Datasets:

yusuf802

/

legal-finetune-dataset

like 0

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Poder Judicial Cuarta Sala Contenciosa Administrativa del Perú EEEExxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee :::: 11110000222222224444----2222000011115555----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----CCCCAAAA----11112222 SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa: Si bien el informe emitido por IMARPE mediante le Oficio número DEC-100-102-2014-PRODUCE/IMP1, en su primera conclusión DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee :::: PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... señala ría que no existe en el mercado una ecosonda que permita diferencia si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddoooo :::: MMMMiiiinnnniiiisssstttteeeerrrriiiioooo ddddeeee llllaaaa PPPPrrrroooodddduuuucccccccciiiióóóónnnn.... no es menos cierto que seguidamente ante dicha imposibilidad da F.V. : 21/MAR/2018 (10) soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, siempre que se programe la Resolución número: siete ecoso nda con cier tos umbrales, o cuando la red se encuentra enmallada se podría advertir su presencia cuando se ha recogido el treinta por Lima, diecisiete de abril ciento, y finalmente identificar las tallas que están siendo capturadas resulta mucho más difícil cuando la red no se encuentra enmallada, en de dos mil diecinueve. esta situación, es necesario recoger cerca del setenta por ciento de la red para que los pescadores puedan advertir la presencia de juveniles. En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo; de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal1, interviniendo como juez superior ponente el señor Quispe Salsavilca; PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA Viene en grado de apelación, el recurso interpuesto por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA....2,,,, contra la sentencia de primera instancia expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda3. Formula los siguientes agravios: aaaa.... El juzgado no actuó la prueba ofrecida, no obstante haberla admitido, por lo que la sentencia es nula al existir una deficiencia en su motivación. bbbb.... El juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo, por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, por lo que al no existir autoridad instructora diferenciada debió declararse la nulidad. cccc.... La demandada ha utilizado un formato no autorizado en la resolución 257-2002-PE, debiéndose tener presente que los procedimientos sancionadores son eminentemente formalistas, por lo que debe utilizar el formato autorizado y no el de su libre albedrío. dddd.... El juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012-PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles. eeee.... No hubo intencionalidad de su parte, dado que no existe algún sistema que le permita detectar las zonas en los que se encuentran los cardúmenes en los cuales se localiza la mayor parte de juveniles, por lo que no existe forma científica de determinar las tallas menores. ffff.... Produce no cuenta con un mecanismo específico que permita a los armadores pesqueros el lugar donde se encuentra la talla menor, desprendiéndose de ello que existe una problemática respecto a la pesca, conforme lo desarrolla, por lo que al ser así, debe tenerse en cuenta, los principios de razonabilidad y las circunstancias atenuantes, por lo que no existiendo forma científica de prever la conducta vedada, no es válido imputar una infracción a aquel, que conforme el estado de la ciencia, no se encuentra en capacidad de detectar que su conducta lleva a una infracción administrativa. gggg.... Existe un informe emitido por IMARPE en el año dos mil catorce, en el cual afirma que no existe tecnología para detectar la presencia de juveniles en los cardúmenes. hhhh.... En el presente caso, no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, en el mismo sentido, no se ha tenido en cuenta un fallo favorable expedido por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, en la cual concluye que la sanción 1 Folios 274 del expediente principal. 2 Folios 256 del expediente principal. 3 Folios 197 del expediente principal. ECURAY 1 de treinta días efectivos de pesca no se encuentra sustentada y no se señala cual sería la razonabilidad para su aplicación adicional, en ese sentido existe una doble sanción, por lo que es obligación de la entidad administrativa, determinar razonablemente cual de todas las sanciones debe imponerse al infractor, para determinar razonablemente la sanción a imponer, por lo que en el presente caso únicamente se le pudo imponer una sanción, por lo que en el presente caso al haberse impuesto una multa y suspensión del permiso, constituyen dos sanciones por un mismo hecho, en consecuencia un exceso. iiii.... La sentencia, declara infundada su demanda a pesar de existir precedentes administrativos que le dan la razón y permite la imposición de una multa con evidentes vicios de nulidad que quebrantan diversos principios administrativos, así como la constitución. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.- En resumidas cuentas, corresponde determinar en el presente caso, si resulta adecuada la decisión del juez de primera instancia quien declaró infundada la demanda, pues determinó que: «(…) en autos ha quedado acreditado que la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrraaaallll NNNN°°°° 4444111122225555----2222000000009999----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////DDDDIIIIGGGGSSSSEEEECCCCOOOOVVVVIIII, de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve; y, la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn CCCCoooonnnnsssseeeejjjjoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee SSSSaaaannnncccciiiioooonnnneeeessss NNNNºººº 222266665555----2222000011115555----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////CCCCOOOONNNNAAAASSSS----UUUUTTTT, de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, NNNNOOOO ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeeennnn vicio alguno que acarreen su nulidad, ya que se han emitido conforme a las atribuciones que la ley otorga a la administración, oooobbbbsssseeeerrrrvvvváááánnnnddddoooosssseeee ddddeeee llllaaaassss eeeessssbbbboooozzzzaaaaddddaaaassss rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiioooonnnneeeessss qqqquuuueeee nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaannnn iiiinnnnccccuuuurrrrssssaaaassss eeeennnn ccccaaaauuuussssaaaallll ddddeeee nnnnuuuulllliiiiddddaaaadddd aaaallllgggguuuunnnnaaaa pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa eeeennnn eeeellll aaaarrrrttttííííccccuuuulllloooo 11110000°°°° ddddeeee llllaaaa LLLLeeeeyyyy NNNNºººº 22227777444444444444;;;; siendo de aplicación al presente caso lo normado en el artículo 282° y 196°4 del Código Procesal Civil, así como lo explicitado en el artículo 200°5 del citado código adjetivo que establecen que la carga de la prueba es de quien alega los hechos;;;; por lo que se concluye que los argumentos esgrimidos por el demandante en su escrito de demanda NO son asideros, y corresponde en consecuencia desestimar la demanda interpuesta. (…)»; o si por el contrario, conforme la tesis de la demandante, la sentencia se encuentra indebidamente motivada, no se evaluaron las pruebas de descargo ofrecidas, existió una vulneración al debido procedimiento porque no se diferenció la instancia instructora de la que resolvió, se utilizó un formato no establecido por la norma. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO....---- Contrastando los argumentos formulados en la apelación con los de la sentencia y las pruebas aportadas al proceso, se desprende que la misma debe ser ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddaaaa si se tiene presente lo siguiente: 2222....1111 De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la entidad demandada para sancionar a la empresa administrada, ha basado sus decisiones en mérito al Reporte de Ocurrencias número 032-PSCV6 y al Parte de Muestreo s/n levantado el treinta y uno de marzo de dos mil seis7, a través de los cuales, el inspector de DRPES-ICA, informa que: «se realizó el muestreo biométrico resultando 36.23% juveniles, talla modal 12.0; rango 10.5 cm zona de pesca afuera de infiernillo». 2222....2222 Al respecto, cabe señalar que la demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que enerve la infracción que se le atribuye, debiendo considerarse, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, el Reporte de Ocurrencias y el Parte de Muestreo levantados, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de una actividad administrativa inspectora, por lo que mantienen su eficacia e idoneidad respecto a la infracción detectada que se atribuye a la demandante, en otras palabras, si bien el Reporte 4 Artículo 196° del Código Procesal Civil: ““““SSSSaaaallllvvvvoooo ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn lllleeeeggggaaaallll ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnntttteeee,,,, llllaaaa ccccaaaarrrrggggaaaa ddddeeee pppprrrroooobbbbaaaarrrr ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaannnn ssssuuuu pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn oooo aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn lllloooossss ccccoooonnnnttttrrrraaaaddddiiiicccceeee aaaalllleeeeggggaaaannnnddddoooo nnnnuuuueeeevvvvoooossss hhhheeeecccchhhhoooossss”””” 5 Artículo 200° del Código Procesal Civil: ““““SSSSiiii nnnnoooo sssseeee pppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ssssuuuusssstttteeeennnnttttaaaannnn llllaaaa pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn,,,, llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa sssseeeerrrráááá ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddaaaa iiiinnnnffffuuuunnnnddddaaaaddddaaaa”””” 6 Folios 3 del expediente administrativo. 7 Folios 2 del expediente administrativo. ECURAY 2 de ocurrencias no constituye una prueba plena; sin embargo, su valoración efectuada en base a la apreciación razonada, nos lleva a considerar que éste es emitido por el funcionario facultado por Ley a llevar a cabo la fiscalización de los actos que se relacionan a la actividad pesquera, además que la propia norma le otorgue la calidad de medio probatorio, constatando los hechos que puedan atentar contra la normativa sobre dicha actividad a través de los Reportes de Ocurrencias e Informes Técnicos, convirtiéndose en instrumentos que generan los elementos de juicio conducentes a causar convicción sobre el hecho en discusión, salvo que la demandante adjunte elemento o medio de prueba que desvirtúe lo constado por el funcionario competente, hecho que según lo obrante en autos, no se verifica para el presente caso; de allí que en este caso se acredite la comisión del hecho infractor materia de sanción. 2222....3333 Respecto al argumento reseñado en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll bbbb.... de la parte expositiva de la presente resolución, en el sentido de que el juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, debemos señalar que ello ha sido suficiente desarrollado en la sentencia apelada, citando incluso con la normativa que determina quién es la entidad instructora, conforme se desprende del considerando décimo noveno que señaló: «(…) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO....---- Que, estando a la premisa precedentemente expuesta, se tiene que mediante Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUGE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, estableciéndose en su artículo 80° que: "La Dirección General de Sanciones es el órgano de línea del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, encargado de la apertura v conducción de los procedimientos administrativos sancionadores (…)”. (Subrayado nuestro). Asimismo, el artículo 81° del cuerpo Reglamentario en comento prevé como funciones de la Dirección General de Sanciones las siguientes: "i) iniciar procedimientos administrativos sancionadores y de caducidad por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades pesqueras; ii) conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; iii) imponer sanciones en el marco de! Procedimiento administrativo sancionador; y iv) expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia". Por consiguiente, estando a lo expuesto, no se advierte que en el presente caso la Autoridad Administrativa haya vulnerado el Debido Procedimiento (…)» Argumento, al cual este Colegiado se adscribe, tanto más si se encuentra respaldo por la norma citada por el juez de primera instancia. Aunado a ello debe tenerse presente que el artículo 234 de la LPAG8, establecía q ue: «(…) Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa eeeennnnttttiiiiddddaaaadddd lllloooo ppppeeeerrrrmmmmiiiittttaaaa. (…)» Y en el presente caso, la imputación de cargos se produjo por el ingeniero Manuel Ormeño Morales conforme la notificación efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil seis9, mientras quién resolvió en primera instancia fue el Director General de Seguimiento de Control y Vigilancia, por lo que en atención a ello corresponde desestimar dichos argumentos. 2222....4444 En lo que atañe al argumento expuesto en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll aaaa.... y cccc.... de la parte expositiva, en el sentido de que no se utilizó por parte de la administración, el formato autorizado en la resolución número 257-2002-PE, el juez de primera instancia refiere que «(…) el Formato del Parte de Muestreo aprobado por Resolución Ministerial N° 257-2002-PE contiene 04 partes: (I) Datos Generales, (II) Composición de la Muestra, (III) Composición por Tallas, y (IV) 8 Aplicable por principio de temporalidad. 9 Folios 4 del expediente administrativo. ECURAY 3 Observaciones; ssssiiiieeeennnnddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa ttttoooottttaaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee llllaaaa iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn qqqquuuueeee ddddeeeebbbbííííaaaa sssseeeerrrr ccccoooonnnnssssiiiiggggnnnnaaaaddddaaaa eeeennnn llllaaaassss mmmmiiiissssmmmmaaaassss,,,, sssseeee hhhhaaaallllllllaaaa ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddaaaa eeeennnn eeeellll PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeee MMMMuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo rrrreeeeffffeeeerrrriiiiddddoooo11110000. Circunstancia ésta por la que evidentemente, deviene en intrascendente la inutilización del correspondiente "formato aprobado" en el caso de autos (…)», argumento ciertamente que es razonable, y al cual este Colegiado también se vincula, por lo demás, si aun se siguiera insistiendo en la nulidad del procedimiento porque el parte no es el adecuado, no obstante contener la información requerida y exigida por la norma, debe tenerse presente el principio de eficacia de los actos administrativos11 contenido en el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444 – LPAG, así como el de conservación del acto administrativo12 prescrito en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, que privilegian el fondo sobre la forma del acto; finalmente y en relación a dicho argumento debe tenerse presente que la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE precisa en su numeral 5 que la toma de muestras de producto hidrobiológicos, debe realizarse sobre el ppppeeeessssoooo ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ttttoooottttaaaallll11113333; por lo que la invocada nulidad de la sentencia, al no haber actuado el mérito del informe número 032-2011- PRODUCE/OGTIE-lflores, que entre otras cosas determinaría, conforme lo reseñado por el demandante, que el peso declarado es un indicador referencia que no tiene efecto alguno en Derechos de Pesca, Foncopes y otros reportes en donde se haga referencia a las descargas, nnnnoooo eeeessss rrrreeeelllleeeevvvvaaaannnntttteeee oooo ggggrrrraaaavvvviiiittttaaaannnntttteeee eeeennnn eeeellll pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccaaaassssoooo,,,, ddddaaaaddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa pppprrrrooooppppiiiiaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaa ddddeeee mmmmuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo eeeessssttttaaaabbbblllleeeecccceeee qqqquuuueeee eeeellll ppppeeeessssoooo eeeessss eeeellll ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll aaaarrrrmmmmaaaaddddoooorrrr yyyy ssssoooobbbbrrrreeee eeeellll ccccuuuuaaaallll sssseeee eeeejjjjeeeeccccuuuuttttaaaa llllaaaa ttttoooommmmaaaa ddddeeee llllaaaa mmmmuuuueeeessssttttrrrraaaa, por lo que dicho extremo de los argumentos de la apelación deben ser desestimados. 2222....5555 En lo que atañe al argumento contenido en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll dddd...., en el sentido que el juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012- PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles, debemos tener presente que la comisión de la infracción se produjo el treinta y uno de marzo de dos mil seis14, mientras que la norma invocada fue publicada el cinco de diciembre de dos mil doce, por lo que ciertamente nnnnoooo eeeessss aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee aaaallll ccccaaaassssoooo ccccoooonnnnccccrrrreeeettttoooo,,,, ppppoooorrrr pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooo ddddeeee tttteeeemmmmppppoooorrrraaaalllliiiiddddaaaadddd. 2.6 En lo que concierne a los argumentos contenidos en los lllliiiitttteeeerrrraaaalllleeeessss eeee.... ffff.... yyyy gggg. si bien el informe emitido por IMARPE mediante el Oficio número DEC-100-102-2014- PRODUCE/IMP15, en su primera conclusión señalaría que no existe en el mercado una 10 Negritas nuestras. 11 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 12 Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. (…) 13 Resolución Ministerial N° 257-2002-PE: «(…) 5.- EJECUCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS Plantas con sistema de descarga. Para la toma de muestras, deberá considerarse el peso declarado del total de la captura, debiendo realizarse la primera toma de muestras durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, se realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte de muestreo. 14 Véase el apartado antecedentes numeral 1 de la resolución del Consejo de Apelación de Sanciones número 265-2015-PRODUCE/CONAS de fecha ocho de mayo de dos mil quince a folios 23 del expediente administrativo. (…)» 15 Folios 240 del expediente principal. ECURAY 4 ecosonda que permita diferenciar si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, no es menos cierto, que seguidamente ante dicha imposibilidad da soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee qqqquuuueeee sssseeee pppprrrrooooggggrrrraaaammmmeeee llllaaaa eeeeccccoooossssoooonnnnddddaaaa ccccoooonnnn cccciiiieeeerrrrttttoooossss uuuummmmbbbbrrrraaaalllleeeessss,,,, oooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa sssseeee ppppooooddddrrrrííííaaaa aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr ssssuuuu pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ccccuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee hhhhaaaa rrrreeeeccccooooggggiiiiddddoooo eeeellll ttttrrrreeeeiiiinnnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo,,,, yyyy ffffiiiinnnnaaaallllmmmmeeeennnntttteeee iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr llllaaaassss ttttaaaallllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ssssiiiieeeennnnddddoooo ccccaaaappppttttuuuurrrraaaaddddaaaassss rrrreeeessssuuuullllttttaaaa mmmmuuuucccchhhhoooo mmmmáááássss ddddiiiiffffíííícccciiiillll ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa,,,, eeeennnn eeeessssttttaaaa ssssiiiittttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn,,,, eeeessss nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo rrrreeeeccccooooggggeeeerrrr cccceeeerrrrccccaaaa ddddeeeellll sssseeeetttteeeennnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa rrrreeeedddd ppppaaaarrrraaaa qqqquuuueeee lllloooossss ppppeeeessssccccaaaaddddoooorrrreeeessss ppppuuuueeeeddddaaaannnn aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee jjjjuuuuvvvveeeennnniiiilllleeeessss, siendo así, la imposibilidad de detección no es absoluta como trata de hacer ver la demandante, sino que el propio oficio da las soluciones razonables al caso, de allí que dicho extremo resulte infundado. 2.7 Respecto a lo reseñado en el aaaaccccááááppppiiiitttteeee hhhh.... e iiii.... en el sentido, de que no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, dicha omisión de la administración, en absoluto la perjudica, por el contrario, la beneficia al no haber sido afectada con el recurso hidrobiológico que extrajo por debajo de la talla permitida, aunado a ello, respecto al invocado principio de razonabilidad, en tanto al haber sido multado y también suspendido temporalmente con el permiso de pesca de la embarcación, estaríamos ante una doble sanción, debemos mencionar, que la configuración de la infracción en el presente caso es una de tipo compleja, tal y como el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado este tema en la sentencia recaída en el Expediente número 003-2005-PI/TC, que señaló lo siguiente: «(…) 249. La pena prevista por el legislador en la ley para cada delito se denomina pena abstracta o pena conminada, la cual puede presentarse bajo diversas modalidades. Una de ellas es la pena compuesta: La pena abstracta (...) viene establecida expresamente en el precepto legal de la Parte Especial del Código penal. Esta pena abstracta puede presentar diversas modalidades (...) LLLLllllaaaammmmaaaarrrreeeemmmmoooossss ppppeeeennnnaaaassss ccccuuuummmmuuuullllaaaattttiiiivvvvaaaassss aaaa aaaaqqqquuuuééééllllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ccccoooonnnnssssttttiiiittttuuuuiiiiddddaaaassss ppppoooorrrr llllaaaa aaaaccccuuuummmmuuuullllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee ddddoooossss aaaa mmmmáááássss ppppeeeennnnaaaassss ddddeeee ddddiiiissssttttiiiinnnnttttaaaa nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa qqqquuuueeee ddddeeeebbbbeeeerrrráááánnnn aaaapppplllliiiiccccaaaarrrrsssseeee ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttteeee.... EEEEnnnn eeeesssstttteeee ccccaaaassssoooo nnnnoooo ppppuuuueeeeddddeeee hhhhaaaabbbbllllaaaarrrrsssseeee uuuunnnn uuuunnnnaaaa pppplllluuuurrrraaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee ppppeeeennnnaaaassss ssssiiiinnnnoooo ((((............)))) lllloooo qqqquuuueeee eeeexxxxiiiisssstttteeee rrrreeeeaaaallllmmmmeeeennnntttteeee eeeessss uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa. 250. DDDDaaaaddddoooo eeeellll ccccoooonnnncccceeeeppppttttoooo ddddeeee ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn yyyy ddddeeee ppppeeeennnnaaaa,,,, uuuunnnnaaaa ssssoooollllaaaa ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaarrrr llllaaaa rrrreeeessssttttrrrriiiicccccccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnn bbbbiiiieeeennnn jjjjuuuurrrrííííddddiiiiccccoooo,,,, ddddeeee mmmmooooddddoooo ttttaaaallll qqqquuuueeee ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaarrrrsssseeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa ssssiiiinnnn qqqquuuueeee eeeelllllllloooo iiiimmmmpppplllliiiiqqqquuuueeee llllaaaa iiiimmmmppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa. En nuestro ordenamiento, según el Código Penal, las penas pueden ser: 1) privativa de libertad, 2) restrictiva de libertad, 3) limitativa de derechos o 4) multa. En atención a dicha variedad de penas que ha previsto la Parte General del Código Penal, el legislador puede configurar para determinado delito una reacción penal que se exprese a través de más de una manifestación, estableciéndose, por ejemplo, además de la pena privativa de libertad, la de inhabilitación o la de multa. Así se ha previsto por el legislador, además de la apología del terrorismo, para los delitos de tráfico ilícito de drogas [296 CP], contaminación ambiental [304 CP], pánico financiero [249 CP], delito informático [207 CP], abuso de poder económico [232 CP], desaparición forzada 320 CP], falsificación de documentos [427 CP], usura [214 CP], receptación [194 CP], contabilidad paralela [199 CP], entre otros. (…)» A partir de la lectura de la precitada sentencia, es irrefutable que constitucionalmente es permisible la imposición de sanciones compuestas – entiéndase en el presente caso la multa y la suspensión temporal del permiso de pesca – por la comisión de una infracción administrativa, lo cual corresponde netamente a un tema de política represiva para el caso del derecho administrativo sancionador, y ello se justifica en el presente caso, por cuanto los fundamentos para imponer cada una de ellas son distintos, dado que la multa recogida en la ley, busca desincentivar las conductas desplegadas por los administrados, mientras que la suspensión temporal del permiso, lo que hace es salvaguardar los recursos hidrobiológicos protegidos dentro en las cinco millas marinas, lugar donde la demandante tiene prohibido efectuar faenas de pesca, en el mismo sentido la resolución aludida expedida por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, no es un precedente jurisdiccional de observancia obligatoria, correspondiendo adoptar el desarrollo efectuado por el TC respecto a las sanciones complejas; de la misma manera, la demandante no ha cumplido con acreditar que existan precedentes administrativos (en el sentido que determinan o dan por sentado un ECURAY 5 criterio vinculante de cómo resolver a nivel administrativo) por lo que ello tampoco es un argumento válido para declarar fundada la demanda. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIVVVVAAAA Por lo expuesto, no habiendo el demandante desvirtuado el argumento central expuesto y desarrollado de manera acorde por el juzgado de primera instancia: CCCCOOOONNNNFFFFIIIIRRRRMMMMAAAARRRROOOONNNN la sentencia apelada, expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda. En los seguidos por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase en su oportunidad. QUISPE SALSAVILCA SÁNCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO ECURAY 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Poder Judicial Cuarta Sala Contenciosa Administrativa del Perú EEEExxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee :::: 11110000222222224444----2222000011115555----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----CCCCAAAA----11112222 SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa: Si bien el informe emitido por IMARPE mediante le Oficio número DEC-100-102-2014-PRODUCE/IMP1, en su primera conclusión DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee :::: PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... señala ría que no existe en el mercado una ecosonda que permita diferencia si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddoooo :::: MMMMiiiinnnniiiisssstttteeeerrrriiiioooo ddddeeee llllaaaa PPPPrrrroooodddduuuucccccccciiiióóóónnnn.... no es menos cierto que seguidamente ante dicha imposibilidad da F.V. : 21/MAR/2018 (10) soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, siempre que se programe la Resolución número: siete ecoso nda con cier tos umbrales, o cuando la red se encuentra enmallada se podría advertir su presencia cuando se ha recogido el treinta por Lima, diecisiete de abril ciento, y finalmente identificar las tallas que están siendo capturadas resulta mucho más difícil cuando la red no se encuentra enmallada, en de dos mil diecinueve. esta situación, es necesario recoger cerca del setenta por ciento de la red para que los pescadores puedan advertir la presencia de juveniles. En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo; de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal1, interviniendo como juez superior ponente el señor Quispe Salsavilca; PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA Viene en grado de apelación, el recurso interpuesto por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA....2,,,, contra la sentencia de primera instancia expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda3. Formula los siguientes agravios: aaaa.... El juzgado no actuó la prueba ofrecida, no obstante haberla admitido, por lo que la sentencia es nula al existir una deficiencia en su motivación. bbbb.... El juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo, por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, por lo que al no existir autoridad instructora diferenciada debió declararse la nulidad. cccc.... La demandada ha utilizado un formato no autorizado en la resolución 257-2002-PE, debiéndose tener presente que los procedimientos sancionadores son eminentemente formalistas, por lo que debe utilizar el formato autorizado y no el de su libre albedrío. dddd.... El juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012-PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles. eeee.... No hubo intencionalidad de su parte, dado que no existe algún sistema que le permita detectar las zonas en los que se encuentran los cardúmenes en los cuales se localiza la mayor parte de juveniles, por lo que no existe forma científica de determinar las tallas menores. ffff.... Produce no cuenta con un mecanismo específico que permita a los armadores pesqueros el lugar donde se encuentra la talla menor, desprendiéndose de ello que existe una problemática respecto a la pesca, conforme lo desarrolla, por lo que al ser así, debe tenerse en cuenta, los principios de razonabilidad y las circunstancias atenuantes, por lo que no existiendo forma científica de prever la conducta vedada, no es válido imputar una infracción a aquel, que conforme el estado de la ciencia, no se encuentra en capacidad de detectar que su conducta lleva a una infracción administrativa. gggg.... Existe un informe emitido por IMARPE en el año dos mil catorce, en el cual afirma que no existe tecnología para detectar la presencia de juveniles en los cardúmenes. hhhh.... En el presente caso, no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, en el mismo sentido, no se ha tenido en cuenta un fallo favorable expedido por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, en la cual concluye que la sanción 1 Folios 274 del expediente principal. 2 Folios 256 del expediente principal. 3 Folios 197 del expediente principal. ECURAY 1 de treinta días efectivos de pesca no se encuentra sustentada y no se señala cual sería la razonabilidad para su aplicación adicional, en ese sentido existe una doble sanción, por lo que es obligación de la entidad administrativa, determinar razonablemente cual de todas las sanciones debe imponerse al infractor, para determinar razonablemente la sanción a imponer, por lo que en el presente caso únicamente se le pudo imponer una sanción, por lo que en el presente caso al haberse impuesto una multa y suspensión del permiso, constituyen dos sanciones por un mismo hecho, en consecuencia un exceso. iiii.... La sentencia, declara infundada su demanda a pesar de existir precedentes administrativos que le dan la razón y permite la imposición de una multa con evidentes vicios de nulidad que quebrantan diversos principios administrativos, así como la constitución. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.- En resumidas cuentas, corresponde determinar en el presente caso, si resulta adecuada la decisión del juez de primera instancia quien declaró infundada la demanda, pues determinó que: «(…) en autos ha quedado acreditado que la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrraaaallll NNNN°°°° 4444111122225555----2222000000009999----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////DDDDIIIIGGGGSSSSEEEECCCCOOOOVVVVIIII, de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve; y, la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn CCCCoooonnnnsssseeeejjjjoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee SSSSaaaannnncccciiiioooonnnneeeessss NNNNºººº 222266665555----2222000011115555----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////CCCCOOOONNNNAAAASSSS----UUUUTTTT, de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, NNNNOOOO ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeeennnn vicio alguno que acarreen su nulidad, ya que se han emitido conforme a las atribuciones que la ley otorga a la administración, oooobbbbsssseeeerrrrvvvváááánnnnddddoooosssseeee ddddeeee llllaaaassss eeeessssbbbboooozzzzaaaaddddaaaassss rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiioooonnnneeeessss qqqquuuueeee nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaannnn iiiinnnnccccuuuurrrrssssaaaassss eeeennnn ccccaaaauuuussssaaaallll ddddeeee nnnnuuuulllliiiiddddaaaadddd aaaallllgggguuuunnnnaaaa pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa eeeennnn eeeellll aaaarrrrttttííííccccuuuulllloooo 11110000°°°° ddddeeee llllaaaa LLLLeeeeyyyy NNNNºººº 22227777444444444444;;;; siendo de aplicación al presente caso lo normado en el artículo 282° y 196°4 del Código Procesal Civil, así como lo explicitado en el artículo 200°5 del citado código adjetivo que establecen que la carga de la prueba es de quien alega los hechos;;;; por lo que se concluye que los argumentos esgrimidos por el demandante en su escrito de demanda NO son asideros, y corresponde en consecuencia desestimar la demanda interpuesta. (…)»; o si por el contrario, conforme la tesis de la demandante, la sentencia se encuentra indebidamente motivada, no se evaluaron las pruebas de descargo ofrecidas, existió una vulneración al debido procedimiento porque no se diferenció la instancia instructora de la que resolvió, se utilizó un formato no establecido por la norma. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO....---- Contrastando los argumentos formulados en la apelación con los de la sentencia y las pruebas aportadas al proceso, se desprende que la misma debe ser ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddaaaa si se tiene presente lo siguiente: 2222....1111 De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la entidad demandada para sancionar a la empresa administrada, ha basado sus decisiones en mérito al Reporte de Ocurrencias número 032-PSCV6 y al Parte de Muestreo s/n levantado el treinta y uno de marzo de dos mil seis7, a través de los cuales, el inspector de DRPES-ICA, informa que: «se realizó el muestreo biométrico resultando 36.23% juveniles, talla modal 12.0; rango 10.5 cm zona de pesca afuera de infiernillo». 2222....2222 Al respecto, cabe señalar que la demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que enerve la infracción que se le atribuye, debiendo considerarse, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, el Reporte de Ocurrencias y el Parte de Muestreo levantados, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de una actividad administrativa inspectora, por lo que mantienen su eficacia e idoneidad respecto a la infracción detectada que se atribuye a la demandante, en otras palabras, si bien el Reporte 4 Artículo 196° del Código Procesal Civil: ““““SSSSaaaallllvvvvoooo ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn lllleeeeggggaaaallll ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnntttteeee,,,, llllaaaa ccccaaaarrrrggggaaaa ddddeeee pppprrrroooobbbbaaaarrrr ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaannnn ssssuuuu pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn oooo aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn lllloooossss ccccoooonnnnttttrrrraaaaddddiiiicccceeee aaaalllleeeeggggaaaannnnddddoooo nnnnuuuueeeevvvvoooossss hhhheeeecccchhhhoooossss”””” 5 Artículo 200° del Código Procesal Civil: ““““SSSSiiii nnnnoooo sssseeee pppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ssssuuuusssstttteeeennnnttttaaaannnn llllaaaa pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn,,,, llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa sssseeeerrrráááá ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddaaaa iiiinnnnffffuuuunnnnddddaaaaddddaaaa”””” 6 Folios 3 del expediente administrativo. 7 Folios 2 del expediente administrativo. ECURAY 2 de ocurrencias no constituye una prueba plena; sin embargo, su valoración efectuada en base a la apreciación razonada, nos lleva a considerar que éste es emitido por el funcionario facultado por Ley a llevar a cabo la fiscalización de los actos que se relacionan a la actividad pesquera, además que la propia norma le otorgue la calidad de medio probatorio, constatando los hechos que puedan atentar contra la normativa sobre dicha actividad a través de los Reportes de Ocurrencias e Informes Técnicos, convirtiéndose en instrumentos que generan los elementos de juicio conducentes a causar convicción sobre el hecho en discusión, salvo que la demandante adjunte elemento o medio de prueba que desvirtúe lo constado por el funcionario competente, hecho que según lo obrante en autos, no se verifica para el presente caso; de allí que en este caso se acredite la comisión del hecho infractor materia de sanción. 2222....3333 Respecto al argumento reseñado en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll bbbb.... de la parte expositiva de la presente resolución, en el sentido de que el juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, debemos señalar que ello ha sido suficiente desarrollado en la sentencia apelada, citando incluso con la normativa que determina quién es la entidad instructora, conforme se desprende del considerando décimo noveno que señaló: «(…) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO....---- Que, estando a la premisa precedentemente expuesta, se tiene que mediante Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUGE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, estableciéndose en su artículo 80° que: "La Dirección General de Sanciones es el órgano de línea del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, encargado de la apertura v conducción de los procedimientos administrativos sancionadores (…)”. (Subrayado nuestro). Asimismo, el artículo 81° del cuerpo Reglamentario en comento prevé como funciones de la Dirección General de Sanciones las siguientes: "i) iniciar procedimientos administrativos sancionadores y de caducidad por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades pesqueras; ii) conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; iii) imponer sanciones en el marco de! Procedimiento administrativo sancionador; y iv) expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia". Por consiguiente, estando a lo expuesto, no se advierte que en el presente caso la Autoridad Administrativa haya vulnerado el Debido Procedimiento (…)» Argumento, al cual este Colegiado se adscribe, tanto más si se encuentra respaldo por la norma citada por el juez de primera instancia. Aunado a ello debe tenerse presente que el artículo 234 de la LPAG8, establecía q ue: «(…) Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa eeeennnnttttiiiiddddaaaadddd lllloooo ppppeeeerrrrmmmmiiiittttaaaa. (…)» Y en el presente caso, la imputación de cargos se produjo por el ingeniero Manuel Ormeño Morales conforme la notificación efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil seis9, mientras quién resolvió en primera instancia fue el Director General de Seguimiento de Control y Vigilancia, por lo que en atención a ello corresponde desestimar dichos argumentos. 2222....4444 En lo que atañe al argumento expuesto en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll aaaa.... y cccc.... de la parte expositiva, en el sentido de que no se utilizó por parte de la administración, el formato autorizado en la resolución número 257-2002-PE, el juez de primera instancia refiere que «(…) el Formato del Parte de Muestreo aprobado por Resolución Ministerial N° 257-2002-PE contiene 04 partes: (I) Datos Generales, (II) Composición de la Muestra, (III) Composición por Tallas, y (IV) 8 Aplicable por principio de temporalidad. 9 Folios 4 del expediente administrativo. ECURAY 3 Observaciones; ssssiiiieeeennnnddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa ttttoooottttaaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee llllaaaa iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn qqqquuuueeee ddddeeeebbbbííííaaaa sssseeeerrrr ccccoooonnnnssssiiiiggggnnnnaaaaddddaaaa eeeennnn llllaaaassss mmmmiiiissssmmmmaaaassss,,,, sssseeee hhhhaaaallllllllaaaa ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddaaaa eeeennnn eeeellll PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeee MMMMuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo rrrreeeeffffeeeerrrriiiiddddoooo11110000. Circunstancia ésta por la que evidentemente, deviene en intrascendente la inutilización del correspondiente "formato aprobado" en el caso de autos (…)», argumento ciertamente que es razonable, y al cual este Colegiado también se vincula, por lo demás, si aun se siguiera insistiendo en la nulidad del procedimiento porque el parte no es el adecuado, no obstante contener la información requerida y exigida por la norma, debe tenerse presente el principio de eficacia de los actos administrativos11 contenido en el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444 – LPAG, así como el de conservación del acto administrativo12 prescrito en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, que privilegian el fondo sobre la forma del acto; finalmente y en relación a dicho argumento debe tenerse presente que la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE precisa en su numeral 5 que la toma de muestras de producto hidrobiológicos, debe realizarse sobre el ppppeeeessssoooo ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ttttoooottttaaaallll11113333; por lo que la invocada nulidad de la sentencia, al no haber actuado el mérito del informe número 032-2011- PRODUCE/OGTIE-lflores, que entre otras cosas determinaría, conforme lo reseñado por el demandante, que el peso declarado es un indicador referencia que no tiene efecto alguno en Derechos de Pesca, Foncopes y otros reportes en donde se haga referencia a las descargas, nnnnoooo eeeessss rrrreeeelllleeeevvvvaaaannnntttteeee oooo ggggrrrraaaavvvviiiittttaaaannnntttteeee eeeennnn eeeellll pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccaaaassssoooo,,,, ddddaaaaddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa pppprrrrooooppppiiiiaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaa ddddeeee mmmmuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo eeeessssttttaaaabbbblllleeeecccceeee qqqquuuueeee eeeellll ppppeeeessssoooo eeeessss eeeellll ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll aaaarrrrmmmmaaaaddddoooorrrr yyyy ssssoooobbbbrrrreeee eeeellll ccccuuuuaaaallll sssseeee eeeejjjjeeeeccccuuuuttttaaaa llllaaaa ttttoooommmmaaaa ddddeeee llllaaaa mmmmuuuueeeessssttttrrrraaaa, por lo que dicho extremo de los argumentos de la apelación deben ser desestimados. 2222....5555 En lo que atañe al argumento contenido en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll dddd...., en el sentido que el juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012- PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles, debemos tener presente que la comisión de la infracción se produjo el treinta y uno de marzo de dos mil seis14, mientras que la norma invocada fue publicada el cinco de diciembre de dos mil doce, por lo que ciertamente nnnnoooo eeeessss aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee aaaallll ccccaaaassssoooo ccccoooonnnnccccrrrreeeettttoooo,,,, ppppoooorrrr pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooo ddddeeee tttteeeemmmmppppoooorrrraaaalllliiiiddddaaaadddd. 2.6 En lo que concierne a los argumentos contenidos en los lllliiiitttteeeerrrraaaalllleeeessss eeee.... ffff.... yyyy gggg. si bien el informe emitido por IMARPE mediante el Oficio número DEC-100-102-2014- PRODUCE/IMP15, en su primera conclusión señalaría que no existe en el mercado una 10 Negritas nuestras. 11 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 12 Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. (…) 13 Resolución Ministerial N° 257-2002-PE: «(…) 5.- EJECUCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS Plantas con sistema de descarga. Para la toma de muestras, deberá considerarse el peso declarado del total de la captura, debiendo realizarse la primera toma de muestras durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, se realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte de muestreo. 14 Véase el apartado antecedentes numeral 1 de la resolución del Consejo de Apelación de Sanciones número 265-2015-PRODUCE/CONAS de fecha ocho de mayo de dos mil quince a folios 23 del expediente administrativo. (…)» 15 Folios 240 del expediente principal. ECURAY 4 ecosonda que permita diferenciar si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, no es menos cierto, que seguidamente ante dicha imposibilidad da soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee qqqquuuueeee sssseeee pppprrrrooooggggrrrraaaammmmeeee llllaaaa eeeeccccoooossssoooonnnnddddaaaa ccccoooonnnn cccciiiieeeerrrrttttoooossss uuuummmmbbbbrrrraaaalllleeeessss,,,, oooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa sssseeee ppppooooddddrrrrííííaaaa aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr ssssuuuu pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ccccuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee hhhhaaaa rrrreeeeccccooooggggiiiiddddoooo eeeellll ttttrrrreeeeiiiinnnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo,,,, yyyy ffffiiiinnnnaaaallllmmmmeeeennnntttteeee iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr llllaaaassss ttttaaaallllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ssssiiiieeeennnnddddoooo ccccaaaappppttttuuuurrrraaaaddddaaaassss rrrreeeessssuuuullllttttaaaa mmmmuuuucccchhhhoooo mmmmáááássss ddddiiiiffffíííícccciiiillll ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa,,,, eeeennnn eeeessssttttaaaa ssssiiiittttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn,,,, eeeessss nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo rrrreeeeccccooooggggeeeerrrr cccceeeerrrrccccaaaa ddddeeeellll sssseeeetttteeeennnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa rrrreeeedddd ppppaaaarrrraaaa qqqquuuueeee lllloooossss ppppeeeessssccccaaaaddddoooorrrreeeessss ppppuuuueeeeddddaaaannnn aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee jjjjuuuuvvvveeeennnniiiilllleeeessss, siendo así, la imposibilidad de detección no es absoluta como trata de hacer ver la demandante, sino que el propio oficio da las soluciones razonables al caso, de allí que dicho extremo resulte infundado. 2.7 Respecto a lo reseñado en el aaaaccccááááppppiiiitttteeee hhhh.... e iiii.... en el sentido, de que no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, dicha omisión de la administración, en absoluto la perjudica, por el contrario, la beneficia al no haber sido afectada con el recurso hidrobiológico que extrajo por debajo de la talla permitida, aunado a ello, respecto al invocado principio de razonabilidad, en tanto al haber sido multado y también suspendido temporalmente con el permiso de pesca de la embarcación, estaríamos ante una doble sanción, debemos mencionar, que la configuración de la infracción en el presente caso es una de tipo compleja, tal y como el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado este tema en la sentencia recaída en el Expediente número 003-2005-PI/TC, que señaló lo siguiente: «(…) 249. La pena prevista por el legislador en la ley para cada delito se denomina pena abstracta o pena conminada, la cual puede presentarse bajo diversas modalidades. Una de ellas es la pena compuesta: La pena abstracta (...) viene establecida expresamente en el precepto legal de la Parte Especial del Código penal. Esta pena abstracta puede presentar diversas modalidades (...) LLLLllllaaaammmmaaaarrrreeeemmmmoooossss ppppeeeennnnaaaassss ccccuuuummmmuuuullllaaaattttiiiivvvvaaaassss aaaa aaaaqqqquuuuééééllllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ccccoooonnnnssssttttiiiittttuuuuiiiiddddaaaassss ppppoooorrrr llllaaaa aaaaccccuuuummmmuuuullllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee ddddoooossss aaaa mmmmáááássss ppppeeeennnnaaaassss ddddeeee ddddiiiissssttttiiiinnnnttttaaaa nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa qqqquuuueeee ddddeeeebbbbeeeerrrráááánnnn aaaapppplllliiiiccccaaaarrrrsssseeee ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttteeee.... EEEEnnnn eeeesssstttteeee ccccaaaassssoooo nnnnoooo ppppuuuueeeeddddeeee hhhhaaaabbbbllllaaaarrrrsssseeee uuuunnnn uuuunnnnaaaa pppplllluuuurrrraaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee ppppeeeennnnaaaassss ssssiiiinnnnoooo ((((............)))) lllloooo qqqquuuueeee eeeexxxxiiiisssstttteeee rrrreeeeaaaallllmmmmeeeennnntttteeee eeeessss uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa. 250. DDDDaaaaddddoooo eeeellll ccccoooonnnncccceeeeppppttttoooo ddddeeee ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn yyyy ddddeeee ppppeeeennnnaaaa,,,, uuuunnnnaaaa ssssoooollllaaaa ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaarrrr llllaaaa rrrreeeessssttttrrrriiiicccccccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnn bbbbiiiieeeennnn jjjjuuuurrrrííííddddiiiiccccoooo,,,, ddddeeee mmmmooooddddoooo ttttaaaallll qqqquuuueeee ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaarrrrsssseeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa ssssiiiinnnn qqqquuuueeee eeeelllllllloooo iiiimmmmpppplllliiiiqqqquuuueeee llllaaaa iiiimmmmppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa. En nuestro ordenamiento, según el Código Penal, las penas pueden ser: 1) privativa de libertad, 2) restrictiva de libertad, 3) limitativa de derechos o 4) multa. En atención a dicha variedad de penas que ha previsto la Parte General del Código Penal, el legislador puede configurar para determinado delito una reacción penal que se exprese a través de más de una manifestación, estableciéndose, por ejemplo, además de la pena privativa de libertad, la de inhabilitación o la de multa. Así se ha previsto por el legislador, además de la apología del terrorismo, para los delitos de tráfico ilícito de drogas [296 CP], contaminación ambiental [304 CP], pánico financiero [249 CP], delito informático [207 CP], abuso de poder económico [232 CP], desaparición forzada 320 CP], falsificación de documentos [427 CP], usura [214 CP], receptación [194 CP], contabilidad paralela [199 CP], entre otros. (…)» A partir de la lectura de la precitada sentencia, es irrefutable que constitucionalmente es permisible la imposición de sanciones compuestas – entiéndase en el presente caso la multa y la suspensión temporal del permiso de pesca – por la comisión de una infracción administrativa, lo cual corresponde netamente a un tema de política represiva para el caso del derecho administrativo sancionador, y ello se justifica en el presente caso, por cuanto los fundamentos para imponer cada una de ellas son distintos, dado que la multa recogida en la ley, busca desincentivar las conductas desplegadas por los administrados, mientras que la suspensión temporal del permiso, lo que hace es salvaguardar los recursos hidrobiológicos protegidos dentro en las cinco millas marinas, lugar donde la demandante tiene prohibido efectuar faenas de pesca, en el mismo sentido la resolución aludida expedida por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, no es un precedente jurisdiccional de observancia obligatoria, correspondiendo adoptar el desarrollo efectuado por el TC respecto a las sanciones complejas; de la misma manera, la demandante no ha cumplido con acreditar que existan precedentes administrativos (en el sentido que determinan o dan por sentado un ECURAY 5 criterio vinculante de cómo resolver a nivel administrativo) por lo que ello tampoco es un argumento válido para declarar fundada la demanda. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIVVVVAAAA Por lo expuesto, no habiendo el demandante desvirtuado el argumento central expuesto y desarrollado de manera acorde por el juzgado de primera instancia: CCCCOOOONNNNFFFFIIIIRRRRMMMMAAAARRRROOOONNNN la sentencia apelada, expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda. En los seguidos por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase en su oportunidad. QUISPE SALSAVILCA SÁNCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO ECURAY 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Poder Judicial Cuarta Sala Contenciosa Administrativa del Perú EEEExxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee :::: 11110000222222224444----2222000011115555----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----CCCCAAAA----11112222 SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa: Si bien el informe emitido por IMARPE mediante le Oficio número DEC-100-102-2014-PRODUCE/IMP1, en su primera conclusión DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee :::: PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... señala ría que no existe en el mercado una ecosonda que permita diferencia si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddoooo :::: MMMMiiiinnnniiiisssstttteeeerrrriiiioooo ddddeeee llllaaaa PPPPrrrroooodddduuuucccccccciiiióóóónnnn.... no es menos cierto que seguidamente ante dicha imposibilidad da F.V. : 21/MAR/2018 (10) soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, siempre que se programe la Resolución número: siete ecoso nda con cier tos umbrales, o cuando la red se encuentra enmallada se podría advertir su presencia cuando se ha recogido el treinta por Lima, diecisiete de abril ciento, y finalmente identificar las tallas que están siendo capturadas resulta mucho más difícil cuando la red no se encuentra enmallada, en de dos mil diecinueve. esta situación, es necesario recoger cerca del setenta por ciento de la red para que los pescadores puedan advertir la presencia de juveniles. En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo; de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal1, interviniendo como juez superior ponente el señor Quispe Salsavilca; PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA Viene en grado de apelación, el recurso interpuesto por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA....2,,,, contra la sentencia de primera instancia expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda3. Formula los siguientes agravios: aaaa.... El juzgado no actuó la prueba ofrecida, no obstante haberla admitido, por lo que la sentencia es nula al existir una deficiencia en su motivación. bbbb.... El juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo, por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, por lo que al no existir autoridad instructora diferenciada debió declararse la nulidad. cccc.... La demandada ha utilizado un formato no autorizado en la resolución 257-2002-PE, debiéndose tener presente que los procedimientos sancionadores son eminentemente formalistas, por lo que debe utilizar el formato autorizado y no el de su libre albedrío. dddd.... El juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012-PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles. eeee.... No hubo intencionalidad de su parte, dado que no existe algún sistema que le permita detectar las zonas en los que se encuentran los cardúmenes en los cuales se localiza la mayor parte de juveniles, por lo que no existe forma científica de determinar las tallas menores. ffff.... Produce no cuenta con un mecanismo específico que permita a los armadores pesqueros el lugar donde se encuentra la talla menor, desprendiéndose de ello que existe una problemática respecto a la pesca, conforme lo desarrolla, por lo que al ser así, debe tenerse en cuenta, los principios de razonabilidad y las circunstancias atenuantes, por lo que no existiendo forma científica de prever la conducta vedada, no es válido imputar una infracción a aquel, que conforme el estado de la ciencia, no se encuentra en capacidad de detectar que su conducta lleva a una infracción administrativa. gggg.... Existe un informe emitido por IMARPE en el año dos mil catorce, en el cual afirma que no existe tecnología para detectar la presencia de juveniles en los cardúmenes. hhhh.... En el presente caso, no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, en el mismo sentido, no se ha tenido en cuenta un fallo favorable expedido por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, en la cual concluye que la sanción 1 Folios 274 del expediente principal. 2 Folios 256 del expediente principal. 3 Folios 197 del expediente principal. ECURAY 1 de treinta días efectivos de pesca no se encuentra sustentada y no se señala cual sería la razonabilidad para su aplicación adicional, en ese sentido existe una doble sanción, por lo que es obligación de la entidad administrativa, determinar razonablemente cual de todas las sanciones debe imponerse al infractor, para determinar razonablemente la sanción a imponer, por lo que en el presente caso únicamente se le pudo imponer una sanción, por lo que en el presente caso al haberse impuesto una multa y suspensión del permiso, constituyen dos sanciones por un mismo hecho, en consecuencia un exceso. iiii.... La sentencia, declara infundada su demanda a pesar de existir precedentes administrativos que le dan la razón y permite la imposición de una multa con evidentes vicios de nulidad que quebrantan diversos principios administrativos, así como la constitución. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.- En resumidas cuentas, corresponde determinar en el presente caso, si resulta adecuada la decisión del juez de primera instancia quien declaró infundada la demanda, pues determinó que: «(…) en autos ha quedado acreditado que la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrraaaallll NNNN°°°° 4444111122225555----2222000000009999----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////DDDDIIIIGGGGSSSSEEEECCCCOOOOVVVVIIII, de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve; y, la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn CCCCoooonnnnsssseeeejjjjoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee SSSSaaaannnncccciiiioooonnnneeeessss NNNNºººº 222266665555----2222000011115555----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////CCCCOOOONNNNAAAASSSS----UUUUTTTT, de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, NNNNOOOO ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeeennnn vicio alguno que acarreen su nulidad, ya que se han emitido conforme a las atribuciones que la ley otorga a la administración, oooobbbbsssseeeerrrrvvvváááánnnnddddoooosssseeee ddddeeee llllaaaassss eeeessssbbbboooozzzzaaaaddddaaaassss rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiioooonnnneeeessss qqqquuuueeee nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaannnn iiiinnnnccccuuuurrrrssssaaaassss eeeennnn ccccaaaauuuussssaaaallll ddddeeee nnnnuuuulllliiiiddddaaaadddd aaaallllgggguuuunnnnaaaa pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa eeeennnn eeeellll aaaarrrrttttííííccccuuuulllloooo 11110000°°°° ddddeeee llllaaaa LLLLeeeeyyyy NNNNºººº 22227777444444444444;;;; siendo de aplicación al presente caso lo normado en el artículo 282° y 196°4 del Código Procesal Civil, así como lo explicitado en el artículo 200°5 del citado código adjetivo que establecen que la carga de la prueba es de quien alega los hechos;;;; por lo que se concluye que los argumentos esgrimidos por el demandante en su escrito de demanda NO son asideros, y corresponde en consecuencia desestimar la demanda interpuesta. (…)»; o si por el contrario, conforme la tesis de la demandante, la sentencia se encuentra indebidamente motivada, no se evaluaron las pruebas de descargo ofrecidas, existió una vulneración al debido procedimiento porque no se diferenció la instancia instructora de la que resolvió, se utilizó un formato no establecido por la norma. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO....---- Contrastando los argumentos formulados en la apelación con los de la sentencia y las pruebas aportadas al proceso, se desprende que la misma debe ser ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddaaaa si se tiene presente lo siguiente: 2222....1111 De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la entidad demandada para sancionar a la empresa administrada, ha basado sus decisiones en mérito al Reporte de Ocurrencias número 032-PSCV6 y al Parte de Muestreo s/n levantado el treinta y uno de marzo de dos mil seis7, a través de los cuales, el inspector de DRPES-ICA, informa que: «se realizó el muestreo biométrico resultando 36.23% juveniles, talla modal 12.0; rango 10.5 cm zona de pesca afuera de infiernillo». 2222....2222 Al respecto, cabe señalar que la demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que enerve la infracción que se le atribuye, debiendo considerarse, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, el Reporte de Ocurrencias y el Parte de Muestreo levantados, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de una actividad administrativa inspectora, por lo que mantienen su eficacia e idoneidad respecto a la infracción detectada que se atribuye a la demandante, en otras palabras, si bien el Reporte 4 Artículo 196° del Código Procesal Civil: ““““SSSSaaaallllvvvvoooo ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn lllleeeeggggaaaallll ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnntttteeee,,,, llllaaaa ccccaaaarrrrggggaaaa ddddeeee pppprrrroooobbbbaaaarrrr ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaannnn ssssuuuu pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn oooo aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn lllloooossss ccccoooonnnnttttrrrraaaaddddiiiicccceeee aaaalllleeeeggggaaaannnnddddoooo nnnnuuuueeeevvvvoooossss hhhheeeecccchhhhoooossss”””” 5 Artículo 200° del Código Procesal Civil: ““““SSSSiiii nnnnoooo sssseeee pppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ssssuuuusssstttteeeennnnttttaaaannnn llllaaaa pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn,,,, llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa sssseeeerrrráááá ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddaaaa iiiinnnnffffuuuunnnnddddaaaaddddaaaa”””” 6 Folios 3 del expediente administrativo. 7 Folios 2 del expediente administrativo. ECURAY 2 de ocurrencias no constituye una prueba plena; sin embargo, su valoración efectuada en base a la apreciación razonada, nos lleva a considerar que éste es emitido por el funcionario facultado por Ley a llevar a cabo la fiscalización de los actos que se relacionan a la actividad pesquera, además que la propia norma le otorgue la calidad de medio probatorio, constatando los hechos que puedan atentar contra la normativa sobre dicha actividad a través de los Reportes de Ocurrencias e Informes Técnicos, convirtiéndose en instrumentos que generan los elementos de juicio conducentes a causar convicción sobre el hecho en discusión, salvo que la demandante adjunte elemento o medio de prueba que desvirtúe lo constado por el funcionario competente, hecho que según lo obrante en autos, no se verifica para el presente caso; de allí que en este caso se acredite la comisión del hecho infractor materia de sanción. 2222....3333 Respecto al argumento reseñado en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll bbbb.... de la parte expositiva de la presente resolución, en el sentido de que el juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, debemos señalar que ello ha sido suficiente desarrollado en la sentencia apelada, citando incluso con la normativa que determina quién es la entidad instructora, conforme se desprende del considerando décimo noveno que señaló: «(…) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO....---- Que, estando a la premisa precedentemente expuesta, se tiene que mediante Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUGE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, estableciéndose en su artículo 80° que: "La Dirección General de Sanciones es el órgano de línea del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, encargado de la apertura v conducción de los procedimientos administrativos sancionadores (…)”. (Subrayado nuestro). Asimismo, el artículo 81° del cuerpo Reglamentario en comento prevé como funciones de la Dirección General de Sanciones las siguientes: "i) iniciar procedimientos administrativos sancionadores y de caducidad por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades pesqueras; ii) conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; iii) imponer sanciones en el marco de! Procedimiento administrativo sancionador; y iv) expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia". Por consiguiente, estando a lo expuesto, no se advierte que en el presente caso la Autoridad Administrativa haya vulnerado el Debido Procedimiento (…)» Argumento, al cual este Colegiado se adscribe, tanto más si se encuentra respaldo por la norma citada por el juez de primera instancia. Aunado a ello debe tenerse presente que el artículo 234 de la LPAG8, establecía q ue: «(…) Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa eeeennnnttttiiiiddddaaaadddd lllloooo ppppeeeerrrrmmmmiiiittttaaaa. (…)» Y en el presente caso, la imputación de cargos se produjo por el ingeniero Manuel Ormeño Morales conforme la notificación efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil seis9, mientras quién resolvió en primera instancia fue el Director General de Seguimiento de Control y Vigilancia, por lo que en atención a ello corresponde desestimar dichos argumentos. 2222....4444 En lo que atañe al argumento expuesto en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll aaaa.... y cccc.... de la parte expositiva, en el sentido de que no se utilizó por parte de la administración, el formato autorizado en la resolución número 257-2002-PE, el juez de primera instancia refiere que «(…) el Formato del Parte de Muestreo aprobado por Resolución Ministerial N° 257-2002-PE contiene 04 partes: (I) Datos Generales, (II) Composición de la Muestra, (III) Composición por Tallas, y (IV) 8 Aplicable por principio de temporalidad. 9 Folios 4 del expediente administrativo. ECURAY 3 Observaciones; ssssiiiieeeennnnddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa ttttoooottttaaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee llllaaaa iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn qqqquuuueeee ddddeeeebbbbííííaaaa sssseeeerrrr ccccoooonnnnssssiiiiggggnnnnaaaaddddaaaa eeeennnn llllaaaassss mmmmiiiissssmmmmaaaassss,,,, sssseeee hhhhaaaallllllllaaaa ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddaaaa eeeennnn eeeellll PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeee MMMMuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo rrrreeeeffffeeeerrrriiiiddddoooo11110000. Circunstancia ésta por la que evidentemente, deviene en intrascendente la inutilización del correspondiente "formato aprobado" en el caso de autos (…)», argumento ciertamente que es razonable, y al cual este Colegiado también se vincula, por lo demás, si aun se siguiera insistiendo en la nulidad del procedimiento porque el parte no es el adecuado, no obstante contener la información requerida y exigida por la norma, debe tenerse presente el principio de eficacia de los actos administrativos11 contenido en el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444 – LPAG, así como el de conservación del acto administrativo12 prescrito en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, que privilegian el fondo sobre la forma del acto; finalmente y en relación a dicho argumento debe tenerse presente que la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE precisa en su numeral 5 que la toma de muestras de producto hidrobiológicos, debe realizarse sobre el ppppeeeessssoooo ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ttttoooottttaaaallll11113333; por lo que la invocada nulidad de la sentencia, al no haber actuado el mérito del informe número 032-2011- PRODUCE/OGTIE-lflores, que entre otras cosas determinaría, conforme lo reseñado por el demandante, que el peso declarado es un indicador referencia que no tiene efecto alguno en Derechos de Pesca, Foncopes y otros reportes en donde se haga referencia a las descargas, nnnnoooo eeeessss rrrreeeelllleeeevvvvaaaannnntttteeee oooo ggggrrrraaaavvvviiiittttaaaannnntttteeee eeeennnn eeeellll pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccaaaassssoooo,,,, ddddaaaaddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa pppprrrrooooppppiiiiaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaa ddddeeee mmmmuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo eeeessssttttaaaabbbblllleeeecccceeee qqqquuuueeee eeeellll ppppeeeessssoooo eeeessss eeeellll ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll aaaarrrrmmmmaaaaddddoooorrrr yyyy ssssoooobbbbrrrreeee eeeellll ccccuuuuaaaallll sssseeee eeeejjjjeeeeccccuuuuttttaaaa llllaaaa ttttoooommmmaaaa ddddeeee llllaaaa mmmmuuuueeeessssttttrrrraaaa, por lo que dicho extremo de los argumentos de la apelación deben ser desestimados. 2222....5555 En lo que atañe al argumento contenido en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll dddd...., en el sentido que el juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012- PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles, debemos tener presente que la comisión de la infracción se produjo el treinta y uno de marzo de dos mil seis14, mientras que la norma invocada fue publicada el cinco de diciembre de dos mil doce, por lo que ciertamente nnnnoooo eeeessss aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee aaaallll ccccaaaassssoooo ccccoooonnnnccccrrrreeeettttoooo,,,, ppppoooorrrr pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooo ddddeeee tttteeeemmmmppppoooorrrraaaalllliiiiddddaaaadddd. 2.6 En lo que concierne a los argumentos contenidos en los lllliiiitttteeeerrrraaaalllleeeessss eeee.... ffff.... yyyy gggg. si bien el informe emitido por IMARPE mediante el Oficio número DEC-100-102-2014- PRODUCE/IMP15, en su primera conclusión señalaría que no existe en el mercado una 10 Negritas nuestras. 11 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 12 Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. (…) 13 Resolución Ministerial N° 257-2002-PE: «(…) 5.- EJECUCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS Plantas con sistema de descarga. Para la toma de muestras, deberá considerarse el peso declarado del total de la captura, debiendo realizarse la primera toma de muestras durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, se realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte de muestreo. 14 Véase el apartado antecedentes numeral 1 de la resolución del Consejo de Apelación de Sanciones número 265-2015-PRODUCE/CONAS de fecha ocho de mayo de dos mil quince a folios 23 del expediente administrativo. (…)» 15 Folios 240 del expediente principal. ECURAY 4 ecosonda que permita diferenciar si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, no es menos cierto, que seguidamente ante dicha imposibilidad da soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee qqqquuuueeee sssseeee pppprrrrooooggggrrrraaaammmmeeee llllaaaa eeeeccccoooossssoooonnnnddddaaaa ccccoooonnnn cccciiiieeeerrrrttttoooossss uuuummmmbbbbrrrraaaalllleeeessss,,,, oooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa sssseeee ppppooooddddrrrrííííaaaa aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr ssssuuuu pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ccccuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee hhhhaaaa rrrreeeeccccooooggggiiiiddddoooo eeeellll ttttrrrreeeeiiiinnnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo,,,, yyyy ffffiiiinnnnaaaallllmmmmeeeennnntttteeee iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr llllaaaassss ttttaaaallllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ssssiiiieeeennnnddddoooo ccccaaaappppttttuuuurrrraaaaddddaaaassss rrrreeeessssuuuullllttttaaaa mmmmuuuucccchhhhoooo mmmmáááássss ddddiiiiffffíííícccciiiillll ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa,,,, eeeennnn eeeessssttttaaaa ssssiiiittttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn,,,, eeeessss nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo rrrreeeeccccooooggggeeeerrrr cccceeeerrrrccccaaaa ddddeeeellll sssseeeetttteeeennnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa rrrreeeedddd ppppaaaarrrraaaa qqqquuuueeee lllloooossss ppppeeeessssccccaaaaddddoooorrrreeeessss ppppuuuueeeeddddaaaannnn aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee jjjjuuuuvvvveeeennnniiiilllleeeessss, siendo así, la imposibilidad de detección no es absoluta como trata de hacer ver la demandante, sino que el propio oficio da las soluciones razonables al caso, de allí que dicho extremo resulte infundado. 2.7 Respecto a lo reseñado en el aaaaccccááááppppiiiitttteeee hhhh.... e iiii.... en el sentido, de que no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, dicha omisión de la administración, en absoluto la perjudica, por el contrario, la beneficia al no haber sido afectada con el recurso hidrobiológico que extrajo por debajo de la talla permitida, aunado a ello, respecto al invocado principio de razonabilidad, en tanto al haber sido multado y también suspendido temporalmente con el permiso de pesca de la embarcación, estaríamos ante una doble sanción, debemos mencionar, que la configuración de la infracción en el presente caso es una de tipo compleja, tal y como el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado este tema en la sentencia recaída en el Expediente número 003-2005-PI/TC, que señaló lo siguiente: «(…) 249. La pena prevista por el legislador en la ley para cada delito se denomina pena abstracta o pena conminada, la cual puede presentarse bajo diversas modalidades. Una de ellas es la pena compuesta: La pena abstracta (...) viene establecida expresamente en el precepto legal de la Parte Especial del Código penal. Esta pena abstracta puede presentar diversas modalidades (...) LLLLllllaaaammmmaaaarrrreeeemmmmoooossss ppppeeeennnnaaaassss ccccuuuummmmuuuullllaaaattttiiiivvvvaaaassss aaaa aaaaqqqquuuuééééllllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ccccoooonnnnssssttttiiiittttuuuuiiiiddddaaaassss ppppoooorrrr llllaaaa aaaaccccuuuummmmuuuullllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee ddddoooossss aaaa mmmmáááássss ppppeeeennnnaaaassss ddddeeee ddddiiiissssttttiiiinnnnttttaaaa nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa qqqquuuueeee ddddeeeebbbbeeeerrrráááánnnn aaaapppplllliiiiccccaaaarrrrsssseeee ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttteeee.... EEEEnnnn eeeesssstttteeee ccccaaaassssoooo nnnnoooo ppppuuuueeeeddddeeee hhhhaaaabbbbllllaaaarrrrsssseeee uuuunnnn uuuunnnnaaaa pppplllluuuurrrraaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee ppppeeeennnnaaaassss ssssiiiinnnnoooo ((((............)))) lllloooo qqqquuuueeee eeeexxxxiiiisssstttteeee rrrreeeeaaaallllmmmmeeeennnntttteeee eeeessss uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa. 250. DDDDaaaaddddoooo eeeellll ccccoooonnnncccceeeeppppttttoooo ddddeeee ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn yyyy ddddeeee ppppeeeennnnaaaa,,,, uuuunnnnaaaa ssssoooollllaaaa ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaarrrr llllaaaa rrrreeeessssttttrrrriiiicccccccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnn bbbbiiiieeeennnn jjjjuuuurrrrííííddddiiiiccccoooo,,,, ddddeeee mmmmooooddddoooo ttttaaaallll qqqquuuueeee ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaarrrrsssseeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa ssssiiiinnnn qqqquuuueeee eeeelllllllloooo iiiimmmmpppplllliiiiqqqquuuueeee llllaaaa iiiimmmmppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa. En nuestro ordenamiento, según el Código Penal, las penas pueden ser: 1) privativa de libertad, 2) restrictiva de libertad, 3) limitativa de derechos o 4) multa. En atención a dicha variedad de penas que ha previsto la Parte General del Código Penal, el legislador puede configurar para determinado delito una reacción penal que se exprese a través de más de una manifestación, estableciéndose, por ejemplo, además de la pena privativa de libertad, la de inhabilitación o la de multa. Así se ha previsto por el legislador, además de la apología del terrorismo, para los delitos de tráfico ilícito de drogas [296 CP], contaminación ambiental [304 CP], pánico financiero [249 CP], delito informático [207 CP], abuso de poder económico [232 CP], desaparición forzada 320 CP], falsificación de documentos [427 CP], usura [214 CP], receptación [194 CP], contabilidad paralela [199 CP], entre otros. (…)» A partir de la lectura de la precitada sentencia, es irrefutable que constitucionalmente es permisible la imposición de sanciones compuestas – entiéndase en el presente caso la multa y la suspensión temporal del permiso de pesca – por la comisión de una infracción administrativa, lo cual corresponde netamente a un tema de política represiva para el caso del derecho administrativo sancionador, y ello se justifica en el presente caso, por cuanto los fundamentos para imponer cada una de ellas son distintos, dado que la multa recogida en la ley, busca desincentivar las conductas desplegadas por los administrados, mientras que la suspensión temporal del permiso, lo que hace es salvaguardar los recursos hidrobiológicos protegidos dentro en las cinco millas marinas, lugar donde la demandante tiene prohibido efectuar faenas de pesca, en el mismo sentido la resolución aludida expedida por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, no es un precedente jurisdiccional de observancia obligatoria, correspondiendo adoptar el desarrollo efectuado por el TC respecto a las sanciones complejas; de la misma manera, la demandante no ha cumplido con acreditar que existan precedentes administrativos (en el sentido que determinan o dan por sentado un ECURAY 5 criterio vinculante de cómo resolver a nivel administrativo) por lo que ello tampoco es un argumento válido para declarar fundada la demanda. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIVVVVAAAA Por lo expuesto, no habiendo el demandante desvirtuado el argumento central expuesto y desarrollado de manera acorde por el juzgado de primera instancia: CCCCOOOONNNNFFFFIIIIRRRRMMMMAAAARRRROOOONNNN la sentencia apelada, expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda. En los seguidos por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase en su oportunidad. QUISPE SALSAVILCA SÁNCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO ECURAY 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Poder Judicial Cuarta Sala Contenciosa Administrativa del Perú EEEExxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee :::: 11110000222222224444----2222000011115555----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----CCCCAAAA----11112222 SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa: Si bien el informe emitido por IMARPE mediante le Oficio número DEC-100-102-2014-PRODUCE/IMP1, en su primera conclusión DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee :::: PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... señala ría que no existe en el mercado una ecosonda que permita diferencia si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddoooo :::: MMMMiiiinnnniiiisssstttteeeerrrriiiioooo ddddeeee llllaaaa PPPPrrrroooodddduuuucccccccciiiióóóónnnn.... no es menos cierto que seguidamente ante dicha imposibilidad da F.V. : 21/MAR/2018 (10) soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, siempre que se programe la Resolución número: siete ecoso nda con cier tos umbrales, o cuando la red se encuentra enmallada se podría advertir su presencia cuando se ha recogido el treinta por Lima, diecisiete de abril ciento, y finalmente identificar las tallas que están siendo capturadas resulta mucho más difícil cuando la red no se encuentra enmallada, en de dos mil diecinueve. esta situación, es necesario recoger cerca del setenta por ciento de la red para que los pescadores puedan advertir la presencia de juveniles. En el trámite de apelación de sentencia con efecto suspensivo; de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal1, interviniendo como juez superior ponente el señor Quispe Salsavilca; PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA Viene en grado de apelación, el recurso interpuesto por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA....2,,,, contra la sentencia de primera instancia expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda3. Formula los siguientes agravios: aaaa.... El juzgado no actuó la prueba ofrecida, no obstante haberla admitido, por lo que la sentencia es nula al existir una deficiencia en su motivación. bbbb.... El juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo, por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, por lo que al no existir autoridad instructora diferenciada debió declararse la nulidad. cccc.... La demandada ha utilizado un formato no autorizado en la resolución 257-2002-PE, debiéndose tener presente que los procedimientos sancionadores son eminentemente formalistas, por lo que debe utilizar el formato autorizado y no el de su libre albedrío. dddd.... El juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012-PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles. eeee.... No hubo intencionalidad de su parte, dado que no existe algún sistema que le permita detectar las zonas en los que se encuentran los cardúmenes en los cuales se localiza la mayor parte de juveniles, por lo que no existe forma científica de determinar las tallas menores. ffff.... Produce no cuenta con un mecanismo específico que permita a los armadores pesqueros el lugar donde se encuentra la talla menor, desprendiéndose de ello que existe una problemática respecto a la pesca, conforme lo desarrolla, por lo que al ser así, debe tenerse en cuenta, los principios de razonabilidad y las circunstancias atenuantes, por lo que no existiendo forma científica de prever la conducta vedada, no es válido imputar una infracción a aquel, que conforme el estado de la ciencia, no se encuentra en capacidad de detectar que su conducta lleva a una infracción administrativa. gggg.... Existe un informe emitido por IMARPE en el año dos mil catorce, en el cual afirma que no existe tecnología para detectar la presencia de juveniles en los cardúmenes. hhhh.... En el presente caso, no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, en el mismo sentido, no se ha tenido en cuenta un fallo favorable expedido por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, en la cual concluye que la sanción 1 Folios 274 del expediente principal. 2 Folios 256 del expediente principal. 3 Folios 197 del expediente principal. ECURAY 1 de treinta días efectivos de pesca no se encuentra sustentada y no se señala cual sería la razonabilidad para su aplicación adicional, en ese sentido existe una doble sanción, por lo que es obligación de la entidad administrativa, determinar razonablemente cual de todas las sanciones debe imponerse al infractor, para determinar razonablemente la sanción a imponer, por lo que en el presente caso únicamente se le pudo imponer una sanción, por lo que en el presente caso al haberse impuesto una multa y suspensión del permiso, constituyen dos sanciones por un mismo hecho, en consecuencia un exceso. iiii.... La sentencia, declara infundada su demanda a pesar de existir precedentes administrativos que le dan la razón y permite la imposición de una multa con evidentes vicios de nulidad que quebrantan diversos principios administrativos, así como la constitución. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO.- En resumidas cuentas, corresponde determinar en el presente caso, si resulta adecuada la decisión del juez de primera instancia quien declaró infundada la demanda, pues determinó que: «(…) en autos ha quedado acreditado que la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrraaaallll NNNN°°°° 4444111122225555----2222000000009999----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////DDDDIIIIGGGGSSSSEEEECCCCOOOOVVVVIIII, de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve; y, la RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn CCCCoooonnnnsssseeeejjjjoooo ddddeeee AAAAppppeeeellllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee SSSSaaaannnncccciiiioooonnnneeeessss NNNNºººº 222266665555----2222000011115555----PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCEEEE////CCCCOOOONNNNAAAASSSS----UUUUTTTT, de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, NNNNOOOO ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeeennnn vicio alguno que acarreen su nulidad, ya que se han emitido conforme a las atribuciones que la ley otorga a la administración, oooobbbbsssseeeerrrrvvvváááánnnnddddoooosssseeee ddddeeee llllaaaassss eeeessssbbbboooozzzzaaaaddddaaaassss rrrreeeessssoooolllluuuucccciiiioooonnnneeeessss qqqquuuueeee nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaannnn iiiinnnnccccuuuurrrrssssaaaassss eeeennnn ccccaaaauuuussssaaaallll ddddeeee nnnnuuuulllliiiiddddaaaadddd aaaallllgggguuuunnnnaaaa pppprrrreeeevvvviiiissssttttaaaa eeeennnn eeeellll aaaarrrrttttííííccccuuuulllloooo 11110000°°°° ddddeeee llllaaaa LLLLeeeeyyyy NNNNºººº 22227777444444444444;;;; siendo de aplicación al presente caso lo normado en el artículo 282° y 196°4 del Código Procesal Civil, así como lo explicitado en el artículo 200°5 del citado código adjetivo que establecen que la carga de la prueba es de quien alega los hechos;;;; por lo que se concluye que los argumentos esgrimidos por el demandante en su escrito de demanda NO son asideros, y corresponde en consecuencia desestimar la demanda interpuesta. (…)»; o si por el contrario, conforme la tesis de la demandante, la sentencia se encuentra indebidamente motivada, no se evaluaron las pruebas de descargo ofrecidas, existió una vulneración al debido procedimiento porque no se diferenció la instancia instructora de la que resolvió, se utilizó un formato no establecido por la norma. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO....---- Contrastando los argumentos formulados en la apelación con los de la sentencia y las pruebas aportadas al proceso, se desprende que la misma debe ser ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddaaaa si se tiene presente lo siguiente: 2222....1111 De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la entidad demandada para sancionar a la empresa administrada, ha basado sus decisiones en mérito al Reporte de Ocurrencias número 032-PSCV6 y al Parte de Muestreo s/n levantado el treinta y uno de marzo de dos mil seis7, a través de los cuales, el inspector de DRPES-ICA, informa que: «se realizó el muestreo biométrico resultando 36.23% juveniles, talla modal 12.0; rango 10.5 cm zona de pesca afuera de infiernillo». 2222....2222 Al respecto, cabe señalar que la demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que enerve la infracción que se le atribuye, debiendo considerarse, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, el Reporte de Ocurrencias y el Parte de Muestreo levantados, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de una actividad administrativa inspectora, por lo que mantienen su eficacia e idoneidad respecto a la infracción detectada que se atribuye a la demandante, en otras palabras, si bien el Reporte 4 Artículo 196° del Código Procesal Civil: ““““SSSSaaaallllvvvvoooo ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn lllleeeeggggaaaallll ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnntttteeee,,,, llllaaaa ccccaaaarrrrggggaaaa ddddeeee pppprrrroooobbbbaaaarrrr ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaannnn ssssuuuu pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn oooo aaaa qqqquuuuiiiieeeennnn lllloooossss ccccoooonnnnttttrrrraaaaddddiiiicccceeee aaaalllleeeeggggaaaannnnddddoooo nnnnuuuueeeevvvvoooossss hhhheeeecccchhhhoooossss”””” 5 Artículo 200° del Código Procesal Civil: ““““SSSSiiii nnnnoooo sssseeee pppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn lllloooossss hhhheeeecccchhhhoooossss qqqquuuueeee ssssuuuusssstttteeeennnnttttaaaannnn llllaaaa pppprrrreeeetttteeeennnnssssiiiióóóónnnn,,,, llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa sssseeeerrrráááá ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddaaaa iiiinnnnffffuuuunnnnddddaaaaddddaaaa”””” 6 Folios 3 del expediente administrativo. 7 Folios 2 del expediente administrativo. ECURAY 2 de ocurrencias no constituye una prueba plena; sin embargo, su valoración efectuada en base a la apreciación razonada, nos lleva a considerar que éste es emitido por el funcionario facultado por Ley a llevar a cabo la fiscalización de los actos que se relacionan a la actividad pesquera, además que la propia norma le otorgue la calidad de medio probatorio, constatando los hechos que puedan atentar contra la normativa sobre dicha actividad a través de los Reportes de Ocurrencias e Informes Técnicos, convirtiéndose en instrumentos que generan los elementos de juicio conducentes a causar convicción sobre el hecho en discusión, salvo que la demandante adjunte elemento o medio de prueba que desvirtúe lo constado por el funcionario competente, hecho que según lo obrante en autos, no se verifica para el presente caso; de allí que en este caso se acredite la comisión del hecho infractor materia de sanción. 2222....3333 Respecto al argumento reseñado en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll bbbb.... de la parte expositiva de la presente resolución, en el sentido de que el juzgado desestima el hecho que no participó autoridad diferenciada en el procedimiento administrativo sancionador, sin embargo por dicho supuesto ha declarado la nulidad en otros procedimientos, debemos señalar que ello ha sido suficiente desarrollado en la sentencia apelada, citando incluso con la normativa que determina quién es la entidad instructora, conforme se desprende del considerando décimo noveno que señaló: «(…) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO....---- Que, estando a la premisa precedentemente expuesta, se tiene que mediante Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUGE, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, estableciéndose en su artículo 80° que: "La Dirección General de Sanciones es el órgano de línea del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, encargado de la apertura v conducción de los procedimientos administrativos sancionadores (…)”. (Subrayado nuestro). Asimismo, el artículo 81° del cuerpo Reglamentario en comento prevé como funciones de la Dirección General de Sanciones las siguientes: "i) iniciar procedimientos administrativos sancionadores y de caducidad por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades pesqueras; ii) conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; iii) imponer sanciones en el marco de! Procedimiento administrativo sancionador; y iv) expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia". Por consiguiente, estando a lo expuesto, no se advierte que en el presente caso la Autoridad Administrativa haya vulnerado el Debido Procedimiento (…)» Argumento, al cual este Colegiado se adscribe, tanto más si se encuentra respaldo por la norma citada por el juez de primera instancia. Aunado a ello debe tenerse presente que el artículo 234 de la LPAG8, establecía q ue: «(…) Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa eeeennnnttttiiiiddddaaaadddd lllloooo ppppeeeerrrrmmmmiiiittttaaaa. (…)» Y en el presente caso, la imputación de cargos se produjo por el ingeniero Manuel Ormeño Morales conforme la notificación efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil seis9, mientras quién resolvió en primera instancia fue el Director General de Seguimiento de Control y Vigilancia, por lo que en atención a ello corresponde desestimar dichos argumentos. 2222....4444 En lo que atañe al argumento expuesto en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll aaaa.... y cccc.... de la parte expositiva, en el sentido de que no se utilizó por parte de la administración, el formato autorizado en la resolución número 257-2002-PE, el juez de primera instancia refiere que «(…) el Formato del Parte de Muestreo aprobado por Resolución Ministerial N° 257-2002-PE contiene 04 partes: (I) Datos Generales, (II) Composición de la Muestra, (III) Composición por Tallas, y (IV) 8 Aplicable por principio de temporalidad. 9 Folios 4 del expediente administrativo. ECURAY 3 Observaciones; ssssiiiieeeennnnddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa ttttoooottttaaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee llllaaaa iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn qqqquuuueeee ddddeeeebbbbííííaaaa sssseeeerrrr ccccoooonnnnssssiiiiggggnnnnaaaaddddaaaa eeeennnn llllaaaassss mmmmiiiissssmmmmaaaassss,,,, sssseeee hhhhaaaallllllllaaaa ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddaaaa eeeennnn eeeellll PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeee MMMMuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo rrrreeeeffffeeeerrrriiiiddddoooo11110000. Circunstancia ésta por la que evidentemente, deviene en intrascendente la inutilización del correspondiente "formato aprobado" en el caso de autos (…)», argumento ciertamente que es razonable, y al cual este Colegiado también se vincula, por lo demás, si aun se siguiera insistiendo en la nulidad del procedimiento porque el parte no es el adecuado, no obstante contener la información requerida y exigida por la norma, debe tenerse presente el principio de eficacia de los actos administrativos11 contenido en el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444 – LPAG, así como el de conservación del acto administrativo12 prescrito en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, que privilegian el fondo sobre la forma del acto; finalmente y en relación a dicho argumento debe tenerse presente que la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE precisa en su numeral 5 que la toma de muestras de producto hidrobiológicos, debe realizarse sobre el ppppeeeessssoooo ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ttttoooottttaaaallll11113333; por lo que la invocada nulidad de la sentencia, al no haber actuado el mérito del informe número 032-2011- PRODUCE/OGTIE-lflores, que entre otras cosas determinaría, conforme lo reseñado por el demandante, que el peso declarado es un indicador referencia que no tiene efecto alguno en Derechos de Pesca, Foncopes y otros reportes en donde se haga referencia a las descargas, nnnnoooo eeeessss rrrreeeelllleeeevvvvaaaannnntttteeee oooo ggggrrrraaaavvvviiiittttaaaannnntttteeee eeeennnn eeeellll pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccaaaassssoooo,,,, ddddaaaaddddoooo qqqquuuueeee llllaaaa pppprrrrooooppppiiiiaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaa ddddeeee mmmmuuuueeeessssttttrrrreeeeoooo eeeessssttttaaaabbbblllleeeecccceeee qqqquuuueeee eeeellll ppppeeeessssoooo eeeessss eeeellll ddddeeeeccccllllaaaarrrraaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeellll aaaarrrrmmmmaaaaddddoooorrrr yyyy ssssoooobbbbrrrreeee eeeellll ccccuuuuaaaallll sssseeee eeeejjjjeeeeccccuuuuttttaaaa llllaaaa ttttoooommmmaaaa ddddeeee llllaaaa mmmmuuuueeeessssttttrrrraaaa, por lo que dicho extremo de los argumentos de la apelación deben ser desestimados. 2222....5555 En lo que atañe al argumento contenido en el lllliiiitttteeeerrrraaaallll dddd...., en el sentido que el juzgado no aplicó lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 del D.S. número 008-2012- PRODUCE, que dispone informar la zona en que se hubieran extraído los ejemplares juveniles, debemos tener presente que la comisión de la infracción se produjo el treinta y uno de marzo de dos mil seis14, mientras que la norma invocada fue publicada el cinco de diciembre de dos mil doce, por lo que ciertamente nnnnoooo eeeessss aaaapppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee aaaallll ccccaaaassssoooo ccccoooonnnnccccrrrreeeettttoooo,,,, ppppoooorrrr pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooo ddddeeee tttteeeemmmmppppoooorrrraaaalllliiiiddddaaaadddd. 2.6 En lo que concierne a los argumentos contenidos en los lllliiiitttteeeerrrraaaalllleeeessss eeee.... ffff.... yyyy gggg. si bien el informe emitido por IMARPE mediante el Oficio número DEC-100-102-2014- PRODUCE/IMP15, en su primera conclusión señalaría que no existe en el mercado una 10 Negritas nuestras. 11 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 12 Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. (…) 13 Resolución Ministerial N° 257-2002-PE: «(…) 5.- EJECUCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS Plantas con sistema de descarga. Para la toma de muestras, deberá considerarse el peso declarado del total de la captura, debiendo realizarse la primera toma de muestras durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, se realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte de muestreo. 14 Véase el apartado antecedentes numeral 1 de la resolución del Consejo de Apelación de Sanciones número 265-2015-PRODUCE/CONAS de fecha ocho de mayo de dos mil quince a folios 23 del expediente administrativo. (…)» 15 Folios 240 del expediente principal. ECURAY 4 ecosonda que permita diferenciar si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles, no es menos cierto, que seguidamente ante dicha imposibilidad da soluciones concretas y viables como es el de hacer una inferencia de la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados en los alrededores del cardumen, ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee qqqquuuueeee sssseeee pppprrrrooooggggrrrraaaammmmeeee llllaaaa eeeeccccoooossssoooonnnnddddaaaa ccccoooonnnn cccciiiieeeerrrrttttoooossss uuuummmmbbbbrrrraaaalllleeeessss,,,, oooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa sssseeee ppppooooddddrrrrííííaaaa aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr ssssuuuu pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ccccuuuuaaaannnnddddoooo sssseeee hhhhaaaa rrrreeeeccccooooggggiiiiddddoooo eeeellll ttttrrrreeeeiiiinnnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo,,,, yyyy ffffiiiinnnnaaaallllmmmmeeeennnntttteeee iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiiccccaaaarrrr llllaaaassss ttttaaaallllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ssssiiiieeeennnnddddoooo ccccaaaappppttttuuuurrrraaaaddddaaaassss rrrreeeessssuuuullllttttaaaa mmmmuuuucccchhhhoooo mmmmáááássss ddddiiiiffffíííícccciiiillll ccccuuuuaaaannnnddddoooo llllaaaa rrrreeeedddd nnnnoooo sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa eeeennnnmmmmaaaallllllllaaaaddddaaaa,,,, eeeennnn eeeessssttttaaaa ssssiiiittttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn,,,, eeeessss nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiioooo rrrreeeeccccooooggggeeeerrrr cccceeeerrrrccccaaaa ddddeeeellll sssseeeetttteeeennnnttttaaaa ppppoooorrrr cccciiiieeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa rrrreeeedddd ppppaaaarrrraaaa qqqquuuueeee lllloooossss ppppeeeessssccccaaaaddddoooorrrreeeessss ppppuuuueeeeddddaaaannnn aaaaddddvvvveeeerrrrttttiiiirrrr llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee jjjjuuuuvvvveeeennnniiiilllleeeessss, siendo así, la imposibilidad de detección no es absoluta como trata de hacer ver la demandante, sino que el propio oficio da las soluciones razonables al caso, de allí que dicho extremo resulte infundado. 2.7 Respecto a lo reseñado en el aaaaccccááááppppiiiitttteeee hhhh.... e iiii.... en el sentido, de que no se dictó la orden de decomiso establecida en el artículo 37 del RISPAC, dicha omisión de la administración, en absoluto la perjudica, por el contrario, la beneficia al no haber sido afectada con el recurso hidrobiológico que extrajo por debajo de la talla permitida, aunado a ello, respecto al invocado principio de razonabilidad, en tanto al haber sido multado y también suspendido temporalmente con el permiso de pesca de la embarcación, estaríamos ante una doble sanción, debemos mencionar, que la configuración de la infracción en el presente caso es una de tipo compleja, tal y como el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado este tema en la sentencia recaída en el Expediente número 003-2005-PI/TC, que señaló lo siguiente: «(…) 249. La pena prevista por el legislador en la ley para cada delito se denomina pena abstracta o pena conminada, la cual puede presentarse bajo diversas modalidades. Una de ellas es la pena compuesta: La pena abstracta (...) viene establecida expresamente en el precepto legal de la Parte Especial del Código penal. Esta pena abstracta puede presentar diversas modalidades (...) LLLLllllaaaammmmaaaarrrreeeemmmmoooossss ppppeeeennnnaaaassss ccccuuuummmmuuuullllaaaattttiiiivvvvaaaassss aaaa aaaaqqqquuuuééééllllllllaaaassss qqqquuuueeee eeeessssttttáááánnnn ccccoooonnnnssssttttiiiittttuuuuiiiiddddaaaassss ppppoooorrrr llllaaaa aaaaccccuuuummmmuuuullllaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee ddddoooossss aaaa mmmmáááássss ppppeeeennnnaaaassss ddddeeee ddddiiiissssttttiiiinnnnttttaaaa nnnnaaaattttuuuurrrraaaalllleeeezzzzaaaa qqqquuuueeee ddddeeeebbbbeeeerrrráááánnnn aaaapppplllliiiiccccaaaarrrrsssseeee ccccoooonnnnjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnntttteeee.... EEEEnnnn eeeesssstttteeee ccccaaaassssoooo nnnnoooo ppppuuuueeeeddddeeee hhhhaaaabbbbllllaaaarrrrsssseeee uuuunnnn uuuunnnnaaaa pppplllluuuurrrraaaalllliiiiddddaaaadddd ddddeeee ppppeeeennnnaaaassss ssssiiiinnnnoooo ((((............)))) lllloooo qqqquuuueeee eeeexxxxiiiisssstttteeee rrrreeeeaaaallllmmmmeeeennnntttteeee eeeessss uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa. 250. DDDDaaaaddddoooo eeeellll ccccoooonnnncccceeeeppppttttoooo ddddeeee ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn yyyy ddddeeee ppppeeeennnnaaaa,,,, uuuunnnnaaaa ssssoooollllaaaa ssssaaaannnncccciiiióóóónnnn ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooommmmppppoooorrrrttttaaaarrrr llllaaaa rrrreeeessssttttrrrriiiicccccccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnn bbbbiiiieeeennnn jjjjuuuurrrrííííddddiiiiccccoooo,,,, ddddeeee mmmmooooddddoooo ttttaaaallll qqqquuuueeee ppppooooddddrrrrííííaaaa ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaarrrrsssseeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttaaaa ssssiiiinnnn qqqquuuueeee eeeelllllllloooo iiiimmmmpppplllliiiiqqqquuuueeee llllaaaa iiiimmmmppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee mmmmáááássss ddddeeee uuuunnnnaaaa ppppeeeennnnaaaa. En nuestro ordenamiento, según el Código Penal, las penas pueden ser: 1) privativa de libertad, 2) restrictiva de libertad, 3) limitativa de derechos o 4) multa. En atención a dicha variedad de penas que ha previsto la Parte General del Código Penal, el legislador puede configurar para determinado delito una reacción penal que se exprese a través de más de una manifestación, estableciéndose, por ejemplo, además de la pena privativa de libertad, la de inhabilitación o la de multa. Así se ha previsto por el legislador, además de la apología del terrorismo, para los delitos de tráfico ilícito de drogas [296 CP], contaminación ambiental [304 CP], pánico financiero [249 CP], delito informático [207 CP], abuso de poder económico [232 CP], desaparición forzada 320 CP], falsificación de documentos [427 CP], usura [214 CP], receptación [194 CP], contabilidad paralela [199 CP], entre otros. (…)» A partir de la lectura de la precitada sentencia, es irrefutable que constitucionalmente es permisible la imposición de sanciones compuestas – entiéndase en el presente caso la multa y la suspensión temporal del permiso de pesca – por la comisión de una infracción administrativa, lo cual corresponde netamente a un tema de política represiva para el caso del derecho administrativo sancionador, y ello se justifica en el presente caso, por cuanto los fundamentos para imponer cada una de ellas son distintos, dado que la multa recogida en la ley, busca desincentivar las conductas desplegadas por los administrados, mientras que la suspensión temporal del permiso, lo que hace es salvaguardar los recursos hidrobiológicos protegidos dentro en las cinco millas marinas, lugar donde la demandante tiene prohibido efectuar faenas de pesca, en el mismo sentido la resolución aludida expedida por el Quinto Juzgado transitorio Contencioso Administrativo, no es un precedente jurisdiccional de observancia obligatoria, correspondiendo adoptar el desarrollo efectuado por el TC respecto a las sanciones complejas; de la misma manera, la demandante no ha cumplido con acreditar que existan precedentes administrativos (en el sentido que determinan o dan por sentado un ECURAY 5 criterio vinculante de cómo resolver a nivel administrativo) por lo que ello tampoco es un argumento válido para declarar fundada la demanda. PPPPAAAARRRRTTTTEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIVVVVAAAA Por lo expuesto, no habiendo el demandante desvirtuado el argumento central expuesto y desarrollado de manera acorde por el juzgado de primera instancia: CCCCOOOONNNNFFFFIIIIRRRRMMMMAAAARRRROOOONNNN la sentencia apelada, expedida mediante resolución número seis de fecha quince de junio de dos mil diecisiete que declaró infundada la demanda. En los seguidos por PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa DDDDiiiiaaaammmmaaaannnntttteeee SSSS....AAAA.... contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese y devuélvase en su oportunidad. QUISPE SALSAVILCA SÁNCHEZ TEJADA BONILLA CAVERO ECURAY 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SUMILLA: El Tribunal del INDECOPI en la resolución administrativa que causa estado ha explicado las razones de hecho y de derecho suficientes y relevantes en que ampara su decisión, de acuerdo a la naturaleza del recurso de revisión, que como se ha indicado tiene por finalidad analizar si se ha dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del Código, esto es sólo por cuestiones de derecho fundamentadas; lo que no significa vulneración a los principios de congruencia, informalismo y celeridad. Expediente : 10234-2015 Materia : Nulidad de Acto Administrativo. Protección al Consumidor – Idoneidad del Servicio Demandante : Banco de la Nación Demandado : Indecopi Litisconsorte : Laura Gonzales Revolledo SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO Lima, veintinueve de junio de dos mil dieciocho.- VISTOS: Con la copia certificada del expediente administrativo que obra en cuaderno aparte, ingresan los autos para resolver según el estado de la presente causa. ANTECEDENTES: 1.1. DEMANDA Con fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas doscientos veintidós al doscientos cincuenta, subsanado a fojas doscientos ochenta, la empresa Banco de la Nación (en adelante “la demandante” o “el Banco”) interpone demanda contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “Indecopi”) y Laura Gonzales Revolledo (en adelante “Sra. Revolledo”), a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 583-2015/SPC- INDECOPI, de la Resolución N° 394-2014/INDECOPI-PIU y de la Resolución N° 255-2014/PS0- INDECOPI-PIU. Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 Fundamentos de la demanda: La empresa demandante señala básicamente los siguientes fundamentos: 1. La Comisión al resolver su recurso de apelación, no ha merituado los medios probatorios siguientes: 1. Original de la consulta de transacción cuestionada debidamente firmada y certificado por los funcionarios de las diferentes áreas del Banco de la Nación; 2. Original del Reporte de Control Operaciones de Teleproceso – Provincias RP 1513 del 29.08.2013, debidamente firmada y certificada por los funcionarios de las diferentes áreas del Banco de la Nación; 3. Original del Reporte de Control de Operaciones de Teleproceso – Morropón – del 29.08.2013, debidamente firmada y certificada por los funcionarios de las diferentes áreas del Banco de la Nación. 2. El Tribunal Constitucional ha dejado establecido que “El derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si es que no existe prueba plena, que con certeza, acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos”; por tanto, habiéndose demostrado fehacientemente en vía administrativa que la operación materia de denuncia fue realizada por la denunciante de manera normal, utilizando su tarjeta y clave secreta, resultaba improcedente la denuncia interpuesta por la señora Laura Gonzáles Revolledo ya que no se ha podido determinar lo contrario. 3. La Resolución Administrativa de última instancia contraviene la Garantía Constitucional de la Motivación, debido a que la Sala Especializada en Protección al Consumidor solo se limita a indicar lo que resolvió la Comisión en su momento y no desarrolla de fondo el recurso de revisión interpuesto. 1.2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Por Resolución número dos, del doce de abril de dos mil dieciséis, de fojas doscientos treinta y dos, el se admite a trámite la demanda, en la vía del proceso especial, teniendo por ofrecidos los medios probatorios, disponiéndose se corra traslado al Indecopi y a Laura Gonzáles Revolledo; y ordenándole al Indecopi remitir el expediente administrativo. 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA a) Por parte del INDECOPI: Como sustento del escrito de contestación presentado obrante a fojas doscientos noventa y siete, argumenta lo siguiente: 1. No puede pretenderse declarar la nulidad de una resolución que causó estado y no fue cuestionada en la debida oportunidad, como lo es la resolución de la Comisión, toda vez que la misma fue recurrida a través del recurso de revisión que fue resuelto por la Sala, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente. 2. En el numeral 27 del pronunciamiento de la Comisión, se aprecia el análisis de todos los medios de prueba que detalla la demandante en el tercer considerando de su demanda, 2 Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 y que según su parecer no se habrían valorado. El hecho que la demandante no se encuentre de acuerdo con el criterio y análisis de la Comisión y el ORPS, o justifica la nulidad de pronunciamientos válidamente emitidos. 1.4. AUTO DE SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Por medio de la Resolución Nro. 03, del nueve de agosto de dos mil dieciséis, se declara rebelde a Laura Gonzales Revolledo, se declaró saneado el proceso y se fijó como punto controvertido el siguiente: 1) Determinar si procede o no, declarar la nulidad de la Resolución N° 583- 2015/SPC-INDECOPI, de la Resolución N° 394-2017/INDECOPI-PIU y de la Resolución N° 255-2014/PS0-INDECOPI-PIU; consecuentemente se les restituya la suma de S/. 1,000 devueltos a la señora Gonzáles Revolledo; se disponga la devolución del monto de la multa ascendente a 05 UIT y de las costas del procedimiento ascendente a S/. 36.00; con el pago de intereses devengados. Se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes apersonadas y se prescinde de la realización de audiencia de pruebas y se dispuso remitir los actuados al Ministerio Público. 1.5. VISTA FISCAL Por medio del Dictamen N° 219-2017, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, de fojas trescientos veinte a trescientos veinticuatro, la Novena Fiscalía Provincial Civil de Lima opina que se declare improcedente la demanda en el extremo que pretende la nulidad de las Resoluciones N° 583-2015/SPC-INDECOPI y N° 255-2014/PS0-INDECOPI PIU; e infundada la demanda en el extremo referido a la resolución N° 394-2014/INDECOPI-PIU. Siendo el estado actual del expediente el de dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: La acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y que causen estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: Teniendo en cuenta la fijación de los puntos controvertidos corresponde determinar en sede judicial si la administración al expedir la Resolución N° 583-2015/SPC- INDECOPI, la Resolución N° 394-2017/INDECOPI-PIU y la Resolución N° 255-2014/PS0- INDECOPI-PIU, ha expedido actos administrativos pasibles de nulidad de pleno derecho por 3 Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 incumplimiento de alguna de las causales contempladas en el artículo 10° del T.U.O. de la Ley N° 27444. TERCERO: Antecedentes del caso.- Es del caso señalar que el presente procedimiento administrativo se originó en virtud a la denuncia realizada por Laura Gonzáles Revolledo contra el Banco de la Nación, el 15 de enero de 2014 (fojas 5 del expediente administrativo), manifestando que el Banco habría cargado a su cuenta de ahorros N° 4637069034 un retiro de S/. 1000.00 realizado a las 8:26 am del día 29 de agosto de 2013, el cual desconocía. Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el Banco presentó sus descargos (fojas 23 del expediente administrativo). Entonces, mediante Resolución N° 255-2014/PS0-INDECOPI-PIU, del 02 de abril de 2014 (fojas 100 del expediente administrativo), el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Piura declaró fundada la denuncia, sancionando al Banco con multa ascendente a 5 UIT, ordenando medida correctiva y el pago de costas y costos. No encontrándose de acuerdo, el Banco apela dicha resolución (fojas 107 del expediente administrativo); siendo que a través de la Resolución N° 394-2014/INDECOPI-PIU de fecha 11 de junio de 2014 (fojas 188 del expediente principal), se confirmó lo resuelto en la resolución impugnada. Finalmente, con fecha 04 de octubre de 2014, el Banco interpone recurso de revisión (fojas 195 del expediente principal); que es declarado improcedente por la Sala Especializada en Protección al Consumidor mediante la Resolución N° 583- 2015/SPC-INDECOPI, de fecha 19 de febrero de 2015 (fojas 212 del expediente principal). CUARTO: Sobre la naturaleza del recurso administrativo de revisión El Tribunal Constitucional sobre la clasificación de los recursos en la STC N° 02877-2005-HC nos explica: “(…) b.) Los recursos extraordinarios en el proceso constitucional.- Frente a los ordinarios, los recursos extraordinarios son aquéllos que exigen motivos taxativos para su interposición. Limitan las facultades del tribunal ad quem. Proceden sólo terminado el trámite ordinario y contra determinadas resoluciones. El ejemplo más claro de esto es el recurso de casación, que procede únicamente en caso de vicios procedimentales y que comportan un cierto razonamiento de margen procesal civil, en el análisis de errores de derecho material sustantivo o formal procesal. Según el artículo 384° del Código Procesal Civil, la casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema. (…)”. QUINTO: La Primera Disposición Complementaria Modificatoria, del Código de Protección y Defensa del Consumidor indica: “(…) El único recurso impugnativo que puede interponerse 4 Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. (…).”; el artículo 125, establece: “(…) Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.” (El subrayado es nuestro); y el artículo 126: “El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas (…) c. La resolución de la correspondiente comisión o, de ser el caso, del Tribunal da por agotada la vía administrativa.”. De lo que se desprende que se agota la vía la administrativa con lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor como segunda instancia administrativa; empero, de optarse por formular recurso de revisión, el acto administrativo expedido por el Tribunal causa estado; y solo cabe cuando se cuestiona la inaplicación o aplicación errónea de las normas del Código o no se ha respetado los precedentes de observancia obligatoria; por lo que de impugnarse vía acción contencioso administrativa la controversia se limita a ello. SEXTO: En tal sentido, el pedido de nulidad de la Resolución N° 394-2014/INDECOPI-PIU y en consecuencia, el pedido de nulidad de la Resolución N° 255-2014/PS0-INDECOPI-PIU resulta IMPROCEDENTE, debido a que no se optó por interponer directamente demanda contencioso administrativa; sino recurso de revisión, atendida con la resolución del Tribunal del INDECOPI que causa estado, y es lo resuelto en ella lo que será materia de control judicial. SÉTIMO: Sobre la supuesta ausencia de motivación en la Resolución N° 583-2015/SPC- INDECOPI La demandante indica que la Sala solo se limita a indicar lo que resolvió la Comisión en su momento y no desarrolla de fondo el recurso de revisión interpuesto; en atención a ello, a fin de resolver esta controversia deberá identificarse lo señalado por la demandante en su recurso de revisión, la existencia de motivación por parte de la Sala al declarar improcedente el recurso y si esta se ha realizado de forma debida. 5 Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 7.1. En el escrito de sumilla “Interpone Recurso Extraordinario de Revisión” (fojas 195 del principal), se advierte que el Banco señala como petitorio que el Tribunal del Indecopi revise que se ha aplicado erróneamente los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor en cuanto se refiere a la “idoneidad”; además, indica que no se realizó una debida valoración de los medios probatorios presentados durante el procedimiento administrativo; asimismo, que se vulneró el principio de verdad material, privilegio de controles posteriores, legalidad y licitud. 7.2. La Sala, mediante Resolución N° 583-2015/SPC-INDECOPI (fojas 212 del principal) declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por el banco y se aprecia de la lectura de la resolución, específicamente en la parte resolutiva, que motiva esta decisión señalando que “el recurrente no alegó la existencia de errores de derecho contenidos en la impugnada, limitándose a cuestionar situaciones de hecho y pretendiendo una nueva valoración de pruebas.” Asimismo, motiva dicha conclusión en su “Análisis del caso concreto”, el cual se en las páginas 4-6 de la impugnada. 7.3. Este despacho considera a partir de los argumentos esbozados en el recurso extraordinario de revisión y el petitorio, que la demandante al alegar una “aplicación errónea de los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor”, permite presumir de forma razonable que la reviste una pretensión distinta, consistente en que se realice un nuevo razonamiento de fondo respecto a este extremo; debido a que si bien en un inicio alega que se ha entendido equívocamente el término “idoneidad”, luego señala que la operación realizada por la denunciante se efectuó con normalidad, alegación que en definitiva se encuentra destinada a demostrar una cuestión fáctica (la forma en la que se realizó la operación) y no de puro derecho (qué implica idoneidad). 7.4. De igual forma sucede con lo indicado respecto a la supuesta indebida valoración de medios probatorios, y la supuesta vulneración a los principios de verdad material, privilegio de controles posteriores, legalidad y licitud; se encuentran destinados a realizar una nueva valoración de medios probatorios o a conseguir que se realice un nuevo análisis de los hechos; lo cual ataca el razonamiento de la Comisión y no un error en la aplicación normativa. OCTAVO: Por lo expuesto, el Tribunal del Indecopi en la resolución administrativa que causa estado ha explicado las razones de hecho y de derecho suficientes y relevantes en que ampara su decisión, de acuerdo a la naturaleza del recurso de revisión, que como se ha indicado tiene por finalidad analizar si se ha dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del Código, esto es sólo por cuestiones de derecho fundamentadas. 6 Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 10234-2015 NOVENO: De lo antes fundamentado, se determina que la resolución administrativa impugnada no adolece de causal de nulidad alguna contemplada en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; con lo opinado en el Dictamen Fiscal de fojas trescientos veinte; y a tenor de lo estipulado en el artículo 200° del Código Procesal Civil, esta Judicatura a Nombre de la Nación. FALLA: Declarando INFUNDADA la demanda, de fojas doscientos veintidós al doscientos cincuenta, subsanada a fojas doscientos ochenta, en el extremo en el que solicita la nulidad de la Resolución N° 583-2015/SPC-INDECOPI e IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en el que solicita la nulidad de las Resoluciones N° 394-2017/INDECOPI-PIU y N° 255-2014/PS0- INDECOPI-PIU, interpuesta por el Banco de la Nación contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y Laura Gonzales Revolledo sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese a las partes y al Fiscal Provincial.- PLM/srh 7

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA PERMANENTE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Avenida Nicolás de Piérola Nº 677- 2do. Piso, Cercado de Limaי Expediente N° 10429-2015 Demandante : Empresa Regional de Servicio Electricidad del Centro S.A. Demandado : OSINERGMIN Materia : Acción Contenciosa Administrativa RESOLUCIÓN N° 07 SENTENCIA DE VISTA Lima, 09 de octubre del 2018 VISTOS: Con el expediente administrativo que se tiene a la vista; Interviniendo como ponente el Señor Juez Superior Carrasco Alarcón; y CONSIDERANDO: I.- RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO1: Es materia en grado de apelación la Sentencia emitida mediante Resolución N° 09 de fecha 09 de junio del 2017, en el extremo que declaró INFUNDADA la demanda, interpuesta por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A., contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. II.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN2: La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.- ELECENTRO interpone recurso de apelación, solicitando que la sentencia sea revocada en todos sus extremos y en consecuencia se declare fundada la demanda. La apelante argumenta que la resolución materia de impugnación y la resolución administrativa son nulas por infringir la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444; en lo referido a requisito de validez del acto jurídico “motivación”, ya que lo resuelto, confirma la sanción emitida por OSINERGMIN, la cual levanta “versiones provenientes de la imaginación, parecer y opinión personal de su Fiscalizador que elaboró el informe de recomendación de iniciar un procedimiento sancionador”, según manifiesta. Asimismo, señala que se infringió el principio de proporcionalidad, ya que la entidad aplica una multa de treinta y cuatro (34) UIT, sin precisar el motivo de 1 Sentencia obrante a fojas 111 del expediente principal (E.P.) 2 Recurso de apelación, presentado el 27 de junio del 2017; véase a fojas 156 del E.P. 1 aplicar dicho monto en particular y no considerando las pruebas ofrecidas que constituirían atenuantes o limitadores de responsabilidad. Finalmente argumenta que, la resolución del Consejo Directivo es nula por no haber motivado debidamente en relación con el monto y la metodología de la multa; además señala que la multa impuesta es inejecutable, toda vez que no se han generado ingresos corrientes. III.- ANALISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA: PRIMERO: El artículo 148° de la Constitución Política del Perú establece que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativa; en ese sentido, el artículo primero del T.U.O de la Ley número 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008- JUS, dispone que ésta tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho de acudir ante el Órgano Jurisdiccional a fin de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido proceso en caso considere vulnerados sus derechos por parte de la Administración Pública; SEGUNDO: Que, conforme lo establece el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de Primer Grado. En tal sentido, corresponde en esta instancia la revisión y análisis exhaustivo de lo actuado en el proceso, así como establecer el derecho de las partes a fin de anular, confirmar o revocar la resolución apelada de forma total o parcialmente, de conformidad con la facultad que otorga el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Procesal Civil. TERCERO: De la lectura de la demanda3 se advierte que la pretensión principal incoada por la empresa demandante es que se declare la nulidad de la Resolución N° 149-2015-OS/TASTEM-S14 de fecha 23 de junio del 2014 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 146-2015-GG-OSITRAN5 de fecha 28 de enero del 2015, mediante la cual se declaró infundado el recurso de 3 Escrito de Demanda, presentado el 07 de octubre del 2015. Véase a fojas 17 del E.P. 4 Véase a fojas 105 del expediente administrativo (E.A.) 5 Véase a fojas 86 del E.A. 2 reconsideración presentado por la demandante contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica6 N° 1516-2014 mediante la cual se le impuso una multa de 34 UITs, por incumplir el literal b) del artículo 65° del RESESATE, lo cual a su vez infringe el literal e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. CUARTO: Siendo ello así, se tiene que la Sentencia apelada, declara infundada la demanda considerando, entre otros, que: “(.)de la tomas fotográficas adjuntas al expediente administrativo de fojas 02, 03 y vuelta se observa contrariamente a lo expuesto por la demandante que el lugar donde ocurrió el accidente con consecuencia mortal de un menor de edad, no tiene protección que impida el acceso al canal, máxime si conforme expone la accionante que el lugar es una vía pública con gran afluencia de turistas y lugareños, lo que nos lleva a concluir que la empresa concesionaria no prestó la diligencia debida para evitar accidentes como el accidente ocurrido el 25 de abril de 2014 en el canal Central Hidroeléctrica de Ingenio en el Centro Poblado de Ingenio distrito y provincia de Concepción departamento de Junín”.[Léase Considerando 13]. QUINTO: Que para el presente caso, conviene tener presente la siguiente normativa: el artículo 1° de la Ley N° 27332 - Ley Marco e los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, señala que: “La presente Ley es de aplicación a los siguientes Organismos a los que en adelante y para efectos de la presente Ley se denominará Organismos Reguladores: a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL); b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERGMIN); c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN); y d) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)” [el énfasis es nuestro]. Asimismo, el artículo 3° de la citada Ley, establece lo siguiente: “3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas (.)” De lo expuesto se colige que, la función supervisora de esta entidad comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, procurando que las entidades prestadoras brinden servicios adecuados a los usuarios. SEXTO: En Sede administrativa, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A – ELECTROCENTRO fue sancionada por haber incurrido en la infracción tipificada en el inciso b) del artículo 65° del Reglamento 6 Véase a fojas 34 del E.A. 3 de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado por la Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, hecho que constituye infracción según el inciso e) del artículo 31 del Decreto Ley N° 25844, numeral 1.6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD. La infracción señalada se refiere a: “Cuando los concesionarios no cumplan con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas del Sub Sector Eléctrico”; De los actuados administrativos se advierte que el hecho en concreto fue un accidente mortal ocurrido el 25 de abril del 2014, en el área de la concesión de ELECTROCENTRO; falleciendo el menor de edad identificado como Jeams Piero Crispín Rojas, por haber caído al canal de conducción de la Central Hidroeléctrica Ingenio, frente al puente Ingenio y al Recreo “Killary” en el distrito y provincia de Concepción, departamento de Junín. El cuerpo del menor fue encontrado en la rejilla de la cámara de carga, tal como consta en la Resolución de sanción 1516-2014, que obra a fojas 34 del acompañado. ANALISIS DEL CASO SÉPTIMO: La demandante basa su defensa en haber cumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado por la Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM; al respecto señala que cumplió con colocar la cintas de señalización de peligro en la zona de alta afluencia de público, con lo cual fue diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, según manifiesta; en tal sentido, alega que la Administración no ha tomado en cuenta ese hecho y que las resoluciones administrativas carecen de motivación. OCTAVO: Al respecto, cabe precisar que según el Informe Técnico7 GFE-UDAP- 217-2014, de fecha 20 de junio de 2014, el accidente mortal ocurrió porque el canal de conducción en la zona en que cayó el menor no contaba con cerco u otro tipo de protección que evite que personas se ahoguen. Por otro lado, de acuerdo al Informe de Supervisión8 N° 139/2011-2014-06-03, el incidente con consecuencia fatal del referido menor ocurrió en el canal de conducción de la Central Hidroeléctrica en el lugar donde cruza con la carretera a la piscigranja del ingenio, frente del restaurante “Killary”; en dicha zona, donde se produjo el accidente, “estaba abierto a nivel del piso, no tiene protección física que impida el acceso y es una zona de vía pública, transitada por persona y vehículos con afluencia continua”. NOVENO: Con respecto a la zona en donde se produjo el accidente, es de verse de la toma fotográfica que obra a fojas 8 del acompañado y de los informes antes 7 Véase a fojas 14 del E.A. 8 Véase a fojas 05-06 del E.A. 4 nombrados, que efectivamente dicha zona se encuentra ubicado frente a la instalaciones del Restaurante Killary, mide aproximadamente 2.40 de ancho por 1.60 m de alto y se hallaba abierto a nivel del piso. En tal sentido, siendo el lugar de libre acceso a los transeúntes, dada la cercanía de un restaurante, la demandante se hallaba obligada a adoptar medidas de protección para prevenir la caída de personas al canal, el cual, al momento del accidente, se habría encontrado libre y siendo la zona una vía pública, de libre tránsito, como se aprecia de las copias de fotografías obrantes en el expediente administrativo; se advierte que la empresa responsable de la seguridad del lugar, no habría tomado todas las medidas necesarias para resguardar dicha zona; por lo tanto, antes los medios probatorios presentados queda evidenciado el claro incumplimiento de la obligación de que las obras hidráulicas de captación y conducción deben contar con cercos u otro tipo de protección y señalización para evitar que el personal propio o terceros sufran un accidente fatal, como el ocurrido el día 25 de abril del 2014. DÉCIMO: La apelante señala que ha demostrado objetivamente que fue diligente en la realización de sus actividades consistentes en el mantenimiento preventivo y constante de las señalizaciones de peligro de la zona donde ocurrió el accidente, así también indica que cumplió con garantizar la seguridad en la zona donde ocurrió el accidente, a pesar de que a la fecha no cuenta con la servidumbre definitiva del canal de aducción, solicitada reiterativamente a la administración local del Agua Mantaro, y a pesar de la negativa de los propietarios a que se realicen trabajos de cercos y enmallados. Al respecto, debemos señalar que de haber sido lo suficientemente diligente la empresa demandante, no habría ocurrido el accidente mortal de Jeams Piero Crispín Rojas; en ese sentido, no obra en autos prueba alguna que exima de responsabilidad a la apelante, sobre el incumplimiento de sus obligaciones; toda vez que si bien puso letreros de peligro y prohibición de ingreso, así como, cintas de señalización, ello no es suficiente puesto que no cumple la función de garantizar la seguridad del lugar; es decir, si la finalidad de las acciones de seguridad no se llegan a efectivizar, pudiendo adoptar otras medidas con mayor garantía y efectividad. UNDÉCIMO: En ese orden de ideas, se advierte que la Administración sí ha probado la comisión de la infracción por parte de la demandante; asimismo, no se advierte que OSINERGMIN haya vulnerado el Debido Proceso, más aún cuando la actora no ha presentado medios probatorios que acrediten lo alegado en vía administrativa, ni en el presente proceso judicial; por lo tanto, este Colegiado encuentra que la Entidad demandada ha actuado conforme a sus funciones y atribuciones contempladas en la Ley N° 26734 y la Ley N° 27332; respetando el debido procedimiento administrativo. Del mismo modo, 5 encontramos que la Sentencia de Primera Instancia, materia de apelación, se encuentra emitida de acuerdo a Ley, debidamente motivada y estando a que el demandante no aportó elementos de juicio suficientes que logren desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho expresados en dicha resolución; corresponde confirmar la decisión del Juez de Primer Grado. Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; SE RESUELVE: CONFIRMAR la Sentencia emitida mediante la Resolución N° 09 de fecha 09 de junio del 2017, en el extremo que declaró INFUNDADA la demanda, interpuesta por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A., contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase. S.S. BELTRÁN PACHECO CARRASCO ALARCON TUPIÑO SALINAS 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-0-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. QUINCE Lima 14 de diciembre del 2020.- DADO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 02 de diciembre del 2020, presentado por la parte demandante, proveyendo de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Res. N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó la sentencia que declaró FUNDADA la demanda y ordenó a la demandada cumpla con otorgar el beneficio de la Ley N° 28254, más los devengados, intereses legales y costos del proceso; decisión que fue CONFIRMADA mediante Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, corriente de fojas 82 a 85. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, el demandante solicita que se fijen los costos procesales en atención a la naturaleza del proceso, por lo que a fin de no dilatar más la causa y siendo facultad de ésta judicatura fijarlos de oficio, se procederá en base al principio de razonabilidad, proporcionalidad y al verdadero transcurrir del proceso. TERCERO: Que, encontrándose la causa en ejecución de Sentencia de Vista de fecha 16 de abril del año 2018, que ordena, el pago por concepto de costos procesales, en consideración a la naturaleza constitucional y las incidencias del presente proceso de acción de amparo y en atención a lo expuesto por el recurrente en cuanto fuere de ley, atendiendo a que los costos del proceso, aún no han sido regulados en autos y teniendo en cuenta el verdadero transcurrir del proceso. CUARTO: Las costas y costos en el proceso constitucional se rigen por lo estipulado en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que si se declara fundada la demanda, se interpondrá las costas y costos que el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada, y remite su determinación a lo previsto en los artículos que van del 410° al 419° del Código Procesal Civil, como norma supletoria; así, se precisa en los artículos 411° y 418° de dicho cuerpo legal , que son costos del proceso los honorarios del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al colegio de abogados de su respectivo Distrito Judicial, y que: “Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta (resaltado nuestro) que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez aprobará el monto.” Lo que no implica desconocer la facultad del juez de calificar el pedido ni lo convierte en un ente mecánico que se limite a ordenar el pago del monto que la parte solicite. QUINTO: Que, el presente es un proceso constitucional de amparo, iniciado el 23 de junio del 2015 (conforme se constata a folios 13), que fue sentenciado el 27 de abril del 2017, cuya sentencia fue CONFIRMADA el 16 de abril del 2018, verificándose que el tránsito en ejecución ya lleva aproximadamente 02 años. SEXTO: En tal sentido; apreciando para regular los costos procesales la relación equitativa con el desarrollo del presente proceso de amparo, la labor desempeñada por el letrado patrocinante, en la presentación desde la demanda, recursos y escritos en número de 08, así como el tiempo transcurrido en las instancias en las que se ha ventilado el proceso; por cuyas razones y de conformidad con el artículo 418° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria a los autos); en consecuencia, se resuelve: 1. A FIJAR LOS COSTOS PROCESALES en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES (S/.2,500.00) a favor de la parte demandante más el 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima. 2. Consentida o ejecutoriada, cúmplase con el pago de la presente. 3. ALOS OTROSI: Téngase presente. 4. NOTIFÍQUESE.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

RAZÓN: Sr. Juez: Dr. Iván Alfredo CABRERA GIURISICH Que, en cumplimiento de mis funciones, teniendo en cuenta el estado de emergencia decretado por el gobierno y la suspensión de labores dispuesta por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial, dada las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, es que recién se procede a dar cuenta el trámite del expediente. 10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-0-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. TRECE Lima 22 de setiembre del 2020.- VISTA LA RAZÓN que antecede y DANDO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 09 de marzo del 2020, presentado por la parte demandante, proveyendo de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Res. N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó la sentencia del A quo que declaró FUNDADA la demanda y ordenó pagar el beneficio de la asignación especial a favor del demandante, más el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso; decisión que fue CONFIRMADA mediante Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018(de fojas 82 a 85), la misma que respecto al pago de los intereses legales precisó: “10.- (…). Asimismo, deberá abonársele los intereses legales generados conforme a la tasa señalada en el artículo 1246° del Código civil (…)” SEGUNDO: De ello se aprecia que el pago de los intereses legales fue amparado por el A quo y el Superior Jerárquico, verificándose que el A quo precisó que dicho pago debe ser según el Art. 1246° del Código Civil, esto es con el pago de los intereses legales moratorios y sin la capitalización de los mismos, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional1 lo ha señalado. 1 Sentencia Recaída en el Exp. N° 02214 2014-PA/TC, fundamento 19: “En tal sentido, tomando en cuenta que el artículo 1249 del Código Civil establece una limitación al anatocismo, en la medida en que "no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 1 TERCERO: En ejecución de sentencia, mediante Resolución Directoral N° 1111-2018-DIRADM-DIVECO-PNP de fecha 23 de noviembre del 2018, se autorizó el pago por Asignación Especial en la suma de S/. 16,050.00 Soles (foja 183), monto que fue aprobado mediante Res. N° 09 del 25 de febrero del 2019 (foja 186), el cual fue abonado mediante Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 con fecha 08 de febrero del 2019 (FECHA DE PAGO), a fojas 188. CUARTO: Habiendo sido cancelada la deuda total de los devengados, mediante Resolución N° 11 del 22 de abril del 2019, se remitieron los autos a la Oficina de Pericias a fin de calcular los INTERESES LEGALES, quienes mediante INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019 (de fojas 207 a 211), calcularon los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/. 3,082.25 Soles; del informe pericial se aprecia que los intereses de la ASIGNACIÓN ESPECIAL fueron calculados desde la fecha de la promulgación de la norma (Ley N° 28254- 07/2004) hasta la fecha en que abonó efectivamente la demandada (08 de febrero del 2019), se aplicó la tasa de interés simple NO CAPITALIZABLE, ello conforme al Art. 1246° y 1249° del Código Civil y s e efectuó sobre la base total de los devengados (S/. 16,050.00); por lo que la pericia efectuada se encuentra de acuerdo a la sentencia del A quo y del superior jerárquico la mencionada pericia. QUINTO: En ése sentido, corroborándose que el INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019, se encuentra de acuerdo a ley, SE RESUELEVE: 1. APROBAR el INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ- CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019, que calculó los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/. 3,082.25 Soles, consecuentemente: 2. REQUIÉRASE a la demandada cumpla con abonar el pago de los intereses legales de la asignación especial. 3. En el plazo de 10 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA COMPULSIVA Y PROGRESIVA. 4. NOTIFÍQUESE. contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares" , el Tribunal Constitucional considera razonable que si ya determinó antes que los intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código Civil, también resulte de aplicación la limitación contenida en el artículo 1249 del Código Civil.” 2

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA CIVIL EXPEDIENTE Nº 10490-2015-0 DEMANDANTE : LEONCIO BARRIOS GODOY, DEMANDADO : POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, MATERIA : PROCESO DE AMPARO, RESOLUCIÓN Nº TRES Lima, dieciséis de abril del año dos mil dieciocho VISTOS: Observándose las formalidades previstas en el artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; interviene como Juez Superior ponente la doctora Gallardo Neyra; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número cuatro, su fecha 27 de abril del 2017 (fojas 43 a 49), que declaró fundada la demanda de amparo incoada; en consecuencia se ordenó que la demandada pague al actor el beneficio de Asignación Especial establecido en el artículo 9° de la Ley N° 28254, mas el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales. Con costos del proceso. SEGUNDO.- Que, el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo, encargado de la representación y defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, en su recurso de apelación1, formula como agravios que, la Ley N° 28254, es una norma derogada por la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del decreto Legislativo N° 1132. Por lo que señala que en ningún momento se ha transgredido ni vulnerado los derechos del accionante, por el contrario el actor trata de persuadir a la judicatura con falacias, intentando resquebrajar el Principio de autoridad y buena administración del personal PNP, así como trata de ampararse en beneficios ajenos al personal policial. TERCERO.- Que, del escrito de demanda de fecha 23 de junio del 2015 obrante de fojas 13 a 21 se aprecia que la pretensión del demandante consiste en que mediante el presente proceso de amparo se ordene el pago de la Asignación Especial fijada por la Ley 28254, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 25413, los reintegros, intereses legales que correspondan y costos del proceso. Por su parte, el A quo a través de la recurrida estima la demanda principalmente porque: 1 De fojas 54 a 56 1 Al respecto, de lo antes planteado se concluye que el asociado Leoncio Barrios Godoy percibe Pensión por Invalidez- Incapacidad Psicofísica, producida por por lesión sufrida como Consecuencia del Servicio; siendo así, de la la Boleta de Pensión adjuntada, queda demostrado que el actor no percibe la asignación especial otorgada mediante el artículo 9 de la Ley N° 28254 desde julio del 2004; y, aunque dicho dispositivo legal en su artículo 1º in fine establece que el reajuste otorgado al personal militar en situación de actividad no tiene el carácter de remunerativo o pensionable; sin embargo, lo cierto es que conforme a lo establecido por la Ley N.º 25413, la pensión de invalidez cuando provenga de un acto u ocasión de servicio, debe comprender todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad. En consecuencia, se evidencia que al asociado Leoncio Barrios Godoy, le asistiría el derecho de percibir la Asignación Especial del personal militar en situación de actividad, y, que por tanto la entidad demandada viene afectando los derechos constitucionales a la seguridad social del actor, vulnerándose también los derechos reconocidos por los artículos 1º, 2º inciso 1), 10º y 11º de la Constitución Política del Estado. [VER DÉCIMO CONSIDERANDO] Siendo ello así, cabe tener en cuenta que corre inserta a fojas 01 la Resolución Directoral N° 1066-2003-DIRGEN correspondiente al demandante Leoncio Barrios Godoy; a través del cual se resolvió pasar de la Situación de Actividad a la de retiro al ahora accionante por la causal de incapacidad Psicosomática para el servicio policial. De igual modo, puede verificarse de fojas 02 la Boleta de pago del demandante (pensionista) según la cual no se le viene abonando los beneficios de la Ley N° 28254. CUARTO.- Que, dentro de este contexto, resulta oportuno mencionar que el Decreto Ley N° 19846 del año1972 que unifica el Régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado en su artículo 11° establece que: El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá: a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad. Norma que con el devenir de los años ha venido siendo aplicada y precisada con la Ley Nº 24373 del año 1985 y la Ley Nº 24916 del año 1988; mientras que, en el año 1991 el Decreto Legislativo Nº 737 estableció incentivos, reconocimientos excepcionales y extraordinarios a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, por acto, acción o a consecuencia del servicio, sufrieran invalidez permanente, modificando la aludida Ley Nº 24916 y cambiando las condiciones preestablecidas para la percepción de la pensión por invalidez. QUINTO.- Que, por su parte la Ley 25413, en el año 1992, con su artículo único modificó el artículo 2° del Decreto Legislativo Nº 737, con el texto siguiente: 2 "Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante(…).Dicho haber comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad (…).” De lo antes mencionado, podemos decir que la Ley 25413 precisa las condiciones y los requisitos de la pensión de invalidez regulada por la Ley 19846, especialmente, lo que corresponde al haber que por promoción económica les toca a los pensionistas; en este orden de ideas, es oportuno anotar que el Tribunal Constitucional-respecto de esa Ley y su único artículo antes glosado- ha señalado reiteradamente en sus sentencias de los Expedientes N°s 00262- 2013-PA/TC,1170-2012-PA/TC,0504-2009-PA,/TC y 1996-2009-PA/TC,3813- 2005-PA/TC,3949-2004-AA/TC,1582-2003-AA/TC, que las pensiones de invalidez e incapacidad del personal militar-policial comprenden sin distinciones el haber de todos los goces y beneficios que por variados conceptos y diferentes denominaciones perciban los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, sea que se trate de conceptos pensionables o no pensionables. SEXTO.- Que, teniendo en cuenta la conclusión arribada y que mediante la Ley N° 28254 del 15 de junio de 2004 se estableció el otorgamiento de una Asignación Especial al personal militar y policial en actividad resolviendo: 9.1 Otorgar una asignación especial al personal militar y policial en situación de actividad en los montos y tramos siguientes: a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) mensuales a partir del mes de julio del presente año. b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) mensuales adicionales a partir del mes de octubre del presente año.9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al crédito suplementario que aprueba la presente Ley, es posible afirmar que al demandante Leoncio Barrios Godoy sí le corresponde percibir el reajuste del valor de la Ración Orgánica Única a partir del mes de julio del 2004, en mérito de la Ley – y su Reglamento- antes glosados, careciendo de sustento legal y fáctico lo referido por la entidad apelante, cuando insiste en señalar que no le corresponde al accionante tal asignación. Por lo que, al estimarse la pretensión principal, corresponde amparar las pretensiones accesorias; en consecuencia deberá reintegrarse al actor los devengados e intereses legales. Por último, respecto a los costos procesales, cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, aplicable al presente caso por ser uno de garantía constitucional, corresponde a la entidad demandada pagar también por este concepto. De todo lo anotado antes, se tiene 3 que corresponde estimar la demanda que nos ocupa, en consecuencia, confirmar la Sentencia subida en grado de apelación, en todos sus extremos. DECISIÓN: Por estas consideraciones: CONFIRMARON la SENTENCIA contenida en la resolución número cuatro, su fecha 27 de abril del 2017 (fojas 43 a 49), que declaró fundada la demanda de amparo incoada; en consecuencia se ordenó que la demandada pague al actor el beneficio de Asignación Especial establecido en el artículo 9° de la Ley N° 28254, mas el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales. Con costos del proceso. En los seguidos por LEONCIO BARRIOS GODOY contra la POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, sobre PROCESO DE AMPARO; notifíquese.- S.S. VALCÁRCEL SALDAÑA GALLARDO NEYRA AGUIRRE SALINAS 4

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-0-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. QUINCE Lima 14 de diciembre del 2020.- DADO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 02 de diciembre del 2020, presentado por la parte demandante, proveyendo de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Res. N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó la sentencia que declaró FUNDADA la demanda y ordenó a la demandada cumpla con otorgar el beneficio de la Ley N° 28254, más los devengados, intereses legales y costos del proceso; decisión que fue CONFIRMADA mediante Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, corriente de fojas 82 a 85. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, el demandante solicita que se fijen los costos procesales en atención a la naturaleza del proceso, por lo que a fin de no dilatar más la causa y siendo facultad de ésta judicatura fijarlos de oficio, se procederá en base al principio de razonabilidad, proporcionalidad y al verdadero transcurrir del proceso. TERCERO: Que, encontrándose la causa en ejecución de Sentencia de Vista de fecha 16 de abril del año 2018, que ordena, el pago por concepto de costos procesales, en consideración a la naturaleza constitucional y las incidencias del presente proceso de acción de amparo y en atención a lo expuesto por el recurrente en cuanto fuere de ley, atendiendo a que los costos del proceso, aún no han sido regulados en autos y teniendo en cuenta el verdadero transcurrir del proceso. CUARTO: Las costas y costos en el proceso constitucional se rigen por lo estipulado en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que si se declara fundada la demanda, se interpondrá las costas y costos que el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada, y remite su determinación a lo previsto en los artículos que van del 410° al 419° del Código Procesal Civil, como norma supletoria; así, se precisa en los artículos 411° y 418° de dicho cuerpo legal , que son costos del proceso los honorarios del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al colegio de abogados de su respectivo Distrito Judicial, y que: “Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta (resaltado nuestro) que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez aprobará el monto.” Lo que no implica desconocer la facultad del juez de calificar el pedido ni lo convierte en un ente mecánico que se limite a ordenar el pago del monto que la parte solicite. QUINTO: Que, el presente es un proceso constitucional de amparo, iniciado el 23 de junio del 2015 (conforme se constata a folios 13), que fue sentenciado el 27 de abril del 2017, cuya sentencia fue CONFIRMADA el 16 de abril del 2018, verificándose que el tránsito en ejecución ya lleva aproximadamente 02 años. SEXTO: En tal sentido; apreciando para regular los costos procesales la relación equitativa con el desarrollo del presente proceso de amparo, la labor desempeñada por el letrado patrocinante, en la presentación desde la demanda, recursos y escritos en número de 08, así como el tiempo transcurrido en las instancias en las que se ha ventilado el proceso; por cuyas razones y de conformidad con el artículo 418° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria a los autos); en consecuencia, se resuelve: 1. A FIJAR LOS COSTOS PROCESALES en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES (S/.2,500.00) a favor de la parte demandante más el 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima. 2. Consentida o ejecutoriada, cúmplase con el pago de la presente. 3. ALOS OTROSI: Téngase presente. 4. NOTIFÍQUESE.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

RAZÓN: Sr. Juez: Dr. Iván Alfredo CABRERA GIURISICH Que, en cumplimiento de mis funciones, teniendo en cuenta el estado de emergencia decretado por el gobierno y la suspensión de labores dispuesta por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial, dada las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, es que recién se procede a dar cuenta el trámite del expediente. 10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-0-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. TRECE Lima 22 de setiembre del 2020.- VISTA LA RAZÓN que antecede y DANDO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 09 de marzo del 2020, presentado por la parte demandante, proveyendo de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Res. N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó la sentencia del A quo que declaró FUNDADA la demanda y ordenó pagar el beneficio de la asignación especial a favor del demandante, más el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso; decisión que fue CONFIRMADA mediante Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018(de fojas 82 a 85), la misma que respecto al pago de los intereses legales precisó: “10.- (…). Asimismo, deberá abonársele los intereses legales generados conforme a la tasa señalada en el artículo 1246° del Código civil (…)” SEGUNDO: De ello se aprecia que el pago de los intereses legales fue amparado por el A quo y el Superior Jerárquico, verificándose que el A quo precisó que dicho pago debe ser según el Art. 1246° del Código Civil, esto es con el pago de los intereses legales moratorios y sin la capitalización de los mismos, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional1 lo ha señalado. 1 Sentencia Recaída en el Exp. N° 02214 2014-PA/TC, fundamento 19: “En tal sentido, tomando en cuenta que el artículo 1249 del Código Civil establece una limitación al anatocismo, en la medida en que "no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 1 TERCERO: En ejecución de sentencia, mediante Resolución Directoral N° 1111-2018-DIRADM-DIVECO-PNP de fecha 23 de noviembre del 2018, se autorizó el pago por Asignación Especial en la suma de S/. 16,050.00 Soles (foja 183), monto que fue aprobado mediante Res. N° 09 del 25 de febrero del 2019 (foja 186), el cual fue abonado mediante Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 con fecha 08 de febrero del 2019 (FECHA DE PAGO), a fojas 188. CUARTO: Habiendo sido cancelada la deuda total de los devengados, mediante Resolución N° 11 del 22 de abril del 2019, se remitieron los autos a la Oficina de Pericias a fin de calcular los INTERESES LEGALES, quienes mediante INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019 (de fojas 207 a 211), calcularon los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/. 3,082.25 Soles; del informe pericial se aprecia que los intereses de la ASIGNACIÓN ESPECIAL fueron calculados desde la fecha de la promulgación de la norma (Ley N° 28254- 07/2004) hasta la fecha en que abonó efectivamente la demandada (08 de febrero del 2019), se aplicó la tasa de interés simple NO CAPITALIZABLE, ello conforme al Art. 1246° y 1249° del Código Civil y s e efectuó sobre la base total de los devengados (S/. 16,050.00); por lo que la pericia efectuada se encuentra de acuerdo a la sentencia del A quo y del superior jerárquico la mencionada pericia. QUINTO: En ése sentido, corroborándose que el INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019, se encuentra de acuerdo a ley, SE RESUELEVE: 1. APROBAR el INFORME PERICIAL N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ- CSJLI-PJ de fecha 29 de noviembre del 2019, que calculó los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/. 3,082.25 Soles, consecuentemente: 2. REQUIÉRASE a la demandada cumpla con abonar el pago de los intereses legales de la asignación especial. 3. En el plazo de 10 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA COMPULSIVA Y PROGRESIVA. 4. NOTIFÍQUESE. contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares" , el Tribunal Constitucional considera razonable que si ya determinó antes que los intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código Civil, también resulte de aplicación la limitación contenida en el artículo 1249 del Código Civil.” 2

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA CIVIL EXPEDIENTE Nº 10490-2015-0 DEMANDANTE : LEONCIO BARRIOS GODOY, DEMANDADO : POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, MATERIA : PROCESO DE AMPARO, RESOLUCIÓN Nº TRES Lima, dieciséis de abril del año dos mil dieciocho VISTOS: Observándose las formalidades previstas en el artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; interviene como Juez Superior ponente la doctora Gallardo Neyra; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número cuatro, su fecha 27 de abril del 2017 (fojas 43 a 49), que declaró fundada la demanda de amparo incoada; en consecuencia se ordenó que la demandada pague al actor el beneficio de Asignación Especial establecido en el artículo 9° de la Ley N° 28254, mas el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales. Con costos del proceso. SEGUNDO.- Que, el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo, encargado de la representación y defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, en su recurso de apelación1, formula como agravios que, la Ley N° 28254, es una norma derogada por la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del decreto Legislativo N° 1132. Por lo que señala que en ningún momento se ha transgredido ni vulnerado los derechos del accionante, por el contrario el actor trata de persuadir a la judicatura con falacias, intentando resquebrajar el Principio de autoridad y buena administración del personal PNP, así como trata de ampararse en beneficios ajenos al personal policial. TERCERO.- Que, del escrito de demanda de fecha 23 de junio del 2015 obrante de fojas 13 a 21 se aprecia que la pretensión del demandante consiste en que mediante el presente proceso de amparo se ordene el pago de la Asignación Especial fijada por la Ley 28254, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 25413, los reintegros, intereses legales que correspondan y costos del proceso. Por su parte, el A quo a través de la recurrida estima la demanda principalmente porque: 1 De fojas 54 a 56 1 Al respecto, de lo antes planteado se concluye que el asociado Leoncio Barrios Godoy percibe Pensión por Invalidez- Incapacidad Psicofísica, producida por por lesión sufrida como Consecuencia del Servicio; siendo así, de la la Boleta de Pensión adjuntada, queda demostrado que el actor no percibe la asignación especial otorgada mediante el artículo 9 de la Ley N° 28254 desde julio del 2004; y, aunque dicho dispositivo legal en su artículo 1º in fine establece que el reajuste otorgado al personal militar en situación de actividad no tiene el carácter de remunerativo o pensionable; sin embargo, lo cierto es que conforme a lo establecido por la Ley N.º 25413, la pensión de invalidez cuando provenga de un acto u ocasión de servicio, debe comprender todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad. En consecuencia, se evidencia que al asociado Leoncio Barrios Godoy, le asistiría el derecho de percibir la Asignación Especial del personal militar en situación de actividad, y, que por tanto la entidad demandada viene afectando los derechos constitucionales a la seguridad social del actor, vulnerándose también los derechos reconocidos por los artículos 1º, 2º inciso 1), 10º y 11º de la Constitución Política del Estado. [VER DÉCIMO CONSIDERANDO] Siendo ello así, cabe tener en cuenta que corre inserta a fojas 01 la Resolución Directoral N° 1066-2003-DIRGEN correspondiente al demandante Leoncio Barrios Godoy; a través del cual se resolvió pasar de la Situación de Actividad a la de retiro al ahora accionante por la causal de incapacidad Psicosomática para el servicio policial. De igual modo, puede verificarse de fojas 02 la Boleta de pago del demandante (pensionista) según la cual no se le viene abonando los beneficios de la Ley N° 28254. CUARTO.- Que, dentro de este contexto, resulta oportuno mencionar que el Decreto Ley N° 19846 del año1972 que unifica el Régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado en su artículo 11° establece que: El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá: a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad. Norma que con el devenir de los años ha venido siendo aplicada y precisada con la Ley Nº 24373 del año 1985 y la Ley Nº 24916 del año 1988; mientras que, en el año 1991 el Decreto Legislativo Nº 737 estableció incentivos, reconocimientos excepcionales y extraordinarios a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, por acto, acción o a consecuencia del servicio, sufrieran invalidez permanente, modificando la aludida Ley Nº 24916 y cambiando las condiciones preestablecidas para la percepción de la pensión por invalidez. QUINTO.- Que, por su parte la Ley 25413, en el año 1992, con su artículo único modificó el artículo 2° del Decreto Legislativo Nº 737, con el texto siguiente: 2 "Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante(…).Dicho haber comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad (…).” De lo antes mencionado, podemos decir que la Ley 25413 precisa las condiciones y los requisitos de la pensión de invalidez regulada por la Ley 19846, especialmente, lo que corresponde al haber que por promoción económica les toca a los pensionistas; en este orden de ideas, es oportuno anotar que el Tribunal Constitucional-respecto de esa Ley y su único artículo antes glosado- ha señalado reiteradamente en sus sentencias de los Expedientes N°s 00262- 2013-PA/TC,1170-2012-PA/TC,0504-2009-PA,/TC y 1996-2009-PA/TC,3813- 2005-PA/TC,3949-2004-AA/TC,1582-2003-AA/TC, que las pensiones de invalidez e incapacidad del personal militar-policial comprenden sin distinciones el haber de todos los goces y beneficios que por variados conceptos y diferentes denominaciones perciban los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, sea que se trate de conceptos pensionables o no pensionables. SEXTO.- Que, teniendo en cuenta la conclusión arribada y que mediante la Ley N° 28254 del 15 de junio de 2004 se estableció el otorgamiento de una Asignación Especial al personal militar y policial en actividad resolviendo: 9.1 Otorgar una asignación especial al personal militar y policial en situación de actividad en los montos y tramos siguientes: a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) mensuales a partir del mes de julio del presente año. b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) mensuales adicionales a partir del mes de octubre del presente año.9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al crédito suplementario que aprueba la presente Ley, es posible afirmar que al demandante Leoncio Barrios Godoy sí le corresponde percibir el reajuste del valor de la Ración Orgánica Única a partir del mes de julio del 2004, en mérito de la Ley – y su Reglamento- antes glosados, careciendo de sustento legal y fáctico lo referido por la entidad apelante, cuando insiste en señalar que no le corresponde al accionante tal asignación. Por lo que, al estimarse la pretensión principal, corresponde amparar las pretensiones accesorias; en consecuencia deberá reintegrarse al actor los devengados e intereses legales. Por último, respecto a los costos procesales, cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, aplicable al presente caso por ser uno de garantía constitucional, corresponde a la entidad demandada pagar también por este concepto. De todo lo anotado antes, se tiene 3 que corresponde estimar la demanda que nos ocupa, en consecuencia, confirmar la Sentencia subida en grado de apelación, en todos sus extremos. DECISIÓN: Por estas consideraciones: CONFIRMARON la SENTENCIA contenida en la resolución número cuatro, su fecha 27 de abril del 2017 (fojas 43 a 49), que declaró fundada la demanda de amparo incoada; en consecuencia se ordenó que la demandada pague al actor el beneficio de Asignación Especial establecido en el artículo 9° de la Ley N° 28254, mas el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales. Con costos del proceso. En los seguidos por LEONCIO BARRIOS GODOY contra la POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, sobre PROCESO DE AMPARO; notifíquese.- S.S. VALCÁRCEL SALDAÑA GALLARDO NEYRA AGUIRRE SALINAS 4

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-39-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : ASTETE CHAMBILLA LEONOR ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. NUEVE Lima 25 de febrero Del dos mil diecinueve.- DADO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 05 y 20 de febrero del 2019 presentado por el demandante y al escrito del 19 de febrero del 2019 presentado por la parte demandada, proveyendo en forma conjunta, de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó sentencia que declaró FUNDADA la demanda, ordenando que se pague el beneficio de la Asignación Especial; decisión que fue CONFIRMADA por la Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018, emitida por la Primera Sala Civil. SEGUNDO: En ejecución de sentencia, la demandada presenta la Resolución Directoral N° 1111-2018-DIRADM-DIVECO-PNP del 23 de noviembre del 2018, que resolvió en otorgar la asignación especial a favor del demandante en la suma de S/. 16,050.00, suma con la que el demandante se encuentra conforme, según lo precisa en su escrito del 20 de febrero del 2019, por lo que: SE DISPONE APROBAR la Resolución Directoral N° 1111-2018- DIRADM-DIVECO-PNP del 23 de noviembre del 2018, que dispuso el pago de la asignación especial en la suma de S/. 16,050.00 Soles. TERCERO: A la fecha la demandada, dando cumplimiento a la sentencia, presenta el Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 consignado a ésta judicatura por la suma de S/. 16,050.00 Soles; asimismo, del escrito del 20 de febrero de la parte demandante, se aprecia que éste solicita la entrega del certificado de depósito judicial antes mencionado, estando que el proceso lleva casi 04 años de trámite, siendo amparado el derecho del demandante, a fin de no generar mayores dilaciones y dándose por cumplida la pretensión principal, SE DISPONE: 1. Tener por consignada la suma de S/. 16,050.00 Soles (Dieciséis Mil Cincuenta y 00/100 Soles), consecuentemente: 2. ENTRÉGUESE DEBIDAMENTE ENDOSADO a don LEONCIO BARRIOS GODOY el Certificado de Depósito Judicial el Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 por la suma de S/. 16,050.00 Soles, dejándose debida constancia en autos de su entrega. 3. . NOTIFÍQUESE.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

10° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 10490-2015-39-1801-JR-CI-10 MATERIA : ACCION DE AMPARO JUEZ : ASTETE CHAMBILLA LEONOR ESPECIALISTA : CAMPOS CHAVEZ JHONNY ANTONY PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR , DEMANDADO : DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO , DEMANDANTE : BARRIOS GODOY, LEONCIO Resolución Nro. NUEVE Lima 25 de febrero Del dos mil diecinueve.- DADO CUENTA el día de la fecha, al escrito del 05 y 20 de febrero del 2019 presentado por el demandante y al escrito del 19 de febrero del 2019 presentado por la parte demandada, proveyendo en forma conjunta, de acuerdo a ley Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 04 del 27 de abril del 2017, se dictó sentencia que declaró FUNDADA la demanda, ordenando que se pague el beneficio de la Asignación Especial; decisión que fue CONFIRMADA por la Sentencia de Vista del 16 de abril del 2018, emitida por la Primera Sala Civil. SEGUNDO: En ejecución de sentencia, la demandada presenta la Resolución Directoral N° 1111-2018-DIRADM-DIVECO-PNP del 23 de noviembre del 2018, que resolvió en otorgar la asignación especial a favor del demandante en la suma de S/. 16,050.00, suma con la que el demandante se encuentra conforme, según lo precisa en su escrito del 20 de febrero del 2019, por lo que: SE DISPONE APROBAR la Resolución Directoral N° 1111-2018- DIRADM-DIVECO-PNP del 23 de noviembre del 2018, que dispuso el pago de la asignación especial en la suma de S/. 16,050.00 Soles. TERCERO: A la fecha la demandada, dando cumplimiento a la sentencia, presenta el Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 consignado a ésta judicatura por la suma de S/. 16,050.00 Soles; asimismo, del escrito del 20 de febrero de la parte demandante, se aprecia que éste solicita la entrega del certificado de depósito judicial antes mencionado, estando que el proceso lleva casi 04 años de trámite, siendo amparado el derecho del demandante, a fin de no generar mayores dilaciones y dándose por cumplida la pretensión principal, SE DISPONE: 1. Tener por consignada la suma de S/. 16,050.00 Soles (Dieciséis Mil Cincuenta y 00/100 Soles), consecuentemente: 2. ENTRÉGUESE DEBIDAMENTE ENDOSADO a don LEONCIO BARRIOS GODOY el Certificado de Depósito Judicial el Certificado de Depósito Judicial N° 2019004400074 por la suma de S/. 16,050.00 Soles, dejándose debida constancia en autos de su entrega. 3. . NOTIFÍQUESE.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa S.S. PAREDES FLORES MAXIN ÁLVAREZ VELARDE ACOSTA EXP. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 DEMANDANTE : BARRIOS GODOY LEONCIO DEMANDADO : MINISTERIO DEL INTERIOR MATERIA : PROCESO DE AMPARO - MULTA RESOLUCIÓN NÚMERO: 02 Lima, cuatro de marzo Del dos mil veintidós. - AUTOS Y VISTOS; El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto la conversión de la Primera Sala Civil en Tercera Sala Constitucional acorde a lo establecido en el art.1ro de la Resolución Administrativa N°000291-2021-CE-PJ, de la fecha 07 de setiembre de 2021. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Mixán Alvarez; se emite pronunciamiento respecto de la apelación interpuesta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Conforme oficio de elevación obrante de fojas 61, es materia de grado la Resolución N° 18 de fecha 03 de setiembre de 2021 (foja 48), en el extremo que resuelve: IMPONER MULTA DE 02 URP a la demandada. Sin perjuicio de la multa impuesta requiérase a la demandada que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, bajo apercibimiento de multa de 05 URP. En mérito al recurso de apelación (fojas 50 a 54) interpuesto por la entidad demandada; y, concedido por Resolución N° 19, su fecha 21 de octubre de 2021 (fojas 55), sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferido. SEGUNDO: La parte demandada, MINISTERIO DEL INTERIOR, representada por la Procuraduría Pública a Cargo del Sector Interior, mediante escrito de apelación obrante de fojas 50 a 54, señala como argumento de agravio, en síntesis, lo siguiente: El A quo al emitir la resolución 18 contraviene el debido procedimiento al haber sido emitida sin que se haya compulsado adecuadamente el escrito con el que se informaba el procedimiento de pago, en el cual se evidencia las acciones para dar cumplimiento; asimismo advertimos la falta de notificación de la Resolución N° 13 y 15 directamente al funcionario responsable, tampoco se valoró el procedimiento de pago que debe seguir la entidad para cumplir la sentencia siendo imposible cumplir con la obligación en el plazo otorgado en las resoluciones N° 13, 15 y 18. Página 1 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa La resolución impugnada incurre en error por cuanto la imposición de la una sanción tiene que estar sustentada en la notificación del funcionario COMPETENTE en cumplir el mandato de la sentencia, siendo que el primer requerimiento, no cumple con el procedimiento establecido en la R.A. N° 200-2011-PJ de fecha 11 de mayo de 2011, emitido por la Presidencia de la Corte Suprema; en ese sentido, el Juzgado antes de establecer algún tipo de multa debió requerir previamente al Director de Economía y Finanzas de la PNP, como órgano competente para cumplir con el mandato. TERCERO: Previamente a emitir pronunciamiento sobre el argumento de agravio, cabe precisar que, la Ley 28237 – Código Procesal Constitucional ha sido derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31307-Nuevo Código Procesal Constitucional, publicada en el Diario El Peruano el 23 de julio de 2021 y vigente de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final, a partir del 24 de julio de 2021 [día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano]; sin embargo, de conformidad con lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31307-Nuevo Código Procesal Constitucional, continúa rigiendo el Código anterior para el caso de los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado; por lo tanto, al encontrarse el presente proceso en etapa de ejecución, es de aplicación al caso de autos la Ley 28237 – Código Procesal Constitucional. CUARTO: Previamente a emitir pronunciamiento en torno al argumento de apelación, es menester realizar un breve recuento de los actos procesales que guardan relación con la resolución materia de alzada. Así de autos, se advierte lo siguiente: 4.1. Por Sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 27 de abril de 2017 (fojas 26 a 32) se declaró FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Leoncio Barrios Godoy; en consecuencia, se ORDENÓ que la parte demandada pague al actor el beneficio de asignación especial establecido en el artículo 9° de la Ley 28254, más el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales; con costos del proceso. La resolución que fue materia de impugnación por el Procurador del Ministerio del Interior, fue CONFIRMADA por la Sentencia de Vista número 3 de fecha 17 de abril de 2018 (fojas 34 a 39). 4.2. Por la resolución número 13, de fecha 22 de setiembre de 2020 (fojas 42 a 43) se aprobó el Informe Pericial N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI de fecha 29 de noviembre de 2019, que calculó los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/ 3,082.25; consecuentemente, REQUIÉRASE a la demandada cumpla con abonar el pago de los intereses legales de la asignación especial en el plazo de 10 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA COMPULSIVA Y PROGRESIVA. La mencionada resolución le fue notificada al Procurador Público del Ministerio del Interior el 24 de setiembre de 2020. [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] Página 2 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa 4.3. A través de la resolución número 15 de fecha 15 de diciembre de 2020, el A quo FIJÓ los COSTOS PROCESALES en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES (S/.2,500.00) a favor de la parte demandante más el 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima. La resolución número 15 fue notificada a la demandada el 17 de febrero de 2021 [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] 4.4. Mediante la resolución número 16 de fecha 22 de abril de 2022, el Juez resolvió REQUERIR A LA DEMANDADA que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA DE 02 URP. El mencionado auto fue notificado al Procurador Público del Ministerio del Interior el 04 de junio de 2021; asimismo, le fue notificado al Director General de la Policía Nacional del Perú [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] 4.5. Ante la renuencia de la parte demanda de cumplir con el pago de los intereses legales y costos del proceso, por la resolución número 18, el Juez hizo efectivo el apercibimiento decretado por la resolución número 16. QUINTO: Cabe señalar que el artículo 22° del Código Procesal Constitucional - Ley N° 28237, normativa aplicable al presente caso, en torno a la actuación de sentencias, prescribe: “La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución. El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, fijándolo en Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la capacidad económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con el auxilio de la fuerza pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez estime pertinente. El Juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta el cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato judicial (…)”. SEXTO: Ahora bien, con relación al argumento de apelación, descrito en el considerando segundo de la presente resolución, debe tenerse en cuenta que, las resoluciones y mandatos judiciales deben cumplirse en los términos y plazos establecidos, caso contrario, el Juez se encuentra facultado a utilizar las medidas Página 3 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa coercitivas previstas en el artículo 53° del Código Procesal Civil1, que en su numeral 1) preceptúa: “En atención al fin promovido y buscado en el artículo 52°, el Juez puede: 1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión […]”; dispositivo legal que guarda relación con el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese sentido, resulta suficiente que se haya dado el incumplimiento de lo ordenado por el mandato judicial [resolución número 13 (pago de intereses legales) y resolución número 15 (pago de costos del proceso)], para imponer la medida coercitiva, ello cuando ya se dictó un apercibimiento de la medida a imponer [apercibimiento realizado en la resolución número 13 y reiterado en la resolución 16 para el cumplimiento de pago de ambos conceptos]; por lo que, la alegación de la entidad demandada, consistente en que el incumplimiento de los extremos de la sentencia consistentes en el pago de intereses legales y costos del proceso, se encuentra siguiendo el trámite interno para su pago, no resulta ser justificación para el incumplimiento en el que se ha incurrido, máxime si tiene en cuenta que la parte demanda tiene conocimiento que debe cancelar eso conceptos a favor del demandante, desde la notificación de la sentencia que data del 12 y 15 junio de 2017 fechas en los que fueron notificados el Director General de la Policía Nacional del Perú y el Procurador Público del Ministerio del Interior, respectivamente; además desde el requerimiento realizado con las resoluciones N° 13 notificada al demando el 24 de setiembre de 2020 y el requerimiento de la resolución 15, notificada al demando el 17 de febrero de 2021; hasta la aplicación del apercibimiento dispuesto por la resolución número 18, de fecha 03 de setiembre de 2021, ha transcurrido poco más de 11 meses desde el pedido de pago de intereses legales y cerca de 7 meses desde el pedido de pago de costos, tiempo que resulta más que razonable para el cumplimiento de los mencionados conceptos. Asimismo, es menester resaltar que, los plazos de 10 días, 20 días y nuevamente 20 días de notificado establecidos en las resoluciones N° 13, 16 y la resolución recurrida N° 18, resultan prudentes si se tiene que en cuenta que a legislación constitucional prevé que las sentencias que ordenen el cumplimiento de una obligación de dar, son de actuación inmediata. Por otro lado, siendo que el proceso ha sido llevado contra el Director de la Policía Nacional del Perú, quien se encuentra representado por el Procurador Público del Ministerio del Interior, y, dado que, la resolución número 16 por la que se realizó el segundo requerimiento de pago bajo apercibimiento de multa le fue notificado tanto al demandado como su procurador, se concluye que se cumplido con requerir la obligación y señalar el apercibiendo, no resultando exigible que el Juez haya además, tenido que requerir al Director de Economía y Finanzas de la PNP como manifiesta el 1 Aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo IX del Título del Código Procesal Constitucional, prevé: “En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria, los códigos procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales […]” Página 4 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa recurrente en virtud a la resolución administrativa que menciona en su escrito de apelación; toda vez que, de acuerdo con el Principio de Reconducción de Oficio reconocido en el artículo 75° de Ley 27444, las autoridades deben encausar de oficio cuando adviertan un error; por lo tanto, si la entidad pública demandada consideró que la notificación de la resolución 16, por la cual, en calidad de demandada, se le requería el pago de los intereses legales y costos del proceso debía, administrativamente ser conocida por el Director de Economía y Finanzas de la PNP, bien podía esta reconducir el pedido a esa área; en aras de dar pronto cumplimiento a lo ordenado en un mandato judicial, por lo tanto, corresponde desestimar el argumento de agravio. SÉTIMO: Así las cosas, la resolución apelada se encuentra conforme al mérito de lo actuado y acorde a lo dispuesto en el artículo número 122 (inciso 3°) del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por lo que, este Colegido Superior, resuelve: DECISIÓN: CONFIRMAN la Resolución N° 18 de fecha 03 de setiembre de 2021 (foja 48), en el extremo que resuelve: IMPONER MULTA DE 02 URP a la demandada. Sin perjuicio de la multa impuesta requiérase a la demandada que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, bajo apercibimiento de multa de 05 URP. En los seguidos por LEONCIO BARRIOS GODOY contra MINISTERIO DEL INTERIOR sobre AMPARO. Notifíquese.- S.S.: RMA/ynm Página 5 de 5

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa S.S. PAREDES FLORES MAXIN ÁLVAREZ VELARDE ACOSTA EXP. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 DEMANDANTE : BARRIOS GODOY LEONCIO DEMANDADO : MINISTERIO DEL INTERIOR MATERIA : PROCESO DE AMPARO - MULTA RESOLUCIÓN NÚMERO: 02 Lima, cuatro de marzo Del dos mil veintidós. - AUTOS Y VISTOS; El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto la conversión de la Primera Sala Civil en Tercera Sala Constitucional acorde a lo establecido en el art.1ro de la Resolución Administrativa N°000291-2021-CE-PJ, de la fecha 07 de setiembre de 2021. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Mixán Alvarez; se emite pronunciamiento respecto de la apelación interpuesta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Conforme oficio de elevación obrante de fojas 61, es materia de grado la Resolución N° 18 de fecha 03 de setiembre de 2021 (foja 48), en el extremo que resuelve: IMPONER MULTA DE 02 URP a la demandada. Sin perjuicio de la multa impuesta requiérase a la demandada que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, bajo apercibimiento de multa de 05 URP. En mérito al recurso de apelación (fojas 50 a 54) interpuesto por la entidad demandada; y, concedido por Resolución N° 19, su fecha 21 de octubre de 2021 (fojas 55), sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferido. SEGUNDO: La parte demandada, MINISTERIO DEL INTERIOR, representada por la Procuraduría Pública a Cargo del Sector Interior, mediante escrito de apelación obrante de fojas 50 a 54, señala como argumento de agravio, en síntesis, lo siguiente: El A quo al emitir la resolución 18 contraviene el debido procedimiento al haber sido emitida sin que se haya compulsado adecuadamente el escrito con el que se informaba el procedimiento de pago, en el cual se evidencia las acciones para dar cumplimiento; asimismo advertimos la falta de notificación de la Resolución N° 13 y 15 directamente al funcionario responsable, tampoco se valoró el procedimiento de pago que debe seguir la entidad para cumplir la sentencia siendo imposible cumplir con la obligación en el plazo otorgado en las resoluciones N° 13, 15 y 18. Página 1 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa La resolución impugnada incurre en error por cuanto la imposición de la una sanción tiene que estar sustentada en la notificación del funcionario COMPETENTE en cumplir el mandato de la sentencia, siendo que el primer requerimiento, no cumple con el procedimiento establecido en la R.A. N° 200-2011-PJ de fecha 11 de mayo de 2011, emitido por la Presidencia de la Corte Suprema; en ese sentido, el Juzgado antes de establecer algún tipo de multa debió requerir previamente al Director de Economía y Finanzas de la PNP, como órgano competente para cumplir con el mandato. TERCERO: Previamente a emitir pronunciamiento sobre el argumento de agravio, cabe precisar que, la Ley 28237 – Código Procesal Constitucional ha sido derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 31307-Nuevo Código Procesal Constitucional, publicada en el Diario El Peruano el 23 de julio de 2021 y vigente de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final, a partir del 24 de julio de 2021 [día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano]; sin embargo, de conformidad con lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31307-Nuevo Código Procesal Constitucional, continúa rigiendo el Código anterior para el caso de los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado; por lo tanto, al encontrarse el presente proceso en etapa de ejecución, es de aplicación al caso de autos la Ley 28237 – Código Procesal Constitucional. CUARTO: Previamente a emitir pronunciamiento en torno al argumento de apelación, es menester realizar un breve recuento de los actos procesales que guardan relación con la resolución materia de alzada. Así de autos, se advierte lo siguiente: 4.1. Por Sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 27 de abril de 2017 (fojas 26 a 32) se declaró FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Leoncio Barrios Godoy; en consecuencia, se ORDENÓ que la parte demandada pague al actor el beneficio de asignación especial establecido en el artículo 9° de la Ley 28254, más el pago de los montos dejados de percibir (devengados) e intereses legales; con costos del proceso. La resolución que fue materia de impugnación por el Procurador del Ministerio del Interior, fue CONFIRMADA por la Sentencia de Vista número 3 de fecha 17 de abril de 2018 (fojas 34 a 39). 4.2. Por la resolución número 13, de fecha 22 de setiembre de 2020 (fojas 42 a 43) se aprobó el Informe Pericial N° 2683-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI de fecha 29 de noviembre de 2019, que calculó los intereses legales de la asignación especial en la suma de S/ 3,082.25; consecuentemente, REQUIÉRASE a la demandada cumpla con abonar el pago de los intereses legales de la asignación especial en el plazo de 10 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA COMPULSIVA Y PROGRESIVA. La mencionada resolución le fue notificada al Procurador Público del Ministerio del Interior el 24 de setiembre de 2020. [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] Página 2 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa 4.3. A través de la resolución número 15 de fecha 15 de diciembre de 2020, el A quo FIJÓ los COSTOS PROCESALES en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SOLES (S/.2,500.00) a favor de la parte demandante más el 5% destinado al Colegio de Abogados de Lima. La resolución número 15 fue notificada a la demandada el 17 de febrero de 2021 [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] 4.4. Mediante la resolución número 16 de fecha 22 de abril de 2022, el Juez resolvió REQUERIR A LA DEMANDADA que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, BAJO APERCIBIMIENTO DE MULTA DE 02 URP. El mencionado auto fue notificado al Procurador Público del Ministerio del Interior el 04 de junio de 2021; asimismo, le fue notificado al Director General de la Policía Nacional del Perú [conforme se advierte de la consulta realizada a través de la página web del Poder Judicial Consulta de Expedientes Judiciales - CEJ] 4.5. Ante la renuencia de la parte demanda de cumplir con el pago de los intereses legales y costos del proceso, por la resolución número 18, el Juez hizo efectivo el apercibimiento decretado por la resolución número 16. QUINTO: Cabe señalar que el artículo 22° del Código Procesal Constitucional - Ley N° 28237, normativa aplicable al presente caso, en torno a la actuación de sentencias, prescribe: “La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución. El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, fijándolo en Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la capacidad económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con el auxilio de la fuerza pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez estime pertinente. El Juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta el cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato judicial (…)”. SEXTO: Ahora bien, con relación al argumento de apelación, descrito en el considerando segundo de la presente resolución, debe tenerse en cuenta que, las resoluciones y mandatos judiciales deben cumplirse en los términos y plazos establecidos, caso contrario, el Juez se encuentra facultado a utilizar las medidas Página 3 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa coercitivas previstas en el artículo 53° del Código Procesal Civil1, que en su numeral 1) preceptúa: “En atención al fin promovido y buscado en el artículo 52°, el Juez puede: 1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión […]”; dispositivo legal que guarda relación con el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en ese sentido, resulta suficiente que se haya dado el incumplimiento de lo ordenado por el mandato judicial [resolución número 13 (pago de intereses legales) y resolución número 15 (pago de costos del proceso)], para imponer la medida coercitiva, ello cuando ya se dictó un apercibimiento de la medida a imponer [apercibimiento realizado en la resolución número 13 y reiterado en la resolución 16 para el cumplimiento de pago de ambos conceptos]; por lo que, la alegación de la entidad demandada, consistente en que el incumplimiento de los extremos de la sentencia consistentes en el pago de intereses legales y costos del proceso, se encuentra siguiendo el trámite interno para su pago, no resulta ser justificación para el incumplimiento en el que se ha incurrido, máxime si tiene en cuenta que la parte demanda tiene conocimiento que debe cancelar eso conceptos a favor del demandante, desde la notificación de la sentencia que data del 12 y 15 junio de 2017 fechas en los que fueron notificados el Director General de la Policía Nacional del Perú y el Procurador Público del Ministerio del Interior, respectivamente; además desde el requerimiento realizado con las resoluciones N° 13 notificada al demando el 24 de setiembre de 2020 y el requerimiento de la resolución 15, notificada al demando el 17 de febrero de 2021; hasta la aplicación del apercibimiento dispuesto por la resolución número 18, de fecha 03 de setiembre de 2021, ha transcurrido poco más de 11 meses desde el pedido de pago de intereses legales y cerca de 7 meses desde el pedido de pago de costos, tiempo que resulta más que razonable para el cumplimiento de los mencionados conceptos. Asimismo, es menester resaltar que, los plazos de 10 días, 20 días y nuevamente 20 días de notificado establecidos en las resoluciones N° 13, 16 y la resolución recurrida N° 18, resultan prudentes si se tiene que en cuenta que a legislación constitucional prevé que las sentencias que ordenen el cumplimiento de una obligación de dar, son de actuación inmediata. Por otro lado, siendo que el proceso ha sido llevado contra el Director de la Policía Nacional del Perú, quien se encuentra representado por el Procurador Público del Ministerio del Interior, y, dado que, la resolución número 16 por la que se realizó el segundo requerimiento de pago bajo apercibimiento de multa le fue notificado tanto al demandado como su procurador, se concluye que se cumplido con requerir la obligación y señalar el apercibiendo, no resultando exigible que el Juez haya además, tenido que requerir al Director de Economía y Finanzas de la PNP como manifiesta el 1 Aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo IX del Título del Código Procesal Constitucional, prevé: “En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria, los códigos procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales […]” Página 4 de 5 Corte Superior de Justicia de Lima Tercera Sala Constitucional desde 15-09-21 (Ex Primera Sala Civil) Exp. 10490-2015-98-1801-JR-CI-10 Materia: Proceso de Amparo - Multa recurrente en virtud a la resolución administrativa que menciona en su escrito de apelación; toda vez que, de acuerdo con el Principio de Reconducción de Oficio reconocido en el artículo 75° de Ley 27444, las autoridades deben encausar de oficio cuando adviertan un error; por lo tanto, si la entidad pública demandada consideró que la notificación de la resolución 16, por la cual, en calidad de demandada, se le requería el pago de los intereses legales y costos del proceso debía, administrativamente ser conocida por el Director de Economía y Finanzas de la PNP, bien podía esta reconducir el pedido a esa área; en aras de dar pronto cumplimiento a lo ordenado en un mandato judicial, por lo tanto, corresponde desestimar el argumento de agravio. SÉTIMO: Así las cosas, la resolución apelada se encuentra conforme al mérito de lo actuado y acorde a lo dispuesto en el artículo número 122 (inciso 3°) del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por lo que, este Colegido Superior, resuelve: DECISIÓN: CONFIRMAN la Resolución N° 18 de fecha 03 de setiembre de 2021 (foja 48), en el extremo que resuelve: IMPONER MULTA DE 02 URP a la demandada. Sin perjuicio de la multa impuesta requiérase a la demandada que cumpla con abonar los intereses legales y costos del proceso, ello en el plazo de 20 días de notificado, bajo apercibimiento de multa de 05 URP. En los seguidos por LEONCIO BARRIOS GODOY contra MINISTERIO DEL INTERIOR sobre AMPARO. Notifíquese.- S.S.: RMA/ynm Página 5 de 5

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Expediente: 10506-2015 (Desalojo) RESOLUCIÓN N° 10 Lima, ocho de noviembre del dos mil veintidós.- Se atiende "devolución de expediente" del 27 septiembre y escrito del 26 octubre 2022: Primero.- La Segunda Sala Civil declaró insubsistente el oficio de elevación y devolvió el expediente al juzgado para que cumpla el "trámite de la sucesión". Segundo.- En efecto, el codemandado Juan Pedro Chipana Chipana falleció el 16 febrero 2021, según la información registrada en la RENIEC. Tercero.- Sin embargo, con anterioridad, el juzgado expidió sentencia que declara fundada la demanda, conforme a la Resolución N° 06 del 06 enero 2020 y concedió apelación con efecto suspensivo, según Resolución N° 07 del 05 febrero 2021, por lo que estos procesales se mantienen subsistentes. Cuarto.- Asimismo, se deja constancia que los decretos expedidos por la Resolución N° 08 y la Resolución N° 09 no generaron indefensión para el codemandado Juan Pedro Chipana Chipana. Quinto.- Al respecto, la Demandante pide se nombre curador procesal. Sexto.- Sin embargo, en cumplimiento de lo señalado por la Segunda Sala Civil, el juzgado procederá a efectuar "LLAMADO a la sucesión procesal" y "en caso de no comparecer al proceso, actuar conforme a lo regulado en el artículo 108 parte final del Código Procesal Civil". Por las consideraciones expuestas: Se RESUELVE: Primero.- LLAMAR a la sucesión procesal del codemandado Juan Pedro Chipana Chipana. Segundo.- NOTIFICAR en el inmueble materia de este proceso, ubicado en el jirón Renovación N° 269 del distrito de La Victoria, con la finalidad de que los FAMILIARES del codemandado Juan Pedro Chipana Chipana procedan a la sucesión procesal en el presente proceso. El Especialista Legal da cuenta por disposición superior.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

37° JUZGADO CIVIL EXPEDIENTE : 10506-2015-0-1801-JR-CI-37 MATERIA : DESALOJO JUEZ : RENDON ESCOBAR, ELENA ESPECIALISTA : HUAMANI HERRERA, FRANCISCO DEMANDADO : SEMINARIO LAZO, ROBERTO CHIPANA CHIPANA, JUAN PEDRO FLORES LAZO, LUIS FEDERICO SEMINARIO LAZO, CORINA DEMAS TERCEROS OCUPANTES DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DE LITIS SITO EN , DEMANDANTE : AREQUIPA EXPRESO MARVISUR E I R L , RESOLUCIÓN N° 05 Lima, dieciocho de Octubre del dos mil dieciocho.--------------- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con la razón del encargado del archivo modular y en la fecha con el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución emitida en la Audiencia U nica de fecha 11 de Abril del 2018; ATENDIENDO: Primero.- Que, conforme lo indica el artículo 364° del Código Procesal Civil el objeto del Recurso de Apelación es que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la Resolución que les produzca agravio; Segundo.- Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la Resolución emitida en la Audiencia Única de fecha 11 de Abril del 2018 encontrándose el presente recurso dentro del plazo legal, conteniendo los fundamentos de hecho y derecho que precisa la naturaleza de agravio y además se encuentra dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 369° del Código Procesal Civil; siendo así, estando a las consideraciones anotadas y conforme lo establece el artículo 556 del Código Procesal Civil " La resolución citada en el último párrafo del Artículo 551, la que declara fundada una excepción o defensa previa y la sentencia son apelables con efecto suspensivo, dentro de tercer día de notificadas. Las demás son sólo apelables durante la audiencia, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas, siendo de aplicación el Artículo 369 en lo que respecta a su trámite", se dispone: CONCEDER la apelación interpuesta por la demandada CORINA SEMINARIO LAZO contra la Resolución emitida en la Audiencia Única de fecha 11 de Abril del 2018 SIN EFECTO SUSPENSIVO Y CON LA CALIDAD DE DIFERIDA; para que sea resuelta por el Superior conjuntamente con la sentencia si ésta es apelada. A los otrosíes: TENGASE presente en lo que fuere de Ley. NOTIFIQUESE.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 10819-2015 DEMANDANTE : HIDRANDINA S.A. DEMANDADO : OSINERGMIN y otro MATERIA : nulidad de acto administrativo SENTENCIA DE VISTA RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE Lima, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve .- VISTA la causa en Audiencia Pública, con el Expediente Administrativo acompañado que se tiene a la vista para resolver; interviene como Juez Superior Ponente la Señora Cabello Arce, y CONSIDERANDO : PRIMERO.- Viene en apelación a esta instancia, la sentencia contenida en la Resolución Número Doce, de fecha 12 diciembre 2017, inserta de fojas 262 a 272, que declaró Infundada la demanda. La apelación fue concedida a la empresa demandante por resolución número trece corriente de fojas 294 de autos. SEGUNDO.- La entidad demandante Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. - HIDRANDINA - , en su recurso de apelación de fojas 280 a 293 expone los siguientes agravios (síntesis): i. El A quo no ha tomado en cuenta que la Resolución de la JARU Resolución N° 0815-2015-OS/JARU de fecha 15 julio 2015, que es la resolución impugnada, transgrede el numeral 3) del artículo 75° de la LPAG, el cual regula deber de la autoridad de encausar el procedimiento administrativo; debido a que la JARU para declarar nulas las Resoluciones N° 53100000953 y 53100000953-A, señaló en el fundamento 3.20 de la impugnada, que de conformidad con el artículo 75° de la LPAG , corresponde encausar de oficio el procedimiento y considerar el reclamo interpuesto por TASA el 01 de abril de 2015, en lo referido al período julio 2011 a julio 2014 como un recurso de apelación contra la Resolución N° 53100000953 y así declarar su nulidad. Manifiesta que TASA no presentó ningún recurso impugnatorio, contra ninguna de estas 02 resoluciones, pudiendo advertirse en todo caso negligencia por parte de su accionar procesal; y además esas resoluciones no impugnadas por TASA correspondían a otro procedimiento. Por ello la Administración no puede abusar de su atribución de encausar los reclamos de los administrados, siendo que estos quedaron firmes; siendo que en el caso se encausa un reclamo presentado el 01 de abril de 2015, como una apelación a las Resoluciones N° 53100000953 y 53100000953-A, cuando ambas resoluciones ya se encontraban consentidas en sede administrativa, al no haber sido impugnadas por TASA. ii. Sobre la contravención a la congruencia procesal Sostiene HIDRANDINA que debe revocarse la resolución apelada, en el extremo que considera erróneamente que la JARU emitió un pronunciamiento acorde al petitorio de TASA sobre la devolución de los montos de reintegro de energía en hora punta y en hora fuera de punta; y sobre reintegro por potencia de generación, lo cual no es verdad, ya que si bien TASA reclamó por los conceptos de potencia de generación y energía en hora punta y hora fuera de punta, nunca mencionó los períodos entre marzo 2012 y febrero de 2015, ni agosto de 2014 a febrero de 2015, respectivamente; el A quo no consideró que dichos períodos no fueron materia de impugnación, ya que: i) para el concepto de potencia de generación respecto al período entre marzo 2012 a julio de 2014 ya se encontraba referido a la Resolución 0815 y ; ii) cuando TASA presenta su reclamo por los conceptos de potencia de generación y energía en hora punta y hora fuera de punta, no señala un período de reclamo en particular. Por tanto, la motivación realizada por el A-quo se sustenta en hechos falsos, debido que en ningún momento TASA solicitó a HIDRANDINA, ni a la JARU, que se evalué la facturación por los períodos entre marzo 2012 y febrero de 2015, ni agosto de 2014 a febrero de 2015 en relación a la potencia de generación, ni para la energía en hora punta y hora fuera de punta. iii) Sobre el vicio de contravención al procedimiento regular Se produce al resolver y declarar agotada la vía administrativa, sólo respecto de conceptos de potencia de redistribución de agosto 2014, el A quo ha considerado que no es necesario, ya que queda expedito el derecho del administrado para interponer demanda contenciosa administrativa, de considerar que la resolución que agota la vía lesiona sus derechos. Sin embargo el Juez no ha tomado cuenta que, existe una expresa contravención a lo dispuesto en el numeral 5.4 del artículo 5° del Procedimiento de Reclamación de Usuarios ( Resolución 671-2007-OS-CD), que señala que el agotamiento de la vía administrativa se presenta con la resolución emitida por la JARU en segunda y última instancia, y por tal motivo debió declararse agotada la vía administrativa por todos los conceptos comprendidos en el acto administrativo, pero no sólo sobre la modalidad de devolución del reintegro por potencia activa por uso de redes de distribución de agosto de 2014. TERCERO.- El artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les 2 produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente. Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación , se tiene en cuenta el aforismo " tantun devolutum quantum apellatum", según el cual el órgano judicial revisor solo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir, respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros sobre lo cuales debe versar la absolución del grado. En tal contexto, corresponde determinar si la decisión impugnada de la A quo se encuentra arreglada a derecho . CUARTO.- En el caso de autos la demandante empresa concesionaria HIDRANDINA plantea como pretensión principal que se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 0815-2015-OS/JARU-SC de fecha 15 julio 2015, emitida por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios del OSINERGMIN (JARU), que declaró fundada en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa usuaria Tecnología de Alimentos S.A. – TASA, interpuesto contra la Resolución N° 53100005292 emitida en primera instancia administrativa por Hidrandina. La nulidad parcial es respecto de los siguientes extremos de la resolución impugnada: (i) El artículo 1° que declara Nula la Resolución N° 53100005292 (ii) El artículo 2° que declara Nulas las Resoluciones Nos. 53100000953 y 53100000953-A, en lo referido al reintegro por energía activa en horas punta y energía activa en horas fuera de punta. ( procedimiento regular) (iii) El artículo 3°, en el extremo que ordena a Hidrandina incluir en la evaluación objeto de nuevo pronunciamiento el reintegro de energía de agosto de 2014 a febrero de 2015, y el reintegro de Potencia de Generación de marzo de 2012 a febrero de 2015.(debida motivación) (iv) El artículo 9°, que declara agotada la vía administrativa respecto de la modalidad de devolución del reintegro por potencia activa por uso de redes de distribución de agosto de 2014. ( contravenir Constitución, leyes y normas reglamentarias) Como segunda Pretensión Principal, la actora pretende que si el Juzgado resuelve amparar la nulidad de todos o algunos de los extremos solicitados, ordene al OSINERGMIN que se pronuncie nuevamente respecto de tales extremos. QUINTO .- de la revisión de los actuados administrativos aparece lo siguiente : i. A fojas 05- 14 obra el escrito de reclamación presentado el 01 abril 2015 por la empresa usuaria Tecnología de Alimentos S.A. TASA , a fin de que la Concesionaria HIDRANDINA le reintegre el importe facturado por potencia de distribución de agosto 2014, y los importes en exceso facturados por potencia de generación, energía en 3 horas punta y energía en horas fuera de punta de octubre de 2005 a la fecha de reclamo. ii. Mediante Resolución N° 53100005292 de fecha 14 mayo 2015, a folios 145 a 154, la empresa concesionaria HIDRANDINA declaró improcedente la reclamación en el extremo referido: Devolución de Potencia de Generación y Energía en HP y FP del período octubre 2005 a junio 2011; improcedente respecto a la devolución de potencia de generación y energía en HP y FP, aplicación de factor de transformación de 1.025 a los volúmenes de energía en FP y FP y otros cargos relacionados con el Fose, del período de julio de 2011 a julio de 2014; e infundado el reclamo respecto al mes agosto 2014 por la facturación de Potencia de Distribución, devolución de Potencia de generación y energía en HP y FP. iii. Por escrito del 02 junio 2015 (folios 155 a 179 E.A) , la empresa TASA interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 53100005292, reiterando los argumentos de su reclamación. iv. Mediante Resolución de la Sala Colegiada Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios OSINERGMIN N° 0815-2015-OS/JARU-SC de fecha 15 julio 2015, ( folios 225 a 232) se resuelve declarar NULAS las Resoluciones N° 53100005292, N° 53100000953 y N° 53100000953-A emitidas por HIDRANDINA, y se ordena además a HIDRANDINA incluir en la evaluación, nuevo pronunciamiento sobre el reintegro de energía de agosto de 2014 a febrero de 2015, y el reintegro de Potencia de Generación de marzo de 2012 a febrero de 2015; y en su artículo 9°, declara agotada la vía administrativa respecto de la modalidad de devolución del reintegro por potencia activa por uso de redes de distribución de agosto de 2014. SEXTO .- Marco jurídico de aplicación al caso.- . Ley N° 27332- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión en Energía, en su artículo 3° establece que: “Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito; Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 4 concesionarios en los respectivos contratos de concesión; e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; y, f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 3.2 Estas funciones serán ejercidas con los alcances y limitaciones que se establezcan en sus respectivas leyes y reglamentos”. . Resolución N° 1089-2011-OS/CD precisa: “La compensación por el uso de las redes de distribución, se efectúa también empleando las tarifas reguladas y es el resultado de aplicar los mismos procedimientos establecidos para los usuarios regulados. La aplicación del Cargo de Distribución Eléctrica (VAD) se relaciona con el uso del sistema de distribución eléctrica de acuerdo a los siguientes criterios: - Si el cliente no hace uso de ningún componente del sistema de distribución eléctrica, el cliente quedará exceptuado del pago del Cargo de Distribución Eléctrica (VAD). - Si el cliente utiliza, o tiene a su disposición para utilizar de inmediato, cualquiera de los componentes del sistema de distribución eléctrica, el cliente deberá pagar el Cargo de Distribución Eléctrica (VAD)”. SÉTIMO .- Hechos relevantes relacionados con la reclamación administrativa sub judice.- 7.1. Antes de analizar los agravios expuestos por la apelante, es preciso señalar que de los actuados administrativos, se advierte que a través de una anterior pronunciamiento contenido en la Resolución N° 1373-2014-OS-JARU, de fecha 02 diciembre 2014, (fojas 190 E.A) , OSINERGMIN declaró fundado en parte la reclamación de TASA por los períodos de julio de 2011 a julio de 2014, y se ordenó a HIDRANDINA devolverle la suma de S/. 845,469.24, con IGV e intereses, por el reintegro por Cargo por Potencia Activa por uso de las redes de Distribución de julio de 2011 a julio de 2014; ordenándole también emitir nuevo pronunciamiento por los reintegros por energía activa en horas punta y energía activa en horas fuera de punta de julio de 2011 a julio de 2014. 7.2 En cumplimiento de esa decisión de la autoridad administrativa, HIDRANDINA emitió la Resolución N° 53100000953 de fecha 17 diciembre 2014 (fojas 201 E.A.), declarando fundado la reclamación sobre reintegro, reintegrando a favor de TASA un importe de S/.6, 416.40 soles y aplicar al mismo tiempo un recupero de S/. 5, 491.40, estando expedito el derecho de la reclamante para impugnar dicha decisión. 7.3 Sin embargo, posteriormente, y de oficio , la misma concesionaria HIDRANDINA emite la Resolución N° 53100000953-A de fecha 09 enero 2015 (fs. 208 EA) por la cual declaró nula su propia Resolución N° 53100000953, sustentando dicha decisión en el argumento que el Osinergmin debía primero pronunciarse sobre la Carta N° GR/F- 2397-2014 a través de la cual solicitó una aclaración y corrección de la Resolución N° 1373-2014-OS-JARU/SC, por error de cálculo. 5 OCTAVO .- análisis de los agravios de la apelante.- En su primer argumento de apelación HIDRANDINA señala el A quo no ha tomado en cuenta que la Resolución de la JARU Resolución N° 0815-2015-OS/JARU de fecha 15 julio 2015, trasgrede el numeral 3) del artículo 75° de la LPAG, debido a que no se está frente a dicho supuesto para reencauzar de oficio el procedimiento, ya que no ha existido en el caso de las Resoluciones N° 53100000953 y 53100000953-A, un error u omisión por parte del administrado, y además que ésta última no presentó ningún recurso impugnatorio, contra ninguna de estas 02 resoluciones; pudiendo advertirse en todo caso negligencia por parte de su accionar procesal; así dichas resoluciones fueron consentidas y quedaron firmes , en la medida en que TASA no presentó ningún recurso contra ellas; no estando permitido que la Administración abuse de su atribución de encausar los reclamos de los administrados; siendo que en el caso se encausa un reclamo presentado el 01 de abril de 2015, como una apelación a las Resoluciones N° 53100000953 y 53100000953-A. Sobre el particular, corresponde señalar que la Ley 27444 en su artículo 75° en el cual determina los deberes de las autoridades en los procedimientos, establece que son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: (...) 3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. En ese sentido, del análisis y revisión de los actuados aparece que la usuaria TASA inició un primer procedimiento de reclamación en el cual solicitaba -entre otros conceptos- los reintegros de energía en Hora Punta y en Hora fuera de punta del período de julio 2011 a julio 2014, anterior al procedimiento donde recayó la Resolución N° 0815-2015- OS/JARU de fecha 15 julio 2015 . Ese anterior procedimiento culminó con la Resolución N° 1373-2014-OS-JARU, de fecha 02 diciembre 2014 que entre otras cosas, ordenaba a HIDRANDINA el pago del importe de S/. 845,469.24 por concepto de cargo por potencia activa por uso de redes de distribución de julio 2011 a julio 2014, y a emitir un nuevo pronunciamiento respecto al reintegro por energía activa en horas punta y en horas fuera de punta. En acatamiento de dicho mandato, HIDRANDINA emitió la Resolución N° 53100000953, sin embargo, antes que transcurra el plazo para que esta quede consentida, la propia HIDRANDINA emitió la Resolución N° 53100000953-A por la cual declaró la nulidad de la primera . 6 De lo glosado se evidencia que la empresa HIDRANDINA al emitir la Resolución N° 53100000953-A indujo a error a la empresa usuaria TASA, pues con la declaración de nulidad de oficio de su propia resolución, impidió a TASA que interpusiera los recursos administrativos a fin de impugnar la Resolución N° 53100000953, en tanto no se puede apelar de un acto administrativo que ha sido dejado sin efecto. De otro lado, en la Resolución N° 53100000953-A no se emite un nuevo pronunciamiento de los reintegros de julio de 2011 a julio de 2014 que debía realizar Hidrandina, según lo ordenado por Osinergmin mediante Resolución N° 1373-2004- OS/JARU, de modo que la empresa usuaria tampoco tenía sustento para formular apelación contra ella. En consecuencia de ello, conforme a lo que dispone el artículo 75° numeral 3 de la Ley N° 27444, al advertir el error incurrido por la usuaria de no impugnar la resolución , error motivado por la actuación de la concesionaria, nada impedía al Tribunal JARU encauzar de oficio el procedimiento con el objeto de garantizar el derecho de defensa de la usuaria, y considerar la reclamación interpuesta por la Usuaria el 01 abril 2015, en el extremo referido al período de julio de 2011 a julio de 2014, como un recurso de apelación contra la Resolución N° 53100000953, y declarar nula la Resolución N° 53100005292 en dicho extremo. NOVENO : Cabe añadir que en el presente caso, se produjo el encauzamiento de una reclamación por parte de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de Osinergmin, reclamación que contrariamente a lo sostenido por la recurrente no resulta extemporánea, debido a que antes que se cumpliera el plazo para apelar la Resolución N° 53100000953, la Concesionaria Hidrandina emitió indebidamente de oficio una nueva resolución, que resolvió declarar su nulidad, impidiendo con ello que se formule la apelación respectiva . Siendo así, este primer argumento de la apelación merece ser desestimado. DÉCIMO : Por otro lado, conforme a lo señalado por el artículo 202.2 de la Ley 27444 la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por Resolución del mismo funcionario. En ese sentido, HIDRANDINA no podía declarar la nulidad de su propia resolución administrativa , puesto que siendo una empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica, ante las reclamaciones de los usuarios actúa como órgano de primera instancia administrativa, siento la JARU, el superior jerárquico encargado de resolver en segunda instancia las reclamaciones de los usuarios. Por tanto, la facultad de declarar la nulidad de oficio de las resoluciones emitidas por la concesionarias, le corresponde a la JARU. 7 DÉCIMO PRIMERO : en otro argumento de su apelación, la recurrente denuncia un pronunciamiento extra petita y vulneración al Principio de congruencia procesal; señala que debe revocarse la resolución impugnada, en el extremo que considera erróneamente que la Junta de Apelaciones de Osinergmin emitió un pronunciamiento acorde al petitorio de TASA, sobre la devolución de los montos de reintegro de energía en hora punta y en hora fuera de punta; y sobre reintegro por potencia de generación, lo cual no es verdad, pues TASA nunca mencionó los períodos entre marzo 2012 y febrero de 2015, ni agosto de 2014 a febrero de 2015, no considerando que dichos períodos no fueron materia de impugnación, pues cuando TASA presenta su reclamo por los conceptos de potencia de generación y energía en hora punta y hora fuera de punta, no señala un período de reclamo en particular. Por tanto, la motivación realizada por el A-quo se sustenta en hechos falsos. Sobre el particular, de autos se aprecia que en la Resolución N° 0815-2015- OS/JARU de fecha 15 julio 2015, artículo 3°, la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de Osinergmin resolvió lo siguiente: “Artículo 3°.- La Concesionaria (….) deberá emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado por los reintegros y recuperos señalados en el artículo anterior(…). Además en su nuevo pronunciamiento , la Concesionaria deberá incluir la evaluación por el reintegro de energía de agosto de 2014 a febrero de 2015, y así como por el reintegro de Potencia de Generación de marzo de 2012 a febrero de 2015 (…).” Al respecto corresponde precisar que no existe pronunciamiento extra petita en lo resuelto por el Juez, ni en lo resuelto por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios al haber dispuesto el reintegro del concepto de energía en hora punta y en hora fuera de punta de agosto de 2014 a febrero de de 2015, pues dicho período constituye parte de su reclamación, tal como se aprecia del respectivo escrito obrante a folios 06 del E.A., en la parte referida al petitorio del reclamo, habiéndose planteado la devolución de los montos facturados en exceso por energía en horas punta y en horas fuera de punta desde octubre de 2005 en adelante, entendiéndose por ello que la reclamación se extendía hasta la fecha en que presentó el reclamo que dio inicio a la controversia, esto es, marzo de 2015. DÉCIMO SEGUNDO : Igual sucede en el caso de lo ordenado respecto al Reintegro de Potencia de Generación de marzo de 2012 a febrero de 2015, la entidad demandada no ha incurrido en un pronunciamiento extra petita, teniendo en cuenta que el período de octubre de 2005 a febrero 2012, el Tribunal de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de Osinergmin, ha resuelto a favor de Hidrandina señalando que no corresponde evaluar si procede el reintegro por estas facturaciones, pues siendo que el plazo de evaluación de estos reintegros es por un lapso de 03 años contados desde la fecha de 8 detección, y estando a que las facturas se emitieron el 01 abril 2012, habría prescrito el plazo reclamo de dicho período, mas no respecto al período de marzo de 2012 a marzo de 2015; por lo cual la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios ordenó a Hidrandina, mediante la resolución impugnada, emitir un nuevo pronunciamiento respecto a los reintegros por este concepto de cobro dentro de ese período, que forma parte de la reclamación de la empresa usuaria. Por tanto resulta incorrecto lo señalado por la apelante, debiendo desestimarse dicha alegación. DÉCIMO TERCERO : la apelante también alega que se ocurre en vicio y contravención al procedimiento regular al resolver y declarar agotada la vía administrativa, sólo sobre la modalidad de devolución del reintegro por potencia activa por uso de redes de distribución de agosto de 2014; existiendo una expresa contravención a lo dispuesto en el numeral 5.4 del artículo 5° del Procedimiento de Reclamación de Usuarios ( Resolución 671-2007-OS-CD), que señala que el agotamiento de la vía administrativa se presenta con la resolución emitida por la JARU en segunda y última instancia, y por tal motivo debió declararse agotada la vía administrativa por todos los conceptos comprendidos en el acto administrativo. Se advierte entonces que tales alegaciones señalan que la Resolución impugnada es nula porque menciona que se declara agotada la vía administrativa solo respecto a uno de los extremos de la reclamación, cuando debió decirlo o referirse a la totalidad de ellos. Sobre el particular, revisado el contenido de lo resuelto en la Resolución N° 0815- 2015-OS/JARU de fecha 15 julio 2015, se puede afirmar que resulta correcto que se haya señalado que se había agotado la vía administrativa- respecto de la modalidad de devolución por potencia activa por uso de redes de distribución de agosto de 2014- dado que dicho extremo si mereció pronunciamiento de fondo en los artículos 6° y 7° de la Resolución N° 0815-2015. Por tanto al haberse emitido pronunciamiento de fondo en segunda instancia administrativa, correspondía declarar agotada la vía administrativa, sólo respecto a dicho extremo del reclamo de la empresa Usuaria TASA. En relación a los demás extremos reclamados, al haberse declarado nulo el procedimiento emitido en primera instancia, no correspondía declarar agotada la vía administrativa todavía respecto de dichos extremos, tal como se advierte fue resuelto en los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 0815-2015 al declarar en el artículo 1° Nula la Resolución N° 53100005292 en el extremo que refiere al periodo de julio de 2011 a julio de 2014; y en el artículo 2° declara Nulas las Resoluciones N° 53100000953 y 53100000953-A, en cuanto al reclamo de: i) reintegro por energía activa en HP y energía activa en HFP del período de julio de 2011 a julio de 2014, y ii) el importe del recupero 9 por potencia del período de setiembre de 2013 a julio de 2014. Conforme a ello en su artículo 3° dispuso que la concesionaria debía emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado por los reintegros y recuperos señalados en los artículos anteriores, añadiendo además que debía incluir en su nuevo pronunciamiento la evaluación por el reintegro de energía de agosto de 2014 a febrero de 2015, así como por el reintegro de potencia de generación de marzo 2012 y febrero de 2015; por tanto dichos extremos citados en los artículos referidos todavía debían ser materia de pronunciamiento por la Concesionaria, tal como lo ordenó el Tribunal de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de Osinergmin en la Resolución N° 0815-2015- OS/JARU. Por tanto corresponde desestimar la presente alegación. DÉCIMO CUARTO : finalmente, la recurrente también alega la nulidad de la sentencia apelada por adolecer de falta de motivación, según refiere. Acerca de la debida motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional en la STC 0966-2007-AA/TC de 26 noviembre 2007 señaló : “ la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptadas, aun si esta es breve y concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión . Tampoco garantiza que de manera pormenorizada todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (…) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al Juez (…) corresponda resolver “. A su vez, en su sentencia recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC el Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera enunciativa los supuestos que pueden ser considerados como afectación al Derecho a la debida motivación de las Resoluciones. Así señala : “ En el Exp. 3943-2006-PA/TC y antes, en el voto singular de los Magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp 1744-2005-PA/TC) este Colegiado constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado , entre otros, en los siguientes supuestos : a) inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, es el sentido que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, o de que no responda a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico . “ 10 Ahora bien, en el caso de autos y conforme se puede verificar de su contenido, la sentencia materia de apelación contiene una exposición clara y coherente de la razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión adoptada por la Juez A quo, decisión que se halla respaldada por el bagaje probatorio obrante en autos y respondiendo a las alegaciones relevantes hechas por las partes en el proceso. Por tanto, lo sostenido por la apelante no resulta amparable. DÉCIMO QUINTO: De acuerdo a todo lo expuesto precedentemente, este Colegiado concluye que al expedirse la resolución administrativa cuestionada, NO se ha incurrido en causal de nulidad alguna contemplada en el artículo 10 de la Ley 27444, por lo cual los argumentos que sustentan la apelación merecen ser desestimados. Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, de conformidad con lo expuesto por el Ministerio Público en el Dictamen Fiscal de fojas 312 y siguientes, este Colegiado RESUELVE : CONFIRMAR la sentencia apelada, contenida en la Resolución Número Doce de fecha 12 diciembre 2017, corriente de fojas 262 a 272, que declaró INFUNDADA la demanda. En los seguidos por Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A.- Hidrandina contra Osinergmin. Notifíquese.- RUIZ TORRES CABELLO ARCE JUAREZ JURADO 11

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 10895-2015-0-1801-JR-CA-02 DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS SALVADOR S.A.C. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA – SAT MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA : PIERINA DYAN ASTRID PATRICIO CAMARGO SENTENCIA Resolución Número: OCHO Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.- Visto el presente expediente principal, así como el expediente administrativo que obra en cuaderno adjunto y el dictamen fiscal, encontrándose el proceso en estado de expedir sentencia, se procede a resolver en atención a los siguientes considerandos: I.- PARTE EXPOSITIVA: Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2015 (Fs. 10-20), y escrito de subsanación del 15 de marzo del 2016 (Fs. 39-40), la EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS SALVADOR S.A.C. interpone demanda contenciosa administrativa contra el SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA – SAT y la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (como litisconsorte necesario pasivo), solicitando como pretensiones: 1. Se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00066954 de fecha 19 de junio de 20151 que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 17605600327694 de fecha 12 de septiembre de 2014 emitida por el Acta de Control N° C608563 de fecha 5 de mayo del 2014, por la infracción N34 descrita en la Ordenanza N° 1599-MML, consistente en “Estacionarse en la vía púbica esperando recoger pasajeros o generando obstrucción a la circulación de vehículos”, presuntamente cometida con el vehículo de placa de rodaje DOT744. 1 Según los puntos controvertidos establecidos en Resolución N° 4 del 10 de julio del 2017 no contradicho por las partes. 1 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A. Argumentos de la demanda: El actor sustenta la demanda manifestando que se han incurrido en los vicios siguientes: 1. Se ha vulnerado el debido procedimiento por cuanto al conductor no le prestaron atención a sus alegatos, incurriendo en abuso de autoridad hacia su persona. 2. No se puede imponer una sanción sin previamente conceder el derecho a su defensa y se emita el dictamen correspondiente, además no se puede imponer una sanción sin tener otro elemento más que un acta de control sin la debida motivación, incurriendo así en una arbitrariedad. 3. La demandada, quien tiene la carga de la prueba, no adjunta material probatorio que acredite en forma objetiva la comisión de la infracción N34 la simple descripción de la supuesta infracción no acredita en forma objetiva la comisión de la infracción que se imputa, vulnerando con ello los Principios de Verdad Material, Razonabilidad y Presunción de Veracidad. 4. Asimismo, señala que la demandada no ha precisado cuál de los supuestos de la infracción N34 ha incurrido, vulnerando con ello, el Principio de Legalidad. B. Contestación de la demanda: Mediante escrito del 14 de julio de 2016 (Fs. 53-60), el Procurador Público de la MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, señalando que: 1. Las infracciones cuestionadas fueron impuestas al haber incurrido en la infracción N34, la misma que cumple con las formalidades y los requisitos de validez de ley, más aún si el conductor del vehículo sancionado se negro a firmar el Acta de Control, e incluso no hizo uso de su derecho a manifestar su disconformidad con la intervención por parte del Inspector Municipal, las mismas que pudieron ser consignadas en el Acta de Control N° C608563. 2. A nivel judicial el demandante solo se ha limitado a manifestar que la infracción imputada se debe dejar sin efecto porque considera que no existe prueba plena que demuestre la comisión de la infracción imputada. 3. Finalmente, alega que el demandante no ha acreditado con medio probatorio alguno no haber incurrido en la infracción, razón por la cual, la demandada debe desestimarse. Con escrito del 15 de julio de 2016 (Fs. 66-69), el apoderado del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, señalando que: 1. Dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante este no 2 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición de Acta de Control N° C608563, cometida por la infracción N34, elaborada por el Inspector Municipal SAT. 2. Las actuaciones del inspector municipal tiene todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución de sus funciones de ley señala. 3. El demandante sostiene que el Acta de Control Nº C608563 ha sido impuesta indebidamente por parte del inspector municipal; sin embargo, de la revisión de los fundamentos y pruebas que obran en el expediente, se puede verificar que el inspector municipal verificó la comisión de la infracción de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. C. Controversia Jurídica: La controversia jurídica consiste en determinar si la empresa demandante incurrió o no en la comisión de la infracción imputada. II. PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: El artículo 148° de la Constitución Política del Estado, señala que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contenciosa Administrativa. En este contexto, el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que, la acción contenciosa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la respectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. En ese sentido, Huapaya Tapia señala que el proceso contencioso- administrativo “es un acabado y legítimo proceso jurisdiccional, pleno, donde el juez tiene todos los poderes específicos para disponer las medidas necesarias para la tutela de los derechos e intereses afectados por la actuación administrativa, y para someter esta a la legalidad”2. SEGUNDO: El Código N34 tipificada en el Anexo I –Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas de la Ordenanza N° 1599-MML, publicada el de abril del 2012, que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, antes de la modificatoria de la Ordenanza N° 1878 publicada el 01 de abril de 2015, establecía: 2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación, Ara Editores, 1° Edición, Lima, 2011, página 371. 3 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LA EMPRESA AUTORIZADA Responsable Código Infracción Calificación Sanción Solidario “Estacionarse en la vía pública esperando recoger pasajeros o Propietario del N34 Grave 20% UIT generando obstrucción a la Vehículo circulación de vehículos” TERCERO: La citada norma precisa en el artículo 84 las Formas de inicio del Procedimiento Sancionador: “84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. (…) CUARTO: El artículo 86° de la norma en referencia, establece: “Del levantamiento del Acta de Control: “86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes. 86.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la intervención y, de detectarse la infracción, levantará el acta de control, la cual será notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución de los documentos solicitados, de ser el caso. El acta de control deberá ser firmada por el conductor, cuando corresponda; en caso de negativa el inspector dejara constancia de este hecho. 86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control. (…)” QUINTO: Asimismo en el artículo 87° de la referida norma, regula: “Negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido. En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la 4 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. 87.2 Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla. SEXTO: Por su parte, el artículo 88° de la referida norma establece: “Notificación al infractor. 88.1 El conductor y/o cobrador, así como el titular y/o operador de la infraestructura complementaria de transporte se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la sola entrega de una copia del Acta de Control levantada por el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto. 88.2 La empresa autorizada o el propietario, según corresponda, se entenderán válidamente notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de Cargos le sea entregada, cumpliendo lo establecido en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las notificaciones. (…)”. SÉPTIMO: El artículo 90° de la norma en mención prescribe: “Valor probatorio de las actas e informes. 90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 90.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados documentos. OCTAVO: Así, el artículo 92° de la referida norma, prescribe: “De la emisión de la Resolución de Sanción. 92.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución.(…)”. NOVENO: Por otro lado el artículo 5° de la citada norma establece: “3.- Acta de Control.- Es el documento suscrito por el Inspector Municipal de Transporte en el que se hace constar los resultados de la acción de control de campo o mediante medios electrónicos, computarizados o digitales, conforme con lo establecido por la presente Ordenanza. 36. Inspector Municipal de Transporte.- Es la persona responsable de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, vialidad y transporte, incluyendo los 5 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO términos, condiciones, deberes y obligaciones de la prestación del servicio de transporte público en Lima Metropolitana a través de la acción de control; asimismo supervisa y detecta incumplimientos e infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza, encontrándose facultado para intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, papeletas de infracción, elaborar informes y aplicar las medidas preventivas, según corresponda (…)”. DÉCIMO: El artículo 67° del citada Ordenanza Municipal prescribe: “Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se podrán sustentar en cualquiera de los siguientes medios probatorios: 67.1 El acta de control levantada como resultado de una acción de control por el inspector municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la fiscalización en la que conste la(s) infracción(es”)”, asimismo, en el artículo 90° establece: “90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 90.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados documentos.” DÉCIMO PRIMERO: En el caso de autos, como se aprecia de los actuados administrativos, la entidad administrativa sancionó a la demandante, en su calidad de ser la Empresa responsable del vehículo de Placa de Rodaje Nº DOT-744, por la comisión de la infracción tipificada con el Código N34 en mérito al Acta de Control C608563 levantada por el inspector municipal con fecha 05 de mayo de 2014, documento que conforme lo señalado precedentemente, tienen veracidad y fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los inspectores en ejercicio de sus funciones; por tanto, conserva su valor probatorio mientras no sea desvirtuado, de esta manera la entidad administrativa ha cumplido con la carga de la prueba. DÉCIMO SEGUNDO.- La inmediata consecuencia de los numerales antes citados conduce a que la administración al momento de ejercer su potestad sancionadora debe actuar en virtud de la Constitución y de la ley, ello en virtud que no ejerza dicha potestad de manera arbitraria, y estando a la determinación de una conducta pasible de sanción por parte de un administrado, el acto administrativo que se emita, deberá tener una decisión motivada y fundada en derecho, tomando en cuenta los medios probatorios que acrediten y/o contradigan la infracción impuesta, debiendo además que la conducta se encuentre debidamente tipificada antes de la imposición de la 6 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO sanción y argumente los fundamentos que arriban a sancionar al administrado infractor. DECIMO TERCERO: Por el contrario, la demandante no ha presentado ningún medio probatorio que desvirtúe dicho medio probatorio, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 196° del Código Procesal Civil, lo cual se complementa con el numeral 2) del artículo 162° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedim iento Administrativo General, que señala:”(…) corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”, máxime si se toma en cuenta que el Acta de Control antes señalado cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza N° 1599-MML, esto es, se ha consignado, los datos del vehículo, el lugar de la infracción, fecha y hora (conforme se aprecia de la toma fotográfica) de la intervención, el Código de la infracción, identificación y firma del inspector, la negativa del intervenido a identificarse, a entregar documentos y la de firmar; por lo que resulta válido y eficaz para acreditar la infracción imputada a la demandante. DECIMO CUARTO: En consecuencia, si bien es cierto en un proceso administrativo sancionador, corresponde a la entidad administrativa acreditar los hechos que configuran la infracción administrativa, lo que ha quedado debidamente acreditado por la entidad demandada, también lo es, que corresponde al administrado probar los hechos excluyentes de su responsabilidad, lo que no ha sucedido en el caso de autos, puesto que no obra, tanto en el procedimiento administrativo como en el presente proceso judicial, medio probatorio alguno que desvirtúe lo consignado en los medios probatorios ofrecidos por la demandada o acredite los argumentos expuestos por el demandante, limitándose a expresar argumentos sin mayor sustento probatorio que su dicho, situación que finalmente importa que sus alegatos no enerven el valor probatorio de lo consignado en el Acta de Control N° C608563. Razón por la cual al ser la empresa demandante la infractora, es ella quien debe defenderse en el procedimiento administrativo sancionador, razón por la cual no se ha vulnerado el debido procedimiento, en tanto esta ha ejercido válidamente su derecho de defensa, siendo irrelevante lo que tenga que referir el conductor, más aun como es en su caso no se identificó, de manera que no ha habido abuso de autoridad hacia su persona ni se ha incurrido en un acto arbitrario. DECIMO QUINTO: Además, el Acta de Control N° C608563 claramente recoge como información en el rubro de observaciones "Por estacionarse en la vía pública, generando obstrucción a la circulación de vehículos" el mismo que es un supuesto de hecho de la conducta tipificada en el código N 34, procediendo para el presente caso el Inspector Municipal a lo establecido en el Art. 86° de la Ordenanza N° 1599-MML, esto es dejar constancia de la negativa de entregar documentos (licencia de conducir, tarjeta de propiedad) y dejando constancia de la negativa de firmar, es decir cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley que hacen que tenga eficacia probatoria, de manera que no ha habido vulneración al Principio de Legalidad, como argumenta la demandante. 7 “Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DECIMO SEXTO: Por otro lado, se debe precisar que la entidad al momento de emitir la Resolución de Sanción N° 176-056-00327694, ha tomado en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1599-MML, vigente a la fecha de la intervención, como es el artículo 86 y 87° referido al levantamiento del Acta de Control y a las funciones de fiscalización del inspector. Como es de verse ante la negativa del conductor del Vehículo con placa N° DOT-744 intervenido el 05 de mayo de 2014, procedió a realizar la constancia de ello, esto es, se procedió a dejar constancia de ello, así como tomar la fotografía a dicha unidad de transporte en la que se consigna la fecha y la hora de la intervención (05 de mayo de 2014 a las 15:13 horas), datos que coinciden con los señalados por el inspector en el Acta de Control N° C451354, de manera que acreditó en forma objetiva la comisión de la infracción que se imputa, por lo que no se aprecia vulneración a los Principios de Verdad Material, Razonabilidad y Presunción de Veracidad. DÉCIMO SÉPTIMO: En mérito a los considerandos precedentes, se determina que la entidad demandada al emitir la Resolución de Gerencia Central Normativa Nº 179-158-00066954 de fecha 19 de junio de 2015, no ha incurrido en la causal prevista en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444; por lo que la demanda deviene en desestimable en todos sus extremos. III.- PARTE RESOLUTIVA: Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30° y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y los artículos 87°, 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la señora Juez del Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLA: Declarar INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS SALVADOR S.A.C. contra el SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA – SAT y la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, sobre NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA; sin costas y costos. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público.- J.M.T.L. 8

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MEDINA PERALTA CESAR ANGEL Fecha: 25/11/2016 19:25:08 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : N° 10965-2015 CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: SIALER NIQUEN, Demandante : Empresa de Transportes y Servicios Múltiples California S.A.C. CARLOS ALBERTO Fecha: 25/11/2016 19:26:43 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL Demandado : Servicio de Administración Tributaria - SAT D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Materia : Nulidad de Resolución Administrativa Secretaria : Carlos Sialer Niquén SENTENCIA N° 186-2016-7JECA Resolución Número Seis Lima, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar, con el Dictamen Fiscal de opinión porque se declare infundada la demanda; quedando los autos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples California S.A.C. contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT, sobre nulidad de resolución administrativa. I. ANTECEDENTES: De la demanda: 1. Con escritos del diecinueve de octubre y trece de noviembre de dos mil quince, de fojas once a doce y diecisiete de autos, la Empresa de Transportes de Servicio Rápido Ramón Castilla S.A. representada por su gerente general María del Carmen Baldoceda Solís (en adelante “la demandante”), interpone demanda contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT (en adelante “la demandada”), pretendiendo se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926 del trece de mayo de dos mil quince, que declara infundado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328801, expedida como efecto de la emisión del Acta de Control N° C540449. Asimismo, solicita que se declare la nulidad de la referida acta de control. 2. Como argumentos principales de su demanda, señala que: 2.1 Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce se impone el Acta de Control N° C540449 al haberse intervenido sin justificación alguna, el vehículo de placa Y1D781 que circulaba por las inmediaciones de la Av. Nicolás Ayllón 1 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del distrito de Ate, por la infracción con Código N61, infracción que no cometió ni cree que el conductor de vehículo lo haya cometido. 2.2 En su solicitud de descargo argumentó que no habría cometido tal infracción, debido a que en el acta de control no consta la fotografía que acredite que el conductor supuestamente se negó a identificarse, lo que ha sido desestimado mediante la hoy impugnada Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926, habiéndose parcializado la autoridad administrativa quien vela solo por sus intereses; razón por la cual, acude al Poder judicial a efectos de la declaración de su nulidad. De la admisión y contestación de la demanda: 3. Mediante Resolución número dos del nueve de diciembre de dos mil quince, a fojas dieciocho a diecinueve de autos, se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial, la misma que es contestada por el representante de la entidad demandada con escrito del trece de enero de dos mil dieciséis de fojas veintisiete a treinta, solicitando se declare infundada en su oportunidad. 4. Expone entre sus principales fundamentos que: 4.1 Dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante, éste no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición del Acta de Control N° C540449 cometida de Código N61, elaborada por el inspector municipal. 4.2 Para la Administración Tributaria - SAT, las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos, procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le da el Estado, correspondiendo a los administrados, aportar pruebas, siendo que lo fundamentado por el demandante no ha sido suficientemente contundente para enervar los fundamentos de la resolución impugnada. 4.3 El demandante sostiene que el Acta de Control N° C540449 ha sido impuesto indebidamente por parte del inspector municipal, pues no cometió la infracción; sin embargo, de la revisión de los fundamentos y pruebas que obran en el expediente, se puede verificar que el inspector municipal verificó la comisión e la infracción, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente (Ordenanza N° 1599), no resistiendo su versión, el más mínimo análisis lógico 2 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO jurídico, siendo que en este tipo de procesos, será el expediente administrativo, la pieza fundamental para dilucidar los hechos materia del presente litigio. 4.4 De la consulta al Sistema de Información para la Administración Tributaria (SIAT), se observa una vista fotográfica mediante la cual se identifica al vehículo de placa Y1D781, registrando hora y fecha de la intervención que coincide con lo señalado en el acta de control referido, habiendo dejado constancia el inspector municipal, de la negativa de entrega de los documentos señalados en dicho medio probatorio que cumple con las formalidades y actuaciones establecidas en la Ordenanza N° 1599. Del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y dictamen fiscal: 5. Mediante Resolución número tres del veinticinco de enero de dos mil dieciséis de fojas treintiuno a treintidós de autos, se tiene por contestada la demanda en los términos que se indican, se procede a expedir el auto de saneamiento procesal, fijándose los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios de las partes; con Resolución número cinco del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis obrante en autos, se pone a conocimiento de las partes el Dictamen Fiscal, y se dispone además dejar los autos en Despacho para sentenciar; avocándose al conocimiento de la presente causa el señor magistrado titular que suscribe, en mérito de lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 438-2016-P-CSJLI/PJ1; por lo que en atención a ello y en mérito de la razón que antecede, el estado procesal es el de expedir sentencia. II. FUNDAMENTOS: SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA PRIMERO: De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo establece el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Ahora bien, resulta pertinente indicar que para realizar el análisis de la controversia sometida al presente proceso judicial, debe tomarse en cuenta que el derecho de acción constituye conjuntamente con el derecho de contradicción, manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional, cuya naturaleza es constitucional y forma parte de los derechos fundamentales de la 1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27.07.2016. 3 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO persona. Asimismo, cabe precisar que si bien el derecho de acción permite acceder al órgano jurisdiccional para que se declare, reconozca o ejecute un derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley, ello no debe significar que el pedido necesariamente vaya a ser amparado, dado que tal situación, sólo se podrá determinar al momento de expedir sentencia cuando se aplique el derecho al caso en concreto.------------------------ SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS SEGUNDO: Conforme aparece de la demanda y la contestación de la demanda, este Juzgado deberá determinar si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926 del trece de mayo de dos mil quince, que declara infundado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328801, expedida como efecto de la emisión del Acta de Control N° C540449; lo cual se ha fijado como punto controvertido a efectos de emitir un pronunciamiento válido.------------------------------------ SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL TERCERO: Ahora bien, habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales: (…) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso2 (énfasis nuestro). Del mismo modo, el Guardián de la Constitución en el fundamento cuarto de la Resolución del Expediente Nº 00966-2007- AA/TC señala: La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (…). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (…) corresponde resolver. En atención a ello, esta judicatura procede al análisis, desarrollo y resolución de la presente litis, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el Máximo Intérprete de la Constitución.------------------------------------------ 2 Cfr. STC 03722-2006-AA/TC, Fundamento 2. 4 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CUARTO: Conforme se aprecia de la sentencia descrita en el fundamento anterior, corresponderá a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto a todas las pretensiones postuladas por los justiciables, no pudiendo incurrir en omisión, alteración o exceso, debiendo existir concordancia e identidad entre lo formulado por las partes y decisión a la que arribe el juzgador; esto, en virtud del principio de congruencia, dado que las resoluciones deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; es decir, debe existir identidad entre las pretensiones y decisión emitida en la sentencia, a fin de emitir pronunciamiento. Ello, sin perjuicio de lo concebido por el principio de congruencia relativa, que en el proceso contencioso administrativo, permite una declaración más allá del mero juicio de legalidad, sino también, sobre la base de la facultad de decisión judicial de plena jurisdicción. ------------------------------------------------------------------------- QUINTO: Respecto a lo alegado por la empresa demandante, de que la imposición de la sanción por la infracción con Código N61, prevista como: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación, no estaría sostenida debidamente dado que la empresa no cometió la infracción ni lo habría cometido el conductor del vehículo intervenido, así como que la imposición de la sanción no estaría respaldada objetivamente en medios probatorios respectivos al no haberse adjuntado al acta de control emitida, la toma fotográfica respectiva, por lo que las resoluciones impugnadas estaría viciadas de nulidad, argumentos que se direccionan a cuestionar la intervención del inspector municipal de transporte, corresponde señalar lo siguiente: I) En principio, es necesario precisar que el presente caso versa sobre la comisión de la infracción al Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML, publicada el diecinueve de abril de dos mil doce, cuerpo normativo que tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana; los procedimientos administrativos para el otorgamiento de títulos habilitantes y establece las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas; II) El vigente y aplicable a los hechos, artículo 87 de la disposición legal descrita en el numeral anterior, establece el procedimiento ante la negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido, señalando que: En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. 87.2 Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento 5 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla. En atención a ello, de la revisión de los actuados administrativos incorporados en el expediente, se advierte que la Administración demandada ha cumplido con realizar el procedimiento antes descrito, en tanto que los datos consignados en el Acta de Control N° C540449 a fojas cuarentiuno de autos, cumplen con los requisitos ahí descritos, es decir, se dejó constancia de la negativa a identificarse del conductor del vehículo de placa Y1D781, por ende, a firmar la misma; asimismo, la toma fotográfica obrante a fojas cuarentidós, reflejan los datos de identificación del vehículo intervenido, resultando trascendente precisar, que existe coincidencia en la fecha y hora de la imposición de la sanción entre ambas instrumentales, valoradas en conjunto, las mismas que, incluso, por disposición del artículo 673 de la Ordenanza N° 1599-MML, sustentan de manera individual y alternativa, las infracciones previstas en la señalada ordenanza, siendo que en el presente caso, se acredita la infracción, entonces, con suficiencia probatoria. III) Asimismo, de la revisión del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas cuarentitrés de autos, se advierte que con fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, la empresa ahora demandante fue notificada con el Acta de Control N° C540449 (ver Pre Coactiva del referido reporte histórico); al ser ello así, el fundamento de la no comisión de la infracción, así como la supuesta omisión de expedición de la toma fotográfica que no se habría adjuntado al acta de control, deviene en inconsistente e inverosímil, debiendo tener en cuenta que del procedimiento previsto en el referido artículo 87 de la Ordenanza N° 1599-MML ni de los demás articulados que conforman dicho cuerpo normativo, se impone la obligación de "adjuntar la toma fotográfica al acta de control" como asume incorrectamente la empresa demandante, siendo que la actuación del inspector municipal se sostiene en la atribución legal de identificar y plasmar los hechos cuando advierta la comisión de la infracción en el documento público denominado acta de control que, para su validez, basta con los datos que la propia ley ha señalado, con los que se ha cumplido en el caso de autos. Por su lado, como ha quedado evidenciado, debe recalcarse que la toma fotográfica fue captada en la misma fecha y hora de elaboración del Acta de Control N° C540449 que, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la aplicable Ordenanza N° 1599-MML, contiene los resultados de la acción de control de campo, esto es, reflejan la realidad identificada in tempore y in situ (en tiempo y lugar), por parte del inspector municipal interviniente, de ahí que no se puede inferir vulneración alguna del debido procedimiento como asume la empresa demandante, en tanto que los hechos vertidos en el Acta de Control N° C540449 y la toma fotográfica valoradas en conjunto, gozan de presunción de validez, de conformidad con lo señalado en el 3 Artículo 67.- Medios probatorios que sustentan las infracciones Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se podrán sustentar en cualquiera de los siguientes medios probatorios: 67.1 El acta de control levantada como resultado de una acción de control por el inspector municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la fiscalización en la que conste la(s) infracción(es). (…) 67.3 El documento o material digital, fotográfico, fílmico, electrónico o similar en el que se verifique la comisión de una infracción. Los instrumentos, herramientas o medios que se utilicen para mediciones deberán estar debidamente homologados y/o calibrados, cuando corresponda. 6 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, la misma que no ha sido desvirtuada por el demandante, incluso con ocasión de habérsele puesto en conocimiento el expediente administrativo en el decurso del proceso. IV) Cabe enfatizar que deben ser desestimados los argumentos de nulidad propuestos por la demandante referidos a la deslizada inexistencia o no emisión de la toma fotográfica, lo que implicaría el incumplimiento de la acción administrativa prevista en el artículo 87 del Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros de Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML, debido a que, como se anunció precedentemente, conforme se advierte de fojas cuarentidós de autos, el inspector municipal interviniente José Alatrista con C.I. 011340403700, cumplió con tomar una vista fotográfica del vehículo intervenido; por lo que, en este extremo, tampoco se verifica la vulneración al debido procedimiento, y, menos aún, el derecho a probar o de defensa de la recurrente, cuando, adicionalmente, la acción inspectiva se enmarca también en los alcances de la Resolución de Gerencia N° 257-2012- MML/GTU. V) Complementariamente a lo anterior, debe expresarse que el numeral 36) del artículo 5 de la Ordenanza N° 1599-MML, señala que el inspector municipal de transporte Es la persona designada por la GTU para verificar el cumplimiento de los términos, deberes, obligaciones y condiciones de la prestación del servicio de transporte público regular de personas mediante la acción de control. Asimismo, supervisa y detecta infracciones a las normas del servicio de transporte, encontrándose facultado para intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, elaborar informes y aplicar las medidas preventivas, según corresponda. En virtud de ello, resulta válido precisar que la labor realizada por el inspector municipal descrito en el numeral anterior, ha sido efectuada en función a la competencia otorgada por la disposición legal antes descrita lo que se ha concretado en el caso con el levantamiento del acta de control de autos que contiene los datos necesarios conforme al aludido artículo 87 de la ordenanza subestudio, concordado con el numeral 86.34 del artículo 86 de la misma ordenanza, habiendo puesto su firma respectiva para el efecto, lo que no requiere comprobación adicional por comportar una declaración oficial de un servidor público en el ejercicio legítimo de sus funciones; y, al ser ello así, ha quedado acreditada la comisión de la infracción atribuida a la empresa recurrente con Código N61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas al Titular u Operador de la Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre que forma parte del Anexo A de la Ordenanza N° 1599-MML, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, esto es, por: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse 4 Artículo 86.- Del levantamiento del Acta de Control (…) 86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control. 7 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO a entregar documentación, debiéndose desestimar los fundamentos nulificatorios propuestos en por la empresa demandante. SEXTO: Vinculado a lo anterior, debe señalarse que el principio de causalidad previsto en el numeral 8) del artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, que, entre otros principios ordena el procedimiento administrativo sancionador, prescribe que: La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Por tal virtud, respecto de la imputabilidad de la infracción que en el fondo cuestiona la empresa demandante, cuando asume que aquella o que el conductor no habrían cometido la infracción, corresponde asumir que de acuerdo a lo desarrollado en el fundamento anterior, el artículo 87 –concordado con el numeral 86.3 del artículo 86– de la Ordenanza N° 1599-MML establece, precisamente, el procedimiento que debe efectuar el inspector municipal ante la negativa de la entrega de documentación solicitada por parte del conductor intervenido (credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros, de acuerdo al numeral 86.1 de su artículo 86), habiendo quedado ello plasmado en el Acta de Control N° C469750 al haberse consignado en el rubro Observaciones "No permitir las acciones de control y fiscalización [al] no entregar documentos". Al ser ello así, no pueden ser amparados tales argumentos que desliza la empresa accionante, puesto que es la propia disposición legal que permite dejar constancia de la no identificación, y por ende la no firma del conductor del vehículo, lo que no supone en ningún modo la no intervención de éste o del vehículo en que se desplazaba éste; por lo que, complementariamente debe aplicarse al caso, el numeral 100.1 del artículo 100 de la referida Ordenanza N° 1599-MML que dispone que, frente a lo anterior: Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores; supuesto normativo que se encuentra acreditado fácticamente en el presente caso, tal y como conforme así se verifica del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas cuarentitrés de autos, que refleja probatoriamente que la empresa demandante se encuentra acreditada en sede administrativa como administrada titular del vehículo de placa Y1D781. SÉPTIMO: En el caso bajo análisis y conforme a los argumentos hasta aquí expuestos, ha quedado acreditado de autos que el inspector de la entidad demandada, mediante acción de control de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, procedió a levantar el Acta de Control N° C540449 a fojas cuarentiuno de autos, al detectar la infracción en la prestación de servicio público de pasajeros, signada con el Código N61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas al Titular u Operador de la Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre que forma parte del Anexo A-1 de la Ordenanza N° 1599-MML, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima 8 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Metropolitana, por: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación; máxime, si al momento de la intervención el inspector municipal apreció que, además de no permitirse la acción de fiscalización y control, el vehículo fue intervenido con pasajeros, como obra del rubro "Observaciones del inspector" de la indicada acta de control. Y, como efecto de ello, al haberse expresado en la Resolución de Sanción N° 176-056-00328801 del doce de setiembre de dos mil catorce de fojas cuarentisiete de autos, las actuaciones antes expuestas, no se verifica que con su expedición se haya vulnerado la debida motivación que se debe enmarcar respecto de la comisión de la infracción imputada, cuando pretende asumir la empresa demandante cuando asevera que la administración tributaria habría parcializado sus resoluciones velando sólo por sus intereses al denegarle sus recursos impugnatorios, debiendo desestimarse tales argumentos de nulidad. En igual sentido, resultan también infundadas las aseveraciones de la empresa demandante que circundan a la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926 del trece de mayo de dos mil quince, que obra a fojas treintiocho a trintinueve de autos, con el mismo argumento de que no se habrían tomado en cuenta lo expresado en sus escritos impugnatorios, dado que de dicha instrumental probatoria se aprecia indubitablemente que se ha pronunciado respecto de infundabilidad de la impugnación administrativa5 en torno a la ahora acreditada comisión de la infracción, respaldado en los medios probatorios valorados en el proceso. De la carga de la prueba OCTAVO: De los actuados en sede administrativa y de las pruebas aportadas al presente proceso, se infiere que estos no han hecho sino cumplir la finalidad de producir certeza en el juzgador en el sentido normativo del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854, que señala que: (…) la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, que en el caso de sanción corresponde probar los hechos que configuran la infracción a la entidad administrativa, por virtud del principio de las cargas móviles que se desprende de la segunda parte del referido dispositivo legal que prevé que: (…) si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. Todo ello, en concordancia con el artículo 196 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo, desprendiéndose que el juzgador deberá analizar aquellos medios probatorios presentados por las partes para acreditar sus alegaciones y que le producen certeza para resolver la controversia, tal como lo prescribe el artículo 188 del cuerpo normativo último citado, al señalar que la finalidad de los medios probatorios, son para producir certeza en el juez respecto a los puntos 5 Cfr. fundamentos 5 y siguientes de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926. 9 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO controvertidos y fundamentar sus decisiones, tal como se ha actuado en el presente caso, donde se han acreditado los hechos que configuran la infracción y por ende la sujeción de la sanción impuesta a la normatividad ya analizada. Ello, en tanto que quien debe probar que de manera correcta fue levantada el acta de control objeto de impugnación, no es la parte demandante, sino la entidad demandada, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria es la autoridad administrativa encargada el procedimiento sancionador en materia de servicio de transporte público de pasajeros. Conclusión NOVENO: En ese orden de razonamiento, se concluye que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00052926 del trece de mayo de dos mil quince, la Resolución de Sanción N° 176-056-00328801 del doce de setiembre de dos mil catorce y el Acta de Control N° C540449 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, han sido expedidas conforme al ordenamiento jurídico, cumpliendo con el marco del debido procedimiento, ya que la demandante ha tenido la oportunidad de exponer sus argumentos de defensa, de ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada en derecho, tal como se corrobora de todo el procedimiento administrativo bajo análisis; por lo tanto, al no existir causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 27444, resulta carente de sustento lo expuesto por la demandante; en consecuencia, corresponde desestimar su demanda en todos sus extremos, conforme al análisis de fondo efectuado en la presente resolución.------------- III. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y con lo establecido por los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, norma procesal aplicable de manera supletoria, de conformidad con la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584; el magistrado del Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, IMPARTIENDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; en consecuencia, consentida que sea la presente resolución, archívese definitivamente los de la materia; en los seguidos por la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples California S.A.C. representada por su gerente general María del Carmen Baldoceda Solís contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese con la sentencia al Ministerio Público conforme con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 de 10

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIA EXPEDIENTE Nº : 11030-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA VISTA DE LA CAUSA : 18.10.2022 SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Lima, tres de abril del dos mil veintitrés. - VISTOS: Interviniendo como ponente la Jueza Superior Tupiño Salinas, producida la votación de acuerdo a Ley, se emite el siguiente pronunciamiento: RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO La Resolución N° 14 (SENTENCIA) del 27 de mayo de 2021, (folios 139-147), expedida por el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia: se declara la NULIDAD de la Resolución General N° 0447-2015-GFC/MDLV, la Resolución Subgerencial N° 1484- 2015-SGICS-GFC/MDLV y de la Resolución de Sanción N° 65429, dejando sin efecto la multa impuesta. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN El demandado, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, interpone recurso de apelación del 25 de agosto de 2021 (folios 149-155), contra la SENTENCIA, exponiendo como agravios: 1. La Resolución de Sanción N° 065429 impuesta a la demandante fue en mérito a la inspección de control realizada el 04 de mayo de 2015, en el inmueble ubicado en el Avenida Abtao N° 100 – La Victoria, lugar donde se constató la infracción tipificada en el código N° 07-0607 “Por colocar Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima postes en forma deficiente que ocasione riesgos para peatón por cada uno”. 2. Interpuso recurso de reconsideración indicando que contaba con la autorización correspondiente para la instalación del poste, lo que implicaba que había cumplido con los requisitos y medidas de seguridad necesarias para la eficiente instalación, lo que no se hizo; que no se ha desvirtuado los hechos que dieron origen a la sanción. 3. Los argumentos vertidos por la demandante son apreciaciones subjetivas e interpretaciones erróneas de derecho que no desvirtúan los supuestos de hecho que dieron origen a la imposición de la sanción es estricto cumplimiento del procedimiento sancionador conforme a la Ordenanza n° 033-2017-MDLV. El demandante, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., interpone recurso de apelación del 26 de agosto de 2021 (folios 157-165), exponiendo como agravios: 1. La Jueza concluye erróneamente que no se sustentó el pedido de la inspección ocular, que es una propuesta contemplada en el artículo 175° del TUO de la Ley N° 27444; dicho medio probatorio fue desestimado sin ser valorado, causando indefensión y vulnerando el derecho a probar. 2. La Municipalidad ha sustentado la imputación en varios informes en los que describe generalidades respecto de los hechos, no individualizan la pertenencia del poste y no presentan información sobre el estado anterior del poste materia de sanción, no acredite el hecho. 3. La demandada no consideró la razonabilidad al imponer sanción, debido a que transgrede el artículo 230° y el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. FUNDAMENTOS DE LA SALA PRIMERO: El artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero 2 Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de Primera Instancia, teniendo en cuenta los agravios expuestos por el apelante. SEGUNDO: La Constitución Política del Perú en su Artículo 194° dispone que: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (…).”; y en su artículo 195°: “Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: (…) 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. (…).” TERCERO: La pretensión incoada principalmente está dirigida a que se declare la nulidad de la Resolución General N° 447-2015-GFC/MDLV, del 17 de julio de 2015, que declara infundado el recurso de apelación contra la Resolución Subgerencial N° 1484-2015-SGICS-GFC/MDLV que declara improcedente el recurso de reconsideración contra la Resolución de Sanción N° 065429, del 04 de mayo de 2015, que impone a la actora la sanción de multa de S/. 3 850.00 por la presunta comisión de la infracción de Código 07-0607 – Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – CIEM de la Municipalidad de La Victoria aprobado por la Ordenanza N° 33-07-MDLV: “Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, respecto al poste ubicado en Av. Abtao N° 100 en el distrito de La Victoria, Y como pretensión accesoria solicita la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador derivado de la Resolución de Sanción N° 65429 de fecha 04 de mayo de 2015. 3 Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima CUARTO: La Ordenanza Nº 033-07-MDLV1, que aprueba el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora y el Cuadro de Infracciones y Escala de Multas Administrativas de la Municipalidad, preceptúa: “Artículo I.- POTESTAD SANCIONADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA: La potestad sancionadora de la Municipalidad Distrital de la Victoria se encuentra reconocida por la Ley Orgánica de Municipalidades. La potestad sancionadora implica la triplicación de las conductas constitutivas de infracción, la socialización, la instauración del proceso administrativo sancionador y eventualmente la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones municipales. (…) Artículo 10º.- INFRACCIÓN: Para efectos de la presente Ordenanza, entiéndase como infracción toda conducta que implique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones administrativas de competencia municipal vigentes al momento de su comisión encontrándose tipificada como tal en el Cuadro de Único de Infracciones y Sanciones (CIEM). En ningún caso, se considera como infracción la falta de cumplimiento de pago de una multa ya impuesta ni las conductas que se encuentren previstas como infracciones en las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, salvo que éstas faculten expresamente a las Municipalidades a hacerlo. Artículo 11º.- SANCIÓN: La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se origina de la verificación de la comisión de una conducta que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal. Las disposiciones municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento determina la imposición de las sanciones correspondientes, independientemente de las acciones judiciales que pudieran iniciarse por responsabilidad civil o penal cuando corresponda, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 10) del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. (…) Artículo 15º.- FISCALIZACIÓN. La fiscalización es el acto por el cual la Municipalidad Distrital de La Victoria, a través de la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización y Control, realiza operativos e inspecciones para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, así como detectar e imponer las sanciones por las infracciones cometidas. Los Inspectores Municipales son designados para llevar directamente las acciones de investigación, detección, imposición y notificación de las sanciones a las infracciones contra las Disposiciones Municipales y normas legales vigentes, así como la ejecución de las medidas complementarias, de ser el caso. (…) Artículo 17º.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: El procedimiento sancionador se inicia ante la constatación del incumplimiento, total o parcial, de las disposiciones municipales administrativas. Es promovido de oficio por la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de 1 Publicado en el diario EL Peruano el 06 de enero de 2008. 4 Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima Sanciones de la Gerencia de Fiscalización y Control en el marco de sus funciones o a través de la denuncia. (…) Artículo 19º.- ACTAS: El personal de la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones que participe en diligencias relacionadas a la fiscalización, de ser el caso levantará Actas que contengan las circunstancias en que estas se realizaron.” CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES - CIEM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBRAS EN VÍA PUBLICA SANCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Observación % UIT Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón 100 Ejecución 07-0607 20 % UIT por cada uno. QUINTO: De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 188 y 177 del T.U.O del Procedimiento Administrativo General, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Y son valorados en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. SEXTO: Consta del expediente administrativo que el Informe N° 544-2015-SGCS- GFC/MLVD sin fecha, de folios 35, donde el Inspector Municipal GFD-SGICS informe a la Sub Gerencia de Inspección y Control de Sanciones, e indica: “Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted para informarle que siendo las (sin fecha) del día de hoy, el suscrito realizó inspección al establecimiento ubicado en Calle Shell N° 310 – Miraflores con giro de Telecomunicaciones, (…) para infórmele que en mérito del Memorándum N° 188-15- MDLV/SGOPCYCU, el Informe N° 052-2015-GADA-SGOPCYCU-GFC/MLV, en la cual indican que el poste instalado en la Av. Abtao N° 100 constituye peligro para los peatones.” 5 Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima Conforme se aprecia, el Informe N° 544-2015-SGCS-GFC/MLVD no tiene fecha de emisión, e indica que la inspección se llevó a cabo en el establecimiento ubicado en la dirección Calle Shell N° 310 del distrito de Miraflores; asimismo cita el Memorándum N° 188-15- MDLV/SGOPCYCU, el Informe N° 052-2015-GADA- SGOPCYCU-GFC/MLV, los cuales no se encuentran en autos. Siendo así, se verifica a su vez que dicho Informe no lleva anexa la documentación que dé cuenta de la inspección o constatación in situ respecto de los hechos que precisamente informa; ni panel fotográfico que permita visualizar lo detectado. SÉTIMO: Según lo regulado en los artículos 17° y 19° de la Ordenanza 033-07-MDLV aprobada por el Municipio demandado, el procedimiento administrativo sancionador se inicia "ante la constatación del incumplimiento, total o parcial, de las disposiciones municipales administrativas"; lo que se hará constar en el acta respectiva, lo que no aparece en autos se ha cumplido, en esa medida no se ha seguido el procedimiento regular, ni se ha cumplido con la caga de la prueba por parte de la Administración; viciando de nulidad el acto administrativo impugnado. En consecuencia, el Informe N° 544-2015-SGICS-GFC/MLVD no constituye medio de prueba idóneo y suficiente que acredite la conducta infractora imputada a la empresa demandante. OCTAVO: Cabe agregar que la documentación requerida por el Juez de primera instancia, como pruebas de Oficio: Informe N° 052-2015-GADA-SGOPCYCU- GFC/MLV, el Informe N° 0046-2015-MAN-SGICS-GFS/MDLV, el Informe N° 573-2015- SGICS-GFC/MLV, y el Memorándum N° 188-2015-MDLV/SGOPCYCU, son documentos que han sido citados y sustentan el Informe N° 544-15-SGICS- GFC/MLVD, y la Resolución N° 447-2015-GFC/MDLV de fecha 17 de junio de 2015, de folios 06 del expediente administrativo, que declara improcedente el recurso de apelación; sin embargo, al no haber sido presentados no se puede determinar su valor probatorio respecto a la comisión de la infracción atribuida. 6 Expediente Nro. 11030-2015-0-1801-JR-CA-15° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de Lima NOVENO: En la línea de lo expresado, se concluye que la sentencia venida en grado ha sido expedida en estricta sujeción a lo actuado en el proceso y a las pruebas aportadas por las partes, las cuales han sido válidamente valoradas por el Juzgador; razones por las cuales, no resultan amparables los agravios esgrimidos por la entidad apelante; y en mérito a las prerrogativas conferidas por la Constitución y la Ley, se resuelve: DECISIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N° 14 (SENTENCIA) del 27 de mayo de 2021, expedida por el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, que declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia: se declara la NULIDAD de la Resolución General N° 0447-2015-GFC/MDLV, Resolución Subgerencial N° 1484-2015- SGICS-GFC/MDLV y de la Resolución de Sanción N° 65429, dejando sin efecto la multa impuesta En los seguidos por la TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA sobre acción contencioso administrativa. Notifíquese y devuélvase en su oportunidad. S.S. JUÁREZ JURADO TUPIÑO SALINAS MONTOYA MUÑOZ 7

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERU CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRANSITORIA DE LIMA EXPEDIENTE : 11030-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA , DEMANDANTE : TELEFONICA DEL PERU SAA , S.S. JUAREZ JURADO TUPIÑO SALINAS MONTOYA MUÑOZ RESOLUCIÓN N°01 Lima, 05 de Septiembre del 2022 AUTOS Y VISTOS: Por recibidos en la fecha los autos del Decimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Lima, en mérito al Oficio de fecha 13 de Diciembre del 2021: Téngase presente; y, ATENDIENDO: PRIMERO: De la revisión de los actuados, se advierte que el presente expediente se remite en elevación al Superior Jerárquico, en virtud al recurso de apelación contra: a) Resolución N° 14 de fecha 27 de Mayo del 2021 a fojas 139 - 147 (Sentencia que declara fundada la demanda), interpuesto por la parte demandante y demandada, debidamente concedido con efecto suspensivo, mediante Resolución N° 09 de fecha 29 de enero del 2020 (concesorio de apelación). SEGUNDO: No obstante, se precisa que el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, de manera que el transcurso de él se lleve en forma debida; el debido proceso formal o adjetivo el cual permite a las partes de manera razonable y suficiente a ser oídas, a ejercer el derecho de defensa, producir prueba y, entre otros derechos, a obtener una sentencia que decida la causa de manera motivada dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. TERCERO: Asimismo, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece que “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso” y el artículo 139° inciso 6) de la Constitución Política del Estado y el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagran el principio constitucional de doble instancia. CUARTO: Ahora bien, reconociendo la naturaleza dinámica del Derecho, resulta imperativo implementar mecanismos que concreten la tutela judicial efectiva, estando a que uno de los contenidos que lo integran es el trámite en un plazo procesal razonable y en atención a ello dentro de los parámetros establecidos por el TUO de la Ley N°27584, resultando aplicable Código Procesal Civil ante lo no previsto por la ley especial, resulta viable sintetizar y concentrar el trámite previsto por el legislador a efecto de concretar la tutela procesal con base constitucional que reclaman los justiciables, pues una dilación aparente en los trámites procesales emerge del tránsito del proceso en diferentes áreas de un Órgano Jurisdiccional, haciendo ilusorio el principio de celeridad que comporta todo proceso judicial. QUINTO: Es así que, de conformidad a los principios de economía y celeridad procesal, establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el proceso debe realizarse procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, dentro de los plazos establecidos y tomar las medidas necesarias con la finalidad de lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses. SEXTO: En ese sentido, teniendo presente que la litis versa sobre una acción contenciosa administrativa tramitada en la vía del proceso ordinario, regulado por el artículo 27° de la Ley N° 27584, modificada por la Ley N° 30914 y, conforme a su estado según el procedimiento previsto en los artículos 373°, 374° y 375° del Código Procesal, corresponde continuar con la tramitación procesal en armonía con los principios de celeridad y economía procesal, y al amparo del artículo 139° inciso 3, 5 y 6 de la Constitución. Por las consideraciones expuestas, este COLEGIADO, DISPUSIERON: 1. CONFERIR traslado del escrito de apelación formulado por la parte demandante y demandada, por el plazo de diez días. 2. PROGRAMAR la fecha de la VISTA DE LA CAUSA para el día MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2022 a horas 09:00 a.m., diligencia que se desarrollará de manera VIRTUAL, mediante el aplicativo Google Meet, ingresando al enlace: https://meet.google.com/ekx-itxk-wae observando las disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa N° 00173-2020-CE-PJ. 3. Las partes que requieran hacer uso de la palabra a través de sus abogados, por el lapso de cinco minutos, deberán SOLICITARLO en el plazo máximo de tres días; debiendo proporcionar una cuenta de correo electrónico con dominio gmail y número de teléfono celular o fijo. 4. AUTORIZAR para efectos de coordinaciones preliminares a la realización de la audiencia virtual de la Vista de la Causa y en caso surja alguna con relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo, se escriba al correo electrónico sala.relatoria.pj@gmail.com. 5. INFORMAR a los participantes que, quince (15) minutos antes del inicio de la audiencia, deberán ingresar al enlace indicado en el numeral 1 de la presente resolución, a efectos de realizar la prueba de conectividad. 6. Finalmente, en mérito de la Resolución Administrativa N° 000137-2020-CE-PJ, la presente resolución y las que se expidan con posterioridad incluyendo la Sentencia emitida por esta Sala Superior en el presente proceso judicial, serán notificadas en las respectivas casillas electrónicas señaladas por las partes en autos. Avocándose al conocimiento de la presente causa los Jueces Superiores que suscriben por Disposición Superior. NOTIFIQUESE conforme a Ley. – ecre

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

15° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11030-2015-0-1801-JR-CA-15 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SACHA FLORES KARELY EDITH ESPECIALISTA : INGAROCA CORONADO NANCY NICOLASA DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA , DEMANDANTE : TELEFONICA DEL PERU SAA , SEÑORA JUEZ : En cumplimiento de mis funciones , informo a Ud. que se me ha hecho entrega de los presentes actuados , por asumir la carga de los expedientes pares en trámite , que debido a la Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno , la suscrita realiza labores solo presencial , sumado a la carga laboral del Juzgado . , los actuados se da cuenta en la fecha. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes . Lima, 25 de octubre del 2021 RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE.- Lima, veintinueve de enero Del año dos mil veinte.- VISTA la razón : TENGASE presente; y , DANDO CUENTA los escritos de apelación de fecha veinticinco y veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, presentado por la parte demandada y demandante : Al escrito de fecha 25. 08. 2021 : Al Principal , primer , segundo , quinto y sexto otrosí : Con la documentación que se adjunta y conforme se expone : TENGASE por APERSONADO a la demandada a través de su Procuraduría Pública que suscribe el escrito de su propósito , señalando como domicilio procesal en la AV. IQUITOS N°500 - LA VICTORIA y como CASILLA ELECTRONICA N°1068 del SINOE del Poder Judicial ; Asimismo , como se señala , téngase por señalado su CORREO ELECTRONICO GMAIL para los fines que se indica ; y , ATENDIENDO: PRIMERO: Que, las normas procesales son de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento a tenor de lo dispuesto por el Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso virtud de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; SEGUNDO: Que, en este orden de ideas el Artículo 36º de la norma especial citada prevé que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la apelación son los mismos de los señalados en el Código Procesal Civil; TERCERO: Que, habiendo cumplido con los requisitos previstos por los Artículos 365º, 367º y 376º del Código Procesal Civil, aplicables supletoriamente al caso de autos; CUARTO: Que, el recurrente ha indicado el error de hecho y derecho que se habría incurrido al dictar la resolución impugnada, precisando además la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; por lo que de acuerdo con el Artículo 371º del Código Adjetivo, concordado con el Artículo 35º del T.U.O de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; el escrito de apelación materia de calificación cumple con los requisitos que para ello exigen, encontrándose la interposición del mismo dentro del plazo de Ley, consecuentemente SE DISPONE: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta contra la sentencia contenida en la resolución número catorce de fecha 27 de mayo del 2021, que declara fundada la demanda; en consecuencia ELÉVESE los presentes autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención; una vez devuelto los cargos de notificación de la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente las delegaciones de representación procesal que se otorgan a los Abogados que se indican para los fines de ley ; . Al Cuarto otrosí: Téngase presente a las personas autorizadas para los fines que se indica en lo que fuere de ley; Al escrito de fecha 26. 08. 2021 : ATENDIENDO : PRIMERO: Que, las normas procesales son de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento a tenor de lo dispuesto por el Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso virtud de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; SEGUNDO: Que, en este orden de ideas el Artículo 36º de la norma especial citada prevé que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la apelación son los mismos de los señalados en el Código Procesal Civil; TERCERO: Que, habiendo cumplido con los requisitos previstos por los Artículos 365º, 367º y 376º del Código Procesal Civil, aplicables supletoriamente al caso de autos; CUARTO: Que, el recurrente ha indicado el error de hecho y derecho que se habría incurrido al dictar la resolución impugnada, precisando además la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; por lo que de acuerdo con el Artículo 371º del Código Adjetivo, concordado con el Artículo 35º del T.U.O de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; el escrito de apelación materia de calificación cumple con los requisitos que para ello exigen, encontrándose la interposición del mismo dentro del plazo de Ley, consecuentemente SE DISPONE: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta contra la sentencia contenida en la resolución número catorce de fecha 27 de mayo de 2021, que declara fundada la demanda; en consecuencia ELÉVESE los presentes autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención; una vez devuelto los cargos de notificación de la presente resolución; Avocándose al conocimiento del presente proceso la Juez que suscribe al amparo de la Resolución Administrativa N° 000208-2021-P-CSJLI/PJ e interviniendo en el trámite la cursora que da cuenta por Disposición Superior.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Edificio Javier Alzamora Valdez Av. Abancay S/N 15° Piso Cercado De Lima EXPEDIENTE : 11030-2015 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA DEMANDANTE : TELEFONICA DEL PERU SAA SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO: CATORCE Lima, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.- Visto el presente expediente principal, conjuntamente con el expediente administrativo que obran en cuaderno separado; encontrándose el proceso en estado de expedir sentencia, se procede a resolver en atención a los siguientes considerandos: I.- PARTE EXPOSITIVA Resulta de autos que mediante escrito de demanda de fojas 15 a 27 de autos, TELEFONICA DEL PERU SAA interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA sobre Nulidad de Resolución Administrativa. PRETENSIÓN Fluye del texto de la demanda que el petitorio de la parte demandante se circunscribe a lo siguiente:  Pretensión principal: Se declare la nulidad de la Resolución General N° 0447- 2015-GFC/MDLV se declaró infundado el recurso de apelación contra la Resolución Subgerencial N° 1484-2015-SGICS-GFC/MDLV que declaró improcedente el recurso de reconsideración, la cual se formuló contra la Resolución de Sanción N° 65429 de fecha 04 de mayo de 2015, que le impuso multa de S/. 3 850.00 por la presunta comisión de la infracción de código 070607 contenida en la Ordenanza N° 33-07-MDLV: “Por colocar postes en 1 forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, respecto al poste ubicado en Av. Abtao N° 100 en el distrito de La Victoria.  Pretensión accesoria: Solicita la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador derivado de la Resolución de Sanción N° 65429 de fecha 04 de mayo de 2015. ANTECEDENTES Los argumentos de la parte demandante en su escrito de demanda giran en torno a: i. La resolución impugnada es nula por desconocer la prueba ofrecida en el recurso de reconsideración, siendo que la Resolución Gerencial no se pronunció sobre la actuación de la inspección ocular solicitada en sede administrativa, a efectos de verificar el estado del poste que fue materia de sanción administrativa, por lo que, se afectó el Debido Procedimiento. ii. Asimismo, indicó que se afectó la Debida Motivación pues los informes en los que se amparan fueron genéricos sin vinculación concreta con el poster materia de sanción, sin identificarlos de modo particular. iii. Además, señaló que se afectó el Principio de Causalidad, pues el poste atribuido en la ubicación sito en Av. Abtao N° 100 no fue de propiedad de la demandante, no obstante, luego de haber presentado el recurso de apelación se tuvo conocimiento de la conformidad de obra de fecha 19 de junio de 2015, por tanto, pese a que el poste no fue de su propiedad sí poseyó la conformidad de obra de la planta externa en el distrito de La Victoria, lo que reflejó el estado óptimo de los postes. iv. En adición a ello, se invirtió la carga de la prueba y se vulneró el Debido Procedimiento, pese a que, en el procedimiento sancionador correspondió a la Administración probar el hecho infractor. v. También, señaló que la resolución impugnada es nula por contravenir los artículos 230° y 231-A de la Ley 27444, al trasgredir el Principio de Razonabilidad. TRÁMITE DEL PROCESO Por resolución N° 01 se admitió a trámite la demanda. 2 El Procurador Publico de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, mediante escrito de fojas 40-49, señalando lo siguiente: i. En el caso de autos, se identificó plenamente los hechos como se advierte de la propia resolución materia de cuestionamiento, en la cual se detallaron los fundamentos que motivaron la disposición que se declare infundada el recurso de apelación y se confirme la resolución sub gerencial, por lo que, de los demás mencionado, la Judicatura deberá determinar que la demandada respetó los principios que orientaron su potestad sancionadora al llevar a delante un procedimiento sancionador con pleno ejercicio de la defensa del demandante, quien tuvo la oportunidad de esgrimir su recurso correspondiente, aplicando a su vez una sanción previamente establecida que guardó razonabilidad con la infracción cometida, por lo que, solicitó se declare infundada la demanda. Mediante resolución N° 02 se tuvo por contestada la demanda. Asimismo, por resolución N° 03 se declaró saneado el proceso ante la existencia de una relación jurídica procesal válida, fijándose los puntos controvertidos, por lo que, los autos se encuentran expeditos para sentenciar. II.- PARTE CONSIDERATIVA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRIMERO: Conforme a lo previsto por el artículo 1° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, la acción contenciosa administrativa contenida en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, por lo que el nuevo diseño establecido por el régimen legal vigente para el Contencioso Administrativo prevé un proceso de plena jurisdicción de modo que la labor del Poder Judicial no se restringe sólo a controlar la legalidad de los actos administrativos, sino también a brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. Asimismo, es finalidad de los medios probatorios acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Así también, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 3 DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. SEGUNDO: Luego de analizar los fundamentos que sustentan la demanda y su contestación, corresponde determinar si la resolución impugnada incurrió en causal de nulidad al sancionar a la demandante. DEL CASO TERCERO: Mediante Ordenanza N° 033-2007-MDLV se aprobó el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de las Función Fiscalizadora y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, donde se estableció el código 07-0607: “Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, con multa de 100% de UIT y medida complementaria de ejecución. CUARTO: El artículo 17° de la referida ordenanza indicó que: “El procedimiento sancionador se inicia ante la constatación del incumplimiento, total o parcial, de las disposiciones municipales administrativas. Es promovido de oficio por la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones de la Gerencia de Fiscalización y Control en el marco de sus funciones o a través de la denuncia.”. En ese sentido, el artículo 19° determinó que: “El personal de la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones que participe en diligencias relacionadas a la fiscalización, de ser el caso levantará Actas que contengan las circunstancias en que estas se realizaron”. A su vez, el artículo 20° estableció respecto a la Notificación Preventiva que: “La notificación preventiva tiene por objeto hacer de conocimiento del presunto infractor que la realización de determinada conducta o la omisión de ella contraviene alguna disposición municipal administrativa. Cuando por la poca gravedad de los hechos o por la naturaleza de la infracción, resulte más razonable para la administración municipal exigir su subsanación antes de imponer una sanción, mediante la notificación se concederá al infractor un plazo para que lo haga. El plazo otorgado para subsanar la infracción se concede por una sola vez y es improrrogable e impugnable, concediéndole al infractor un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. Según se considere que la infracción materia de la notificación puede ser subsanada en mayor tiempo que el antes señalado, la Gerencia de Fiscalización y Control podrá otorgar un plazo de hasta 05 días hábiles adicionales, lo que se hará constar en la notificación. Una vez vencido, si el infractor persiste en su conducta, estará sujeto a las sanciones que correspondan. Si el presunto infractor se negase a ser notificado, se hará constar dicha circunstancia en el mismo documento; procediendo a colocarla en lugar visible del predio, la misma que será firmada por el inspector y un testigo.”. 4 QUINTO: En adición a ello, el artículo 22° de la referida ordenanza estableció los supuestos donde no cabe la Notificación Preventiva, siendo así: “Excepcionalmente, por la gravedad o por la naturaleza de algunas infracciones, éstas serán sancionadas sin observar el procedimiento previo a que se refiere el artículo 21 de la presente Ordenanza. Dichos supuestos están establecidos en el Anexo I - Tipificación y Escala de Multas. En los supuestos anteriores, las sanciones se imponen, sin perjuicio que el presunto infractor o sancionado, dentro del término de ley, interponga los recursos impugnativos correspondientes. La impugnación del acto no suspende la ejecución de la medida complementaria siendo de aplicación las disposiciones del artículo 216 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 13 de la Ley de Ejecución Coactiva modificado por la Ley Nº 28165. De haberse impuesto además una sanción de multa, su ejecución se suspende en tanto se resuelvan los recursos impugnativos formulados”. SEXTO: En el caso de autos se advierte del expediente administrativo: • A fojas 36 exp. adm., Resolución de Sanción N° 065429 que impuso sanción por infracción código 07-0607: “Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”. • A fojas 35 exp. adm., Informe N° 544-15-SGICS-GFC/MDLV sin fecha, el cual indicó “en virtud al Memorándum N° 188-15-MLV/GDU/SGOPCYCU e Informe N° 052-2015-GADA-SGOPCYCU-GDU/MLV, en el cual indicaron que el poste ubicado en Av. Abtao N° 100 constituye peligro para los peatones”. • A fojas 42-47, escrito de reconsideración formulado por la parte demandante. • A fojas 30-32, la Resolución Subgerencial N° 1484-2015-SGICS-GFC/MDLV que declaró improcedente el recurso de reconsideración. • A fojas 13-24, escrito de apelación formulado por la parte demandante. • A fojas 03-06, Resolución General N° 0447-2015-GFC/MDLV se declaró infundado el recurso de apelación contra la SEPTIMO: Al respecto, la parte demandante adujo que la resolución impugnada es nula por desconocer la prueba ofrecida en el recurso de reconsideración, siendo que la Resolución Gerencial no se pronunció sobre la actuación de la inspección ocular solicitada en sede administrativa, a efectos de verificar el estado del poste que fue materia de sanción administrativa, por lo que, se afectó el Debido Procedimiento. OCTAVO: En torno a ello, cabe señalar que, luego de haberse impuesto la Resolución de Sanción N° 065429, la parte demandante presentó recurso de reconsideración más no presentó ninguna prueba nueva al respecto, de acuerdo al documento y anexos que obra en el expediente administrativo. Si bien en dicho documento, la parte 5 demandante, solicitó inspección ocular, cierto es que solo indicó que ello era para verificar el estado del poste, es decir, no sustentó su pedido ni menos aún cuestionó las pruebas recabadas por la Administración, motivo por cual la demandada denegó su recurso ante la falta de pruebas presentadas y que debe motivar la presentación de un recurso de reconsideración. NOVENO: Sin perjuicio de ello, esta Judicatura advierte lo siguiente, la Administración al imponer la resolución de sanción se basó en el contenido del Informe N° 544-15- SGICS-GFC/MDLV, el cual no presentó fecha e indicó que la sanción se amparó “en virtud al Memorándum N° 188-15-MLV/GDU/SGOPCYCU e Informe N° 052-2015-GADA- SGOPCYCU-GDU/MLV, en el cual indicaron que el poste ubicado en Av. Abtao N° 100 constituye peligro para los peatones”. Asimismo, al expedirse la resolución de última instancia administrativa agregó el Informe N° 573-2015-SGICS-GFC/MDLV de fecha 04 de mayo de 2015, el cual describió el contenido de los anteriores documentos señalados. DECIMO: En este punto cabe tener presente que el Debido Procedimiento acorde al punto 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”, bajo dicho aspecto, demás está decir que la Administración está en la obligación de garantizar transparencia dentro del procedimiento a efectos que, el administrado tenga la oportunidad de contradecir todos las pruebas recabadas en su contra, para que pueda ejercer una defensa y presentar las pruebas correspondientes tendientes a rebatir los argumentos y fundamentos de la Administración, lo contrario, colocaría al administrado en una situación de indefensión, máxime, si ello ocurre dentro de un procedimiento sancionador cuya carga de la prueba radica en la Administración, artículo 235° de la Ley 27444, lo que tampoco implica que el administrado queda exento de presentar pruebas a su favor, artículo 162° de la citada ley, empero aquella se sustentará en desvirtuar la imputación efectuada siendo que las que producirá la Administración corresponderá a probar el hecho infractor atribuible al recurrente. DECIMO PRIMERO: En dicho contexto, se observa que si bien la resolución de sanción y el Informe N° 544-15-SGICS-GFC/MDLV estuvieron premunidos por el Principio de Presunción de Veracidad y debe tomarse por cierto el contenido del mismo, lo cierto es que, en el caso de autos, su contenido por sí mismo no resulta ser suficiente para probar que la parte demandante incurrió en la infracción con código 07-0607: “Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”; ello debido a que, ninguno de los documentos que se mencionan las circunstancias y el 6 modo en que el poste expuso peligro a los peatones, pues se desconoce con exactitud cuál fue la modalidad en que se halló dicho poste, pues no obra en autos el (i) Memorándum N° 188-15-MLV/GDU/SGOPCYCU, (ii) Informe N° 052-2015-GADA- SGOPCYCU-GDU/MLV e (iii) Informe N° 573-2015-SGICS-GFC/MDLV de fecha 04 de mayo de 2015. DECIMO SEGUNDO: En relación a la ausencia de dichos documentos, la Judicatura a través de la resolución cinco de fecha 26 de agosto de 2016, resolvió admitir como prueba de oficio los informes antes señalados, pese a los múltiples requerimientos, la Administración nunca cumplió con remitir la copia de los mismos. Ante ello, a través de la resolución once de fecha 31 de enero de 2020, se resolvió PRESCINDIR de dichos medios probatorios y se impuso multa, dado que, han transcurrido CASI CUATRO AÑOS y la demandada no cumplió con presentar los documentos que sustentaron la resolución de sanción. Siendo ello así, se advierte que la Administración vulneró de manera flagrante el Debido Procedimiento al negar al administrado a ejercer una adecuada defensa respecto de la imputación efectuada, lo que le imposibilitó presentar incluso pruebas tendientes a revertir lo señalado por la demandada, en consecuencia, el procedimiento deviene en nulo. DECIMO TERCERO: De otro lado, la parte demandante señaló entre sus argumentos que se afectó el Principio de Causalidad al haberle imputado una infracción sobre un poste que no era de su propiedad, para luego señalar que dicho poste sí correspondió a su planta de acuerdo al Certificado de Obras de fojas 08 de autos, con lo cual se demostró que los postes de la demandante se encontraron en buen estado; deberá tenerse presente, que aun frente a la contradicción del administrado, lo cierto es que, ello no es suficiente para convalidar el procedimiento sancionador en cuestión, dado que, no existe plena certeza sobre el hecho infractor, esto es, se desconoce el estado del poste y las circunstancias en que fue hallado, ya que, los documentos que, supuestamente, probarían tal hecho nunca fueron consignados al expediente administrativo ni fueron remitidos al Juzgado, por lo que, si bien no se afectó el Principio de Causalidad por la aceptación del administrado, no es menos cierto, que se afectó el Debido Procedimiento, por lo cual, la resolución impugnada es nula deviniendo en insubsistente la multa impuesta. DECIMO CUARTO: En esa misma línea, respecto a la indebida Motivación, debe tenerse en cuenta que, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente N° 00744-2011-PA/TC, ha expresado su posición sobre la motivación de los actos administrativos, en cuyo fundamento 4, dispone que: “(…)El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consistente en 7 el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, (…). La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndoseles las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existen entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de la motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa (….)”. DECIMO QUINTO: En el caso de autos, se ha verificado que la demandada fundamentó su decisión con informes y documentos nunca vistos y conocidos por el administrado e incluso por la propia Administración al no haber sido hallados hasta el momento, asimismo, se advierte que no se emitió pronunciamiento por todos los cuestionamiento formulados por el administrado, como por ejemplo, la supuesta afectación al Principio de Razonabilidad al no haberse aplicado el artículo 231-A de la Ley 27444, pues en ningún extremo de dicho acto se explicó las razones que llevaron solo a aplicar la Ordenanza N° 033-2007-MDLV e inaplicar la Ley 27444 conforme a lo solicitado, en consecuencia, se concluye que se afectó la Debida Motivación y, por lo tanto, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta al no existir plena certeza en la imputación efectuada, de acuerdo a lo ya explicado. CONCLUSION DECIMO SEXTO: En ese sentido, de conformidad con los incisos 1) y 2) del artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, corresponde declarar la nulidad de la Resolución General N° 0447-2015-GFC/MDLV, Resolución Subgerencial N° 1484-2015-SGICS-GFC/MDLV y de la Resolución de Sanción N° 65429, por la presunta comisión de la infracción de código 070607 contenida en la Ordenanza N° 33-07-MDLV: “Por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, respecto al poste ubicado en Av. Abtao N° 100 en el distrito de La Victoria, al existir pruebas deficientes que acrediten la comisión de tal infracción, no pudiendo obligar a la demandada a iniciar nuevo procedimiento o expedir nueva resolución, en tanto que, se ha probado en autos que no pueden ser hallados los (i) Memorándum N° 188-15-MLV/GDU/SGOPCYCU, (ii) Informe N° 052-2015-GADA- 8 SGOPCYCU-GDU/MLV e (iii) Informe N° 573-2015-SGICS-GFC/MDLV de fecha 04 de mayo de 2015, que sustentaron la infracción, siendo así, corresponderá dejar sin efecto la multa impuesta. III.- PARTE RESOLUTIVA Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30° y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y los artículos 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la Señora Juez del Décimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADA la demanda contenciosa interpuesta por la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, en consecuencia: • Se declara la NULIDAD de la Resolución General N° 0447-2015-GFC/MDLV, Resolución Subgerencial N° 1484-2015-SGICS-GFC/MDLV y de la Resolución de Sanción N° 65429, dejando sin efecto la multa impuesta. 2. ARCHÍVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. 3. Notificándose a las partes del proceso.- 9

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 11104-2015-0-1801-JR-CA-01 DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA SA DEMANDADO : ATU MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO _______________________________________________________________ SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE Lima, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés VISTOS: I) De la Demanda.- Con las copias autenticadas del expediente administrativo obrante en cuarenta y tres tomos separados; resulta de autos que a fojas 60/79, la EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA S.A. (en adelante la demandante) interpone demanda contenciosa administrativa contra la AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO (en adelante la demandada), a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones de Gerencia Central de Normativa signadas con los N°: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1. 179-158-00051823, de fecha 11 de mayo del 2015. 2. 179-158-00055315, de fecha 15 de mayo del 2015. 3. 179-158-00055316, de fecha 15 de mayo del 2015. 4. 179-158-00055317, de fecha 15 de mayo del 2015. 5. 179-158-00055327, de fecha 15 de mayo del 2015. 6. 179-158-00055747, de fecha 15 de mayo del 2015. 7. 179-158-00055748, de fecha 15 de mayo del 2015. 8. 179-158-00055750, de fecha 15 de mayo del 2015. 9. 179-158-00056058, de fecha 18 de mayo del 2015. 10. 179-158-00056030, de fecha 18 de mayo del 2015. 11. 179-158-00056032, de fecha 18 de mayo del 2015. 12. 179-158-00056034, de fecha 18 de mayo del 2015. 13. 179-158-00056035, de fecha 18 de mayo del 2015. 14. 179-158-00056036, de fecha 18 de mayo del 2015. 15. 179-158-00056038, de fecha 18 de mayo del 2015. 16. 179-158-00056040, de fecha 18 de mayo del 2015. 17. 179-158-00056044, de fecha 18 de mayo del 2015. 18. 179-158-00056045, de fecha 18 de mayo del 2015. 19. 179-158-00056047, de fecha 18 de mayo del 2015. 20. 179-158-00056048, de fecha 18 de mayo del 2015. 21. 179-158-00056049, de fecha 18 de mayo del 2015. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 22. 179-158-00056050, de fecha 18 de mayo del 2015. 23. 179-158-00056051, de fecha 18 de mayo del 2015. 24. 179-158-00056052, de fecha 18 de mayo del 2015. 25. 179-158-00056060, de fecha 18 de mayo del 2015. 26. 179-158-00056061, de fecha 18 de mayo del 2015. 27. 179-158-00056062, de fecha 18 de mayo del 2015. 28. 179-158-00056063, de fecha 18 de mayo del 2015. 29. 179-158-00056065, de fecha 18 de mayo del 2015. 30. 179-158-00056066, de fecha 18 de mayo del 2015. 31. 179-158-00056067, de fecha 18 de mayo del 2015. 32. 179-158-00056068, de fecha 18 de mayo del 2015. 33. 179-158-00056074, de fecha 18 de mayo del 2015. 34. 179-158-00056075, de fecha 18 de mayo del 2015. 35. 179-158-00056076, de fecha 18 de mayo del 2015. 36. 179-158-00056172, de fecha 18 de mayo del 2015. 37. 179-158-00047570, de fecha 22 de abril del 2015. 38. 179-158-00052060, de fecha 11 de mayo del 2015. 39. 179-158-00052061, de fecha 11 de mayo del 2015. 40. 179-158-00052067, de fecha 11 de mayo del 2015; 41. 179-158-00052125, de fecha 11 de mayo del 2015. 42. 179-158-00052126, de fecha 11 de mayo del 2015. 43. 179-158-00052127, de fecha 11 de mayo del 2015. La actora sustenta la demanda manifestando: 1. Señala que todas resoluciones administrativas materia de nulidad hacen mención a la Infracción tipificada con el código N67, supuestamente cometida por los vehículos, la cual, sanciona el dejar o recoger pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada, o cuando el vehículo se encuentra en movimiento, o en lugares donde se atenta contra su seguridad o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados, sin embargo, alega que la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO demandada no señala cual, de los siete supuestos incurre su representada, contraviniendo el numeral 3.2 del Artículo 3° de la Ley N° 27444, en la que se establece, que el contenido del acto administrativo, debe entre otros aspectos, ser preciso, por lo tanto, al no estar detallada la infracción impuesta, deviene en nula. 2. Finalmente, señala que su representada mantiene legitimidad al ser responsable solidario-empresa autorizada. Trámite. - Mediante resolución número UNO, de fecha 13 de noviembre 2015, se admite a trámite la demanda, corriéndose el traslado respectivo a la parte demandada. Por escrito de fecha 15 de febrero 2016, el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, a través de su Apoderado, contesta la demanda en sentido negativo solicitando que sea declarada infundado en razón a que: 1. Señala que la Ley del procedimiento Administrativo General N° 27444, refiere a la carga de la prueba, establece en su Art. 162.2 corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 2. Señala que, dentro del procedimiento administrativo iniciado por la demandante, este no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición del Acta de Control, cometida por la infracción de imputada elaborada por el Inspector Municipal, las cuales en sus actuaciones tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le da el Estado. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO III) Saneamiento Procesal.- Mediante Resolución número 05, de fecha 18 de septiembre 2018, se declaró saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios ofrecidos; siendo el estado del proceso el de dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder judicial a través de sus órganos jerárquicos quienes actúan con independencia y con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las Leyes establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45º y el artículo 138º de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 1º y 16º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativa; en ese orden, el artículo 1° de la Ley 27584 prevé que la acción Contencioso Administrativa (Proceso Contencioso Administrativo) a que se refiere la norma constitucional citada, tiene por finalidad de un lado, el control jurídico por el Poder Judicial de la legalidad y Constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo; y de otro, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; consecuentemente, conforme a esto último, es derecho de todo administrado acudir al Órgano Jurisdiccional en busca de tutela jurisdiccional efectiva en caso considere vulnerados sus derechos o intereses por parte de la Administración. TERCERO.- El artículo 139° de la Norma Suprema del Estado, establece los Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional, consagrando en el inciso 3) la observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional. Esto es, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales; en ese orden, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo; aspecto que ha sido clara-mente determinado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre de 2005, Fundamentos 18 y 19. CUARTO.- En el presente caso, la empresa EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO Y COMERCIALIZACIÓN EXPRESO SANTA ANITA S.A., solicita que se declare la nulidad total de las Resolución de Gerencia Central de Normativa signadas con los N°: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1. 179-158-00051823, de fecha 11 de mayo del 2015. 2. 179-158-00055315, de fecha 15 de mayo del 2015. 3. 179-158-00055316, de fecha 15 de mayo del 2015. 4. 179-158-00055317, de fecha 15 de mayo del 2015. 5. 179-158-00055327, de fecha 15 de mayo del 2015. 6. 179-158-00055747, de fecha 15 de mayo del 2015. 7. 179-158-00055748, de fecha 15 de mayo del 2015. 8. 179-158-00055750, de fecha 15 de mayo del 2015. 9. 179-158-00056058, de fecha 18 de mayo del 2015. 10. 179-158-00056030, de fecha 18 de mayo del 2015. 11. 179-158-00056032, de fecha 18 de mayo del 2015. 12. 179-158-00056034, de fecha 18 de mayo del 2015. 13. 179-158-00056035, de fecha 18 de mayo del 2015. 14. 179-158-00056036, de fecha 18 de mayo del 2015. 15. 179-158-00056038, de fecha 18 de mayo del 2015. 16. 179-158-00056040, de fecha 18 de mayo del 2015. 17. 179-158-00056044, de fecha 18 de mayo del 2015. 18. 179-158-00056045, de fecha 18 de mayo del 2015. 19. 179-158-00056047, de fecha 18 de mayo del 2015. 20. 179-158-00056048, de fecha 18 de mayo del 2015. 21. 179-158-00056049, de fecha 18 de mayo del 2015. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 22. 179-158-00056050, de fecha 18 de mayo del 2015. 23. 179-158-00056051, de fecha 18 de mayo del 2015. 24. 179-158-00056052, de fecha 18 de mayo del 2015. 25. 179-158-00056060, de fecha 18 de mayo del 2015. 26. 179-158-00056061, de fecha 18 de mayo del 2015. 27. 179-158-00056062, de fecha 18 de mayo del 2015. 28. 179-158-00056063, de fecha 18 de mayo del 2015. 29. 179-158-00056065, de fecha 18 de mayo del 2015. 30. 179-158-00056066, de fecha 18 de mayo del 2015. 31. 179-158-00056067, de fecha 18 de mayo del 2015. 32. 179-158-00056068, de fecha 18 de mayo del 2015. 33. 179-158-00056074, de fecha 18 de mayo del 2015. 34. 179-158-00056075, de fecha 18 de mayo del 2015. 35. 179-158-00056076, de fecha 18 de mayo del 2015. 36. 179-158-00056172, de fecha 18 de mayo del 2015. 37. 179-158-00047570, de fecha 22 de abril del 2015. 38. 179-158-00052060, de fecha 11 de mayo del 2015. 39. 179-158-00052061, de fecha 11 de mayo del 2015. 40. 179-158-00052067, de fecha 11 de mayo del 2015; 41. 179-158-00052125, de fecha 11 de mayo del 2015. 42. 179-158-00052126, de fecha 11 de mayo del 2015. 43. 179-158-00052127, de fecha 11 de mayo del 2015. QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS1; constituye materia de análisis los actuados en sede administrativa, siendo así, en el expediente administrativo obran los siguientes instrumentales: 1 D.S N° 013-2008 JUS emitido el 29 de agosto de 2008. Artículo 30.- Actividad probatoria En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055315, de fecha 15 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativo N° 179-158-00055315, de fecha 15 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328287, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo realizado contra el Acta de Control N° C562562, de fecha 26 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C562562, de fecha 26 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 2. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00051823, de fecha 11 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativo N° 179-158-00051823, de fecha 11 de mayo 2015.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328316, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 25/26 obra el descargo realizado contra el Acta de Control N° C396197, de fecha 12 de noviembre 2023.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C396197, de fecha 12 de noviembre 2013 y su respectiva toma fotográfica. 3. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056058, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-058-00056058, de fecha 18 de mayo de 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/10 obra el recurso de apelación. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C595486, de fecha 10 de mayo 2014. 4. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055750, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055750, de fecha 15 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/14 obra el recurso de apelación.  A fojas 02 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00194680, de fecha 09 de junio 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C429645, de fecha 25 de octubre 2013. 5. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055748, de fecha 16 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativo N° 179-158-0005748, de fecha 16 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/14 obra el recurso de apelación.  A fojas 18 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00194705, de fecha 09 de junio 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C334966, de fecha 27 de julio 2013 y su respectiva toma fotográfica. 6. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055747, de fecha 16 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055747, de fecha 16 de mayo 2015.  A fojas 08/14 obra el recurso de apelación. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 18 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00194657, de fecha 09 de junio 2014.  A fojas 21/22 obra el descargo realizado contra el Acta de Control N° C486177, de fecha 11 de diciembre 2013.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C486177, de fecha 11 de diciembre 2013 y su respectiva toma fotográfica. 7. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055327, de fecha 15 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055327, de fecha 15 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-058-0328307, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 26 obra el recurso de nulidad incoado contra el Acta de Control N° 537921, de fecha 05 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C537921, de fecha 05 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 8. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-179-158- 00055317, de fecha 15 de mayo del 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055317, de fecha 15 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328261, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo realizado contra el Acta de Control N° C581205, de fecha 08 de abril 2014. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C581205, de fecha 08 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 9. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00055316, de fecha 15 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 00055316, de fecha 15 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00326269, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C581045, de fecha 05 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C581042, de fecha 05 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 10. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056047, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056047, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328275, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 25/26 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C562573, de fecha 29 de marzo 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C562573, de fecha 29 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 11. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056045, de fecha 18 de mayo 2015. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 01/02, obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056045, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328304, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C552086, de fecha 11 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C552086, de fecha 11 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 12. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056044, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056044, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328286, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C571393, de fecha 27 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C571393, de fecha 27 de marzo 2014. 13. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056040, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 176-156-00056040, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328216, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 25/26 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C603688, de fecha 28 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C603688, de fecha 28 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 14. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056038, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178- 156-00056038, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 10/20 obra el recurso de apelación.  A fojas 23 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328253, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 27/28 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C581287, de fecha 09 de abril 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C581287, de fecha 09 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica 15. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056036, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178- 156-00056036, de fecha 18 de mayo 2015 y su correspondiente cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328267, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° 573808, de fecha 05 de abril 2014. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C573808, de fecha 05 de abril 2014 y su respetiva toma fotográfica. 16. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056035, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056035, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328262, de fecha 112 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° 581061, de fecha 08 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° 581061, de fecha 08 de abril 2014. 17. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056034, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178- 156-00056034, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328314, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C468281, de fecha 18 de noviembre 2013.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C468281, de fecha 18 de noviembre 2013 y su correspondiente toma fotográfica. 18. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056032, de fecha 18 de mayo 2015. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056032, de fecha 18 de mayo 2015 y su correspondiente cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328282, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C562462, de fecha 27 de marzo 2014. 19. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056030, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056030, de fecha 18 de mayo 2015 y su correspondiente cargo de notificación.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328284, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 25/26 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C547092, de fecha 27 de marzo 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C547092, de fecha 27 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 20. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056065, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056065, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328212, de fecha 12 de septiembre 2014. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C602165, de fecha 29 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C602165, de fecha 29 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 21. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056063, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056063, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328308, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C541569. De fecha 04 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 22. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056062, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056062, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328273, de fecha 12 de setiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C572722, de fecha 31 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C572722, de fecha 31 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 23. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056061, de fecha 18 de mayo 2015. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056061, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 09/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328254, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C580189, de fecha 09 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 24. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056060, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056060, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328263, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C584998, de fecha 07 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C584998, de fecha 07 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 25. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056052, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056052, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328315, de fecha 12 de septiembre 2014. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 23/24 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C468312, de fecha 14 de noviembre 2013.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C468312, de fecha 14 de noviembre 2013 y su respectiva toma fotográfica. 26. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056051, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056051, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328306, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C537716, de fecha 08 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C537716, de fecha 08 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 27. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056050, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056050, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00325280, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C547082, de fecha 27 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C547082, de fecha 27 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 28. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056049, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 178-156-00056050, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328285, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 49/50 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C562570, de fecha 27 de marzo 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C562570, de fecha 27 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 29. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056048, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056048, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328274, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 48/49 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C562575, de fecha 29 de marzo 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C562575, de fecha 29 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 30. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056066, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056066, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328252, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 25/26 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C586351, de fecha 09 de abril 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C586351, de fecha 09 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 31. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056067, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056067, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 08/17 obra el recurso de apelación.  A fojas 20 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328264, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C581128, de fecha 07 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. 32. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056068, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056068, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 10/19 obra el recurso de apelación.  A fojas 22 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328255, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 26/27 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C581381, de fecha 09 de abril 2014.  A fojas 05/06 obra el Acta de Control N° C581381, de fecha 09 de abril 2014 y su respectiva toma fotográfica. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO PERMANENTE ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 33. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056074, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056074, de fecha 18 de mayo 2015 y su respectivo cargo de notificación.  A fojas 09/18 obra el recurso de apelación.  A fojas 21 obra la Resolución de Sanción N° 176-056-00328276, de fecha 12 de septiembre 2014.  A fojas 24/25 obra el descargo incoado contra el Acta de Control N° C570653, de fecha 29 de marzo 2014.  A fojas 04/05 obra el Acta de Control N° C570653, de fecha 29 de marzo 2014 y su respectiva toma fotográfica. 34. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056075, de fecha 18 de mayo 2015.  A fojas 01/02 obra la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056075, de fecha 18 de mayo 2015 y su respect

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NOVENA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE N° : 11317-2015-0-1801-JR-LA-58 DEMANDANTE : SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD DEMANDADO : TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL LITISCONSORTE : BITMER GARAY GONZALES MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN N° 24 Lima, primero de julio Dos mil veinte.- VISTOS: En Audiencia Pública; e interviniendo como ponente la Señora Palacios Tejada; CONSIDERANDO: PRIMERO: Es materia de grado la Sentencia N° 036-2019- 29°JETPL contenida en la Resolución Nº 19 de fecha 11 de marzo de 2019, de fojas 543 a 551, que declara fundada la demanda. Interpone apelación el litisconsorte Bitmer Garay Gonzales según escrito de fojas 554 a 562 y la entidad demandada Tribunal de Servicio Civil según escrito de fojas 564 a 573. SEGUNDO: Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, que atribuye la competencia al Juez Superior, establece que el órgano judicial revisor no puede apartarse del objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia, por lo que está impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido invocados por las partes; por tanto, estando circunscrito a lo que comprende la expresión de los agravios correspondientes, solo se puede conocer mediante la apelación los agravios que afectan al impugnante. 1 TERCERO: SOBRE LOS AGRAVIOS 3.1. El litisconsorte Bitmer Garay Gonzales expresa como agravios los siguientes: 3.1.1. El A-quo incurre en error al considerar que se ha cometido una falta grave por el consumo de licor durante las horas de trabajo y la comisión del delito de la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de una trabajadora de limpieza, contraviniendo normas laborales del Decreto Legislativo N° 728, la Resolución de Presidencia N° 139-PE-ESSALUD-99, Ley N° 28496 y el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, e inobservando que dicha conducta puede contravenir diversa normativa bajo el mismo supuesto. 3.1.2. Que, siendo servidor público bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, le corresponde la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario bajo dicho régimen y no otro, conforme a la Ley N° 27815, y manifestando vulneración al derecho a la defensa al no permitírsele conocer las imputaciones en su contra a fin de ser rebatidas en su descargo, respecto de las imputaciones sustentadas en las normas adicionales. 3.1.3. El A-quo no ha tomado en cuenta que la demandante no acompaña prueba que acredite y sirva de sustento de las imputaciones realizadas, máxime, si no se ha tomado en consideración el pronunciamiento del fiscal, en la que se dispone el archivamiento de la investigación en su contra sobre la comisión del delito. 2 3.2. La entidad demandada Tribunal de Servicio Civil expresa como agravios los siguientes: 3.2.1. El A-quo incurre en error al no señalar la causal de nulidad de la Resolución N° 00173-2015- SERVIR/TSC-Primera Sala, manifestando vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso. 3.2.2. Asimismo, al no sustentar la legalidad de los actos administrativos realizados por la entidad demandante EsSalud, al momento de emitir la sanción de destitución, y no habiendo agotado la vía administrativa conforme a ley. CUARTO: Que, constituye punto controvertido de la litis: - Determinar si procede declarar la nulidad total de la Resolución Nº 00173-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12 de febrero de 2015, que resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013, de la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD- 2013 de fecha 29 de octubre de 2013 y de la Carta N° 2255-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 20 de noviembre de 2013 emitidas por la Gerencia de la Red Asistencial de Ica del Seguro Social de Salud, por la vulneración al debido procedimiento y ordena retrotraer el procedimiento al momento de la imputación de cargos y solicitud de descargos al señor Bitmer Garay Gonzales, debiendo la Red Asistencia de Ica del Seguro Social de Salud tener en consideración al momento de calificar la conducta del referido señor, así como al momento de resolver. 3 QUINTO: SOBRE EL ACTO ADMINISTRATIVO 5.1. Que, el artículo 1° del TUO de la Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente: “(…) Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta (…).” 5.2. Asimismo, el artículo 3° de la citada norma1, precisa que para su validez el acto administrativo debe cumplir con los requisitos: 1) la competencia, 2) objeto o contenido, 3) finalidad publica, 4) motivación, y 5) procedimiento regular. También, se prevé en su artículo 230° de la citada norma, los principios de la potestad sancionado administrativa, los cuales son la legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud y el Non bis in idem. 1 “Artículo 3° Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, qúorum y deliberación indispensables para su emisión. 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento judicial. 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto 4 5.3. La acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; busca lograr en sede judicial la declaración de la nulidad y/o ineficacia de un acto administrativo que lesiona normas de carácter formal y/o sustancial, ello en salvaguarda del Principio de Tutela del Interés Público que lleva consigo intrínsecamente todo acto administrativo, en su formalidad como en su sustanciación conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución, artículo 1º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concordante con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 219° del Código Civil; por lo que advirtiéndose el punto controvertido de autos se encuadra en este tipo de proceso, resulta procedente analizar el fondo de lo demandado. SEXTO: Al respecto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional, en reiteradas ejecutorias (STC N° 5733- 2008-AA/TC, N° 3623-2004-AA/TC; N° 1078-2007-AA/TC, entre otras), ha establecido que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene una dimensión judicial, sino que todas las garantías, requisitos y normas de orden público que lo conforman deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.” 5 Estado que pueda afectarlos; pues, es precisamente, el derecho de defensa uno de los atributos que constituye el debido proceso, siendo presupuesto para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación jurídica, garantizando así que la persona inmersa en un proceso judicial o procedimiento administrativo, tenga la facultad de alegar lo que convenga a sus derechos e intereses, de modo que no pueda ocasionarse en ella un estado de indefensión. SÉTIMO: SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO En referencia a ello, debemos precisar que el proceso administrativo disciplinario es potestad del Estado, en virtud del cual impone sanciones a una persona vinculada por una relación de dependencia para con la administración, por incumplimiento de sus deberes, siendo independiente del proceso penal, que persigue una sanción punitiva, que puede derivar en la privación de la libertad, no configurándose el principio del Non Bis In Idem, conforme señala el numeral 243.1 del artículo 243° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. OCTAVO: Ahora bien, el TUO del Decreto Legislativo N° 728° establece en su artículo 24° que: “Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: a) La comisión de falta grave; b) La condena penal por delito doloso (…)”; asimismo, el artículo 25° de dicha norma señala: “(…). Son faltas graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o 6 expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta; (…) e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo; f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente2; (…)”. (Resaltado y subrayado agregados). NOVENO: SOBRE EL CASO EN CONCRETO 9.1. Que, mediante Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013, obrante a fojas 203 a 205 y 210 a 212, se pone a conocimiento al litisconsorte Bitmer Garay Gonzales, funcionario a cargo del Centro de atención Primaria I del Distrito de 2 Siendo precisada la constatación por la Autoridad competente, en el artículo 40° del Reglamento del TUO del Decreto Legislativo 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96-TR, al señalar: “Las constataciones efectuadas por la Autoridad competente, de conformidad con el inciso f) del Artículo 58 de la Ley, constituyen instrumento público que merece fe, para todo efecto legal, mientras no se pruebe lo contrario”. (Resaltado agregado). 7 Pueblo Nuevo de la Ciudad de Chincha de EsSalud, la imputación de ingesta de licor en el centro médico a su cargo y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo que conllevo a la presunción de haber atentado contra la libertad sexual de la trabajadora de limpieza, sobre los hechos ocurridos el 29 de agosto de 2013. Asimismo, la infracción laboral de las siguientes normas: i) el inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) el artículo 4° y el capítulo II (que contiene en los artículos 6°, 7° y 8°) de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública; iii) el artículo 5° del Reglamento de la Ley de Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; iv) Directiva sobre el Régimen Disciplinario de los Trabajadores del Ex IPSS, hoy EsSalud aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-PE-IPSS-95; v) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-PE-IPSS-96; vi) Reglamento del TUO del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96-TR; y vii) los incisos c), d), y f) del artículo 19° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 139-PE-ESSALUD-99; otorgándole el plazo de seis días naturales para su descargo correspondiente. 9.2. Que, mediante Carta de Descargo N° 001-2013-BGG de fecha 12 de septiembre de 2013, obrante a fojas 174 a 179, el litisconsorte Bitmer Garay Gonzales presenta sus descargos, en ocho punto, sobre la imputación realizada, contradiciendo en todos sus extremos, y de manera genérica, los argumentos y las infracciones de las normas laborales (contenidas en el inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 8 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, los artículos 6° y 7° de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, el artículo 5° del Reglamento de la Ley de Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005- PCM, la Directiva sobre el Régimen Disciplinario de los Trabajadores del Ex IPSS, hoy EsSalud aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-PE-IPSS-95, y los incisos c), d), y f) del artículo 19° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 139-PE-ESSALUD-99), cometidas durante la ocurrencia de los hechos materia de investigación 9.3. Que, mediante Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, obrante a fojas 101 a 113 y 131 a 143, se pone a conocimiento al litisconsorte Bitmer Garay Gonzales, al imposición de la medida disciplinaria de despido, dando cuenta de los ocho puntos que forman parte de su descargo, sobre la imputación de ingesta de licor en el centro médico a su cargo y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo que conllevo a la presunción de haber atentado contra la libertad sexual de la trabajadora de limpieza, configurándose la falta cometida y prevista en el inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, y en concordancia con los incisos e) y f) del citado artículo, que regular la conducta típica del sancionado, la misma que fue materia en su descargo. 9.4. Que, la decisión de despido fue sustentada por las normativas laborales incumplidas y señaladas en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013. Por lo que, el litisconsorte Bitmer 9 Garay Gonzales interpone recurso de reconsideración, la misma que fue absuelta mediante Carta N° 2255-GRA-ICA- ESSALUD-2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, obrante a fojas 119 a 120, que dispuso desestimar su recurso debido a que no se vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. 9.5. Que, mediante Resolución Nº 00173-2015-SERVIR/TSC- Primera Sala de fecha 12 de febrero de 2015, obrante a fojas 44 a 53, se resolvió declarar la nulidad de la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013, de la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013 y de la Carta N° 2255-GRA- ICA-ESSALUD-2013, por la vulneración al debido procedimiento y disponiendo retrotraer el procedimiento a la etapa de la imputación de cargos y solicitud de descargos. DÉCIMO: DESARROLLO DE LOS AGRAVIOS 10.1. Que, con respecto a los agravios de los puntos 3.1.1. y 3.1.3., cabe señalar que la imputación realizada se sustenta en la ingesta de licor en el centro médico a su cargo, y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo que conllevo a la presunción de haber atentado contra la libertad sexual de la trabajadora de limpieza, presunción que fue desvirtuada por el Resolución de Disposición de Archivo Definitivo N° 02-2014-2DAFPPCCH de fecha 14 de marzo de 2014, obrante a fojas 462 a 465, que dispuso la no formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el litisconsorte Bitmer Garay Gonzales, al no haberse podido recabar elementos de convicción suficientes que induzca a la comisión del delito contra la libertad sexual. 10 10.2. Sin embargo, ello no lo exime de la responsabilidad administrativa sobre la falta grave cometida y la infracción de las normas laborales sustentadas en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 06 de setiembre de 2013, y la Carta N° 2103-GRA- ICA-ESSALUD-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, las cuales precisan dicha imputación en los inciso a), e) y f) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, los incisos c), d), y f) del artículo 19° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 139-PE-ESSALUD-99; el artículo 4° y el capítulo II (que contiene en los artículos 6°, 7° y 8°) de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública; y, el artículo 5° del Reglamento de la Ley de Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. Por lo que, conducta infractora fue precisada por dichas normativas y misma que fue valorada conjuntamente con los medios probatorios obrante autos, no resultando amparar los agravios formulados. DÉCIMO PRIMERO: Que, con respecto al agravio del punto 3.1.2., sobre la tramitación del proceso administrativo disciplinario bajo el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, y el conocimiento de las imputaciones en su contra, estas fueron debidamente procesadas y precisadas en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013, al señalar la imputación de responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo sobre los hechos ocurridos el 29 de agosto de 2013, la cual fueron de sustento en las infracciones normativas como falta grave, conforme al artículo 25° del TUO del 11 Decreto Legislativo N° 728, y las normas conexas al tipo infractor y que fueron materia de pronunciamiento en los puntos 1 al 8 de la Carta de Descargo N° 001- 2013-BGG del litisconsorte Bitmer Garay Gonzales, y de sustento en la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013, para la imposición de la sanción de despido. Por lo que, no se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, no correspondiendo amparar dicho agravio. DÉCIMO SEGUNDO: Que, con relación a los agravios de los puntos 3.2.1 y 3.2.2., sobre la causal de nulidad de la Resolución N° 00173-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala y la validez de las cartas emitidas por la Gerencia de la Red Asistencia Ica del EsSalud, sustentada en la recurrida, tenemos que todo acto administrativo debe cumplir con los requisitos de validez, entre ellas la motivación, siendo factible de nulidad, conforme a los artículo 3° y 10° de la Ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General. DÉCIMO TERCERO: Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 03433-2013-AA señaló respecto a la debida motivación de las resoluciones judiciales lo siguiente: “4.4.2 (…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e); 4.4.3) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los 12 órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso; 4.4.4) A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.“ (Subrayado agregado). DÉCIMO CUARTO: De todo lo expuesto, es de advertirse que el Juez de la Causa se pronuncia sobre la validez del acto administrativo de la Carta N° 1803-GRA-ICA- ESSALUD-2013, Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013 y Carta N° 2255-GRA-ICA-ESSALUD-2013, al señalar el desarrollo de la competencia, el contenido, la finalidad publica, la motivación y el procedimiento regular del proceso administrativo, hechos que han merecido la imputación de la infracción laboral cometida, el pronunciamiento de los descargos realizados por el litisconsorte Bitmer Garay Gonzales, y la medida impuesta por falta grave, conforme al inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, configurándose la validez de los actos administrativos del proceso administrativo disciplinario. DÉCIMO QUINTO: Que, respecto a la Resolución N° 00173- 2015-SERVIR/TSC-Primera Sala, se sostiene la vulneración al debido procedimiento administrativo por la aplicación de dos normas de distintas naturalezas en 13 un mismo acto conforme a los fundamentos 38, 39 y 41 de la citada resolución, sin ceñirse a la transgresión normativa prevista en el inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, en la que prevé como falta grave la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y la actuación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, con la finalidad de determinar la responsabilidad del trabajador y salvaguardando el derecho al debido procedimiento administrativo. Por ello la recurrida manifiesta una vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones, al no advertir la norma imputada que sustenta la falta grave cometida y las normas laborales conexas aplicables al caso en concreto, debido a que es de aplicación la Ley N° 27815-Ley de Código de Ética de la Administración Publica a los servidores públicos la entidad administrativa publica; la misma que se encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin importar el régimen laboral o de contratación a la que este sujeto, conforme a los artículos 1° y 4° de la citada ley3. DÉCIMO SEXTO: Asimismo, ante los argumentos que sustentan el vicio recaído en la recurrida y, en 3 La Ley de Código de Ética de la Administración Publica - Ley N° 27815 señala en el “Artículo 1° “Ámbito de Aplicación.- Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente Código. Para los fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la Administración Pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas. (…)”, y en él “(…) Artículo 4°.- Servidor Público 4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado." 4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. 4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.” (Resaltado y subrayado agregados). 14 atención al artículo 14° de la Ley N° 27444, según los cuales: “(…) el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.”; al respecto, por lo que al no ser el vicio incurrido transcendente ni limitativo del derecho de defensa del investigado debe prevalecer la conservación del acto, por lo que no corresponde amparar los agravios formulados. DÉCIMO SÉTIMO: En ese sentido, la Resolución Nº 00173- 2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12 de febrero de 2015, ha incurrido en causal de nulidad prevista en el inciso 2 del artículo 10° de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General4. 4 El artículo 10° de la Ley N° 27444, señala: “Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…)”. 15 DÉCIMO OCTAVO: Respecto el pago de Costos y Costas el proceso, el artículo 50° del Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dispone: “Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.” Por estas consideraciones: CONFIRMARON la Sentencia N° 036-2019-29°JETPL contenida en la Resolución Nº 19 de fecha 11 de marzo de 2019, de fojas 543 a 551, que declara fundada la demanda; con lo demás que la contiene. En los seguidos por el SEGURO SOCIAL DE SALUD contra TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL y Litisconsorte Necesario BITMER GARAY GONZALES. Notifíquese y devuélvase.- MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA IRRAZABAL NUÑEZ OPT/jas 16

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Señora Juez: Cumplo con informarle a usted que: 1. En la fecha se da cuenta al escrito que procede, debido a las recargadas labores que soporta esta secretaria, en tanto la suscrita tiene como funciones calificar cautelares, proyectar resoluciones y oficios, descargar los actos procesales en el SIJ, depuración de expedientes, dar cuenta de cedulas devueltas, entre otras funciones; aunado a la redistribución de casi 1,700 expedientes remitidos a esta judicatura de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 426-2017-CE-PJ que modifico la competencia del 36 y 37 Juzgado de Trabajo Especializado Permanente. 2. Ha sido devuelto el cargo de notificación de la resolución número diecinueve (Sentencia N° 036- 2019) dirigido al Ministerio Público, indicando el siguiente motivo: Fiscalía desactivada mediante Resolución N° 30914-MP-FN- de fecha 14 de febrero de 2019”. Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes. Lima, 2 de mayo de 2019. VIGESIMO NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE Expediente : 11317-2015-0-1801-JR-LA-58 Especialista: Lourdes Vanesa Valdivia Calderón Resolución N° 20 Lima, dos de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón que antecede; téngase presente: Dando cuenta al cargo de cedula de notificación devuelta conteniendo la Sentencia dirigido al Ministerio Público: Habiéndose promulgado la Ley N° 30914, que modifica el artículo 25° de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, disponiendo: "Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente queda expedito para dictar sentencia. (…)”, habiéndose exonerado la remisión al Ministerio Publico a efectos de emitir el Dictamen Fiscal y en virtud a esa norma se desactivaron las Fiscalías Civiles: Carece de Objeto sobrecartar la acotada resolución. Al escrito de fecha 28/03 presentado por la parte demandada: Atendiendo: Habiendo la parte demandada expuesto los supuestos agravios que fundamentan su recurso de apelación, encontrándose además dentro del plazo establecido por el artículo 28.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, por lo que en aplicación de lo dispuesto por los artículos 35° y 36° de la norma acotada en concordancia con los artículos 367° y 371° del Código Procesal Civil: CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la resolución número diecinueve que contiene la Sentencia N° 036-2019-29°-JETPL de fecha 11 de marzo del año en curso, que - 1 - PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA resolvió declarar Fundada la demanda, debiendo elevarse los actuados a la Sala Especializada competente, devueltos y adheridos que sean los cargos de notificación, con la debida nota de atención. Al escrito de fecha 27/03 presentado por la parte demandada: Atendiendo: Al Principal y Otrosí: Con la tasa judicial por apelación de sentencia y habiendo la parte demandante expuesto los supuestos agravios que fundamentan su recurso de apelación, encontrándose además dentro del plazo establecido por el artículo 28.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, por lo que en aplicación de lo dispuesto por los artículos 35° y 36° de la norma acotada en concordancia con los artículos 367° y 371° del Código Procesal Civil: CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la resolución número diecinueve que contiene la Sentencia N° 036-2019-29°-JETPL de fecha 11 de marzo del año en curso, que resolvió declarar Fundada la demanda, debiendo elevarse los actuados a la Sala Especializada competente, devueltos y adheridos que sean los cargos de notificación, con la debida nota de atención. Recomiéndese a la Especialista Legal cumplir sus funciones dentro del plazo de ley.- - 2 -

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA Demandante : ESSALUD Demandado : SERVIR y otro Materia : Acción Contencioso Administrativo Juez : Dra. Hilda Inga Picho Expediente : No. 11317-2015-0-1801-JR-LA-58 SENTENCIA N° 036-2019-29° JETPL RESOLUCIÓN N° DIECINUEVE Lima, once de marzo del año dos mil diecinueve.- I.- PARTE EXPOSITIVA: AUTOS Y VISTOS: De la revisión de autos se tiene lo siguiente: PARTES DEL PROCESO: a) La parte demandante SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (en adelante el actor). b) La Entidad demandada TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR (en adelante el demandado). c) El Litisconsorcio BITMER GARAY GONZALES (en adelante el Litisconsorcio) DELIMITACIÓN DEL PETITORIO: El demandante mediante el presente proceso pretende la Nulidad Total de la Resolución N° 00173-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), mediante la cual se ha resuelto declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Carta N° 1803-GR-ICA-ESSALUD-2013, del 06 de setiembre del 2013, en la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013 del 29 de octubre del 2013 y en la Carta N° 2255- GRA-ICA-ESSALUD-2013 del 20 de noviembre del 2013, emitidas por la Gerencia de la Red Asistencial Ica del Seguro Social de Salud, por vulneración del debido procedimiento, y ordena retrotraer el procedimiento al momento de la imputación de cargos y solicitud de descargos al Señor Bitmer Garay Gonzáles, debiendo la Red Asistencial Ica del Seguro Social tener en consideración al momento de calificar la conducta del referido señor, por consiguiente, sostiene que dichos actos administrativos, ha sido expedido en contravención a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimien to Administrativo General, que establece los requisitos de validez de los actos administrativos, por cuanto se ha dado cumplimiento correcto de sus elementos esenciales de su validez, tales como la competencia, el objeto y contenido posible, la finalidad publica, motivación y procedimiento regular. 1 Hechos: El Actor, funda su pretensión manifestando que el Señor Bitmer Garay Gonzáles, es un ex servidor de EsSalud que se encontraba en el régimen laboral privado del Decreto Legislativo N° 728, que tuvo el cargo de Cirujano Dentista y que a nivel administrativo se le apertura el procedimiento administrativo disciplinario por actos graves de inconductas funcionales ocurridos en el centro de atención primaria I del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha de EsSalud en la cual se encontraba inmerso el Dr. Bitmer Garay Gonzáles, y personal operativo de ESVICSAC. Sr. Alejandro Neptalí Félix Magallanes, por ingesta de licor durante las horas de trabajo, con subsiguiente delito contra la libertad sexual en agravio de la trabajadora de la Empresa de Servicios SILSA según fluye del Informe Legal N° 476-UAJ-GRA-ICA- ESSALUD-2013, de fecha 05 de setiembre del 2013, suscrita por la Comisión Ad – Hoc, acreditada por Resolución N° 673-GRA-ICA-ESSALUD 2012, de fecha 10 de octubre del 2012, Sr. Víctor Pacheco Villar Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Sr. Luis R. Gutiérrez Castañeda Profesional del Área de Control Interno, y Dra Rosaesmary Ferreyra Romero, Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y atención primaria, sostiene que los hechos que sustentaban la imputación estaban referidos a que el 25 de agosto de 2013, en las instalaciones del centro médico a su cargo habría estado libando licor en compañía de un agente de seguridad, así como de una mujer que no tenía vínculo con ESSALUD, obligando posteriormente a la señora de iniciales S.R.H.H. personal de limpieza a que los acompañara, asimismo con relación a esta última, se advierte que lo habría acusado de atentar contra su libertad sexual el día de los hechos, de acuerdo a la denuncia policial efectuada a la manifestación rendida, y en ese sentido se le otorgó una plazo de 06 días para que presente su descargo, con el descargo respectivo, mediante Carta N° 2103-GRA- ICA-ESSALUD-2013 del 29 de octubre del 2013, la Gerencia de la Red Asistencia de Ica de ESSALUD comunicó al Sr. BITMER GARAY GONZALES, la decisión de aplicarle la medida disciplinaria de despido, por cuanto se encontraba acreditado que incurrió en la falta grave prevista en el literal a) del artículo 25° del Texto Único Ordenado, así como la señalada en los literales e) y f) del artículo 25° del referido cuerpo normativo, de igual forma incumplió las obligaciones establecidas en los literales c), d), f), k), y t) del artículo 19° e incurrió en las prohibiciones señaladas en los literales c), f), h), i) y s) del artículo 20° del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de EsSalud, los literales a), d), e) y h) del numeral. 5.1., los literales e) y f) del numeral 5.2., y el literal e) del numeral 5.3., del numeral V del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 296-PE-ESSALUD-2012, lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 28496, y el artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 27815. Admitida a trámite la demanda en la vía del procedimiento especial y corrido traslado por el plazo de ley, la entidad demandada se apersona al proceso representado por el Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme fluye del escrito de fojas 328 a 338, y contestando la demanda señala que debido a que en la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013 EsSalud le impuso la sanción de despido al Señor Garay Gonzáles, pero sobre la base de numerosas normas distintas a las señaladas en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013, este se hallaba en total indefensión pues no tuvo conocimiento de estas normas adicionales por las que, finalmente, fue sancionado, no pudiendo evidentemente ejercer su derecho de defensa formulando sus descargos respecto a estas últimas normas, agrega que el derecho de defensa del trabajador, que está comprendido en el derecho al debido procedimiento, debe observarse durante todo el procedimiento sancionador y no solo en la etapa impugnatoria, conforme lo prescribe el artículo 230° inciso 2) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimi ento Administrativo General, 2 siendo absurdo que el demandante pretenda soslayar ello alegando que en el recurso de apelación el trabajador contradijo las impugnaciones y normas por las que fue despedido, sostiene que el demandante vulneró el derecho de defensa y consecuentemente el debido procedimiento en la tramitación del procedimiento disciplinario seguido en contra de Bitmer Garay Gonzales, porque no se le permitió conocer con absoluta certeza cuales eran las imputaciones en su contra, de modo tal que pueda rebatirlas al momento de efectuar sus descargos, ello en relación a que en el carta de imputación de cargos se le atribuyó haber vulnerado determinadas normas pero en la carta de imposición de sanción se le despidió por haber vulnerado numerosas normas adicionales a las inicialmente imputadas, entonces, el trabajador no pudo efectuar su descargo respecto de las normas adicionales que sustentaron el despido vulnerándose de esta manera su derecho de defensa. Por su parte el litisconsorcio BITMEN GARAY GONZALES, se apersona al proceso, conforme se advierte del escrito de fojas 469 a 483, y contestando la demanda señala que mediante Contrato Personal N° 209-EsSalud-2001 de fecha 14 de diciembre del 2001, celebrado con Seguro Social de Salud-ESSALUD Gerencia Departamental de Ica y el actor, que dicha Institución contrata los servicios del Contratado a plazo indeterminado, a partir del 07 de diciembre del 2001 en el cargo de Odontólogo, Nivel P-1, con la finalidad de desempeñar funciones como prestar servicios asistenciales como Odontólogo en la Posta Médica de Cora Cora, dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, y como tal ha debido ser sometido a un proceso administrativo disciplinario, a cargo de la Comisión de Proceso Disciplinario de la Institución, que no ha sido el caso que trasgrediendo las normas administrativas del sector público, sin haber sido sometido a un proceso administrativo disciplinario regular, por la comisión de procesos administrativo de la Institución EsSalud, en su condición de servidor público se le cursó la Carta Notarial N° 1803-GRA-ICA- ESSALUD-2013, de la Gerencia de la Red Asistencial de Ica, de fecha 29 de octubre de del 2015, se le comunica la medida disciplinaria de Despido, siendo el caso que el día 08 de noviembre de 2015 se ha efectivizado al haberme impedido ingresar a su centro de labores del CAP I del Distrito del Pueblo Nuevo – Chincha. Saneado el proceso mediante resolución número trece de fojas 502-503, se declaró la validez de la relación jurídica procesal, se fijaron los puntos controvertidos, habiéndose admitido los medios probatorios propuestos por las partes, y siendo los mismos de naturaleza documental se prescindió de la audiencia de pruebas, ordenándose la remisión de los autos al Ministerio Público, cuyo dictamen se encuentra agregado de fojas 509 a 516, por lo que tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, corresponde al estado del proceso el de emitir sentencia. I.- PARTE CONSIDERATIVA: Primero: Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Texto Único Ordenado - TUO - de la Ley N° 27584, la acción contenciosa administrativa a la cual se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico a cargo del Poder Judicial, de la Legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Así, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alega le ha sido vulnerada como resultado de una actuación de la Administración Pública, máxime si dicho 3 control no sólo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino además a brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables. Segundo: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Mediante resolución número nueve, fojas 401, específicamente, se ha fijado como puntos controvertidos:  Determinar si corresponde declarar la Nulidad Total de la Resolución N° 0173-2015-SERVIR/TSC Primera Sala de fecha 12 de febrero del 2015, expedida por el Tribunal del Servicio Civil, que resuelve declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Carta N° 1803-GRA-ICA- ESSALUD-2013, del 06 de setiembre del 2013, en la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013, del 29 de octubre del 2013 y en la Carta N° 2255-GRA-ICA-ESSALUD-2013, del 20 de noviembre del 2013 emitidas por la Gerencia de la Red Asistencia Ica del Seguro Social de Salud, por vulneración del debido procedimiento y ordena retrotraer el procedimiento al momento de la imputación de cargos y solicitud de descargos del Señor Bitmer Garay Gonzáles, debiendo la Red Asistencial de Ica del Seguro Social tener en consideración al momento de calificar la conducta del referido señor, así como al momento de resolver. En tal virtud corresponde efectuar la valoración razonada y conjunta de los medios probatorios presentados a fin de establecer si se ha llegado a probar aquellos, teniendo en consideración las alegaciones sostenidas por ambas partes. Tercero: CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme al artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, de manera que si no prueba lo que alega su demanda debe ser desestimada. También señala que, si la actuación administrativa establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. Cuarto: VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- En principio debe considerarse, que todo acto administrativo es válido siempre que sea dictado conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, se predica que un acto administrativo es válido, desde el mismo momento en que se adecua perfectamente al molde de las exigencias del ordenamiento jurídico y el derecho1. Asimismo, todo acto administrativo se va a presumir válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. Así, el artículo tercero de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante 1 Cortez Tataje, Juan Carlos. La nulidad del acto administrativo. En Manual de la Ley del procedimiento Administrativo General. Lima. Gaceta Jurídica. 2011. p.158 4 LPAG) establece que son requisitos de validez del acto administrativo: La competencia, objeto o contenido, finalidad Pública, motivación y procedimiento regular. Asimismo, el artículo 10° de la LPAG, señala que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho: La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez; los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma, entre otros. Quinto: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.- El mando disciplinario es aquel poder inherente a la naturaleza de la administración y que forma parte de la potestad sancionadora administrativa general, en virtud del cual ésta posee la facultad de imponer sanciones a los administrados cuando estos lesionan, en el cumplimiento de sus funciones determinado bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente. Así, la potestad disciplinaria tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la Administración Pública. El derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución Política del Perú, es aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares y supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 (LPAG), consagra los principios de debido procedimiento, y de verdad material, en tanto que el artículo 230º2 de la misma norma, contempla además como principios de la potestad sancionadora, entre otros, el principio de legalidad, razonabilidad, tipicidad, inmediatez, Non bis in ídem, etc.; de lo que se colige la obligación de la Administración de observar en todo procedimiento administrativo dichos principios al ejercer su facultad sancionadora, efectuando las acciones necesarias a fin de determinar la existencia de los supuestos de hecho de la infracción, identificando de manera precisa al agente infractor, y emitiendo resolución en la que se determine clara y concretamente los motivos de la decisión administrativa. Sexto: ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 6.1. De fojas 203 a 205, obra la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSALUD-2013, (Carta Notarial) de fecha 06 de setiembre del 2013, remitido al Litisconsorcio Bitmer Garay Gonzales donde se le comunica los cargos por falta administrativa grave causal de despido, derivados de los hechos contenidos en la Denuncia Policial, presentada por la señora Sofía Rosa 2 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (sic)”. 5 Huayhuacuri Huamani (personal del servicio de la empresa SILSA que labora en el Centro de Atención Primaria I del Distrito de Puerto Nuevo de la Ciudad de Chincha de ESSALUD) ante la Comisaría del Distrito de Pueblo Nuevo de la Ciudad de Chincha. Los cargos fueron formulados al llegar a la conclusión que el señor Bitmer Garay Gonzales había incurrido en la comisión de falta grave relacionada con su conducta, falta tipificada en el inciso a) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, por "incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las ordenes relacionada con las labores, la reiterada paralización "intempestiva de labores y la inobservancia al Reglamento Interno de Trabajo…”. 6.2. De fojas 101 a 113 aparece la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD-2013, de fecha 29 de octubre del 2013, mediante el cual ESSALUD comunica al litisconsorcio la determinación de aplicar la medida disciplinaria de despido a partir de la fecha, debiendo de hacer entrega del acervo documentarlo, el inventario de todos los bienes asignados y la entrega del cargo a su jefe inmediato. 6.3. Mediante Carta N° 2255-CRA-ICA-ESSALUD-2013 de fecha 20 de noviembre del 2013, que obra a fojas 119-120, se advierte que el señor Bitmer Garay Gonzales, peticiona se reconsidere la medida disciplinaria de despido y se disponga su reincorporación en su condición de servidor público, extremo que fue desestimado por ESSALUD. 6.4. Por Resolución N° 00173-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12 de febrero de 2015, que obra de fojas 44 a 53, materia de impugnación en el presente proceso, resuelve: Primero: Declarar la Nulidad de los actos administrativos contenidos en la Carta N° 1803-GRA-ICA-ESSAÑID-2013, del 06 de setiembre de 2013, en la Carta N° 2103-GRA-ICA-ESSALUD- 2013, del 29 de octubre de 2013, y en la Carta N° 2255-GRA-ICA- ESSALUD-2013, del 20 de noviembre de 2013, emitidas por la Gerencia de la Red Asistencial Ica del Seguro Social de Salud, por vulneración del debido procedimiento. Segundo: Retrotraer el procedimiento al momento de la imputación de cargos, y solicitud de descargos al señor Bitmer Garay Gonzales, debiendo la Red Asistencial Ica del SEGURO SOCIAL DE SALUD tener en consideración al momento de calificar la conducta del referido señor, así como al momento de resolver, los criterios señalados en la presente resolución. Ahora bien, en el fundamento 38 de la resolución impugnada N° 00173-2015- SERVIR/TSC-Primera Sala, que aparece a fojas 51vuelta-52, el Tribunal del Servicio Civil afirma lo siguiente: "... que un mismo hecho no puede configurar una falta ética y una falta funcional, puesto que se vulnera el derecho al debido procedimiento del administrado”; en el fundamento 39 sostiene que: “El debido procedimiento, reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivado y fundamentada, ….”, 6 agrega que “… dentro de una procedimiento administrativo disciplinario no puede haber concurrencia de imputación por infracciones a normas laborales, como el TUO y al Código de Ética de la Función Pública, por tener procedimientos establecidos con clara diferenciales, distintos supuesto de hecho que configuran la infracción,…..”, y en el fundamento 41 sostiene que: “…que durante el procedimiento de ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo del impugnante, toda vez que se ha aplicado al caso materia de análisis dos normas de naturaleza distinta para la tipificación de un mismo acto……”. Es decir, la entidad demandada cuestiona que durante el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el litisconsorcio e imponerle la sanción, se han aplicado tanto las normas del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, y el Reglamento Interno de Trabajo del ESSALUD, así como las disposiciones referidas a la transgresión de las normas éticas contenidas en la Ley N° 27815. El Tribunal de SERVIR resolvió la nulidad de las Cartas antes aludidas, alegando principalmente que ESSALUD deberá optar por la aplicación de las disposiciones sobre el procedimiento disciplinario contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR) y en su Reglamento Interno de Trabajo, o las disposiciones referidas a la transgresión de las normas éticas contenidas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. Sétimo: LEY N° 27815.- A través de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, se regularon las disposiciones legales aplicables a toda persona que realice función pública3, sin distinguir su régimen laboral o modalidad de contratación, estableciendo una serie de principios, deberes y prohibiciones éticas que generan responsabilidad pasible de sanción en el servidor público que les trasgreda. Esta norma considera como servidor público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Para tal efecto no importa el régimen jurídico de la entidad en la que preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. Así, toda persona que realice función pública, sin importar su régimen laboral o modalidad de contratación, incluyendo a las personas contratadas por locación de servicios, pueden ser sancionadas por trasgredir la Ley N° 27815, sujetándose al procedimiento y sanciones que dicha norma y su reglamento establecen4. Octavo: AL CASO CONCRETO.- De la revisión de autos y el procedimiento administrativo, se advierte que el señor Garay Gonzales habría incurrido en falta grave a los deberes esenciales que emanan del contrato que hace irrazonables la subsistencia de la relación con su empleador, inobservando el 3 Ley N" 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública: “Artículo 2.- Función Pública. A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” 4 Título IV del Reglamento de la Ley N° 27815, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 7 artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728; asimismo, su conducta habría contravenido el Reglamento Interno de Trabajo para los trabajadores (Resolución de Presidencia 139-PE-ESSALUD-99); y, la conducta imputada a Bitmer garay Gonzales atentaría las disposiciones contenidas en la Ley N° 28496, Ley modificatoria de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM de fecha 19 de abril del 2005, que prevé la Obligación de los empleados públicos de observar los principios y deberes y prohibiciones que se señalan en el Capítulo II de la Ley; observándose que perfectamente la misma conducta puede contravenir diversas disposiciones que regulen el mismo supuesto. Entonces es perfectamente válido que un mismo hecho se encuentre previsto en dos cuerpos normativos, quedando claramente establecido que el litisconsorcio al ser un servidor público, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, le corresponde acatar las normas éticas, sin embargo el procedimiento administrativo instaurado, no necesariamente se debe seguir como trabajador del régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, toda vez que el señor Garay Gonzales pertenece al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, y en virtud a lo normado por la Ley N° 27815 que establece que toda persona que realice función pública, sin importar su régimen laboral o modalidad de contratación, incluyendo a las personas contratadas por locación de servicios, pueden ser sancionadas por trasgredir la Ley N° 27815, sujetándose al procedimiento y sanciones que dicha norma y su reglamento. Por tanto, la imputación de los hechos realizados por ESSALUD contra el litisconsorte han sido debidamente calificadas referente al despido efectuado, ya que se ha realizado conforme lo establece los artículos 23° y 24° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, lo que no ha sido considerado por la entidad demandada al expedir la Resolución cuestionada al no haberse motivado, incurriendo así en causal de nulidad prevista en el inciso 2) del artículo 10° de la Ley N° 27444. Respecto a la Motivación el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha considerado que la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia, el cual consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las mismas estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, así en la sentencia recaída en el Expediente N° 00091- 2005-PA/TC5, precisó lo siguiente: “[…] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. 5 Fundamento 9, párrafo 3, 5 a 8. 8 Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y el derecho de las personas. Es indiscutible que la exigencia de la motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabiiidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida es que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por si sola contraria a las garantías del debido procedimiento”. Por los fundamentos expuestos precedentemente, esta Juzgadora considera que la resolución impugnada ha sido emitida vulnerando el derecho a la motivación de las resoluciones en sede administrativa como componente del derecho al debido proceso, y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por tanto, la misma deviene en nula, por lo que debe ampararse la demanda. Noveno: COSTOS Y COSTAS.- Conforme lo dispone el artículo 50° de la norma citada, las partes del proceso contencioso no podrán ser condenados al pago de costos y costas. III.- PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos expuestos, y Administrando Justicia a Nombre de la Nación, RESUELVO: 1) Declarando FUNDADA la demanda de fojas 274 a 286, interpuesta por SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD contra el TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR, en consecuencia, se declara, 2) NULO y sin efecto legal la Resolución N° 0173-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12 de febrero del 2015. Sin pago de costas ni costos del proceso. 3) NOTIFÍQUESE al MINISTERIO PUBLICO, conforme a lo prescrito en el último párrafo del Art. 16° del TUO-LPCA. TOMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- 9

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11111111333333338888---- 2222000011115555 MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: IIIIMMMMPPPPUUUUGGGGNNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: EEEELLLLIIIIZZZZAAAABBBBEEEETTTTHHHH CCCCAAAANNNNDDDDEEEELLLLAAAA TTTTOOOORRRRRRRREEEESSSS DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEESSSS CCCCRRRRUUUUZZZZ DDDDEEEELLLL SSSSUUUURRRR SSSS....AAAA....CCCC DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa:::: En cumplimiento de mis funciones, hago de su conocimiento lo siguiente: 1111)))) Que el expediente en referencia conforme al Oficio N° 1103-2015-5JC-MCC, ha sido remitido por el por el 5° Juzgado Contencioso Civil de Piura, que mediante Resolución N° 1 declaró su improcedencia por incompetencia y ordenó la remisión de los autos; Es todo cuanto tengo que informar para los fines de Ley.- Lima, Noviembre 06 de 2015 RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO UUUUNNNNOOOO:::: Lima, seis de noviembre del dos mil quince. DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha;;;; aaaallll rrrreeeeppppoooorrrrtttteeee ddddeeee rrrreeeeddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuucccciiiióóóónnnn ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 22226666 ddddeeee OOOOccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeeellll 2222000011115555,,,, eeee iiiinnnnggggrrrreeeessssaaaaddddoooo aaaallll JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo eeeellll 22228888 ddddeeee OOOOccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeeellll 2222000011115555; Por recibidos los autos del 5° Juzgado Civil de Piura; Estando a la razón que antecede. PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO....---- Mediante Resolución N°1 del 15 de Mayo del 2015 de fojas 40 el 5° Juzgado Civil de Piura declara su incompetencia y ordena remitir el expediente al Juez Contencioso Administrativo de Lima; conforme a su estado se procede a calificar la demanda; AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO;;;; Por presentada la demanda que antecede, con los recibos de tasa judicial y demás anexos que se adjuntan: 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Para ser admitida a trámite la demanda interpuesta debe reunir los requisitos legales generales y acompañar los anexos exigidos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al Proceso Contencioso Administrativo, así como no estar incurso en alguna de las causales de improcedencia del artículo 427° del Código acotado; cumplir además con el requisito especial de admisibilidad señalado en el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: El artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala: “La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: 1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 4° de esta Ley (el numeral 1, se refiere a las Resoluciones de Tribunal Fiscal), el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.” “(…) Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad.” (El subrayado es nuestro) y el inciso 2 del artículo 23° del mismo cuerpo legal señala: “La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos: (…) 2. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos por la presente Ley. El vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus administrado, impide el inicio de cualquier otro procedimiento judicial con respecto a la misma actuación impugnable.” CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO:::: El artículo 2005° del Código Civil preceptúa: “La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8.” y el numeral 8 del artículo 1994° dice: “Se suspende la prescripción: (…) 8.- Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.”, lo que no se presenta en el caso de autos; por otro lado el artículo 183° del mismo Código establece: “El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: (…) 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.” (El subrayado es nuestro) QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: De los anexos acompañados a la demanda se advierte: 1111)))) El INDECOPI con la Resolución N° 587-2014/INDECOPI-PIU (fojas 18), del 27 de agosto del dos mil catorce, revoca la Resolución Final 527- 2014/PS0-INDECOPI-PIU, en los extremos que declaró infundada la denuncia por infracción a los articulo 18 y 19 del Código de Protección al Consumidor y reformándola la declara fundada. 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus 2222)))) La Resolución 4184-2014/SPC-INDECOPI (fojas 28), del 03 de diciembre del dos mil catorce, declara improcedente el recurso de revisión contra la Resolución N°587-2014/INDECOPI-PIU, por no alegar existencia de errores de derecho; acto administrativo con el cual se agota la vía administrativa. SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO: La actora en la demanda señala textualmente (a fojas 33 y 35): “((((…………)))) Con fecha 03 de Diciembre del 2014 se declara improcedente el Recurso de Revisión ((((…………)))) contra la Resolución N°587-2014/INDECOPI-PIU del 27 de agosto del 2014 ((((…………)))) pues la impugnante no cumplió con sustentar la existencia de errores de derecho en dicho acto administrativo, Resolución que fue notificada con fecha 26 de Diciembre del 2014 ((((…………))))” (El subrayado es nuestro); dato que se confirma con el cargo de notificación de la Resolución 4184-2014/SPC-INDECOPI en el cual figura “26-12-2014” que acompaña, inserta a fojas 27. SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO:::: Efectuando el cómputo desde el 26 de Diciembre del dos mil catorce, fecha en que se notifica a la empresa actora la Resolución 4184-2014/SPC- INDECOPI que agota la vía administrativa, a la presentación de la demanda el 08 de Mayo del año en curso, ha vencido el plazo legal de tres meses; por lo que deviene en improcedente por extemporánea, caducando el derecho de acción. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Piérola con Jr. Rufino Torrico Sede: Rabanal Backus OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO:::: El inciso 3 del artículo 427° del Código Procesal Civil, dispone; “El Juez declarará improcedente la demanda cuándo: 3.- Advierta la caducidad del derecho.”; así mismo en el segundo párrafo del mismo precepto legal estipula: “Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos”; Por lo expuesto, estando a lo regulado en el inciso 2) del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, concordante con el inciso 3) artículo 427° del Código Procesal Civil; SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE: 1. Declarar IIIIMMMMPPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTEEEE la demanda por extemporánea; y aaaarrrrcccchhhhíííívvvveeeesssseeee ddddeeeeffffiiiinnnniiiittttiiiivvvvaaaammmmeeeennnntttteeee lllloooo aaaaccccttttuuuuaaaaddddoooo, consentida sea la presente resolución. 2. AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIIZZZZAAAARRRR al Área de Notificaciones por esta única vez, para que se notifique a la parte demandante la presente resolución en su domicilio real y procesal; Interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición Superior; AAAAVVVVOOOOCCCCÁÁÁÁNNNNDDDDOOOOSSSSEEEE AAAALLLL PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSOOOO la Jueza Titular que suscribe por redistribución; NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE....---- 5

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

21° JUZGADO CIVIL EXPEDIENTE : 11426-2015-0-1801-JR-CI-22 MATERIA : INDEMNIZACION JUEZ : JIMENEZ BURGA, ALEJANDRO ABEL ESPECIALISTA : LOSTAUNAU MUNOZ, KATHERINE DEMANDADO : INTIGOLD MINING SA , DEMANDANTE : IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEGURIDAD SCRL , Señor Juez: En cumplimiento de las funciones inherentes a mi cargo cumplo con informar a Usted lo siguiente: Que, he recibido del encargado de archivo, los autos provenientes de la SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA remitido con fecha Veintidós de Junio del dos mil veintiuno. Dándose cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal e iniciada la fase reactivación dentro de la institución, luego de decretada por el gobierno la cuarentena focalizada en Lima. Todo lo cual informo a Usted para los fines de ley que estime pertinentes. Resolución Número: Veintiocho Lima, Nueve de Julio Del año dos mil Veintiuno.- Estando a lo expuesto en la razón que antecede Téngase presente; y conforme a lo dispuesto por la resolución administrativa Nº 038-2011-CE-PJ, en su artículo Primero mediante el cual se procede a la renumeración de esta Judicatura, del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado Civil al ahora Vigésimo Primer juzgado civil; Téngase presente; Dando cuenta en la fecha: Por devueltos los autos a fojas 301, SIN ACOMPAÑADO: remitidos por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, y estando a la resolución de fecha Diecinueve de Octubre del dos mil Veinte mediante la cual se RECHAZO el recurso de casación interpuesto por Intigold Mining S.A. en consecuencia: CÚMPLASE LO EJECUTORIADO mediante Sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución veintitrés del Nueve de Enero del dos mil Veinte, QUE CONFIRMA LA SENTENCIA EXPEDIDA POR RESOLUCION ONCE DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE QUE DECLARA FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SEGURIDAD S.C.R.L., en contra INTIGOLD MINING S.A. sobre obligación de dar suma de dinero e indemnización de daños y perjuicios; en consecuencia DISPONIENDO que la demandada pague al demandante la suma de cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco dólares americanos ( $ 46,885 dólares americanos) y asimismo le indemnice con la suma de cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta dólares americanos ($ 42,480 dólares americanos). Con costas y costos del proceso; CON CONOCIMIENTO DE LAS PARTES; Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez Provisional que suscribe por Promoción de la Señorita Juez Titular; NOTIFICANDOSE.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

EXPEDIENTE : 2015-11426 DEMANDANTE : IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEGURIDAD SCRL DEMANDADO : INTIGOLD MINING S.A MATERIA : INDEMNIZACIÓN ESPECIALISTA : KATHERINE LOSTAUNAU MUÑOZ RESOLUCIÓN Nº : 011 SENTENCIA Lima, dos mil diecisiete Octubre seis.- VISTOS: En el folio cincuenta y cuatro IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SEGURIDAD S.C.R.L., por intermedio de Gerente General, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero e indemnización por daños y perjuicios contra INTIGOLD MINING S.A., a fin que le pague la suma de cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco dólares americanos por venta de cianuro de sodio y le indemnice en la suma de doscientos mil y 00/100 dólares americanos por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de pago. Fundamentos de la demanda.- Sostiene que: a) Como parte de su actividad empresarial iniciaron una relación con el demandado, la cual desde el inicio fue establecida de manera verbal sin que medie un contrato formal que contenga los términos y condiciones en dicha relación; dicho vínculo fue materializado a través de los correos electrónicos, cartas, órdenes de compra, facturas, entre otros; b) La relación se inició en el año 2011, cuando el cianuro de sodio entró en una escasez mundial como consecuencia de la paralización de la plata Dupont en los Estados Unidos de Norteamérica. Producto de tal acontecimiento, Rossana Elissa Calmet Guazzotti, Gerente General del demandado, inicia el diálogo con el demandante, solicitando la provisión de 20 toneladas de cianuro de sodio cada mes, atendiendo dicho requerimiento solamente hasta la cantidad de 5 toneladas, conforme a los correos electrónicos remitidos. c) A través de dicho acuerdo, el demandante se comprometió a suministrar dicho producto al demandado de acuerdo a los requerimientos que le solicitara, lo cual fue atendido de manera uniforme y en condiciones óptimas para su utilización, cumpliendo con lo solicitado a través de las órdenes de compra por vía virtual, conforme al cuadro que adjunta. d) De acuerdo al cuadro, el demandado mantuvo un comportamiento de pago hasta el mes de julio del año 2013, y posterior a esa fecha, manifestó una conducta contraria a los fines económicos del acuerdo, ya sea pagando de manera parcial e incluso en fechas posteriores, hasta el momento en que decidió no cumplir más con el pago de la deuda; e) El no pago de la suma de 46,885.00 dólares americanos, se manifiesta en el año 2013, cuando el demandante cumplió con la provisión del producto, emitiendo las facturas correspondientes signadas con los números 0002537 y 0002548, correspondientes a las guías número 003-0000110 y 003-0002548, por la cantidad de 94,400.00 dólares americanos respectivamente, con fechas de emisión 1 y 30 de julio del año 2013, y con fechas de recepción 7 y 31 de julio del año 2013; dichos pagos fueron efectuados de manera tardía y fraccionada, existiendo un saldo pendiente de pago, materia de autos; ante dicha situación, el demandado atinó a remitir documentos en los cuales reconocía su calidad de deudor por los importes adeudados, “Reconocimiento de Deuda”, de fechas 20 de enero y 29 de agosto del año 2014. f) Respecto a la segunda factura, el demandado propuso, luego de seis meses de emitida la factura, devolver el 45% del material adquirido; sin embargo, el demandado no cumplió no ofrecido, pese al gasto de transporte del demandante para recoger el material. g) El monto que adeuda el demandado corresponde a los pagos parciales efectuados hasta el día 7 de noviembre del año 2014, conforme al cuadro de “Comportamiento de Pago” emitido por el demandado; por tal motivo se dispuso no continuar con el suministro de cianuro, requiriéndosele el pago del monto pendiente de pago mediante comunicación escrita vía correo electrónico, sin que haya respuesta concreta. h) Con fecha 26 de marzo del año 2015, se le remitió una carta al demandado, dándosele un plazo para que haga efectivo el pago, más intereses legales; posteriormente, con fecha 6 de abril del año 2015, se solicitó vía conciliación extrajudicial, los conceptos antes señalados, además del pago de una indemnización, sin que el demandado asista a las dos citaciones, por lo que se levantó una acta por inasistencia de una de las dos partes de fecha 22 de abril del año 2015. i) La deuda impaga debido al dolo cometido por el demandado, no llegó a efectuarse, generando tal incumplimiento una serie de perjuicios económicos al demandante; respecto a la antijuricidad, se acredita con el incumplimiento del contrato verbal de suministro entre las partes, con la vulneración de una obligación asumida por el demandado, en aplicación del artículo 1361 del Código Civil; en cuanto al factor de atribución, la parte demandada ha decidido deliberadamente no cumplir con su obligación de pagar el monto resultante, por lo que ha incurrido en dolo, conforme lo establece el artículo 1318 del mismo cuerpo legal; en cuanto al daño, éste es de tipo patrimonial en su manifestación de lucro cesante ocasionado por el incumplimiento del demandado, lo que ha significado una pérdida de 200,000.00 dólares americanos, conforme al tenor del informe contable de fecha 24 de junio del año 2015; finalmente, en relación al factor de conexión, ha sido la inejecución deliberada de la obligación del demandado, la cual ha dado origen a los daños acaecidos en la esfera patrimonial del demandante. j) El incumplimiento del deudor demandado ha ocasionado una alteración importante en la economía del demandante, ya que frustró las expectativas de éste en la finalidad del contrato para que se realice. Ampara la demanda en lo dispuesto en los artículos 424, 425, 546 del Código Procesal Civil. Admitida la demanda conforme a la resolución del folio setenta y siete, se notificó a la demandada conforme a la constancia obrante en autos. Fundamentos de la contestación.- En el folio noventa y tres, la demandada formula contestación en los siguientes términos: a) no es cierto que hayan celebrado un contrato de suministro, las relaciones comerciales no se desarrollaron en el marco de un contrato verbal; la naturaleza de las relaciones comerciales es de compra venta, cada una de las compras se realizaron mediante órdenes de compra y facturas independientes; en ninguno de los correos se hace referencia a un contrato de suministro, lo que se demuestra con los correos electrónicos de octubre del dos mil trece en los que se menciona la posibilidad de celebrar un contrato marco lo que nunca se produjo por el quiebre de la relación comercial; b) la adquisición de insumos se realizó mediante el otorgamiento de una línea de crédito que no ha sido cancelada en su totalidad existiendo un saldo pendiente de pago de 46,885 dólares americanos; y como es de conocimiento de la demandante sufren una grave crisis económica y tienen la disposición de lograr una fórmula de pago y la determinación de la oportunidad del mismo; c) Encontrándose frente a una obligación dineraria, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 1324 del Código Civil, no ha existido relación contractual entre las partes en la cual se haya establecido derechos y obligaciones de manera convencional ni menos se estipuló indemnización alguna en caso de incumplimiento por lo que esta pretensión deviene en improcedente Actividad procesal.- Saneado el proceso por resolución del folio ciento treinta y nueve; por resolución del folio ciento cincuenta y tres, se fijaron los puntos controvertidos y se admitieron los medios probatorios, disponiéndose el juzgamiento anticipado y realizado el informe oral, es el estado de emitir sentencia. y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- En este proceso se fijaron como puntos controvertidos: a) Determinar si producto de las relaciones comerciales establecidas entre la parte demandante y la demandada desde el año 2011, existía un acuerdo verbal de suministro de cianuro de sodio por el cual la parte demandante se comprometía a suministrar a la demandada dicho insumo químico, y si constituye prueba de dicho acuerdo los correos electrónicos enviados por Rossana Elissa Calmet en su condicion de Gerente General de Intigold Mining a la demandante; b) Determinar si el demandado incumplió dicho acuerdo verbal de suministro y por ello adeuda a la demandante desde el año 2013 la suma ascendente de US $ 46,885.00 Dólares Americanos; c) Determinar si en mérito de dicho incumplimiento existe obligación de pago por parte del demandado a favor del demandante de la suma de U S $ 46,885.00 Dólares Americanos; d) Determinar si como consecuencia de ello corresponde ordenar el pago de la suma de U S $ 46,885.00 Dólares Americanos mas intereses legales, costos y costas; e) Determinar si existe un daño económico ocasionado con dolo por los representantes de la demandada INTIGOLD MINING S.A. al incumplir el acuerdo verbal de suministro de cianuro de sodio celebrado entre IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEGURIDAD S.C.R.L.(IMEXSE S.R.L.) con INTIGOLD MINING S.A. por adeudar a la demandante desde el año 2013 la suma ascendente de U S $ 46,885.00 Dólares Americanos; f) Establecer si demandado resulta responsable contractualmente de dicho daño; g) Determinar si la indemnización por el daño ocasionado asciende a la suma de US. $ 200,000.00 dólares americanos, y si el demandado está obligado a pagar una indemnización de daños económico. SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos y de conformidad con el artículo 188 del Código Procesal Civil, la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. TERCERO.- La demandada ha formulado tacha respecto al informe contable presentado por la parte demandante. Al efecto es de tener en cuenta que la tacha de documentos debe estar referida a los defectos formales del instrumento presentado, y no a la nulidad o falsedad de los actos contenidos en los mismos cuya nulidad o falsedad sólo puede hacerse valer en vía de acción; y refiriéndose los fundamentos de la tacha al contenido del documento, la tacha deviene en improcedente. CUARTO.- Según los términos del petitorio, la empresa demandante pretende en este proceso, que la demandada le pague la suma de 46,885 dólares americanos y le indemnice por incumplir el contrato de suministro de cianuro de sodio por adeudar al demandante la suma citada. QUINTO.- Respecto a la existencia de una obligación pendiente de pago, con la declaración asimilada de la demandada efectuada en su escrito de contestación a la demanda (folio noventa y siete) ha quedado acreditado que respecto a la compra de cianuro de sodio efectivamente la demandada tiene una deuda ascendente ala suma de 46,885 dólares americanos, por lo que en tal extremo la demanda resulta fundada. SEXTO.- Con relación a la indemnización solicitada, se tiene que la responsabilidad civil requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) la antijuridicidad; b) el daño causado; c) la relación de causalidad; y d) los factores de atribución. Y conforme a lo previsto en el artículo 1321 del Código Civil: “Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.” SÉTIMO.- Con relación a la antijuridicidad, se tiene que la demandante ha sostenido que existió un contrato de suministro entre las partes, lo que ha sido negado por la demandada. Sin embargo, es de tener en cuenta que según los artículos 1604 y 1605 del Código Civil, por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona prestaciones periódicas o continuadas de bienes; y la existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Y en el caso de autos, según se advierte de los correos remitidos entre las partes obrantes en los folios doce, trece, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno y veinticinco, la demandante y demandada tuvieron una relación comercial de suministro pues se efectuaron prestaciones periódicas, tal es así que la demandada remitió un cuadro de fechas de compra del cianuro de sodio durante los tres meses siguientes (folio veinte) aún cuando no se llegó a formalizar el denominado “contrato marco”. OCTAVO.- En orden a lo anterior, acreditada la existencia de un contrato de suministro, la demandada se encontraba en la obligación de cumplir con el pago del precio en el acto de cada una de las prestaciones conforme a lo previsto en el artículo 1608 del Código Civil, debiendo tenerse en cuenta que según las facturas de folios tres y cuatro, se convino que se realizaría el pago en treinta y cuarenta y cinco días, respectivamente; sin embargo, la demandada no cumplió con el pago, existiendo un saldo pendiente tal como ella misma lo ha reconocido; en consecuencia queda acreditada la existencia de una conducta antijurídica de la parte demandada. NOVENO.- Respecto al daño causado, la demandante ha sostenido que existe un lucro cesante ascendente a la suma de 200,000 dólares americanos sustentándolo en el informe contable del folio cuarenta y uno. Al respecto, se tiene que se ha acreditado con la nota de crédito del folio seis por la suma de 42,480 dólares americanos, que la demandada devolvió parte de la mercadería comprada a la demandante, lo que se corrobora con los correos de folios treinta a treinta y siete, monto aquel que la demandante dejó de percibir, por lo que queda acreditado el daño causado (lucro cesante) hasta por el referido monto, no habiéndose sustentado los montos denominados “rotación de inventario anual” ni “indemnización por daños y perjuicios” a que se hace referencia en el informe contable. DÉCIMO.- Con relación al factor de atribución, es de tener en cuenta que según los correos remitidos entre las partes, la demandada incurrió en culpa inexcusable pues conocedora de su situación económica tal como expresa en los correos electrónicos, omitió cumplir con su obligación de pago perjudicando así a la empresa demandante, por lo que corresponde disponer que pague a la demandante la suma de 42480 dólares americanos por lucro cesante. UNDÉCIMO.- Según lo establecido en el artículo 412 del Código Procesal Civil, deberá disponerse el pago de costas y costos a favor de la parte demandante a cargo de la parte demandada, conceptos éstos que deberán liquidarse con arreglo a lo previsto por los numerales 417 y 418 del acotado. Por todos estos fundamentos, administrando Justicia a nombre de la Nación, FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SEGURIDAD S.C.R.L., en contra INTIGOLD MINING S.A. sobre obligación de dar suma de dinero e indemnización de daños y perjuicios; en consecuencia DISPONGO que la demandada pague al demandante la suma de cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco dólares americanos ( $ 46,885 dólares americanos) y asimismo le indemnice con la suma de cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta dólares americanos ($ 42,480 dólares americanos. Con costas y costos del proceso. Y por esta mi sentencia, así la pronuncio, mando y firmo en el Despacho del Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Tómese razón y hágase saber.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Señores: BEGAZO VILLEGAS NUE BOBBIO VALENCIA CARRERA Lima, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTOS: En Audiencia Pública de fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho; con la asistencia de Verónica Esther Ashtu Aguero representante del secretario general Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquichilca S.A. Huaraz - Trujillo y su abogada Karin Lisbeth Rivera Palacios; y por la parte demandada, su abogado Miguel Rubio Ayllón; e interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo Villegas; MATERIA DEL RECURSO: Que, es materia de grado de apelación la Sentencia N° 288-2016-4°JETP , contenida en la Resolución N° 08, de fecha 01 de diciembre de 2016, obrante de fojas 398 a 417; que declara Fundada en parte la demanda interpuesta sobre pago de beneficios colectivos y otro, en consecuencia, ordena que la demandada abone las sumas de US$. 526.24 Dólares Americanos más S/. 5,847.32 Soles a Roger Anticona Agreda; las sumas de US$.969.09 Dólares Americanos más S/. 3,740.60 Soles a Carlos Alberto Graus Reyes; y a Wilder Ronald Horna Ortiz las sumas de US$.445.59 Dólares Americanos más S/. 7,079.36 Soles, por los conceptos de reintegro de utilidades de los ejercicios económicos del 2009 al 2013; más los intereses legales del Decreto Ley Nº 25920 a liquidarse en ejecución de sentencia; con costos y costas que se liquidarán en etapa de ejecución de sentencia; AGRAVIOS: Que, la demandada MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. al interponer su recurso de apelación de fojas 422 a 443, señala como agravios los siguientes: i) La sentencia recurrida incurre en incongruencia procesal extra pettita al momento de recalcular las utilidades, en tanto la parte demandante en su 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 escrito de demanda nunca alegó un mal cálculo en la participación de utilidades, sino más bien pretendió el reintegro de utilidades en tanto la Compañía realizó pagos diminutos de las utilidades debido a que: (i) no se tomó en cuenta el cambio preferencial de S/. 3.00 de acuerdo al acta suscrita entre la Compañía y el Sindicato con fecha 29 de octubre de 2008; (ii) según los estados de cuenta, boletas de pago y liquidaciones, la Empresa depositó montos menores a los señalados en dichos documentos de pago; y, iii) la compañía incorporó depreciaciones para disminuir sus ganancias generando gastos inexistentes, ello a fin de que se reduzca las utilidades. ii) La A quo incurre en error al determinar el importe del impuesto a la renta de quinta categoría de las utilidades para deducirlos de los importes brutos de las utilidades; cuando el juez laboral no es competente para determinar dichos importes en tanto la competencia por ley recae en los órganos de la administración tributaria, esto es, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y otras instituciones previstas legalmente. Ello a pesar de que en el Fundamento 8 de la sentencia, el propio Juez reconoce que no es competente para conocer cuestionamientos en materia tributaria. iii) La A quo incurre en error al momento de recalcular las utilidades en función a las casillas de “distribución legal de utilidades” de las Declaraciones Juradas de los años demandados, en tanto dicha casilla forma parte de los estados financieros contenidos en las declaraciones juradas; en ese sentido, la metodología realizada afecta las normas referidas al cálculo de utilidades, ya que se debió realizar el cálculo en función al porcentaje de la renta neta y no de la referida casilla, la cual es un concepto errado. iv) La sentencia recurrida incurre en falta de motivación debido a que la A quo afirma la existencia de un mal cálculo en el monto total de las remuneraciones, sin embargo, no indica cuáles son los conceptos remunerativos o no que utiliza al momento de realizar el cálculo, ni tampoco cuales habrían sido los conceptos errados o no que tomó la 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Compañía al momento de calcular la base afecta. Así, tampoco menciona frente a qué tipo de base o cómo determina el ingreso anual afecto de renta de quinta categoría. v) La A quo incurre en error al momento de calcular la remuneración promedio para determinar la utilidad tope y la utilidad neta, ya que no diferencia que los conceptos afectos a utilidades son solo remunerativos y los afectos a la renta de quinta categoría pueden ser o no remunerativos, generando que los cálculos de las afirmaciones de la Jueza respecto de los supuestos reintegros no se ajusten a los medios probatorios presentados por la demandada. Que, la parte demandante SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., HUARAZ – TRUJILLO, al interponer su recurso de adhesión a la apelación de fojas 447 a 449, subsanado a fojas 458, señala como agravios los siguientes: i) La sentencia recurrida incurre en debida motivación, toda vez que contiene una decisión que no se sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados en el proceso, vulnerando el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; ii) La A quo incurre en error al declarar fundada en parte, toda vez que ésta ha reconocido montos menores a los solicitados; agraviando de ésta manera a los demandantes; CONSIDERANDO Primero: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 revocada, total o parcialmente, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse al análisis de la resolución impugnada. Conforme a lo descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito; Segundo: Del acta de audiencia de conciliación obrante de fojas 299 y 300, se han determinado las pretensiones materia de juicio, las que coinciden con las pretensiones reclamadas en la demanda; siendo éstas las siguientes: (cid:1) Determinar si corresponde el pago por reintegro de utilidades del periodo 2009-2013. (cid:1) Intereses legales, costas y costos del proceso. Tercero: Respecto al agravio iv) del recurso de apelación de la demandada y al agravio i) del recurso de adhesión del sindicato demandante, referidos a que la resolución recurrida adolece de motivación aparente y/o falta de motivación; siendo que el Tribunal Constitucional definió los alcances de la motivación en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC (fundamento número 7), como: “(…) una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.”; consecuentemente la motivación está orientada a que el Juez proceda a enunciar los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a adoptar una determinada decisión, haciendo un análisis de los medios probatorios aportados en el proceso; siendo ello así, que una decisión le sea adversa a una de las partes no implica que necesariamente la resolución no se encuentre debidamente motivada. En el caso de autos, en la apelada el A quo ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 122° del Código Procesal Civil concordado con el artículo 31° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Trabajo – al momento de expedir la sentencia. Siendo ello así, la resolución en grado contiene los fundamentos facticos y jurídicos referidos al caso y no carece de motivación o motivación aparente o incongruencia, más aún si conforme al tercer párrafo del artículo 176° del Código Procesal Civil, las nulidades serán declaradas de oficio sólo cuando las mismas sean insubsanables, situación que en el caso de autos no se presenta; razones por las que corresponde desestimar los agravios alegados; Cuarto: En cuanto al agravio i) del recurso de apelación de la demandada, referido a que se ha incurrida en pronunciamiento extra petita, es de indicar que la incongruencia extra petita se presenta en un proceso, cuando el Juez al emitir un pronunciamiento se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, en consecuencia se aparta del tema decidendum, sin embargo es de verse que en la demanda de fojas 51 a 53 y 56 (partes pertinentes), la parte demandante no sólo hace una liquidación diferente a la efectuada a la demandada, sino que peticiona expresamente un nuevo cálculo de la liquidación de utilidades pagados a los demandantes por mal cálculo o falta de pago de utilidades de los años 2009 a 2013, por tanto no se configura una incongruencia extra petita, sino que es parte de lo peticionado conforme se puede apreciar de la demanda a fojas 54 a 57 (Parte Pertinente), y que el juez en aplicación del artículo 122° del Código Procesal Civil tuvo que dar respuesta fundamentando su decisión por lo que se desestima el presente agravio propuesto por la demandada; Quinto: En cuanto a los agravios ii), iii) y v) del recurso de apelación de la demandada y el agravio ii) del recurso de adhesión del sindicato demandante; referidos al cálculo de las utilidades ordenadas a pagar; cabe señalar que, el Decreto Legislativo N° 892, Norma que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría establece que: “Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue: (...) Empresas Mineras 8%. (…) Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Se entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.”; asimismo, el artículo 4° de la norma antes señalada establece: “La participación en las utilidades a que se refiere el Artículo 2 del presente Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta Imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.”; el artículo 4° citado ha tenido las siguientes precisiones: el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2006-TR, pub licado el 14 marzo 2006, ha precisado que el saldo de la renta imponible a que se refiere el presente artículo es aquel que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades; de igual manera el Artículo 2° de la Ley N° 28873, publicada el 15 agosto 2006 precisa que, el saldo de la renta imponible a que se refiere el presente Artículo es aquél que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades; Sexto: Siendo así y tal como se establece en las normas antes citadas, así como teniendo en cuenta los agravios expresados, la base de cálculo para la participación de utilidades de los trabajadores es el saldo de la renta neta imponible, luego de compensar la pérdida tributaria de ejercicios anteriores; por lo que, corresponde efectuar una nueva liquidación, verificándose con las 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 declaraciones del Impuesto a la Renta de Tercera categoría correspondiente a los Ejercicios Gravables comprendidos entre el 2009 y 2013, Planilla Electrónica, boletas de pago, liquidación de participación de Utilidades y constancias de depósitos realizados contenidas en el CD que obra en autos, se determina el monto a distribuir y la determinación de factores para el cálculo de Utilidades del período de 2009 a 2013 expresados en dólares americanos, conforme al siguiente detalle: BASE LEGAL D.L. N° 892 Y T.U.O D.S. N° 179-04-EFE (Cifras expresadas en dolares americanos) CONCEPTOS 2009 2010 2011 2012 2013 UTILIDAD CONTABLE O (PERDIDA) 1,006,105,720 1,001,024,382 1,132,566,682 1,004,873,107 352,515,907 ADICIONES ALTO CHICAMA 96,378,149 96,224,194 88,235,830 108,121,608 109,338,234 ADICIONES IRENE 1500 78,282,159 67,816,664 92,030,585 75,346,317 334,752,557 SUB TOTAL 1,180,766,028 1,165,065,240 1,312,833,097 1,188,341,032 796,606,698 DEDUCCIONES ALTA CHICAMA -126,875,450 -119,532,056 -129,131,290 -129,952,106 -134,819,114 DEDUCCIONES IRENE 1500 -33,753,398 -30,697,206 -34,257,846 -29,608,848 -28,209,424 PERDIDA TRIBUT. EJER. ANTERIORES RENTA NETA IMPONIBLE 1,020,137,180 1,014,835,978 1,149,443,961 1,028,780,078 633,578,160 PARTICIPACION UTILIDAD 8% 81,610,974 81,186,878 91,955,517 82,302,406 50,686,253 PARTICIPACION EMPRESA 81,608,567 81,329,435 91,912,231 82,755,008 50,668,116 MONTO A DISTRIBUIR 81,610,974 81,329,435 91,955,517 82,755,008 50,686,253 DETERMINACION FACTORES PARA EL CALCULO DE LAS UTILIDADES AÑO 50% DE LA TOTAL DIAS FACTOR 50% DE LA TOTAL REMUN FACTOR POR UTILIDAD TRABAJADORES POR DIAS UTILIDAD TRABAJADORES REMUNER 2009 40,805,487 358,900 113.69598 40,805,487 32,798,688.00 1.24412 2010 40,664,718 373,641 108.83366 40,664,718 36,605,215.00 1.11090 2011 45,977,759 406,572 113.08639 45,977,759 47,864,195.00 0.96059 2012 41,377,504 388,440 106.52225 41,377,504 50,532,509.00 0.81883 2013 25,343,127 379,070 66.85606 25,343,127 48,513,482.00 0.52239 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Séptimo.- Que, conforme se aprecia de los cálculos realizados, se procede a realizar el recalculo de la participación de las utilidades a favor de los actores de los años 2009 a 2013 respectivamente, en base a las remuneraciones y días determinados, considerando el tope de 18 remuneraciones para los años pertinentes y descontando los montos pagados por la demandada según las liquidaciones, conforme a la siguiente liquidación: TRABAJADOR: ROGER ANTICONA AGREDA REMUNERACIONES COMPUTABLES PARA EL CALCULO DE UTILIDADES TRABAJADOR: ROGER ANTICONA AGREDA MES - AÑO SUELDO BONO MBM CONVENIO BONO MBM HORAS VACACIONES ASIG. BONO DESC. MEDICO 1° DE RTGROS ASIG. GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO COLATERAL TIPO CAMBIO NOCTURNO EXTRAS VACACIONES PRODUCT. SUBSIDIOS MAYO AFECTOS FAMILIAR FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-10 850.00 39.00 53.16 134.58 1,076.74 feb-10 850.00 39.00 46.79 12.00 947.79 mar-10 680.00 39.00 51.45 12.00 170.00 952.45 abr-10 850.00 39.00 58.04 12.00 171.28 1,130.32 may-10 850.00 39.00 70.87 12.00 254.70 152.64 1,379.21 jun-10 870.00 39.00 55.00 12.00 976.00 jul-10 870.00 39.00 63.21 12.00 86.78 1,091.03 2,162.02 ago-10 870.00 39.00 65.61 12.00 986.61 sep-10 870.00 39.00 68.61 12.00 989.61 oct-10 290.00 39.00 88.03 12.00 696.33 150.00 1,275.36 nov-10 751.84 39.00 74.49 12.00 298.48 1,175.81 dic-10 1,025.24 39.00 82.14 12.00 104.83 1,145.47 2,408.68 15,460.60 ene-11 1,096.67 39.48 153.48 23.07 138.02 234.32 351.59 2,036.63 feb-11 1,096.67 39.48 96.38 20.22 4.00 1,256.75 mar-11 1,096.67 39.48 90.50 18.69 1,245.34 abr-11 1,096.67 39.48 85.70 21.36 100.26 100.00 1,443.47 may-11 1,096.67 39.48 115.30 18.69 109.94 36.56 1,416.64 jun-11 1,167.95 42.05 122.83 42.00 134.92 1,509.75 jul-11 1,167.95 42.04 126.92 21.00 100.00 1,540.20 2,998.11 ago-11 1,167.95 42.05 120.80 21.00 1,351.80 sep-11 1,167.95 42.04 103.36 21.00 61.48 1,395.83 oct-11 1,167.95 42.05 137.68 21.00 10.80 100.00 1,479.48 nov-11 1,167.95 42.05 158.57 21.00 233.49 1,623.06 dic-11 1,167.95 42.05 167.22 21.00 261.82 1,469.64 3,129.68 20,886.54 ene-12 1,167.95 42.05 150.48 100.00 1,460.48 feb-12 1,167.95 42.04 147.70 24.00 1,381.69 mar-12 973.29 42.05 218.92 24.00 27.15 243.00 467.18 1,995.59 abr-12 220.20 47.56 16.97 1,354.42 113.12 1,752.27 may-12 1,305.35 47.21 3.37 134.08 405.98 1,895.99 jun-12 1,399.95 50.40 26.39 1,476.74 jul-12 1,411.66 50.82 34.21 152.70 1,602.24 3,251.63 ago-12 1,421.39 51.17 34.44 116.44 1,623.44 sep-12 1,426.85 51.37 38.42 289.29 1,805.93 oct-12 1,440.68 51.87 34.91 116.37 1,643.83 nov-12 1,433.45 51.61 30.88 113.72 1,629.66 dic-12 1,448.55 52.15 27.30 294.30 1,668.00 3,490.30 23,407.55 ene-13 1,309.31 52.37 31.34 148.75 166.86 581.92 117.51 2,408.06 feb-13 51.71 27.07 1,557.27 1,636.05 mar-13 1,384.07 51.55 54.78 1,490.40 abr-13 1,430.69 51.51 50.08 348.07 115.56 1,995.91 may-13 1,404.72 50.57 49.17 1,504.46 jun-13 1,338.41 48.18 25.23 1,411.82 jul-13 1,340.34 48.25 28.87 108.26 33.83 1,470.86 3,030.41 ago-13 1,396.10 62.83 53.19 33.24 1,545.36 sep-13 1,435.81 64.61 54.70 150.43 318.79 34.19 2,058.53 oct-13 1,418.23 63.82 43.23 91.35 135.09 33.77 1,785.49 nov-13 1,405.07 63.23 37.47 17.98 33.46 1,557.21 dic-13 46.83 63.23 37.47 1,479.39 33.46 1,676.67 3,337.05 23,760.75 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2010 15,460.60 1,288.38 23,190.84 2011 20,886.54 1,740.55 31,329.90 2012 23,407.55 1,950.63 35,111.34 2013 23,760.75 1,980.06 35,641.08 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2010 330 108.83366 35,915.11 15,460.60 1.11090 17,175.18 53,090.29 23,190.84 22,686.42 504.42 2011 330 113.08639 37,318.51 20,886.54 0.96059 20,063.40 57,381.91 31,329.90 31,142.63 187.27 2012 330 106.52225 35,152.34 23,407.55 0.81883 19,166.80 54,319.14 35,111.34 32,732.43 2,378.91 2013 330 66.85606 22,062.50 23,760.75 0.52239 12,412.38 34,474.88 35,641.08 32,093.50 2,381.38 TOTAL USD $ 5,451.98 TRABAJADOR: CARLOS ALBERTO GRAUS REYES TRABAJADOR: CARLOS ALBERTO GRAUS REYES MES - AÑO SUELDO ASIG. BONO MBM CONVENIO HORAS VACACIONES BONO BONO MBM 1° DE RTGRO BONO UNICO ASIG. DIAS PERMISO GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO FAMILIAR COLATERAL TIPO CAMBIO EXTRAS PRODUCT. NOCTURNO MAYO AFECTOS ESPEC MBM VACACIONAL PAGADO FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-10 865.00 20.26 39.00 48.00 972.26 feb-10 865.00 20.26 39.00 48.62 12.00 984.88 mar-10 865.00 20.26 39.00 70.59 12.00 1,006.85 abr-10 865.00 20.26 39.00 50.68 12.00 986.94 may-10 865.00 20.26 39.00 51.63 28.83 1,004.72 jun-10 885.00 20.26 39.00 56.39 1,000.65 jul-10 885.00 20.26 39.00 67.96 50.69 88.50 998.58 2,149.99 ago-10 885.00 20.26 39.00 81.75 199.89 1,225.90 sep-10 885.00 20.26 39.00 70.35 1,014.61 oct-10 885.00 24.62 39.00 91.97 232.48 59.43 1,332.50 nov-10 885.00 24.47 39.00 64.15 1,012.62 dic-10 885.00 25.85 39.00 72.40 91.24 1,117.32 2,230.81 14,922.73 ene-11 925.55 26.14 33.32 141.13 211.77 234.32 300.54 1,872.77 feb-11 277.66 27.06 33.32 126.09 8.22 801.48 370.22 1,644.05 mar-11 647.89 26.96 33.32 108.73 336.13 370.22 1,523.25 abr-11 925.55 26.58 33.32 104.51 96.88 100.00 1,286.84 may-11 925.55 27.21 33.32 87.69 30.85 1,104.62 jun-11 985.71 27.21 35.49 90.44 1,138.85 jul-11 985.71 27.38 35.48 116.58 101.31 100.00 1,316.96 2,683.42 ago-11 985.71 30.89 35.49 120.58 207.55 1,380.22 sep-11 985.71 30.37 35.49 94.72 163.25 1,309.54 oct-11 985.71 31.01 35.49 135.31 197.52 100.00 1,485.04 nov-11 985.71 31.17 35.49 116.08 50.84 1,219.29 dic-11 985.71 31.28 35.49 125.80 101.87 1,318.17 2,598.32 19,246.21 ene-12 985.71 31.36 35.48 152.26 204.26 100.00 1,509.07 feb-12 985.71 31.49 35.49 199.45 148.58 1,900.72 mar-12 985.71 31.59 35.48 125.83 1,178.61 abr-12 985.71 31.82 35.49 166.10 144.15 100.00 1,463.27 may-12 985.71 31.58 35.49 177.86 32.86 394.29 1,657.79 jun-12 1,044.85 35.34 37.61 141.69 1,259.49 jul-12 1,044.85 35.63 37.61 181.44 111.20 100.00 1,394.79 2,905.52 ago-12 1,044.85 35.88 37.62 203.20 289.54 1,611.09 sep-12 1,044.85 36.02 37.61 165.16 1,283.64 oct-12 1,044.85 36.37 37.61 211.34 108.12 100.00 1,538.29 nov-12 1,044.85 36.18 37.61 188.08 108.10 1,414.82 dic-12 313.46 36.56 37.61 222.00 953.98 1,437.01 3,000.62 20,722.93 ene-13 731.39 36.72 37.61 297.73 412.88 100.00 417.94 2,034.27 feb-13 1,044.85 36.25 37.61 173.36 1,292.07 mar-13 1,044.85 36.14 37.61 285.95 243.80 1,648.35 abr-13 1,044.85 36.11 37.62 342.45 529.55 100.00 487.60 2,578.18 may-13 1,044.85 35.45 37.61 145.86 1,263.77 jun-13 1,044.85 33.78 37.61 88.17 3.33 1,207.74 jul-13 1,044.85 33.83 37.61 101.20 40.79 100.00 1,494.34 2,852.62 ago-13 1,107.54 33.24 49.84 74.72 12.83 1,278.17 sep-13 1,107.54 34.19 49.84 141.48 113.79 5.00 226.42 1,678.26 oct-13 738.36 33.77 49.84 119.13 60.87 496.22 125.00 5.00 1,628.19 nov-13 479.94 33.46 49.84 89.76 735.00 5.00 1,393.00 dic-13 849.11 33.46 49.84 84.11 128.85 5.00 147.67 1,409.59 2,707.63 21,562.25 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2010 14,922.73 1,243.56 22,384.08 2011 19,246.21 1,603.85 28,869.30 2012 20,722.93 1,726.91 31,084.38 2013 21,562.25 1,796.85 32,343.30 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2010 330 108.83366 35,915.11 14,922.73 1.11090 16,577.66 52,492.77 22,384.08 22,061.77 322.31 2011 330 113.08639 37,318.51 19,246.21 0.96059 18,487.72 55,806.23 28,869.30 28,346.15 523.15 2012 330 106.52225 35,152.34 20,722.93 0.81883 16,968.56 52,120.90 31,084.38 29,205.10 1,879.28 2013 330 66.85606 22,062.50 21,562.25 0.52239 11,263.90 33,326.40 32,343.30 30,737.24 2,589.16 TOTAL USD $ 5,313.90 TRABAJADOR WILDER RONALD ORTIZ TRABAJADOR: WILDER RONALD HORNA ORTIZ MES - AÑO SUELDO ASIG. BONO MBM BONO MBM HORAS CONVENIO VACACIONES 1° DE RTGROS DESC. MEDICO ASIG. CONVENIO BONO UNICO BONO GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO FAMILIAR COLATERAL NOCTURNO EXTRAS TIPO CAMBIO MAYO AFECTOS SUBSIDIOS VACACIONES TIPO CAMBIO ESPEC MBM PRODUCT. FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-09 606.67 17.56 37.00 661.23 feb-09 700.00 20.26 37.00 757.26 mar-09 700.00 20.26 37.00 11.00 768.26 abr-09 700.00 20.26 37.00 11.00 768.26 may-09 700.00 20.26 37.00 11.00 73.11 3.66 845.03 jun-09 765.00 20.26 39.00 12.00 7.63 503.00 1,346.89 jul-09 765.00 20.26 39.00 12.00 79.97 817.78 1,734.01 ago-09 765.00 20.26 39.00 12.00 55.62 14.21 906.09 sep-09 765.00 20.26 39.00 12.00 28.25 864.51 oct-09 765.00 20.26 39.00 12.00 41.56 877.82 nov-09 765.00 20.26 39.00 12.00 162.42 40.93 1,039.61 dic-09 765.00 20.26 39.00 12.00 38.09 34.87 908.03 1,817.25 12,386.22 ene-10 765.00 20.26 39.00 12.00 78.85 47.52 962.63 feb-10 765.00 20.26 39.00 12.00 80.82 47.62 964.70 mar-10 765.00 20.26 39.00 12.00 56.32 892.58 abr-10 765.00 20.26 39.00 12.00 160.45 53.95 1,050.66 may-10 739.50 20.26 39.00 12.00 78.72 50.95 25.50 25.50 991.43 jun-10 785.00 20.26 39.00 12.00 51.13 907.39 jul-10 785.00 20.26 39.00 12.00 38.12 56.10 973.99 1,924.47 ago-10 209.33 20.26 39.00 12.00 165.08 89.81 661.18 150.00 1,346.66 sep-10 628.00 20.26 39.00 64.95 184.54 936.75 oct-10 785.00 24.62 39.00 12.00 68.21 59.43 988.26 nov-10 1,025.24 24.47 39.00 12.00 106.46 81.65 1,288.82 dic-10 1,025.24 25.85 39.00 12.00 107.47 84.12 1,222.36 2,516.04 14,770.39 ene-11 1,096.67 26.14 39.48 20.19 228.96 160.76 326.74 234.32 2,133.26 feb-11 1,096.67 27.08 39.48 20.22 120.79 1,304.24 mar-11 987.00 26.96 39.48 18.69 90.49 109.67 1,272.29 abr-11 1,096.67 26.58 39.48 18.69 116.35 86.17 94.00 1,477.94 may-11 1,096.67 27.21 39.48 18.69 260.37 128.62 36.56 1,607.60 jun-11 1,167.95 27.21 42.05 21.00 109.02 1,367.23 jul-11 1,167.95 27.38 42.04 21.00 119.53 138.32 100.00 1,583.06 3,199.28 ago-11 1,167.95 30.89 42.05 21.00 243.76 144.72 1,650.37 sep-11 1,167.95 30.37 42.04 42.00 107.35 108.71 1,498.42 oct-11 1,167.95 31.01 42.05 21.00 144.98 151.45 100.00 1,658.44 nov-11 1,167.95 31.17 42.05 21.00 87.41 142.76 1,492.34 dic-11 506.11 31.28 42.05 21.00 217.41 234.10 836.09 467.18 1,548.77 3,903.99 22,565.40 ene-12 661.84 31.36 42.05 6.00 222.98 664.10 467.18 100.00 2,195.51 feb-12 1,167.95 31.49 42.04 21.00 176.90 1,689.38 mar-12 1,167.95 31.59 42.05 21.00 151.68 1,414.27 abr-12 1,167.95 31.82 42.05 42.00 255.35 211.00 100.00 1,850.17 may-12 1,311.32 31.59 47.21 50.58 151.68 1,592.38 jun-12 1,119.96 35.34 50.40 22.62 279.99 1,508.31 jul-12 1,411.66 35.63 50.82 148.71 1,680.11 3,326.93 ago-12 1,421.39 35.88 51.17 34.44 118.77 1,661.65 sep-12 475.62 36.02 51.37 23.05 149.34 1,079.69 1,815.09 oct-12 960.45 36.37 51.87 19.39 544.44 116.37 1,728.89 nov-12 1,433.45 36.18 51.61 30.88 141.82 1,693.94 dic-12 1,448.55 36.56 52.15 292.07 1,673.62 3,502.95 23,979.47 ene-13 678.90 36.72 52.37 149.52 775.89 117.51 1,810.91 feb-13 1,436.23 36.25 51.71 1,524.19 mar-13 1,431.80 36.14 51.55 334.09 1,853.58 abr-13 1,430.69 36.11 51.51 293.36 667.66 2,479.33 may-13 1,404.72 35.46 50.57 62.56 1,553.31 jun-13 1,338.41 33.78 48.18 1,420.37 jul-13 1,340.34 33.83 48.25 3.61 35.81 108.26 1,675.56 3,245.66 ago-13 1,396.10 33.24 62.83 10.64 1,502.81 sep-13 430.74 34.19 64.61 10.94 150.31 1,181.93 293.26 861.49 3,027.47 oct-13 898.21 33.77 63.82 13.43 602.10 135.09 1,746.42 nov-13 1,405.07 33.46 63.23 10.71 50.17 1,562.64 dic-13 1,405.07 33.46 63.23 1,636.68 3,138.44 24,865.13 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2009 12,386.22 1,032.19 18,579.42 2010 14,770.39 1,230.87 22,155.66 2011 22,565.40 1,880.45 33,848.10 2012 23,979.47 1,998.29 35,969.22 2013 24,865.13 2,072.09 37,297.62 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2009 330 113.69598 37,519.67 12,386.22 1.24412 15,409.94 52,929.61 18,579.42 17,676.20 903.22 2010 330 108.83366 35,915.11 14,770.39 1.11090 16,408.43 52,323.54 22,155.66 21,702.55 453.11 2011 330 113.08639 37,318.51 22,565.40 0.96059 21,676.10 58,994.61 33,848.10 33,836.41 11.69 2012 330 106.52225 35,152.34 23,979.47 0.81883 19,635.11 54,787.45 35,969.22 33,739.32 2,229.90 2013 330 66.85606 22,062.50 24,865.13 0.52239 12,989.30 35,051.80 37,297.62 32,980.54 2,071.26 TOTAL USD $ 5,669.18 Octavo.- Consecuentemente, corresponde un reintegro por el pago de Utilidades por el período de 2010 a 2013 a los trabajadores Roger Anticona Agreda y Carlos Alberto Graus Reyes, y reintegro de pago de Utilidades del período 2009 a 2013 del trabajador Wilder Ronald Horna Ortiz, por la suma total de $16,435.06 dólares que deberá pagar la demandada más intereses legales, costas y costos que se liquidarán en ejecución de sentencia, conforme al siguiente detalle: IMPORTE N° TRABAJADOR USD $ 1 ROGER ANTICONA AGREDA 5,451.98 2 CARLOS ALBERTO GRAUS REYES 5,313.90 3 WILDER RONALD HORNA ORTIZ 5,669.18 TOTAL USD $ 16,435.06 Por estas consideraciones, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú; 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 SE RESUELVE: CONFIRMARON la Sentencia N° 288-2016-4°JETP , contenida en la Resolución N° 08, de fecha 01 de diciembre de 2016, obrante de fojas 398 a 417, que declara Fundada en parte la demanda interpuesta sobre pago de beneficios colectivos y otro, y MODIFICARON el monto ordenado a pagar; en consecuencia, ORDENARON que la demandada abone la suma de US$. 16,435.06 dólares americanos (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100 DÓLARES AMERICANOS) a Roger Anticona Agreda, Carlos Alberto Graus Reyes y Wilder Ronald Horna Ortiz, por los conceptos de reintegro de utilidades de los ejercicios económicos del 2009 al 2013 respectivamente; más los intereses legales, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia; En los seguidos por SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. con MINERA BARRICK MOSQUICHILCA S.A. sobre Pago de Utilidades; y los devolvieron al Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.- 12

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-0-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA , DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO , Resolución Número 10 Lima, siete de abril Del dos mil diecisiete.- Por recibido el escrito presentado por la parte demandante, el mismo que ha sido ingresado por CDG con fecha 21.02.2017 y entregado a la cursora con fecha 20.03.2017, así como el expediente ha sido entregado en la fecha por el notificador; procediéndose a proveer como corresponde: Por subsanado el escrito de apelación de sentencia presentado por la parte actora, contra la sentencia N° 288 de fecha 01.12.2016 FUNDAMENTOS : 1- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. 2- Forma parte del derecho a un debido proceso, el respeto al legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes en el proceso, formando una variante de esta, la facultad de impugnar sentenciar y resoluciones, respecto de las cuales las partes consideran, les causan agravio a sus intereses. 3- Mediante sentencia N° 288-2016 el Juzgado Declaró Fundada en parte la demanda Interpuesta por el accionante. 4- De la revisión del escrito se advierte que el actor ha cumplido con exponer su fundamento y la naturaleza del agravio que sustenta su pretensión impugnada, toda vez que el recurso de apelación cumple con los requisitos exigidos por el artículo 366º del Código Procesal Civil precisando el error de hecho y de derecho, expresando los agravios respectivos y sustentando la pretensión impugnatoria, además de encontrarse dentro del término de ley conforme a lo estipulado en el artículo 32° de la Ley N.° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; y en aplicación a lo previsto por el inciso 2) del artículo 365º de Código Procesal Civil. En atención a lo expuesto, y habiendo el actor interpuesto su apelación dentro del plazo de Ley, y de conformidad con lo establecido en los artículos 365,366 y 367° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso; se RESUELVE: 1) CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia emitida en autos. 2) ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico. Interviene la especialista que da cuenta.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-0-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA , DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO , RESOLUCIÓN Nº 09 Lima, Dos de Febrero del 2017.- Dando cuenta de los escritos presentados por la parte demandante de fecha 16 de enero de 2017, y de la demandada de fecha 12 de enero del 2017, recepcionado ambos escritos por esta secretaría con fecha 30 de enero de 2017. (cid:1) Al escrito de la demandada con ingreso a CDG 12.01.2017: Al Principal y Otrosí. A lo solicitado: Primero: La demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia N° 288 emitida el 01.12.2016, que resuelve declarar fundada en parte la demanda (resolución número 08). Segundo: El artículo 32° de la Ley N° 29497 dispone que: «El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación». Por otro lado el artículo 367° del Código Procesal Civil señala que: «La apelación debe ser interpuesta dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de tasa judicial respectivo cuando ésta fuere exigible (...)»; Asimismo el artículo 366° del Código Adjetivo señala que: «El que interpone una apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria». Tercero: De la calificación preliminar del recurso presentado se advierte que la parte impugnante ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia genéricos y específicos del recurso impugnatorio de su propósito, así como ha cumplido con fundamentar indicando el error de la sentencia cuestionada, ha precisado la naturaleza del agravio y sustentado su pretensión impugnatoria así como presentar el recurso dentro del plazo legal, sin tasa judicial. Por los considerandos antes expuestos y en aplicación de los artículos 365°, 366°, 367° y 371° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, y del artículo 32° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: SE RESUELVE: • CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la Sentencia N° 288 (Resolución número ocho) interpuesta por la demandada MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., debiendo elevarse los presentes autos al Superior Jerárquico, efectuada que sea la notificación a sus casillas electrónicas. (cid:1) Al escrito de la parte demandante ingresado por CDG con fecha 16-01-17 PRIMERO: El artículo 367° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria señala, que "La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso. Para los fines a que se refiere el artículo 357°, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva, en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por el Letrado Colegiado o en la firma del recurrente, si tiene domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible." (Sic). SEGUNDO: De la revisión del escrito de apelación de sentencia presentado se aprecia que no ha acompañado la tasa por concepto de apelación teniendo en cuenta el monto del petitorio demandado; siendo así, corresponde requerir a la apelante para que cumpla con presentar la tasa por concepto de apelación según el monto del petitorio de conformidad con la Resolución Administrativa N° 001-2016-CE-PJ (vigente al momento de la interposición del recurso); dentro del plazo de cuatro días, a partir de notificada la presente, bajo apercibimiento de rechazar el recurso. • Por lo expuesto, se resuelve: REQUERIR al demandante SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., con la finalidad de que cumpla con la presentación del arancel por concepto de apelación en el plazo de 04 días, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso y declararlo inadmisible. AVOCÁNDOSE a conocimiento la Magistrada que suscribe por Disposición Superior, e interviene la especialista que da cuenta. NOTIFÍQUESE

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA Av.Abancay Cdra. 8– Edificio “Alzamora Valdez”, Piso 17. EXPEDIENTE : 11477– 2015–0-1801-JR-LA-04 DEMANDANTE : ANTICONA AGREGA ROGER Y OTROS DEMANDADO : MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. JUEZ : KETTY NOEMI ESPINOZA HUETE SECRETARIA : BELLA MARUJA SIALER NIETO SENTENCIA N° 288 – 2016 - 4°JETP. RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO: Lima, uno de diciembre del dos mil dieciséis.- VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento, oídos los alegatos finales de los señores abogados de las partes. I. ANTECEDENTES: Mediante el escrito de fojas 49 a 66, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., HUARAZ – TRUJILLO en representación de sus afiliados ROGER ANTICONA AGREDA, CARLOS ALBERTO GRAUS REYES y WILDER RONALD HORNA ORIZ, interpone demanda en la Vía del Proceso Ordinario Laboral contra la MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. solicitando como pretensiones lo siguiente: i) Se ordene a la demandada a abonar por concepto de reintegro de utilidades de los años 2009 al 2013 la suma total de S/.588,030.04 los cuales corresponde S/.161,869.26 a favor de Roger Anticona Agreda; S/.249,514.51 a favor de Carlos Alberto Graus Reyes y S/.176,646,27 a favor de Wilder Ronald Horna Ortiz. ii) Se ordene el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso. 1.1. SINTESIS DE LA DEMANDA. La teoría del caso que expuso el demandante para sustentar sus pretensiones es la siguiente: - Wilder Ronald Horna Ortiz, inició sus labores el 5 de enero de 2009; Carlos Alberto Graus Reyes, el 5 de mayo de 2009 y Roger Anticona Agreda el 15 de julio de 2009. Los tres tienen vínculo laboral vigente en la actualidad. - El Sindicato y la empresa celebraron el Acta de fecha 29 de octubre de 2008, según el cual se tiene que aplicar el tipo de cambio del dólar a S/.3.00 para realizar el cálculo de los beneficios, incluido las utilidades. 1 - De acuerdo a los estados de cuenta, boletas de pago y liquidación de utilidades, la empresa ha venido depositando un monto menor al que corresponde; pues los montos abonados son mucho menor a los señalados en la boleta de pago y liquidación de utilidades. - La empresa al realizar el balance anual no debe incorporar las depreciaciones para disminuir las ganancias de la empresa, generando gastos inexistentes para que las utilidades se vean reducidas. En ese sentido, no debe aplicarse la depreciación que surge de la Ley Nº 26283 y el Decreto Supremo Nº 120-94-EF para efectos laborales sino únicamente para efectos tributarios, pues ha existido utilidad. 1.2. EMPLAZAMIENTO Y AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Mediante resolución uno, se calificó positivamente la demanda, y se corrió traslado a la demandada, luego se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, sin embargo, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio por mantener sus posiciones, luego se precisaron las pretensiones que pasan a juzgamiento. Seguidamente se solicitó el escrito de contestación de la demanda, y luego de la calificación, se dio por contestada, quedando registrado en audio y video. 1.3. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE DEMANDA La demandada ha ejercido su derecho de defensa indicando en su contestación que la Compañía pactó a favor de sus trabajadores el pago de una asignación variable por tipo de cambio y no un tipo de cambio preferencial como erróneamente sostiene el Sindicato. Los montos registrados en las boletas de pago de los demandantes coinciden con lo consignado en sus liquidaciones de utilidades, y también guardan relación con las constancias de depósitos. Realizó el cálculo de la participación en las utilidades conforme a lo establecido en las normas tributarias y laborales. Durante el año 2009 se le ha abonado a los demandantes el tope máximo de 18 remuneraciones mensuales establecida por la ley. 1.4. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO En la Audiencia de Juzgamiento oída la exposición oral de las posiciones de las partes, la parte demandante se desistió del proceso respecto de las pretensiones correspondientes a los afiliados Anticona Agreda Roger, Graus Reyes Carlos Alberto del año 2009, por lo que se aprobó el desistimiento formulado, luego, se enunciaron los hechos que no requieren y los que sí requieren actuación probatoria, se admitieron los medios de prueba, se tomó el juramento de ley a los presentes y se actuaron los medios probatorios oralmente, posteriormente se oyeron los alegatos finales de ambas partes, finalmente el juzgado vio por conveniente diferir la expedición del fallo de la sentencia. II. FUNDAMENTOS: CUESTIONES PREVIAS: 2 1. FINALIDAD DEL PROCESO. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente, prescribe que: “El Juez deberá atender que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”. Por su parte, el artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo estipula que “Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo […]”, en ese sentido, teniendo en cuenta que entre los trabajadores afiliados y la empresa demandada existió un contrato de trabajo, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las pretensiones demandadas. 2. HECHOS NO NECESITADOS DE PRUEBA. En la audiencia de juzgamiento, sobre la base de los actos postulatorios y las exposiciones orales, se determinó que los hechos que no necesitan de actuación probatoria son los siguientes: i) Que entre los tres afiliados en cuya representación se demanda y la empresa demandada existe contratos de trabajo; ii) Que la demandada efectuó el pago de utilidades del año 2009 al año 2013; iii) Que el sindicato y la empresa demandada suscribieron un acta de acuerdo con fecha 29 de octubre de 2008; iv) Que el sindicato demandante es único minoritario. 3. HECHOS NECESITADOS DE PRUEBA. Siguiendo el mismo marco, se determinó que los hechos que si requerían de actuación probatoria eran los siguientes: i) Determinar su los acuerdos pactados en el acta suscrita entre el sindicato y la empresa demandada de fecha 29 de diciembre de 2008, son aplicables al concepto de utilidades; ii) Determinar si las cláusulas de dicha acta son aplicables a los tres trabajadores afiliados; iii) Determinar si corresponde ordenar el reintegro de las utilidades de los tres afiliados de los ejercicios de los años 2009 al 2013, teniendo en cuenta el desistimiento formulado por la parte demandante en la audiencia. SOBRE LA PRETENSIÓN DE REINTEGRO DE UTILIDADES 4. DESISTIMIENTO. Previamente a efectuar el análisis sobre el reintegro de utilidades pretendido, cabe indicar que la parte demandante en la audiencia de juzgamiento, se desistió del proceso en el extremo correspondiente al reintegro de utilidades del ejercicio económico del 2009 correspondiente a los afiliados Anticona Agreda Roger y Graus Reyes Carlos Alberto, motivo por el cual, se tuvo por desistido del proceso a la parte accionante de dicho extremo. 5. El artículo 29° de la Constitución Política establece que “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa […]”; prescripción constitucional que es desarrollado actualmente por el Decreto Legislativo N° 892 que regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar en las utilidades de las empresas que 3 desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, mediante la distribución por parte de la empresa “de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos”. Porcentaje que es variable de acuerdo al rubro económico de la empresa; es así que para las empresas de Telecomunicaciones, Pesqueras e Industriales el porcentaje de distribución es del 10% y el 8% para las Empresas Mineras, las Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y para los Restaurantes. Para las empresas que realizan otras actividades el porcentaje de distribución es de 5% (artículo 2°). 6. El referido porcentaje se distribuye entre los trabajadores en base a dos criterios. El 50% en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. En este caso, se divide el monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. El otro 50% se distribuye en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. También se divide el monto del porcentaje entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio (artículo 2°). De ese modo, el cálculo de la participación en las utilidades no solo supone conocer el monto de las utilidades antes de impuestos, sino también el número total de días laborados por todos los trabajadores y la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores. 7. Conforme al artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 892, aprobado por Decreto Supremo N° 009-98-TR, “para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades […] se tomará en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 3, salvo ley expresa en contrario” y que “en caso que la empresa desarrolle más de una actividad de las comprendidas en el Artículo 2 de la Ley, se considerará la actividad principal, entendiéndose por ésta a la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio”. 8. En el presente caso, se cuestiona que la empresa demandada haya efectuado la deducción de detracciones. Sobre el particular debe señalarse que la legislación laboral hace referencia a “un porcentaje de la renta anual antes de impuestos”; por tal razón, no corresponde a esta Judicatura por razones de especialidad y competencia entrara a analizar y conocer cuestionamientos en materia tributaria. En criterio similar, en el Acuerdo Nº 08 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999, se acordó que: “los juzgados de trabajo no son competentes para determinar las retenciones a cargo del empleador del impuesto a la renta y de cualquier otro tributo o aportación […]”. Por tal razón, se desestima el argumento relacionado con las detracciones. 9. Existe un segundo argumento del demandante referido a que no se ha aplicado el tipo de cambio preferencial de S/.3.00. Sobre el particular debe señalarse que en el 4 folio 143 obra inserta el Acta de fecha 29 de octubre de 2008 en el que se señala lo siguiente: 1. “Que LA EMPRESA abone a los trabajadores afiliados al Sindicato un beneficio, cuyo monto será el resultado de la diferencia existente entre el tipo de cambio compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el día del cierre de planillas y el tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por cada US$1.00. 2. Este beneficio será aplicable solo a los trabajadores afiliados que a la fecha no hubiesen firmado su convenio individual por tipo de cambio y estará vigente desde el mes de abril de 2008 hasta el 18 de junio de 2010, o hasta la fecha de duración del contrato de trabajo individual de trabajo, lo que ocurra primero, oportunidad en que caducará, y se aplicará durante su vigencia sobre todos los beneficios pagados en efectivo por LA EMPRESA, siendo computable de acuerdo a ley para el pago de la CTS, Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, así como Utilidades Legales. 3. Este beneficio no será otorgado cuando el tipo de cambio compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el día del cierre de planillas sea igual o superior al tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por cada US$1.00. 10. Como se puede apreciar lo pactado entre la empresa demandada y el Sindicato único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquichilca S.A. – Huaraz, se trata “un beneficio” otorgado por la empresa; esto es, es un concepto adicional a los beneficios legales y convencionales existentes. De ahí que, como sostiene la demandada, no se trate de un tipo de cambio preferencial pactado de S/.3.00 por US$1.00 sino más bien que la diferencia de dicho tipo de cambio con el publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinan el importe del beneficio. Por tanto, no resulta fundado el argumento referido a que no se ha aplicado el tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por US$.1.00 para el pago de las utilidades, por lo que el reintegro por dicho extremo es infundado. 11. No obstante, efectuado el estudio del mismo el tercer argumento, referido a que la empresa no habría liquidado las utilidades con los montos que figuran en las boletas, cabe indicar que el mismo, sí resultaría admisible, pues, como se ha señalado las utilidades anuales se distribuyen el 50% en función de las remuneraciones y el otro 50% en función del número total de días laborados. En lo que respecta a lo primero, la demandada en la liquidación de participación de utilidades del año 2009 ha considerado erróneamente el monto total de remuneraciones percibido por el trabajadores demandante, por lo que se efectúa una nueva sumatoria de los montos en dólares percibidos por los tres afiliados, y se verifica que el monto resultante es superior al consignado en las liquidaciones de participación de utilidades, siendo así, debe efectuarse un recalculo de los extremos solicitados. 12. Al respecto, la demandada ha sostenido que resulta imposible amparar reintegro alguno, toda vez que lo que le ha abonado es tope máximo de 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio, señalado en el penúltimo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 892. Al respecto debe indicarse que efectuada la revisión de los Anexos 1-H, 1-I y 1-J de la contestación a la demanda contenida en el CD-ROOM se ha determinado que en no todos los periodos ocurre lo señalado, por tal razón, se procede a hacer una nueva liquidación de este 5 beneficio y se aplica el tope máximo de distribución, y de ello resulta que, la demandada adeuda la suma de US$. 526.24 Dólares Americanos más S/.5847.32 Soles; a Roger Anticona Agreda las sumas de US$.969.09 Dólares Americanos a Carlos Alberto Graus Reyes y US$. 969.09 Dólares Americanos más S/.3,740.60 Soles; a Wilder Ronald Horna Ortiz las sumas de US$.445.59 Dólares Americanos más S/.7,079.36 Soles, puesto que las utilidades se pagaron en dólares los años 2009,2010 y 2011 y en soles los años 2012 y 2013; conforme al detalle de los siguientes cuadros. Ingresos Afectos a Utilidades ($) ANTICONA AGREDA ROGER /M Añes o R Be am siu cn a. B No on co t. 5H E 0xrs %t.. 1H E 0xr 0s t %.. B Pro on do . B M coo B ln aMo t C To /n Cv . G Lera gt aif l. R Ct og nro v.. D Me es dc .. AR ft eg cr to o. A Fas mig .. A Vs aig c . R Ve am c . AI fn eg ct. o INT GO R $T E A SL O a ds bp ee olT i pgc l/ eC aúa t g d n a oo INT GO R ST /EA S L O pA LoM b eroo gUnn aa Tt l o d I $L o . D poes r 5 c R tu ate a . n dt eo ene-10 850.00 134.58 39.00 53.16 1,076.74 2.852 3,070.86 59.06 feb-10 850.00 12.00 39.00 46.79 947.79 2.852 2,703.10 59.91 mar-10 680.00 12.00 39.00 51.45 170.00 952.45 2.838 2,703.05 2,905.48 493.77 abr-10 850.00 12.00 171.28 39.00 58.04 1,130.32 2.800 3,164.90 62.00 may-10 850.00 12.00 23.22 231.48 39.00 70.87 28.33 124.31 1,379.21 2.846 3,925.23 90.92 jun-10 870.00 12.00 39.00 55.00 976.00 2.831 2,763.06 75.31 jul-10 870.00 12.00 86.78 39.00 63.21 1,091.03 2,162.02 2.823 6,103.38 77.30 ago-10 870.00 12.00 39.00 65.81 986.81 2.800 2,763.07 74.08 sep-10 870.00 12.00 39.00 68.61 989.61 2.792 2,762.99 73.92 oct-10 290.00 12.00 39.00 88.03 150.00 696.33 1,275.36 2.793 3,562.08 45.12 nov-10 751.84 12.00 39.00 74.49 298.48 1,175.81 2.810 3,304.03 65.72 dic-10 1,025.24 12.00 104.83 39.00 82.14 1,145.47 2,408.68 2.805 6,756.35 20,875.79 3,267.42 ene-11 1,096.67 23.07 44.35 93.67 234.32 39.48 153.48 351.59 2,036.63 2.774 5,649.61 201.20 feb-11 1,096.67 20.22 39.48 96.38 4.00 1,256.75 2.770 3,481.20 113.41 mar-11 1,096.67 18.69 39.48 90.50 1,245.34 2.782 3,464.54 2,315.41 458.99 abr-11 1,096.67 21.36 100.26 100.00 39.48 85.70 1,443.47 2.822 4,073.47 119.34 may-11 1,096.67 18.69 109.94 39.48 115.30 1,380.08 2.756 3,803.50 25.50 jun-11 1,167.95 42.00 14.23 120.69 42.05 122.83 1,509.75 2.756 4,160.87 129.47 jul-11 1,167.95 21.00 100.00 42.04 126.92 1,540.20 2,998.11 2.739 8,211.82 152.93 ago-11 1,167.95 21.00 42.05 120.80 1,351.80 2.732 3,693.12 136.19 sep-11 1,167.95 21.00 12.04 49.44 42.04 103.36 1,395.83 2.778 3,877.62 137.46 oct-11 1,167.95 21.00 10.80 100.00 42.05 137.68 1,479.48 2.721 4,025.67 156.70 nov-11 1,167.95 21.00 19.56 213.93 42.05 158.57 1,623.06 2.707 4,393.62 168.75 dic-11 1,167.95 21.00 261.82 42.05 167.22 1,469.64 3,129.68 2.698 8,443.88 27,773.17 4,791.63 ene-12 1,167.95 100.00 42.05 150.48 1,460.48 2.691 3,930.15 134.78 feb-12 1,167.95 24.00 42.04 147.40 1,381.39 2.680 3,702.13 118.93 mar-12 973.29 24.00 27.15 42.05 218.92 467.18 243.00 1,995.59 2.671 5,330.22 3,556.67 732.49 abr-12 220.20 16.97 113.12 47.56 1,354.42 1,752.28 2.652 4,647.04 159.25 may-12 1,044.44 3.50 139.30 49.04 317.87 1,554.15 2.572 3,997.27 132.50 jun-12 1,399.95 26.39 50.40 1,476.74 2.653 3,917.79 142.44 jul-12 1,411.66 34.21 7.06 145.64 50.82 1,602.24 3,251.63 2.637 8,574.55 156.89 ago-12 1,421.39 34.44 116.44 51.17 1,623.44 2.613 4,242.05 162.18 sep-12 1,428.85 38.42 289.29 51.37 1,807.93 2.603 4,706.04 178.56 oct-12 1,440.68 34.01 116.37 51.87 1,642.93 2.578 4,235.47 196.71 nov-12 1,435.45 30.83 113.72 51.61 1,631.61 2.591 4,227.50 188.81 dic-12 1,448.55 27.30 294.30 52.15 1,665.00 3,487.30 2.564 8,941.44 31,060.00 5,528.43 ene-13 1,309.31 31.34 148.75 117.51 52.37 581.92 166.86 2,408.06 2.553 6,147.78 250.29 feb-13 27.07 51.71 1,557.27 1,636.05 2.586 4,230.83 161.19 mar-13 1,384.07 51.55 54.78 1,490.40 2.594 3,866.10 3,450.88 38.00 abr-13 1,430.69 50.09 58.12 289.95 115.56 51.51 1,995.92 2.596 5,181.40 162.42 may-13 1,404.72 49.17 50.57 1,504.46 2.644 3,977.79 143.38 jun-13 1,338.41 25.23 48.18 1,411.82 2.775 3,917.80 137.08 jul-13 1,340.34 28.87 108.26 48.25 1,470.86 33.83 3,030.41 2.771 8,397.27 160.18 ago-13 1,396.10 53.19 62.83 33.24 1,545.36 2.820 4,357.92 160.04 sep-13 1,435.81 54.70 150.43 64.61 318.79 34.19 2,058.53 2.742 5,644.49 1,206.66 oct-13 1,418.23 43.23 91.35 135.10 63.82 33.77 1,785.50 2.776 4,956.54 200.54 nov-13 1,405.07 37.47 17.98 63.23 33.46 1,557.21 2.802 4,363.30 183.22 dic-13 46.83 37.47 63.23 1,676.67 33.46 1,478.39 3,336.05 2.802 9,347.61 29,183.00 5,640.50 6 Remuneración Promedio para determinar Utilidad Tope y Utilidad Neta Total Ingreso Total Ingreso Determinando Ingreso Anual Mes/Año Afecto a Ut. Afecto a Ut. S/ Afecto a Rta. de 5ta. $ ene-10 1,076.74 3,070.86 feb-10 947.79 2,703.10 mar-10 952.45 2,703.05 . abr-10 1,130.32 3,164.90 may-10 1,379.21 3,925.23 jun-10 976.00 2,763.06 jul-10 2,162.02 6,103.38 ago-10 986.81 2,763.07 sep-10 989.61 2,762.99 oct-10 1,275.36 3,562.08 nov-10 1,175.81 3,304.03 dic-10 2,408.68 6,756.35 Ingreso 108,955.23 Total Remun. 15,460.80 43,582.09 Total Prom. Rem. 1,288.40 3,631.84 (-) 7 UIT 24,850.00 UT. (tope 18 Rem.) 23,191.20 65,373.14 Ing. Afecto 84,105.23 UT. Según Anexo C. 49,696.65 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 23,191.20 65,373.14 Rta. de 5ta. 15% 3,478.68 9,805.97 UT. Neta 2010 19,712.52 55,567.17 ene-11 2,036.63 5,649.61 feb-11 1,256.75 3,481.20 mar-11 1,245.34 3,464.54 abr-11 1,443.47 4,073.47 may-11 1,380.08 3,803.50 jun-11 1,509.75 4,160.87 jul-11 2,998.11 8,211.82 ago-11 1,351.80 3,693.12 sep-11 1,395.83 3,877.62 oct-11 1,479.48 4,025.67 nov-11 1,623.06 4,393.62 dic-11 3,129.68 8,443.88 Ingreso 143,197.28 Total Remun. 20,849.98 57,278.91 Total Prom. Rem. 1,737.50 4,773.24 (-) 7 UIT 25,200.00 UT. (tope 18 Rem.) 31,274.97 85,918.37 Ing. Afecto 117,997.28 UT. Según Anexo C. 54,690.78 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 31,274.97 85,918.37 Rta. de 5ta. 15% 4,691.25 12,887.75 UT. Neta 2011 26,583.72 73,030.61 ene-12 1,460.48 3,930.15 feb-12 1,381.39 3,702.13 mar-12 1,995.59 5,330.22 abr-12 1,752.28 4,647.04 may-12 1,554.15 3,997.27 jun-12 1,476.74 3,917.79 jul-12 3,251.63 8,574.55 ago-12 1,623.44 4,242.05 sep-12 1,807.93 4,706.04 oct-12 1,642.93 4,235.47 nov-12 1,631.61 4,227.50 dic-12 3,487.30 8,941.44 Ingreso 151,129.13 Total Remun. 23,065.47 60,451.65 Total Prom. Rem. 1,922.12 5,037.64 (-) 7 UIT 25,550.00 UT. (tope 18 Rem.) 34,598.20 90,677.48 Ing. Afecto 125,579.13 UT. Según Anexo C. 47,179.57 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 34,598.20 90,677.48 Rta. de 5ta. 15% 5,189.73 13,601.62 UT. Neta 2012 29,408.47 77,075.85 ene-13 2,408.06 6,147.78 7 feb-13 1,636.05 4,230.83 mar-13 1,490.40 3,866.10 abr-13 1,995.92 5,181.40 may-13 1,504.46 3,977.79 jun-13 1,411.82 3,917.80 jul-13 3,030.41 8,397.27 ago-13 1,545.36 4,357.92 sep-13 2,058.53 5,644.49 oct-13 1,785.50 4,956.54 nov-13 1,557.21 4,363.30 dic-13 3,336.05 9,347.61 Ingreso 160,972.05 Total Remun. 23,759.77 64,388.82 Total Prom. Rem. 1,979.98 5,365.74 (-) 7 UIT 25,900.00 UT. (tope 18 Rem.) 35,639.65 96,583.23 Ing. Afecto 135,072.05 UT. Según Anexo C. 85,573.02 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 35,639.65 96,583.23 Rta. de 5ta. 15% 5,345.95 14,487.48 UT. Neta 2013 30,293.70 82,095.75 Observación: Se determina la Renta Neta a fin de verificar si se depósito el monto que corresponde. Se determina la Utilidad Neta deduciendo Renta de Quinta según escala vigente de Impuesto a la Rta de 5ta. De 7 hasta 27UIT 15% Anexo B Determinando Reintegro de UT. Neta deduciendo los Depósitos (según CD-ROM) Ejercicio 2010 Ut. Neta Calculada 19,712.52 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-1764315 437 23/12/10 17,578.00 170-1764315 164 30/03/11 1,841.00 Ut. Neta depósitada 19,419.00 Reintegro Ut. Neta 2010 293.52 Ejercicio 2011 Ut. Neta Calculada 26,583.72 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-1764315 103 21/12/11 23,328.00 170-1764315 101 28/03/12 3,023.00 Ut. Neta depósitada 26,351.00 Reintegro Ut. Neta 2011 232.72 Ejercicio 2012 Ut. Neta Calculada 29,408.47 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-3306827 74 20/12/12 24,331.98 170-3306827 87 25/03/13 2,898.82 Ut. Neta depósitada 27,230.80 Reintegro Ut. Neta 2012 2,177.67 Ejercicio 2013 Ut. Neta Calculada 30,293.70 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-3306827 85 20/12/13 23,668.94 170-3306827 95 28/03/14 2,955.10 Ut. Neta depósitada 26,624.05 Reintegro Ut. Neta 2013 3,669.65 8 Observación: Los depósitos del ejercicio 2012 y 2013, fueron efectuados en MN, los mismos que son convertidos a $ según T/C de la fecha de depósito. Determinando Participación de Utilidad Concepto 2010 2011 2012 2013 Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Del total de Remuneraciones 36,605,215 47,864,195 50,532,509 48,513,482 trabajadores Días Laborados 373,641 406,572 388,440 379,070 Del Remuneraciones 15,460.80 20,849.98 23,065.47 23,759.77 demandante Días Laborados 300 304 298.00 303.00 Factor de Remuneración 1.11 0.97 0.76 1.37 Distribución Días Laborados 108.55 113.68 99.26 175.12 Utilidad por Por Remuneración 17,130.98 20,132.89 17,599.45 32,511.46 Distribuir Por Días Laborados 32,565.67 34,557.89 29,580.13 53,061.56 TOTAL UTILIDAD 49,696.65 54,690.78 47,179.57 85,573.02 Tope de Ut. (18 Rem) 23,191.20 31,274.97 34,598.20 35,639.65 Rta de 5ta. 15% 3,478.68 4,691.25 5,189.73 5,345.95 Utilidad Neta 19,712.52 26,583.72 29,408.47 30,293.70 Monto Depósitado ( CD-ROM) 19,419.00 26,351.00 27,230.80 26,624.05 Reintegro de Ut. $ 293.52 232.72 2,177.67 3,669.65 Observación: Se verifica en las DJ de CD-ROM que el rubro de distribución legal de renta difiere del que figura en liquidacíon de participacion de UT. Se liquida con la distribucion legal que señala la DJ. No es posible determinarla por cuanto la DJ esta incompleto (falta deducciones, Adiciones y perdidas de ejercicios anteriores) Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Liquidac. De Part. a Fojas 11 12 30 13 Renta Neta antes de impuestos 81,329,435 91,912,231 82,755,008 50,668,116 Anticona Resumen: $ Reintegro de Utilidad 2010 US$. 293.52 Reintegro de Utilidad 2011 US$. 232.72 Reintegro de Utilidad 2012 US$. 2,177.67 Reintegro de Utilidad 2013 S/.3,669.65 Verificando remuneración afecta a Utilidades (Boletas de pago según CD-ROM) Ingresos Afectos a Utilidades ($) GRAUS REYES CARLOS ALBERTO T/C Monto TOTAL aplicado TOTAL Descuento Mes Abonado Hrs. Hrs. Bono INGRESO según INGRESO por Rta de /Año Sueldo Bono Bono Conv. Gratif. Rtgro. Rtgro. Asig. Asig. Rem. Descanso Ing. por UT. Ext. Ext. MBM $ boleta S/ 5ta. Base Noct. Prod. T/C Legal Conv. Afecto Fam. Vac Vac med. Afecto Legal $ 50% 100% colat de pago ene-10 865.00 39.00 48.00 20.26 972.26 2.852 2,772.89 58.50 feb-10 865.00 12.00 39.00 48.62 20.26 984.88 2.852 2,808.88 60.53 mar-10 865.00 12.00 39.00 70.59 20.26 1,006.85 2.838 2,857.44 2,005.45 abr-10 865.00 12.00 39.00 50.68 20.26 986.94 2.800 2,763.43 65.45 may- 865.00 39.00 51.63 28.83 20.26 10 1,004.72 2.846 2,859.43 63.88 9 jun-10 885.00 39.00 56.39 20.26 1,000.65 2.831 2,832.84 67.36 jul-10 885.00 50.69 39.00 67.96 998.58 20.26 88.50 2,149.99 2.823 6,069.42 87.25 ago-10 885.00 13.18 186.71 39.00 81.75 20.26 1,225.90 2.800 3,432.52 83.18 sep-10 885.00 39.00 70.35 20.26 1,014.61 2.792 2,832.79 81.17 oct-10 885.00 232.48 39.00 91.97 59.43 24.62 1,332.50 2.793 3,721.67 102.93 nov-10 885.00 39.00 64.15 24.47 1,012.62 2.810 2,845.46 94.50 dic-10 885.00 91.24 39.00 72.40 1,117.32 25.85 2,230.81 2.805 6,257.42 20,149.56 3,156.77 26.14 ene-11 925.55 15.88 195.89 234.32 33.32 141.13 300.54 1,872.77 2.774 5,195.06 1,327.98 27.08 370.22 801.48 feb-11 277.66 8.22 33.32 126.09 1,644.07 2.770 4,554.07 248.75 26.96 370.22 336.13 mar-11 647.89 33.32 108.73 1,523.25 2.782 4,237.68 2,234.54 582.53 26.58 abr-11 925.55 96.88 100.00 33.32 104.51 1,286.84 2.822 3,631.46 150.61 may- 11 925.55 33.32 87.69 27.21 1,073.77 2.756 2,959.31 55.73 jun-11 985.71 35.49 90.44 27.21 1,138.85 2.756 3,138.67 66.21 jul-11 985.71 101.31 100.00 35.48 116.58 1,316.96 27.38 2,683.42 2.739 7,349.89 96.66 ago-11 985.71 207.55 35.49 120.58 30.89 1,380.22 2.732 3,770.76 90.87 sep-11 985.71 163.25 35.49 94.72 30.37 1,309.54 2.778 3,637.90 97.12 oct-11 985.71 42.89 154.63 100.00 35.49 135.31 31.01 1,485.04 2.721 4,040.79 127.14 nov-11 985.71 50.84 35.49 116.08 31.17 1,219.29 2.707 3,300.62 108.39 dic-11 985.71 101.87 35.49 125.80 1,318.17 31.28 2,598.32 2.698 7,010.27 25,829.87 4,694.15 ene-12 985.71 204.26 100.00 35.48 152.26 31.36 1,509.07 2.691 4,060.91 108.89 feb-12 985.71 70.76 77.82 35.49 199.45 31.49 1,400.72 2.680 3,753.93 178.91 mar-12 985.71 35.48 125.83 31.59 1,178.61 2.671 3,148.07 3,039.49 555.80 abr-12 985.71 144.15 100.00 35.49 166.10 31.82 1,463.27 2.652 3,880.59 11.84 may- 12 985.71 35.49 177.86 31.58 394.29 1,624.93 2.572 4,179.32 157.40 jun-12 1,044.85 37.61 141.69 35.34 1,259.49 2.653 3,341.43 111.19 jul-12 1,044.85 111.20 100.00 37.61 181.44 1,394.79 35.63 2,905.52 2.637 7,661.86 133.70 ago-12 1,044.85 289.54 37.62 203.20 35.88 1,611.09 2.613 4,209.78 132.83 sep-12 1,044.85 37.61 165.16 36.02 1,283.64 2.603 3,341.31 126.74 oct-12 1,044.85 108.12 100.00 37.61 211.34 36.37 1,538.29 2.578 3,965.71 nov-12 1,044.85 108.10 37.61 188.08 36.18 1,414.82 2.591 3,665.80 138.58 dic-12 313.48 37.61 222.00 1,437.01 36.56 953.98 3,000.64 2.564 7,693.64 27,301.00 4,531.67 ene-13 731.39 100.00 37.61 297.73 36.72 417.94 412.86 2,034.25 2.553 5,193.44 197.61 feb-13 1,044.85 37.61 173.36 36.25 1,292.07 2.586 3,341.29 105.54 mar-13 1,044.85 37.81 285.95 36.14 243.80 1,648.55 2.594 4,276.34 3,033.40 686.43 abr-13 1,044.85 31.41 498.14 100.00 37.52 342.45 36.11 487.60 2,578.08 2.596 6,692.70 224.61 may- 13 1,044.85 37.61 145.86 35.46 1,263.78 2.644 3,341.43 109.12 jun-13 1,044.85 3.33 37.61 88.17 33.78 1,207.74 2.775 3,351.48 105.99 jul-13 1,044.85 40.79 100.00 37.61 101.20 1,494.34 33.83 2,852.62 2.771 7,904.61 128.17 ago-13 1,107.54 12.83 49.84 74.72 33.24 1,278.17 2.820 3,604.44 124.88 sep-13 1,107.54 5.00 9.42 104.47 49.84 141.48 226.42 34.19 1,678.36 2.742 4,602.06 1,156.47 oct-13 738.36 5.00 60.87 125.00 49.84 119.23 33.77 496.22 1,628.29 2.776 4,520.13 174.80 nov-13 479.94 5.00 49.84 89.76 33.46 735.00 1,393.00 2.802 3,903.19 163.40 dic-13 849.11 5.00 49.84 84.11 1,409.59 33.46 128.85 147.67 2,707.63 2.802 7,586.78 28,155.50 5,230.24 Anexo A Remuneración Promedio para determinar Utilidad Tope y Utilidad Neta 10 Total Total Ingreso Ingreso Determinando Ingreso Anual Mes/Año Afecto a Afecto a Afecto a Rta. de 5ta. Ut. $ Ut. S/ ene-10 972.26 2,772.89 feb-10 984.88 2,808.88 mar-10 1,006.85 2,857.44 . abr-10 986.94 2,763.43 may-10 1,004.72 2,859.43 jun-10 1,000.65 2,832.84 jul-10 2,149.99 6,069.42 ago-10 1,225.90 3,432.52 sep-10 1,014.61 2,832.79 oct-10 1,332.50 3,721.67 nov-10 1,012.62 2,845.46 dic-10 2,230.81 6,257.42 Total Remun. 14,922.73 42,054.20 Ingreso Total 105,135.50 Prom. Rem. 1,243.56 3,504.52 (-) 7 UIT 24,850.00 UT. (tope 18 Rem.) 22,384.10 63,081.30 Ing. Afecto 80,285.50 UT. Según Anexo C. 49,100.46 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 22,384.10 63,081.30 Rta. de 5ta. 15% 3,357.61 9,462.19 UT. Neta 2010 19,026.48 53,619.10 ene-11 1,872.77 5,195.06 feb-11 1,644.07 4,554.07 mar-11 1,523.25 4,237.68 abr-11 1,286.84 3,631.46 may-11 1,073.77 2,959.31 jun-11 1,138.85 3,138.67 jul-11 2,683.42 7,349.89 ago-11 1,380.22 3,770.76 sep-11 1,309.54 3,637.90 oct-11 1,485.04 4,040.79 nov-11 1,219.29 3,300.62 dic-11 2,598.32 7,010.27 Total Remun. 19,215.38 52,826.49 Ingreso Total 132,066.23 Prom. Rem. 1,601.28 4,402.21 (-) 7 UIT 25,200.00 UT. (tope 18 Rem.) 28,823.07 79,239.74 Ing. Afecto 106,866.23 UT. Según Anexo C. 53,112.40 30.86 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 28,823.07 79,239.74 Rta. de 5ta. 15% 4,323.46 11,885.96 UT. Neta 2011 24,499.61 67,353.78 ene-12 1,509.07 4,060.91 feb-12 1,400.72 3,753.93 mar-12 1,178.61 3,148.07 abr-12 1,463.27 3,880.59 may-12 1,624.93 4,179.32 jun-12 1,259.49 3,341.43 jul-12 2,905.52 7,661.86 11 ago-12 1,611.09 4,209.78 sep-12 1,283.64 3,341.31 oct-12 1,538.29 3,965.71 nov-12 1,414.82 3,665.80 dic-12 3,000.64 7,693.64 Total Remun. 20,190.09 52,902.34 Ingreso Total 132,255.86 Prom. Rem. 1,682.51 4,408.53 (-) 7 UIT 25,550.00 UT. (tope 18 Rem.) 30,285.14 79,353.52 Ing. Afecto 106,705.86 UT. Según Anexo C. 44,985.60 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 30,285.14 79,353.52 Rta. de 5ta. 15% 4,542.77 11,903.03 UT. Neta 2012 25,742.36 67,450.49 ene-13 2,034.25 5,193.44 feb-13 1,292.07 3,341.29 mar-13 1,648.55 4,276.34 abr-13 2,578.08 6,692.70 may-13 1,263.78 3,341.43 jun-13 1,207.74 3,351.48 jul-13 2,852.62 7,904.61 ago-13 1,278.17 3,604.44 sep-13 1,678.36 4,602.06 oct-13 1,628.29 4,520.13 nov-13 1,393.00 3,903.19 dic-13 2,707.63 7,586.78 Total Remun. 21,562.54 58,317.89 Ingreso Total 145,794.73 Prom. Rem. 1,796.88 4,859.82 (-) 7 UIT 25,900.00 UT. (tope 18 Rem.) 32,343.81 87,476.84 Ing. Afecto 119,894.73 UT. Según Anexo C. 82,566.46 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 32,343.81 87,476.84 Rta. de 5ta. 15% 4,851.57 13,121.53 UT. Neta 2013 27,492.24 74,355.31 Observación: Se determina la Renta Neta a fin de verificar si se depósito el monto que corresponde. Se determina la Utilidad Neta deduciendo Renta de Quinta según escala vigente de Impuesto a la Rta de 5ta. De 7 hasta 27UIT 15% Anexo B Determinando Reintegro de UT. Neta deduciendo los Depósitos (según CD-ROM) Ejercicio 2010 Ut. Neta Calculada 19,026.48 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 23/12/10 17,006.00 2A19117909737141 30/03/11 1,899.00 Ut. Neta depósitada 18,905.00 12 Reintegro Ut. Neta 2010 121.48 Ejercicio 2011 Ut. Neta Calculada 24,499.61 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 21/12/11 21,068.00 2A19117909737141 28/03/12 2,584.00 Ut. Neta depósitada 23,652.00 Reintegro Ut. Neta 2011 847.61 Ejercicio 2012 Ut. Neta Calculada 25,742.36 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 20/12/12 21,409.00 2A19117909737141 25/03/13 2,578.00 Ut. Neta depósitada 23,987.00 Reintegro Ut. Neta 2012 1,755.36 Ejercicio 2013 Ut. Neta Calculada 27,492.24 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 20/12/13 22,826.00 2A19117909737141 28/03/14 2,681.00 Ut. Neta depósitada 25,507.00 Reintegro Ut. Neta 2013 1,985.24 Determinando Participación de Utilidad Concepto 2010 2011 2012 2013 Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Remuneracion

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Señores: BEGAZO VILLEGAS NUE BOBBIO VALENCIA CARRERA Lima, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTOS: En Audiencia Pública de fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho; con la asistencia de Verónica Esther Ashtu Aguero representante del secretario general Sindicato Único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquichilca S.A. Huaraz - Trujillo y su abogada Karin Lisbeth Rivera Palacios; y por la parte demandada, su abogado Miguel Rubio Ayllón; e interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo Villegas; MATERIA DEL RECURSO: Que, es materia de grado de apelación la Sentencia N° 288-2016-4°JETP , contenida en la Resolución N° 08, de fecha 01 de diciembre de 2016, obrante de fojas 398 a 417; que declara Fundada en parte la demanda interpuesta sobre pago de beneficios colectivos y otro, en consecuencia, ordena que la demandada abone las sumas de US$. 526.24 Dólares Americanos más S/. 5,847.32 Soles a Roger Anticona Agreda; las sumas de US$.969.09 Dólares Americanos más S/. 3,740.60 Soles a Carlos Alberto Graus Reyes; y a Wilder Ronald Horna Ortiz las sumas de US$.445.59 Dólares Americanos más S/. 7,079.36 Soles, por los conceptos de reintegro de utilidades de los ejercicios económicos del 2009 al 2013; más los intereses legales del Decreto Ley Nº 25920 a liquidarse en ejecución de sentencia; con costos y costas que se liquidarán en etapa de ejecución de sentencia; AGRAVIOS: Que, la demandada MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. al interponer su recurso de apelación de fojas 422 a 443, señala como agravios los siguientes: i) La sentencia recurrida incurre en incongruencia procesal extra pettita al momento de recalcular las utilidades, en tanto la parte demandante en su 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 escrito de demanda nunca alegó un mal cálculo en la participación de utilidades, sino más bien pretendió el reintegro de utilidades en tanto la Compañía realizó pagos diminutos de las utilidades debido a que: (i) no se tomó en cuenta el cambio preferencial de S/. 3.00 de acuerdo al acta suscrita entre la Compañía y el Sindicato con fecha 29 de octubre de 2008; (ii) según los estados de cuenta, boletas de pago y liquidaciones, la Empresa depositó montos menores a los señalados en dichos documentos de pago; y, iii) la compañía incorporó depreciaciones para disminuir sus ganancias generando gastos inexistentes, ello a fin de que se reduzca las utilidades. ii) La A quo incurre en error al determinar el importe del impuesto a la renta de quinta categoría de las utilidades para deducirlos de los importes brutos de las utilidades; cuando el juez laboral no es competente para determinar dichos importes en tanto la competencia por ley recae en los órganos de la administración tributaria, esto es, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y otras instituciones previstas legalmente. Ello a pesar de que en el Fundamento 8 de la sentencia, el propio Juez reconoce que no es competente para conocer cuestionamientos en materia tributaria. iii) La A quo incurre en error al momento de recalcular las utilidades en función a las casillas de “distribución legal de utilidades” de las Declaraciones Juradas de los años demandados, en tanto dicha casilla forma parte de los estados financieros contenidos en las declaraciones juradas; en ese sentido, la metodología realizada afecta las normas referidas al cálculo de utilidades, ya que se debió realizar el cálculo en función al porcentaje de la renta neta y no de la referida casilla, la cual es un concepto errado. iv) La sentencia recurrida incurre en falta de motivación debido a que la A quo afirma la existencia de un mal cálculo en el monto total de las remuneraciones, sin embargo, no indica cuáles son los conceptos remunerativos o no que utiliza al momento de realizar el cálculo, ni tampoco cuales habrían sido los conceptos errados o no que tomó la 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Compañía al momento de calcular la base afecta. Así, tampoco menciona frente a qué tipo de base o cómo determina el ingreso anual afecto de renta de quinta categoría. v) La A quo incurre en error al momento de calcular la remuneración promedio para determinar la utilidad tope y la utilidad neta, ya que no diferencia que los conceptos afectos a utilidades son solo remunerativos y los afectos a la renta de quinta categoría pueden ser o no remunerativos, generando que los cálculos de las afirmaciones de la Jueza respecto de los supuestos reintegros no se ajusten a los medios probatorios presentados por la demandada. Que, la parte demandante SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., HUARAZ – TRUJILLO, al interponer su recurso de adhesión a la apelación de fojas 447 a 449, subsanado a fojas 458, señala como agravios los siguientes: i) La sentencia recurrida incurre en debida motivación, toda vez que contiene una decisión que no se sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados en el proceso, vulnerando el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; ii) La A quo incurre en error al declarar fundada en parte, toda vez que ésta ha reconocido montos menores a los solicitados; agraviando de ésta manera a los demandantes; CONSIDERANDO Primero: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 revocada, total o parcialmente, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse al análisis de la resolución impugnada. Conforme a lo descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito; Segundo: Del acta de audiencia de conciliación obrante de fojas 299 y 300, se han determinado las pretensiones materia de juicio, las que coinciden con las pretensiones reclamadas en la demanda; siendo éstas las siguientes: (cid:1) Determinar si corresponde el pago por reintegro de utilidades del periodo 2009-2013. (cid:1) Intereses legales, costas y costos del proceso. Tercero: Respecto al agravio iv) del recurso de apelación de la demandada y al agravio i) del recurso de adhesión del sindicato demandante, referidos a que la resolución recurrida adolece de motivación aparente y/o falta de motivación; siendo que el Tribunal Constitucional definió los alcances de la motivación en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC (fundamento número 7), como: “(…) una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.”; consecuentemente la motivación está orientada a que el Juez proceda a enunciar los fundamentos fácticos y jurídicos que lo llevaron a adoptar una determinada decisión, haciendo un análisis de los medios probatorios aportados en el proceso; siendo ello así, que una decisión le sea adversa a una de las partes no implica que necesariamente la resolución no se encuentre debidamente motivada. En el caso de autos, en la apelada el A quo ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 122° del Código Procesal Civil concordado con el artículo 31° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Trabajo – al momento de expedir la sentencia. Siendo ello así, la resolución en grado contiene los fundamentos facticos y jurídicos referidos al caso y no carece de motivación o motivación aparente o incongruencia, más aún si conforme al tercer párrafo del artículo 176° del Código Procesal Civil, las nulidades serán declaradas de oficio sólo cuando las mismas sean insubsanables, situación que en el caso de autos no se presenta; razones por las que corresponde desestimar los agravios alegados; Cuarto: En cuanto al agravio i) del recurso de apelación de la demandada, referido a que se ha incurrida en pronunciamiento extra petita, es de indicar que la incongruencia extra petita se presenta en un proceso, cuando el Juez al emitir un pronunciamiento se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, en consecuencia se aparta del tema decidendum, sin embargo es de verse que en la demanda de fojas 51 a 53 y 56 (partes pertinentes), la parte demandante no sólo hace una liquidación diferente a la efectuada a la demandada, sino que peticiona expresamente un nuevo cálculo de la liquidación de utilidades pagados a los demandantes por mal cálculo o falta de pago de utilidades de los años 2009 a 2013, por tanto no se configura una incongruencia extra petita, sino que es parte de lo peticionado conforme se puede apreciar de la demanda a fojas 54 a 57 (Parte Pertinente), y que el juez en aplicación del artículo 122° del Código Procesal Civil tuvo que dar respuesta fundamentando su decisión por lo que se desestima el presente agravio propuesto por la demandada; Quinto: En cuanto a los agravios ii), iii) y v) del recurso de apelación de la demandada y el agravio ii) del recurso de adhesión del sindicato demandante; referidos al cálculo de las utilidades ordenadas a pagar; cabe señalar que, el Decreto Legislativo N° 892, Norma que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría establece que: “Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue: (...) Empresas Mineras 8%. (…) Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Se entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.”; asimismo, el artículo 4° de la norma antes señalada establece: “La participación en las utilidades a que se refiere el Artículo 2 del presente Decreto, se calculará sobre el saldo de la renta Imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.”; el artículo 4° citado ha tenido las siguientes precisiones: el artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2006-TR, pub licado el 14 marzo 2006, ha precisado que el saldo de la renta imponible a que se refiere el presente artículo es aquel que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades; de igual manera el Artículo 2° de la Ley N° 28873, publicada el 15 agosto 2006 precisa que, el saldo de la renta imponible a que se refiere el presente Artículo es aquél que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio, sin que ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades; Sexto: Siendo así y tal como se establece en las normas antes citadas, así como teniendo en cuenta los agravios expresados, la base de cálculo para la participación de utilidades de los trabajadores es el saldo de la renta neta imponible, luego de compensar la pérdida tributaria de ejercicios anteriores; por lo que, corresponde efectuar una nueva liquidación, verificándose con las 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 declaraciones del Impuesto a la Renta de Tercera categoría correspondiente a los Ejercicios Gravables comprendidos entre el 2009 y 2013, Planilla Electrónica, boletas de pago, liquidación de participación de Utilidades y constancias de depósitos realizados contenidas en el CD que obra en autos, se determina el monto a distribuir y la determinación de factores para el cálculo de Utilidades del período de 2009 a 2013 expresados en dólares americanos, conforme al siguiente detalle: BASE LEGAL D.L. N° 892 Y T.U.O D.S. N° 179-04-EFE (Cifras expresadas en dolares americanos) CONCEPTOS 2009 2010 2011 2012 2013 UTILIDAD CONTABLE O (PERDIDA) 1,006,105,720 1,001,024,382 1,132,566,682 1,004,873,107 352,515,907 ADICIONES ALTO CHICAMA 96,378,149 96,224,194 88,235,830 108,121,608 109,338,234 ADICIONES IRENE 1500 78,282,159 67,816,664 92,030,585 75,346,317 334,752,557 SUB TOTAL 1,180,766,028 1,165,065,240 1,312,833,097 1,188,341,032 796,606,698 DEDUCCIONES ALTA CHICAMA -126,875,450 -119,532,056 -129,131,290 -129,952,106 -134,819,114 DEDUCCIONES IRENE 1500 -33,753,398 -30,697,206 -34,257,846 -29,608,848 -28,209,424 PERDIDA TRIBUT. EJER. ANTERIORES RENTA NETA IMPONIBLE 1,020,137,180 1,014,835,978 1,149,443,961 1,028,780,078 633,578,160 PARTICIPACION UTILIDAD 8% 81,610,974 81,186,878 91,955,517 82,302,406 50,686,253 PARTICIPACION EMPRESA 81,608,567 81,329,435 91,912,231 82,755,008 50,668,116 MONTO A DISTRIBUIR 81,610,974 81,329,435 91,955,517 82,755,008 50,686,253 DETERMINACION FACTORES PARA EL CALCULO DE LAS UTILIDADES AÑO 50% DE LA TOTAL DIAS FACTOR 50% DE LA TOTAL REMUN FACTOR POR UTILIDAD TRABAJADORES POR DIAS UTILIDAD TRABAJADORES REMUNER 2009 40,805,487 358,900 113.69598 40,805,487 32,798,688.00 1.24412 2010 40,664,718 373,641 108.83366 40,664,718 36,605,215.00 1.11090 2011 45,977,759 406,572 113.08639 45,977,759 47,864,195.00 0.96059 2012 41,377,504 388,440 106.52225 41,377,504 50,532,509.00 0.81883 2013 25,343,127 379,070 66.85606 25,343,127 48,513,482.00 0.52239 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 Séptimo.- Que, conforme se aprecia de los cálculos realizados, se procede a realizar el recalculo de la participación de las utilidades a favor de los actores de los años 2009 a 2013 respectivamente, en base a las remuneraciones y días determinados, considerando el tope de 18 remuneraciones para los años pertinentes y descontando los montos pagados por la demandada según las liquidaciones, conforme a la siguiente liquidación: TRABAJADOR: ROGER ANTICONA AGREDA REMUNERACIONES COMPUTABLES PARA EL CALCULO DE UTILIDADES TRABAJADOR: ROGER ANTICONA AGREDA MES - AÑO SUELDO BONO MBM CONVENIO BONO MBM HORAS VACACIONES ASIG. BONO DESC. MEDICO 1° DE RTGROS ASIG. GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO COLATERAL TIPO CAMBIO NOCTURNO EXTRAS VACACIONES PRODUCT. SUBSIDIOS MAYO AFECTOS FAMILIAR FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-10 850.00 39.00 53.16 134.58 1,076.74 feb-10 850.00 39.00 46.79 12.00 947.79 mar-10 680.00 39.00 51.45 12.00 170.00 952.45 abr-10 850.00 39.00 58.04 12.00 171.28 1,130.32 may-10 850.00 39.00 70.87 12.00 254.70 152.64 1,379.21 jun-10 870.00 39.00 55.00 12.00 976.00 jul-10 870.00 39.00 63.21 12.00 86.78 1,091.03 2,162.02 ago-10 870.00 39.00 65.61 12.00 986.61 sep-10 870.00 39.00 68.61 12.00 989.61 oct-10 290.00 39.00 88.03 12.00 696.33 150.00 1,275.36 nov-10 751.84 39.00 74.49 12.00 298.48 1,175.81 dic-10 1,025.24 39.00 82.14 12.00 104.83 1,145.47 2,408.68 15,460.60 ene-11 1,096.67 39.48 153.48 23.07 138.02 234.32 351.59 2,036.63 feb-11 1,096.67 39.48 96.38 20.22 4.00 1,256.75 mar-11 1,096.67 39.48 90.50 18.69 1,245.34 abr-11 1,096.67 39.48 85.70 21.36 100.26 100.00 1,443.47 may-11 1,096.67 39.48 115.30 18.69 109.94 36.56 1,416.64 jun-11 1,167.95 42.05 122.83 42.00 134.92 1,509.75 jul-11 1,167.95 42.04 126.92 21.00 100.00 1,540.20 2,998.11 ago-11 1,167.95 42.05 120.80 21.00 1,351.80 sep-11 1,167.95 42.04 103.36 21.00 61.48 1,395.83 oct-11 1,167.95 42.05 137.68 21.00 10.80 100.00 1,479.48 nov-11 1,167.95 42.05 158.57 21.00 233.49 1,623.06 dic-11 1,167.95 42.05 167.22 21.00 261.82 1,469.64 3,129.68 20,886.54 ene-12 1,167.95 42.05 150.48 100.00 1,460.48 feb-12 1,167.95 42.04 147.70 24.00 1,381.69 mar-12 973.29 42.05 218.92 24.00 27.15 243.00 467.18 1,995.59 abr-12 220.20 47.56 16.97 1,354.42 113.12 1,752.27 may-12 1,305.35 47.21 3.37 134.08 405.98 1,895.99 jun-12 1,399.95 50.40 26.39 1,476.74 jul-12 1,411.66 50.82 34.21 152.70 1,602.24 3,251.63 ago-12 1,421.39 51.17 34.44 116.44 1,623.44 sep-12 1,426.85 51.37 38.42 289.29 1,805.93 oct-12 1,440.68 51.87 34.91 116.37 1,643.83 nov-12 1,433.45 51.61 30.88 113.72 1,629.66 dic-12 1,448.55 52.15 27.30 294.30 1,668.00 3,490.30 23,407.55 ene-13 1,309.31 52.37 31.34 148.75 166.86 581.92 117.51 2,408.06 feb-13 51.71 27.07 1,557.27 1,636.05 mar-13 1,384.07 51.55 54.78 1,490.40 abr-13 1,430.69 51.51 50.08 348.07 115.56 1,995.91 may-13 1,404.72 50.57 49.17 1,504.46 jun-13 1,338.41 48.18 25.23 1,411.82 jul-13 1,340.34 48.25 28.87 108.26 33.83 1,470.86 3,030.41 ago-13 1,396.10 62.83 53.19 33.24 1,545.36 sep-13 1,435.81 64.61 54.70 150.43 318.79 34.19 2,058.53 oct-13 1,418.23 63.82 43.23 91.35 135.09 33.77 1,785.49 nov-13 1,405.07 63.23 37.47 17.98 33.46 1,557.21 dic-13 46.83 63.23 37.47 1,479.39 33.46 1,676.67 3,337.05 23,760.75 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2010 15,460.60 1,288.38 23,190.84 2011 20,886.54 1,740.55 31,329.90 2012 23,407.55 1,950.63 35,111.34 2013 23,760.75 1,980.06 35,641.08 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2010 330 108.83366 35,915.11 15,460.60 1.11090 17,175.18 53,090.29 23,190.84 22,686.42 504.42 2011 330 113.08639 37,318.51 20,886.54 0.96059 20,063.40 57,381.91 31,329.90 31,142.63 187.27 2012 330 106.52225 35,152.34 23,407.55 0.81883 19,166.80 54,319.14 35,111.34 32,732.43 2,378.91 2013 330 66.85606 22,062.50 23,760.75 0.52239 12,412.38 34,474.88 35,641.08 32,093.50 2,381.38 TOTAL USD $ 5,451.98 TRABAJADOR: CARLOS ALBERTO GRAUS REYES TRABAJADOR: CARLOS ALBERTO GRAUS REYES MES - AÑO SUELDO ASIG. BONO MBM CONVENIO HORAS VACACIONES BONO BONO MBM 1° DE RTGRO BONO UNICO ASIG. DIAS PERMISO GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO FAMILIAR COLATERAL TIPO CAMBIO EXTRAS PRODUCT. NOCTURNO MAYO AFECTOS ESPEC MBM VACACIONAL PAGADO FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-10 865.00 20.26 39.00 48.00 972.26 feb-10 865.00 20.26 39.00 48.62 12.00 984.88 mar-10 865.00 20.26 39.00 70.59 12.00 1,006.85 abr-10 865.00 20.26 39.00 50.68 12.00 986.94 may-10 865.00 20.26 39.00 51.63 28.83 1,004.72 jun-10 885.00 20.26 39.00 56.39 1,000.65 jul-10 885.00 20.26 39.00 67.96 50.69 88.50 998.58 2,149.99 ago-10 885.00 20.26 39.00 81.75 199.89 1,225.90 sep-10 885.00 20.26 39.00 70.35 1,014.61 oct-10 885.00 24.62 39.00 91.97 232.48 59.43 1,332.50 nov-10 885.00 24.47 39.00 64.15 1,012.62 dic-10 885.00 25.85 39.00 72.40 91.24 1,117.32 2,230.81 14,922.73 ene-11 925.55 26.14 33.32 141.13 211.77 234.32 300.54 1,872.77 feb-11 277.66 27.06 33.32 126.09 8.22 801.48 370.22 1,644.05 mar-11 647.89 26.96 33.32 108.73 336.13 370.22 1,523.25 abr-11 925.55 26.58 33.32 104.51 96.88 100.00 1,286.84 may-11 925.55 27.21 33.32 87.69 30.85 1,104.62 jun-11 985.71 27.21 35.49 90.44 1,138.85 jul-11 985.71 27.38 35.48 116.58 101.31 100.00 1,316.96 2,683.42 ago-11 985.71 30.89 35.49 120.58 207.55 1,380.22 sep-11 985.71 30.37 35.49 94.72 163.25 1,309.54 oct-11 985.71 31.01 35.49 135.31 197.52 100.00 1,485.04 nov-11 985.71 31.17 35.49 116.08 50.84 1,219.29 dic-11 985.71 31.28 35.49 125.80 101.87 1,318.17 2,598.32 19,246.21 ene-12 985.71 31.36 35.48 152.26 204.26 100.00 1,509.07 feb-12 985.71 31.49 35.49 199.45 148.58 1,900.72 mar-12 985.71 31.59 35.48 125.83 1,178.61 abr-12 985.71 31.82 35.49 166.10 144.15 100.00 1,463.27 may-12 985.71 31.58 35.49 177.86 32.86 394.29 1,657.79 jun-12 1,044.85 35.34 37.61 141.69 1,259.49 jul-12 1,044.85 35.63 37.61 181.44 111.20 100.00 1,394.79 2,905.52 ago-12 1,044.85 35.88 37.62 203.20 289.54 1,611.09 sep-12 1,044.85 36.02 37.61 165.16 1,283.64 oct-12 1,044.85 36.37 37.61 211.34 108.12 100.00 1,538.29 nov-12 1,044.85 36.18 37.61 188.08 108.10 1,414.82 dic-12 313.46 36.56 37.61 222.00 953.98 1,437.01 3,000.62 20,722.93 ene-13 731.39 36.72 37.61 297.73 412.88 100.00 417.94 2,034.27 feb-13 1,044.85 36.25 37.61 173.36 1,292.07 mar-13 1,044.85 36.14 37.61 285.95 243.80 1,648.35 abr-13 1,044.85 36.11 37.62 342.45 529.55 100.00 487.60 2,578.18 may-13 1,044.85 35.45 37.61 145.86 1,263.77 jun-13 1,044.85 33.78 37.61 88.17 3.33 1,207.74 jul-13 1,044.85 33.83 37.61 101.20 40.79 100.00 1,494.34 2,852.62 ago-13 1,107.54 33.24 49.84 74.72 12.83 1,278.17 sep-13 1,107.54 34.19 49.84 141.48 113.79 5.00 226.42 1,678.26 oct-13 738.36 33.77 49.84 119.13 60.87 496.22 125.00 5.00 1,628.19 nov-13 479.94 33.46 49.84 89.76 735.00 5.00 1,393.00 dic-13 849.11 33.46 49.84 84.11 128.85 5.00 147.67 1,409.59 2,707.63 21,562.25 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2010 14,922.73 1,243.56 22,384.08 2011 19,246.21 1,603.85 28,869.30 2012 20,722.93 1,726.91 31,084.38 2013 21,562.25 1,796.85 32,343.30 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2010 330 108.83366 35,915.11 14,922.73 1.11090 16,577.66 52,492.77 22,384.08 22,061.77 322.31 2011 330 113.08639 37,318.51 19,246.21 0.96059 18,487.72 55,806.23 28,869.30 28,346.15 523.15 2012 330 106.52225 35,152.34 20,722.93 0.81883 16,968.56 52,120.90 31,084.38 29,205.10 1,879.28 2013 330 66.85606 22,062.50 21,562.25 0.52239 11,263.90 33,326.40 32,343.30 30,737.24 2,589.16 TOTAL USD $ 5,313.90 TRABAJADOR WILDER RONALD ORTIZ TRABAJADOR: WILDER RONALD HORNA ORTIZ MES - AÑO SUELDO ASIG. BONO MBM BONO MBM HORAS CONVENIO VACACIONES 1° DE RTGROS DESC. MEDICO ASIG. CONVENIO BONO UNICO BONO GRATIF. TOTAL TOTAL BASICO FAMILIAR COLATERAL NOCTURNO EXTRAS TIPO CAMBIO MAYO AFECTOS SUBSIDIOS VACACIONES TIPO CAMBIO ESPEC MBM PRODUCT. FP. / NAV. COMPUTABLE ANUAL ene-09 606.67 17.56 37.00 661.23 feb-09 700.00 20.26 37.00 757.26 mar-09 700.00 20.26 37.00 11.00 768.26 abr-09 700.00 20.26 37.00 11.00 768.26 may-09 700.00 20.26 37.00 11.00 73.11 3.66 845.03 jun-09 765.00 20.26 39.00 12.00 7.63 503.00 1,346.89 jul-09 765.00 20.26 39.00 12.00 79.97 817.78 1,734.01 ago-09 765.00 20.26 39.00 12.00 55.62 14.21 906.09 sep-09 765.00 20.26 39.00 12.00 28.25 864.51 oct-09 765.00 20.26 39.00 12.00 41.56 877.82 nov-09 765.00 20.26 39.00 12.00 162.42 40.93 1,039.61 dic-09 765.00 20.26 39.00 12.00 38.09 34.87 908.03 1,817.25 12,386.22 ene-10 765.00 20.26 39.00 12.00 78.85 47.52 962.63 feb-10 765.00 20.26 39.00 12.00 80.82 47.62 964.70 mar-10 765.00 20.26 39.00 12.00 56.32 892.58 abr-10 765.00 20.26 39.00 12.00 160.45 53.95 1,050.66 may-10 739.50 20.26 39.00 12.00 78.72 50.95 25.50 25.50 991.43 jun-10 785.00 20.26 39.00 12.00 51.13 907.39 jul-10 785.00 20.26 39.00 12.00 38.12 56.10 973.99 1,924.47 ago-10 209.33 20.26 39.00 12.00 165.08 89.81 661.18 150.00 1,346.66 sep-10 628.00 20.26 39.00 64.95 184.54 936.75 oct-10 785.00 24.62 39.00 12.00 68.21 59.43 988.26 nov-10 1,025.24 24.47 39.00 12.00 106.46 81.65 1,288.82 dic-10 1,025.24 25.85 39.00 12.00 107.47 84.12 1,222.36 2,516.04 14,770.39 ene-11 1,096.67 26.14 39.48 20.19 228.96 160.76 326.74 234.32 2,133.26 feb-11 1,096.67 27.08 39.48 20.22 120.79 1,304.24 mar-11 987.00 26.96 39.48 18.69 90.49 109.67 1,272.29 abr-11 1,096.67 26.58 39.48 18.69 116.35 86.17 94.00 1,477.94 may-11 1,096.67 27.21 39.48 18.69 260.37 128.62 36.56 1,607.60 jun-11 1,167.95 27.21 42.05 21.00 109.02 1,367.23 jul-11 1,167.95 27.38 42.04 21.00 119.53 138.32 100.00 1,583.06 3,199.28 ago-11 1,167.95 30.89 42.05 21.00 243.76 144.72 1,650.37 sep-11 1,167.95 30.37 42.04 42.00 107.35 108.71 1,498.42 oct-11 1,167.95 31.01 42.05 21.00 144.98 151.45 100.00 1,658.44 nov-11 1,167.95 31.17 42.05 21.00 87.41 142.76 1,492.34 dic-11 506.11 31.28 42.05 21.00 217.41 234.10 836.09 467.18 1,548.77 3,903.99 22,565.40 ene-12 661.84 31.36 42.05 6.00 222.98 664.10 467.18 100.00 2,195.51 feb-12 1,167.95 31.49 42.04 21.00 176.90 1,689.38 mar-12 1,167.95 31.59 42.05 21.00 151.68 1,414.27 abr-12 1,167.95 31.82 42.05 42.00 255.35 211.00 100.00 1,850.17 may-12 1,311.32 31.59 47.21 50.58 151.68 1,592.38 jun-12 1,119.96 35.34 50.40 22.62 279.99 1,508.31 jul-12 1,411.66 35.63 50.82 148.71 1,680.11 3,326.93 ago-12 1,421.39 35.88 51.17 34.44 118.77 1,661.65 sep-12 475.62 36.02 51.37 23.05 149.34 1,079.69 1,815.09 oct-12 960.45 36.37 51.87 19.39 544.44 116.37 1,728.89 nov-12 1,433.45 36.18 51.61 30.88 141.82 1,693.94 dic-12 1,448.55 36.56 52.15 292.07 1,673.62 3,502.95 23,979.47 ene-13 678.90 36.72 52.37 149.52 775.89 117.51 1,810.91 feb-13 1,436.23 36.25 51.71 1,524.19 mar-13 1,431.80 36.14 51.55 334.09 1,853.58 abr-13 1,430.69 36.11 51.51 293.36 667.66 2,479.33 may-13 1,404.72 35.46 50.57 62.56 1,553.31 jun-13 1,338.41 33.78 48.18 1,420.37 jul-13 1,340.34 33.83 48.25 3.61 35.81 108.26 1,675.56 3,245.66 ago-13 1,396.10 33.24 62.83 10.64 1,502.81 sep-13 430.74 34.19 64.61 10.94 150.31 1,181.93 293.26 861.49 3,027.47 oct-13 898.21 33.77 63.82 13.43 602.10 135.09 1,746.42 nov-13 1,405.07 33.46 63.23 10.71 50.17 1,562.64 dic-13 1,405.07 33.46 63.23 1,636.68 3,138.44 24,865.13 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 RESUMEN REMUNERACIONES ANUALES - TOPE 18 REMUNERACIONES AÑO REMUNER. PROMEDIO TOPE DE LEY ANUAL ANUAL 18 REMUNE. 2009 12,386.22 1,032.19 18,579.42 2010 14,770.39 1,230.87 22,155.66 2011 22,565.40 1,880.45 33,848.10 2012 23,979.47 1,998.29 35,969.22 2013 24,865.13 2,072.09 37,297.62 CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES Base Legal D. L. N° 892 AÑO TOTAL DIAS FACTOR UTILIDAD TOTAL REM FACTOR UTILIDAD TOTAL TOPE PAGO UTIL. REINTEGRO ACTOR POR DIAS POR DIAS ACTOR POR REM. POR REMUN UTILIDAD DE LEY MAS ADELT. 2009 330 113.69598 37,519.67 12,386.22 1.24412 15,409.94 52,929.61 18,579.42 17,676.20 903.22 2010 330 108.83366 35,915.11 14,770.39 1.11090 16,408.43 52,323.54 22,155.66 21,702.55 453.11 2011 330 113.08639 37,318.51 22,565.40 0.96059 21,676.10 58,994.61 33,848.10 33,836.41 11.69 2012 330 106.52225 35,152.34 23,979.47 0.81883 19,635.11 54,787.45 35,969.22 33,739.32 2,229.90 2013 330 66.85606 22,062.50 24,865.13 0.52239 12,989.30 35,051.80 37,297.62 32,980.54 2,071.26 TOTAL USD $ 5,669.18 Octavo.- Consecuentemente, corresponde un reintegro por el pago de Utilidades por el período de 2010 a 2013 a los trabajadores Roger Anticona Agreda y Carlos Alberto Graus Reyes, y reintegro de pago de Utilidades del período 2009 a 2013 del trabajador Wilder Ronald Horna Ortiz, por la suma total de $16,435.06 dólares que deberá pagar la demandada más intereses legales, costas y costos que se liquidarán en ejecución de sentencia, conforme al siguiente detalle: IMPORTE N° TRABAJADOR USD $ 1 ROGER ANTICONA AGREDA 5,451.98 2 CARLOS ALBERTO GRAUS REYES 5,313.90 3 WILDER RONALD HORNA ORTIZ 5,669.18 TOTAL USD $ 16,435.06 Por estas consideraciones, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú; 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL DE LIMA EXPEDIENTE N° 11477-2015-1801-JR-LA-04 SE RESUELVE: CONFIRMARON la Sentencia N° 288-2016-4°JETP , contenida en la Resolución N° 08, de fecha 01 de diciembre de 2016, obrante de fojas 398 a 417, que declara Fundada en parte la demanda interpuesta sobre pago de beneficios colectivos y otro, y MODIFICARON el monto ordenado a pagar; en consecuencia, ORDENARON que la demandada abone la suma de US$. 16,435.06 dólares americanos (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100 DÓLARES AMERICANOS) a Roger Anticona Agreda, Carlos Alberto Graus Reyes y Wilder Ronald Horna Ortiz, por los conceptos de reintegro de utilidades de los ejercicios económicos del 2009 al 2013 respectivamente; más los intereses legales, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia; En los seguidos por SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. con MINERA BARRICK MOSQUICHILCA S.A. sobre Pago de Utilidades; y los devolvieron al Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.- 12

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-0-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA , DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO , Resolución Número 10 Lima, siete de abril Del dos mil diecisiete.- Por recibido el escrito presentado por la parte demandante, el mismo que ha sido ingresado por CDG con fecha 21.02.2017 y entregado a la cursora con fecha 20.03.2017, así como el expediente ha sido entregado en la fecha por el notificador; procediéndose a proveer como corresponde: Por subsanado el escrito de apelación de sentencia presentado por la parte actora, contra la sentencia N° 288 de fecha 01.12.2016 FUNDAMENTOS : 1- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. 2- Forma parte del derecho a un debido proceso, el respeto al legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes en el proceso, formando una variante de esta, la facultad de impugnar sentenciar y resoluciones, respecto de las cuales las partes consideran, les causan agravio a sus intereses. 3- Mediante sentencia N° 288-2016 el Juzgado Declaró Fundada en parte la demanda Interpuesta por el accionante. 4- De la revisión del escrito se advierte que el actor ha cumplido con exponer su fundamento y la naturaleza del agravio que sustenta su pretensión impugnada, toda vez que el recurso de apelación cumple con los requisitos exigidos por el artículo 366º del Código Procesal Civil precisando el error de hecho y de derecho, expresando los agravios respectivos y sustentando la pretensión impugnatoria, además de encontrarse dentro del término de ley conforme a lo estipulado en el artículo 32° de la Ley N.° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; y en aplicación a lo previsto por el inciso 2) del artículo 365º de Código Procesal Civil. En atención a lo expuesto, y habiendo el actor interpuesto su apelación dentro del plazo de Ley, y de conformidad con lo establecido en los artículos 365,366 y 367° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso; se RESUELVE: 1) CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia emitida en autos. 2) ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico. Interviene la especialista que da cuenta.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-0-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA , DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO , RESOLUCIÓN Nº 09 Lima, Dos de Febrero del 2017.- Dando cuenta de los escritos presentados por la parte demandante de fecha 16 de enero de 2017, y de la demandada de fecha 12 de enero del 2017, recepcionado ambos escritos por esta secretaría con fecha 30 de enero de 2017. (cid:1) Al escrito de la demandada con ingreso a CDG 12.01.2017: Al Principal y Otrosí. A lo solicitado: Primero: La demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia N° 288 emitida el 01.12.2016, que resuelve declarar fundada en parte la demanda (resolución número 08). Segundo: El artículo 32° de la Ley N° 29497 dispone que: «El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación». Por otro lado el artículo 367° del Código Procesal Civil señala que: «La apelación debe ser interpuesta dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de tasa judicial respectivo cuando ésta fuere exigible (...)»; Asimismo el artículo 366° del Código Adjetivo señala que: «El que interpone una apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria». Tercero: De la calificación preliminar del recurso presentado se advierte que la parte impugnante ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia genéricos y específicos del recurso impugnatorio de su propósito, así como ha cumplido con fundamentar indicando el error de la sentencia cuestionada, ha precisado la naturaleza del agravio y sustentado su pretensión impugnatoria así como presentar el recurso dentro del plazo legal, sin tasa judicial. Por los considerandos antes expuestos y en aplicación de los artículos 365°, 366°, 367° y 371° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, y del artículo 32° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: SE RESUELVE: • CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la Sentencia N° 288 (Resolución número ocho) interpuesta por la demandada MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., debiendo elevarse los presentes autos al Superior Jerárquico, efectuada que sea la notificación a sus casillas electrónicas. (cid:1) Al escrito de la parte demandante ingresado por CDG con fecha 16-01-17 PRIMERO: El artículo 367° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria señala, que "La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso. Para los fines a que se refiere el artículo 357°, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva, en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por el Letrado Colegiado o en la firma del recurrente, si tiene domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible." (Sic). SEGUNDO: De la revisión del escrito de apelación de sentencia presentado se aprecia que no ha acompañado la tasa por concepto de apelación teniendo en cuenta el monto del petitorio demandado; siendo así, corresponde requerir a la apelante para que cumpla con presentar la tasa por concepto de apelación según el monto del petitorio de conformidad con la Resolución Administrativa N° 001-2016-CE-PJ (vigente al momento de la interposición del recurso); dentro del plazo de cuatro días, a partir de notificada la presente, bajo apercibimiento de rechazar el recurso. • Por lo expuesto, se resuelve: REQUERIR al demandante SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., con la finalidad de que cumpla con la presentación del arancel por concepto de apelación en el plazo de 04 días, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso y declararlo inadmisible. AVOCÁNDOSE a conocimiento la Magistrada que suscribe por Disposición Superior, e interviene la especialista que da cuenta. NOTIFÍQUESE

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA Av.Abancay Cdra. 8– Edificio “Alzamora Valdez”, Piso 17. EXPEDIENTE : 11477– 2015–0-1801-JR-LA-04 DEMANDANTE : ANTICONA AGREGA ROGER Y OTROS DEMANDADO : MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. JUEZ : KETTY NOEMI ESPINOZA HUETE SECRETARIA : BELLA MARUJA SIALER NIETO SENTENCIA N° 288 – 2016 - 4°JETP. RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO: Lima, uno de diciembre del dos mil dieciséis.- VISTOS: En Audiencia Pública de Juzgamiento, oídos los alegatos finales de los señores abogados de las partes. I. ANTECEDENTES: Mediante el escrito de fojas 49 a 66, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., HUARAZ – TRUJILLO en representación de sus afiliados ROGER ANTICONA AGREDA, CARLOS ALBERTO GRAUS REYES y WILDER RONALD HORNA ORIZ, interpone demanda en la Vía del Proceso Ordinario Laboral contra la MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. solicitando como pretensiones lo siguiente: i) Se ordene a la demandada a abonar por concepto de reintegro de utilidades de los años 2009 al 2013 la suma total de S/.588,030.04 los cuales corresponde S/.161,869.26 a favor de Roger Anticona Agreda; S/.249,514.51 a favor de Carlos Alberto Graus Reyes y S/.176,646,27 a favor de Wilder Ronald Horna Ortiz. ii) Se ordene el pago de los intereses legales, costas y costos del proceso. 1.1. SINTESIS DE LA DEMANDA. La teoría del caso que expuso el demandante para sustentar sus pretensiones es la siguiente: - Wilder Ronald Horna Ortiz, inició sus labores el 5 de enero de 2009; Carlos Alberto Graus Reyes, el 5 de mayo de 2009 y Roger Anticona Agreda el 15 de julio de 2009. Los tres tienen vínculo laboral vigente en la actualidad. - El Sindicato y la empresa celebraron el Acta de fecha 29 de octubre de 2008, según el cual se tiene que aplicar el tipo de cambio del dólar a S/.3.00 para realizar el cálculo de los beneficios, incluido las utilidades. 1 - De acuerdo a los estados de cuenta, boletas de pago y liquidación de utilidades, la empresa ha venido depositando un monto menor al que corresponde; pues los montos abonados son mucho menor a los señalados en la boleta de pago y liquidación de utilidades. - La empresa al realizar el balance anual no debe incorporar las depreciaciones para disminuir las ganancias de la empresa, generando gastos inexistentes para que las utilidades se vean reducidas. En ese sentido, no debe aplicarse la depreciación que surge de la Ley Nº 26283 y el Decreto Supremo Nº 120-94-EF para efectos laborales sino únicamente para efectos tributarios, pues ha existido utilidad. 1.2. EMPLAZAMIENTO Y AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Mediante resolución uno, se calificó positivamente la demanda, y se corrió traslado a la demandada, luego se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, sin embargo, las partes no arribaron a un acuerdo conciliatorio por mantener sus posiciones, luego se precisaron las pretensiones que pasan a juzgamiento. Seguidamente se solicitó el escrito de contestación de la demanda, y luego de la calificación, se dio por contestada, quedando registrado en audio y video. 1.3. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE DEMANDA La demandada ha ejercido su derecho de defensa indicando en su contestación que la Compañía pactó a favor de sus trabajadores el pago de una asignación variable por tipo de cambio y no un tipo de cambio preferencial como erróneamente sostiene el Sindicato. Los montos registrados en las boletas de pago de los demandantes coinciden con lo consignado en sus liquidaciones de utilidades, y también guardan relación con las constancias de depósitos. Realizó el cálculo de la participación en las utilidades conforme a lo establecido en las normas tributarias y laborales. Durante el año 2009 se le ha abonado a los demandantes el tope máximo de 18 remuneraciones mensuales establecida por la ley. 1.4. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO En la Audiencia de Juzgamiento oída la exposición oral de las posiciones de las partes, la parte demandante se desistió del proceso respecto de las pretensiones correspondientes a los afiliados Anticona Agreda Roger, Graus Reyes Carlos Alberto del año 2009, por lo que se aprobó el desistimiento formulado, luego, se enunciaron los hechos que no requieren y los que sí requieren actuación probatoria, se admitieron los medios de prueba, se tomó el juramento de ley a los presentes y se actuaron los medios probatorios oralmente, posteriormente se oyeron los alegatos finales de ambas partes, finalmente el juzgado vio por conveniente diferir la expedición del fallo de la sentencia. II. FUNDAMENTOS: CUESTIONES PREVIAS: 2 1. FINALIDAD DEL PROCESO. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente, prescribe que: “El Juez deberá atender que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”. Por su parte, el artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo estipula que “Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo […]”, en ese sentido, teniendo en cuenta que entre los trabajadores afiliados y la empresa demandada existió un contrato de trabajo, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las pretensiones demandadas. 2. HECHOS NO NECESITADOS DE PRUEBA. En la audiencia de juzgamiento, sobre la base de los actos postulatorios y las exposiciones orales, se determinó que los hechos que no necesitan de actuación probatoria son los siguientes: i) Que entre los tres afiliados en cuya representación se demanda y la empresa demandada existe contratos de trabajo; ii) Que la demandada efectuó el pago de utilidades del año 2009 al año 2013; iii) Que el sindicato y la empresa demandada suscribieron un acta de acuerdo con fecha 29 de octubre de 2008; iv) Que el sindicato demandante es único minoritario. 3. HECHOS NECESITADOS DE PRUEBA. Siguiendo el mismo marco, se determinó que los hechos que si requerían de actuación probatoria eran los siguientes: i) Determinar su los acuerdos pactados en el acta suscrita entre el sindicato y la empresa demandada de fecha 29 de diciembre de 2008, son aplicables al concepto de utilidades; ii) Determinar si las cláusulas de dicha acta son aplicables a los tres trabajadores afiliados; iii) Determinar si corresponde ordenar el reintegro de las utilidades de los tres afiliados de los ejercicios de los años 2009 al 2013, teniendo en cuenta el desistimiento formulado por la parte demandante en la audiencia. SOBRE LA PRETENSIÓN DE REINTEGRO DE UTILIDADES 4. DESISTIMIENTO. Previamente a efectuar el análisis sobre el reintegro de utilidades pretendido, cabe indicar que la parte demandante en la audiencia de juzgamiento, se desistió del proceso en el extremo correspondiente al reintegro de utilidades del ejercicio económico del 2009 correspondiente a los afiliados Anticona Agreda Roger y Graus Reyes Carlos Alberto, motivo por el cual, se tuvo por desistido del proceso a la parte accionante de dicho extremo. 5. El artículo 29° de la Constitución Política establece que “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa […]”; prescripción constitucional que es desarrollado actualmente por el Decreto Legislativo N° 892 que regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a participar en las utilidades de las empresas que 3 desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, mediante la distribución por parte de la empresa “de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos”. Porcentaje que es variable de acuerdo al rubro económico de la empresa; es así que para las empresas de Telecomunicaciones, Pesqueras e Industriales el porcentaje de distribución es del 10% y el 8% para las Empresas Mineras, las Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y para los Restaurantes. Para las empresas que realizan otras actividades el porcentaje de distribución es de 5% (artículo 2°). 6. El referido porcentaje se distribuye entre los trabajadores en base a dos criterios. El 50% en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. En este caso, se divide el monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. El otro 50% se distribuye en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. También se divide el monto del porcentaje entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio (artículo 2°). De ese modo, el cálculo de la participación en las utilidades no solo supone conocer el monto de las utilidades antes de impuestos, sino también el número total de días laborados por todos los trabajadores y la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores. 7. Conforme al artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 892, aprobado por Decreto Supremo N° 009-98-TR, “para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades […] se tomará en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 3, salvo ley expresa en contrario” y que “en caso que la empresa desarrolle más de una actividad de las comprendidas en el Artículo 2 de la Ley, se considerará la actividad principal, entendiéndose por ésta a la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio”. 8. En el presente caso, se cuestiona que la empresa demandada haya efectuado la deducción de detracciones. Sobre el particular debe señalarse que la legislación laboral hace referencia a “un porcentaje de la renta anual antes de impuestos”; por tal razón, no corresponde a esta Judicatura por razones de especialidad y competencia entrara a analizar y conocer cuestionamientos en materia tributaria. En criterio similar, en el Acuerdo Nº 08 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999, se acordó que: “los juzgados de trabajo no son competentes para determinar las retenciones a cargo del empleador del impuesto a la renta y de cualquier otro tributo o aportación […]”. Por tal razón, se desestima el argumento relacionado con las detracciones. 9. Existe un segundo argumento del demandante referido a que no se ha aplicado el tipo de cambio preferencial de S/.3.00. Sobre el particular debe señalarse que en el 4 folio 143 obra inserta el Acta de fecha 29 de octubre de 2008 en el que se señala lo siguiente: 1. “Que LA EMPRESA abone a los trabajadores afiliados al Sindicato un beneficio, cuyo monto será el resultado de la diferencia existente entre el tipo de cambio compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el día del cierre de planillas y el tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por cada US$1.00. 2. Este beneficio será aplicable solo a los trabajadores afiliados que a la fecha no hubiesen firmado su convenio individual por tipo de cambio y estará vigente desde el mes de abril de 2008 hasta el 18 de junio de 2010, o hasta la fecha de duración del contrato de trabajo individual de trabajo, lo que ocurra primero, oportunidad en que caducará, y se aplicará durante su vigencia sobre todos los beneficios pagados en efectivo por LA EMPRESA, siendo computable de acuerdo a ley para el pago de la CTS, Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, así como Utilidades Legales. 3. Este beneficio no será otorgado cuando el tipo de cambio compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) el día del cierre de planillas sea igual o superior al tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por cada US$1.00. 10. Como se puede apreciar lo pactado entre la empresa demandada y el Sindicato único de Trabajadores Empleados de la Minera Barrick Misquichilca S.A. – Huaraz, se trata “un beneficio” otorgado por la empresa; esto es, es un concepto adicional a los beneficios legales y convencionales existentes. De ahí que, como sostiene la demandada, no se trate de un tipo de cambio preferencial pactado de S/.3.00 por US$1.00 sino más bien que la diferencia de dicho tipo de cambio con el publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinan el importe del beneficio. Por tanto, no resulta fundado el argumento referido a que no se ha aplicado el tipo de cambio preferencial de S/.3.00 por US$.1.00 para el pago de las utilidades, por lo que el reintegro por dicho extremo es infundado. 11. No obstante, efectuado el estudio del mismo el tercer argumento, referido a que la empresa no habría liquidado las utilidades con los montos que figuran en las boletas, cabe indicar que el mismo, sí resultaría admisible, pues, como se ha señalado las utilidades anuales se distribuyen el 50% en función de las remuneraciones y el otro 50% en función del número total de días laborados. En lo que respecta a lo primero, la demandada en la liquidación de participación de utilidades del año 2009 ha considerado erróneamente el monto total de remuneraciones percibido por el trabajadores demandante, por lo que se efectúa una nueva sumatoria de los montos en dólares percibidos por los tres afiliados, y se verifica que el monto resultante es superior al consignado en las liquidaciones de participación de utilidades, siendo así, debe efectuarse un recalculo de los extremos solicitados. 12. Al respecto, la demandada ha sostenido que resulta imposible amparar reintegro alguno, toda vez que lo que le ha abonado es tope máximo de 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio, señalado en el penúltimo párrafo del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 892. Al respecto debe indicarse que efectuada la revisión de los Anexos 1-H, 1-I y 1-J de la contestación a la demanda contenida en el CD-ROOM se ha determinado que en no todos los periodos ocurre lo señalado, por tal razón, se procede a hacer una nueva liquidación de este 5 beneficio y se aplica el tope máximo de distribución, y de ello resulta que, la demandada adeuda la suma de US$. 526.24 Dólares Americanos más S/.5847.32 Soles; a Roger Anticona Agreda las sumas de US$.969.09 Dólares Americanos a Carlos Alberto Graus Reyes y US$. 969.09 Dólares Americanos más S/.3,740.60 Soles; a Wilder Ronald Horna Ortiz las sumas de US$.445.59 Dólares Americanos más S/.7,079.36 Soles, puesto que las utilidades se pagaron en dólares los años 2009,2010 y 2011 y en soles los años 2012 y 2013; conforme al detalle de los siguientes cuadros. Ingresos Afectos a Utilidades ($) ANTICONA AGREDA ROGER /M Añes o R Be am siu cn a. B No on co t. 5H E 0xrs %t.. 1H E 0xr 0s t %.. B Pro on do . B M coo B ln aMo t C To /n Cv . G Lera gt aif l. R Ct og nro v.. D Me es dc .. AR ft eg cr to o. A Fas mig .. A Vs aig c . R Ve am c . AI fn eg ct. o INT GO R $T E A SL O a ds bp ee olT i pgc l/ eC aúa t g d n a oo INT GO R ST /EA S L O pA LoM b eroo gUnn aa Tt l o d I $L o . D poes r 5 c R tu ate a . n dt eo ene-10 850.00 134.58 39.00 53.16 1,076.74 2.852 3,070.86 59.06 feb-10 850.00 12.00 39.00 46.79 947.79 2.852 2,703.10 59.91 mar-10 680.00 12.00 39.00 51.45 170.00 952.45 2.838 2,703.05 2,905.48 493.77 abr-10 850.00 12.00 171.28 39.00 58.04 1,130.32 2.800 3,164.90 62.00 may-10 850.00 12.00 23.22 231.48 39.00 70.87 28.33 124.31 1,379.21 2.846 3,925.23 90.92 jun-10 870.00 12.00 39.00 55.00 976.00 2.831 2,763.06 75.31 jul-10 870.00 12.00 86.78 39.00 63.21 1,091.03 2,162.02 2.823 6,103.38 77.30 ago-10 870.00 12.00 39.00 65.81 986.81 2.800 2,763.07 74.08 sep-10 870.00 12.00 39.00 68.61 989.61 2.792 2,762.99 73.92 oct-10 290.00 12.00 39.00 88.03 150.00 696.33 1,275.36 2.793 3,562.08 45.12 nov-10 751.84 12.00 39.00 74.49 298.48 1,175.81 2.810 3,304.03 65.72 dic-10 1,025.24 12.00 104.83 39.00 82.14 1,145.47 2,408.68 2.805 6,756.35 20,875.79 3,267.42 ene-11 1,096.67 23.07 44.35 93.67 234.32 39.48 153.48 351.59 2,036.63 2.774 5,649.61 201.20 feb-11 1,096.67 20.22 39.48 96.38 4.00 1,256.75 2.770 3,481.20 113.41 mar-11 1,096.67 18.69 39.48 90.50 1,245.34 2.782 3,464.54 2,315.41 458.99 abr-11 1,096.67 21.36 100.26 100.00 39.48 85.70 1,443.47 2.822 4,073.47 119.34 may-11 1,096.67 18.69 109.94 39.48 115.30 1,380.08 2.756 3,803.50 25.50 jun-11 1,167.95 42.00 14.23 120.69 42.05 122.83 1,509.75 2.756 4,160.87 129.47 jul-11 1,167.95 21.00 100.00 42.04 126.92 1,540.20 2,998.11 2.739 8,211.82 152.93 ago-11 1,167.95 21.00 42.05 120.80 1,351.80 2.732 3,693.12 136.19 sep-11 1,167.95 21.00 12.04 49.44 42.04 103.36 1,395.83 2.778 3,877.62 137.46 oct-11 1,167.95 21.00 10.80 100.00 42.05 137.68 1,479.48 2.721 4,025.67 156.70 nov-11 1,167.95 21.00 19.56 213.93 42.05 158.57 1,623.06 2.707 4,393.62 168.75 dic-11 1,167.95 21.00 261.82 42.05 167.22 1,469.64 3,129.68 2.698 8,443.88 27,773.17 4,791.63 ene-12 1,167.95 100.00 42.05 150.48 1,460.48 2.691 3,930.15 134.78 feb-12 1,167.95 24.00 42.04 147.40 1,381.39 2.680 3,702.13 118.93 mar-12 973.29 24.00 27.15 42.05 218.92 467.18 243.00 1,995.59 2.671 5,330.22 3,556.67 732.49 abr-12 220.20 16.97 113.12 47.56 1,354.42 1,752.28 2.652 4,647.04 159.25 may-12 1,044.44 3.50 139.30 49.04 317.87 1,554.15 2.572 3,997.27 132.50 jun-12 1,399.95 26.39 50.40 1,476.74 2.653 3,917.79 142.44 jul-12 1,411.66 34.21 7.06 145.64 50.82 1,602.24 3,251.63 2.637 8,574.55 156.89 ago-12 1,421.39 34.44 116.44 51.17 1,623.44 2.613 4,242.05 162.18 sep-12 1,428.85 38.42 289.29 51.37 1,807.93 2.603 4,706.04 178.56 oct-12 1,440.68 34.01 116.37 51.87 1,642.93 2.578 4,235.47 196.71 nov-12 1,435.45 30.83 113.72 51.61 1,631.61 2.591 4,227.50 188.81 dic-12 1,448.55 27.30 294.30 52.15 1,665.00 3,487.30 2.564 8,941.44 31,060.00 5,528.43 ene-13 1,309.31 31.34 148.75 117.51 52.37 581.92 166.86 2,408.06 2.553 6,147.78 250.29 feb-13 27.07 51.71 1,557.27 1,636.05 2.586 4,230.83 161.19 mar-13 1,384.07 51.55 54.78 1,490.40 2.594 3,866.10 3,450.88 38.00 abr-13 1,430.69 50.09 58.12 289.95 115.56 51.51 1,995.92 2.596 5,181.40 162.42 may-13 1,404.72 49.17 50.57 1,504.46 2.644 3,977.79 143.38 jun-13 1,338.41 25.23 48.18 1,411.82 2.775 3,917.80 137.08 jul-13 1,340.34 28.87 108.26 48.25 1,470.86 33.83 3,030.41 2.771 8,397.27 160.18 ago-13 1,396.10 53.19 62.83 33.24 1,545.36 2.820 4,357.92 160.04 sep-13 1,435.81 54.70 150.43 64.61 318.79 34.19 2,058.53 2.742 5,644.49 1,206.66 oct-13 1,418.23 43.23 91.35 135.10 63.82 33.77 1,785.50 2.776 4,956.54 200.54 nov-13 1,405.07 37.47 17.98 63.23 33.46 1,557.21 2.802 4,363.30 183.22 dic-13 46.83 37.47 63.23 1,676.67 33.46 1,478.39 3,336.05 2.802 9,347.61 29,183.00 5,640.50 6 Remuneración Promedio para determinar Utilidad Tope y Utilidad Neta Total Ingreso Total Ingreso Determinando Ingreso Anual Mes/Año Afecto a Ut. Afecto a Ut. S/ Afecto a Rta. de 5ta. $ ene-10 1,076.74 3,070.86 feb-10 947.79 2,703.10 mar-10 952.45 2,703.05 . abr-10 1,130.32 3,164.90 may-10 1,379.21 3,925.23 jun-10 976.00 2,763.06 jul-10 2,162.02 6,103.38 ago-10 986.81 2,763.07 sep-10 989.61 2,762.99 oct-10 1,275.36 3,562.08 nov-10 1,175.81 3,304.03 dic-10 2,408.68 6,756.35 Ingreso 108,955.23 Total Remun. 15,460.80 43,582.09 Total Prom. Rem. 1,288.40 3,631.84 (-) 7 UIT 24,850.00 UT. (tope 18 Rem.) 23,191.20 65,373.14 Ing. Afecto 84,105.23 UT. Según Anexo C. 49,696.65 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 23,191.20 65,373.14 Rta. de 5ta. 15% 3,478.68 9,805.97 UT. Neta 2010 19,712.52 55,567.17 ene-11 2,036.63 5,649.61 feb-11 1,256.75 3,481.20 mar-11 1,245.34 3,464.54 abr-11 1,443.47 4,073.47 may-11 1,380.08 3,803.50 jun-11 1,509.75 4,160.87 jul-11 2,998.11 8,211.82 ago-11 1,351.80 3,693.12 sep-11 1,395.83 3,877.62 oct-11 1,479.48 4,025.67 nov-11 1,623.06 4,393.62 dic-11 3,129.68 8,443.88 Ingreso 143,197.28 Total Remun. 20,849.98 57,278.91 Total Prom. Rem. 1,737.50 4,773.24 (-) 7 UIT 25,200.00 UT. (tope 18 Rem.) 31,274.97 85,918.37 Ing. Afecto 117,997.28 UT. Según Anexo C. 54,690.78 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 31,274.97 85,918.37 Rta. de 5ta. 15% 4,691.25 12,887.75 UT. Neta 2011 26,583.72 73,030.61 ene-12 1,460.48 3,930.15 feb-12 1,381.39 3,702.13 mar-12 1,995.59 5,330.22 abr-12 1,752.28 4,647.04 may-12 1,554.15 3,997.27 jun-12 1,476.74 3,917.79 jul-12 3,251.63 8,574.55 ago-12 1,623.44 4,242.05 sep-12 1,807.93 4,706.04 oct-12 1,642.93 4,235.47 nov-12 1,631.61 4,227.50 dic-12 3,487.30 8,941.44 Ingreso 151,129.13 Total Remun. 23,065.47 60,451.65 Total Prom. Rem. 1,922.12 5,037.64 (-) 7 UIT 25,550.00 UT. (tope 18 Rem.) 34,598.20 90,677.48 Ing. Afecto 125,579.13 UT. Según Anexo C. 47,179.57 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 34,598.20 90,677.48 Rta. de 5ta. 15% 5,189.73 13,601.62 UT. Neta 2012 29,408.47 77,075.85 ene-13 2,408.06 6,147.78 7 feb-13 1,636.05 4,230.83 mar-13 1,490.40 3,866.10 abr-13 1,995.92 5,181.40 may-13 1,504.46 3,977.79 jun-13 1,411.82 3,917.80 jul-13 3,030.41 8,397.27 ago-13 1,545.36 4,357.92 sep-13 2,058.53 5,644.49 oct-13 1,785.50 4,956.54 nov-13 1,557.21 4,363.30 dic-13 3,336.05 9,347.61 Ingreso 160,972.05 Total Remun. 23,759.77 64,388.82 Total Prom. Rem. 1,979.98 5,365.74 (-) 7 UIT 25,900.00 UT. (tope 18 Rem.) 35,639.65 96,583.23 Ing. Afecto 135,072.05 UT. Según Anexo C. 85,573.02 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 35,639.65 96,583.23 Rta. de 5ta. 15% 5,345.95 14,487.48 UT. Neta 2013 30,293.70 82,095.75 Observación: Se determina la Renta Neta a fin de verificar si se depósito el monto que corresponde. Se determina la Utilidad Neta deduciendo Renta de Quinta según escala vigente de Impuesto a la Rta de 5ta. De 7 hasta 27UIT 15% Anexo B Determinando Reintegro de UT. Neta deduciendo los Depósitos (según CD-ROM) Ejercicio 2010 Ut. Neta Calculada 19,712.52 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-1764315 437 23/12/10 17,578.00 170-1764315 164 30/03/11 1,841.00 Ut. Neta depósitada 19,419.00 Reintegro Ut. Neta 2010 293.52 Ejercicio 2011 Ut. Neta Calculada 26,583.72 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-1764315 103 21/12/11 23,328.00 170-1764315 101 28/03/12 3,023.00 Ut. Neta depósitada 26,351.00 Reintegro Ut. Neta 2011 232.72 Ejercicio 2012 Ut. Neta Calculada 29,408.47 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-3306827 74 20/12/12 24,331.98 170-3306827 87 25/03/13 2,898.82 Ut. Neta depósitada 27,230.80 Reintegro Ut. Neta 2012 2,177.67 Ejercicio 2013 Ut. Neta Calculada 30,293.70 Depósito en No. Doc. Fecha Depósito $ Cta. 170-3306827 85 20/12/13 23,668.94 170-3306827 95 28/03/14 2,955.10 Ut. Neta depósitada 26,624.05 Reintegro Ut. Neta 2013 3,669.65 8 Observación: Los depósitos del ejercicio 2012 y 2013, fueron efectuados en MN, los mismos que son convertidos a $ según T/C de la fecha de depósito. Determinando Participación de Utilidad Concepto 2010 2011 2012 2013 Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Del total de Remuneraciones 36,605,215 47,864,195 50,532,509 48,513,482 trabajadores Días Laborados 373,641 406,572 388,440 379,070 Del Remuneraciones 15,460.80 20,849.98 23,065.47 23,759.77 demandante Días Laborados 300 304 298.00 303.00 Factor de Remuneración 1.11 0.97 0.76 1.37 Distribución Días Laborados 108.55 113.68 99.26 175.12 Utilidad por Por Remuneración 17,130.98 20,132.89 17,599.45 32,511.46 Distribuir Por Días Laborados 32,565.67 34,557.89 29,580.13 53,061.56 TOTAL UTILIDAD 49,696.65 54,690.78 47,179.57 85,573.02 Tope de Ut. (18 Rem) 23,191.20 31,274.97 34,598.20 35,639.65 Rta de 5ta. 15% 3,478.68 4,691.25 5,189.73 5,345.95 Utilidad Neta 19,712.52 26,583.72 29,408.47 30,293.70 Monto Depósitado ( CD-ROM) 19,419.00 26,351.00 27,230.80 26,624.05 Reintegro de Ut. $ 293.52 232.72 2,177.67 3,669.65 Observación: Se verifica en las DJ de CD-ROM que el rubro de distribución legal de renta difiere del que figura en liquidacíon de participacion de UT. Se liquida con la distribucion legal que señala la DJ. No es posible determinarla por cuanto la DJ esta incompleto (falta deducciones, Adiciones y perdidas de ejercicios anteriores) Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Liquidac. De Part. a Fojas 11 12 30 13 Renta Neta antes de impuestos 81,329,435 91,912,231 82,755,008 50,668,116 Anticona Resumen: $ Reintegro de Utilidad 2010 US$. 293.52 Reintegro de Utilidad 2011 US$. 232.72 Reintegro de Utilidad 2012 US$. 2,177.67 Reintegro de Utilidad 2013 S/.3,669.65 Verificando remuneración afecta a Utilidades (Boletas de pago según CD-ROM) Ingresos Afectos a Utilidades ($) GRAUS REYES CARLOS ALBERTO T/C Monto TOTAL aplicado TOTAL Descuento Mes Abonado Hrs. Hrs. Bono INGRESO según INGRESO por Rta de /Año Sueldo Bono Bono Conv. Gratif. Rtgro. Rtgro. Asig. Asig. Rem. Descanso Ing. por UT. Ext. Ext. MBM $ boleta S/ 5ta. Base Noct. Prod. T/C Legal Conv. Afecto Fam. Vac Vac med. Afecto Legal $ 50% 100% colat de pago ene-10 865.00 39.00 48.00 20.26 972.26 2.852 2,772.89 58.50 feb-10 865.00 12.00 39.00 48.62 20.26 984.88 2.852 2,808.88 60.53 mar-10 865.00 12.00 39.00 70.59 20.26 1,006.85 2.838 2,857.44 2,005.45 abr-10 865.00 12.00 39.00 50.68 20.26 986.94 2.800 2,763.43 65.45 may- 865.00 39.00 51.63 28.83 20.26 10 1,004.72 2.846 2,859.43 63.88 9 jun-10 885.00 39.00 56.39 20.26 1,000.65 2.831 2,832.84 67.36 jul-10 885.00 50.69 39.00 67.96 998.58 20.26 88.50 2,149.99 2.823 6,069.42 87.25 ago-10 885.00 13.18 186.71 39.00 81.75 20.26 1,225.90 2.800 3,432.52 83.18 sep-10 885.00 39.00 70.35 20.26 1,014.61 2.792 2,832.79 81.17 oct-10 885.00 232.48 39.00 91.97 59.43 24.62 1,332.50 2.793 3,721.67 102.93 nov-10 885.00 39.00 64.15 24.47 1,012.62 2.810 2,845.46 94.50 dic-10 885.00 91.24 39.00 72.40 1,117.32 25.85 2,230.81 2.805 6,257.42 20,149.56 3,156.77 26.14 ene-11 925.55 15.88 195.89 234.32 33.32 141.13 300.54 1,872.77 2.774 5,195.06 1,327.98 27.08 370.22 801.48 feb-11 277.66 8.22 33.32 126.09 1,644.07 2.770 4,554.07 248.75 26.96 370.22 336.13 mar-11 647.89 33.32 108.73 1,523.25 2.782 4,237.68 2,234.54 582.53 26.58 abr-11 925.55 96.88 100.00 33.32 104.51 1,286.84 2.822 3,631.46 150.61 may- 11 925.55 33.32 87.69 27.21 1,073.77 2.756 2,959.31 55.73 jun-11 985.71 35.49 90.44 27.21 1,138.85 2.756 3,138.67 66.21 jul-11 985.71 101.31 100.00 35.48 116.58 1,316.96 27.38 2,683.42 2.739 7,349.89 96.66 ago-11 985.71 207.55 35.49 120.58 30.89 1,380.22 2.732 3,770.76 90.87 sep-11 985.71 163.25 35.49 94.72 30.37 1,309.54 2.778 3,637.90 97.12 oct-11 985.71 42.89 154.63 100.00 35.49 135.31 31.01 1,485.04 2.721 4,040.79 127.14 nov-11 985.71 50.84 35.49 116.08 31.17 1,219.29 2.707 3,300.62 108.39 dic-11 985.71 101.87 35.49 125.80 1,318.17 31.28 2,598.32 2.698 7,010.27 25,829.87 4,694.15 ene-12 985.71 204.26 100.00 35.48 152.26 31.36 1,509.07 2.691 4,060.91 108.89 feb-12 985.71 70.76 77.82 35.49 199.45 31.49 1,400.72 2.680 3,753.93 178.91 mar-12 985.71 35.48 125.83 31.59 1,178.61 2.671 3,148.07 3,039.49 555.80 abr-12 985.71 144.15 100.00 35.49 166.10 31.82 1,463.27 2.652 3,880.59 11.84 may- 12 985.71 35.49 177.86 31.58 394.29 1,624.93 2.572 4,179.32 157.40 jun-12 1,044.85 37.61 141.69 35.34 1,259.49 2.653 3,341.43 111.19 jul-12 1,044.85 111.20 100.00 37.61 181.44 1,394.79 35.63 2,905.52 2.637 7,661.86 133.70 ago-12 1,044.85 289.54 37.62 203.20 35.88 1,611.09 2.613 4,209.78 132.83 sep-12 1,044.85 37.61 165.16 36.02 1,283.64 2.603 3,341.31 126.74 oct-12 1,044.85 108.12 100.00 37.61 211.34 36.37 1,538.29 2.578 3,965.71 nov-12 1,044.85 108.10 37.61 188.08 36.18 1,414.82 2.591 3,665.80 138.58 dic-12 313.48 37.61 222.00 1,437.01 36.56 953.98 3,000.64 2.564 7,693.64 27,301.00 4,531.67 ene-13 731.39 100.00 37.61 297.73 36.72 417.94 412.86 2,034.25 2.553 5,193.44 197.61 feb-13 1,044.85 37.61 173.36 36.25 1,292.07 2.586 3,341.29 105.54 mar-13 1,044.85 37.81 285.95 36.14 243.80 1,648.55 2.594 4,276.34 3,033.40 686.43 abr-13 1,044.85 31.41 498.14 100.00 37.52 342.45 36.11 487.60 2,578.08 2.596 6,692.70 224.61 may- 13 1,044.85 37.61 145.86 35.46 1,263.78 2.644 3,341.43 109.12 jun-13 1,044.85 3.33 37.61 88.17 33.78 1,207.74 2.775 3,351.48 105.99 jul-13 1,044.85 40.79 100.00 37.61 101.20 1,494.34 33.83 2,852.62 2.771 7,904.61 128.17 ago-13 1,107.54 12.83 49.84 74.72 33.24 1,278.17 2.820 3,604.44 124.88 sep-13 1,107.54 5.00 9.42 104.47 49.84 141.48 226.42 34.19 1,678.36 2.742 4,602.06 1,156.47 oct-13 738.36 5.00 60.87 125.00 49.84 119.23 33.77 496.22 1,628.29 2.776 4,520.13 174.80 nov-13 479.94 5.00 49.84 89.76 33.46 735.00 1,393.00 2.802 3,903.19 163.40 dic-13 849.11 5.00 49.84 84.11 1,409.59 33.46 128.85 147.67 2,707.63 2.802 7,586.78 28,155.50 5,230.24 Anexo A Remuneración Promedio para determinar Utilidad Tope y Utilidad Neta 10 Total Total Ingreso Ingreso Determinando Ingreso Anual Mes/Año Afecto a Afecto a Afecto a Rta. de 5ta. Ut. $ Ut. S/ ene-10 972.26 2,772.89 feb-10 984.88 2,808.88 mar-10 1,006.85 2,857.44 . abr-10 986.94 2,763.43 may-10 1,004.72 2,859.43 jun-10 1,000.65 2,832.84 jul-10 2,149.99 6,069.42 ago-10 1,225.90 3,432.52 sep-10 1,014.61 2,832.79 oct-10 1,332.50 3,721.67 nov-10 1,012.62 2,845.46 dic-10 2,230.81 6,257.42 Total Remun. 14,922.73 42,054.20 Ingreso Total 105,135.50 Prom. Rem. 1,243.56 3,504.52 (-) 7 UIT 24,850.00 UT. (tope 18 Rem.) 22,384.10 63,081.30 Ing. Afecto 80,285.50 UT. Según Anexo C. 49,100.46 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 22,384.10 63,081.30 Rta. de 5ta. 15% 3,357.61 9,462.19 UT. Neta 2010 19,026.48 53,619.10 ene-11 1,872.77 5,195.06 feb-11 1,644.07 4,554.07 mar-11 1,523.25 4,237.68 abr-11 1,286.84 3,631.46 may-11 1,073.77 2,959.31 jun-11 1,138.85 3,138.67 jul-11 2,683.42 7,349.89 ago-11 1,380.22 3,770.76 sep-11 1,309.54 3,637.90 oct-11 1,485.04 4,040.79 nov-11 1,219.29 3,300.62 dic-11 2,598.32 7,010.27 Total Remun. 19,215.38 52,826.49 Ingreso Total 132,066.23 Prom. Rem. 1,601.28 4,402.21 (-) 7 UIT 25,200.00 UT. (tope 18 Rem.) 28,823.07 79,239.74 Ing. Afecto 106,866.23 UT. Según Anexo C. 53,112.40 30.86 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 28,823.07 79,239.74 Rta. de 5ta. 15% 4,323.46 11,885.96 UT. Neta 2011 24,499.61 67,353.78 ene-12 1,509.07 4,060.91 feb-12 1,400.72 3,753.93 mar-12 1,178.61 3,148.07 abr-12 1,463.27 3,880.59 may-12 1,624.93 4,179.32 jun-12 1,259.49 3,341.43 jul-12 2,905.52 7,661.86 11 ago-12 1,611.09 4,209.78 sep-12 1,283.64 3,341.31 oct-12 1,538.29 3,965.71 nov-12 1,414.82 3,665.80 dic-12 3,000.64 7,693.64 Total Remun. 20,190.09 52,902.34 Ingreso Total 132,255.86 Prom. Rem. 1,682.51 4,408.53 (-) 7 UIT 25,550.00 UT. (tope 18 Rem.) 30,285.14 79,353.52 Ing. Afecto 106,705.86 UT. Según Anexo C. 44,985.60 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 30,285.14 79,353.52 Rta. de 5ta. 15% 4,542.77 11,903.03 UT. Neta 2012 25,742.36 67,450.49 ene-13 2,034.25 5,193.44 feb-13 1,292.07 3,341.29 mar-13 1,648.55 4,276.34 abr-13 2,578.08 6,692.70 may-13 1,263.78 3,341.43 jun-13 1,207.74 3,351.48 jul-13 2,852.62 7,904.61 ago-13 1,278.17 3,604.44 sep-13 1,678.36 4,602.06 oct-13 1,628.29 4,520.13 nov-13 1,393.00 3,903.19 dic-13 2,707.63 7,586.78 Total Remun. 21,562.54 58,317.89 Ingreso Total 145,794.73 Prom. Rem. 1,796.88 4,859.82 (-) 7 UIT 25,900.00 UT. (tope 18 Rem.) 32,343.81 87,476.84 Ing. Afecto 119,894.73 UT. Según Anexo C. 82,566.46 Ut. Afecta a Rta. De 5ta. 32,343.81 87,476.84 Rta. de 5ta. 15% 4,851.57 13,121.53 UT. Neta 2013 27,492.24 74,355.31 Observación: Se determina la Renta Neta a fin de verificar si se depósito el monto que corresponde. Se determina la Utilidad Neta deduciendo Renta de Quinta según escala vigente de Impuesto a la Rta de 5ta. De 7 hasta 27UIT 15% Anexo B Determinando Reintegro de UT. Neta deduciendo los Depósitos (según CD-ROM) Ejercicio 2010 Ut. Neta Calculada 19,026.48 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 23/12/10 17,006.00 2A19117909737141 30/03/11 1,899.00 Ut. Neta depósitada 18,905.00 12 Reintegro Ut. Neta 2010 121.48 Ejercicio 2011 Ut. Neta Calculada 24,499.61 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 21/12/11 21,068.00 2A19117909737141 28/03/12 2,584.00 Ut. Neta depósitada 23,652.00 Reintegro Ut. Neta 2011 847.61 Ejercicio 2012 Ut. Neta Calculada 25,742.36 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 20/12/12 21,409.00 2A19117909737141 25/03/13 2,578.00 Ut. Neta depósitada 23,987.00 Reintegro Ut. Neta 2012 1,755.36 Ejercicio 2013 Ut. Neta Calculada 27,492.24 No. Depósito en Cta. Fecha Depósito $ Doc. 2A19117909737141 20/12/13 22,826.00 2A19117909737141 28/03/14 2,681.00 Ut. Neta depósitada 25,507.00 Reintegro Ut. Neta 2013 1,985.24 Determinando Participación de Utilidad Concepto 2010 2011 2012 2013 Distrib. Legal de Renta según DJ 81,119,130 92,435,998 77,114,792 132,765,967 Remuneracion

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-41-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES JUEZ : BARBOZA LUDEÑA, MAXIMO SAUL ESPECIALISTA : GUERRERO ROLDAN, GLADYS DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO Resolución Número: DOS Lima, 24 de Enero del 2020 Al escrito presentado por la demandada ingresado por CDG el 13.12.2019: Al Principal: Con los documentos que se acompañan, téngase presente el apersonamiento de Lesli Ruiz del Aguila en su calidad de Apoderada; y por señalada la Casilla Electrónica N° 9665. Asimismo, estando a la Suspensión de Ejecución de Sentencia de vista que se solicita; y, ATENDIENDO: Primero.- Mediante Oficio ingresado a CDG la Tercera Sala Laboral de Lima remitió el Oficio N°11477-2015-04°-3°SLL-CSJLI con copias certificadas de la resolución de vista de fecha 26/12/2018 por la cual se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda modificando el monto en US $ 16,435.06 dólares americanos. Segundo.- La parte demandada mediante el escrito que antecede solicita la suspensión de ejecución de sentencia de vista con tal fin adjunta la carta fianza N° 010613605-000 emitida el 06/12/2019 por el Banco Scotiabank por la suma de US $ 19,662.31 dólares americanos, a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones expedidas en el presente proceso, y acreencia en favor de los demandantes. Tercero.- La Ley N° 29497 en su artículo 38° prevé “ La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso.(…)”. Cuarto.- De la revisión de los actuados se advierte que el proceso trata sobre el pago de beneficios colectivos es decir contiene una obligación de dar suma de dinero, siendo que la parte demandada ha cumplido con adjuntar una carta fianza conforme ya se refirió precedentemente, con lo cual estaría garantizado el pago futuro de la acreencia de la demandante, encontrándose además la solicitud dentro del marco de la Ley 29497 artículo 38°, razón por la cual resultaría amparable la solicitud de suspensión de la ejecución hasta que se emita la resolución final por el Superior Jerárquico. Por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: Declarar la SUSPENSION de la ejecución del proceso hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de Casación formulado por la demandada, y sea devuelto el expediente principal a esta judicatura. Al Primer Otrosí: Téngase presente la delegación de representación a favor de los letrados señalados. Al Segundo Otrosí: Téngase presente la autorización que se otorga a favor de las personas indicadas y sólo para efectos administrativos, más no así para lectura del expediente, la que deberá ceñirse a lo dispuesto por el artículo 138° del Código Procesal Civil. La Carta Fianza quedará en custodia y responsabilidad de la Administración del Módulo piso 17.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11477-2015-41-1801-JR-LA-04 MATERIA : PAGO DE UTILIDADES JUEZ : BARBOZA LUDEÑA, MAXIMO SAUL ESPECIALISTA : GUERRERO ROLDAN, GLADYS DEMANDADO : EMPRESA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA DEMANDANTE : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA HUARAZ TRUJILLO Resolución Número: DOS Lima, 24 de Enero del 2020 Al escrito presentado por la demandada ingresado por CDG el 13.12.2019: Al Principal: Con los documentos que se acompañan, téngase presente el apersonamiento de Lesli Ruiz del Aguila en su calidad de Apoderada; y por señalada la Casilla Electrónica N° 9665. Asimismo, estando a la Suspensión de Ejecución de Sentencia de vista que se solicita; y, ATENDIENDO: Primero.- Mediante Oficio ingresado a CDG la Tercera Sala Laboral de Lima remitió el Oficio N°11477-2015-04°-3°SLL-CSJLI con copias certificadas de la resolución de vista de fecha 26/12/2018 por la cual se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda modificando el monto en US $ 16,435.06 dólares americanos. Segundo.- La parte demandada mediante el escrito que antecede solicita la suspensión de ejecución de sentencia de vista con tal fin adjunta la carta fianza N° 010613605-000 emitida el 06/12/2019 por el Banco Scotiabank por la suma de US $ 19,662.31 dólares americanos, a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones expedidas en el presente proceso, y acreencia en favor de los demandantes. Tercero.- La Ley N° 29497 en su artículo 38° prevé “ La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable. El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso.(…)”. Cuarto.- De la revisión de los actuados se advierte que el proceso trata sobre el pago de beneficios colectivos es decir contiene una obligación de dar suma de dinero, siendo que la parte demandada ha cumplido con adjuntar una carta fianza conforme ya se refirió precedentemente, con lo cual estaría garantizado el pago futuro de la acreencia de la demandante, encontrándose además la solicitud dentro del marco de la Ley 29497 artículo 38°, razón por la cual resultaría amparable la solicitud de suspensión de la ejecución hasta que se emita la resolución final por el Superior Jerárquico. Por los fundamentos expuestos SE RESUELVE: Declarar la SUSPENSION de la ejecución del proceso hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de Casación formulado por la demandada, y sea devuelto el expediente principal a esta judicatura. Al Primer Otrosí: Téngase presente la delegación de representación a favor de los letrados señalados. Al Segundo Otrosí: Téngase presente la autorización que se otorga a favor de las personas indicadas y sólo para efectos administrativos, más no así para lectura del expediente, la que deberá ceñirse a lo dispuesto por el artículo 138° del Código Procesal Civil. La Carta Fianza quedará en custodia y responsabilidad de la Administración del Módulo piso 17.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MARTINEZ GARIBAY, DINA MARLENY Fecha: 16/01/2017 12:43:08 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL 17° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11513-2015-0-1801-JR-CA-17 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: PEÑA CHAUCA CLARA NATHALIE DEMANDADO : JEFA DEL SERVICIO TRIBUTARIA DE LIMA SAT Fecha: 16/01/2017 14:58:38 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SALVADOR SAC D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Resolución Nro. 05 Lima, 12 de enero de 2017.- Al escrito de fecha 04/01/2017: Al principal: Por devuelto el expediente de la 7° Fiscalía Provincial Civil de Lima, con dictamen fiscal 1141-2016, con la opinión que se declare fundada en parte la demanda, debiéndose tener presente en cuanto fuere de ley al momento de resolver, de conformidad con el literal e) del artículo 25.2 de la Ley N° 27584. A conocimiento de las partes procesales, señalándose que los de la materia se encuentran en estado de dictar sentencia. Al primer, segundo, tercer, cuarto y quinto otrosí: Téngase presente. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición de la Señora Juez.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Corte Superior de Justicia de Lima Décimo Primer Juzgado Constitucional Poder Judicial Sub Especializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e INDECOPI Expediente : 11569-2019 Especialista : LOPEZ FARFAN, KATHERINE MAYBÉ Demandante : COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA Demandado : SUNAT Y TRIBUNAL FISCAL Materia : PROCESO DE AMPARO RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Lima, 29 de marzo de 2019 DADO CUENTA: En la fecha, Al Oficio N° 11569-2015-0-1801-JR-CI-11: Por RECIBIDOS los autos de la Segunda Sala Civil; y advirtiendo que la Sala confirmó la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y en consecuencia declararon improcedencia de la demanda en aplicación del inciso 4 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional; por lo que, queda vigente los efectos de la Resolución Trece de fecha 04 de junio de 2018 que declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa; en consecuencia, se resuelve: (cid:1) POR RECIBIDOS los autos de Segunda Sala Civil. (cid:1) Remítanse los autos al ARCHIVO DEFINITIVO Notifíquese

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

EXPEDIENTE : 11569-2015 ESPECIALISTA : LOPEZ FARFAN, KATHERINE MAYBE DEMANDANTE : COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA DEMANDADO : SUNAT Y TRIBUNAL FISCAL MATERIA : PROCESO DE AMPARO RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE Lima, 04 de junio de 2018 DADO CUENTA: Al escrito de fecha 13 de noviembre de 2017 y 05 de enero y 06 de abril del presente año presentado por la parte demandante: Téngase por absuelto el traslado conferido mediante Resolución Doce, dentro del plazo de ley según se aprecia de la cédula de notificación y resuélvase conforme corresponda; y ATENDIENDO: 1. Que a tenor de lo dispuesto por el artículo 53º del Código Procesal Constitucional, modificado por la Ley 28946, en los procesos constitucionales, de formularse excepciones, defensas previas o nulidad debe dictarse el auto de saneamiento procesal a fin de dejar expedita la causa para emitir pronunciamiento de fondo; 2. Como es de verse de la revisión de los presentes actuados, a fojas 829 y 789 las demandadas Tribunal Fiscal y Sunat propusieron la excepción de incompetencia, falta de agotamiento de la vía administrativa, oscuridad en la forma de proponer la demanda, las cuales fueron puestas a conocimiento de la parte demandante y siendo absueltas se procede a resolver. 3. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA Fundamentos de la demandada TRIBUNAL FISCAL • La demandante solicita la inaplicación de normas con rango de ley; sin embargo, el tema en discusión no es uno que deba dilucidarse en vía de amparo, desde que se está cuestionando las normas en forma abstracta sin que medie acto sustentado en la aplicación de estas normas, por lo que debe pedirse en un proceso de acción popular. • Tratándose del cuestionamiento de actuaciones administrativas, esta debe efectuarse en la vía igualmente satisfactoria que es el proceso contencioso administrativo, que sí cuenta con actuación probatoria y porque no se requiere la intervención urgente del Juez Constitucional. • La norma que cuestiona el demandante no es autoaplicativa, el recurrente cuestiona normas abstractas. • Al no haberse acreditado acto concreto de afectación de derecho constitucional alguno de la demandante, no es posible acudir a la figura del control difuso sobre todo si ya se advierte pleno reconocimiento de la competencia de los jueces de acción popular. Fundamentos de absolución del demandante Como fundamentos de la absolución que corre a fojas 887, señala: • Señala que se expidió la Resolución Administrativa N° 157-2015-CE-PJ y que con dicha resolución se amplió la competencia al Undécimo Juzgado Constitucional de Lima con Sub especialidad en temas tributarios y aduaneros, por dicha resolución esta judicatura es competente para conocer los procesos constitucionales donde el Tribunal Fiscal y Sunat sean partes procesales. • En ese sentido siendo que el proceso fue iniciado el día 09 de junio de 2015 posterior a dicha resolución y que el amparo tiene por finalidad la tutela por la amenaza de los derechos de la demandante. Fundamentos de la Resolución 4. La excepción es un instituto procesal por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor, con ella cuestiona el aspecto formal del proceso, persiguiendo anular la acción incoada.” Casación 1429-98-Piura, SCSs. P. 16/01/99. 5. Específicamente en la excepción de incompetencia prevista en el artículo 446° inciso 1 del Código Procesal Civil, norma supletoria según el Artículo IX del Código Procesal Constitucional, tiene por finalidad denunciar la falta de aptitud válida del Juez ante quien se ha sido emplazado para ejercer su función jurisdiccional en el caso concreto; dicha incompetencia puede ser por razón de territorio, materia, cuantía, turno y/o grado, tal como está regulado en nuestro ordenamiento procesal civil. 6. Del escrito de demanda, se aprecia que la empresa demandante solicitó como pretensión que se declare la inaplicación de los intereses moratorios que se estarían generando durante la tramitación del procedimiento administrativo iniciado en el año 2000, inclusive por los intereses moratorios devengados durante el proceso de fiscalización iniciado por la Sunat, la etapa de reclamación tramitada ante la Sunat, y la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal. 7. Como fundamentos de hecho señaló que en el año 2000, Sunat inició diversos procesos de fiscalización del Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 1997, 1998, 1999 y enero y febrero 2000 y se emitieron resoluciones de determinación y multa, no estando conforme con fecha 04 y 05 de diciembre de 2001, interpuso reclamación y luego después de casi un año, se declaró infundado el recurso contra las resoluciones, por lo que, interpuso recurso de apelación, que fue resuelta después de dos años por el Tribunal Fiscal mediante RTF 9116-3-2004, declarando nula la Resolución de Intendencia, tomándole 02 años adicionales a Sunat para emitir nuevo pronunciamiento. Indica que en agosto de 2006, interpusieron apelación contra el nuevo pronunciamiento de Sunat, siendo resuelto el 05 de junio de 2009 mediante RTF 543-2-2009, declarándola nula parcialmente la segunda Resolución de Intendencia. Que después de 08 años se debía iniciar una nueva fiscalización del ejercicio 1998 y el mismo año se inicio la fiscalización del ejercicio 1999. Indican que nuevamente cuestionaron las Resoluciones de determinación y multa emitidas luego de la nueva fiscalización. Precisan que presentaron por tercera vez dos recursos de apelación y desde hace cuatro años el Tribunal Fiscal no resuelve, encontrándose inmersos 14 años en estos procedimientos, con intereses moratorios que día a día se han incrementado. 8. Al respecto, se aprecia que el actor se encuentra solicitando la inaplicación de la norma referida a la aplicación del interés moratorio por la tramitación efectuada y la demora en resolver por parte del órgano administrativo; advirtiendo entonces que dicha pretensión sí encuentra sustento fáctico en la diversidad de actos administrativos emitidos por Sunat y Tribunal Fiscal. De manera, que en el presente caso, sí encontramos hechos concretos, que en consideración del demandante, estarían vulnerando sus derechos constitucionales; por lo que, con ello, se desvirtúa el argumento de la parte demandada, cuando afirma que se trata de un pedido en abstracto y, que por ello se tendría que recurrir al proceso de Acción Popular. 9. Asimismo, la demandada, señaló como fundamento de la excepción de incompetencia, que el presente caso no requiere de la intervención urgente del Juez Constitucional, que se necesitan actuar medios probatorios y que no es la vía idónea para la presente demanda, afirmando que la vía idónea es el proceso contencioso administrativo. 10. Sobre ello, es pertinente precisar que la demandante, señala que se habría vulnerado su derecho al plazo razonable por cuanto se encuentra inmersa 14 años en el trámite del procedimiento administrativo, siendo que hasta la fecha el Tribunal Fiscal no resuelve su recurso de apelación, lo que ocasiona que se incrementen día a día los intereses moratorios; de manera, que se advierte que la demandante alega la vulneración a su derecho al plazo razonable y al derecho de propiedad, por lo que conforme lo dispuesto por el superior jerárquico mediante Resolución de Vista 06 de fecha 27 de abril del 2016, emitida por la Segunda Sala Civil, se tendrá que emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto corresponda. Por lo anteriormente expuesto, se declara infundada la excepción de falta de incompetencia, planteada por la demandada Tribunal Fiscal. 11. EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA Fundamentos de la demandada TRIBUNAL FISCAL • Señala que no hay relación entre su petitorio y los fundamentos de la demanda, dado que con la demanda no precisa en su petitorio qué actuaciones habrían generado vulneración alguna, por lo que ha tenido que deducir que se trata de aquellas actuaciones impugnadas oportunamente y que se encuentran controvertidas en el procedimiento Contencioso Tributario. Fundamentos de absolución del demandante • Señala que en su pretensión principal indicó las actuaciones que habrían generado vulneraciones a sus derechos constitucionales protegidos: los intereses moratorios devengados durante el excesivamente y prolongado procedimiento administrativo. • Que a consecuencia de que no se ha culminado hasta la fecha con el trámite del procedimiento administrativo previo, se ha venido generando esta cantidad de intereses moratorios. Fundamentos de la Resolución 12. A decir del Dr. Alberto Hinostroza Mínguez1, considera que: “una demanda será oscura (imprecisa, confusa) cuando luego de exponerse los hechos se indica en el petitorio una o más pretensiones que no tiene vinculación alguna con tales hechos; también lo será al no poderse establecer de su análisis qué es lo que realmente pretende el demandante.” 13. De la lectura del escrito de demanda, se aprecia, que, la demandante solicita la inaplicación de los intereses moratorios, alegando que éstos se vienen generando por la demora en la tramitación del procedimiento administrativo iniciado en el año 2000, por causas imputables a la administración y al Tribunal Fiscal. 14. La parte demandada indicó que la demanda incurre en oscuridad, puesto que no hay relación entre su petitorio y los fundamentos de la demanda y que han tenido que deducir que se trata de actuaciones que se encuentran en controversia en el procedimiento contencioso tributario; sin embargo, del escrito de contestación de demanda; se advierte que, la parte demandada ha identificado que el presente caso está referido a la solicitud de inaplicación de intereses moratorios por la demora en que habría incurrido en resolver el recurso de apelación, alegando inclusive fundamentos en relación al porqué la demora no le sería atribuible, adjuntando jurisprudencia relacionada al presente caso; de modo, que al haber ejercido su derecho de defensa, en relación a los hechos expuestos por la parte demandante, la deducción efectuada por la demandada, ha desvirtuado la excepción de oscuridad alegada. Por consiguiente, no corresponde estimar la excepción de oscuridad en el modo de proponer la demanda. 15. EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Fundamentos de la demandada Sunat y Tribunal Fiscal Las demandadas, sustentan la indicada excepción bajo los siguientes argumentos: • Que la deuda tributaria, cuyo incumplimiento de pago genera los intereses moratorios materia del presente proceso, viene siendo discutida en la vía administrativa, no existiendo hasta la fecha de la demanda algún procedimiento de cobranza coactiva respecto a dichos intereses moratorios. 1 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, (Lima: 1998), “Las Excepciones en el Proceso Civil”, Segunda edición, Editora San Marcos, pág. 225. • Los intereses moratorios no son exigibles coactivamente, pues aún no ha sido determinada en instancia definitiva la deuda principal de donde provendría y que el demandante ya ha iniciado el procedimiento contencioso tributario, no es posible efectuar actos materiales de ejecución para el cobro de los intereses moratorios. • El demandante no se encuentra incurso en las causales de excepción de falta de agotamiento de la vía previa previstas en el artículo 46° del Código Procesal Constitucional, pues que el demandante refiere que el agotamiento de la vía previa podría volver irreparable su derecho, no acredita la fehaciencia de dicha posibilidad • Que la demandante, tiene expedito su derecho para interponer recurso de queja. Fundamentos de la demandante • La demandante absuelve la excepción bajo los siguientes argumentos: • Señala que el que aún no resuelva el Tribunal Fiscal no significa que no haya una afectación, pues se encuentran inmersos más de 15 años en un procedimiento administrativo que aún no culmina y sigue generando intereses moratorios que de ser el caso se resuelva de manera desfavorable, conllevaría que la administración tributaria se encuentre legitimada para embargar sus cuentas o cualquiera de sus bienes y hacerse cobro de la cantidad ingente de intereses generados únicamente atribuibles a ellos. • Existe la inminente posibilidad que el Tribunal Fiscal confirme la posición de la Sunat y pretenda cobrarles todos los intereses moratorios generados desde el 07 de noviembre de 2001 hasta la fecha efectiva de pago. • Indica que le es de aplicación el inciso 4 del artículo 46° del Código Procesal Constitucional, y que de acuerdo al artículo 155° del Código Tributario, la queja es un mecanismo facultativo, que no se puede obligar a Milpo que tenga que realizarla. • Indica que hasta la fecha no cuentan con una resolución firme que pueda impugnar. Que de existir duda en el agotamiento de la vía se deberá dar trámite a la demanda de amparo. Fundamentos de la resolución 16. “La excepción es un instituto procesal por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor, con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción incoada.” Casación 1429-98-Piura, SCSs. P. 16/01/99. El agotamiento de la vía previa se encuentra previsto en el artículo 45° del Código Procesal Constitucional, el cual establece: “el amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo”. Asimismo, el artículo 46° del referido código, establece supuestos de excepción del agotamiento de la vía previa. 17. En el caso que nos ocupa, la demandante pretende que se inapliquen los intereses moratorios que se estarían generando por la demora en resolver por parte de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, alegando a lo largo de su demanda, que se vulnera el derecho a su propiedad de manera cierta e inminente por cuanto, según indica, resulta latente el cobro de los excesivos intereses moratorios generados a la fecha. Así pues, se advierte, que la parte demandante invoca en todo momento la irreparabilidad a sus derechos por la amenaza de cobrarse los intereses moratorios, lo cual se procederá a analizar a continuación. 18. Sobre el particular, para la procedencia del proceso de amparo por invocación de amenaza a sus derechos constitucionales2 se tendrá que acudir a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en torno a la característica de la amenaza que se debe tener presente en todo proceso de amparo, así tenemos lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 00094-2013-PA/TC: “(…). Así, en la STC N. º 0091-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, esta ‘debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio 2 “Artículo 2: Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo (…) proceden cuando se amenace (…) los derechos constitucionales por acto y misión (…). Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización (…)” ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto (…)’. Así conforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se trata de invocar una amenaza cualquiera, sino que esta tendrá que ser cierta y de inminente realización. 19. Que previa y brevemente, es menester precisar que en sede administrativa, específicamente, en el procedimiento contencioso tributario, regulado por el Código Tributario en su artículo 124° se establecen dos etapas; una de reclamación ante la Administración Tributaria; y, otra, etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal, siendo ésta última la que precisamente, a la fecha, en el caso concreto, se encuentra pendiente de resolver. 20. Así pues, en el presente caso, se advierte que a la fecha no se concluye el procedimiento contencioso tributario, pues se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, de modo que en este momento, sin la emisión de la RTF por el Tribunal Fiscal, no es posible determinar la existencia de deuda tributaria; en consecuencia, no es posible afirmar que existe la inminente amenaza del cobro de los intereses moratorios, ya que dicho cobro dependerá de lo que se resuelva por el Tribunal Fiscal, pues, si se resuelve, revocando la Resolución de Intendencia apelada, lógicamente no existirá deuda tributaria y por ende tampoco la exigibilidad de intereses moratorios; y, si por el contrario, el Tribunal Fiscal, confirma tal resolución administrativa, se tendrá ciertamente la existencia de la deuda tributaria y consiguientemente la aplicación de los intereses moratorios como parte de la deuda tributaria. 21. Afirmar sin sustento alguno, para el presente caso, una amenaza respecto del cobro de intereses moratorios, resulta prematuro, pues deviene en una afirmación sin fundamento alguno, sobre la base de una sospecha por parte de la recurrente y que de pronunciarse de fondo, por parte de esta judicatura solo se traduciría en efectuar un análisis en torno a un asunto incierto, lo cual no es correcto, pues como se indicó anteriormente, a la fecha no se resuelve el recurso de apelación y en esta demanda de amparo no es posible ni viable analizar, en qué sentido resolverá el Tribunal Fiscal el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa, pues ello corresponde resolver solo por dicho órgano resolutor; por lo que, este pronunciamiento pendiente en sede administrativa constituye un requisito sin el cual no corresponde pasar a efectuar un análisis sobre si corresponde o no la inaplicación de los intereses moratorios, que conforme se expuso anteriormente, a su vez requiere del alto grado de objetividad, para determinar previamente la vulneración al plazo razonable. 22. Asimismo, no se advierte fundamentación del riesgo de irreparabilidad, en relación al patrimonio que pueda ostentar la demandada, máxime si se advierte que desde que la demanda ha sido interpuesta hasta la fecha, no se evidencian hechos que supongan la irreparabilidad alegada 23. Sin perjuicio, de lo expuesto anteriormente, dado que la demandante alega que le es de aplicación el inciso 4 del artículo 46° del Código Procesal Constitucional, y que de acuerdo al artículo 155° del Código Tributario, la queja es un mecanismo facultativo y que por tanto, no se podría obligar a Milpo que tenga que realizarla, se procederá a emitir pronunciamiento al respecto. 24. El inciso 4 del artículo 46° del Código Procesal Constitucional, establece: “No será exigible el agotamiento de las vías previas si: (…) 4. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución” 25. Sobre el particular, cabe precisar una vez más, que si bien la demandante alega vulneración a su plazo razonable y si bien desde las fechas indicadas por la demandante, se aprecia que a la fecha aún continúa pendiente de emitir pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal; no obstante, a través de la presente demanda de amparo, no pretende que el juzgado ordene que el Tribunal Fiscal emita pronunciamiento de inmediato del fondo del asunto, pues lo que la recurrente cuestiona en este proceso de amparo, es el monto de los intereses moratorios, que se calcularía por el plazo en exceso que habría demorado la administración tributaria y el Tribunal Fiscal; de modo, que la causal del artículo 46° del Código Procesal Constitucional alegada por la demandante, no resulta procedente para el análisis de la excepción de la vía administrativa en el presente caso en concreto. 26. De otro lado, en relación a la facultad de interponer queja en la vía administrativa, la recurrente alega que no le es exigible ni obligatorio agotar la vía previa mediante la interposición de la queja3 para cuestionar la demora en resolver por parte de las autoridades administrativas; sin embargo, dado que precisamente la parte demandante lo que cuestiona aquí es la demora en resolver por parte de las demandadas y que ello le acarrearía el incremento de intereses moratorios, el alegato de la demandante resulta de cierta manera inconsistente con el pedido en vía judicial, de modo que para su caso si resultaría necesaria la interposición del recurso de queja, por cuanto además, refleja el interés para obrar que se manifestaría tanto en sede administrativa como judicial. Por lo anteriormente expuesto, se declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, planteada por la demandada Tribunal Fiscal. 27. Conforme lo resuelto anteriormente, y en atención a los fundamentos expuestos, se declara improcedente la demanda, en aplicación del inciso 4 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Por tanto, se resuelve: •••• Declarar INFUNDADA la excepción de INCOMPETENCIA planteada por la demandada Tribunal Fiscal •••• Declarar INFUNDADA la excepción de OSCURIDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA •••• Declarar FUNDADA la excepción de FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA PREVIA, en consecuencia, improcedente la demanda, en aplicación del inciso 4 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Notifíquese.- 3 Código Tributario, artículo 92.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS. Los administrados tienen derecho, entre otros a: h) Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente Código.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEXTA SALA LABORAL S.S. TAVARA MARTINEZ NUE BOBBIO CUNYAS ZAMORA Expediente N.º : 11616-2015-0-1801-JR-LA-59 Demandante : Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud - Essalud Demandado : SERVIR y Otro Materia : Nulidad de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN N° 20 Lima, veintisiete de abril Del año dos mil veintidós.- VISTOS: En Audiencia Pública; e interviniendo como ponente la Señora Juez Superior Távara Martínez. I. ASUNTO: Viene en grado de apelación la Sentencia contenida en la Resolución Nº 14 del 19/03/2021, obrante de fojas 565 a 573 vuelta, que declaró INFUNDADA LA DEMANDA; de fojas 117 a 127, subsanada de fojas 133 y 134, presentada por RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD contra el TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL Órgano Integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y litis consorte NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ. Sin costas y costos. Una vez declarada consentida y/o firme la presente sentencia, archívese definitivamente el expediente en el Archivo Central. II. AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL DEMANDANTE El demandante, el demandante mediante escrito de fojas 582 a 584, expone los siguientes agravios 1. El Juzgado no ha tenido en cuenta la carga probatoria fáctica y jurídica de la demanda, precisa que el trabajador incurrió en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 5.1 y los literales b) y h) del numeral 5.2 del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – Essalud, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 296-PE- ESSADNUD-2012, al haber solicitado dinero a la esposa del denunciante, aprovechándose de su cargo como médico del hermano de ésta. Haber intentado convencer a la esposa del denunciante de ser atendida en su consultorio particular y 1 no en Essalud. Haberle prescrito recetas médicas al cuñado del denunciante sin que lo haya atendido físicamente. 2. No se ha tenido en cuenta que el Litisconsorte Nelson Alfredo Guevara Vélez en su descargo del 23/12/2013, no desvirtúo los cargos que se le imputan, tampoco adjuntó pruebas pre constituidas que demuestren y/o refuten que no cometió los hechos que constituyeron a determinar la falta grave. 3. No se ha tenido en cuenta que el Litisconsorte Nelson Alfredo Guevara Vélez en su descargo refirió que la esposa del denunciante fue quien le prestó dinero, lo que evidenciaba que este dinero había sido obtenido valiéndose de su posición de médico del cuñado del denunciante, lo cual a todas luces era ilegal y antiético, quedando demostrado que él fue quien direccionó a la esposa del denunciante fuera del hospital, para que se atienda en su consultorio particular y no en Essalud. 4. El SERVIR no ha tenido en cuenta que el Litisconsorte Nelson Alfredo Guevara Vélez, solicitó y recibió dinero de la cónyuge del señor Martin Wakefield, es decir, de la señora Milagros Wakefield, quien es hermana del paciente Enrique Yizcarra Reynoso, a quien atiende en el Hospital Guillermo Almenara por presentar trastorno mental orgánico esquizofreniforme, así como haber influenciado en ella, indicándole que se encuentra con problemas emocionales sin ser esta su paciente, enviándole los correos electrónicos, habiendo el Tribunal del Servir, omitido valorar en conjunto el escrito de queja del 31/12/2012, presentado por Martin Wakefield, esposo de la Señora Milagros Wakefield. 5. No se ha tenido en cuenta la solicitud de dinero a familiar de paciente, probanza de las diversas solicitudes de dinero a familiar de paciente, se confirma la sugerencia de tomar tratamiento médico a familiar de paciente, se confirma nuevamente el tratamiento médico a familiar de paciente y se comprueba que dispensó medicinas a familiar de paciente sin estar presente éste. 6. No se ha tenido en cuenta los depósitos de dinero efectuados por la señora Milagros Wakefield a favor del Litisconsorte Nelson Alfredo Guevara Vélez a través de la Empresa Money Gram, envíos que han sido reconocidos al manifestar que fueron devueltos, situación ésta que no ha sido valorado por el SERVIR. 7. No se ha tenido en cuenta el retiro de dinero que efectuó el Litisconsorte Nelson Alfredo Guevara Vélez en su cuenta bancaria por la suma de US$ 4,940.84, conforme al Boucher a cargo del banco Scotiabank del 02/07/2012. III. FUNDAMENTOS: PRIMERO: De conformidad con el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, “las resoluciones que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa”, ello en concordancia, con la Ley N° 27584 y su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, el cual regía, en un inicio, 2 hasta la entrada en vigor de su nuevo Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS (vigente desde mayo del 2019), donde, en su artículo 1°, señala: “La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.” Así también, su Cuarta Disposición Complementaria Final, dispone: “El Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la presente Ley”. SEGUNDO: En ese contexto, en virtud al artículo 364° del Código Procesal Civil, se establece que: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.” Del mismo modo, el principio Tantum Apellatum Quantum Devolutum1, implica, según su traducción brocárdico, “el alcance de la impugnación de la resolución recurrida, determinará los poderes del órgano Ad-quem para resolver de forma congruente la materia u objeto del recurso”, es decir, el superior jerárquico debe de circunscribirse a los agravios aducidos por las partes en su recurso impugnatorio, estando impedido de pronunciarse en hechos no invocados, así se ha dispuesto en el artículo 370° del Código Adjetivo citado, que indica: “El Juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa. Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación. TERCERO: Del estudio de autos se aprecia que el accionante mediante su escrito de demanda corriente a fojas 117 a 127 subsanada a fojas 133, solicita como Pretensión Principal la nulidad total de la Resolución N° 00175-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 12/02/2015, que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por don NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, y dispone que la RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD, cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del art. 10 del Decreto Legislativo 1057 en favor del mismo. Como consecuencia de la Nulidad del acto resolutivo se restituya la vigencia del contenido de la Carta Notarial N° 005-G-RAA-ESSALUD-2014 DE FECHA 21/04/2014, que impone a don Nelson Alfredo Guevara Velez, la medida disciplinaria de despido. 1 Solé Jaime (1998): “Revista Peruana de Derecho Procesal - Recurso de Apelación”, pág. 561, Lima – Perú. 3 CUARTO: Que, en el caso de autos se verifica de los actuados administrativos que se inicia éste proceso con la denuncia del señor Martin Wakefield cuñado del paciente a quien trataba el médico Psiquiatra NELSON ALFREDO GUEVARA, en el Hospital Guillermo Almenara, quien se encontraba laborando bajo el régimen especial de contratación Administrativa de Servicios CAS D.L.1057, siendo éste denunciado por la comisión de la falta prevista en los literales b) y s) del art. 7 de la Directiva N° 001-GCGP-OGA- ESSALUD-2012, Directiva sobre sanciones disciplinarias al personal del Régimen CAS aprobada por Resolución de Gerencia Central N° 1045-GCGP-OGA-ESSALUD-2012,y la contravención a los literales a) b) c) d) y e) del numeral 5.1 y los literales b) y h) del numeral 5.2 del Código de ética del personal de la entidad por haber: 1. Solicitado dinero a la esposa del denunciante aprovechándose de su cargo como médico del hermano. 2. Haber intentado convencer a la esposa del denunciante de ser atendida en su consultorio particular y no en ESSALUD. 3. Haberle prescrito recetas médicas al cuñado del denunciante sin que lo haya atendido físicamente. Razón por la cual a través de la Carta Notarial 005-G-RAA-ESSALUD-2014, de fecha 21 de abril del 2014, la entidad impuso al médico Psiquiatra señor NELSON ALFREDO GUEVARA la sanción disciplinaria de despido; que ante ello apela dicho acto administrativo ante la instancia del SERVIR con fecha 14 de mayo del 2014, negando la falta imputada, y señalando que se ha vulnerado el principio de inmediatez, y su derecho de defensa. Siendo que con fecha 12 de febrero del 2015, se emite la Resolución N° 00175-2015-SERVIR-/TSC-Primera Sala, donde se declara FUNDADO el recurso de apelación y revoca la Carta Notarial N° 005-G-RAA-ESSALUD- 2014, Y ORDENA a la RED ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del art. 10 del Decreto legislativo 1057, en favor del señor NELSON ALFREDO GUEVARA. No estando conforme con lo resuelto por el SERVIR el hoy demandante RED ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, interpone la demanda contenciosa administrativa la misma que es materia de pronunciamiento. QUINTO: Que, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, señala que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos; lo cual es corroborado por el artículo 33º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (aplicable por temporalidad), que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, establece que la “Carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.” (Texto según el artículo único del Decreto Legislativo Nº 1067). Asimismo, el artículo 197 de la misma norma, establece que todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 4 apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. SEXTO: Que, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, en lo sucesivo el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten2. SÉTIMO: Respecto al PRIMER y QUINTO AGRAVIO expuesto por el demandante, relacionado a la carga probatoria de la demanda, resulta genérica, advirtiéndose además que el A Quo sí tomo en cuenta la documentación obrante en la demanda, siendo objetivo al resaltar el hecho que la queja interpuesta por el señor Martin Wakefield del 25/01/2013 de fojas 115/116, no tenía los medios probatorios que acrediten los hechos expuestos, tanto más, si conforme a la Declaración Jurada de María Teresa Reynoso de Vizcarra de fojas 64, se aprecia que dicha persona es la madre del paciente Enrique Vizcarra Reynoso, quien es la que se hace cargo y quien lo lleva al hospital y tramita las citas en las veces que su hijo se ha puesto agresivo o se niega a acudir a sus consultas por su enfermedad psiquiátrica, razón por la cual, es ella quien le ha solicitado al Dr. Nelsón Alfredo Guevara Vélez, la atienda previa cita y que le emita la receta y así continuar con el cuidado de su hijo de 47 años de edad, declara además que su hija Milagros Wakefield, no tiene ninguna participación en este caso y mucho menos su ex esposo Martin Wakefield; y que el ningún momento el médico tratante, le solicitó dinero a ella o a su familia para internar al paciente en una casa reposo, negando que el Litisconsorte Nelson Guevara, vea como psiquiatra particular al resto de su familia. Asimismo, precisa que su hija Milagros Wakefield reside en Inglaterra y se encuentra separada del señor Martin Wakefield, quien acusa al médico Nelson Guevara que se le había pagado por las consultas médicas de su hijo Enrique Vizcarra Reynoso en el Hospital Almenara, lo cual es falso. Asimismo, se advierte de autos administrativos que la relación médico paciente viene desde el año 2008, habiéndose creado una relación amistosa con la señora Milagros Wakefield hija de la señora María Teresa Reynoso de Vizcarra quien es la encargada del paciente su hijo Enrique Vizcarra Reynoso, razón por la cual, según los antecedentes se aprecia que el dinero que le fue entregado por la hija Milagros Wakefield que se encontraba en Inglaterra, fue un pedido de favor que realizó a Milagros Wakefield a fin que dicho dinero sea entregado a su vez a doña 2 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, numeral 1.2. Principio del debido procedimiento. 5 Deunicia Evangelista Corcina como parte del pago del departamento de la Señora Milagros Wakefield o Milagros Vizcarra Evangelista, tal y conforme así se aprecia del documento de fojas 61 y 62, los mismos que no han sido cuestionados en sede administrativa y que han servido para declarar infundada la demanda. OCTAVO: Ahora bien, no existe medio probatorio en autos, donde se verifique que el Litisconsorte Nelson Guevara en su calidad de médico, haya tratado de convencer a la señora Milagros Wakefield de ser atendida en su consultorio particular y no en Essalud, o haberle prescrito recetas médicas al paciente Enrique Vizcarra Reynoso sin que lo haya atendido físicamente, sino como bien lo explica la madre y encargada del paciente doña María Teresa Reynoso de Vizcarra, que debido al estado agresivo de su hijo el paciente y al negarse acudir a las consultas, es ella quien ha solicitado al mencionado profesional médico, la atienda previa cita y que emita la receta y así continuar con el cuidado de su hijo, lo cual no constituye una conducta laboral inadecuada o que la entidad en su conjunto se haya perjudicado moral y/o económicamente en el proceso o procedimientos administrativos que tengan que ver con la función, la dignidad de las personas y la ética, pues no existe medio probatorio alguno del perjuicio o contravención que se haya realizado en contra de la institución, por lo que, los hechos relacionados al préstamo son actos privados y ajenos que no se han podido probar que estén relacionados con la función del médico tratante en sus acciones u omisiones inherentes a su cargo, pues no se detallan estos hechos en la queja de parte, sino han sido meras conjeturas sin prueba alguna, razón por la cual este agravio expuesto por la demandante no puede ser amparado. NOVENO: Respecto al SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO y SETIMO AGRAVIO expuesto, se advierte de autos que el descargo presentado por el Litisconsorte Nelson Guevara del 23/12/2013 de fojas 51 a 100, si logró esclarecer y desvirtuar la queja sin pruebas interpuesta en su contra y por ello el SERVIR declaró fundado el recurso de apelación contra la Carta Notarial Nº 005-G-RAA-ESSALUD-2014 del 21/04/2014, en razón a que la señora Milagros Wakefield nunca fue paciente de la entidad, por lo que, en principio no habría ningún conflicto de intereses que impida que el Litisconsorte Nelson Guevara, haya recibido el dinero en préstamo, lo cual en el fondo constituye que nadie puede ser sancionado por hechos ajenos y que no están tipificados de manera expresa en la ley - principio de tipicidad, siendo que estos hechos no contravienen la moral o las buenas costumbres, por lo que, el hecho que el médico pertenezca al sector público como servidor CAS, no significa que estén restringidos sus derechos a su libre desarrollo, libertad y toma de decisiones para desenvolverse en el ámbito social y fomentar amistades; además de lo expuesto, le corresponde al órgano sancionador de la entidad, no solo demostrar la falta grave jurídicamente establecida en la ley al caso concreto, sino también acreditar la vinculación objetiva de la supuesta inconducta funcional y el perjuicio que se haya realizado 6 al Estado, lo cual no ha ocurrido; no siendo de responsabilidad del litisconsorte Nelson Guevara, acreditar su inocencia en el procedimiento administrativo, de acuerdo a la constitución se le debe considerar inocente hasta que no se pruebe lo contrario, deviniendo en inamparable este agravio, razones por las cuales, la venida en grado debe ser confirmada. Por los argumentos precedentemente establecidos y en mérito a las prerrogativas conferidas por ley, este Colegiado superior. RESUELVE: CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución Nº 14 del 19/03/2021, obrante de fojas 565 a 573 vuelta, que declaró INFUNDADA LA DEMANDA: en los seguidos por la RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD con el SERVIR y OTRO sobre ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA; y los devolvieron al Juzgado de origen. NOTIFICÁNDOSE. - ________________________ ______________________ TÁVARA MARTINEZ NUE BOBBIO _______________________ CUNYAS ZAMORA TM/epr 7

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

VIGESIMO TERCER JUZGADO LABORAL PERMANENTE DE LIMA EXPEDIENTE : 11616-2015-0-1801-JR-LA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA : VELA TINTA, MARCO ANTONIO DEMANDADO : SERVIR y OTRO DEMANDANTE : ESSALUD JUEZ : BARTRA ZAVALA, ARTHUR SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE. - Lima, diecinueve de marzo de de dos mil veintiuno. - I.- VISTOS: Resulta de autos que por escrito de fojas 117 a 127, subsanado de fojas 133 a 134, RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD interpone demanda Contenciosa Administrativa, en vía de proceso contencioso administrativo, contra el TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL Órgano Integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, en su calidad de litisconsorte, para que se declare la nulidad total de la Resolución N° 00175-2015-SERVIR/TSC- Primera Sala, de fecha 12 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal del Servicio Civil – SERVIR que resuelve declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ y dispone que la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud – ESSALUD, cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1057 a favor del litisconsorte. Una vez amparado el petitorio de nulidad peticionada, se restituya la vigencia del contenido de la CARTA NOTARIAL N° 005-G-RAA-ESSALUD-2014, de fecha 21 de abril de 2014 que impone a NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, la medida disciplinaria de despido. Trámite: Mediante Resolución N ° DOS, de fecha 12 de agosto de 2015, que obra de fojas 135 a 136, se admitió la demanda para tramitarse en vía de proceso contencioso administrativo, corriéndose el traslado correspondiente. Por escrito de fojas 144 a 156, el Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, se apersona al proceso y contesta la demanda, contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando que sea declarada improcedente o infundada la demanda por los fundamentos que expone. Mediante escrito de fojas 235 a 247, el litis consorte, se apersona al proceso y contesta la demanda, negándola en todos sus extremos, solicitando que sea declarada infundada en todos sus extremos por los fundamentos que expone. Se declaró saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios probatorios, se prescindió de la audiencia de pruebas y se dispuso que se remitan los autos al Ministerio Público a efecto de que se emita el dictamen fiscal, el mismo que obra de fojas 102 a 106, por lo que, tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, corresponde al estado del proceso dictar sentencia. II.- PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: Carga de la prueba.- Conforme al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008- JUS, salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad, la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. SEGUNDO: Puntos controvertidos.- Conforme a lo señalado en el Auto de Saneamiento, de fojas 261 a 263, constituyen puntos controvertidos en el presente proceso: 1. Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución N° 00175- 2015-SERVOR/TSC-Primera Sala, de fecha 12 de febrero de 2015, expedida por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), que resuelve declarar fundado el recurso de apelación presentado por don NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ y dispone que la RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, cumpla con el último párrafo del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1057 en favor del mismo. 2. Determinar si corresponde restituir la vigencia del contenido de la Carta Notarial N° 005-G-RAA-ESSALUD-2014 de fecha 21 de abril de 2014, que impone a don NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, la medida disciplinaria de despido. TERCERO: Sobre la finalidad del proceso contencioso administrativo.- El proceso contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 01 3-2008-JUS, en su artículo 1 estipula: “La acción contenciosa administrativa, prevista en el artículo 148º de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (…)”. Al respecto, la doctrina nacional, señala: “El proceso contencioso administrativo se ofrece como el instrumento que permite el control interorgánico que ejerce el Poder Judicial sobre la administración a fin de garantizar el respeto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos fundamentales”. 3.1 Sobre la nulidad del acto administrativo.- De la interpretación sistemática de los artículos 10, 14 y 201 de la Ley N° 27444, la nulidad de un acto administrativo (por cierto, de naturaleza distinta a un acto jurídico civil) constituye una sanción jurídica aplicable específicamente a cierto tipo de actos, aquejados por vicios de ilegalidad graves y en los que el ordenamiento dispone su no conservación, optando por el contrario, por su eliminación del escenario jurídico. Los vicios transcendentes (en tanto que los no transcendentes, convalidables o subsanables, en virtud del principio de conservación, deben ser corregidos o enmendados) que motivan la nulidad del acto administrativo se encuentran regulados en el artículo 10 de la Ley acotada, al respecto entre otros, se tiene: “…Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14…”. 3.2 Pretensiones impugnables a través del proceso contencioso administrativo.- De conformidad con lo previsto por el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013- 2008-JUS: “En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. 3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. 4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores”. CUARTO: Sobre el caso concreto.- Conforme se aprecia de los términos del escrito de demanda, una de las pretensiones de la parte accionante se encuentra dirigida a obtener la declaración de nulidad de la Resolución N° 00175-2015-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 12 de febrero de 2015, y la restitución de la vigencia del contenido de la Carta Notarial N° 005-G-RAA- ESSALUD-2014, de fecha 21 de abril de 2014, que impone a NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, la medida disciplinaria de despido. QUINTO: Del régimen disciplinario aplicable.- De la revisión de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que el procedimiento administrativo disciplinario gira en torno al litis consorte Nelson Alfredo Guevara Vélez, pues en la fecha en que ocurrieron los hechos se encontraba prestando servicios para la demandante bajo las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, motivo por el cual son aplicables al presente caso, además de las disposiciones establecidas en dicha norma y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; las normas previstas en laDirectiva N° 001-GCGP-OGA-ESSALUD-2012, Directiva sobre Sanciones Disciplinarias al Personal bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, aprobado por Resolución de Gerencia Central N° 1045- GCGP-OGA-ESSALUD-2012 y Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 296-PE-ESSALUID-2012, así como, cualquier otra disposición en la cual se establezca funciones y obligaciones para el personal de la Entidad. De la observancia del debido procedimiento administrativo, el derecho de defensa y la motivación de actos administrativos. 5.1 El numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos principios “(…) no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. (…)”1. 5.1.1 En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que “(…) el derecho reconocido en la referida disposición “(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (...)”2. 5.1.2 Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, en lo sucesivo el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten3. 5.1.3 En el caso particular de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”4. Así, el Tribunal Constitucional ha expresado que: “los poderes públicos, en general, tienen un deber especial de protección 1Fundamento 2º de la Sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA. 2 Fundamento 3º de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC. 3Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, numeral 1.2. Principio del debido procedimiento. 4RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220. de los derechos fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinada a la protección de derechos fundamentales de la persona frente a actos del propio Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección de derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. [Exp. N° 5637-2006- PA/TC FJ 11]5. 5.1.4 Entonces, se colige que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su potestad sancionadora disciplinaria, están obligadas a respetar el debido procedimiento administrativo y las garantías que de él se desprenden, de lo contrario el acto administrativo emitido soslayando tal derecho carecería de validez. 5.1.5 Bajo esta premisa, tenemos que una garantía del debido procedimiento es el derecho defensa, reconocido como tal en el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política. Este, proscribe que un ciudadano quede en estado o situación de indefensión frente al Estado en cualquier clase de proceso en el que se esté ejerciendo la potestad sancionadora; garantizando así, entre otras cosas, “que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa”6. 5 Fundamento 11 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5637-2006-PA/TC. 6 Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5514-2005-PA/TC. 5.1.6 En esa línea, el Tribunal Constitucional precisa que, en el ámbito administrativo sancionador, el derecho en mención obliga a que al momento de iniciarse un procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, para cuyo efecto la información debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa7. 5.1.7 Cabe agregar que, para el Tribunal Constitucional, el estado de indefensión no solo será evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso o procedimiento y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover8. 5.1.8 Por su parte, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274449 establece que el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, según el cual, “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 5.1.9 Al respecto, se debe precisar que, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio de autonomía de la voluntad10, en aplicación del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo que la ley noprohíbe, las entidades que integran la Administración Pública, solo puede hacer lo que la ley expresamente les permita. 7 Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC 8 Fundamento 32 de la sentencia emitida en el expediente Nº 0156-2012-PHC/TC. 9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 10 Constitución Política del Perú de 1993 “Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona. 5.1.10 En relación con el mencionado principio, Morón Urbina precisa que este se desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles: “(…) la legalidad formal, que exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento de los fines que el legislador estableció, en la forma tal que la actividad administrativa es una actividad funcional”11. 5.1.11 En ese sentido, al momento de emitir un acto administrativo, las autoridades administrativas deben actuar conforme al marco legal vigente, teniendo en cuenta que sus declaraciones producen efectos jurídicos respecto del interés, obligación o derecho de un administrado, tal como se encuentra previsto en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N. 2744412. 5.1.12 En tal sentido, es posible afirmar que las entidades públicas, al emitir un acto administrativo, deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y siguiendo los procedimientos previamente establecidos para la consecución de tal fin, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y, por ende, el debido procedimiento administrativo. 5.1.13 Por otro lado, debe precisarse que según lo señalado en el numeral 4) del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744413, el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5.1.14 En este mismo sentido, el artículo 6 de la referida norma14 señala que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 11 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. P.64. 12 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo 1º. -Concepto de acto administrativo. 13 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo. hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 5.1.15 En esta línea, acerca del derecho a la motivación de las decisiones de la administración, el Tribunal Constitucional 15 señala, en términos exactos, lo siguiente: “Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”. 15 Sentencia recaída en el Expediente Nº 0091-2005-PA/TC. Fundamento Noveno. 5.1.16 En virtud a lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la debida motivación de las decisiones de la administración radica en la existencia de congruencia entre lo pedido por el administrado y lo resuelto por la administración y, en una suficiente justificación de la decisión adoptada. Asimismo, se debe entender que existe una obligación de las entidades públicas de respetar los principios constitucionalmente reconocidos, dentro de los cuales se encuentra el derecho de defensa y el debido procedimiento; de lo contrario, el acto administrativo emitido soslayando tales derechos carecería de validez. SEXTO: Sobre la carga de la prueba en los procedimientos administrativos disciplinarios.- 6.1 El artículo 173 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 establece, en primer lugar, que la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio previsto en la mencionada disposición legal; asimismo, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 6.2 Por su parte, en el procedimiento administrativo se encuentra guiado, entre otros elementos, por la oficialidad de la carga de la prueba, la misma que guarda relación con el principio de verdad material, que exige a la autoridad a agotar los medios existentes para llegar a establecer la realidad de los hechos materia de un procedimiento administrativo disciplinario. 6.3 Del mismo modo, debe tenerse presente que los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente; según los cuales, la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión acorde a la realidad. 6.4 Sobre ello, debemos recordar que el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política Vigente, reconoce al principio de presunción de inocencia como un medio para garantizar la libertad y la seguridad de la persona, y que prescribe el derecho a ser considerado inocente hasta que se determine judicialmente su culpabilidad. Si bien este principio nace como una prescripción que vincula a los hechos atribuibles en el marco de los procesos judiciales, resulta necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha precisado que: “(…) el derecho fundamental a la presunción de inocencia […], se proyecta también, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida”16. 6.5 En esa línea, cabe resaltar lo que el Tribunal Constitucional ha señalado con relación al principio de presunción de inocencia: “(…) el principio de presunción de inocencia se despliega transversalmente sobre todas las garantías que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser condenado o declarado responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables sobre la culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, de este modo, termina convirtiéndose en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable”17. 6.6 Evidentemente, los principios de impulso de oficio y verdad material constituyen medios de satisfacción del principio de presunción de inocencia, 16 Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 05104-2008- PA/TC. 17 Fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 05104-2008- PA/TC. pues solo en la medida en que la Entidad haya comprobado objetivamente que el servidor cometió la falta que le fue atribuida, se le podrá considerar culpable y corresponderá la sanción del caso. Por ello, es obligación de la Entidad agotar todos los medios posibles para determinar su culpabilidad en resguardo de la función pública, estando proscrito imponer sanciones sobre parámetros subjetivos o supuestos no probados. 6.7 Esta forma en la que debe operar la administración pública guarda vinculación con el principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los poderes públicos cometer actos carentes de objetividad y razonabilidad que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó que “Al reconocerse en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, loincongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”18. 6.8 Agrega el referido Tribunal que: “(…) el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo –como en el caso de autos–, o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Como ya lo ha precisado este Tribunal en contaste jurisprudencia, el derecho al 18 Fundamento 12 de la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 03167-2010-PA/TC. debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquieren los derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones”19. 6.9 Es por ello que, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios, la Administración Pública debe velar porque se respeten los diversos derechos de los servidores sujetos a investigación, tal y como es el principio de presunción de inocencia, lo que obliga a que todo hecho atribuido como falta deba ser comprobado objetivamente en el procedimiento, de lo contrario se constituiría una afectación al principio de interdicción de arbitrariedad. 6.10 Por lo tanto, en un procedimiento administrativo disciplinario, en virtud a los principios de impulso de oficio y de verdad material, la carga de la prueba le corresponde a la Administración Pública, con la finalidad de demostrar la veracidad de las imputaciones realizadas con un administrado y la responsabilidad administrativa derivada del hecho infractor, lo cual se logre demostrar, además de los medios probatorios recabados en el procedimiento administrativo, con la adecuada motivación que realice la Entidad con la finalidad de acreditar los hechos. SÉTIMO: Análisis del caso en concreto.- La demandante en el numeral 3.7.1 de los fundamentos de hecho de su escrito de demanda refiere, el Tribunal del Servicio Civil al momento de efectuar el análisis del recurso de apelación presentado por el impugnante que si bien es cierto consigna lo que en él figura, también lo es que no ha tenido en consideración que la inconducta laboral en la que incurrido Nelson Alfredo Guevara Velez colisionó con lo previsto en el Código de Ética del Personal de Essalud, dado que solicitó y recibió sumas de dinero de la cónyuge del señor Martin Wakefield, es decir de la señora Milagros Wakefield, quien hermana del paciente Enrique Vizcarra Reynoso;al respeto, 19 Fundamentos 24 y 25 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 0090- 2004-AA/TC. de la queja interpuesta por el señor Martín Wakefield, obrante a fojas 272, se aprecia que éste noha adjuntado medio probatorio alguno que acredite las afirmaciones que imputa, pues de acuerdo al reparto del onus probandi, quien acusa le corresponde probar los hechos constitutivos de la infracción y al inculpado incumbe la prueba de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes; en otras palabras, corresponde probar cada hecho a quien lo invoca en su beneficio. De ese modo al órgano disciplinario no solo le corresponderá probar la autoría y elementos de la infracción administrativa, sino también la prueba de la culpabilidad. Es decir, a la administración no solo le incumbe la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito administrativo, como de la participación del investigado; a este le incumbe probar los hechos impeditivos o extintivos (inimputabilidad, prescripción, error invencible, fuerza mayor, entre otros). No obstante ello, el señor Guevara Vélez ha demostrado con documento idóneo que el monto de dinero a que se hace referencia fue producto de un envió de dinero a través de su cuenta bancaria para ser entregado a la madre de la remitente de dinero, por el grado de amistad que tenían,dinero que fue enviado para el pago de departamento comprado por la misma, según se aprecia del recibo obrante a fojas 278, y la diferencia de dinero fue producto de préstamos, por lo tantose encuentra probado que el señor Guevara Velez, no solicitó a la señora Milagros Wakefield monto de dinero aprovechándose de su cargo como médico, sino fue producto de la amistad que les unía y que tuvo un fin, (pago departamento) tanto más que la misma no es paciente de Essalud, en todo caso, sería la propia señora Milagros Wakefield la que hubiese denunciado dichas irregularidades lo que no ha ocurrido en el caso de autos, por lo que, correspondía a la administración realizar una investigación profunda sobre los hechos denunciados, a fin de buscar la verdad sobre los hechos denunciados. 7.2 En el numeral 3.7.4 de los fundamentos de hecho de su escrito de demanda la accionante refiere, el Tribunal del Servicio Civil, no ha valorado el hecho en su conjunto, relacionado con el escrito de fecha 31 de diciembre de 2012, en la que el señor Martin Wakefield, esposo de la señora Milagros Wakefield presenta queja contra el señor Guevara Vélez, aduciendo: el referido individuo ha tomado ventaja de su esposa mientras ella estaba vulnerable (su cónyuge Milagros Wakefield) pretendiendo poner a su cuñado en una casa de reposo y con falsas

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

23° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11616-2015-0-1801-JR-LA-59 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : ROMERO MENDEZ, ELSA ZAMIRA ESPECIALISTA : CARHUAZ CALDERON GHEANNYNA LISSETTY LITIS CONSORTE : GUEVARA VELEZ, NELSON ALFREDO DEMANDADO : TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL , DEMANDANTE : RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD , RAZÓN SEÑORA MAGISTRADA: Que, habiendo asumido la función de Especialista Legal con fecha 04 de marzo del 2019, en el Despacho que usted preside, comunico que he recibido de la presente secretaría con una carga de más 1600 escritos pendientes a la fecha, el mismo que se da cuenta con arreglo a ley. - Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.- Resolución Nro. 09 Lima, 11 de abril del 2019.- AUTOS Y VISTOS: A los escritos N° 15920-2019 y N° 94087- 2018: Presentados por el litisconsorte necesario NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, a lo que expone: Dándose por bien notificado con la contestación de la demanda del Tribunal del Servicio Civil y Solicitando la emisión del saneamiento y, prosiguiendo con el estado de la causa y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil1 y el inciso 1 del artículo 50º del Código Procesal Civil, es obligación del Magistrado ejercer la dirección de los procesos de su competencia, impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa, aplicar la norma jurídica pertinente así no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, así como resolver con celeridad, procurando que el desarrollo del proceso ocurra en el menor número de actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran, con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso, atendiendo además a las finalidades concreta y abstracta del proceso; 1 Artículo IX.- Principios de Vinculación y de Formalidad.- Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este Código son imperativas. Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada. 1 SEGUNDO: En este sentido, siendo el estado de la causa, y considerando que la controversia a dilucidarse es una de puro derecho, el que involucra derechos indisponibles del Estado sobre el que las partes no pueden conciliar, no resultando factible propiciarse el mismo; que las pruebas ofrecidas por las partes son de naturaleza documental los que no requieren de actuación en audiencia; que de otro lado, en cuanto a la fijación de puntos controvertidos y la calificación de los medios probatorios pueden ser dilucidados mediante una resolución en el saneamiento procesal, debe prescindirse de la Audiencia Única, procediéndose a resolver el saneamiento del proceso. TERCERO: De conformidad con el artículo 25º de la Ley Nº 27584, modificada por Ley Nº 28531 y Decreto Legislativo Nº 1067, por el que se establecen las reglas del procedimiento especial aplicable al presente caso; no existiendo excepciones ni defensas previas en el presente proceso, debe declararse saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes; en consecuencia por precluída esta etapa; CUARTO: Asimismo debe fijarse como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar si procede la NULIDAD de la Resolución N° 00175-2015- SERVIR/TSC-PRIMERA SALA de fecha 12 de febrero de 2015 expedida por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) , que resuelve declarar fundado el recurso de apelación presentado por don NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ y dispone que la RED ASISTENCIAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD, cumpla con el último párrafo del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1057 en favor del mismo.- b) Determinar si corresponde restituir la vigencia del contenido de la carta notarial N° 005-G-RAA-ESSALUD-2014 de fecha 21 de abril del 2014 que impone a don NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ, la medida disciplinaria de despido.- QUINTO: Asimismo se procede a calificar el Ofrecimiento de Pruebas de las partes: ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDANTE.- Siendo que las pruebas ofrecidas por esta parte, son DOCUMENTOS (ANEXOS 1-A a 1. F) y no habiendo sido objeto de articulación alguna por la demandada: Téngase presente su mérito en cuanto fuere de ley al momento de sentenciar; ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDADA TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL: Siendo que las pruebas ofrecidas por esta parte, es el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO que ofrecida por la parte demandante con 95 folios y obran a fojas 10 a 107.- ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL LITISCONSORTE NECESARIO NELSON ALFREDO GUEVARA VELEZ: Siendo que las pruebas ofrecidas por 2 esta parte, es el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO que ofrecida por la parte demandante con 95 folios y obran a fojas 10 a 107.- SEXTO: Asimismo, téngase presente los cambios que se han venido efectuando, a razón de la entrada en vigencia de la Ley N° 30914, que modifica la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo en lo que respecta a la intervención del Ministerio Público y a la vía procedimental, puesto que ya no será necesaria la emisión de dictamen fiscal previo para la emisión de la sentencia; Por todas estas consideraciones y a las normas glosadas se resuelve: 1. PRESCÍNDASE de señalar fecha para la Audiencia. 2. DECLARAR SANEADO EL PROCESO y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes; fijándose como puntos controvertidos los mismos especificados en el cuarto considerando de la presente resolución. 3. ADMÍTASE todos los medios probatorios ofrecidos por las partes.- 4. PRESCINDIRSE DE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS AL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL RESPECTIVO DICTAMEN FISCAL ordenada por resolución que antecede, por lo ya expuesto en el considerando sexto.-Avocándose al conocimiento de la presente causa la Magistrada Titular que suscribe por el término de su promoción e interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por disposición superior.- 3

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 11620-2015 MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO ASIST. DE JUEZ : ELIZABETH CANDELA TORRES DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEMANDADO : INDECOPI EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO SULLANA EXPRESS SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE Lima, veintidós de setiembre de dos mil veinte.- VISTOS: Con las copias certificadas del expediente administrativo en cuaderno aparte; del estudio de autos resulta que con escrito del treinta de octubre de dos mil quince, de folios cuarenta y uno al cuarenta y siete, el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES interpone demanda contencioso administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y la EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS S.A.C, a fin de que se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 0405-2015/SDC-INDECOPI, del veintiuno de julio del dos mil quince, en la parte que modifica la Resolución 0594/CEB-INDECOPI, en el pág. 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS extremo que declara, de manera genérica, barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados, contenida en el numeral 4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), precisando que la carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada se verifica únicamente respecto de las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y la Unión del Departamento de Piura; precisando que la inaplicación ordenada alcanza sólo a dichas ciudades. Por Resolución número uno, del doce de noviembre del dos mil quince, de folios cuarenta y ocho, se admite la demanda a trámite, en la vía del proceso especial; conferido traslado, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y la EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS contestan con escritos del veinticinco de enero y dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, de folios cincuenta y tres y ochenta y tres, respectivamente. Mediante Resolución número cuatro, del tres de agosto del dos mil dieciséis, de folios ciento cincuenta y dos, se declara saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes apersonadas, se prescinde de la audiencia de pruebas; y se ordena la remisión de los actuados al pág. 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Ministerio Público para el dictamen fiscal, el cual obra a folios ciento cincuenta y seis, siendo el estado del proceso el de dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: La acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y que causen estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. SEGUNDO: La entidad actora pretende se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 0405-2015/SDC-INDECOPI, del veintiuno de julio del dos mil quince, en la parte que modifica la Resolución 0594/CEB-INDECOPI, en el extremo que declara, de manera genérica, barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados, contenida en el numeral 4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), precisando que la carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada se verifica únicamente respecto de las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y la Unión del Departamento de Piura; precisando que la inaplicación ordenada alcanza sólo a dichas ciudades. pág. 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS TERCERO: Sustenta la demanda manifestando: • De la revisión de la legislación peruana (artículo 13 del Decreto Legislativo N.° 329; artículos 62, 63, 64 y 65 del Decreto Supremo N.° 05-95-MTC; artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Decreto Supremo N° 040-2001-MTC; y, artículos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 y 158 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC), referida al transporte terrestre de personas se aprecia que el Estado ha regulado la obligatoriedad del uso de terminales terrestres por las empresas concesionarias y posteriormente por las empresas de transporte de pasajeros, y que se ha establecido como un servicio complementario al servicio de transporte, como parte integral del servicio de transporte terrestre de personas. • Las normas acotadas tienen como finalidad primordial garantizar la seguridad vial en el país; la satisfacción de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y a la comunidad en su conjunto; así como busca promover la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y operación de terminales de transporte terrestres de pasajeros o mercancías. • La exigencia, de que los transportistas autorizados para prestar el servicio de transporte de personas de ámbito nacional y regional están obligados a acreditar ser titulares o tener suscritos contratos para usar y usufructuar terminales terrestres habilitados en origen y destino, es de obligatorio cumplimiento para las empresas de pág. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS transporte que soliciten nuevas autorizaciones, a partir del 01 de julio de 2009, fecha en que entró en vigencia el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2009-MTC. • La exigencia de acreditar ser titulares o tener suscritos contratos para usar y usufructuar terminales terrestres, en origen y destino para las empresas de transporte que actualmente se encuentran autorizadas para la prestación de servicios de transporte, pudo ser cumplida hasta el 31 de diciembre de 2009; plazo en el cual se debió regularizar la situación de los terminales terrestres que vienen utilizando y que no cuentan con habilitación técnica. Asimismo, mencionado Reglamento Nacional de Administración de Transportes establece de manera clara los requisitos que se debe cumplir para el establecimiento de un terminal terrestre, promoviendo la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y operación de terminales de transporte terrestre de pasajeros o mercancías; siempre que se respeten las condiciones legales, técnicas y operacionales establecidas. • Respecto al numeral 2) del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, se debe tener presente lo resuelto mediante Resolución Nº 0168-2010/CEB-INDECOPI, del 21 de julio de 2010, en la cual la Comisión declaró, entre otros aspectos, que la exigencia cuestionada por la empresa denunciante, contenida en el numeral 2) del artículo 33 del mencionado reglamento, no constituía barrera burocrática ilegal pág. 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS y/o carente de razonabilidad. Por lo que, al existir un pronunciamiento que ha adquirido la calidad de cosa decidida sobre la exigencia cuestionada en el numeral 2) del artículo 33 del referido reglamento, no resulta competente para pronunciarse sobre lo dispuesto en el citado numeral, quedando como vía única, acudir al Poder Judicial. • El artículo 33.2 del RNAT ha establecido como requisito para prestar el servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que permita el uso de terminales terrestres habilitados en el origen y destino de cada una de sus rutas y terminales y estaciones de ruta en las escalas comerciales. • El MTC se encuentra facultado a regular los requisitos técnicos de idoneidad para la prestación del servicio de transporte, dentro de los cuales se encuentra previsto expresamente la infraestructura de la empresa prestadora del servicio, tales como los terminales terrestres, y se entiende que el MTC cuenta con facultades legales para regular las disposiciones referidas a lo implementación de este tipo de infraestructura de transporte terrestre y demás disposiciones relacionadas. • Con anterioridad a la vigencia del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, ya existía la obligación de contar con terminales y estaciones de ruta debidamente autorizados en cada uno de los extremos de ruta y escalas comerciales, como requisito para prestar el servicio de transporte de personas de pág. 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS ámbito nacional, por lo que la exigencia contenida en la presente demanda, no constituiría una modificación de las condiciones establecidas en la normativa anterior. CUARTO: El INDECOPI aduce: • En el procedimiento administrativo no se discutió el carácter legal de la exigencia en cuestión. • El Ministerio no acreditó la existencia de un problema en las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión, tampoco evaluó los costos en los pudiera incurrir el consumidor ni los costos que incurrirían los agentes del mercado al construir terminales terrestres o estaciones de ruta en caso no estuvieran en la posibilidad de alquilar esta infraestructura, así como la existencia de otras opciones que fueran menos gravosas frente a la adopción de la medida propuesta. • Con relación a las alegaciones del Ministerio respecto a su competencia para el dictado de la exigencia cuestionada por la empresa Sullana Express y al carácter legal de la misma, no es materia de discusión, toda vez que los párrafos 11 y siguientes de la Resolución Nº 405-2015/SDC-INDECOPI, la Sala, coincidiendo con lo manifestado por la Comisión, ratificó la competencia del Ministerio para imponer esta medida; siendo que la misma estaba contemplada en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2004-MTC, por lo que no se contravenía lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N.º 27181. En el párrafo 11de dicho pág. 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS pronunciamiento, la segunda instancia administrativa concluyó que esta medida era legal, por lo que, en aplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, correspondía analizar la razonabilidad de la misma. • La Sala consultó el sitio web de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, carga y mercancías-SUTRAN, verificando que en las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión (Piura) no existía un terminal terrestre habilitado; por lo que, las alegaciones de Sullana Express sí constituían indicios de la carencia de razonabilidad de la exigencia denunciada, debiendo analizarse en consecuencia si el Ministerio presentó medios probatorios destinados a acreditar la existencia de un interés público a tutelar, la proporcionalidad de esta exigencia y el carácter de opción menos gravosa de la misma. • La Sala precisó que, si bien era un hecho notorio que el uso de terminales terrestres y/o estaciones de ruta reducía o aligeraba la congestión vehicular, sólo constituía un interés público protegido en aquellos casos en los que se evidenciara o acreditara la existencia de un problema de congestión vehicular. Sin embargo, ni en el procedimiento administrativo, ni tampoco en la demanda materia de este proceso, el Ministerio ha presentado información que acreditara que los problemas de congestión vehicular se presentan en todas las zonas del interior del país, en especial en las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión (Piura) pág. 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS en las cuales Sullana Express estaba interesada en prestar sus servicios. • Respecto a la proporcionalidad de la exigencia, la Resolución Nº 405-2015/SDC-INDECOPI indica que el Ministerio no evaluó diversos factores que pudieron haber servido para determinar si es que correspondía o no exigir a Sullana Express el cumplimiento de las exigencias cuestionadas, para realizar sus actividades en las localidades mencionadas; entre ellos, el tamaño de las empresas, las rutas que operaban, la existencia de terminales y/o estaciones de ruta, la inversión, los costos en los que tendrían que incurrir las empresas de transporte para implementar esta exigencia y el impacto de la misma en su competitividad y posterior permanencia en el mercado. • La evaluación de estos factores no significa que el Ministerio desconociera su obligación de proteger la seguridad de los pasajeros, conforme al artículo 3 de la Ley N.º 27181; por el contrario, la entidad demandante debió tener en cuenta que la exigencia de estos requisitos podría haber generado la salida de empresas formales del mercado y la aparición de transportistas informales que no las cumpliera; con los perjuicios que esta situación pudiera generar para la integridad de los usuarios del servicio de transporte terrestre de pasajeros. • La Sala indicó que las empresas interesadas en operar en localidades del interior del país en las cuales no existiera este tipo de infraestructura o no estuviera autorizada, como era el caso de pág. 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión, estarían en la obligación de construir esta infraestructura, trasladando los costos a sus pasajeros a través del incremento del precio de los pasajes o incluso podrían llegar al extremo de no prestar sus servicios en estas localidades. Siendo los consumidores los principales perjudicados porque carecerían de opciones para poder trasladarse de una localidad a otra. • Con relación al carácter de opción menos gravosa de esta medida, si bien el Reglamento actual regula en el inciso 38, relativo a los paraderos de ruta, no se dispone expresamente que sean una alternativa para cumplir con la exigencia realizada por el Ministerio y que fue cuestionada en el procedimiento administrativo; lo cual demuestra que no cumplió con su obligación de haber evaluado otras opciones ni tampoco expresó las razones por las cuales las mismas debían ser desechadas. QUINTO: Sullana Express aduce: • No es posible acceder al mercado si se aplica el Reglamento Nacional de Administración de transporte aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC por cuanto establece en su artículo 33° como requisito para prestar el servicio de transporte público de personas, acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que permita el uso de terminales terrestres habilitados en el origen y destino de cada uno de las rutas. pág. 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS • Debe tenerse en cuenta que no en todas las ciudades del país existen terminales terrestres habilitados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. • El artículo 33° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC obstaculiza ilegal e irracionalmente la prestación del servicio público de transporte, en las ciudades de Sechura, la arena, Catacaos y la Unión ubicadas en el Departamento de Piura; también afecta al público porque no se prestaría el servicio de transporte. • Se vulnera el derecho a la libre iniciativa privada reconocido por la Constitución Política y en los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757. • La construcción de un terminal terrestre resultaría sumamente oneroso, lo que afecta la competitividad y permanencia en el mercado de nuestra empresa. • La transferencia de funciones a favor de una nueva entidad para regular las actividades de transporte de personas, carga y mercancías, no faculta a MTC la exigencia de contar con terminales terrestre habilitados para la prestar el servicio de transporte. SEXTO: Consta en el expediente administrativo que: • Con escrito del dieciocho de setiembre de dos mil catorce, de folios dos, la empresa de Transportes y Turismo Sullana Express S.A.C formula denuncia contra el Ministerio de Transportes y pág. 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Comunicaciones ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas por la imposición de presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. • Por Resolución número 0597-2014/STCEB-INDECOPI, del veinticuatro de setiembre del dos mil catorce, de folios veinte, la Secretaría Técnica de la Comisión la admite a trámite por la presunta imposición de barreras burocráticas y/o carentes de razonabilidad, consistente en la exigencia de acreditar la titularidad o tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en el origen y en el destino de cada una de las rutas, así como estaciones de rutas en las escalas comerciales, dispuesta en el numeral 4) del artículo 33° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. • La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi con Resolución N° 0594-2014/INDECOPI del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, de fojas sesenta y siete, resuelve: “PRIMERO: desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. SEGUNDO: Declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia desacreditar ser titular o tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en el origen y el destino de cada una de sus rutas, así como de rutas en las escalas comerciales dispuesta en el numeral 4) del artículo 33 Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y en consecuencia, pág. 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS fundada la denuncia interpuesta por Empresa de Transportes y Servicios de Sullana Express S.A.C contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. TERCERO: Disponer la inaplicación a Empresa de Transportes y Turismo Sullana Express S.A.C. de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, así como de los actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996.(…).” • Interpuesto recurso de apelación1el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI mediante Resolución N° 0405-2015/SDC-INDECOPI, del veintiuno de julio del dos mil quince, decide: “PRIMERO: Modificar la Resolución N° 0594- 2014/INDECOPI del 19 de diciembre de 2014, en el extremo que declaró de manera genérica, barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados, contenida en el numeral 4 del artículo 33 del Decreto Supremo 617-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, precisando que la carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada se verifica únicamente respecto de las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión (departamento de Piura). SEGUNDO: modificar la Resolución N° 0594-2014/INDECOPI del 19 de diciembre de 2014, en el extremo que dispuso, de manera genérica, la inaplicación de la exigencia declarada barrera 1A fojas 88 del Expediente Administrativo. pág. 13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS burocrática carente de razonabilidad a favor de la Empresa de Transportes y Turismo Sullana Express S.A.C., precisando que la inaplicación ordenada alcanza únicamente a las ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión (departamento de Piura), respecto de las que se ha verificado la carencia de razonabilidad de la referida medida.. (…)” (El subrayado es nuestro) SÉTIMO: El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, aplicable sin la última modificatoria (El Decreto Legislativo N° 1212) señala: “La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo”(El subrayado es nuestro); el artículo 2° de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Actividad Privada decía: “Constituyen barreras burocráticas los actos y pág. 14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado”; y el artículo 3 que modifica el segundo párrafo del artículo 48° de la Ley 27444: “Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (…) Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. (…). Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado,(*) el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley.” (El subrayado es nuestro). pág. 15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la STC Nº 00014-2009-PI/TC, interpreta: “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve tal antinomia en virtud del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se observa, la situación generada se resuelve a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la Constitución. (…)29. Por último, contrariamente a lo argumentado por el demandante, este pág. 16 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Tribunal no encuentra en la normativa cuestionada que se confiera a la CEB -o al INDECOPI en general- facultad para expulsar del ordenamiento jurídico una normativa de rango legal o infra legal. La norma claramente expone que se otorga la facultad de “inaplicar” al caso en concreto una normativa que contravenga la Constitución. Y en caso la CEB actúe de oficio, podrá interponer demanda de acción popular a fin de solicitar que la normativa de rango infralegal sea expulsada del ordenamiento jurídico, o en caso la barrera burocrática esté contenida en una norma de rango de ley, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, que como ya se expresó en la STC 023-2008-PI/TC, podrá -si lo estima pertinente- interponer una demanda de inconstitucionalidad.” OCTAVO: Del marco normativo antes citado y jurisprudencia en la que el Supremo intérprete de la Constitución lo analiza, se establece que se asigna competencia al INDECOPI para determinar si un acto o disposición de la Administración Pública en general - no limitándose a una exigencia, requisito, prohibición o cobro - constituye una barrera burocrática ilegal o irracional, estando facultada, en forma exclusiva, a ordenar su inaplicación al caso concreto. Lo que no significa que en reemplazo del Poder Judicial o Tribunal Constitucional se atribuya, la potestad exclusiva de aquellas, de expulsar la norma del ordenamiento jurídico; puesto que para ello corresponde se plantee o una acción popular o de inconstitucionalidad. pág. 17 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS NOVENO: Con relación a si la Resolución Nº 0168-2010/CEB-INDECOPI constituye un pronunciamiento previo con calidad de cosa decidida sobre la legalidad y razonabilidad del numeral 33.2) del artículo 33 del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC: La Resolución Nº 0168-2010/CEB-INDECOPI2, del 21 de julio de 2010, se origina por denuncias impuestas por los agentes económicos Turismo Expreso Latinoamericano E.I.R.L., Turismo Erick El Rojo S.A., Empresa de Transportes Turismo Tres Estrellas S.A.C., Empresa de Transportes Andia S.A.C., Empresa de Transporte Warivilca S.A. y Empresa de Transportes Expreso Trasandino S.A. la misma que declara que no constituye barrera burocrática la exigencia el numeral 32.2 del artículo 33 del Decreto Supremo N.º 017-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo Nº 017- 2009-MTC; no contiene un pronunciamiento con calidad de cosa decidida que influya en el presente proceso debido a que: (i) la empresa Sullana Express S.A.C. no formó parte de la denuncia; y (ii) porque la Resolución Nº 0168-2010/CEB-INDECOPI carece de relevancia para los fines de este proceso sub litis, toda vez que la medida cuestionada por la empresa Sullana Express S.A.C en este proceso, está contenida en el inciso 33.4) del artículo 33 del Decreto Supremo N.º 017- 2009-MTC y no en el numeral 33.2). 2 Tomado de la siguiente dirección (Página 8): https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Tramites/Ordenanzas/Normativa/Tupa/1.%20Normativa General/1.5.%20Resoluciones%20de%20Indecopi/1.%20Sobre%20Licencia%20de%20funcionamiento/14.%2 0Res.%20N%C2%BA%200416.pdf pág. 18 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Por tanto, corresponde desestimar el argumento efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre las competencias de la entidad demandada para evaluar y pronunciarse respecto de la exigencia cuestionada; más aún, si la existencia de la resolución a la cual hace referencia no tiene ninguna relación con la materia discutida en este proceso judicial. DÉCIMO: Si la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados en la ciudades de Sechura, La Arena, Catacaos y La Unión (Piura), como requisito para obtener la autorización para el transporte de pasajeros, así como para solicitar nuevas autorizaciones de ruta, materializada en el inciso 33.4) del artículo 33 del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, constituye o no una barrera burocrática carente de razonabilidad. La entidad demandante aduce que la medida adoptada tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad vial en el país; la vida y la salud de las personas. Sobre la aplicación del Test de Razonabilidad o Proporcionalidad; desarrollado por el Tribunal del INDECOPI en el precedente vinculante Resolución Nº 182-97-TDC; y que el Tribunal Constitucional en la STC N° 00850-2008-AA/TC explica: “21. Este Tribunal ha afirmado que la legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio de pág. 19 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS legalidad. No basta con argumentar que la municipalidad estaba legitimada para regular dicho ámbito, sino que tal regulación debe ser proporcionada y razonable, de lo contrario se estaría excediendo en sus funciones reguladoras. Por ello este Tribunal ha establecido la necesidad de que tales intervenciones satisfagan las exigencias del principio de proporcionalidad. Dicho principio está compuesto por los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.22. El primero de tales subcriterios, idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. En cuanto al subcriterio de necesidad, impone adoptar, entre las diversas alternativas existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella que resulte menos gravosa para el derecho que se limita. Como tal, presupone la existencia de una diversidad de alternativas, todas aptas para conseguir el mismo fin, debiendo ser la escogida aquella que gen

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Edificio Javier Alzamora Valdez Av. Abancay S/N 15° Piso Cercado De Lima EXPEDIENTE : 11625-2015 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : OSINERGMIN DEMANDANTE : GREAT PANTHER CORICANCHA SA SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISEIS Lima, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.- Visto el presente expediente principal, conjuntamente con el expediente administrativo que obra en cuaderno separado, encontrándose el proceso en estado de expedir sentencia, se procede a resolver en atención a los siguientes considerandos: I.- PARTE EXPOSITIVA: Resulta de autos que mediante escrito de fojas 32 a 62 de autos, GREAT PANTHER CORICANCHA SA (EX NYRSTAR CORICACHA SA) interpone demanda Contenciosa Administrativa contra el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN - sobre Nulidad de Resolución Administrativa. PRETENSIÓN: Se declare la nulidad de la Resolución N° 493-2015-MEM/CM que resolvió confirmar la Resolución de Directoral N° 485-2014-MEM/DGAAM y declaró infundado el recurso de revisión presentado por la parte demandante. ANTECEDENTES:  Mediante Decreto Supremo N° 050-2008-PCM se declaró el Estado de Emergencia del Cerro Tamboraque, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, por el plazo 1 de 60 días, para la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes, dada las condiciones del terreno existentes en ese momento. Para tal efecto, se conformó el “Comité de Crisis para la atención de la Declaratoria de Emergencia del Cerro Tamboraque”.  En ese contexto, mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización Minera N° 016-2008-OS/GFM de fecha 26 de junio de 208, se dispuso como medida de seguridad el retiro inmediato del total de los relaves del Depósito de Relaves N° 1 y 2 de la concesión de beneficio “Concentración Tamboraque”.  Posteriormente, el INGEMMET realizó una primera “Evaluación Geológica, Hidroeléctrica y Geodinámica del Área Afectada por deslizamiento de Tierra en Tamboraque”, el cual recomendó la eliminación del relave antiguo, así como el recrecimiento (realizado por la demandante), con lo cual se esperaba que el talud mejorase su estabilidad, incluso ante la posibilidad de un sismo, entre otros aspectos.  Luego, el MINAM emitió la Resolución Directoral N° 294-2009-MEM-AAM de fecha 25 de setiembre de 2009, aprobando la Modificación del Estudio del Impacto Ambiental del Depósito de Relaves Chinchán y el Sistema de Transportes de Relaves de Tamboraque, por el cual, la demandante quedó obligada a trasladar los relaves del Depósito de Relaves N° 1 y N° 2 ubicado en el Cerro Tamboraque hacia el nuevo Depósito de Relaves Chinchán otorgándosele un plazo de 18 meses.  Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 035-2010-MEM-AAM de fecha 27 de febrero de 2010, la DGAAM aprobó el primer Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Coricancha. Por Resolución Directoral N° 219-2012- MEM-AAM de fecha 11 de julio de 2012, la DGAAM aprobó la primera modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera “Coricancha”, la cual se refirió a una ampliación del cronograma del traslado antes indicado.  De otro lado, el OSINERGMIN efectuó supervisión a la Unidad Minera Coricancha donde se recomendó a la demandante, realizar un estudio de estabilidad física para estabilizar el Cerro Tamboraque, luego del retiro de los relaves. Al respecto, la demandante envió el estudio “Actualización de la Estabilidad Física del Depósito de Relaves N° 1 y 2, elaborado por febrero de 2014 por SVS Ingenieros SA”, donde se concluyó que a dicha fecha, el retiro 2 de la totalidad de los relaves sería contraproducente, ya que, favorecería la desestabilización del CerroTamboraque.  Así, por Oficio N° 324-2014-OS-GFM de fecha 27 de mayo de 2014, el OSINERGMIN recomendó a la DGAAM del MINAM que evalúe integralmente la procedencia y condiciones de una eventual modificación del Plan de Cierre de Minas.  Por Resolución Directoral N° 429-2014-MEM-DGAAM de fecha 20 de agosto de 2014, se aprobó la segunda modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera “Coricacha”, la cual se refirió a la actualización de referente al cronograma de cierre definitivo y post cierre.  En cumplimiento de lo dispuesto por OSINERGMIN, la demandante presentó la solicitud de una tercera modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Coricancha, en la que se hizo mención a las nuevas condiciones de estabilidad alcanzadas, y de un nuevo diseño optimizado de las Relaveras 1 y 2 para cumplir con el cierre adecuado.  Con fecha 25 de setiembre de 2014, la DGAAM emitió la Resolución de Directoral N° 485-2014-MEM/DGAAM que declaró improcedente la solicitud, sin haber emitido un estudio técnico, contra la cual se formuló recurso de revisión que fue desestimada por la Resolución N° 493-2015-MEM/CM. Los argumentos de la parte demandante en su escrito de demanda giran en torno a: i. La Resolución N° 493-2015-MEM/CM ratificó un acto administrativo nulo sin analizar debidamente los argumentos expuesto por la demandante limitando su derecho a cuestionar en la vía administrativa la legalidad de los actos emitidos por la Administración Pública. ii. El Consejo de Minería desestimó el recurso interpuesto sobre la base de argumentos que no guardaron relación con dicha solicitud limitándose seriamente su derecho a la defensa en sede administrativa. iii. Además, indicó que, se ha actuado en inobservancia de principios ineludibles en materia procedimental administrativa privando a la demandante de su derecho a obtener una decisión fundada en derecho. TRÁMITE DEL PROCESO 3 Por resolución N° 01 se admitió a trámite la demanda. El Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (Fs. 70 a 78), señalando lo siguiente: i. En el expediente administrativo obra el Informe N° 18-ES-2008 emitido por ACOMISA por cuenta del OSINERGMIN que identificaron una serie de factores de riesgo, así para reducirlos y mejorar la estabilidad del Cerro Tamboraque se dispuso en su oportunidad la adopción de acciones urgentes, entre las cuales, la eliminación de la carga portante mediante el traslado total de los relaves de los Depósitos N° 1 y 2, los cuales han ayudado a la mejora pero no asegura, de ningún modo, la estabilidad de dicha zona. Por otro lado, la DGAAM al evaluar los PCM debe tener en cuenta el contexto integral de la modificación del Plan de Cierre, es decir, no solo considerar la estabilidad física sino, también, la estabilidad química y los aspectos sociales del mismo, por lo que se concluyó que no existió motivo para modificar el plazo de cierre de la unidad minera “Coricancha”, presentado por la demandante. En consecuencia, se precisó que la Resolución de Directoral N° 485-2014-MEM/DGAAM y Resolución N° 493- 2015-MEM/CM fueron emitidas tomando en cuenta el ordenamiento legal vigente al momento de la expedición de la misma, además, no estuvo incursa en causales de nulidad establecidas en el artículo 10° de la Ley 27444. Mediante resolución N° 04 se tuvo por contestada la demanda. Por resolución N° 05 se declaró saneado el proceso ante la existencia de una relación jurídica procesal válida, fijándose los puntos controvertidos. Mediante resolución N° 07 se aprobó el cambio de la denominación de la parte demandante de Nyrstar Coricancha SA a Great Panther Coricancha SA. Asimismo, habiéndose expedido el dictamen fiscal a fojas 113 a 117, los autos se encuentran expeditos para sentenciar. II.- PARTE CONSIDERATIVA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRIMERO: Conforme a lo previsto por el artículo 1° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, la acción contenciosa administrativa contenida en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 4 Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, por lo que el nuevo diseño establecido por el régimen legal vigente para el Contencioso Administrativo prevé un proceso de plena jurisdicción de modo que la labor del Poder Judicial no se restringe sólo a controlar la legalidad de los actos administrativos, sino también a brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. Asimismo, es finalidad de los medios probatorios acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Así también, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. SEGUNDO: Luego de analizar los fundamentos que sustentan la demanda y su contestación, corresponde determinar si la Administración incurrió en causal de nulidad al expedir los actos administrativos impugnados. DEL CASO DE AUTOS. TERCERO: En relación al caso de autos, mediante Decreto Supremo N° 050-2008- PCM, publicado el 18 de julio de 2008, se dispuso declarar el Estado de Emergencia del Cerro Tamboraque, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, por el plazo de 60 días, para la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes. CUARTO: De acuerdo al primer considerando de dicho dispositivo normativo, existió una problemática generada por la inestabilidad y riesgo de colapso de los depósitos de relaves 1 y 2 de la Compañía Minera San Juan (Perú S.A.), ubicados en la Concesión de Beneficio "Concentradora Tamboraque", a la altura del km. 90 de la carretera Central, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí del departamento de Lima; motivo por el cual, mediante Oficio 305-2008- MEM/VMM del 1 de julio de 2008, cursado por el Viceministro de Minas, se ha advertido la existencia de una falla generalizada a través del suelo de cimentación y en los taludes naturales aguas arriba, producto de filtraciones generadas por el regadío por inundación de los terrenos de cultivo ubicados en la mencionada zona. En el segundo considerando se indicó que, "las mencionadas filtraciones vienen saturando las aguas subterráneas y por ende filtrando al pie del talud del depósito de los indicados relaves, observándose la existencia de grietas que indican el peligro inminente de desplazamiento de bloques de tierra, que puede derivarse en un 5 deslizamiento de envergadura arrastrando a dichos relaves y la planta de beneficio concentradora Tamboraque, los que a su vez afectarían la carretera Central, las vías férreas que atraviesan la zona y el propio río Rímac". QUINTO: Asimismo, en el tercero considerando se estimó que "el riesgo de deslizamiento ocasionado por la inestabilidad física mencionada en el considerando anterior demanda la adopción de medidas inmediatas que permitan al Gobierno Regional de Lima, al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECl, a los Sectores comprometidos, y a los Gobiernos Locales involucrados, ejecutar las acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes en las zonas afectadas"; por lo que, se resolvió declarar el Estado de Emergencia del cerro Tamboraque. Al respecto, el plazo otorgado en dicho dispositivo fue prorrogado en varias oportunidades siendo la última prórroga establecida mediante el Decreto Supremo 088-2010-PCM, publicada el 02 de setiembre de 2010. SEXTO: Además de ello, el Decreto de Urgencia 044-2008, publicado el 12 de noviembre de 2008, autorizó al Ministerio de Energía y Minas para que en forma subsidiaria adopte las acciones necesarias para efectuar los estudios, las obras y supervisión del drenaje subterráneo del Cerro Tamboraque declarado en estado de emergencia mediante Decreto Supremo N° 050-2008-PCM, ya indicado, con el objeto de contribuir a su estabilidad física. SEPTIMO: En dicho contexto, la Resolución N° 493-2015-MEM/CM del 10 de julio de 2015, declaró infundado el recurso de revisión de la actora interpuesto contra la Resolución Directoral 485-2014-MEM/DGAAM, para lo cual es necesario determinar si corresponde o no autorizar la solicitud de modificación del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Coricancha". OCTAVO: En relación a lo expuesto, debe considerarse que mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización Minera del OSINERGMIN N° 016-2008-OS/GFM del 26 de junio de 2008, se dispuso como medida de seguridad el retiro inmediato del total de relaves del Depósito de Relaves 1 y 2 de la concesión de beneficio "concentradora Tamboraque", de otro lado, en el Decreto de Supremo 050-2008- PCM se declaró el Estado de Emergencia el Cerro Tamboraque, conforme a lo ya expuesto, lo que en su conjunto permite establecer la importancia de que los mencionados relaves del depósito 1 y 2 de la concesión de beneficio "Concentradora Tamboraque" de la Compañía Minera San Juan (Perú S.A.) debieron ser retirados del Cerro Tamboraque referido a fin de mantener la estabilidad del mismo y evitar desplazamientos. 6 NOVENO: En esa misma línea, el INGEMMET, por encargo del "Comité de Crisis para la atención de la Declaratoria de Estado de Emergencia del Cerro Tamboraque" realizó la "Evaluación geológica, Hidrogeológica y Geodinámica del área afectada por deslizamiento de tierras en Tamboraque", distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en el cual se recomendó la eliminación tanto del relave antiguo como el recrecimiento (de Compañía Minera San Juan S.A.), con lo cual el talud mejoraría en estabilidad. DECIMO: Ahora bien, el Decreto de Urgencia N° 044-2008 señaló que el motivo por el cuál facultó al Ministerio de Energía y Minas para implementar acciones necesarias para efectuar los estudios, obras y supervisión del drenaje subterráneo del Cerro Tamboraque, pues se tuvo en cuenta el Informe N° 18-ES-2008 emitido por Asesores y Consultores Mineros S.A.- ACOMISA, por cuenta del OSINERGMIN, donde se indicó que, uno de los factores de la desestabilización del Cerro Tamboraque era la carga portante constituida por los depósitos de relaves 1 y 2; por lo que, a efectos de reducir los factores de riesgo la Compañía Minera San juan S.A. el 12 de mayo de 2008 suspendió temporalmente sus actividades mineras, iniciando labores de bombeo de las agua subterráneas; y, mediante Resolución de la Gerencia de Fiscalización Minera N° 012-2008-OS/GFM del 02 de junio de 2008, OSINERGMIN dispuso la paralización de las actividades mineras de la Compañía Minera San juan S.A. (hoy la demadnante); y finalmente, mediante Resolución N° 016-2008-OS/GM del 26 de junio de 2008, se ordenó el retiro total de los relaves de los Depósitos de Relaves 1 y 2. DECIMO PRIMERO: Del mismo modo, por Resolución Directoral N° 294-2009-MEM- AAM del 25 de setiembre de 2009 la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas –DGAAM-, cuya base fue el Informe N° 1112-2009/MEMAAM/WAL/WBF/PR/AD/ISO/VRC, aprobó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Depósito de Relaves Chinchan y el Sistema de Transporte de Relaves de Tamboraque, por lo que, la Compañía Minera San juan S.A., hoy la actual demandante, quedó obligada a trasladar el Depósito de relaves N® 1 y 2 ubicados en el Cerro Tamboraque hacia el nuevo Depósito de Relaves Chinchan (32 km], estableciéndose un plazo de 18 meses para dicho traslado. DECIMO SEGUNDO: Del mismo modo, mediante Resolución Directoral N° 035-2010- MEM-AAM del 27 de febrero de 2010, sustentada en el Informe N° 96-2010- AAM/MPC/RPP, la DGAAM aprobó el Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Coricancha", por el cual, la accionante quedó obligada a cumplir las especificaciones técnicas contenidas en dicho plan de cierre, donde se precisó en lo referido al cierre progresivo, en el ítem de estabilidad físico sobre los depósitos 1 y 7 2 que, el material será trasladado en su totalidad al nuevo depósito de relaves Chinchan Extensión Temporal Sur y Chinchan Norte, almacenándose, esparciéndolos con motoniveladora y compactándolos con rodillo vibratorio en capas no mayores de 0.30 m con la humedad óptima, hasta alcanzar la densidad máxima seca de 95% en bancos de 8.5m ancho x 5 m de alto con un talud general de relación 3H:1V; y, en relación a la estabilidad geoquímica, se indicó que las áreas, luego de quedar limpias y sin relaves, serán perfiladas hasta alcanzar una topografía concordante con el entorno; encima de esta superficie final colocarán una capa de 0.20 m de suelo vegetal y revegetación con especies nativas con una densidad similar al medio circundante. DECIMO TERCERO: Hasta este punto, se advierte del expediente administrativo que se realizaron informes técnicos cuya conclusiones expusieron la necesidad de retirar los depósitos de relaves 1 y 2 de la concesión de beneficio "Concentradora Tamboraque" de la parte demandante; en tal sentido, las alegaciones de la parte accionante referida a que las condiciones del terreno habrían cambiado y se habría logrado un nuevo escenario de estabilidad en el Cerro Tamboraque, carecen de sustento, en tanto, que no se ha logrado desvirtuar los estudios técnicos en que se basó la Administración para emitir los actos administrativos impugnados. Asimismo, quedó acreditado que la demandante tuvo la obligación de realizar el retiro de los relaves de los Depósitos de Relaves N° 1 y 2, de acuerdo a la documentación antes referida y de los actos administrativos previamente señalados; motivo por el cual, la pretensión de la recurrente relativa a solicitar una nueva modificación al plan de cierre de dicha unidad minera en mención careció de fundamento, por el contrario, puso en evidencia que pretendió eludir la obligación impuesta vía administrativa. DECIMO CUARTO: En adición a ello, que el medio probatorio aportado por la empresa demandante consistente en la Actualización de Estudio de Estabilidad Física del depósito de Relaves N° 1 y 2 fue elaborado de parte (por Consultora SVS Ingenieros S.A.), por lo que carece del mérito probatorio suficiente para enervar su obligación de retirar los depósitos de relaves. Máxime, si el estudio técnico de la Administración ya determinó que, luego del retiro de los depósitos de relave, esto es, al quedar limpia y sin relaves la zona, las áreas serán perfiladas hasta alcanzar topografía concordante con el entorno, colocándose una capa de 0.20 m de suelo vegetal y revegetación con especies nativas con una densidad similar al medio circundante, lo que evidencia que el retiro de los relaves no implicará que el terreno quedará vacío sino recubierto de vegetación. Por tal motivo, la supuesta negativa de la entidad demandada de evaluar la solicitud de tercera modificación, no se basó en un acto arbitrario sino en estudios técnicos cuya relevancia no ha sido 8 desvirtuada por la demandante, por lo que, no cabe amparar la solicitud de modificación del plan de cierre de minas de la unidad minera en referencia. DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de ello, la parte demandante ha remitido copia ilegible de los Oficio N° 67-2016 de fecha 03 de mayo de 2016 y Oficio No. 130- 2016-INGEMMET/DGAR del 12 de setiembre de 2016 elaborados por el INGEMMET, donde dicha entidad habría indicado que el retiro total de los relaves en la zona indicada sería contraproducente para la estabilidad del Cerro Tamporaque; sin embargo, aun cuando dichos medios probatorios no fueron remitidos en su debida oportunidad a fin que sea analizado por la Administración, lo cierto es que, los informes técnicos en autos determinaron que, luego del retiro de los depósitos de relave deberá colocarse una capa suelo vegetal y revegetación, con lo cual se demuestra que no se coadyurá a la desestabilización del Cerro Tamboraque, así, los referidos oficios refieren que debe trabajarse sobre un riego tecnificado, para que evitar deslizamientos y estudiar las filtraciones del cerro, con lo cual, tanto el INGEMMET como el MINAN estarían arribando a las mismas conclusiones, esto es, el retiro de los relaves a fin que sean reemplazados por cultivos que ayuden a la estabilidad del suelo, con lo cual, los argumentos de la parte demandante devendrían en insostenibles. DECIMO SEXTO: De modo que, al no haberse acreditado que se hayan vulnerado los Principios del Procedimiento Administrativo resulta carente de sustento acoger la supuesta Vulneración al Debido Procedimiento, pues se le ha permitido presentar recursos impugnatorios y aportar pruebas de parte, los cuales fueron valorados y analizados por la Administración emitiendo una decisión que cumplió con los requisitos de validez señalados en el artículo 3° de la Ley 27444, por lo que, la demanda debe desestimarse al amparo del artículo 32° del TUO de la Ley 27584. CONCLUSIÓN DECIMO SEPTIMO: De todo lo expuesto, habiéndose determinado que la Administración emitió decisión administrativa cumpliendo los requisitos de validez establecido en el artículo 3° de la Ley 27444, la demanda deviene en infundada por carecer de medios probatorios que así lo respalden, conforme a los artículos 196° y 200° del Código Procesal Civil. III.- PARTE RESOLUTIVA Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30° y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y los artículos 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la Señora Juez del Décimo Quinto 9 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación, RESUELVE: 1. DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA en todos sus extremos. 2. ARCHÍVESE, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. 3. Notificándose a las partes procesales. 10

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SS. WONG ABAD NUÑEZ RIVA CASTAÑEDA BALBÍN AUTO CONSULTA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL EXPEDIENTE Nº: 11652-2015 DEMANDANTE: INCALPACA TPX S.A. DEMANDADOS: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE Lima, 07 de noviembre de dos mil veintidós. - AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos a despacho, interviniendo como ponente el magistrado Wong Abad; y ATENDIENDO: PRIMERO. - El artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina1, refiere que: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la 1 Suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996; convienen en celebrar el Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” Entonces, de acuerdo con la norma citada, cuando se encuentre en controversia alguna norma del derecho comunitario, el juez nacional de primera instancia que conoce el proceso podrá solicitar la interpretación prejudicial de dicha norma al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir sentencia; sin embargo, cuando el proceso se encuentre en segunda instancia, es obligatorio pedir tal interpretación, para lo cual deberá suspenderse el proceso. SEGUNDO. - En el caso de autos tenemos que el proceso se encuentra siendo conocido en segunda instancia por este órgano jurisdiccional, sin que el juzgado en primera instancia haya solicitado la expresada interpretación prejudicial, por tanto, atendiendo a la norma antes citada, corresponde suspender el presente proceso a fin de solicitar la Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, con el objeto de resolver la controversia surgida en torno a determinar si corresponde cancelar, por falta de uso, el registro de la marca de producto TUMI y logotipo, registrado a favor de Incalpaca Tpx, para distinguir prendas de vestir de punto, abrigos, vestidos y accesorios en base a tejido de punto de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: 1. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar el uso efectivo de una marca que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional en un procedimiento de cancelación por falta de uso? 2. ¿Es posible demostrar el uso efectivo de una marca mixta, si los documentos presentados para acreditarlo contienen solo su elemento denominativo y en otros casos la marca se encuentra acompañada de otros elementos gráficos? 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 3. ¿Cómo se aplicaría el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, a fin de establecer si el uso efectuado corresponde o no a variaciones sustanciales de la marca materia de cancelación? TERCERO.- Para la consulta correspondiente se debe remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conjuntamente con la presente resolución, copias digitalizadas del escrito de demanda y sus anexos, del auto admisorio, del escrito de contestación de demanda, de la sentencia apelada y del recurso de apelación; así como, copias digitalizadas de la solicitud de cancelación del registro de la marca de producto TUMI y logo; del escrito que absuelve el traslado de cancelación de fecha 02 de enero de 2014; de la Resolución N° 1792-2014/CSD- INDECOPI del 13 de junio de 2014, del recurso de apelación de fecha 10 de julio de 2014; del escrito que absuelve traslado de la apelación; de la Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI de fecha 13 de julio de 2015, que obran en el expediente administrativo; documentación que deberá enviarse, conjuntamente con el oficio correspondiente, a la dirección de correo electrónico de dicha institución: secretaria@tribunalandino.org y, de la cual dará fe el secretario cursor. DECISIÓN: Por las razones que anteceden: SUSPENDIERON el proceso; y en consecuencia, DISPUSIERON solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, para lo cual se debe remitir a dicho órgano de justicia, conjuntamente con la presente resolución, copias digitalizadas del escrito de demanda y sus anexos, del auto admisorio, del escrito de contestación de demanda, de la sentencia apelada y del recurso de apelación; así como, copias digitalizadas de la solicitud de cancelación del registro de la marca de producto TUMI y logo; del escrito que absuelve el traslado de cancelación de fecha 02 de enero de 2014; de la Resolución N° 1792-2014/CSD- INDECOPI del 13 de junio de 2014, del recurso de apelación de fecha 10 de julio de 2014; del escrito que absuelve traslado de la apelación; de la Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI de fecha 13 de julio de 2015, que obran en el expediente administrativo; documentación que deberá enviarse, conjuntamente con el oficio correspondiente, a la dirección de correo electrónico de dicha institución: secretaria@tribunalandino.org y, de la cual dará fe el secretario cursor; debiendo 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 dar cuenta Relatoría una vez atendida la presente consulta. Notificándose. – JMWA//tlls INFORME DE CONSULTA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Expediente Nº: 11652-2015 Demandante: INCALPACA TPX S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra En cumplimiento de lo previsto en el artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 125° del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se formula la siguiente solicitud de Interpretación Prejudicial de conformidad con lo ordenado por la Resolución Número Catorce del 02 de noviembre de 2022. a) EL NOMBRE E INSTANCIA DEL JUEZ O TRIBUNAL NACIONAL CONSULTANTE: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado. LA RELACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA CUYA INTERPRETACIÓN SE REQUIERE: Se solicita la Interpretación prejudicial de los artículos 165, 175 Y 179 de la Decisión 486, con el objeto de resolver la controversia surgida en torno a determinar si corresponde cancelar, por falta de uso, el registro de la marca de producto TUMI y logotipo, registrado a favor de Incalpaca Tpx, para distinguir prendas de vestir de punto, abrigos, vestidos y accesorios en base a tejido de punto de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: 1. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar el uso efectivo de una marca que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional en un procedimiento de cancelación por falta de uso? 2. ¿Es posible demostrar el uso efectivo de una marca mixta, si los documentos presentados para acreditarlo contienen solo su elemento denominativo y en otros casos la marca se encuentra acompañada de otros elementos gráficos? 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 3. ¿Cómo se aplicaría el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, a fin de establecer si el uso efectuado corresponde o no a variaciones sustanciales de la marca materia de cancelación? b) LA IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA QUE ORIGINE LA SOLICITUD: Expediente N° 11652-2015. c) EL INFORME SUSCINTO DE LOS HECHOS QUE EL SOLICITANTE CONSIDERE RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN: (cid:1) Con fecha 20 de setiembre de 2013, Tumi Inc solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto constituida por la denominación TUMI y logotipo, inscrita a favor de Incalpaca Tpx S.A., para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. (cid:1) En su defensa, Incalpaca Tpx S.A., mediante escrito del 02 de enero de 2014, absolvió el traslado de cancelación interpuesta manifestando que mediante los medios probatorios que adjuntó a su escrito se acredita el uso de su marca. (cid:1) Mediante Resolución N° 1792-2014/CSD-INDECOPI de fecha 13 de junio de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación al considerar que no se habría presentado medios probatorios suficientes que demuestren el uso de la marca TUMI y logotipo, pues de las facturas, los contratos de venta y pedido de producción, si bien en ellos se detalla descripción de los productos, no se aprecia la marca materia de análisis. Del mismo modo, en las boletas de venta no era posible identificar con certeza si los productos materia de comercialización habían sido identificados con la marca objeto de cancelación, dado que solo se consignó el signo de forma denominativa. (cid:1) Con fecha 10 de julio de 2014, Incalpaca Tpx S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que en las notas de contenido que corresponden a cada grupo de facturas consta de manera específica a qué productos y marca corresponden los códigos que aparecen en las facturas presentadas. Asimismo, si bien en las facturas no consta la marca TUMI conforme fue registrada, este hecho no es razón suficiente para que dichas pruebas no sean consideradas Al momento de resolver, ya que al momento de emitirse este tipo de documentos (tickest de venta), la descripción de los productos comercializados que se coloca en las mismas, se realiza de manera clara con letra imprenta, esto incluye la mención de las marcas; por lo que sí acreditan el uso de la marca objeto de cancelación. 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 (cid:1) Mediante Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI de fecha 13 de julio de 2015, el Tribunal del Indecopi declaró infundado el recurso de apelación presentado por consiguiente confirmó la resolución de primera instancia, al considerar que los medios probatorios presentados resultan insuficientes a fin de acreditar el uso real y efectivo en el mercado de la marca de producto TUMI y logotipo, en la cantidad y el modo que exige la naturaleza de los productos que distingue. (cid:1) Mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2015, Incalpaca Tpx S.A., interpone demanda contenciosa administrativa solicitando como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI del 13 de julio de 2015; asimismo como pretensión accesoria, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución administrativa se declare la vigencia de la marca de producto TUMI y logotipo, inscrita con Certificado N° P00093270 en el registro de marcas de producto del Indecopi. La demandante sustenta su pretensión alegando básicamente que la resolución administrativa materia de nulidad, habría lesionado su derecho a obtener una resolución debidamente motivada, en tanto, esta habría omitido justificar un punto trascendental para la resolución de la controversia de cancelación, a saber, la determinación del elemento relevante de la marca registrada. Pues el titular de la marca está facultado de usarla en un modo que difiera de la forma en la que fue registrada, siempre que se trate de elementos que no alteren su carácter distintivo. Por ello, era trascendental determinar si las variaciones con las que se usaron la marca alteraban su carácter distintivo. En los medios probatorios ofrecidos se acreditó el uso de hasta tres presentaciones de la marca registrada, además de la presentación de la marca exactamente como fue registrada. En ese sentido, al Tribunal del Indecopi le correspondía determinar si las variaciones de la marca registrada, materia de cancelación, alteraban o no sustancialmente su carácter distintivo. Sin embargo, omitió justificar por qué los elementos relevantes de su marca TUMI y logotipo, son el denominativo y el figurativo. La resolución emitida por el Tribunal del Indecopi vulnera su derecho a la adecuada valoración de los medios probatorios; puesto que decidió omitir la valoración de numerosos medios probatorios, pese a cumplir con los caracteres de oportunidad, idoneidad y licitud, y que, de manera conjunta, acreditaban el uso de su marca TUMI y logotipo. 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 La Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI omite la valoración de las facturas, en las que se consignó el código cuya descripción se encontraba precisamente en las “notas de contenido”. Por lo que, si se hubiere realizado una adecuada valoración de los medios probatorios, de manera conjunta, la conclusión hubiese sido distinta. Del mismo modo, el Tribunal del Indecopi rechaza la valoración de los medios probatorios consistentes en la factura emitida a favor de Creaciones Mubarak, el pedido de producción a favor de Fernando Zamalloa Gallegos, y la boleta de venta emitida por Casa Omar Cusco S.R.L., dado que el código señalado en la descripción del producto (Chompa Tumi AW11106529) corresponde al código del pedido y no al código del producto; sin embargo, no se consideró que ya la boleta está haciendo referencia expresa a la marca TUMI, pero se consigna a renglón seguido el código del pedido. Por otro lado, los medios probatorios consistentes en los correos electrónicos no solamente acreditan el uso de la marca sino que incluso acreditan que la marca cumplió con el objetivo de distinguir los productos de la clase 25 y posicionarse en la mente de los consumidores. Del mismo modo, las fotografías presentadas no acreditan únicamente la existencia de dichas tiendas, sino que puede apreciarse que se está publicitando la marca TUMI y logotipo, junto a los productos que precisamente llevan su marca. (cid:1) Con fecha 16 de febrero de 2016, INDECOPI contesta la demanda contradiciéndola y señalando básicamente lo siguiente: i. La demandante pretende que al momento de evaluar el elemento relevante en una marca dentro de un procedimiento de cancelación se aplique el mismo criterio que en los casos en que se evalúa una solicitud de registro de marca. En este último caso ya se otorgaron derechos de exclusiva sobre el signo, y la evaluación que se realiza busca verificar si la marca materia de cancelación viene siendo usada en el mercado conforme ha sido registrada, es decir, si todos los elementos que la conforman están presentes en las pruebas adjuntadas para demostrar dicho uso. En el presente caso, la autoridad administrativa verificó que en la marca registrada resultaban relevantes ambos elementos, gráfico y denominativo; razón por la cual el uso efectuado por la demandante respecto a los signos TUMI CLUB y logo y TUMI KIDS y logo, no podían ser considerado un uso válido, debido a que en los mismos se había suprimido el elemento gráfico 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 de la marca, advirtiéndose con ello una variación sustancial con respecto a la marca registrada. ii. En el presente caso, no es que el Tribunal del Indecopi no haya efectuado una adecuada valoración de los medios probatorios porque sí lo hizo, tan es así, que luego del análisis conjunto de los mismos determinó que las pruebas adjuntadas no resultaban idóneas para acreditar el uso de la marca respecto a los productos que distingue, advirtiéndose la comercialización de una ínfima cantidad de productos. iii. Si bien la demandante adjuntó algunas notas de contenido, estas al estar referidas a actos preparatorios que realizó la demandante para introducir los productos identificados con la marca materia de cancelación al mercado, deberían haber sido complementadas con medios probatorios adicionales que permitan verificar que los códigos ahí consignados correspondían a productos efectivamente comercializados, lo que no sucedió. iv. Respecto de la factura, el pedido y la boleta de venta; dichas pruebas fueron desestimadas debido a que no era posible advertir que dichos documentos estaban referidos a un mismo producto. Respecto a los correos, estos no ayudan a demostrar la puesta efectiva en el comercio de los productos identificados con la marca materia de cancelación, ya que estos son comunicaciones cursadas entre comprador y vendedor para la posible compra de productos, pero no demuestran que dichas compras se hayan efectivamente realizado y que los productos hayan sido puestos en el comercio. Respecto del documento “Sale Contract”, este no resulta suficiente para acreditar el uso de la marca en cuestión, al no haberse demostrado que el acto de compra venta se perfeccionó, mediante la presentación de otros documentos contables. Es más, dicho documento estaba referido a la comercialización de mantas producto que pertenece a la clase 24 y no a la clase 25. Las fotografías presentadas únicamente son imágenes captadas por el titular de una marca, de su establecimiento comercial, en cualquier época. v. La comercialización de 3 estolas, 15 chompas y 20 chalinas resulta una cantidad insuficiente de acuerdo a la naturaleza de los productos que distingue la marca materia de cancelación (prendas de vestir), no habiéndose demostrado la continuidad en el uso de la referida marca. 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 (cid:1) Mediante escrito del 17 de febrero de 2016 TUMI Inc., contesta la demanda negándola y contradiciéndola, bajo los siguientes términos: i) el registro de la marca TUMI y logotipo ha sido correctamente cancelado por falta de uso al encontrarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) los medios probatorios que presentó Incalpaca no acreditaron el uso de la marca dentro del período relevante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 166 y 167 de la Decisión 486; iii) la Resolución del Tribunal del Indecopi ha sido expedida de acuerdo a ley, por lo que no se encuentra incursa en causal de nulidad. (cid:1) A través de la Resolución Número Nueve de fecha 06 de julio de 2021, el juzgado declaró fundada la demanda, en consecuencia nula la resolución emitida por el Tribunal del Indecopi, al considerar lo siguiente: a) En atención a la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 310-IP- 2016 del 03 de abril del 2017, en los casos de cancelación por falta de uso, sustentada en que la utilizada ha sido modificada o variada, lo que corresponde es valorar si los cambios son o no sustanciales ; y si le quitan o no distintividad o la capacidad diferenciadora de la marca; para lo cual previamente se debió establecer cuál es el elemento relevante o dominante de la marca mixta bajo examen, lo denominativo o lo gráfico, para luego realizar un examen minucioso de cada variación. Lo que no ha sido analizado puesto que Indecopi señala que, en la marca registrada, resulta relevante tanto el elemento denominativo como el figurativo sin precisar por qué ha llegado a dicha conclusión. b) El Tribunal del Indecopi no habría valorado correctamente los medios probatorios tales como las “impresiones de los correos electrónicos” y el documento “sale contract”; que demostrarían la venta realizada por Incalpaca; además, que no se habrían expuesto las razones de por qué son rechazadas, actuándose en contra de la Interpretación Prejudicial N° 310-IP-2016. (cid:1) Por escrito de fecha 22 de julio de 2021, TUMI INC interpuso apelación contra la sentencia, sustentándose en los siguientes argumentos: i. La Sala de Propiedad Intelectual sí emitió un pronunciamiento relacionado con el análisis de las variaciones de las marcas en cuestión para efectos de señalar si las mismas constituían variaciones de la marca 9 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 materia de cancelación. Así el análisis realizado por la Sala del Indecopi indicó que al estar la marca conformada por dos elementos principales, uno denominativo y uno figurativo, cualquier variación de esta marca debía estar incorporada al menos por ambos elementos, tal como lo establece el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486. ii. El Juez ha cometido un error al señalar que la Sentencia materia de impugnación incurre en la causal de nulidad por falta de motivación, en la medida que la Sala de Propiedad Intelectual motivó correctamente las razones por las cuales consideró que tanto el elemento denominativo como el figurativo, constituyen elementos relevantes de la marca y, en consecuencia, las razones por las cuales las pruebas de uso de otras marcas, que no se encuentran compuestas por los mismos elementos, no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar el uso de la marca. iii. El Juez de manera errada ha señalado que se debieron tomar en cuenta, como medios probatorios idóneos para probar el uso de la marca el documento denominado “Sales contract” y los correos electrónicos presentados por INCALPACA, pese a que éstos no solo no hacen referencia a la marca sujeto de cancelación, sino que los mismos se encuentran referidos a productos de otra clase no identificados por la marca. iv. El registro de la marca fue correctamente cancelado por falta de uso al encontrarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, en la medida que Incalpaca no cumplió con acreditar el uso de la marca TUMI y logo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 166 y 167 de la Decisión 486. (cid:1) A través del escrito de fecha 21 de julio de 2021, el Indecopi interpuso apelación contra la sentencia, sustentándose en los siguientes argumentos: a) La Interpretación Prejudicial N° 310-IP-2016 no contradice los criterios adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis realizado en el correspondiente procedimiento administrativo de autos (donde se emitió la Resolución N° 2347-2013/TPI-INDECOPI). Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sólo resultan 10 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia. b) Contrariamente a lo señalado por el Juzgado, el Tribunal del INDECOPI sí estableció y sustentó porque el elemento relevante o dominante de la marca mixta en cuestión es el denominativo y el figurativo, especificando que el referido signo es de naturaleza mixta. c) Debemos destacar que a diferencia de lo que ocurre cuando la Autoridad Administrativa evalúa una marca mixta solicitada a registro, en donde debe exponer las características de los elementos que lo conforman, pues se encuentra evaluando la distintividad de la misma, en el caso de solicitudes de cancelación de la marca dicho signo ya obtuvo la protección por su carácter distintivo, por lo que la evaluación se limita a establecer cuál de los elementos; denominativo o figurativo, es el elemento relevante en el conjunto marcario. d) Además, atendiendo a que la función de la Autoridad Administrativa en procedimientos de cancelación de registro de marcas consiste en evaluar si el uso efectuado de la marca que se advierte en los medios probatorios aportados por la emplazada corresponde al uso de la marca cuya cancelación se pretende, la Autoridad Administrativa debe cotejar dichas marcas para establecer si el uso efectuado corresponde o no a variaciones sustanciales de la marca materia de cancelación, conforme lo realizó en el presente caso, motivando adecuadamente su pronunciamiento. e) La Autoridad Administrativa efectuó una correcta valoración de todos los medios probatorios, entre ellos, las “impresiones de los correos electrónicos” (ítem vii) y el documento “sale contract”; los cuales no acreditaron los argumentos aludidos por INCAPALCA. En tal sentido, la valoración de los referidos medios probatorios, no demuestran el uso de la marca en cuestión, por la razón que los productos no contaban con la referida marca, sin embargo, el Juzgado señala que, si se demuestra el uso de la marca, razonamiento que está en contra de todo proceso lógico y coherente. 11 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Consulta de Interpretación Prejudicial Expediente N°11652-2015 f) En cuanto a la copia de la factura, el pedido de producción y la boleta de venta se observa que estos no responden al código del producto, lo que motivó que no fueran tomados en cuenta por la autoridad administrativa. EL LUGAR Y DIRECCIÓN EN QUE EL JUEZ O TRIBUNAL RECIBIRÁ LA RESPUESTA A SU CONSULTA: Secretaria_salamercado@pj.gob.pe JMWA//tlls 12

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11111111666655552222 ---- 2222000011115555 MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: NNNNUUUULLLLIIIIDDDDAAAADDDD DDDDEEEE AAAACCCCTTTTOOOO AAAADDDDMMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIIIVVVVOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: SSSSAAAAMMMMUUUUEEEELLLL CCCCOOOONNNNTTTTRRRREEEERRRRAAAASSSS MMMMEEEENNNNDDDDOOOOZZZZAAAA TTTTRRRRIIIIVVVVEEEEÑÑÑÑOOOO DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: IIIICCCCAAAALLLLPPPPAAAACCCCAAAA TTTTPPPPXXXX SSSS....AAAA.... DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII TTTTUUUUMMMMIIII IIIINNNNCCCC.... RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrr MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddoooo:::: cumplimiento de mis funciones le informo: 1111)))) Que, estando a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 053-2020-P-CE-PJ, de fecha 06 de abril de 2020, emitida por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en la Resolución Administrativa N.° 000150-2020-P-CSJLI-PJ, de fecha 06 de abril de 2020, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante las cuales – en el contexto actual de declaratoria de Estado de Emergencia y, por ende, de aislamiento social obligatorio (cuarentena), decretada por el gobierno desde el 16 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vía y la salud de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19-; sssseeee aaaauuuuttttoooorrrriiiizzzzaaaa,,,, mmmmiiiieeeennnnttttrrrraaaassss dddduuuurrrreeee eeeellll EEEEssssttttaaaaddddoooo ddddeeee EEEEmmmmeeeerrrrggggeeeennnncccciiiiaaaa,,,, eeeellll TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO RRRREEEEMMMMOOOOTTTTOOOO ––––ccccoooonnnn ffffiiiinnnneeeessss ddddeeee ddddeeeessssccccaaaarrrrggggaaaa---- aaaa lllloooossss óóóórrrrggggaaaannnnoooossss jjjjuuuurrrriiiissssddddiiiicccccccciiiioooonnnnaaaalllleeeessss iiiimmmmpppplllleeeemmmmeeeennnnttttaaaaddddoooossss ccccoooonnnn eeeellll EEEExxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee JJJJuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll EEEElllleeeeccccttttrrrróóóónnnniiiiccccoooo ((((EEEEJJJJEEEE)))),,,, ssssiiiinnnn ddddeeeessssppppllllaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee jjjjuuuueeeecccceeeessss yyyy ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll aaaa llllaaaa sssseeeeddddeeee ddddeeeellll jjjjuuuuzzzzggggaaaaddddoooo,,,, ggggaaaarrrraaaannnnttttiiiizzzzaaaannnnddddoooo eeeellll pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooo ddddeeeellll ddddeeeebbbbiiiiddddoooo pppprrrroooocccceeeessssoooo yyyy eeeellll sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooo ddddeeee aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee jjjjuuuussssttttiiiicccciiiiaaaa; y, pudiendo emitir y descargar en el Sistema Integrado Judicial-SIJ, los actos procesales que estimen pertinentes a dichos procesos, ssssiiiinnnn ppppeeeerrrrjjjjuuuuiiiicccciiiioooo ddddeeee llllaaaa ssssuuuussssppppeeeennnnssssiiiióóóónnnn ddddeeee ppppllllaaaazzzzoooossss ddddeeeeccccrrrreeeettttaaaaddddaaaa ppppoooorrrr eeeellll CCCCoooonnnnsssseeeejjjjoooo EEEEjjjjeeeeccccuuuuttttiiiivvvvoooo ddddeeeellll PPPPooooddddeeeerrrr JJJJuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll. 2222)))) Que debido a la excesiva carga procesal que soporta esta judicatura, no ha sido posible emitir el proveído de la resolución correspondiente al haber asumido (02) dos secretarias, las cuales estaban asignadas a los servidores Juan Lujan Jara y Jhonny Joel Barrios Chacaltana, este ultimo habiéndose retirado, sin hacer la entrega de cargo de sus expedientes que tenía bajo su secretaria.. Lima, 17 de diciembre de 2021 RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO DDDDIIIIEEEEZZZZ:::: Lima, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.- Página 1111 de 2222 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 23° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Esq. Av. Nicolas de Pierola con Jr. Rufino Torrico - Sede: Rabanal Backus AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS, y atendiendo; AAAA lllloooossss eeeessssccccrrrriiiittttoooossss ddddeeeellll 22221111 yyyy 22222222 ddddeeee jjjjuuuulllliiiioooo ddddeeee 2222000022221111:::: Presentado por IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII yyyy TTTTUUUUMMMMIIII IIIINNNNCCCC.... mediante el cual interponen recurso de apelación contra la sentencia que declaró fundada la demanda; y CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO:::: PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO....---- Que, mediante la resolución N° 09, de fecha 06 de julio de 2021, se declaró fundada la demanda interpuesta por la demandante; SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO....---- Que, conforme se verifica de los cargos de notificación, inserto en autos, la parte demandante se encuentra debidamente notificada con la mencionada resolución desde el 15 de julio del 2021; TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO....---- Que, mediante los presentes escritos las demandadas interponen recurso impugnatorio, el mismo que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia dentro del plazo de Ley, conforme a lo señalado en los artículos 365°, 366°, 367° y 371° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; en consecuencia, CCCCOOOONNNNCCCCÉÉÉÉDDDDAAAASSSSEEEE el recurso de apelación CCCCOOOONNNN EEEEFFFFEEEECCCCTTTTOOOO SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNSSSSIIIIVVVVOOOO, interpuesto por las demandadas contra la sentencia contenida en la Resolución N° 07, que resuelve declarar FUNDADA la demanda; por lo tanto, EEEELLLLÉÉÉÉVVVVEEEESSSSEEEE al Superior Jerárquico inmediatamente sean devueltos los cargos de notificación. Se avoca al proceso el Juez que suscribe por disposición superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE.- Página 2222 de 2222

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS EXPEDIENTE : 11652-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : IMPUGNACION DE ACTO O RESOLUCION ADMINISTRATIVA ASIST. DE JUEZ : ELIZABETH CANDELA TORRES DEMANDANTE : INCAPALCA TPX S.A. DEMANDADOS : INDECOPI y TUMI INC SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE Lima, seis de julio de dos mil veintiuno VISTOS: Con las copias certificadas del expediente administrativo en cuaderno aparte; del estudio de autos resulta que con escrito del 30 de octubre de 2015, INCAPALCA TPX S.A. interpone demanda contencioso administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y TUMI INC. para que: i) como pretensión principal: se declare la nulidad de la Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI del 13 de julio de 2015 que confirma la Resolución N° 1792-2014/CSD-INDECOPI del 13 de junio de 2014 que canceló el registro de la marca TUMI y logotipo inscrita a favor de INCAPALCA TPX S.A. con certificado N° P00093270 que Página 1 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; y, ii) como pretensión accesoria: se declare la vigencia de la marca de producto TUMI y logotipo, inscrita con certificado N° P00093270 en el registro de marcas de producto del Indecopi. Por Resolución número dos del 24 de diciembre de 2015 se admite la demanda a trámite, en la vía del proceso especial; conferido el traslado, el Indecopi y Tumi Inc contestan con escritos del 16 y 17 de febrero del 2016, respectivamente. Mediante Resolución número cuatro del 29 de agosto de 2016 se declara saneado el proceso, se fija el punto controvertido, se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes apersonadas, se prescinde de la audiencia de pruebas y se ordena la remisión de los actuados al Ministerio Público para el dictamen fiscal; siendo el estado del proceso el de dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: La acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Página 2 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Derecho Administrativo y que causen estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. SEGUNDO: La demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI del 13 de julio de 2015 que confirma la Resolución N° 1792-2014/CSD-INDECOPI del 13 de junio de 2014 que canceló el registro de la marca TUMI y logotipo inscrita a favor de INCAPALCA TPX S.A. con certificado N° P00093270 que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; y, como consecuencia de ello, se declare la vigencia de la marca de producto TUMI y logotipo, inscrita con certificado N° P00093270 en el registro de marcas de producto del Indecopi. TERCERO: Sustenta la demanda manifestando que: • La Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI ha omitido determinar el elemento relevante de la marca registrada de la demandante, pues era trascendental determinar si las variaciones con que se usó la marca registrada alteraban su carácter distintivo. Página 3 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS • Se acreditó el uso de hasta 3 presentaciones de su marca registrada, además de la presentación de la marca exactamente como fue registrada. • El Tribunal del Indecopi se limita a señalar que en la marca registrada resulta relevante tanto el elemento denominativo como el figurativo, omitiendo justificar debidamente los motivos por los cuales considera ello; por lo que se ha incurrido en un pronunciamiento con motivación insuficiente y arbitrario, careciendo dicho acto del requisito de validez de la debida motivación. • El Tribunal del Indecopi consideró que las presentaciones de su marca registrada señaladas en los cuadros 1 y 2: TUMI CLUB y TUMI K alteran el carácter distintivo de su marca al no estar acompañadas Página 4 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS del elemento figurativo sin explicar por qué considera que dicho elemento figurativo es de tal importancia como para considerar que su ausencia altera el carácter distintivo de la marca registrada. • La Resolución N° 2898-2015/TPI-INDECOPI carece del requisito esencial del procedimiento regular puesto que vulnera el derecho de la demandante a la adecuada valoración de los medios probatorios al descartarlos, considerándolos aisladamente, y no de manera conjunta como exige la ley o valorándolos de forma restrictiva e irrazonable. CUARTO: Indecopi aduce: • No se advierte una ausencia de motivación en la Resolución del Tribunal del INDECOPI pues en procedimientos de cancelación por falta de uso, se busca verificar si la marca materia de cancelación viene siendo usada en el mercado conforme ha sido registrada, es decir, si todos los elementos que la conforman están presentes en las pruebas adjuntadas para demostrar el uso, y sólo en caso excepcionales, determinar si el signo está conformado por elementos débiles cuya presencia y ausencia en las pruebas de uso, no alteran el uso efectuado del signo; lo cual ha ocurrido en el caso Página 5 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS materia de autos, en el que se verificó que en la marca registrada, resultan relevantes ambos elementos (gráfico y denominativo). Razón por la cual el uso efectuado por la demandante, respecto a los signos TUMI CLUB y logotipo y TUMI KIDS y logotipo, no podía ser considerado un uso válido, debido a que en los mismos se había suprimido el elemento gráfico de la marca, advirtiéndose una variación sustancial con respecto a la marca registrada. • Si bien la demandante adjuntó algunas notas de contenido, éstas al estar referidas a actos preparatorios que realizó la demandante para introducir los productos identificados con la marca materia de cancelación al mercado, deberían haber sido complementadas con medios probatorios adicionales que permitan verificar que los códigos ahí consignados correspondían a productos efectivamente comercializados, cosa que no sucedió. • Respecto a la factura N° 137-552, el pedido de producción AW 11106528 y la boleta de venta N° 361024, dichas pruebas fueron desestimadas debido a que no era posible advertir que dichos documentos estaban referidos a un mismo producto. • Respecto a los correos, contrariamente a lo sostenido por la demandante, no constituyen un medio idóneo para demostrar la puesta efectiva en el comercio de los productos identificados con la Página 6 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS marca materia de cancelación, ya que en los mismos son comunicaciones cursadas entre comprador y vendedor para la “posible “compra de productos, pero no demuestran que dichas compras se hayan efectivamente realizado y que los productos hayan sido puestos en el comercio. ' • Respecto al documento “Sale Contract”, el pronunciamiento del Tribunal del INDECOPI, era en el sentido que aun cuando de dicho documento se trata de un contrato celebrado con una empresa chilena para la comercialización de productos, éste por sí mismo no resultaba suficiente para acreditar el uso de la marca en cuestión, al no haberse demostrado que el acto de compra-venta se haya perfeccionado, mediante la presentación de otros documentos contables, como facturas, documentos aduaneros, entre otros, y más aún al no haberse acreditado que los referidos productos fueron introducidos al mercado y estuvieron a disposición del público consumidor. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Tribunal hubiese dado merito probatorio al documento en cuestión, éste se encontraba referido a la comercialización de “mantas” producto que pertenece a la clase 24 de la Nomenclatura Oficial y no a la clase 25 a la que pertenecen los productos que distingue la marca materia de Página 7 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS cancelación, por lo que no constituiría un documento idóneo para demostrar el uso de la marca en cuestión. • Las fotografías presentadas, por sí solas no pueden demostrar el uso de una marca en el mercado, porque únicamente son imágenes captadas por el titular de una marca, de su establecimiento comercial, en cualquier época, más no demuestran el acto mismo de comercialización de los productos, elemento esencial a fin de determinar que una marca ha sido efectivamente usada en el mercado. • La comercialización de 3 estolas, 15 chompas y 20 chalinas resulta una cantidad insuficiente de acuerdo a la naturaleza del producto que distingue la marca materia de cancelación (prendas de vestir), no habiéndose demostrado la continuidad en el uso de la referida marca. Bajo este orden de ideas, es evidente que de una valoración conjunta de las pruebas adjuntadas, correspondía que se cancelara el registro de la marca TUMI y logotipo. QUINTO: Tumi aduce: • La demandante se limitó a presentar facturas que no incorporaban mención alguna a la marca objeto de cancelación y no Página 8 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS complemento las mismas con, por ejemplo, documentos contables o certificaciones de auditoria (tal como refiere la norma) y, además tampoco acreditó que las facturas presentadas correspondieran al uso de la marca registrada o de sus otras marcas conformadas por el término TUMI (que no constituyen variaciones de ésta última). • El análisis realizado por la referida Sala indica que al estar la marca registrada conformada por dos elementos principales (uno denominativo y uno figurativo), cualquier variación de esta marca deberá estar incorporada al menos por ambos elementos, tal como lo establece el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. • El hecho de eliminar el elemento gráfico e incorporar nuevos elementos denominativos tiene como consecuencia una alteración del carácter distintivo de la marca en cuestión. • No es coherente sostener que las marcas TUMI CLUB y TUMI KIDS constituyan variaciones de la marca registrada objeto de cancelación por el sólo hecho de compartir un término denominativo, menos aun tratándose de signos mixtos. De adoptar esta posición bastaría con que se registre por única vez un signo denominativo para alegar que cualquier otro signo, sea denominativo o mixto, por el sólo Página 9 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS hecho de incorporar el signo denominativo registrado, constituye una variación del mismo. • En las facturas presentadas por la demandante no hacen alusión a ninguna marca en particular, sino simplemente consignan el tipo de producto, más no mencionan con qué marca se identifican los mismos. • En cuanto a las notas de contenido a las que hace alusión INCALPACA, constituyen documentos internos elaborados por dicha empresa que no sirven para acreditar de manera fehaciente que los productos referidos en las facturas presentadas correspondan a productos identificados con la marca objeto de cancelación, en la medida que se trata de documentos de parte, de los cuales no se tiene ninguna certeza sobre su veracidad o el momento en que los mismos fueron emitidos. Dichos documentos no se encuentran firmados o con sello de recepción por parte de las empresas a las que supuestamente se les dirigió. • Si INCALPACA quería complementar las facturas presentadas, pudo haber presentado certificaciones de auditoría que den fe que las referidas facturas correspondían a productos identificados con la marca objeto de cancelación. También pudo presentar documentos contables. No obstante, lo anterior, convenientemente decidió Página 10 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS complementar sus facturas con documentos de parte internos que no generan ninguna certeza sobre la validez de su contenido. • Sin perjuicio de lo expuesto, si bien en las notas de contenido se hace alusión al término TUMI en relación con los productos que en ellas se detallan, los documentos presentados no sirvieron para acreditar que los productos se encontraban identificados por la marca objeto de cancelación ya que como bien se puede apreciar, la marca materia de cancelación es una marca mixta y las notas de contenido consigan un término denominativo. • La inclusión en las notas de contenido del término TUMI no acredita de manera fehaciente que se trate de productos identificados con la marca materia de cancelación. • Las marcas TUMI CLUB y TUMI KIDS alteran el carácter distintivo de la marca objeto de cancelación. • No es posible tener certeza sobre que las facturas que han sido presentadas para acreditar el uso de la marca materia de cancelación correspondan a la venta de productos identificados con la marca objeto de cancelación tal como fue registrada. • INCALPACA tan sólo presentó 4 boletas por la venta de 2 chalinas y 2 chompas que hacen alusión al término TUMI más no se acreditó que dicho término corresponda a la marca objeto de cancelación. Página 11 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Considerando que los productos que fabrica y comercializa INCALPACA son prendas de vestir de consumo masivo, aún en el supuesto en que se hubiere considerado que las referidas boletas correspondían a la marca objeto de cancelación, no era posible concluir que la venta de 4 prendas constituyen prueba del uso de la marca materia de cancelación. • Es falso que no se haya tomado en cuenta las boletas presentadas pues la Sala de Propiedad Intelectual señaló que algunas de ellas sí acreditaban la venta de productos con la marca objeto de cancelación; no obstante refirió que sumadas al resto de los medios probatorios no acreditaban la puesta a disposición en el mercado de los productos de acuerdo a su naturaleza. • En relación a los Contratos de Venta, pedidos a producción, Correos electrónicos, etiquetas, fotografías de las tiendas, se trata de documentos internos elaborados por la propia INCALPACA donde no se aprecia ningún elemento que de fe sobre la validez de los mismos. Asi pues, en el caso de los contratos de venta no hay firmas de las empresas a las que supuestamente se les venden los productos; en los correos electrónicos no hay confirmaciones de los pedidos por parte de los destinatarios, etc. Página 12 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS SEXTO: Fluye del expediente administrativo: • A folios 01, obra la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta el 20 de setiembre de 2013 por Tumi Inc contra el registro de la marca mixta TUMI y logotipo inscrito con Certificado N° 93270 a favor de Incalpaca TPX S.A. • Por escrito del 2 de enero de 2014, Incalpaca contesta la acción de cancelación. • Mediante Resolución N° 1792-2014/CSD-INDECOPI, del 13 de junio de 2014, se declara fundado el pedido y se cancela el registro de la marca TUMI y logotipo inscrita con Certificado n° 93270 para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial a favor de Mattel Inc. • No conforme, con escrito del 10 de julio de 2014, Incalpaca interpone recurso de apelación, atendido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual con Resolución N° 2898-2015/TPI- INDECOPI, del 13 de julio de 2015, que confirma la recurrida. SÉTIMO: La marca mixta registrada y la usada con modificatorias son las siguientes: Página 13 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Signo Registrado de INCALPACA Variación del signo TPX Certificado N° 93270 Distingue: Prendas de vestir de punto, abrigos, vestidos y accesorios en base a tejido de punto de la clase 25 de la nomenclatura oficial. OCTAVO: La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, dice: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie Página 14 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Página 15 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Conforme a la norma citada, no se cancelará por falta de uso el registro de una marca que fue usada con detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Ello se explica por el carácter dinámico del mercado, pues no es razonable exigir que una marca registrada sea usada de forma idéntica a como fue registrada hace 40 años, por ejemplo. En ese sentido, según Fernández Nóvoa, corresponde establecer cuál es el elemento que imprime el carácter distintivo de la marca registrada y luego indagar si ese elemento ha sido alterado al usar la marca. Respecto a la cancelación de marcas por falta de uso, el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 244-IP-2015 explica: Página 16 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS “1.14. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados. Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrían esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. (…) En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si Página 17 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. Página 18 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. (…) De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado). En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar.” Página 19 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS En ese sentido, las condiciones del uso de la marca registrada que deben ser acreditadas a fin de evitar su cancelación por falta de uso son las siguientes: Condiciones materiales: - Los productos tienen que estar presentes o estar disponibles en el mercado relevante. - El uso tiene que ser real (no simulado) y materializarse de manera externa y pública. - El uso tiene que ser efectivo: con la intensidad adecuada de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios concernidos, las circunstancias dentro de las que se efectúa la comercialización o prestación y de la dimensión de la empresa titular de la marca. - Ponderación productos de consumo masivo, de consumo selectivo o estacionales. - Disponibilidad: No es exigible éxito en las ventas - Los medios probatorios no necesariamente deben probar que los productos de marca ya estén en el mercado, basta que se pruebe que por lo menos están disponibles en el mercado. Condiciones temporales: - El uso debe verificarse en cualquier momento dentro de los 3 años precedentes a la interposición de la acción de cancelación. Página 20 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS Condiciones territoriales: El uso debe verificarse en cualquiera de los siguientes países miembros de la Comunidad Andina (mercado relevante): Perú, o Colombia, o Ecuador, o Bolivia. Finalmente, de acuerdo a la citada jurisprudencia, corresponde que el juzgador tenga en cuenta que los medios probatorios pueden ser directos o indirectos y que deben valorarse en conjunto. NOVENO: Sobre el uso de la marca en una forma diferente a la registrada El Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 310-IP-2016 del 03 de abril del 2017 explica: “El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que si la marca D DUNK (mixta) no estaría siendo usada en la forma en la que fue registrada. La norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los Página 21 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. 4.3. Los elementos principales no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. 4.4. Los elementos secundarios, por el contrario, podrán ser modificados únicamente en relación con aspectos accesorios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. 4.5. El párrafo tercero del Articulo 166 de la Decisión 466 de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera Página 22 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 4.6. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. Página 23 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS 4.7. Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente Interpretación Prejudicial. 4.8. El signo será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada. 4.9. Finalmente, la normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado. (...) Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el Página 24 de 33 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico – Sede RABANAL BACKUS elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: a) Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer que elemento prevalece: el trazado o el concepto.” Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado. b) Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: Página

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

3° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11673-2015-0-1801-JR-LA-03 MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS JUEZ : HUAMAN SANCHEZ, LUZ ELENA ESPECIALISTA : GUERRERO ROLDAN, GLADYS DEMANDADO : BANCO DE LA NACION DEMANDANTE : PUERTAS HUAMAN, LIS NATY Resolución Número: TRECE Lima, 08 de Mayo del 2019 Al escrito presentado por la demandante ingresada por CDG el 18 de febrero: Al principal, primer y segundo otrosí: Con la documentación que se acompaña, y estando a la solicitud de fijación de costos; y, ATENDIENDO: PRIMERO: Para la determinación del monto a pagar por costos del proceso no se encuentran al libre albedrío de las partes, pues conforme al Título XV del Código Procesal Civil, el legislador ha establecido parámetros en base a los principios de discrecionalidad y prudencialidad, por lo cual el monto debe establecerse teniendo en cuenta una serie de parámetros como: 1) la cuantía o naturaleza del asunto decidido; 2) la dificultad de las cuestiones debatidas; 3) el grado de éxito obtenido; 4) el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto del abogado patrocinante; 5) la duración del proceso, que implica tener en cuenta las instancias recurridas; 6) las pretensiones que han sido amparadas. SEGUNDO: Es así que conforme a lo previsto por los artículos 411° y 412° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, establece que el objeto de los costos es rembolsar a la parte vencedora los gastos que le ocasionó el asesoramiento de su abogado en el proceso, y más adelante en el artículo 418°, se establece que para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite el pago de honorarios del abogado, así como, los tributos que correspondan y, atendiendo a ello y a las incidencias del proceso, se tendrán en cuenta para determinar el quantum por concepto de costos que le corresponden a ésta parte. TERCERO: De los actuados se tiene que el proceso se inició el 18 de mayo de 2015, habiéndose demandado la indemnización por despido arbitrario y el pago de beneficios sociales, proceso al cual se acumuló el expediente N° 22329-2015 iniciado ante el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo en el cual se demandó la Reposición, demanda que fue declarada fundada en parte, mediante Sentencia N° 277-2016-3°JETPL-MSNP de fecha 20 de setiembre de 2016; fallo que fue apelado por la ejecutada, y habiendo el Superior Jerárquico confirmado la sentencia de Primera Instancia modificando la suma de abono y ordena el pago de S/. 152,126.20 soles a favor de la actora por beneficios sociales, más los intereses legales y costos. Asimismo, se debe de tener en cuenta la duración del proceso, la cual dura aproximadamente 03 años. CUARTO: Estando a ello, debe indicarse que corresponde reembolsar al actor, como parte vencedora, los gastos ocasionados por el asesoramiento de su Abogado Defensor, por haber tenido que concurrir a la vía judicial para el reconocimiento de sus derechos laborales, en el cual se tuvieron que presentar diversos escritos, tales como la demanda, entre otros, así como tener que concurrir a las audiencias de primera instancia –conciliación y juzgamiento-, presentar escritos que impulsen el proceso a fin de que se ejecute la sentencia. Es así que ha adjuntado el Contrato de Honorarios Profesionales, suscrito entre el Abogado Defensor y el actor. QUINTO: Al respecto, cabe indicar que si bien las partes tienen libertad de pactar los montos que estimen pertinentes, no existe obligatoriedad en fijar el monto de los costos procesales en la cantidad pactada entre las partes, más aún si se tiene en cuenta que el para fijar este concepto, el juez sólo debe tener en cuenta la cuantía del asunto decidido, la complejidad de lo debatido, el grado de éxito obtenido, el grado de participación, la duración del proceso y las pretensiones que fueran amparadas, estando a los considerandos precedentes, con criterio discrecional y prudencial, SE RESUELVE: Fijar los COSTOS en la suma de S/.25,096.19 soles; más el cinco por ciento (S/.1,254.81) destinado al Colegio de Abogados del distrito Judicial de Lima. Asimismo, de conformidad con el artículo 418° del Código Adjetivo para ser efectivo el cobro del monto regulado el demandante deberá presentar el recibo de honorarios profesionales debidamente cancelado y el pago de los tributos respectivo por el monto regulado. Al tercer otrosí: Téngase presente. Avocándose al conocimiento de la presente causa el Juez Supernumerario que suscribe por disposición Superior.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

4° SALA LABORAL PERMANENTE DE LIMA EXPEDIENTE: 11673-2015-0-1801-JR-LA-03 RELATOR: LUIS ANIBAL GODINES SALVADOR Señores ESPINOZA MONTOYA HUERTA RODRÍGUEZ GONZALEZ SALCEDO Resolución N° 04 Lima, 7 de diciembre de 2017 Devueltos los autos en la fecha, y ATENDIENDO: Primero.- Se ha generado discordia, por cuanto el voto del señor juez superior HUERTA RODRÍGUEZ es porque se REVOQUE la sentencia en los extremos que ampara los incrementos por convenios colectivos referidos a la movilidad, refrigerio y uniforme, y el pago de la bonificación extraordinaria (cierre de pliego), REFORMÁNDOSE se declara infundados dichos conceptos, se CONFIRME la sentencia en lo demás que contiene, modificándose el monto total otorgado a favor del actor, ordenándose a la demandada cumpla con efectuar a favor del actor el abono de la suma de S/. 149,859.50 por los conceptos sociales amparados; mientras que el voto en discordia de la señora juez superior ESPINOZA MONTOYA, con la adhesión de la señora juez superior CARLOS CASAS, es porque se CONFIRME la sentencia que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, fundada la excepción de prescripción deducida por la demandada, declarándose la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes por el periodo 05 de febrero de 2010 al 31 de agosto de 2015, ordenándose que la demanda cumpla con pagar los montos correspondientes a beneficios sociales (legales y convencionales), modificándose la suma de abono, fijándose en la suma de S/. 152,126.20, declarándose incausado el despido, ordenándose que la demandada cumpla con reponer a la demandante en el cargo que venía desempeñándose al momento del cese, infundada respecto de las remuneraciones devengadas y beneficios accesorios. Segundo.- Por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LLAMARON al señor juez superior designado por ley para dirimir la presente causa, y SEÑALARON la Vista de la Causa en discordia para el DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, audiencia que se iniciará a horas CUATRO DE LA TARDE. Al escrito de la demandada con número de ingreso 136109-2017: Estese a la presente resolución.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

3° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11673-2015-0-1801-JR-LA-03 MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS ESPECIALISTA : CESPEDES CAMACHO MAGDALENA DEMANDADO : BANCO DE LA NACION , DEMANDANTE : PUERTAS HUAMAN, LIS NATY Resolución Número 05 Lima, 03 de octubre Del dos mil dieciséis.- Por recibido, luego de la creación del Sub Modulo Laboral N° 01; y al encontrarse los autos en estado de trámite Se avoca al conocimiento de la presente causa la Especialista Legal que suscribe por Disposición Superior, procediéndose a proveer como corresponde el escrito que antecede el mismo que ha sido entregado a la cursora con fecha 03.10.16: Al escrito de apelación de sentencia presentado por la parte demandada el 27 de setiembre del 2016 contra la sentencia de fecha 20 de setiembre del 2016. FUNDAMENTOS : 1- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. 2- Forma parte del derecho a un debido proceso, el respeto al legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes en el proceso, formando una variante de esta, la facultad de impugnar sentenciar y resoluciones, respecto de las cuales las partes consideran, les causan agravio a sus intereses. 3- Mediante sentencia de fecha 20 de setiembre del 2016 el Juzgado Declaró Fundada en parte la demanda Interpuesta por el accionante. 4- De la revisión del escrito se advierte que la demandada ha cumplido con exponer su fundamento y la naturaleza del agravio que sustenta su pretensión impugnada, toda vez que el recurso de apelación cumple con los requisitos exigidos por el artículo 366º del Código Procesal Civil precisando el error de hecho y de derecho, expresando los agravios respectivos y sustentando la pretensión impugnatoria, además de encontrarse dentro del término de ley conforme a lo estipulado en el artículo 32° de la Ley N.° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo; y en aplicación a lo previsto por el inciso 2) del artículo 365º de Código Procesal Civil. En atención a lo expuesto, y habiéndose interpuesto la apelación dentro del plazo de Ley, y de conformidad con lo establecido en los artículos 365,366 y 367° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso: SE RESUELVE: 1) CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta por la demandada contra la sentencia emitida en autos. 2) ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima Edificio Alzamora Valdez, Piso 17, Av. Abancay Cdra. 5 Esquina con Nicolás de Piérola – Cercado de Lima. ______________________________________________________________________ Expediente: 11673-2015-0-1801-JR-LA-03 Especialista Legal: Renato Sotelo Segura SENTENCIA NÚMERO 277-2016-03°JETPL-MSNP Lima, veinte de setiembre del dos mil dieciséis.- I. EXPOSICIÓN DE HECHOS: 1. LIS NATY PUERTAS HUAMÁN en adelante la parte demandante interpone demanda contra BANCO DE LA NACIÓN en adelante la demandada; cuyo petitorio comprende: 1.1. Se declare la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios por uno laboral a plazo indeterminado desde el 13 de junio de 2008. 1.2. Se ordene el pago de gratificaciones más la bonificación extraordinaria del 9% de EsSalud por el periodo laborado. 1.3. Se ordene el pago por descanso vacacional adquirido y no gozado, indemnización vacacional y vacaciones simples. 1.4. Se ordene el pago de compensación por tiempo de servicios. 1.5. Se ordene el pago de utilidades por el periodo 2008 al 2014. 1.6. Se ordene el pago de bonificación por cierre de pliego por el periodo del 2008 al 2014. 1.7. Se ordene el pago de escolaridad del periodo 2008 a 2015. 1.8. Se ordene el pago por reintegros de remuneración básica mensual por convenios colectivos 2008 al 2014, y laudo arbitral de 2011, y su incidencia en las gratificaciones. 1.9. Se ordene el pago por reintegros por convenios colectivos 2008 al 2014, y laudo arbitral 2011 (asignación por refrigerio, movilidad y uniforme). 1.10. Se ordene su reposición por despido incausado, así como se abone el pago de remuneraciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de reposición. 1.11. Subordinadamente de ordene el pago de una indemnización por despido arbitrario. 1.12. Se ordene el pago de intereses legales, costas y costos. 2. La parte demandante en su escrito de demanda señala que: 2.1. Ingresó a laborar para la demandada con fecha 13 de junio de 2008, percibiendo como última remuneración la suma de S/ 4,000.00 soles ocupando el cargo de Analista de Programación y Evaluación. 2.2. Desde su ingreso sus labores fueron desarrolladas en la sede principal de la demandada, habiendo realizado su en el Departamento de Informática hasta el año 2010, desde dicha fecha a la actualidad presta servicios en el Departamento de Logística. 2.3. Laboraba de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m., utilizando herramientas e implementos asignados por la demandada, como útiles de escritorio, computadora personal. 2.4. Como consecuencia de haberse simulado la relación, le corresponde con el abono de los beneficios sociales tales como: gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, utilidades, y bonos. 2.5. Con fecha 31 de agosto de 2015 fue despedida sin causa alguna, por lo que de conformidad con el artículo 40° del T.U.O. del D.L. N° 728 se debe ordenar el pago de remuneraciones dejadas de percibir con los incrementos producidos en el trabajo. 3. Admitida la demanda mediante Resolución Número Uno de fecha 26 de mayo de 2015, se citó a las partes para la Audiencia de Conciliación, la misma que se llevó a cabo el 25 de enero de 2016 con la concurrencia de ambas partes. No arribándose a un acuerdo conciliatorio, la demandada cumple con presentar su escrito de contestación de demanda. Asimismo, mediante Resolución Número Tres de fecha 20 de mayo de 2016 se decidió Acumular el expediente 22329-2015-0 remitido por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima con el tramitado por éste despacho; la cual la demandada cumple con presentar su escrito de contestación (respecto de la reposición) conforme fue ordenado en la Resolución N° Dos emitido por el Sexto Juzgado de Trabajo. 4. La demandada al absolver el traslado de la demanda, ejerce su derecho de defensa de la forma siguiente: 4.1. Deduce excepción de prescripción extintiva. 4.2. Contesta la demanda señalando que se contrató a la demandante con la finalidad de ejecutar servicios de naturaleza independiente, los mismos que fueron requeridos para atender de forma autónoma el servicio de apoyo en el seguimiento de procesos del plan anual de adquisiciones y contrataciones del Departamento de Informática. 4.3. La prestación personal del demandante tuvo interrupciones, la cual entre cada periodo contractual existieron días en los cuales no hubo ningún tipo de relación entre las partes. 4.4. Durante el periodo demandado no ha operado poder de dirección ni de fiscalización alguna, toda vez que la demandante desempeñaba sus actividades en forma autónoma. 4.5. No se le adeuda a la demandante monto alguno por concepto de beneficios sociales, mucho menos beneficios de naturaleza convencional. 4.6. El cese de la demandante ocurrió por vencimiento del plazo establecido en su contrato de locación de servicios, el mismo que no fue renovado, consecuentemente no existió el supuesto despido señalado. 4.7. Debe resolverse como improcedente el pedido de reposición de conformidad con la aplicación del precedente vinculante establecido en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC. 4.8. Como integrante del Poder Ejecutivo está exonerado del pago de costas y costos procesales. 5. Luego de tenerse por contestada la demanda, se fijó fecha para la audiencia de Juzgamiento, la misma que se llevó a cabo el 20 de setiembre del año en curso, con la participación de ambas partes conforme consta en audio y video; no arribándose a un acuerdo conciliatorio (reposición). Se efectuó la confrontación de posiciones, luego se admitieron y actuaron los medios probatorios ofrecidos, concediéndose el uso de la palabra a los abogados para que formulen sus alegatos. Se dio por concluido el debate y se declaró Fundada en parte la demanda, por lo que corresponde exponer los argumentos correspondientes. II. INCIDENTES: 1. Excepción de prescripción: 1.1. La demandada sostiene que por efecto de la Ley N° 27321 el plazo de cuatro años desde el 05 de noviembre de 2009 ha transcurrido en exceso, fecha en la cual culminó una de las relaciones contractuales mantenidas con la demandante. 1.2. Al respecto es menester tener en cuenta que la prescripción es un mecanismo procesal a través del cual se señala que el interés para obrar del demandante ya no existe por el transcurso del tiempo, en tanto que la prescripción extintiva destruye la pretensión, es decir, la posibilidad de exigir judicialmente determinada pretensión sustentada en un determinado derecho, sin afectar a éste. 1.3. En materia laboral la prescripción ha sido objeto de diversas regulaciones a través del tiempo, es así que la hoy derogada Constitución Política del Estado de 1979 estableció en su artículo 49° que la acción de beneficios sociales prescribía a los 15 años; la Constitución Política de 1993 no legisló el plazo de prescripción laboral y se aplicó para dicho periodo el plazo prescriptorio del Código Civil de 10 años, hasta la dación de la Ley N° 26513 publicada el 28 de julio de 1995, que estableció la prescripción en tres años. 1.4. Finalmente fue derogada por la Ley N° 27022 que estableció la prescripción laboral en 2 años contados a partir del día siguiente de la extinción del vínculo laboral, y ésta fue derogada por la Ley N° 27321, que establece el plazo de prescripción laboral de 4 años desde el día siguiente de la extinción del vínculo laboral. 1.5. En ese sentido, de los contratos presentados por la demandante se advierte que los mismos fueron suscritos sucesivamente desde el 13 de junio de 2008 al 05 de noviembre de 2009, interrumpiéndose por periodo equivalente a tres meses, restableciéndose a partir del 05 de febrero de 2010 hacia adelante. De la misma manera, de las boletas presentadas se advierte tal interrupción; finalmente no ha acreditado la demandante mediante otros medios probatorios haber estado vinculada con la demandada por dicho lapso de tiempo. 1.6. Siendo ello así, esto es, haber culminado el vínculo jurídico con la demandada el 05 de noviembre de 2009, a la presentación de la demanda el 18 de mayo de 2015 la acción ya se encontraba prescrita; por lo que corresponde amparar la excepción deducida declarándola fundada por dicho periodo, subsistiendo el periodo posterior. III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 1. Hechos no controvertidos: La existencia de vínculo jurídico entre las partes, la fecha del cese de la demandante, y que esta se debió al vencimiento de contrato. 2. Delimitación de la controversia: La controversia se encuentra circunscrita en determinar si corresponde declarar la desnaturalización de los contratos de locación de servicios del periodo 05 de febrero de 2010 en adelante; el pago de beneficios sociales y convencionales desde el 05 de febrero de 2010, la reposición y remuneraciones y beneficios dejados de percibir, y el pago de una indemnización por despido arbitrario. 3. Consideraciones previas: El Tribunal Constitucional mediante Sentencia Vinculante recaída en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC JUNÍN ha establecido determinados parámetros que han modificado sustantivamente la aplicación de las normas del régimen laboral de la actividad privada a los trabajadores que laboran en la administración pública sujetos al régimen privado, adicionando dos elementos sustanciales que se insertan en el origen de la contratación, como son el de haber acreditado el ingreso a la administración pública mediante concurso público de méritos y la existencia de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. 4. Conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, determinadas resoluciones, entre las que se encuentran las Sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada, constituyen precedentes vinculantes, cuando así lo exprese la sentencia, el cual es de aplicación por parte de los jueces al administrar justicia, bajo responsabilidad. 5. Cabe resaltar que dicha Sentencia ha precisado que para el ingreso del personal a la Administración Pública, necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, y que la interpretación de los artículos 4° y 77° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, no puede ser literal para los trabajadores de la administración pública. 6. Vale decir, que con el precedente en mención el Tribunal Constitucional determina que para los efectos de nuevos ingresos a la administración pública, la reincorporación, o la inserción de aquellos trabajadores que pretendan su incorporación en forma permanente al régimen laboral de la actividad privada, se debe de evaluar si estos cuentan con cuatro elementos concurrentes y copulativos: el concurso público de méritos; a una plaza presupuestada; plaza que debe estar vacante; y, sea de duración indeterminada. 7. No obstante, el propio Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 23 de junio de 2016 recaído en el Expediente N° 06681-2013-PA/TC ha señalado en el Fundamento 5 que “Así, sobre la base de lo dispuesto en la STC Exp. N.° 05057- 2013-PA sobre la función pública, es claro para este órgano colegiado que no toda persona que se vincula a la función pública necesariamente está realizando carrera administrativa, y que solo a esta último grupo de personas, los que vienen efectuando carrera administrativa, es que corresponde aplicar las reglas del "precedente Huatuco", referidas al pedido reposición”. 8. En ese sentido, en el Fundamento 11 ha señalado que “Señalado esto, es claro que el "precedente Huatuco" solo resulta de aplicación cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública. Esto es especialmente relevante, pues implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública (…) y otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de confianza o los trabajadores de las empresas del Estado”. Énfasis agregado 9. Por lo que siendo la demandada una empresa de Derecho Público, cuyas actividades y estructura orgánica son normadas por su propio Estatuto (aprobado por D.S. N° 07-94-EF), no corresponde aplicar los alcances normativos establecidos en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC JUNÍN. 10. Respecto del periodo de Locación de Servicios: En relación a dicho extremo, es necesario verificar en primer lugar si la relación jurídica entre las partes, que ambas reconocen su existencia, corresponde a una de naturaleza laboral, vale decir si ha existido vínculo laboral. 11. Sobre el particular, debe indicarse que el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades por el cual una de las partes llamada trabajador, se compromete a prestar personalmente sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra llamada empleador, quien a su vez está obligado a pagar a favor de aquél una remuneración por los servicios prestados. Definición de la que se manifiesta sus elementos: la prestación personal, subordinación y remuneración, de los cuales el de subordinación es el más resaltante e importante por constituir el rasgo diferenciador para distinguir el contrato de trabajo de otro tipo de contratos. 12. En mérito a ello, el empleador respecto del trabajador se encuentra facultado para dirigir (dar órdenes, instrucciones o directrices acerca del servicio contratado), fiscalizar (verificar si se cumplen adecuadamente los servicios pactados), y sancionar (impone medidas ante el incumplimiento de las obligaciones de trabajo); es decir, rasgo éste último que no se presenta en lo absoluto en una contrato de naturaleza civil. 13. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764º del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. 14. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de recalcar en la Sentencia N° 02069-2009-AA/TC, que “… Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. Énfasis agregado. 15. Por lo que a efectos de determinar la existencia del vínculo laboral, se valorarán los medios probatorios presentados teniendo presente los fundamentos teóricos antes referidos. 16. Prestación personal: De acuerdo al artículo 5º del D.L. Nº 728, el contrato de trabajo se caracteriza porque “Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores”; viene a ser la ejecución de la prestación sin la asistencia de dependientes a su cargo ni transferirle en todo o en parte a un tercero, en el presente caso, las pruebas que el juzgado amerita son: - El Contrato de Locación de Servicios de fecha 04 de febrero de 2010 el cual establece en que “TERCERA.- OBJETO Y PLAZO DEL CONTRATO Por el presente documento EL BANCO contrata a EL LOCADOR para que ejecute en forma autónoma e independiente (…)”; asimismo, en la Cláusula Sexta se ha establecido que “EL LOCADOR se compromete a no delegar a otra persona la conducción de la ejecución parcial o total de EL SERVICIO (…)”. - La copia del fotochek otorgado a la demandante por el año 2014. 17. En consecuencia, al encontrarse acreditada el carácter intuito personae de la relación contractual mantenida entre las partes, el primer requisito esencial del contrato de trabajo está probado. 18. Subordinación y dependencia: El contrato de locación de servicios ha sido definido en el artículo 1764º del Código Civil como aquél acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. Es evidente que de la definición dada por el Código Civil, el elemento esencial de este contrato es la independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios. 19. A efectos de determinar la presencia o ausencia de este vínculo jurídico, la doctrina y jurisprudencia en esta materia, han establecido algunos elementos denominados rasgos sintomáticos que nos revelan la presencia de tal vínculo; así por ejemplo, el hecho de tener que cumplir el trabajador con una jornada y un horario de trabajo, que la prestación de servicios se desarrolle en ambientes y con instrumentos proporcionados por el empleador, que exista una marcada función directriz y de gestión del negocio por parte del empleador, que exista ajenidad en el cumplimiento de las prestaciones laborales por parte del trabajador, que exista continuidad y permanencia en el servicio, entre otros. 20. En ese sentido, obra el memorándum EF/92-2603 N° 136-2012 en el que se le informa a la demandante su designación como miembro integrante del Comité Especial 2012, en la cual se remarca la importancia de su participación durante todas las etapas de los procesos de selección; el memorando EF/92.2624 N° 231-2012 en el que se solicita que se adopten las acciones necesarias para dar cumplimiento en forma diligente y bajo responsabilidad recomendaciones indicadas por el Órgano de Control Interno; con lo que se evidencia el poder de dirección empleado por la demandada. 21. Asimismo la demandante ha realizado sus labores en la sede principal de la demandada, por lo que deduce que ha dotado de herramientas de trabajo (computadora, teléfono, correo) para el normal cumplimiento de sus funciones. Por lo que se infiere que la demandante efectuaba sus labores de manera personalizada, además de encontrarse sujeta a subordinación. 22. Remuneración: La contraprestación económica por la prestación de un servicio puede ser efectuada de distintas formas: retribución, emolumentos, pagos; y puede ser efectuado contra entrega de recibos por honorarios o facturas de ser el caso; sin embargo en el contrato de trabajo la contraprestación económica por la labor realizada se denomina remuneración. 23. Así, conforme se aprecia las prestaciones a cargo de la demandante han sido debidamente retribuidas, conforme consta de los propios contratos de locación de servicios, en los cuales se verifica que la demandante ha recibido su retribución con una periodicidad mensual y en un monto fijo. Por lo que su otorgamiento en forma continua, con una periodicidad mensual y con un monto fijo como contraprestación económica por los servicios prestados denotan su carácter remunerativo. 24. Con lo cual queda suficientemente acreditada, la presencia de los elementos de un contrato de trabajo; es decir, se presentan conjuntamente la prestación personal, subordinación y remuneración. 25. Por lo que se puede concluir que en la relación habida entre las partes ha existido rasgos típicos de laboralidad, conforme a lo precisado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 2069-2009-AA/TC; más aún si la Nueva Ley Procesal del Trabajo en su artículo 23° establece que para desvirtuar la presunción de que la prestación personal sea de naturaleza laboral, corresponderá al demandado demostrar que no ha existido subordinación, o que la prestación personal de servicios remunerada se daba de manera autónoma, algo que en el presente caso no ha efectuado la demandada, no habiendo presentado medios probatorios que acrediten lo contrario. 26. En consecuencia, aplicando el Principio Laboral de Principio de Primacía de Realidad se concluye que entre las partes existió una verdadera relación laboral, y no una relación de carácter civil como señala la demandada. De conformidad con el artículo 4° del T.U.O. del D.L. N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, razón por la cual este Juzgado concluye que entre las partes existió un contrato de naturaleza laboral desde el 05 de febrero de 2010 en adelante. 27. Del pago de los beneficios sociales: La demandante señala que a la existencia de la relación laboral le corresponde el pago de los beneficios sociales y convencionales generados durante el periodo laboral, y habiéndose declarado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado desde el 05 de febrero de 2010 corresponde determinar cada uno de los conceptos solicitados. 28. Gratificaciones: Según lo señalado en la Ley N° 27735, ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad, se establece el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir dos gratificaciones en el año, las mismas que debe ser pagadas en la primera quincena de julio y diciembre de cada año, siendo que para tener derecho a este beneficio el trabajador debe encontrarse laborando en la oportunidad en que corresponda percibir dichas gratificaciones. No realizándose pago alguno por dicho concepto, corresponde abonar a favor de la demandante la suma de S/ 41,783.33 soles, de conformidad con la siguiente liquidación: Periodo Tiempo Haber Remuner. Efectivo Mensual Comput. jul-10 04M 3,000.00 2,000.00 dic-10 06M 3,000.00 3,000.00 jul-11 06M 3,000.00 3,000.00 dic-11 06M 3,000.00 3,000.00 jul-12 06M 3,000.00 3,000.00 dic-12 06M 3,000.00 3,000.00 jul-13 06M 4,000.00 4,000.00 dic-13 06M 4,000.00 4,000.00 jul-14 06M 4,000.00 4,000.00 dic-14 06M 4,000.00 4,000.00 jul-15 06M 4,000.00 4,000.00 dic-15 02M 4,000.00 1,333.33 Total S/. 38,333.33 Periodo Gratificacion Total jul-10 2,000.00 180.00 dic-10 3,000.00 270.00 jul-11 3,000.00 270.00 dic-11 3,000.00 270.00 jul-12 3,000.00 270.00 dic-12 3,000.00 270.00 jul-13 4,000.00 360.00 dic-13 4,000.00 360.00 jul-14 4,000.00 360.00 dic-14 4,000.00 360.00 jul-15 4,000.00 360.00 dic-15 1,333.33 120.00 Total S/. 3,450.00 29. Vacaciones: Según lo establecido en el artículo 10° del D.L. N° 713, el trabajador tiene derecho a gozar de 30 días naturales por concepto de descanso vacacional por cada año completo de servicios, derecho que se origina cumplido un mes de prestación de labores a favor del empleador, requisito a partir del cual procederá el abono del record trunco a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado. Habiendo negado la demandada la existencia de la relación laboral, por tanto no acreditando que se haya pagado suma alguna, corresponde abonar a favor de la demandante la suma de S/ 38,300.00 soles, de conformidad con la siguiente liquidación: Periodo Tiempo Haber Indemniza- Remuner. Efectivo Mensual cion Computable 2010 - 2011 01A 4,000.00 Dobles 8,000.00 2011 - 2012 01A 4,000.00 Dobles 8,000.00 2012 - 2013 01A 4,000.00 Dobles 8,000.00 2013 - 2014 01A 4,000.00 Dobles 8,000.00 2014 - 2015 01A 4,000.00 Simples 4,000.00 2015 06M 27D 4,000.00 Truncas 2,300.00 Total S/. 38,300.00 30. Compensación por tiempo de servicios: Conforme a lo señalado en el D.S. N° 001-97-TR – T.U.O. de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, dicho beneficio tiene la calidad tanto de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo, así como de promoción del trabajador y su familia, motivo por el cual ésta se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral y debe ser depositada por el empleador dentro de los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre de cada año. Siendo que en el presente caso, la demandada no ha acreditado haber realizado los depósitos ni el pago directo a la demandante al negar el vínculo laboral, por lo que debe ordenarse su pago en la suma de S/ 22,788.87 soles, conforme la siguiente liquidación: Depósito Periodo Tiempo Haber Gratificación Remuner. Deposito Efectivo Mensual Computable CTS abr-10 05/02/10 29/02/10 24 D 3,000.00 3,000.00 3,500.00 233.33 abr-10 01/03/10 30/04/10 02M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 583.33 oct-10 01/05/10 31/10/10 06M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 1,750.00 abr-11 01/11/10 30/04/11 06M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 1,750.00 oct-11 01/05/11 31/10/11 06M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 1,750.00 abr-12 01/11/11 30/04/12 06M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 1,750.00 oct-12 01/05/12 31/10/12 06M 3,000.00 3,000.00 3,500.00 1,750.00 abr-13 01/11/12 30/04/13 06M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 2,333.33 oct-13 01/05/13 31/10/13 06M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 2,333.33 abr-14 01/11/13 30/04/14 06M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 2,333.33 oct-14 01/05/14 31/10/14 06M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 2,333.33 abr-15 01/11/14 30/04/15 06M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 2,333.33 oct-15 01/05/15 31/08/15 04M 4,000.00 4,000.00 4,666.67 1,555.55 Total S/. 22,788.87 31. Utilidades: El artículo 29 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa que responde a la participación del trabajador en la generación de la utilidad o ganancia con su fuerza de trabajo. En cumplimiento de tal mandato constitucional y por permisión de la Ley, se ha expedido el D. L. Nº 677, el D.L. N° 892 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-98-TR que consolida la legislación sobre el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría y que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 32. Bajo este marco normativo constitucional y legal, es de apreciarse que no habiendo la demandada contradicho la suma liquidada por la demandante, corresponde otorgarlo en su favor por la suma solicitada, esto es, S/ 8,000.00 soles. 33. Escolaridad: De conformidad con los D.S. N° 001-2010-EF, 014-2011-EF, N° 003-2012-EF, Nº 003-2013-EF y 001-2014-EF, la bonificación por escolaridad se otorga a favor de los trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada, en los montos aprobados por los dispositivos legales citados, y que ascienden a las sumas que se indican a continuación: Dispositivo Fecha Importe ene-11 400.00 D.S. 004-2011-EF ene-12 400.00 D.S. 003-2012-EF ene-13 400.00 D.S. 003-2013-EF ene-14 400.00 D.S. 003-2014-EF ene-15 400.00 D.S. 003-2015-EF Total S/. 1,200.00 34. Convenios Colectivos: Sobre este extremo demandado, no es materia de debate la existencia y vigencia de tales convenios (2010 al 2013) que obran en autos. Siendo así, resulta indudable que la demandante en su condición de locador se encontraba imposibilitado de incorporarse al Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación, por ello no resulta razonable excluirla de los beneficios obtenidos en dichos convenios, en tanto su situación de precariedad laboral. 35. Al haber sido contratada bajo las normas del Código Civil, se infiere que se le ha impedido razonablemente incorporarse a la organización que participó en las negociaciones colectivas, por lo tanto, es aplicable al caso de autos lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Ley N° 25593, esto es, que “la convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza”. 36. En cuanto a los montos reclamados, la demandada no ha cuestionado los formulados en la demanda, constituyendo tal posición una respuesta genérica de conformidad con lo establecido en el artículo 19° segunda parte de la Nueva Ley Procesal del Trabajo concordante con el artículo 442 numeral 2 del Código Procesal Civil, se considera admitido. En relación a la bonificación por cierre de pliego se aprecia que del Convenio Colectivo de 2010 se otorga el beneficio en la suma de S/ 3,800.00 soles, en el Laudo Arbitral de 2011 se otorga el monto de S/ 4,500.00 soles, la misma suma de S/ 4,500.00 soles en el Convenio Colectivo de 2012, no otorgándose suma por dicho concepto en el convenio de 2013 . En ese sentido, corresponde otorgar a la demandante tales beneficios, conforme el siguiente cuadro: Mes Aumento Cierre Inc. Asig. Asignacion Uniforme Año Remuner. Pliego Refrigerio Movilidad Feb-2010 488.00 25.20 100.80 Mar-2010 610.00 31.50 126.00 Abr-2010 610.00 31.50 126.00 May-2010 610.00 31.50 126.00 Jun-2010 610.00 31.50 126.00 Jul-2010 610.00 31.50 126.00 Ago-2010 610.00 31.50 126.00 Sep-2010 610.00 3,800.00 31.50 126.00 Oct-2010 610.00 31.50 126.00 Nov-2010 610.00 31.50 126.00 Dic-2010 610.00 105.00 126.00 Ene-2011 720.00 105.00 126.00 Feb-2011 720.00 105.00 126.00 Mar-2011 720.00 105.00 126.00 Abr-2011 720.00 105.00 126.00 May-2011 720.00 105.00 126.00 Jun-2011 720.00 105.00 126.00 Jul-2011 720.00 105.00 126.00 Ago-2011 720.00 105.00 126.00 Sep-2011 720.00 105.00 126.00 Oct-2011 720.00 105.00 126.00 Nov-2011 720.00 105.00 126.00 Dic-2011 720.00 4,000.00 147.00 126.00 Ene-2012 940.00 147.00 126.00 Feb-2012 940.00 147.00 126.00 Mar-2012 940.00 147.00 126.00 Abr-2012 940.00 147.00 126.00 May-2012 940.00 147.00 126.00 Jun-2012 940.00 147.00 126.00 Jul-2012 940.00 147.00 126.00 Ago-2012 940.00 147.00 126.00 Sep-2012 940.00 168.00 147.00 Oct-2012 940.00 168.00 147.00 Nov-2012 940.00 168.00 147.00 Dic-2012 940.00 4,500.00 168.00 147.00 Ene-2013 940.00 168.00 147.00 800.00 Feb-2013 940.00 168.00 147.00 Mar-2013 940.00 168.00 147.00 Abr-2013 940.00 168.00 147.00 May-2013 940.00 168.00 147.00 Jun-2013 940.00 168.00 147.00 Jul-2013 940.00 168.00 147.00 Ago-2013 940.00 168.00 147.00 Sep-2013 940.00 168.00 147.00 Oct-2013 940.00 168.00 147.00 Nov-2013 940.00 168.00 147.00 Dic-2013 940.00 168.00 147.00 Totales S/. 37,788.00 12,300.00 5,579.70 6,232.80 800.00 37. Despido incausado: El despido es la decisión que toma el empleador en forma unilateral para dar por extinguido el contrato de trabajo, esta acción resulta justificada cuando se realiza sustentada en una causa justa prevista en la ley, siendo que para que sea legitima la causa de resolución del contrato de trabajo debe realizarse sustentada en una causa justa prevista en la Ley, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 16º, 22º y 46º; ya que al ser el contrato de trabajo un negocio jurídico bilateral, exige que su cumplimiento y ejecución no pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (el empleador); siendo que al no observarse dichos requisitos, el despido deviene en ilegítimo, improcedente o arbitrario que da lugar a la protección que previene nuestra norma constitucional. 38. La causa puede estar relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador, debiendo observarse las formalidades previstas en los artículos 22º, 25º, 31º del D.S. N° 003-97-TR; es de tenerse en cuenta también que nuestra Constitución Política reconoce como principio el respeto por el carácter irrenunciable de los derechos laborales del trabajador y protege el derecho al trabajo reconocido por su artículo 22º, conforme al cual el trabajo es un deber y un derecho, cuyo contenido esencial implica dos aspectos: por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. 39. Dado que en la presente resolución se ha declarado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes, lo cual implica que el empleador no pudo usar el plazo pactado para dar por culminada la relación laboral. Así un despido basado en una causa inexistente como la del vencimiento del contrato es equiparable a un despido incausado, una causa inventada es sin ninguna duda una causa inexistente en el plano jurídico. Por ello, la calificación del despido no puede

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ S.S.: ALMEIDA CÁRDENAS CASTRO HIDALGO CUNYAS ZAMORA SENTENCIA DE VISTA Lima, seis de noviembre del año dos mil dieciocho VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa e interviniendo como Jueza Superior ponente la señora Yanira Cunyas Zamora; esta Sala Laboral emite la presente resolución con base en lo siguiente: I. PARTE EXPOSITIVA: I.1. Objeto de la revisión Viene en revisión a esta instancia la Sentencia N° 204-2014 contenida en la Resolución N° 03 de fecha 23 de agosto de 2016, emitida por el Juez Reynaldo Freddy Ricaldi Ocampo del Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, inserta en el expediente en los folios 147 a 151, que resuelve: 1) DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por CÉSAR PAUL CHUCOS SÁNCHEZ contra COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. sobre DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS Y REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO; 2) DESNATURALIZADOS los contratos modales suscritos entre las partes desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 30 de abril de 2015, por un contrato a plazo indeterminado; 3) INCAUSADO el despido del que fue objeto el 30 de abril de 2015; 4) REPONER al demandante en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual nivel remunerativo en el plazo de 5 días, de consentida o ejecutoriada la presente resolución, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas respectivas, con expresa condena de costos y costas del proceso, que se liquidarán en ejecución de 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ sentencia; e, 5) INFUNDADA el pago de remuneraciones dejadas de percibir e intereses legales. I.2. Del recurso de apelación (pretensión y fundamentos) La parte demandada, mediante escrito de fojas 164 a 177 y 200 a 213, impugna la sentencia solicitando que se revoque y/o anule la misma y funda sus agravios en los siguientes términos: • Sostiene que su representada ha cumplido con acreditar fehacientemente que el contrato de trabajo a plazo determinado y las prórrogas que suscribió con el demandante, cuenta con los requisitos establecidos por ley, esto es, que ha consignado la causa objetiva de la contratación temporal, pues está sustentada en el incremento real de la capacidad productora actual de la planta concentradora Unidad Minera de Cerro Lindo, la cual fue reconocida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM); por lo que significa que no se ha valorado correctamente los medios probatorios aportados al presente proceso (como los informes emitidos por el MEM y las Declaraciones de Estadísticas Mensuales de los años 2013, 2014 y 2015), transgrediéndose el derecho a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. • Señala que no se ha tenido en cuenta que desde el año 2011, la tendencia en porcentaje de los recursos de minerales existentes en Cerro Lindo ha ido incrementándose, motivo por el cual se tomó la decisión de ampliar la capacidad de la Planta Concentradora, siendo necesaria la contratación de personal adicional para la determinación de la cantidad de mineral existente en dicha unidad minera, situación que ayudó a la fijación actual de la capacidad procesadora. Es más, indica que no se ha tenido en consideración la naturaleza del giro de negocio de su representada, ni que todo incremento de actividades es coyuntural. • Refiere que la resolución de contrato de trabajo y la finalización de la relación laboral fue válida y se sujetó a la ley y a lo establecido por las partes en el contrato de trabajo sujeto a modalidad; motivo por el cual no correspondía que su representada le iniciara un procedimiento de despido al actor, toda vez que su cese no estuvo vinculado a que éste cometiera falta grave alguna en el desarrollo de sus labores; por lo que concluye que no ha existido ningún 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ despido incausado, sino que éste se ha fundamentado en el plazo de vigencia del contrato. La parte demandante, mediante escrito de fojas 179 a 1182, impugna la sentencia solicitando que se revoque el extremo denegado y funda sus agravios en el sentido que si le corresponde el pago de las remuneraciones devengadas, debido a la suspensión imperfecta de labores. Estando a lo anterior, conviene precisar que en la Audiencia de Vista realizada el día de hoy, 06 de noviembre de 2011, la parte demandante se ha desistido de su recurso de apelación, fundamentación que ha sido oralizada ante este Colegiado; por lo que en ese sentido no corresponde emitir pronunciamiento sobre esta pretensión reclamada en la demanda. I.3. Pretensiones del proceso Como antecedente, se señala que en Audiencia de Conciliación llevada a cabo el 05 de mayo de 2016, cuya Acta de Registro obra de fojas 177, se precisaron las pretensiones materia de juicio, conforme se señalan a continuación: • Determinar si corresponde declarar la desnaturalización de los contratos temporales por incremento de actividades celebrados por las partes y por ende si se reconozca la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. • Determinar si corresponde ordenar la reposición del demandante, como consecuencia de un despido incausado; más el pago de costas y costos del proceso. II. PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine, del código procesal civil, aplicable supletoriamente, -que recoge en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum-; en la apelación la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia. El Contrato de Trabajo SEGUNDO: El trabajador, necesariamente es una persona natural, mientras que el empleador puede ser una persona natural o jurídica. El acuerdo entre ambos por el que uno se compromete con el otro a realizar labores bajo sus órdenes, supervisión y sanción a cambio de un pago en efectivo (dinero) y/o productos de consumo (especie) se denomina contrato de trabajo. En términos técnicos, el contrato de trabajo es la acuerdo de voluntades por el que una persona natural que asume el rol de trabajador se compromete y queda obligado a prestar sus servicios por sí mismo (personalmente) y en condiciones de subordinación a favor del sujeto que asume el rol de empleador, el cual en reciprocidad queda obligado al pago de la remuneración. TERCERO: La legislación peruana brinda un tratamiento jurídico especial al trabajo. Así en el artículo 22° de la Constitución Política del Estado se señala que “el trabajo es un deber y un derecho”; dispositivo a partir del cual se ha hecho derivar el derecho al trabajo el que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, implica el derecho a acceder a un puesto de trabajo y, además, el derecho a no ser despedido sino por causa justa1. Justamente, de esta segunda manifestación del derecho al trabajo deriva el derecho a la estabilidad laboral; la que, a su vez, contiene dos aspectos: La estabilidad laboral de entrada y la estabilidad laboral de salida. Por la primera se prefiere el contrato de trabajo por tiempo indeterminado en lugar del contrato de trabajo a plazo fijo; por el segundo, se protege al trabajador frente al despido, de modo tal que solo sea admisible cuando se sustente en una causa justa habilitante. CUARTO: La estabilidad laboral de entrada encuentra su desarrollo en el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, dado que estipula que “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 1 STC Exp. N° 00263-2012-AA/TC, fundamento 3.3.1. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ indeterminado”. Así queda definida que la legislación peruana prefiere la contratación laboral por tiempo indefinido. En armonía con este planteamiento, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República, uno siguiendo el principio de continuidad2 y el otro el principio de causalidad3, también admiten la preferencia del contrato a plazo indefinido. QUINTO: En consonancia con esta preferencia, la legislación facilita su configuración y adaptación, al mismo tiempo que limita y restringe la conformación de sus excepciones. El mismo artículo 4° citado señala que “[…] El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”. Debido a esta característica se pregona que en el sistema de contratación laboral peruano, la regla es el contrato de trabajo por tiempo indefinido y, entonces, sólo por excepción procede la contratación a plazo fijo, en tanto su admisión está supeditada a los supuestos autorizados por la ley, además, de estar sujetos al cumplimiento de requisitos formales preestablecidos. Respecto a los contratos de trabajo sujeto a modalidad SEXTO: Dado el favorecimiento del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, para la concertación del contrato de trabajo sujeto a la modalidad del plazo resulta insuficiente la libertad contractual de los intervinientes e incluso su común intención. Ello obedece a que las normas de contratación laboral son de carácter imperativo en tanto que importan al orden público y, como tal, no admiten pacto en contrario. Entonces, no es admisible la celebración indiscriminada o a voluntad de las partes de los contratos de trabajo sujetos a modalidad sino que será válida su concertación 2 STC Exp. N° 05382-2011-PA/TC, Fundamento 5: “Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC, precisó que hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental”. 3 Casación Laboral N° 339-2005-Puno: “El régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de aquella que pueda tener una duración determinada que por su propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar […]”. 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ únicamente en los casos permitidos por la ley y siempre que se cumpla los requisitos que la misma exige. SÉPTIMO: Estas restricciones y la preferencia del contrato indeterminado conllevan también a que éste goce de una facilitación probatoria derivada del adagio que reza “la regla se presume, la excepción se prueba”; por ende, la falta de acreditación de la excepción desencadenará en la suplencia operativa de la regla. Ahora bien, la acreditación señalada no está regida por la regla de la libertad de prueba, dado que la ley impone la formalidad escrita4, por lo que el medio idóneo para su probanza es precisamente el contrato de trabajo sujeto a modalidad; esto es, evidenciar que se celebró por escrito. En consecuencia, de plano resultan inválidos los contratos de trabajo modales que no se ajusten a tal exigencia (verbales, tácitos, etc.). OCTAVO: Pero, no sólo basta la exhibición del documento escrito del contrato de trabajo modal, sino que además debe celebrarse ante una circunstancia prevista como supuesto de hecho habilitado por la norma; es decir su conformación debe sustentarse en alguna de las modalidades admitidas por la ley. Éstas pueden ser las modalidades típicas que se señalan en los artículos 54°, 55° y 56° (y desarrollado en los artículos del 57° al 71°) del Texto Único Or denado del Decreto Legislativo N° 728, o las modalidades especiales a que se refieren los artículos 80° y 81° de la ley acotada o, en todo caso, alguna modalidad atípica –siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse– conforme a lo previsto en el artículo 82° de la misma ley. NOVENO: Bajo este contexto, siempre debe observarse lo establecido en el artículo 53° del mencionado cuerpo normativo, pues, exige como marco general que “los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes”. Es decir, su conformación debe obedecer a una necesidad transitoria bien sea porque la actividad que tenga que desarrollar sea de carácter temporal o accidental o, en todo 4 Artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito […]”. 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ caso, porque se encuentre en una circunstancia especial en la que la ley permite contratar temporalmente pese a que la labor a desarrollar no sea de carácter temporal o accidental. DÉCIMO: Adicionalmente, el contrato de trabajo modal requiere que en su celebración se observen los otros requisitos que establece el artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, el mismo que dispone: “los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” (énfasis agregado). UNDÉCIMO: La necesidad de obrar por escrito, además de su finalidad probatoria, pretende brindar una garantía al trabajador en el sentido de que permite conocer y verificar las circunstancias de su contratación temporal y, asimismo, controlar sus variaciones en su ejecución a efectos de analizar la configuración de algún supuesto de desnaturalización, conforme a lo establecido en el artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, bien sea en sede administrativa o judicial. DUODÉCIMO: Su suscripción por triplicado obedece a la carga establecida en el artículo 73° de la misma ley que dispone que “una copia de los contratos será presentada a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los quince días naturales de su celebración, para efectos de su conocimiento y registro” a fin de que pueda “ordenar la verificación posterior de la veracidad de los datos consignados en la copia […] a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 77°, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido”; en cumplimiento de la obligación del Estado impuesta por el Convenio OIT N° 81, ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 13284. Asimismo, conforme al artículo 83° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96-T R, se ha establecido que “el empleador deberá entregar al trabajador, copia del contrato de trabajo, dentro del término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación a la Autoridad Administrativa de Trabajo”. 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ DECIMOTERCERO: La duración del contrato de trabajo modal no sólo determina su periodo de vigencia, sino que permite evaluar su relación con la causa objetiva que habilitó su celebración. La consignación de la causa objetiva determinante de la contratación temporal resulta ser el requisito más importante del contrato de trabajo modal porque sobre la base de él se conoce, verifica y controla las circunstancias de hecho que habilitaron la contratación temporal en la modalidad adoptada; por tanto, el cumplimiento de este requisito supone que se consigne de manera clara, detallada y completa las circunstancias por las cuales la necesidad de recursos humanos es de carácter temporal y no permanente en el tiempo y, en esa medida, la sola mención a la existencia de una necesidad temporal de recursos humanos no satisface este requisito. De igual manera, el requisito de que se consignen las demás condiciones de la relación laboral está orientado a que, en mérito a ella, se verifique que no se efectúe actos de discriminación contra los trabajadores con vínculo laboral a plazo fijo, tal como lo dispone el artículo 79° de la Ley antes mencionada. § Contrato de trabajo por inicio o incremento de actividades DECIMOCUARTO: Conforme al artículo 57° de Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estipula que el contrato temporal por incremento de actividad se entiende como “nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa”. Comentando este dispositivo, Gonzales Ramírez sostiene que “[…] mientras que la modalidad de contratación de necesidad de mercado está destinada a atender –de modo general- el aumento coyuntural de la actividad de la empresa que no puede ser atendido con personal permanente; la de incremento o inicio de actividad tiene por finalidad la contratación de personal de trabajo para asumir actividades nuevas o el aumento de las ya existentes que son, en esencia, de carácter incierto […] la intención del legislador ha sido facilitar este tipo de contratación que no tiene carácter indefinido, durante una etapa inicial del negocio que reviste cierta incertidumbre o ante el 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ incremento ocasional y que no aseguran su continuación mientras no se consolide o tenga éxito”5. DECIMOQUINTO: Por su parte, Sanguineti Raymond, comentado esta modalidad contractual a la luz del Principio de Causalidad, coincide en que “[…] la celebración de este contrato se justifica solo cuando se trate de actividades que tengan una duración, si bien no necesariamente limitada en el tiempo, al menos incierta”6; sin embargo, este autor precisa que “[…] basarse en un concepto tan esquivo como el del carácter incierto de la permanencia de la actividad, es susceptible de plantear importantes problemas aplicativos. No obstante, puede convenirse en que la materialización de este requisito exigiría el cumplimiento de al menos tres condiciones. En primer lugar, la existencia de una efectiva ampliación de las actividades a las que se dedica la empresa, con exclusión de los supuestos de mera introducción de cambios en los procesos o líneas de producción ya existentes. En segundo lugar, dicha ampliación deberá suponer la introducción de un elemento innovador, dotado de un nivel no habitual de riesgo o incertidumbre en cuanto a su aceptación en el mercado, sin que sea suficiente, en consecuencia, el inicio o la continuación de una actividad ya experimentada cuya rentabilidad ha podido ser comprobada previamente o no es dudosa. Finalmente, dado que lo requerido es la contratación de nuevo personal, es evidente que la empresa que va a desarrollar la actividad habrá de ser una de nueva creación o una ya existente, pero que con su personal habitual no está en condiciones de llevarla a cabo"7. Análisis del caso de autos DECIMOSEXTO: En el presente caso, de la verificación del contenido de la demanda, se aprecia que el demandante está reclamando la desnaturalización de los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad, la reposición al puesto de trabajo como Ayudante de Voladura por la configuración de un despido incausado, el pago de remuneraciones devengadas, gratificaciones y 5 GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro. Modalidades de Contratación Laboral. Gaceta Jurídica, primera edición. Abril-2013. Lima – Perú. Pág. 41. 6 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada. Gaceta Jurídica, segunda edición, noviembre-2008. Lima – Perú. Pág. 33. 7 Idem. 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ compensación por tiempo de servicios; más los intereses legales y costos del proceso. DECIMOSÉPTIMO: Ahora bien, resulta que el demandante en los argumentos fácticos de su demanda sostiene que ha desempeñado el cargo de Ayudante de Voladura; sin embargo dicha afirmación que no ha sido contrastado con algún medio probatorio idóneo; sino más bien, advertimos que ha desempeñado los cargos de Operador de Rompebanco y Operador de Equipo Pesado, conforme lo está acreditado con el Certificado de Trabajo, la hoja de liquidación de beneficios sociales y los contratos de trabajo sujeto a modalidad, que se encuentran a fojas 2, 3 y 29 a 56 de autos, respectivamente. DECIMOCTAVO: Seguidamente, también advertimos que ninguna de las partes del proceso ha cuestionado el periodo de relación laboral, sino que concuerdan en que suscribieron contratos de trabajo sujetos a modalidad por el periodo comprendido desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 30 de abril de 2015, generándose un récord laboral de 2 años y 1 mes. En tal efecto, conviene precisar que el demandante fue contratado mediante contratos de trabajo por incremento de actividad, que según la legislación laboral, esta modalidad tiene como duración máxima de tres años; motivo por el cual conlleva a que se determine si dicha contratación laboral es válida, o en su defecto, si se ha configurado la existencia de una simulación o fraude. DECIMONOVENO: Por lo tanto, según el contenido del contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad, suscrito por ambas partes, en la primera cláusula, se ha señalado que la demandada es una empresa dedicada exclusivamente a actividades minero - metalúrgicas; y estando a la razón que tuvo un incremento del volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos, lo que genera una mayor carga operativa así como también administrativa, que no puede ser satisfecha por el personal permanente de la empresa; circunstancia que motivó a que se contrate al demandante mediante contratos de trabajo por incremento de actividades, al amparo de lo establecido por el artículo 57° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. Estando a previsto líneas arriba, tenemos que la controversia se circunscribe en determinar si los contratos que vincularon al 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ demandante con la empresa demandada, fueron celebrados válidamente y cumpliendo las formalidades que establece la ley, o si por el contrario, corresponde que se declaren desnaturalizados, debiendo reconocer la existencia de una relación laboral indeterminada a favor del accionante. VIGÉSIMO: Resulta importante destacar las consideraciones expuestas por en la sentencia materia de revisión, específicamente en el fundamento 14 de la parte considerativa, que a criterio de este órgano superior, comparte la postura asumida por el A quo, en el sentido que está comprobado que en el contrato de trabajo por incremento de actividad no se especifica cómo se origina el incremento de actividad, tampoco indica de qué manera se ha producido dicho incremento, ni acredita fehacientemente con medios probatorios idóneos la validez de los contratos temporales. Puesto que no es factible considerar lo establecido en la Resolución N° 0441-2014-MEM-DMV de fecha 19 de setiembre de 2014 (véase a fojas 60), donde se aprueba el proyecto de la modificación de la concesión de beneficio denominado "Cerro Lindo", presentado por la Compañía Minera Milpo S.A.A., para la ampliación de la capacidad instalada de 14,990 a 17,988 TM/día; por lo que con esto permite que se otorgue autorización para la construcción de las obras civiles, instalación de equipos (nuevos) y calibración de equipos existentes en las secciones de chancado, flotación, espesamiento y filtrado; disposición concordante con el Informe N° 317-2014-MEM-DGM-DTM/PB de fecha 12 de setiembre de 2014 (véase de fojas 57 a 59); documentos que no tiene una directa relación con el contrato de trabajo sujeto a modalidad, especialmente con la causa objetiva de la contratación; más aún si fueron emitidos con posterioridad al inicio de actividades del demandante. Es más, tampoco resulta pertinente suponer que el incremento de actividad por parte demandada esté acreditada con las Declaraciones de Estadística Mensual (véase de fojas 70 a 97), pues aquellas solo evidencian una producción regular de minería - metálica y no un incremento sustancial que nos pueda generar un indicio razonable, de que dichas cantidades, que se consignan en las declaraciones mencionadas tengan una vinculación con el objeto de la contratación del demandante; por lo que demuestra que la demandada no ha probado que estos porcentajes se hayan incrementado a raíz de la autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas; siendo ello así, resulta insuficiente la valoración de este medio probatorio admitido y actuado, más aún si no hay otras pruebas contundentes que puedan sostener la versión de la parte demandada. 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE _E__________x__________p____________e___________d___________i_____e___________n____________t_______e___________ _____N_______________°_______ _____1___________1____________7___________2___________8___________-_______2___________0___________1___________5___________-_______0____________-______1____________8___________0___________1___________-_______J_______R____________-_______L_________A_____________-_______0___________8__________ VIGÉSIMO PRIMERO: Sumado ello, podemos verificar que la Acta de Infracción N° 0000000216-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, que obra de fojas 122 a 142, emitida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL (medio probatorio que ha sido admitido extemporáneamente por el A quo en la Audiencia de juzgamiento realizada el 16 de agosto de 2016, conforme es de verse de la acta que corre de fojas 145 a 146), contiene una opinión relevante sobre los actos suscitados en la realidad, puesto que la autoridad administrativa verifica que en los contratos de trabajos sujetos a modalidad por incremento de actividad no se ha consignado en forma expresa las causas objetivas determinantes de la contratación laboral, es decir que esto conllevó a que se configure la existencia de una simulación o fraude en la suscripción de los mismos; por lo que concluye que debe desnaturalizarse dichos contratos en virtud del literal d) del artículo 77°

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818 8° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11728-2015-0-1801-JR-LA-08 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : REATEGUI MEZA, XUANY KARIM ESPECIALISTA : LOPEZ SALCEDO, CECIBEL DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : CHUCOS SANCHEZ, CESAR PAUL RESOLUCIÓN NUMERO SIETE Lima, seis de julio del dos mil dieciocho. Dando cuenta en la fecha por las recargadas labores que soporta esta secretaria al escrito presentado por la parte demandada de fecha 26-03-2018: A lo expuesto: Atendiendo: ANTECEDENTES A través del escrito que se presenta, con el arancel que adjunta, la parte demandada interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciséis que declara fundada la demanda. FUNDAMENTOS 1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. 2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación. 3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497. 4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo solicitado. RESOLUCIÓN (cid:1) CONCÉDASE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA contra la Sentencia de fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciséis que declara fundada la demanda, la misma que se concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención. Interviniendo la especialista legal que suscribe.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17- Teléfono: 4101818 EXPEDIENTE : 11728– 2015 – 0 -1801- JR-LA-08 DEMANDANTE : CESAR PAUL CHUCOS SANCHEZ DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : XUANY KARIM REATEGUI MEZA SECRETARIO : KARIN ELENA VIZCARRA VALCARCEL. RESOLUCIÓN NUMERO CINCO Lima, cuatro de abril del dos mil diecisiete. Dando cuenta al escrito presentado por la parte demandada con fecha 24-02-2017. Al principal.- ANTECEDENTES A través del escrito que se presenta, la demandado subsana el arancel por el recurso de apelación contra la Sentencia Nro. 204-2014 de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis que declara fundada la demanda. FUNDAMENTOS 1. El recurso de apelación tiene como objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. 2. Conforme dispone el artículo 32 de la Ley Procesal del Trabajo Nro. 29497 el plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencias o de citadas las partes para su notificación. 3. Son requisitos de procedencia del recurso de apelación, su debida fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, además de precisar la naturaleza del agravio y el sustento de su pretensión impugnatoria, debiendo adjuntar, de ser el caso, el arancel judicial por recurso de apelación, requisitos que se encuentran establecidos en los artículos 366° y 367° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a los procesos laborales conforme a la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497. 4. Conforme a lo reseñado y de la revisión del recurso se advierte que el mismo reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente por lo que corresponde acceder a lo solicitado. RESOLUCIÓN (cid:1) CONCÉDASE la apelación interpuesta por la parte demandada contra la Sentencia Nro. 2014- 2014 de fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciséis que declara fundada la demanda., la misma que se concede CON EFECTO SUSPENSIVO, debiendo elevarse los autos a la Sala Laboral encargada de tramitar los procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la debida nota de atención. (cid:1) Al primer otrosí.- Téngase presente (cid:1) Al segundo otrosí.- Téngase presente. Interviniendo la especialista legal que da cuenta. .

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

8° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11728-2015-0-1801-JR-LA-08 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES ESPECIALISTA : RUIDIAS AGURTO MARTIN GUILLERMO DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : CHUCOS SANCHEZ, CESAR PAUL Resolución Nro. 04 Lima, 24 de enero del 2017.- Dando cuenta del escrito del demandante de fecha veintiuno de septiembre del 2016: En lo principal y otrosí: A lo expuesto, encontrándose exonerado de presentar la tasa judicial; y ATENDIENDO: PRIMERO.- Es principio y derecho de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias, la cual tiene por objeto garantizar que las personas naturales o jurídicas que participen en un proceso tengan oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes formulados dentro del plazo legal y con las formalidades de ley. SEGUNDO.- De la calificación del escrito de apelación que antecede presentado por la parte actora, se advierte que fue ingresado al Centro de Distribución General-C.D.G el 21 de septiembre del 2016, resultando que la sentencia emitida en el proceso contenida en la resolución TRES de fecha 23.08.2016 fue notificada a las partes El 14.09.2016 a través de su casilla electrónica según se advierte del respectivo cargo de entrega de notificación ; encontrándose por tanto su recurso dentro del término estipulado en la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo artículo 32°, cumpliéndose asimismo con exponer su fundamentación indicando el error de hecho o de Derecho incurrido y la naturaleza del agravio que sustenta su pretensión impugnatoria, cumpliendo con los requisitos exigidos por los artículos 366º, 365º inciso 1, y 371° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso. Por los fundamentos y normas acotadas, SE RESUELVE: 1)CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO las apelación interpuesta por la parte demandante CESAR PAUL CHUCOS SANCHEZ contra la Resolución N° TRES que contiene la Sentencia N° 204-2014 de fecha 23/08/2016; y ELEVESE los autos al Superior Jerárquico. OFICIESE con la debida nota de atención; y dando cuenta del escrito de la demandada de fecha veintiuno de septiembre del 2016: En lo principal y otrosí: Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Por medio del escrito que motiva la presente la demandada interpone recurso de apelación contra la resolución número TRES, que contiene la sentencia de fecha 23 de agosto del 2016, que resuelve declarar Fundada en parte la demanda sobre DESNATURALIZACION DE CONTRATOS MODALES Y REPOSICION POR DESPIDO INCAUSADO. SEGUNDO.- El Artículo 367.- Admisibilidad e improcedencia.- La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso. TERCERO.- Del escrito de apelación ingresado se advierte que la demandada no ha cumplido con abonar la tasa correspondiente por apelación de sentencia y las cédulas de notificación; por lo que deberá anexar el recibo de la tasa judicial correspondiente, conforme al inciso e) del Item. 3ero. del artículo Segundo de la Resolución Administrativa N° 011-2017-CE-PJ, que fija el cuadro de valores de los aranceles judiciales del año 2017 para el presente año. Que de conformidad al artículo 17° de la Ley N° 29497, en concordancia con el artículo 367° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, SE RESUELVE; DECLARAR INADMISIBLE la apelación interpuesta por la demandada, COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA, en consecuencia deberá subsanar lo advertido en la presente resolución dentro del plazo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de ser rechazado su recurso interpuesto respectivamente. RECOMENDAR a la parte de presentar sus escritos cumpliendo debidamente con los requisitos de admisibilidad y procedencia, cuyas omisiones vienen generando carga innecesaria al Juzgado, bajo apercibimiento de MULTA. NOTIFÍQUESE Y HAGASE SABER; Y dando cuenta del escrito del demandante de fecha diecisiete de octubre del 2016: téngase presente al nuevo abogado patrocinante, EL DOMICILIO PROCESAL Y LA CASILLA ELECTRONICA, avocándose al conocimiento de la causa la Magistrada que suscribe .-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17 - Teléfono: 4101818 EXPEDIENTE : 11728-2015-0-1801- JR-LA-08. DEMANDANTE : CÉSAR PAUL CHUCOS SÁNCHEZ. DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS MODALES Y REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO. JUEZ : REYNALDO RICADI OCAMPO SECRETARIA : KARIN VIZCARRA VALCARCEL. SENTENCIA N° 204 - 2014 RESOLUCIÓN NUMERO TRES Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.- AUTOS Y VISTOS: en Audiencia de Juzgamiento de fecha 16 de agosto de 2016, con la concurrencia de ambas partes en la que se dispuso diferir la sentencia para el día. I.- PARTES EXPOSITIVA: 1. DEMANDA. 1.1 PRETENSIÓN: Mediante escrito de demanda de fojas 9 a 16, don CESAR PAUL CHUCOS SÁNCHEZ, solicita: a. PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se ordene su reposición al puesto de trabajo en que venía desempeñándose (Ayudante de Voladura), por haber sido objeto de despido incausado, previa declaración de desnaturalización de los contratos modales suscritos con la empresa demandada, consecuentemente: a.1 Pretensión accesoria: Se ordene el pago de sus remuneraciones devengadas, gratificaciones y CTS hasta la fecha efectiva de su reposición, más sus respectivos intereses legales, con expresa condena de costos del proceso. 1.2 SITUACIÓN LABORAL: a. Fecha de ingreso : 19.03.2013. b. Fecha de cese : 30.04.2015 c. Motivo del cese : Vencimiento de contrato. d. Tiempo de servicios : 2 años, 1 mes y 12 días. e. Remuneración : S/ 3,214.29. f. Condición : Plazo determinado. 1.3 ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE: Alega que: 1 1) La demandada es una empresa que se dedica a la actividad de la explotación minera y metalúrgica, a quien prestó servicios dependientes en su Unidad de Producción Cerro Lindo (ubicado en el distrito de Chavín, provincia de Chincha, Región Ica), desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 30 de abril de 2015 (2 años, 1 mes y 12 días) en condición de trabajador a plazo o duración determinación, como Ayudante de Voladura en mina subterránea. 2) Las tareas que realizaba era cargar explosivos (en taladros de producción), así como el cargo de anfo para transporte de polvorín a las labores, área de producción (extracción de minerales), Mina Subterránea pero nunca desempeñó el cargo de Operador de Equipo Pesado. 3) A su ingresó la empresa le hizo suscribir un “contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades”, por el plazo de 6 meses, para laborar como Operador de Equipo Pesado en mina subterránea, consignando como causa objetiva que supuestamente justifica su contratación temporal simplemente generalidades y la fórmula legal vacía sin motivación concreta sustentada en la realidad. 4) Al vencimiento de dicho contrato, sin solución de continuidad, la empresa hizo suscribir sucesivos contratos bajo la misma modalidad y texto para prestar labores hasta el 30 de abril de 2015, pero no cumplió con entregarle copia de los mismos. 5) El 30 de abril de 2015, el Jefe de Administración de Personal de la demandada le comunicó, en forma verbal, el término de su vínculo laboral “por vencimiento o fin de contrato”, sin expresar motivo o causa justa tipificada en la ley relacionada con su conducta o capacidad de trabajo. 6) Su despido es incausado, por cuanto ha laborado bajo contratos modales y supuestos de temporalidad inexistentes, encubriéndose una relación laboral de tipo indeterminado, con fraude a las normas establecidas en el DS. 003-97-TR, por lo que debió ser despedido previo procedimiento de despido previsto en la ley. 7) Habiendo laborado con vínculo laboral a plazo indeterminado, por haberse desnaturalizado los contratos suscritos a plazo fijo, y considerando que ha sido despido sin causa justa prevista en la ley, solicita cese la afectación de su derecho constitucional al trabajo. 2. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Por resolución número 01, de fecha 03 de julio de 2015, obrante de folios 17 a 18, se resolvió: a. Admitir a trámite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral. b. Emplazar al demandado. c. Programar la Audiencia de Conciliación. 3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La demandada COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A., se apersona al proceso y contesta la demanda refiriendo: 2 1) Lo pretendido por el demandante no se ajusta a derecho ni a la realidad, toda vez que los contratos modales suscritos con la empresa cumplieron con los requisitos señalados en la ley. 2) La empresa ha cumplido en todo momento con señalar en los contratos sujetos a modalidad suscritos con el recurrente la causa objetiva de contratación, la misma que se ve respaldada por los documentos adjuntados. 3) En razón a que la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo, lugar donde el actor prestó servicios, sufrió aumento de capacidad, la empresa se encontraba plenamente habilitada a realizar este tipo de contratación temporal de personal para desarrollar actividades del proceso de minado necesarias para determinar el incremento de capacidad de la planta, aún cuando dichas actividades a realizar formen parte de la actividad habitual. 4) La contratación temporal del accionante nunca se desnaturalizó. 5) La causa objetiva de contratación temporal se encuentra plenamente justificada toda vez que esta se debió al incremento en la realización de actividades propias del proceso de minado necesaria para la determinación de la capacidad productora actual de la planta concentradora Cerro Lindo, la cual sufrió una modificación de la capacidad instalada que implicó la ampliación o incremento de la misma de 14,990 a 17.988 TM/día. En ese sentido, para poder determinar la capacidad actual de la planta era necesario desarrollar actividades adicionales relacionadas con la extracción de minerales que permitan tomar la decisión de ampliación de la planta, es decir, era necesario cuantificar la cantidad de mineral que existe en la Unidad Minera Cerro Lindo y por lo tanto, era necesaria la contratación de nuevo personal de manera temporal que desarrolle labores adicionales del proceso de minado, las cuales no son inmediatas sino que requieren de un periodo de tiempo necesario para poder cubrir en cuanto se va a incrementar la capacidad de la planta procesadora. 6) Alega que dicho hecho se verifica con los Informes N° 317-2014-MEM-DGM- DTM/PB y 425-2014-MEN-DGM-DTM/PB, emitidos por el Ministerio de Energía y Minas en donde se corrobora que la capacidad productora de la Planta Concentradora Cerro Lindo ha sido ampliada de 14,990 TM/día a 17,988 TM/día, motivo por el cual era necesario la contratación del actor, quien desarrolló actividades relacionadas con la extracción del mineral, acción fundamental y directamente ligada al aumento de la capacidad productora ya que sirve para determinar la cantidad de mineral que existe en la mina y que conlleva a la determinación de la capacidad productora de la planta. 7) La contratación temporal se encuentra plenamente justificada en el incremento de las actividades necesarias para el proceso de minado. 8) Conforme se aprecia en el Acta de Acuerdo suscrita por la empresa y el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de la Compañía Minera Milpo – Unidad Cerro Lindo presentada por el recurrente, la ampliación de la capacidad de la Planta Concentradora Cerro Lindo fue de pleno conocimiento de los trabajadores, otorgándoseles un bono de productividad siempre que alcances la producción prevista de 17,000 TM/día. 9) La razón objetiva del cese del actor fue el término del plazo de su contrato de trabajo. 3 4. AUDIENCIA DE CONCILIACION. 4.1 El juzgador deja constancia que no se logró la conciliación, por lo que se procede a la fijación de las pretensiones. 4.2 PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO. El Juzgador, conforme al artículo 43°, numeral 3) de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo – NLPT; al no lograr la conciliación fijó las pretensiones materia del juicio, mencionándose las siguientes: Primera Pretensión: La declaración de desnaturalización de los contratos modales suscritos entre las partes y como consecuencia a ello la reposición a su puesto de trabajo por despido incausado. Segunda Pretensión: El pago de los beneficios sociales que le corresponde al actor. Tercera Pretensión: El pago de los intereses legales. 5. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: Mediante Acta de fecha 16 de agosto de 2016, luego de escuchar la exposición de las pretensiones propuestas, se fijaron los hechos que no requieren prueba: a. La fecha de ingreso el 19 de marzo de 2013. b. La fecha de cese el 30 de abril de 2015. c. La última remuneración ascendente a S/.3,240.00 soles, más asignación familiar. d. Bajo el contrato modal por incremento de actividad. Posteriormente se fijaron los hechos que requieren prueba: a. Determinar el cargo desempeñado por el demandante durante todo el periodo laborado. b. Determinar si corresponde declarar la desnaturalización de los contratos modales por el periodo del 2003 hasta la fecha de cese. c. Determinar si como consecuencia de la desnaturalización de los contratos, le corresponde al demandante un contrato bajo el Decreto Legislativo N° 728, con carácter indeterminado. d. Determinar si corresponde la reposición del accionante a su centro de labores (como un despido incausado). e. Determinar si corresponde el pago de sus remuneraciones devengadas. f. El pago de los intereses legales, costos y costas judiciales. Finalmente admitieron las pruebas aportadas al proceso, asimismo se dispuso su actuación, para finalmente conceder el uso de la palabra a los abogados de las partes para que expresen sus alegatos finales, difiriendo el fallo para la fecha. 4 VI.- DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA: DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. 1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso y las garantías y principios propios del derecho laboral; empero observando que el proceso laboral se inspira entre otros, en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad (artículo I T.P. NLPT), y los jueces de la jurisdicción laboral, asumen el rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, privilegiando el fondo sobre la forma y observar el debido proceso, la tutela judicial y el principio de razonabilidad (artículo II del T.P. NLPT); y teniendo presente que las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre la base de los cuales el Juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia (artículo 12° NLPT). 2. Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y la contestación; y que la inasistencia de los testigos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al Juez, pronunciar sentencia sí, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados (artículo 21° NLPT); debiendo tener presente la regla general que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos (artículo 23.1 NLPT); así como las reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (artículo 23.1 NLPT); que precisan que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (artículo 23.2); es decir que la acreditación de la ausencia del vínculo laboral alegado o la autonomía o independencia en la prestación del servicio (sin subordinación), corresponde exclusivamente al demandado; en tanto que cuando el demandante invoca la calidad de trabajador le corresponde acreditar la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. (artículo 23.3.a); y de modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de haber cumplido con el pago o con sus obligaciones derivadas de las normas legales, o con sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad (artículo 23.4.a). ANÁLISIS DE LA PRIMERA PRETENSIÓN: 3. En relación al cargo desempeñado: Del escrito de demanda se observa que el actor sostiene que el cargo que desempeñó fue de Ayudante de Voladura, sin embargo, el accionante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite dicha aseveración, por el contrario de las pruebas acompañadas en autos, como son el certificado de trabajo de fojas 2, la liquidación de beneficios sociales de fojas 3, y los contratos de trabajo sujeto a modalidad de fojas 29 a 56, se aprecia que el actor fue contratado para desempeñar el cargo de Operador de Rompebanco y Operador de Equipo Pesado. 4. Respecto a la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad a un contrato indeterminado: En relación al extremo demandado, corresponde indicar que en el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en su artículo 4º expresamente señala que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 5 de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, contemplando la posibilidad que entre empleador y trabajador se puedan celebrar contratos modales según su naturaleza. 5. Es así que el artículo 53º del Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala que los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieren las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va prestar o la obra que se ha de ejecutar, a excepción de los contratos intermitentes o de temporada. 6. Como contratos de naturaleza temporal se considera: i) el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad; ii) el contrato por necesidad de mercado; y, iii) el contrato por reconversión empresarial. Son contratos de naturaleza accidental: a) el contrato ocasional, b) el contrato de suplencia; y, c) el contrato de emergencia. Finalmente son contratos de obra o servicios: 1) El contrato específico; 2) El contrato Intermitente; y, 3) El Contrato de Temporada. 7. El contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad regulado por el artículo 57º del acotado Decreto Supremo señala: “El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquél celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.” 8. Del dispositivo citado precedentemente se aprecia que la finalidad de los contratos por incremento de actividad (excepción a la regla), es promover la inversión privada, facilitándole la contratación de trabajadores sin que esto suponga mayores costo al empleador, en caso se determine la extinción de los contratos de trabajo, sin embargo, debe observarse que únicamente se podría configurar estos contratos al interior de la empresa que va realizar una nueva actividad, dentro de la cual se incluye el inicio de una actividad empresarial o tratándose de actividades existentes, la instalación de nuevos establecimientos o centros de trabajo, ambos supuestos están estrictamente vinculado a la apertura de nuevos mercados. 9. A su vez el artículo 72º del Decreto Supremo N° 003-97-TR dispone: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral.” 10. De lo señalado precedentemente se puede establecer que al existir la presunción iuris tantum que en toda prestación personal, subordinada y remunerada existe un contrato indeterminado, es necesario que al suscribirse un contrato modal, como el caso de autos, el empleador expresamente establezca previamente el objeto del contrato. Por tanto, en este tipo de contratos si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden el límite máximo permitido; así también cuando se demuestra la existencia de simulación o fraude. 11. Previamente, a establecer si en el caso de autos nos encontramos frente a un contrato modal o un contrato indeterminado, es necesario indicar que ambas partes han reconocido que la demandante inicio sus labores el 19 de marzo de 2013 finalizando su último contrato modal el 30 de abril de 2015, esto es, por un periodo superior a los 2 años y 1 mes, por tanto no ha superado el periodo máximo establecido por el artículo 57º del 6 Decreto Supremo N° 003-97-TR, que señala una duración de 3 años; sin embargo corresponde analizar si en su contratación ha existido simulación o fraude. 12. Asimismo, con el Acta de Infracción a la Labor Inspectiva adjuntada en la audiencia de juzgamiento, se acredita que la empresa demandada remitió al Ministerio de Trabajo, con la finalidad que sean inscritos, cumpliendo de esta manera con el requisito 72º del citado Decreto Supremo. 13. La emplazada sostiene que estos contratos fueron temporales por incremento de actividad, refiriendo que, en los contratos de trabajo sujeto a modalidad de fojas 29 a 56, se estableció en su Cláusula Primera: “EL EMPLEADOR, es una empresa dedicada exclusivamente a actividades minero- metalúrgicas. EL EMPLEADOR ha visto incrementado el volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos. Dicho incremento supone una mayor carga operativa y por lo tanto también administrativa, que no puede ser satisfecha por el personal permanente de la empresa. Así, por tratarse del incremento de las actividades ya existentes en EL EMPLEADOR, al amparo de lo dispuesto por el artículo 57º del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, EL EMPLEADOR se encuentra facultado para contratar personal a plazo determinado. (…)” 14. Sin embargo, de los citados contratos no se aprecia que se haya precisado la causa objetiva que justifica la contratación temporal del demandante, y si bien la emplazada en su escrito de contestación ha indicado que dichos contratos obedecieron en razón que la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo sufrió un aumento, ello no ha sido consignado en los contratos modales citados precedentemente, ni se ha hecho referencia alguna al respecto, y si bien es cierto mediante Resolución N° 0441-2014- MEM-DMV del 19 de setiembre de 2014, se aprobó el proyecto de modificación de la concesión de beneficio “Cerro Lindo” presentado por la Compañía Minera Milpo S.A.A., para la ampliación de la capacidad instalada de 14,990 a 17,988 TM/día, autorizándose la construcción de las obras civiles, instalación de equipos (nuevos) y calibración de equipos existentes, también lo es que el expediente virtual solicitando dicha ampliación fue iniciado el 14 de agosto de 2014, según se aprecia del Informe N° 317-2014-MEM-DGM.DTM/PS que obra a fojas 57, esto es, con fecha posterior a la suscripción del primer contrato de trabajo sujeto a modalidad que data de 19 de marzo de 2013, por lo que no podría considerarse que dicho incremento fue la causa objetiva para la celebración de dichos contratos, por tanto los mismos se han desnaturalizado. 15. Contrato a plazo indeterminado: Por estas consideraciones, es evidente que los contratos por incremento de actividad celebrados por el actor con la empresa demandada, en realidad tienen las características propias de un contrato de duración indeterminada, por haber operado la desnaturalización de los citados contratos, en aplicación del principio de primacía de la realidad, el cual señala que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos; razón por la cual debe ampararse este extremo demandado. 16. Despido Incausado: Si bien es cierto nuestro normatividad laboral vigente, esto es, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 7 003-97-TR, contempla como tipos de despido, el despido nulo y el arbitrario; también lo es que el máximo intérprete de la Constitución jurisprudencialmente ha fijado criterios en materia de despido, precisando en la sentencia recaída en el Expediente N° 0976-2001- AA/TC (fundamento 15) nuevos supuestos de despido como son: el despido nulo, el despido incausado; y; despido fraudulento. 17. En relación al despido incausado ha considerado que “Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 (Caso Telefónica, expediente N.° 1124-2001-AA/TC). Ello a efectos de cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la Constitución y demás conexos. Se produce el denominado despido incausado, cuando: - Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique” (el subrayado es mío). 18. Si bien el propio Tribunal Constitucional ha señalado que en caso de despido incausado su adecuada protección es obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, siendo la vía idónea el amparo, (sentencia N° 00206-2005-AA/TC (fundamento 7), también lo es que, jurisprudencialmente los órganos jurisdiccionales laborales han admitido a trámite estas demandas en la vía ordinaria laboral, teniendo como sustento el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocido constitucionalmente por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, así como la jurisprudencia emitirá sobre la materia. 19. Al respecto la Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria en el I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral de fecha 04 y 14 de mayo de 2012, ha fijados criterios de observancia por las instancias inferiores en aplicación de lo dispuesto por el artículo 116º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía ordinaria laboral regulada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497) han acordando: ““Los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión principal única,”; entendiéndose a contrario que en la vía ordinaria laboral se pueden tramitar los procesos cuyo pretensión está referida a la reposición por despido incausado y además el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, como es el caso de autos. 20. Estando a lo indicado es evidente que, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado a emitir pronunciamiento respecto al fondo de la controversia, esto es si la decisión de la demandada de poner fin a la relación laboral ha sido ilegal, dado que no se ha expresado causa alguna, o se invoca una causa prohibida por la ley. 21. En caso de autos, el demandante ha sostenido que su despido es incausado en tanto se sus contratos era a plazo indeterminado por lo que la entidad demandada se encontraba proscrita de poner fin a su relación laboral sin imputarle causa justa de despido. Al respecto la empresa demandada sin invocar respecto al fondo de la controversia, ha sostenido que aspectos procedimentales que ya han sido dilucidados previamente, como es la vía procesal en la que debe tramitarse estas pretensiones. 22. Estando a lo señalado, al haberse probado que desde el inicio de la relación laboral siempre estuvo sujeto a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, es evidente que la emplazada no podía poner fin a su relación contractual sin haberle imputada una causa justa de despido 8 23. Siendo así, ha quedado establecido que la decisión de la demandada de poner fin a la relación laboral fue unilateral vulneró el derecho constitucional del actor al trabajo, reconocido por el 23º de la Constitución Política del Estado; razón por la cual estamos frente a un despido incausado, debiendo la empleadora proceder a la reincorporación del accionante. 24. Al haberse declarado que el despido de la actora es uno incausado, corresponde ordenar la reposición de la actora en el cargo que venía desempeñando antes de su despido arbitrario, debiendo reconocer los derechos y beneficios que le corresponden en esta condición. ANÁLISIS DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN MATERIA DE JUICIO: 25. Pago de remuneraciones devengadas: Sobre la pretensión propuesta existe reiterado y uniforme pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional refiriendo que la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado efectivamente, lo que no ha ocurrido en el presente caso (SCT. 0264-2001-AA/TC, 0640-2004-AA/TC, 03829-2004- AA/C); criterio que también ha sido asumido por la Corte Suprema, según es de verse de la sentencia de fecha 03 de octubre de 2012, recaída en la Casación Laboral N° 992-012 Arequipa emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente cuyo fundamento undécimo ha señalado: “(…) no existe derecho a remuneraciones por el periodo no laboral, interpretación que también es concordante con el criterio del Tribunal Constitucional respecto de este derecho constitucional (…)”; debiendo acotarse que el único supuesto que reconoce el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir, es en el caso del despido nulo, pretensión que no ha sido propuesta en el caso de autos; por estas consideraciones, esta pretensión debe ser declarada infundada. ANÁLISIS DE LA TERCERA PRETENSIÓN MATERIA DE JUICIO: 26. En relación al pago de intereses, al no haberse ordenado el pago de suma dinerario, este extremo debe ser rechazado. 27. En cuanto a las costas y costas procesales, conforme al artículo 31° de la NLPT, no requieren ser demandados; sin embargo sí deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia, debiendo además precisarse su cuantía o modo de liquidación; en concordancia con lo previsto en el artículo 14° de la misma ley que señala que la condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, por lo cual deberá liquidarse en ejecución de sentencia. VII.- DECISIÓN: Por las razones expuestas el Juez del Octavo Juzgado Laboral Permanente de Lima, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: RESUELVE: 1) Declarar FUNDADA la demanda, interpuesta por CESAR PAUL CHUCOS SÁNCHEZ contra COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A., sobre DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO Y REPOSICIÓN LABORAL POR DESPIDO INCAUSADO. 2) DESNATURALIZADOS los contratos modales suscritos entre las partes desde el 19 de marzo de 2013 hasta el 30 de abril de 2015, por un contrato a plazo indeterminado. 9 3) INCAUSADO el despido del que fue objeto el 30 de abril de 2015. 4) REPONER al demandante en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual nivel remunerativo, en el plazo de 5 días, de consentida o ejecutoriada la presente resolución, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas respectivas, con expresa condena de costos y costas del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia. 5) INFUNDADA al pago de remuneraciones dejadas de percibir e intereses legales. Tómese Razón y Hágase Saber.- 10

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE N° 11728-2015-58-1801-JR-LA-08 Señores: YANGALI IPARRAGUIRRE URBANO MENACHO BARREDA MAZUELOS Lima, 25 de octubre del 2017 VISTOS: En Audiencia de Vista, de fecha 25 de octubre del año en curso, interviniendo como Juez Superior ponente el Señor Urbano Menacho, se expide la siguiente resolución: ASUNTO: Resolución materia de apelación: Es materia de impugnación: La Resolución N° 01, de fecha 27 de setiembre del 2016, obrante de fojas 47, que declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, por lo tanto, DISPONE el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la presente solicitud de medida cautelar, una vez que sea consentida o ejecutoriada. 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE Expresión de agravios: Que, de fojas 50 a 51 obra el escrito de apelación de la parte demandante contra la Resolución N° 01, donde expresa como agravios los siguientes: 1. Que, el Juez incurre en error en el tercer considerando al señalar que "no cabe la solicitud de medidas cautelares en el estado en el que se encuentra el proceso principal". 2. Que, no se ha tomado en cuenta lo señalado en el artículo 615° del Código Procesal Civil en el sentido de que es procedente la medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque sea impugnada; que dicho pronunciamiento constituye la base de la medida cautelar solicitada, pues se ha declarado fundada, se declaró la existencia de un despido incausado y se ha ordenado la reposición del actor en su puesto habitual de empleo o en otro con igual nivel remunerativo. CONSIDERANDO: PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia. 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE SEGUNDO.- La medida cautelar constituye el instrumento legal que permite garantizar la efectividad de una Sentencia a dictarse en un proceso, como tal, cumple una función primordial en la defensa de los derechos sustantivos. TERCERO.- Las medidas cautelares han sido definidas en la doctrina nacional como: “(…) un instrumento procesal de la justicia asegurativa que permite materializar anteladamente, lo que se resolverá en el futuro en la sentencia final”. 1 CUARTO.- Que, el Artículo N° 54° de la Ley N° 26497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala: "A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte. Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal. En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas procesales". QUINTO.- Que, el artículo 55° de la Ley antes mencionada, señala también que: "El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad; b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y c) el fundamento de la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia". 1 Peláez Bardales, Mariano: El Proceso Cautelar, Primera Edición 2005, Pág. 8-9. 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE SEXTO.- Asimismo, el artículo 611° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, al proceso laboral establece lo siguiente: “El Juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida cautelar dictada solo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. (…)” SÉPTIMO.- Que, por su parte el artículo 615° del Código Adjetivo señala que: "Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes...". OCTAVO.- Que, en el caso de autos, conforme es de verse del escrito de medida cautelar obrante a fojas 03 a 10 y las documentales acompañadas en el presente cuaderno cautelar, el accionante solicita medida cautelar de Reposición Provisional en su cargo de ayudante de voladura en mina subterránea de la emplazada Compañía Minera Milpo S.A.A., hasta que se resuelva judicialmente su situación jurídica laboral, sosteniendo que su pretensión en el proceso principal está dirigida al reconocimiento de una relación laboral a tiempo indeterminado con la accionada, por desnaturalización de contratos modales por incremento de actividad, al haber sido estos simulados, dado a que no existía la causa objetiva señalada en los contratos suscritos; así mismo requiere la reposición en su centro de labores, al haber sido objeto de un despido incausado. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE NOVENO.- Que, conforme a lo esbozado se tiene que lo alegado por el recurrente en su escrito de apelación en el sentido que resulta de aplicación lo señalado en el artículo 615° del Código Procesal Civil antes enunciado, en principio se encuentra acreditado, pues conforme es de verse del pedido de medida cautelar, específicamente a fojas 42, se puede apreciar que la misma fue interpuesta el 26 de setiembre del 2016, conforme es de verse del sello de recepción, y el 23 de agosto del 2016 que fue resuelto el cuaderno principal conforme es de verse de la copia de la sentencia en la cual se declara fundada en parte la demanda, se declara desnaturalizados los contratos modales, incausado el despido y se reponga al actor en su puesto de trabajo; la misma que si bien no obra en copia certificada ha sido verificada a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes, imprimiéndose copia de la misma donde consta la firma digital del Juez y se incorpora al presente expediente. DÉCIMO.- Por lo tanto, aún cuando la sentencia expedida ha sido apelada por ambas partes, tal circunstancia no es fundamento válido para desestimar la medida cautelar por cuanto la sentencia de primer grado ya cumple el requisito de verosimilitud, pues si bien la certeza se adquiere con una sentencia firme, tal condición no es necesaria en la solicitud de medida cautelar; en cuanto al peligro en la demora debe tenerse en cuenta que la pretensión principal del actor es la reposición al puesto de trabajo al haber sido cesado sin causa alguna; en consecuencia, no amparar la reposición provisional significaría dejar en espera al actor hasta que el proceso tenga sentencia firme, espacio de tiempo que puede poner en peligro su subsistencia al ser el trabajo fuente de ingresos de manutención para él y su familia; medida que además que no causa perjuicio irreparable al demandado en caso finalmente la demanda sea desestimada, pues la reposición provisional implicará un trabajo efectivo sobre el cual el actor recibirá una contraprestación económica; motivos por los cuales se amparan los agravios y se revoca la recurrida. 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE Por estos fundamentos, y de conformidad con el literal a) del inciso 4.2 del artículo 4º de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal de Trabajo, la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación: HA RESUELTO REVOCAR: La Resolución N° 01, de fecha 27 de setiembre del 2016, obrante de fojas 47, que declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, REFORMANDOLA la declararon PROCEDENTE, en consecuencia cumpla la demandada con REPONER PROVISIONALMENTE al demandante en puesto igual o similar que tenía al momento de su cese. En los autos seguidos por CESAR PAUL CHUCOS SANCHEZ con COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. sobre Medida Cautelar de Reposición; y los devolvieron al Juzgado de origen. Notifíquese.- 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO PERMANENTE DEL TRABAJO Esquina Av. Abancay S/N con Nicolás de Piérola - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17 - Teléfono: 4101818 EXPEDIENTE : 11728-2015-58-1801-JR-LA-08 DEMANDANTE : CESAR PAUL CHUCOS SANCHEZ. DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. MATERIA : MEDIDA CAUTELAR DE REPOSICIÓN PROVISIONAL. JUEZ : REYNALDO FREDDY RICALDI OCAMPO. SECRETARIO : MARTIN GUILLERMO RUIDIAS AGURTO. RESOLUCIÓN NUMERO UNO Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciseis. Dando cuenta el escrito de medida cautelar del demandante presentado en el CDG el 26.09.2016, y entregado al Despacho el 31.OCT.2013; estando a lo solicitado, téngase presente; y; Atendiendo: Primero: Que, el actor solicita la medida de reposición, a favor del actor, ordenándose a la empresa demandada la reposición provisional a su puesto de trabajo o similar, con igual o equivalente categoría, en que venía desempeñándose antes del cese en sus labores. Segundo: Que, si bien el artículo 55° de la Ley Procesal del Trabajo establece lo siguiente: “.. El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos: a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad; b) estar gestionando la conformación de una organización sindical; y c) el fundamento de la demanda es verosímil. Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia., también lo es que el demandante no ha encuadrado su pretensión contenida en su medida cautelar en la norma antes precitada. Tercero: Que, por otro lado, de la revisión del expediente principal a través del SIJ, se aprecia en el Seguimiento de Expediente, que el demandante y el demandado han presentado escrito con fecha de 21 de setiembre 2016 Recurso de Apelación, puesto que la medida cautelar ha sido presentada el 26 de setiembre de 2016, por lo tanto no cabe la solicitud de medidas cautelares, en el estado en que se encuentra el proceso principal; petición que debe desestimarse. Por las consideraciones señaladas SE RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada; interpuesta por CESAR PAUL CHUCOS SANCHEZ contra COMPAÑÍA MINERA MILPOS S.A.A., por lo tanto, DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la presente solicitud de medida cautelar, una vez que sea consentida o ejecutoriada. NOTIFÍQUESE al actor. 1

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE – NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO DÉCIMO Av. Abancay S/N Cuadra 8 – Lima - Edificio Javier Alzamora Valdez - Piso 18 - Teléfono: 4101818 - Anexo 13259 13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11729-2015-0-1801-JR-LA-13 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : BECERRA ATAUCONCHA, KEYSI KALONDY ESPECIALISTA : TERRAZOS CUNYARACHI BETTY JOVANA DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : ROJAS POMA, PERCY CIRILO RAZON Señora Juez: En cumplimiento de mis funciones informó a Usted que, se encuentran pendientes de dar cuenta el presente expediente y que habiendo asumido la Secretaría en fecha 18 de abril del año en curso, se procede a dar cuenta en la fecha, Es todo lo que informo a Usted para los fines pertinentes. Lima, 24 de mayo del 2018. RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS Lima, veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho. - Por recibido documento N° 88519-2018: Por devuelto los presentes autos con la Sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Laboral de Lima de fecha 20 de diciembre del 2017 que RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia formulada por la parte demandada; en consecuencia, ARCHIVESE DIFINITIVAMENTE los presentes autos. Interviniendo la Juez titular que suscribe, asimismo la secretaria cursora por disposición superior. Notifíquese.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) Señores: BEGAZO VILLEGAS FARFAN OSORIO BARBOZA LUDEÑA Lima, veinte de diciembre del año dos mil diecisiete.- VISTOS: En Audiencia Pública de fecha seis de diciembre del año en curso, con la asistencia del abogado José Andrés Piedra Pereira de la parte demandada; e interviniendo en la calidad de ponente el señor Juez Superior Barboza Ludeña. ASUNTO: Es materia de grado: La Sentencia N° 168-2016, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 28 de junio del 2016 de fojas 144 a 154 que Declara: FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de fojas 9/16, subsanada 21/22 y declara Desnaturalizados los Contratos Modales suscritos entre las partes procesales y Reconociendo una relación laboral de carácter indeterminado por el periodo correspondiente al 21 de noviembre del 2012 al 30 de abril del 2015, y DISPONE REPONER al demandante en su mismo puesto habitual de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrito a una relación de trabajo de trabajo de naturaleza indeterminada, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia. INFUNDADO el extremo respecto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios solicitado por el demandante. AGRAVIOS: - La parte demandada mediante su recurso de apelación que corre inserto de fojas 163 a 177, señala los siguientes agravios: i. Señala que se ha vulnerado su derecho a la prueba y la debida motivación de resoluciones judiciales, al no valorar la causa objetiva de los contratos 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) temporales, consistente en el incremento real de la capacidad productora actual de la planta concentradora Cerro Lindo. ii. El demandante no ha aportado medio probatorio que demuestre un supuesto vínculo laboral a plazo indeterminado. iii. Conforme a los informes del Ministerio de Energía y Minas, existió un incremento en la realización de actividades propias del proceso de minado para determinar la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo. iv. Existe una incorrecta aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, pues si existió un real incremento en las actividades existentes de la empresa, lo que habilitó para contratar temporalmente al demandante en labores de minado de manera temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. - El demandante mediante su recurso de apelación que corre inserto de fojas 182 a 185, señala los siguientes agravios: i. Se ha verificado y reconocido que el acto de despido fue nulo, y no surte efectos, por tanto debe ordenarse el abono de remuneraciones, ya que al no verificarse ninguna causal o suspensión del contrato de trabajo, se admite que el acto nulo ha causado efectos. ii. Si bien el pago de remuneraciones es la contraprestación por las labores prestadas por el trabajador, no ocurre siempre así, como es el caso de la suspensión imperfecta de labores y el despido nulo, por lo que debe estimarse este extremo, debiéndose señalar que el despido incausado es un despido nulo por contravenir la Constitución. CONSIDERANDO: PRIMERO: 1.1. Conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine a solicitud de parte, o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente; por esta razón, el artículo 366° del Código Adjetivo citado, exige 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) como requisito de fondo para su interposición, que sea fundamentada, indicando el impugnante el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; 1.2. Asimismo conforme con el Principio Dispositivo “…el Juez no puede irrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por [(…) las partes] a través de los recursos que les franquea la ley”. Bajo este mismo contexto, comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, se señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación…”, (el resaltado es agregado). Por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de las resoluciones impugnadas y a absolver sólo los agravios contenidos en los escritos de su propósito. SEGUNDO: Delimitación de la controversia 2.1. Conforme a la demanda y la precisión de pretensiones que pasan a juzgamiento, expresados en la Audiencia de Conciliación, se puede advertir que la controversia se circunscribe: - La reposición en su puesto de trabajo del demandante como operario de servicio de minas, como consecuencia de un despido incausado, previa de declaración de desnaturalización de los contratos modales suscritos en el periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. - El pago de remuneraciones devengadas, gratificaciones y CTS, a la fecha de reposición más los interés legales, costas y costos del proceso. 2.2. Demanda que fue declarado fundada en parte y que es apelado por ambas partes, respecto a todos los extremos declarados fundados, por lo que la cuestión a resolverse se hará teniendo en cuenta los agravios esgrimidos en su recurso de apelación. TERCERO: Análisis previo a la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) 3.1. Mediante escrito recepcionado por Mesa de Partes el 12 de octubre del 2017, la parte demandada solicita la conclusión del proceso por sustracción de la materia amparado en el inciso 1) del artículo 321° del Código Procesal Civil, señalando que con el demandante celebro un Convenio de Mutuo Disenso, a través de una transacción, por la cual ambas partes, tras darse concesiones reciprocas, ponen fin al presente proceso, adjuntando para ello copia de la transacción celebrada entre las partes; 3.2. En ese sentido es de mencionar el artículo 1302° del Código Civil señala que: “Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada”. Así: “(…), se concluye que para nuestro ordenamiento jurídico nacional la transacción es un acto jurídico de naturaleza patrimonial (contrato) por el que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. A nivel formal, al ser un contrato, apunta a zanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Por ello su ubicación es más clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subyace en el corazón de esta figura se centra en la búsqueda de la paz y la armonía”1; 3.3. Es preciso indicar que la transacción extrajudicial es el acuerdo de las partes involucradas en un conflicto de intereses, materialmente realizada fuera de proceso, es decir, a través de un documento privado o por escritura pública, sin la intervención del Juez; 3.4. El artículo 30° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo señala “El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono (…). Los 1Primer Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República - Casación N° 1465-2007-Cajamarca. c3, naturaleza jurídica. Punto 10. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución”. 3.5. La transacción para ser válida, debe referirse a la existencia de litigio pendiente o eventual, debe contener concesiones reciprocas, debiendo el trabajador contar con el debido asesoramiento de un abogado, y de la transacción presentada se observa que contiene lo siguiente: a) Se encuentra firmada por el demandante y por su abogado, así como del representante de la empresa demandada. b) La transacción se refiere expresamente sobre las pretensiones presentadas en su demanda (clausula tercera). c) El demandante señala en esta transacción estar satisfecho con el pago que la empresa le ha hecho respecto de todas las pretensiones presentadas en su demanda (clausula 4.2). 3.6. Atendiendo a lo señalado, la transacción fue efectuada por el titular de los derechos asesorado por su abogado, no afecta derechos indisponibles, ello en congruencia con la irrenunciabilidad de derechos laborales, pues si bien el demandante peticionó la reposición en su puesto de trabajo y el pago de remuneraciones y compensación por tiempo de servicios, el acuerdo por el que demandante se desiste de continuar este proceso le ha permitido recibir la suma de S/.99,153.66 soles, suma superior al pago de las remuneraciones por el periodo laborado (S/.73,072.23), de dos años y siete meses, con una remuneración de S/.3,479.63 soles como lo ha expuesto en su demanda y además se refirieron a la naturaleza de los contratos laborales suscritos entre las partes, por ello corresponde señalar que la transacción se encuentra dentro de lo prescrito en el artículo 30° de la Ley N° 29497. CUARTO: 4.1. A lo analizado en el considerando anterior, debemos corroborar el mérito del “Convenio de Mutuo Disenso” anexado también al recurso de conclusión del proceso por sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional”, de fecha 12 de octubre del 2017 – de la que se desprende que entre la Compañía 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) Minera Milpo S.A.A., (hoy demandado) y don Percy Cirilo Rojas Poma (Trabajador) suscribieron la EXTINCION de mutuo y COMUN acuerdo de la relación laboral, dejando establecido que el vínculo laboral quedó extinguido el 30 de abril del 2017, lo cual tiene validez legal amparado en el inciso d) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral – que dispone como causas de extinción del contrato de trabajo entre otros el mutuo disenso entre trabajador y empleador, concordado con el 19 del mismo cuerpo legal2; 4.2. De otro lado conforme al artículo 334 del Código Procesal Civil, de aplicación extensiva al caso, dispone como norma general que en cualquier estado del proceso las partes pueden transigir su conflicto de intereses, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia; 4.3. Atendiendo a todo ello, corresponde declarar procedente el pedido de sustracción de la materia sin declaración sobre el fondo, ello en virtud a lo señalado en el inciso 1) del artículo 321° del Código Procesal Civil, y por tanto carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las apelaciones presentadas por las partes. Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral Permanente de Lima, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú. RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia formulado por la parte demandada, en consecuencia por concluido el proceso sin declaración sobre el fondo. Sin OBJETO pronunciarse sobre las apelaciones presentadas por las partes. En los seguidos por don PERCY CIRILO ROJAS POMA con la COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A., sobre Reposición y otros; y los DEVOLVIERON al Décimo Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.- 2Artículo 19.- El acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Demandante: Percy Cirilo Rojas Poma Demandada: Compañía Minera Milpo S.A.A Materia: Reconocimiento del Vínculo Laboral y otros Expediente N° 11729-2015-0-1801-JR-LA-13. Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado Secretario: Luis Enrique Varas Muñoz SENTENCIA N° 168-2016-13°JELPL Resolución N° CUATRO Lima, Veintiocho de Junio del dos mil dieciséis.- I. ANTECEDENTES: Fundamentos de la demanda: De acuerdo con la demanda de fojas 9/16, subsanada de fojas 21/22 y de lo expuesto en la audiencia de juzgamiento sostiene que la demandada es una empresa que se dedica a la actividad de la explotación minera y metalúrgica a quien prestó servicios dependientes en su Unidad de Producción Cerro Lindo (ubicado en el Distrito de Chavín, provincia de Chincha, Región Ica) desde el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015 en su condición de trabajador obrero a plazo o duración indeterminada como Operario Servicios Mina en mina subterránea. Las labores que realizaba como operario servicios mina era el de cargador de explosivos (en taladros de avance o desarrollo) apoyo de supervisión y ayudante de labores, todo en mina subterránea, área avances (preparación y desarrollo para extracción). El 21 de setiembre del 2012 la empresa le hizo suscribir un Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad por Incremento de Actividades por el plazo de 6 meses para laborar como Operario de Servicios Mina en mina subterránea consignando como causa objetiva que supuestamente justifica la contratación temporal simplemente generalidades y la fórmula legal vacía, sin motivación concreta sustentada en la realidad, posteriormente suscribió sucesivos contratos bajo la misma modalidad y texto para prestar labores hasta el 30 de abril del 2015. El día 24 de abril del 2015 el Jefe de Administración de Personal de la empresa demandada le comunicó en forma verbal del término del vínculo laboral “Por vencimiento o fin de contrato” sin expresar motivo o causa justa tipificada en la ley relacionada con la conducta o capacidad de trabajo. Fundamentos de la contestación de la demanda: De lo expuesto por la demandada en su contestación de demanda de fojas 91/101 y de lo expuesto en la audiencia de juzgamiento sostiene que lo afirmado por el demandante no es cierto, toda vez que en todo momento han cumplido con señalar en los contratos sujetos a modalidad la causa objetiva de contratación. En razón a que la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo, lugar donde el actor prestó servicios, se encontraba plenamente habilitada a realizar este tipo de contratación temporal de personal para desarrollar actividades del proceso de minado necesarias para determinar el incremento de capacidad de la planta, aun cuando dichas actividades a realizar formen parte de la actividad habitual. Por lo tanto la contratación temporal del accionante se realizó en pleno cumplimiento de las normas vigentes y Nunca se Desnaturalizó por lo que la demandada debe ser declarada infundada. El cese del demandante no se debió a un despido incausado, sino que se fundamentó en el término del plazo del Contrato de Trabajo Sujeto a modalidad suscrito con el demandante. La Audiencia de Conciliación se realizó en la fecha y hora programada en la que al no existir Conciliación alguna por las posiciones antagónicas de las partes, se fijaron las pretensiones objeto del proceso, y se citó a la Audiencia de Juzgamiento, oportunidad en la cual se efectuaron todas las etapas que concentra dicha diligencia, como la confrontación de Posiciones, la actuación probatoria, alegatos y sentencia, por lo que se procede a desarrollar la misma en los siguientes términos; II. ANALISIS DEL CASO: PRIMERO.- De la Finalidad del Proceso: La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. SEGUNDO.- De la Carga de la Prueba: El artículo 23 de la Ley N°29497 señala que corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: Al Trabajador: 1.- La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. 2.- El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. 3.- La existencia del daño alegado. Al Empleador: 1.- El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 2.- La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. 3.- El estado del vínculo laboral y la causa del despido. TERCERO.- Objeto de la Controversia: La controversia se circunscribe en: 1.- Determinar si corresponde la reposición en su puesto de trabajo del demandante como operario de servicio de minas, como consecuencia de un despido incausado, previa declaración de la desnaturalización de los contratos modales suscritos en el periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. 2.- El pago de remuneraciones devengadas, gratificaciones y cts a la fecha de reposición más los intereses legales, costas, costos del proceso. CUARTO.- De La Desnaturalización del Contrato Laboral 4.1. A efectos de la resolución de la presente litis, es menester acotar, que uno de los principios rectores del derecho laboral, dada su naturaleza tuitiva, es el principio de primacía de la realidad, sobre el cual Américo Plá Rodríguez, señala que “el principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”1; posición doctrinaria que puede concordarse con el 1 PLA RODRIGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo” De Palma. Buenos Aires, 1998, p. 313. clásico aforismo del Derecho Civil “las cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina”; por lo que cabe afirmar que la nominación de un contrato no altera la naturaleza jurídica que su objeto le da, debiendo definirse por la naturaleza de los servicios prestados. 4.2. Asimismo, es de tenerse en cuenta, lo establecido en el Sétimo Considerando de la Casación N° 1066-2001-LIMA, “...en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se inscriben en la categoría de contratos de trabajo a plazo determinado, vale decir aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que solo durarán por cierto período de tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por estar sometido a una condición, en ese sentido el propio Legislador, atendiendo a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal máximo de cinco años de duración de contratos modales, sancionando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setenta y siete de la norma acotada...”. 4.3. Y es que esto resulta natural si consideramos que uno de los pilares básicos del Derecho del Trabajo lo constituye el Principio de Continuidad que, a la luz de la doctrina es el establecido a favor del trabajador y que considera al contrato de trabajo como uno de duración indefinida, haciéndolo resistente a las circunstancias que en ese proceso pueden alterar ese carácter, de tal manera que el trabajador pueda trabajar mientras quiera, mientras pueda y mientras exista la fuente de trabajo, salvo las excepciones que puedan limitar legítimamente la duración del empleo o su terminación por causas específicas; por ello cabe poner el mayor énfasis en que los contratos de duración determinada solamente pueden celebrarse en razón de la naturaleza del trabajo, propia de una relación temporal y por ello ha expresado Mario Pasco2: “es que el contrato tiene vocación de permanencia: su duración debiera ser la de la causa que lo motivó: de persistir ésta, el contrato debiera continuar. En esa línea, la contratación temporal debiera corresponde a una necesidad transitoria que recién al desaparecer haría posible la extinción del contrato. Es ésta la característica que, elevada a la categoría de Principio del Derecho Laboral, se reconoce como Principio de Continuidad”. Por ello a su vez, Alonso de Los Heros3 manifiesta reforzando estos conceptos que: “El carácter temporal de la obra o servicio a prestarse es el que permite la celebración de un contrato de trabajo de duración determinada. La determinación de ese carácter debe ser expresa en el contrato...”. 4.4. Según expresa Luis Gonzales Ramírez “aludiendo a la contratación por incremento o inicio de actividad, ésta “tiene por finalidad la contratación de personal de trabajo para asumir actividades nuevas o el aumento de las ya existentes que son, en esencia, de carácter incierto (por ejemplo, la obtención de nuevos clientes que exigirá mayor producción y, en consecuencia más mano de obra). En este sentido, la intención del legislador ha sido facilitar este tipo de contratación que no tiene carácter indefinido, durante una etapa inicial del negocio que reviste cierta incertidumbre o ante el incremento ocasional y que no aseguran su continuación mientras no se consolide o tenga éxito”4 2 Pasco Cosmópolis, Mario. “Contrato de Trabajo Típico y Contratos Atípicos”, en Balance de La Reforma Laboral Peruana. Lima-Perú. Ed. Industrial Papiros 2001, pp.127. 3 De Los Heros Pérez Albela, Alfonso. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada: ¿Regla o Excepción? Libro Homenaje al Profesor Américo Plá R. Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo. Lima, 2004, pp.198. 4 Gonzales Ramírez Luis. “Modalidades de Contratación Laboral” Gaceta Jurídica, 1º Edición. Lima, 2013, p.41. 4.5. En el caso de autos, debemos partir indicando que el Contrato por Incremento de Actividad celebrados entre las partes litigantes han sido suscritos teniendo como basamento jurídico el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que establece expresamente: “El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa”. 4.6. Es necesario resaltar que como ocurre en los diferentes contratos modales, en los cuales se debe exponer clara y detalladamente las actividades que el trabajador ha de brindar, es indispensable consignar las causas objetivas determinantes de la contratación que justifique se utilice ese tipo de contrato temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional, conforme se establece en el artículo 58º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 4.7. Asimismo, teniendo en cuenta que el artículo 57º citado reconoce dos sub modalidades: a) inicio de actividad, y b) incremento de actividad; por ende, los hechos que precisan ser cubiertos corresponde indicarse. 4.8. En cuanto a la segunda sub modalidad, en la empresa que opta por este tipo de contratos, debe existir un incremento sustancial de sus actividades que haga necesaria la contratación de los trabajadores adicionales que atienden las labores permanentes. QUINTO: De los Medios Probatorios Dentro de este contexto, corresponde analizar los medios probatorios aportados al proceso, siendo los siguientes: 5.1. A fojas 2 obra el Certificado de Trabajo de fecha 30 de abril del 2015 donde se deja constancia que el demandante laboró para la demandada en el periodo comprendido entre el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015 desempeñándose como Operario Servicios Mina en el área de mina. 5.2. De fojas 36/48 obran los Contratos de Trabajo por Incremento de Actividad suscrito por la demandada con el demandante correspondiente al periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. 5.3. Copias de los Informes N° 317-2014-MEN-DGM-DTM/PB y 425-2014-MEN-DGM- DTM/PB emitidos por el Ministerio de Energía y Minas donde se advierte la capacidad productora de la Planta Concentradora Cerro Lindo (fojas 49/61). 5.4. Declaración Estadística mensual del año 2013 presentado al Ministerio de Energía y Minas en donde se corrobora que la cantidad de toneladas métricas de producción minera metálica en el 2013 (fojas 62/71). 5.5. Declaración estadística mensual del año 2014 presentado al Ministerio de Energía y Minas en donde se corrobora que la cantidad de toneladas métricas de producción minera metálica en el 2014 (fojas 72/83) 5.6. Declaración estadística mensual a junio del 2015 presentado al Ministerio de Energía y Minas. 5.7. El mérito del Acta de Acuerdos suscrita por la demandada con el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de la Compañía Minera Milpo – Unidad Cerro Lindo de fecha 20 de marzo del 2014 que obra en autos a fojas 84/90. 5.8. Con ocasión al desarrollo de la audiencia de juzgamiento (minuto 00:14:54 registro de audio y video) se tomó la declaración de la representante de la demandada: - ¿Cuáles son las unidades de Producción activas a la fecha? La Milpo tiene actualmente 3 unidades mineras, Atacocha, El Porvenir y Cerro Lindo ubicadas las dos primeras en la provincia de Cerro de Pasco y Cerro Lindo en Chincha. - ¿Cuáles son las concesiones o los proyectos de explotación de Milpo? Tengo conocimiento que la empresa Milpo, el proyecto que tiene actualmente es la planta de Cerro Lindo. -¿La Unidad de Cerro Lindo, es una unidad de producción o un proyecto? Es una Unidad Minera, y dentro de esta unidad minera está la Planta concentradora de mineral que es la planta concentradora de cerro Lindo. -¿Si es cierto que el demandante laboró en Cerro Lindo? Sí. -¿En qué área? No lo puedo precisar. ¿Cuáles eran las tareas específicas del demandante? Desconoce. ¿Cuánto produce Milpo este año? Actualmente no tengo conocimiento. Este proyecto de planta está en expansión. ¿De qué manera el demandante participaba en este proyecto? Las labores de un operador de servicio mina, los que ellos hacen es averiguar cuanto mineral hay en la mina para poder determinar la capacidad de la planta productora de cerro lindo. SEXTO: De la revisión del contrato de trabajo por Incremento de Actividad, documento que además fue inscrito ante la autoridad de Trabajo de acuerdo al artículo 73º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, y en ella se especifica lo siguiente: PRIMERO: “EL EMPLEADOR ha vista incremento el volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos. Dicho incremento supone una mayor carga operativa y por lo tanto también administrativa, que no puede ser satisfecha por el personal permanente de la empresa. Así por tratarse del incremento de las actividades ya existentes en EL EMPLEADOR al amparo de lo dispuesto por el artículo 57° del texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, EL EMPLEADOR se encuentra facultado para contratar personal a plazo determinado. En tal sentido, de conformidad con el referido artículo 57° del TUO del decreto Legislativo N° 728 el presente contrato se encuentra sujeto a la modalidad de incremento de actividades. SEGUNDO: Por el presente documento, EL EMPLEADOR contrata temporalmente a EL TRABAJADOR para que ocupe el cargo de OPERARIO SERVICIOS MINA, asumiendo las obligaciones y responsabilidades propias de tal puesto. (…). SETIMO: 7.1. Estando a ello, de la verificación de autos, se tiene que el accionante alega haber trabajado como Operario Servicios Mina encargado de cargar explosivos (en taladros de avance o desarrollo) apoyo de supervisión y ayudante de labores, todo en mina subterránea, área avances (preparación y desarrollo para extracción), éstas actividades alegadas por el actor, no han sido contradichas por la emplazada, y tan sólo se limita a señalar la representante de la demandada en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento que las labores de un operador de servicio mina, los que ellos hacen es averiguar cuanto mineral hay en la mina para poder determinar la capacidad de la planta productora de cerro lindo. Debiéndose precisar que estas actividades son propias de la actividad de la emplazada, que es la explotación minera y metalúrgica. 7.2. Asimismo, se debe tener en cuenta que el contrato de trabajo sujeto a modalidad, para su validez debe cumplir los requisitos formales contemplados en el artículo 72º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral: “deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”, y para el caso de autos, se verifica que en el contrato de fojas 36/48, no contiene las causas objetivas de la contratación, pues no basta consignar “El empleador ha visto incrementado el volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos”, es decir que en los contratos de trabajo suscritos por las partes procesales se ha omitido en consignar la causa objetiva específica que autorizó la contratación del accionante que permita explicar por sí la necesidad de un contrato temporal. 7.3. Al respecto de la desnaturalización del contrato por incremento o inicio de actividad, sostiene Luis Gonzales Ramírez, “el TC ha explicado que si no se demuestra que dicho incremento sea realmente sustancial y que, por ello, no pueda ser atendido por el personal permanente de la entidad emplazada, se puede concluir que la emplazada ha contratado a la recurrente utilizando inválidamente dicha modalidad contractual para atender una necesidad permanente y no transitoria de mano de obra.”5 7.4. Estando a lo antes indicado y considerando que la labor de un contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades se desnaturaliza por trasgredir el principio de causalidad, esto es, al no existir una causa real de contratación temporal específica, se entiende que existe una contratación permanente encubierta por una relación a plazo. 7.5. De lo antes expuesto y conforme establece el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, los contratos sujetos a modalidad se considerarán de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas laborales con la celebración del contrato, situación que se verifica cuando la causa, el objeto y/o la naturaleza de los servicios que se requieren 5 ob. Cit p. 42. contratar corresponden a actividades permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad; resultando contrario a ley el pretender encubrir una relación laboral a plazo indeterminado. 7.6. Por lo anterior y en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado acreditada la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad del actor desde el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015, tal como lo prevé el inciso d) del Artículo 77 del dispositivo antes invocado, por tanto, configurada una relación laboral a plazo indeterminado. OCTAVO: Del Derecho del Demandante a la Reposición a su Centro de Trabajo. 8.1. El demandante solicita la reposición a su centro laboral como consecuencia de haber sido víctima de un despido incausado y en consecuencia se ordene a la demandada COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. se le reponga a su puesto de trabajo como Operador Servicios Mina que venía desempeñando en la empresa demandada o en uno de igual nivel y jerarquía. 8.2. Por lo que habiéndose determinado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes del presente proceso conforme se ha detallado en la presente resolución, corresponde determinar si el actor ha sido objeto de un despido incausado y si por lo tanto corresponde ordenar su reposición en su puesto habitual de labores. 8.3. Al respecto, el artículo 27° de la Constitución Política del Estado, establece que “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, es decir de manera indubitable la esencia de dicho precepto constitucional es otorgar protección al trabajador cuando se está frente a un caso de despido. 8.4. Debe tenerse en cuenta que la institución jurídica del despido incausado no se encuentra regulada en forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto Supremo N°003-97-TR – TUO del Decreto Legislativo N°728); no obstante su reconocimiento y desarrollo ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Así, en la Sentencia de fecha 11 de julio de 2005, expedida en el caso Telefónica del Perú S.A. con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (Expediente N°1124-2001- PA/TC), el tribunal señaló: - Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, el derecho de trabajo implica por una parte el de acceder a un puesto de trabajo y por otra a no ser despedido sino por causa justa. - Forma parte del contenido esencial del Derecho al Trabajo, el derecho de no ser despedido sino por causa justa, y por lo tanto el despido incausado o arbitrario cometido por el empleador, vacía totalmente de contenido y atenta contra este derecho constitucional, en consecuencia al producirse este acto viciado de inconstitucionalidad, la protección adecuada contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú no puede ser sino la reposición del trabajador en el trabajo. - La indemnización será una forma complementaria o sustitutoria, sólo y únicamente en el que caso que así lo determine voluntariamente el trabajador, pero nunca podrá constituir la imposición arbitraria y unilateral del empleador como reparación de un acto, desde un inicio invalidado por atentar contra un derecho constitucional. 8.5. Igualmente, el criterio antes expuesto fue confirmado en la sentencia del caso Eusebio Llanos Huasco (Exp. N°976-2001-AA/TC), en la que quedó establecido que se produce el denominado despido incausado cuando: Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. 8.6. Expuesto el marco jurídico, así como la jurisprudencia pertinente, a efectos de resolver este punto de controversia corresponde efectuar un análisis de los hechos; en tal sentido, el demandante refiere haber sido cesado incausadamente, toda vez que con fecha 30 de abril del 2015 cesó su vínculo laboral por vencimiento de contrato conforme se ha corroborado de lo manifestado por la demandada en la audiencia de juzgamiento, causa que no es amparable, teniendo en consideración que al haberse declarado la existencia de relación laboral a plazo indeterminado conforme se ha acreditado en la presente sentencia, el actor solo podía ser despedido por causa justa prevista por ley; razón por la que debe ampararse su pretensión debiendo reponerse al demandante en su puesto habitual de labores, es decir en el cargo de Operario Servicios Mina que venía desempeñado al 30 de abril del 2015, es decir en el cargo que ocupaba al momento de su cese. NOVENO: Del Pago de Remuneraciones Devengadas 9.1. Asimismo, el demandante solicita el pago de remuneraciones dejadas de percibir, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios hasta la fecha efectiva de la reposición, las mismas que según indica se deben calcular desde la fecha de su despido hasta su efectiva reposición. 9.2. Advirtiéndose que actualmente existe reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se desestima el pago de remuneraciones; esta judicatura comparte también el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que no puede ser amparado el pago de remuneraciones y demás beneficios por un periodo no laborado. 9.3. En ese sentido, los fundamentos por los cuales no pueden ampararse el pago de remuneraciones dejadas de percibir derivadas de la declaración de un despido inconstitucional en proceso de amparo, han sido expuestos con claridad en varias Casaciones, siendo una de estas la Casación N° 992-2012-Arequipa del 03 de setiembre del 2012, que emite pronunciamiento en un caso similar a este, y del cual debe destacarse lo siguientes considerandos: - OCTAVO: Que la reposición real en el centro de labores satisface el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el periodo de ausencia, frente al cual pudiera surgir la obligación de pago de remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso de la nulidad de despido, en tanto se trata de una norma excepcional, tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. - UNDÉCIMO: …Es necesario puntualizar que no existe derecho a remuneraciones por el periodo no laborado interpretación que también es concordante con el criterio del Tribunal Constitucional respecto de este derecho constitucional, lo cual obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara verosimilitud sobre la existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos que deben ser evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto y ante el Juez y vía procedimental predeterminados por ley. Asimismo es preciso destacar también el criterio expuesto en la Casación N° 6312-2013 LA LIBERTAD, en donde ante un caso similar a este; se resolvió lo siguiente: - SEXTO: En el presente caso, se ha reconocido al demandante el pago de remuneraciones devengadas por el tiempo que dure el despido producido con fecha dieciocho de setiembre de dos mil once y hasta su efectiva reposición. Para tal efecto se han esbozado argumentos que respaldan dicha posición, pudiendo resumirse en la aplicación de la analogía de la regla prevista en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, concordante con lo señalado en el artículo 54 del Decreto Supremo N° 001-96-TR. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República. - SÉTIMO: Este Supremo Tribunal estima que el razonamiento antes presentado no resulta correcto. En principio porque la extensión de los alcances del artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR no resulta válido al ser una norma que establece la procedencia del pago de remuneraciones devengadas en un supuesto excepcional; es decir, se prevén como supuestos de pago de remuneraciones por periodos no laborados, y como tales en dicha condición de excepcionalidad no resultan aplicables por extensión interpretativa ni por analogía en otros supuestos en los que no medie autorización expresa, fundamentalmente porque, el pago de los devengados única y excepcionalmente procede en el supuesto específico previsto en norma para los supuestos de despido nulo; tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil; y que además impide la aplicación de dichos artículos a un supuesto disímil. En tal sentido, se verifica entonces la infracción del artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, por aplicación indebida en un supuesto fáctico no regulado por ella; - OCTAVO: Lo antedicho, esto es, la inviabilidad en el cobro de remuneraciones y beneficios sociales por un periodo no laborado, no implica que el derecho al trabajo restituido con el proceso ordinario laboral, no alcance su concretización en el plano fáctico, pues el trabajador afectado con esta medida encuentra –dentro de nuestro ordenamiento jurídico- otras vías adecuadas para sancionar el actuar inconstitucional de su empleador, cual es la posibilidad indemnizatoria, tal y como se dejó indicado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha treinta y uno de enero del dos mil uno, y que no ha sido analizado en toda su extensión por la Sala de mérito, pues la misma en su integridad optó en el caso de reposición de magistrados del Tribunal Constitucional Peruano, que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos en sus labores, tomando Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia. En este mismo horizonte, ha venido fallando esta Sala Suprema en los casos de pago de remuneraciones devengadas, como en los pronunciamientos recaídos en la Casación N° 2712-2009-Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, así como en las Casaciones N° 3935-2011-Piura de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce y N° 1333- 2012-Junín de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, entre otras. 9.4. De acuerdo al criterio de la Corte Suprema en materia de remuneraciones devengadas y que es además asumido por esta judicatura; se concluye que no corresponde amparar la pretensión de pago de remuneraciones devengadas por periodo no laborado, pues, debe observarse las diferencias jurídicas entre la institución del despido nulo a fin de aplicarlo a un supuesto fáctico no regulado en aquella norma excepcional, que como tal no permiten su aplicación extensiva ni analógica. Para tal efecto, la restitución del derecho al trabajo vulnerado por el despido inconstitucional tiene otras vías de acción como es el de indemnización por daños y perjuicios, por lo que este extremo deviene en Improcedente. DÉCIMO: Pago de Costas y Costos 10.1.El artículo 412 del Código Procesal Civil establece que el reembolso de los costos y costas del proceso son de cargo de la parte vencida, salvo declaración expresa y motivada de exoneración, y si bien es cierto el demandante se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales, este concepto no es el único que conforma el rubro de costas pues también se encuentran incluidos los honorarios de los órganos de auxilio judicial y otros gastos judiciales que se realicen dentro del proceso, los que pueden ocurrir en la etapa de ejecución de la presente sentencia; asimismo, debe tenerse en cuenta que en el presente caso el demandante ha sido patrocinado por un abogado particular por lo que debe reembolsársele los costos del proceso. III) DECISIÓN Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLO: PRIMERO.- Declarando FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de fojas 9/16, subsanada 21/22 interpuesta por PERCY CIRILO ROJAS POMA contra COMPÑAÍA MINERA MILPO S.A.A sobre REPOSICIÓN Y OTROS., declarando Desnaturalizados los Contratos Modales suscritos entre las partes procesales y Reconociendo una relación laboral de carácter indeterminado por el periodo correspondiente al 21 de noviembre del 2012 al 30 de abril del 2015. SEGUNDO: REPONER al demandante PERCY CIRILO ROJAS POMA en su mismo puesto habitual de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrito a una relación de trabajo de trabajo de naturaleza indeterminada, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia. TERCERO: Declarar INFUNDADO el extremo respecto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios solicitado por el demandante. CUARTO: AVOCÁNDOSE al conocimiento de la presente causa la señora magistrada que suscribe la presente por disposición de la Resolución Administrativa N° 125-2016-P- CSJLI/PJ de fecha 18 de marzo del 2016. TÓMESE RAZÓN y HÁGASE

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE – NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO DÉCIMO Av. Abancay S/N Cuadra 8 – Lima - Edificio Javier Alzamora Valdez - Piso 18 - Teléfono: 4101818 - Anexo 13259 13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11729-2015-0-1801-JR-LA-13 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : BECERRA ATAUCONCHA, KEYSI KALONDY ESPECIALISTA : TERRAZOS CUNYARACHI BETTY JOVANA DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : ROJAS POMA, PERCY CIRILO RAZON Señora Juez: En cumplimiento de mis funciones informó a Usted que, se encuentran pendientes de dar cuenta el presente expediente y que habiendo asumido la Secretaría en fecha 18 de abril del año en curso, se procede a dar cuenta en la fecha, Es todo lo que informo a Usted para los fines pertinentes. Lima, 24 de mayo del 2018. RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS Lima, veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho. - Por recibido documento N° 88519-2018: Por devuelto los presentes autos con la Sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Laboral de Lima de fecha 20 de diciembre del 2017 que RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia formulada por la parte demandada; en consecuencia, ARCHIVESE DIFINITIVAMENTE los presentes autos. Interviniendo la Juez titular que suscribe, asimismo la secretaria cursora por disposición superior. Notifíquese.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) Señores: BEGAZO VILLEGAS FARFAN OSORIO BARBOZA LUDEÑA Lima, veinte de diciembre del año dos mil diecisiete.- VISTOS: En Audiencia Pública de fecha seis de diciembre del año en curso, con la asistencia del abogado José Andrés Piedra Pereira de la parte demandada; e interviniendo en la calidad de ponente el señor Juez Superior Barboza Ludeña. ASUNTO: Es materia de grado: La Sentencia N° 168-2016, contenida en la Resolución N° 04 de fecha 28 de junio del 2016 de fojas 144 a 154 que Declara: FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de fojas 9/16, subsanada 21/22 y declara Desnaturalizados los Contratos Modales suscritos entre las partes procesales y Reconociendo una relación laboral de carácter indeterminado por el periodo correspondiente al 21 de noviembre del 2012 al 30 de abril del 2015, y DISPONE REPONER al demandante en su mismo puesto habitual de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrito a una relación de trabajo de trabajo de naturaleza indeterminada, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia. INFUNDADO el extremo respecto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios solicitado por el demandante. AGRAVIOS: - La parte demandada mediante su recurso de apelación que corre inserto de fojas 163 a 177, señala los siguientes agravios: i. Señala que se ha vulnerado su derecho a la prueba y la debida motivación de resoluciones judiciales, al no valorar la causa objetiva de los contratos 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) temporales, consistente en el incremento real de la capacidad productora actual de la planta concentradora Cerro Lindo. ii. El demandante no ha aportado medio probatorio que demuestre un supuesto vínculo laboral a plazo indeterminado. iii. Conforme a los informes del Ministerio de Energía y Minas, existió un incremento en la realización de actividades propias del proceso de minado para determinar la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo. iv. Existe una incorrecta aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, pues si existió un real incremento en las actividades existentes de la empresa, lo que habilitó para contratar temporalmente al demandante en labores de minado de manera temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. - El demandante mediante su recurso de apelación que corre inserto de fojas 182 a 185, señala los siguientes agravios: i. Se ha verificado y reconocido que el acto de despido fue nulo, y no surte efectos, por tanto debe ordenarse el abono de remuneraciones, ya que al no verificarse ninguna causal o suspensión del contrato de trabajo, se admite que el acto nulo ha causado efectos. ii. Si bien el pago de remuneraciones es la contraprestación por las labores prestadas por el trabajador, no ocurre siempre así, como es el caso de la suspensión imperfecta de labores y el despido nulo, por lo que debe estimarse este extremo, debiéndose señalar que el despido incausado es un despido nulo por contravenir la Constitución. CONSIDERANDO: PRIMERO: 1.1. Conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine a solicitud de parte, o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente; por esta razón, el artículo 366° del Código Adjetivo citado, exige 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) como requisito de fondo para su interposición, que sea fundamentada, indicando el impugnante el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; 1.2. Asimismo conforme con el Principio Dispositivo “…el Juez no puede irrogarse la calidad de parte y aducir argumentos que no fueron hechos valer por [(…) las partes] a través de los recursos que les franquea la ley”. Bajo este mismo contexto, comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, se señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación…”, (el resaltado es agregado). Por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de las resoluciones impugnadas y a absolver sólo los agravios contenidos en los escritos de su propósito. SEGUNDO: Delimitación de la controversia 2.1. Conforme a la demanda y la precisión de pretensiones que pasan a juzgamiento, expresados en la Audiencia de Conciliación, se puede advertir que la controversia se circunscribe: - La reposición en su puesto de trabajo del demandante como operario de servicio de minas, como consecuencia de un despido incausado, previa de declaración de desnaturalización de los contratos modales suscritos en el periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. - El pago de remuneraciones devengadas, gratificaciones y CTS, a la fecha de reposición más los interés legales, costas y costos del proceso. 2.2. Demanda que fue declarado fundada en parte y que es apelado por ambas partes, respecto a todos los extremos declarados fundados, por lo que la cuestión a resolverse se hará teniendo en cuenta los agravios esgrimidos en su recurso de apelación. TERCERO: Análisis previo a la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) 3.1. Mediante escrito recepcionado por Mesa de Partes el 12 de octubre del 2017, la parte demandada solicita la conclusión del proceso por sustracción de la materia amparado en el inciso 1) del artículo 321° del Código Procesal Civil, señalando que con el demandante celebro un Convenio de Mutuo Disenso, a través de una transacción, por la cual ambas partes, tras darse concesiones reciprocas, ponen fin al presente proceso, adjuntando para ello copia de la transacción celebrada entre las partes; 3.2. En ese sentido es de mencionar el artículo 1302° del Código Civil señala que: “Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada”. Así: “(…), se concluye que para nuestro ordenamiento jurídico nacional la transacción es un acto jurídico de naturaleza patrimonial (contrato) por el que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. A nivel formal, al ser un contrato, apunta a zanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Por ello su ubicación es más clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subyace en el corazón de esta figura se centra en la búsqueda de la paz y la armonía”1; 3.3. Es preciso indicar que la transacción extrajudicial es el acuerdo de las partes involucradas en un conflicto de intereses, materialmente realizada fuera de proceso, es decir, a través de un documento privado o por escritura pública, sin la intervención del Juez; 3.4. El artículo 30° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo señala “El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono (…). Los 1Primer Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República - Casación N° 1465-2007-Cajamarca. c3, naturaleza jurídica. Punto 10. 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución”. 3.5. La transacción para ser válida, debe referirse a la existencia de litigio pendiente o eventual, debe contener concesiones reciprocas, debiendo el trabajador contar con el debido asesoramiento de un abogado, y de la transacción presentada se observa que contiene lo siguiente: a) Se encuentra firmada por el demandante y por su abogado, así como del representante de la empresa demandada. b) La transacción se refiere expresamente sobre las pretensiones presentadas en su demanda (clausula tercera). c) El demandante señala en esta transacción estar satisfecho con el pago que la empresa le ha hecho respecto de todas las pretensiones presentadas en su demanda (clausula 4.2). 3.6. Atendiendo a lo señalado, la transacción fue efectuada por el titular de los derechos asesorado por su abogado, no afecta derechos indisponibles, ello en congruencia con la irrenunciabilidad de derechos laborales, pues si bien el demandante peticionó la reposición en su puesto de trabajo y el pago de remuneraciones y compensación por tiempo de servicios, el acuerdo por el que demandante se desiste de continuar este proceso le ha permitido recibir la suma de S/.99,153.66 soles, suma superior al pago de las remuneraciones por el periodo laborado (S/.73,072.23), de dos años y siete meses, con una remuneración de S/.3,479.63 soles como lo ha expuesto en su demanda y además se refirieron a la naturaleza de los contratos laborales suscritos entre las partes, por ello corresponde señalar que la transacción se encuentra dentro de lo prescrito en el artículo 30° de la Ley N° 29497. CUARTO: 4.1. A lo analizado en el considerando anterior, debemos corroborar el mérito del “Convenio de Mutuo Disenso” anexado también al recurso de conclusión del proceso por sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional”, de fecha 12 de octubre del 2017 – de la que se desprende que entre la Compañía 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL PERMANENTE EXPEDIENTE Nº 11729 – 2015-0-1801-JR-LA-13° (S) Minera Milpo S.A.A., (hoy demandado) y don Percy Cirilo Rojas Poma (Trabajador) suscribieron la EXTINCION de mutuo y COMUN acuerdo de la relación laboral, dejando establecido que el vínculo laboral quedó extinguido el 30 de abril del 2017, lo cual tiene validez legal amparado en el inciso d) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral – que dispone como causas de extinción del contrato de trabajo entre otros el mutuo disenso entre trabajador y empleador, concordado con el 19 del mismo cuerpo legal2; 4.2. De otro lado conforme al artículo 334 del Código Procesal Civil, de aplicación extensiva al caso, dispone como norma general que en cualquier estado del proceso las partes pueden transigir su conflicto de intereses, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia; 4.3. Atendiendo a todo ello, corresponde declarar procedente el pedido de sustracción de la materia sin declaración sobre el fondo, ello en virtud a lo señalado en el inciso 1) del artículo 321° del Código Procesal Civil, y por tanto carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las apelaciones presentadas por las partes. Por estas consideraciones, la Tercera Sala Laboral Permanente de Lima, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú. RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la solicitud de conclusión del proceso por sustracción de la materia formulado por la parte demandada, en consecuencia por concluido el proceso sin declaración sobre el fondo. Sin OBJETO pronunciarse sobre las apelaciones presentadas por las partes. En los seguidos por don PERCY CIRILO ROJAS POMA con la COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A., sobre Reposición y otros; y los DEVOLVIERON al Décimo Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.- 2Artículo 19.- El acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Demandante: Percy Cirilo Rojas Poma Demandada: Compañía Minera Milpo S.A.A Materia: Reconocimiento del Vínculo Laboral y otros Expediente N° 11729-2015-0-1801-JR-LA-13. Juez: Magaly Soledad Cabrejo Delgado Secretario: Luis Enrique Varas Muñoz SENTENCIA N° 168-2016-13°JELPL Resolución N° CUATRO Lima, Veintiocho de Junio del dos mil dieciséis.- I. ANTECEDENTES: Fundamentos de la demanda: De acuerdo con la demanda de fojas 9/16, subsanada de fojas 21/22 y de lo expuesto en la audiencia de juzgamiento sostiene que la demandada es una empresa que se dedica a la actividad de la explotación minera y metalúrgica a quien prestó servicios dependientes en su Unidad de Producción Cerro Lindo (ubicado en el Distrito de Chavín, provincia de Chincha, Región Ica) desde el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015 en su condición de trabajador obrero a plazo o duración indeterminada como Operario Servicios Mina en mina subterránea. Las labores que realizaba como operario servicios mina era el de cargador de explosivos (en taladros de avance o desarrollo) apoyo de supervisión y ayudante de labores, todo en mina subterránea, área avances (preparación y desarrollo para extracción). El 21 de setiembre del 2012 la empresa le hizo suscribir un Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad por Incremento de Actividades por el plazo de 6 meses para laborar como Operario de Servicios Mina en mina subterránea consignando como causa objetiva que supuestamente justifica la contratación temporal simplemente generalidades y la fórmula legal vacía, sin motivación concreta sustentada en la realidad, posteriormente suscribió sucesivos contratos bajo la misma modalidad y texto para prestar labores hasta el 30 de abril del 2015. El día 24 de abril del 2015 el Jefe de Administración de Personal de la empresa demandada le comunicó en forma verbal del término del vínculo laboral “Por vencimiento o fin de contrato” sin expresar motivo o causa justa tipificada en la ley relacionada con la conducta o capacidad de trabajo. Fundamentos de la contestación de la demanda: De lo expuesto por la demandada en su contestación de demanda de fojas 91/101 y de lo expuesto en la audiencia de juzgamiento sostiene que lo afirmado por el demandante no es cierto, toda vez que en todo momento han cumplido con señalar en los contratos sujetos a modalidad la causa objetiva de contratación. En razón a que la capacidad productora de la planta concentradora Cerro Lindo, lugar donde el actor prestó servicios, se encontraba plenamente habilitada a realizar este tipo de contratación temporal de personal para desarrollar actividades del proceso de minado necesarias para determinar el incremento de capacidad de la planta, aun cuando dichas actividades a realizar formen parte de la actividad habitual. Por lo tanto la contratación temporal del accionante se realizó en pleno cumplimiento de las normas vigentes y Nunca se Desnaturalizó por lo que la demandada debe ser declarada infundada. El cese del demandante no se debió a un despido incausado, sino que se fundamentó en el término del plazo del Contrato de Trabajo Sujeto a modalidad suscrito con el demandante. La Audiencia de Conciliación se realizó en la fecha y hora programada en la que al no existir Conciliación alguna por las posiciones antagónicas de las partes, se fijaron las pretensiones objeto del proceso, y se citó a la Audiencia de Juzgamiento, oportunidad en la cual se efectuaron todas las etapas que concentra dicha diligencia, como la confrontación de Posiciones, la actuación probatoria, alegatos y sentencia, por lo que se procede a desarrollar la misma en los siguientes términos; II. ANALISIS DEL CASO: PRIMERO.- De la Finalidad del Proceso: La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. SEGUNDO.- De la Carga de la Prueba: El artículo 23 de la Ley N°29497 señala que corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: Al Trabajador: 1.- La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. 2.- El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. 3.- La existencia del daño alegado. Al Empleador: 1.- El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 2.- La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. 3.- El estado del vínculo laboral y la causa del despido. TERCERO.- Objeto de la Controversia: La controversia se circunscribe en: 1.- Determinar si corresponde la reposición en su puesto de trabajo del demandante como operario de servicio de minas, como consecuencia de un despido incausado, previa declaración de la desnaturalización de los contratos modales suscritos en el periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. 2.- El pago de remuneraciones devengadas, gratificaciones y cts a la fecha de reposición más los intereses legales, costas, costos del proceso. CUARTO.- De La Desnaturalización del Contrato Laboral 4.1. A efectos de la resolución de la presente litis, es menester acotar, que uno de los principios rectores del derecho laboral, dada su naturaleza tuitiva, es el principio de primacía de la realidad, sobre el cual Américo Plá Rodríguez, señala que “el principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”1; posición doctrinaria que puede concordarse con el 1 PLA RODRIGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo” De Palma. Buenos Aires, 1998, p. 313. clásico aforismo del Derecho Civil “las cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina”; por lo que cabe afirmar que la nominación de un contrato no altera la naturaleza jurídica que su objeto le da, debiendo definirse por la naturaleza de los servicios prestados. 4.2. Asimismo, es de tenerse en cuenta, lo establecido en el Sétimo Considerando de la Casación N° 1066-2001-LIMA, “...en doctrina los contratos de trabajo sujetos a modalidad se inscriben en la categoría de contratos de trabajo a plazo determinado, vale decir aquellos cuya duración se establece en el momento de celebrarse el contrato, no regirán indefinidamente sino que prevén expresamente que solo durarán por cierto período de tiempo: por un plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por estar sometido a una condición, en ese sentido el propio Legislador, atendiendo a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal máximo de cinco años de duración de contratos modales, sancionando su inobservancia con la declaración de la existencia de un contrato de trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el artículo setenta y siete de la norma acotada...”. 4.3. Y es que esto resulta natural si consideramos que uno de los pilares básicos del Derecho del Trabajo lo constituye el Principio de Continuidad que, a la luz de la doctrina es el establecido a favor del trabajador y que considera al contrato de trabajo como uno de duración indefinida, haciéndolo resistente a las circunstancias que en ese proceso pueden alterar ese carácter, de tal manera que el trabajador pueda trabajar mientras quiera, mientras pueda y mientras exista la fuente de trabajo, salvo las excepciones que puedan limitar legítimamente la duración del empleo o su terminación por causas específicas; por ello cabe poner el mayor énfasis en que los contratos de duración determinada solamente pueden celebrarse en razón de la naturaleza del trabajo, propia de una relación temporal y por ello ha expresado Mario Pasco2: “es que el contrato tiene vocación de permanencia: su duración debiera ser la de la causa que lo motivó: de persistir ésta, el contrato debiera continuar. En esa línea, la contratación temporal debiera corresponde a una necesidad transitoria que recién al desaparecer haría posible la extinción del contrato. Es ésta la característica que, elevada a la categoría de Principio del Derecho Laboral, se reconoce como Principio de Continuidad”. Por ello a su vez, Alonso de Los Heros3 manifiesta reforzando estos conceptos que: “El carácter temporal de la obra o servicio a prestarse es el que permite la celebración de un contrato de trabajo de duración determinada. La determinación de ese carácter debe ser expresa en el contrato...”. 4.4. Según expresa Luis Gonzales Ramírez “aludiendo a la contratación por incremento o inicio de actividad, ésta “tiene por finalidad la contratación de personal de trabajo para asumir actividades nuevas o el aumento de las ya existentes que son, en esencia, de carácter incierto (por ejemplo, la obtención de nuevos clientes que exigirá mayor producción y, en consecuencia más mano de obra). En este sentido, la intención del legislador ha sido facilitar este tipo de contratación que no tiene carácter indefinido, durante una etapa inicial del negocio que reviste cierta incertidumbre o ante el incremento ocasional y que no aseguran su continuación mientras no se consolide o tenga éxito”4 2 Pasco Cosmópolis, Mario. “Contrato de Trabajo Típico y Contratos Atípicos”, en Balance de La Reforma Laboral Peruana. Lima-Perú. Ed. Industrial Papiros 2001, pp.127. 3 De Los Heros Pérez Albela, Alfonso. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada: ¿Regla o Excepción? Libro Homenaje al Profesor Américo Plá R. Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo. Lima, 2004, pp.198. 4 Gonzales Ramírez Luis. “Modalidades de Contratación Laboral” Gaceta Jurídica, 1º Edición. Lima, 2013, p.41. 4.5. En el caso de autos, debemos partir indicando que el Contrato por Incremento de Actividad celebrados entre las partes litigantes han sido suscritos teniendo como basamento jurídico el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que establece expresamente: “El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa”. 4.6. Es necesario resaltar que como ocurre en los diferentes contratos modales, en los cuales se debe exponer clara y detalladamente las actividades que el trabajador ha de brindar, es indispensable consignar las causas objetivas determinantes de la contratación que justifique se utilice ese tipo de contrato temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional, conforme se establece en el artículo 58º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 4.7. Asimismo, teniendo en cuenta que el artículo 57º citado reconoce dos sub modalidades: a) inicio de actividad, y b) incremento de actividad; por ende, los hechos que precisan ser cubiertos corresponde indicarse. 4.8. En cuanto a la segunda sub modalidad, en la empresa que opta por este tipo de contratos, debe existir un incremento sustancial de sus actividades que haga necesaria la contratación de los trabajadores adicionales que atienden las labores permanentes. QUINTO: De los Medios Probatorios Dentro de este contexto, corresponde analizar los medios probatorios aportados al proceso, siendo los siguientes: 5.1. A fojas 2 obra el Certificado de Trabajo de fecha 30 de abril del 2015 donde se deja constancia que el demandante laboró para la demandada en el periodo comprendido entre el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015 desempeñándose como Operario Servicios Mina en el área de mina. 5.2. De fojas 36/48 obran los Contratos de Trabajo por Incremento de Actividad suscrito por la demandada con el demandante correspondiente al periodo 21 de setiembre del 2012 al 30 de abril del 2015. 5.3. Copias de los Informes N° 317-2014-MEN-DGM-DTM/PB y 425-2014-MEN-DGM- DTM/PB emitidos por el Ministerio de Energía y Minas donde se advierte la capacidad productora de la Planta Concentradora Cerro Lindo (fojas 49/61). 5.4. Declaración Estadística mensual del año 2013 presentado al Ministerio de Energía y Minas en donde se corrobora que la cantidad de toneladas métricas de producción minera metálica en el 2013 (fojas 62/71). 5.5. Declaración estadística mensual del año 2014 presentado al Ministerio de Energía y Minas en donde se corrobora que la cantidad de toneladas métricas de producción minera metálica en el 2014 (fojas 72/83) 5.6. Declaración estadística mensual a junio del 2015 presentado al Ministerio de Energía y Minas. 5.7. El mérito del Acta de Acuerdos suscrita por la demandada con el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de la Compañía Minera Milpo – Unidad Cerro Lindo de fecha 20 de marzo del 2014 que obra en autos a fojas 84/90. 5.8. Con ocasión al desarrollo de la audiencia de juzgamiento (minuto 00:14:54 registro de audio y video) se tomó la declaración de la representante de la demandada: - ¿Cuáles son las unidades de Producción activas a la fecha? La Milpo tiene actualmente 3 unidades mineras, Atacocha, El Porvenir y Cerro Lindo ubicadas las dos primeras en la provincia de Cerro de Pasco y Cerro Lindo en Chincha. - ¿Cuáles son las concesiones o los proyectos de explotación de Milpo? Tengo conocimiento que la empresa Milpo, el proyecto que tiene actualmente es la planta de Cerro Lindo. -¿La Unidad de Cerro Lindo, es una unidad de producción o un proyecto? Es una Unidad Minera, y dentro de esta unidad minera está la Planta concentradora de mineral que es la planta concentradora de cerro Lindo. -¿Si es cierto que el demandante laboró en Cerro Lindo? Sí. -¿En qué área? No lo puedo precisar. ¿Cuáles eran las tareas específicas del demandante? Desconoce. ¿Cuánto produce Milpo este año? Actualmente no tengo conocimiento. Este proyecto de planta está en expansión. ¿De qué manera el demandante participaba en este proyecto? Las labores de un operador de servicio mina, los que ellos hacen es averiguar cuanto mineral hay en la mina para poder determinar la capacidad de la planta productora de cerro lindo. SEXTO: De la revisión del contrato de trabajo por Incremento de Actividad, documento que además fue inscrito ante la autoridad de Trabajo de acuerdo al artículo 73º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, y en ella se especifica lo siguiente: PRIMERO: “EL EMPLEADOR ha vista incremento el volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos. Dicho incremento supone una mayor carga operativa y por lo tanto también administrativa, que no puede ser satisfecha por el personal permanente de la empresa. Así por tratarse del incremento de las actividades ya existentes en EL EMPLEADOR al amparo de lo dispuesto por el artículo 57° del texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, EL EMPLEADOR se encuentra facultado para contratar personal a plazo determinado. En tal sentido, de conformidad con el referido artículo 57° del TUO del decreto Legislativo N° 728 el presente contrato se encuentra sujeto a la modalidad de incremento de actividades. SEGUNDO: Por el presente documento, EL EMPLEADOR contrata temporalmente a EL TRABAJADOR para que ocupe el cargo de OPERARIO SERVICIOS MINA, asumiendo las obligaciones y responsabilidades propias de tal puesto. (…). SETIMO: 7.1. Estando a ello, de la verificación de autos, se tiene que el accionante alega haber trabajado como Operario Servicios Mina encargado de cargar explosivos (en taladros de avance o desarrollo) apoyo de supervisión y ayudante de labores, todo en mina subterránea, área avances (preparación y desarrollo para extracción), éstas actividades alegadas por el actor, no han sido contradichas por la emplazada, y tan sólo se limita a señalar la representante de la demandada en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento que las labores de un operador de servicio mina, los que ellos hacen es averiguar cuanto mineral hay en la mina para poder determinar la capacidad de la planta productora de cerro lindo. Debiéndose precisar que estas actividades son propias de la actividad de la emplazada, que es la explotación minera y metalúrgica. 7.2. Asimismo, se debe tener en cuenta que el contrato de trabajo sujeto a modalidad, para su validez debe cumplir los requisitos formales contemplados en el artículo 72º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral: “deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”, y para el caso de autos, se verifica que en el contrato de fojas 36/48, no contiene las causas objetivas de la contratación, pues no basta consignar “El empleador ha visto incrementado el volumen de sus actividades habituales como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos”, es decir que en los contratos de trabajo suscritos por las partes procesales se ha omitido en consignar la causa objetiva específica que autorizó la contratación del accionante que permita explicar por sí la necesidad de un contrato temporal. 7.3. Al respecto de la desnaturalización del contrato por incremento o inicio de actividad, sostiene Luis Gonzales Ramírez, “el TC ha explicado que si no se demuestra que dicho incremento sea realmente sustancial y que, por ello, no pueda ser atendido por el personal permanente de la entidad emplazada, se puede concluir que la emplazada ha contratado a la recurrente utilizando inválidamente dicha modalidad contractual para atender una necesidad permanente y no transitoria de mano de obra.”5 7.4. Estando a lo antes indicado y considerando que la labor de un contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades se desnaturaliza por trasgredir el principio de causalidad, esto es, al no existir una causa real de contratación temporal específica, se entiende que existe una contratación permanente encubierta por una relación a plazo. 7.5. De lo antes expuesto y conforme establece el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, los contratos sujetos a modalidad se considerarán de duración indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas laborales con la celebración del contrato, situación que se verifica cuando la causa, el objeto y/o la naturaleza de los servicios que se requieren 5 ob. Cit p. 42. contratar corresponden a actividades permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad; resultando contrario a ley el pretender encubrir una relación laboral a plazo indeterminado. 7.6. Por lo anterior y en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado acreditada la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad del actor desde el 21 de setiembre del 2012 hasta el 30 de abril del 2015, tal como lo prevé el inciso d) del Artículo 77 del dispositivo antes invocado, por tanto, configurada una relación laboral a plazo indeterminado. OCTAVO: Del Derecho del Demandante a la Reposición a su Centro de Trabajo. 8.1. El demandante solicita la reposición a su centro laboral como consecuencia de haber sido víctima de un despido incausado y en consecuencia se ordene a la demandada COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. se le reponga a su puesto de trabajo como Operador Servicios Mina que venía desempeñando en la empresa demandada o en uno de igual nivel y jerarquía. 8.2. Por lo que habiéndose determinado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes del presente proceso conforme se ha detallado en la presente resolución, corresponde determinar si el actor ha sido objeto de un despido incausado y si por lo tanto corresponde ordenar su reposición en su puesto habitual de labores. 8.3. Al respecto, el artículo 27° de la Constitución Política del Estado, establece que “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”, es decir de manera indubitable la esencia de dicho precepto constitucional es otorgar protección al trabajador cuando se está frente a un caso de despido. 8.4. Debe tenerse en cuenta que la institución jurídica del despido incausado no se encuentra regulada en forma expresa en la legislación laboral nacional (Decreto Supremo N°003-97-TR – TUO del Decreto Legislativo N°728); no obstante su reconocimiento y desarrollo ha sido materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Así, en la Sentencia de fecha 11 de julio de 2005, expedida en el caso Telefónica del Perú S.A. con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (Expediente N°1124-2001- PA/TC), el tribunal señaló: - Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, el derecho de trabajo implica por una parte el de acceder a un puesto de trabajo y por otra a no ser despedido sino por causa justa. - Forma parte del contenido esencial del Derecho al Trabajo, el derecho de no ser despedido sino por causa justa, y por lo tanto el despido incausado o arbitrario cometido por el empleador, vacía totalmente de contenido y atenta contra este derecho constitucional, en consecuencia al producirse este acto viciado de inconstitucionalidad, la protección adecuada contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú no puede ser sino la reposición del trabajador en el trabajo. - La indemnización será una forma complementaria o sustitutoria, sólo y únicamente en el que caso que así lo determine voluntariamente el trabajador, pero nunca podrá constituir la imposición arbitraria y unilateral del empleador como reparación de un acto, desde un inicio invalidado por atentar contra un derecho constitucional. 8.5. Igualmente, el criterio antes expuesto fue confirmado en la sentencia del caso Eusebio Llanos Huasco (Exp. N°976-2001-AA/TC), en la que quedó establecido que se produce el denominado despido incausado cuando: Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. 8.6. Expuesto el marco jurídico, así como la jurisprudencia pertinente, a efectos de resolver este punto de controversia corresponde efectuar un análisis de los hechos; en tal sentido, el demandante refiere haber sido cesado incausadamente, toda vez que con fecha 30 de abril del 2015 cesó su vínculo laboral por vencimiento de contrato conforme se ha corroborado de lo manifestado por la demandada en la audiencia de juzgamiento, causa que no es amparable, teniendo en consideración que al haberse declarado la existencia de relación laboral a plazo indeterminado conforme se ha acreditado en la presente sentencia, el actor solo podía ser despedido por causa justa prevista por ley; razón por la que debe ampararse su pretensión debiendo reponerse al demandante en su puesto habitual de labores, es decir en el cargo de Operario Servicios Mina que venía desempeñado al 30 de abril del 2015, es decir en el cargo que ocupaba al momento de su cese. NOVENO: Del Pago de Remuneraciones Devengadas 9.1. Asimismo, el demandante solicita el pago de remuneraciones dejadas de percibir, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios hasta la fecha efectiva de la reposición, las mismas que según indica se deben calcular desde la fecha de su despido hasta su efectiva reposición. 9.2. Advirtiéndose que actualmente existe reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se desestima el pago de remuneraciones; esta judicatura comparte también el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que no puede ser amparado el pago de remuneraciones y demás beneficios por un periodo no laborado. 9.3. En ese sentido, los fundamentos por los cuales no pueden ampararse el pago de remuneraciones dejadas de percibir derivadas de la declaración de un despido inconstitucional en proceso de amparo, han sido expuestos con claridad en varias Casaciones, siendo una de estas la Casación N° 992-2012-Arequipa del 03 de setiembre del 2012, que emite pronunciamiento en un caso similar a este, y del cual debe destacarse lo siguientes considerandos: - OCTAVO: Que la reposición real en el centro de labores satisface el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el periodo de ausencia, frente al cual pudiera surgir la obligación de pago de remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso de la nulidad de despido, en tanto se trata de una norma excepcional, tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. - UNDÉCIMO: …Es necesario puntualizar que no existe derecho a remuneraciones por el periodo no laborado interpretación que también es concordante con el criterio del Tribunal Constitucional respecto de este derecho constitucional, lo cual obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara verosimilitud sobre la existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos que deben ser evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto y ante el Juez y vía procedimental predeterminados por ley. Asimismo es preciso destacar también el criterio expuesto en la Casación N° 6312-2013 LA LIBERTAD, en donde ante un caso similar a este; se resolvió lo siguiente: - SEXTO: En el presente caso, se ha reconocido al demandante el pago de remuneraciones devengadas por el tiempo que dure el despido producido con fecha dieciocho de setiembre de dos mil once y hasta su efectiva reposición. Para tal efecto se han esbozado argumentos que respaldan dicha posición, pudiendo resumirse en la aplicación de la analogía de la regla prevista en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, concordante con lo señalado en el artículo 54 del Decreto Supremo N° 001-96-TR. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República. - SÉTIMO: Este Supremo Tribunal estima que el razonamiento antes presentado no resulta correcto. En principio porque la extensión de los alcances del artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR no resulta válido al ser una norma que establece la procedencia del pago de remuneraciones devengadas en un supuesto excepcional; es decir, se prevén como supuestos de pago de remuneraciones por periodos no laborados, y como tales en dicha condición de excepcionalidad no resultan aplicables por extensión interpretativa ni por analogía en otros supuestos en los que no medie autorización expresa, fundamentalmente porque, el pago de los devengados única y excepcionalmente procede en el supuesto específico previsto en norma para los supuestos de despido nulo; tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil; y que además impide la aplicación de dichos artículos a un supuesto disímil. En tal sentido, se verifica entonces la infracción del artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, por aplicación indebida en un supuesto fáctico no regulado por ella; - OCTAVO: Lo antedicho, esto es, la inviabilidad en el cobro de remuneraciones y beneficios sociales por un periodo no laborado, no implica que el derecho al trabajo restituido con el proceso ordinario laboral, no alcance su concretización en el plano fáctico, pues el trabajador afectado con esta medida encuentra –dentro de nuestro ordenamiento jurídico- otras vías adecuadas para sancionar el actuar inconstitucional de su empleador, cual es la posibilidad indemnizatoria, tal y como se dejó indicado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha treinta y uno de enero del dos mil uno, y que no ha sido analizado en toda su extensión por la Sala de mérito, pues la misma en su integridad optó en el caso de reposición de magistrados del Tribunal Constitucional Peruano, que el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos en sus labores, tomando Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia. En este mismo horizonte, ha venido fallando esta Sala Suprema en los casos de pago de remuneraciones devengadas, como en los pronunciamientos recaídos en la Casación N° 2712-2009-Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, así como en las Casaciones N° 3935-2011-Piura de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce y N° 1333- 2012-Junín de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, entre otras. 9.4. De acuerdo al criterio de la Corte Suprema en materia de remuneraciones devengadas y que es además asumido por esta judicatura; se concluye que no corresponde amparar la pretensión de pago de remuneraciones devengadas por periodo no laborado, pues, debe observarse las diferencias jurídicas entre la institución del despido nulo a fin de aplicarlo a un supuesto fáctico no regulado en aquella norma excepcional, que como tal no permiten su aplicación extensiva ni analógica. Para tal efecto, la restitución del derecho al trabajo vulnerado por el despido inconstitucional tiene otras vías de acción como es el de indemnización por daños y perjuicios, por lo que este extremo deviene en Improcedente. DÉCIMO: Pago de Costas y Costos 10.1.El artículo 412 del Código Procesal Civil establece que el reembolso de los costos y costas del proceso son de cargo de la parte vencida, salvo declaración expresa y motivada de exoneración, y si bien es cierto el demandante se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales, este concepto no es el único que conforma el rubro de costas pues también se encuentran incluidos los honorarios de los órganos de auxilio judicial y otros gastos judiciales que se realicen dentro del proceso, los que pueden ocurrir en la etapa de ejecución de la presente sentencia; asimismo, debe tenerse en cuenta que en el presente caso el demandante ha sido patrocinado por un abogado particular por lo que debe reembolsársele los costos del proceso. III) DECISIÓN Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLO: PRIMERO.- Declarando FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA de fojas 9/16, subsanada 21/22 interpuesta por PERCY CIRILO ROJAS POMA contra COMPÑAÍA MINERA MILPO S.A.A sobre REPOSICIÓN Y OTROS., declarando Desnaturalizados los Contratos Modales suscritos entre las partes procesales y Reconociendo una relación laboral de carácter indeterminado por el periodo correspondiente al 21 de noviembre del 2012 al 30 de abril del 2015. SEGUNDO: REPONER al demandante PERCY CIRILO ROJAS POMA en su mismo puesto habitual de labores o en uno de similar naturaleza y categoría adscrito a una relación de trabajo de trabajo de naturaleza indeterminada, con costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia. TERCERO: Declarar INFUNDADO el extremo respecto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios solicitado por el demandante. CUARTO: AVOCÁNDOSE al conocimiento de la presente causa la señora magistrada que suscribe la presente por disposición de la Resolución Administrativa N° 125-2016-P- CSJLI/PJ de fecha 18 de marzo del 2016. TÓMESE RAZÓN y HÁGASE

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE – NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO DÉCIMO Av. Abancay S/N Cuadra 8 – Lima - Edificio Javier Alzamora Valdez - Piso 18 - Teléfono: 4101818 - Anexo 13259 13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11729-2015-81-1801-JR-LA-13 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : BECERRA ATAUCONCHA, KEYSI KALONDY ESPECIALISTA : COJAL ORTIZ GILMER TEOFILO DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : ROJAS POMA, PERCY CIRILO RAZON Señor Juez: Doy cuenta a Ud. con el presente oficio, habiendo retornado a laborar, luego de haber hecho uso de vacaciones el mes de marzo 2018, juntamente con los demás servidores del poder judicial a nivel nación y la sobrecarga que soporta el juzgado. Lima, 06 de marzo de 2018. RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS Lima, seis de marzo del dos mil dieciocho. - Dado cuenta en la fecha por las recargadas labores, por recibido documento N° 3451- 2018 que contiene copias certificadas de la Resolución de fecha 06 de noviembre de 2017 emitida por la Tercera Sala Laboral de Lima, que revoca Resolución N° 3 de fecha 20 de octubre de 2016, que declaro infundada la oposición formulada por la parte demandada; REFORMÁNDOLA la DECLARARON fundada la oposición planteada por la demandada, en consecuencia CUMPLA LA DEMANDA dejar sin efecto la medida cautelar concedida; ARCHIVESE DIFINITIVAMENTE la medida cautelar. Notifíquese.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

DECIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA EXPEDIENTE : 11729– 2015 – 81 -1801- JR-LA-13 DEMANDANTE : ROJAS POMA PERCY CIRILO DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. MATERIA : RECONOCIMIENTO DE VINCULO LABORAL y OTROS JUEZ : MAGALY SOLEDAD CABREJO DELGADO SECRETARIO : MARCO ALAVARDO URRUNAGA RESOLUCIÓN NUMERO TRES Lima, veinte de octubre del dos mil dieciséis.- Dado cuenta en la fecha al escrito presentado por el demandante el 19 de setiembre del 2016, recibido en Secretaría el 17 de octubre último: Estando a lo expuesto, téngase por absuelto el traslado conferido mediante resolución N° 02, teniéndose presente en cuanto fuere de ley, y: CONSIDERANDOS: PRIMERO: Que, mediante escrito presentado el 06 de setiembre último, la demandada formula oposición a la Medida Cautelar concedida por resolución N° 01 de fecha 14.07.2016, en la que se ordena a la parte demandada cumpla con reponer provisionalmente al demandante ROJAS POMA PERCY CIRILO en su puesto habitual de labores o en uno similar naturaleza y categoría a la fecha de su despido. SEGUNDO: La demandada refiere, como uno de sus fundamentos de la oposición, refiere que el solicitante no ha cumplido con acreditar los presupuestos establecidos en el Artículo 611° del Código Procesal Civil; asimismo, afirma la demandada que no se ha evaluado correctamente los contratos suscritos entre las partes al momento de emitir la sentencia, en la cual el actor ha obtenido sentencia favorable, la cual no implicaría que el actor se encuentre exento de acreditar los requisitos establecidos por ley; en este caso: verisimilitud y peligro en la demora, por lo que considera que existe una violación del debido proceso y de la debida motivación de las resoluciones.. TERCERO: Al respecto, cabe añadir, que según se aprecia de la resolución N° 01, los requisitos aludidos han sido materia de análisis en el sexto considerando de la referida resolución N° 01, "En el caso de autos no se encuentra referido a alguno de los tres requisitos referidos en el artículo antes mencionado, sino más bien, en el hecho que la accionante ha sido favorecida por la Sentencia emitida, es por ello que resulta de aplicación lo previsto en el numeral 615° del Código Procesal Civil, que señala, “Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir los requisitos exigidos en los incisos 1) y 4) del Artículo 610.”; dicha norma legal si bien exime al peticionante de acreditar la verosimilitud del derecho y la obligación de ofrecer contracautela, no exime de la necesidad de verificar el peligro en la demora, contenido en el artículo 611 del citado Código", por lo que este extremo de la oposición deviene en inconsistente CUARTO: El artículo 54° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé que todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado el proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal, siendo procedentes, además de las medidas cautelares previstas en el instrumento normativo indicado, cualquier otra regulada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal. QUINTO: El artículo 55° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé que todo juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. SEXTO: En ese orden de ideas, se tiene que esta Judicatura ha concedido la medida cautelar de reposición provisional a favor del demandante conforme a las normas citadas en los considerando que anteceden, toda vez, que se ha acreditado la verosimilitud en el derecho a través de la Sentencia N° 168-2016 que declaró fundada en parte la demanda, así también se ha acreditado el peligro en la demora pues el actor en su condición de tener carga familiar y ser el único sustento de su familia, recurre a esta medida cautelar a fin de garantizar la eficacia del cumplimiento de la sentencia. En atención a lo expuesto, SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la parte demandada en contra de la resolución uno de fecha 14 de julio del 2016. Al primer otrosí: Téngase presente.- Notifíquese.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

PODER JUDICIAL DEL PERÚ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE – NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO DÉCIMO Av. Abancay S/N Cuadra 8 – Lima - Edificio Javier Alzamora Valdez - Piso 18 - Teléfono: 4101818 - Anexo 13259 13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11729-2015-81-1801-JR-LA-13 MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES JUEZ : BECERRA ATAUCONCHA, KEYSI KALONDY ESPECIALISTA : COJAL ORTIZ GILMER TEOFILO DEMANDADO : COMPAÑIA MINERA MILPO SAA , DEMANDANTE : ROJAS POMA, PERCY CIRILO RAZON Señor Juez: Doy cuenta a Ud. con el presente oficio, habiendo retornado a laborar, luego de haber hecho uso de vacaciones el mes de marzo 2018, juntamente con los demás servidores del poder judicial a nivel nación y la sobrecarga que soporta el juzgado. Lima, 06 de marzo de 2018. RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS Lima, seis de marzo del dos mil dieciocho. - Dado cuenta en la fecha por las recargadas labores, por recibido documento N° 3451- 2018 que contiene copias certificadas de la Resolución de fecha 06 de noviembre de 2017 emitida por la Tercera Sala Laboral de Lima, que revoca Resolución N° 3 de fecha 20 de octubre de 2016, que declaro infundada la oposición formulada por la parte demandada; REFORMÁNDOLA la DECLARARON fundada la oposición planteada por la demandada, en consecuencia CUMPLA LA DEMANDA dejar sin efecto la medida cautelar concedida; ARCHIVESE DIFINITIVAMENTE la medida cautelar. Notifíquese.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

DECIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA EXPEDIENTE : 11729– 2015 – 81 -1801- JR-LA-13 DEMANDANTE : ROJAS POMA PERCY CIRILO DEMANDADO : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. MATERIA : RECONOCIMIENTO DE VINCULO LABORAL y OTROS JUEZ : MAGALY SOLEDAD CABREJO DELGADO SECRETARIO : MARCO ALAVARDO URRUNAGA RESOLUCIÓN NUMERO TRES Lima, veinte de octubre del dos mil dieciséis.- Dado cuenta en la fecha al escrito presentado por el demandante el 19 de setiembre del 2016, recibido en Secretaría el 17 de octubre último: Estando a lo expuesto, téngase por absuelto el traslado conferido mediante resolución N° 02, teniéndose presente en cuanto fuere de ley, y: CONSIDERANDOS: PRIMERO: Que, mediante escrito presentado el 06 de setiembre último, la demandada formula oposición a la Medida Cautelar concedida por resolución N° 01 de fecha 14.07.2016, en la que se ordena a la parte demandada cumpla con reponer provisionalmente al demandante ROJAS POMA PERCY CIRILO en su puesto habitual de labores o en uno similar naturaleza y categoría a la fecha de su despido. SEGUNDO: La demandada refiere, como uno de sus fundamentos de la oposición, refiere que el solicitante no ha cumplido con acreditar los presupuestos establecidos en el Artículo 611° del Código Procesal Civil; asimismo, afirma la demandada que no se ha evaluado correctamente los contratos suscritos entre las partes al momento de emitir la sentencia, en la cual el actor ha obtenido sentencia favorable, la cual no implicaría que el actor se encuentre exento de acreditar los requisitos establecidos por ley; en este caso: verisimilitud y peligro en la demora, por lo que considera que existe una violación del debido proceso y de la debida motivación de las resoluciones.. TERCERO: Al respecto, cabe añadir, que según se aprecia de la resolución N° 01, los requisitos aludidos han sido materia de análisis en el sexto considerando de la referida resolución N° 01, "En el caso de autos no se encuentra referido a alguno de los tres requisitos referidos en el artículo antes mencionado, sino más bien, en el hecho que la accionante ha sido favorecida por la Sentencia emitida, es por ello que resulta de aplicación lo previsto en el numeral 615° del Código Procesal Civil, que señala, “Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el Juez de la demanda, con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir los requisitos exigidos en los incisos 1) y 4) del Artículo 610.”; dicha norma legal si bien exime al peticionante de acreditar la verosimilitud del derecho y la obligación de ofrecer contracautela, no exime de la necesidad de verificar el peligro en la demora, contenido en el artículo 611 del citado Código", por lo que este extremo de la oposición deviene en inconsistente CUARTO: El artículo 54° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé que todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado el proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal, siendo procedentes, además de las medidas cautelares previstas en el instrumento normativo indicado, cualquier otra regulada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal. QUINTO: El artículo 55° de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé que todo juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. SEXTO: En ese orden de ideas, se tiene que esta Judicatura ha concedido la medida cautelar de reposición provisional a favor del demandante conforme a las normas citadas en los considerando que anteceden, toda vez, que se ha acreditado la verosimilitud en el derecho a través de la Sentencia N° 168-2016 que declaró fundada en parte la demanda, así también se ha acreditado el peligro en la demora pues el actor en su condición de tener carga familiar y ser el único sustento de su familia, recurre a esta medida cautelar a fin de garantizar la eficacia del cumplimiento de la sentencia. En atención a lo expuesto, SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la parte demandada en contra de la resolución uno de fecha 14 de julio del 2016. Al primer otrosí: Téngase presente.- Notifíquese.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 Señores BEGAZO VILLEGAS BARBOZA LUDEÑA TAXA MARCOS Lima, seis de noviembre de dos mil diecisiete.- AUTOS Y VISTOS: Traídos para resolver en la fecha el cuaderno de apelación; e interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo Villegas; MATERIA DEL RECURSO: Es materia de grado de apelación: la Resolución N° 03, de fecha 20 de octubre de 2016, obrante de fojas 76 a 77 que declara Infundada la oposición formulada por la parte demandada contra la resolución uno de fecha 14 de julio de 2016. AGRAVIOS: Que, la parte demandada, mediante el recurso de apelación de fecha 12 de enero de 2017, obrante de fojas 81 a 91 señala como agravios los siguientes: a) Que, el A quo incurre en error al aplicar el artículo 615° del Código Procesal Civil; toda vez que, la medida cautelar de reposición provisional se encuentra directamente regulada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el artículo 55°, por lo que las normas contenidas en el Código Procesal Civil se aplican solamente de forma supletoria; en ese sentido se vulnera su garantía a la motivación de las resoluciones judiciales como componente del derecho a un debido proceso. 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 b) En lo que respecta a la verosimilitud en el derecho, el Juez debe pronunciarse en base de los medios de prueba ofrecidos, por lo que el Juzgado debe considerar que existen motivos suficientes para que la Sentencia de primera instancia, pueda ser revocada, toda vez que existen errores notorios al no ser valorados correctamente los medios de prueba ofrecidos por la emplazada, los cuales demuestran la causa objetiva para contratar personal por el incremento de actividades; por lo que el actor no fue despedido, sino la causa fue la extinción del vínculo por termino del contrato modal. c) Que, el Juzgado no ha considerado que desde el año 2011, el porcentaje de los recursos minerales existentes en Cerro Lindo ha ido incrementando, por lo cual era necesario la contratación de personal adicional; asimismo no ha tenido en cuenta la naturaleza de la actividad de la demandada. d) En lo que respecta al peligro en la demora, no se ha considerado que exista la posibilidad que el contenido del fallo jamás se ejecute con eficacia, pues no solo se constituye en la existencia de un peligro, sino que este sea eminente. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, recoge en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia; por lo mismo, la presente se pronuncia únicamente respecto de los agravios contenidos en el recurso de apelación; 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 Segundo.- Que, con respecto al agravio a), es preciso señalar que el artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: “(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…)”; asimismo, el segundo párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil prevé que: “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.”. En el caso de autos, se tiene que el A quo ha efectuado un análisis de los hechos y de las normas que considera que son de aplicación, las cuales han sido expresadas en la recurrida conforme se advierte de la Resolución N° 01 que obra a fojas 49 a 51; siendo ello así se arriba a determinar que la resolución en grado no carece de motivación o motivación aparente; si bien, la Ley 29497 en su artículo 55° regula lo concerniente a la medida especial de Reposición Provisional; sin embargo, conforme al artículo 54° realiza una remisión al Código Procesal Civil; debido a que la Nueva Ley Procesal de Trabajo no regula los requisitos para el otorgamiento de Medida Cautelar; por lo que, es de aplicación supletoria la disposición del Código Procesal Civil; por lo que corresponde desestimar este agravio; Tercero.- Que, con respecto a los agravios b) c) d); el artículo 54° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497 establece que: “A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. (…) Cumplidos los requisitos el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal (…)”; de otro lado, los artículos 610° y 611° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso, establecen los requisitos y supuestos para la otorgamiento de una medida cautelar, así el artículo 611° de la norma citada, establece que: “El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado; 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”; Cuarto.- Que, en el caso de autos, a fojas 36 a 40 se tiene que el actor solicita una Medida Cautelar a efecto que se ordene su Reposición Provisional en el mismo cargo y categoría que venía desempeñando hasta antes del cese en sus labores como Operario Servicios Mina, acreditando la verosimilitud del derecho con la sentencia N° 168-2016-13° JRPL expedida en el expediente principal mediante Resolución N° 04 de fecha 28 de junio de 2016 que declara Fundada la demanda y entre otros ordena su Reposición; el Juzgado otorga medida cautelar mediante Resolución N° uno de fecha 14 de julio de 2016; la parte demandada impugna la sentencia en el expediente principal; y formula oposición contra la Resolución N° uno de la Medida Cautelar la misma que ha sido declarada Infundada mediante Resolución N° 03; por lo que, corresponde analizar los requisitos que conlleven a determinar la fundabilidad de la oposición planteada por la demandada; Quinto.- Que, es pertinente señalar que si bien el artículo 615° del Código Procesal Civil, establece que ante una solicitud de medida cautelar de procedencia especial exime al solicitante la fundamentación de su pretensión y el ofrecimiento de contracautela regulados en los incisos 1) y 4) del artículo 610° del mismo dispositivo legal, cierto también es que resulta imperioso para estimar el pedido; la necesidad y urgencia de dicha ejecución, esto es el daño marginal que puede producir el retraso del cumplimiento de un mandato judicial, y la razonabilidad; por lo que se le impone al Juez la atribución de decidir con anterioridad si el fallo a dictarse podrá ejecutarse con eficacia, así como la razonabilidad de la 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 medida; ello implica verificar la necesidad de dictarse la decisión preventiva; esto es que de no otorgarse la misma, se verifique la imposibilidad o probable incumplimiento del mandato jurisdiccional; Sexto.- Que, respecto a la verosimilitud del derecho, se tiene en cuenta que al haberse emitido sentencia favorable a favor del actor, se tiene por cumplido el requisito de la verosimilitud del derecho; si bien ha sido apelada corresponderá a la Sala Superior pronunciarse sobre la apelación y no en esta vía incidental; sin embargo, en cuanto a la necesidad y urgencia de dicha ejecución, la parte demandante sustenta el peligro en la demora en el hecho de que de él depende el sustento de su familia; señalando el juez que la urgencia invocada se traduce en la privación de sus remuneraciones como consecuencia de su cese; siendo así, se tiene que lo mencionado no se encuentra relacionado con el probable incumplimiento del mandato judicial; así, del análisis sumario, tampoco se verifica que exista la probabilidad de que lo resuelto en sede judicial se vuelva inejecutable; siendo que, ni del contenido de la Resolución N° 01 que concede la medida cautelar, ni la Resolución N° 03 que declara Infundada la oposición, no se desprende la razonabilidad de la medida cautelar; ni tampoco se verifica de lo actuado en el cuaderno cautelar, que la parte demandante hubiere acreditado la urgencia de la ejecución anticipada del proceso; corresponde estimar los agravios alegados, debiéndose revocar la resolución recurrida, al devenir en fundada la oposición formulada por la parte demandada a la medida cautelar concedida; precisando que de conformidad con lo dispuestos por el artículo 612° del Código Procesal Civil toda medida cautelar es provisoria instrumental y variable. Por estas consideraciones, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú; 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 SE RESUELVE: REVOCARON la Resolución N° 03, de fecha 20 de octubre de 2016, obrante de fojas 76 a 77, que declaro Infundada la oposición formulada por la parte demandada; REFORMÁNDOLA la DECLARARON Fundada la Oposición planteada por la demandada, en consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar concedida; en los seguidos por PERCY CIRILO ROJAS POMA contra MINERA MILPO S.A. sobre pago reposición por despido incausado, y otros; ORDENARON que por Secretaría de Sala, se remita copia de lo resuelto al Juez del Décimo Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos. Notificándose.- 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 Señores BEGAZO VILLEGAS BARBOZA LUDEÑA TAXA MARCOS Lima, seis de noviembre de dos mil diecisiete.- AUTOS Y VISTOS: Traídos para resolver en la fecha el cuaderno de apelación; e interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo Villegas; MATERIA DEL RECURSO: Es materia de grado de apelación: la Resolución N° 03, de fecha 20 de octubre de 2016, obrante de fojas 76 a 77 que declara Infundada la oposición formulada por la parte demandada contra la resolución uno de fecha 14 de julio de 2016. AGRAVIOS: Que, la parte demandada, mediante el recurso de apelación de fecha 12 de enero de 2017, obrante de fojas 81 a 91 señala como agravios los siguientes: a) Que, el A quo incurre en error al aplicar el artículo 615° del Código Procesal Civil; toda vez que, la medida cautelar de reposición provisional se encuentra directamente regulada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el artículo 55°, por lo que las normas contenidas en el Código Procesal Civil se aplican solamente de forma supletoria; en ese sentido se vulnera su garantía a la motivación de las resoluciones judiciales como componente del derecho a un debido proceso. 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 b) En lo que respecta a la verosimilitud en el derecho, el Juez debe pronunciarse en base de los medios de prueba ofrecidos, por lo que el Juzgado debe considerar que existen motivos suficientes para que la Sentencia de primera instancia, pueda ser revocada, toda vez que existen errores notorios al no ser valorados correctamente los medios de prueba ofrecidos por la emplazada, los cuales demuestran la causa objetiva para contratar personal por el incremento de actividades; por lo que el actor no fue despedido, sino la causa fue la extinción del vínculo por termino del contrato modal. c) Que, el Juzgado no ha considerado que desde el año 2011, el porcentaje de los recursos minerales existentes en Cerro Lindo ha ido incrementando, por lo cual era necesario la contratación de personal adicional; asimismo no ha tenido en cuenta la naturaleza de la actividad de la demandada. d) En lo que respecta al peligro en la demora, no se ha considerado que exista la posibilidad que el contenido del fallo jamás se ejecute con eficacia, pues no solo se constituye en la existencia de un peligro, sino que este sea eminente. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, recoge en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia; por lo mismo, la presente se pronuncia únicamente respecto de los agravios contenidos en el recurso de apelación; 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 Segundo.- Que, con respecto al agravio a), es preciso señalar que el artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: “(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…)”; asimismo, el segundo párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil prevé que: “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.”. En el caso de autos, se tiene que el A quo ha efectuado un análisis de los hechos y de las normas que considera que son de aplicación, las cuales han sido expresadas en la recurrida conforme se advierte de la Resolución N° 01 que obra a fojas 49 a 51; siendo ello así se arriba a determinar que la resolución en grado no carece de motivación o motivación aparente; si bien, la Ley 29497 en su artículo 55° regula lo concerniente a la medida especial de Reposición Provisional; sin embargo, conforme al artículo 54° realiza una remisión al Código Procesal Civil; debido a que la Nueva Ley Procesal de Trabajo no regula los requisitos para el otorgamiento de Medida Cautelar; por lo que, es de aplicación supletoria la disposición del Código Procesal Civil; por lo que corresponde desestimar este agravio; Tercero.- Que, con respecto a los agravios b) c) d); el artículo 54° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497 establece que: “A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. (…) Cumplidos los requisitos el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal (…)”; de otro lado, los artículos 610° y 611° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso, establecen los requisitos y supuestos para la otorgamiento de una medida cautelar, así el artículo 611° de la norma citada, establece que: “El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado; 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”; Cuarto.- Que, en el caso de autos, a fojas 36 a 40 se tiene que el actor solicita una Medida Cautelar a efecto que se ordene su Reposición Provisional en el mismo cargo y categoría que venía desempeñando hasta antes del cese en sus labores como Operario Servicios Mina, acreditando la verosimilitud del derecho con la sentencia N° 168-2016-13° JRPL expedida en el expediente principal mediante Resolución N° 04 de fecha 28 de junio de 2016 que declara Fundada la demanda y entre otros ordena su Reposición; el Juzgado otorga medida cautelar mediante Resolución N° uno de fecha 14 de julio de 2016; la parte demandada impugna la sentencia en el expediente principal; y formula oposición contra la Resolución N° uno de la Medida Cautelar la misma que ha sido declarada Infundada mediante Resolución N° 03; por lo que, corresponde analizar los requisitos que conlleven a determinar la fundabilidad de la oposición planteada por la demandada; Quinto.- Que, es pertinente señalar que si bien el artículo 615° del Código Procesal Civil, establece que ante una solicitud de medida cautelar de procedencia especial exime al solicitante la fundamentación de su pretensión y el ofrecimiento de contracautela regulados en los incisos 1) y 4) del artículo 610° del mismo dispositivo legal, cierto también es que resulta imperioso para estimar el pedido; la necesidad y urgencia de dicha ejecución, esto es el daño marginal que puede producir el retraso del cumplimiento de un mandato judicial, y la razonabilidad; por lo que se le impone al Juez la atribución de decidir con anterioridad si el fallo a dictarse podrá ejecutarse con eficacia, así como la razonabilidad de la 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 medida; ello implica verificar la necesidad de dictarse la decisión preventiva; esto es que de no otorgarse la misma, se verifique la imposibilidad o probable incumplimiento del mandato jurisdiccional; Sexto.- Que, respecto a la verosimilitud del derecho, se tiene en cuenta que al haberse emitido sentencia favorable a favor del actor, se tiene por cumplido el requisito de la verosimilitud del derecho; si bien ha sido apelada corresponderá a la Sala Superior pronunciarse sobre la apelación y no en esta vía incidental; sin embargo, en cuanto a la necesidad y urgencia de dicha ejecución, la parte demandante sustenta el peligro en la demora en el hecho de que de él depende el sustento de su familia; señalando el juez que la urgencia invocada se traduce en la privación de sus remuneraciones como consecuencia de su cese; siendo así, se tiene que lo mencionado no se encuentra relacionado con el probable incumplimiento del mandato judicial; así, del análisis sumario, tampoco se verifica que exista la probabilidad de que lo resuelto en sede judicial se vuelva inejecutable; siendo que, ni del contenido de la Resolución N° 01 que concede la medida cautelar, ni la Resolución N° 03 que declara Infundada la oposición, no se desprende la razonabilidad de la medida cautelar; ni tampoco se verifica de lo actuado en el cuaderno cautelar, que la parte demandante hubiere acreditado la urgencia de la ejecución anticipada del proceso; corresponde estimar los agravios alegados, debiéndose revocar la resolución recurrida, al devenir en fundada la oposición formulada por la parte demandada a la medida cautelar concedida; precisando que de conformidad con lo dispuestos por el artículo 612° del Código Procesal Civil toda medida cautelar es provisoria instrumental y variable. Por estas consideraciones, con la autoridad que confiere la Constitución Política del Perú; 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA LABORAL EXPEDIENTE N° 11729-2015-9-1801-JR-LA-13 SE RESUELVE: REVOCARON la Resolución N° 03, de fecha 20 de octubre de 2016, obrante de fojas 76 a 77, que declaro Infundada la oposición formulada por la parte demandada; REFORMÁNDOLA la DECLARARON Fundada la Oposición planteada por la demandada, en consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar concedida; en los seguidos por PERCY CIRILO ROJAS POMA contra MINERA MILPO S.A. sobre pago reposición por despido incausado, y otros; ORDENARON que por Secretaría de Sala, se remita copia de lo resuelto al Juez del Décimo Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 383° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos. Notificándose.- 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente N° : 11767-2015-0-1801-JR-CA-02 Demandante : Telefónica del Perú S.A.A. Demandado : Municipalidad Distrital de La Victoria . Materia : Nulidad de Resolución Administrativa. Proceso : Especial. Cuaderno : Principal. Resolución número: 4 Lima, 16 de marzo de 2022. VISTOS: En Audiencia Pública de fecha 23 de febrero de 2022, es materia de grado el recurso de apelación, interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A.1, contra la sentencia de primera instancia, expedida mediante resolución N° 8 de fecha 28 de agosto de 2019, que declaró fundada en parte la demanda2, interviniendo como Juez Superior ponente la magistrada Salazar Ventura. CONSIDERANDO: PRIMERO: La apelante Telefónica del Perú S.A.A, expone como agravios básicamente los siguientes puntos: 1.1 En su recurso de reconsideración solicitó practicar una inspección ocular, no obstante, la demandada no permitió su actuación, afectando su derecho a la prueba de protección constitucional. 1.2 A los administrados les corresponde ofrecer y a la administración actuar los medios probatorios ofrecidos; conforme lo establece el artículo 1.2 del Art. V del TUO de la PAG. Así también el art. 171 prevé que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, inspecciones y demas diligencias permitidas, o aducir alegaciones; así también, el 175 señala que el procedimiento administrativo procede (…) 5. Practicar inspecciones oculares”. 1.3 Debido a la evidente inconsistencia de la acusación de colocar postes en forma deficiente, ya que cuentan con la conformidad de obra de los postes 1 Folios 132 del expediente principal. 2 Folios 119 del expediente principal. instalados en el distrito de La Victoria, era necesario la realización de una inspección ocular, con la presencia de sus técnicos en la zona de presunta infracción, a efectos de que se verifique y se elabore un informe técnico legal que concentre todos los hallazgos de la inspección y determine eventualmente el hecho imputado. 1.4 La autoridad edil demandada tiene la carga de probar los hechos que imputa, sin embargo, sometió a la recurrente a demostrar su inocencia sin que se haya acreditado la comisión de la infracción, invirtiendo ilegalmente la carga probatoria. 1.5 No existe motivación que establezca que en el instante de colocar el poste se hizo de forma deficiente; teniendo en cuenta que el tipo alude a colocar postes en forma deficiente, el verbo rector es colocar, acción que se agota en el instante que quedó instalado el poste; pero la imputación señala que el poste se encontraba en mal estado, deteriorados en la base, corroídas, con grietas y que se desmoronan, es decir es un estado que no se refiere a la colocación del poste sino a un estado posterior. Al momento de colocar el poste, este no presentada ningún problema técnico, la conformidad de obra da cuenta de ello. Asimismo, el tipo exige el riesgo en el instante de colocar el poste, cosa que no ha ocurrido sino que la Municipalidad lo especuló, cuando se sabe que el riesgo no se puede suponer, sino que debe estar basado en los hechos ciertos (certeza) y no imaginarios, y de inminente realización (inminencia). 1.6 La demandada vulneró el principio de razonabilidad al no graduar la multa impuesta con lo que trasgrede el art. 231-A de la ley 27444 que señala que la sanción no podrá ser impuesta en forma individualizada, en este caso, por cada poste perteneciente a la demandante sino corresponde una aplicación global atendiendo a los criterios previstos en el inc. 3 del Art. 230 de la norma acotada. 1.7 Los postes si fueron colocados en óptimas condiciones como lo acredita la conformidad de obras (hecho nuevo posterior al inicio del procedimiento), documento por el cual la entidad pública manifiesta estar de acuerdo y otorga el visto bueno a la labor efectuada. SEGUNDO: El artículo 148° de la Constitución Política del Estado, prescribe que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa; en atención a ello y en desarrollo de la 2 referida norma constitucional, el artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece que la acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. TERCERO: Asimismo, de conformidad con el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso: "El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente". En ese sentido, a través de este recurso impugnatorio el Juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior, teniendo en consideración los agravios expuestos por el apelante. CUARTO: Resulta pertinente tener presente lo prescrito en el numeral 1.2, artículo IV del Titulo preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, que dice: “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. Asimismo, respecto a la motivación de las decisiones administrativas, el artículo 6º de la Ley, establece: Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Así también el inciso 2 del artículo 230º del mismo cuerpo normativo, señala: “Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 3 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso”. (subrayado y agregado nuestro) QUINTO: De la revisión del expediente administrativo se desprende, que contra la demandante se impone Resolución de Sanción N°0656563 por la comisión de la infracción de Código 070607 “Por colocar postes en forma deficiente que ocasiones riesgos para el peatón por cada uno” prevista en la Ordenanza 033-2007-MLV, correspondiente a un poste ubicado en el distrito de la Victoria, habiendo esta parte interpuesto recurso de reconsideración4 en el cual ofrece como prueba nueva la inspección ocular, siendo resuelto su recurso por Resolución Subgerencial N°1737-2015-SGICS-GFC/MDLV de fecha 06 de julio de 2015 que declaró improcedente su recurso por falta de nuevo medio probatorio y por falta de legitimidad para obrar del recurrente al no presentar poder inscrito en los Registros Públicos, confirmando la Resolución de Sanción; siendo esta resolución posteriormente apelada mediante escrito del 30 de julio de 20155 , dando lugar a la expedición de la Resolución Gerencial N°493-2015-GFC/MDLV que declara infundado el recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa SEXTO: En el presente caso, la sentencia apelada declaró Fundada en parte la demanda, disponiendo el reenvío de los actuados al declarar: Nula la Resolución Subgerencial N°1737-2015-SGICS-GFC/MDLV del 06 de julio de 2015 pues la interpretación que realizó la demandada respecto de los artículos 113 y 53 de la LPAG resultaba una motivación aparente al extender la norma a su criterio, sin ningún sustento fáctico o jurídico, vulnerando la debida motivación y el debido procedimiento; y si según la demandada la actora no tenía legitimidad para obrar, resultaba impertinente que se pronuncie sobre la validez de la sanción, sin analizar primero luego de la condición de legitimidad del poder de la administrada, la admisión o no de la “Prueba Nueva” que ofreció en su recurso de impugnación (reconsideración), omisión que vulnera también su derecho de defensa y en consecuencia el debido procedimiento; y Nula la Resolución Gerencial N°443-2015-GFC/MDLV que resuelve la apelación, al pronunciarse la administración sobre la validez de la comisión de la infracción pero no se ha pronunciado sobre la inspección ocular que ofreció el actor como prueba nueva en 3 Folios 16 del expediente administrativo 4 Folios 2 del expediente administrativo 5 Folios 34 del expediente administrativo 4 su recurso de reconsideración, vulnerándose la debida motivación y por ende al debido procedimiento que constituyen casuales de nulidad del acto administrativo. Asimismo, declaró: Improcedente la demanda respecto del pedido de Nulidad de la Resolución de Sanción N°065656 de fecha 07 de mayo de 2015 dado que al tener que pronunciarse la administración nuevamente calificando el recurso de reconsideración interpuesto por la actora, respecto de la referida resolución sanción aún no se ha agotado la vía administrativa. SÉTIMO: Como se ha indicado, en el caso materia de litis, por Resolución de Sanción N°065656, se sancionó con multa a la demandante por la infracción del Código Nº 070607: “por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno” y la actora al encontrarse en desacuerdo con esa sanción presenta su recurso de reconsideración aduciendo su nulidad por no cumplir con una debida motivación, la contravención al debido procedimiento y a los criterios racionales contenidos en la ley, ofreciendo como medio probatorio se practique una inspección ocular para verificar el estado del poste que es materia de supuesta infracción, para cuyo efecto invoca el artículo 166 de la Ley 27444. La Administración da respuesta al recurso presentado por la actora, expidiendo la Resolución Subgerencial N°1737-2015-SGICS-GFC/MDVL, sin pronunciarse sobre el medio probatorio de inspección ocular ofrecido; por el contrario, se advierte que la demandada, erróneamente, se limita a esbozar argumentos genéricos indicando que no ha incorporado medio probatorio idóneo y documentado que refute la infracción y que no argumenta ni presenta instrumental calificada como prueba nueva, concluyendo en declarar improcedente su recurso de reconsideración por falta de nuevo medio probatorio y por falta de legitimidad para obrar. OCTAVO: Es innegable que la actora ofreció un medio probatorio en su recurso de reconsideración el cual no ha sido materia de pronunciamiento por la administración: sin embargo, al desestimarse el recurso en mención se procedió a emitir la resolución de sanción, en ese sentido se debe tener presente que en el numeral 2) del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida, entre otros, por el Principio del Debido Procedimiento, por el cual las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. Así tenemos que, el Tribunal Constitucional, en la STC recaída en el EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC en el fundamento 7 literal a) ha señalado que un supuesto de violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 5 motivación de las resoluciones judiciales, es el de la: "(…) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. (…)". Lo que es coincidente con el artículo 163 numeral 163.1 de la Ley N° 27444 que señala: “Actuación Probatoria: Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un periodo que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Solo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios”; En tal sentido, resulta evidente que en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la actora, la administración no se ha pronunciado sobre la admisión o no del medio probatorio ofrecido, conduciendo a que tal omisión vulnere el debido procedimiento, la adecuada motivación de sus decisiones y el derecho de defensa de la actora. Por ello, los argumentos de fondo expuestos por la demandante, en el recurso de apelación llamados a cuestionar la resolución de sanción, aún no pueden ser discutidos, dado precisamente el vicio procesal incurrido a nivel administrativo que vulnera el derecho de defensa y el debido procedimiento, por lo que se coincide con lo resuelto por el juez de primera instancia, en el sentido de retrotraer el mismo hasta la corrección del vicio incurrido, por consiguiente, se concluye que al expedirse la Resolución Subgerencial N°1737-2015-SGICS-GFC/MDLV y la Resolución Gerencial N°443-2015-GFC/MDLV cuestionadas, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, debiendo por ende confirmarse la sentencia apelada. DECISIÓN Por lo expuesto: CONFIRMARON la sentencia apelada, expedida mediante resolución N°8 de fecha 28 de agosto de 2019, que declaró FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA; en consecuencia: 1. NULA la Resolución Gerencial N°0493-2015-GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015. 2. NULA la Resolución Subgerencial N°1737-2015-SIGCS-GFC/MDVL de fecha 06 6 de julio de 2015, y SE ORDENA a la demandada reponer el procedimiento al momento de la calificación del recurso de reconsideración interpuesto por la actora, en el plazo de TREINTA DIAS, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia. 3. Se declara IMPROCEDENTE la demanda respecto del pedido de nulidad de la Resolución de Sanción N°065656 de fecha 07 de mayo de 2015. En los seguidos por Telefónica del Perú S.A.A contra la Municipalidad Distrital de la Victoria sobre impugnación de resolución administrativa. ORDÓÑEZ ALCÁNTARA SALAZAR VENTURA SÁNCHEZ TEJADA 7

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERMANENTE Expediente : 11767-2015-0-1801-JR-CA-02 Demandante : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Demandado : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Razón. Señora Juez, doy cuenta a Usted, que se viene dando cuenta progresivamente de los expedientes por la excesiva carga procesal, contando actualmente este órgano jurisdiccional con más de 2,520 expedientes, que supera ampliamente en 247% la carga máxima de 1,020 de expedientes que debe tener como carga máxima un Juzgado Contencioso Administrativo, por lo que no es factible proveer los escritos dentro del plazo legal. Lo que informo a usted a efectos de dejar a salvo mi responsabilidad en la tramitación de la presente causa y para los fines que considere pertinente. Lima, 04 de noviembre de 2020 Resolución Nº: NUEVE Lima, cuatro de noviembre de dos mil veinte. - Dando cuenta progresivamente de los expedientes por la excesiva carga procesal que afronta este órgano jurisdiccional; y Al escrito del 03 de enero de 2020 (demandante): Al principal y otrosí: Téngase presente; y se procede a calificar la apelación interpuesta contra la Sentencia: y CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de apelación tiene por objeto que órgano jurisdiccional superior examine la resolución que le produce agravio al recurrente; Segundo.- Estando que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución veintiocho (Sentencia), ha sido presentado dentro del plazo establecido por ley y habiendo cumplido con fundamentar la apelación, con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad contenidos en los artículos 357º y 358º, concordante con los artículos 366º y 367º del Código Procesal Civil y del artículo 28.2º inciso g) del TUO de la Ley Nº 27584, modificado por la Ley Nº 28531; por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 371º del Código acotado, SE RESUELVE: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO LA APELACIÓN contra la resolución número ocho (Sentencia) de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia, CUMPLA EL ASISTENTE JUDICIAL con ELEVAR los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención, con los cargos de notificación completos de la presente resolución. Notifíquese.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 11767-2015-0-1801-JR-CA-02. DEMANDANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA. MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALISTA : KAREN GISSELA CHÁVEZ VILLODAS. SENTENCIA Resolución N° OCHO Lima, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.- Visto el expediente principal, con el expediente administrativo en copia fedateada, formado en cuaderno separado a folios 61, emitido el Dictamen Fiscal, se encuentra en estado de expedir sentencia, por lo que se procede a resolver, en atención a los siguientes hechos y considerandos. I. PARTE EXPOSITIVA: A. Demanda: Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2015 (Fs. 17 a 28), la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. demanda a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA; a fin de que declare la nulidad de: 1. La Resolución Gerencial Nº 0493-2015-GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción Nº 065656 “por colocar postes en forma deficiente que ocasionen riesgos para el peatón por cada uno”, signado con el código de Infracción Nº 070607. 2. La Resolución Subgerencial Nº 1737-2015-SIGCS-GFC/MDLV de fecha 06 de julio de 2015, que declaró improcedente por falta de nuevo medio probatorio y por falta de legitimidad para obrar respectivamente el recurso presentado, en consecuencia confirmar la Resolución de Sanción Nº 065656 “por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, signado con el código de infracción Nº 070607. 1 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3. La Resolución de Sanción Nº 065656 “por colocar postes en forma deficiente que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, signado con el Código de infracción Nº 070607.1 A.1. Antecedentes: La empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA (en adelante la actora), fue sancionada mediante Resolución de Sanción Nº 65656 por la comisión de la infracción de Código Nº 070607, consistente en “Colocar postes en forma deficiente que ocasionen riesgos para el peatón por cada uno” con una multa ascendiente a S/.3,850.00, correspondiente a un poste ubicado en el distrito de la Victoria, razón por la cual presentó su recurso de reconsideración el mismo que fue declarado improcedente por dos razones: Porque no presentó prueba nueva y porque quien se apersonó como representante de la actora (al momento de presentar el recurso de Reconsideración) no pudo acreditar dicha condición. Posteriormente presentó su recurso de apelación el mismo que fue declarado infundado. A.2. Argumentos de la demanda: 1. La actora refiere que, la Resolución de Gerencia es nula por desconocer la prueba que ofrecieron en su recurso de reconsideración, así mismo en la Resolución Gerencial no se pronunciaron sobre la actuación de su pedido de inspección ocular solicitado en sede administrativa. 2. La Resolución Gerencial es nula por no estar adecuadamente motivada. El Informe y el Memorando que “sustentan” la sanción se refieren a un hecho genérico sin vinculación concreta con el poste, sin identificarlo de modo particular. 3. La Resolución Gerencial es nula por vulnerar el artículo 162° de la Ley N° 27444, al invertir ilegalmente la carga de la prueba y, por tanto, vulnera el Debido Procedimiento Sancionador. 4. La Resolución Gerencial es nula por vulnerar la Constitución Política del Perú y los artículos 230° y 231- de la Ley Nº 27444, al transgredir el Principio de Razonabilidad en materia sancionatoria, así mismo sobrevino un hecho nuevo posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador que fue la conformidad de la obra. B. Contestación de la demanda: 1 Conforme la Resolución que establece los puntos controvertidos no contradicho por las partes, obrante a Fs. 53-54 del Expediente Principal 2 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, mediante escrito de fecha 11 de abril de 2016 (Fs. 42 a 49), contesta la demanda, señalando lo siguiente: 1. La problemática de los postes es que en las bases se encuentran corroídas, agrietadas y las estructuras de concreto desmonoradas que hacen visible las varillas internas, por esa razón el personal de la Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Sanciones, realizó las inspecciones correspondientes a constatar si la empresa habría cumplido con realizar el respectivo mantenimiento a los postes indicados como en el mal estado, en virtud de tal inspección procedió a emitir la Resolución de Sanción respecto del poste ubicado en la Calle Los Brillantes Nº 499, de la Urbanización de Balconcillo, La Victoria. 2. Las Resoluciones que el demandante pretende se declare su nulidad han sido emitidas dentro de los parámetros establecidos por las normas legales pertinentes, como es de verse, que mi representada actuó conforme a lo dispuesto en el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas a la función fiscalizadora aprobada mediante Ordenanza Nº 033-2007-MDLV, así como con el procedimiento de notificaciones establecidos por Ley. C. Controversia jurídica: La controversia jurídica consiste en determinar si se ha incurrido en causal de nulidad en el acto administrativo cuestionado. II. PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: El artículo 148° de la Constitución Política del Estado, señala las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la Acción Contenciosa Administrativa. En este contexto el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584- Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que, la acción contenciosa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la respectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. En ese sentido, Huapaya Tapia señala que el proceso contencioso – administrativo “es un acabado y legítimo proceso jurisdiccional, pleno, donde el Juez tiene todos los poderes específicos para disponer las medidas necesarias para la tutela de los derechos e intereses afectados por la actuación administrativa, y para someter ésta a la legalidad”.2 2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación, Ara Editores, 1° Edición, Lima, 2011, página 371. 3 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUNDO: El literal 1.2 del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril de 2001, regula el Debido Procedimiento, esgrimiendo lo siguiente: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. TERCERO: El artículo 6° de la norma en mención regula la “Motivación del acto administrativo” de la siguiente manera: “6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros. 6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única”. CUARTO: El artículo 53° de la Ley N° 27444, Ley del Procedi miento Administrativo General, publicado el 11 de abril de 2001, establece la “Representación de Personas Jurídicas” de la siguiente manera: “Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes”. (el resaltado es nuestro). QUINTO: El artículo 113° de la Ley en mención regula los “Requisitos de los escritos” de la siguiente manera: “Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente (…)”. (resaltado nuestro). SEXTO: La Ordenanza Nº 033-07-MDLV, publicada el 06 de enero de 2008, que regula el “Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora y el Cuadro de Infracciones y Escala de Multas Administrativas de la Municipalidad”, y que a su vez incorpora el “Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – CIEM de la Municipalidad Distrital de la Victoria”; establece 4 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO respecto de “Las Obras en Vía Públicas” la infracción con código Nº 07-0607, que se impone: “Por colocar en formas deficientes que ocasione riesgos para el peatón por cada uno”, que determina como sanción en el ítem de “observación” una multa ascendente el 100% de una UIT, además de la medida complementaria de “ejecución”. SÉPTIMO: Atendiendo a la revisión de los actuados administrativos, podemos apreciar que la Resolución Subgerencial Nº 1737-2015-SGICS-GFC/MDVL, declara improcedente el recurso de reconsideración presentado por la actora, ya que (a decir de la demandada) no se habría cumplido con adjuntar Prueba Nueva y tampoco se habría acreditado la Legitimidad para Obrar del recurrente que suscribió el recurso de Reconsideración3, sobre el particular, la demandada motiva su improcedencia (respecto de la Falta de Legitimidad para Obrar) basándose en el articulo 113° 4 y 53° 5 de la Ley Nº 27444 alegando que no se cumplió con presentar un Poder inscrito en los Registros Públicos, así mismo, respecto de la “Prueba Nueva”; menciona que únicamente, la actora, se habría limitado a cuestionar en forma general el proceder de la administración sin especificar el vicio o defecto incurrido por esta, lo cual no calificaría como prueba nueva. OCTAVO: Al respecto, debemos de mencionar que, si bien es cierto, los artículos que cita la demandada para sustentar la Falta de Legitimidad de la actora (113° y 53° de la LPAG); versan sobre la representación de las personas jurídicas y sus formalidades; también es cierto que, en ninguno de estos articulados, se hace referencia a que los poderes otorgados por personas jurídicas a favor de una persona natural, deben estar inscrito en los Registros Públicos. Más aún, resulta pertinente citar el artículo 14° de la Ley General de Sociedades, como norma especial para el presente caso, el mismo que menciona lo siguiente: “El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de poderes por 3 Fs. 27 del Expediente Administrativo. 4 Requisitos de los escritos. 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 5 Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. 5 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes (…)No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar”; como podrá apreciarse, la LGS6 no le exige a las sociedades la inscripción de sus apoderados en los Registro Públicos; menos aun, la Administración dentro del marco de un procedimiento administrativo, en donde por regla, los procedimientos se rigen bajo los Principios de Informalismo, Presunción de Veracidad y la Unidad de Vista que le permiten a la autoridad administrativa prescindir de formalidades en beneficio de los administrados y en respeto del Principio de Buena Fe Procedimental; así mismo, resulta igual de contrario a los Principios de Eficacia y Simplicidad que fungen como base legal para que la administración atenúe la rigurosidad de sus procedimientos administrativos; por todo esto, decimos que no resulta conforme a derecho, que la demandada le exija a la actora un poder de representación inscrito en los Registros Públicos para poder interponer un recurso de reconsideración. NOVENO: En ese derrotero, la interpretación que realizó la demandada respecto de los artículos 113° y 53° de la LPAG; resultan abier tamente una motivación aparente ya que esta ha extendido la norma a su criterio, al “intentar dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico7” (énfasis nuestro), vulnerando la debida motivación y el Debido Procedimiento. De otro lado, si a decir de demandada, la actora no tenía legitimidad para obrar, a pesar de haber adjuntado un poder a su nombre en su escrito, resulta impertinente que se haya pronunciado sobre la validez de la sanción, sin analizar primero luego de la condición de legitimidad del poder de la administrada, la admisión o no de la “Prueba Nueva” que ofreció en el recurso de impugnación, omisión que vulnera también el derecho de defensa de la actora y consecuentemente el Debido Procedimiento; por estas razones resulta nula la Resolución Subgerencial Nº 1737-2015-SGICS-GFC/MDLV del 06 de julio de 2015. DÉCIMO: Prosiguiendo con el análisis, la Resolución Gerencial Nº 443-2015- GFC/MDLV (que resuelve la apelación), tampoco advirtió lo esgrimido en el considerando anterior pese a ver sido argumentado por la actora en su recurso de apelación, incluso se pronuncia sobre la validez de la comisión de la infracción, pero no se ha pronunciado sobre la inspección ocular que ofreció el actor como prueba nueva en su recurso de reconsideración, lo que también resulta una vulneración a la debida motivación y por ende al Debido Procedimiento, que constituyen causales de nulidad del acto administrativo, por tanto y de conformidad con la finalidad del Proceso Contencioso Administrativo, este Despacho advierte que corresponde declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 0493-2015- GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015 y la Resolución Subgerencias Nº 1737-2015-SIGCS-GFC/MDL de fecha 06 de julio de 2015, por las consideraciones antes esgrimidas. 6 Ley General de Sociedades. 7 Expediente Nº 0896-2009-PHC/TC 6 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DÉCIMO PRIMERO: Conforme a la Resolución Nº DOS del 31 de mayo de 2016 (saneamiento)8 y respecto del argumento número 2), se estableció como tercer punto controvertido, determinar si corresponde declarar la nulidad o no de la Resolución de Sanción Nº 0656569. Sobre el particular, al haberse determinado que corresponde declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 0493-2015-GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015 y de la Resolución Subgerencias Nº 1737-2015-SIGCS-GFC/MDL de fecha 06 de julio de 2015, la administración tendría que pronunciarse nuevamente por el recurso administrativo interpuesto por la actora, esto quiere decir que respecto de la Resolución de Sanción Nº 065656, aun no se ha agotado la vía administrativa, por esa razón, se debe declarar improcedente este extremo de su pretensión. DÉCIMO SEGUNDO: Por todas estas consideraciones, este Despacho debe declarar nula la Resolución Gerencial Nº 0493-2015-GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015 y nula la Resolución Subgerencias Nº 1737-2015-SIGCS-GFC/MDL de fecha 06 de julio de 2015, por haber vulnerado el derecho a la debida motivación, el derecho de defensa y por ende el Debido Procedimiento, incurriendo en causal de nulidad del acto administrativo, en consecuencia se debe reponer el procedimiento al momento de la calificación del recurso de reconsideración interpuesto por la actora, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia y se debe declarar improcedente la Resolución de Sanción Nº 065656 del 07 de mayo de 2015, por no encontrarse debidamente agotada la vía administrativa. III. PARTE RESOLUTIVA: Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto en los artículos 10°, 30°, y 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 y los artículos 196°, 197, 200° y Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la señora Juez del Segundo Juzgado Contencioso Administrativa de Lima, administrando justicia a Nombre de la Nación. FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta por la TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, declarando en consecuencia: 1. NULA la Resolución Gerencial Nº 0493-2015-GFC/MDVL de fecha 18 de agosto de 2015. 2. NULA la Resolución Subgerencial Nº 1737-2015-SIGCS-GFC/MDVL de fecha 06 de julio de 2015, y SE ORDENA a la demandada reponer el procedimiento al momento de la calificación del recurso de reconsideración 8 Fs. 53 del Expediente Principal. 9 Tercera pretensión principal del escrito de la demanda. 7 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por la actora, en el plazo TREINTA DÍAS, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia. 3. Se declara IMPROCEDENTE la demanda respecto del pedido de nulidad de la Resolución de Sanción Nº 065656 de fecha 07 de mayo de 2015. Sin costas, ni costos; notificándose a las partes. DAP. 8

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

13° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 11872-2015-0-1801-JR-CA-13 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : HINOSTROZA BRUNO, MARTHA ESPECIALISTA : IGLESIAS MATOS SALVADOR ALLEN DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT , DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES ONCE DE NOVIEMBRE , Resolución Nro. CUATRO Lima, veinticuatro de julio Del dos mil diecisiete.- AUTOS Y VISTOS; Al escrito de fecha 18-04- 2017 presentado por la entidad demandada; Al Principal: Téngase por cumplido el mandato encomendado, en consecuencia POR RECIBIDAS las copias certificadas del expediente administrativo; y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1 del Decreto supremo Nº 013-2008-JUS T.U.O de la Ley 27584, en concordancia con el artículo 465º del Código Procesal, aplicable al presente caso, se procede a sanear el proceso: Saneamiento Procesal: De los actuados se desprende que no se ha deducido excepciones ni defensas previas; y apreciándose la concurrencia de los presupuestos procesales y condiciones de la acción se establece la relación jurídica procesal válida entre las partes, en consecuencia, se declara SANEADO EL PRESENTE PROCESO. Fijación de puntos controvertidos: Teniendo en cuenta lo expresado por las partes durante el proceso, se advierte como punto controvertido determinar si la Resolución de Gerencia de Central de Normativa Nro. 179-158-00050819, adolece de vicio que cause su nulidad total; y de ser el caso, de declararse fundada la pretensión principal, se declare accesoriamente la nulidad total de la Resolución de Sanción Nro. 176-056-00319868, y el Acta de Control Nro. C611356. Admisión de medios probatorios: De la parte demandante: Al rubro de medios probatorios: ADMÍTASE y tratándose de medios documentales: téngase presente al momento de resolver. De la parte demandada: Al rubro de medios probatorios: ADMÍTASE y considérese el expediente administrativo, en cuanto a su mérito al momento de emitirse el auto que resuelva la pretensión demandada. Y estando al estado actual del proceso, no habiendo necesidad de actuar medios probatorios por tratarse de pruebas documentales, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 473° del Código Procesal Civil: PRESCÍNDASE de la actuación de la audiencia de pruebas; se ORDENA el Juzgamiento Anticipado del Proceso; quedando expedita la causa para Vista Fiscal; siendo así se procede a REMITIR los autos al MINISTERIO PÚBLICO para la expedición del Dictamen conforme a ley.- DÉCIMO TERCER JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Lima, 24 de julio de 2017 Oficio Nro. 11872-2015-13º JCA-CSJLI-PJ Señor: FISCAL PROVINCIAL EN LO CIVIL DE LIMA Presente Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de remitirle a fojas ( ) el Expediente Nro. 11872-2015-0-1801-JR-CA-13 (con expediente administrativo), en los seguidos por EMPRESA DE TRANSPORTES ONCE DE NOVIEMBRE, contra el SAT de la Municipalidad de Lima, sobre Acción Contenciosa Administrativa, a efectos que de acuerdo a sus atribuciones, EMITA EL DICTAMEN correspondiente, conforme a lo ordenado en autos.- Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente,

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 5° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo EXPEDIENTE : 11946-2015-0-1801-JR-CA-05 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : SACHA FLORES KARELY EDITH ESPECIALISTA : PEREYRA LOPEZ, VICTOR HUGO DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT , MUNICIPALIDAD DE LIMA , DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO Y COMERCIALIZACION EXPRESO SANTA ANITA SA , Señora Juez, En cumplimiento de mis funciones informo a usted que la presente causa está siendo proveído en la fecha al reincorporarme luego de que culminara el estado de cuarentena establecido por el Decreto Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias. Es todo lo que tengo que informar para los fines de Ley. Lima, 23 de julio del 2020 RESOLUCIÓN NÚMERO: CATORCE Lima, veintitrés de julio Del dos mil veinte.- DADO: CUENTA: Téngase por recibido los presentes actuados, provenientes de la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y ATENDIENDO: Primero: Que, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia; Segundo: Que, el numeral 46.1 del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, señala que conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución Política y el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución judicial; Tercero: Que, siendo ello así y dado que mediante auto de fecha 01.08.19 resolvieron confirmar la sentencia de contenida en la resolución número 10 de fecha 31 de mayo de 2017, que declara fundada en parte la demanda, nula la resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00067020 y N° 179-158-00067015; en consecuencia, se deje sin efecto las sanciones impue4stas en merito a las actas de Control C444874 y C499846, y los actos que deriven de estas; infundado respecto a los demás extremos; en consecuencia: SE DISPONE: 1. CUMPLIR CON LO EJECUTORIADO 2. REQUERIR a la entidad demandada, a fin de que cumpla con declarar nula la resolución nula la resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00067020 y N° 179-158-00067015; en consecuencia, se deje sin efecto las sanciones impue4stas en merito a las actas de Control C444874 y C499846, y los actos que deriven de esta; 3. OTORGAR el plazo de quince días para tal fin, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva de 01 URP; 4. CUMPLA la entidad demandada con indicar el nombre completo y cargo del funcionario encargado de ejecutar la sentencia. 5. NOTIFICAR a las partes. Avocándose a conocimiento de la presente causa la magistrada que suscribe en virtud de lo establecido mediante Resolución Administrativa Nº 000092-2020-P-CSJLI-PJ ; NOTIFICANDOSE.---------

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Av. Nicolás de Piérola N° 673 / 677 3er. Piso – Cercado de Lima) SS. SALAZAR VENTURA CERNA LANDA VALER FERNANDEZ EXPEDIENTE Nº 11946-2015-0-1801-JR-CA-05 (Ref. Sala N° 00975-2018-0) Demandante : Empresa de Transportes Servicio y Comercialización Expreso Santa Anita S.A. Demandado : Servicio de Administración Tributaria – SAT Materia : Nulidad de Resolución Administrativa Proceso : Especial SENTENCIA DE VISTA RESOLUCIÓN N° CINCO Lima, primero de agosto mil diecinueve.- VISTOS: En audiencia pública, con los expedientes administrativos acompañados, y con el Dictamen Fiscal1 e interviniendo como ponente la Juez Superior Magali Valer Fernández; resulta de autos: I. PARTE EXPOSITIVA.- 1. Es materia de grado la SENTENCIA contenida en la Resolución N° DIEZ, de fecha 31 de mayo de 20172, que declara ““1. FUNDADA en parte la demanda, 2. NULA las Resoluciones de Gerencia Central Normativa Nros. 279-158-00067020 y N° 179-158-00067015; 3. En consecuencia, déjese sin efecto las sanciones impuestas en mérito a las Actas de Control C444874 y C499846, y los actos que deriven de ésta; 4. INFUNDADA respecto a los demás extremos”.”; ello en mérito al recurso de apelación interpuesto con fecha 19 de junio de 2017, por la entidad demandada3; y el recurso de apelación interpuesto con fecha 20 de junio de 20174, por la entidad demandante5 en extremo que desestima la demanda; 1 Fojas 168 a 177. 2 Fojas 118 a 132 3 Fojas 144 a 147. 4 Fojas 148. 5 Fojas 151 a 157. Subsanado a fojas 158. 1 ambos concedidos con efecto suspensivo por Resolución N° 11 y Resolución N° 13 del 31 de julio de 20176, y 12 de octubre de 20177, respectivamente. 1.1 Agravios.- 1.1.1. La demandada impugna el extremo de la sentencia que estima en parte la demanda, exponiendo como agravios, lo siguiente: a) El Inspector Municipal consignó en las observaciones información adicional a la infracción ya cometida por el recurrente. b) El conductor intervenido no observó las Actas de Control, siendo que el referido documento contiene los datos esenciales requeridos para su validez, como son: identificación del vehículo infractor, la fecha y código de infracción, la firma y el código de la autoridad que sanciona; por tanto, prevalece la conservación del acto. c) El administrado no aporta prueba alguna para sustentar los argumentos de su defensa, siendo que los actos administrativos impugnados en sede judicial han sido emitidos dentro de los parámetros legales y con estricta sujeción a la ley. 1.1.2. Por su parte, la demandante impugna el extremo de la sentencia que desestima la demanda, exponiendo como agravios, lo siguiente: a) No se ha cumplido con el llenado de todos los rubros de las actas de control, siendo que los inspectores elaboran actas sin intervenir los vehículos. b) Indica que las Actas de Control no fueron notificadas con las fotografías, ni con la constancia de imputación de responsabilidad en su calidad de responsable solidario. c) El juez limita su pronunciamiento considerando los argumentos de la demandada, inobservando lo establecido en el artículo 100.4 de la Ordenanza 1599, sobre responsabilidad de la empresa, ya que no se les notificó con la constancia de imputación, vulnerando su derecho al debido proceso e incurriéndose en vicios de motivación. II. PARTE CONSIDERATIVA: 6 Fojas 163 a 164. 7 Fojas 159. 2 PRIMERO: Previo a entrar al análisis de fondo, es necesario señalar que, la jurisdicción contenciosa administrativa radica en la labor de control que realiza el Poder Judicial sobre la actuación de la administración; así como, el reconocimiento de los derechos subjetivos de los administrados; la misma que tiene sustento constitucional, basado en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. SEGUNDO: Por ello, como mecanismo para el control judicial de la legalidad de la actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, consagra el proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo agotamiento se haya dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. Norma constitucional que encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, que establece: "La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. " TERCERO: En esa línea en el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, que prescribe, los actos administrativos que agotan la vía administrativa, podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo. CUARTO: Por su parte, el artículo 1° de la misma Ley antes citada establece que, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; previendo como requisitos de validez, los contenidos y/o establecidos en el artículo 3° de la acotada norma, referidos éstos, a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular; siendo el artículo 10° de la misma norma el que regula las causas por las cuales un acto administrativo deberá ser declarado nulo, encontrándose dentro de ellas, el contravenir la constitución, leyes o normas reglamentarias, entre otros. 3 QUINTO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones. Siendo que este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta". SEXTO: En el caso de autos, mediante resolución N° 05 de fecha 04 de mayo de 20168, se fijó como punto controvertido: “Determinar si corresponde declarar la Nulidad de las Resoluciones de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00067014, N° 179-158-00067015, N° 179-158-00067016, N° 179-158-00067017, N° 179-158-00067018, N° 179-158-00067019, N° 179-158-00067020.” SÉTIMO: En cuanto a la materia venida en grado, es de precisar que la infracción constatada de Código N-61, se encuentra regulada por la Ordenanza N° 1599 - Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana- publicada el 19.04.12, - aplicable al caso antes de su modificación, dada en el año 2014, en la medida que los hechos se dieron en el año 2012 - que establece: ANEXO A-1 TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES Medidas Responsable Código Infracción Califica- preventi- Sanción solidario ción vas No permitir las acciones de control y 1 UIT y N 61 fiscalización incumpliendo las indicaciones Muy Grave Retención suspensión de Empresa de la autoridad administrativa, darse a la de la la credencial autorizada fuga o negarse a entregar documentación. credencial por 10 días OCTAVO: En el mismo orden, la referida ordenanza dispone lo siguiente: 8 Fojas 71 a 72. 4 “Artículo 82.- Órgano del Procedimiento Sancionador (…) 82.3 La SFT es el órgano encargado de realizar actuaciones previas de investigación, la imposición de actas de control o de emisión de imputación de cargos. Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos. 84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. Artículo 86.- Del levantamiento del Acta de Control 86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes. (…) 86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral 1 del presente artículo, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control. (…) Artículo 87.- Negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. 87.2 Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla”. Artículo 90.- Valor probatorio de las actas e informes 90.1 Las actas de control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los informes de las Auditorías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la GTU, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 90.2 Corresponde a los presuntos infractores o aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados documentos. 5 Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución. 94.2 (…). Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción.” (Énfasis y subrayado agregado). NOVENO: Hecha la precisión de las normas citadas, es de resaltarse al caso que, de la revisión de los expedientes administrativos, se aprecia lo siguiente: 9.1. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-000670209.- Del Acta de Control N° C44487410, se observa que con fecha 16.10.13 a las 18:24 horas, la Inspectora Municipal señala que se intervino con pasajeros al conductor del vehículo de placa N° RF7428, quién no se identificó, dejándose constancia de su negativa de entregar documentos. Sin embargo, el rubro referido a la identificación y firma del encargado del operativo o grupo se encuentra en blanco. Pese a ello, en la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00067020, se señala que, “consta, además, la firma del encargado del operativo o grupo y del Inspector Municipal de Transportes” [Negrita subrayado y cursiva agregado]. 9 Fojas 02 del Expediente Administrativo I, y 15 del principal 10 Fojas 04 del Expediente Administrativo I. 6 Asimismo, en la fotográfica adjunta11 a la referida acta, no se aprecia la placa del vehículo intervenido, impidiéndose corroborar la placa consignada en el acta de control, por tanto, tampoco se cumplió con lo dispuesto en el numeral 87.1 del artículo 87° de la Ordenanza N° 1599, que exige que la toma fotográfica capte esencialmente la placa del vehículo intervenido. 9.2. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701612.- Del Acta de Control N° C44644013, se observa que con fecha 01.11.13 a las 00:05 horas, el Inspector Municipal constató la infracción N-61 de la Ordenanza N° 1599, señalando que intervino al conductor del vehículo de placa N° C2L769, quién no se identificó, dejándose constancia de su Negativa a colaborar con las acciones de control y fiscalización, incumpliendo a la indicación de la autoridad administrativa, negándose a identificarse; habiéndose cumplido a cabalidad con el llenado de cada uno de los campos que dicha Acta de Control contiene, indicándose el nombre del encargado del operativo (Edgar Romero), quien suscribió la misma. Asimismo, se aprecia que la referida Acta de Control, se adjuntó muestra fotográfica14 de la placa del vehículo intervenido, en el cual se aprecia la fecha 01.11.2013, a las 00:05 horas, datos que coinciden con los señalados en la referida acta de control, por tanto, se ha cumplido también con lo dispuesto en el artículo 87° de la citada ordenanza. 9.3. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701815.- Del Acta de Control N° C45815516, se observa que con fecha 08.11.13 a las 08:22 horas, la Inspectora Municipal constató la infracción N-61 de la Ordenanza N° 1599, señalando que intervino con pasajeros al conductor del vehículo de placa N° C7T740, quién no se identificó, dejándose constancia de su Negativa a permitir las acciones de control y fiscalización; habiéndose cumplido a cabalidad con el llenado 11 Fojas 05 del Expediente Administrativo I. 12 Fojas 34 del Expediente Administrativo II, y 07 del principal 13 Fojas 36 del Expediente Administrativo II. 14 Fojas 37 del Expediente Administrativo II. 15 Fojas 64 del Expediente Administrativo III, y 09 del principal 16 Fojas 66 del Expediente Administrativo III. 7 de cada uno de los campos que dicha Acta de Control contiene, indicándose el nombre del encargado del operativo (Caceres Agurto), quien suscribió la misma. Asimismo, se aprecia que la referida Acta de Control, se adjuntó muestra fotográfica17 de la placa del vehículo intervenido, en el cual se aprecia la fecha 08.11.2013, a las 08:22 horas, datos que coinciden con los señalados en la referida acta de control, por tanto, se ha cumplido también con lo dispuesto en el artículo 87° de la citada ordenanza. 9.4. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701918.- Del Acta de Control N° C46031119, se observa que con fecha 19.11.13 a las 23:03 horas, el Inspector Municipal constató la infracción N-61 de la Ordenanza N° 1599, señalando que intervino al conductor del vehículo de placa N° C1Q449, quién no se identificó, dejándose constancia de su Negativa a la entrega de documentos; habiéndose cumplido a cabalidad con el llenado de cada uno de los campos que dicha Acta de Control contiene, indicándose el nombre del encargado del operativo(Edgar Romero), quien suscribió la misma. Asimismo, se aprecia que la referida Acta de Control, se adjuntó muestra fotográfica20 de la placa del vehículo intervenido, en el cual se aprecia la fecha 19.11.2013, a las 23:03 horas, datos que coinciden con los señalados en la referida acta de control, por tanto, se ha cumplido también con lo dispuesto en el artículo 87° de la citada ordenanza. 9.5. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701421.- Del Acta de Control N° C47436422, se observa que con fecha 26.11.13 a las 09:00 horas, la Inspectora Municipal constató la infracción N-61 de la Ordenanza N° 1599, señalando que intervino con pasajeros al conductor del vehículo de placa N° D5W376, quién no se identificó, dejándose constancia de su Negativa a la entrega de documentos; habiéndose cumplido a cabalidad con el llenado de cada uno de los 17 Fojas 67 del Expediente Administrativo III. 18 Fojas 95 del Expediente Administrativo II, y 10 del principal 19 Fojas 97 del Expediente Administrativo IV. 20 Fojas 98 del Expediente Administrativo IV. 21 Fojas 127 del Expediente Administrativo IV, y 05 del principal 22 Fojas 129del Expediente Administrativo V. 8 campos que dicha Acta de Control contiene, indicándose el nombre de la encargada del operativo(Julieta Brioso), quien suscribió la misma. Asimismo, se aprecia que la referida Acta de Control, se adjuntó muestra fotográfica23 de la placa del vehículo intervenido, en el cual se aprecia la fecha 26.11.2013, a las 09:00 horas, datos que coinciden con los señalados en la referida acta de control, por tanto, se ha cumplido también con lo dispuesto en el artículo 87° de la citada ordenanza. 9.6. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701724.- Del Acta de Control N° C48255925, se observa que con fecha 08.12.13 a las 0:47 horas, el Inspector Municipal constató la infracción N-61 de la Ordenanza N° 1599, señalando que intervino al conductor del vehículo de placa N° Z3K774, quién no se identificó, dejándose constancia de su Negativa a permitir las acciones de control y fiscalización, incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa; habiéndose cumplido a cabalidad con el llenado de cada uno de los campos que dicha Acta de Control contiene, indicándose el nombre del encargado del operativo, quien suscribió la misma. Asimismo, se aprecia que la referida Acta de Control, se adjuntó muestra fotográfica26 de la placa del vehículo intervenido, en el cual se aprecia la fecha 08.12.2013, a las 0:47 horas, datos que coinciden con los señalados en la referida acta de control, por tanto, se ha cumplido también con lo dispuesto en el artículo 87° de la citada ordenanza. 9.7. Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006701527.- Del Acta de Control N° C49984628, se observa que con fecha 07.01.14 a las 18:44 horas, la Inspectora Municipal señala que se intervino al conductor del vehículo de placa N° M1F745, quién no se identificó, dejándose constancia de su negativa a permitir las acciones de control al negarse a entregar documentos, cuando se le 23 Fojas 130 del Expediente Administrativo V. 24 Fojas 160 del Expediente Administrativo IV, y 08 del principal 25 Fojas 162 del Expediente Administrativo VI. 26 Fojas 163 del Expediente Administrativo VI. 27 Fojas 192 del Expediente Administrativo VII, y 06 del principal 28 Fojas 194 del Expediente Administrativo VII. 9 intervino por la comisión de la infracción N67, esto es, por dejar pasajeros en la verma de la calzada. Sin embargo, en la fotográfica adjunta29 a la referida acta, no se aprecia la placa del vehículo intervenido que permita corroborar la placa consignada en el acta de control, por tanto no se cumplió con lo dispuesto en el numeral 87.1 del artículo 87° de la Ordenanza N° 1599. DÉCIMO: De lo expuesto, se aprecia que la autoridad administrativa a través de sus órganos de apoyo para la fiscalización del servicio de transporte público, no cumplió con lo dispuesto en la Ordenanza N° 1599, pues conforme se ha expuesto, en las fotografías con motivo del Acta de Control N° C444874 y del Acta de Control N° C499846, no se capta el número de placa de rodaje de los vehículos intervenidos, tal como lo establece el numeral 87.1 del artículo 87° de la Ordenanza N° 1599. Aún más en la primera de las actas mencionadas, no figura el nombre ni la firma de la persona encargada del operativo, tal como exige el numeral 87.2 del artículo 87° de la citada norma municipal. Lo que no ha sido reparado al emitirse la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-0006702030. UNDÉCIMO: Por tanto, la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 0006702031, y la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 0006701732, se encuentran incursas en la causal de nulidad establecida en el artículo 10° numeral 2) de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General, al provenir de procedimiento administrativo que se encuentra viciado desde la emisión del Acta de Control C444874 y Acta de Control N° C499846, no existiendo elementos suficientes que permitan corroborar las intervenciones efectuadas, incumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ordenanza N° 1599; por lo tanto, los agravios formulados por la demandada no resultan atendibles, debiendo confirmarse este extremo de la sentencia. DUODÉCIMO: Por otro lado, debe señalarse respecto a las Actas de Control: 1) C446440, 2) C458155, 3) C460311, 4) C474364 y, 5) C482559, que éstas son el 29 Fojas 195 del Expediente Administrativo VII. 30 Fojas 02 del Expediente Administrativo I, y 15 del principal 31 Fojas 02 del Expediente Administrativo I, y 15 del principal 32 Fojas 160 del Expediente Administrativo IV, y 08 del principal 10 resultado de acciones de fiscalización, las cuales constituyen elemento probatorio suficiente para imputar una infracción conforme se ha expuesto en el noveno considerando, en tanto que en estos documentos se recoge la información de los hechos acontecidos en la realidad y tienen suficiente mérito para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en el artículo 90° de la Ordenanza N° 1599. DÉCIMO TERCERO: Según la parte demandante que no se le notificó con la Constancia de Imputación de Responsabilidad, pues el responsable de la infracción es el propietario del vehículo. Al respecto, importa señalar que en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas (reproducida en el octavo considerando), se ha establecido que la infracción prevista con el código N61 es imputable a los conductores y cobradores del vehículo, siendo la empresa autorizada responsable solidaria por su comisión. En caso que no se logre su identificación del conductor y/cobrador, conforme a lo dispuesto en el numeral 100.5 del artículo 100 de la Ordenanza N° 1599, la responsabilidad recae sobre la empresa autorizada para prestar el servicio, estando la administración obligada a emitir la correspondiente Resolución de Sanción determinando su responsabilidad. En ese sentido, queda claro que dada la naturaleza de la infracción imputada no se emite Constancia de Imputación de Responsabilidad como señala la parte demandante. DÉCIMO CUARTO: Como se ha expuesto en el noveno considerando de la presente sentencia, en las Actas de Control: 1) C446440, 2) C458155, 3) C460311, 4) C474364 y, 5) C482559 no se identificó al conductor del los vehículos intervenidos; razón por la que la demandada dada naturaleza de la infracción y conforme a lo establecido en el numeral 100.5 del artículo 100 de la Ordenanza N° 1599, giró las Resoluciones de Sanciones: 1) N° 176-056-0036572733, 2) N° 176-056-0036572634, 3) N° 176-056- 0036572135,4) N° 176-056-0036571936, 5) N° 176-056-0036571437, todas emitidas el 16.10.2014, respectivamente; determinando la responsabilidad administrativa de la empresa recurrente, toda vez que esta no presentó medio probatorio alguno que 33 Fojas 46 del Expediente Administrativo II. 34 Fojas 77 del Expediente Administrativo III. 35 Fojas 105 del Expediente Administrativo IV. 36 Fojas 141 del Expediente Administrativo V. 37 Fojas 174 del Expediente Administrativo VI. 11 desvirtúe las infracciones constatadas, siendo que en los descargos presentados, únicamente se enfocó en tratar de restarle valor probatorio a las citadas actas de control. Tal es así que en los escritos presentados en sede administrativa38, la parte demandante señaló de manera taxativa lo siguiente: “…con fecha (….) se recibió la notificación de cargo, por el acta de control N° C446440 con código N° 61, que es por no permitir las acciones de control y fiscalización, incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa darse a la fuga o negarse a entregar documentación, impuesta al vehículo de placa de rodaje (…) sin acreditar la comisión de una supuesta infracción.”. En ese sentido, ésta misma parte reconoce tener conocimiento del procedimiento administrativo sancionador desde el inicio. DÉCIMO QUINTO: Siendo así, queda evidenciado que la autoridad administrativa ha actuado teniendo en cuenta el Principio de Verdad Material previsto en el numeral 1.1139 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, cumpliendo con el mérito de las Actas de Control C446440, C458155, C460311, C474364 y C482559, con la carga de la prueba que le corresponde. Respetando el derecho de defensa; así como, la debida motivación; pues de las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador se advierte el desarrollo de cada uno de los fundamentos en los que basa su decisión; así como, el estudio de los argumentos de la administrada. DÉCIMO SEXTO: En consecuencia, se advierte que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00067014, N° 179-158-00067016, N° 179-158-00067017, N° 179-158-00067018 y N° 179-158-00067019, se encuentran arregladas a derecho; tal como lo estableció la Juez de primera instancia; no habiendo incurrido en causal alguna de nulidad establecida en el artículo 10° de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General. 38 Fojas 58 a 59 del Expediente Administrativo II, fojas 89 a 90 del Expediente Administrativo III, fojas 122 a 123 del Expediente Administrativo IV, fojas 154 a 155 del Expediente Administrativo V, fojas 186 a 187 del Expediente Administrativo VI. 39 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)” 12 DÉCIMO SÉTIMO: Sobre la base de lo analizado debe dejarse establecidos que, revisada y examinada la sentencia recurrida no se advierte que la misma trasgreda el principio de debida motivación, debido proceso, tipicidad, ni licitud; todos los cuales han sido debidamente comprobados en la presente resolución. Correspondiendo confirmar la sentencia venida en grado. PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos expuestos la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución N° DIEZ, de fecha 31 de mayo de 201740, que declara “1. FUNDADA en parte la demanda, 2. NULA las Resoluciones de Gerencia Central Normativa Nros. 279-158-00067020 y N° 179-158-00067015; 3. En consecuencia, déjese sin efecto las sanciones impuestas en mérito a las Actas de Control C444874 y C499846, y los actos que deriven de ésta; 4. INFUNDADA respecto a los demás extremos”. Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, consentido y/o ejecutoriado que sea la presente sentencia.- SALAZAR VENTURA CERNA LANDA VALER FERNANDEZ 40 Fojas 118 a 132 13

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : N° 11962-2015. Demandante : Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. Demandado : Servicio de Administración Tributaria. Materia : Nulidad de Resolución Administrativa. Secretario : Sandy Carrillo Valverde. SENTENCIA Nº 043-2017-7ºJECA Resolución Número Seis Lima, quince de febrero de dos mil diecisiete.- VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar, con el Dictamen Fiscal que opina porque se declare infundada la demanda; quedando los autos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria -SAT, sobre nulidad de resolución administrativa; I. ANTECEDENTES: De la demanda: 1. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince a folios catorce a diecinueve, la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. (en adelante “la demandante”), interpone demanda contra el Servicio de Administración Tributaria -SAT (en adelante “el demandado”), teniendo como pretensión se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00056248 de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince; y como consecuencia de ello, se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N° 17605600193581 de fecha seis de junio de dos mil catorce. 2. Señala como argumentos principales de su demanda los siguientes: 2.1.- Manifiesta que tomó conocimiento de la imposición sin intervención del Acta de Control N° C465753 (N67) de fecha trece de noviembre de dos mil trece, que consiste en: “Dejar o recoger pasajeros al lado izquierdo o a la mitad de la calzada, o, cuando el vehículo se encuentre en movimiento, o, en lugares donde se atente contra su seguridad o fuera de los paraderos de ruta cuando existan o estén autorizados”, la misma que cuestiona por su irregularidad y abuso y por no ser de responsabilidad de su representada, conforme se plasmó posteriormente en su escrito de descargo que no fue tomado en cuenta, lo cual parcializadamente 1 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO siempre ha sido soslayado por la demandada como entidad administrativa dado que al no haber sido intervenido la unidad, se le impidió de manera deliberada la actuación de medios probatorios importantes como la exhibición de la toma fotográfica en la que de constancia de la hora y fecha exactas y concordantes con los datos proporcionados por el inspector de tránsito en la supuesta intervención que se contrae el artículo 87.1 de la Ordenanza N° 1599. 2.2.- Señala que en la expedición de la Resolución de Gerencia Central de Normativa cuestionada y la propia resolución de sanción, se ha materializado una flagrante transgresión del debido proceso al no respetarse el procedimiento sancionador y un término probatorio para actuar administrativamente antes de emitir una resolución de sanción (que no se ha realizado), que ameritaban la nulidad de la resolución de sanción y la de Gerencia Central de Normativa concordante con el artículo 10 del mismo cuerpo legal; hecho que fue soslayado por la autoridad en su perjuicio, configurándose como un acto de clara contravención al debido proceso y al principio de tipicidad, emitiéndose la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056248 la que tampoco se encuentra debidamente motivada sin pronunciarse sobre la trasgresión de las normas del debido procedimiento sancionador. De la admisión y contestación de la demanda: 3.- Mediante resolución número dos de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas veinticinco y veintiséis de autos se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial, la misma que es contestada por el apoderado del Servicio de Administración Tributaria – SAT, mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; solicitando se declare infundada en todos sus extremos. 4.- Señala como argumentos principales de su contestación los siguientes: 4.1.- De acuerdo a los términos de la demanda, se observa que en ésta se plantea como petitorio la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056248 por la infracción cometida de código N67 que dice: Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados. 4.2.- Manifiesta que dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante, éste no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la 2 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO imposición del Acta de control N° C465753 cometida de código N67 elaborada por el inspector municipal. Para la administración tributaria-SAT las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le da el Estado. 4.3.- Señala que de conformidad con el numeral 162.2 de la Ley Nº 27444, sobre la carga de la prueba, corresponde a los administrados aportar nuevas pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencia permitidas, o aducir alegaciones. Siendo que lo fundamentado por el demandante no ha sido suficientemente contundente para enervar los fundamentos de la resolución de Gerencia Central de Normativa y las actuaciones previas de acuerdo al procedimiento de imposición de actas de control. 4.4.- Finalmente precisa, que si bien el demandante sostiene que el Acta de Control N° C465753 ha sido impuesta indebidamente por parte del inspector municipal, pues no cometió la infracción. Sin embargo, de la revisión de los fundamentos y pruebas que obran en el expediente, se puede verificar que el inspector municipal verificó la comisión de la infracción, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente artículo 86.1, 86.2 y 87.2 de la Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N° 1599. no resistiendo la versión del demandante el más mínimo análisis lógico jurídico. Del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y dictamen fiscal: 5.- Mediante resolución número tres de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, se tiene por contestada la demanda en los términos que se indican; asimismo, se procede a expedir el auto de saneamiento procesal, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios de las partes; por resolución número cinco de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, se pone a conocimiento de las partes el dictamen fiscal; y, se dispone dejar los autos en Despacho para sentenciar; por lo que en atención a ello, el estado procesal es el de expedir sentencia. II. FUNDAMENTOS: 3 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA PRIMERO: De conformidad con el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo establece el artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley 27584. Ahora bien, resulta pertinente indicar que para realizar el análisis de la controversia sometida al presente proceso judicial, debe tomarse en cuenta que el derecho de acción constituye conjuntamente con el derecho de contradicción, manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional, cuya naturaleza es constitucional y forma parte de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, cabe precisar que si bien el derecho de acción permite acceder al órgano jurisdiccional para que se declare, reconozca o ejecute un derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley, ello no debe significar que el pedido necesariamente vaya a ser amparado, dado que tal situación, sólo se podrá determinar al momento de expedir sentencia cuando se aplique el derecho al caso en concreto.------------------------ SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS SEGUNDO: Conforme aparece de la demanda, contestación de la demanda y de autos, este Juzgado deberá determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056248 de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince; y como consecuencia se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N° 17605600193581 de fecha seis de junio de dos mil catorce; lo cual se ha fijado como punto controvertido a efecto de emitir un pronunciamiento válido.------------- SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL TERCERO: Ahora bien, habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales: “(…) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”1, (subrayado y negrita es nuestro). Del mismo modo, el guardián de la Constitución en el 1 Fundamento N° 02 de la STC recaída en el EXP. N.° 03722-2006-AA/TC, de fecha 19.07.2006. 4 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO fundamento cuarto de la Resolución del Expediente Nº 00966-2007-AA/TC señala: “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (….). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (….) corresponde resolver”. En atención a ello, esta judicatura pasará al análisis, desarrollo y resolución de la presente controversia, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el Máximo Intérprete de la Constitución.----------------------------------------------------------------------------- SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CUARTO: Conforme se aprecia de la sentencia señalada previamente, corresponderá a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto a todas las pretensiones postuladas por los justiciables, no pudiendo incurrir en omisión, alteración o exceso, debiendo existir concordancia e identidad entre lo formulado por las partes y decisión a la que arribe el juzgador; esto en virtud del principio de congruencia, dado que las resoluciones deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; es decir, debe existir identidad entre las pretensiones y la sentencia, a fin de emitir un correcto pronunciamiento.--------------------------------------------------------------------- QUINTO: A efectos de garantizar la congruencia entre lo pedido y lo resuelto en el presente proceso, conforme se advierte de lo alegado por la parte demandante en los fundamentos fácticos de su demanda, se cuestiona básicamente que no fue tomado en cuenta su escrito de descargo, lo cual parcializadamente siempre ha sido soslayado por la demandada como entidad administrativa dado a no haber sido intervenido la unidad, impidiéndose de manera deliberada la actuación de medios probatorios importantes como la exhibición de la toma fotográfica en la que de constancia de la hora y fecha exactas y concordantes con los datos proporcionados por el inspector de tránsito en la supuesta intervención; asimismo se ha materializado la trasgresión del debido proceso al no respetarse el procedimiento sancionador, así como el principio de tipicidad y motivación. Al respecto, del análisis integral de los actuados en sede administrativa, y ahora cuestionadas por el demandante en el presente proceso judicial –tal como consta del petitorio de su demanda–, se advierte que el presente caso versa sobre la supuesta infracción al Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML publicada el diecinueve de abril de dos mil doce, 5 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO cuerpo normativo que tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los títulos habilitantes y establecer las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas. En ese contexto, cabe precisar que quien debe probar que de manera correcta fue levantada el Acta de Control objeto de impugnación, no es la parte demandante, sino la entidad demandada, toda vez que es el Servicio de Administración Tributaria la autoridad administrativa encargada del procedimiento sancionador en materia de servicio de transportes público de pasajeros, tanto de la etapa instructiva como resolutiva, de conformidad con el numeral 82.2 del artículo 82.2 de la citada Ordenanza; por tanto, a fin de evaluar las alegaciones del demandante, analizaremos la actuación administrativa impugnada.--------------------------- SEXTO: Habiendo dejado sentadas dichas precisiones, nótese que obra a fojas cincuenta y siete de autos, el Acta de Control N° C 465753 de fecha trece de noviembre de dos mil trece, el mismo que se encuentra suficientemente llenado en casi todos sus campos, identificando asimismo el código de infracción (N67), el número de la placa del vehículo intervenido AOH-705, la fecha y hora de la infracción, además de otros datos que coadyuvan a la determinación del sujeto solidariamente responsable2 y la conducta infractora, como el lugar de infracción y observaciones del inspector [donde se consigna: se intervino con pasajero, dejar pasajeros en medio de la calzada (By Pass-Alfonso Ugarte)], asimismo, se advierte de dicha Acta de Control que el inspector municipal dejó constancia que el infractor no entregó la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad, negándose a identificarse conforme lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ordenanza N° 1599 que señala: “86.3 En caso que el conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por el Inspector Municipal de Transporte de detenerse, o deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación señalada en el numeral,1 del presente artículo3, el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada, a fin de que la SFT, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la acción de control”. Procediendo luego, a tomar la vista fotográfica, la cual obra a fojas cincuenta y ocho de autos, en la cual se aprecia el número de Placa AOH-705, el cual corresponde al vehículo infractor; asimismo, se observa que tanto la hora como la fecha coincide con las consignadas en el Acta de Control N° C 465753, siendo estas las 18 horas y 37 minutos de día trece de noviembre de dos mil trece; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1 de la citada 2 En tanto el conductor intervenido se negó a identificarse conforme el inspector municipal consignó en el Acta de Control N° C465753. (Ver a fojas 57 de autos) 3 Articulo 86.1 de la Ordenanza N° 1599: “86.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor, le solicitará su credencial, licencia de conducir, TC, tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT o CAT, la póliza de seguros por responsabilidad civil frente a terceros, entre otros dispuestos por las autoridades competentes”. 6 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Ordenanza4; lo que dan mayores elementos de juicio de lo advertido en la acción de control realizada por el inspector; es decir, el Acta de Control N° C 465753 reúne los requisitos de validez que dicho acto debe contener, sustentando las razones por lo cual se levantó dicho instrumento de inspección, según se desprende de los datos consignados en la misma; expuesto así, los argumentos de la demandante de que no fue intervenido así como el cuestionamiento a la exhibición de la toma fotográfica en la que conste de la hora y fecha exactas de la comisión de la infracción con lo que pretende cuestionar la validez del Acta de Control N° C 465753 han quedado desvanecidos, por cuando está acreditado y se encuentra debidamente fundamentado el contenido del cuestionado documento, por la comisión de la infracción administrativa de dejar pasajeros en medio de la calzada; en el presente caso, el inspector municipal pudo constatar que el vehículo se encontraba cometiendo una infracción debidamente tipificada como tal; por lo que justamente la autoridad administrativa apertura el procedimiento sancionador, levantando el Acta de Control luego de constatar in situ (en el lugar) y en acción de control, dicha falta al reglamento del servicio público de transporte de pasajeros en Lima Metropolitana, documento que por ende, sí constituye prueba idónea para desvirtuar la presunción de que el demandante ha actuado pegado a sus deberes.------------------------------------------------- SÉPTIMO: En el caso en concreto, ha quedado acreditado de autos, que el inspector de la entidad demandada, mediante acción de control de fecha trece de noviembre de dos mil trece, procedió a levantar el Acta de Control N° C465753, al detectar la infracción en la prestación de servicio público de pasajeros, por haber cometido la infracción signada con el Código N-67 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores, aprobado por la Ordenanza N° 1599- MML, consistente en: “Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en lugares donde se atente contra su seguridad; o fuera de los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados”, consignando además el inspector en el rubro de observaciones, “se intervino con pasajero, dejar pasajeros en medio de la calzada (by pass- Alfonso Ugarte)”; es decir, durante la intervención realizada por el inspector municipal al conductor de dicho vehículo, constató que aquel se encontraba dejando pasajeros en medio de la calzada, supuesto de hecho, que como bien lo hemos precisado, se encuentra debidamente previsto como infracción. En ese sentido, del análisis de los actuados en sede administrativa, se colige que la entidad demandada ha conducido el proceso sancionador, en sujeción al procedimiento legalmente establecido, respetando las garantías mínimas que el administrado posee; asimismo, ha quedado acreditado que la recurrente ha ejercido su derecho de defensa y expuestos sus argumentos de contradicción, teniendo la oportunidad de ofrecer los medios probatorios que consideró 4 Artículo 87.1 de la Ordenanza N° 1599: “87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva”. 7 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO necesarios, y que si bien no presentó medio probatorio alguno que de manera contundente sustente las alegaciones a su favor, la autoridad administrativa valoró los que fueron actuados en instancia administrativa, para después emitir una decisión fundada en derecho; que si bien, han sido desestimadas al haberse encontrado responsable por las infracciones a la Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, ello no quita el hecho de que se ha respetado la valoración misma de la prueba o no haya sido calificada y revisada con la importancia debida, cuando de autos fluye que la demandante no ha desvirtuado las imputaciones realizadas por la autoridad Municipal; además de haber formulados su descargo contra el Acta de Control N° C 465753 y su recurso administrativo de apelación contra la Resolución de Sanción N° 17605600193581 de fecha seis de junio de dos mil catorce, obteniendo una respuesta sucinta, pero sustentada; de modo que, las alegaciones al respecto carecen de sustento. Por consiguiente, no es posible estimar la demanda, al haberse acreditado que el acto administrativo cuestionado es válido, por ajustarse al ordenamiento jurídico aplicable al presente caso; tanto más, si no ha demostrado lo contrario, tal como lo ha mencionado al entidad demandada en la parte considerativa de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00056248 de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince5; por lo que en dicho extremo tampoco resulta ser arbitraria la sanción impuesta por parte de la entidad demandada, ya que se encuentra debidamente demostrada.------------------------------------------------------------------------------------------------ OCTAVO: Ahora bien, respecto a la vulneración del principio de tipicidad al señalar que no es responsable de la comisión de la infracción6; en dicho extremo, se tiene que la cuestionada infracción consignada en el Acta de Control N° C465753, se encuentra tipificada con Código N-67 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores, aprobado por la Ordenanza N° 1599- MML tiene previsto: Código infracción calificació Medidas Sanción Responsable Reincidencia n Preventiva Solidario s N67 Dejar o recoger a los pasajeros al Grave Retención 20% UIT y Empresa 40% UIT y lado izquierdo o medio de la calzada; o de la suspensión de autorizada suspensión de la cuando el vehículo se encuentra en credencial la credencial credencial por 4 movimiento; o en lugares donde se por días atente contra su seguridad; o fuera de 2 días los paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados. Cabe señalar de conformidad con el artículo 27° de la Ordenanza N° 1599-MML, lo siguiente: “La TC es el título otorgado por la SRT que habilita al vehículo de una 5 “Que, el (la) recurrente no ha presentado medio de prueba alguno que acredite sus afirmaciones, teniendo como contraparte el documento emitido por la autoridad competente y a quien la norma ha facultado para verificar la comisión de las infracciones. En el caso de autos la evidencia en contrario está constituida por el Acta de Control N° C465753 levantada al verificarse la comisión de la infracción, la que si bien ha sido objetada por el recurrente, no obra en el expediente medio probatorio que ampare tal pretensión” (ver Fjs. 43 de autos). 6 Lo que también cuestiona en su recurso de apelación, obrante a fojas 49 a cincuenta de autos. 8 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO empresa autorizada a prestar el servicio de transporte público regular de personas en una determinada ruta. Su obtención está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 317 de la presente Ordenanza."; es decir, la Tarjeta Única de Circulación se expide en función de que exista una Empresa Autorizada que preste el servicio público de transporte, siendo el caso que ante una infracción, como la de materia de autos, donde el vehículo forma parte de la flota vehicular de la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. – TRANSNASA- conforme se advierte del Acta de Control N° C4657538, entonces, quien resulta ser el responsable administrativo conforme se encuentra estipulado en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores del Anexo A-1 de la Ordenanza N° 1599-MML, es el conductor y/o cobrador del vehículo y el responsable solidario la empresa autorizada; asimismo, el inciso 5 del artículo 100 de la Ordenanza N° 1599 señala que: “En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción”; de ahí su responsabilidad en calidad de solidario al haberse incurrido en la infracción correctamente tipificada en el Código N-67 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores, aprobado por la Ordenanza N° 1599-MML por lo que se encuentra comprobada la responsabilidad de la demandante y las sanciones impuestas se encuentran debidamente justificadas y suficientemente sustentadas; consecuentemente dicho extremo de su demanda resulta inconsistente.-------------------------------------------------------------------------------------- NOVENO: Atendiendo a las consideraciones expuestas, el juzgador estima imperioso precisar que el demandante no ha presentado los medios probatorios necesarios para acreditar la nulidad de las resoluciones materia de impugnación, así pues, su solo dicho no resulta suficiente para causar certeza en el juzgador; en efecto, de la revisión de autos, no existe instrumental probatorio que demuestre fehacientemente los vicios de 7 Artículo 31.- Requisitos para obtener la TC Las empresas autorizadas, mediante sus representantes legales deberán obtener las TC de las unidades vehiculares con las que obtuvieron la autorización para prestar el servicio de transporte público regular de personas en una ruta determinada, cumpliendo con los siguientes requisitos: 31.1 Formato de Solicitud. 31.2 Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular en las que conste que el vehículo se encuentra registrado a nombre de la empresa; en caso de arrendamiento financiero u operativo presentar adicionalmente el Testimonio, en original o copia simple, de la escritura publica otorgada por una entidad supervisada por la SBS o por la SMV. En todos los casos debe identificarse el vehículo con su placa de rodaje y/o número de serie. En caso que el vehículo no se encuentre a nombre de la empresa, además de la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular, deberá presentar copia simple del contrato de vinculación. Esta disposición es aplicable sólo para las unidades vehiculares que al 16 de julio de 2011 contaban con TC o cualquier otro título habilitante provisional emitido por la GTU. 31.3 Copia simple de los CITV de los vehículos que integran la flota que presentan, cuando corresponda. 31.4 Copia simple de la póliza de seguros vigente por cada vehículo con cobertura de responsabilidad civil frente a terceros; además, del SOAT o AFOCAT. 31.5 Declaración Jurada que la unidad vehicular no cuente con papeletas de infracción o resoluciones de sanción firmes impagas, referidas a multas de tránsito y/o transporte. . 8 Obrante a fojas 45 de autos. 9 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nulidad en el procedimiento administrativo que alega el demandante, pues como bien se ha precisado, no existen pruebas ciertas y valederas para acreditar los argumentos expuestos; asimismo, debe precisarse que, la veracidad de los hechos verificados y la información consignadas en el Acta de Control impugnada, donde el inspector municipal de tránsito pudo constatar que el vehículo infractor se encontraba prestando servicio de transporte público, dejando pasajeros en medio de la calzada, hechos debidamente constatados y comprobados por el inspector se presumen ciertos, por lo que los cuestionamientos efectuados por la demandante sin mayor sustento contra la actuación administrativa, resultan infundados, en razón de que lo consignado en la referida Acta de Control, goza de validez en virtud de los principios de presunción de legalidad y veracidad, por lo que resulta válida y eficaz; tanto más si se tiene en cuenta que, desde la fecha en que se constató la infracción que se imputa haber cometido, durante el procedimiento administrativo y ahora en esta sede, no ha cumplido con adjuntar prueba categórica que respalden sus argumentos a efectos de desvirtuar la sanción impuesta; en consecuencia, habiéndose acreditado fehacientemente la infracción incurrida, sus argumentos en relación a cuestionar dicha sanción carecen de todo sustento. Por su lado, debe dejarse claro que el presente criterio de ninguna manera importa inclinar la balanza en contra de los administrados, sino que en el caso en particular, se analiza en función a la infracción debidamente acreditada por la administración y al interés público, que implica un conjunto de actividades o bienes que por criterio de coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa o tasa como “algo” necesario, valioso e importante para la coexistencia social, pues el solo hecho que un vehículo deje pasajeros en medio de la calzada, importa un potencial peligro para la seguridad de las personas; aunado a ello, tal como lo hemos establecido, el Acta de Control que ha sido firmada por el inspector municipal, es un acto administrativo que goza de presunción de validez, salvo prueba en contrario, es decir, dicho acto goza de legitimación, produciendo todos sus efectos, y en efecto ello es así, si la parte demandante no ha probado indubitablemente de manera categórica que tal infracción no fue cometida; careciendo por tanto de certeza cualquier alegación al respecto; por lo que habiendo la autoridad competente, detectado en el lugar la comisión de infracción por parte del conductor, procedió en imponer el Acta de Control que corresponde; de conformidad al principio de verdad material; y que si bien, el hoy demandante hizo uso de sus descargos en sede administrativa, además de impugnar la resolución que agotó la vía administrativa, ahora en sede judicial, se advierte que no ha desvirtuado las infracciones imputadas, de modo tal que de certeza al juzgador, de no haber cometido la infracción que se le imputa; por lo que en dicho extremo tampoco es posible estimar la demanda.------------- DÉCIMO: En esa línea argumental, habiéndose fundamentando la decisión de la demandada de conformidad con las leyes citadas, obteniendo por tanto la demandante un pronunciamiento fundado en derecho; y que si bien dicho pronunciamiento es negativo a los intereses de la actora, ello no significa la vulneración de algún derecho, 10 de 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO o la falta de motivación de la resoluciones impugnadas, conforme alega en su escrito de demanda (ver numeral 2.4 de sus fundamentos de hecho – fojas 16 de autos), pues se observa que las cuestionadas resoluciones se encuentran debidamente motivadas, de manera adecuada, suficiente y congruente por cuanto en ella se detallan los hechos por los cuales se le ha impuesto la sanción y que si bien dichos pronunciamientos resultan contrarios a sus intereses, como se ha dicho, ello de ninguna manera importa una violación al debido procedimiento administrativo, a la debida motivación y demás derechos conexos; consecuentemente desde este ángulo jurídico, tampoco no se ha violentado derecho alguno, en tanto que lo solicitado por la demandante se ha tramitado bajo el marco del debido proceso administrativo al que toda administración debe ceñirse.----------------------------------------------------------------------- De la carga de la prueba. UNDÉCIMO: De los actuados en sede administrativa y de las pruebas aportadas al presente proceso, se infiere que estos no han hecho sino cumplir la finalidad de producir certeza en el juzgador en el sentido normativo del artículo 33 del Texto Único Orde

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 12094-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO : INDECOPI GOICOCHEA FLORES, VICTOR GUILLERMO DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. SS. VINATEA MEDINA ROSSELL MERCADO REYES RAMOS Resolución N° 16 Lima, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.- AUTOS y VISTOS; se avocan al conocimiento de la causa los señores jueces superiores que suscriben en virtud de lo establecido en la Resolución Administrativa N° 115-2023-P-CSJLI-PJ; y dado cuenta con el escrito presentado el 24 de enero de este año por el apoderado del INDECOPI.- al principal y primer otrosí: téngase presente; al segundo otrosí: téngase presente por Secretaría la Casilla 4393 del Colegio de Abogados que señala; al tercer otrosí: téngase por recibidos los anexos presentados; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- El apoderado del INDECOPI interpone recurso de casación contra la sentencia de vista (Resolución N° 15) expedida el 12 de diciembre de 2022, que revocó la sentencia contenida en la Resolución N° 11 y reformándola, declaró fundada la demanda, en consecuencia, nulas las Resoluciones N° 2264-2015/SPC- INDECOPI y N° 156-2015/INDECOPI-LAL, ordenando que se emita nueva resolución administrativa. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 391, numeral 6, del Código Procesal Civil1, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo, se procede a calificar los requisitos de admisibilidad de dicho medio impugnatorio contemplados en los artículos 34 y 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así como en los artículos 386 y 391 del Código Procesal Civil en lo que corresponda2. 1 Modificado por la Ley N° 31591, publicada el 26 de octubre de 2022. 2 Mediante la Resolución Administrativa N° 000277-2023-P-PJ, de fecha 11 de mayo de 2023, se resolvió aprobar la difusión de los acuerdos contenidos en el Acta de la reunión de trabajo de los magistrados y magistradas de las salas supremas que tienen a su cargo procesos que versan sobre materia contencioso administrativa, sobre la aplicación de las modificatorias del Código Procesal Civil, introducidas mediante la Ley N° 31591, en el proceso contencioso administrativo respecto del recurso de casación. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/23f7f7804b63778db474fe587de8a551/Acta+de+reuni%C3%B3n+d e+trabajo+sobre+la+aplicaci%C3%B3n+de+las+modificatorias+del+CPC%2C+mediante+Ley+31591+RA+277- 2023-P-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=23f7f7804b63778db474fe587de8a551 TERCERO.- En el caso de autos, el recurso de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, a saber: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión; ii) ha sido presentado oportunamente, en tanto que la sentencia de vista le fue notificada el 13 de enero de 2023, según el cargo de notificación que obra a folios 258, y el recurso se interpuso antes del 27 de enero de este año, fecha en que venció el plazo de diez días hábiles establecido por ley; iii) la recurrente se encuentra exonerada del pago de las tasas judiciales, de conformidad con el literal g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y iv) invoca de manera separada las infracciones normativas alegadas, citando los preceptos legales que considera se han inaplicado. Por las consideraciones expuestas, resolvieron: ADMITIR el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contra la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 15 de fecha 12 de diciembre de 2022; en consecuencia, ELÉVENSE los autos al superior jerárquico con la debida nota de atención. Notifíquese.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO SSSSuuuummmmiiiillllllllaaaa:::: Cuando el juzgador concuerde con los criterios expuestos por la autoridad administrativa en el acto administrativo impugnado, no se produce contravención a la debida motivación per se. De otro lado, en el caso bajo estudio se advierte de la captura de pantalla consignada en esta resolución que, se emitió la Orden de Pago por S/. 1 450 soles, el día 7 de agosto de 2014, respecto de lo cual se corrió traslado de respuesta al reclamante quien se encontró conforme; y en el mismo día, esto es el 7 de agosto, concluyó el procedimiento conciliación - sin audiencia, lo que constituye una circunstancia que impide que el denunciante pueda acceder a la justicia administrativa, porque su interés había sido satisfecho previamente, en un procedimiento seguido y regulado por el propio Indecopi. EXPEDIENTE Nº : 12094-2015 DEMANDANTE : Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK DEMANDADO : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Lima, 12 de diciembre del 2022. VISTOS: Con el expediente administrativo electrónico que obra como acompañado en tres tomos; interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia. CONSIDERANDO PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRIMERO.- En el presente caso se han planteado las siguientes pretensiones: • Primera Pretensión Autónoma Se declare la nulidad de la Resolución Nº 2264-2015/SPC-INDECOPI del 20 de julio de 2015. • Segunda Pretensión Autónoma Se declare la nulidad de la Resolución Final Nº 156-2015/INDECOPI-LALA de fecha 23 de febrero de 2015. • Tercera Pretensión Autónoma Se ampare la excepción de conciliación planteada y como consecuencia de ello, se aplique el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi y el artículo 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y como consecuencia se declare concluido dejándose sin efecto la sanción impuesta y demás medidas ordenadas. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 • Cuarta Pretensión Autónoma Se solicita el reconocimiento de su derecho a una debida motivación y una correcta aplicación de lo previsto en el artículo 427 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES SEGUNDO.- El presente caso tiene su origen en la denuncia formulada por el señor Víctor Guillermo Goicochea Flores, contra el Banco Internacional del Perú. Manifiesta que el 16 de julio de 2014, se acercó al Banco para efectuar un depósito en el cajero Global Net Plus ATM-610 por la cantidad de S/. 1450,00 soles, sin que se haya emitido voucher alguno el cajero se reinicio con el mensaje en pantalla ERROR DE OPERACIÓN, formuló su reclamación al respecto, la cual fue denegada, al no presentarse ningún sobrante de dinero en el cajero. Frente a la denuncia ante el Indecopi, el 5 de agosto procedieron a emitir la orden de pago por el importe señalado. El Banco señala en sus descargos que los hechos imputados en la presente denuncia, fueron objeto de conciliación en el marco del Reclamo Nº 1440-2014/SAC-INDECOPI-LAL al haber sido atendido por el Interbank (se emitió una orden de pago a favor del señor Goicochea por el importe reclamado, información que fue puesta en conocimiento del denunciante). El INDECOPI resolvió finalmente declarar infundado el recurso de revisión presentado, al no haberse acreditado la existencia de un acuerdo conciliatorio con el consumidor que satisfaga plenamente sus intereses, por lo que no correspondía que se acoja la excepción por conciliación formulada. Asimismo, el extremo referido a la presunta interpretación errónea del artículo 427 del Código Procesal Civil, en la medida que la subsanación de la conducta infractora antes de la interposición de la denuncia no da lugar a su improcedencia por falta de interés para obrar. Se declara improcedente el referido recurso en los extremos que se 2 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 cuestiona la presunta vulneración de los principios del debido procedimiento y de congruencia procesal, así como el deber de motivación, pues el error alegado no se encuentra contenido en dicha resolución y el cuestionamiento de la multa, pues el recurrente no alegó la existencia de un error de derecho que se encentre contenido en dicho acto administrativo, pretendiendo una nueva graduación de la sanción impuesta. SENTIDO DE LA SENTENCIA TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Once, emitida con fecha 23 de octubre de 2020, que declaró fundada en parte la demanda; en mérito de los recursos de apelación interpuestos por el Interbank e Indecopi el 5 de febrero de 2021, que fueron concedidos por Resolución Doce, de fecha 27 de octubre de 2021, con efecto suspensivo. CUARTO.- La indicada resolución se sustenta en lo siguiente: 1. Con relación al presunto error de derecho por interpretación errónea del artículo 427 del T.U.O del Código Procesal Civil: el interés para obrar en los procedimientos sobre protección al consumidor se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. a. En el marco de los procedimientos administrativos, el artículo 107 de la Ley N.° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, preceptúa que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. b. El artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor regula las circunstancias atenuantes especiales; así, dicho artículo contempla en su numeral 1) la denominada “subsanación voluntaria por parte del proveedor c. Si bien es cierto, antes que se notifique la imputación de los cargos de la denuncia interpuesta por el señor Goicochea, el Banco INTERBANK emitió la Orden de Pago N.° 1421300959624 por el importe del reclamo, la norma deja claro que el procedimiento se inicia de todas maneras con la imputación de cargos y que la subsanación voluntaria por parte del proveedor del acto u omisión imputado como presunta infracción administrativa no determina la culminación del procedimiento o la improcedencia de la acción infractora, sino únicamente la atenuación de la sanción que se imponga, de ser el caso. 2. Con relación a la presunta interpretación errónea del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI y 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor: a. La resolución emitida no dilucida lo sustancialmente alegado por el Banco en forma reiterada, tanto en sede administrativa como judicial, de que el reclamo iniciado por el señor Goicochea, antes de la formulación de la denuncia, habría sido tramitado, de acuerdo al procedimiento regulado en la Directiva denominada “Procedimiento para la solución y tramitación de reclamos en el SAC”, signado con el Código GEG-sac-01-P, probado por el Indecopi, en la que contemplaría las formas de conclusión, entre ellas, la de concluido por conciliación sin audiencia; y que no exigiría, a su entender, el levantamiento de un acta, sino que inclusive podría llegarse a un acuerdo conciliatorio en forma escrita mediante correo electrónico, verbal o por 3 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 teléfono, dando fe de ello el Asesor SAC; y que en su caso, la abogada Asesora SAC trasladó su propuesta y puso en conocimiento de la orden de pago; la que habría sido aceptada por el denunciante; por tal motivo consignó en el reporte de seguimiento “concluido sin audiencia”; sobre lo cual el Tribunal del Indecopi omite pronunciarse; limitándose básicamente en señalar que no existe acta que acredite la conformidad de la propuesta y satisfacción del señor Goicochea b. De forma que resulta amparable la demanda en parte, sobre la presunta interpretación errónea del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi y 147 del Código. AGRAVIOS INTERBANK QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios: 1. Al convalidarse la decisión del Indecopi, se está vulnerando su derecho a un debido procedimiento administrativo y se está convalidando la toma de decisiones por parte de dicho organismo del Estado, que está afectando el normal desarrollo de su actividad comercial. 2. El señor Goicochea presentó su denuncia ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos del Indecopi de la Libertad, señalando que el 16 de julio de 2014, intentó efectuar un depósito de S/. 1450 soles en un cajero administrado por Interbank, sin embargo la transacción no se procesó y el dinero quedó retenido y además reconoció que Interbank ya había devuelto el importe retenido. 3. Los hechos fueron, además, materia de reclamo tramitado ante el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi de la Oficina Regional del Indecopi de la Libertad, Reclamo Nº 1440-2014/SAC-INDECOPI-LAL; en cuyo marco de atención el 07 de agosto se remitió respuesta vía correo electrónico a la abogada a cargo del trámite, informando que se había emitido una Orden de Pago a favor del señor Goicochea por el importe reclamado, que fue puesta en conocimiento del denunciante, quien manifestó su conformidad. Concluyó como CONCILIADO SIN AUDIENCIA. 4. La conclusión del Reclamo Nº 1440-2014/SAC-INDECOPI-LAL, debía suponer también la conclusión del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Código. 5. El señor Goicochea carecía de interés para obrar, en tanto que a la fecha de interposición de la denuncia administrativa, el hecho que la motivó había sido subsanado. 6. La sentencia es nula porque afecta al principio del debido procedimiento y la debida motivación, así como el principio de congruencia; el juzgado ha replicado los mismos criterios que en su oportunidad señaló la Sala del Indecopi. La denuncia presentado por el señor Goicochea debió ser declarada improcedente por falta de interés para obrar del denunciante. INDECOPI SEXTO.- Conforme a su escrito de apelación, se fundamenta en lo siguiente: 1. Tal como se aprecia del numeral 27 de la Resolución Nº 22642015/APC-INDECOPI la Sala sí ha considerado el “print de pantalla” en el que se señala “concluido sin audiencia”, así como el hecho que el 5 de agosto el Banco envió una carta al señor Goicochea en la que manifiesta haber emitido la orden de pago. 4 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 2. La Sala no descartó la posibilidad de que el Banco y el denunciante hayan llegado a un acuerdo conciliatorio, sino que su cuestionamiento versa sobre el hecho que, en el supuesto de que se haya concretado dicho acuerdo, en el expediente administrativo no obra el acta respectiva que permita verificar que este haya satisfecho los intereses del consumidor. 3. Se entenderá que existe conciliación cuando se satisfagan totalmente los intereses o pretensiones de las partes, caso contrario, no podría entenderse que se ha dado un acuerdo conciliatorio que pueda acarrear la conclusión de un procedimiento. 4. De la revisión del expediente administrativo no se aprecia que exista un acta que genere certeza respecto a que se hayan satisfecho los intereses del señor Goicochea y que por tanto, se puede tener por concluido el procedimiento. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SÉTIMO.- Fluye de lo actuado en la vía administrativa lo siguiente: 1. Fojas 01, denuncia del 8 de agosto de 2014, formulada por el señor Víctor Guillermo Goicochea Flores, contra el INTERBANK. 2. Fojas 11, Carta del 5 de agosto de 2014, por la que Interbank da cuenta de haber procedido a emitir la Orden de Pago Nº 1421300959624 por el importe de S/. 1 450,00 en atención a su reclamo. 3. Fojas 13, ampliación de denuncia del 19 de agosto de 2014. 4. Fojas 20, Resolución 01 del 3 de setiembre de 2014, se dispone iniciar el procedimiento sancionador por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código. 5. Fojas 33, Interbank contesta la denuncia. Señala que los hechos imputados, fueron objeto de conciliación en el marco del Reclamo Nº 1440-2014/SAC-INDECOPI-LAL, a haber sido atendido por Interbank. 6. Fojas 58, Declaración Jurada del Interbank, respecto al print de pantalla por la emisión y cobro de la Orden de Pago Nº 14 213 00959624 emitida a favor del señor Víctor Guillermo Goicochea Flores emitida el 01 de agosto de 2014 y cobrada el día 9 del mismo mes y año, así como de la información contenida en la página web de Indecopi. 7. Fojas 61, Resolución Final Nº 0511-2014/PS0-INDECOPI-LAL del 20 de octubre de 2014, por la que se dispone sancionar al Interbank con 3 UIT por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 del Código, al haberse acreditado que el cajero automático del Banco no procesó el depósito, ni emitió el voucher correspondiente al efectuarse el depósito de S/. 1 450,00 el 16 de julio de 2014. 8. Fojas 75, recurso de apelación. 9. Fojas 104, Resolución Nº 0156-2015/INDECOPI-LAL del 23 de febrero de 2015, confirma la apelada. 10. Fojas 113 obra el recurso de revisión presentado por Interbank. 11. Fojas 151, Resolución Nº 2264-2015/SPC-INDECOPI del 20 de julio de 2015, se declara: COMPETENCIA DEL COLEGIADO OCTAVO.- La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión. Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 6 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. NOVENO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, Marianella Ledesma Narváez1 comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito. Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en los recursos de apelación y que ha sido reseñado brevemente líneas arriba. ANÁLISIS DÉCIMO.- Los agravios expuestos por el Interbank serán analizados en conjunto, en el extremo que manifiestan que la sentencia emitida es nula al afectarse el debido procedimiento y la debida motivación, así como el principio de congruencia al replicar los criterios emitidos por el Indecopi y que no se ha pronunciado sobre la totalidad de la primera pretensión autónoma referida a la nulidad de la Resolución Nº 395-2014/SPC-INECOPI, respecto a la razonabilidad de la sanción impuesta. En relación al debido proceso, cabe indicar que ha sido recogido en el artículo 8 del texto de la Convención Americana y, respecto del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares que sirven para delimitar el contenido del mismo, el cual es uno de naturaleza compleja en la medida en que está constituido por una variedad de derechos fundamentales, en tal razón se entiende que el debido proceso supone el conjunto de requisitos y garantías mínimas que deben observarse en las instancias 1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, pp. 176 - 180. 7 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención2. En nuestro medio, este derecho fundamental ha sido recogido en el artículo 139 de la Constitución y, presenta dos dimensiones la procesal y la sustantiva, la primera de ellas está referida a las garantías procesales que se deben tener en cuenta, lo que tiene que ver con los principios y reglas que lo integran como es el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a una debida la motivación, el derecho al respeto al proceso preestablecido, entre otros, mientras que la segunda está relacionada con la razonabilidad y la proporcionalidad3. Cabe indicar además que sobre este derecho el Tribunal Constitucional ha señalado en los Fundamentos de la STC 04509-2011-PA/T (11.07.12.) que: 3. El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales. 4. El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a 2 Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 27. 3 Al respecto en los Fundamentos de la STC 04509-2011-PA/T (11.07.12.) se precisa: 3. El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales. 4. El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte el proceso en irregular legitimando con ello el control constitucional. 8 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte el proceso en irregular legitimando con ello el control constitucional. En relación a la debida motivación cabe indicar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema, precisando de manera general que ello comporta que el órgano decisor exprese las razones que lo llevan a tomar una decisión, lo que surge de los hechos acreditados como del ordenamiento jurídico aplicable e implica la congruencia entre lo pedido y lo resuelto4, para lo cual ha fijado estándares que se pueden apreciar en el Fundamento 7 de la sentencia 00728-2008-PHC/TC. No obstante, no todo error ni cualquiera puede considerarse una afectación al debido proceso sino el que resulte relevante para el caso planteado y que denote una arbitrariedad. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República mediante la sentencia casatoria 4736-2014 LIMA ha señalado que: “la motivación de las resoluciones judiciales como parte integrante del núcleo duro o contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso, supone para el juez un imperativo constitucional y legal que lo compele a fundamentar todas sus decisiones jurisdiccionales (salvo los decretos de mero trámite), precisando los motivos y razones que le sirven como sustento de las mismas, lo que constituye a su vez una garantía para las partes, en tanto les permite conocer y, eventualmente, cuestionar el razonamiento desplegado por los órganos jurisdiccionales, garantizando que el virtual ejercicio de su derecho de defensa y contradicción sea pleno y eficaz, desde esa perspectiva, qué duda cabe, la argumentación jurídica constituye el medio indispensable para la materialización de este deber-derecho, orientándose a que la motivación de una resolución sea cuando menos expresa, clara, suficiente, integral (congruencia subjetiva y objetiva), coherente, legítima y lógica”. En consecuencia, se advierte una exigencia a los órganos jurisdiccionales para que en su función de administrar justicia se garantice una adecuada argumentación jurídica en la toma de decisiones judiciales, lo que se debe traducir en una fundamentación clara, coherente y suficiente, vía la valoración de los hechos, medios probatorios y normas aplicables, así como congruente con las pretensiones en la forma que son planteadas por las partes, sin dejar incontestadas ninguna de estas, ello a fin de garantizar y satisfacer el contenido del 4 En este sentido las sentencias 4437-2012-PA/TC y 01479-2018-AA/TC. 9 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 derecho a la debida motivación y consecuentemente, no se vea vulnerado el derecho fundamental al debido proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. Adicionalmente se debe tener cuenta lo dispuesto en la Resolución Administrativa 002-2014- CE-PJ publicada el 28 de febrero del 2014, en la que se precisa que la nulidad de una resolución constituye una medida extrema y sólo en el caso en que el vicio no sea subsanable. Estando a lo expuesto, los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que significa que tienen la obligación de pronunciarse respecto a las alegaciones relevantes efectuadas por las partes tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se produce una incongruencia, que altera la relación procesal, transgrediéndose las garantías del debido proceso5. DÉCIMO PRIMERO.- En esa medida, se advierte de la sentencia emitida, que la juzgadora ha motivado adecuadamente la sentencia emitida, pronunciándose respecto a cada uno de los extremos de la demanda, y si bien se advierte que no analiza a profundidad el punto referido al interés para obrar del denunciante, del iter de la sentencia se aprecia que existe un pronunciamiento cuando expresa que lo consignado en la resolución emitida “no guarda correspondencia con lo expuesto por la parte demandada” de manera que no resulta amparable el agravio señalado sobre la indebida motivación de la sentencia emitida. Siendo además que hacer suyos, los criterios expuestos por la autoridad administrativa, no vicia de nulidad la sentencia por indebida motivación; lo que no significa que este Colegiado concuerde con los fundamentos expuestos en la misma. DÉCIMO SEGUNDO.- De otro lado, en cuanto a los agravios de fondo expuestos por Interbank y los agravios señalados por el Indecopi, serán analizados conjuntamente, al estar referidos al interés para obrar del denunciante y el procedimiento de reclamo previsto por el Indecopi 5 Cas N° 2599-2014 Lima, El Peruano, 30-06-2018, F. 4to. P.78704. 10 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 Al respecto, señala Interbank que sustentó en la demanda que la denuncia debió ser declarada improcedente por falta de interés para obrar. En este punto, corresponde precisar que, el interés para obrar hace referencia al hecho de que el conflicto tenga relevancia jurídica y que sea posible de ser presentado ante el juez para recibir protección jurisdiccional. Al respecto, se advierte que a decir de Juan Luis Avendaño Valdez6 «El interés para obrar es una institución procesal7 surgida con la finalidad de analizar “la utilidad” que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela invocada por las partes. (…)Su finalidad es verificar que el proceso –o la decisión que en él se tome– provea una utilidad real para el demandante. Si la necesidad de obtener tutela jurídica se satisface a través del proceso, el actor tiene interés para obrar. Por el contrario, no lo tiene si el proceso no le reporta una utilidad concreta, así la sentencia le sea favorable.» Por tanto, tendrá interés para obrar aquel que necesita que su derecho sea declarado, constituido, realizado, respetado, en fin; tendrá interés aquel que su pretensión que reviste una serie de circunstancias y variables concretas que la hacen única, aún no ha sido sometido al análisis de la autoridad competente; bajo ese esquema, podemos asumir que el interés para obrar no solo es la necesidad jurídica de recibir una respuesta del órgano jurisdiccional y/o administrativo competente, sino que en el fondo es lo que motiva justamente a requerir una respuesta. DÉCIMO TERCERO.- De esta forma, se tiene que en el decurso del procedimiento administrativo, el señor Goicochea da cuenta en el formato que acompaña a su escrito de denuncia, del 8 de agosto de 2014, que formuló un reclamo ante el Servicio de Atención al ciudadano 6 AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis. El interés para obrar. Themis 58 -2010- Revista de Derecho. PUCP. P 64. 7 LUISO, Francesco. “Diritto processuale civile”. Milán: Giuffré. 1997. pp. 201-207. En: Selección de Textos del curso “Derecho Procesal Civil I” de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Citado por AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis, en obra citada, P. 64 11 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 Conforme al print de pantalla que se adjunto al escrito de apelación y que tuvo a la vista la autoridad administrativa al resolver, el 04 de agosto de 2014, formuló un reclamo contra el Interbank, el cual concluyó el 7 de agosto de 2014 como CONCILIACIÓN SIN AUDIENCIA. De la captura de pantalla que se muestra, se advierte que al comunicarse por correo electrónico con la denuncia, el Interbank responde que emitió la Orden de Pago por S/. 1 450 soles, el día 7 de agosto de 2014, habiéndose comunicado ello al denunciante en la misma fecha, consignándose: SE CORRIO TRASLADO DE RESPUESTA AL RECLAMANTE QUIEN SE ENCUENTRA CONFORME CON RESPUESTA; y en el mismo día, esto es el 7 de agosto, concluye el procedimiento CONCILIACIÓN - SIN AUDIENCIA. De tal forma que, al 8 de agosto de 2014, fecha en que el señor Goicochea presenta su denuncia por escrito ante el Indecopi, ya tenía conocimiento de que su reclamo había concluido, y que el Interbank había emitido la Orden de Pago correspondiente, sin que en el mismo procedimiento, ni en la denuncia presentada, que es el caso que nos ocupa, haga mención a ello; en el mismo sentido, no niega el hecho de haber cobrado el día 9 de agosto la orden de pago girada a su favor por el monto que depositó y que fue materia de su reclamo. En ese sentido, y habida cuenta que no estamos frente a una circunstancia atenuante prevista en el artículo 112 del Código para efectos de graduar la sanción como ha señalado 12 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Expediente N° 12094-2015 la juzgadora, sino de un presupuesto para que el denunciante pueda acceder a la justicia administrativa, accionando el mecanismo tuitivo de protección al consumidor, cuando ello ya había sido satisfecho previamente, en un procedimiento seguido y regulado por el propio Indecopi, quien finalmente debía establecer los mecanismos necesarios para que el reclamo formulado previamente concluya a satisfacción del consumidor reclamante; corresponde amparar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el Interbank. DÉCIMO CUARTO.- En cuanto a los agravios del Indecopi quien señala que, sí se ha considerado el “print de pantalla” y que no se aprecia la existencia de un acta que genere certeza respecto a que se hayan satisfecho los intereses del señor Goicochea, por lo que no se aprecia que exista una conciliación que satisfaga totalmente los intereses o pretensiones del señor Goicochea y que por tanto, se puede tener por concluido el procedimiento. De la lectura de la sentencia emitida, se advierte que amparó el extremo de la demanda referido a la falta de pronunciamiento en sede administrativa, sobre el procedimiento para la solución y tramitación de reclamos en el SAC; sin embargo, conforme a las consideraciones antes expuestas, no corresponde amparar los agravios expuestos, dado que ha pretendido de forma reiterada que obre en autos un acta de conciliación que sus propios mecanismos de solución de conflictos no prevé en el presente caso, puesto que como el propio procedimiento aprobado por el Indecopi, lo que además se materializa en su sistema, no contempla un pronunciamiento sobre ello, sino que se registran las gestiones realizadas y la conformidad o no del reclamante respecto a la propuesta formulada; y siendo que en el presente caso, se ha acreditado que se registró CONCILIACIÓN SIN AUDIENCIA, y que corrido el traslado de la propuesta de solución, EL RECLAMANTE SE ENCONTRÓ CONFORME con la respuesta, no puede pretenderse luego, desconociendo su propio procedimiento, que se presente un acta que no se levanta en estas circunstancias; por lo que las alegaciones expuestas no serán estimadas. CONCLUSIÓN DÉCIMO QUINTO.- Atendiendo a las consideraciones expuestas, se concluye que los agravios planteados por la demandante Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK corresponden ser estimados, por

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

23° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : 12094-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN ESPECIALISTA : LUJAN JARA, JUAN ANDRES DEMANDADO : INDECOPI GOICOCHEA FLORES, VICTOR GUILLERMO DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE: Lima, 27 de octubre de dos mil veintiuno. DADO CUENTA en la fecha; Autos y vistos; con el escrito presentado por el BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A.-INTERBANK, el 5 de febrero del dos mil veintiuno; y atendiendo; PRIMERO: Que, el BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A.-INTERBANK interpone recurso de apelación, contra la resolución número ONCE (sentencia) del 23 de octubre de 2020, dentro del término previsto en el apartado 27.2 del artículo 27° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. SEGUNDO: Que, el demandante acompaña al escrito que se da cuenta, el arancel judicial por derecho de apelación de sentencia, conforme lo señalado el Segundo Párrafo del artículo 35° de la norma antes mencionada, en concordancia con el cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales correspondiente; por lo expuesto; se resuelve: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución número ONCE (SENTENCIA), CON EFECTO SUSPENSIVO, por lo que ordena ELEVAR el expediente al superior Jerárquico. Al escrito presentado por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, del 5 de febrero del dos mil veintiuno; y atendiendo; PRIMERO: Que, el demandando interpone recurso de apelación parcial de la resolución número ONCE (sentencia) del 23 de octubre de 2020, en el extremo que declara fundada la demanda, dentro del término previsto en el apartado 27.2 del artículo 27° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. SEGUNDO: Que, el INDECOPI está exonerado de presentar el arancel por derecho de apelación señalado el Segundo Párrafo del artículo 35° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, establecido en la Resolución Administrativa correspondiente a Valores de los Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2021; por lo expuesto; se resuelve: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución número ONCE (SENTENCIA), CON EFECTO SUSPENSIVO, por lo que ordena ELEVAR el expediente al superior Jerárquico. Avocándose al proceso al Juez que suscribe la presente resolución, por mandato superior. Notifíquese.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado Av. Nicolás de Piérola N.° 608 cruce con Jr. Rufino Torrico N.° 837, piso 4, sede “Rabanal Backus”, distrito de Cercado de Lima EXPEDIENTE : 12094-2015-0-1801-JR-CA-23 MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO JUEZA : MARIA DEL PILAR TUPIÑO SALINAS ASIST. JUEZ : ALEXANDER GIANMARCO HUMBO MENDOCILLA DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK DEMANDADO : INDECOPI LITIS PASIVO : VÍCTOR GUILLERMO GOICOCHEA FLORES SENTENCIA RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE Lima, veintitrés de octubre de dos mil veinte. VISTOS: Puestos los autos en Despacho para sentenciar, con las copias fedateadas del expediente administrativo que corre como acompañado en un (1) tomo, sobre los actuados en el trámite de la demanda de nulidad del acto administrativo interpuesta por la empresa demandante BANCO INTERNACIONAL del PERÚ S.A.A. - INTERBANK contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y el señor VÍCTOR GUILLERMO GOICOCHEA FLORES, la señora Jueza Titular del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la presente resolución con base en lo siguiente: I. PARTE EXPOSITIVA. 1.1 DEMANDA. PETITORIO. Página 1 de 19 Resulta de autos que mediante el escrito de demanda, del 05 de noviembre del 2015, obrante de folio 52 al 77, la demandante BANCO INTERNACIONAL del PERÚ S.A.A. - INTERBANK interpone demanda contencioso administrativa contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y el señor VÍCTOR GUILLERMO GOICOCHEA FLORES, a efectos de que el Órgano Jurisdiccional se sirva amparar las siguientes pretensiones: Primera Pretensión Autónoma: Se declare la nulidad de la Resolución N.° 2264-2015/SPC-INDECOPI, del 20 de julio del 2015; Segunda Pretensión Autónoma: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 5 de la Ley, se declare la nulidad de la Resolución Final N.° 0156-2015/INDECOPI-LAL, del 23 de febrero del 2015; Tercera Pretensión Autónoma: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5 de la Ley, se ampare la excepción de conciliación planteada y como consecuencia de ello, se aplique el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI y el artículo 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y se declare concluido dejándose sin efecto la sanción impuesta y demás medidas ordenadas; y, Cuarta Pretensión Autónoma: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5 de la Ley, pide el reconocimiento de su derecho a una debida motivación y una correcta aplicación de lo previsto en el artículo 427 del Código Procesal Civil. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA: El actor aduce: Sobre el acuerdo conciliatorio celebrado con el señor Goicochea en el marco de atención de su reclamo SAC. • En estricta aplicación del artículo 15 del Reglamento y en virtud del Procedimiento, es evidente que las partes arribaron a un Acuerdo Conciliatorio que satisfacía sus expectativas; por lo que, no fue necesario que se lleve a cabo una audiencia de conciliación. Por ello, no existe duda de la existencia de un acuerdo conciliatorio entre las partes, es decir, que la propuesta planteada por INTERBANK fue aceptada por el señor Goicochea, puesto que el Asesor SAC procedió a la conclusión del reclamo como conciliación sin audiencia; pues, conforme lo prevé el Procedimiento, si el señor Goicochea no Página 2 de 19 hubiera estado de acuerdo con la propuesta o hubiera algún requerimiento adicional, el Asesor SAC habría programado una audiencia de conciliación. • Discrepa con lo resuelto por la Sala cuando señala que el Banco no ha logrado acreditar la existencia de un acuerdo, reiteran que la existencia del acuerdo se evidencia del Reclamo mismo y de su seguimiento, información que obra en el expediente del Reclamo y que está en poder del INDECOPI; pero cuyas partes procesales también fueron ofrecidas como medio de prueba por parte del INTERBANK en el procedimiento de denuncia; siendo que incluso el seguimiento del Reclamo está publicado en su página web y allí claramente se señala que el reclamo concluyó como conciliación sin audiencia. Sobre la excepción de conciliación y efectos del acuerdo conciliatorio celebrado. • En el presente caso no existe duda de que hubo un acuerdo que satisfizo los intereses y pretensiones del consumidor; cuando, el representante de INDECOPI se comunicó con señor Goicochea y le informó de la respuesta de INTERBANK, el señor manifestó su conformidad, siendo que ello se evidenciaba del seguimiento del reclamo, documento elaborado por INDECOPI; consecuentemente, si bien no obraba un acta de acuerdo si se cumplía con el otro supuesto planteado por la Sala, esto es, algún otro medio de prueba de naturaleza similar y que mejor documento o más idóneo que uno de naturaleza oficial, esto es, el contenido de un Reclamo SAC y su seguimiento. • La Sala ha desestimado el Reclamo SAC y su seguimiento, considerando que en él no se evidenciaba la existencia de un acuerdo que satisficiera los intereses del señor Goicochea; sin embargo, llegó a dicha conclusión partiendo de una premisa errada esbozada por la Comisión, pese a que en el seguimiento del Reclamo SAC publicado en la web se indica que el reclamo concluyó como conciliación sin audiencia, ellos, señalaron que en el print se indicaba concluido sin audiencia; asimismo, se indicó que había habido un correo electrónico “(…)comunicación con el consumidor vía telefónica, se corrió traslado de respuesta a reclamante quien se encuentra conforme con respuesta (…)”, ellos señalaron que no había evidencia de los términos del Página 3 de 19 acuerdo. Premisas absolutamente erradas y que demuestra que ni la Sala ni la Comisión han tenido el cuidado de revisar los documentos que obran en autos. • El 07 de agosto de 2014 remitieron un correo electrónico a la abogada (Asesor SAC) a cargo del trámite del referido reclamo informando que se había emitido una orden de pago a favor del señor Goicochea, la que fue puesta en su conocimiento y manifestó su conformidad, por lo que de acuerdo al Procedimiento, en tanto que existió un acuerdo verbal validado y registrado la abogada responsable, como se aprecia del seguimiento del reclamo publicado en su página web consignó conciliado sin audiencia. • La Gerencia General desarrolló el Procedimiento para la Solución y Tramitación de Reclamos en el SAC estableciendo un procedimiento en el que no es necesaria la suscripción de acta de acuerdo, puesto que consideró que la evidencia de dicho acuerdo la brinda la rigurosidad del mismo procedimiento en el que participa un funcionario público, el Asesor SAC quien valida los acuerdos y la aceptación de las partes, de lo contrario llevaría a concluir que el indecopi ha aprobado un procedimiento contrario a la ley. Sobre la inaplicación del artículo 140 del Código Civil • Si la Sala considerarse que el acuerdo conciliatorio no existe en tanto y en cuanto, no existe un Acta de Acuerdo, se tendría que cualquier acuerdo arribado por el consumidor y el proveedor en el marco del procedimiento para la solución y tramitación de reclamos en el SAC, solo será válido, exigible y vinculante para las partes si cumple con una formalidad, esto es, constar en un Acta de Acuerdo o contrario sensu, la Sala sanciona con nulidad a los acuerdos que no revistan dicha formalidad; no obstante ello, no existe norma alguna que prescriba tal formalidad. Sobre la improcedencia de la denuncia por falta de interés para obrar del denunciante • La denuncia presentada por el señor Goicochea debió ser declarada improcedente por la falta de interés para obrar, toda vez que, con anterioridad a la interposición de la presente denuncia, el Banco dio atención Página 4 de 19 y solución al reclamo que el señor Goicochea les formuló ante la falta de procesamiento de la operación de depósito en uno de sus cajeros automáticos. • Considerando dicho reclamo, con fecha 07 de agosto del 2014 remitieron un correo electrónico a la abogada a cargo de la tramitación del referido reclamo, informando que se había emitido una orden de pago a favor del señor Goicochea por el importe reclamado, con fecha 01 de agosto del 2014 y cobrada el 09 de agosto del 2014, conforme se aprecia en su reporte orden de pago. Sobre la razonabilidad de la sanción • INTERBANK ha sido sancionada con una multa de 03 UIT, pero no se ha precisado como cada criterio influyó en la determinación de la sanción impuesta e incluso, como han expuesto en ninguno de los criterios aplicados ha habido una real justificación o motivación por parte del ORPS, ni de la Comisión; solo se han limitado a enumerar de manera los criterios del artículo 112 del Código, indicando fórmulas generales sin fundamentar de manera objetiva cada uno de ellos, lo cual, determina que la sanción que se les ha impuesto no ha sido debidamente motivada, siendo así que, la graduación de dicha multa ha sido expedida incurriendo la causal de nulidad establecida en el artículo 10, numeral 2 de la LPAG. II. TRÁMITE DEL PROCESO. 2.1 ADMISORIO DE LA DEMANDA. La demanda fue admitida a trámite mediante Resolución Número Uno, del 13 de noviembre del 2015, obrante de folios 78 al 78, en la vía del proceso especial; asimismo, se corrió traslado al demandado el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y el señor VÍCTOR GUILLERMO GOICOCHEA FLORES para su absolución, requiriendo a la entidad demandada el expediente administrativo conexo a las actuaciones administrativas impugnadas. 2.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Página 5 de 19 a) Fundamentos de contestación por parte del demandado INDECOPI, del 16 de febrero de 2016 (obrante de folios 90 al 106): La autoridad administrativa alude: Respecto a los extremos que fueron declarado infundados • La demandante sigue insistiendo que tenía un acuerdo conciliatorio con el consumidor denunciante; sin embargo, no presentó nunca en el procedimiento administrativo el documento que acredite dicho acuerdo conciliatorio a fin de generar certeza de que el consumidor afectado haya aprobado algún acuerdo a entera satisfacción. En consecuencia, al no haber quedado acreditada la existencia de un acuerdo conciliatorio con el consumidor que satisfaga plenamente sus intereses, no correspondía acoger la excepción formulada, razón por la cual se declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por el Banco en ese extremo. • Respecto a la presunta falta de interés para obrar del consumidor denunciante y la presunta interpretación errónea de dicha condición jurídica por parte del Tribunal del INDECOPI, es lógico pensar que si no se acredita la existencia objetiva de un acuerdo conciliatorio que puso fin al conflicto antes de ser denunciado, no se puede pretender que el denunciante carecía de legítimo interés para obrar, siendo que por el contrario el consumidor denunciante continuó con el trámite de la denuncia. • El interés para obrar del particular denunciante no suspende, no deroga, ni afecta el deber de actuación de la autoridad administrativa en la sanción de las violaciones a la ley en este caso del Código, aunque tome conocimiento, por cualquier medio, de que se ha corregido la conducta o se ha mitigado el daño. La autoridad administrativa debe siempre actuar en cumplimiento de sus competencias legales y de su mandato, no puede desconocer la existencia de un posible hecho infractor del marco legal que tiene confiado cautelar en cumplimiento de sus funciones y sus deberes institucionales. Respecto a los extremos declarado improcedentes • Es preciso mencionar que el Banco en sede administrativa no logra sustentar su recurso de revisión con argumentos de derecho, únicamente señala Página 6 de 19 cuestiones de hecho pretendiendo un nuevo análisis y valoración de los hechos denunciados, así como de los criterios de graduación de la sanción impuesta, por lo que el Tribunal se vio en la obligación de declarar improcedente los mismos. b) De la Litisconsorte Necesario Pasiva: Se corrió traslado de la demanda a la litisconsorte, VÍCTOR GUILLERMO GOICOCHEA FLORES, quien no contestó la demanda dentro del plazo de ley; a pesar de encontrarse debidamente notificado conforme se corrobora de la cédula de notificación N.° 261026-2017-JR-CA, del 13 de octubre del 2017, obrante a folio 147. Por ello, en virtud del artículo 458 del Código Procesal Civil mediante Resolución Número Seis, del 26 de febrero del 2017, obrante de folio 149 al 151, se le declara rebelde. 2.3 SANEAMIENTO DEL PROCESO, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: Mediante Resolución Número Seis, del 26 de febrero del 2017, obrante de folio 149 al 151, se fija como punto controvertido: (cid:1) “1. Pretensión Principal: Determinar si procede o no, declarar la nulidad de la Resolución N.° 2264-2015/SPC-INDECOPI y de la Resolución Final N.° 156- 2015/INDECOPI-LAL. 2. Pretensión Autónoma (Subordinada): Se pronuncie sobre la excepción de conciliación planteada y se aplique de manera correcta el artículo 15 del Reglamento de Organización de Funciones del INDECOPI y el artículo 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en consecuencia se declare por concluido, dejándose sin efecto la sanción impuesta y demás medidas ordenadas; asimismo, el Juzgado deberá de efectuar una debida motivación conforme a Ley”. Se admiten los medios probatorios ofrecidos de las partes, se prescinde de la Audiencia de Pruebas y se ordena la remisión de los actuados al Ministerio Público. 2.4 OPINIÓN FISCAL: Página 7 de 19 Con el Dictamen Fiscal N.° 882-2018, del 16 de agosto del 2018, obrante de folios 154 al 165, emitido por la Décima Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima, en el que opina que la demanda debe ser declarada infundada. 2.5 AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR. Por Resolución Número Nueve, del 08 de mayo del 2019, a folio 174, se dispone póngase los autos a despacho a fin de dictar la correspondiente sentencia. III. PARTE CONSIDERATIVA. Finalidad del Proceso Contencioso Administrativo y tutela judicial efectiva. Primero: La Jurisdicción Contencioso Administrativo tiene por objeto la creación de un medio técnico – jurídico para el control de los órganos administrativos por el órgano jurisdiccional y lograr así, en principio, la defensa del orden jurídico contra los abusos y desviaciones, y secundariamente para la solución de los conflictos surgidos entre los particulares y la administración, con motivo de la lesión sufrida por aquellos a consecuencia de tales abusos y desviaciones del poder o la no prestación del servicio público que la ley otorga.1 Lo fundamental es que la administración responda ante los tribunales por sus actos.2 Éste Proceso Contencioso Administrativo busca asegurar el mantenimiento del orden público al imponer a la administración conducirse dentro del respeto a las reglas jurídicas reguladoras del ejercicio de sus facultades y prerrogativas y permitir a los afectados por la actuación pública a oponerse.3 Segundo: La finalidad precisada se encuentra contenida en el artículo 1 de la Ley N.º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo: “La acción contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los 1 Devis Echandía, Hernando. “Teoría General del Proceso”, Tomo I, página 93. 2 Bacacorzo, Gustavo. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, página 118. 3 Morón Urbina, Juan Carlos. “Derecho Procesal Administrativo”, página 348. Página 8 de 19 efectos de esta ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.” Precisiones de las cuestiones controvertidas. Tercero: La demandante BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, considera ilegal y/o arbitrario que se haya resuelto declarar infundado el recurso de revisión interpuesto contra la Resolución N.° 156-2015/INDECOPI-LAL, en el extremo referido a la presunta inaplicación de los artículos 15 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI y 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, dado que al no haber quedado acreditado la existencia de un acuerdo conciliatorio con el consumidor que satisfaga plenamente sus intereses, no correspondía que la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad acoja la excepción por conciliación formulada por el recurrente; así como el extremo referido a la presunta interpretación errónea del artículo 427 del Código Procesal Civil, en la medida que la subsanación de la conducta infractora antes de la interposición de la denuncia no da lugar a su improcedencia por falta de interés para obrar; de otro lado, al declararse la improcedencia del extremo referido a la presunta vulneración de los principios del debido procedimiento y de congruencia procesal, así como al deber de motivación ,por cuanto el recurrente no alegó la existencia de errores de derecho contenidos en el acto administrativo impugnado, limitándose a cuestionar situaciones de hecho y pretendiendo una nueva valoración de los medios de prueba presentados en el procedimiento; al igual por la improcedencia en el extremo referido a los cuestionamientos de la multa, puesto que el recurrente no alegó la existencia de un error de derecho que se encuentre contenido en el acto administrativo impugnado, pretendiendo una nueva graduación de la sanción impuesta. Por lo tanto, la controversia se reduce en establecer si corresponde se declare o no la nulidad de las Resoluciones N.° 2264-2015/SPC-INDECOPI, del 20 de julio del 2015 y N:° 0156-2015/INDECOPI-LAL, del 23 de febrero del 2015. Análisis del Caso. Página 9 de 19 Cuarto: Con relación al presunto error de derecho por interpretación erróneamente del artículo 427 del T.U.O del Código Procesal Civil: 4.1 El 08 de agosto del 2014, el señor Víctor Guillermo Goicochea Flores denunció ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad al Banco Internacional del Perú S.A.A.-INTERBANK por infracción de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, manifestando que el 16 de julio del 2014 intentó depositar el importe de S/. 1,450.00 Soles en un cajero automático del Banco; sin embargo, después de ingresar el número de la cuenta receptora y los respectivos billetes, el cajero en comentario se reinició intempestivamente, esto es, sin registrar transacción alguna ni emitir el respectivo voucher. 4.2 En su recurso de revisión y demanda, el Banco INTERBANK aduce para falta de interés para obrar del señor Goicochea afirmando que con anterioridad a la interposición de la denuncia sub litis, el Banco dio atención y solución al reclamo que el señor Goicochea les formuló ante la falta de procesamiento de la operación de depósito en uno de sus cajeros automáticos, emitiendo una Orden de Pago N.° 1421300959624 por el importe del reclamo. 4.3 Sobre el interés para obrar en los procedimientos sobre protección al consumidor, es un elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida; se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Es un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. 4.4 Nuestro Código Procesal Civil (de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos) establece en el numeral 2) del artículo 427 que el Juez declara improcedente la demanda cuando el demandante carezca de interés para obrar. Página 10 de 19 4.5 En el marco de los procedimientos administrativos, el artículo 107 de la Ley N.° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, preceptúa que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. 4.6 “De ello, se infiere que un presupuesto procesal para formular una denuncia en sede administrativa es la existencia de un agravio a un interés legítimo. Esta lesión debe tener un destinatario, que es el sujeto procesal a quien la conducta cuestionada le ha producido efectos desfavorables y en quien radica el interés para denunciar tal acto. Este interés debe ser personal y directo, de manera que quien formula la denuncia busque obtener del procedimiento un pronunciamiento que declare, proteja o defina sus derechos particulares, y no la protección general del Estado de Derecho, la legalidad o el interés difuso o colectivo de los consumidores, cuya protección o patrocinio corresponde a la Administración o a las asociaciones sin fines de lucro que estén legitimadas para ello”.4 4.7 De esa manera, a efectos de analizar la presunta interpretación errónea del artículo 427 del Código Procesal Civil, este Órgano Jurisdiccional deberá determinar si el señor Goicochea Flores denunciante posee un interés legítimo que no hay sido atendido por el Banco INTERBANK. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarar improcedente. 4.8 Ante la situación descrita en los considerando precedente sobre la subsanación de la conducta infractora o se ha mitigado el daño, tenemos que el artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor regula las circunstancias atenuantes especiales; así, dicho artículo contempla en su numeral 1) la denominada “subsanación voluntaria por parte del proveedor 4 Damián Medina, Omar Alfredo (2019) “Protección y Defensa del Consumidor. Jurisprudencia especializada”, segunda edición. Lima, editorial Grijley, pág. 99-100. Página 11 de 19 del acto u omisión imputado como presunta infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos”. El Legislador tomó en cuenta la subsanación voluntaria por parte del proveedor y consideró que la sanción debe ser atenuada cuando el infractor corrige, modifica o revierte la conducta infractora por acción u omisión, 4.9 En ese orden de ideas, es válido concluir que, si bien es cierto, antes que se notifique la imputación de los cargos de la denuncia interpuesta por el señor Goicochea, el Banco INTERBANK emitió la Orden de Pago N.° 1421300959624 por el importe del reclamo, la norma deja claro que el procedimiento se inicia de todas maneras con la imputación de cargos y que la subsanación voluntaria por parte del proveedor del acto u omisión imputado como presunta infracción administrativa no determina la culminación del procedimiento o la improcedencia de la acción infractora, sino únicamente la atenuación de la sanción que se imponga, de ser el caso. 4.10 Por las consideraciones expuestas, no corresponde amparar este extremo de la demanda contra la Resolución N.° 2264-2015/SPC-INDECOPI por presunta interpretación errónea del artículo 427 del T.U.O del Código Procesal Civil. Quinto: Con relación a la presunta interpretación errónea del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI y 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor: El numeral 1.2 del artículo IV, Título Preliminar del T.U.O de la Ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dice: “ Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inmplícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, (…) a exponer sus argumentos (…) a ofrecer y producir pruebas (…) a obtener una decisión motivada, fundada en derecho. (…)”; y los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6: “La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las Página 12 de 19 razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.” “No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”. Sexto: Sobre la motivación como requisito de validez del acto administrativo, el Tribunal Constitucional en la STC N° 2317-2010 PA) ha reiterado en el Fundamento 27: “Precisamente, uno de los contenidos básicos del derecho al debido proceso en sede administrativa es el derecho a la motivación de los actos administrativos. Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido que “motivar una decisión no sólo significa expresar (…) bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.” (STC 8495-2006-PA/TC, Fundamento 40).”; y en la STC N° 00728-2008-PHC, fundamento 7: “(…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. (…)”. Y en la STC N° 00728-2008-PHC/TC: “7. El derecho a la de da motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan de caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Página 13 de 19 Exp. N. 0 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.(…)” El Banco INTERBANK alega que pese a existir un acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, en atención a un reclamo formulado por el consumidor en el SAC-INDECOPI no declaró fundada la excepción formulada por la existencia de una “conciliación sin audiencia”. Agrega que, el exigirle el documento físico que reflejara la transacción resultaría un exceso por parte de la autoridad dado que establecía una formalidad no contemplada en las normas relativas a la conciliación. 6.1 Por otro lado, en su recurso de revisión sostiene al igual que en la demanda, lo siguiente: • Queda claro entonces, que el Servicio de Atención al Ciudadano ostenta facultades para mediante la conciliación solucionar controversias de consumo; así para dicho fin, esta dependencia ha implementado en coordinación con la Secretaría General, órgano del que depende, el procedimiento denominado, “Procedimiento para la solución y tramitación de reclamos en el SAC”, el cual es un procedimiento signado con el Código GEG-sac-01-P y acreditado con el ISO 9001:2008 (equivalente a la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9001:2009). Queda claro entonces que esta certificación implica que el INDECOPI, a nivel institucional, cuenta con un servicio brindado por el SAC para procurar que las partes puedan llegar a la solución del reclamo mediante un acuerdo conciliatorio que vincule a ambas partes. Página 14 de 19 • El procedimiento en comentario desarrolla todas las etapas que se deben seguir desde la presentación del reclamo, que es puesto en conocimiento del proveedor reclamado quien puede brindar una solución de manera escrita, telefónica o mediante correo electrónico. Recibida la respuesta, el Asesor SAC se contactará con el consumidor y de corresponder se procederá a la conclusión del reclamo, siendo los modos de conclusión los definidos en el Anexo A: ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN (…) (…) (…) (…) 5 Comunicación Proveedora Se comunica por vía telefónica, del Proveedor escrita, personal o a través del correo electrónico, con el Asesor Asesor SAC SAC responsable del reclamo. Procura, luego de efectuado el descargo por parte del proveedor, a través de la comunicación escrita, telefónica, a través del correo electrónico o personalmente, un acurdo entre las partes. (…) (…) (…) (…) (…) 8 Conclusión del Asesor SAC/ Asistente Concluye el reclamo de acuerdo Reclamo Administrativo con los modos de conclusión indicados en el Anexo A. Registra el modo de conclusión de los reclamos en el SSR. (…) Anexo A Los modos de conclusión de un reclamo pueden ser los siguiente: Página 15 de 19 A) Conciliado En los casos que se ha llegado a un acuerdo, pueden presentarse los siguientes casos: 1) Sin audiencia Cuando las partes llegan a un acuerdo de manera verbal, sin que se lleve a cabo una audiencia de conciliación. FECHA DE CONCLUSIÓN a) (…) b) En los demás casos, considerar lo siguiente: • Cuando el consumidor queda conforme con el escrito de descargo, se concluye el reclamo en la fecha en que éste comunica su conformidad. • Cuando el consumidor informa por cualquier medio de la solución del reclamo, la fecha de conclusión en el SSR será la fecha de solución efectiva del mismo. • Cuando el proveedor comunica la solución del problema sin adjuntar documentación alguna que acredite este hecho y el consumidor no confirma la solución, se envía carta al consumidor (M-SAC-08). En dicho caso, se establecen los siguientes supuestos: - En caso el proveedor, remita documentación suscrita por el consumidor, que sustente el acuerdo verbal, se archivará el reclamo en la fecha de suscripción de dicha documentación. - Si el consumidor no se comunica en el plazo otorgado en la carta, la fecha de conclusión será al término del plazo, indicando de dos días hábiles de recibida la misma. - Si el consumidor confirma el cumplimiento del Página 16 de 19 acuerdo verbal, se concluye el reclamo en la fecha en la cual se precise su cumplimiento. 2) Con audiencia (…) 6.2 Al respecto en la resolución que causa estado el Tribunal del INDECOPI argumenta: “ De la pretendida excepción de conciliación(…)3. Si bien, el señor Goicochea con anterioridad a la formulación a la presentación de la denuncia tramitó un reclamo por estos hechos ante el SAC de la ORI La Libertad; de la revisión de los actuados de dicho reclamo, no obra el acta de conciliación o documento que refleje el acuerdo conciliatorios entre las partes. 4. Del sistema de seguimiento de atención de reclamos cuyo “print de pantalla” adjuntó el Banco, aparece como concluido con “conciliación sin audiencia” sin embargo no se aprecia en qué términos se llegó a dicha conciliación. 5. Y aun cuando el 5 de agosto del 2014 el Banco envío una carta al denunciante manifestando que procedió a emitir una orden de pago (…) por el importe en cuestión, no existe un documento que refleje que el denunciante hubiera manifestado su conformidad, anuencia o aceptación al ofrecimiento efectuado, tampoco alguna señal o manifestación que lleve a concluir el deseo del denunciante de retirar su reclamo o dar por satisfecha su pretensión. 6. Cabe precisar que el SAC es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que el INDECPOPI pone a disposición de los consumidores a efectos que puedan canalizar sus reclamos de manera rápida y gratuita con la finalidad que puedan solucionar la controversia a través de un acuerdo con el proveedor.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

8° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12184-2015-0-1801-JR-CA-08 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : CESPEDES RIGUETTI MANUEL MARTIN ESPECIALISTA : AMAYA SOSA VICTOR AUGUSTO DEMANDADO : SAT. DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES Y FEDERICO VILLARREAL SA , Resolución Nro. 08 Lima, veintitrés del mes de agosto del dos mil diecinueve.- Por recibido los presentes autos de la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; AUTOS Y VISTOS Y Atendiendo: A que en el presente proceso, el Superior Jerárquico ha CONFIRMADO la resolución Número seis de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, que resuelve declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia, Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00066818, debiendo la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la demandante en ese sentido: CUMPLASE CON LO EJECUTORIADO; Avocándose al conocimiento de la presente causa el Juez que suscribe por disposición Superior; NOTIFÍQUESE.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : 12184-2015 Demandante : Empresa de Transportes Federico Villarreal S.A. Demandado : Servicio de Administración Tributaria – SAT Materia : Nulidad de Resolución Administrativa Proceso : Especial SENTENCIA DE VISTA Resolución Numero NUEVE Lima, diez de junio del dos mil diecinueve.- VISTOS; En discordia, con los Expedientes administrativos acompañados, interviniendo como ponente de la misma la señora Juez Superior Cabello Arce, y los votos de las señoras Juezas Superiores Bonilla Cavero y Hermoza Castro; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene en apelación ante esta sala la Sentencia (Resolución número 06) de fecha 22 diciembre 2016 obrante de fojas 64 a 68 de autos, que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179- 158-00066818 de fecha 18 junio 2015, y ordenó a la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la demandante de conformidad con los lineamientos dados en la sentencia. La apelación fue interpuesta por la entidad demandada, y concedida por resolución número 07 obrante a fojas 76 de autos. SEGUNDO.- En su recurso de apelación de fojas 73 a 75 de autos, el Servicio de Administración Tributaria expone en síntesis los siguientes agravios: i. Si bien la Resolución de Gerencia Central Normativo señala que se ha agotado la vía administrativa, la misma no contiene un pronunciamiento respecto de alguna resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, por lo cual no es un acto que cause estado susceptible de ser impugnado judicialmente a través de la acción contenciosa administrativa; en ese sentido, lo peticionado por la demandante se encuentra incurso en causal de improcedencia prevista en el numeral 3 del artículo 23° de la Ley 27584. TERCERO.- El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente. En tal virtud, corresponde determinar si la decisión impugnada de la A quo se encuentra arreglada a derecho . CUARTO.- En el caso de autos la empresa demandante pretende se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18 junio 2015, que resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria ficta del descargo presentado contra el Acta de Control No. C501702 de fecha 07 enero 2014. QUINTO.- De la revisión del expediente administrativo se verifica lo siguiente: i. Actas de Control N° C501702 de fecha 07 enero 2014 (fojas 13 E.A.), recaída sobre el vehículo de placa de rodaje N° UI9719, por la comisión de la infracción N-61, consistente en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación”, el conductor no se identificó. Con fecha 15 mayo 2014, la empresa de transportes demandante presentó su descargo (fojas 07 a 10 E.A.). ii. Mediante Dictamen de la Gerencia de Impugnaciones N° 267-189-00041753 de fecha 16 junio 2014 (fojas 15 E.A.), se opinó por declarar infundado el descargo. iii. Con fecha 11 julio 2014, la empresa de transportes Federico Villareal S.A., ahora demandante, solicitó la aplicación del silencio administrativo negativo (fojas 18 a 20 E.A.). iv. Mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18 junio 2015 (fojas 26 E.A.), se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la E.T. Federico Villareal S.A. contra la denegatoria ficta del descargo presentado contra el Acta de Control N° C501702; asimismo, se ordenó proseguir con la cobranza de la deuda y se dio por agotada la vía administrativa. SEXTO.- Respecto al Procedimiento Sancionador corresponde citar el siguiente marco normativo: i) Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, artículo 235°: “Artículo 235.- Procedimiento sancionador Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: ( .…)3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado,(..) para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento”. (Resaltado y subrayado agregado) 2 ii) Ordenanza N° 1599, regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, publicada el 19 de abril de 2012 : Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el descargo presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor. Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción: 94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución. 94.2 Constituye obligación de las autoridades competentes el cumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior; sin embargo, su vencimiento no exime de la responsabilidad de emitir la resolución correspondiente. Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. Artículo 96.- De la Conclusión del procedimiento El procedimiento sancionador concluye con: 96.1 La Resolución de Sanción. 96.2 La Resolución de archivamiento. 96.3 El pago voluntario del total de la sanción pecuniaria. SÉTIMO.- Para revolver el tema puesto en debate, es importante remarcar que la administración debe tener en cuenta el numeral 1.2 del inciso 1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que alude al “Principio del debido procedimiento”- indicando que - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” De igual forma, el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 5514-2004-AA/TC en su fundamento 3, indica que: “el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución, tal como lo ha recordado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionatorios”. OCTAVO.- Bajo ese contexto y absolviendo en conjunto los agravios propuestos, de autos se colige que, luego de haberse puesto en conocimiento del actor la infracción imputada, éste presentó su descargo; en ese sentido la entidad administrativa tenía que emitir la resolución de sanción correspondiente, o la resolución de archivamiento. Es contra 3 la resolución de sanción que resulta procedente la interposición del recurso de apelación conforme establece el artículo 95° de la Ordenanza 1599-MML. Sin embargo, de la revisión de los actuados en el expediente administrativo, así como en el expediente judicial, NO se advierte que la administración haya emitido la correspondiente resolución de sanción que determine la imputación de responsabilidad y la correspondiente sanción, o caso contrario, la resolución de archivamiento. NOVENO.- Por lo expuesto, resulta irregular que mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 la administración equivocadamente “admita” el acogimiento al silencio administrativo negativo formulado por el actor como si fuera un recurso de apelación; pues si no existe ninguna resolución de sanción en la cual la administración expresamente resuelva sancionar al demandante, no es posible que se admita un recurso contra dicha resolución. Dicha situación se agrava al advertirse que la referida resolución de gerencia, ordena proseguir con la cobranza de la deuda y da por agotada la vía administrativa, pese a que no existe ninguna resolución por la cual se sancione a la actora, siendo evidente la vulneración al debido proceso por parte de la administración, pues pretende hacer efectivo el cobro de una multa, sin antes haber seguido el procedimiento que establece la norma. DÉCIMO.- En consecuencia, se advierte que la referida Resolución de Gerencia Central de Normativa incurre en causal de nulidad contemplada en el numeral 1 del artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444; toda vez que ha sido expedida sin respetar el debido procedimiento establecido en el artículo 235° de la Ley N° 27444 y el artículo 95° de la Ordenanza 1599-MML. DÉCIMO PRIMERO.- Por lo expuesto, corresponde que la administración tramite el procedimiento administrativo sancionador conforme establece la ley de la materia, respetando los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, que es donde analizara la validez de la infracción impuesta mediante el Acta de Control N° C501702. Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, con lo opinado por el Ministerio Público en su dictamen de fojas 91 a 96, RESOLVIERON CONFIRMAR la sentencia apelada (Resolución número 06) de fecha 22 diciembre 2016 obrante de fojas 64 a 68 de autos, que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18 junio 2015, debiendo la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la demandante de conformidad con los lineamientos dados en la sentencia. Notifíquese.- 4 CABELLO ARCE BONILLA CAVERO HERMOZA CASTRO EL VOTO DIRIMENTE DE LA SEÑORA MAGISTRADA HERMOZA CASTRO ES COMO SIGUE: Me adhiero al voto de la señora Cabello Arce.- HERMOZA CASTRO EL VOTO DE LA SEÑORA BONILLA CAVERO, ES COMO SIGUE: Me adhiero al voto de la señora Dra. Cabello Arce.- BONILLA CAVERO EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR JUAREZ JURADO, AL QUE SE ADHIERE EL SEÑORA MAGISTRADO RUIZ TORRES, ES COMO SIGUE: VISTOS; En Audiencia Pública, con el expediente administrativo acompañado, y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal1, e interviniendo como ponente el señor Juez Superior Eder Juárez Jurado; y, CONSIDERANDO: ASUNTO: Es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N° 062 de fecha 22.12.2016, que declara Fundada la demanda y en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18.06.2015, debiendo la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el demandante de conformidad con los lineamientos establecidos en los considerandos de la presente resolución. En mérito del recurso de apelación3 1 De fojas 91 a 96. 2 De fojas 64 a 68. 3 De fojas 73 a 75. 5 interpuesto el Servicio de Administración Tributaria – SAT; concedidos por Resolución N° 074 de fecha 31.01.2017, con efecto suspensivo. AGRAVIOS FORMULADOS POR LA PARTE APELANTE: La demandada SAT en su escrito de apelación de fecha 17.01.20175, expresa los siguientes agravios relevantes: En el procedimiento administrativo sancionador no se ha emitido resolución de sanción; por lo que la pretendida nulidad que solicita respecto al procedimiento administrativo sería improcedente. Si bien la Resolución de Gerencia señala que se agota la vía administrativa, la misma no contiene un pronunciamiento respecto de alguna resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, toda vez que el acta sobre el cual se pronuncia es un pronunciamiento previo a la imposición de la sanción. Siendo la Resolución de Gerencia Central de Normativa no es un acto que cause estado susceptible de ser impugnada judicialmente a través de la acción contenciosa administrativa lo peticionado por el demandante se encuentra incurso en la causal de improcedencia de la demanda prevista en el artículo 23.2 de la Ley N° 27584. ANTECEDENTES: De la revisión del expediente administrativo, se aprecia lo siguiente: 1) Por Acta de Control N° C501702 de fecha 07.01.20146, se informa que el conductor del vehículo de placa de rodaje N° UI-9719 -quien se negó a ser identificado-, incurrió en la presunta comisión de la infracción con Código N-61 de la Ordenanza N° 1599 que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, que consiste, en: “No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación". 2) Por Formulario de descargo de infracciones7 presentado el 15.05.2014, la ahora demandante Empresa de Transportes Federico Villarreal S.A. presenta su descargo contra dicha Acta de Control, solicitando su nulidad 3) Por Dictamen de la Gerencia de Impugnaciones N° 267-189-00417538 de fecha 16.06.2014, el SAT declara Infundado el descargo presentado por la empresa recurrente, proponiendo la aplicación de sanción correspondiente. 4) Por escrito de fecha 11.07.20149, la referida empresa hoy demandante formula apelación contra la resolución denegatoria ficta de su escrito de descargo que presentara. 5) Por Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 su fecha 18.06.201510, el SAT declara Desestimado el recurso de apelación presentado, disponiendo en consecuencia se prosiga con la cobranza de la deuda y se tenga por agotada la vía administrativa 4 A fojas 76. 5 Fojas 73 a 75. 6 Folios 06 del expediente administrativo. 7 Folios 07 a 10 del expediente administrativo. 8 Folios 15 del expediente administrativo. 9 Folios 18 a 20 del expediente administrativo. 10 Folios 26 del expediente administrativo. 6 FUNDAMENTOS: Consideraciones generales del recurso de apelación.- PRIMERO.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo señalado por el artículo 1 de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contencioso administrativa (proceso contencioso administrativo) tiene por objeto el control de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. SEGUNDO.- Que, en virtud del derecho a la doble instancia y del recurso de apelación, los órganos jurisdiccionales jerárquicamente superiores, examinan el resultado de la actividad de los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, pronunciándose sobre su validez o invalidez, confirmándola, anulándola o revocándola, conforme lo dispuesto en el artículo 364° del Código Procesal Civil. En este sentido, el recurso de apelación permite a su vez hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional ante probable error de hecho o de derecho en que el A-quo pudiera incurrir en el desarrollo del proceso o en la solución de la litis. Cabe a su vez precisar que en el recurso de apelación, la competencia del juez superior en el conocimiento del recurso, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Así, a decir de Marianella Ledesma Narváez: “El agravio es la medida de la apelación”11. La Corte Suprema señala también al respecto en la Casación Nº 136-96-Piura que: “[l]a extensión de los poderes de la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita el conocimiento del superior, recogido históricamente en el aforismo: tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual, el Tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”12. De la delimitación de la cuestión controvertida a resolver en la presente resolución.- TERCERO.- Que, de la demanda incoada, la sentencia expedida y los agravios formulados por la parte apelante, se tiene que la cuestión controvertida a resolverse en la presente resolución será: Determinar si la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 materia de autos y la sentencia expedida por el A-quo, se encuentras ajustadas a derecho o han sido dictadas contraviniendo la normatividad legal aplicable. Teniéndose en consideración que en su escrito de demanda, la hoy demandante pretende la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 su fecha 18.06.2015, que desestima el recurso de apelación presentado por la hoy demandante contra la denegatoria ficta de su escrito de descargo presentado contra el Acta de Control N° C501702 de fecha 07.01.2014. De la normatividad vinculada al caso de autos.- 11 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Primera Edición, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 176. 12 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Op. Cit. Pág. 150. 7 CUARTO.- Que, vinculada a la materia sobre la que versa la Resolución de Gerencia Central de Normativa materia de impugnación en la presente causa, es la Ordenanza N° 1599-MML (que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana); así tal norma dispone lo siguiente: Artículo 84.- Formas de inicio del Procedimiento Sancionador 84.1 El procedimiento sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se inicia: a. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTU cuando tome conocimiento de la infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior, petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos. 84.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables. Artículo 91.- Del plazo para la presentación de descargos 91.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SFT. En el descargo presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor (…). Artículo 94.- De la emisión de la Resolución de Sanción 94.1 La Resolución de Sanción será emitida por la SFT dentro del término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se consideran probadas constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución (…). Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días hábiles (…). Artículo 95.- De los Recursos Administrativos 95.1 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación. 95.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. Artículo 96.- De la Conclusión del procedimiento El procedimiento sancionador concluye con: 96.1 La Resolución de Sanción. 96.2 La Resolución de archivamiento. 96.3 El pago voluntario del total de la sanción pecuniaria. Asimismo, se tiene que la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, dispone lo siguiente: - Artículo 206.- Facultad de contradicción 206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente. 206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 8 ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Artículo 212.- Acto firme Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o (...) Finalmente, se tiene que a su vez la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, dispone a su vez lo siguiente: Artículo 20.- Agotamiento de la vía administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales. Artículo 23.- Improcedencia de la demanda La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos: (...) 3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley. QUINTO.- Que, como se advierte de la normatividad descrita, se tiene que es la decisión que da por concluida el procedimiento administrativo y que incluso debe adquirir firmeza, la que puede válidamente ser objeto de revisión jurisdiccional vía proceso contencioso administrativo. No cualquier resolución. En tal sentido, dentro de lo previsto en la referidas Ordenanza N° 1599-MML, el procedimiento sancionador culmina -entre otros- con la Resolución de Sanción; ergo, el referido procedimiento se encuentra en trámite en tanto la autoridad administrativa no expida la referida resolución de sanción; ergo, en tanto no se expida dicha decisión no existe resolución firme y tampoco resolución administrativa que impugnar válidamente en sede jurisdiccional. Dentro del procedimiento regulado en la Ordenanza N° 1599-MML es la Resolución de Sanción -que habiendo adquirido firmeza (agotada la vía administrativa)- la que habilita su impugnación en sede judicial; caso contrario la demanda es improcedente por aplicación estricta del artículo 20 y 23 de la Ley N° 27584. Una revisión jurisdiccional vía el proceso contencioso administrativo de otras resoluciones que no sea la definitiva (resolución de sanción, por ejemplo) dentro del procedimiento previsto en la Ordenanza N° 1599-MML, deviene en insulsa, dado que no hay sanción u otra forma de agotamiento del procedimiento sancionador que afecte los derechos e intereses de la parte demandante. Al no haber resolución de sanción, no hay tampoco eventual ejecución forzada. La resolución de sanción es la que habilita el recurrir válidamente en sede judicial. 9 De la verificación del agotamiento de la vía administrativa en el caso de autos.- SEXTO.- Que, siendo ello así, de la revisión de los actuados en sede administrativo, se tiene que la Resolución de Gerencia Central de Normativa que impugna la parte recurrente, no constituye una decisión que haya puesto fin al procedimiento administrativo sancionador, es decir, no constituye una decisión que en definitiva instancia la Administración se pronuncie respecto de la imposición de sanción correspondiente, dado que en el presente caso la Resolución de Gerencia Central de Normativa impugnada, se pronuncia respecto del recurso de apelación que la hoy demandante formulara contra la resolución denegatoria ficta de su escrito de descargo que presentara contra el Acta de Control que le fuera impuesta. Es decir, en el trámite del presente cuaderno o expediente administrativo, no gira en torno a la impugnación de una resolución de sanción; la referida Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 su fecha 18.06.201513, no gira en torno a la impugnación de sanción alguna. Y, el hecho que en el expediente administrativo acompañado obre el Reporte Histórico de Papeleta14, en la que se lee la posible expedición de Resolución de Sanción (RS) N° 17605600249132 de fecha 21.07.2014 y que fuera a su vez notificado a la hoy demandante (ello dice el referido Reporte) con fecha 31.07.2014, no valida la relación procesal en los presentes autos, dado que el expediente administrativo materia de autos y -sobre todo- la Resolución de Gerencia Central de Normativa materia de impugnación en autos, no gira en torno a dicha resolución de sanción, sino a un incidente previo a la resolución de sanción, como es una supuesta denegatoria ficta del descargo que presentara la hoy demandante, lo cual no resulta ser impugnable dado que dentro del procedimiento administrativo sancionador dicha resolución no agota la vía administrativa per se, dado que es contra la Resolución de Sanción (expedida en el expediente administrativo de autos) contra el cual debió la demandante agotar la vía administrativa, y de ser el caso impugnarla judicialmente. Por los fundamentos expuestos, NUESTRO VOTO ES POR: REVOCAR la Sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 22 de mayo del 2016, que declara Fundada la demanda y en consecuencia Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18 de junio del 2015, debiendo la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el demandante de conformidad con los lineamientos establecidos en los considerandos de la presente resolución; por lo que REFORMÁNDOLA se declare IMPROCEDENTE la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa. Notifíquese y consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, devuélvase al Juzgado que elevó el presente expediente. RUIZ TORRES JUAREZ JURADO 13 Folios 26 del expediente administrativo. 14 Folios 25 de expediente administrativo. 10

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolás de Pierola N° 673 - 677, 4to. Piso – Cercado de Lima EXP. N° 12184-2015 SS. RUIZ TORRES CABELLO ARCE JUAREZ JURADO Resolución N° 07 Lima, cinco de abril de dos mil diecinueve.- Dado cuenta; en la fecha, con los presentes autos y el voto emitido por la Magistrada Bonilla Cavero, continuando la discordia, la cual es como sigue: la ponencia del señor Juez Superior Juárez Jurado, que suscribe el señor magistrado Ruiz Torres, es porque se revoque la sentencia apelada de fecha 20 de octubre de 2017, que declara fundada la demanda y en consecuencia nula la resolución administrativa impugnada, y reformándola se declare improcedente la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa; y, el voto en discordia de la señora Juez Superior Cabello Arce, que es porque se confirme la sentencia apelada que declaro fundada la demanda, voto al que se adhiere la señora magistrada Bonilla Cavero; por lo que siendo ello así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Resolución N° 313- 2014-P-CSLI/PJ: Llamaron al designado por ley, y SEÑALARON vista de causa en discordia para el próximo VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, en curso a horas tres de la tarde, fecha en la cual los abogados de las partes que oportunamente lo soliciten podrán rendir sus informes orales. Notificándose.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Av. Nicolás de Pierola N° 673 - 677, 4to. Piso – Cercado de Lima EXP. N° 12184-2015 SS. RUIZ TORRES CABELLO ARCE JUAREZ JURADO Resolución N° 05 Lima, diez de enero Del dos mil diecinueve.- DADO CUENTA: en la fecha, y habiéndose producido discordia, la misma que es como sigue: la ponencia del Señor Juez Superior Juarez Jurado, es por Revocar la Sentencia contenida en la Resolución número 06 de fecha 22 de diciembre del 2016 que declara fundada la demanda, y Reformándola se declara improcedente la demanda por falta de agotamiento de la via administrativa, voto al cual se adhiere el señor Juez Superior Ruiz Torres; el voto en discordia de la Señora Juez Superior Cabello Arce, es por que se Confirme la sentencia apelada de fecha 22 de diciembre del 2016, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, Nula la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00066818 de fecha 18 de junio 2015, debiendo la entidad demandada dar trámite al procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la demandante de conformidad con los lineamientos dados en la sentencia, por lo que siendo ello así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Organica del Poder Judicial: Llamaron como dirimente al Señor Juez Superior, designado por ley, conforme a lo dispuesto por Resolución Administrativa N° 071-2009-P- CSJLI/PJ; Señalándose Vista de la Causa en discordia para el día miercoles veinte de marzo del dos mil diecinueve, a horas nueve de la mañana. Notificándose.- jog

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE LIMA Juez: MEDINA PERALTA CESAR ANGEL Fecha: 25/11/2016 19:23:11 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente : N° 12225-2015 CORTE SUPERIOR DE LIMA Secretario: SIALER NIQUEN, Demandante : Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. CARLOS ALBERTO Fecha: 25/11/2016 19:24:16 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL Demandado : Servicio de Administración Tributaria - SAT D.Judicial: LIMA/LIMA FIRMA DIGITAL Materia : Nulidad de Resolución Administrativa Secretaria : Carlos Alberto Sialer Niquén SENTENCIA N° 185-2016-7JECA Resolución Número Cinco Lima, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Puestos los autos a Despacho para sentenciar, con el Dictamen Fiscal de opinión porque se declare infundada la demanda; quedando los autos expeditos para ser resueltos, en el proceso seguido por la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT, sobre nulidad de resolución administrativa. I. ANTECEDENTES: De la demanda: 1. Con escrito del seis de noviembre dos mil quince, de fojas dieciséis a veintiuno de autos, la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. representada por su gerente general Samuel Alberto Aguilar Barrientos (en adelante “la demandante”), interpone demanda contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT (en adelante “la demandada”), pretendiendo se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158- 00053241 del trece de mayo de dos mil quince, que declara infundado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 17605600304013 (pretensión principal); y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N° 17605600304013 del dos de setiembre de dos mil catorce, expedida como efecto de la emisión del Acta de Control N° C550470 (pretensión accesoria). 2. Como argumentos principales de su demanda, señala que: 2.1 Su representada tomó conocimiento de la imposición, sin intervención, del Acta de Control N° C550470 por la infracción con Código N61, que consiste en: "No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación", la misma que no es de su responsabilidad, conforme se plasmó en sus escrito de 1 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO descargo, lo que no fue tomado en cuenta por la autoridad administrativa, dado que al no haber sido intervenida la unidad vehicular, se le impidió de manera deliberada la actuación de medios probatorios importantes, como de la toma fotográfica que es la que da constancia de la hora y fecha exactas y concordantes con los datos proporcionados por el inspector de tránsito en la supuesta intervención, siendo el acto administrativo, pasible de un claro abuso y acto de arbitrariedad. 2.2 No se ha respetado el debido proceso al no ser su representada, responsable de este singular acto, lo que no se ha tomado en cuenta al expedirse la resolución de sanción, no obstante haber argumentado acerca de los errores de tipicidad y configuración de la infracción y de no haber existido una debida intervención, sin respetarse el debido procedimiento sancionador y lo argumentado por su parte, aunado a la no exhibición de la toma fotográfica solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ordenanza N° 1599, lo que amerita la nulidad de las resoluciones impugnadas. De la admisión y contestación de la demanda: 3. Mediante Resolución número uno del tres de diciembre de dos mil quince, a fojas veintidós a veintitrés de autos, se admite a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial, la misma que es contestada por el representante de la entidad demandada con escrito del veintiocho de diciembre de dos mil quince de fojas treintiuno a treinticuatro de autos, solicitando se declare infundada en su oportunidad. 4. Expone entre sus principales fundamentos que: 4.1 Dentro del procedimiento administrativo iniciado por el demandante, éste no acredita fehacientemente sus argumentos para desvirtuar la imposición del Acta de Control N° C550470 cometida de Código N67 [sic], elaborada por el inspector municipal. 4.2 Para la Administración Tributaria - SAT, las actuaciones del inspector municipal tienen todo el peso justiciable, causando presunción de verdad sobre su actividad, ya que al verificar y constatar los hechos ocurridos, procede a imponer la sanción que en atribución a sus funciones la ley señala, y que se encuentra amparado en el principio de autoridad que le da el Estado, correspondiendo a los administrados, aportar pruebas, siendo que lo fundamentado por el demandante no ha sido suficientemente contundente para enervar los fundamentos de la resolución impugnada. 2 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 4.3 El demandante sostiene que el Acta de Control N° C550470 ha sido impuesto indebidamente por parte del inspector municipal, pues no cometió la infracción; sin embargo, de la revisión de los fundamentos y pruebas que obran en el expediente, se puede verificar que el inspector municipal verificó la comisión e la infracción, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente (Ordenanza N° 1599), no resistiendo su versión, el más mínimo análisis lógico jurídico, siendo que en este tipo de procesos, será el expediente administrativo, la pieza fundamental para dilucidar los hechos materia del presente litigio. 4.4 El demandante solo aporta dichos y no pruebas concretas que enerven la sanción impuesta, conforme al reglamento de tránsito, siendo una demanda temeraria que lo único que buscaría es sustraerse de la acción sancionadora respecto a su falta, que conlleva una actitud al abuso del derecho que no puede ser amparada por ningún órgano jurisdiccional. Del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y dictamen fiscal: 5. Mediante Resolución número dos del veintinueve de enero de dos mil dieciséis de fojas treinticinco a treintiséis de autos, se tiene por contestada la demanda en los términos que se indican, se procede a expedir el auto de saneamiento procesal, fijándose los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios de las partes; con Resolución número cuatro del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis obrante en autos, se pone a conocimiento de las partes el Dictamen Fiscal, y se dispone además dejar los autos en Despacho para sentenciar, avocándose al conocimiento de la presente causa el señor magistrado titular que suscribe, en mérito de lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 438-2016- P-CSJLI/PJ1, por lo que en atención a ello y en mérito de la razón que antecede, el estado procesal es el de expedir sentencia. II. FUNDAMENTOS: SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA PRIMERO: De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo establece el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Ahora bien, resulta pertinente indicar que para realizar el análisis de la controversia sometida al presente proceso judicial, debe 1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27.07.2016. 3 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tomarse en cuenta que el derecho de acción constituye conjuntamente con el derecho de contradicción, manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional, cuya naturaleza es constitucional y forma parte de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, cabe precisar que si bien el derecho de acción permite acceder al órgano jurisdiccional para que se declare, reconozca o ejecute un derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley, ello no debe significar que el pedido necesariamente vaya a ser amparado, dado que tal situación, sólo se podrá determinar al momento de expedir sentencia cuando se aplique el derecho al caso en concreto.------------------------ SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS SEGUNDO: Conforme aparece de la demanda y la contestación de la demanda, este Juzgado deberá determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00053241 del trece de mayo de dos mil quince, que declara infundado su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción N° 17605600304013 (pretensión principal); y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución de Sanción N° 17605600304013 del dos de setiembre de dos mil catorce, expedida como efecto de la emisión del Acta de Control N° C550470 (pretensión accesoria); lo cual se ha fijado como punto controvertido a efectos de emitir un pronunciamiento válido.------------------------------------ SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL TERCERO: Ahora bien, habiéndose establecido los puntos controvertidos y para efectos de entrar al análisis de los hechos a luz de la ley aplicable, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales: (…) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso2 (énfasis nuestro). Del mismo modo, el Guardián de la Constitución en el fundamento cuarto de la Resolución del Expediente Nº 00966-2007- AA/TC señala: La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado (….). En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (….) corresponde resolver. En atención a ello, esta judicatura 2 Cfr. STC 03722-2006-AA/TC, Fundamento 2. 4 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO procede al análisis, desarrollo y resolución de la presente litis, siguiendo las líneas directrices dispuestas por el Máximo Intérprete de la Constitución.---------------------------- SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CUARTO: Conforme se aprecia de la sentencia descrita en el fundamento anterior, corresponderá a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto a todas las pretensiones postuladas por los justiciables, no pudiendo incurrir en omisión, alteración o exceso, debiendo existir concordancia e identidad entre lo formulado por las partes y decisión a la que arribe el juzgador; esto, en virtud del principio de congruencia, dado que las resoluciones deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; es decir, debe existir identidad entre las pretensiones y decisión emitida en la sentencia, a fin de emitir pronunciamiento. Ello, no obstante el principio de congruencia relativa, que en el proceso contencioso administrativo, permite una declaración más allá del mero juicio de legalidad, sino también, sobre la base de la facultad de decisión judicial de plena jurisdicción. ------------------------------------------------------------------------- QUINTO: Respecto a lo alegado por la empresa demandante, de que la imposición de la sanción por la infracción con Código N61, prevista como: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación, no es de su responsabilidad, debido a que la unidad vehicular no habría sido intervenida, y, por otro lado, se le habría impedida la actuación de los medios probatorios, en particular, lo referido a la [existencia de la] toma fotográfica que es la que da constancia de la hora y fecha exactas de la supuesta intervención, corresponde señalar lo siguiente: I) en principio, es necesario precisar que el presente caso versa sobre la comisión de la infracción al Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML publicada el diecinueve de abril de dos mil doce, cuerpo normativo que tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir para prestar el servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, los procedimientos administrativos para el otorgamiento de títulos habilitantes y establece las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas; II) El vigente y aplicable a los hechos, artículo 87 de la disposición legal descrita en el numeral anterior establece el procedimiento ante la negativa de entregar documentación solicitada por parte del conductor intervenido, señalando que: En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentación solicitada, el inspector deberá: 87.1 Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán coincidir con los consignados en el acta de control respectiva. 87.2 5 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Luego, en el acta de control, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o documentos que el intervenido se negó a entregar. Finalmente, señalará en el acta el nombre de la persona encargada del operativo, procediendo ambos a suscribirla. En atención a ello, de la revisión de los actuados administrativos incorporados en el expediente, se advierte que la Administración demandada ha cumplido con realizar el procedimiento antes descrito, en tanto que los datos consignados en el Acta de Control N° C550470 a fojas cincuentitrés de autos, cumplen con los requisitos ahí descritos, es decir, se dejó constancia de la negativa a identificarse del conductor del vehículo de placa C1D771, por ende, a firmar la misma; asimismo, la toma fotográfica obrante a fojas cincuenticuatro, reflejan los datos de identificación del vehículo intervenido, resultando trascendente precisar, que existe coincidencia en la fecha y hora de la imposición de la sanción entre ambas instrumentales valoradas de conjunto, las mismas que, incluso, por disposición del artículo 673 de la Ordenanza N° 1599- MML, sustentan de manera individual y alternativa, las infracciones previstas en la señalada ordenanza, siendo que en el presente caso, se acredita la infracción, entonces, con suficiencia probatoria. III) Asimismo, de la revisión del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas cincuenticinco de autos, se advierte que con fecha siete de julio de dos mil catorce, la empresa ahora demandante fue notificada con el Acta de Control N° C550470 (ver Pre Coactiva del referido reporte histórico); al ser ello así, el fundamento de la no intervención del vehículo asumido por la emplazante, así como de la supuesta inexistencia de la toma fotográfica a la que no habría accedido, deviene en inconsistente e inverosímil, mas si de los actuados administrativos, no se aprecie solicitud alguna formulada por la empresa demandante, de haber peticionado el otorgamiento o acceso a dicha toma fotográfica, que, como ha quedado evidenciado, fue captada en la misma fecha y hora de elaboración del Acta de Control N° C550470 que, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la aplicable Ordenanza N° 1599-MML, contiene los resultados de la acción de control de campo, esto es, reflejan la realidad identificada in tempore y in situ (en tiempo y lugar), por parte del inspector municipal interviniente. De ahí que, no se puede inferir vulneración alguna del debido procedimiento ni actuación arbitraria por parte de la Administración y la supuesta no intervención del vehículo de placa C1D771 como asume la empresa demandante, en tanto que los hechos vertidos en el Acta de Control N° C550470 y la toma fotográfica valoradas en conjunto, gozan de presunción de validez, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, la misma que no ha sido desvirtuada por el demandante cuando se le puso en conocimiento del expediente administrativo en el decurso del proceso. IV) Así también, deben ser desestimados los argumentos de nulidad propuestos por la demandante 3 Artículo 67.- Medios probatorios que sustentan las infracciones Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se podrán sustentar en cualquiera de los siguientes medios probatorios: 67.1 El acta de control levantada como resultado de una acción de control por el inspector municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la fiscalización en la que conste la(s) infracción(es). (…) 67.3 El documento o material digital, fotográfico, fílmico, electrónico o similar en el que se verifique la comisión de una infracción. Los instrumentos, herramientas o medios que se utilicen para mediciones deberán estar debidamente homologados y/o calibrados, cuando corresponda. 6 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO referidos a la inexistencia de la toma fotográfica, lo que implicaría el incumplimiento de la acción administrativa prevista en el artículo 87 del reglamento del Servicio Público de transporte regular de Pasajeros de Lima Metropolitana, aprobado mediante Ordenanza N° 1599-MML, debido a que, como se anunció precedentemente, conforme se advierte de fojas cincuenticuatro de autos, el inspector municipal interviniente Torres Yuriko K con C.I. 1345761879, cumplió con tomar una vista fotográfica del vehículo intervenido; por lo que, en este extremo, tampoco se verifica la vulneración al debido procedimiento, y, menos aún, el derecho a probar o de defensa de la recurrente, cuando, adicionalmente, la acción inspectiva se enmarca también en los alcances de la Resolución de Gerencia N° 257-2012-MML/GTU. V) complementariamente a lo anterior, debe expresarse que el numeral 36) del artículo 5 de la Ordenanza N° 1599-MML, señala que el inspector municipal de transporte Es la persona designada por la GTU para verificar el cumplimiento de los términos, deberes, obligaciones y condiciones de la prestación del servicio de transporte público regular de personas mediante la acción de control. Asimismo, supervisa y detecta infracciones a las normas del servicio de transporte, encontrándose facultado para intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, elaborar informes y aplicar las medidas preventivas, según corresponda. en virtud de ello, resulta válido precisar que la labor realizada por el inspector municipal descrito en el numeral anterior, ha sido efectuada en función a la competencia otorgada por la disposición legal antes descrita; y, al ser ello así, ha quedado acreditada la comisión de la infracción atribuida a la empresa recurrente con Código N61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas al Titular u Operador de la Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre que forma parte del Anexo A-1 de la Ordenanza N° 1599-MML, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, esto es, por: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación, debiéndose desestimar los fundamentos nulificatorios propuestos en por la empresa demandante. SEXTO: Vinculado a lo anterior, debe señalarse que el principio de causalidad previsto en el numeral 8) del artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, que, entre otros principios ordena el procedimiento administrativo sancionador, prescribe que: La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Por tal virtud, con relación al argumento tangencialmente expuesto por la empresa demandante, acerca de que no le sería imputable la infracción por no haber intervenido al conductor o en su caso al vehículo de placa C1D771, corresponde asumir que de acuerdo a lo desarrollado en el fundamento anterior, el artículo 87 de la Ordenanza N° 1599-MML establece, precisamente, el procedimiento que debe efectuar el inspector municipal ante la negativa de la entrega de documentación solicitada por parte del conductor intervenido; al ser ello así, no puede ser amparado tales argumentos que desliza la 7 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO empresa accionante, puesto que es la propia disposición legal que permite dejar constancia de la no identificación, y por ende la no firma del conductor del vehículo, lo que no supone en ningún modo la no intervención de éste o del vehículo en que se desplazaba éste; por lo que, complementariamente debe aplicarse al caso, el numeral 100.1 del artículo 100 de la referida Ordenanza N° 1599-MML que dispone que, frente a lo anterior: Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores; supuesto normativo que se encuentra acreditado fácticamente en el presente caso, tal y como conforme así se verifica del Reporte Histórico de Papeleta obrante a fojas cincuenticinco de autos, que refleja probatoriamente que la empresa demandante se encuentra acreditada en sede administrativa como administrada titular del vehículo de placa C1D771. SÉPTIMO: En el caso bajo análisis y conforme a los argumentos hasta aquí expuestos, ha quedado acreditado de autos que el inspector de la entidad demandada, mediante acción de control de fecha catorce de abril de dos mil catorce, procedió a levantar el Acta de Control N° C550470 a fojas cincuentitrés de autos, al detectar la infracción en la prestación de servicio público de pasajeros, signada con el Código N61 de la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas al Titular u Operador de la Infraestructura Complementaria de Transporte Terrestre que forma parte del Anexo A de la Ordenanza N° 1599-MML, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, por: No permitir las acciones de control y fiscalización incumpliendo las indicaciones de la autoridad administrativa, darse a la fuga o negarse a entregar documentación; máxime, si al momento de la intervención el inspector municipal apreció que, además de no permitirse la acción de fiscalización y control, el vehículo fue intervenido con pasajeros, como obra del rubro "Observaciones del inspector" de la indicada acta de control. Y, como efecto de ello, al haberse expresado en la Resolución de Sanción N° 176-056-00304013 del dos de setiembre de dos mil catorce de fojas cincuentinueve de autos, las actuaciones antes expuestas, no se verifica que con su expedición se haya vulnerado la debida motivación que pretende también asumir la empresa demandante, debiendo desestimarse tales argumentos de nulidad. Por otro lado, resultan también infundadas las aseveraciones de la empresa demandante que circundan a la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00053241 del trece de mayo de dos mil quince, que obra a fojas cincuenta de autos, acerca de que no se habrían tomado en cuenta los argumentos presentados en sus escritos impugnatorios, dado que de dicha instrumental probatoria se aprecia indubitablemente que se ha pronunciado respecto de infundabilidad de la impugnación administrativa en torno a la negada y supuesta inexistencia de la intervención4 y, como correlato, la no comisión de la infracción, cuando de los medios probatorios valorados en el proceso, se ha 4 Cfr. fundamentos 5 y siguientes de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00053241. 8 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO evidenciado la comisión de la infracción detectada en el lugar de la intervención efectuada por el inspector municipal autorizado para el efecto. De la carga de la prueba OCTAVO: De los actuados en sede administrativa y de las pruebas aportadas al presente proceso, se infiere que estos no han hecho sino cumplir la finalidad de producir certeza en el juzgador en el sentido normativo del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854, que señala que: (…) la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, que en el caso de sanción corresponde probar los hechos que configuran la infracción a la entidad administrativa, por virtud del principio de las cargas móviles que se desprende de la segunda parte del referido dispositivo legal que prevé que: (…) si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. Todo ello, en concordancia con el artículo 196 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo, desprendiéndose que el juzgador deberá analizar aquellos medios probatorios presentados por las partes para acreditar sus alegaciones y que le producen certeza para resolver la controversia, tal como lo prescribe el artículo 188 del cuerpo normativo último citado, al señalar que la finalidad de los medios probatorios, son para producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, tal como se ha actuado en el presente caso, donde se han acreditado los hechos que configuran la infracción y por ende la sujeción de la sanción impuesta a la normatividad ya analizada. Ello, en tanto que quien debe probar que de manera correcta fue levantada el acta de control objeto de impugnación, no es la parte demandante, sino la entidad demandada, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria es la autoridad administrativa encargada el procedimiento sancionador en materia de servicio de transporte público de pasajeros. Conclusión NOVENO: En ese orden de razonamiento, se concluye que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00053241 del trece de mayo de dos mil quince, la Resolución de Sanción N° 176-056-00304013 del dos de setiembre de dos mil catorce y el Acta de Control N° C550470 del catorce de abril de dos mil catorce, han sido expedidas conforme al ordenamiento jurídico, cumpliendo con el marco del debido procedimiento, ya que la demandante ha tenido la oportunidad de exponer sus argumentos de defensa, de ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada en derecho, tal como se corrobora de todo el procedimiento administrativo bajo análisis; por lo tanto, al no existir causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 27444, resulta carente de sustento lo expuesto por la demandante; en consecuencia, corresponde desestimar su demanda en todos sus extremos, en tanto que al estar estrechamente vinculadas la pretensión de nulidad de la Resolución de 9 de 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00053241 y la pretensión accesoria, con el análisis de fondo efectuado en la presente resolución, esta última deviene también en infundada, más aún si en aplicación del principio de lo accesorio sigue la suerte del principal, la decisión jurisdiccional a recaer sobre dicha pretensión accesoria, resulta ser la misma a la pretensión principal ya analizada.---------------------------------------------- III. DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y con lo establecido por los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, norma procesal aplicable de manera supletoria, de conformidad con la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584; el magistrado del Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, IMPARTIENDO JUSTICIA A NOMBRE DEL PUEBLO RESUELVE: DECLARAR INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; en consecuencia, consentida que sea la presente resolución, archívese definitivamente los de la materia; en los seguidos por la Empresa de Transportes y Servicios Nueva América S.A. representada por su gerente general Samuel Alberto Aguilar Barrientos contra el Servicio de Administración Tributaria - SAT, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifíquese con la sentencia al Ministerio Público conforme con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 de 10

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Av. Nicolás de Piérola Nº 677 – 3er Piso – Lima SS. MANZANARES CAMPOS PALACIOS TEJADA IRRAZABAL NUÑEZ Expediente N° 12346 – 2015 Resolución N° 05 Lima, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.- DADO CUENTA en la fecha; Al escrito presentado el 20.09.22 por la parte demandada AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU: Al Principal y Otrosíes: Téngase presente lo expuesto. Asimismo, presente la delegación de representación conferida a favor de los letrados en mención; asimismo presente la invocada exoneración de gastos judiciales. PRIMERO: Por el escrito que se da cuenta, la parte demandada interpone Recurso de Casación contra la Sentencia de Vista, que resolvió: “CONFIRMAR la Resolución N° Ocho, de fecha 15 de marzo del 20191, en el extremo que declaró “FUNDADA en parte la demanda, en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158- 00091871; reponiendo el proceso administrativo cumpla la parte demandada con permitir la intervención de la demandante y por tanto cumpla con resolver el descargo presentado por éste, respecto a la comisión de la infracción; PRECICESE que la demandada debe cumplir con resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción, y no el descargo, como erróneamente se ha consignado”. SEGUNDO: Al respecto, la Segunda Disposición Final Complementaria del Código Procesal Civil, establece expresamente que: “Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuaran rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieren empezado”. En tal sentido, cabe señalar, que si bien el 26 de octubre del 2022, fue publicada la Ley N° 31591; Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y dicta otras disposiciones; también lo es, que, la Segunda Disposición Final Complementaria del Código Procesal Civil, señala que: “continuaran rigiéndose por la norma anterior los medios impugnatorios interpuestos”, por lo tanto, no corresponde aplicar la Ley N° 31591, para el presente Recurso de Casación, toda vez que fue presentado antes de la entrada en vigencia de la referida ley. TERCERO: Siendo ello así, el Artículo 387° del Código Procesal Civil (antes de su modificatoria); establece: Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema […] En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; […] CUARTO: En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 387° del Código Procesal Civil: ELÉVESE los presentes autos a la Corte Suprema de Justicia de la República con la debida nota de atención. Al escrito de fecha 11.11 22 presentado por Hernán Iván Lozda Pacheco : Estando a lo expuesto por Hernán Lozada Pacheco quien señala no formar parte del proceso, y a su vez indica “..Que no hay oficinas de atención ni inquilinos que residen en el local, por lo que solicita no envíen notificaciones”. Téngase presente; y si bien es cierto; no se ha concretado el acto notificación de la Resolución N° 04 - Sentencia de Vista- emitida el 16.08.22, dirigida a la parte demandante Empresa de Transporte y Servicios Salvador SAC señalada en autos, esto es, al Domicilio legal sito en Av Nicolas de Piérola N° 938 - Oficina 202 – Lima; cierto es también que; la parte demandante ha sido notificada correctamente en su Casilla Electrónica N° 4033 según es de verse del folio 166 de autos. Por lo cual, en virtud a lo previsto por el Artículo 172 del Código Procesal Civil procede la convalidación del acto procesal. Y conforme se encuentra ordenado líneas arriba Elévense los presentes autos. Avocándose a conocimiento de los Señores Magistrados que suscriben a mérito de la Resolución Administrativa N° 00001-2023-P-CSJLI/PJ. Prescíndase de notificación por economía y celeridad procesal. AOPR/ Kta.-

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Av. Nicolás de Piérola N° 673 / 677 3er. Piso – Cercado de Lima) Expediente Nº : 12346-2015-0-1801-JR-CA-14 (N° Ref. Sala N° 00373-2022-0) Demandante : Empresa de Transporte y Servicios Salvador S.A.C. Demandado : Servicio de Administración Tributaria – SAT (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU) y otro Proceso : Nulidad de Resolución Administrativa SENTENCIA DE VISTA RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO.- Lima, dieciséis de agosto del dos mil veintidós.- VISTOS; En audiencia pública, con el expediente administrativo adjunto; interviniendo como ponente la Juez Superior Señora Magali Valer Fernández. I. PARTE EXPOSITIVA Es materia de grado la sentencia contenida en la resolución N° Ocho, de fecha 15 de marzo del 20191, el extremo que declaró “FUNDADA en parte la demanda, en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00091871; reponiendo el proce4so administrativo cumpla la parte demandada con permitir la intervención de la demandante y por tanto cumpla con resolver el descargo presentado por éste, respecto a la comisión de la infracción”. Esto a mérito de los recursos de apelación interpuesto por la demandada2, concedido por resolución N° Nueve de fecha 09 de mayo del 20193, con efecto suspensivo. 1.1. AGRAVIOS Sustenta la demandada su apelación, en los siguientes agravios: a) Manifiesta que el inspector municipal consignó en las observaciones información adicional a la infracción ya cometida por el recurrente; es decir, la conducta infractora fue advertida por el inspector y no fue negado por el demandante ni tampoco fue observada en ningún momento, sin embargo, el demandante no consignó alguna observación y no firmó el documento, no existiendo modificación u alteración, los datos esenciales han sido colocados evidenciándose la realización de la conducta infractora, por lo que no acarrea la nulidad del acto emitido. b) Indica respecto a la validez del Acta de Control, el conductor intervenido no anotó ninguna observación cuando del pudo hacerlo señalando su oposición, por lo que la Papeleta contiene 1 De fojas 76 a 78 2 De fojas 85 a 88 3 De fojas 89 1 los datos esenciales para su validez, conforme al artículo 14° de la Ley N° 27444, respecto a la conservación del acto administrativo. c) Precisa que la administración en ningún momento ha iniciado proceso administrativo que sea fuera del margen de la ley en relación a la resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00091871, todo lo contrario, la infracción ha sido impuesta en cumplimiento de lo establecido en la ley y por tanto los actos administrativos no se encuentran incursos en causal de nulidad alguna. II. PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO: Es de tener presente que, como mecanismo de control judicial de la legalidad de la actividad de la administración pública, el artículo 148° de la Constitución, consagra el proceso contencioso administrativo, al cual se puede acudir en sede judicial frente a resoluciones administrativas que hayan causado estado; esto es, cuyo agotamiento se haya dado hasta la última o única instancia en sede administrativa. Dicha disposición encuentra desarrollo legislativo, en el artículo 1° del T.U.O de la Ley N°27584, que dice:"La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados", Asimismo, en el numeral 228.1 del artículo 228° del T.U.O. de la Ley N° 274444. SEGUNDO: En esa línea debe precisarse que el artículo 3°, del mismos TUO antes citado, prescribe los requisitos de validez de todo acto administrativo; en tanto que, su artículo 10°, establece lo siguiente: Artículo 10°.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14°. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. TERCERO: En el aspecto procesal, es de señalarse que, es principio de lógica jurídica que las partes prueben los hechos que alegan o contradicen; toda vez que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos al momento de fundamentar sus decisiones. Este principio rector en materia procesal ha sido recogido por el artículo 4 228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 2 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, que establece: “salvo disposición legal diferente la carga de la prueba corresponde a quién afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta". CUARTO: El recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente; y dentro del mismo contexto, el aforismo o brocardo tantum devolutum quantum apellatum, ´por el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre el contenido del recurso impugnatorio; esto es, respecto de los agravios y pretensión del apelante, lo que vendrá a constituir los parámetros sobre los cuales deberá versar la absolución en grado. Y en la misma línea, el Principio Iura Novit Curiae, por el cual el Juez conoce el derecho y debe aplicar el que corresponda al caso concreto; aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. a. Del objeto de la controversia y actuados administrativos: QUINTO: En el caso de autos, mediante Resolución N° Tres del 18 de setiembre del 20165, se fijó como punto controvertido: “Se declare la Nulidad Total de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00091871, de fecha 23 de setiembre de 2015, que declara desestimado el recurso de apelación interpuesto contra el Acta de Control N° C-155364 de fecha 07 de julio del 2012”. Habiendo sido declarada la demanda INFUNDADA, por lo cual, la demandante interpone recurso de apelación invocando los agravios resaltados en la parte en la parte expositiva de la presenten resolución; por lo que, deberá procederse a la verificación de la corrección de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta los parámetros fácticos y jurídicos que rodean la presente causa. SEXTO: Teniendo en cuenta el punto controvertido resaltado, es importante detallar los actos dados por la administración, conforme a los actuados administrativos que se tiene a la vista. Observándose que: 1. Mediante el Acta de Control N° C1552646, de fecha 07.07.2012, impuesta por la comisión de la infracción prevista con el Código N-22 “No cumplir con el recorrido total de la ruta autorizada”, prevista en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y Cobradores de la Ordenanza N° 1599-MML, habiéndose 5 De fojas 46 a 47 6 De fojas 14 del expediente administrativo 3 identificado al conductor del vehículo de Placa de Rodaje N° B3D-742 a don Celso Guillermo Pérez Neyra. 2. Por Resolución de Sanción N° 218-056-032535487 de fecha 13.08.2013, se sancionó a la demandante Emp. de Transportes y Servicios Salvador SAC (Emp. de Transportes La Encantada) con multa de S/. 3,700.00 soles 3. Mediante escrito8 presentado por la demandante con fecha 09 de julio de 2015, interpone recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 218-056-03253548. 4. Mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-000918719 de fecha 23.09.2015, se declaró improcedente el recurso de apelación y se tiene por agotada la vía administrativa. SÉPTIMO: A efectos de dilucidar debidamente la controversia planteada, corresponde tener en cuenta conceptos y criterios interpretativos básicos sobre el poder del Estado, y el derecho de los administrados. Así se tiene que, a través de la Constitución y la ley han sido reconocidos diversos principios garantizadores que sirven de control del poder del ius punendi administrativo del Estado. Principios que, teniendo una base constitucional, sirven de legitimidad al procedimiento administrativo general, y en especial, al procedimiento administrativo sancionador, sin vaciar de contenido unja de las funciones esenciales de la administración, como es, la “función de policía”. Así, lo resalta Juan Carlos Morón Urbina (Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo General Tomo II, pp 388-389) cuando dice: “Nótese, en primer lugar, estos principios- por su basamento constitucional-, son exigibles a la función legislativa cuando regula la potestad sancionadora de cualquier entidad administrativa. Pero a la vez, son exigibles a la Administración Pública tanto cuanto reglamenta la potestad sancionadora como cuando la ejercita en un caso determinado. Todos los principios (aquí listados y desarrollados) cumplen una triple función respecto a la potestad sancionadora: la fundante (preceden a la existencia misma de cualquiera de las reglas para ejercer un procedimiento sancionador), la interpretativa (sirven de criterio hermenéutico para absolver cualquier duda sobre el sentido y alcance de las reglas de la potestad sancionadora) y la integradora (sirven de fuente de integración para cubrir vacíos o lagunas de regulación que se pueden identificar en la aplicación de las normas sancionadoras)”. OCTAVO: En la línea planteada, es importante recordar el contenido del principio al debido procedimiento, contemplado y claramente descrito, tanto en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, como en el numeral 2, del artículo 248° del mismo texto legal: “Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo: 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 7 De fojas 02 del expediente administrativo 8 De fojas 10 a 11 del expediente administrativo 9 De fojas 16 del expediente administrativo 4 (…) 1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitido por autoridad competente, y en una plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios espéciales: (…). 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”. NOVENO: El principio bajo examen, encuentra sustento constitucional en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución del Estado, que prescribe; “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) la observancia del debido proceso (…)”. Derecho – garantía- principio reconocido a nivel supranacional; tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos y Deberes Civiles y Políticos; así como, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. DÉCIMO: En el contexto doctrinario y normativo descrito en los considerandos precedentes, se puede concluyir que, sin excepción alguna, todos los administrados, gozan de la garantía de ser escuchados y que la administración atienda de manera clara, cierta y directa sus argumentaciones, alegaciones; así como, su derecho a la prueba. Más aún, la propia norma señala que, los derechos y garantías al debido procedimiento administrativo, están comprendidos de manera enunciativa y no limitativa; como tampoco puede aplicarse su interpretación restrictiva respecto a los administrados. UNDÉCIMO: Bajo los parámetros expuestos, debe señalarse que, la Ordenanza Municipal N° 159910, regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, estableciendo las sanciones correspondientes por la comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de transporte regular de personas. De acuerdo a lo dispuesto en la citada Ordenanza, el inicio del procedimiento administrativo sancionador comienza con el levantamiento de un Acta de Control, en la que consten las presuntas infracciones como resultado de una acción de control. 10 publicada el 19 de abril de 2012 5 11.1 Con respecto a las infracciones y sanciones en relación a la prestación del servicio de transporte público regular de personas en Lima Metropolitana, el artículo 69° de la norma municipal señala que: “69.1 Las infracciones se clasifican en infracciones a la empresa de transporte autorizado, al conductor, cobrador, propietario de la unidad vehicular y operador de la infraestructura complementaria de transporte terrestre, de acuerdo con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas, establecida en el Anexo A-1, la cual forma parte de la presente Ordenanza”. 11.2 Es así que, la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a la Empresa Autorizada, establece como infracción N-22 en el caso el intervenido no se identifique: ANEXO A1 TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES Medidas Responsable Código Infracción Calificación Sanción Reincidencia Preventivas Solidario No cumplir con el 2UIT y recorrido total de Suspensión del N -22 Muy grave 01 UIT y la ruta autorizada. servicio por 2 días. DUODÉCIMO: En el caso concreto, se tiene que, conforme fuera descrito en el sexto considerando de la presente resolución, con fecha 21 de junio de 2014, fue levantada el Acta de Control N° C155264, en la que, el inspector municipal de transporte dejó constancia que el conductor del vehículo de placa de rodaje B3D-742, pertenece a la flota de la Empresa de Transporte La Encantada, con ruta SM-196, habría incurrido en la infracción tipificada en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores contenida en la Ordenanza N° 1599 con Código N-22, señalando en el rubro Observaciones del Inspector "Vehículo no cumple con su recorrido total. Se intervino con pasajeros” no entregó licencia de conducir. Dejándose constancia de que el intervenido se negó a firmar. DÉCIMO TERCERO: En ese contexto, el demandante en su calidad de empresa autorizada del vehículo en mención, presenta recurso de apelación con fecha 09 de julio de 2015 en contra de la Resolución de Sanción N° 218-056-03253548 de fecha 13 de agosto de 2013, la que mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00091871 de fecha 23 de setiembre de 2015, se declaró improcedente al no coincidir la demandante con el responsable administrativo. DECIMO CUARTO: De la revisión de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00091871, se observa que, la administración sustenta su decisión, de declarar improcedente la participación de la Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C., en que, el mismo no resulta legalmente legitimado para contradecir los actos administrativos materia de infracción con Código N-22, en vista que era “sujeto distinto al responsable administrativo de la infracción”. 6 14.1 Es decir, la administración le negó al accionante su derecho a ingresar al procedimiento para hacer valer su derecho de contradicción, en su calidad de administrado con legítimo interés, conforme a la jurisprudencia y doctrina citada; y a la propia normatividad especial, como se verá a continuación. DECIMO QUINTO: Efectivamente, en cuanto a la responsabilidad solidaria, la normativa especial, Artículo 100 de la Ordenanza N° 1599, prescribe lo siguiente: “Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción. DÉCIMO SEXTO: Asimismo, la misma Ordenanza, respecto a la determinación de la responsabilidad, estipula lo siguiente: Artículo 65°.- Determinación de la Responsabilidad y medios Probatorios 65.1 La empresa autorizada es responsable administrativamente ante la GTU por la correcta prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la presente Ordenanza y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, operacionales, mecánicas del vehículo, así como de las condiciones de trabajo de los cobradores y conductores, la protección del medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva. 65.2 El propietario del vehículo es responsable solidario con la empresa autorizada por la comisión de infracciones, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. Tratándose de vehículos que se encuentran sujetos a contrato de arrendamiento financiero u operativo suscrito con una empresa supervisada por la SBS o SMV, el responsable de las infracciones cometidas será el arrendatario. 65.3 El conductor y/o cobrador del vehículo es responsable de las infracciones cometidas durante la prestación de servicios, vinculadas a su propia conducta. Para aquellos conductores y cobradores no habilitados será de aplicación todas las infracciones tipificadas en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas correspondientes a conductores y/o cobradores, en lo que corresponda. DECIMO SETIMO: Las normas citadas deben ser interpretadas de forma sistemática con los artículos pertinentes de la Ley 27444. Así, se tiene, por ejemplo, que, el artículo 50° dispone que, “para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujeto del procedimiento al Administrado, que es la 7 persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación a situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo”. 17.1 Asimismo, el artículo 51° dispone: Artículo 51° Contenido del concepto administrado Se considera administrado respecto de algún procedimiento administrativo concreto: 1. Quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. 2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptar. 17.2 En tanto que, el artículo 109° de dicha norma dispone, respecto a la Facultad de Contradicción Administrativa: “109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la Ley, para que sea revocada, modificada, anulado o sean suspendidos sus efectos”. DÉCIMO OCTAVO: Como se puede concluir de una interpretación sistemática de las normas, en extremo alguno se estipula regulación, restricción o prohibición del propietario, empresa autorizada, conductor y/o cobrador, respecto de su derecho a impugnar o contradecir la infracción. Siendo el caso que, si bien podría hallarse una determinación de su responsabilidad administrativa, en el pago de la multa; de modo alguno, podría la misma extenderse a restringir su derecho de contradicción o de defensa. Más aun, cuando está prohibido realizar una interpretación restrictiva de derechos. DÉCIMO NOVENO: En tal sentido, si bien es cierto, la Ordenanza N° 1599, en cuanto a la comisión de la infracción con Código N-22, tiene como responsable administrativo presunto, a la empresa autorizada; también lo es que, la misma Ordenanza otorga al propietario del vehículo la calidad de responsable solidario por el pago de las multas. Situación legal que, le da una expectativa concreta, interés y legitimidad sobre lo que se vaya a discutir dentro del procedimiento administrativo sancionador a la empresa autorizada. No pudiendo la administración recortarle su derecho de intervención y/o contradicción. 19.1 Siendo el caso que, si bien del Acta de Control N° C-155264 de fecha 07.07.2012 y de la Resolución de Sanción N° 218-056-03253548, de fecha 13.08.2013, se advierte que se encuentra consignado como responsable administrativo a la Empresa de Transportes La Encantada S.A., sin embargo del Reporte Histórico de Papeleta11 se advierte que el vehículo de Placa de Rodaje N° B3D-742 se encuentra dentro de la flota de la demandante- Empresa de Transporte y Servicios Salvador S.A.C.. 11 Fojas 15 del expediente administrativo 8 Apareciendo asimismo, como administrada la Empresa de Transportes La Encantada S.A., por lo que se puede determinar que la demandante, seria la empresa autorizada, esto es, con derecho y/o legitimidad para intervenir en el procedimiento administrativo sancionador. VIGÉSIMO: Por lo expuesto, este Colegiado, arriba a la clara conclusión que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-158-00091871 de fecha 23 de setiembre de 2015, ha afectado el derecho de defensa de la accionante; como el del derecho al debido procedimiento y a obtener un pronunciamiento debidamente motivado sobre el fondo de su recurso de apelación; lo que no comprende el Acta de Control N° C155264 ni la Resolución de Sanción N° 218-056-03253548 de fecha 13 de agosto de 2013. En consecuencia, la Administración ha incurrido en causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444. Correspondiendo conformar la sentencia venida en grado. PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos expuestos, la Segunda Sala Contenciosa Administrativa: RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución N° Ocho, de fecha 15 de marzo del 20191, el extremo que declaró “FUNDADA en parte la demanda, en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia Central Normativa N° 179-158-00091871; reponiendo el proce4so administrativo cumpla la parte demandada con permitir la intervención de la demandante y por tanto cumpla con resolver el descargo presentado por éste, respecto a la comisión de la infracción; PRECICESE que la demandada debe cumplir con resolver el recurso der apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción, y no el descargo, como erróneamente se ha consignado. En los seguidos por la Empresa de Transporte y Servicios Salvador SAC contra la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao- ATU- sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase. - CERNA LANDA VALER FERNANDEZ VILLANUEVA RIVERA 1 De fojas 76 a 78 9

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

14° JUZGADO PERMANENTE EXPEDIENTE : 12346-2015-0-1801-JR-CA-14 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO JUEZ : ORTIZ AMPUERO, ADRIANA ESPECIALISTA : LEYVA IBAÑEZ, CARLOS DEMANDADO : JEFA DE SERVICIO TRIBUTARIA DE LIMA SA , DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS SALVADOR SAC , Resolución Nro. NUEVE Lima, nueve de mayo de dos mil diecinueve Dando cuenta del escrito de fecha 11 de abril de 2019 presentado por el SAT: PRIMERO: Mediante el referido escrito, se aprecia que la entidad demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia contenida en la Resolución N° 08, la cual resuelve DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA. TERCERO: Conforme al inciso 1) del artículo 365°, y en concordancia con los artículos 364°, 366°, 367°, 368°, inciso 1), y 371° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación con efecto suspensivo procede contra la sentencias y autos que dan por concluido el procesal o impiden su continuación, y quien lo interpone debe fundamentarlo precisando el error de hecho, y/o de derecho, incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión de impugnar. Asimismo, el literal g) del artículo 28.2 del TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, señala que el plazo para apelar sentencia es de cinco días contados desde su notificación. La Resolución N° 08 de fecha 15 de marzo de 2019 se notificó, al SAT, el día 10 de abril de 2019 y recurso de apelación se interpuso el 11 de abril del 2019, por lo que el recurso de apelación se encuentra dentro del plazo establecido en el literal g) del artículo 28.2° del TUO de la Ley N° 27584. Por lo expuesto, SE RESUELVE: • Al escrito del 11 de abril de 2019: CONCÉDASE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra la sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 22 de junio del 2018, que resuelve DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA y ELÉVESE. • Al primer otrosí digo: Téngase presente los representantes legales designados. Al segundo y tercer otrosí digo: Téngase presente. • Avóquese la magistrada que suscribe, conforme a la Resolución Administrativa N° 014-2019-P-CSJLI/PJ de fecha 07 de enero del 2019. • Notifíquese a las partes en sus casillas electrónicas.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

Razón Señora Juez Doy cuenta a usted en cumplimiento de mis funciones lo siguiente: La que suscribe ha sido asignada como Especialista Legal al 14 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, desde el 03/ENE/2018, asignándole por ende en dicha fecha la carga dejada por la anterior especialista Legal Josefina Lucia Muro Izquierdo, con escritos pendientes de dar cuenta y con los plazos vencidos. Lo que doy cuenta, para los fines pertinentes. Lima, 21 de marzo del 2018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA EXPEDIENTE : 12346-2015-0-1801-JR-CA-14 DEMANDANTE : EMP. DE TRANS. Y SERVICIOS SALVADOR S.A. DEMANDADO : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA – SAT MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA JUEZ : Cristina Amparo Sánchez Tejada Especialista Legal : Franchesca Doris Hihuallancca Ramos RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO Lima, 21 de marzo del dos mil dieciocho.- Dando cuenta en la fecha, luego de culminado el periodo vacacional a los autos provenientes del Ministerio Público – OCTAVA FISCALÍA PROVINCIAL CIVIL DE LIMA, junto con el Dictamen Fiscal Previo N° 80-2017 de fecha 04/ENE/2018, - mediante el cual recomienda actuaciones previas antes de emitir su Dictamen Fiscal; Ate(cid:4)die(cid:4)d(cid:7): Primero: Del Dictamen Fiscal Previo N° 80-2017 de fecha 04/ENE/2018 se aprecia que la Octava Fiscalía Provincial Civil De Lima, advierte que el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT no ha remitido como parte del expediente administrativo, la Resolución de Sanción Nº 218-056- 03253548 de fecha 13/AGO/2013 – emitida por el Acta de Control N° C155264 de fecha 07/JUL/2012; omisión que es pertinente subsanar, a fin de que su judicatura pueda emitir un pronunciamiento fundado en derecho; Segundo: Siendo ello así y verificándose que lo solicitado por la OCTAVA FISCALÍA PROVINCIAL CIVIL DE LIMA es de observancia obligatoria, cumpla la parte demandada SAT con remitir la Resolución de Sanción Nº 218-056- 03253548 de fecha 13/AGO/2013 – emitida por el Acta de Control N° C155264 de fecha 07/JUL/2012, con su respectivo cargo de notificación a la empresa accionante; (en copia fedateada); ello conforme a lo establecido en el Art. 24° del TUO de la Ley N° 27584 aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS; Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1. CUMPLA el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT con remitir la Resolución de Sanción Nº 218-056-03253548 de fecha 13/AGO/2013 – emitida por el Acta de Control N° C155264 de fecha 07/JUL/2012, con su respectivo cargo de notificación a la empresa accionante; (en copia fedateada), en el PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES; bajo apercibimiento de imponérsele una multa PROGRESIVA y COMPULSIVA de 1 Unidad de Referencia Procesal (URP), comunicarse a la Contraloría General de la Republica - acerca del menoscabo al presupuesto institucional por el pago de multas impuestas por incumplimiento del mandato judicial; y tenerse presente su conducta procesal al momento de sentenciar, en aplicación del primer párrafo del Art. 261° y 282° del Código Procesal Civil; en caso de incumplimiento; y 2. Una vez cumplido lo ordenado a la entidad demandada, REMÍTASE los actuados a la OCTAVA FISCALÍA PROVINCIA CIVIL DE LIMA para VISTA FISCAL. 3. Interviene, la especialista legal que da cuenta por disposición superior; Notifíquese a la parte demandante en su CASILLA ELECTRÓNICA N° 4033, adjuntado la presente resolución y copia del dictamen previo;; Notifíquese a la parte demandada SAT en su CASILLA ELECTRÓNICA N° 1169, adjuntado la presente resolución, y copia del dictamen previo;

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente Nº : 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 (Ref. Sala N° 03969-2017) Demandante : Empresa de Transporte y Servicios Salvador S.A.C. Demandando : Servicio de Administración Tributaria – SAT y Otro Materia : Nulidad de Resolución Administrativa Proceso : Especial Cuaderno : Principal RESOLUCIÓN N° 04 Lima, veintiocho de enero de dos mil diecinueve.- VISTOS: Es materia de grado, la apelación interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria y la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia expedida mediante Resolución Nº 091, de fecha 13 de febrero de 2017, en el extremo que declara fundada en parte la demanda. Con vista del dictamen fiscal2; e interviniendo como Juez Superior Ponente la magistrada Salazar Ventura, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el Servicio de Administración Tributaria, en su escrito de apelación3, señala en síntesis como agravios lo siguiente: 1. Señala que la infracción con código N67 es una sanción que tiene como responsables administrativo a los conductores y/o cobradores, y a la empresa como responsable solidario en el pago de las multas, de conformidad a la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas que se anexa en la Ordenanza 1599. 2. Manifiesta que el articulo 67° de la citada ordenanza señala que la responsabilidad administrativa es objetiva, es decir, se establece expresamente en la Tabla de Infracciones y Sanciones de dicha Ordenanza. 3. Sostiene que lo señalado por el Aquo es incorrecta, toda vez que la responsabilidad solidaria, no esta referida a la responsabilidad administrativa, sino que dicha responsabilidad opera para el caso de la obligación de pago de las multas impuestas, conforme se colige del 1 Ver fojas 73 del expediente principal. 2 Ver fojas 94 del expediente principal. 3 Ver fojas 81 del expediente principal. 1 2° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. N° 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 Nulidad de Resolución o Acto Administrativo articulo 100.4 de la Ordenanza 1599, y para que ello ocurra, se requiere que la entidad expida la respectiva Constancia de Imputación de Responsabilidad. 4. Señala que hasta que no se le expida la constancia de imputación de responsabilidad a la empresa demandante, no tiene ningún tipo de interés y tampoco un futuro daño en la imposición de la sanción. Toda vez que si el procedimiento sancionador se ha iniciado contra el conductor y/o cobrador al culminar la etapa de dicho procedimiento sin que se realice el pago de la multa, la cobranza o medidas cautelares que se traben Irán dirigidas a los bienes de la empresa autorizada, siempre y cuando se le notifique la Constancia de Imputación de Responsabilidad y con ello también pueda ejercer su derecho de defensa. SEGUNDO: Conforme fluye del petitorio de la demanda4, el actor acude al órgano jurisdiccional interponiendo demanda contenciosa administrativa teniendo como pretensión principal se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-00091086, de fecha 21 de septiembre de 2015, la cual resuelve declarar improcedente el recurso de apelación presentado por la demandada contra la Resolución de Sanción N° 17605600459118, de fecha 05 de enero de 2015, emitida por el Acta de Control N° C775487, de fecha 12 de diciembre de 2014, y dispone que se ejecute la sanción impuesta y da por agotada la vía administrativa. TERCERO: De conformidad con el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso: "El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente". En ese sentido, a través de este recurso impugnatorio el Juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior, teniendo en consideración los agravios expuestos por el apelante. CUARTO: La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está regida por Principios específicos que orientan su actuación, entre los cuales destacan: el “Tantum apellatum quantum devolutum”, y el de la prohibición de “la reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El segundo, es uno de los Principios característicos del recurso de apelación, implicando el impedimento del órgano 4 Ver fojas 07 del expediente principal. 2 2° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. N° 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 Nulidad de Resolución o Acto Administrativo revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de la otra parte (el apelado). QUINTO: Respecto al tema que nos avoca, tenemos que el Acta de Control N° C775487, de fecha 12 de diciembre de 2014, fue impuesta al conductor del vehiculo de placa de rodaje DGI756, por la comisión de las infracciones N67, la cual se encuentra tipificada en el Anexo A-1 de la Ordenanza 1599-MML, Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana, publicada el 19 de abril de 2012, la cual establece lo siguiente: TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LOS CONDUCTORES Y/O COBRADORES Medidas Responsable Código Infracción Calificación Sanción Reincidencia Preventivas Solidario Dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la 20% UIT y 40% UIT y calzada; o cuando el vehículo se encuentra en movimiento; o en Retención suspensión de suspensión de Empresa N67 lugares donde se atente contra Grave de la la credencial la credencial Autorizada su seguridad; o fuera de los Credencial por 2 días por 4 días paraderos de ruta, cuando existan o estén autorizados. . SEXTO: De lo expuesto, se puede apreciar que la citada infracción está dirigida a los conductores y/o cobradores, los cuales son los responsables directos de la infracción, siendo la Empresa Autorizada responsable solidario en los casos señalados en el articulo 100° de la Ordenanza 1599-MML, la cual señala lo siguiente: “Artículo 100.- De la Responsabilidad Solidaria y Presunta 100.1 Las empresas autorizadas son responsables solidarias por el pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por sus conductores y/o cobradores. 100.2 El propietario del vehículo es responsable solidario por el pago de las multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. 100.3 En ambos supuestos, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme con lo previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. 100.4 La cobranza coactiva contra el responsable solidario podrá efectuarse siempre que haya sido notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de Responsabilidad, comunicándole el monto de la deuda a la que está obligado. Es presupuesto de la emisión de la Constancia de Imputación de Responsabilidad, la notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción. 3 2° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. N° 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 Nulidad de Resolución o Acto Administrativo La notificación de la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria deberá acompañarse de la copia del Acta de Control o Imputación de Cargos. 100.5 En los casos que no se logre identificar al conductor o cobrador intervenido se establecerá la responsabilidad presunta de la empresa autorizada. La responsabilidad presunta será determinada mediante la respectiva emisión y notificación de la Resolución de Sanción.” Por otro lado, respecto a la determinación de la responsabilidad de los administrados por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ordenanza 1599, el artículo 65° de la citada Ordenanza establece que: “Artículo 65.- Determinación de la Responsabilidad 65.1 La empresa autorizada es responsable administrativamente ante la GTU por la correcta prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la presente Ordenanza y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, operacionales, mecánicas del vehículo, así como de las condiciones de trabajo de los conductores y cobradores, la protección del medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva. 65.2 El propietario del vehículo es responsable solidario con la empresa autorizada por la comisión de infracciones, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas. Tratándose de vehículos que se encuentran sujetos a contratos de arrendamiento financiero u operativo suscrito con una empresa supervisada por la SBS o SMV, el responsable de las infracciones cometidas será el arrendatario. 65.3 El conductor y/o cobrador del vehículo es responsable de las infracciones cometidas durante la prestación del servicio, vinculadas a su propia conducta.” SÉPTIMO: Resolviendo en forma conjunta los agravios expuestos por la parte demandada, debe señalarse que de la lectura del numeral 3) del articulo 65° de la Ordenanza 1599, se puede colegir claramente que los conductores y/o cobradores son los responsables directos por la comisión de la infracción N67 tipificada en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas a los Conductores y/o Cobradores, asimismo, se señala como responsable solidario a la empresa autorizada, el cual, según el articulo 100° de la citada Ordenanza, es responsable solidario respecto al pago de la multa de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada, la cual se hará efectiva mediante la emisión de la respectiva constancia de imputación de responsabilidad. Siendo ello así, de la revisión de los autos, se puede advertir que mediante Resolución de Sanción N° 176-056-004591185, de fecha 05 de enero de 2015, la administración resolvió sancionar a Carlos Eduardo Corante Ochoa, conductor del vehiculo infractor como responsable administrativo en la comisión de la 5 Ver fojas 60 del expediente principal. 4 2° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. N° 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 Nulidad de Resolución o Acto Administrativo infracción con código N67 sustentada en el Acta de Control N° C7754876, siendo ello así, correspondía solo a Carlos Eduardo Corante Ochoa, en su calidad de responsable administrativo interponer el recurso impugnatorio correspondiente contra dicha sanción, es por ello que mediante Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-00091086, de fecha 21 de septiembre de 2015, la administración resolvió declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante, puesto que la misma no es responsable administrativa de la infracción N67, siendo ello así, si bien es cierto que de la lectura de la Tabla de Sanciones e Infracciones de la Ordenanza 1599, se señala que la empresa es responsable solidaria por la comisión de la infracción N67, esto se debe entender a que dicha responsabilidad opera para el caso de la obligación de pago de las multas impuestas, la misma que se habilita mediante la Constancia de Imputación de Responsabilidad Solidaria expedida contra la empresa autorizada, en ese sentido, a efectos de que dicha parte tenga legitimidad para intervenir en dicho procedimiento, es necesario que la misma haya sido notificada con la respectiva Constancia de Imputación de Responsabilidad en su calidad de responsable solidario, la misma que al menos a la fecha de la interposición del recurso de apelación aún no se había expedido, por lo tanto, dicha parte no se encontraba habilitada para interponer los recursos impugnatorios respectivos en el procedimiento administrativo materia de análisis. En esa línea argumental, tenemos que para que el recurrente se encuentre habilitado a intervenir en el procedimiento administrativo sancionador materia de revisión, es necesario que se haya expedido la respectiva constancia de imputación de responsabilidad, mediante la cual se vean afectados sus derechos e intereses, situación que no se ha dado en el presente caso, en consecuencia, al no haberse establecido aún responsabilidad solidaria a la parte demandante, este carece de interés para obrar a efectos de interponer recursos administrativos ante la administración. OCTAVO: Siendo ello así, esta Sala Superior no comparte el criterio utilizado por el Aquo, en el extremo que señala que con la expedición del Acta de Control o la Constancia de Imputación de Responsabilidad se habilita a la empresa demandante para intervenir en el procedimiento sancionador, toda vez que el numeral 2) del articulo 88° de la Ordenanza 1599 debe ser interpretado y contrastado conjuntamente con lo establecido en el articulo 65°, sobre la responsabilidad objetiva y con el articulo 100° sobre la responsabilidad solidaria, es decir, con el levantamiento del Acta de Control C775487 solo se inicia el procedimiento administrativo sancionador contra el responsable administrativo de la infracción N67, y si bien ya se expidió la respectiva resolución de sanción, de autos se advierte que aún no se ha expedido la Constancia de Imputación de 6 Ver fojas 43 de autos. 5 2° Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Exp. N° 12351-2015-0-1801-JR-CA-15 Nulidad de Resolución o Acto Administrativo Responsabilidad dirigida a la parte demandante en su calidad de responsable solidario, por lo tanto no se evidencia su interés para obrar. NOVENO: En consecuencia, se puede concluir que la Resolución de Gerencia Central de Normativa N° 179-00091086, de fecha 21 de septiembre de 2015, no ha incurrido en causal de nulidad alguna establecida en el articulo 10° de la Ley 27444, por lo tanto se encuentran acreditados los agravios expuestos por la parte demandada, en tanto la sentencia apelada no se encuentra merituada conforme a derecho, razón por la cual, corresponde ser revocada el extremo que declara fundada en parte la demanda, y reformándola, la declararon improcedente por falta de interés para obrar, conforme a lo expuesto en el numeral 2) del articulo 427° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. DECISIÓN: 1. REVOCARON la Sentencia expedida mediante Resolución Nº 09, de fecha 13 de febrero de 2017, en el extremo que declara fundada en parte la demanda, y REFORMÁNDOLA, la declararon IMPROCEDENTE en todos sus extremos; 2. DISPONER a través de Secretaria, la oportuna devolución del expediente al Juzgado de origen, una vez que sea consentida o ejecutoriada la presente sentencia, de conformidad con el primer párrafo del artículo 383 del Código Procesal Civil. En los seguidos por la Empresa de Transporte y Servicios Salvador S.A.C. contra el Servicio de Administración Tributaria – SAT y Otro, sobre nulidad de resolución administrativa; Notificándose.- SALAZAR VENTURA CERNA LANDA VALER FERNÁNDEZ 6

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

15° JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE : 12351-2015-0-1801-JR-CA-01 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : MENDOZA HUAMAN ENRIQUE DEMANDADO : SAT DEMANDANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO SALVADOR SAC RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Lima, veintidós de mayo Del año dos mil diecisiete.— DANDO CUENTA al escrito de fecha veintinueve de marzo del año en curso, presentado por la entidad demandada, al principal y tercer otrosí; y ATENDIENDO A LO EXPUESTO: PRIMERO: Que, las normas procesales son de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento a tenor de lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso virtud de la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; SEGUNDO: Que, en este orden de ideas el artículo 36º de la norma especial citada prevé que los requisitos de admisibilidad y procedencia de la apelación son los mismos de los señalados en el Código Procesal Civil ; TERCERO: Que, habiendo cumplido con los requisitos previstos por los artículos 365º,367º y 376º del Código Procesal Civil, aplicables supletoriamente al caso de autos; CUARTO: Que, el recurrente ha indicado el error de hecho y derecho que se habría incurrido al dictar la resolución impugnada, precisando además la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; por lo que de acuerdo con el artículo 371º del Código Adjetivo, concordado con el artículo 35º del T.U.O de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; el escrito de apelación materia de calificación cumple con los requisitos que para ello exigen, encontrándose la interposición del mismo dentro del plazo de Ley, consecuentemente SE DISPONE: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO la apelación interpuesta contra la sentencia contenido en la resolución nueve de fecha trece de febrero del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante; en consecuencia ELÉVESE los presentes autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención; una vez devuelto los cargos de notificación de la presente resolución. Al primer otrosí, téngase por delegada la facultades de representación a los abogados que se indican Interviniendo el especialista legal que da cuenta por disposición superior.

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico RRRRaaaazzzzóóóónnnn:::: SSSSeeeeññññoooorrrraaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa,,,, en cumplimiento de mis funciones le informo que la presente medida cautelar no se dio cuenta oportunamente debido a que las solicitudes cautelares han ingresado en elevado número los últimos meses; no obstante, estar encargado de otras funciones que demandan sean resueltas en el más breve lapso de tiempo. Lo que informo a Usted para los fines pertinentes.- Lima, 30 de septiembre de 2016. EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 11112222444433330000----2222000011115555----CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr 11113333 DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO SSSSEEEEIIIISSSS Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis DDDDAAAANNNNDDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA EEEENNNN LLLLAAAA FFFFEEEECCCCHHHHAAAA: a los escritos de fechas de diecisiete de marzo y del primero de abril del año en curso; presentados por el Indecopi y Banco de Crédito del Perú respectivamente, téngase por absuelto el traslado conferido por resolución número cuatro en los términos que se exponen; y, AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: 1 PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: El segundo y tercer párrafo del artículo 637° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria dispone que:“Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar.(El subrayado es nuestro) La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo”, en ese sentido, lo que se pretende con dicho acto procesal es generar la posibilidad del contradictorio en un proceso cautelar, permitiendo al afectado con la medida cautelar ejercer su derecho de defensa. SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Con escrito del doce de febrero del dos mil dieciséis, el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII formula OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN solicitando se deje sin efecto la Resolución Número UNO que concede la medida cautelar; a favor de Coesti S.A., por los siguientes fundamentos: (cid:1) El juzgado ha violentado su derecho al debido proceso, en tanto que la resolución numero uno emitida por este, adolece de un 2 grueso error de fundamentación, careciendo de la motivación adecuada, la cuales requisito obligatorio en toda decisión jurisdiccional (cid:1) Resulta evidente que el dinero de la consumidora lo retiro otra persona y no la denunciante, sin embargo lo que se discute en el proceso es la diligencia o no que tuvo el Banco en ofrecer a la consumidora un producto adecuado a sus intereses y condición; y, si brindo a esta información y riesgos que presentaba el producto ofrecido. (cid:1) En relación a las medidas correctivas reparadoras debemos de mencionar que estas no tienen naturaleza indemnizatorias y que la ordenada por el Indecopi a través de la resolución 3122-2013- SPC/INDECOPI tampoco la tiene, como erróneamente lo ha interpretado el juzgado. (cid:1) Se debe tener en cuenta la naturaleza de las infracciones administrativas en materia de protección al consumidor en tal sentido, en un anterior pronunciamiento el Tribunal del Indecopi ha señalado que a diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos administrativos donde el tipo infractor comprende un deber que no 3 se vincula a la expectativa o interés de otros administrados sino al mero cumplimiento de una conducta debida, las normas de protección al consumidor tutelan el derecho de los consumidores imponiendo sanciones a quienes afecten las expectativamente legítimamente generadas en ellos. Lo anterior es discutible en el caso de de infracciones al deber de idoneidad, supuesto en el que se presentan numerosas solicitudes de medidas correctivas. (cid:1) Que de acuerdo con el artículo 114° del Código, las medidas correctivas constituyen mandatos que tienen por finalidad corregir, de manera adecuada y proporcional, los efectos negativos que la conducta infractora hubiese causado al denunciante, de ahí que su aplicación proceda únicamente cuando sea posible revertir dichos efectos. Cabe agregar que la inobservancia de la medida correctiva ordenada faculta a la autoridad administrativa a imponer una multa que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta su total cumplimiento. (cid:1) Si bien la señora Soto solicito se le conceda una indemnización por los daños y perjuicios que la conducta del Banco le habría ocasionado, el Tribunal del Indecopi consideró necesario precisar 4 que la autoridad administrativa no se encontraba facultada para determinar u ordenar el pago de indemnizaciones, toda vez que dicha competencia ha sido legalmente atribuida exclusivamente al poder judicial. (cid:1) El Tribunal de Indecopi determino que habiéndose acreditado que el Banco no realizo el previo y adecuado traslado de información a la consumidora sobre las condiciones contractuales aplicables a su cuenta de ahorros 40523157689092, en virtud de lo cual resultaban invalidas las disposiciones de efectivo realizadas por el señor soto con cargo a la misma, determino que se debía proceder con la devolución de los fondos afectados a través de tales operaciones, disposición que demostraba la corrección de los efectos negativos desplegados en razón al comportamiento ilícito verificado, procediendo a ordenar como medida correctiva reparadora la devolución de dichos fondos. (cid:1) Podrán observar de una lectura de la resolución numero uno que esta no ha explicado de forma clara y precisa los motivos que la llevaron a tomar la decisión que ahora cuestionamos, no habiendo explicado porque se sustenta la apariencia del derecho y el peligro 5 en la demora, presupuestos que deben existir para la procedencia de toda medida cautelar, los mismos que a todas luces no existen en el presente proceso, lo cual vulnera nuestro derecho a obtener una resolución debidamente motivada. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: La solicitante mediante escrito del primero de abril del dos mil dieciséis, absuelve el traslado de la medida cautelar aduciendo: (cid:1) Como es evidente, este recurso ha sido presentado por el Indecopi por dos (02) razones: (i) un desconocimiento de lo establecido en nuestro ordenamiento Procesal, principalmente, del artículo 637° del Código Procesal Civil que establece claramente que es parte afectada la que puede interponer el recurso de oposición; y, (ii) un ilegal y grosero interés dilatorio, empleado para vulnerar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque se intenta recortar su derecho a solicitar que se suspendan los efectos de la resolución que está siendo cuestionada en sede judicial, a efectos que cuando el juzgado emita la decisión final, la misma no sea ilusoria e inejecutable. 6 (cid:1) El Indecopi señala que la Resolución que concedió la medida cautelar no se encuentra motivada (falta de motivación) en tanto no se sustenta –supuestamente- la existencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; en primer lugar debemos poner en conocimiento que existe una grosera contradicción en los argumentos que sustentan la oposición formulada por el Indecopi, pues por un lado señalan que la resolución numero tres no se encuentra motivada y luego señalan que si se realizo un análisis para conceder la medida cautelar, tal como así lo señalaron en su oposición en el numeral I.1; sin embargo, posteriormente, en los numerales 15 y 16 establece que si se sustento la decisión y se realizo análisis para conceder la medida cautelar. (cid:1) En el presente caso el Indecopi al imponerle correctiva la medida correctiva se ha apartado de lo que la propia entidad señala en los referidos numerales, lo cual será materia de análisis al momento de emitir sentencia, cabe señalar que el desarrollo de dichos argumentos de ninguna manera acredita que en el presente caso se ha configurado un supuesto de falta de motivación, sino el criterio de dicha entidad. 7 (cid:1) En su caso la medida corrcetiva impuesta no se relaciona directamente con los hechos del caso, por lo que considera importante manifestar que ha sido el propio Indecopi el que ha manifestado que su empresa supuestamente habría vulnerado el deber de idoneidad al haber realizado una supuesta indebida apertura de cuenta por haber transmitido una inadecuada información. Por lo que corresponde la pregunta ¿la consecuencia directa de haber transmitido una inadecuada información es devolverle más de un millón de soles a una persona? La respuesta es evidente no. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, la institución cautelar está dirigida a la protección del interés privado del solicitante, como del interés público que requiere que los fallos sean cumplidos y reciban efectivo acatamiento; por lo que debe tenerse en cuenta que la admisión de una medida cautelar dependerá de la observancia de los requisitos de apariencia o verosimilitud del derecho (fomus bonis iuris), del peligro en la demora (periculum in mora), de la adecuación de la medida y de la contracautela. 8 QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: Que, asimismo se tiene que el pedido de medida cautelar de no innovar concedida a favor del accionante, se encuentra contemplado en el Artículo 687° del Código Procesal Civil, el que establece que “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho presentada al momento de admisión de la demanda, en relación a personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que sólo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley”; SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO: Respecto del requisito de verosimilitud, se debe señalar en primer término que debe dejarse plenamente claro, que cuando se evalúa las decisiones de una entidad administrativa, debe analizarse el conjunto de sus acciones con el objeto de que al evaluar los correctivos o sanciones, estos estuvieron de acuerdo a ley; así como, a los principios jurídicos de los cuales se sustenta; vale decir, con relación al caso que nos avoca la entidad administrativa no puede pretender evaluar la conducta de la entidad bancaria y calificarla como inadecuada si, a la par presumiblemente de los documentos acompañados a la solicitud cautelar, prima facie se advertiría que el perjuicio económico ocasionado (retiro de los importes a la cuenta de ahorros) se realizo de manera indirecta por el 9 sobrino de la propia denunciante; del mismo modo, también es importante traer a colación que la denunciante manifestaba la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización, no siendo ello así según el Banco; en consecuencia, de lo brevemente descrito, resulta que para decidir sobre el fondo materia de litis este deberá será revisado y substanciado en el expediente principal, el cual recogerá los alegatos y los medios probatorios recogidos de ambas partes a efectos de amparar o no la demanda; siendo esto así, no se desvirtúa por el momento la verosimilitud. SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: Que, debe precisarse que el peligro en la demora, requisito de toda medida cautelar, es el que señala la justificación de la existencia de la medida cautelar; con ello se evita que el pronunciamiento judicial en caso de favorecer al accionante llegue demasiado tarde y no pueda evitarse los consecuentes daños irreparables; en ese sentido, teniendo en cuenta que toda medida cautelar es una providencia jurisdiccional de carácter preventivo o precautorio, mediante la cual se pretende evitar que los derechos e intereses cuya tutela o protección se pretende cautelar, puedan verse lesionados por la larga duración del proceso principal, como se daria en el presente caso conforme se aprecia de la resolución N° 10 3122-2015/SPC-INDECOPI de fecha cinco de octubre de dos mil cinco, cuyos efectos solicita suspender el recurrente a través de la solicitud cautelar, puesto que se ha ordenado “como medida correctiva (…) y, (iii) devolver a la señora Margarita Soto Chata el integro de del dinero en efectivo indebidamente dispuestas por el señor Hugo Soto Chaña con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; lo expuesto precedentemente, denota la urgencia del peligro en la demora por cuanto de ejecutarse la medida correctiva mediante la resolución impugnada en los autos principales durante el trámite del proceso, la sentencia a dictarse en caso de ser favorable para el demandante sería meramente declarativa al haberse efectivizado la medida correctiva impuesta. OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Que, en consecuencia subsistiendo las razones por las que se concedió la medida cautelar por existencia de verosimilitud en la pretensión, como peligro en la demora, se debe declarar infundada la oposición formulada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Por tanto: 11 Se resuelve declarar IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA LLLLAAAA OOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN planteada por el IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL ---- IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII contra la Resolución tres que concede la MMMMeeeeddddiiiiddddaaaa CCCCaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr ddddeeee IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaarrrr.... AAAAvvvvooooccccáááánnnnddddoooosssseeee aaaallll pppprrrroooocccceeeessssoooo llllaaaa MMMMaaaaggggiiiissssttttrrrraaaaddddaaaa qqqquuuueeee ssssuuuussssccccrrrriiiibbbbeeee ppppoooorrrr ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr.... NNNNoooottttiiiiffffííííqqqquuuueeeesssseeee....---- 12

Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ Sede RABANAL BACKUS - Esquina Nicolás de Piérola con Rufino Torrico EXPEDIENTE : 12430-2015-Cautelar 13 DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO UUUUNNNNOOOO Lima, siete de enero del dos mil dieciséis DDDDAAAADDDDOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA en la fecha; estando a que la presente medida reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 38° del Decreto Supremo 013-2008-JUS del TUO de la Ley que Regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, artículos 610° y 640° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, se tiene, AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO:::: PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Que, la medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento, 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. Para acceder a este instituto debe cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 39° del TUO de la Ley N° 27584-Ley que regula el Proceso Administrativo: “La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. 2.Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. 3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión. Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar.” y el artículo 611° del Código Procesal que prescribe: “El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. 3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.” 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. solicita la medida cautelar de no innovar a fin de que se suspendan los efectos de la Resolución número 3122-2015/SPC-INDECOPI del cinco de octubre del dos mil quince, así como el cese de cualquier acto que tenga por objeto dar cumplimiento y/o proceder a ejecutarla. TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: Sustenta la VEROSIMILITUD DEL DERECHO argumentando: • El Banco de Crédito ha prestado un servicio idóneo y a cumplido con brindar toda la información referida a la cuenta mancomunada indistinta elegida por la señora Soto. • La resolución impugnada contiene motivación defectuosa y no ha valorado conjuntamente todos los medios probatorios ofrecidos en el procedimiento administrativo; se les imputó un tipo de infracción pero se les sancionó por otro; y los argumentos expuestos no encuentran respaldo en los medios 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probatorios aportados y omitió la Sala su deber de probanza respecto de los cargos imputados. • El Banco no le solicitó un representante, lo que le pidió, dada su condición de iletrada que contara con un testigo a ruego para que pueda abrir la cuenta bancaria de su elección; por lo que no tuvo porque llamar a su sobrino. • Tenía conocimiento que la cuenta era de naturaleza mancomunada indistinta, puesto que los formularios así lo establecían, haciéndose incluso entrega de una tarjeta de débito para cada uno de los cotitulares; que siempre fue intención de la señora soto abrir una cuenta con esas características, al ajustarse a sus intereses; debido que por su avanzada edad (80 años) y su condición de iletrada sería incómodo que para cada movimiento bancario necesite de un testigo a ruego. • El sobrino realizó diversos movimientos bancarios como co- titular teniendo conocimiento de ello la señora Soto, prueba de 5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ello es la constancia de transferencia del veinticinco de agosto del dos mil doce que se entrega en la ventanilla al momento de la operación. Y la carta notarial del veintisiete de agosto del dos mil trece enviada al mismo en el cual se consigna como asunto el requerimiento para que le informe documentadamente de los dineros confiados a usted. Y la del veintitrés de setiembre del dos mil trece, precisando que se había aperturado la cuenta a nombre de ambos y que había retirado dinero sin su autorización pidiendo la devolución; que como puede sostener que desconocía la naturaleza y particulares de la cuenta mancomunada indistinta si expresamente reconoce que su sobrino realizaba los movimiento sin su participación debido a la confianza que había depositado en él. • El Banco cumplió con otorgarle el producto que requería, así como informarle sobre sus alcances; y conforme a su política de seguridad le indicaron que debía participar un testigo a ruego, el cual fue elegido por la propia señora Soto, pues dicha persona 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO ya había actuado como tal en la transacción extrajudicial con la Asociación Pro Vivienda Brisas del Lago-Arapa • Con la presencia del Señor Roque la entidad financiera procedió a informarle tanto a la Señora Soto como a su sobrino los alcances y condiciones de la cuenta de ahorros mancomunada a firma conjunta, reafirmándose dichas personas en la apertura de una cuenta de ahorros mancomunada indistinta, según se acredita con la suscripción del formulario de apertura de cuentas; colocando su huella la aludida señora y firmando el formulario el testigo a ruego y sobrino. • En consecuencia, si la voluntad de la señora soto no hubiera sido abrir una cuenta mancomunada indistinta, ello debió ser advertido por su testigo a ruego, quien lejos de formular reclamo u observación alguna suscribió el formulario y los documentos anexos correspondientes, es mas de haber existido duda pudo rechazar la entrega de dos tarjetas de débito. 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO • La única explicación encontrada en la interposición de la denuncia en nuestra contra, es que esta responde a la negativa o imposibilidad del sobrino de la citada señora para devolver el dinero retirado y por ello a través de una denuncia tendenciosa y maliciosa se pretende que el Banco recurrente asuma la ¿“devolución”?. • Sobre la medida correctiva no puede sostenerse seriamente que frente a la conducta infractora la corrección consista en entregar al denunciante el dinero del que se dispuso en su momento un tercero, menos aún cuando la actuación de este tercero está siendo discutida en un proceso penal iniciado por la señora Soto contra su sobrino por el delito de apropiación ilícita ante la Primera Fiscalía Corporativa de Juliaca, en todo caso, si la presunta infracción cometida por el BCP consiste en la apertura indebida de una cuenta, la corrección de los efectos inmediatos y directos de dicha conducta pasa simplemente por cerrar dicha cuenta y, en todo caso, abrir una nueva sin costo 8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO alguno para el consumidor afectado y en caso se determine que el sobrino cometió una infracción o delito, corresponderá también que se le exija la devolución del dinero tal como lo dispuso la fiscalía correspondiente. • Atendiendo a la seriedad y profesionalismo del Juzgado no se dejara pasar la oportunidad de realizar lo que la Sala del Indecopi omitió groseramente y, en consecuencia conforme a lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, dispondrá que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Juliaca le remita copia de los actuados del proceso penal antes mencionado. • La medida posee una naturaleza indemnizatoria, que la Sala actúa arbitrariamente al imponer una indebida indemnización de modo encubierta. • La Sala de Indecopi determinó imponer al Banco la sanción de diez UIT sin fundamentar los criterios de graduación de las sanciones administrativas, siendo que en un solo párrafo de la 9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO resolución de manera vaga, imprecisa y genérica se fundamento la multa impuesta. CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, uno de los presupuestos de toda medida cautelar es demostrar la verosimilitud del derecho invocado o conocido también como fumus boni iuris,,,, previsto en el artículo 39º del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y en el artículo 611º del Código Procesal Civil, que se determina con el cálculo de probabilidades de que la pretensión contenida en la demanda será resuelta de manera favorable al solicitante, lo que implica la necesidad de que se argumente y facilite el material probatorio que lleve al convencimiento del juzgador en una revisión sumaria. QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: Fluye de lo expuesto en la Resolución N° 3122-2015/SPC- INDECOPI que la señora Soto reiteró en su recurso de apelación que el Banco no cumplió con informarle previa y debidamente sobre las 10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO condiciones aplicables al tipo de Cuenta de Ahorros 40523157689092, debiendo adoptar garantías que preservaran su derecho de información ( párrafo 36); concluyendo la Sala “que de la lectura de los documentos que tramitaron dicha apertura no se evidencia el efectivo traslado de las condiciones contractuales invocadas por el proveedor para sustentar los alcances de la mancomunidad indistinta alegada, en atención a las que se facultaba a cualquiera de sus titulares a disponer - en forma independiente – de los fondos depositados en tal producto, es decir sin requerir la previa autorización ni consentimiento de los demás cotitulares para tales efectos. Precisamente, aún cuando obra en el expediente copia del documento denominado “Condiciones Generales de la Cuentas y Servicios del Banco, de su revisión tampoco se aprecia el efectivo traslado de información relevante sobre los términos en que se regulaba la administración de la cuenta mancomunada indistinta atribuida a la consumidora” (Párrafo 53) 11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: El Código de Protección de Defensa al Consumidor, Ley N° 29571 establece: ““““AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo 1111....----DDDDeeeerrrreeeecccchhhhoooossss ddddeeee lllloooossss CCCCoooonnnnssssuuuummmmiiiiddddoooorrrreeeessss 1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.” Artículo 18.- Idoneidad Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. […] 12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO Artículo 19.- Obligación de los proveedores El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. (la negrita es nuestra) SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO:::: De un análisis preliminar de los anexos acompañados a la solicitud cautelar se advierte la señora Soto autorizó la apertura de una cuenta mancomunada incluyendo a su sobrino Héctor Soto; no obstante del tenor de las cartas notariales de fechas veintisiete de agosto y veintitrés de setiembre del dos mil trece presentadas con la denuncia y que el Banco considera debieron también ser valoradas en forma conjunta, se aprecia que actúa en la creencia que para el retiro de los fondos se requería de su autorización; y no que su real voluntad y consentimiento habría sido que la cuenta tenga la naturaleza de mancomunada indistinta. 13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: Por otro lado, si bien es cierto de la lectura del formulario de apertura de cuentas (Anexo 1F) suscrita por el testigo a ruego, dada la condición de iletrada de la consumidora, aparece que se trata de una cuenta “Mancomunada Indistinta”; también es verdad que no consta en su texto ni en las “Cláusulas Generales de las Cuentas y Servicios del Banco”; en qué consiste dicha modalidad; toda vez que difiere sustancialmente de la mancomunada conjunta, puesto que en la primera para retirar los fondos no se requiere de autorización del titular, por lo que dicha información resultaba relevante y que no se habría dado al no constar en forma expresa; por ende al no ser suficiente no se alcanzó con la finalidad de que el consumidor elija el producto o servicio de acuerdo a sus intereses económicos. NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO:::: Respecto de la graduación de la sanción, el artículo 112° del Código de Protección y Defensa del Consumidor precisa que el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios: “1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción; 2. La 14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO probabilidad de detección de la infracción; 3. El daño resultante de la infracción; 4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado; 5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; 6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.”; en tal virtud la entidad al determinar la sanción tendrá en cuenta los criterios que se adecuen al caso concreto, mas no se requiere de un análisis de todos en forma copulativa. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Se advierte de la lectura de la resolución impugnada que la autoridad administrativa en el numeral setenta y ocho para aplicar la sanción evalúa el daño resultante y el impacto negativo que produce la conducta infractora en el mercado; por lo que contendría una fundamentación mínima suficiente. UUUUNNNNDDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO:::: Con relación a la medida correctiva impuesta consistente en devolver a la señora Soto el íntegro del dinero en efectivo dispuesta 15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO por el señor Soto con cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece: “Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente: (…) 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.” 16 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO “El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por la relación de causa–efecto (…)” (Héctor Patino, Ponencia en el IV Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo: “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración” DDDDUUUUOOOODDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO: En el caso de autos se aprecia que el perjuicio económico ocasionado a la denunciante por el retiro de dinero de su propiedad no sería directa e inmediatamente originada por la infracción atribuida al banco; sino mas bien pareciera que lo fuera indirectamente, esto es como consecuencia del acto realizado por un tercero en quien confió y que habría decidió apropiarse del dinero sin su consentimiento en su provecho; motivando que lo denunciara penalmente; por lo que la medida correctiva acotada, al parecer, no tendría el carácter reparador en los 17 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO términos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sino indemnizatoria; punto controversial que amerita el amparo de la medida cautelar solicitada en este extremo por discutible y que se hará durante el proceso judicial principal. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO: El Peligro en la demora se presenta cuando por el transcurso de tiempo la sentencia podría volverse inejecutable o por cualquier otra razón justificable. Marianella Ledesma citando a Liebman, explica:“Para invocar el peligro, basta señalar -dice Liebmadl6)- un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma, esto implica que el peligro en la demora.(periculum in mora) habrá de ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia; de ahí que la medida cautelar no solo busque garantizar sino anticipar los efectos de dicho fallo.” (Comentarios al Código Procesal Civil – Tomo III, Pag. 29). 18 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: El solicitante manifiesta que la necesidad urgente y el peligro que supone la duración del trámite del proceso principal radica en que el Indecopi como la señora Soto - invocando la presunción de validez de la resolución - pueden disponer la ejecución inmediata de la misma, lo que les generaría un perjuicio a sus intereses patrimoniales. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: El artículo 192° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General dice: “Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley” y el artículo 216°: “216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”, y así mismo el artículo 25° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo: “La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.” (El subrayado es nuestro); que por Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI, se declaró la nulidad 19 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO parcial de las Resoluciones 1, 51-2014/INDECOPI-PUN y 0024- 2015/CPC-INDECOPI-PUN; y, en vía de integración, se ampara la denuncia interpuesta por la señora Margarita Soto Chata y se ordena al Banco de Crédito del Perú, como medida correctiva, que en el plazo de cinco (05) días hábiles, después de notificada cumpla con “devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesta por el señor Héctor Hugo Soto Chaiña”; acto administrativo que causa estado y cuyos efectos, aún cuando se admita a trámite la demanda, es ejecutable, lo que ocasionaría un perjuicio económico a la solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: En cuanto a la adecuación de la medida, Guido Castro Muelle citando a Priori Pozada señala:“(…) consistente en la congruencia y proporcionalidad que debe existir entre el pedido cautelar y la situación jurídica o fáctica que es objeto de aseguración. Para Priori Pozada (…), una correcta evaluación en torno a la adecuación garantiza dos cosas: (i) que quien pretende algo en el proceso obtenga aquel medio que requiere para garantizar realmente su pretensión; y, (ii) que el demandado no sufra en magnitud mayor a lo necesario para lograr la finalidad de las medias cautelares. Con ello se evita 20 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO simultáneamente la desprotección del pretendiente y el abuso contra el afectado” (http://www.monografias.com/trabajos60/introduccion-tutelacautelarintroduccion-tutela cautelar2.shtml) (El subrayado es nuestro) DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO SSSSÉÉÉÉTTTTIIIIMMMMOOOO: El pedido cautelar tiene por objeto suspender la ejecución de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI por lo que resulta adecuada para garantizar la pretensión en la parte que se admite; y además su concesión no afecta el interés público, ni a terceros; encontrándose garantizada con la contracautela respectiva; existiendo proporcionabilidad entre el interés público y el de la parte solicitante. DDDDÉÉÉÉCCCCIIIIMMMMOOOO OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO: El artículo 613° del Código Procesal Civil modificada por el artículo único de la Ley Nº 29384, preceptúa: “La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar (…).”; en tal sentido se varía 21 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO la Contracautela de naturaleza personal - Caución Juratoria ofrecida por la de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000) con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar su admisión, de ser el caso. Habiéndose verificado la existencia de la verosimilitud del derecho invocado en parte, así como el peligro en la demora y demás requisitos, SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE:::: 1. CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR EEEENNNN PPPPAAAARRRRTTTTEEEE LLLLAAAA MMMMEEEEDDDDIIIIDDDDAAAA CCCCAAAAUUUUTTTTEEEELLLLAAAARRRR DDDDEEEE NNNNOOOO IIIINNNNNNNNOOOOVVVVAAAARRRR solicitada por el BBBBAAAANNNNCCCCOOOO DDDDEEEE CCCCRRRRÉÉÉÉDDDDIIIITTTTOOOO DDDDEEEELLLL PPPPEEEERRRRÚÚÚÚ SSSS....AAAA.... y se OOOORRRRDDDDEEEENNNNAAAA al IIIINNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMNNNNPPPPEEEETTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA YYYY DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRROOOOPPPPIIIIEEEEDDDDAAAADDDD IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL----IIIINNNNDDDDEEEECCCCOOOOPPPPIIII SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDEEEERRRR los efectos de la Resolución N° 3122-2015/SPC-INDECOPI sólo en el extremo del inciso tercero del artículo tercero que dispone devolver a la señora Margarita Soto Chata el íntegro del dinero en efectivo indebidamente dispuesto por el señor Héctor Hugo Soto Chata con 22 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SUB ESPECIALIZADO EN TEMAS DE MERCADO cargo a la cuenta de ahorros 40523157689092; y RRRREEEECCCCHHHHAAAAZZZZAAAARRRR en lo demás. 2. Aceptar la contracautela personal en forma de carta fianza incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática por la suma de un millón quinientos mil soles (S/. 1’500,000), la que deberá ser presentada en el plazo de quince días útiles, bbbbaaaajjjjoooo aaaappppeeeerrrrcccciiiibbbbiiiimmmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeee ddddeeeejjjjaaaarrrrsssseeee ssssiiiinnnn eeeeffffeeeeccccttttoooo llllaaaa pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee mmmmeeeeddddiiiiddddaaaa ccccaaaauuuutttteeeellllaaaarrrr oooottttoooorrrrggggaaaaddddaaaa; SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDIIIIÉÉÉÉNNNNDDDDOOOOSSSSEEEE su ejecución hasta que se cumpla con dicho mandato. Interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición superior. NNNNOOOOTTTTIIIIFFFFÍÍÍÍQQQQUUUUEEEESSSSEEEE aaaallll ssssoooolllliiiicccciiiittttaaaannnntttteeee....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23