,997.00 soles; (ii) Infracción Muy Grave, por no acreditar
haber otorgado el descanso físico vacacional, en la suma de S/. 6,512.00 soles; y,
(iii) Infracción Muy Grave a la labor inspectiva, en la suma de S/. 32,967.00
soles.
I. PARTE EXPOSITIVA
1.1. Síntesis de la demanda. -
La parte demandante señala que la demandada ha vulnerado sistemáticamente
los principios y garantías que rigen el procedimiento administrativo
sancionador, especialmente, los principios a un debido proceso, de legalidad y
el de tipicidad; pues refiere, que no se encuentra regulado en nuestra
legislación la infracción laboral de no acreditar el otorgamiento del descanso
físico vacacional, sino el de incumplimiento, no resulta lo mismo, vulnerándose
de esta manera el literal d) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución
Política del Perú y el artículo 37° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante LGIT), por el cual, no puede imponerse sanción
económica por infracción que no se encuentre previamente tipificada y
contenida en el Reglamento.
Asimismo, refiere que las resoluciones materia de nulidad han vulnerado el
principio del debido proceso, pues no se ha valorado correctamente las pruebas
presentadas por la demandante, a efectos de corroborar el cumplimiento de las
obligaciones sobre descanso vacacional.
Refiere, además que se ha vulnerado lo dispuesto en el numeral 5.3 del artículo
5° de la LGIT y en el artículo 20° inciso 20.3 del Decreto Supremo N° 019-2006-
TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante
RLGIT), pues no se ha tomado en consideración que una medida de
requerimiento no puede ser emitida sin indicar claramente la forma y el modo
en que se deben subsanar las infracciones detectadas.
1.2. Contestación de demanda.-
Admitida la demanda por Resolución número dos de fojas 179 a 180, la
emplazada a través de su Procurador Público, se apersona y contesta la
demanda mediante escrito de fojas 411 a 416, señalando que las actuaciones
administrativas materia de impugnación en el presente caso fueron expedidas
al interior de un procedimiento sancionador originado en virtud a la facultad
inspectiva otorgada por ley, razón por la cual, se presume su validez.
Refiere, al respecto que se encuentra acreditado que los comisionados han
cumplido con informar las acciones que la obligada debía adoptar, pues ésta,
pudo subsanar de manera parcial algunas infracciones advertidas, como la
participación en las utilidades del año 2012 y el depósito de la CTS del semestre
vencido periodo noviembre 2012 – 2013, precisándose que no se extendió
requerimiento sobre el cumplimiento de normas socio laborales en relación a
las omisiones advertidas en los registros de control de asistencia, por ser
infracciones de carácter insubsanables.
En ese sentido, refiere que, la demandante fue objeto de sanción, pues no
acreditó cumplir con otorgar las vacaciones anuales correspondientes al último
periodo vencido a favor de 28 trabajadores, contraviniéndose lo señalado en el
artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713 (en adelante D.L. N° 713), así como
el artículo 20° de la misma norma.
A fojas 185 a 406, obra el Expediente Administrativo del procedimiento de
inspección y sancionador; por lo que siendo su estado, se expide la Resolución
N° 06 de fojas 462 a 464, con la que se declaró saneado el proceso y la existencia
de una relación jurídica procesal válida, se fijaron los puntos controvertidos, se
admitieron los medios probatorios, se prescindió de la audiencia de pruebas y
de conformidad al artículo único de la Ley N° 30914, se dispuso que ingresen
los autos a despacho para sentenciar. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.-
Que, conforme al artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584,
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, salvo disposición legal
diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que
sustentan su pretensión, sin embargo, si la actuación administrativa impugnada
establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función
o especialidad, la entidad administrativa está en mejores condiciones de
acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.
SEGUNDO: SOBRE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
SU FINALIDAD.-
2.1. Que, conforme lo dispone el artículo 148º de la Constitución Política del
Estado son susceptibles de impugnación judicial, las resoluciones
administrativas, o más propiamente los actos administrativos que causen
estado; es decir los actos administrativos que hayan sido expedidos en
última instancia administrativa, de tal modo que ya no exista posibilidad
alguna de impugnar administrativamente lo decidido por el funcionario
competente, por lo que sólo queda la posibilidad de acudir ante el poder
judicial a través del proceso contencioso administrativo.
2.2. El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo N°
013-2008-JUS, establece que la acción contencioso administrativa prevista
en el artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad el
control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva
tutela de los derechos e intereses de los administrados.
2.3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33º del Texto Único
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contenciosos Administrativo
General, salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos.
2.4. Que, el artículo 10º de la Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad
de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a
las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de
alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los
actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o
trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma.”
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- De un análisis de la demanda y
de lo actuado, corresponde:
1) Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución Directoral N°
90-2015-MTPE/1/20.4 de fecha 04 de marzo de 2015, mediante el cual se
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la accionante,
confirmando la Resolución Sub Directoral N° 204-2014-MTPE/1/20.41.
2) Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución Sub
Directoral N° 204-2014-MTPE/1/20.41 de fecha 14 de mayo de 2014, por
la que, se impone la multa ascendente a la suma de S/. 42,476.00 soles,
por infracción de normas socio laborales.
CUARTO: SOBRE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.-
4.1. De conformidad con el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del
Perú, todo ciudadano tiene el derecho y la potestad de acudir a los órganos
jurisdiccionales nacionales e internacionales conforme al tipo de pretensión a
requerir y la eventual legitimidad o validez que pueda acompañar a su
petitorio; asimismo, cada órgano jurisdiccional y las partes tienen la obligación
de observar el Debido Proceso en cualquier tipo de procedimiento en donde se
valore sus pretensiones, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una
incertidumbre jurídica.
4.2. Tal como lo ha señalado la doctrina constitucional nacional, el Derecho a la
Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho genérico o complejo que se
descompone en otros diversos derechos enumerados dentro de él, y en algunos
otros implícitos, entre los cuales destacan el derecho de toda persona de
promover la actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad de
las resoluciones; así, el Tribunal Constitucional, conforme a lo recaído en el Exp.
N° 763-2005-PA/TC, ha referido pues que la misma:
“es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual
toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada
y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su
petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite
también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una
sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la
tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o
acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita
el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de
pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado
obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y
sensata dosis de eficacia (…) En el contexto descrito, considera este
Colegiado que cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la
tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima
facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda
pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de
acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno
a su procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable
esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda,
sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la
administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de
análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera
que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario
sensu de lo señalado, la judicatura no asume la elemental
responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello,
desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el
fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene
derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el
ordenamiento le asigna”.
4.3. Ahora bien, la doctrina procesalista y constitucionalista ha sostenido que el
Debido Proceso es un Derecho Fundamental de toda persona –peruana o
extranjera, natural o jurídica- y no solo un principio o derecho de quienes
ejercen la función jurisdiccional, en donde se comparte el doble carácter de los
derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una
persona, y es un derecho objetivo, en tanto que asume una dimensión
institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícitos los fines
sociales y colectivos de la justicia4. Con ello, el referido colegiado
constitucional, conforme a lo señalado en los Exp. N° 00090-2004-AA/TC,
Exp.N° 3421-2005-HC/TC, Exp. N° 1656-2006-PA/TC, N° 562 7-2008-PA/TC,
N°2906-2011-PA/TC y N° 5037-2011-PA/TC.
4.4. En sentido similar, la Corte Interamericana destacó que todos los órganos que
ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no,
tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las
garantías del debido proceso, establecidas en el artículo 8º de la Convención
Americana5, para ello, bastará con precisar que en el Caso López Mendoza vs.
Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011, la referida corte determinó
que cualquiera sea la actuación u omisión de los órganos estatales o particulares
dentro de un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo
sancionatorio, corporativo o parlamentario, se debe respetar el derecho al
Debido Proceso. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
destacado que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza
materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar
decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso
establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana6; pues las sanciones
administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga son, como las penales,
una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones,
naturaleza similar a la de éstas (Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela,
sentencia del 1 de septiembre de 2011). 4.5. Para ello, en la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, de fecha 2 de
febrero de 2001, la Corte Interamericana enfatizó el respeto del debido proceso
en sede administrativa sancionatoria, al precisar que “no puede la administración
dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del
debido proceso”, por cuanto “[e]s un derecho humano el obtener todas las garantías que
permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir
con este deber”.
QUINTO: SOBRE LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES. -
5.1. El inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 "Ley del
Procedimiento Administrativo General" señala que los administrados gozan de
todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.
Asimismo, en el inciso 6.1 del artículo 6° de la indicada Ley, se dispone que la
motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el
acto adoptado.
5.2. La motivación constituye una garantía constitucional del administrado que
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos
administrativos. Ello importa que la Administración exprese las razones o
justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión, razones
que se sustentan en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, así
como en los hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Toda
decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente,
constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.
5.3. No obstante, cabe precisar que "[l]a Constitución no garantiza una determinada
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y
que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada,
aun si ésta es breve o concisa [...]" (Fundamento 2 de la STC N° 1291-2000-
AA/TC).
5.4. Tal como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia
"respecto al derecho a la motivación este Tribunal ya ha establecido que este no
supone un derecho a recibir pronunciamientos explícitos respecto a cada uno
de los puntos que se soliciten. Por el contrario, sus exigencias se pueden ver
satisfechas cuando se reciben pronunciamientos que impliquen, una resolución
desfavorable en lo relacionado a los puntos propuestos, más aún cuando dichos
pronunciamientos no revistan una especial transc6ndencia-en-el trámite del
proceso y no acarreen en definitiva a indefensión de la parte reclamante."
(Fundamento 4 de la Resolución N° 00728-2007-PA/TC).
5.5. Así, la debida motivación no garantiza una extensión determinada y tal como lo
ha indicado el Tribunal Constitucional en el fundamento 4 d) de la STC N°
03943-2006-PA/TC la motivación insuficiente está "referida básicamente al
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien,
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de
las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales,
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la
ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta
a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo." Asimismo, respecto a la
motivación sustancialmente incongruente, en el fundamento 4 e) de la STC N°
03943-2006-PA/TC se ha señalado que: "El derecho a la tutela judicial efectiva
y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo
tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal
(incongruencia activa).
5.6. Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera
de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también
del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)."
SEXTO: SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. –
6.1. El principio de legalidad encuentra su fundamento normativo primigenio en el
texto de la propia Constitución Política del Perú. El literal d) del inciso 24 del
artículo 2 de la norma constitucional establece que nadie podrá ser condenado o
sancionado con pena no prevista previamente en las leyes. Aun cuando se trata
de una previsión enfocada en el ámbito del Derecho Penal (en atención a la
unidad del derecho sancionador estatal), esta disposición también constituye
una garantía para el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito del
derecho administrativo.
6.2. El Tribunal Constitucional ha señalado que la aplicación del principio de
legalidad impide que se pueda atribuir la comisión de una falta o aplicar una
sanción administrativa cuando esta no se encuentre previamente determinada
en la ley; en ese sentido, dicho principio abarca una doble exigencia:
i. Exigencia de carácter formal: Implica la exigencia y existencia de una
norma legal o norma con rango de ley; y,
ii. Exigencia de carácter material: Implica la predeterminación normativa
de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes.
6.3. En síntesis, podemos afirmar que el principio de legalidad tiene como
exigencias específicas: la existencia de una ley (ley scripta); que esta ley sea
anterior a la conducta reprochable (ley previa); y, que esta ley incluya preceptos
jurídicos con suficiente grado de certeza (lexcerta), de manera tal que sea posible
prever la responsabilidad y la eventual sanción aplicable a un caso concreto.
SÉTIMO: SOBRE EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD. –
7.1. Que, en cuanto al Principio de Tipicidad, el inciso 9 del Art. 1° del Decreto
Legislativo N° 1150, establece que constituye criterio de interpretación y de
aplicación obligatoria en todo procedimiento disciplinario la "adecuación de la
conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación extensiva o analogía". Asimismo, el numeral 4 del Art. 246° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS (publicado el 20 de marzo del 2017), establece que:
Solo constituyen conductas sancionables administrativamente
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de
ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto
Legislativo permita tipificar infracciones por norma
reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se
puede imponer a los administrados el cumplimiento de
obligaciones que no estén previstas previamente en una norma
legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de
los regímenes sancionadores se evita la tipificación de
infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidas
en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya
tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.
(Subrayado es agregado)
7.2. En ese sentido, dicho principio presupone que la autoridad administrativa debe
sancionar una conducta que se cine estrictamente a lo señalado por la norma
como falta y no extender los efectos de dicha tipificación a conductas que no
encajan en la descripción o aplicar sanciones que no han sido señaladas
expresamente en la norma.
OCTAVO: SOBRE LA CONTROVERSIA A DILUCIDARSE. –
De los fundamentos expuestos en la demanda y contestación de demanda, se
advierte que la controversia a dilucidarse en el presente proceso recae en
determinar, si la nulidad deducida por la demandante es a consecuencia de:
i. La imposición de sanción por una conducta que no se encuentra proscrita por
ley.
ii. No haber valorado correctamente las pruebas presentadas por la accionante,
para corroborar el cumplimiento de las obligaciones sobre descanso vacacional;
y,
iii. No haber cumplido con expedir una adecuada medida de requerimiento,
indicando claramente la forma y el modo en que se deben subsanar las
infracciones detectadas.
NOVENO: DEL MARCO NORMATIVO GENERAL. -
9.1. El artículo 33° de la LGIT, en relación a las infracciones establece lo siguiente:
"Son infracciones administrativas en materia de relaciones laborales los
incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales de trabajo,
individuales y colectivas colocación, fomento del empleo y modalidades
formativas, mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables.". 9.2. Asimismo, el artículo 36° de la misma norma, respecto a la labor inspectiva
establece: “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los
sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito
organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los
sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores del Trabajo o
Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente ley y su reglamento”.
9.3. Además, de conformidad con su artículo 47°,referida a las actas de infracción,
dispone: “Carácter de las Actas de Infracción: Los hechos constatados por los
servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de
Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de
las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus
respectivos derechos e intereses.”, lo que guarda relación con lo dispuesto en su
artículo 48° que señala: “(…) 48.1 La resolución que impone una multa debe
estar fundamentada precisándose el motivo de la sanción, la norma legal o
convencional incumplida y los trabajadores afectados. 48.2 Contendrá
expresamente tanto en la parte considerativa y resolutiva el mandato de la
Autoridad Administrativa de Trabajo, dirigida al sujeto o sujetos responsables,
para que cumplan con subsanar las infracciones por las que fueron
sancionados. La resolución consentida o confirmada tiene mérito ejecutivo
respecto de las obligaciones que contiene”; siendo que, en su artículo 16°
dispone: “Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico
sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor
inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se
determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los
hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas
de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e
intereses puedan aportar los interesados (…)”.
DÉCIMO: ANÁLISIS DEL CASO. -
10.1. Ha quedado determinado, que las resoluciones materia de impugnación en el
presente proceso, recaen en la Resolución Directoral N° 90-2015-MTPE/1/20.4
de fecha 04 de marzo de 2015, emitida por la Dirección de Inspección del
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante la cual se
confirma la sanción impuesta en la Resolución Sub Directoral N° 204-2014-
MTPE/1/20.4 de fecha 14 de mayo de 2014, por laque se sancionó a la
demandante por infracciones sociolaborales incurridas, en la suma ascendente
de S/. 42,476.00 soles.
10.2. En este contexto, del Acta de Infracción N° 2481-2013 de fecha 25 de julio de
2013 (fojas 185 a 206), elaborada por el Inspector de Trabajo, estando a la orden
de inspección N° 6722-2013-MTPE/1/20.4 y en uso de las facultades que le
atribuyen los artículos 5° y 6° de la Ley N° 28806 y en aplicación del artículo 6°
del Decreto Supremo N° 019-2006-TR que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Inspección de Trabajo, modificado por Decreto Supremo N° 019-
2007-TR, y analizada por la Resolución Sub Directoral N° 204-2014-
MTPE/1/20.41 de fecha 14 de mayo de 2014 se verifican las infracciones al
ordenamiento jurídico socio laboral en materia de relaciones laborales,
consistente en: por registro de control de asistencia al no contar las horas de salida, ni las horas de trabajo realizados en sobretiempo, por no acreditar haber
otorgado las vacaciones legales y por no cumplir con la medida inspectiva de
requerimiento.
10.3. Ante dichos requerimientos, se verifica de la demanda que la recurrente en su
defensa, refiere que dichas infracciones han sido impuestas, vulnerándose el
principio de un debido proceso, de una debida motivación y en contra del
principio de legalidad, debiendo ser declaradas nulas por los supuestos
establecidos en el considerando octavo de la presente resolución; siendo ello así,
a efectos de verificar si los argumentos de la demandante tienen asidero,
analizaremos todos y cada uno de ellos.
DÉCIMO PRIMERO: Respecto a la imposición de sanción por una conducta
que no se encuentra proscrita por ley.-
11.1. En este extremo, la demandante argumenta que nuestra legislación no
ha regulado como infracción laboral, el no acreditar el otorgamiento del
descanso físico vacacional, sino más bien el incumplimiento, de modo que, no
es correcto señalar que el no acreditar significa el incumplimiento; razón por la
cual considera que se estaría vulnerando el literal d) del numeral 24 del artículo
2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37° de la LGIT, los cuales
disponen: “no podrá imponerse sanción económica por infracción que no se
encuentre previamente tipificada y contenida en el Reglamento”, así como, los
principios de legalidad y tipicidad regulados en los numerales 1 y 4 del artículo
230° de la LPAG.
11.2. Así, refiere que se le multa por “no acreditar durante las actuaciones
inspectivas de investigación el haber otorgado vacaciones anuales”, cuando la
normativa, contenida en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, señala
como supuesto de hecho para la imposición de la multa un “incumplimiento
del descanso vacacional”.
11.3. Además, argumenta que, en el supuesto negado de encontrarse en el
supuesto de hecho alegado por la demandada, igual se le estaría imponiendo
una multa por incumplimiento de otorgar descanso vacacional, cuando en
realidad, sí cumplió con otorgar el respectivo descanso vacacional de los 28
trabajadores en cuestión.
11.4. Al respecto, el numeral 1 del artículo 2° de la LGIP, establece que las
actuaciones inspectivas son: “con sometimiento pleno a la Constitución Política
del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes”; asimismo, el
último párrafo del artículo 31° de la norma en comento, señala: “(…) Las
infracciones en materia de relaciones laborales, … serán: (…) c) Muy graves, los
que tengan una especial trascendencia por la naturaleza del deber infringido o
afecten derechos o a los trabajadores especialmente protegidos por las normas
nacionales”; y, el artículo 33°, establece que: “Son infracciones administrativas
en materia de relaciones laborales, los incumplimientos de las disposiciones
legales (…)”.
11.5. Asimismo, el artículo 22° del RLGIT, establece: “Son infracciones
administrativas los incumplimientos de las disposiciones legales y
convencionales de trabajo, individuales y colectivas, en materia sociolaboral. Se entienden por disposiciones legales a las normas que forman parte de nuestro
ordenamiento interno”; y, el numeral 25.6 del artículo 25° de la misma norma,
respecto a las infracciones, establece: “Son infracciones muy graves, los
siguientes incumplimientos: (…) 25.6 El incumplimiento de las disposiciones
relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo,
trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y
el tiempo de trabajo en general. (Resaltado es agregado)
11.6. Expuestas así las normas, es preciso señalar, que verificado el Acta de
Infracción N° 2481-2013 de fecha 25 de julio de 2013 (fojas 205, parte pertinente),
en el literal C) del numeral V, se califica como infracción, “El no haber otorgado
las vacaciones anuales” determinándose como sanción propuesta la establecida
en el numeral 6.3 referente a “Por no acreditar haber otorgado las vacaciones
legales; (…)”; asimismo, de la Resolución Sub Directoral (fojas 303, parte
pertinente), se puede advertir que ésta sanciona como infracción muy grave en
materia de relaciones socio laborales, el “no acredit[ar] haber otorgado el
descanso físico vacacional (…)”; sanción que fue confirmada en todos sus
extremos por la Resolución Directoral, de fecha 04 de marzo de 2015 (fojas 398,
parte pertinente) basado en los argumentos expuestos en su sexto
considerando.
11.7. Argumentos que esta judicatura comparte, toda vez, que la calificación
de la infracción se encuadra en el tipo normativo contenido en el numeral 25.6
del artículo 25° del RLGIT, pues, la no acreditación de un supuesto de hecho, se
deriva del incumplimiento del acto mismo; dado que, incumplimiento, de
conformidad a la Real Academia Española, significa: “abstención de entregar la
cosa debida o de realizar la prestación que se adeuda” y “la falta de realización
de un deber puesto por una norma, resolución administrativa, acto o
contrato. Se basa en la no obediencia de la legalidad, equivalente a una actitud
negativa (…)”.
11.8. En dicho sentido, si bien de las resoluciones impugnadas se advierte,
que a la inspeccionada durante las actuaciones inspectivas de investigación, se
le sanciona por no acreditar haber otorgado el descanso físico vacacional a
favor de 28 trabajadores, esto es, por abstenerse de entregar los documentos
requeridos o por no realizar el deber impuesto (acreditación de documentos),
independientemente de si es válida o no la acreditación, supuesto que se
merituará en los considerandos siguientes, se encuentra perfectamente válido la
infracción impuesta de acuerdo al tipo normativo antes referido; pues, el no
acreditar implica no cumplir; más aún, si así también lo entiende la
demandante, quien al formular los descargos al Acta de Infracción, mediante
escrito de fecha 14 de octubre de 2013, obrante a fojas 287 a 299, en el numeral
II.3 refiere: “En ese sentido, los inspectores sugieren que se nos impute una
multa ascendente a S/. 6,512 por el supuesto incumplimiento de las
disposiciones relacionadas con el descanso |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
EXPEDIENTE : 21709-2015-0-1801-JR-LA-08
JUEZ : REATEGUI MEZA XUANY
ESPECIALISTA : SILVA LITANO JOSELYN DEL ROSARIO
MATERIA : DERECHOS LABORALES
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
DEMANDANTE : CLAROS CHACON ANIBAL EUSTERIO
RESOLUCION N° TRECE
Lima, cinco de marzo del
año dos mil dieciocho.-
DANDOSE CUENTA: con fecha 09 de enero de 2018, la Primera Sala Laboral Permanente de
Lima, remite el Expediente N° 21709-2015-0-1801-JR-LA-08, que contiene la Sentencia de Vista
de fecha 28 de noviembre de 2017, que resolvió:
CONFIRMAR la Sentencia N° 158-2016, contenida en la Resolución N° 02 de fecha 13
de julio del 2016 que obra en autos de fojas 108 a 113, que resuelve declarar FUNDADA
la demanda. ORDENANDO que la demandada pague a favor del actor el importe total de
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 58/100 SOLES (SI. 29,213.58), por los
conceptos antes referidos; más los intereses legales con costas y costos a ser liquidados
en ejecución de sentencia.
En atención a lo anterior corresponde continuar con el trámite del expediente conforme al estado
del proceso, en tal sentido, cúmplase con el mandato de la resolución de la Sala Laboral de
Lima, y con tal fin SE RESUELVE;
(cid:1) REQUERIR al demandado BANCO DE LA NACIÓN, a fin que cumpla con pagarle al
demandante el importe de S/. 29,213.58 soles por concepto de derechos laborales; la
misma que deberá CUMPLIR con pagarle en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, bajo
apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la causa la magistrada que suscribe e Interviniendo la
especialista legal que suscribe por Disposición Superior |
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PRIMERA SALA LABORAL PERMANENTE DE LIMA
EXPEDIENTE. N°21709-2015-0-1801-JR-LA-08
Señores:
MONTES MINAYA
CANALES VIDAL
TAXA MARCOS
RESOLUCION NÚMERO DOCE
Lima, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete
VISTOS
En audiencia pública de oralidad del 23 de agosto y 03 de noviembre de 2017 con los señores jueces
superiores Montes MInaya, Canales Vidal y Taxa Marcos, con la ponencia del señor juez superior
Canales Vidal, con voto en discordia de la señora juez superior Serpa Vergara, se expide la siguiente
resolución.
ASUNTO
Viene en revisión a esta instancia sentencia que declara:
1. FUNDADA la demanda interpuesta por ANIBAL EUSTERIO CLAROS CHACON contra el
BANCO DE LA NACION, sobre reintegro de remuneración básica y otros.
2. ORDENAR que la demandada pague a favor de la actora el importe total de VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS TRECE CON 58/100 SOLES (SI. 29,213.58), por los conceptos antes
referidos; más los intereses legales con costos y costas del proceso los que se liquidarán en
ejecución de sentencia.
AGRAVIOS
Mediante escrito de apelación de fojas 122 a 128, la demandada manifiesta los siguientes agravios:
a) No se ha tomado en cuenta lo pactado por las partes en el convenio de modificación de
jornada de trabajo y simplificación de la estructura remunerativa, en tanto el acuerdo
consistía en que el cálculo del prorrateo en catorce armadas de las tres gratificaciones
anuales se realizaría conforme a sus montos fijos y permanentes “vigentes”, es decir, las
tres gratificaciones anuales estarían comprendidas solo por la remuneración básica del
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actor, el monto otorgado por el D.L. N° 25981 y la bonificación por 30 años de servicios,
pero en ningún extremo del convenio se establece que la base de cálculo de las tres
gratificaciones anuales deba contener los conceptos de bonificación por productividad
gerencial y las bonificaciones especiales.
b) Se ha omitido valorar que las tres gratificaciones anuales inicialmente a través de
convenciones colectivas sucesivas se extendieron hasta el año 1998, pero a partir de 1999,
la demandada por decisión unilateral siguió otorgando dicho beneficio en los mismos
términos que se otorgaban a través de las convenciones colectivas, por lo que no se
encontraba obligada a calcular dicho beneficio incorporando la bonificación por productividad
gerencial y las bonificaciones especiales, de modo que podía extinguir en los términos más
convenientes para la misma.
c) Se ha soslayado que la productividad gerencial y los importes de S/. 164.00 y S/. 174.00
Soles, otorgados mediante Decreto Supremo N° 010-2002-EF, fueron incorporados a la
remuneración básica del accionante.
d) Se debe tener en cuenta que el actor pretende el reintegro de remuneración básica que
reclama como consecuencia de la incorporación a partir de enero del 2006 del catorceavo
de las gratificaciones vacacionales (02) y de escolaridad, sean incluidos a sus gratificaciones
y en su compensación por tiempo de servicios; pero dicha pretensión, por ser accesoria,
deviene en infundada, en tanto corre la suerte del principal.
e) No se ha tomado en cuenta que la demandada se encuentra exonerada del pago de los
costos sentenciados por el Juzgador, dado que resulta ser un organismo público
descentralizado del Sector Economía y Finanzas, por tanto se encuentra dentro de los
supuestos de exoneración en la condena de costas y costos del proceso.
FUNDAMENTOS
1. Mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la facultad de
poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe
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precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un postulado
que Umita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum quantum devollutum,
en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los
agravios que afectan al impugnante’’. (El Peruano 05- 11-2001, pág. 7905); en ese sentido, sólo
se debe pronunciar sobre los agravios planteados por el demandante y por las demandadas en
la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
2. Conforme se verifica del escrito de la demanda de fojas 25 a 33, se tiene que el actor solicita el
pago de S/,45,519.85 Soles, por concepto de reintegro de remuneración básica, así como el
reintegro de la compensación por tiempo de servicios y las gratificaciones de fiestas patrias y
navidad, por incidencia de los reintegros de la remuneración básica. Para dicho efecto, el actor
sostiene que dicho reintegro debe contener la Productividad Gerencial por el importe de SI.
1116.97 Soles y los importes de S/. 164.00 y S/. 174.00 Soles otorgados a través del Decreto
Supremo N° 010-2002-EF, conforme se estableció en el convenio de modificación de la jornada
de trabajo y simplificación de la estructura remunerativa.
LA REMUNERACIÓN
3. El artículo 6o de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728 aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que
constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el trabajador percibe por sus
servicios en dinero o en especie cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre
que sea de su libre disposición.
4. La libre disponibilidad, está referida a su falta de condicionamiento para su gasto, además de
requerir para tener naturaleza computable el carácter de regular, ordinario, fijo, y permanènte,
conforme lo dispuesto por el artículo 9o del Decreto Legislativo N° 650, constituyendo estos
elementos los que tipifican per se el carácter remunerativo de lo percibido por el trabajador en
dinero o en especie; normatividad concordante con el artículo 16° del Decreto Supremo N° 001-
97-TR que establece: “se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el
trabajador; aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos”.
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5. Por otro lado, debe indicarse que el artículo 7o de la Ley de Productividad y Competencia
Laboral, dispone que no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos
previstos en los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650,
considerando entre aquellos el inciso a) del citado artículo 19°; las gratificaciones extraordinarias
u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o
que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los procedimientos de
conciliación o mediación, o establecida por resolución de Autoridad Administrativa de Trabajo o
por laudo.
LA NEGOCÍACIÓN COLECTIVA
6. El derecho a la Negociación Colectiva se encuentra ubicado sistemáticamente dentro del Título
I dedicado a los Derechos de la Persona y de la Sociedad, dentro del Capítulo II De los derechos
sociales y económicos, Artículo 28° del mismo, en cuyo numeral 2 se señala que: “El Estado
reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio
democrático: (...) 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de
los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo
concertado (…)”.
7. A este último respecto señala Raquel Quintanilla Navarro en su Artículo “La Negociación
Colectiva y Los Convenios Colectivos”1 que: “Un amplio sector doctrina se decanta por
establecer una equivalencia entre la expresión “fuerza vinculante’’ y la eficacia normativa,
entendiendo que la misma es utilizada con idéntico sentido en el art. 53 CE, y que significa que
el convenio colectivo es norma creadora del Derecho objetivo, de obligatoriedad automática por
ser fuente de Derecho, y sin que se requiera ningún acto de incorpq/ación contractual. (...) En
nuestra opinión, sin embargo, la fórmula “fuerza vinculante de los convenios colectivos" es muy
amplia y garantiza un respaldo jurídico a los convenios colectivos como fuente de producción de
derecho con rango jerárquico superior a los contratos individuales y a las costumbres laborales.
Pero dicho respaldo jurídico es algo I que la Constitución deja a la regulación que se haga por
ley (...)”, similar situación a la presentada en nuestra legislación nacional en la cual ha
encontrado su desarrollo la Negociación Colectiva a través del Decreto Supremo N.° 010-2003-
1 Rodríguez Sañudo, F en la mención de Quintanilla Navarro, Raquel. “La Negociación Colectiva y los Convenios
Colectivos”. Temas Actuales de Derecho Laboral - Obra Colectiva. Editorial Normas Legales. Lima, 2005.
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TR; por lo que, debemos concluir que los Convenios Colectivos celebrados al amparo de dichas
normas tendrán eficacia jurídica y por tanto obligan a todos los empresarios y trabajadores
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia, como anota
la autora.
ANÁLISIS DEL CASO PROPUESTO
8. Para el caso de autos, la parte demandante alega que la bonificación gerencial y los conceptos
S/.164.00 y S/.174.00 Soles no han sido incluidos para el cálculo del porcentaje de las tres
gratificaciones a efectos de ser integrados al básico, conforme al convenio individual firmado con
fecha 30 de junio del 2005, que obran en autos de fojas 03 a 09.
9. De la revisión del aludido convenio individual, se verifica que en ella, las partes acordaron
realizar una modificación a la jornada de trabajo y la simplificación de la estructura remunerativa.
Es así que en su cláusula quinta, se establece que la reestructuración its remunerativa implica
que los diferentes conceptos remunerativos que pertenecen a la actual composición
remunerativa, se integren en un solo monto base o se mensualice la frecuencia de pago según
su naturaleza; de modo que se fija una nueva estructura salarial, donde se precisan los
conceptos que la componen, enumerándose cada una de ellas, entre las cuales además se
establece:
"La suma de las gratificaciones escolar (01) y vacacionales (02) serán prorrateadas
entre los catorce (14) pagos anuales. El catorceavo respectivo se incorporará a la
remuneración básica mensual y a las gratificaciones legales de julio y diciembre a
partir del año 2006 bajo las condiciones señaladas en la cláusula octava de este
convenio.
Las gratificaciones escolar y vacacionales mencionadas se incorporaran a la
remuneración básica y gratificaciones legales de julio y diciembre en sus montos
fijos y permanentes actuales, no subsistiendo en adelante para ningún efecto (…)”.
10. En ese orden de ideas, para el caso de autos se verifica que la demandada no ha considerado la
bonificación gerencial y las gratificaciones otorgadas por Decreto Supremo N° 010-2002-EF, por
los montos de SI. 164.00 y SI. 174.00 Soles, a efectos de calcular el promedio de las 3
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remuneraciones que debieron ser incluidos en la remuneración básica de la demandante, ello en
mérito a su carácter remunerativo que ha sido reconocido por mandato judicial que ya adquirió
calidad de cosa juzgada, conforme se verifica de las copias de la sentencia de primera instancia
de fojas 10 a 18 y vuelta, por la que se declara fundada en parte la demanda; fallo que fuera
confirmado por la sentencia de vista de fojas 19 a 22. Por tanto, resulta arreglado a derecho que
el A quo haya amparado el pago de reintegro de remuneraciones, gratificaciones ordinarias y el
depósito de reintegro de compensación por tiempo de servicios -conforme a la liquidación
expresada en la sentencia, por lo que Corresponde confirmar este extremo de la sentencia
recurrida, desestimando los agravios de la demandada recurrente.
11. De la parte resolutiva de la Sentencia N° 158-2016, de fecha 13 de julio del 2016, se observa
que el Juez ha consignado el nombre del demandante como Anibal Eusterio Claron Chacon y
de conformidad el artículo 407° del Código Procesal Civil, corresponde a este colegiado corregir
ese error material, en consecuencia debemos indicar que el nombre correcto del demandante es
Anibal Eusterio Claros Chacon.
SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE COSTOS PROCESALES
12. El artículo 14 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo instituye que “La condena en
costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de
servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70)
Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o
mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que
hubo motivos razonables para demandar” en tanto que su Sétima Disposición Complementaria
es clara al establecer que “ En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago
de costos”.
13. Justamente el artículo 412 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso laboral al
fijar que “ El reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de
cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración” reputa
que la condena -recae automáticamente en el vencido en juicio salvo exoneración * motivada y
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adecuadamente justificada.
14. En este proceso se ha constatado objetivamente la vulneración de los derechos invocados por el
demandante y por ende la conducta lesiva de la emplazada que justifica la petición de tutela
judicial efectiva para acceder a la restitución de su derecho conculcado, situación que, en el
presente caso, le generó costos para accionar el presente proceso los cuales en aplicación de la
Sétima Disposición Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo deben ser asumidos
por la entidad pública emplazada, a modo de condena por su accionar lesivo, de este modo
también u corresponde se condene a la emplazada al pago de los costos del proceso ha ser
igualmente liquidados en ejecución de sentencia.
DECISIÓN
Por estas consideraciones, de conformidad con el inciso a) del artículo 4.2° de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo N° 29497, la Primero Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO
CONFIRMAR la Sentencia N° 158-2016, contenida en la Resolución N° 02 de fecha 13 de julio del
2016 que obra en autos de fojas 108 a 113, que resuelve declarar FUNDADA la demanda.
ORDENANDO que la demandada pague a favor del actor el importe total de VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS TRECE CON 58/100 SOLES (SI. 29,213.58), por los conceptos antes referidos; más
los intereses legales con costas y costos a ser liquidados en ejecución de sentencia.
En los seguidos por ANIBAL EUSTERIO CLAROS CHACON contra el BANCO DE LA NACION,
sobre Reintegro de Remuneraciones; y los devolvieron al Décimo Noveno),Juzgado Especializado de
Trabajo de Lima.
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VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZ SUPERIOR (P) ROSA ADRIANA SERPA
VERGARA ES COMO SIGUE:
ASUNTO
Materia de apelación
La Sentencia Nº 158-2016 contenida en la Resolución Nº 02, de fecha 13 de julio de 2016 que obra
en autos de fojas 108 a 113 que resuelve:
1. Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por ANIBAL EUSTERIO CLAROS CHACON
contra el BANCO DE LA NACIÓN, sobre reintegro de remuneración básica y otros.
2. ORDENAR que la demandada pague a favor de la actora el importe total de VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS TRECE CON 58/100 SOLES (S/.29,213.58), por los conceptos antes
referidos; más los intereses legales con costos y costas del proceso, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia.
AGRAVIOS
La demandada en su recurso de impugnación que obra de fojas 122 a 128, expresa como agravios:
i) No se ha tomado en cuenta lo pactado por las partes en el convenio de modificación de jornada de
trabajo y de simplificación de la estructura remunerativa, en tanto el acuerdo consistía en que el
cálculo de prorrateo en catorce armadas de las tres gratificaciones anuales se realizaron conforme a
sus montos fijos y permanentes "vigentes", es decir, las tres gratificaciones anuales estaría
comprendida solo por la remuneración básica del actor, el monto otorgado por el Decreto .Ley. Nº
25981 y la bonificación por 30 años de servicios, pero en ningún momento se establece que la base
de cálculo de las tres gratificaciones anuales deba contener los conceptos de bonificación por
productividad gerencial y las bonificaciones especiales.
ii) Se ha omitido valorar las tres gratificaciones anuales inicialmente a través de convenciones
colectivas sucesivas se extendieron hasta el año 1998, pero a partir de 1999, la demandada por
decisión unilateral siguió otorgando dicho beneficio en los mismos términos que se otorgaban a
través de las convenciones colectivas, por lo que no se encontraba obligada a calcular dicho
beneficio incorporando la bonificación por productividad gerencial y las bonificaciones especiales, de
modo que podía extinguir en los términos más convenientes para la misma.
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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iii) Se ha soslayado que la productividad gerencial y los importes de S/.164.00 y S/.174.00 Soles
otorgados mediante Decreto Supremo Nº010-2002-EF, fueron incorporados a la remuneración básica
del accionante.
iv) Se debe tener en cuenta que la actora pretende el reintegro de remuneración básica que reclama
como consecuencia de la incorporación a partir de enero 2006 del catorceavo de las gratificaciones
vacacionales (02) y de escolaridad, sean incluidos a sus gratificaciones y en su compensación por
tiempo de servicios; pero dicha pretensión, por ser accesoria, deviene en infundada, en tanto corre la
suerte del principal.
v) No se ha tomado en cuenta que la demandada se encuentra exonerada del pago de costos
sentenciados por el juzgador, dado que resulta ser un organismo público descentralizado del Sector
Economía y Finanzas, por tanto se encuentra dentro de los supuestos de exoneración en la condena
de costas y costos del proceso.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De acuerdo al artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior,
está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más
allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados.
SEGUNDO: La doctrina ha conceptuado el debido proceso como un derecho humano o fundamental
que asiste a toda persona por el sólo hecho de serlo, y que le faculta a exigir al Estado, un
juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el
Estado no solamente está en el deber de promover la prestación jurisdiccional a las partes o terceros
legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que aseguren tal Juzgamiento
imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no sólo exige que la resolución sea
razonable, sino esencialmente justa.
TERCERO: Que, una de las manifestaciones del debido proceso es la debida motivación de las
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política, la
motivación es una garantía para el justiciable, pues de acuerdo al análisis y la solución arribada por
el Juez, podrá verificar si esta se encuentra de acuerdo a los hechos expuestos por las partes y la
norma jurídica pertinente, siendo el principio de congruencia una de las manifestaciones de la debida
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motivación, y que se encuentra recogida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Civil, que establece: " El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no
haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá
del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que ha sido alegados por las
partes”; es en virtud a dicho principio, que el Juez debe dictar la sentencia de acuerdo con el sentido
y alcance de las pretensiones formuladas por las partes.
CUARTO: En el caso de autos, del escrito de demanda obrante de fojas 25 a 33 se advierte que el
actor postula como pretensión el reintegro de la remuneración básica, gratificaciones de fiestas
patrias y navidad por incidencia de los reintegros de la remuneración básica, y la incidencia de las
mismas en la compensación por tiempo de servicios; señalando como sustento, el "Convenio de
modificación de la jornada de trabajo y simplificación de la estructura remunerativa",
encontrándose en discusión sí corresponde hacerse el cálculo de los beneficios reclamados por el
actor, en la forma que señala en su demanda.
QUINTO Que, teniendo en cuenta que un contrato de trabajo, es aquel en que una persona se obliga
a prestar a otra un trabajo personal y subordinado, mediante el pago de un salario, dado su carácter
bilateral las condiciones de trabajo y la remuneración (la forma que va a estar conformada, así como
los requisitos para tener derecho a los conceptos sujetos a condición ya sea por el cargo, el lugar de
trabajo, entre otros) pueden ser pactadas entre empleador y trabajador, respetando siempre los
mínimos que establece el Estado.
SEXTO: Además, como se desprende del artículo 8° de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 03-97TR, la remuneraciones pueden provenir de las
normas legales y/o convencionales, en este último caso, debe entenderse que las estipulaciones
sobre incremento o modificaciones de la remuneración también se puede dar en virtud a convenios
individuales, teniendo en cuenta que para su validez como cualquier otro acto jurídico, debe cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 140, del Código Civil.
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SÉTIMO: Que, en el caso de autos, no se cuestiona ni se pretende la nulidad del Convenio de
Modificación de la Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura Remunerativa, por el
contrario, en aplicación del mismo se solicita el reintegro de la remuneración básica y la incidencia de
la misma en otros conceptos, siendo el tema en debate y de análisis determinar sí en el cálculo del
beneficio del “catorceavo” de las gratificaciones se debió hacer sobre la remuneración ordinaria
mensual vigente al 30 de junio del 2005, fecha en que suscribió el Convenio de Modificación de la
Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura Remunerativa o considerar los conceptos
definidos como remunerativos mediante sentencia judicial.
OCTAVO: Del Convenio de Modificación de la jornada de trabajo y simplificación de la estructura
remunerativa, que obra de folios 3 a 9, se advierte que:
1.- fue suscrito el 30 de junio del 2005.
2.- de acuerdo a lo detallado en la Cláusula Primera y Tercera, tiene como origen la ampliación de
jornada de 35 horas semanales a 40 semanales.
3.- En la Cláusula Cuarta, referida al incremento de la remuneración como consecuencia del
incremento de la Jornada de Trabajo; ambas partes convienen los conceptos que se utilizarán para
determinar la base de cálculo del nuevo valor hora:
a.- remuneración básica.
b.- diferencia de categoría
c.- incremento D.L.25981 (FONAVI)
d.- incremento D.L.25897 (10.23%) AFP
e.- incremento D.L. 25897(3.00%) AFP
f.- incremento D.L. 26504 –SNP
g.- incremento D.S. N° 010-2002-EF/, DS N°117-98 EF
g.- incremento D.S. N° 010-2002-EF/, DS N°143-99 EF
4.- En la CLÁUSULA QUINTA: bajo la denominación de "Reestructuración de la remuneración", se
detalla los conceptos que conforman la actual estructura y de la nueva estructura, precisando en el
sétimo párrafo (…) La suma de las gratificaciones escolar (01) y vacacionales (02) serán
prorrateadas entre los catorce (14) pagos anuales. El catorceavo respectivo se incorporara a la
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remuneración básica mensual y a las gratificaciones legales de julio y diciembre a partir del año 2006
bajo las condiciones señaladas en la cláusula octava de este convenio. Las gratificaciones
escolares y vacacionales mencionadas se incorporaran a la remuneración básica y
gratificaciones legales de julio y diciembre en sus montos fijos y permanentes actuales, no
subsistiendo en adelante para ningún efecto. (…)”. En el Octavo Párrafo “… de manera excepcional
por ser más beneficioso para EL TRABAJADOR determina a partir de la fecha de vigencia de este
convenio, por el presente acuerdo, otorgarle calidad remunerativa a los siguientes conceptos, -
Productividad Gerencial prorrateada a pagarse en catorce armadas al año, …”; y en el décimo
segundo párrafo de la misma cláusula se anota “Ambas partes reconocen también que a partir de la
fecha de aplicación de la nueva estructura remunerativa, los conceptos integrados a la remuneración
básica se incorporan a esta en sus montos fijos y permanentes actuales, no subsistiendo al
haberse integrado a dicha remuneración básica para todos sus efectos” (El resaltado es nuestro)
NOVENO: En el caso de autos, es de señalar que el actor considera que se le debe reintegrar el
básico, considerando el catorceavo de las gratificaciones de vacaciones (02) y de escolaridad, por
haberse amparando una demanda, donde se da carácter remunerativo a la Productividad Gerencial
(S/.1,116.97) y a las bonificaciones provenientes del Decreto Supremo N° 010-2002-EF (S/.164.00 y
S/.174.00); si bien es cierto, mediante la sentencia de fecha 18 de marzo del 2013, emitida por el 17°
Juzgado Laboral Permanente de Lima la misma que obra de fojas 10 a 18, que declaró fundada en
parte la demandada sobre reintegro de gratificaciones anuales; Confirmada mediante sentencia de
vista de fecha 21 de noviembre del 2014, emitida por la Primera Sala Laboral Permanente de Lima,
de folio 19 a 22, se ampara la demanda sobre reintegro por productividad gerencial y sindical, así
como los reintegros de las gratificaciones vacacionales y una gratificación por escolaridad por
incidencia del Decreto Supremo N° 010-2002-EF, conceptos que fueron reconocidos desde enero del
2000 a mayo del 2005; sin embargo, dicha demanda fue interpuesta con posterioridad a la
suscripción del Convenio de Modificación de la Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura
Remunerativa, pero por el periodo del 2000 al 2005, al no haber sido parte de dicha demanda el
cuestionamiento del Convenio materia de análisis en el presente caso, ni que sus efectos sean
aplicados al aludido convenio, no resulta valida la pretensión del demandante.
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DÉCIMO: Que, además, debe tenerse en cuenta que en el Convenio de Modificación de la Jornada
de Trabajo y Simplificación de la Estructura Remunerativa se dispuso el reajuste de la remuneración
básica desde enero del 2006, teniendo en cuenta el catorceavo de las gratificaciones de vacaciones
y escolaridad, en sus montos fijos y permanentes actuales, ello quiere decir , que de mutuo
acuerdo el demandante admitió que se tomara en cuenta la remuneración que percibía por estos
conceptos a la fecha de suscripción del Convenio el 30 de junio del 2005; tanto más, si no se
estableció en este acuerdo que el catorceavo fijado en el mismo Convenio, estaba supeditado a la
determinación judicial del carácter remunerativo o no de las bonificaciones que pretende ahora el
demandante sean considerados en dicho concepto, por lo que se concluye que el reclamo del
demandante no tiene sustento legal pues en dicho Convenio al suscribirlo expreso su voluntad de
someterse a la nueva estructura remunerativa acordada, por lo tanto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 200 del Código Procesal Civil, su pretensión que se incremente su remuneración
básica, deviene en infundada; y estando a que se ha declarado infundada la pretensión principal,
estando al aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también devienen en infundadas
las pretensiones accesorias, por lo que debe revocarse la venida en grado.
DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a los COSTOS DEL PROCESO.- Si bien conforme al artículo 14° de
la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, en concordancia con lo previsto en el artículo 14°
de la misma ley que señala que la condena en costas y costos se regula conforme a la norma
procesal civil, los cuales de conformidad con el artículo 412 del Código Procesal Civil son de cargo
de la parte vencida; en caso de autos al revocarse la venida en grado, no corresponde condenar al
pago de costos a la demandada.
Por estas consideraciones MI VOTO ES POR:
REVOCAR La Sentencia Nº 158-2016 contenida en la Resolución Nº 02, de fecha 13 de julio de
2016 que obra en autos de fojas 108 a 113 que declara fundada la demanda, REFORMANDOLA se
declare infundada; en los seguidos por ANIBAL EUSTERIO CLARON CHACON con el BANCO DE
LA NACIÓN sobre Reintegro de Remuneraciones; devuélvanse los autos al Juzgado de Origen.
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MATERIA: DERECHOS LABORALES
DEMANDADO: BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE: CLAROS CHACON, ANIBAL EUSTERIO
SEÑORES
SERPA VERGARA
CANALES VIDAL
RESOLUCIÓN Nro. 11
Lima, dieciocho de Octubre
del año dos mil diecisiete.-
Habiendo surgido Discordia en el presente proceso con los votos emitidos por los
señores magistrados Canales Vidal y la adhesión del señor magistrado Taxa
Marcos respecto a Confirmar la sentencia N° 158-2016, contenida en la Resolución
N°02, del 13 de Julio del 2016, que declara fundada la demanda ordenando que la
demandada pague a favor del actor el importe total de S/.29,213.58 por los conceptos
referidos; más los intereses legales con costas y costos a ser liquidados en ejecución
de sentencia. Don el Voto en Discordia de la señora Magistrada Serpa Vergara
respecto a revocar la sentencia N° 158-2016, contenida en la Resolución N°02, del 13
de Julio del 2016 que declara fundada la demanda, reformándola se declare
infundada. Con el voto discordante del señor Magistrado
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; LLAMARON al Señor Juez Superior designado por ley
Doctor Fernando Montes Minaya; y SEÑALARON fecha para la vista de la causa en
discordia, el día SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, a horas
ONCE Y TREINTA de la Mañana. NOTIFÍQUESE.- |
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DEMANDANTE : ANÍBAL EUSTERIO CLAROS CHACON.
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN.
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIÓN BÁSICA Y OTRO.
JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO.
SECRETARIO : KARÍN ELENA VIZCARRA VALCÁRCEL.
SENTENCIA N° 158 - 2016
RESOLUCIÓN NUMERO DOS
Lima, Trece de julio de dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento celebrada el 04 de julio del 2015,
con la concurrencia de ambas partes, en el que se reservó la emisión del fallo oral y se fijó
para la notificación de la sentencia escrita ésta fecha.
I.- PARTES:
a) El demandante ANÍBAL EUSTERIO CLAROS CHACÓN (en adelante el actor).
b) El demandado BANCO DE LA NACIÓN (en adelante el demandado).
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
II.- DE LAS PRETENSIONES QUE SON MATERIA DEL JUICIO:
El Juzgador, al no lograr la conciliación, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497,
Nueva Ley Procesal de Trabajo, fijó las pretensiones del juicio formuladas por la actora,
mencionándose los siguientes:
Primera pretensión.- Determinar si corresponde el pago de S/.36,166.48 soles, por
concepto de reintegro de remuneración básica.
Segunda pretensión.- Determinar si corresponde el pago de la suma de S/.5,923.82
soles por concepto de reintegro de las gratificaciones de fiestas patrias y navidad,
como consecuencia de los reintegros de las remuneraciones
Tercera pretensión.- Determinar si corresponde el pago de la suma de S/.3,429.55
soles, como consecuencia de los reintegros de la compensación por tiempo de
servicios, como incidencia de los reintegros de la remuneración básica y de los
reintegros de las gratificaciones de fiestas patrias y navidad.
Cuarta Pretensión.- El pago los intereses legales, bancarios, costas y costos del
proceso.
DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO
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III.- DE LA CONFRONTACIÓN DE LAS POSICIONES:
3.1.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDANTE:
La actora, en su demanda y en la confrontación de posiciones, expresó los siguientes hechos:
a) Que, tramitó un proceso judicial contra la demandada por reintegros de las
gratificaciones anuales por incidencia de la Productividad Gerencial por el lapso del
2000 al 2005, así como por reintegros de las gratificaciones vacacionales y de la
escolaridad por incidencia de las sumas de S/. 164.00 y S/. 174.00, por el lapso del
2002 al 2005, por efecto de lo dispuesto en el D.S. N° 010-2002-EF, habiéndose
aperturado el Exp. N° 00534-2009-0-1801-JR-LA-01, ante el 17° Juzgado de Trabajo
Permanente de Lima (Ex Primer Juzgado Laboral de Lima).
b) Que, mediante Sentencia N° 196, contenida en la Resolución N° 08, del 18 de marzo
del 2013, se declaró fundada la demanda, lo que conllevó a amparar los reintegros
de las gratificaciones. Asimismo, se tiene que dicha sentencia fue confirmada por la
ejecutoria laboral del 21 de noviembre del 2014, expedida por la Primera Sala
Laboral de Lima.
c) Que, producto de dicha sentencia se logró amparar el reintegro de las gratificaciones
anuales, que se reconocían por convenio colectivo; y, de otro lado, el reconocimiento
judicial que las sumas de S/. 164.00 y S/. 174.00 correspondían abonarse en las
gratificaciones vacacionales (02) y de escolaridad, amparándose así el reintegro
demandado.
d) Que, en la sentencia con autoridad de cosa juzgada mencionada señaló que la suma
mensual por Productividad Gerencial, ascendente a S/. 1,116.97, como los importes
de S/. 164.00 y S/. 174.00 resultantes del D.S. N° 010-2002-EF, correspondían
integrar el monto abonado por las gratificaciones vacacionales (02), la gratificación
por escolaridad, además de la de fiestas patrias y navidad.
e) Que, en fecha 30 de junio del 2005 suscribió con la demandada un Convenio de
Modificación de la jornada de trabajo y simplificación de la estructura remunerativa”;
estableciéndose en la cláusula quinta de dicho convenio lo siguiente: “la suma de la
gratificación escolar (01) y vacacionales (02) serán prorrateadas entre los catorce
pagos anuales. El catorceavo respectivo se incorporará a la remuneración básica
mensual y a las gratificaciones legales de julio y diciembre a partir del año 2006, bajo
las condiciones señaladas en la cláusula octava de este convenio. Las gratificaciones
escolar y vacacionales mencionadas se incorporarán a la remuneración básica
mensual y a las gratificaciones legales de julio y diciembre en sus montos fijos y
permanentes actuales, no subsistiendo en adelante para ningún efecto” (sic).
f) Que, el tercer párrafo de la cláusula Octava del mismo convenio que: “(…), la
incorporación del catorceavo de las gratificaciones, de vacaciones y escolaridad en la
remuneración básica, como consecuencia de a la restructuración de la remuneración
(…), se aplicará a partir del 01 de enero del 2006” (sic).
g) Que, la demandada calculó la suma de S/. 245.97 por concepto de “promedio
(catorceavo) de 3 gratificaciones”, incluyéndose en la base remunerativa por cada
gratificación, la remuneración básica 1,011.00, D.L. N° 25981 47.70, Inc. D.L. 25897
(10.23%) 55.85, Inc. D.L. 25897 (3.00%) 18.05, y la Bonif. Tpo. Serv. 15.25, los que
hacen un total de S/. 1,147.85. Asimismo, el cálculo del catorceavo se efectuó
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multiplicando 1,147.85 por 3 (gratificaciones) y dividiendo entre catorce, resultando el
importe de S/. 245.97 soles.
3.2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDADA:
La demandada, en su escrito de contestación de demanda, mencionó los siguientes hechos:
a) Que, ingresó a laborar al Banco de la Nación el 15 de diciembre de 1985, ostentando
actualmente la categoría de “Técnico Contable”, percibiendo la remuneración básica
de S/. 4,260.00 soles.
b) Que, con fecha 30 de junio del 2005, la actora suscribió un Convenio de Modificación
de la Jornada de Trabajo y Simplificación de la Estructura Remunerativa, mediante la
cual aceptó voluntariamente los términos descritos en el mismo, esto es que tuvo
pleno conocimiento de que dicho convenio prorrateó e incorporó a la remuneración
básica el concepto denominado productividad gerencial.
c) Que, debe quedar claramente establecido que el prorrateo de las tres gratificaciones
anuales, únicamente consideraba que la base de cálculo de las mismas sean las
remuneraciones vigentes al mes de junio del 2005.
d) Señala la actora que el Banco no habría reconocido dentro de la “base remunerativa”
el monto mensual de la productividad gerencial, ascendente a S/. 1,116.97, como los
importes de S/. 164.00 y S/. 174.00 abonados en virtud del D.S. N° 010-2002-EF, con
lo que se habría generado un reintegro de su remuneración básica, específicamente
en el cálculo del catorceavo, señalando que a través del pronunciamiento judicial,
emitido en el expediente N° 00534-2009, tramitado ante el 17° Juzgado de Trabajo
de Lima, se reconoció el carácter remunerativo de la productividad gerencial para los
fines de ampararse el reintegro de las gratificaciones anuales convencionales y los
importes otorgados mediante Decreto Supremo N° 010-2002-EF, considerando la
actora que los reintegros reconocidos debían “integrar el monto abonado por las
gratificaciones vacacionales (02), la gratificación por escolaridad (01), además de las
fiestas patrias y navidad”; así pues, lo que pretende la actora es “extender” los
alcances de una sentencia judicial, toda vez que busca obtener reintegros
remunerativos que no le corresponden.
e) Que, la sentencia a la que hace mención la actora, tan sólo reconoce el reintegro de
las gratificaciones convencionales dentro del periodo comprendido entre el mes de
enero del 2000 a junio del 2005.
f) Que, la justificación de la pretensión de la actora se debe a que en el proceso judicial
anterior solicitó el reconocimiento del carácter remunerativo de la productividad
gerencial y los importes otorgados mediante Decreto Supremo N° 010-2002-EF, sólo
hasta el mes de junio del 2005, pues desde julio de ese mismo año, ambas partes
suscribieron un convenio individual de modificación de la estructura remunerativa,
donde se estableció expresamente que el monto de la productividad gerencial sería
prorrateada en catorce armadas al año y los importes otorgados a través de la norma
mencionada se incorporarían a la remuneración básica de la demandante.
IV.- ETAPA DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA:
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4.1.- DE LOS HECHOS NO REQUERIDOS DE ACTUACIÓN PROBATORIA.
El Juzgador, conforme al inciso 1) del artículo 46°, de la NLPT, señaló como hechos no
requeridos de prueba, los siguientes:
a) El vínculo laboral con el demandante.
b) El cargo desempeñado – Técnico III.
4.2.- DE LOS HECHOS REQUERIDOS DE ACTUACIÓN PROBATORIA:
El Juzgador mencionó como hechos requeridos de prueba, los siguientes:
a) Si corresponde al demandante los reintegros remunerativos en la suma de S/.
36,166.48 soles, por el cálculo diminuto del catorceavo de las gratificaciones en
vacaciones que se incorporaron al básico desde enero del 2006 en adelante.
b) Y su incidencia en los conceptos de gratificaciones, de compensación por tiempo de
servicios y fiestas patrias en la suma de S/. 5,923.82 soles.
c) Determinar si corresponde S/. 3,429.55 soles, por la incidencia en el reingreso de la
compensación por tiempo de servicios.
4.3.- ADMISIÓN Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
1. El Juzgador admitió los medios probatorios documentales pertinentes ofrecidos por el
actor y la demandada, conforme consta del audio y video.
2. Ninguna de las partes ofreció prueba nueva.
3. Ninguna de las partes formuló cuestiones probatorias contra las pruebas admitidas.
4. Se procedió a la actuación de las pruebas documentales, y admitida, producción
probatoria que se realizó en la Audiencia de Juzgamiento, tal como fue registrado en
la grabación en audio y video.
V.- ALEGATOS FINALES:
a) El Juzgador requirió a los abogados de las partes para que formulen sus alegatos
finales, los que fueron expresados oralmente y constan en el audio y video.
b) El Juzgador, se reservó la emisión del fallo oral y se fijó fecha para la notificación de la
sentencia escrita, la que se procede a emitir a continuación.
VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y
defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías
y principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se
inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad
(artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar
el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P.
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NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados
prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las
actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT).
2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda
y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de
presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia si, sobre la base
de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo
21° NLPT); debiendo tener presente la regla general de que la carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas
especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se
dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que acreditada la
prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario (artículo 23.2); es decir que la acreditación de
la ausencia del vínculo laboral alegado o la autonomía o independencia en la
prestación del servicio (sin subordinación), corresponde exclusivamente al demandado;
y finalmente se precisa también que le corresponde al demandante, que invoca la
calidad de trabajador, acreditar la existencia del daño alegado (artículo 23.3, a y c); en
tanto que le corresponde al empleador acreditar el pago, el cumplimiento de las
normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad y la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado
(artículo 23.4. a y b) y finalmente que el artículo 23.5, señala que: “En aquellos casos en
que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del
hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos
suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de
su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los
hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.”
3.
ANÁLISIS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRETENSIÓN:
4. Respecto a que se le paguen los reintegros remunerativos en la suma de S/.
36,166.48 soles, por el cálculo diminuto del catorceavo de las gratificaciones en
vacaciones que se incorporaron al básico desde enero del 2006 en adelante y su
incidencia en los conceptos de gratificaciones de fiestas patrias y navidad en la
suma de S/. 5,923.82 soles y determinar si corresponde S/. 3,429.55 soles por la
incidencia en el reintegro de la compensación por tiempo de servicios; cabe
precisar que el debate se centra en determinar si los conceptos de productividad
gerencial y las bonificaciones especiales otorgadas por Decreto Supremo N° 010-
2002-EF (al haber sido reconocidos como conceptos remunerativos mediante
sentencia judicial) fueron incluidos en el catorceavo respectivo que se incorporó a la
remuneración básica a partir del año 2006 y en las gratificaciones legales de julio y
diciembre acordado en el Convenio de modificación de la jornada de trabajo y
simplificación de la estructura remunerativa, o de lo contrario si corresponde se le
pague el reintegro conforme lo demanda.
5. En tal sentido, de los medios probatorios actuados en el proceso así como lo declarado
por ambas partes en sus respectivos actos postulatorios se advierte los siguiente:
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i) Por Sentencia N° 196, de fecha 18 de marzo del 2013, se declaró fundada en parte
la demandada sobre pago de reintegros de las cinco gratificaciones anuales y
reintegro de la gratificación anual por vacaciones y escolaridad, en consecuencia,
ordenó que la demandada Banco de la Nación cumpla con pagar al demandante la
suma de S/. 39,837.26, más intereses legales a liquidarse en ejecución de
sentencia; reconociendo en su considerando quinto el carácter remunerativo de la
bonificación por productividad gerencial (S/. 1,116.97) y en el considerando sexto se
reconoció como remunerativos las bonificaciones dispuestas por los Decretos
Supremos N° 117-98-EF (S/. 164.00) y N° 143-99-EF(S/. 174.00), al haberse
establecido así en el Decreto Supremo N° 010-2002-EF, que aprobó la nueva
Política Remunerativa del Banco de la Nación; sentencia que fue confirmada en
Resolución de fecha 21 de noviembre del 2014.
ii) Por Convenio de modificación de la jornada de trabajo y simplificación de la
estructura remunerativa (Anexo 1-C escrito de demanda), celebrado el 30 de junio
del 2005, se estableció en su cláusula tercera la ampliación de la jornada de trabajo
a 40 horas semanales, equivalente a 21 horas adicionales en el mes, lo que implicó
reestructurar la remuneración a efectos de pagarse de acuerdo a la jornada de 40
horas semanales con la siguiente fórmula:
Nuevo valor = Antiguo valor + [Antiguo valor/30/7*N° Horas adicionales al mes]
Así se acordó en su cláusula quinta la reestructuración de la remuneración a partir
del 01 de julio del 2005, estableciéndose que a partir de dicho mes se tendrá la
siguiente estructura:
- Doce remuneraciones básicas mensuales.
- Dos gratificaciones ordinarias (julio y diciembre).
- Diferencia de categoría proveniente de la reestructuración del año 1994.
- Una gratificación por 25 años de servicios.
- Bonificación por Tiempo de Servicios.
- Bonificación proveniente de mandato legal.
Asimismo se hace la precisión que los conceptos de gratificaciones por escolaridad
(01) y vacaciones (02) serán prorrateadas entre catorce (14) pagos anuales. El
catorceavo respectivo se incorporará a la remuneración básica mensual y a las
gratificaciones legales de julio y diciembre a partir del año 2006; y que los
conceptos de productividad gerencial e Incremento por Resolución Suprema
N° 224-98-EF se prorratearán a pagarse en catorce armadas al año,
tomándolos como conceptos remunerativos para los efectos del convenio.
Finalmente se estableció que la estructura acordada se reflejará en la boleta y
planillas de pago a partir del mes de su vigencia (julio 2005) conforme al siguiente
detalle:
Aumento de 21 horas mensuales
JUNIO DEL 2005 JULIO DEL 2005
Concepto Importe Incremento Horario Concepto Importe
Remuneración Básica 1,011.00 101.10 1,112.10
D.L. N° 25981 47.70 4.77 52.47
INCR1_DL_25897 10_23 55.85 5.59 61.44
INCR2_DL_25897 3_00 18.05 1.81 19.86
BO_10-2002-DS 117-98-EF 164.00 16.4 180.40
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BO_10-2002-DS 143-99-EF 174.00 17.4 191.40
Productividad Mensual 1,116.97 957.40
Remuneración Básica 2,575.07
BONIF_tiempo de servicio 15.25 BONIF_Tiempo de servicio 15.25
Refrigerio 15.75 Refrigerio 15.75
Movilidad 42.00 Movilidad 42.00
Asignación Casado 2.50
Asignación Casado 2.50
Asignación Escolar 3.00
Asignación Escolar 3.00
Asignación Hijo 3.00
Asignación Hijo 3.00
Adelanto 12.50
Total Mensual 2,669.07 TOTAL MENSUAL 2,669.07
A PARTIR DE ENERO DEL 2006
245.97
Promedio de 3 gratificaciones Aumentado al
Básico
CONCEPTO IMPORTE
Remuneración Básica 2,821.04
BONIF_tiempo servicio 15.25
Refrigerio 15.75
Movilidad 42.00
Asignación Casado 2.50
Asignación Escolar 3.00
Asignación Hijo 3.00
TOTAL MENSUAL 2,902.54
6. De lo descrito precedentemente se advierte que los conceptos de Productividad
Gerencial y bonificaciones especiales previstas en el Decreto Supremo N° 010-2002-
EF, fueron considerados como remunerativos con mandato judicial en los importes de
S/ 1,116.97, S/. 164.00 y S/. 174.00 soles, respectivamente. Asimismo del Convenio en
mención se tiene que dichos conceptos fueron incluidos en la remuneración
actualizada a julio del 2005, no existiendo mayor discusión en dicho punto al
proseguirse conforme al Convenio.
7. Sin embargo, el problema surge en el cálculo de la remuneración actualizada a enero
del 2006, en la que se estableció el aumento (tanto en la remuneración básica de julio
del 2005 (S/. 2,575.07) como en las gratificaciones de julio y diciembre) del catorceavo
de la suma de las gratificaciones extraordinarias de escolaridad (01) y vacaciones (02);
catorceavo en el que el actor considera, no se incluyeron los conceptos remunerativos
de productividad gerencial y bonificaciones especiales del D.S. N° 010-2002-EF, en
razón de que dicho carácter remunerativo recién fue reconocido mediante el proceso
judicial tramitado en el Expediente 00534-2009-0-1801-JR-LA-01, ante el 17° Juzgado
de Trabajo Permanente de Lima (ex Primer Juzgado Laboral de Lima.
8. Por consiguiente, el análisis se centrará en determinar si en el cálculo del
promedio de las tres gratificaciones anuales, que deben pasar al básico (cuyo
importe fue determinado en el Convenio en S/. 245.97) se incorporaron los
conceptos de productividad gerencial por el monto de S/ 1,116.97 y las
bonificaciones especiales previstas por el Decreto Supremo N° 010-2002-EF en
los importes de S/ 164.00 y S/ 174.00 nuevos soles respectivamente.
9. En el presente proceso, la demandada determinó en el Convenio que el catorceavo de
la suma de las tres gratificaciones (escolaridad y dos por vacaciones) fue de S/.
245.97; sin embargo, ni en dicho convenio ni en su contestación a la demanda explica
cómo es que llega a determinar tal importe. Por otro lado, si a los S/. 245.97 le
realizamos la antítesis de la operación matemática efectuada, es decir si los
multiplicamos por 14, nos dará como resultado la suma de las tres gratificaciones
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extraordinarias, y si a dicho resultado lo dividimos entre tres, obtendremos el importe
que la demandada consideró como gratificación individual; así realizando la operación
matemática referida, obtenemos el importe de S/. 1,454.97.
10. Importe que concuerda con lo señalado por el actor al efectuar la operación
matemática acordada en el convenio a los importes de remuneración básica, D.L. N°
25981 y Bonificación por tiempo de servicios establecidas para junio del 2005, lo que
inferiría en principio la conclusión de amparar la demanda; empero para dilucidar la
presente controversia, esta judicatura procederá a realizar el análisis correspondiente a
efectos de determinar cuál fue el importe sobre el cual se debió efectuar el prorrateo
pactado en el Convenio de junio del 2005.
11. De tal modo, tenemos que los conceptos remunerativos a considerarse son:
Concepto Importe
Remuneración Básica 1,011.00
D.L. N° 25981 47.70
INCR1_DL_25897 10_23 55.85
INCR2_DL_25897 3_00 18.05
BO_10-2002-DS 117-98-EF 164.00
BO_10-2002-DS 143-99-EF 174.00
Productividad Gerencial 1,116.97
Total 2,587.57
Al haberse determinado como importe total de conceptos remunerativos la suma de S/.
2,587.57, es este el que debió de tomarse en consideración como importe base de las
gratificaciones extraordinarias.
12. Así, al aplicar la fórmula establecida en el convenio; esto es, de sumar las tres
gratificaciones extraordinarias (una por escolaridad y dos por vacaciones) y a dicha
suma dividirla entre tres, nos da como resultado el importe de S/. 484.99, monto que
supera enormemente a los S/.245.97 establecidos en el Convenio de modificación de
la jornada de trabajo y simplificación de la estructura remunerativa; de tal modo existe
una diferencial de S/. 239.02 que no fue incluida en la remuneración de enero del 2006
ni en las gratificaciones legales ni en la compensación por tiempo de servicios, por
ende, le corresponde al actor la percepción de dichos conceptos, cálculo que se
muestra en el siguiente cuadro:
Meses/ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
Años
2006 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2007 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2008 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2009 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2010 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2011 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2012 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2013 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2014 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2015 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 1,912.16
Incrementos
por
Convenio 21,989.84
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Por el concepto de reintegro de remuneraciones de enero del 2006 a agosto del 2015
la demandada le adeuda al actor el importe de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 SOLES (S/. 21,989.84).
Meses/ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
Años
2006 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2007 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2008 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2009 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2010 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2011 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2012 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2013 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2014 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 2,868.24
2015 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 239.02 1,912.16
Incrementos
por
Convenio 21,989.84
13. Y en cuanto al reintegro de las gratificaciones y compensación por tiempo de servicios;
debe tomarse como base el importe de S/. 21,989.84, y sobre dicho importe realizarse
el cálculo por gratificaciones el equivalente al 16.66 % (fiestas patrias y navidad), que
asciende al monto de S/. 4,541.38 soles; y por compensación por tiempo de servicios
el equivalente al 8.33%, que asciende al monto de S/. 2,682.36 soles; cuya sumatoria
determina el importe total por reintegro de gratificaciones y compensación por tiempo
de servicios equivalente a SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 74/100
SOLES (S/.7,223.74).
RESPECTO A LOS INTERESES, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO:
14. Cabe señalar que la compensación por tiempo de servicios, debió ser depositado
semestralmente en una entidad bancaria; su incumplimiento conforme al artículo 56°
del Decreto Supremo N° 01-97-TR; genera la obligación de pago de los intereses
bancarios o financieros a partir del vencimiento del plazo para efectuar los depósitos
respectivos; y en el caso de la CTS, devengada a la fecha de cese genera el pago de
los intereses legales a partir de la fecha de cese, hasta la fecha de su pago efectivo,
los que deben ser calculados en ejecución de sentencia hasta la fecha de su pago
efectivo.
15. Las gratificaciones y remuneraciones, conforme al Decreto Ley 25920, devenga
intereses legales a partir del día siguiente de aquél en que se produjo el
incumplimiento (es decir desde la fecha en que correspondió ser abonada) y hasta el
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija judicial
o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber
sufrido algún daño.
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16. Las costas y costos del proceso, conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren
ser demandados; sin embargo sí deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la
sentencia, debiendo además precisarse su cuantía o modo de liquidación; en
concordancia con lo previsto en el artículo 14° de la misma ley que señala que la
condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil.
17. En relación al pago de las costas, cabe señalar que el artículo duodécimo de la
Resolución Administrativa 051-2014-CE-PJ que aprueba el Cuadro de Valores de los
Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2014, señala que: “No se
encuentran exonerados del pago de aranceles judiciales, las empresas del Estado, con accionariado
íntegramente público o mayoritariamente público que se encuentran dentro del ámbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE; así como las empresas
regionales o municipales cuyo accionariado le pertenece en su integridad o mayoritariamente a las
regiones o municipalidades; con excepción de Essalud.”; en tal sentido la demandada al
constituir una Empresa del Estado que se halla bajo el ámbito del FONAFE, está
obligada al pago de las costas del proceso al tener la condición de parte vencida.
18. Igualmente está obligada al pago de los costos procesales, teniendo en cuenta para
ello que pese a la existencia de un sentencia judicial que le reconoció la naturaleza
remunerativa de los conceptos demandados, requirió tener que instar un proceso
judicial para el pago de la remuneración y los beneficios sociales reclamados, lo que
implica la realización de gastos, por lo que corresponde reconocerle el pago de los
costos procesales que comprende los gastos por la contratación de los servicios
profesionales de su Abogado; en tal sentido si bien los hechos materia de controversia
resulta claros; que el importe reconocido supera de las cincuenta unidades de
referencia procesal; por lo que el Juzgador estima que la demandada debe pagarle al
actor por costos procesales el importe equivalente al quince por ciento (15%) de los
importes totales que debe abonar por los reintegros de remuneración y beneficios
sociales pretendidos más los intereses, los cuales serán liquidados en ejecución de
sentencia.
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBE EFECTUAR LA DEMANDADA POR MANDATO
LEGAL:
19. Habiéndose establecido la obligación de pagos de diversos conceptos y beneficios
sociales, en la presente sentencia, cabe facultar a la demandada empleadora, a
efectuar las deducciones y por los importes establecidos expresamente por las leyes o
normas pertinentes, cuyo pago debe ser acreditado igualmente en éste proceso.
VII.- DECISIÓN:
Por las razones expuestas el Juez del Octavo Juzgado Laboral Permanente de Lima,
Administrando Justicia a Nombre de la Nación: RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA la demanda interpuesta por ANÍBAL EUSTERIO CLARON
CHACÓN, contra el BANCO DE LA NACIÓN, sobre pago de reintegros de
remuneración, compensación por tiempo de servicios y gratificaciones de enero del
2006 a setiembre del 2015.
2) ORDENAR a la demandada pague al actor el importe de VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS TRECE CON 58/100 SOLES (S/.29,213.58) por concepto de
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reintegros de remuneración, compensación por tiempo de servicios y gratificaciones
de enero del 2006 a setiembre del 2015, más los intereses legales y financieros, con
costas y costos.
3) FACULTAR a la demandada a realizar las deducciones o retenciones a las que esté
obligada por mandato legal.
Tómese Razón y Hágase Saber.-
Pág. 11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
SEÑORA JUEZ:
Doy cuenta a usted; que advirtiendo la carga procesal que soporta esta
secretaría, la especialista legal que interviene en cumplimiento de sus funciones y luego de
haber asumido la carga procesal con fecha 10 de junio de los corrientes respecto a los
expedientes judiciales signados con números pares (en etapa de ejecución) procede a dar
cuenta en la fecha a los escritos ingresados con Código de Digitalización N° 1050165-2021 y N°
126909-2022, lo que se informa para los fines pertinentes.
Lima, 11 de agosto del 2022
PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ESPECIALISTA : AEDO PORTOCARRERO, MARIAPIA
DEMANDADO : PERU PIMA S.A.
DEMANDANTE : ANDRADE BARAZORDA, IVAN ALBERTO
RESOLUCION N° 12
Lima, 11 de agosto de 2022.-
Con la razón que antecede, se da cuenta a los escritos presentados por la parte demandante en
el cuadernillo de ejecución de sentencia anticipada N° 21756-2015-20 con fecha 16 de diciembre
de 2021 y 22 de febrero de 2022; a lo expuesto por esta parte y de la revisión de autos se
advierte que en el Informe Pericial N° 086-2021-PJ-DAKT existe un error material
específicamente en el segundo punto referido al Examen Pericial el mismo que refiere lo
siguiente <<Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por su despacho, se ha tenido en cuenta la Sentencia de
Primera Sala Laboral Permanente de Lima; de fecha seis de junio 2016 REVOCAR la sentencia en el extremo que
ordena que Empresa Minera del Centro del Perú S.A. – En Liquidación y Empresa Administradora Cerro SAC
paguen de forma solidaria la suma de S/. 50,000.00 soles y REFORMÁNDOLA establecieron una obligación
mancomunada ORDENANDO que Centromin Perú S.A. – En Liquidación pague la suma de S/. 23,381.30 soles y
Empresa Administradora Cerro S.A.C. asuma el pago de S/. 26,618.70 soles por concepto de indemnización por
daños y perjuicios por la enfermedad profesional de neumoconiosis. CONFIRMARON lo demás que contiene>>.
Toda vez que la Sentencia de Vista ha sido emitida por la Octava Sala Laboral Permanente con
fecha 27 de junio de 2017, la misma que Resuelve Confirmar la Sentencia N° 211-2016 de fecha
17 de agosto de 2016, declarando fundada en parte la demanda de 24 de setiembre de 2015
interpuesta por Iván Alberto Andrade Barazorda contra Perú Pima S.A, ORDENANDO que la demandada pague al demandante la suma de S/. 50,000.00 soles por concepto de
indemnización por daños y perjuicios en las categorías de lucro cesante y daño moral, más
intereses legales, costas y costos del proceso. En ese sentido el presente juzgado dispone frente
a lo expuesto por el recurrente y resultando atendible lo solicitado, COMISIONESE al perito
judicial adscrito al juzgado a fin de que subsane el Informe Pericial N° 086-2021-PJ-DAKT. |
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OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Expediente N° 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
Sumilla: El daño emergente se refiere al coste de la reparación
necesaria por el daño causado. El lucro cesante hace referencia
a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como
consecuencia del perjuicio; y el daño moral se define como todo
aquel daño que afecta a los bienes o derechos inmateriales de
las personas. En los casos que se demande indemnización por
daños y perjuicios producto de un despido arbitrario, se puede
presumir el daño moral subjetivo ocasionado al demandante,
cuya prueba es “in re ipsa”.
S.S.:
YANGALI IPARRAGUIRRE
URBANO MENACHO
BARREDA MAZUELOS
SENTENCIA DE VISTA
Lima, veintisiete de junio de dos mil diecisiete
VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e
interviniendo como Juez Superior ponente el señor Gino Yangali Iparraguirre; esta
Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente:
I. PARTE EXPOSITIVA:
I.1. Objeto de la revisión
Viene en revisión a esta instancia la Sentencia N° 211-2016 de fecha 17 de
agosto de 2016, emitida por la Jueza Merly Arias Vivanco del Primer Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, inserta
en el expediente en los folios 150 a 158, que resuelve: 1) DECLARAR FUNDADA EN
PARTE la demanda de 24 de setiembre de 2015 (Folios 90-118) interpuesta por IVAN
ALBERTO ANDRADE BARAZORDA contra PERÚ PIMA S.A.; 2) ORDENAR que la
demandada pague al demandante la suma de S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL CON
00/100 SOLES) por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS en
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Expediente N° 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
las categorías de lucro cesante y daño moral, más intereses legales, costas y costos
del proceso; e, 3) INFUNDADA en cuanto al pago de daño emergente.
I.2. Del recurso de apelación (pretensión y fundamentos)
La parte demandante, mediante escrito de fojas 165 a 170, impugna la
sentencia solicitando que se revoque y se declare fundada la demanda en todo sus
extremos, y que se funda sus agravios en los siguientes términos:
• Sostiene que el A quo ha incurrido en un error de derecho al determinar que el
quantum indemnizatorio del lucro cesante en forma arbitraria sin aplicar la
normatividad legal sobre responsabilidad civil, debido a que se ha calculado en
base al último haber básico sin los aumentos y demás conceptos
remunerativos que se plantearon en la demanda.
• Así también, refiere que el A quo ha incurrido en un error de derecho al
desestimar el concepto de daño emergente, por cuanto indica que a raíz del
despido, se vio en la necesidad de acudir a entidades financieras para solicitar
préstamos bancarios, por la cual tuvo que negociar debido a su endeble
situación económica al encontrarse desempleado varios años.
• Por último, señala que el A quo ha incurrido en un error de hecho y de derecho
al valorizar el daño moral, debido a que no ha tenido en cuenta la finalidad de
la indemnización que es sancionar a la otra parte a fin de desincentivarlo a que
vuelva a cometer actos ilegales y/o arbitrarios como es el despido de un
trabajador.
La parte demandada, mediante escrito de fojas 174 a 187, impugna la
sentencia solicitando que se revoque totalmente, y funda sus agravios en los
siguientes términos:
• Sostiene que no basta la constatación de que un cese por no renovación del
contrato laboral, pues en realidad, no es tal, para atribuirle la calidad de una
conducta antijurídica, sino que el A quo tiene la obligación de justificar las
razones de hecho y de derecho por las cuales esa conducta viola el sistema
jurídico.
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• Señala que la reposición de un trabajador, vía amparo, no genera el pago de
devengados, criterio que ha sido compartido en la sentencia del proceso de
amparo, en la cual indica que no procede el pago de remuneraciones
devengadas porque no existió la contraprestación del actor, más aún si éste
reconoció haber trabajado para otra empresa al poco tiempo de su cese.
• Manifiesta que no es cierto que todo cese laboral produzca un daño moral por
la mera afectación del derecho al trabajo, puesto que para determinar una
reparación civil debe constatarse que un acto, calificado como antijurídico y
dañoso ha sido suficiente para producir un sufrimiento en la víctima.
I.3. Pretensiones del proceso
Como antecedente, se señala que en Audiencia de Conciliación llevada a cabo
el 08 de agosto de 2016, cuya Acta de Registro obra de fojas 148 a 149, se precisaron
las pretensiones materia de juicio, conforme se señalan a continuación:
• Determinar si le corresponde al demandante el pago de S/. 120,097.07 por
concepto de indemnización por daños y perjuicios que comprenden los
conceptos de lucro cesante, daño emergente y daño moral.
• Determinar si corresponde el pago de intereses legales, costas y costos del
proceso.
II. PARTE CONSIDERATIVA:
UNO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que -recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino tantum devolutum quantum apellatum-, en la apelación la competencia del
Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada.
Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso)
instancia.
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§ Respecto al lucro cesante
DOS: En primer lugar, debemos tener claro que el daño patrimonial y el daño
moral aun cuando son conceptos originalmente del ámbito del derecho civil, y que se
encuentran regulados en ese marco, tienen una aplicación concreta en el derecho
laboral, por lo que ha quedado fijado con criterio uniforme en nuestra jurisprudencia,
que los Jueces Laborales son competentes para conocer y resolver las demandas de
indemnización por daños y perjuicios originadas por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de trabajo.
TRES: El lucro cesante tiene por finalidad resarcir a la víctima de la
responsabilidad civil por las ganancias dejadas de percibir (ganancias frustradas)
como situación derivada de un hecho lesivo, que en el caso de autos se trata del
despido arbitrario que sufrió el actor, según lo determinado por el Cuarto Juzgado
Constitucional en la Sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 21 de mayo
de 2014, recaída en el Exp. N° 24061-2010. En tal sentido, se precisa que la
indemnización por lucro cesante debe ser calculado en base a las “ganancias” que no
pueden equipararse al ingreso bruto dejado de percibir por el demandante, ya que este
sólo es un factor de referencia para la determinación del quantum indemnizatorio.
CUATRO: Debe mencionarse al respecto, que la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema precisó en la Casación Laboral N° 5192-
2012-Junin, que no corresponde el pago de remuneraciones devengadas luego de que
se ordene la reposición del trabajador a través de un proceso de amparo, así, en
aplicación del principio de legalidad, no es viable aplicar el artículo 40° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR –que prevé la posibilidad de ordenar el pago de
remuneraciones devengadas en el caso de despidos nulos en la vía ordinaria– para
supuestos en los cuales el trabajador haya sido repuesto como consecuencia de un
proceso de amparo o de un proceso de reposición por despido incausado o
fraudulento, ya que “de acogerse al argumento expuesto por la parte recurrente, el
presente proceso laboral seria propiamente una vía de ejecución de la sentencia de
amparo respecto de un extremo que no fue resuelto ni discutido en el proceso de
amparo”; bajo estas consideraciones, queda claro que las remuneraciones
devengadas deberán reclamarse a través de un proceso por indemnización por daños
y perjuicios, conforme lo prevé expresamente el inciso b) del artículo 2° de la Nueva
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Ley Procesal del Trabajo, y dicha indemnización podrá comprender no sólo el lucro
cesante sino también otros conceptos como el daño emergente y el daño moral.
CINCO: Bajo esa perspectiva, es necesario enfatizar que no existe derecho a las
remuneraciones por el periodo no laborado, ya que conforme al artículo 24° de la
Constitución Política del Estado se concluye que el derecho a una remuneración
equitativa y suficiente tiene como correlato la fuerza de trabajo brindada por el
trabajador al empleador, lo que se condice con lo previsto en el artículo 6° del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado Decreto Supremo Nº 003-
97-TR, en cuanto se precisa que la remuneración para todo efecto legal constituye “el
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios"; interpretación concordante
con el criterio del Tribunal Constitucional al respecto1, lo cual no implica negar que
efectivamente pueda existir clara verosimilitud sobre la existencia de daños al
impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos que deben ser
evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto.
SEIS: Por lo expuesto, se concluye que el despido arbitrario efectuado en
contra del demandante le ocasionó daño patrimonial, en la modalidad de lucro
cesante, dado que hubo una falta de ingresos de determinados bienes o derechos al
patrimonio de la víctima, quien se vio privado de beneficios que hubiera obtenido de
haber continuado laborando para la empresa demandada. Así mismo, como ha sido ya
mencionado en párrafos anteriores, el pago del lucro cesante no puede asimilarse a
las remuneraciones no canceladas, pues ello constituiría enriquecimiento indebido y
pago por labor no efectuada; por lo que es posible acudir a lo dispuesto en el artículo
1332° del Código Civil, norma que expresamente refiere que si el resarcimiento del
daño no pudiera ser probado en su monto, el juez deberá fijarlo con valoración
equitativa, debiendo utilizar para ello algunos parámetros que le permitan arribar a una
decisión que restablezca, en lo posible, la situación a los límites anteriores al daño,
confrontado ello con los hechos sucedidos.
SIETE: En tal sentido, debe advertirse que la sentencia impugnada ha
establecido en el considerando 14 lo siguiente: “en aplicación del 1332 del Código
Civil, y teniendo como marco referencial el haber percibido por el actor a la fecha de su
1 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencias recaídas en los Exps. Nº 1112-98-SS/TC, Nº
555-99-AA/TC, Nº 73-2001-AA/TC, N° 849-2002-AA/TC. Criterio: “La remuneración constituye una
contraprestación por un servicio realmente efectuado”.
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cese, el cual ascendía a la suma de S/. 1,460.00 soles, y estando a que el
demandante ha declarado en audiencia de juzgamiento [desde minuto 00:03:25] que
en febrero de 2011 consiguió trabajo, en el distrito de Lurín, con un sueldo mínimo, se
fija con criterio de valorización equitativa el monto de S/. 40,000.00 soles"; criterio que
asume el A quo con la finalidad de que no se establezca un quantum en función de lo
dejó de percibir a la fecha de despido, ya que ello implicaría percibir remuneraciones
sin la debida contraprestación.
OCHO: Siendo ello así, debemos reiterar que para el caso concreto de un
despido arbitrario, el lucro cesante lo constituye las ganancias frustradas (dejadas de
percibir) como consecuente del evento dañoso y que podría haber seguido percibiendo
de no haberse dado la interrupción unilateral del vínculo laboral; pero que estas
ganancias frustradas no pueden ser equiparables a las remuneraciones devengadas;
razón por la que este Colegiado considera que nos encontramos en el deber de
efectuar una valoración prudente y equitativa, como es el hecho de calcular el lucro
cesante teniendo como criterio para su cuantificación la última remuneración que
percibía el demandante a la fecha del despido -el 19 de setiembre de 2010- y el
período que esta se encontraba separada de su centro habitual de labores, hasta la
fecha de su efectiva reincorporación -el 10 de octubre de 2014-, y además de tomar en
cuenta que el actor consiguió trabajo en febrero de 2011, en el distrito de Lurín. En tal
sentido, se desestima el agravio deducido por la parte apelante, siendo el cálculo del
monto indemnizatorio por lucro cesante, en la suma de S/. 40,000.00 soles.
§ Respecto al daño emergente
NUEVE: El daño emergente es definido como la pérdida patrimonial efectiva
sufrida producto del hecho o evento dañoso y, está referida a las erogaciones
producidas en el patrimonio como a aquellas que de modo certero se generarán en el
futuro. Sin embargo, estas disposiciones del patrimonio del afectado deben ser reales
y acreditarse efectivamente en juicio.
DIEZ: En cuanto a ello, el demandante no ha señalado cuáles son los gastos en
que habría incurrido como consecuencia directa de su cese irregular y que puedan
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calificar como daño emergente. Las alegaciones que ha efectuado respecto a la
pérdida de su puesto de trabajo y de sus ingresos, entre otros (como los préstamos
bancarios), no configuran daño emergente alguno, motivo por el cual se desestima
este extremo de la pretensión que ha sido manifestado en los agravios del recurso de
apelación de la parte demandante.
§ Respecto al daño moral
ONCE: El daño moral se define como el dolor, sufrimiento, padecimiento
injustamente ocasionados. El daño extrapatrimonial “cubre todos esos aspectos en los
que el menoscabo es difícil probar cuantificadamente; razón por la cual se le otorga al
Juez una mayor libertad para determinar la indemnización mediante el recurso a crear
doctrinariamente una categoría elástica, que no requiere de una probanza estricta, a la
que se denomina daño moral”2. Se trata pues de un sufrimiento en el intangible e
inescrutable estado de ánimo del afectado. Éste es el daño moral, en principio
inestimable, pero que el juez debe cuantificar, en una operación ponderativa bastante
delicada.
DOCE: Cabe resaltar, que dentro de la actual sistemática de nuestro Código
Civil, la categoría de daño extrapatrimonial o subjetivo (concebido como daño no
patrimonial a los sujetos de derecho) comprende el daño a la persona, entendido como
la lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas, y al daño
moral definido como “el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc.”,
padecidos por la víctima, que tienen el carácter de “efímeros y no duraderos”3. Dentro
de la categoría de daño moral, se distingue el daño moral subjetivo, que lo sufre de
manera directa el propio sujeto, del daño moral afectivo, entendido como la lesión a la
relación afectiva respecto de sujetos, animales o bienes4.
TRECE: La prueba del daño moral subjetivo, es “in re ipsa”, porque es el propio
hecho antijurídico el generador del detrimento y las pruebas se obtienen a través de
presunciones lógicas, las cuales son inferidas de los indicios. De esta manera, se ha
2 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA, Por una lectura creativa de la responsabilidad
extracontractual en el nuevo Código Civil, en AA.VV., Para leer el Código Civil, I (1984), reimpresión,
Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1990, p. 210.
3 La Corte Constitucional Italiana, con resolución del 14.07.86, No. 184, en Giurisprudenza di Diritto
Privato, anotada por GUIDO ALPA, vol. I, Giappichelli, Torino, 1991, p. 5.
4 Del análisis de la jurisprudencia italiana, TOMMASO ARRIGO, Il furto della moto nuova, en Dalla
disgrazia al danno, a cura de Alexandra BRAUN, Giuffrè, Milano, 2002, p. 576.
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dicho: “XIII.- En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente:
debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima, sin
embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de presunciones de
hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de
manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física,
el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del
daño moral existe "in re ipsa". Sobre el particular, esta Sala ha manifestado que en
materia de daño moral "... basta, en algunas ocasiones, con la realización del hecho
culposo para que del mismo surja el daño, conforme a la prudente apreciación de los
Jueces de mérito, cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la prueba de
indicios" (Sentencia Nº 114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979)."5
CATORCE: Ahora bien, no podemos perder de vista que el daño moral debe resultar
superior a la circunstancia estándar de daño. “Es de resaltar que en la doctrina
comparada se sostiene que el daño moral es indemnizable cuando se configura un
despido especialmente injustificado. En efecto, autores como Barbagelata manifiestan
que para que sea indemnizable el daño moral por término del contrato de trabajo debe
tratarse de un daño moral distinto del ‘normal’ que produce la ruptura abusiva del
contrato de trabajo. Las sanciones de disgusto, ira, contrariedad, indignación, etc. del
trabajador, no dan lugar de por sí solas a la obligación de reparar”6.
QUINCE: Por otro lado, se entiende que el resarcimiento que persigue la presente
demanda, está vinculado al daño generado como consecuencia de un despido
arbitrario, lo que obligó al actor a recurrir a la vía judicial para iniciar un proceso de
amparo que finalmente concluyó con un mandato de reposición -decisión que fue
confirmada en segunda instancia-; es decir que el evento dañoso alegado por el actor
fue muy anterior a su efectiva reposición, que dicho sea de paso solo fue posible
porque así lo ordenó el Juez Constitucional, lo que nos lleva a concluir por la propia
naturaleza de los procesos de amparo, que en dicho proceso fue cubierta la tutela
restitutoria, más no la resarcitoria (indemnización por daño) que sí tiene lugar en el
caso de autos. De otro lado, la eventualidad de que el demandante haya podido
5 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia número 725 del 25 de agosto de
2004.
6 JIMÉNEZ LLERENA, ALICIA, “Tipos de daño que puede generarse como consecuencia de un
despido arbitrario”, en Precedentes de observancia obligatoria en materia laboral de la Corte Suprema,
Grijley, Lima, 2008, p. 206.
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conseguir otro empleo, no exime de responsabilidad por daño moral a la empleadora
que ejecutó un despido sin arreglo a ley, pues estamos hablando de un hecho
probable, incierto, máxime si se tiene en cuenta que nadie, o quizás muy pocas
personas de la población económicamente activa (PEA), tienen oportunidades
laborales esperándolos con al menos las mismas condiciones que en su anterior
trabajo (clima laboral, beneficios, remuneración, etc.), donde además cabe la
posibilidad de que ya exista una confianza ganada con los compañeros, así como con
los jefes inmediatos y son precisamente estas circunstancias las que hacen difícil
palear el menoscabo y afligimiento tras un despido sin justificación.
DIECISÉIS: Ante la dificultad de probanza por la subjetividad de los sentimientos de
angustia y sufrimiento, debe considerarse como daño moral al causado por el hecho
mismo de haber sido objeto de un despido arbitrario, y debe tenerse claro que la
afectación íntima sí resulta directamente vinculada con el despido, por cuanto la
reacción natural del ser humano ante una decisión que le afecta directamente y que
considera injusta, causa incertidumbre, dolor y afligimiento a cualquier persona normal
y regular. Este criterio ha sido recogido también por la jurisprudencia nacional, tal es el
caso de la sentencia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema
(Casación N° 699-2015-Lima) de fecha 26 de noviembre de 2015, en cuyo décimo
segundo considerando se sostiene: “en cuanto a la pretensión de daño moral, teniendo
en cuenta que éste consiste en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre
la víctima del evento dañoso, en el presente caso resulta amparable tal concepto
peticionado como indemnización, ya que el hecho mismo de ser despedido sin causa
justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible deterioro de
su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general […].”
DIECISIETE: En tal sentido, conforme a los lineamientos antes expuestos, debemos
precisar que el haber puesto fin a la relación laboral del demandante sin que medie
causa justa de despido conforme a ley, renuncia o acuerdo consensual entre las
partes, significa que el empleador no respetó el contrato de trabajo, situación que
implica haber incurrido en la inejecución de la obligación contractual, lo que constituye
una conducta antijurídica y causa directa de daño injusto e indemnizable. En el caso
de autos, el hecho antijurídico que constituye el despido arbitrario ejecutado por la
demandada, ha quedado establecido en la Sentencia contenida en la Resolución N°
08 de fecha 21 de mayo de 2014, recaída en el Exp. N° 24061-2010, emitida por el 4°
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Juzgado Constitucional de Lima (cuya copia obra en autos de fojas 07 a 13); es decir,
que el detrimento en la esfera más íntima del actor, traducido en angustia e
inseguridad, se encuentra acreditado por el mismo hecho antijurídico generador del
daño. En estos casos, se puede advertir que el haber sido cesado injustamente nos
permite presumir el daño moral subjetivo ocasionado al demandante, cuya prueba es
in re ipsa. Consecuentemente, corresponde desestimar el agravio deducido por la
entidad demandada referido a que no existió el daño moral.
§ Quantificación del daño moral
DIECIOCHO: La demandada sostiene que el A quo no ha desarrollado los criterios
para determinar el quantum indemnizatorio por daño moral y además que el
demandante no ha aportado medio probatorio idóneo al presente proceso. Es así que
del análisis de la sentencia impugnada se advierte que el juzgado estableció, en el
fundamento 22, lo siguiente: " como es el caso del actor a quien se le despidió de
manera arbitraria, originó necesariamente una situación de angustia y ansia, por la
afectación de este derecho fundamental, la que es pasible de ser resarcida". Por lo
que este Colegiado considera que el A quo ha desarrollado su criterio para fijar el
quantum por daño moral, por ende, es un criterio que comparte la Sala.
DIECINUEVE: Cabe señalar, que en casos similares se ha optado por
establecer el quantum indemnizatorio teniendo en cuenta que el perder un puesto
laboral de forma abrupta constituye una lesión al sentimiento del empleado o de su
familia y que al perder el ingreso mensual, se pierde también estatus económico y el
estándar de vida que se tenía antes del despido. Por otro lado, se tiene en
consideración que el despido arbitrario no solo acarreó un menoscabo en la esfera
interna del actor, sino que también afecta otros derechos inherentes a la personalidad,
su derecho a la seguridad social y al bienestar familiar, lo que impone el deber de
indemnizar el detrimento irrogado en un monto inferior a lo establecido por el A quo.
Sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 370° del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al presente proceso, “el juez superior no puede modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya
apelado …”; por tanto, este Colegiado, en base a las consideraciones expuestas
establece que el quantum por daño moral se fija en la suma de S/. 10,000.00 soles.
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VEINTE: Razones que permiten a este Colegiado, confirmar la sentencia tal
como ha sido emitida, al encontrarse arreglada a ley.
III. PARTE RESOLUTIVA:
Por las consideraciones expuestas, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú, el Colegiado de la Octava Sala Laboral Permanente en la Nueva
Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima,
HA RESUELTO:
CONFIRMAR la Sentencia N° 211-2016 de fecha 17 de agosto de 2016,
que obra en autos de fojas 150 a 158, que resuelve:
1) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la demanda de 24 de setiembre
de 2015 (folios 90-118) interpuesta por IVAN ALBERTO ANDRADE
BARAZORDA contra PERÚ PIMA S.A.
2) ORDENAR que la demandada pague al demandante la suma de S/.
50,000.00 (CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES) por concepto de
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS en las categorías de
lucro cesante y daño moral, más intereses legales, costas y costos del
proceso.
3) INFUNDADA en cuanto al pago de daño emergente.
En los seguidos por IVAN ALBERTO ANDRADE BARAZORDA contra PERÚ PIMA
S.A. sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; y, lo devolvieron al
Juzgado de Origen.-
Notifíquese y Devuélvase.-
11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
JUEZ : ARIAS VIVANCO, MERLY
ESPECIALISTA : RECUAY TIMOTEO, RICHARD
DEMANDADO : PERÚ PIMA SA
DEMANDANTE : ANDRADE BARAZORDA, IVAN ALBERTO
Resolución Nro. 04
Lima, 26 de agosto de 2016.-
Dando cuenta del escrito presentado por la parte
demandada de fecha 24 de agosto último.
ANTECEDENTES:
A través del escrito que se presenta, la demandada interpone recurso de
apelación contra la Sentencia N° 211-2016 de fecha diecisiete de agosto de
dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda.
FUNDAMENTOS:
1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley
N° 29497, el plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días
hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o
de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida
fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido
en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el
sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el
caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se
encuentran establecidos en los artículos 366 y 367 del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la
Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el
mismo reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente, por lo que
corresponde acceder a lo solicitado.
DECISIÓN:
(cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por la demandada contra la
Sentencia N° 211-2016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis
que declara fundada en parte la demanda, la misma que se concede CON
EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral de Turno encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, con la debida nota de atención.
Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
JUEZ : ARIAS VIVANCO, MERLY
ESPECIALISTA : RECUAY TIMOTEO, RICHARD
DEMANDADO : PERÚ PIMA SA
DEMANDANTE : ANDRADE BARAZORDA, IVAN ALBERTO
Resolución Nro. 03
Lima, 26 de agosto de 2016.-
Dando cuenta del escrito presentado por la parte
demandante de fecha 24 de agosto último.
ANTECEDENTES:
A través del escrito que se presenta, el demandante interpone recurso de
apelación contra la Sentencia N° 211-2016 de fecha diecisiete de agosto de
dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda.
FUNDAMENTOS:
1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente.
2. Conforme dispone el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley
N° 29497, el plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días
hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o
de citadas las partes para su notificación.
3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida
fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido
en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el
sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el
caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se
encuentran establecidos en los artículos 366 y 367 del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la
Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el
mismo reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente, por lo que
corresponde acceder a lo solicitado.
DECISIÓN:
(cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por el demandante contra la
Sentencia N° 211-2016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis
que declara fundada en parte la demanda, la misma que se concede CON
EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral de Turno encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, con la debida nota de atención.
Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 21756-2015-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
JUEZ : ARIAS VIVANCO, MERLY GRACE
ESPECIALISTA : RECUAY TIMOTEO, RICHARD
DEMANDADO : PERÚ PIMA S.A.
DEMANDANTE : ANDRADE BARAZORDA, IVAN ALBERTO
SENTENCIA N° 211 - 2016
Lima, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis
ANTECEDENTES
Términos de la demanda
Mediante escrito de 24 de setiembre de 2015 (folios 90-118) IVAN ALBERTO
ANDRADE BARAZORDA interpone demanda contra PERÚ PIMA SA a fin de que se
le abone la suma de S/. 120,097.07 soles por el concepto de indemnización por daños y
perjuicios en las categorías de lucro cesante, daño emergente y daño moral, más en el pago
de intereses legales, costas y costos del proceso.
Fundamenta su demanda en el hecho de que ingresó a laborar para la demandada el 18 de
julio de 2001, como obrero colorista, con una última remuneración de S/.1,460.00 soles;
sin embargo, luego de haber laborado por más de 10 años, 2 meses, lo despiden
incausadamente; no obstante que, había sido electo dirigente sindical del Sindicato de
Trabajadores de Perú Pima S.A., en el cargo de Sec. Técnico y Estadística.
Manifiesta que su régimen laboral era el D. Leg. 728, para luego pasar unilateralmente e
ilegalmente, por decisión de la empresa, al régimen laboral del D L 22342 – Ley del
Régimen de la Exportación No Tradicional, a partir del 03 de enero de 2005, a la cual
perteneció al momento de ser despedido.
Seguidamente, el 02 de noviembre de 2010, interpone demanda de acción de amparo en
contra de la demandada, a fin de que se declare la nulidad del despido y se le reponga como
trabajador textil a tiempo indeterminado. Es así que mediante Resolución N° 8, de fecha 21
de mayo de 2014, se declara fundada su demanda ordenándose así su reposición en la
demandada como trabajador a plazo indeterminado. Por otro lado, mediante Resolución
N° 01, de fecha 25 de setiembre de 2014, se declaró fundada su medida cautelar sobre el
fondo, ordenando, igualmente, reponerlo provisionalmente. Por ello, con fecha 10 de
octubre del 2014, después de aproximadamente 4 años de estar despedido, la demandada lo
repuso a su puesto de trabajo. Señala que, con fecha 02 de diciembre de 2014, la Sala Civil de Lima, mediante resolución
N° 04, emite la sentencia de vista confirmando la sentencia de primera instancia, sentencia
que quedó ejecutoriada, mediante Resolución N° 10, de fecha 8 de abril de 2015.
Así, al encontrarse despedido por cuatro largos años, sin contar con trabajo y la
remuneración que percibía, su familia y él pasaron por situaciones críticas, la cual
afrontaron paralelamente al proceso judicial de amparo, por lo que, mientas duró su
despido tuvo que solicitar diversos créditos y préstamos de dinero, asumiendo las deudas
que ello generaba para cubrir las necesidades básicas de su familia.
Indica que al despedirlo incausadamente, sin motivo alguno, se le causó perjuicio
patrimonial debido a que no pudo cancelar las obligaciones asumidas con entidades
bancarias, como con el Banco CMR, que por haberlo despedido el 19 de setiembre de
2010, no pudo asumir su deuda, la cual ascendía a S/. 3,287.00, pues era para que lo cancele
en 12 cuotas, desde el 01 de agosto de 2010 hasta el 05 de julio de 2011. Además, contrajo
otra deuda con el Banco Ripley Perú S.A., por el valor de S/. 3,442.00 soles, originada por
el uso de su tarjeta de crédito, la cual no cumplió con el pago en su totalidad por no contar
con los recursos económicos suficientes y así otras deudas.
Asimismo, durante 4 años, con 22 días de despido, se vulneró su derecho constitucional al
trabajo, lo que afectó directamente su dignidad humana, al haber sido vejado en su
condición de trabajador, lo cual ha sido probado judicialmente, lo que constituye un daño
con consecuencias patrimoniales como espirituales, desprendiéndose de este hecho, el daño
patrimonial y extrapatrimonial.
Añade que, al encontrarse en medio de un proceso judicial su familia y él estuvieron
desprotegidos en cuanto a la seguridad social, pues no contaron con el seguro social así
como del SENATI que son aportaciones a cargo del empleador y además las aportaciones
al sistema nacional de pensiones, lo cual generó gran angustia en su familia.
Finalmente, indica que la demandada le causó perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales,
a su persona y familia, pues dejó de laborar por más de 4 años y 22 días de despedido.
Audiencia de conciliación con juzgamiento anticipado
Admitida la demanda en la vía del proceso ordinario laboral, se programó el desarrollo de la
Audiencia de Conciliación para el día 08 de agosto de 2016; la cual se desarrolló
cumpliendo las etapas previstas en la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. En
dicho acto la demandada presentó su contestación a la demanda, cuya copia se entregó a la
parte demandante.
Revisada la contestación a la demanda en la Audiencia de Conciliación, se tuvo por
contestada la demanda por cumplir con los requisitos mínimos que establece el artículo 19
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y, atendiendo a que de autos se advirtió de que en la
cuestión planteada y debatida, no obstante ser de hecho, no había necesidad de actuar
medio probatorio alguno en la audiencia de juzgamiento, por ser sólo pruebas
documentales, de conformidad a la segunda parte del inciso 3 del artículo 43 de la Nueva
Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, esta Magistratura anunció su decisión de emitir
juzgamiento anticipado, por lo que los abogados de las partes expusieron sus alegatos de cierre, conforme a la grabación audio visual que obra en el Sistema Integrado Judicial (SIJ),
difiriéndose el fallo de la sentencia.
Términos de la contestación
Mediante escrito de 08 de agosto de 2016 (folios 130-147) la demandada contesta la
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
En principio, señala que, habiendo realizado el análisis de la demanda, advierte que lo que
en verdad está pretendiendo el demandante, con respecto al lucro cesante, es el pago de
remuneraciones devengadas; sin embargo, rechaza en su totalidad el pago de
remuneraciones devengadas pues el demandante fue repuesto a su puesto de trabajo como
consecuencia de un proceso constitucional de amparo en el que se declaró que su despido
fue incausado, y que esta reposición no genera la obligación del pago de devengados, como
así lo señaló la Corte Suprema en la Casación Laboral N° 5192-2012-Junín.
Así, y teniendo en cuenta que la finalidad del proceso constitucional de amparo será la de
impedir una afectación al derecho constitucional persista en el tiempo, la reposición del
demandante no es justificación legal válida que permita extender los alcances y efectos de la
nulidad del despido, pues el reingreso del demandante a su centro de labores no permite
contabilizar el periodo en el que se encontró despedido como efectivamente trabajado. Por
lo que no correspondería el pago de remuneraciones devengadas a trabajadores que
obtienen la invalidez del despido en vía de amparo, en tanto que se ha previsto que ello
solo sea factible a través de una demandada de nulidad de despido.
Respecto al daño moral señala que es una especie del genérico daño a la persona y
consistente en el sufrimiento, estando de angustia o dolor que produce un evento dañoso la
cual a diferencia del de daño psicológico o psiquiátrico pues este incide en los valores de la
persona, quien sufre frente a la ocurrencia de un evento que los agravia especialmente. Así,
si se examina la pretensión de daño moral formulada se advierte que este quiere englobar
dentro del mismo varios tipos de daños no probados.
Añade que los créditos que el actor haya contraído antes o después de producido su cese,
corresponde al ámbito de su libertad contractual y que no existe incidencia de la demanda
en ello y que el hecho que se haya repuesto al demandante no implica que sean atribuibles
las consecuencias de hechos en los cuales no han tenido ninguna participación. Sobre todo
si estos se refieren a créditos de consumo de tiendas por departamentos o la suscripción de
transacciones extrajudiciales originadas en el mismo tipo de operaciones.
Por otro lado señala que, no está acreditada la alegada zozobra por una situación
económica crítica al carecer de trabajo, pues en cualquier caso todos los extremos derivados
del cese del actor se debatieron en el anterior proceso de amparo. Además que, la supuesta
afectación del bienestar espiritual, integridad moral, psíquica, tranquilidad y derecho a gozar
de un ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida del actor, excede los límites del
denominado daño moral.
Tramitada la causa conforme a las reglas establecidas para el proceso ordinario laboral,
previstas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, su estado es el de expedir
sentencia. FUNDAMENTOS
PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO
Tal como se ha determinado en la audiencia de conciliación, constituyen pretensiones
materia de juicio las siguientes:
(cid:1)
Determinar si corresponde ordenar a la demandada el pago de S/. 120,097.07 soles a
favor del actor por concepto de indemnización por daños y perjuicios, monto que es
disgregado de la siguiente manera:
(cid:2)
Lucro cesante: S/. 93,368.07
(cid:2)
Daño emergente: S/. 6,729.00
(cid:2)
Daño moral: S/. 20,000.00
(cid:1)
Determinar si corresponde el pago de intereses legales, costas y costos del proceso.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS
1. En el presente caso, corresponde en primer término establecer cuáles son los
requisitos generales de la responsabilidad civil, a los efectos de determinar si en el caso
de autos se han presentado los mismos. Así, según la doctrina prevalente nacional, los
requisitos generales de la responsabilidad civil son la antijuricidad, el daño causado, la
relación de causalidad y los factores de atribución [Taboada Córdova, Lizardo (2000)
«Responsabilidad Civil Extracontractual» en Curso a Distancia para Magistrados,
Academia de la Magistratura, Lima - Perú, páginas 17-23].
2. La antijuricidad, una conducta «es antijurídica cuando contraviene una norma prohibitiva, y
cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o
principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico» (Obra Citada, pág. 19). En el
ámbito contractual se acepta que la antijuricidad siempre es típica, pues ella resulta del
incumplimiento total de una obligación, cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o cumplimiento
tardío o moroso. El daño, «constituye la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés
jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico» (Obra Citada, pág. 20). Relación de
causalidad, «relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido
a la víctima» (Obra Citada, pág. 21). Factores de atribución, «son aquellos que finalmente
determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto
concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados de la antijuricidad, daño producido y la
relación de causalidad» (Obra Citada, pág. 22).
3. En cuanto a la antijuricidad, se tiene que el demandante fue repuesto como
consecuencia del proceso de amparo que interpuso ante el Cuarto Juzgado
Especializado en lo Constitucional de Lima, el cual mediante resolución número 08
(Sentencia) de fecha 21 de mayo de 2014 (folios 7-13) declaró FUNDADA la demanda
y ordenó a la demandada cumpla con reponer al demandante (y otro compañero de
trabajo) como trabajadores a plazo indeterminado, en el mismo puesto de trabajo que
desempeñaban al momento de su despido o en otro de igual o similar nivel y jerarquía,
la misma que fue confirmada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, a través de la resolución de vista de fecha 02 de diciembre de 2014 (folios 20- 24).
4. En tal sentido, el solo hecho de haberse determinado que su cese fue arbitrario,
constituye elemento suficiente para establecer que el requisito de la antijuricidad se
encuentra claramente establecido. En atención a ello, la demandada al haber cesado de
manera arbitraria al demandante, configura la conducta típica establecida en el artículo
1321 del Código Civil.
5. En cuanto al daño, conviene señalar que el demandante a su cese venía laborando en
forma normal, implicando con ello la circunstancia de haber estado percibiendo un
ingreso que le permitía llevar una vida digna para ella y su familia, a tenor de lo
previsto por el artículo 22 de la Constitución, el mismo que establece que el trabajo es un
deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Asimismo,
con arreglo al artículo 24 que señala que el trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. En tal
escenario, la demandada decide de modo arbitrario, despedir al trabajador, lo cual
necesariamente le generó un daño; pues no puede asumirse que un trabajador que es
despojado de su fuente de vida y subsistencia no pueda haber sentido un menoscabo
en su vida de relación. Por ello, el daño fue real y manifiesto.
6. En cuanto a la relación de causalidad, siguiendo las ideas de Lizardo Taboada (obra citada,
páginas 21 y 59 a 67), este requisito se encuentra presente en el sentido que debe existir
una relación de causa–efecto. Es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del
autor y el daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existirá responsabilidad extracontractual
y sucede lo mismo en el campo de la responsabilidad civil contractual, ya que el daño causado al
acreedor debe ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o relativo de la
prestación debida por parte del deudor; la relación de causalidad es pues un requisito de la
responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como extracontractual. La diferencia reside en que
mientras en el campo extracontractual la relación de causalidad debe entenderse según el criterio de la
causa adecuada, en el ámbito contractual la misma debe entenderse bajo la óptica de la causa
inmediata y directa.
7. A partir de lo discernido hasta este lugar, la decisión de privar al demandante de su
fuente de ingresos (trabajo) a través de la decisión adoptada por la demandada de
cesarlo, esto es, de no mantener el vínculo laboral con el ahora demandante, sin que se
haya presentado ninguna causal legal y legítima de despedir al trabajador, evidencia la
presencia de un nexo causal directo entre la conducta antijurídica y el daño ocasionado.
8. Factores de atribución; como opina el desaparecido Lizardo Taboada (obra citada, pág. 22
y 81 a 86), son aquellos que finalmente determinan la existencia de responsabilidad
civil, una vez que se han presentado en un supuesto concreto de un conflicto social,
los requisitos de la antijuricidad, el daño producido y la relación de causalidad. Señala
este eminente y desaparecido jurista que el factor de atribución en la responsabilidad
contractual es el dolo y la culpa, clasificado en tres grados: la culpa leve, la culpa grave
o inexcusable.
9. Analizada la conducta de la demandada, se concluye que el incumplimiento por parte
de la emplazada se traduce en un actuar bajo el ámbito de una conducta dolosa,
conforme al artículo 1321 del Código Civil, pues dio término al contrato del demandante, cuando, conforme se ha pronunciado el Cuarto Juzgado Especializado en
lo Constitucional de Lima, entre las partes había una relación laboral de naturaleza
indeterminada, en la cual el demandante sólo podía ser despedido por una causa justa
prevista en la Ley. En atención a estas circunstancias particulares del presente caso,
esta judicatura procede a fijar el monto indemnizatorio en los términos siguientes.
10. En cuanto al lucro cesante, entendido este daño como la renta o ganancia frustrada o
dejada de percibir, el demandante considera que le asiste el derecho a ser resarcida por
este daño por las sumas que dejó de percibir producto de su cese, conforme lo ha
señalado en su escrito de demanda (folio 104-111), al establecer: « […] el lucro cesante
está referido a la ganancia que podía esperarse con todo probabilidad, es decir, esa ganancia que se
hubiera efectivizado, en tal sentido, al ser mi contrato de trabajo a plazo indeterminado de no haber
dado su despido incausado, con toda seguridad habría percibido ganancias referidas a mis
remuneraciones y beneficios sociales».
11. Por tal razón, el actor ha formulado una liquidación respecto a este extremo tomando
en cuenta las remuneraciones dejadas de percibir, el pago de las prima textil,
compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones e intereses, las
cuales han sido multiplicadas por el periodo dejado de laborar; es decir, todos aquellos
beneficios de carácter laboral que dejó de percibir de haberse mantenido la relación
laboral, los que suman un total de S/. 93,368.07 soles.
12. Al respecto, se debe tener en cuenta lo señalado en la Casación N° 5311-2008-
Amazonas de fecha 09 de julio de 2009 (publicada el 31 de mayo de 2010), a través de
la cual la Corte Suprema de Justicia, determina que las remuneraciones dejadas de
percibir sirven como un parámetro referencial para fijar el lucro cesante. Así, señala:
«Décimo Segundo.- Que, cabe sostener a su vez y a fin de evitar futuras nulidades, que en el
considerando sexto de la resolución incurrida, se observa que el lucro cesante se encuentra
constituido para las instancias de mérito por las remuneraciones dejadas de percibir por la parte
demandante, siendo pertinente precisar que – como se ha señalado en la Casación número tres
mil trescientos veintitrés-dos mil siete- Lambayeque- en los procesos de esta naturaleza no está
referida a las remuneraciones laborales dejadas de recibir durante el tiempo de cese, sino que
estos solo deben ser referenciales para el quantum de la indemnización, debiendo tenerse en
cuenta demás que, el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir, lo que no incluye el gasto
realizado para la obtención de dicho beneficio(…)».
13. Siendo esto así, esta Judicatura desestima la posición del demandante de establecer un
quantum en función a lo que dejó de percibir, pues ello implicaría percibir sus
remuneraciones sin la debida contraprestación.
14. En consecuencia, en aplicación del artículo 1332 del Código Civil, y teniendo como
marco referencial el haber básico percibido por el actor a la fecha de su cese, el cual
ascendía a la suma de S/. 1,460.00 soles, y estando a que el demandante ha declarado
en audiencia de juzgamiento [desde minuto 00:03:25] que en febrero de 2011 consiguió
trabajo, en el distrito de Lurín, con un sueldo mínimo, se fija con criterio de
valorización equitativa el monto de S/. 40,000.00 soles.
15. Daño emergente. Para los efectos de la reparación, según la autorizada opinión de Juan Espinoza Espinoza, este daño « es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del
sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por
un acto ilícito, o como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana, ‘la
disminución de la esfera patrimonial’ del dañado. Tomado de «Derecho de la
Responsabilidad Civil». Cuarta Edición, corregida y aumentada. Gaceta Jurídica.
Setiembre 2006, página 227.
16. En este extremo considera el demandante que le asiste ser resarcida por este derecho
por cuanto como consecuencia del despido arbitrario del que fue objeto tuvo que
contraer deudas en el Banco Ripley Perú S.A., lo cual no pudo cancelar, por no contar
con los recursos económicos suficientes, llegando a una transacción extrajudicial a fin
de cancelar la totalidad de su deuda. Asimismo, tuvo que solicitar un préstamo al
Banco CMR por el monto de S/. 3,287.00, deuda contraída el 12 de enero de 2011 y
una más en el año 2011 de la financiera CMR.
17. Al respecto, ante las preguntas formuladas por la magistrada al demandante en relación
a qué se dedicó durante los cuatro años y más que no laboró para la demandada,
explico (minuto 09:52 y siguientes): «Estuvo trabajando, en Lurín (…)».
18. Pese a lo expuesto y a los elementos probatorios adjuntados, este daño no ha sido
suficientemente acreditado por el actor, pues, si bien podemos apreciar a fojas 85 de
autos obra “el reconocimiento de deuda y convenio de pago”, en el que efectivamente el
demandante reconoce una deuda, toda vez que en dicho documento constan su firma
y DNI; sin embargo, dentro del caudal probatorio adjuntado por la parte demandante
no existe prueba alguna que acredite fehacientemente si la deuda en cuestión fue
honrada, finalmente, por el actor, lo cual sí generaría un daño emergente, por cuanto
sería un detrimento para su economía; lo cual sucede, de la misma forma, con respecto
a la “transacción extrajudicial” que obra a fojas 86 de autos, suscrito entre el Banco Ripley
Perú S.A. y el ahora demandante. Aunado a ello, como bien lo ha señalado el abogado
de la parte demandada en sus alegatos finales, en la Audiencia de Juzgamiento al
respecto, dada la categoría de las empresas señaladas, lo que el demandante en efecto
realizó son consumos por lo que mal podríamos llamarlos detrimentos a su
patrimonio. Por tanto, al no existir el material probatorio suficiente y además por lo
señalado previamente, en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, no
merece ser estimado dicho daño.
19. Daño moral; según lo establece el artículo 1322 del Código Civil, cuando se hubiera
irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Este daño, como enseña Mosset
Iturraspe, «es un daño jurídico o sea un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es
así en la medida en que lesiona los bienes más precipuos de la persona humana, al
alterar el equilibrio de espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual, de
homeostasis, y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones
anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas». Más adelante precisa: «Y esa
modificación disvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el
dolor - el recordado pretium dolores - porque pueden suceder, como resultas de la
interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la
aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente
el equilibrio referido» (obra citada, Tomo V, El daño Moral, páginas 53 y 54). O, como
también enseña Espinoza: «el ‘ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o síquicos, etc.’ padecidos por la víctima, que tienen el carácter de efímeros y no duraderos» (obra
citada, páginas 227 y 228).
20. Sobre este daño, a criterio del Juzgado, no es necesario que el demandante deba
probarlos, como lo plantea la demandada. A juicio de esta Judicatura, el daño moral se
presume por el hecho de que el actor de un momento a otro deja de tener el estatus de
trabajador, a partir de lo cual no es difícil concluir que ello le generó una angustia y una
afectación emocional y que además tuvo que acudir ante el Poder Judicial, mediante un
proceso de amparo, a fin de restituir su derecho al trabajo por el actuar de la
demandada. Por ello, centralmente considera esta Judicatura que el daño moral se
presentó por la afectación de su derecho fundamental al trabajo, consagrado en la
Constitución Política del Perú.
21. A mayor abundamiento, cabe precisar que en la Casación N° 1594-2014 Lambayeque
de fecha quince de octubre de dos mil catorce se ha determinado que «El daño moral es
la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo; es aquel daño que
afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos.
Esta categoría del daño es particularmente difícil de acreditar debido a que las personas no expresan
sus sentimientos o emociones del mismo modo. Además, en algunos casos, ocurre que los sufrimientos
severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto. En tal
sentido, ante la dificultad de probanza del daño moral esta judicatura ha optado por presumir, en
casos puntuales, la existencia del mismo».
22. Por lo tanto, en el caso de autos, el Juzgado entiende que el cambio brusco de la
circunstancia de ser trabajador a no serlo, como es el caso del actor a quien se le
despidió de manera arbitraria, originó necesariamente una situación de angustia y ansia,
por la afectación de este derecho fundamental, la que es pasible de ser resarcida. En
este orden, a los efectos de fijar el monto del resarcimiento el Juzgado lo fija en la
suma de S/. 10,000.00 nuevos soles.
INTERESES LEGALES
23. Este derecho accesorio debe calcularse a partir del emplazamiento de la demandada
conforme al artículo 1324 del Código Civil, conforme a la posición asumida por la
Magistratura de Segunda Instancia de la Especialidad Laboral en el Pleno Jurisdiccional
llevado a cabo en la Ciudad de Lima el 28 de junio de 2008, criterio al cual se adhiere
esta judicatura.
COSTOS Y COSTAS
24. Con arreglo a lo establecido en el artículo 410° del Código Procesal Civil, las costas
están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. De igual modo, el
artículo 411° del mismo cuerpo legal señala que son costos del proceso el honorario
del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial. Por tanto, al haberse amparado la demanda es de cargo
de la parte vencida el abono de estos conceptos, y de conformidad con lo estipulado
en el artículo 31 última parte de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, los
mismos que serán liquidados en ejecución de sentencia Por estos fundamentos y demás que fluyen de autos y administrando justicia a nombre de
la Nación, corresponde emitir el fallo respectivo.
DECISIÓN
(cid:1) DECLARO FUNDADA EN PARTE la demanda de 24 de setiembre de 2015
(folios 90-118) interpuesta por IVAN ALBERTO ANDRADE BARAZORDA
contra PERÚ PIMA S.A.
(cid:1) ORDENO que la demandada pague al demandante la suma de CINCUENTA MIL
SOLES (S/. 50,000.00) por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS en las categorías de lucro cesante y daño moral, más intereses legales,
costas y costos.
(cid:1) INFUNDADA en cuanto al pago del daño emergente.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
EXPEDIENTE : 21756 – 2013 – 20 -1801- JR-LA-02
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DEMANDANTE : ANDRADE BARAZORDA, IVAN ALBERTO
DEMANDADO : PERU PIMA SA
SECRETARIO : LINARES TINAJEROS, TINAJEROS
RESOLUCION N° 01
Lima, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.-
ANTECEDENTES
Dando cuenta en la fecha el especialista legal que interviene al Oficio N° 21756-2015-01-
8°SLP-NLPT-CSJLI/NVVP remitido por la Octava Sala Laboral Permanente de Lima con fecha
05 de octubre de los corrientes.
FUNDAMENTOS
Primero.- El artículo 38° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 29497 establece: “La
interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias.
Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de
parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen carta fianza renovable por el importe total
de origen o carta fianza de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e
inimpugnable”.
Segundo.- Que, con fecha 05 de octubre de los corrientes la Octava Sala Laboral Permanente
remite el Oficio N° 21756-2015-01-8°SLP-NLPT-CSJLI/NVVP que contiene la sentencia de
vista de fecha 27 de junio del 2017, la cual confirma la sentencia N° 211-2016 de fecha 17 de
agosto del 2016 que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Tercero.- En consecuencia, teniendo las partes conocimiento de la Sentencia de Vista resulta
necesario requerir a la demandada.
DECISION
1) ORDENESE a la parte demandada PERU PIMA SA, para que en el término de CINCO
DIAS cumpla con: • PAGAR al actor la suma de S/.50,000.00 soles por concepto de indemnización
por daños y perjuicios en las categorías de lucro cesante y daño moral, más los
intereses legales, costas y costos a liquidarse en ejecución de sentencia, bajo
apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la Magistrada que suscribe, por disposición
Superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 10° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 21843-2015-0-1801-JR-CI-10
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO
ESPECIALISTA : CARDOSO VALERA, SEELER
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL ,
DEMANDADO : SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE
CERAMICA LIMA ,
DR VICTOR RAUL MALCA GUAYLUPO JUEZ SUPREMO
DE LA 2DA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
,
DRA ELIZABETH ROXANA MAC RAE THAYS JUEZ
SUPREMO DE LA 1RA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA ,
DR JUAN CHAVES ZAPATER JUEZ SUPREMO DE LA 1RA
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA ,
DRA MARIEM VICKY DE LA ROSA BEDRIÑANA JUEZ
SUPREMO DE LA 2DA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA ,
DR FERNANDO MONTES MINAYA JUEZ SUPERIOR DE
LA 1 SALA LABORAL DE LIMA ,
DEMANDANTE : CERAMICA LIMA SA ,
Resolución Nro. CUATRO
Lima, seis de agosto
Del dos mil veintiuno.-
Por devueltos los autos,; Cúmplase lo ejecutoriado y
advirtiéndose que el Supremo Interprete de la Constitución mediante
resolución de Vista de fecha seis de noviembre del dos mil veinte;
resolvió declarar la fundada la demanda de amparo interpuesta; en
consecuencia, REQUIÉRASE a la parte demandada para que dentro
del Plazo perentorio de CINCO DIAS de notificada, cumpla con lo
ordenado por el Supremo Interprete de la Constitución; bajo
apercibimiento de remitirse copias de lo actuado al Ministerio PÚblico
para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Avocándose el señor
Juez Titular al conocimiento de la presente acción judicial e
interviniendo el especialista legal que da cuenta por disposición Superior |